Durante la charla con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, el legislador del Partido Socialista opinó sobre la intervención de Adorni en el Congreso, al advertir que su discurso fue “muy coacheado”, “leído de punta a punta, incluso las explicaciones sobre su crecimiento patrimonial”, y subrayó la ausencia de espontaneidad del funcionario de Milei. “Leyó hasta las chicanas”, expresó.

En la evaluación de Paulón, el Gobierno “no tuvo respuestas ni sobre la gestión ni sobre los temas patrimoniales” del jefe de Gabinete. Sobre ese punto, dijo que Adorni “mintió al menos en dos ocasiones”. La primera, sobre la declaración de bienes: “Cuando dice ‘yo tengo todos mis bienes declarados’, es mentira. En el informe de gestión, sobre 4.700 preguntas, responde 1.900. Cuando se le preguntaba por el tema patrimonial, daba un link a la Oficina Anticorrupción. La declaración jurada rectificatoria de 2024 se presentó fuera de plazo, cuando ya había iniciado la causa por enriquecimiento ilícito. En la original, omitió la casa del country. Entonces, primera mentira: No tenías declarados todos tus bienes”.

Para el legislador del PS, otro punto endeble de la explicación fue la referencia a los contratos que Marcelo Grandio, amigo de Adorni y conductor de TV, que llevó a cabo con la TV Pública. “Segunda mentira: (dijo que) no hay contratos de Marcelo Grandio con la TV Pública. Claro, los contratos son con la empresa. Ayer supimos de la Fiscalía que seis contratos de la empresa de Marcelo Grandio, titular de la factura del viaje a Punta del Este, con Radio y Televisión Argentina (RTA). El último fue en noviembre de 2025. Había un compromiso de la TV Pública de ponerle a disposición hasta ocho personas de peinado y maquillaje para un programa que es un mano a mano”.

Luego, Paulón también cuestionó el relato oficial sobre los pagos de viajes al exterior: “En el famoso viaje a Estados Unidos, el que destapó todo el escándalo, Adorni dijo que pagó de su bolsillo. Pero la fiscal que cierra el caso sobre la mujer de Adorni decía que en realidad se pagó con la tarjeta corporativa de la jefatura de Gabinete”.

“Hay evidencia porque los delitos de este tipo invierten la carga de la prueba. Hasta tanto Adorni no explique en la justicia cómo obtuvo esos ingresos, tenemos que sospechar que es culpable”, concluyó en Infobae en vivo.

El futuro de Adorni y el poder real de Karina Milei

Tras el informe de gestión, Paulón consideró un marcado declive del jefe de Gabinete, al estallar los escándalos de presunta corrupción. “No hay vuelta atrás en términos de la consideración pública. Cada vez que Adorni aparezca en público, le va a costar mucho explicar los temas de su patrimonio y la gestión. Perdió la frescura que tenía como vocero. Era un buen vocero, eso terminó. Hoy no puede ser vocero de nada”, sentenció.

Desde su punto de vista, Paulón consideró que si Javier Milei “pudiera elegir, Karina sería la jefa de Gabinete”, pero no puede ocupar ese lugar porque “el jefe de Gabinete es un fusible y Karina no puede ser fusible”. “Por eso, es la jefa de Gabinete en las sombras desde un cargo institucionalmente más gris, que es la secretaria general de la Presidencia. Ejerce y le delega la firma a Adorni. Cuando dicen el Jefe, no es simbólico, es literal”.

En lo político, el diputado de Provincias Unidas advirtió que, desde el punto de vista de la gestión, la intervención del Gobierno en la Cámara de Diputados tuvo su déficit. “La gente que usa una hora más de su vida para viajar porque el colectivo no viene y no se pagan los subsidios del gasoil, está enojada y con mucha razón”, recordó.

Y remató: “En un momento de debilidad del Gobierno, donde enfrenta desafíos importantes en el tema económico y social, no tiene a alguien que lo explique, que lo justifique y lo defienda. Y el presidente se abraza a ese alguien”.

El episodio del “pochoclo”

Paulón marcó el contraste entre el show y la solemnidad de la sesión parlamentaria. En su opinión, toda la puesta de ayer en el Congreso fue “casi un relanzamiento de la carrera política de Adorni”, donde “nos pedían que llevemos el pochoclo”. “Le llevé al presidente de la Cámara, no me lo aceptó”, reconstruyó.

Respecto del clima en Diputados, Paulón defendió la teatralidad de su intervención con la pochoclera: “Entendí que era una forma de exponer la provocación que había hecho Martín Menem de ‘traigan pochoclo’, lo dijo en todos los medios. En general, cuando llevo un cartel o hago intervenciones, lo hago antes de que empiece la sesión. Cuando la sesión se abre formalmente, todo abajo y nos enfocamos seriamente”. Y el gesto, según reconstruyó, fue bien recibido entre colegas, incluso desde La Libertad Avanza (LLA): “En las horas de la tarde algunos libertarios me dijeron: ‘No me guardaste pochoclo’. Me recriminaron”, contó.

Paulón también aportó detalles del operativo político que acompañó la llegada del jefe de Gabinete al Congreso: “Había 210 militantes, funcionarios y hasta consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires que llevaron para el Adornipalooza (sic) en el inicio”. Y describió la jornada como “una tarde en dos tiempos”, con una primera parte de fuerte expectativa y presencia de toda la cúpula del Gobierno y una segunda marcada por la soledad del funcionario: “Cuando termina Adorni, se plantea un cuarto intermedio y ahí no quedó nadie. Lo dejaron más solo. Quedó el ministro del Interior, Diego Santilli, hasta el final”.

“Los propios funcionarios ven la obligación de rendir cuentas como algo medio burocrático, medio aburrido. Para nosotros es casi la única oportunidad de acceder a información. Cuando viene el funcionario, aprovechamos para preguntar”, concluyó.

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El diputado libertario Roque Fleitas presentó un proyecto para derogar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como método para la elección de candidaturas en Entre Ríos. El legislador es, además, presidente de LLA provincial e incondicional de Karina Milei.

La iniciativa, que ingresó a la Cámara de Diputados el martes por la mañana, está en consonancia con la postura del presidente Javier Milei de borrar las PASO del calendario electoral. El texto prevé que la definición de las listas será un asunto a resolver por cada partido o frente.

La idea de que tampoco se realicen en Entre Ríos era algo que rondaba en la cabeza de dirigentes del entorno estrecho del gobernador Rogelio Frigerio. Pero aún no había cerrado del todo. La columna del armado electoral del mandatario es la UCR. Y se sabe que el deporte favorito de los radicales es la interna. Privarlos de una competencia así podría hacer crujir el frente.

Fuentes de primera línea del oficialismo provincial adelantaron a Infobae que tomarán “con cautela y distancia” la iniciativa de LLA. Un alto funcionario que entra al despacho de Frigerio sin anunciarse puso un plazo para tratar un asunto así: “Octubre”.

A diferencia de lo que pasó en Chaco, otra provincia aliada de la Casa Rosada, en Entre Ríos el movimiento lo concretó LLA por su cuenta. En la tierra del norte, el proyecto para eliminar las PASO lo presentó un libertario, Iván Gyoker, pero con aval del gobernador Leandro Zdero.

Reacciones

La movida de LLA Entre Ríos apuró los tiempos del oficialismo. Y también de la oposición. Fuentes del bloque peronista en Diputados dejaron trascender ante la consulta de Infobae que, casi con seguridad, no acompañarán la derogación de las primarias.

Tras la debacle electoral de 2023 (cuando perdió la gobernación y las principales ciudades) el PJ Entre Ríos se quedó sin conducción. Hoy por hoy, una elección con las garantías de unas PASO es la única alternativa que podría zanjar las disputas internas y terminar con el clima de asamblea permanente en las huestes peronistas.

Algunos dirigentes justicialistas vienen trabajando desde principios de año con la idea de que no habría primarias. Por eso, comenzaron a bocetar la eventualidad de una interna abierta en noviembre de este año. Así, los candidatos quedarían lanzados para el 2027. En la ecuación se considera la posibilidad de que Frigerio adelante los comicios hacia la primera mitad del próximo año.

Qué dice el proyecto

El texto presentado por Fleitas deroga una ley aprobada a principios de siglo y que, con sucesivas modificaciones parciales, perfiló las PASO de Entre Ríos a imagen y semejanza de las nacionales.

Asimismo, ordena que la selección de candidatos a cargos públicos electivos provinciales, municipales y comunales “se regirá por las cartas orgánicas de los partidos políticos, confederaciones y alianzas electorales”. Deberá respetarse “el marco de los principios democráticos y la legislación electoral vigente”, añadió.

Entre los argumentos esgrimidos por el diputado provincial para eliminar las PASO se cuenta que no se cumplieron los objetivos planteados. La idea original era que podrían fortalecer la vida interna de los partidos. En esa línea, debía promover la participación ciudadana y transparentar procesos de selección de candidaturas.

Por otro lado, fundamentó la derogación en que muchas elecciones primarias “carecieron de una competencia real”. Desde que la legislación entró en vigor a comienzos de siglo predominaron las listas únicas o los acuerdos previos, señaló Fleitas.

A continuación, puso sobre la mesa la cuestión económica. En caso de que las elecciones sean desdobladas, todo el proceso electoral, incluidas las primarias, tendría que ser soportado por el Estado provincial. Este esquema “traslada a la sociedad el financiamiento de los procesos internos de cada partido” donde en muchos de los casos “no hay competencia efectiva”, razonó.

El gasto en las PASO “podría ser destinado a atender necesidades urgentes de la población”, postuló luego.

En otro orden, consignó: “La obligatoriedad del sistema configura una injerencia directa en la autonomía de los partidos políticos”.

Por último, enrostró al peronismo que hay antecedentes de legisladores de esa fuerza promoviendo una salida como la que impulsa. La eliminación de este sistema “no implica un retroceso institucional ni una restricción de derechos políticos”, dijo. Por el contrario, se trata de una decisión orientada a “racionalizar el sistema electoral”. Lo que se pretende es “optimizar el uso de los recursos públicos y fortalecer la autonomía de las organizaciones políticas”, concluyó.

Las invitaciones violetas a comprar pochoclo y el video de Javier Milei y sus ministros en apoyo de Manuel Adorni -con música de Rocky- tuvieron muy escaso reflejo en el recinto de Diputados. Ni escándalo, ni épica. El jefe de Gabinete se limitó a no responder las preguntas sobre los temas que lo acompañan y esmerilan desde hace casi dos meses -propiedades y viajes, gastos efectivos o comprometidos-, frente a aliados silenciosos y una oposición más bien prolija, que machacó con el tema, sin réplica. El oficialismo evitó un sacudón que dejara fuera de juego al funcionario. Y la oposición, finalmente, le arrancó una frase que refleja hasta qué punto escaló el tema: “No voy a renunciar”, dijo. Resultado: sigue la serie, con foco en la Justicia e incertidumbre en el Congreso.

Por lo pronto, desde el Gobierno dejaron trascender una módica satisfacción, casi de compromiso, aunque nadie podría suponer que el tema queda agotado y que se abre sin más vueltas el camino para “recuperar la agenda”. En rigor, Milei expuso el desborde declarativo, además de alentar y aplaudir a su funcionario. Volvió a cargar contra los periodistas a la entrada y salida de Diputados, después de dar por “cerrado” el caso. “Chorros, corruptos”, les gritó a los cronistas. Y repitió alguna descalificación parecida unas horas después, al exponer ante empresarios.

Resultó llamativo, además de grave y repudiable, porque casi en paralelo desde el oficialismo se hacía trascender que la presentación de Adorni en Diputados marcaría el inicio de una etapa de mayor exposición, que incluiría la vuelta a conferencias de prensa, desde la semana que viene. Por supuesto, debería revertir la insólita decisión de impedir el trabajo de los periodistas de la Casa Rosada. Del mismo modo, en medios de LLA se insistía con la necesidad propia de reactivar la actividad legislativa y avanzar con sus proyectos.

En esa línea, el primer movimiento sería para votar la Ley Hojarasca, cuyo debate en el recinto fue suspendido la semana pasada por el oficialismo, frente a lo que se imaginaba como un anticipó de los cruces por Adorni. En medios opositores consideran que el proyecto lograría sanción, pero advierten sobre el panorama complejo para las iniciativas más densas del Gobierno, desde la reforma electoral a los intentos para enfrentar el cuadro judicial por la ley de financiamiento universitario. También asoma difícil el camino para los textos sobre discapacidad. Los dos temas alimentan protestas, que en el caso universitario incluye la convocatoria a una nueva marcha nacional para el 12 de mayo.

El trámite de la reforma electoral -que arranca por el Senado- pinta un cuadro difícil de resolver para el oficialismo, según se admite incluso cerca de la presidencia del bloque violeta. Y demandaría un nuevo esfuerzo de negociación. Por lo pronto, desde las filas radicales y del PRO advierten, con mayor o menor énfasis, el rechazo a la derogación lisa y llana de las PASO. Algo parecido transmitieron gobernadores del PJ de buen trato con Olivos. Ya hay planteos además para dividir la propuesta del Ejecutivo y tratar por aparte Ficha Limpia. En cualquier caso, los negociadores del Gobierno -en primer lugar, Diego Santilli- deben atender a los jefes provinciales, complicados y preocupados por la caída de la coparticipación y la baja de la recaudación local.

No es menor lo ocurrido en la presentación de Adorni. Los socios del oficialismo no intervinieron cuando el foco estuvo puesto en las propiedades y los viajes del funcionario, pero algunos legisladores alineados con gobernadores “amigos” sí participaron para insistir con reclamos propios, especialmente vinculados al deterioro de rutas nacionales por falta de obras. Lo dicho: los gobernadores, además, no pasan en general por una buena situación presupuestaria.

Fue una señal un tanto inadvertida sobre el cuadro económico. Por supuesto, hubo defensa del plan del Gobierno por parte de Adorni y cuestionamientos opositores. Pero no fue el centro de atención. En cualquier caso, habla de los otros temas de interés real en materia económica y social, según surge de encuestas variadas, muchas consumidas en despachos de funcionarios y asesores.

De todos modos, el tema de la marcha de la gestión quedó desplazado por el caso del jefe de Gabinete, como era de esperar: la escenificación del respaldo presidencial al funcionario tuvo su punto culminante en Diputados. Inédito. Foto y video con Milei en el centro y la primera línea violeta presente, al igual que en los palcos: ministros, algunos secretarios con Daniel Scioli como cara más conocida, un puñado de senadores, militantes.

Adorni, serio, en algún tramo desafiante y atado siempre al libreto, mantuvo con variaciones la misma letra: que no respondería cuestiones vinculadas con los temas que lo vienen colocando al tope de la agenda desde la segunda semana de marzo. Repitió que lo hará en la Justicia. Se verá cuando le llegue el turno.

Los momentos de tensión fueron pocos y no muy ruidosos. Quizás el más destacado expuso a Martín Menem tratando de marcar autoridad, antes que manejo de la situación. Cruzó y hasta le cerró el micrófono a Pablo Juliano, radical de Provincias Unidas, porque no trataba de “usted” al jefe de Gabinete. Finalmente, la pregunta del legislador fue respondida con la afirmación del funcionario sobre su decisión de no renunciar. Un título, al fin.

De hecho, las miradas se corren hacia la Justicia, por las novedades que pueda exponer el caso y por su impacto en el Congreso, sobre todo cuando el peronismo/K vuelve a alentar la idea de interpelar al jefe de ministros y motorizar una moción de censura. Antes, claro, habría que ver el efecto en la sociedad. Gerardo Pollicita avanzó con distintas medidas de prueba y espera el análisis de especialistas sobre gastos, hipotecas e ingresos.

No es todo. La exposición de respaldo presidencial a su funcionario pareció apuntada especialmente a su núcleo, a su tribuna, por la puesta en escena y por la profundización del mensaje descalificador. Pero los interrogantes con proyección más amplia no tuvieron respuesta. Dicho de otra forma: Adorni y el Gobierno quedaron encerrados en los límites de la lógica política.

En una charla con el equipo integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Gustavo Lazzari, el diputado nacional del bloque Unión por la Patria desmenuzó el desarrollo y las consecuencias de la sesión especial que tuvo como protagonista al jefe de Gabinete Adorni.

Rossi planteó que, lejos de despejar sospechas, la defensa pública del funcionario incrementó la desconfianza sobre su figura: “La sensación que tengo es que están mirando un canal que no es el canal que mira la mayoría de los argentinos”.

El rol de Adorni y la reacción del oficialismo en la Cámara

Rossi diferenció los planos del discurso del jefe de Gabinete: de un lado, la defensa de la gestión; del otro, las respuestas sobre las denuncias personales. “Toda la defensa del jefe de Gabinete fue refugiarse detrás de que estas son causas judiciales. Como es una causa judicial, claramente no voy a hacer ningún tipo de declaración porque está la justicia actuando”, señaló.

Según el diputado, “si alguien tenía dudas, generó más dudas. Porque la defensa fue esconderse detrás de la causa judicial”.

El legislador recalcó la excepcionalidad política de la jornada: “Es la primera vez en la historia desde 1994 que un presidente de la Nación, en este caso el presidente, todo el gobierno, fue a apoyar al jefe de Gabinete”. Rossi recordó su propia experiencia en el cargo: “Yo fui jefe de Gabinete y sabía que entre las múltiples funciones estaba la de defender la gestión, comunicar la gestión y defender al jefe de Gabinete”.

Consultado sobre el clima inusual de la sesión, Rossi reveló: “Nosotros tomamos una decisión como bloque, la charlamos con el resto de los bloques opositores, de estar muy tranquilos. Sabíamos que iba a haber momentos en donde se nos iba a agredir, se nos iba a descalificar”.

Sin embargo, remarcó que la estrategia opositora no fue producto del temor a eventuales acusaciones del oficialismo: “No es que tomamos una actitud de estar tranquilos por lo que nos podían decir, porque la verdad es que nos lo dicen todo el tiempo. Lo que sí creíamos era que no podíamos caer en que esto se convirtiese en un escándalo”.

Sobre el momento más incómodo para el oficialismo, Rossi sostuvo: “El momento que más incómodo lo vi a Adorni fue cuando los compañeros nuestros, Juan Marino, Rodolfo Tailhade y Sabrina Selva, hablaron y especificaron las cuestiones que él no daba respuesta y el cierre de nuestro presidente de bloque, Germán Martínez, que fue un muy buen cierre”.

Moralidad, corrupción y confianza ciudadana

La entrevista puso en primer plano la cuestión de la moralidad como política de Estado, a partir del discurso presidencial del 1 de marzo. Rossi fue contundente: “No parece que este gobierno sea el gobierno que vaya por el camino de la rectitud de los estoicos. Yo no digo que sea un gobierno de corrupción generalizada, pero es un gobierno que tiene corrupción extendida. El presidente con Libra, la hermana del presidente con las coimas en ANDIS, el caso de Adorni, lo que estamos viendo ahora”.

Enumeró casos recientes que comprometen la credibilidad oficialista: “Esta semana, el domingo creo que renunció un funcionario del Ministerio de Economía porque se había olvidado de declarar siete departamentos. El titular del Arca, que teóricamente debe auditar a todos los argentinos para que no haya evasión impositiva y lavado de dinero, está imputado en una causa por lavado de dinero”. Para Rossi, “eso repercute en la totalidad de la política y genera un escenario donde la sociedad termina descreyendo”.

El diputado reconoció la dificultad de restaurar la confianza pública, incluso entre votantes desencantados del oficialismo: “Me encuentro con gente que ha votado a Milei que hoy están desencantada y que te dicen: ‘Son todos iguales’. Es un desafío que la política tiene que registrar, resolver los problemas de la vida diaria y cotidiana de la gente y resolver los abusos de la política en el uso del poder”.

Futuro electoral, unidad y desafíos de gestión

Rossi remarcó la necesidad de un frente opositor amplio y con programa. “Axel Kicillof tiene el derecho ganado a ser candidato a presidente de la Nación. Ganó dos veces la reelección en la provincia de Buenos Aires, es un dirigente conocido en todo el país”, argumentó. Sin embargo, advirtió: “El peronismo debería resolver su candidatura a través de una PASO, en donde podrá haber uno, dos o tres candidatos a presidente y que sean los argentinos los que terminen decidiendo”.

Sobre la amplitud del armado opositor, Rossi consideró: “Yo creo que nosotros tenemos que construir un frente lo más amplio posible. Un frente que vaya desde los arrepentidos del PRO hasta la izquierda”. Y justificó: “Lo peor que le puede suceder a la Argentina son cuatro años más de Milei”.

El diputado aportó datos duros sobre el presente: “No quiero 52% de pobres, 67% de pobreza infanto-juvenil, 211,4% de inflación y 19% de inversión privada con respecto al producto. Muchos de los que cuestionan a Milei, además de cómo lo cuestionamos los periodistas todos los días, son responsables de la Argentina que hizo que Milei hoy sea presidente”.

En relación a la problemática habitacional, Rossi explicó: “Para resolver el problema del déficit habitacional en la Argentina se necesitan construir 100 mil viviendas por año durante diez años”. Debatió también sobre el componente impositivo en la construcción y el efecto sobre el acceso al crédito: “La vivienda es la actividad de la construcción que mayor cantidad de mano de obra genera, entre tres y cuatro en forma directa por cada vivienda que se realiza”.

La conversación cerró con una reflexión sobre la experiencia en política: “Claramente hay pasado. Si yo soy un dirigente que tiene 66 años, obviamente que tengo pasado. El que no tiene pasado es el que recién empieza”.

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El respaldo político al jefe de Gabinete fue contundente. Manuel Adorni presentó su informe de gestión en la Cámara de Diputados ante la atenta mirada del presidente Javier Milei y de la secretaria general Karina Milei.

El ministro coordinador ingresó al recinto pasadas las 10.40 y en los palcos ya estaba ubicada la plana mayor del gobierno nacional. Junto a Javier y Karina Milei se ubicaron en el palco central el ministro de Economía Luis Caputo, su par de Capital Humano Sandra Pettovello y el canciller Pablo Quirno.

Milei entró en el recinto mientras se entonaba el himno nacional y fue ovacionado. “¡Presidente, presidente!”, coreó la militancia que se ubicó en los balcones del segundo piso y los propios diputados de La Libertad Avanza.

Unos minutos antes, cuando ingresaba por la escalera que accede a los palcos, una persona increpó al Presidente y le preguntó si Adorni era corrupto. “¡Corruptos son ustedes!”, gritó Milei mientras se alejaba en medio de un fuerte operativo de seguridad.

La oposición recibió con frialdad al Presidente. Pero la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman aprovechó la entrada del mandatario para increparlo a los gritos que cumpla con la ley de financiamiento universitario. Los libertarios actuaron como si no la hubieran escuchado.

Cuando Adorni fue invitado a entrar al recinto, el diputado Nicolás del Caño le gritó “deslomado”, lo que desató una ovación con aplausos por parte de los libertarios.

Por su parte, el socialista Esteban Paulón aportó una cuota de ironía al sentarse en su banca con un paquete de pochoclos. Fue una referencia a los dichos del presidente de la Cámara de Diputados que había advertido que la sesión sería “picante” y recomendó “comprar pochoclos”.

Los diputados de la oposición guardaron silencio durante la exposición del Jefe de Gabinete; de hecho, la mayoría se dedicó a conversar con algún compañero de bancada o mirar la pantalla del celular. Por su parte, los aliados del PRO y la UCR sostuvieron el gesto sobrio y evitaron aplaudir los logros económicos que enumeró Adorni.

En los palcos, a la derecha del Presidente se sentaron los ministros del Interior Diego Santilli, de Desregulación Federico Sturzenegger, la senadora Patricia Bullrich y el asesor Santiago Caputo. A la izquierda del mandatario, estuvieron la titular de Seguridad Alejandra Monteoliva y el flamante ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. También escucharon a Adorni la secretaria legal y técnica María Ibarzabal Murphy, el ministro de Salud Mario Lugones y el subsecretario de Gestión Institucional Lule Menem.

Entre las figuras destacadas también se pudo ver al hermano de Adorni, Francisco, junto a su compañero de bancada en la Legislatura bonaerense Oscar Liberman.

El jefe de Gabinete aprovechó su exposición inicial para destacar algunas variables macroeconómicas como la baja de la inflación, la estabilidad del dólar y las inversiones en sectores clave, como minería y energía. También evitó las referencias directas a las denuncias sobre su patrimonio o sobre los viajes al exterior.

El aplauso más fuerte se desencadenó cuando Adorni señaló que la ex presidenta Cristina Kirchner fue condenada por corrupción en el marco de la causa Vialidad. El peronismo mantuvo silencio y, tal como se acordó en la previa de la sesión, evitó “entrar en el juego del Gobierno”. “Nosotros queremos que responda”, sintetizaron desde Unión por la Patria.

No obstante, el que no pudo resistir la tentación de “chicanear” a Adorni fue el diputado Aldo Leiva, quien en medio del discurso se acercó al estrado para entregarle en mano al funcionario unos volantes que rezaban “Todo muy claro, menos las explicaciones”. La libertaria Lilia Lemoine se apuró a echar al legislador peronista.

Luego Milei protagonizó otro intercambio con los diputados del Frente de Izquierda cuando Adorni mencionó el conflicto bélico en Gaza. “Cómplice del genocidio”, le gritó Romina del Pla. Pero el Presidente contestó saludando con una sonrisa y hasta puso las manos en forma de corazón.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue contundente y afirmó que no pensaba renunciar. Si bien pidió que el informe de gestión no se convierta en un juicio público, aseguró sin matices que no había cometido ningún delito, que podía explicar su patrimonio y que pagó sus viajes familiares de su bolsillo. Ahora la palabra final la tendrá la Justicia.

Bajo la atenta mirada del presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y todos los ministros del Gabinete, que fueron a mostrar su apoyo, Adorni cerró la primera parte de su presentación con tono desafiante. “Todas las cuestiones que son parte de una causa judicial en curso deben ser resueltas en ese ámbito”, dijo. Y remató: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”.

Las explicaciones del jefe de Gabinete -que leyó sus palabras durante toda la jornada- llevaron tranquilidad a la bancada libertaria, donde la estrategia oficial de exponer al funcionario generaba mucha preocupación. “Fue muy bueno el discurso, muy contundente, lo que se necesitaba”, analizó un diputado de La Libertad Avanza ante la consulta de Infobae.

Al mismo tiempo, haber abordado de frente los cuestionamientos sobre su patrimonio le quitó tensión a la sesión ya que la oposición anticipaba que el funcionario iba a negarse a hablar sobre las denuncias. Por eso esperaban poder arrinconarlo al momento de las preguntas. “La estrategia fue generar muchas expectativas y que después no pase nada, dio todas las explicaciones y fue un éxito”, opinaron cerca de Martín Menem.

“En realidad no contestó nada y todavía hay muchas dudas sobre su patrimonio, por ejemplo no explicó de dónde salen los fondos para pagar viajes o devolver tantos préstamos. También había dicho que nunca se había tomado vacaciones y ahora dijo que los pasajes los pagó de su bolsillo”, se quejaba un diputado de la oposición. En las filas del peronismo se mostraron optimistas tras la sesión porque consideraron que “dejaron en evidencia” que Adorni no podía contestar con ningún detalles las preguntas sobre sus propiedades.

Adorni habló durante más de una hora de los principales logros económicos del gobierno nacional, como la baja de la inflación, la eliminación del déficit y el fin de los piquetes. Pero el foco siempre se mantuvo en los cuestionamientos en su contra.

Al referirse al viaje que hizo su esposa junto con la comitiva oficial a Estados Unidos, el jefe de Gabinete aseguró que no se violó ningún procedimiento oficial y que fue una decisión “discrecional” de Presidencia, conforme al Decreto 713/16. En esa línea, afirmó que “no hubo ningún gasto de viáticos, alojamiento, comida, o de cualquier tipo de parte del Estado Nacional y que no existió incumplimiento en su invitación”.

También aseguró que pagó de su bolsillo sus viajes familiares al exterior. “No se trataron de viajes financiados por terceros en el marco del Decreto 1179/2016, ni de obsequios de ningún tipo”, detalló.

Por otro lado, si bien no habló del origen de los fondos ni de los préstamos que recibió, Adorni explicó que todos sus bienes serán consignados en su declaración jurada, para la cual no se ha vencido el plazo de presentación. Sobre ese punto también adelantó que presentará toda la documentación pertinente a la Justicia.

La primera parte del informe transcurrió sin mayores sobresaltos, a excepción de algunos ocasionales intercambios de chicanas con los diputados del Frente de Izquierda. Uno de los cruces se produjo cuando Adorni mencionó el conflicto bélico en Gaza. “Cómplice del genocidio”, le gritó Romina del Pla a Milei. Pero el Presidente simplemente contestó saludando con una sonrisa y hasta puso las manos en forma de corazón. En otro momento, los acusó de defender ideas (comunismo) que causaron “más de 150 millones de muertes”.

No obstante, a Milei sí se lo vio más enojado en los pasillos del Palacio Legislativo. Cuando salía de la oficina de Menem para dirigirse al palco al inicio de la jornada, un periodista le preguntó si Adorni era corrupto. Sin frenar y sin mirarlos, el Presidente gritó: “Ustedes son corruptos”.

Cuando se retiraba, la situación se repitió. Al ser consultado si las explicaciones de Adorni habían sido suficientes, Milei arremetió: “Es más que suficiente, el caso está cerrado, chorros, corruptos”.

El clima de la sesión se distendió aún más cuando el presidente Milei y los miembros del gabinete se retiraron. Solo quedó el ministro de Interior Diego Santilli sentado solo en un palco por algunas horas más.

Al momento de las preguntas y respuestas, los bloques más chicos se concentraron en la situación económica. Pero igualmente continuaron los dardos contra Adorni. “No voy a renunciar, de hecho, estoy acá dando la cara”, desafió ante el planteo de que otros funcionarios ante denuncias similares habían sido eyectados de la gestión. Además, apuntó directamente contra el kirchnerismo: “Ustedes no tienen derecho a pedirle explicaciones judiciales a nadie”.

El jefe de Gabinete aprovechó los cuartos intermedios que se pidieron después de cada tanda de preguntas para ordenar junto a su equipo las respuestas. Siempre leyó y en pocas ocasiones se apartó del guión elaborado por sus asesores.

“Si no le traían todas las cosas que le dieron para leer, no podría haber contestado ninguna pregunta. Eso es muy grave”, protestó el peronista Germán Martínez. En definitiva, el ministro coordinados logró manejar los tiempos de la sesión, no pronunció ninguna frase desafortunada y salió indemne de la interpelación “blue” que había preparado la oposición.

El diputado en cuestión era Sergio Palazzo, quien integra el bloque de Unión por la Patria, y es el Secretario General de la Asociación Bancaria. En medio de su disertación en la Cámara Baja en el marco de las preguntas que se le realizan al ministro coordinador, lanzó un crudo comentario para el oficialismo por las interrupciones que se generaron.

“Son numerosas las interrupciones. ¿Le puedo decir a los terian que se autoperciben leones que se callen un poquito si es tan amable? Gracias, presidente", dijo Palazzo. Sus dichos incluso llegaron a dibujar una pequeña mueca en la cara del titular de la Cámara de Diputado, Martín Menem.

Sin embargo, el presidente de la Cámara tuvo un cruce previo con otro diputado, en este caso el representante de Provincias Unidas, Pablo Juliano. Todo comenzó en medio de una de las interpelaciones que realizaba el legislador contra el jefe de Gabinete.

Allí, Juliano comenzó: “Recién lo acabo de escuchar decir que el resultado del año pasado también tenía que ver con el caso de las preguntas. Usted en el 2016 le decía a Vidal y la aplaudía, que no entendía la diferencia entre lo público y lo privado, pero ahora viene y nos deja los mismos argumentos de la casta que dijo que venía a terminar”.

Y siguió: “Nos vinieron a decir que venían a terminar con la casta y nos metieron en un ajuste en donde vos ahora estás haciendo contorsionismo con tus propios números y obligás a que la Argentina haga contorsionismo para subirse al bondi después de haber trabajado. Eso es lo que vos representás acá. Hiciste bajar a todo tu gobierno”.

Automáticamente, Menem lo cruzó y le pidió que se dirija de “usted” al jefe de Gabinete, ya que “es lo que corresponde” antes de que continúe con la interpelación.

“Es el apellido, no lo estoy tratando de chanta y me estoy quedando corto. Mire, presidente, yo estoy hablando con muchísimo respeto”, fue la respuesta de Juliano que acusó una nueva interrupción por parte del bloque libertario. Menem continuó: “Le pido que se dirija con respeto, pero es de usted”.

Y el diputado replicó: “Pero a ver, si a mí me dicen Juliano, yo soy Juliano, él es Adorni. ¿Cuál es el problema de eso? Respeto le faltaron a la gente, ustedes. Adorni, le faltaste el respeto a la gente cuando desde el momento uno". Seguido de esto, el presidente de la Cámara tomó nuevamente la palabra y apuntó: “Le voy a interrumpir el uso de la palabra si no se dirige de usted al jefe de Gabinete. Se lo digo de nuevo, diputado, por favor se lo pido. Lo acabo de advertir”.

Tras la continuidad de las palabras de Juliano, Menem apuntó: “Diríjase de usted, diputado, es lo que corresponde. Son las formas de la honorable Cámara de Diputados de la Nación. Se lo trata de usted al jefe de gabinete y a todos los ministros. No está en una cancha de fútbol, diputado. Es la Cámara de Diputados de la Nación".

Sin embargo, ante un nuevo comentario en el que no aplicó el pedido del presidente de la Cámara, Menem le cortó el micrófono al legislador y dijo: “No me falta el respeto a mí, a la presidencia, a la gente que está viendo esta sesión. Diríjase de usted. Última vez que se lo digo”.

Manuel Adorni está a horas de dar el primer Informe de Gestión desde que es Jefe de Gabinete de Ministros. La sesión ya estaba establecida en el calendario meses antes, pero las casualidades de la vida hicieron que el funcionario no la pudiera cancelar ante los primeros reveses mediáticos debido a que estas presentaciones tienen raigambre constitucional. Así, será un acontecimiento ineludible que lo someterá al escrutinio público por primera vez desde aquella conferencia de prensa en Casa Rosada realizada un mes atrás.

El 29 de abril aparece en el calendario como una fecha clave desde el momento mismo en el que Adorni quedó en el centro de la tormenta a partir de las diferentes revelaciones mediáticas y judiciales. Desde entonces se espera que hable en público, algo que evitó por un largo tiempo.

Adorni le confesó este martes por la mañana a un interlocutor que sintió el rigor y el paso de estas semanas. De todas maneras, avisó que no está nervioso por la sesión de hoy. “Estoy cansado, pero no tengo nervios. Va a estar bueno lo de Diputados”, confiesa ante su fuero íntimo.

La Jefatura de Gabinete enviará un archivo con las más de 2.100 respuestas sobre las consultas de los diputados nacionales, que son el resultante de un proceso de filtrado y aglomeración de las 4.800 preguntas originales que se habían hecho. Aquello fue comandado por los equipos técnicos que Adorni tiene en su área, quienes, a su vez, lo coordinaron con los demás ministerios y organismos estatales.

Hay respuestas relativas a la gestión, mas no sobre la situación judicial o patrimonial del funcionario. Esta misma filosofía se replicará este miércoles cuando los diputados de los diferentes bloques seguramente lo aborden sobre esa cuestión. “Vamos a tratar de hablar sobre cuestiones de gestión, solamente. Lo demás se dirá que es un tema judicializado. No va a correr el riesgo de decir algo que después pueda llegar a ser utilizado en su contra”, comenta una figura del Gobierno que conversó con Adorni por estos días.

La sesión por el informe de gestión va a comenzar a las 10.30 horas de hoy. Esta se dividirá en tres partes: una discurso inicial de Adorni, un extensísimo bloque de preguntas y respuestas entre los bloques opositores y Adorni; y un último apartado de cierre que será hecho por el bloque de La Libertad Avanza.

Adorni ya ensayó la primera parte de la sesión este lunes en el Congreso. La parte del Palacio por la que transitó estuvo bajo un estricto operativo de seguridad que se ocupó de resguardar los movimientos del jefe de Gabinete sin ser grabado ni visto. Practicó algo más de media hora en el pleno del recinto y luego se reunió brevemente con Martín Menem, una de las figuras del Gobierno con las que más habló por estas semanas, ya que tendrá la responsabilidad institucional de liderar una sesión que se prevé caótica.

“Va a ser un discurso institucional de un poco más de una hora. Se va a hacer foco en logros económicos y en la estabilidad macro. También en las reformas que ya se hicieron y en las pendientes”, avisan en su círculo chico.

Arriba en las gradas tendrá un apoyo inusitado: estarán presentes el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y todos los ministros y funcionarios de la cúpula de la Casa Rosada. “Yo no recuerdo haber visto un despliegue así en todas las décadas que llevo en el Congreso”, confesaba un trabajador del recinto.

A esto se le sumará la búsqueda de una épica y una fuerza de choque que estará corporizada en la masa militante que ya está apalabrada para ocupar los palcos del hemiciclo. Eso es algo que está confirmado, aunque es una incógnita si irán Las Fuerzas del Cielo: la cámara baja es un territorio comandado por los Menem, con quienes el vínculo no es particularmente fluido.

La semana pasada Infobae adelantó que Adorni tendrá un as bajo la manga: hacer, si quiere, la “gran Francos”. Es decir, abandonar el recinto si es que se siente agraviado por los diputados opositores. Es por ese motivo que los estrategas libertarios dejaron últimos en el cronograma de preguntas a quienes integran el bloque de Unión por la Patria. “Si se pasan de vivos se quedan sin preguntar”, avisa un colaborador libertario.

Después de hacer una pasada por el Congreso este lunes por la mañana, Adorni fue a la Casa de Gobierno a reunirse con la mesa política y repasar la agenda en materia legislativa. Se trató brevemente el asunto de la sesión: les transmitió que estaba tranquilo y quedaron en que se verían el miércoles en Casa Rosada para partir juntos en caravana para el Congreso.

El ministro coordinador eligió tener un martes con una agenda más liviana. Se limitó a tener a estar durante la mañana en El Talar para hacer una quema de una incautación masiva de drogas junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y luego canceló todo para tener unas últimas horas para repasar antes de la noche.

No es menor que el oficialismo se haya encargado de hacer todos estos preparativos antes de la sesión. Incluso, Adorni ni siquiera sabe si irá a la actividad que Presidencia estaría preparando para que Milei aterrice en el portaaviones estadounidense USS Nimitz. Lo “estresa” pensar en la posibilidad de que un avión baje en una superficie como esa, confiesa.

“Ahora mismo solo está enfocado en que salga todo bien”, marca una persona que conversa con Adorni prácticamente todos los días. No son inocentes: saben que una mala performance no lo ayudaría a su sobrevida como funcionario. Aunque hay matices según el funcionario al que se le consulte, los hermanos Milei son rotundos: no está en discusión su continuidad. Pero primero debe producirse el show de mañana. “Compren pochoclos”, avisó Martín Menem semanas atrás.

El 1° de marzo y con la Asamblea Legislativa de testigo, el presidente Javier Milei vaticinó un año reformista compuesto por "nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales", que perseguían la intención de “rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina“. Sin embargo, a casi dos meses de aquella promesa, el Poder Ejecutivo se topó con algunos inconvenientes que demoraron los deseos del mandatario.

“Sacamos varios dictámenes. Tampoco es fácil armar una sesión. Somos 95 y los otros 34 requieren su esfuerzo”, planteó un legislador ante Infobae en referencia al esquema de apoyos en la Cámara de Diputados. “Uno se plantea objetivos o ideales a los que aspira, pero la realidad es compleja y no siempre se llega con todo. Cada reforma desde su concepción hasta su implementación implica un proceso largo y lleno de complicaciones”, sintetizó otra fuente libertaria en sintonía.

Desde el anuncio a la fecha, el Congreso solo trató -y aprobó- las modificaciones en la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, con 137 votos a favor y 111 en contra, tras la media sanción obtenida en el Senado durante el período de extraordinarias. A la sesión le sucedió el envío de varios proyectos, algunos que acumulan críticas de la oposición y los aliados como lo es la reforma electoral, y otros cuyos apoyos aún están en estudio.

“Glaciares nos llevó más tiempo del que queríamos, pero era importante sacarlo. Era muy difícil tratar otros temas en paralelo. Ahora viene el informe de Adorni y se nos despeja un poco para meter una segunda tanda”, graficó un integrante del oficialismo a este medio.

En estos casi dos meses, la administración libertaria debió afrontar una serie de sucesos que iniciaron la reedición de las diferencias internas entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, atenuadas durante el receso veraniego y la irrupción de la polémica que gira en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, producto de sus viajes y la adquisición de sus propiedades.

Asimismo, varios interlocutores del espacio admiten que los ruidos internos “complejizan” la situación, y otros tantos añaden el agravante de no contar con mayoría automática en ninguna de las cámaras, lo que obliga a revisar de manera individual cada voto y demora los tiempos. “La interna influye. En lo personal, me tiene un poco harto”, se expidió otra voz del ecosistema violeta.

Al respecto, uno de los integrantes de la mesa política rechazó que haya demoras en los plazos y habló de una decena de iniciativas “en estudio” que podrían accionarse en los próximos meses. “Tenemos 10 proyectos en estudio. No hay demora”, sentenció.

Casi a contramano, otro integrante del selecto grupo designado por Milei atribuyó la quietud a lo que definió como “la dinámica misma”, y expuso además un nuevo elemento marcado por el intenso cronograma de viajes legislativos convocado por las diferentes entidades. “Hay diversos factores que van desde la Argentina Week hasta los viajes de diputados propios y aliados organizados por RAP y AMCHAM en medio del período ordinario”, sostuvo ante este medio una voz del Gabinete.

En la administración libertaria se esperanzan con la reactivación de la actividad legislativa pasado el informe de gestión del jefe de Gabinete previsto para este miércoles 29 de abril al que asistirá el mandatario, pero además el grueso de los ministros. “Veremos cómo sale, calculo que se destraba post informe. Deberíamos poder sesionar hasta el Mundial”, afirmó un legislador a este medio.

Los planes diseñados por la Casa Rosada son ambiciosos e incluyen el envío al Senado de la Reforma Electoral, la Ley de Propiedad Privada, que modifica seis leyes; los cambios en la Ley de Salud Mental; el proyecto de Fraude de Pensiones por Invalidez; el que habilita un acuerdo de pago a los bonistas por el default del 2001; un abultado número de pliegos de jueces y diplomáticos; y la ley de Falsas Denuncias de la senadora Carolina Losada.

Mientras en Diputados esperan tratar la ley de Hojarasca, la adaptación de Financiamiento Universitario y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, uno de los tratados internacionales más importantes en la materia.

Luego de semanas complejas para la Casa Rosada, marcadas por los ruidos económicos, los sucesivos capítulos de la interna y la polémica de Adorni, los bloques aliados parecen plantarse con más fuerza y no esconden las diferencias. No sorprende que tanto el PRO, la Unión Cívica Radical, como gobernadores aliados de la tallada de Osvaldo Jaldo (Tucumán) hayan opuesto resistencia a los deseos del Ejecutivo de eliminar las PASO. Meses atrás, el escenario era otro.

En Balcarce 50 no solo buscan retomar la actividad en el Congreso para cumplir con la hoja de ruta trazada por Milei, quien aseguró tener al menos 10 proyectos por cartera, sino que intentan recuperar la fortaleza política que les permita volver a hacer frente a los reclamos de la oposición y acortar la distancia de los aliados.

En medio de los primeros frenos visibles al combo de leyes que envió la administración libertaria y el descarte de sesiones pre diagramadas, tanto en Diputados como en el Senado, la Cámara alta aprovechará los próximos días para continuar con su senda de “trabajo regular” y activará, durante la tarde de mañana, un puñado de comisiones bicamerales que, sin embargo, no incluye la más jugosa de todas: la de Inteligencia.

La primera de todas, a las 14, será la de “Control de los Fondos de La Seguridad Social”, donde oficialismo y dialoguistas tendrán mayoría cómoda. Aparecen allí, como referentes mileístas, el senador Bruno Olivera Lucero (San Juan) y el diputado Lisandro Almirón (Corrientes), entre otros.

Una hora más tarde quedará conformada y con autoridades la “Permanente de La Defensoría del Pueblo”. El año pasado, esta bicameral aceleró en modo flash el mecanismo para el concurso del nuevo defensor. Para tener una referencia, el mismo actúa con plena independencia y autonomía, y su misión es la protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones públicas. Es decir, un representante colectivo.

Eduardo Mondino fue el último Defensor del Pueblo votado con dos tercios por Diputados y el Senado. Es un cargo que precisa mayoría especial en el Congreso. Dejó el sitial en 2009 y, desde entonces, no se avanzó con su reemplazo. Todo un desafío para los legisladores que aterrizarán, de manera inminente, a la bicameral.

Atención especial acaparará la “Mixta Revisora de Cuentas”, desde las 16. Es el enlace predilecto con la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo de control externo -a posteriori- de los gastos del estado. Dos detalles por el lado de la Cámara alta: quien consiguió una butaca fue el senador Guillermo Andrada, reciente ex kirchnerista y -de nuevo- peronista full time, de no aparecer otra voltereta. Es el delegado del gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, y forma parte de Consenso Federal, que suma tres de 72 votos.

Hasta diciembre pasado comandó el diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto, que se hizo cargo de un engorroso trabajo nunca realizado por gestiones anteriores –había expedientes de la época de Mauricio Macri y Alberto Fernández- y dejó a la bicameral más cercana a los tiempos actuales. Esto implica una mayor lupa hacia los períodos 2024 y 2025, de Javier Milei.

Lo que ahora analiza el oficialismo es, con las adhesiones que cuenta, ubicar en la presidencia al exjefe libertario en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy). De avanzar mañana será la primera vez, después de un par de años, que todo el cuerpo de la AGN –Diputados y Senado aprobaron a sus representantes en los últimos meses- y la bicameral en cuestión se hallen con luz verde.

A las 17.30 de este martes se conformará otra traumática: la del Defensor del Niño. En 2025, la mayoría de eventos relacionados con este –delicado- tema derivaron en papelones mayúsculos. Primero, por la ex titular del organismo, Marisa Graham, que modificó por resolución interna para atornillarse al cargo. Esto fue adelantado por Infobae durante el penúltimo período estival. Luego, la comisión “encontró” una propuesta que, para nacer, tuvo el sorpresivo viraje de una macrista y legisladora bonaerense electa por La Libertad Avanza, que se unió al cristinismo y dialoguistas. Terminó con una postulante relacionada con la gestión bonaerense de Axel Kicillof. Prosperó en un solo recinto.

La gran incógnita que resta es la de Inteligencia. Allí, como contó semanas atrás este medio, Consenso Federal ligaría un premio de oro: aparece la jujeña Carolina Moisés. Olvidó rápido los reclamos por la condena contra Cristina Kirchner, quien desde antes de su prisión domiciliaria forzó la intervención del sello en dicha provincia para reventarlo y cederlo a La Cámpora. Los resultados fueron estrepitosos y un -para nada inocente- regalo a la UCR local, a la que tanto rechazan. Una butaca en esta bicameral asegura, además de las reuniones secretas, apostillas diversas y contactos, una medalla especial: es la única de todo el Congreso con presupuesto reservado.

Con el cierre del plazo de autopostulación este domingo 26 de abril, el Congreso Nacional inicia una etapa decisiva para seleccionar a los nuevos funcionarios que integrarán el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), dos organismos clave para la organización, supervisión y resolución de conflictos en materia electoral.

El proceso cobra especial relevancia porque las autoridades electas desempeñarán un papel central en la preparación y desarrollo de los futuros procesos electorales, y en la garantía de transparencia, legalidad y confianza ciudadana en los resultados.

La comisión especial legislativa designada por el Congreso Nacional revisará cada uno de los expedientes presentados por los aspirantes, lo que implica verificar el cumplimiento de requisitos legales, evaluar la trayectoria profesional y validar la documentación entregada.

Extienden plazo

Para ampliar la participación y evitar la exclusión por errores administrativos, se habilitó un periodo adicional de 48 horas para la subsanación de documentos. Este plazo permite que quienes ya hayan presentado su postulación corrijan inconsistencias o completen requisitos pendientes hasta el martes 28 de abril.

Las autoridades remarcaron que este beneficio no incluye a quienes no entregaron ningún documento dentro del plazo original, estableciendo así un límite preciso entre la flexibilidad administrativa y el cumplimiento de las normas.

Finalizada esta etapa, el proceso pasará a audiencias públicas previstas para el miércoles y jueves de la próxima semana. En estas audiencias, los diputados conocerán directamente a los aspirantes para evaluar sus propuestas, capacidades y criterios sobre temas electorales, además de examinar su independencia respecto a intereses partidarios.

Después, la comisión legislativa elaborará un informe que servirá de base para la elección en el pleno del Congreso Nacional. Para ser electos, los candidatos necesitan el respaldo de al menos 86 diputados, lo que exige acuerdos entre las diferentes bancadas políticas.

Funcionarios electorales

El diputado liberal Alberto Cruz destacó la necesidad de priorizar perfiles que ofrezcan imparcialidad y profesionalismo. Si bien reconoció que todas las fuerzas políticas pueden proponer candidatos, insistió en que la independencia respecto de las estructuras partidarias es esencial para prevenir conflictos futuros.

El debate por la integración de estos organismos refleja también las tensiones políticas entre partidos, sobre todo en cuanto a la participación de representantes del partido Libertad y Refundación (Libre). Desde el Partido Liberal manifestaron apertura, pero condicionada a que los aspirantes cumplan criterios definidos de autonomía.

El analista Germán Cálix explicó: “Este proceso no solo definirá nombres, sino que también pondrá a prueba la capacidad del Congreso para alcanzar consensos y fortalecer la institucionalidad democrática del país”.

En términos prácticos, el CNE se encarga de organizar y administrar los procesos electorales, incluido el registro de partidos y candidatos, la logística de votación y la divulgación de resultados. El TJE, por su lado, tiene la función de resolver disputas y controversias derivadas de los comicios, garantizando el cumplimiento de la ley electoral.

La elección de sus integrantes abarca implicaciones políticas, técnicas y jurídicas, porque el desempeño de estos funcionarios será clave para la estabilidad y credibilidad del sistema electoral hondureño en los próximos años.

Con la culminación de la etapa de postulaciones, Honduras entra en una fase en la que la transparencia del proceso, la calidad de los aspirantes y la voluntad de consenso político serán determinantes para asegurar instituciones sólidas.

Después de la máquina sin parar que significaron las sesiones extraordinarias de diciembre y febrero pasado, el Gobierno libertario se tomó un leve respiro y, en las últimas semanas, envió al Senado un ramillete de leyes y pliegos que pondrán a prueba la política de alianzas de la Casa Rosada y, sobre todo, hasta dónde estará dispuesto a negociar.

Con el correr de los días, desde despachos dialoguistas e incluso algunos oficialistas deslizaron a Infobae que, según el panorama que se pincela, habrá tiempo hasta agosto próximo para avanzar con las iniciativas en cuestión, antes de que el foco de atención se dirija hacia las pre campañas en varias provincias -ni hablar de lo nacional-, que aún especulan sobre cómo confrontará la administración central en diferentes distritos.

“Las cosas van tomando color de a poco en mi lugar, aunque a ritmo constante. Y todo indica que se acelerará. No hay que olvidar que el Ejecutivo decidirá si va a fondo con sus candidatos y el tenor de cada uno. Es decir, si serán postulantes para competir o para ganar. O si habrá alianza entre poder local y nacional. Eso, sin dudas, empezará a afectar los votos. Que hayan sobrado hasta ahora no implica que mañana sigan estando. Y en septiembre entra el Presupuesto y cuesta creer que haya otra cosa en simultáneo discutiéndose, con la trascendencia que la ‘ley de leyes’ acaparará”, reconocieron desde La Libertad Avanza (LLA) a este medio.

En tanto, un senador aliado confió: A veces pienso en el daño que se auto inflinge el Gobierno. A la reforma electoral, para dinamitar las PASO, le meten Ficha Limpia. Después, no cumplen con la norma de discapacidad que ratificó el Congreso para mandar otra, aún sabiendo que muchos que votamos la anterior seguimos en esta Cámara. ¿Alguien hizo esa cuenta? Sí hay que reconocer, y es innegable, que todos estos carriles por ahora se mantienen en calma gracias a quien tienen como jefa“.

La cita no es menor y es una coincidencia cercana a lo unánime según las fuerzas políticas que conviven en el Congreso: la agenda del período estival fue posible gracias a Patricia Bullrich, que se tira de “palomita” para cabecear todas las granadas. “La diferencia con -el presidente de Diputados, Martín- Menem, que encima es el protegido del Gobierno, es que el riojano sólo repite directivas. Y las leyes de los últimos meses no salieron justamente por eso, sino todo lo contrario“.

Ahora, el desafío es mayor para la exministra de Seguridad de Javier Milei. “¿A Patricia le envían todas estas leyes por su capacidad demostrada y para no quemarlo a Menem? Y, si comenzaran a trabarse, ¿le echarán toda la culpa para limarla?“, se oyó, con cierta preocupación, a un legislador libertario. El resto de consultados se dividen entre ”hasta diciembre no habrá inconvenientes" y “mejor que avance todo antes de mitad de año”.

Lo cierto es que Bullrich cuenta, en la actualidad -con las gafas oficialistas y en base a lo ocurrido en las extraordinarias de diciembre y febrero-, con un “piso” de 40 votos y un máximo de 44, que varió según el texto a tratarse en el recinto. Si bien nadie se anima a restar adhesiones a ello, la realidad es que los recientes proyectos parecen no tener los apoyos necesarios. El de la reforma electoral es el más claro. Todo dependerá de los eventuales cambios.

Según un sondeo inicial de Infobae, hay buena predisposición para la de salud mental -cambios necesarios a la vigente, con áreas delicadas-, baja en discapacidad, y promesas de modificaciones en el de propiedad privada. Sobre la última ley, un experimentado soldado dialoguista dijo a este medio: “Querían dictaminar la semana pasada. Casi un delirio, aunque frenaron a tiempo. Se armó, como con la reforma laboral, un canal de propuestas que van y vienen. La previsión es que lleguemos de acá a un mes”.

En paralelo a todo esto, el Senado tiene acomodadas varias audiencias públicas por pliegos judiciales hasta que termine la primera quincena de mayo, y ya suma un puñado de dictámenes listos para armar una sesión -la pensada para el miércoles 29 se bajó días atrás, como contó Infobae-, aunque algunos no convencen. El caso más marcado es el de falsas denuncias, la obsesión de la radical Carolina Losada (Santa Fe). “Rompe el recinto”, insisten desde diversas bancadas.

Durante la noche del jueves pasado, se conoció que el miércoles 29 se conformará la comisión de Salud -16 horas- y que, media hora más tarde, habrá plenario junto a la de Legislación General para analizar el proyecto sobre salud mental. Un regalo para el kirchnerismo: Milei ya dijo que estará presente ese día, en Diputados, para el informe de gestión del inmobiliario jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei envió al Congreso una ambiciosa reforma política que incluye entre sus puntos principales la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en el financiamiento de los partidos políticos y el régimen de Ficha Limpia. La iniciativa puso en alerta tanto a la oposición dura como a algunos habituales aliados de la Casa Rosada ya que entienden que el proyecto está pensado “a la medida” de las necesidades electorales inmediatas del oficialismo.

“Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso. ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre. “SE ACABÓ LA IMPUNIDAD. SE ACABÓ LA JODA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, anunció Milei en las redes sociales.

Entre los opositores más duros interpretaron la iniciativa como un claro intento de evitar que se conforme un gran frente electoral “anti-Milei”. Esta interpretación se basa en que para armar una coalición lo suficientemente amplia que derrote al oficialismo -una idea que enarbolan dirigentes como Axel Kicillof o Miguel Pichetto- es fundamental con una herramienta como las PASO que permite definir candidatos y repartir lugares en las listas en base a parámetros objetivos.

Sin primarias, las negociaciones entre diferentes facciones -como el camporismo y el kicillofismo dentro del peronismo- o entre antiguos adversarios se vuelven mucho más complejas.

Sin embargo, la eliminación de las elecciones primarias también preocupa a eventuales aliados de La Libertad Avanza, como el PRO y la UCR, ya que estos partidos anticipan que sin internas deberán someterse a un acuerdo de cúpulas que los dejará relegados en las listas.

En la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, los referentes de ambos partidos, Cristian Ritondo y Maximiliano Abad, ya se expresaron en el pasado a favor de mantener las Primarias pero con una modificación: que no sean obligatorias y por lo tanto no compitan los frentes electorales que no tienen que definir candidaturas internas.

El principal argumento de la Casa Rosada es el gasto que implica organizar las PASO y el desgaste que implica para los ciudadanos sumar otra fecha electoral al calendario. “La democracia cuesta plata, si nos guiamos únicamente por el criterio del gasto deberíamos terminar con las elecciones y convertirnos en una dictadura o una autocracia”, ironizó un viejo dirigente que supo apoyar las principales iniciativas de Milei durante su primer año de gestión.

“El sistema actual es muy bueno, no tiene fraude. Gracias a este sistema con primarias y financiamiento público de las campañas hasta ganó un tipo como Milei”, recordó y señaló que el verdadero problema del oficialismo es que los efectos negativos del plan económico hicieron que “no haya ambiente reeleccionista”. “El Gobierno está perdiendo la generación de expectativas en la gente”, resumió.

Por otro lado, la oposición anticipa que la reducción del financiamiento público de las campañas, la eliminación de los espacios gratuitos de publicidad y la ampliación de los aportes privados tendrán varias consecuencias inmediatas. Por un lado, una injerencia mucho más fuerte y directa de intereses económicos en el sistema político; por otro lado, el ingreso masivo de capitales provenientes del lavado y fundamentalmente del narcotráfico.

“Si bien el sistema actual de rendición de cuentas tiene muchos problemas y es verdad que en las campañas se utiliza dinero en negro, la eliminación del financiamiento público va a debitilar principalmente a los partido más chicos”, explicaron a Infobae. En esa misma línea, interpretan que la decisión de aumentar los avales y hacer más estrictos los requisitos para mantener la personería jurídica de los partidos (por ejemplo, caducarán los sellos que no se presenten en dos elecciones consecutivas o que saquen menos del 3% en dos elecciones seguidas) va a perjudicar directamente a los partido minoritarios.

La decisión de enviar el proyecto primero al Senado obedece a la intención del Gobierno de negociar principalmente con los gobernadores. De hecho, Gustavo Saénz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) ya se han manifestado en el pasado en contra de las primarias.

Por eso, la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, ya hizo saber que si en Diputados realizan modificaciones al texto, insistirá con la redacción original. El oficialismo optó por el Senado como cámara de origen porque anticipa un escenario mucho más adverso en la Cámara de Diputados, donde los bloques están muy atomizados y los gobernadores tienen menos influencia.

Los gobernadores podrían colaborar con la eliminación de las PASO nacionales ya que si deciden desdoblar las elecciones se regirán por el sistema vigente en cada provincia. Pero sí rechazan la modificación de la Boleta Única de Papel para incluir el casillero de lista completa. De hecho, el Gobierno tuvo que modificar el proyecto de ley en 2024 ya que las provincias no querían incluir el casillero de lista completa para impedir el efecto arrastre de la figura presidencial.

Ahora, el proyecto oficialista habilita que se incluyan los cargos locales, como legisladores o concejales, en caso de simultaneidad con elecciones provinciales. Así permitiría que los gobernadores que vayan en alianza con La Libertad Avanza se beneficien de un posible efecto arrastre de la categoría principal en una elección provincial concurrente con la nacional.

Por último, la inclusión de la Ficha Limpia fue interpretada por la oposición como una maniobra para forzar apoyos. “Incluyeron Ficha Limpia en esta ley omnibus para forzar apoyos y aprobar las leyes que necesitan con el objetivo de allanar el camino a la reelección de Milei, concentrar poder y debilitar cualquier alternativa política, en un contexto de creciente debilidad para el gobierno”, denunció Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Y agregó: “No vamos a aceptar que nos corran con la falsa dicotomía de acompañar este proyecto o ser cómplices de la corrupción”. En los pasillos de la Cámara de Diputados incluso los aliados del PRO señalaban que hay cuatro proyectos sobre Ficha Limpia con estado parlamentario y que si el Gobierno realmente tuviera voluntad de avanzar con el tema podrían haber logrado consenso fácilmente para convocar a una sesión.

Javier Milei será protagonista de un hecho realmente inusual la semana que viene: asistirá a la Cámara de Diputados para acompañar a Manuel Adorni y de ese modo escalará al máximo en la decisión de escenificar el sostenimiento de su funcionario, que arrastra un mes y medio de deterioro en continuado. Es bastante más que un abrazo para la foto. Y expondrá una especie de regla inversa, porque normalmente los jefes de Gabinete deben absorber los daños, cuidar a los presidentes, no al revés.

No es todo. Eso, que en el circuito violeta podría ser celebrado como un singular trazo mileista, opera en la práctica a contramano de los movimientos que viene ensayando el oficialismo para cambiar el clima político o, dicho de otra forma, recuperar terreno con iniciativas que modifiquen el foco de la agenda pública. Un objetivo compartido además con la necesidad de recrear expectativas después de un primer trimestre del año marcado por datos negativos en materia económica.

El efecto del caso Adorni es realmente amplio. El Congreso exhibe un ejemplo claro. Vive una etapa de muy escasa actividad, reflejo de las tensiones generales y, sobre todo, del bloque de la LLA y sus socios. Quedó en suspenso cualquier convocatoria del oficialismo al recinto antes del informe del jefe de Gabinete, el miércoles próximo. El último síntoma fue la postergación del debate sobre la ley Hojarasca, que se suponía casi un trámite.

Se impuso la cautela desde el Gobierno. Y pareció preferible evitar un anticipo de los cruces por el jefe de Gabinete, cuando además circulan dudas y surgen recelos sobre la actitud de aliados, desde integrantes del PRO y la UCR hasta legisladores que responden a gobernadores del PJ “amigos” de Olivos. La oposición dura no intentó avances con la idea de una interpelación. Tal vez consideró mejor el desgaste del funcionario, mientras trata de arreglar sus propios problemas.

La semana aportó además un dato que ilustra la situación del Congreso. El Ejecutivo promulgó la reforma a la ley de Glaciares, que ya fue judicializada. Alcanzó para recordar que fue el único proyecto coronado en casi dos meses. Una señal nada desdeñable, después de un febrero de éxitos legislativos anotados por el Gobierno.

La intención de modificar ese cuadro precipitó el envío del proyecto de reforma electoral, con eje en la eliminación de las PASO, la inclusión de Ficha Limpia y agregados sobre Boleta Unica de Papel y financiamiento de los partidos. Milei buscó exponerlo como una iniciativa “anticasta”, en espejo con el daño causado en el discurso libertario por capítulos como el de Adorni y el de los créditos del Banco Nación.

El primer dato que asomó en el Congreso fue el crujido por la resistencia cruzada de algunos socios del oficialismo. Desde el PRO y la franja radical alineada con el Gobierno hicieron saber que no comparten la derogación lisa y llana de las primarias. Y algunos gobernadores que aporten votos decisivos no se entusiasman con Ficha Limpia.

No está claro cómo evolucionará el proyecto, pero sí que serán necesarias negociaciones amplias, frente a una oposición heterogénea y desordenada -con especial foco en el peronismo/K- que, de todos modos, retomó conversaciones para tratar de coordinar su ofensiva sobre el jefe de Gabinete. Todo es cálculo y tensión en el Congreso. El mileismo le agrega su interna, que no cesa. Y, según trasciende, está molesto con la posición de “plateístas” que podrían adoptar algunos de los socios, en la batalla que imaginan para el recinto.

En rigor, los diputados del Pro, del radicalismo y algunos provinciales frenaron un primer intento de la oposición dura para tratar del tema Adorni -también, el caso $LIBRA- en el debate sobre la modificación a la ley de Glaciares. En ese contexto, el rechazo fue basado en cuestiones reglamentarias. El encuentro de la semana que viene es diferente, en todo sentido.

Por lo pronto, el oficialismo viene trabajando en los ejes de la presentación del jefe de ministros. Y más allá de las reuniones formales -la última cita de la mesa política fue corrida para el lunes-, se trata de una especie de gran ensayo, cuyo eje pasa por las respuestas a las cargas de la oposición. Las versiones que hace circular el Gobierno son vagas, pero ninguna descarta la alternativa de escalar en la pelea -sobre todo, apuntando al kirchnerismo y a “sacar” a alguno de sus representantes- para un final con retirada a los gritos.

En la oposición, los preparativos incluyen la insistencia hacia sus filas para que se imponga el control de las reacciones y de los egos, según se admite en ese circuito. Existe incluso la intención de dividir papeles, como ocurrió cuando fue el turno de Guillermo Francos, antecesor de Adorni. No parece fácil. Al igual que en el frente violeta, corren versiones sobre cartas para volcar el debate.

La atención de todos está puesta en las novedades que pueda producir la causa por enriquecimiento ilícito. Las novedades de los últimos días estuvieron centradas en la compra del departamento de Caballito y lo más ruidoso fue la declaración de Pablo Feijoo, que habló de una deuda “en negro” por 65 mil dólares. La sospecha se extiende no sólo al costo real de la propiedad sino además a los fondos para la adquisición inicial a un ex futbolista. En cambio, la semana que viene los testimonios principales tendrán que ver con la casa en el country de Exaltación de la Cruz. Y no se descarta alguna novedad con los viajes.

Está claro que los días que vienen estarán tomados por el caso del jefe de Gabinete, cuyo efecto -por la extensión temporal y mediática- supera el terreno estrictamente político. En rigor, se combina con la economía. Puede relegar noticias, en una mezcla que incluye desde el anuncio de alguna fuerte inversión petrolera hasta las cifras de caída de la actividad y baja o frío en el consumo. Pero sobre todo, relega el intento discursivo para generar expectativa después de un inicio de año para abajo.

Milei parece haber optado por dejar atrás los ensayos del Gobierno para cambiar el temario. Y más: subió escalones en sus peleas, siempre con elección de enemigos. Afirmó en primera línea al periodismo, combustible para el motor de tuiteros violetas que insultan y otros que presumen de analistas de medios. Resultó notorio también que, en simultáneo con la defensa de Adorni y la confirmación de su asistencia al recinto de Diputados, habló del objetivo de reelección. La alusión al plan para el 2027 quedó en segundo plano. Los títulos -y la repercusión en las redes- dieron mayor trascendencia al gesto de sostenimiento de su funcionario. Eso también habla de clima.

“Se está preparando bien”, aseguran en el entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que en menos de una semana deberá presentarse en la Cámara de Diputados a realizar la sesión por el Informe de Gestión, una tarea que tiene raigambre constitucional y que está obligado a hacer por el cargo que ocupa en la actualidad.

Los días previos a ese acontecimiento están cargados de un morbo particular por los acontecimientos recientes que rodean al ministro coordinador. Hace un mes que comenzó la investigación en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que encabeza el fiscal federal Gerardo Pollicita, que descubrió operatorias de diferentes propiedades que no se le conocían y viajes personales que no habían sido notificados; tanto durante su etapa como vocero presidencial como jefe de Gabinete.

Desde ese entonces, Adorni no volvió a aparecer en conferencias de prensa o a explicar su evolución patrimonial ante los medios de comunicación. Es por ese motivo que diputados de bloques opositores buscan aprovechar la situación para poder hacer una suerte de interpelación sobre los asuntos que el funcionario libertario no quiso explayar en estas semanas.

El jefe de Gabinete está terminando de pulir la estrategia discursiva que utilizará durante la sesión. Su círculo de confianza se compone de funcionarios como el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Sicilia; el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari; y la responsable de la Unidad de Gabinete de Asesores, Aimé “Meme” Vázquez.

Pero la ayuda no se circunscribe a su riñón de asesores legales y comunicacionales, sino que también pivoteó con diferentes alas del oficialismo para arreglar la dinámica que habrá en la sesión. El miércoles se reunieron los equipos del jefe de Gabinete con el del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para preparar la sesión informativa del 29. Acordaron que no habrá reunión de Labor Parlamentaria, aunque terminaron de digitar el cronograma de la presentación.

Infobae accedió al borrador de lo que será la presentación del próximo miércoles, que estará dividida en presentación, ronda de preguntas y respuestas y un cierre.

Adorni ingresará al pleno del recinto a las 10.30 horas de la mañana y tiene previsto dar un discurso de una hora, aproximadamente. En su entorno afirman que la presentación “va a ser seria y principalmente técnica”, utilizando como parámetro la mayoría de las respuestas que habrá respondido a los diputados en su informe escrito, el cual se entregará antes de la sesión.

La regla va a ser mínimo cinco minutos por bloque. Le vamos a dar proporcional a cada uno de ellos”, afirma una fuente libertaria. La secuencialidad será la siguiente: habrá una primera tanda en la que preguntarán 9 bloques menores que podría durar cerca de 50 minutos. Adorni tendrá unos 20 minutos para responder aquellas consultas que se le hagan durante ese bloque.

Luego será el turno del bloque Innovación Federal y de los interbloques Unidos (compuesto por Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal) y Fuerza del Cambio (integrada por PRO, UCR, MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz). El primero tendrá 11 minutos y los otros dos contarán con 20 minutos cada uno. El jefe de Gabinete también tendrá asignado un segmento de 20 minutos para responder las consultas.

El último turno de las preguntas le toca a Unión por la Patria, que tendrá unos 68 minutos para realizar las consultas. Se prevé que este sea la parte más álgida de la sesión. En ese marco, los libertarios no descartan utilizar un recurso que pueda funcionar como válvula para liberar presión o para condicionar las preguntas del peronismo-kirchnerista, según sea el caso. “(Guillermo) Francos se retiró cuando le empezaron a faltar el respeto en una de las presentaciones. No descartaría que pueda pasar lo mismo si no lo dejan hablar o lo insultan. Si se portan bien, van a llegar a poder preguntar. Si no, es posible que la caguen”, confesó un miembro del Gobierno.

Esto remite a lo sucedido en el pasado con el antecesor de Adorni, Guillermo Francos, cuando abandonó abruptamente su informe de gestión en el Senado el 26 de junio de 2025, tras un fuerte cruce con la senadora de Unión por la Patria, Cristina López, quien lo tildó de “mentiroso”. El funcionario se retiró molesto, suspendiendo la sesión informativa, alegando falta de respeto y señalando que no se quedaría si no le creían.

El cierre estará a cargo de La Libertad Avanza, que tiene como jefe de bloque al cordobés Gabriel Bornoroni.

El presidente Javier Milei confirmó que el próximo miércoles concurrirá junto a todos sus ministros al Congreso durante la exposición ante los legisladores. Milei entregó así una nueva muestra de respaldo a su funcionario en medio de las causas judiciales que lo involucran. “Sí, claro que voy a ir a acompañar a Manuel, voy a ir a escuchar a mi jefe de gabinete”, aseguró. En ese marco, el presidente subrayó que Adorni está respondiendo a cada pedido de la Justicia y que se están cumpliendo todos los plazos previstos. “Manuel dará las respuestas que correspondan, está trabajando la Justicia, se están cumpliendo los plazos, y estamos muy tranquilos”, precisó el jefe de Estado.

En tanto, por estos días el funcionario libertario se prepara para presentar por escrito la respuesta a cerca de 2.000 consultas realizadas previamente por diputados nacionales de la oposición, de las cuales casi un centenar abordan específicamente su patrimonio, viajes y la causa por enriquecimiento ilícito que lo involucra.

El gobierno nacional envió al Senado la reforma política anunciada por el presidente Javier Milei y desde los principales bloques opositores, incluso habituales socios del oficialismo, ya comenzaron a dejar trascender su rechazo a los principales puntos del proyecto y cierto malestar con la maniobra de incluir a último momento la Ficha Limpia dentro del paquete.

Ante la consulta de Infobae, tanto desde el PRO como desde la UCR reconocieron que no fueron consultados previamente por el Gobierno. Ambos espacios manifestaron en el pasado su reticencia a la eliminación de las PASO, ya que les quita una herramienta fundamental para avanzar con la conformación de alianzas electorales.

“Las PASO tienen un costo enorme para el Estado y en muchos casos se convirtieron en un trámite vacío. Pero también son un mecanismo de participación ciudadana que no puede descartarse a la ligera”, explicaron desde el partido amarillo. En ese sentido, insistieron con la idea de modificarlas para que por ejemplo no participen los partidos que tienen candidato único, una idea que había sido impulsada en el pasado por María Eugenia Vidal.

Por otro lado, señalaron que este debate tiene que darse con seriedad y no “apurado por la coyuntura electoral”. “El PRO no va a votar nada que no haya analizado en profundidad. Esa es nuestra forma de hacer política: con evidencia, no con urgencia”, sintetizaron.

El caso del PRO es particularmente complejo ya que busca conformar una alianza electoral con La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires pero al mismo tiempo mantiene una disputa descarnada en CABA, donde los libertarios amenazan con arrebatarles su principal fortaleza. “Son muy diferentes las necesidades de un gobernador, como puede ser Frigerio en Entre Ríos, que las de un diputado bonaerense o uno porteño que responde a Jorge Macri”, analizaron.

El referente de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, también adelantó que no está de acuerdo con la eliminación de las primarias. “Este instrumento (las PASO) y el sistema electoral argentino son muy buenos. Siempre han permitido transparencia. El que tenía que ganar la elección la ganaba. Ha perdido el peronismo, ha ganado Macri, ha ganado Milei”, dijo en Infobae a la tarde. Además, advirtió que modificar el mecanismo de primarias abiertas “vuelve al sistema de partidos más cerrado, no hace a la democracia interna”.

Por otro lado, el PRO y la UCR también fueron impulsores del proyecto de Ficha Limpia y no vieron con buenos ojos la decisión de Milei de tratar todo junto. “Hay tres proyectos ya presentados sobre Ficha Limpia, por lo que si hay voluntad de avanzar, tanto en Diputados como en el Senado, se puede hacer por separado. No hay necesidad de traer toda la reforma política”, advirtió un importante referente del PRO. En la misma línea, desde la bancada radical calificaron todo como una simple “maniobra de distracción”.

Entre los diputados más contundentes se destacó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien aseguró que se trata de una “reforma extorsiva y tramposa” que apunta a reducir el pluralismo, limitar la representación y desbalancear la cancha en favor de quienes gobiernan”.

“Incluyeron Ficha Limpia en esta ley ómnibus para forzar apoyos y aprobar las leyes que necesitan con el objetivo de allanar el camino a la reelección de Milei, concentrar poder y debilitar cualquier alternativa política, en un contexto de creciente debilidad para el gobierno”, publicó en sus redes sociales.

Y adelantó su rechazo a toda la iniciativa: “No vamos a aceptar que nos corran con la falsa dicotomía de acompañar este proyecto o ser cómplices de la corrupción. Es una acusación absurda, sobre todo contra quienes llevamos años enfrentando a los corruptos y denunciando que no pueden esconderse detrás de cargos públicos para evitar la justicia”.

En Provincias Unidas aclaran que todavía no unificaron un criterio porque no analizaron en profundidad la letra del proyecto. No obstante, los radicales disidentes y los socialistas que conforman el bloque ya hicieron saber su rechazo a la reforma. Además, la presidenta del bloque Gisela Scaglia fue vicegobernadora de Maximiliano Pullaro en Santa Fe, un distrito pionero en la implementación de las Primarias a nivel provincial.

“No creemos que haya que eliminar las PASO. Es un sistema que se puede mejorar, incluso pensar en que no sean obligatorias, pero eliminarlas no es el camino. Las PASO permiten ordenar la política y que las candidaturas no se definan solo en acuerdos de pocos. Si se plantea modificarlas, también es importante plantear cuál es la alternativa para que los frentes electorales definan a sus candidatos”, explicó uno de los integrantes del bloque y aclaró que esa es la postura predominante en el espacio.

Con dudas y rechazos de habituales aliados, el oficialismo enfrentará un duro proceso para conformar una mayoría en la Cámara de Diputados. “Saben que no tienen los votos para eliminar las PASO, por eso meten Ficha Limpia, para decir que nosotros no queremos la transparencia. O piensan que la ‘culpa honestista’ (sic) hará que se vote todo el paquete”, analizó un diputado de Provincias Unidas.

La reciente solicitud de investigación presentada por la bancada del Frente Amplio y la diputada independiente Kattia Cambronero ante la Contraloría General de la República pone bajo escrutinio el nombramiento interino de Víctor Carvajal Porras, exministro de Agricultura y Ganadería, como director ejecutivo del Sistema de Banca para el Desarrollo. El caso ha generado inquietud en ámbitos parlamentarios por las condiciones legales y éticas del proceso, considerándose que podría haberse incurrido en conflicto de interés, y advirtiendo sobre el impacto que este tipo de procedimientos tiene en la credibilidad de la institucionalidad costarricense, según comunicación oficial de la Fracción Frente Amplio 2022-2026.

Entre los elementos que motivaron la consulta a la Contraloría, figura el dato revelado por el diputado Antonio Ortega: el cargo de director ejecutivo que ocuparía Carvajal conlleva un aumento salarial del 117 % para el funcionario, alcanzando hasta nueve millones de colones mensuales, (USD 17,000) una cifra notablemente superior al salario precedente. Ortega cuestionó que el proceso de selección permitiera que Carvajal participara mientras ocupaba una posición en el Consejo Rector, ente responsable de la designación en disputa.

De acuerdo con la denuncia presentada, el entonces ministro de Agricultura participó como postulante en el proceso de reclutamiento mientras formaba parte del Consejo Rector encargado de decidir sobre ese mismo cargo, lo que el l Frente Amplio califica como posible conflicto de interés. Además, la sustitución realizada también fue cuestionada, ya que la viceministra votó en la sesión decisiva en ausencia del ministro y a favor de quien sería su superior directo, sin respaldo normativo que habilite tal accionar en estos casos. El sector parlamentario sostiene que la funcionaria carecía tanto de base legal como de fundamento ético para intervenir en la designación.

La crítica abarca a la actuación de la ministra de Economía, Patricia Rojas, quien, ante la falta de quórum, defendió el uso del “criterio de urgencia” para proceder con el nombramiento interino. De acuerdo con la Fracción, esto derivó en una decisión “sin quórum”, intensificando los cuestionamientos sobre la legalidad del proceso. Ortega agregó: “Este concurso se ha hecho de manera tan opaca que el mismo Tribunal de Justicia lo detuvo y la Fiscalía abrió una causa por este nombramiento de Carvajal como director interino del Sistema de Banca para el Desarrollo”, según su declaración pública.

El bloque legislativo exige que la investigación determine la regularidad jurídica del procedimiento, la posible existencia de ventajas indebidas para Carvajal, y si sus antecedentes profesionales cumplen con los requisitos del puesto, como la experiencia mínima de cinco años y los conocimientos técnicos estipulados en la normativa vigente. También se insta a la Contraloría a valorar la adecuación de las decisiones del Consejo Rector a los principios de legalidad, transparencia, igualdad y mérito, conforme al oficio presentado a la autoridad fiscalizadora.

El procedimiento de nombramiento, bajo cuestionamiento por posibles irregularidades y conflicto de interés

El Frente Amplio, junto a Kattia Cambronero, destaca la necesidad de que los nombramientos en la administración pública costarricense se ajusten de manera estricta a criterios objetivos y transparentes. El partido advierte que casos como este pueden afectar la confianza pública en los organismos estatales y generar dudas sobre la ética en la gestión de designaciones. El pedido a la Contraloría tiene como fin asegurar el respeto a los principios y normas que rigen el funcionamiento del Estado.

La causa, actualmente revisada por el Tribunal de Justicia y la Fiscalía, representa un antecedente en la fiscalización de los procesos de selección en cargos de alto nivel del sector público, según lo manifestado por las bancadas firmantes y la comunicación oficial de la Fracción Frente Amplio.

El oficialismo logró avanzar este martes en la Cámara de Diputados con el dictamen de mayoría del proyecto de Ley Hojarasca, que tiene como objetivo eliminar 70 leyes que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales.

Los planes originales de La Libertad Avanza contemplaban convocar a sesión este miércoles 22, pero las dificultades para asegurar el quórum terminaron por modificar el cronograma. El proyecto es impulsado por Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, podría ser llevado al recinto la semana que viene pero esa posibilidad está atada al clima que se viva en la Cámara ya que el jueves 29 de abril se presentará el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados.

“Con un millón de normas es imposible para un ciudadano saber qué norma le aplican. El primer costo es para el ciudadano. Además, habiendo normas que se superponen o dicen cosas distintas, también se generan problemas en la aplicación. Es un costo para la administración pública. Con este proyecto buscamos comenzar a ordenar esto”, explicó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace.

Algunas normas a derogar rondan lo insólito, como exigir un carnet de mochilero para hacer dedo o inhabilitar a los funcionarios públicos que azoten a alguna persona. Pero la “ley hojarasca” también aprovecha para aportar una cuota de motosierra. Deroga muchas comisiones y entes a cargo del Estado.

En su versión original, proponía eliminar el aporte de fondos estatales para entidades como la Federación Argentina de Municipios, un enclave del peronismo bonaerense, o el Círculo de Legisladores, entre otros. Pero antes de la firma del dictamen, se agregó la palabra “exclusivamente” cuando se refiere al financiamiento de la Federación por parte del Estado Nacional y se excluyó por completo el artículo vinculado al Círculo de Legisladores.

“Por ejemplo se deroga una ley de la época de la dictadura de Lanusse, que regulaba el derecho de reunión. Nadie se animaría a implementarla pero que siga vigente es una deuda. Son leyes con una lógica de control, de una época nefasta, hay que saldar esa deuda y derogarlas de forma explícita aunque no se apliquen”, explicó el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Matías Fariña.

Por su parte, desde la oposición rechazaron algunos de los puntos y pusieron en duda que se trate simplemente de leyes “obsoletas”. Por ejemplo, se opusieron a la eliminación de la ley N° 11.380, que otorga exenciones fiscales a las sociedades cooperativas. Ante este planteo, el propio Cacace anunció que el oficialismo excluiría esta ley del dictamen. La discusión quedará para “más adelante”.

También generó malestar entre los bloques opositores el intento de derogar la ley N° 20.959, que otorga privilegios de libre circulación y estacionamiento a legisladores y funcionarios del Congreso. Para los libertarios el uso de la “oblea” contradice el principio de igualdad ante la ley.

Las leyes que busca derogar el Gobierno en la “ley hojarasca”

• Ley N° 94 (1864). Inhabilitaba por diez años a cualquier autoridad que hiciera azotar a una persona. El motivo de su derogación es que la pena de azotes está prohibida por la Constitución Nacional y resulta anacrónica.
• Ley N° 3.863 (1899). Otorgaba beneficios impositivos a compañías de seguro agrícola y sumaba el seguro agrícola a privilegios de gastos de cosecha. Quedó sin sustento tras la derogación de los artículos pertinentes del Código Civil.
• Ley N° 16.789 (1965). Obligaba a las reparticiones estatales a comprar automóviles nacionales para su uso. Se deroga por ser una traba que impide la eficiencia en el uso de recursos públicos.
• Ley N° 20.400 (1973). Prohibía operaciones mano de obra de personas que no ofrezcan voluntaria y espontáneamente sus servicios. Se considera a esta norma precursora en la lucha contra la trata de personas. Fue superada por legislación posterior en la materia.
• Ley N° 20.843 (1974). Establecía el “padrinazgo presidencial” y la gratuidad de la educación para los ahijados presidenciales. Se deroga por resultar innecesaria, ya que la educación pública gratuita es un beneficio general. La norma reflejaba una costumbre originada en la presidencia de José Figueroa Alcorta.
• Ley N° 21.778 (1978). Facultaba a las empresas estatales a convocar licitaciones y celebrar contratos destinados a la exploración y explotación de hidrocarburos, superados por la Ley N° 17.319 y sus modificaciones.
• Ley N° 22.109 (1979). Habilitaba al Poder Ejecutivo a “disponer el aislamiento de
• enfermos o sospechosos de viruela y sus contactos" y disponía reglas de vacunación. Se deroga al haberse dictado posteriormente una ley de vacunación integral.
• Ley N° 23.678 (1989). Determina fórmulas para liquidar las regalías petroleras a liquidar desde 1989, entre otros extremos. Esta norma dejó de aplicarse.
• Ley N° 24.675 (1996). Refiere a la actuación de los Auxiliares de la Justicia ante la Justicia Nacional. Fue declarada inválida por una acordada de la Corte.
• Ley N° 448 (1871). Otorgaba un premio en metálico al descubridor de minas de carbón. Se deroga por carecer de sentido en un contexto de descarbonización de la economía.
• Ley N° 3.235 (1895). Es una ley sobre adquisición de armamento de fines del siglo XIX. Se volvió completamente obsoleta frente a los mecanismos vigentes.
• Ley N° 16.879 (1965). Concede diversas exenciones impositivas a la industria nacional adjudicataria de licitaciones internacionales para ciertos proyectos eléctricos. Nunca se aplicó.
• Ley N° 18.569 (1970). Regularizaba el uso de la microfilmación en el Ejército. El avance tecnológico la dejó sin efecto.
• Ley N° 19.648 (1972). Declaraba de interés nacional la explotación de carbón y combustibles sólidos. Se deroga por la política de reducción del uso de carbón.
• Ley N° 20.114 (1973). Permitía a la Armada emplear microfilmación. Ya no tiene sentido práctico por el avance digital.
• Ley N° 20.577 (1973). Declaraba de interés nacional las innovaciones en transmisión televisiva, sujetas a aprobación legislativa. Se deroga por inadecuación ante los avances tecnológicos.
• Ley N° 21.895 (1978). Autorizaba las emisiones de televisión a color. Resulta innecesaria por la existencia de un marco normativo moderno en comunicaciones. Y el proyecto lo considera “regresivo y contrario a los principios constitucionales sancionar una ley que permite realizar una actividad que no perjudica a terceros”.
• Ley N° 23.756 (1989). Habilitaba el uso de microfilmación en organismos estatales. El método dejó de usarse.
• Ley N° 23.888 (1990). Encomienda al Poder Ejecutivo la realización de un Censo Técnico Permanente de Infraestructura en localidades urbanas y rurales del país. El censo nunca se hizo.
• Ley N° 14.034 (1951). Imponía pensas de prisión a “argentinos que propiciaran sanciones políticas o económicas contra el Estado”. Se deroga por su carácter persecutorio y por ser contraria a los principios constitucionales.
• Ley N° 18.312 (1969). Creaba el Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel Prensa y Celulosa. Se elimina por limitar la libertad de prensa y expresión.
• Ley N° 19.787 (1972). Esta ley del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse declaraba de interés nacional la difusión de la “música argentina” y le otorgaba beneficios impositivos. Según el proyecto tenía “motivaciones de control sobre la cultura por parte de un gobierno militar”.
• Ley N° 20.120 (1973). Regulaba reuniones en lugares cerrados, imponía avisos y autorizaciones policiales. Obligaba a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso y autoriza a la policía a ingresar para revisar que se cumplan las normas. Se deroga por violar libertades constitucionales.
• Ley N° 20.802 (1974). Establecía el carnet de mochilero de uso obligatorio para los que soliciten ayuda de terceros desplazarse con fines turísticos, lo que habilitaba la detención policial sin causa. Se deroga por violar el derecho a la libre circulación.
• Ley N° 20.959 (1975). Otorgaba privilegios de libre circulación y estacionamiento a legisladores y funcionarios del Congreso. Se deroga por contradecir el principio de igualdad ante la ley.
• Ley N° 20.983 (1975). Obligaba a medios de comunicación estatales a difundir temas turísticos por un mínimo diario de 60 minutos. Se deroga por desuso y por estar regulado por normas posteriores.
• Ley N° 22.875 (1983). Imponía medidas de defensa nacional de dudosa aplicabilidad. Sancionada después de la guerra de Malvinas y basada en las “hipótesis de conflicto” de entonces, se deroga “generar inseguridad jurídica”.
• Ley N° 22.964 (1983). Permitía internar a pacientes con lepra en forma compulsiva. Se deroga por estigmatizar enfermedades y por ser “de corte netamente medieval”.
• Ley N° 14.041 (1951). Permitía la formación de acopio permanente de materiales para la Marina de Guerra. Se deroga por carecer de operatividad y ser una potestad administrativa.
• Ley N° 14.800 (1959). Obligaba a quien demuela una propiedad con salas de teatro a construir un teatro con características similares al inmueble demolido. El proyecto considera que la norma “reduce los incentivos a la instalación de nuevos teatros. El resultado es una pérdida de recursos para la cultura y estructuras edilicias que por años quedan abandonadas, lo cual en algunos casos finalmente requiere la intervención estatal”.
• Ley N° 17.752 (1968). Promueve la construcción, equipamiento y explotación de hoteles nuevos para turismo internacional. Es una ley que desde 1978 no tiene aplicación.
• Ley N° 19.340 (1971). Obliga a los propietarios que interrumpen una construcción a reportar dicha interrupción. El trámite exigía presentar balances, con cuadros
• de pérdidas y ganancias, bienes y deudas. “No tiene razón de ser en la actualidad”.
• Ley N° 19.363 (1971). Permitía sorteos entre compradores de entradas de cine, financiado con un impuesto a las entradas. Se deroga por ineficiencia y porque el costo del sorteo supera el beneficio.
• Ley N° 20.308 (1973). Creaba el Fondo Naval para Actividades Náuticas, con fondos de la Armada, lo que “implica un vehículo para el uso de recursos propios para fines propios”. Se deroga por falta de relevancia y transparencia.
• Ley N° 20.496 (1973). Declaraba de interés nacional el uso de fertilizantes, ya regulado por ley posterior.
• Ley N° 20.876 (1974). Declaraba de interés nacional la apicultura y “prohibía la introducción del capital extranjero en el sector”. Se deroga por haber quedado sin efecto la prohibición y por inutilidad de la ley.
• Ley N° 21.056 (1975). Obliga a empresas de transporte a exhibir material promocional de turismo. Se deroga por imponer costos injustificados al sector privado.
• Ley N° 21.145 (1975). Otorga un privilegio a los artistas de compañías teatrales para viajar y alojarse a un precio reducido en los servicios que presten empresas estatales. Se deroga por la reducción de la oferta estatal y la falta de uso.
• Ley N° 21.159 (1975). Imponía cursos obligatorios de formación turística a empleados públicos. Se deroga por desuso y redundancia.
• Ley N° 22.426 (1981). Regulaba la transferencia de tecnología y marcas extranjeras, exigiendo aprobación estatal. Se deroga por violar la libertad de contratación y comercio.
• Ley N° 22.963 (1983). Exigía autorización oficial para el uso de mapas en etiquetas de productos y otros usos. Se deroga por ser una injerencia excesiva y generar costos innecesarios.
• Ley N° 23.419 (1986). Exigía a empresas públicas y estatales informar al Poder Ejecutivo sobre perforaciones en el subsuelo. Se deroga por resultar redundante y burocrática.
• Ley N° 23.634 (1988). Declara de interés nacional y prioritario cría de conejos y crea la Comisión Nacional de Cunicultura. Se deroga por ser un organismo ineficaz y un gasto innecesario.
• Ley N° 24.057 (1992). Regulaba trámites y organismos hoy disueltos.
• Ley N° 24.127 (1992). Instituía el “Premio Nacional a la Calidad” en el sector privado y la administración pública, financiado con recursos estatales. El proyecto considera que debe derogarse porque “el sector privado no necesita que el Estado lo premie por tener procesos eficientes. En cualquier caso, será el mercado quien lo premie, a mayor eficiencia obtendrá mayores ganancias”.
• Ley N° 24.298 (1994). Creaba el Programa Nacional para la Vinculación con la Comunidad Argentina en el Exterior. Se deroga por ser declamativa y por estar cubierta la función por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Ley N° 24.960 (1998). Instituía el premio “Prevención de las Adicciones” que tiene como finalidad incentivar la participación en la prevención de la drogadependencia. Se deroga porque los organismos de lucha contra las adicciones no requieren una ley para establecer planes u otorgar premios.
• Ley N° 25.750 (2003). Conocida como la “ley de Bienes Culturales”. Restringía la propiedad extranjera en medios de comunicación hasta el 30% de su capital accionario. Se deroga por considerarse inconstitucional y restrictiva de la inversión extranjera.
• Ley N° 26.227 (2007). Creaba el Consejo Federal de la Juventud. Se deroga por superposición de funciones y por ser innecesaria la estructura burocrática.
• Ley N° 26.688 (2011). Declaraba de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos. Se deroga por ser una norma meramente declamativa sin consecuencias prácticas.
• Ley N° 27.171 (2015). Obligaba a la Federación Colombófila Argentina a “constatar el año de nacimiento y la matrícula de las palomas mensajeras de carrera que determine su pertenencia al Registro Nacional de Desarrollo y Potencial Colombófilo”. En suma, obligaba a registrar palomas mensajeras. Se deroga por innecesaria intervención estatal en actividades asociativas privadas.
• Ley N° 20.984 (1975) y Ley N° 24.807 (1997). Creaban organismos para integrantes del sector público financiados con fondos nacionales. Se derogan para eliminar estructuras innecesarias y liberar recursos.
• Ley N° 11.380 (1926). Autorizaba al Banco de la Nación Argentina a ampliar plazos de préstamos a Sociedades Cooperativas, en base en una ley derogada hace 50 años. Se deroga por falta de utilidad y sustento normativo.
• Ley N° 12.307 (1936). Establecía premios a la pintura y literatura, a otorgar por institutos que ya no existen. La competencia corresponde hoy a la Secretaría de Cultura y al Fondo Nacional de las Artes.
• Ley N° 13.521 (1949). Exceptuaba del pago de impuestos a gestiones para obtener excepciones al servicio militar obligatorio, que dejó de existir en 1994, por lo que la gestión carece de objeto.
• Ley N° 14.578 (1958). Creaba el Fondo Especial de Obras y Servicios Públicos, a financiar con recursos de un artículo derogado. Actualmente es un fondo sin recursos.
• Ley N° 17.584 (1967). Creaba el Fondo Nacional Permanente para Estudios de Preinversión, que dejó de existir hace años.
• Ley N° 20.085 (1973). Instituía el “Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas” en Cabo San Antonio. El proyecto nunca superó la etapa de prefactibilidad.
• Ley N° 20.299 (1973). Establecía un régimen de seguros estatales para el comercio exportador ante riesgos no cubiertos por aseguradoras privadas, en un esquema de alta intervención estatal, ya abandonado.
• Ley N° 20.327 (1973). Creaba el organismo Ediciones Culturales Argentinas dependiente de Cultura, que dejó de publicar y cuya función es cubierta por el sector editorial privado.
• Ley N° 20.543 (1973). Otorgaba créditos y beneficios a arrendatarios y aparceros que adquieran predios, beneficios que hace tiempo que o están disponibles.
• Ley N° 20.956 (1975). Encomendaba a Agua y Energía Eléctrica estudios para aprovechar energía mareomotriz en el litoral marítimo. El proyecto nunca avanzó y la empresa ya no existe.
• Ley N° 23.671 (1989). Creaba un Comité de Análisis y Seguimiento para recursos crediticios del tratado con España. Sus funciones corresponden hoy a la Secretaría de Hacienda y el Comité ya no está activo.
• Ley N° 24.731 (1996). Establecía que el Ministerio de Economía debía publicar un informe anual de tecnología industrial. La norma ha dejado de ser operativa.
• Decreto Ley N° 12.795/44. Regulaba la inscripción y exclusión en el Registro de Comerciantes en Granos por la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, organismos que ya no existen y cuyas inhabilitaciones no se aplican.
• Ley N° 20.984 (1975). Crea el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina – “Círculo de Legisladores”-. “Proponemos eliminar el financiamiento por parte del Estado Nacional. Los legisladores que quieran participar y aportar para dicho Círculo podrán seguir haciéndolo con sus propios fondos”, señaló el proyecto.
• Ley N° 24.807 (1997). Crea la Federación Argentina de Municipios. Se propone su modificación para que el financiamiento de dicha Federación no provenga de las arcas del Estado Nacional.

El PRO comenzó a recorrer el lento y largo camino para intentar distanciarse de La Libertad Avanza. Después de dos años en los que fue, primero, el cerebro parlamentario de los libertarios y luego el acompañamiento en las votaciones, empezó a alzar la voz y a criticar el desarrollo del modelo libertario.

En las últimas apariciones públicas de los referentes del partido amarillo, empezaron a marcar diferencias con el avance del modelo libertario. En este proceso, en el que parecen terminarse las veladas de milanesas y entrañas, lo que aún debe definir el macrismo es el momento.

Mauricio Macri iniciará este viernes una serie de recorridas por el interior del país con el objetivo de reposicionar al PRO y consolidar la estrategia federal del partido. La intención es que durante este año el PRO realice 10 de estos eventos en distintos puntos del país. En algunos estará Macri y en otros serán los diferentes referentes del partido quienes los encabezarán, pero el mensaje está claro y así lo expresó uno de ellos a Infobae: “Ya empezamos“.

El sector del PRO acelera su distanciamiento de LLA ante un escenario que, según sus referentes, ya no admite silencios. “Nosotros ya arrancamos. Mauricio en Parque Norte arrancó”, subrayaron, destacando el nuevo rumbo impulsado desde la fundación Pensar y remarcando que “los informes de la fundación empezaron a mostrar las diferencias y Mauricio en Parque Norte lo certificó”, explicó un hombre de la mesa chica del ex presidente.

La preocupación por el rumbo del país atraviesa los análisis internos, especialmente en lo que respecta a la administración pública. “Hay problema de implementación. Le falta gestión y política“, advirtieron, resaltando que factores como la inflación y el riesgo país siguen siendo motivo de debate: “Ahora la diferencia es que no está alcanzando con el ordenamiento macro. Hay una gestión micro que la hacen mal, por eso no baja la inflación y el riesgo país”, explicaron.

Según la visión del espacio, que ya avanza con el eslogan “el paso siguiente”, lo que el PRO busca resaltar es que “proponemos un modelo capitalista no anarco capitalista”, insistiendo en que “el funcionamiento del Estado no puede desentenderse de organismos como la aduana, la ANMAT, el SENASA o la Cancillería“. En este sentido, ponen como ejemplo lo que ocurre con la red vial. ”Lo que no hacen en rutas es criminal, la gente se está matando. Pero, además, hablan del costo y con las rutas todas destrozadas el camión ya sale el doble, el Belgrano Cargas no se mantiene, nos comimos la operación de que Mauricio quería el negocio de la Hidrovía pero ellos no la licitan. No pueden desentenderse de todo“.

Esta ruptura comenzará en la caja de resonancia de la política: el Congreso. Más precisamente, en la Cámara de Diputados de la Nación, donde el apoyo de los 12 diputados del PRO cotiza mucho más que el de los 3 senadores amarillos. El primer paso se verá en la sesión donde se presentará el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Nosotros no vamos a hacer nada. No nos vamos a subir al show que van a proponer los libertarios. Adornis, Andis, $Libra, es todo de ellos, que se hagan cargo”, explica un encumbrado legislador amarillo. “Nosotros no vamos a tirar piedras pero que la cara la ponga Guidici - Silvana Giudici, diputada y secretaria parlamentaria de LLA, ex PRO-. Vamos a estar como en un partido de tenis, mirando para un lado y para el otro“, agregó.

No buscan protagonizar escenas de confrontación innecesaria en el Congreso: “No nos vamos a prestar nunca a que sea una carnicería. Toda esa boludez no corresponde”.

En el partido ya lo tienen decidido, lo que les falta saber es cuándo ese silencio se transformará en una quita de acompañamiento. “La pregunta del timming es cuándo proponemos una alternativa. Eso es lo que estamos analizando”, dijeron, admitiendo que “veníamos trabajando sobre distintas investigaciones. Hace un mes todo cambió”, en relación al caso de posible enriquecimiento ilícito.

Frente a la posibilidad de que en La Libertad Avanza comiencen a notar este cambio, las fuentes consultadas no dudaron en afirmar que “está bien que se den cuenta -LLA- que nos estamos despegando. El maltrato nos lo bancamos mientras nos conviene. Más no. Y eso tiene un costo”, reconocieron.

El Congreso vive días de escasa actividad pero de tensión creciente, con la mirada puesta en el último miércoles de este mes: es el día agendado para el informe de Manuel Adorni en Diputados. Antes, la semana que viene, el oficialismo buscará avanzar en la Cámara baja con la ley de Hojarascas -un proyecto que por sí solo no daría para grandes debates- y algunas actividades de comisión en el Senado. Poco. El tema que inquieta de manera excluyente es la presentación del jefe de Gabinete. El oficialismo se prepara para el combate y deja trascender que apostaría a meter a todos en el “barro” – en especial a referentes kirchneristas, complicados cuando el tema es la corrupción-, lo cual no exculparía a nadie sino que lo igualaría como “casta”.

No la tiene fácil el oficialismo. Tampoco, la oposición, desordenada y heterogénea, con varios legisladores tentados por el protagonismo frente a las cámaras, incluso al punto de episodios muy ruidosos. Acerca de cómo neutralizarlo hablaron a mitad de esta semana representantes de la oposición, es decir, peronistas, integrantes de Provincias Unidas, algunos provinciales. En la vereda violeta, las conversaciones formales pasan por las oficinas de Martín Menem, pero hay otros canales que no esconden los recelos domésticos.

Asoma así una especie de contrapunto de especulaciones cruzadas: planes de máxima que no superan los chequeos iniciales y contraplanes según lo que corra como supuestas estrategias. Con naturalidad, se especula sobre la posibilidad de que el oficialismo escale en la pelea para forzar el abandono del recinto por parte de Adorni y su comitiva. Trasciende sin vueltas que la respuesta opositora sería un inmediato movimiento para tratar de interpelar al funcionario e intentar una moción de censura. Todo está muy abierto.

Faltan sólo once días para la prueba del recinto. Parece poco, pero puede no serlo según lo que ocurra con la casusa principal que enfrenta Adorni -la que apunta a su patrimonio- y también lo que haga el funcionario, que podría darle fin a su silencio -es lo que sugieren algunos tuits propios- frente a la serie de capítulos que suman las investigaciones. Una versión surgida de pliegues del oficialismo dice ahora que podría jugar la carta de una herencia aún no declarada. El sentido común indica bajísima credibilidad a esta altura de los acontecimientos.

Lo del tono de algunos mensajes suyos en X sugiere un giro que por ahora no supera el rango de chicanas menores. Pero no es ajeno a lo que el Gobierno busca terminar de imponerse como estrategia, en especial para el turno de Diputados. Sería un recurso para ver si revierte el cuadro actual. Hasta este momento, no tuvo éxito en los intentos de recuperar peso en el manejo de la agenda pública.

Ese es un dato sensible porque el objetivo de Olivos es regenerar expectativas, después de un primer trimestre malo en materia económica, según la evaluación hecha con la cifra del IPC de marzo (3,4%) a la vista. El problema de las estadísticas es que corren con sus tiempos. Por ejemplo, entre los registros difundidos esta semana sobresalieron el índice de precios al por mayor (también 3,4%, muy por encima del mes anterior) y el número de febrero sobre utilización de la capacidad industrial, que no repunta.

El oficialismo enfrenta así una doble necesidad: ganar peso en el temario -no sólo político- y darle sustento al pedido de “paciencia” hecho por Javier Milei frente a los números negativos de la inflación. La extensión del caso Adorni juega en contra. Las fotos y la difusión de reuniones con el jefe de Gabinete se agotan precisamente por la sucesión. De hecho, desdibujan el sentido de esas actividades: Karina Milei se mostró con el funcionario en una planta de YPF y seguramente pocos recuerdan el motivo formal del viaje. Antes, ya era claro que el paso del tiempo no arreglaría las cosas.

El acompañamiento disciplinado de ministros al respaldo cerrado de Olivos no quedó exento de algunos malestares, que trascendieron por la vía de versiones originadas en el propio oficialismo. Algo similar y quizá mayor, según como se mida, ocurrió entre los socios, más allá de que colaboraron para frenar andanadas opositoras en la reciente sesión de Diputados por la reforma de la ley de Glaciares. En los últimos días, resultó significativa la declaración de Cristian Ritondo cuestionando como “errores” graves algunos pasos del jefe de Gabinete. Para los aliados, no es un lugar cómodo la defensa cerrada de Olivos. Y no lo es para gobernadores, incluidos peronistas “amigos”.

Todo lo que ocurre en territorio violeta es considerado en el contexto dominado por Adorni. Los dichos de Nicolás Márquez por ahora en solitario no constituyen un dato irrelevante: pide la salida del funcionario. Importa, en clave doméstica, el argumento: lo plantea en defensa de Milei, es decir, para evitarle más costos. Las tensiones internas no disminuyen y el punto es si seguirán al menos contenidas ¿La pelea abierta entre Lilia Lemoine y Daniel Parisini/Gordo Dan es un síntoma o apenas un capítulo en redes sociales, territorio sin límites?

Los preparativos para la presentación de Adorni en Diputados sugiere por momentos una lógica similar. Desde el oficialismo señalan que será una jornada dura. La recomendación de “comprar pochoclo” hecha por Martín Menem alude al sentido de espectáculo. La traducción en pasillos legislativos es que podría ser el anticipo -tal vez, el amague- de “carpetazos” contra diputados -especialmente pero no sólo K- frente a cargas sobre el jefe de Gabinete.

Hubo algunos “ensayos” previos que no habrían funcionado bien: en particular, la idea de exponer a legisladores que no presentaron declaraciones juradas. El punto, responden en bloques opositores, es que el período para presentar las declaraciones del 2025 arranca recién el primer día hábil de mayo. Y en lo que hace a quienes incumplieron con la declaración del 2024, el recuento incluye algún nombre destacado de la LLA.

Fuera de esos cruces previos, la especulación más extrema es la referida a un escándalo que termine con Adorni retirándose del recinto. Por otra parte, desde las filas violetas difunden que el Presidente y Karina Milei se harán presentes en un palco. Y que varios ministros acompañarían al jefe de Gabinete, no desde la platea sino en el centro del escenario, como asesores.

En la oposición dura, por si acaso, se produjeron contactos para tratar de acordar al menos un punto: evitar excesos de protagonismo y la confrontación extrema, es decir, no entrar el juego que adjudican al oficialismo.

Las estrategias de los bloques terminarán de ser ajustadas en la semana, con especial atención a los que ocurra con la investigación judicial y la defensa del funcionario. La apuesta a un espectáculo escandaloso, naturalmente, no aclararía nada.

La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa de Costa Rica dio su aval a un crédito por 800 millones de dólares destinado a la construcción del tren rápido de pasajeros, un proyecto que busca mejorar la movilidad y reducir la congestión vial en el Gran Área Metropolitana.

La iniciativa contempla el desarrollo de una línea férrea de aproximadamente 52 kilómetros de longitud, que conectará el cantón de Paraíso con Alajuela, atravesando los principales núcleos urbanos del país. El diseño incluye una vía doble a lo largo del recorrido, lo que permitiría un flujo continuo y eficiente de trenes en ambas direcciones.

El proyecto ferroviario prevé la construcción de 26 nuevas estaciones, así como la adquisición de 28 trenes modernos. Además, contempla la reconstrucción de 29 puentes ferroviarios y mejoras en estaciones ya existentes como Atlántico, Pacífico, Heredia y Cartago, con el fin de modernizar la infraestructura actual.

Dentro de las características técnicas también se incluyen sistemas tecnológicos avanzados para el control de operaciones, acceso en estaciones, señalización, comunicación e información al usuario, con estándares que apuntan a un servicio de transporte público más eficiente y seguro.

Durante la discusión en comisión, los diputados manifestaron su respaldo a la iniciativa, destacando su potencial para convertirse en una solución estructural a los problemas de movilidad que enfrenta el país. En ese contexto, se subrayó que el crecimiento urbano y el aumento del parque vehicular han generado una presión sostenida sobre la red vial, provocando congestionamientos recurrentes.

El proyecto es financiado en su mayoría con recursos internacionales. Del total aprobado, 550 millones de dólares provendrán del Banco Centroamericano de Integración Económica, mientras que otros fondos incluyen 178 millones de dólares del Fondo Verde y 250 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones.

Adicionalmente, para la ejecución de la obra será necesario llevar a cabo aproximadamente 145 expropiaciones, cuyo costo se estima en 24 millones de dólares. Estos recursos serán asumidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

El tren rápido de pasajeros forma parte de los proyectos estratégicos planteados para modernizar el transporte público en Costa Rica, particularmente en el Gran Área Metropolitana, donde se concentra la mayor parte de la población y la actividad económica del país.

De acuerdo con los argumentos expuestos en la comisión, la iniciativa permitiría reducir significativamente los tiempos de traslado, ofrecer una alternativa al uso del vehículo particular y contribuir a mejorar la competitividad del país. Asimismo, se destacó su impacto potencial en la calidad de vida de los habitantes, al disminuir las horas invertidas en desplazamientos diarios.

El proyecto también responde a la necesidad de contar con un sistema de transporte colectivo más eficiente, en un contexto donde muchos usuarios enfrentan limitaciones para acceder a opciones cercanas a sus lugares de trabajo o estudio, lo que incrementa la dependencia del automóvil.

Otro de los elementos señalados durante el análisis es la particular configuración geográfica del país, donde varios centros de provincia se ubican a distancias relativamente cortas entre sí. Esta condición ha sido considerada como una oportunidad para implementar un sistema ferroviario que conecte puntos estratégicos en un radio reducido, facilitando el traslado de miles de personas diariamente.

Con el aval de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el proyecto avanza ahora a la etapa de discusión en el Plenario Legislativo, donde los diputados deberán decidir en definitiva sobre la aprobación del financiamiento.

La iniciativa del tren rápido de pasajeros se perfila como una de las inversiones más relevantes en infraestructura de transporte en el país en los últimos años, en medio de un debate sobre las soluciones necesarias para enfrentar la congestión vial y mejorar la movilidad urbana.

La controversia en torno al juicio político contra funcionarios electorales marcó un nuevo capítulo en Honduras este jueves, cuando diputados del partido Libertad y Refundación irrumpieron la sesión del Congreso Nacional con protestas que paralizaron temporalmente la lectura del informe final del proceso.

El procedimiento, que aborda acusaciones por supuesta obstrucción al proceso electoral de 2025, ha profundizado la polarización política en el país, anticipando consecuencias de gran alcance para la legitimidad de las instituciones electorales y el futuro inmediato de la democracia hondureña.

La tensión se hizo notar cuando, alrededor de las 14:00, la junta directiva dio inicio a la presentación oficial del documento, como uno de los puntos centrales de la agenda legislativa.

Destacando la magnitud del evento, el informe final que examina la conducta de altos funcionarios, entre ellos Marlon Ochoa, consejero suspendido del Consejo Nacional Electoral, y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral Mario Morazán, se extiende a 184 páginas e integra testimonios y pruebas recogidos durante la investigación.

Horas después de iniciada la sesión, legisladores de Libre emplearon pancartas con leyendas como “juicio político es fraude” y “no a la dictadura”, además de silbatos que dificultaron la lectura del informe e intensificaron la tensión en el hemiciclo. La directiva del Congreso enfrentó repetidos llamados al orden mientras el debate se tornaba cada vez más áspero.

El informe en discusión presenta cargos formales contra Ochoa, el magistrado suplente Mario Morazán, y los suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, a quienes se acusa de obstaculizar el proceso electoral de 2025.

Este señalamiento ha producido rechazos tanto en ámbitos políticos como ciudadanos, en especial tras la denuncia pública realizada por el diputado de Libre, Marco Ramiro Lobo. Según Lobo, Ochoa habría salido del país junto a su familia por haber recibido amenazas de muerte, lo que agrega una capa de incertidumbre respecto a la celebración de audiencias de defensa y plantea el escenario de una votación en ausencia.

El magistrado Mario Morazán declaró que aún no había decidido si acudiría a la audiencia. Fundamentó su duda en que no ha recibido el informe técnico que respalda la posible destitución, limitando, en su opinión, su derecho a una defensa plena.

El procedimiento establece que los funcionarios acusados pueden ejercer su defensa antes de la decisión definitiva. No obstante, al cierre de la jornada, se desconocía si todos los señalados comparecerían ante el pleno.

En caso de incomparecencia, la normativa permite que el hemiciclo avance hacia la votación tras la lectura íntegra del informe. Para la destitución de los implicados, se exige una mayoría calificada de 86 votos; el plenario ya demostró capacidad de construir consensos significativos cuando aprobó el inicio del proceso el 9 de abril con 91 votos a favor.

Directamente, durante la jornada de este jueves en el Congreso Nacional, diputados de Libre interrumpieron la lectura del informe del juicio político con manifestaciones y consignas, expresando su rechazo a las acusaciones contra funcionarios electorales, entre ellos Marlon Ochoa, quien habría salido del país tras recibir amenazas.

El pleno deberá decidir, tras escuchar o no la defensa de los acusados, si avanza hacia la destitución mediante una votación que requiere al menos 86 votos, en un procedimiento que exhibe la polarización y las tensiones institucionales de Honduras.

La comisión especial parlamentaria recomendó la destitución luego de evaluar los materiales probatorios. A su vez, la bancada de Libre cuestionó abiertamente la legitimidad del juicio, calificándolo como una “herramienta de persecución política”.

Desde la oposición, en cambio, persiste el argumento de que el proceso constituye un ejercicio necesario de control para garantizar la transparencia del proceso electoral, previsto para 2025.

De los resultados de este proceso dependen tanto la reconfiguración del aparato electoral hondureño como el equilibrio interno del Congreso Nacional, junto con la percepción pública sobre la legitimidad democrática y la independencia de poderes en el país.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se prepara para brindar su informe de gestión el próximo 29 de abril en la Cámara de Diputados. El ministro coordinador deberá contestar por escrito más de 4800 preguntas sobre el rumbo del gobierno que ya fueron remitidas por todos los bloques; sin embargo, toda la atención estará puesta en las denuncias por enriquecimiento ilícito.

A dos semanas de la visita del jefe de Gabinete, desde la oposición advierten que será fundamental “estar ordenados” para no ser “funcionales al Gobierno”.

“La estrategia de los libertarios requiere que parte de la oposición pise el palito. Ellos van a venir a embarrar la cancha y a hacer circo. No hay que entrar en provocaciones ni darle pie para que todo se pudra y se vaya”, explicó un diputado “dialoguista” que adelantó que a partir de la semana que viene buscará entablar conversaciones con los bloques más “duros” para establecer una suerte de “código de comportamiento”.

Según explicaron desde un sector de la oposición, lo ideal sería replicar la estrategia que implementaron cuando el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue interpelado en Diputados sobre el caso de la criptomoneda $Libra. “Esa vez hablaron los que más habían trabajado sobre el tema, con preguntas muy puntuales. Acá tenemos que dejar que Adorni conteste para que quede en evidencia. Menos es más”, detallaron.

Las investigaciones respecto al patrimonio de Adorni comenzaron a partir del viaje de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, a Estados Unidos junto con la comitiva presidencial pero luego se extendieron a una viaje en avión privado a Uruguay y dos propiedades adquiridas después de haber asumido como funcionario público. A esto se suma que el fiscal federal Gerardo Pollicita corroboró hoy que Adorni pasó un Año Nuevo junto a su familia en Aruba, una paradisíaca isla del Caribe. Viajó en primera clase -según entiende la Justicia- con la aerolínea Latam, acompañado por su esposa y sus dos hijos, y los pagos se hicieron en efectivo.

Desde la oposición entienden que “no hay forma de que Adorni venga con los papeles en orden para explicar su patrimonio” por lo que la única estrategia posible es “hacer circo y embarrar la cancha”. “Ya lo adelantaron Menem y Lemoine”, advirtieron.

Se referían a las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, que en una exposición ante el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que la sesión informativa va a ser “picante” e invitó a los interesados a “comprar pochoclos”.

De hecho, los dialoguistas aseguran tener información de que los libertarios ya están trabajando para denunciar incongruencias patrimoniales en las declaraciones juradas de algunos referentes opositores.

Coincidentemente, este martes desde el oficialismo dejaron trascender que el 21% de los legisladores no presentó en tiempo y forma su declaración jurada anual. Asimismo, tampoco la presentaron el 46% de los diputados que terminaron sus mandatos en diciembre.

“Por eso es importante que hagan de voceros diputados a los que no los puedan correr. Hay que entender que tenemos al Jefe de Gabinete contra la cuerdas”, sintetizaron desde la oposición.

Por otro lado, la incógnita que aún persiste es qué pasará si antes del 29 la Justicia avanza con el procesamiento de Adorni a raíz de las declaraciones testimoniales de su escribana Adriana Nechevenko o de las mujeres que le habrían prestado el dinero para comprar el departamento en el barrio de Caballito, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas.

“En ese caso no sé qué pasaría. Sería terrible que venga a dar el informe de gestión estando procesado”, concluyeron.

El Gobierno encadenó un discurso de Javier Milei y varias declaraciones de Luis Caputo -antes y después del nuevo visto bueno del FMI- para tratar de amortiguar los números negativos de la economía, con la inflación como punto destacado pero no único. Se trata de un intento de recrear expectativas, lo cual es un dato político en sí mismo como señal de clima. En ese registro, impacta al revés la sucesión de novedades sobre el caso de Manuel Adorni. El oficialismo no tiene en claro qué podría añadir la causa hasta el 29 de este mes: para ese día está agendado el informe del funcionario en Diputados. Y por lo pronto, la estrategia defensiva apuntaría a una batalla “en el barro”.

El informe sobre la inflación de marzo marcó el punto de mayor impacto en un mal primer trimestre del año, según la propia evaluación del Gobierno. Restan aún algunos datos sobre consumo y actividad industrial, que vienen anotando números a la baja. Pero sin dudas, el IPC resulta un dato mayor. Y eso motivó el despliegue del ministro de Economía y el discurso presidencial en el encuentro de la AmCham. Un gesto realista, aunque con ratificación enfática de su política y señalamientos de causas fuera de la política oficial. El hecho significativo, y repetido en pocos días, fue el pedido de “paciencia”.

No solo pesa el IPC de marzo (3,4%), sino además que el índice lleva diez meses en alza y en un trimestre (9,4%) consumió prácticamente todo lo establecido en el Presupuesto 2026 (10,1%). Los dichos de estas horas exponen la línea básica de comunicación que ya se viene imponiendo en el oficialismo: admitir un arranque de año realmente malo, pero con promesa de recuperación a partir de abril: “desinflación”, con mejora de ingresos y recuperación de consumo. Es lo que repiten voceros formales e informales.

El presidente le agregó su propia pincelada, al decir que le “repugna” la inflación. Prometió que se “va a derrumbar” a partir de abril. Y Caputo dijo que “los próximos dieciocho meses serán los mejores de las últimas décadas”. El final del lapso coincide prácticamente con las elecciones del año que viene. De todas maneras, antes que pronósticos electorales -el ministro ya repitió el suyo con tono de campaña y ante audiencias empresariales-, lo que siguen de cerca analistas y funcionarios son los indicadores de imagen y preocupaciones sociales.

La mayoría de los relevamientos indican que los temas económicos (empleo, inflación, ingresos) encabezan la lista y se imponen sobre otros como inseguridad o corrupción. Sin embargo, el tema del jefe de Gabinete ya registra peso propio en las encuestas. Y la cuestión de fondo es cuánto le agregan este tipo de casos al malestar de origen económico, el más gravitante.

Desde hace un mes largo, la consecuencia notoria de la investigación sobre el patrimonio de Adorni es para Olivos la imposibilidad de cambiar el foco de la agenda pública. Los repetidos gestos de respaldo al funcionario quedan limitados a la lógica de poder, con el añadido del silencio del vocero. Resulta difícil generar hechos propios y de impacto más o menos duradero. Es algo que se nota especialmente en el Congreso.

Por el momento, no está prevista una aceleración de proyectos del Ejecutivo para apurar debates en el recinto. Circulan algunos títulos y existen movimientos en comisión. Tampoco la oposición se muestra muy activa: mantiene la mira en el jefe de Gabinete, aunque ya mostró diferencias prácticas. Siguen latentes las intenciones de interpelación, que parecen dilatadas para después de la presencia de Adorni en Diputados.

Se verá, pero no es sencillo para la oposición. Antes que nada, debería forzar el primer paso del tratamiento en comisión. El cálculo de algunos espacios incluye, aunque con cautela, el repaso de los intentos -también apuntados a Karina Milei- durante la reciente sesión por la reforma de la ley de Glaciares. No le alcanzó, como era previsible por la exigencia de una mayoría especial, pero al menos una iniciativa quedó a cuatro votos del quorum.

En dos semanas, Adorni deberá exponerse al dar su primer informe de gestión. Está claro cuál será el tema dominante. Y todas las versiones y especulaciones en la Cámara baja giran en torno del contraataque que prepara el oficialismo. El lunes, Martín Menem aprovechó una cita con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para afirmar que será una sesión “picante”. Y recomendó “comprar pochoclo”. Por supuesto, adjudicó tal clima de pelea a la intención opositora de “llevar al Gobierno al barro”.

No sería solo una cuestión de la oposición dura. La estrategia oficialista estaría jugada a generar ese tipo de espectáculo. La fórmula es conocida: responder con acusaciones a la carga opositora. No es secreto para nadie en el Congreso que, además de las respuestas a las preguntas y críticas sobre la gestión, se están buscando “antecedentes” o “denuncias” sobre los legisladores que podrían destacarse en la ofensiva sobre el jefe de Gabinete. El problema del barro es que iguala en lugar de marcar diferencias.

Los días de elaboración de la respuesta del oficialismo no transcurren al margen de las novedades sobre el caso Adorni. Los trascendidos que surgen desde Comodoro Py indican que las declaraciones de las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas no despejaron las sospechas sobre la operación del departamento de la calle Miró. Al contrario, alimentarían inconsistencias sobre la compra inicial al ex futbolista Hugo Morales y la posterior venta a Adorni y su esposa. No se trataría solo de la hipoteca sin intereses, sino del origen de los fondos y los costos de la reforma integral de la propiedad, en relación con el precio declarado para escriturar. Las fotos del estado inicial del departamento y de los ambientes remodelados son contundentes.

La mira de la investigación judicial está puesta en la evolución del patrimonio del funcionario. Y en la relación con sus ingresos. Una cuenta a la que se agregan el pago parcial de la hipoteca sobre la propiedad de la calle Asamblea, la diferencia para adquirir la casa en el country de Exaltación de la Cruz y los arreglos posteriores. Se suma también la confirmación del viaje con su familia a Aruba. Los pasajes, pagados en dólares y en efectivo, ocupan el primer renglón de los gastos de esas vacaciones, a las que habría que añadir la estadía en general.

La causa tiene por delante un listado amplio de citaciones impulsadas por Gerardo Pollicita, además del levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, solicitado por el fiscal y ordenado por Ariel Lijo. Todo, cruzado por versiones inquietantes sobre el frente judicial a partir de la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro. En resumen, un cuadro complejo, cuando se trata no solo de imponer agenda sino, además, de recrear expectativas.

A casi un año de su resonante naufragio en el Senado, diputados de la oposición buscan reflotar el debate de Ficha Limpia, el proyecto que impide a las personas condenadas por corrupción presentarse como candidatos a cargos electivos.

Este martes, la presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, presentó una nueva versión de la iniciativa que casi se convierte en ley en mayo del año pasado. El proyecto, que también lleva las firmas de María Inés Zigarán, Carolina Basualdo y José Nuñez, propone modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para impedir el acceso a cargos electivos a personas con condenas confirmadas por corrupción, fraude contra el Estado, lavado de activos, abuso, trata de personas, delitos vinculados al narcotráfico, contra la vida, la integridad física y el orden constitucional, entre otros.

La propuesta de la diputada cercana al gobernador Maximiliano Pullaro (Santa Fe) también contempla la imposibilidad de postularse para quienes figuren como deudores alimentarios. Esta ampliación extiende el criterio de responsabilidad pública más allá del ámbito penal, incorporando el incumplimiento de obligaciones alimentarias como causal de inelegibilidad. La iniciativa replica el modelo ya vigente en Santa Fe, donde la normativa fue incorporada a la constitución provincial.

Según detalla el texto, la inhabilitación se aplicará cuando exista condena confirmada por tribunal de alzada, aun si la sentencia no está firme, y se mantendrá durante el tiempo que dure la pena y hasta diez años después de su cumplimiento. Además, la Justicia Nacional Electoral tendrá la responsabilidad de verificar que los candidatos cumplan estos requisitos al momento de oficializar las postulaciones. Por su parte, el Registro Nacional de Reincidencia llevará un registro público y actualizado de las sentencias alcanzadas por la ley.

Gisela Scaglia sostuvo que “la Argentina necesita reglas más claras para recuperar la confianza” y resaltó el antecedente de Santa Fe, donde primero se sancionó como ley y después se incorporó a la Constitución Provincial “como política de Estado”. “Eso demuestra que se puede, ahora le toca a la Argentina”, dijo. Según la diputada, “en este tema no hay grises, las instituciones se defienden con reglas claras y la política tiene que dar el ejemplo”.

Desde Provincias Unidas argumentan que en una democracia representativa quienes aspiren a ejercer cargos públicos no solo deben reunir condiciones legales, sino “demostrar un compromiso inequívoco con la legalidad y la integridad institucional”.

En los fundamentos, el proyecto explica que el derecho a ser elegido no es absoluto y puede ser razonablemente restringido cuando está en juego la idoneidad para la función pública. En esa línea, cita antecedentes internacionales, como la Ley de Ficha Limpa en Brasil y regulaciones similares en Italia y España, como respaldo a la legitimidad de este tipo de restricciones.

Durante la última década hubo varios intentos de aprobar una ley de Ficha Limpia. Sus principales impulsores fueron el PRO, la Coalición Cívica y un sector de la UCR.

En 2024, una versión del proyecto impulsada por el PRO obtuvo dictamen de comisión, pero en dos oportunidades naufragó su debate en la Cámara de Diputados por falta de quórum. Por aquel entonces, el núcleo libertario decía no estar de acuerdo con la iniciativa. Sin embargo, a fines de ese año Milei decidió redactar su propia versión junto al entonces ministro Luis Petri y el abogado Alejandro Fargosi, la cual obtuvo media sanción en Diputados.

En el Senado el proyecto obtuvo 36 votos afirmativos y 35 negativos, por lo que no llegó a la mayoría absoluta necesaria (37) para ser sancionado, en medio de las especulaciones por una postulación de Cristina Kirchner, ya que para ese entonces la Corte Suprema de Justicia no había ratificado la condena en su contra.

Una vez consumado el rechazo, desde La Libertad Avanza (LLA) no ahorraron críticas. En un tuit marcaron que “mientras el kirchnerismo operaba para garantizar la impunidad de sus jefes, un sector del PRO operaba apresurado para intentar anotarse una victoria política antes de la elección”.

Por su parte, el PRO denunció que todo había sido una maniobra del Gobierno. Los macristas aseguraban que los dos senadores misioneros que cambiaron su voto a último momento y terminaron de inclinar la balanza habían sido, hasta el momento, aliados del oficialismo. En esa línea, denunciaban que la Casa Rosada no quería que salga la ley para que CFK fuera candidata y beneficiarse electoralmente de la polarización.

El portal de la ONPE mantiene una plataforma en línea que permite a los ciudadanos monitorear en tiempo real el conteo de votos para cada candidato y partido. Aunque los datos difundidos son preliminares, la tendencia confirma la relevancia de los partidos tradicionales y nuevas agrupaciones en la configuración de las cámaras de Diputados y Senadores.

La autoridad electoral actualizará los resultados conforme avance el procesamiento de actas y se resuelvan eventuales impugnaciones.

Senadores Lima Metropolitana al 61.738 % de actas contabilizadas

Con el 61.738 % de actas contabilizadas para senadores en Lima Metropolitana, de un total de 26.368

Renovación Popular registra 20.538 %

Partido del Buen Gobierno 16.698 %

Fuerza Popular 15.337 %

Ahora Nación obtiene 8.735 %

Partido Cívico Obras alcanza 8.294 %

Partido País para Todos 6.751 %

Primero la Gente suma 4.752 %

El 0.121 % de actas fue enviado al JEE y el 38.141 % permanece pendiente de contabilización.

Senadores nacional al 23.878 % de actas contabilizadas

Resultados con el 23.878 % de actas contabilizadas para senadores a nivel nacional, de un total de 92.766.

Renovación Popular obtiene el 17.460 %

Fuerza Popular alcanza el 14.770 %

Partido del Buen Gobierno suma el 14.160 %

Ahora Nación registra el 8.738 %

Partido Cívico Obras presenta el 7.959 %

Partido País para Todos logra el 6.430 %

Juntos por el Perú obtiene el 4.933 %.

El 0.140 % de actas ha sido enviado al JEE y el 75.982 % permanece pendiente de contabilización.

Diputados Lima Metropolitana al 51.392 % de actas contabilizadas

Con el 51.392 % de actas contabilizadas para diputados en Lima Metropolitana, de un total de 26.368, estos son los resultados:

Renovación Popular encabeza los resultados con 19.339 %

Partido del Buen Gobierno con 15.000 %

Fuerza Popular con 13.839 %

Ahora Nación – AN alcanza 9.234 %

Partido Cívico Obras obtiene 7.435 %

Partido País para Todos registra 6.115 %

Primero la Gente suma 4.335 %.

El 0.046 % de actas ha sido enviado al JEE, mientras que el 48.562 % de actas permanece pendiente.

Senadores Lima Metropolitana al 53.516 % de actas contabilizadas

Con el 53.516 % de actas contabilizadas para senadores en Lima Metropolitana, de un total de 26.368, estos son los resultados:

Renovación Popular lidera con 20.909 %

Partido del Buen Gobierno con 16.874 %

Fuerza Popular con 15.133 %

Ahora Nación – AN registra 8.725 %

Partido Cívico Obras alcanza 8.176

Partido País para Todos obtiene 6.675 %

Primero la Gente suma 4.795 %.

El 0.027 % de actas ha sido remitido al JEE, mientras que el 46.457 % de actas permanece pendiente de contabilización.

Senado nacional al 18.329 % de actas contabilizadas

El avance del conteo para el Senado nacional muestra que, con el 18.329 % de actas contabilizadas de un total de 92.766, Renovación popular mantiene el liderazgo en las votyaciones.

Renovación Popular:18.309 %

Partido del Buen Gobierno: 14.617 %

Fuerza Popular: 14.616 %

Ahora Nación: 8.699 %

Partido Cívico Obras: 7.715 %

Partido País para Todos: 6.415 %

Primero la Gente: 4.715 %

/peru/2026/04/13/resultados-de-la-onpe-en-vivo-como-revisar-los-votos-de-tu-candidato-al-congreso/

Senado nacional al 13.342 % de actas contabilizadas

Con el 13.342 % de actas contabilizadas a nivel nacional, Renovación Popular encabeza la votación para el Senado, seguido por el Partido del Buen Gobierno y Fuerza Popular.

Renovación Popular: 19.046 % votos válidos / 15.278 % votos emitidos

Partido del Buen Gobierno: 14.989 % votos válidos / 12.024 % votos emitidos

Fuerza Popular: 14.465 % votos válidos / 11.603 % votos emitidos

Ahora Nación – AN: 8.659 % votos válidos / 6.946 % votos emitidos

Partido Cívico Obras: 7.486 % votos válidos / 6.005 % votos emitidos

Partido País para Todos: 6.404 % votos válidos / 5.137 % votos emitidos

Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso: 4.820 % votos válidos / 3.867 % votos emitidos

Senado por Lima Metropolitana al 31.9%

Con el 31.917 % de actas contabilizadas en Lima Metropolitana, Renovación Popular lidera la votación para el Senado, seguido por el Partido del Buen Gobierno y Fuerza Popular.

Renovación Popular: 21.839 % votos válidos / 16.817 % votos emitidos

Partido del Buen Gobierno: 17.232 % votos válidos / 13.270 % votos emitidos

Fuerza Popular: 14.734 % votos válidos / 11.346 % votos emitidos

Ahora Nación – AN: 8.673 % votos válidos / 6.679 % votos emitidos

Partido Cívico Obras: 7.885 % votos válidos / 6.072 % votos emitidos

Partido País para Todos: 6.484 % votos válidos / 4.993 % votos emitidos

Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso: 4.896 % votos válidos / 3.771 % votos emitidos

Resultados preliminares del Senado al 11 %

Con el 11.063 % de actas contabilizadas, Renovación Popular se mantiene como el partido más votado para el Senado, seguido por el Partido del Buen Gobierno y Fuerza Popular.

Renovación Popular: 19.416 % votos válidos / 15.612 % votos emitidos

Partido del Buen Gobierno: 15.156 % votos válidos / 12.187 % votos emitidos

Fuerza Popular: 14.357 % votos válidos / 11.544 % votos emitidos

Ahora Nación – AN: 8.616 % votos válidos / 6.928 % votos emitidos

Partido Cívico Obras: 7.351 % votos válidos / 5.911 % votos emitidos

Partido País para Todos: 6.378 % votos válidos / 5.128 % votos emitidos

Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso: 4.879 % votos válidos / 3.923 % votos emitidos

Proyección de conformación del Senado según Datum

Según el conteo rápido de Datum al 67.5 %, Fuerza Popular tendría la mayor representación en el Senado, seguida por Juntos por el Perú y Buen Gobierno.

Fuerza Popular: 22 curules

Juntos por el Perú: 10 curules

Buen Gobierno: 8 curules

Renovación Popular: 8 curules

Ahora Nación: 6 curules

Obras: 6 curules

Resultados preliminares para el Senado nacional

Con el 8.636 % de actas contabilizadas, Renovación Popular lidera los resultados para la Cámara de Senadores, seguido por el Partido del Buen Gobierno y Fuerza Popular. A continuación, los porcentajes de votos válidos y emitidos por cada partido:

Renovación Popular: 19.691 % válidos / 15.856 % emitidos

Partido del Buen Gobierno: 15.268 % válidos / 12.294 % emitidos

Fuerza Popular: 14.319 % válidos / 11.530 % emitidos

Ahora Nación – AN: 8.555 % válidos / 6.889 % emitidos

Partido Cívico Obras: 7.276 % válidos / 5.859 % emitidos

Partido País para Todos: 6.365 % válidos / 5.126 % emitidos

Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso: 4.888 % válidos / 3.936 % emitidos

Tercer avance oficial del Senado nacional: 0,019% de actas contabilizadas

Con el 0,019% de actas contabilizadas hasta las 22:51 del 12 de abril, Renovación Popular amplía su ventaja en el conteo oficial para la Cámara de Senadores en el distrito electoral único nacional. El Partido del Buen Gobierno mantiene el segundo lugar, seguido por Fuerza Popular. Luego aparecen Ahora Nación, Partido Cívico Obras, Partido País para Todos y Primero la Gente. El reporte sigue siendo preliminar, con la mayoría de actas aún pendientes de procesamiento.

Proyección de la conformación del Senado según Datum

Según los resultados de boca de urna de la encuestadora Datum para América Televisión, el Senado estaría conformado por 60 escaños distribuidos de la siguiente manera: Fuerza Popular obtendría 41 escaños, Juntos por el Perú 22, Renovación Popular 20, Buen Gobierno 18, Obras 18 y Ahora Nación 10. Esta proyección refleja una amplia mayoría para Fuerza Popular frente al resto de las fuerzas políticas.

Renovación Popular mantiene ventaja en el segundo reporte oficial del Senado nacional

En la segunda actualización oficial del conteo para la Cámara de Senadores, con 0,012% de actas contabilizadas hasta las 21:06 horas del 12 de abril, Renovación Popular consolida su liderazgo con una ventaja clara sobre el resto de partidos. El Partido del Buen Gobierno se ubica en el segundo lugar, seguido por Fuerza Popular. Más atrás figuran Ahora Nación, el Partido Cívico Obras, Primero la Gente y el Partido País para Todos. El avance sigue siendo preliminar, ya que la gran mayoría de actas permanece pendiente de procesamiento.

JNE amplía horarios y medidas tras retrasos en la distribución de material electoral

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció la ampliación del horario de instalación y votación en mesas afectadas por la falta de material electoral en Lima Metropolitana y dos ciudades de Estados Unidos (Orlando y Patterson). Las mesas podrán instalarse el 13 de abril desde las 7 a. m. hasta las 2 p. m., y la votación se extenderá hasta las 6 p. m., según el huso horario correspondiente. Además, el JNE solicitó facilidades para el uso de locales escolares, refuerzo en la seguridad y apoyo logístico, así como facilidades laborales para los votantes. Se estableció que las prohibiciones de propaganda electoral seguirán vigentes en los lugares donde no se instalaron mesas y se exhortó a no difundir encuestas ni resultados. El organismo garantizó la legalidad e integridad del proceso e instó a la ciudadanía a mantener la calma y la confianza en el sistema electoral.

Primer reporte oficial para el Senado nacional: Renovación Popular encabeza el conteo preliminar

La imagen muestra el primer avance oficial del conteo para la elección de la Cámara de Senadores en el distrito electoral único nacional, con solo 0,005% de actas contabilizadas. Renovación Popular aparece al frente del registro preliminar, seguido por el Partido del Buen Gobierno y Fuerza Popular. Más atrás se ubican el Partido Cívico Obras, Ahora Nación, Primero la Gente y el Partido País para Todos. El informe corresponde a un corte realizado el 12 de abril a las 19:50 horas, cuando la gran mayoría de actas aún permanece pendiente de contabilización.

Resultados del flash electoral al Senado en Lima a boca de urna de Ipsos

En la región Lima, el flash electoral de Ipsos muestra que Renovación Popular lidera con 19,2% de los votos para el Senado. Fuerza Popular obtiene 15,8% y el Partido del Buen Gobierno alcanza 15,3%. Obras registra 9,8%, mientras que Ahora Nación suma 8,7%, País para Todos llega a 6,4% y Primero la Gente obtiene 4,1%. El grupo de “otros” partidos reúne 20,7%, lo que evidencia una distribución diversa de las preferencias electorales en Lima.

Resultados del flash electoral al Senado nacional a boca de urna de Ipsos

Según el flash electoral de Ipsos para el Senado nacional, Fuerza Popular lidera con 14,6% de los votos a nivel nacional. Le siguen Juntos por el Perú con 11,5%, el Partido del Buen Gobierno con 10,6% y Obras con 10,5%. Renovación Popular obtiene 10,5%, Ahora Nación 7,8% y País para Todos 6%. El grupo de “otros” partidos suma 28,5%, lo que refleja una fragmentación significativa en la preferencia electoral para el Senado.

Resultados a boca de urna de Ipsos

• Keiko Fujimori (Fuerza Popular): Encabeza el flash electoral con 16,6%, posicionándose como la candidata con mayor respaldo según la encuesta a boca de urna de Ipsos.
• Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): Registra un 12,1% de los votos, ubicándose en el segundo lugar entre los candidatos presentados.
• Ricardo Belmont (Obras): Obtiene 11,8%, situándose en el tercer puesto de la preferencia electoral en este sondeo.
• Rafael López Aliaga (Renovación Popular): Alcanza 11% de los votos a boca de urna, quedando en la cuarta posición.
• Jorge Nieto (Partido con símbolo de sol): Logra un 10,7%, ubicándose en el quinto lugar según los datos difundidos por Ipsos.

Estos resultados corresponden a un flash electoral presidencial difundido por Ipsos, para Latina y Perú 21, en el que se muestran las tendencias iniciales de votación para las elecciones en Perú.

La ONPE aú no emite resultados oficiales. Se espera que lo haga a partir de las 6 p.m.

Elecciones 2026: Resultados para senadores y diputados

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) iniciará la difusión en tiempo real de los resultados correspondientes a la elección de senadores y diputados de las Elecciones Generales 2026, una vez culminado el cierre de mesas a nivel nacional. La publicación de estos datos se realizará a través de sus plataformas oficiales, donde se actualizarán progresivamente las actas procesadas desde los distintos centros de votación del país y del extranjero.

Este proceso electoral marca la implementación del sistema bicameral en el Perú, en el que se eligen representantes para el Senado y la Cámara de Diputados. De acuerdo con información oficial difundida por la ONPE, el conteo de votos se realizará mediante el sistema de cómputo electoral, que permitirá ofrecer avances parciales conforme se validen las actas enviadas por las mesas de sufragio.

Distribución del Senado por organizaciones políticas

La conformación del Senado para el periodo 2026-2031 queda distribuida entre seis organizaciones políticas con representación nacional, según los resultados del proceso electoral.

• Fuerza Popular: 18 senadores
• Renovación Popular: 12 senadores
• País para Todos: 10 senadores
• Juntos por el Perú: 8 senadores
• Buen Gobierno: 7 senadores
• Ahora Nación: 5 senadores

Esta distribución configura un Senado sin mayoría absoluta, con representación fragmentada entre las principales fuerzas políticas, lo que marcará la dinámica de acuerdos en la nueva etapa del Congreso bicameral.

Difusión progresiva

En esta jornada, los ciudadanos participan en una elección simultánea que incluye varias cédulas, lo que incrementa la complejidad del proceso de escrutinio. Por ello, la ONPE ha señalado que los primeros resultados serán de carácter preliminar y estarán sujetos a actualización conforme avance el procesamiento de la información.

Asimismo, el organismo electoral ha precisado que la velocidad de publicación de resultados dependerá del flujo de llegada de actas, especialmente desde zonas rurales o de difícil acceso, donde el traslado del material electoral puede tomar más tiempo. En ese sentido, se espera que durante las primeras horas de la noche se comiencen a perfilar tendencias iniciales en la conformación del nuevo Parlamento.

JNE proclamará resultados

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) será el encargado de proclamar los resultados oficiales una vez concluido el proceso de cómputo y resueltas eventuales observaciones o impugnaciones. Este procedimiento forma parte del marco legal que regula los procesos electorales en el país.

Finalmente, las autoridades electorales han exhortado a la ciudadanía a seguir la información únicamente a través de canales oficiales, con el fin de evitar la difusión de datos no verificados. Los resultados en vivo constituyen reportes preliminares que irán consolidándose a lo largo de las siguientes horas, hasta la emisión del cómputo final.

Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para que los empleadores estén obligados a entregar una copia del contrato de trabajo a sus empleados antes de que estos inicien sus actividades. La propuesta representa un cambio significativo en las relaciones laborales del país, donde millones de trabajadores aún operan sin un documento que respalde su empleo.

El proyecto es impulsado por el diputado Juan Ignacio Zavala, del partido Movimiento Ciudadano (MC), quien señala que, si bien la Ley Federal del Trabajo ya contempla diversas disposiciones sobre los contratos laborales, no existe una obligación explícita para entregar una copia del documento de manera oportuna.

El problema: 17 millones de trabajadores sin contrato escrito

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), actualmente hay 17.1 millones de personas en México que no cuentan con un contrato por escrito. Esta cifra representa el 41% de todos los trabajadores subordinados, es decir, aquellos que tienen un empleador y que deberían contar con un documento que avale su relación laboral.

Para Zavala, la ausencia de esta obligación genera un desequilibrio estructural desde el primer momento de la relación laboral:

“La persona trabajadora presta servicios sin conocer con certeza las condiciones que rigen su empleo”, señala en la exposición de motivos del proyecto.

¿Qué plantea la iniciativa?

La propuesta busca incorporar al artículo 132 de la LFT la obligación de los patrones de entregar el contrato individual de trabajo por escrito y previo al inicio de la prestación de servicios. Cabe destacar que la iniciativa no establece un plazo mínimo previo para la entrega, reconociendo que en algunas ocasiones las contrataciones se realizan de manera urgente.

La medida se alinea con estándares internacionales: en la Unión Europea, la Directiva 2019/1152 ya obliga a los empleadores a proporcionar información esencial sobre la relación laboral antes del inicio de actividades.

¿Qué debe incluir un contrato de trabajo?

La LFT establece que todo contrato individual debe contener, como mínimo:

• Datos personales del trabajador: domicilio, CURP y RFC
• Modalidad de contratación: indefinida, por obra, temporada o capacitación
• Descripción de los servicios a prestar y el lugar donde se realizarán
• Duración de la jornada y días de descanso
• Forma, monto y lugar de pago del salario
• Designación de beneficiarios en caso de fallecimiento

La propia ley aclara que la falta de un contrato escrito no elimina los derechos del trabajador, pero sí imputa la falta de formalidad al patrón.

Un paso hacia la transparencia laboral

Con esta reforma, México avanzaría hacia relaciones laborales más transparentes y equitativas, dando a los trabajadores la posibilidad de conocer y revisar sus condiciones de empleo antes de comprometerse. La iniciativa aún debe recorrer el proceso legislativo para convertirse en ley.

“Esto no es un delito”. Con esa frase, la diputada salteña María Gabriela Flores salió a justificar en estos días que su hijo suele utilizar pasajes oficiales del Congreso para viajar a Buenos Aires. Al parecer, lo hace habitualmente porque estudia derecho en una universidad porteña. Y eso, para la legisladora de LLA, resultaría natural, hasta irreprochable. “No hicimos nada ilegal ni inmoral”, dice Felipe Núñez, uno de los funcionarios del área económica que obtuvo un crédito hipotecario del Banco Nación. En los dos casos, lo de la legalidad y, más, la moralidad está en discusión. Pero aún si todo estuviera en orden, la cuestión de fondo es que la negación de delitos no disimula privilegios. Una fisura en la narrativa libertaria.

El cuadro tiene al menos tres trazos destacados. El primero tiene que ver con el origen de los protagonistas: representantes del oficialismo, cuyo discurso “anticasta” incluía la condena al aprovechamiento del Estado en beneficio propio. El segundo es el contexto: una etapa socialmente dura. Y el tercero, asociado a los dos anteriores: el caso de Manuel Adorni, que desde hace más de un mes domina el temario público y, por extensión, coloca el foco en la utilización del poder.

La diputada Flores no expuso alteración alguna al confirmar en una entrevista que su hijo estudiante viaja con pasajes del Congreso. ¿No la alteró o manejó el momento? La respuesta según cual sea elegida expone matices: la naturalización de una práctica -limitada o menos expuesta con a los años frente a los cuestionamientos, incluso de legisladores- o la hipocresía. Tal vez, las dos cosas, sin medir el malestar que provoca este tipo de hechos.

“Mi hijo estudia abogacía en Buenos Aires. Va y viene”, dijo para darle un sentido de necesidad. La tienen muchos estudiantes que se instalan en esta ciudad o en La Plata, o en alguna otra capital de provincia para hacer una carrera universitaria. Visto así, el caso del hijo de la legisladora no es único, pero sí excepcional: un privilegio, en caso de que encaje con las nomas, o algo peor si viola la ley.

Ese último punto quedó en discusión. La ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública dice en uno de sus primeros artículos que no debe ser utilizado el Estado para “beneficio particular o para el de sus familiares”. Se trata de ética, un campo que debería será atendido de entrada como guía en lugar de buscar interpretaciones que permitan zafar. También pesan los reglamentos de cada Cámara del Congreso. Con todo y más allá de cualquier derivación, nada esconde la cuestión de fondo, es decir, la decisión de colocarse por encima del común de la gente. En esta historia, se trata del provecho de pasajes oficiales. Una especie de gracia en la visión de la diputada.

El tema del cumplimiento o incumplimiento de las normas también surgió apenas trascendió el listado de funcionarios, legisladores y hasta algún tuitero con cargo que obtuvieron créditos de cifras nada menores -algunos, por encima de los 300 mil dólares- en el Banco Nación. Las autoridades del banco y los voceros del oficialismo afirman que todo se hizo cumpliendo con los requisitos de esa línea de préstamos. Hay denuncias de legisladores opositores en la justicia federal. Se verá cómo sigue.

La cuestión de origen de los beneficiarios es muy significativa, en un sentido más impactante que el caso de los pasajes de la diputada. El discurso libertario incluía en lugar destacado el objetivo de cerrar o privatizar al Banco Nación. Pero finalmente, lo que está a la vista son prestamos del banco estatal para “empleados” estatales. En algún caso -al menos uno conocido-, para segunda vivienda. Es una imagen más bien provocativa frente a las necesidades de casa o departamento propio en diferentes franjas de la sociedad.

El listado incluye a diputados de desembarco más o menos reciente -y celebrado- en tierras del oficialismo. El caso de los funcionarios de Economía – Federico Furiase y Felipe Núñez- fue notorio además por el respaldo público que consideró necesario Luis Caputo. La intención, siempre, fue presentar los hechos como intachables o incuestionables. No parece, si la ética pública es entendida como tal, más allá del articulado de la ley específica.

Para completar, este capítulo anotó también algunos renglones de la interna. Sandra Pettovello decidió la salida de su jefe de gabinete, Leandro Massaccesi, apenas trascendió que había conseguido un crédito del Banco Nación. La ministra trató de evitar que su medida fuera interpretada como un cuestionamiento directo a funcionarios del Gobierno por acceder a esa línea de préstamos. Sus voceros hicieron trascender que sintió quebrada la confianza, porque Massaccesi no se lo informó personalmente. Dicen que se habría enterado por la difusión periodística. El ex funcionario recurrió a la frase repetida. “No cometí ningún acto ajeno a la ley”.

Luis Caputo se sintió molesto por la determinación de la jefa de Capital Humano, según circuló en medios violetas. Quedaban en posición incómoda sus funcionarios. Tampoco pasó inadvertido el mensaje de Pettovello sobre la falta de aviso. Difícil imaginar que el trámite del entonces funcionario haya transitado por los canales del público en general, es decir, sin intervención de algún miembro de la conducción del banco al menos para agilizar el tema. El presidente del directorio es Darío Wasserman, esposo de Pilar Ramírez, pieza central de Karina Milei -con quien tiene vínculo propio- en el armado porteño.

El impacto de estos episodios resultó amplificado por el extenso caso Adorni, sobre todo porque se relaciona directamente con la imagen del poder. Y se produce además en un contexto económico preocupante para el Gobierno. De hecho, no con intención autocrítica sino con descarga sobre la oposición dura y el periodismo en general, Javier Milei habló esta semana de “meses duros”, ratificó el rumbo de su gestión y pidió “paciencia”.

El martes que viene será informado el IPC de marzo. Antes que el dato de la inflación, el INDEC publicó esta semana informes con cifras negativas sobre la industria y, menos graves, la construcción. Sin hacer referencia directa, el Presidente dio su mensaje. También lo viene haciendo el ministro Caputo, a su manera. Son días sin vocero presidencial.

La elección de Ángela Russo como nueva Defensora del Pueblo de Panamá quedó formalizada con su publicación en Gaceta Oficial, pero el proceso que la llevó al cargo no estuvo exento de controversia, pese a los 37 votos que obtuvo en el pleno de la Asamblea Nacional.

Su designación se produjo en medio de cuestionamientos sobre el método de escogencia, luego de que el debate legislativo cambiara el curso inicialmente trazado por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, dando paso a un proceso más abierto pero también más disputado.

Aunque Russo fue respaldada por una mayoría de diputados, su nombramiento estuvo rodeado por una disputa procedimental. En un primer momento, la Comisión de Gobierno había remitido al pleno una lista reducida de siete aspirantes, seleccionados entre los 33 postulantes originales al cargo.

Sin embargo, un informe de minoría presentado por un grupo de diputados reabrió el compás y permitió que todos los aspirantes que habían superado el primer filtro y acudido a entrevistas, en total 32 candidatos, quedaran nuevamente habilitados para ser postulados en el pleno.

Ese cambio alteró de manera decisiva la ruta de la elección y dejó en evidencia que la discusión no solo giraba en torno a quién debía ocupar la Defensoría, sino también sobre quién controlaba realmente el proceso de selección.

Los diputados que defendieron el informe de minoría alegaron que hubo una mala interpretación de la nueva ley, y sostuvieron que el pleno, como órgano soberano, debía tener la potestad de escoger entre todos los aspirantes que habían cumplido con la etapa previa, sin quedar atado a una lista cerrada definida por la comisión.

El proceso también estuvo marcado por la retirada de Eduardo Leblanc, quien buscaba reelegirse y que en su momento fue escogido como Defensor del Pueblo con 38 votos en 2021.

Su renuncia fue leída en el pleno antes de las postulaciones, lo que redujo oficialmente de 33 a 32 el número de candidaturas disponibles. Aun así, su salida no desactivó la controversia, porque para ese momento ya estaba planteada la disputa sobre si el pleno debía escoger entre solo siete nombres o entre todos los que habían pasado la fase inicial.

En la votación final, Russo obtuvo 37 votos, superando al abogado Rodrigo García Rodríguez, quien alcanzó 31 respaldos con el apoyo de la coalición integrada por Vamos, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y otros sectores, mientras que la candidatura de Gissel Emiliani Duque no logró consolidarse.

La exmagistrada fue postulada por la diputada Shirley Castañeda, de la bancada Realizando Metas (RM), el mismo movimiento político que llevó al poder al presidente José Raúl Mulino, y contó con el respaldo de sectores de la bancada mixta.

El pleno legislativo defendió el proceso, señalando que actuó bajo su condición de órgano soberano, con la facultad de escoger a la persona más idónea sin limitarse a una lista cerrada. Este argumento se sustentó en la interpretación de la nueva ley de la Defensoría del Pueblo, que amplía el margen de decisión del Legislativo en la designación del titular de la institución.

Russo cuenta con una trayectoria que incluye su último cargo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, posición que ocupó entre 2016 y 2025 tras ser nombrada por el gobierno de Juan Carlos Varela.

Durante ese periodo también fue vicepresidenta de la Corte, presidenta de la Sala Primera de lo Civil y coordinadora de instancias vinculadas al acceso a la justicia y enfoque de género, perfil que fue presentado como una garantía de experiencia en el ámbito judicial y en la defensa de derechos dentro del sistema legal panameño.

La Defensoría del Pueblo es una institución autónoma encargada de proteger los derechos humanos, supervisar la actuación de la administración pública y mediar en conflictos entre el Estado y los ciudadanos.

Con la reciente reforma legal, se le otorgan mayores facultades, incluyendo un poder coactivo reforzado para intervenir en disputas de carácter extrajudicial y exigir respuestas a entidades estatales.

El cargo de Defensor del Pueblo tiene salario de 7 mil dólares mensuales. Además, su gestión será observada de cerca en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor transparencia, independencia y eficacia en la defensa de sus derechos.

La toma de posesión de Ángela Russo está prevista para el lunes 13 de abril de 2026, cuando asumirá formalmente el cargo ante el pleno legislativo.

Con su designación, se convertirá en la novena persona en ocupar la Defensoría del Pueblo desde su creación en 1997, en un momento en el que la institución enfrenta el reto de consolidar su credibilidad en medio de un proceso de elección que, aunque legalmente válido, dejó abiertas interrogantes sobre la forma en que se toman decisiones clave en el país.

El diputado nacional Máximo Kirchner presentó en un proyecto de ley que propone declarar la emergencia pública en materia energética, alimentaria y de insumos productivos críticos en la Argentina. La iniciativa, respaldada por un grupo de legisladores del bloque oficialista, busca que el impacto del aumento internacional del precio del petróleo y otros insumos no se traslade a las tarifas de luz y los alimentos que consumen trabajadores y pequeñas y medianas empresas. Según informaron, el proyecto argumenta que la renta extraordinaria derivada del conflicto bélico en Medio Oriente debe ser destinada a garantizar tarifas sostenibles y reservas para la población.

De acuerdo con la propuesta impulsada por Kirchner, la coyuntura internacional generada por la guerra en Medio Oriente ha provocado un alza en los precios globales de la energía, los alimentos y los fertilizantes, así como disrupciones en la logística y volatilidad financiera. El texto advierte que estos factores comprometen tanto el suministro local como el poder adquisitivo de las familias argentinas y los costos de producción del sector agropecuario. En este marco, el proyecto plantea que el Estado nacional debe ejercer un rol activo para proteger a los sectores más vulnerables y a la economía real.

El documento, que cuenta con la firma de los diputados Emir Félix, Jorge Ávila, Jorge Araujo, Juan Carlos Molina, Ana María Ianni, Pablo Todero, Martín Aveiro, Marcelo Mango, Andrea Freites, José Glinski, Adriana Serquis, Carlos Castagneto y Julia Strada, sostiene que la Argentina afronta una oportunidad histórica como exportador neto de energía. El texto señala que la renta extraordinaria debe ponerse al servicio del pueblo para evitar que los aumentos internacionales se reflejen en la economía doméstica.

Entre los fundamentos, Kirchner señaló durante el debate legislativo por la modificación de la Ley de Glaciares que “en el país de las vacas, cada vez se come menos carne y menos leche. En el país de Vaca Muerta, segunda reserva de shale gas y cuarta de shale oil, los argentinos no pueden cargar nafta, y pronto, al acercarse el invierno, no hay una política que aborde el tema del gas. No solo para la industria, sino para la gente, que si no hay gas, pasa frío en muchos lugares de Argentina”. El legislador también cuestionó iniciativas para modificar la Ley de Zona Fría, que protege a los usuarios de regiones con bajas temperaturas.

El proyecto prevé que el Poder Ejecutivo Nacional reciba instrumentos para mitigar el impacto de la coyuntura internacional. Entre las medidas propuestas se destaca la suspensión de la venta de activos energéticos durante la crisis, la creación de derechos de exportación móviles y especiales sobre el petróleo y la canalización de estos recursos a un fondo anticíclico. Este fondo distribuiría los ingresos en tres destinos principales: subsidios a insumos agropecuarios, estabilización de precios internos de alimentos y acumulación de reservas internacionales.

Una de las medidas sociales incluidas en la propuesta es el refuerzo del 30% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) para asegurar el acceso a alimentos básicos como aceite, pan, leche y carne. “El aceite, pan, leche y carne son derechos, no deben ser considerados mercancías de especulación”, sostiene el texto presentado por Kirchner y sus colegas. El proyecto afirma que la protección de los ingresos y el abastecimiento es una función indelegable del Estado, y rechaza la idea de que la falta de fondos estatales sea un obstáculo, ya que la renta extraordinaria generada por el shock externo permitiría financiar estas políticas.

La propuesta también contempla medidas para evitar que los aumentos de precios internacionales de la energía y los alimentos se trasladen íntegramente a los consumidores argentinos. El texto remarca que cuando sube el petróleo, aumentan fletes, pan y leche, afectando la cadena de costos y el bolsillo de los trabajadores. Por eso, la intervención estatal se presenta como una herramienta para desacoplar los precios internos de los internacionales y evitar que la inflación importada deteriore el poder adquisitivo.

Respecto al sector agropecuario, el proyecto plantea que la renta extraordinaria del petróleo se capte a través de derechos de exportación móviles, que se reduzcan automáticamente cuando los precios internacionales bajen. Parte de estos fondos se destinaría a subsidiar gasoil, fertilizantes y otros insumos críticos para la producción agrícola, con el objetivo de garantizar la continuidad de las campañas y la estabilidad de los precios de los alimentos básicos.

El documento parlamentario enfatiza la necesidad de asegurar el abastecimiento energético, fortalecer la posición externa del país mediante la acumulación de reservas y mantener la capacidad productiva del agro, protegiendo el acceso a fertilizantes y otros insumos esenciales. Según el texto, el Estado actuaría como “colchón” ante la volatilidad de los mercados internacionales, reasignando la renta extraordinaria para proteger a las familias y a la economía real.

La declaración de emergencia propuesta por Kirchner y su grupo de diputados se sustenta en el impacto extraordinario del conflicto internacional sobre los precios y la seguridad de abastecimiento, así como en la necesidad de dotar al Gobierno de herramientas rápidas para responder a escenarios de crisis. El proyecto se encuentra bajo análisis en el Congreso, donde se espera que inicie su debate en comisiones durante las próximas semanas.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves, en sesión plenaria, el proyecto de decreto que autoriza al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a suscribir un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto de hasta USD 501.253.133,00. El proyecto ingresó con dispensa de trámite y recibió el respaldo de 56 votos a favor, lo que permitió su aprobación en el mismo día de su presentación.

Los fondos obtenidos mediante este préstamo serán destinados a financiar el “Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital”, una iniciativa que busca fortalecer y acelerar el aprendizaje en la educación básica a nivel nacional. El programa tiene como propósito central continuar impulsando acciones orientadas al perfeccionamiento de las prácticas pedagógicas y la promoción del uso de tecnología en el sistema educativo. Según lo detallado en documento aprobado, el Gobierno de El Salvador reconoce la importancia de mejorar la calidad y eficiencia del sistema educativo mediante la incorporación de nuevas herramientas digitales y la actualización de los métodos de enseñanza.

El contrato autorizado establece que el monto total de hasta USD 501,2 millones será otorgado bajo la modalidad de financiamiento basado en programas y resultados, en reconocimiento a los avances y esfuerzos realizados por el país en materia educativa. El plazo del préstamo es de hasta veinticinco años, incluyendo un período de gracia de cinco años. La amortización se realizará a través de pagos semestrales consecutivos y, en la medida de lo posible, iguales, hasta la total cancelación del capital.

En cuanto a los intereses, el decreto estipula que se aplicará una tasa de referencia más un margen variable, ajustándose automáticamente cada vez que los desembolsos sean iguales o superiores a USD 50,125.313. Además, se establece el pago de una comisión inicial y una comisión de compromiso, cada una equivalente a un cuarto del uno por ciento (0,25%) del monto total del préstamo y del saldo no desembolsado, respectivamente. Ambas comisiones serán financiadas con los propios fondos del préstamo.

De acuerdo con el articulado del decreto, los recursos provenientes del contrato de préstamo podrán ser utilizados para apoyar acciones estratégicas del Gobierno impulsadas en el ámbito educativo. También se contempla la posibilidad de destinarlos a obligaciones generales del Estado que requieran liquidez y transferencias varias, siempre en coherencia con el objetivo de fortalecer el aprendizaje y la innovación en la educación básica.

Procedimiento legislativo y respaldo

La iniciativa de ley fue remitida a la Asamblea Legislativa por el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, en cumplimiento de instrucciones del presidente de la República. El documento, que ingresó con fecha de 8 de abril de 2026, fue tratado con dispensa de trámite para agilizar su discusión y aprobación, dada la relevancia estratégica del programa para el sistema educativo nacional.

Durante la sesión plenaria, la pieza fue conocida y aprobada con 56 votos a favor, reflejando un amplio respaldo por parte de los diputados presentes. El acuerdo responde al compromiso del Estado salvadoreño de impulsar reformas y acciones orientadas a mejorar la capacidad del país para enfrentar los retos educativos, especialmente en el contexto de la transformación digital y la necesidad de fortalecer la educación básica.

El gobierno de Javier Milei prepara un conjunto de reformas legislativas que abarcan cambios en la justicia, el sistema electoral, el Código Penal y la adhesión a tratados internacionales. Tras la aprobación de la reforma de la ley de Glaciares, el oficialismo prioriza la discusión de nuevos proyectos que no habían podido entrar en la agenda legislativa de las últimas semanas y que tienen ascendencia en la política desreguladora y exterior del Ejecutivo.

En la madrugada de hoy, el Gobierno logró sancionar la modificación sobre la ley de Glaciares y permite ampliar inversiones mineras por 165.000 millones de dólares para la próxima década, según cifras informadas por el ministro de Economía, Luis Caputo. Con esa normativa que beneficia a varias economías regionales, el oficialismo espera una mayor concesión de parte de estas regiones para algunas iniciativas que el oficialismo impulsará en las próximas semanas.

De acuerdo a fuentes inobjetables, la Casa Rosada impulsa en la Cámara de Diputados la votación de la ley de adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), medida considerada estratégica para afianzar el vínculo comercial con Estados Unidos. El compromiso forma parte del acuerdo comercial firmado recientemente entre ambos países y exige la sanción de esta norma antes de fin de abril.

Asimismo, confirmaron que se buscará tratar de manera rápida en comisiones el denominado proyecto “Hojarascas”, elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a derogar más de setenta normas consideradas obsoletas. La intención del oficialismo es eliminar regulaciones y burocracias que generan sobrecostos e ineficiencias para el Estado y los actores económicos.

Esto sería tratado en primer término mientras se buscan afianzar y negociar las adhesiones políticas para una de las iniciativas que más impacto tienen de cara a la campaña electoral del año próximo.

Se trata de la reforma política, que contempla la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el rediseño de la Boleta Única de Papel y nuevas exigencias para la constitución y el financiamiento de los partidos políticos. El borrador de la iniciativa ya se encuentra en su etapa final y que su presentación en el Congreso y podría concretarse en los próximos días.

Diferentes voceros de La Libertad Avanza (LLA) ratificaron su postura que no se optará por proponer una suspensión de las PASO, sino por su eliminación. “Es algo que el electorado legitimó el año pasado y que varios bloques tienen la presión de apoyar pese a que todavía no están convencidos”, afirmó un estratega libertario.

El oficialismo reconoce que, para avanzar con su paquete legislativo, resulta imprescindible negociar apoyos entre aliados y sectores del peronismo. Voceros parlamentarios admiten que la eliminación de las PASO enfrenta resistencias en bloques dialoguistas y que la obtención de votos requerirá un trabajo minucioso en ambas cámaras.

Aunque planea tratarse más adelante, el paquete de reformas incluye, además, un nuevo proyecto de ley que anticipa la futura reforma integral del Código Penal. El Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, presentará una iniciativa que incorpora nuevas figuras delictivas y aumenta penas para delitos existentes, como “viudas negras”, “motochorros”, “salideras”, fraudes piramidales y delitos migratorios. También se contempla la creación de un criterio de interpretación “pro-víctima” y la participación obligatoria de las víctimas en decisiones procesales clave, como la suspensión del juicio a prueba.

Se prevé que la reforma penal incluya penas específicas para la tenencia de armas en cárceles, incremento de castigos por picadas callejeras, endurecimiento de sanciones por maltrato animal y protección especial para menores en casos de abuso sexual y grooming. El proyecto buscará aprobación inmediata de los puntos urgentes y reservará para más adelante la discusión integral del Código Penal, que ya cuenta con propuestas previas elaboradas por comisiones de jueces y fiscales.

En el ámbito judicial, el Senado prevé tratar más de sesenta pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. La sesión prevista para el jueves marcará el inicio del trámite parlamentario de estas designaciones, que incluyen jueces, defensores, fiscales y conjueces.

Entre las figuras incluidas en este paquete inicial se encuentran Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, propuesto para un tribunal oral de Santa Fe, y Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien interviene en la causa conocida como $LIBRA sobre presunta estafa con criptomonedas promocionadas por el propio Milei. Además, destaca la candidatura de María Julia Sosa, secretaria del juzgado federal de Julián Ercolini, postulada a la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de La Plata.

La jornada también incluirá acuerdos diplomáticos y militares, además de la designación de Lucila Crexell como embajadora ante Canadá, un paquete de ascensos militares y nombramientos en el Tribunal de Defensa de la Competencia. En el listado de ascensos militares destaca la promoción del jefe del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich; los vicealmirantes Juan Carlos Romay (Armada) y Marcelo Dalle Nogare (Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas) y otros 80 oficiales de las tres fuerzas armadas. En contraste, el ascenso del subjefe de la Fuerza Aérea, Marcelo Monetto, ha quedado pendiente por falta de votos luego de ser impugnado por un supuesto encubrimiento en una denuncia por abuso sexual.

A la espera de la presentación formal de los proyectos, no se descarta que la semana que viene se reúna la mesa política encabezada por Manuel Adorni, Karina Milei, Santiago Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Eduardo Menem e Ignacio Devitt.

Con 137 votos a favor, la reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada en la sesión de la Cámara de Diputados tras horas de debate. Minutos después, el presidente publicó un comunicado oficial donde destacó que dicha modificación permitirá “garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias” para el uso de sus recursos.

Durante la madrugada, Javier Milei festejó la victoria a través de sus redes sociales y por medio de un comunicado de Oficina de Presidencia destacó que “celebra la sanción de la Cámara de Diputados y la aprobación definitiva del Congreso de la Nación al proyecto de adecuación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que impulsa la precisión de la norma vigente a fin de garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos”.

“Esta reforma histórica aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, permitiendo, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley”, explicó.

La Oficina del Presidente también informó: “La redacción original era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger. Eso llevaba a conclusiones contrarias al artículo 41 de la Constitución (utilización racional de los recursos naturales) y al dominio originario de las provincias (artículo 124)”.

El comunicado subrayó que “al eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso”, el nuevo marco normativo apunta a compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico. El Gobierno también enfatizó que la modificación “reafirma que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos”.

En otro apartado del mensaje, el mandatario planteó: “Los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empeñados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder. Las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo”.

Reforma de la Ley de Glaciares

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, estableció un marco de protección para los glaciares y el ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce en Argentina. La norma prohibió actividades extractivas de alto impacto en estas áreas y ordenó la elaboración de un inventario nacional de glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Desde su aprobación, la legislación generó controversias entre sectores ambientalistas y gobiernos provinciales, que reclamaban mayor autonomía en la gestión de sus recursos naturales.

Durante la sesión en la Cámara de Diputados, la reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, tras casi 12 horas de debate. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo nacional y vinculado a los objetivos del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), recibió el respaldo de los bloques aliados al oficialismo y fue acompañado de una fuerte presencia de funcionarios nacionales y provinciales.

Durante el debate hubo fuertes oposiciones de legisladores de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, quienes alertaron sobre el riesgo de avance de la minería en zonas sensibles y denunciaron una supuesta entrega de recursos estratégicos. El mensaje oficial de la Oficina del Presidente también incluyó un reconocimiento expreso del presidente Javier Milei a los legisladores y gobernadores que acompañaron la iniciativa, así como a los equipos técnicos que participaron en la redacción de la reforma.

Por otro lado, el Gobierno sostuvo que, a partir de la promulgación de la reforma, Argentina recupera un modelo de “verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos”. Según el comunicado, el proceso de elaboración y debate se extendió durante un año, con la intervención de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, la Secretaría Coordinadora de Minería y Energía y la Secretaría de Minería.

La reciente sanción de la reforma de la Ley de Glaciares marca un antes y un después en la discusión sobre la protección de estas zonas y de las áreas periglaciares en el país.

Hasta el momento, la Ley 26.639 regulaba la preservación de estos cuerpos de hielo considerados reservas estratégicas de recursos hídricos. Tras conseguir 137 votos a favor y obtener 111 en contra mas tres abstenciones, el oficialismo avanzó con la modificación que ya contaba con la media sanción del Senado. De esta manera, fue girada al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Uno de los principales cambios aprobados gira en torno a otorgarle un mayor margen a las provincias para definir sus propios criterios de protección, en respuesta a los reclamos de distritos con desarrollo minero.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, estableció los presupuestos mínimos para la protección de estos bloques de hielo naturales. La norma original los definió como bienes públicos, destinados a la conservación del agua para consumo, la recarga de cuencas hidrográficas, la protección de la biodiversidad, el desarrollo de actividades científicas y el turismo. Además, extendió su alcance a las áreas periglaciares, es decir, los suelos congelados que cumplen un papel relevante en la regulación del recurso hídrico.

Ahora, se introdujo un cambio en el enfoque la protección legal sobre las zonas zonas periglaciares y los llamados Glaciares de Escombros (GdE), áreas en las que se concentran reservas clave de agua y que coinciden, en muchos casos, con territorios de alto potencial para la actividad minera.

Mientras que la normativa anterior establecía una protección amplia, el proyecto sancionado esta madrugada plantea limitarla únicamente a aquellos que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”. Esto implica que solo las áreas que sean consideradas estratégicas para el recurso hídrico quedarían bajo resguardo estricto.

En consecuencia, el texto habilita la posibilidad de autorizar actividades productivas y extractivas en zonas que la ley original protegía de manera general. Este cambio generó cuestionamientos de expertos y organizaciones ambientales, que advierten sobre los riesgos de permitir intervenciones en regiones fundamentales para la seguridad de los reservocios de agua dulce del país.

Por su parte, el Ejecutivo argumentó que la reforma ordenará el marco normativo, eliminará interpretaciones arbitrarias y fortalecerá el federalismo ambiental, permitiendo que las provincias asuman mayor protagonismo en la gestión de sus recursos.

Principales puntos de la modificación de la Ley de Glaciares

• Alcance de la protección: la reforma redefine el objeto protegido, limitando la protección a aquellos glaciares y ambientes periglaciales que cumplan “funciones hídricas” específicas, cuya verificación queda en manos de cada provincia.
• Desplazamiento del control científico nacional: el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), que antes tenía el rol central y científico en la identificación de glaciares, pasa a un rol registral. “El Inventario será de ‘ineludible consulta y consideración’ por parte de las provincias sin que ello implique disminución de las atribuciones provinciales”. Además, se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al registro del inventario.
• Fragmentación y discrecionalidad: la reforma permite que cada provincia aplique criterios propios para determinar qué proteger, en lugar de aplicar estándares científicos homogéneos y mínimos para todo el país.
• Principio precautorio: mientras se aplica el principio precautorio, todos los glaciares y las formaciones periglaciares que aparecen en el Inventario Nacional de Glaciares van a estar protegidos por esta ley. Esto se mantendrá así hasta que la autoridad ambiental compruebe que alguno de ellos no cumple con las funciones indicadas en el primer párrafo del artículo 3°. En el momento en que la autoridad confirme que un glaciar o una geoforma periglacial del inventario no cumple con esas funciones, ese sitio dejará de estar protegido específicamente por esta norma, aunque seguirá bajo la protección general de la Ley General del Ambiente y otras leyes vigentes.
• Cambio del sistema de prohibiciones: se pasa de un régimen de prohibiciones generales a un sistema donde la evaluación de impacto ambiental, caso por caso y en manos provinciales, definirá qué actividades se pueden autorizar.
• Enfoque preventivo: la reforma transforma la protección estructural y preventiva de los glaciares y su ambiente en una protección condicional y revisable.
• Evaluación de impacto ambiental: todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.

El país se encamina hacia un proceso electoral que redefinirá la estructura del poder legislativo. La convocatoria a las Elecciones Generales de 2026 no solo implica la elección de nuevas autoridades, también introduce un cambio institucional que modifica la forma en que se elaboran y aprueban las leyes.

El retorno a un Congreso dividido en dos cámaras plantea una dinámica distinta en la toma de decisiones. Este esquema, ausente durante más de tres décadas, reorganiza funciones, espacios y procedimientos dentro del Parlamento. La medida responde a la intención de establecer un sistema con mayor revisión normativa y control político.

A partir del 28 de julio de 2026, el nuevo Congreso iniciará funciones con una distribución que separa el trabajo legislativo en dos niveles. Esta configuración implica cambios tanto en la infraestructura como en la operatividad interna del Parlamento, según la información difundida por Latina Noticias.

Un Congreso dividido en dos cámaras

El nuevo modelo legislativo estará compuesto por 190 parlamentarios: 130 diputados y 60 senadores. Cada grupo asumirá funciones específicas dentro del proceso de formación de leyes. La Cámara de Diputados tendrá a su cargo el inicio del trabajo legislativo, mientras que el Senado cumplirá un rol de revisión.

Las propuestas de ley se originarán en la Cámara de Diputados. En ese espacio se debatirán iniciativas, se aprobarán proyectos y se discutirán también mociones de control político. Luego de esta etapa, los textos pasarán al Senado, donde se evaluará su contenido antes de una eventual aprobación final.

Según el material informativo, este sistema busca introducir una segunda instancia de análisis que permita revisar con mayor detalle las normas. La intención es reducir errores y fortalecer la calidad de las decisiones legislativas.

Nuevos espacios y restricciones en el Senado

El Senado funcionará en una sala distinta dentro del Congreso, en el lugar que antes ocupaba la sala Raúl Porras Barrenechea. Este espacio tendrá acceso restringido. Solo ingresará personal autorizado, sin presencia directa de público ni de prensa.

Las sesiones se transmitirán mediante cámaras robóticas, lo que marca una diferencia frente al esquema actual. La conducción recaerá en una Mesa Directiva compuesta por un presidente y tres vicepresidentes, con posibilidad de ampliar ese número.

En cuanto al trabajo interno, el Senado contará con siete comisiones ordinarias. Cada una abarcará varios sectores. Por ejemplo, una comisión podrá incluir economía, medio ambiente y defensa del consumidor. Otra agrupará salud, educación, cultura, mujer y desarrollo social.

Además, se establecerán comisiones específicas como ética, inteligencia y procedimientos especiales. Estas instancias evaluarán aspectos particulares del funcionamiento parlamentario.

Diputados

La Cámara de Diputados operará en el hemiciclo principal del Congreso. En ese espacio se concentrará el debate político y la elaboración inicial de leyes. Este grupo contará con catorce comisiones ordinarias, número menor al actual, lo que obligará a combinar temas en cada comisión.

Entre sus funciones destaca la presentación de proyectos de ley, el debate legislativo y la aprobación de normas. También tendrá un papel central en el control al Poder Ejecutivo. Podrá interpelar y censurar a ministros, además de realizar labores de fiscalización.

Solo en casos de interpelación y censura, la decisión final recaerá en esta cámara, lo que refuerza su peso en el equilibrio político.

Cambios en votación y organización parlamentaria

El nuevo Congreso incorporará herramientas tecnológicas en su funcionamiento. Cada escaño contará con tablets para el registro de asistencia y votación. También se habilitarán dispositivos móviles para sesiones remotas, lo que permitirá mayor flexibilidad en el desarrollo de debates.

Otro cambio relevante se relaciona con la organización de bancadas. Los parlamentarios que decidan abandonar su grupo tendrán opciones limitadas. Podrán integrarse a un grupo mixto, con menores atribuciones, o cambiar de bancada una sola vez durante todo su periodo.

En ese caso, no podrán postular a la Mesa Directiva durante un tiempo determinado y deberán renunciar al partido político de origen. Esta medida busca reducir el cambio constante de agrupaciones dentro del Congreso.

Requisitos y representación

Para postular a la Cámara de Diputados, la Constitución establece condiciones específicas. El candidato debe ser peruano de nacimiento, tener al menos 25 años y contar con derecho a voto. La elección se realizará por circunscripciones electorales, lo que busca garantizar representación territorial.

En contraste, los senadores asumirán un rol más enfocado en la revisión técnica de las leyes. Esta diferencia define la lógica del sistema bicameral, donde una cámara propone y la otra evalúa.

El proceso electoral del 12 de abril de 2026 definirá a los representantes que integrarán este nuevo esquema. La instalación del Congreso coincidirá con el inicio del próximo gobierno, lo que marcará el inicio de una etapa distinta en la política nacional.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate los proyectos de ley fusionados que buscan ampliar los beneficios económicos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá, una iniciativa que reabre el debate sobre el equilibrio entre protección social y sostenibilidad del sector privado.

La propuesta, impulsada por varios diputados, plantea modificar y ampliar la Ley 6 de 1987, que ya establece descuentos obligatorios para este grupo poblacional.

Actualmente, los jubilados —mujeres desde los 57 años y hombres desde los 62— tienen acceso a rebajas que van desde 15% hasta 50% en servicios como transporte, restaurantes, hoteles, servicios médicos y medicamentos, entre otros.

Sin embargo, el documento base del proyecto revela que estos beneficios se consideran insuficientes frente al aumento del costo de vida, especialmente en rubros críticos como alimentos y salud. Según la exposición de motivos del proyecto, más de 200,000 jubilados reciben ingresos por debajo de la canasta básica, lo que limita su acceso efectivo a estos descuentos.

Entre los beneficios vigentes para jubilados y pensionados en Panamá destacan descuentos de 20% en medicamentos, 15% en servicios de hospitales y clínicas privadas, 25% en restaurantes y 15% en establecimientos de comida rápida con franquicia.

En transporte, la ley contempla 30% en autobuses interurbanos, trenes, lanchas y barcos, y 25% en pasajes aéreos. También se reconocen rebajas en servicios públicos, como 25% en electricidad, agua y telefonía residencial, bajo condiciones y topes establecidos por la norma.

En alimentos, los beneficios están más concentrados en el consumo en restaurantes o fondas, pero no existe una política directa de descuento amplio en supermercados.

Los proyectos fusionados buscan profundizar y ampliar el esquema vigente de beneficios, incorporando nuevos rubros y elevando varios de los descuentos actuales. Entre los cambios propuestos figura un descuento de 40% en medicamentos, así como una rebaja de 40% en insumos, dispositivos y otros productos para la salud e higiene humana.

La iniciativa también refuerza los beneficios en servicios financieros, al plantear reducciones en tasas de interés, cargos, comisiones y seguros aplicados a préstamos personales, comerciales, hipotecarios y tarjetas de crédito.

Además, se incluyen descuentos de hasta 50% en servicios como internet, televisión por cable y licencias, así como rebajas en vestimenta, calzado y productos básicos, lo que en la práctica amplía el impacto directo en el gasto diario de los jubilados.

También se refuerzan beneficios en transporte, turismo y recreación, con descuentos que alcanzan el 35% en boletos aéreos y 50% en hoteles.

El punto crítico no está en los beneficios en sí, sino en cómo se financian. La legislación vigente establece que estos descuentos son deducibles como crédito fiscal del impuesto sobre la renta, es decir, en teoría el Estado compensa a los comercios.

Sin embargo, el sector privado ha reiterado que ese reconocimiento no se da con rapidez ni claridad, generando un impacto directo en su flujo de caja.

Este es precisamente el foco del conflicto actual. Comerciantes y pequeñas empresas advierten que un aumento en los descuentos obligatorios sin un mecanismo eficiente de compensación podría traducirse en pérdidas operativas, especialmente en sectores con márgenes estrechos como farmacias, restaurantes y comercio minorista.

Ante este escenario, la comisión legislativa decidió citar al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Ingresos, con el objetivo de analizar la viabilidad fiscal del proyecto y atender las inquietudes del sector empresarial. La medida refleja que el debate ya no es solo social, sino técnico y fiscal.

Desde el punto de vista político, los diputados defienden la iniciativa como un acto de justicia social, argumentando que los jubilados han quedado rezagados frente al aumento de precios.

También plantean sanciones para las empresas que incumplan los descuentos, con multas que pueden alcanzar los $10,000, lo que añade presión al sector privado.

El dilema es claro: mientras el proyecto busca mejorar el poder adquisitivo de más de 300,000 jubilados, también introduce riesgos sobre la operatividad de miles de negocios, especialmente si el Estado no garantiza la devolución o compensación de los montos otorgados en descuentos.

En términos económicos, el impacto dependerá de dos variables clave: la capacidad fiscal del Estado para absorber estos beneficios y la velocidad con la que se reconozcan los créditos fiscales a las empresas. Sin estos elementos, el sistema podría generar distorsiones, trasladando costos indirectos a precios o reduciendo la oferta de servicios.

La discusión apenas comienza. Con la aprobación en primer debate, el proyecto avanza, pero queda pendiente el análisis técnico que definirá si Panamá puede sostener un esquema más amplio de beneficios sin afectar la dinámica del sector privado.

El oficialismo obtuvo el despacho de comisión para tratar hoy, desde las 15, la modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional con miras a los proyectos que podrían ingresar a través del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI).

Ayer, en el plenario de comisión, el oficialismo presentó a dos gobernadores, varios ministros de minería y funcionarios nacionales de la Secretaría de Minería. Esto generó la mayoría de las quejas de la oposición, que manifestó su desacuerdo porque las presidencias de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales transformaron el plenario en un evento vinculado a la minería y, además, criticaron que el proyecto no haya sido girado a la comisión específica del área, como solicitaron distintos bloques.

Más allá de los cuestionamientos, en La Libertad Avanza sabían que tenían el número necesario para avanzar. “Para obtener el despacho de comisión, LLA necesitaba 18 firmas en Asuntos Constitucionales, que cuenta con 35 miembros, y 16 en Recursos Naturales, integrada por 31 diputados”. Durante el debate y mientras los funcionarios respondían consultas, ya habían sumado 19 y 18 firmas respectivamente.

El desenlace del debate también parece definido. Así lo entienden en LLA, que pidió una sesión especial 24 horas antes de obtener el dictamen, confiando en que disponen del respaldo suficiente para aprobar la reforma esta tarde-noche.

Al analizar el conteo de votos que manejan los jefes del bloque libertario, los números aparecen holgados. Sin aceptar cambios a la norma, que ya cuenta con media sanción del Senado, el oficialismo asegura entre 130 y 134 respaldos propios y de aliados históricos, además del apoyo de varios representantes de provincias mineras.

LLA cuenta con 95 diputados y sus socios habituales —PRO, MID, UCR y bloques provinciales— suman entre 20 y 25 más. A este grupo se sumarían legisladores de las provincias mineras del bloque Innovación Federal, que son 9, junto a los peronistas de Independencia y Elijo Corrientes.

Además, los libertarios calculan respaldos dentro de Unión por la Patria. “Teniendo en cuenta lo sucedido en el Senado, creemos que sumamos a Jorge Chica y Cristian Andino, de San Juan, y Claudia Palladino, de Catamarca”, explicó un diputado libertario que lleva la lista de nombres en su celular. El acompañamiento de estos tres diputados de UP se fundamenta en que los exgobernadores Sergio Uñac y Lucía Corpacci —San Juan y Corrientes respectivamente— votaron a favor de la reforma en la Cámara alta.

Marchas e interpelaciones

El recinto y las calles serán escenario de la jornada. Se prevé que mañana, desde el mediodía, diferentes sectores se concentren frente al Congreso para manifestarse. Como todos los miércoles, los jubilados intentarán rodear el Palacio Legislativo; en simultáneo, la UTT realizará un “verdurazo” y habrá una radio abierta conjunta con jubilados. Para las 17 está prevista una movilización nacional de organizaciones ambientalistas que, en la Ciudad de Buenos Aires, partirá desde Av. de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso.

Dentro del recinto, la oposición buscará avanzar con un pedido de interpelación al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La intención es emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Reglamentos —ambas presididas por La Libertad Avanza— para tratar los proyectos de interpelación al funcionario, quien aún no dio explicaciones sobre el aumento de su patrimonio.

La clave para este planteo parece estar en el PRO y sus 12 diputados. Desde el oficialismo confían en que sus socios parlamentarios no acompañarán la solicitud opositora. Desde los bloques que impulsan la interpelación esperan que algunos representantes del PRO “se paren y se vayan, como dice el ‘lilito’ Maximiliano Ferraro, que no sean republicanos intermitentes y apoyen que podamos tener la discusión al menos, sino esto realmente es una escribanía”.

En la antesala del debate en la Cámara de Diputados por la reforma de la Ley de Glaciares, el avance de proyectos mineros y definiciones judiciales recientes volvieron a poner en primer plano una discusión histórica del sector.

Este miércoles, el oficialismo buscará impulsar cambios en la norma que regula la protección de glaciares y áreas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos. El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone otorgar mayor margen a las provincias para definir los criterios de preservación, en línea con los reclamos de provincias con desarrollo minero.

Uno de los puntos más sensibles es justamente el alcance de la protección sobre las zonas periglaciares, donde se concentran reservas clave de agua pero que, al mismo tiempo, coinciden con áreas de alto potencial minero.

En ese marco, el uso del agua es uno de los ejes centrales del debate. Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), sostienen que las modificaciones propuestas no afectan la protección del recurso hídrico y que la ley vigente ya permite operar sin comprometer las reservas de agua. A su vez, destacan que la actividad representa apenas el 1% del consumo total del recurso en el país, es decir, 1 de cada 100 litros disponibles.

La entidad sostiene además que los volúmenes utilizados por operaciones mineras son comparables con los de otras actividades productivas. Como referencia, comparó con otros consumos e indicó que la elaboración de una botella de vino (750 ml) requiere 650 litros de agua; una barra de chocolate (100 gramos), 1.700 litros; y una jarra de café (750 ml), 840 litros.

Inversiones en juego

La discusión se da en un escenario económico en el que el Gobierno busca atraer inversiones en sectores estratégicos, entre ellos la minería, clave para la generación de divisas. Al mismo tiempo, el esquema vigente establece controles sobre el uso del agua a través de concesiones, auditorías e instancias de sanción, un esquema que podría modificarse si prospera la iniciativa en el Congreso.

Inversiones confirmadas

Durante la Argentina Week, que se llevó a cabo en marzo en Nueva York, la minera canadiense First Quantum Minerals ratificó ante el canciller Pablo Quirno la decisión de avanzar en el proyecto Taca-Taca, un yacimiento de cobre considerado entre los diez más grandes del mundo sin explotar.

La inversión inicial estimada para la planta es de USD 4.200 millones, con una capacidad de procesamiento de 40 millones de toneladas anuales, según reveló la propia empresa y la Corporación Financiera Internacional (IFC). El plan prevé alcanzar una producción de 291.000 toneladas de cobre anuales durante la primera década y sostener actividad por 35 años.

Durante la etapa de construcción de Taca-Taca, se proyecta la creación de hasta 4.000 empleos, cifra que descenderá a 2.000 puestos directos e indirectos en la fase operativa.

A su vez, para sumar atractivo al mercado internacional y fortalecer las condiciones de financiamiento, el proyecto se comprometió a alinearse con los criterios de sostenibilidad ambiental y social establecidos por IFC, lo cual busca posicionar a la Argentina como destino competitivo para inversiones mineras a largo plazo.

La Argentina posee la cuarta mayor reserva de cobre y la tercera de litio a nivel global, dos minerales esenciales para la electrificación y las nuevas cadenas de suministro energéticas. El desarrollo de grandes proyectos, bajo estándares internacionales y acuerdos de sostenibilidad, se perfila como eje clave para diversificar las exportaciones y consolidar infraestructura.

El peso de la actividad también se refleja en las proyecciones; según estimaciones privadas, la minería argentina podría multiplicar sus envíos en la próxima década y superar los USD 40.000 millones anuales hacia 2035, apalancada en nuevos proyectos, mayores inversiones y un escenario global de alta demanda por minerales críticos.

Fallo de la Corte de Catamarca

En vísperas del debate parlamentario, la Corte de Justicia de Catamarca resolvió recientemente levantar la medida cautelar que pesaba sobre la cuenca del Río Los Patos tras casi cuatro meses de parálisis. El fallo se produjo luego de la entrega del Estudio de Gestión e Impacto Ambiental Acumulativo (EGIA), que concluyó que no existe “daño ambiental provocado” por la actividad minera actual en la zona.

Con el levantamiento de la cautelar, el Gobierno de Catamarca quedó habilitado a otorgar nuevas concesiones mineras en el departamento de Antofagasta de la Sierra, una de las áreas más delicadas por la coexistencia de reservas hídricas y potencial minero. El litigio había comenzado en marzo de 2024 frente a la demanda de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, que denunció la ausencia de estudios ambientales integrales para la extracción de litio y otros minerales en el salar del Hombre Muerto.

El uso del agua en la minería

CAEM remarcó que la minería ocupa el 1% del consumo local de agua y que la enorme mayoría se recicla dentro de los ciclos industriales, sin consumos netos definitivos. El agua en esta industria se utiliza en diversas etapas: procesamiento, transporte de minerales, riego de caminos, refrigeración, limpieza y protección ambiental mediante el control de polvo y temperatura, tanto en superficie como en minería subterránea.

Las operaciones mineras se abastecen principalmente de aguas subterráneas, arroyos, ríos, lagos y fuentes marinas, bajo estricta concesión otorgada por la autoridad provincial o nacional.

De acuerdo con la regulación actual, ninguna empresa puede superar el límite fijado y existen procedimientos de inspección y auditoría, con la posibilidad de sanciones o quita de concesión en situaciones de incumplimiento. Este esquema busca garantizar un equilibrio sectorial, priorizando los usos de acuerdo a un régimen de permisos que involucra a todas las actividades económicas.

En el comienzo de un nuevo periodo ordinario, durante el cual pretenden aprobar varias reformas para retomar la agenda de la gestión, el Gobierno abre un inesperado debate en el Congreso sobre el uso de los autos oficiales para diputados y senadores, lo que ya motivó el enojo en algunos bloques e, incluso, entre miembros del propio oficialismo.

La medida en cuestión está incluida en el proyecto de ley “Hojarasca”, que fue enviado recientemente para su tratamiento y redactado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que venía trabajando en el texto desde el 2024.

El paquete de iniciativas apunta, en general, a derogar cerca de 70 normas que la gestión libertaria considera obsoletas o incluso absurbas, pero que técnicamente siguen vigentes porque nunca se eliminaron.

Sin embargo, uno de los puntos que generó polémica fue la propuesta de dar de baja los beneficios que se les otorgaron a los legisladores nacionales, así como a secretarios y prosecretarios parlamentarios, para la libre circulación y estacionamiento de sus vehículos con credenciales especiales.

Al respecto, en su presentación, el funcionario sostuvo que este es “uno de los ejemplos más claros de privilegio” en la legislación argentina actual, por lo que debería dejar de regir.

Aunque el proyecto ya está en manos de las autoridades de la Cámara de Diputados, el oficialismo optó por postergar su discusión para priorizar, en cambio, la modificación a la ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado.

De todas formas, esta sería la próxima reforma a analizar y se prevé una única reunión de la comisión de Legislación General -donde debe obtener dictamen para avanzar-, a la cual podría asistir el mismo Sturzenegger para defenderla.

Aunque en La Libertad Avanza apuntan a que sea solamente un encuentro de carácter informativo, hay quienes reconocen que el texto podría sufrir en esta etapa algunos cambios, principalmente, en lo que respecta a las obleas de circulación de los vehículos oficiales.

“Son estas pelotudeces de gente que es diputada y llega a la Ciudad de Buenos Aires y, como no tiene agenda, va del hotel al Congreso y del Congreso al hotel, porque solo levanta la mano. Y no logra saber para qué sirve en su laburo. Yo tengo mi oblea. Uso mi auto y me salva poder llegar puntual a las reuniones”, remarcó un integrante de la oposición dialoguista.

Durante estos días, referentes de distintos bloques se expresaron en contra de la iniciativa y se quejaron de que el recorte los afecte solamente a ellos y no a los funcionarios nacionales.

Alguno inculso sostuvo, durante una conversación en uno de los pasillos del recinto, “que primero dejen el chofer Sturzenegger, Cacace y Faríña (Alejandro y Maximiliano, respectivamente, ambos secretarios dentro de la cartera de Desregulación)”.

“No para de hacer desastres, el ministro. Fue el que metió el artículo (de las licencias por enfermedad) en la reforma laboral, yo creo que ya está agotado. Ya fracasó con Mauricio Macri. Ahora va por nuestros autos, ¿para qué? ¿Por qué no se ocupan mejor de todos los problemas que tiene el Gobierno con Manuel Adorni y con los creditos bancarios?“, protestó un legislador que supo ser aliado, pero que hoy está alejado de la Casa Rosada.

En esta misma línea, aunque de manera menos combativa y más pragmática, otros espacios señalan que derogar este beneficio podría ser una mala decisión, ya que entienden que perjudicaría a la actividad democrática, dificultando el trabajo de los parlamentarios.

Para defender esta postura, dan el ejemplo de un diputado del PRO que meses atrás, cuando se estaba debatiendo la reforma laboral, no llegó a tiempo para dar quórum -algo por lo que el oficialismo trabajó arduamente-, ya que no estaba en su vehículo protocolar.

En esa oportunidad, el integrante de la bancada amarilla tuvo que viajar en una moto, que no contaba con la mencionada oblea, y la Policía lo demoró en una de las calles aledañas al Congreso, en el marco de los cortes de tránsito por la manifestación que protagonizaron grupos de izquierda y la oposición ese día.

En La Libertad Avanza, en tanto, reconocen que este artículo en particular de “Hojarasca” generó mucha polémica, pero por el momento no hay intenciones de quitarlo: “Sí, es verdad, está difícil este tema, pero vamos a insistir”, advierten.

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno indica que “el término ‘privilegio’ deriva del latín privus (propio) y legalis (ley), es decir, una ley sancionada no para la totalidad de los ciudadanos, sino para ‘uno mismo’”.

Para el Ejecutivo, “hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática, y contraria al principio de igualdad ante la ley establecido por el ya citado artículo 16 de la Constitución Nacional”.

La ley en cuestión, la N° 20.959, otorga desde 1975 a los integrantes del Congreso el derecho a utilizar una “credencial personal e intransferible que los habilita para la libre circulación y el libre estacionamiento”.

El proyecto sostiene que esta prerrogativa “no puede sostenerse en un contexto donde se pretende fortalecer la transparencia y la equidad en el ejercicio de la función pública”.

A pocos días de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, un análisis del Instituto Aklla, basado en datos de intención de voto de la última encuesta de Ipsos, proyecta que solo cinco partidos políticos conformarían las cámaras de Diputados y Senadores del futuro Parlamento bicameral. El estudio plantea un escenario de alta concentración de escaños pese a la participación de más de 30 agrupaciones en los comicios.

El exministro de Justicia y socio del instituto, José Tello Alfaro, difundió los resultados a través de su cuenta en la red social X, detallando cómo se distribuirían los escaños en ambas cámaras si se replicaran las actuales tendencias de voto.

Proyección para Cámara de Diputados

De acuerdo con el análisis, la Cámara de Diputados, compuesta por 130 escaños, estaría integrada únicamente por cinco partidos políticos, con la siguiente distribución:

• Fuerza Popular: 41 escaños
• Renovación Popular: 33 escaños
• País para Todos: 25 escaños
• Juntos por el Perú: 19 escaños
• Buen Gobierno: 12 escaños

Este escenario evidencia que la representación parlamentaria se concentraría en un grupo reducido de organizaciones políticas, mientras que el resto no lograría superar la valla electoral exigida por el sistema peruano.

Proyección para Cámara de Senadores

En el caso del Senado, integrado por 60 escaños, la distribución también quedaría en manos de los mismos cinco partidos:

• Fuerza Popular: 18 escaños
• Renovación Popular: 13 escaños
• Juntos por el Perú: 13 escaños
• País para Todos: 11 escaños
• Buen Gobierno: 5 escaños

El informe destaca que algunas agrupaciones no lograrían acceder a esta cámara debido a la caída en su intención de voto, lo que impediría alcanzar los requisitos establecidos por la normativa electoral vigente.

Metodología y criterios del análisis

El Instituto Aklla explicó que la proyección para el Senado se realiza a partir de una circunscripción nacional, aplicando el método de cifra repartidora sobre la intención de voto. Para la Cámara de Diputados, el cálculo se basa en un modelo más complejo que desagrega preferencias en cinco macrozonas del país: Lima y Callao, Norte, Centro, Sur y Oriente.

Sobre esta base, se ejecutaron mil simulaciones por zona utilizando un modelo estadístico Dirichlet-multinomial, incorporando márgenes de error para estimar la distribución más probable de escaños. Asimismo, se aplicó la valla electoral establecida por el Jurado Nacional de Elecciones, que exige un mínimo del 5% de votos válidos a nivel nacional o la obtención de un número determinado de representantes en distintas circunscripciones.

Escenario de alta concentración política

El resultado del análisis plantea un Congreso con menor fragmentación, en el que solo cinco partidos tendrían representación en ambas cámaras. Esta configuración contrasta con procesos electorales anteriores caracterizados por una mayor dispersión de fuerzas políticas en el Legislativo.

A pocos días de los comicios, estas proyecciones reflejan el impacto de la valla electoral y del sistema bicameral en la configuración del poder político, así como la relevancia de la intención de voto en la definición de la futura representación parlamentaria en el país.

Carlos Álvarez en el segundo lugar

Carlos Álvarez, candidato presidencial por el partido País para Todos, alcanzó el segundo lugar en la última encuesta de intención de voto realizada por Ipsos, desplazando a Rafael López Aliaga al tercer puesto. Según el sondeo, Keiko Fujimori lidera con un 13% de las preferencias, seguida por Álvarez con un 9% y López Aliaga con un 8%. El estudio se realizó los días 1 y 2 de abril tras los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones y presenta un margen de error de ±2,8% y un nivel de confianza del 95%.

El avance de Álvarez se atribuye al impulso sostenido de su candidatura, especialmente en regiones del sur y zonas mineras. Según Juan Sheput, exministro y actual candidato al Senado por País para Todos, la estrategia de campaña prioriza territorios donde otros partidos encuentran dificultades para consolidarse. Además, propuestas como el endurecimiento penal han generado debate, destacando la intención de Álvarez de colocar temas como la pena de muerte para violadores y sicarios en la agenda pública, en respuesta a una demanda social ante la inseguridad, aunque la medida no figura en su plan de gobierno presentado ante el JNE.

Partidos no pasarían la valla electoral

La última encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que 15 partidos políticos se mantienen por debajo del 5% de intención de voto, umbral necesario para conservar su inscripción y representación en el Congreso tras las elecciones del 12 de abril de 2026. Este escenario refleja una alta dispersión del voto y una marcada debilidad de varias agrupaciones en la recta final de la campaña.

Lista de partidos en riesgo de no superar la valla electoral, según la encuesta de marzo II-2026 del IEP:

• Marisol Pérez Tello: 2.3%
• Yohny Lescano: 2.2%
• César Acuña: 2.2%
• Mario Vizcarra: 1.9%
• Carlos Espá: 1.6%
• Fernando Olivera: 1.2%
• Wolfgang Grozo: 1.1%
• Álvaro Paz de la Barra: 0.2%
• José Williams: 0.1%
• Armando Massé: 0.1%
• Álex Gonzáles: 0.1%
• Francisco Diez-Canseco: 0.1%
• Walter Chirinos: 0.1%
• Antonio Ortiz: 0.0%
• Napoleón Becerra: sin dato reportado

De mantenerse estos resultados, estas organizaciones quedarían fuera del sistema político, perdiendo acceso a escaños, inscripción y la posibilidad de participar en futuros procesos electorales sin reiniciar su registro. La valla electoral actúa como filtro para consolidar una representación parlamentaria con respaldo significativo y reducir la fragmentación política.

La diputada Merilyn Gómez Pozos, integrante del partido Morena, impulsa una iniciativa legislativa en la Cámara de Diputados que busca garantizar el acceso a la educación en todos los niveles para las personas privadas de su libertad en centros penitenciarios del país.

La propuesta, que ya fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Educación, plantea reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal y a la Ley General de Educación. El objetivo principal es que las personas en reclusión, especialmente las mujeres, tengan derecho a recibir educación gratuita desde alfabetización hasta nivel superior, así como capacitación para el trabajo.

De acuerdo con el documento, se propone modificar el artículo 10 y adicionar una nueva fracción para establecer como derecho el acceso a programas educativos completos dentro de los centros de readaptación social. Asimismo, se contempla incluir este beneficio en la Ley General de Educación, con el fin de reforzar el compromiso del Estado en garantizar este derecho.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es brindar herramientas que faciliten la reinserción social. En este sentido, se plantea que las personas privadas de la libertad puedan acceder no solo a educación básica, sino también a estudios de nivel medio superior y superior, además de recibir capacitación laboral que les permita desarrollar habilidades útiles para incorporarse al mercado de trabajo.

La propuesta también contempla la continuidad de estos procesos una vez que las personas obtengan su libertad, ya sea anticipada o definitiva. Para ello, se prevé que los servicios educativos y de inclusión laboral tengan seguimiento, evitando que la formación se interrumpa tras la salida del centro penitenciario.

En la exposición de motivos, la legisladora subraya que la educación es un derecho humano fundamental que no debe suspenderse por la privación de la libertad. Enfatiza que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar una formación integral que vaya más allá de la alfabetización, permitiendo a las personas alcanzar niveles educativos más avanzados.

Además, la iniciativa pone especial atención en la población femenina en reclusión, al señalar que enfrenta condiciones particulares de desigualdad. Históricamente, las opciones educativas y laborales en los centros penitenciarios femeniles han estado limitadas a actividades tradicionales, lo que reduce las oportunidades de desarrollo profesional.

Por ello, la reforma busca romper con estos esquemas, obligando a las autoridades a ofrecer capacitación avanzada y educación superior que permita a las mujeres competir en mejores condiciones en el ámbito laboral una vez que recuperen su libertad.

Finalmente, la diputada destaca que invertir en educación dentro de los centros penitenciarios es una estrategia efectiva para reducir la reincidencia delictiva. Considera que la falta de oportunidades y el rezago educativo son factores que contribuyen a la criminalidad, por lo que garantizar el acceso a la educación puede generar beneficios a largo plazo en materia de seguridad pública.

La iniciativa continúa en análisis legislativo y, de ser aprobada, representaría un avance significativo en el reconocimiento del derecho a la educación para las personas privadas de la libertad en México.

El cruce público entre Sergio Mayer, diputado federal, y Mario Di Constanzo, exdiputado y economista, escaló en redes sociales a raíz de los comentarios de este último sobre las aspiraciones de Mayer para contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

La confrontación, iniciada el 29 de marzo, se intensificó este 2 de abril cuando Mayer y Di Constanzo intercambiaron opiniones en la plataforma X.

En su comentario original del 29 de marzo, Di Constanzo escribió sobre Mayer, cuestionando su conocimiento para ejercer el puesto de Jefe de Gobierno de la CDMX y le sugirió “dedíquese al espectáculo y deje de hacer y decir p3nd3j4d4s”. El mensaje concluyó exigiendo respeto tanto hacia sí mismo como hacia la ciudadanía y con “No sea 1d1ot4″.

Mayer considera a Di Constanzo un “periodista informado”, por lo que se dice sorprendido por sus comentarios

En su mensaje del 2 de abril, Mayer respondió a Di Constanzo manifestando sorpresa por la molestia que generaron sus declaraciones en un periodista que, según el propio Mayer, es “informado, culto e inteligente”.

Mayer señaló que sus publicaciones están dirigidas principalmente a provocar a un sector de “haters, loosers y resentidos”. No obstante, expresó su extrañeza por el tono de los señalamientos de Di Constanzo, a quien recriminó: “¿Me descalificas por el hecho de ser actor?”. Aclaró que estaría abierto al diálogo y consideraría la opinión recibida al tomar una decisión sobre el futuro de su carrera política.

Pocas horas después, Di Constanzo respondió al deslinde de Mayer asegurando que su opinión “NO es discriminatoria” y reiteró su reconocimiento por los atributos de Mayer como “actor y conductor”, insistiendo en que debería enfocarse en esas áreas.

Di Constanzo subrayó su experiencia como exdiputado, enfatizando su dedicación exclusiva al cargo y su actitud profesional, “nunca falté a sesiones y menos pedí licencia para hacer otras actividades”. A Mayer le sugirió abandonar el partido Morena, ya que, según el economista, “ahí poco podrás aprender y menos podrás hacer por la gente”.

El exdiputado mencionó a Sergio Mayer que “un político debe saber muy bien sus alcances, fortalezas ,debilidades y cualidades y defectos.”

“Me encantaría ser jefe de Gobierno”: Sergio Mayer

Sergio Mayer, diputado federal, dio a conocer su aspiración de competir por la Jefatura de Gobierno de la CDMX, pero advirtió que su objetivo está concebido a 12 años.

La proyección a largo plazo, según detalló el legislador de Morena en entrevista con José Luis Guerra, responde a su planteamiento de consolidar una carrera política sólida antes de aspirar al máximo cargo de la capital mexicana, un propósito que —sostuvo— requerirá al menos dos sexenios de preparación y fortalecimiento de experiencia.

En diálogo con Guerra, Mayer explicó que su propósito no es inmediato y que destinará ese periodo a profundizar en su desarrollo político. El diputado subrayó: “Tiene que ser por lo menos en unos 12 años, tengo la edad perfecta para seguirme preparando en dos periodos más”, reveló al anticipar que solo así estaría en condiciones idóneas para buscar la Jefatura de Gobierno.

El anuncio de Mayer se produce mientras enfrenta diversas críticas internas en Morena. Su reciente solicitud de licencia en la Cámara de Diputados para participar en el programa televisivo “La Casa de los Famosos” desató un debate respecto a la compatibilidad entre la actividad legislativa y los compromisos en medios de comunicación.

“El Coloso va a tener que esperar”, señaló un diputado que suele recorrer despachos del oficialismo y la oposición en referencia a los pedidos legislativos de Federico Sturzenegger.

El ministro de Desregulación insistía para que el bloque de La Libertad Avanza le otorgara prioridad al proyecto de Ley Hojarasca, ya que es la segunda vez que impulsa este texto.

No obstante, en el intento de abrir paso a lo que más interesa al Gobierno, la propuesta, que lleva dos años sin tratamiento parlamentario, deberá aguardar al menos dos semanas más. “El bloque libertario se reunió ayer y definió que la semana próxima pondrá todo su empeño en avanzar rápidamente con el dictamen y la aprobación de la modificación de la Ley de Glaciares, norma que el Ministerio de Economía reclama señalando las posibles inversiones mineras que esto podría atraer”.

En ese marco, el cronograma que se proyecta en el ámbito parlamentario de La Libertad Avanza comienza el martes con una nueva convocatoria al plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde inicialmente se había pensado en una reunión informativa con los gobernadores de las provincias mineras y, en el mismo encuentro, dictaminar.

Ahora, la intención del oficialismo es que concurran ministros de esas provincias para que expongan desde una perspectiva técnica y cerrar el dictamen con las firmas, ya que cuentan con los votos necesarios. “Una vez conseguido esto, ingresar el llamado a sesión especial para el miércoles de la semana siguiente con un único tema, la Ley de Glaciares”.

Para Hojarasca, se prevé que el giro sea solo a la comisión de Legislación General y que se realice en una única reunión de carácter informativo, aunque con una posible novedad: existe la chance de que el propio Sturzenegger asista para defender la propuesta.

La ley en sí no presenta mayores inconvenientes, salvo un artículo específico que propone eliminar el financiamiento estatal directo a la Federación Argentina de Municipios (FAM) y al Círculo de Legisladores, obligándolos a sostenerse con recursos propios.

La FAM, que representa al 70% de los municipios del país, reclama que el Ejecutivo no avance con el recorte de fondos, ya que esto afectaría la autonomía de los gobiernos locales, que en ocasiones dependen de los gobernadores.

Respecto al recorte para el Círculo de Legisladores, ya advirtieron que esto podría ocasionar problemas de otra naturaleza, entre ellos la eliminación del libre tránsito y estacionamiento para los vehículos de diputados y senadores. “Parece una pavada, pero esto te puede complicar una sesión. Cada vez que sesionamos se cierra el Congreso por las fuerzas de seguridad y hay diputados que no llegan porque se les complica movilizarse y estacionar. Los legisladores tienen reuniones con diferentes sectores de la economía por lo que se movilizan por todos lados, quitarles esas obleas es generar un incordio innecesario”, explicó un diputado aliado al oficialismo.

En este contexto, el bloque de La Libertad Avanza resolvió que la ley enviada por “El Coloso” deba esperar un tiempo antes de ser tratada. En el entorno del ministro expresan su descontento y consideran que no es conveniente que se discuta tan cerca del 29 de abril, fecha prevista para que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente su informe de gestión en el Congreso.

A pesar de los reclamos, la decisión ya está tomada y La Libertad Avanza concentra sus esfuerzos en Glaciares. El resto tendrá que esperar.

Los malos días de Manuel Adorni -con impacto en continuado sobre el Gobierno- ya suman más de tres semanas. Desde Olivos repiten que Javier Milei y su hermana, Karina, sostienen al jefe de Gabinete, pero hay un cambio en la desbordada línea para tratar de contener el daño: la exposición del funcionario pasó a ser más medida, en tiempo y forma. Fue descartada una nueva conferencia de prensa, después de la realizada hace una semana con frustrado sentido de relanzamiento. Tampoco fueron difundidas fotos significativas, aunque eso en parte podría ser revisado este jueves, en la ceremonia por el 2 de Abril. Y el mensaje resulta paradójico porque son necesarios gestos de apoyo día a día, mientras se pretende escenificar normalidad y trabajo a largo plazo.

El cuidado para evitar al menos esta semana una presentación ante los medios no tiene que ver exclusivamente con lo ocurrido el miércoles anterior, sino además con el registro en redes sociales. El mensaje de Adorni sobre los números de la pobreza en el 2025 generó una reacción que desdibujó por completo el tema y mostró rechazo extendido al funcionario. Las redes sociales exhiben un dato parcial, agrietado en extremo, aunque muy atendido en el circuito violeta. Las encuestas tradicionales dicen cosas parecidas. Y la reacción de Olivos deja a la vista la magnitud del problema.

El tema del jefe de Gabinete -viajes y patrimonio-, con el agregado del caso $LIBRA y la reactivación de la causa del área de discapacidad, atrapa la atención en el frente judicial. Es un foco que crece, con el añadido de especulaciones de otra naturaleza. Y la preocupación se extiende al Congreso. Allí, resulta incierto el plan de LLA para “recuperar la iniciativa”. Lo único firme es el trámite ahora otra vez acelerado para reformar la ley de glaciares. En la otra vereda, se ven movimientos fuertes pero por ahora desacoplados frente al caso de Adorni. De todos modos, el desafío tiene una fecha que suena lejana ante el desgaste de estos días, pero está agendada: el informe de gestión del jefe de Gabinete ante Diputados, el 29 de este mes. Son dos carriles diferentes.

El informe de gestión llegaría precedido por varias señales llamativas. El lunes quedó cerrado el capítulo de la presentación de preguntas para el funcionario, cuyo número superaría por mucho las marcas anteriores y treparía por encima de las cuatro mil. Resulta un dato nada menor que haya quedado por delante casi un mes hasta el miércoles 29: una mala apuesta inicial a que el paso del tiempo diluya el tema, cuando en cualquier caso lo potenciaría. El camino, por lo demás, es de mínima árido y demasiado largo. Para completar, se agregó un componente de suspicacias internas, según circula en el Congreso.

En principio, se suponía que Adorni iba a tener que presentarse ante el Senado. La explicación: el último informe había sido ante Diputados, pero entonces en boca de Guillermo Francos. El oficialismo prefirió interpretar que el próximo no sería una continuidad, sino el primer informe de una nueva gestión en la jefatura de Gabinete y optó por la Cámara baja. Circularon entonces versiones sobre el arrastre de desconfianzas domésticas en el oficialismo. Otra vez, con referencias directas a Karina Milei. Se habría privilegiado así la Cámara que preside Martín Menem por sobre el manejo de Patricia Bullrich en la otra ala del Congreso.

Como sea, falta mucho, tal vez demasiado, frente al desarrollo de los acontecimientos. Diferentes espacios de la oposición plantearon en Diputados la alternativa de impulsar una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar diferentes iniciativas, que arrancan desde el piso de una interpelación. Esa comisión está a cargo de un violeta disciplinado, Nicolás Mayoraz. No parece un camino sencillo. Y el peronismo/kirchnerismo -con pasado propio y denso en materia de corrupción- buscaría motorizar una sesión en el recinto, aunque de momento asoma complicado reunir 129 diputados detrás de ese objetivo.

Se verá cómo sigue, es decir, cómo va impactando el tema en espacios dialoguistas y cómo se mueve la oposición No K. Desde esa heterogénea franja partieron las principales denuncias contra el funcionario, que ya tienen recorrido judicial: desde la exLLA Marcela Pagano a Maximiano Ferraro, Pablo Juliano y Esteban Paulón. Por lo pronto, el oficialismo acaricia la posibilidad de coronar la reforma de la ley de glaciares. A mediados de la semana próxima, lograría dictamen de comisión y de inmediato buscaría sancionar el proyecto, con respaldo activo de los “gobernadores mineros”.

En cambio, más complicado resulta para el Gobierno asegurar proyectos que le permitan recuperar, en escala menor, el manejo de la actividad legislativa. Por supuesto, no se trata ya de sesiones extraordinarias, con agenda determinada sólo por el Ejecutivo. Pero el problema mayor es el clima alimentado por el caso Adorni, también por $LIBRA.

Por supuesto, se agrega que las negociaciones con gobernadores de diferentes espacios estarán marcadas por la situación financiera de las provincias, más delicada incluso que la de fines del año pasado. Ese es un tema para Diego Santilli, atado a la vez a la lapicera de Luis Caputo. La recaudación nacional cayó en marzo por octavo mes consecutivo -con impacto directo en la coparticipación y además, en los fondos discrecionales- y también se deteriora la recaudación local en la mayoría de los distritos.

Antes, en la escala de preocupaciones, el foco de Olivos está puesto en la marcha de los casos que involucran a Adorni y en las novedades del criptogate. Eso mismo motorizó, en simultáneo, especulaciones de tensiones en el fuero federal a partir del desenlace en el Ministerio de Justicia, es decir, a partir de la designación de Juan Bautista Mahiques. Es un momento especial, marcado también por el envío de pliegos para ocupar más de sesenta vacantes en el Poder Judicial. Es el inicio de una movida para completar una lista aún mayor.

La mirada restringida a disputas de esa naturaleza tiene base real, aunque parcial. Algunos problemas que enfrenta el oficialismo podrían ser explicados por decisiones legislativas que permitían imaginar estribaciones ríspidas. Por ejemplo, la advertencia de Cámara para que el Gobierno aplique la ley de financiamiento universitario. También, los amparos otorgados sobre decenas de artículos de la reforma laboral.

Milei encabezará este jueves el acto central por el 2 de Abril. Las miradas apuntarán al lugar de Adorni en la ceremonia, después de la cita en Olivos que buscó vestirlo con tareas para proyectar “el período 2026/2027”. En lo inmediato, esta noche, el Gobierno debería prestar atención al mensaje de la Iglesia Católica sobre el deterioro presupuestario en el área de discapacidad. Llegará desde Mendoza, en la celebración de Jueves Santo, y estará a cargo del presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo.

El bloque peronista en la Cámara de Diputados de la Nación impulsó un proyecto de ley que propone una “Reparación Histórica Malvinas” para quienes participaron en el conflicto del Atlántico Sur en 1982, estableciendo un beneficio económico para ex soldados y civiles afectados. La iniciativa, acompañada por 19 legisladores, busca saldar una deuda pendiente con quienes fueron protagonistas durante la guerra y sus familias, de acuerdo con la documentación parlamentaria.

La iniciativa de “Reparación Histórica Malvinas” lleva la firma de Victoria Tolosa Paz, Aldo Leiva, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Nancy Sand, Jorge Araujo Hernández, Pablo Yedlin, Claudia Palladino, Marianela Marclay, Guillermo Snopek, Jorge Mukdise, Juan Pablo Luque, Ana María Ianni, Hilda Aguirre, Ernesto Alí, Graciela de la Rosa, Cristian Andino, Ariel Rauschenberger y Gabriela Pedrali.

El texto presentado en el Congreso de la Nación establece que el beneficio alcanzará a las personas que, cumpliendo con el Servicio Militar Obligatorio, participaron como soldados en acciones de combate en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), en las Islas Georgias y Sándwich del Sur, así como a civiles con funciones de apoyo en esos escenarios. Según consta en el proyecto, también se incluyen a quienes intervinieron en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), siempre que la participación haya sido debidamente certificada por las autoridades competentes, en concordancia con la Ley 23848 y el decreto reglamentario 2634/90.

El proyecto estipula que el beneficio económico será equivalente a 104 haberes mínimos jubilatorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pagaderos en 24 cuotas consecutivas y actualizadas conforme a la Ley de Movilidad Jubilatoria 24241. La base del cálculo incorpora tanto el haber mínimo garantizado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como el bono previsional vigente. De acuerdo con la iniciativa, la suma se encuentra exenta del Impuesto a las Ganancias, lo que implica un impacto directo en el poder adquisitivo de los beneficiarios.

El articulado prevé que, en caso de fallecimiento del titular, el derecho a la reparación histórica se traslada a los derechohabientes, incluyendo padres, madres, viudas, viudos, convivientes e hijos menores de edad. El texto detalla la forma de distribución del beneficio y especifica la compatibilidad con otros ingresos previsionales, remunerativos u honoríficos de carácter nacional, provincial o municipal. Los legisladores aclararon que, si el titular falleció antes de la eventual sanción de la ley, los derechohabientes igualmente podrán solicitar el beneficio.

La adhesión a la “Reparación Histórica Malvinas” implica la renuncia a reclamos administrativos o judiciales por retroactivos vinculados a la pensión de guerra de la Ley 23848. El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar la norma en un plazo máximo de 60 días, tras lo cual la ley se considerará operativa y la certificación de los beneficiarios estará a cargo del Ministerio de Defensa. La ejecución y el pago quedarán bajo la órbita de la ANSES, organismo encargado de la seguridad social en Argentina.

El texto parlamentario surge tras un proceso de diálogo con agrupaciones de ex combatientes, como la Mesa de Coincidencias Malvinas, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas (CEVECIM) Berisso. Los fundamentos del proyecto recuerdan que, tras el regreso de los soldados, el Estado demoró en implementar políticas de contención y reconocimiento para quienes participaron en el conflicto, situación que provocó graves consecuencias sociales y personales.

Los autores del proyecto remarcaron que en 1990 se sancionó la primera ley que otorgó una pensión graciable a los ex combatientes, aunque durante años el acceso al trabajo y la inserción social resultaron problemáticos. “Las secuelas que dejó el conflicto fue desbastadora, se estima que existieron la misma cantidad de bajas producidas en la guerra que en la posguerra”, detalla el texto, que también subraya la discriminación laboral y la falta de respuesta estatal en los primeros años de la democracia.

En los fundamentos, los diputados señalaron que recién a partir de 2004, con la gestión del presidente Néstor Kirchner, se inició un proceso de reconocimiento más activo hacia los ex combatientes, a través de decisiones políticas orientadas a reparar la deuda histórica con ese colectivo. Según la argumentación presentada, la propuesta busca ampliar ese camino y otorgar un reconocimiento económico adicional a quienes debieron afrontar el conflicto y la desprotección posterior, así como a las familias de quienes fallecieron.

El articulado contempla que si no existen derechohabientes directos, el beneficio podrá ser percibido por hijos mayores de edad, distribuyéndose de manera equitativa. El monto del beneficio se revisará periódicamente y la ANSES tendrá la responsabilidad de instrumentar los pagos. El Poder Ejecutivo, en tanto, podrá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la implementación de la ley.

“El Estado tiene la obligación de reparar, reconocer y agradecer. Porque la soberanía se construye con memoria y el futuro exige justicia. Honrar a nuestros ex combatientes y a sus familias es defender la Argentina que queremos: con dignidad, con derechos y con un profundo sentido nacional y patriótico”, afirmó la diputada Victoria Tolosa Paz, una de las impulsoras.

El diputado federal de Morena, Sergio Mayer, dio a conocer que una de sus metas políticas es llegar a gobernar la capital del país.

En una entrevista con José Luis Guerra, el legislador afirmó que le “encantaría ser jefe de Gobierno”, aunque aclaró que su intención sería buscar el cargo dentro de aproximadamente 12 años, tiempo que prevé dedicar a consolidar su trayectoria en la política.

Aspiración a la Jefatura de Gobierno de la CDMX

Durante la conversación, Mayer respondió a preguntas sobre su futuro político y reconoció que su mayor aspiración en el ámbito local es encabezar la administración de la Ciudad de México.

El legislador explicó que su objetivo no es inmediato y que prefiere avanzar gradualmente en su carrera pública.

“Me encantaría ser jefe de Gobierno”, dijo al señalar que busca mantener continuidad en su actividad política antes de plantear una candidatura.

Plan político a mediano plazo: dos sexenios de preparación

El diputado detalló que su proyección incluye al menos dos sexenios más de preparación antes de competir por el cargo.

En ese periodo, sostuvo, buscará fortalecer su experiencia y presencia dentro del escenario político.

“Tiene que ser por lo menos en unos 12 años, tengo la edad perfecta para seguirme preparando en dos periodos más”, señaló durante la entrevista, al considerar que el objetivo es posible si continúa trabajando en el ámbito público.

Polémica por licencia y participación en reality show

Las declaraciones de Mayer se dan en medio de cuestionamientos por decisiones recientes relacionadas con su actividad legislativa.

En pleno periodo en la Cámara de Diputados, solicitó licencia para participar en el programa televisivo La Casa de los Famosos, situación que generó críticas dentro de Morena.

A raíz de ese episodio, la Comisión de Honestidad y Justicia del partido inició un proceso interno y determinó suspender temporalmente algunos de sus derechos partidarios, entre ellos participar en actividades del partido o competir en procesos internos.

Acusaciones de campaña interna en Morena

Durante la entrevista, el diputado también aseguró que enfrenta críticas desde un sector del partido que ha cuestionado su incorporación a Morena.

Afirmó que parte de las versiones difundidas sobre su trayectoria responden a diferencias políticas internas.

“Me hace ver que estamos haciendo las cosas bien, que le genero incomodidad a ciertas personas y que me ven no como un enemigo, pero sí como un oponente”, declaró.

Un episodio que refleja tensiones internas en el partido

El caso del legislador también se ha vinculado con discusiones sobre la asignación de candidaturas plurinominales dentro de Morena.

En ese contexto, el suplente Luis Morales Flores ha cuestionado cambios en el proceso que terminaron por colocar a Mayer como titular de una curul.

En medio de este escenario, el propio diputado ha defendido su actuación y ha explicado su decisión de solicitar licencia durante el periodo legislativo.

Según dijo, ese recurso es utilizado con frecuencia por integrantes del Congreso para distintos motivos.

Cómo justificó Sergio Mayer la solicitud de licencia en el Congreso

El legislador explicó que el mecanismo de licencia es común entre parlamentarios y que se utiliza en diferentes situaciones. Entre los ejemplos que mencionó se encuentran:

• Legisladores que solicitan licencia para atender asuntos personales o familiares.
• Casos en los que se ausentan temporalmente para actividades profesionales fuera del Congreso.
• Diputados o senadores que se separan del cargo por compromisos políticos o sindicales.Permisos temporales para atender proyectos personales o empresariales.
• En ese contexto, Mayer sostuvo que su decisión de solicitar licencia siguió el mismo procedimiento que el resto de los legisladores, aunque reconoció que, políticamente, pudo interpretarse como un error.

Mientras tanto, el diputado continúa en su curul y mantiene abierta la posibilidad de construir una trayectoria que, según afirmó, podría llevarlo a competir por la Jefatura de Gobierno en el futuro.

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley denominado Hojarasca y anunció que en los próximos días presentará nuevas iniciativas para avanzar en una agenda propia. La estrategia inició con la incorporación de diputados del PRO y la UCR a las filas de LLA, lo que permitió al oficialismo quedarse con la primera minoría de la Cámara. Los libertarios completaron la conformación de 35 de las 46 comisiones permanentes de la Cámara baja, logrando ocupar buena parte de los cargos clave junto a sus socios.

Al analizar la distribución, el bloque de La Libertad Avanza obtuvo la presidencia en 17 comisiones y la vicepresidencia en otras 13. De las cinco comisiones restantes ya conformadas, en las que no preside, tres quedaron en manos del PRO y la UCR.

De este modo, LLA detenta el 48,5% de las presidencias y el 37% de las vicepresidencias. Si se consideran los cargos de sus aliados, el porcentaje asciende al 57,14% de los puestos que determinan cuándo y con qué temario se reúne cada comisión. La semana próxima se prevé la conformación de otras ocho comisiones, entre ellas la de Juicio Político, para la cual el oficialismo impulsa a la diputada Lilia Lemoine como presidenta.

El oficialismo también busca presidir la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Con esta estructura, La Libertad Avanza no solo controla comisiones de “gobernanza” como Presupuesto, sino que también avanzó sobre aquellas donde pueden surgir conflictos, como Discapacidad y Educación, con el objetivo de manejar la agenda de la Cámara de Diputados. “Nunca nos pasó algo así, ni siquiera con el kirchnerismo teníamos un oficialismo que avanzara de esta manera con una clara intención de bloquear cualquier tipo de agenda de la oposición”, señaló un legislador de la oposición con varios años de experiencia en la Cámara.

“Ya nos estamos organizando y trabajamos con otros bloques para intentar romper este esquema. Nos espera un año muy largo y difícil para impulsar temas que no provengan del Ejecutivo, como los fondos para educación o discapacidad”, agregó otro diputado opositor. Los legisladores reconocen que el modelo promovido por La Libertad Avanza representa un desafío y que deberán coordinar acciones para consensuar un temario propio.

“Desde que asumió LLA, impulsar otros asuntos por fuera de los que plantea el Ejecutivo resulta muy difícil y lleva mucho tiempo. Hay que convocar a una sesión, reunir 129 diputados para el quórum, la misma cantidad para votar el emplazamiento a una comisión, conseguir las firmas necesarias para dictaminar —la mitad más uno para obtener mayoría—, volver a pedir una sesión, lograr el quórum y los votos para su aprobación y que luego pase al Senado. Si el Presidente lo veta, como lo viene haciendo, debemos reiniciar todo el proceso”, explicó el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

Entre los referentes opositores ya comenzaron las conversaciones para intentar romper este bloqueo y anticipan “muchos llamados” a sesión para avanzar en este contexto. El Gobierno nacional, mientras tanto, definió un cronograma de temas. Además del debate sobre la Ley de Glaciares, que cuenta con media sanción, ya remitió al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca y el de “inviolabilidad de la propiedad privada”, que habilita la compra de tierras por parte de extranjeros y restringe el alcance de la ley de manejo del fuego.

Diputados del bloque Unión por la Patria anunciaron la creación del índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso, una nueva herramienta mensual que busca medir con precisión cómo la crisis económica afecta a los hogares argentinos, en un contexto donde la morosidad alcanzó en diciembre de 2025 el nivel más alto en los últimos dieciséis años. El propósito central del indicador, presentado este jueves, es aportar datos periódicos que den cuenta de la gravedad y evolución de las condiciones materiales de vida en el país. La presentación del índice estuvo a cargo de Nicolás Trotta, José Glinski, Cristian Andino, Jorge Chica, Guillermo Snopek y Santiago Roberto, quienes integran el espacio Primero la Patria dentro de Unión por la Patria, y remarcaron la necesidad de exponer la situación de los hogares ante la continuidad del deterioro social.

El primer informe del índice de Vulnerabilidad Familiar corresponde a diciembre de 2025, dado que se trata del mes más reciente con información completa y comparable para los parámetros evaluados. En esa medición, el índice registró un valor de 4,9 puntos- en una escala de 1 a 10 - una cifra que coloca a la Argentina en una zona de vulnerabilidad que confirma el agravamiento de la crisis y el impacto directo sobre la vida cotidiana. Entre los datos destacados del reporte figura que la morosidad de los hogares ascendió a 9,3 %, con una tendencia al alza que ya suma 14 meses consecutivos.

El deterioro del empleo y el tejido productivo

El informe presentado por el grupo de legisladores hizo énfasis en la destrucción de puestos de trabajo privados formales: solo en diciembre de 2025 se perdieron 12.399 empleos, con un saldo acumulado de más de 200.000 empleos destruidos desde noviembre de 2023. Asimismo, durante el mismo mes, 670 empresas cerraron sus puertas, y la cifra se eleva a 22.600 empresas desde ese mismo punto de partida, en el marco de un proceso de caída ininterrumpida que lleva 22 meses.

En términos salariales, el informe reveló una pérdida de 7,1 puntos en el poder adquisitivo del salario real desde diciembre de 2023, lo que refuerza la tendencia de debilitamiento de los ingresos frente al avance de la inflación. Los datos publicados por el grupo Primero la Patria suman cinco variables analizadas: morosidad, inflación real, empleo asalariado formal privado, dinámica de empresas empleadoras y salario real.

Causas y consecuencias de la crisis

El ex ministro de Educación y actual diputado Nicolás Trotta señaló que mientras “el Gobierno insiste con un relato de recuperación, en los hogares la situación se vuelve cada vez más difícil”; afirmó además que la nueva herramienta “viene a mostrar con datos lo que millones de argentinos ya sienten en su vida cotidiana”.

José Glinski, también diputado de Unión por la Patria, advirtió sobre la gravedad de los niveles de morosidad, al resaltar: “La morosidad en niveles récord refleja que cada vez más hogares se endeudan para cubrir gastos básicos. Ya no se trata de consumo, se trata de supervivencia”.

Por su parte, Cristian Andino vinculó la destrucción de empleos con el modelo económico vigente: “La destrucción de puestos de trabajo no es un dato aislado. Es parte de un modelo económico que ajusta sobre el trabajo y debilita el entramado productivo”.

Jorge Chica subrayó la importancia del tejido empresarial: “Cuando cierran empresas, no solo se pierden empleos: se rompe el tejido productivo y se apagan oportunidades en todo el país”.

Desde una perspectiva centrada en los salarios, Guillermo Snopek hizo hincapié en el impacto de la pérdida de poder adquisitivo: “La caída del salario real explica gran parte de la crisis. Si el ingreso pierde contra la inflación, la economía se paraliza y la desigualdad se profundiza”.

Finalmente, Santiago Roberto sintetizó el objetivo del índice al explicar que la publicación mensual busca “poner en evidencia lo que pasa en la economía real y aportar información seria para construir alternativas que permitan revertir esta situación”.

Pasadas las 11 de la noche del miércoles, el Senado de la República dio un giro inesperado. El Plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobado, pero con una modificación de última hora: las bancadas eliminaron los cambios al artículo 35 constitucional, el que habría permitido adelantar la revocación de mandato al 2027.

El protagonista del momento: Alberto Anaya, líder nacional del Partido del Trabajo, quien puso sobre la mesa una condición y la cumplió.

¿Qué era el Plan B y qué tenía de polémico?

La iniciativa buscaba reformar los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución para regular la revocación de mandato, establecer límites al número de regidurías en los municipios, recortar el presupuesto de congresos estatales y ajustar los salarios de funcionarios del INE y sus homólogos en los estados.

El punto de fuego era el artículo 35: la propuesta original permitía que la revocación de mandato se aplicara al tercer o cuarto año de gobierno —es decir, en 2027— y que la propia presidenta pudiera promoverla. La oposición lo llamó abiertamente una “ratificación de mandato disfrazada”.

87 votos a favor, pero con reserva

El dictamen alcanzó mayoría calificada con 87 votos a favor y 41 en contra. El PT votó junto a Morena en lo general, pero inmediatamente presentó una reserva en lo particular para eliminar todo lo relativo a la revocación. Fue la condición que Anaya puso para avalar la otra parte de la iniciativa: las medidas de austeridad republicana.

Con esta decisión, la revocación de mandato se mantiene tal como está en la Constitución, y seguirá prevista para 2028.

De madrugada, la minuta llegó a San Lázaro

Ya entrada la madrugada del jueves, Alberto Anaya se presentó físicamente en la Cámara de Diputados para encontrarse con su bancada. Llegó a las 2:43 horas. Les explicó las negociaciones, los llamó a la calma y les dijo: “En la mesa se resuelven las cosas.”

La minuta fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral. El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, adelantó que el dictamen se aprobará en comisiones el 7 de abril y se votará en el pleno al día siguiente.

¡Claro! Aquí va reescrito ese cierre:

¿Fracaso o pragmatismo?

Monreal salió a dar la cara. Lejos de asumir el recorte al artículo 35 como una derrota, el coordinador de Morena en San Lázaro lo reencuadró: la reforma avanzó, los privilegios de funcionarios serán recortados y las reglas de los congresos locales cambiarán. Para él, el mensaje es claro — la coalición gobernante sigue funcionando, aunque a veces con fricciones.

La apuesta inmediata de Morena tiene nombre: “operación cicatriz”. El objetivo es cerrar la herida abierta con el PT tras semanas de tensión por la revocación de mandato, y garantizar que ambos partidos lleguen unidos a las elecciones de 2027, donde se renovará la Cámara de Diputados y varios gobiernos estatales. La cohesión del bloque oficialista es, en ese horizonte, un activo que no pueden darse el lujo de desperdiciar.

Con el objetivo de salir de la agenda internista, el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, instruyó a sus legisladores a avanzar con una agenda de gestión en seguridad que tenga impacto en el territorio bonaerense. En las últimas semanas proliferaron distintos proyectos de ley en ese sentido: autorizar el uso de armas no letales para la policía bonaerense, volver a reclamar la creación de policías comunales y la prohibición del uso de celulares en cárceles, son las tres primeros proyectos que el massismo intentará llevar a la mesa para su discusión, primero en el peronismo y luego al resto de los bloques.

El diputado provincial y exintendente de San Andrés de Giles, Carlos Puglelli, presentó en los últimos días un proyecto de ley que promueve la autorización para que las policías de la Provincia empleen armas electrónicas no letales. No es la primera vez que se busca instalar el tema en la Legislatura bonaerense. Pero la iniciativa no logró, hasta el momento, llegar a algunos de los recintos, ya sean de diputados o de senadores.

La avanzada legislativa de este sector del peronismo tiene como objetivo correrse de las discusiones internas o de índole electoral o de reforma política que se empiezan a discutir en distintos ámbitos. “Hay que discutir temas que le interesen a la gente y le resuelvan sus problemas. Ocuparse de la seguridad en la Provincia”, cuentan que planteó Massa a sus legisladores. Allí fue que se decidió avanzar con estos proyectos.

En esa línea discursiva es que también se impulsó el proyecto para que las petroleras avisen de los aumentos con al menos 72 horas de anticipación; un texto que lleva la firma de Ayelén Rasquetti, también del massismo.

El FR tiene diez integrantes dentro de la bancada peronista que ostenta un total de treinta y nueve miembros repartidos entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el cristinismo y los movimientos sociales. La bancada que conduce el camporista Facundo Tignanelli, es la primera minoría en la Cámara baja provincial.

Las opiniones al respecto sobre el uso de Taser son variadas. Hay varios proyectos, a favor y en contra. En el Senado, por ejemplo, el senador Marcelo Leguizamón, del bloque Hechos UCR Identidad, viene presentando expedientes en la misma línea. En Diputados, la ex legisladora Susana González que responde al intendente de Ensenada, Mario Secco (MDF), había propuesto un proyecto de ley que prohibía el uso de armas no letales.

Cuando era ministro de Seguridad bonaerense, el hoy jefe del bloque de senadores peronistas en la Cámara alta provincial, Sergio Berni, se había manifestado a favor de que la policía porte Taser. De hecho, movió algunos expedientes de compra dentro del ministerio, pero el armamento no llegó a la portación de los efectivos policiales. Hoy Berni mantiene distancia del esquema de Kicillof —a quien siempre reconoció meramente como su jefe administrativo— y reporta a Cristina Kirchner.

La iniciativa que lleva la firma de Puglelli y la legisladora Ayelén Rasquetti, también del FR, establece que el uso de este tipo de armas solo estará permitido para el personal activo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes deberán superar exámenes técnicos y psicofísicos. Además, el artículo 14 ter —a incorporar en la Ley 13482— define estos dispositivos como aquellos “que solo produzcan efectos pasajeros en el organismo humano, sin provocar la pérdida de conocimiento”, diferenciando las armas electrónicas no letales de las letales, cuyo uso está prohibido por la regulación nacional.

También detalla que solo podrán emplearse dispositivos que sean definidos formalmente como no letales por la normativa nacional vigente. En este sentido, la legislación nacional establece que las armas electrónicas forman parte de la categoría de armas y municiones de uso civil únicamente si su efecto sobre el organismo humano es pasajero y no conlleva pérdida de conciencia.

El proyecto se basa en la regla de Tueller, creada por el sargento Dennis Tueller de la policía de Salt Lake City, Estados Unidos. Esta regla indica cuánta distancia y tiempo necesita un policía para responder si un agresor tiene un arma blanca. Determina que un agente tarda al menos 1,5 segundos en sacar su arma y disparar, tiempo en el que el atacante puede avanzar unos 6,5 metros. Los estudios citados muestran que si la distancia es menor, las posibilidades de que el policía sobreviva bajan mucho frente a un ataque con cuchillo.

Asimismo, dicho informe resalta que los ataques con armas blancas pueden ser más letales que los enfrentamientos con armas de fuego, dada la velocidad y cercanía con la víctima, y que el efectivo argentino, al no poder retirarse, se ve obligado a repeler la agresión, enfrentando riesgos legales y de vida considerables. Si el agente dispara un arma de fuego y resulta letal para el atacante, enfrentará procesos administrativos y penales; si no lo hace, puede exponer su vida.

“No es darle el arma y nada más. Implica un programa que le brinde el elemento, pero también la capacitación y los estudios necesarios, que haya protocolos: que, en determinadas circunstancias, tenga el elemento para poder defenderse. Además, muchas veces va en beneficio del propio policía, pero también de la víctima, porque ante determinadas circunstancias, con un arma letal apuntás a la muerte. Entonces, si ya le damos armas letales a la policía, lo que implica todo un riesgo, ¿por qué no legislar sobre armas no letales?“, fundamentó Puglelli ante la consulta de Infobae.

El proyecto para el uso de armas no letales va en paralelo con la iniciativa que el FR presentó en el Senado, a través de Malena Galmarini, para prohibir el uso de celulares en las cárceles de jurisdicción provincial y el que en Diputados propone la creación de policías comunales, una vieja bandera del Frente Renovador desde la época de la gobernación de Daniel Scioli, que también es una demanda de algunos intendentes.

En Diputados aún no se oficializaron las comisiones. Hasta el año pasado, Puglelli presidía la de Seguridad y, de no haber mayores inconvenientes, podría repetirse el esquema. De ser así, creen en el FR, el tema podría avanzar al menos en la comisión; toda vez que es una agenda en la que también está interesada la oposición a gobierno de Kicillof.

Desde el salón de retratos del Congreso Nacional, Zelaya sostuvo que la falta de objetividad de los diputados y la naturaleza política de la denuncia limitan sus posibilidades de defensa, marcando así un episodio de tensión institucional cuya consecuencia principal podría ser su remoción del cargo y la redefinición de la política judicial en Honduras.

En una de sus intervenciones más relevantes ante la comisión, el fiscal general suspendido destacó que la tramitación del caso conocido como “Chequesol” requirió siete meses de investigación, un dato que, según afirmó ante los diputados, demuestra el rigor y la complejidad de los procesos bajo su mando.

Esta duración se contrapone a otros expedientes resueltos en lapsos más breves, evidenciando la disparidad en los tiempos de resolución según las características de cada caso, como recordó en su respuesta ante los reclamos del diputado liberal Francis Cabrera.

En relación con la denuncia de una supuesta intromisión de las Fuerzas Armadas en las elecciones primarias, Zelaya explicó que su participación se limitó a la logística del traslado de materiales electorales, función que está asignada constitucionalmente a los militares. Remarcó que solo actuó bajo petición formal del entonces general Roosevelt Hernández y negó investigaciones al respecto.

Al ser cuestionado por el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, Zelaya admitió que su nombramiento fue realizado por una Comisión Permanente compuesta por nueve legisladores, aunque defendió que asumir el cargo fue una decisión política ante la coyuntura del momento.

Rivera Callejas, quien en su momento votó a favor de la designación, calificó luego este procedimiento como “ilegal y violatorio de la Constitución”, resaltando así la controversia que rodea tanto el acceso de Zelaya al puesto como las acciones derivadas de su gestión.

Zelaya subrayó durante la sesión que “no ha sido selectivo” en su actuar en el Ministerio Público y que se han presentado requerimientos fiscales relacionados con todos los partidos políticos, negando de manera tajante cualquier persecución política. Esta defensa incluyó el señalamiento de que nunca se le cruzó por la cabeza investigar directamente a miembros de la junta directiva legislativa ni a funcionarios que actualmente ocupan altos cargos ministeriales.

Otra polémica abordada fue la difusión de audios que involucrarían a tres ciudadanos en un supuesto plan para asesinar al expresidente Manuel Zelaya, hecho que, según el fiscal, puso a prueba tanto la capacidad investigativa de la institución como la cooperación internacional.

Zelaya especificó que la autenticación de estos archivos requiere asistencia técnica de Estados Unidos, Colombia y Perú, y defendió su accionar explicando que se trata de una “notitia criminis”, una denuncia anónima que no obliga inicialmente a preservar la cadena de custodia. Reiteró: “Imagínese si hubiese sido verdad, si se hubiese consumado, para matarlo a uno cualquiera lo mata, no se necesita un traje, solo se necesita un arma de fuego, se imagina que en ese momento se hubiese consumado la muerte de un expresidente se para las elecciones”.

En respuesta al diputado Alex Berrios, Zelaya admitió que recibió los audios de parte del consejero del Consejo Nacional Electoral Marlon Ochoa, y que en su momento, un perito del Ministerio Público los examinó, aunque no estaba juramentado, por lo que posteriormente se solicitó asistencia internacional para autenticar el material.

La comisión legislativa cuestionó a Zelaya por supuestas irregularidades en torno al Consejo Nacional Electoral (CNE), incluidos allanamientos a instalaciones y la intervención de materiales sensibles.

El fiscal negó haber ordenado acciones que pudieran poner en riesgo el proceso electoral, aunque admitió presiones para involucrar a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico (DNLC) en operaciones dentro de las bodegas del CNE y el centro de logística electoral conocido como Infop.

Declaró haber cambiado su número telefónico ante estas presiones y sostuvo que su intención nunca fue interferir en el desarrollo electoral, una afirmación sustentada en la documentación presentada posteriormente.

Respecto al asesinato del ambientalista Juan López, uno de los casos de alto perfil aún pendientes, Zelaya adelantó que en abril se presentarán requerimientos fiscales, marcando un avance concreto en la investigación y resaltando la permanencia de investigaciones abiertas bajo su supervisión.

En el caso de la detención de tres generales retirados por la muerte del joven Isis Obed Murillo, Zelaya manifestó que la imputación se basa en la ausencia de un arma identificada y se dirige a las autoridades de la cadena de mando militar, según corresponde a la ley penal militar y como fue relatado en la sesión de la comisión.

Asimismo, el trato dado a la Unidad Fiscal Especial de Redes contra la Corrupción (Uferco) fue tema de escrutinio, resaltándose que solo se han presentado tres requerimientos fiscales en dos años y medio, una cifra que, según Zelaya, obliga a una depuración inmediata de líneas de investigación consideradas innecesarias.

La aparente disparidad en la agilidad de los procesos judiciales fue objeto de críticas reiteradas. El diputado liberal Francis Cabrera preguntó a Zelaya por qué el requerimiento fiscal relativo al caso de tres adultos mayores acusados de terrorismo se oficializó en diez días, mientras que el caso “Chequesol”, que involucra a Isis Cuéllar y al exministro José Carlos Cardona, demoró siete meses.

Zelaya argumentó que los procedimientos responden a diferencias sustanciales en la complejidad jurídica y la naturaleza de las pruebas, incluyendo el hecho de que algunos informes, como el del Tribunal Superior de Cuentas, no son vinculantes jurídicamente y otros expedientes se abren en respuesta a noticias criminis.

En respuesta a las críticas de la diputada Luz Ernestina Mejía sobre la excesiva rotación y traslado de fiscales, Zelaya defendió que la legislación le confiere esa atribución y comparó el trabajo de estos funcionarios con el de los militares, dado que pueden ser movilizados en cualquier momento según las necesidades del Ministerio Público.

La comparecencia de Johel Zelaya ante la comisión legislativa ocurre en un contexto de máxima tensión entre poderes, en un proceso donde el resultado puede redefinir la orientación política e institucional del Ministerio Público y la fiscalización del sistema electoral en Honduras.

El escenario político hondureño se vio sacudido por los intercambios entre el jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, y el fiscal suspendido Johel Zelaya, durante el interrogatorio realizado en el Congreso Nacional, en el que se abordó la utilización de audios privados en investigaciones y la disparidad en la aplicación del criterio de cadena de mando.

Mientras el interrogatorio de Cálix insistía en la justificación de las diferencias en la cadena de mando empleada por el Ministerio Público, otro aspecto cobró relevancia al cierre de la audiencia: el fiscal suspendido reclamó al legislador que proponga reformas al Congreso Nacional para agilizar los procesos en los organismos electorales.

Zelaya subrayó en su intervención final: “Jamás vamos a encontrar a gente con poder político como ustedes en cárceles como La Tolva”, un dardo directo a los diputados, a quienes invitó a constatar en persona la situación de los recintos penitenciarios. En las últimas horas, el Congreso Nacional agendó la comparecencia de Zelaya ante el pleno para la sesión prevista el miércoles 25 de marzo de 2026.

La atención se centró en los métodos con los que la fiscalía ha abordado diversas denuncias, especialmente en casos donde figuras políticas de alto rango podrían estar implicadas, lo que adelanta posibles consecuencias para el Partido Liberal, según los dichos del propio Zelaya, citados por el Congreso Nacional en la sesión.

El debate incluyó reiteradas dudas sobre la autenticidad de los audios que involucran a una consejera del CNE y figuras de alto perfil. El diputado Kilvett Bertrand indagó sobre el método de identificación de las voces, incluyendo la imputación a un militar en activo de las Fuerzas Armadas. Zelaya afirmó que se basó en la información proporcionada por el consejero Marlon Ochoa y descartó cuestionar la veracidad de esas fuentes.

Frente a la presión parlamentaria, Zelaya insistió: “Como Fiscal General estoy muy bien informado”, defendiendo la autenticidad de los materiales y desmintiendo el uso de inteligencia artificial en el análisis de los audios. Solicitó un plazo de 15 días para facilitar el desbloqueo de los archivos y permitir su verificación por parte del Legislativo

En un bloque específico, el fiscal justificó que en uno de los audios examinados sí se aprecia la entrega de dinero, “y en el otro no”, remarcando así la diferencia procesal aplicada en cada expediente. Cuando fue consultado sobre la actuación del Ministerio Público respecto a los videos que involucran a Carlos Zelaya y Mauricio Villeda, indicó que Jorge Cálix contaba con información de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y que el video de Carlos Zelaya data de 2013, año en que el delito de conspiración aún no figuraba en el Código Penal hondureño.

La diputada de Morena, Claudia Rivera Vivanco, promovió en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para reforzar la vigilancia de precios de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante reportes de incrementos significativos en servicios turísticos.

La propuesta fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios.

Rivera Vivanco impulsa estrategia para evitar abusos en precios durante el Mundial

La iniciativa plantea solicitar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) el diseño e implementación de una estrategia especial de vigilancia preventiva en las ciudades sede del torneo.

El objetivo es evitar incrementos injustificados en sectores como hospedaje, transporte y otros servicios turísticos.

Durante la discusión en comisiones, la legisladora destacó que la magnitud del evento internacional incrementará la demanda de servicios y, por ello, consideró necesario establecer medidas anticipadas de supervisión.

Reportan aumentos de hasta 1,000% en tarifas de hospedaje

Rivera Vivanco advirtió que ya se han detectado incrementos importantes en tarifas hoteleras en algunas sedes del evento.

“La urgencia de esta medida responde a datos detectados en las ciudades sede como Ciudad de México y Guadalajara, donde las tarifas de hospedaje ya registran aumentos desproporcionados de entre el 200 por ciento y más del mil por ciento”, señaló.

De acuerdo con lo expuesto, estos aumentos reflejan el impacto que puede generar la expectativa del torneo en el mercado turístico, por lo que la propuesta busca evitar prácticas que afecten a consumidores.

Comisión de Economía aprueba el acuerdo con respaldo unánime

El punto de acuerdo fue avalado con 27 votos a favor en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados.

La legisladora señaló que el respaldo de todas las fuerzas políticas permite avanzar en acciones preventivas antes del inicio del torneo.

Asimismo, indicó que la intención es garantizar que el evento deportivo se desarrolle en condiciones de equidad en los precios para visitantes nacionales e internacionales.

Buscan proteger la economía familiar y la imagen del país

Durante su intervención, la diputada subrayó que el riesgo de incrementos excesivos no se limita al hospedaje, ya que podría extenderse a otros servicios vinculados al turismo.

“La mayoría de los empresarios se ha sumado al espíritu del evento, pero es necesario contar con mecanismos de control para quienes busquen obtener provechos desventajosos ante la alta demanda”, expresó.

En ese sentido, afirmó que la vigilancia permitirá proteger la economía de las familias y contribuir a mantener una percepción favorable del país ante visitantes internacionales.

Gobierno convoca a sectores para la organización del Mundial 2026

Rivera Vivanco también mencionó que el Gobierno de México inició la convocatoria para integrar a distintos sectores en la organización del evento, por lo que consideró pertinente que la Profeco fortalezca la difusión de sus acciones de supervisión.

La legisladora señaló que México se prepara para un torneo de gran escala en el calendario internacional del futbol, lo que implica coordinación entre autoridades, empresas y sociedad para garantizar condiciones adecuadas en los servicios.

Ciudades mexicanas que serán sede del Mundial 2026:

• Ciudad de México
• Guadalajara
• Monterrey

Estas sedes concentrarán parte de la actividad turística y económica vinculada al torneo, por lo que autoridades y legisladores han planteado reforzar la vigilancia en servicios y precios antes y durante la justa deportiva.

El domingo 12 de abril de 2026 se llevarán a cabo las Elecciones Generales en el Perú, un evento clave en el que más de 27 millones de peruanos decidirán el futuro político del país. Si es la primera vez que vas a votar, aquí te explicamos de manera sencilla qué cargos están en juego, cómo será el proceso y qué novedades trae este año.

¿Cuándo y cómo se realizarán las Elecciones Generales 2026?

La fecha oficial de las elecciones es el domingo 12 de abril de 2026. Las mesas de votación estarán abiertas de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Para votar solo necesitas tu DNI vigente, ya sea el azul convencional o el electrónico.

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones 2026?

En estas elecciones, los peruanos elegirán a las siguientes autoridades:

• Presidente y dos vicepresidentes de la República, que gobernarán por cinco años.
• 60 senadores y 130 diputados que conformarán el nuevo Congreso bicameral.
• Representantes ante el Parlamento Andino.

La convocatoria oficial se realizó mediante el Decreto Supremo n° 039-2025-PCM.

¿Qué es el Congreso Bicameral y cómo se elige?

Una de las novedades de estas elecciones es el regreso del Congreso Bicameral. Esto significa que el Parlamento estará formado por dos cámaras: Senado y Cámara de Diputados.

Senado

• Se eligen 60 senadores por cinco años.
• 30 senadores se elegirán en una sola circunscripción a nivel nacional.
• Los otros 30 senadores se elegirán en 27 distritos electorales: uno por cada departamento, uno por Lima Provincias, uno por la Provincia Constitucional del Callao y uno por los peruanos residentes en el extranjero. Lima Metropolitana elige 4 senadores.

Cámara de Diputados

• Se eligen 130 diputados, también por cinco años.
• Los diputados se eligen en 27 distritos electorales, que corresponden a los 24 departamentos, Lima Provincias, Callao y peruanos en el extranjero.

¿Qué cargos cumplen senadores y diputados?

Diputados:

• Aprobar proyectos de ley y enviar al Senado para revisión.
• Interpelar y censurar ministros de Estado.
• Decidir sobre la cuestión de confianza al gabinete.

Senadores:

• Revisar, modificar o rechazar proyectos de ley enviados por la Cámara de Diputados.
• Elegir y designar a altas autoridades como el defensor del pueblo, contralor y magistrados del Tribunal Constitucional.

¿Qué más elegimos? Representantes al Parlamento Andino

Además de autoridades nacionales, también se vota por los representantes peruanos ante el Parlamento Andino. Son 5 titulares y 10 suplentes, quienes también ocupan el cargo por cinco años.

¿Cómo será la cédula de votación?

La ONPE informa que la cédula de sufragio tendrá cinco columnas, una por cada elección:

1. Presidente y vicepresidentes.
2. Senadores a nivel nacional.
3. Senadores a nivel regional.
4. Diputados.
5. Parlamento Andino.

En cada columna debes marcar con una cruz (+) o un aspa (x) dentro del recuadro del partido o candidato de tu preferencia. En algunos casos, puedes escribir uno o dos números para el voto preferencial, siempre del mismo partido.

¿Cómo votar por presidente y vicepresidentes?

En la primera columna de la cédula verás los símbolos de los partidos y, posiblemente, la foto del candidato presidencial. Debes marcar tu opción con una cruz o aspa dentro del recuadro.

¿Cómo votar por senadores?

Habrá dos columnas para senadores:

• Senadores a nivel nacional: Marca el símbolo del partido o la foto del candidato. Puedes, si deseas, escribir también el número de tu candidato preferido, solo si pertenece al mismo partido.
• Senadores a nivel regional: Aquí eliges al senador de tu distrito electoral (por ejemplo, tu departamento o, si vives en el extranjero, el distrito correspondiente). Marca tu opción y, si lo deseas, añade el número del candidato preferido del mismo partido.

¿Cómo votar por diputados?

Busca la columna correspondiente a diputados. Marca con una cruz o aspa el símbolo del partido de tu preferencia. Si lo deseas, puedes escribir uno o dos números para votar por candidatos específicos de ese partido.

¿Cómo votar por representantes al Parlamento Andino?

Marca el símbolo de tu partido preferido en la columna respectiva. Si lo deseas, puedes escribir uno o dos números para votar por candidatos preferidos de ese partido.

¿Qué documentos necesito para votar?

Podrás votar con tu DNI azul convencional o con el DNI electrónico, siempre que estén vigentes. Si tu DNI está vencido, deberás renovarlo antes del cierre del padrón electoral (14 de octubre de 2025). No es obligatorio cambiar tu DNI azul por el electrónico si el azul sigue vigente.

¿Qué pasa si tengo el DNI amarillo (menor de edad)?

Si cumples 18 años antes del 12 de abril de 2026, deberás actualizar tu DNI de menor de edad (amarillo) por el de adulto antes del cierre del padrón.

¿Cómo sé si mi DNI está vigente?

La fecha de vencimiento está en la parte frontal del DNI, marcada en rojo, en la esquina superior derecha. Si tu DNI vence antes de las elecciones, renueva el documento en el Reniec.

¿Dónde capacitarme para votar correctamente?

Puedes capacitarte presencialmente en oficinas descentralizadas de la ONPE y en jornadas de capacitación el 29 de marzo y 5 de abril de 2026. También puedes acceder a la capacitación virtual en capacitate.onpe.gob.pe.

¿Qué debo tener en cuenta como votante primerizo?

• Verifica que tu DNI esté vigente y con tus datos actualizados.
• Consulta tu local de votación en la web de la ONPE antes del día de la elección.
• Infórmate sobre los candidatos y partidos.
• Llega temprano y sigue las indicaciones de los miembros de mesa.
• Marca solo con cruz o aspa dentro del recuadro del partido o candidato de tu preferencia.
• Si te equivocas o tienes dudas, pide ayuda a los miembros de mesa.

¿Dónde encuentro información oficial?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es la entidad responsable de organizar y supervisar el proceso. Para más detalles, revisa su web oficial: onpe.gob.pe.

Las Elecciones Generales 2026 son una oportunidad para que cada peruano decida quiénes serán los próximos líderes del país. Infórmate, participa y haz que tu voto cuente.

La mañana de este miércoles en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación dio un giro inesperado cuando el personal de seguridad detectó un rifle de aire comprimido en el escáner de paquetería que ingresaba al Congreso. El paquete, dirigido al despacho de Javier Sánchez Wrba, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Pro, generó una inmediata activación del protocolo de seguridad.

El incidente se desencadenó cuando un repartidor, con la apariencia habitual de quienes realizan entregas, intentó ingresar el paquete al edificio. El personal de seguridad observó a través de la pantalla del escáner la silueta de un arma, lo que motivó la rápida intervención de los custodios. El joven quedó demorado y el edificio ralentizó su rutina habitual. El nombre de Javier Sánchez Wrba figuraba en el exterior del paquete, lo que llevó a la seguridad a contactarlo de inmediato.

Al ser notificado, el diputado bonaerense se presentó en el ingreso del anexo y explicó ante los periodistas acreditados que el objeto era un rifle de aire comprimido adquirido para uso recreativo. “Es un rifle de aire comprimido que compré para el campo”, afirmó Sánchez Wrba, y agregó: “Lo iba a retirar personalmente, pero por un error lo mandaron a la oficina”.

La situación se vio reflejada en redes sociales, donde la noticia circuló rápidamente y motivó comentarios de otros diputados, como Esteban Paulón, quien realizó una publicación en la plataforma X que aludía al episodio sin mencionar directamente al legislador del Pro. Ante la repercusión, Sánchez Wrba remarcó: “Es un rifle de aire comprimido, ¿cómo se les ocurre que se van a vender armas de fuego por Mercado Libre?”.

La presidencia de la Cámara, consultada por Infobae, se refirió a la actuación del equipo de seguridad y buscó disminuir la tensión generada, indicando que el arma “es un juguete y se lo llevó el diputado”.

En respuesta formal al episodio, Javier Sánchez Wrba dirigió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde aclaró que la compra del aire comprimido se realizó por Mercado Libre y que, por un error logístico, el envío se dirigió a su despacho y no a su domicilio. “Por medio de la presente, me comunico con usted para hacerle saber que compré por MercadoLibre un aire a comprimido de venta libre y de uso recreativo, el cual por error me fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio”, señala la nota firmada por Sánchez Wrba, en un documento al que tuvo acceso Infobae.

El diputado adjuntó la factura de compra del producto y dejó constancia de su disposición para cualquier requerimiento adicional que permita despejar malos entendidos. En el texto presentado, Sánchez Wrba sostuvo: “Me encuentro a disposición por cualquier otra prueba que requiera para que no existan malos entendidos; así como puede consultar libremente con el comercio que emitió la factura y que envió la compra”.

Al esclarecer la situación, el legislador tomó el paquete y lo trasladó a la cochera del anexo, donde lo depositó en el baúl de su vehículo.

Este caso no fue el único episodio reciente relacionado con objetos prohibidos que ingresan por error a las instalaciones del Congreso. Hace dos semanas, en el Senado, se vivió una situación similar cuando el senador Eduardo “Wado” de Pedro, del bloque Justicialista, olvidó un cuchillo de asado en su mochila, la cual fue retenida por la seguridad. El propio senador aclaró el hecho y prometió salames quintero de Mercedes como gesto de agradecimiento al personal de seguridad.

Las autoridades parlamentarias reiteraron la importancia de los controles y protocolos de seguridad, al tiempo que minimizaron la gravedad del suceso, sosteniendo que el rifle de aire comprimido corresponde a un objeto de uso recreativo y de venta libre. El episodio, que interrumpió la rutina habitual en el Congreso, se resolvió con la presentación de la documentación respaldatoria y la aclaración pública por parte del diputado involucrado.

La Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa dio un paso clave en el debate sobre el uso de los fondos de pensión en Costa Rica, tras avalar dos proyectos de ley que buscan permitir el retiro anticipado del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). Se trata de los expedientes 24.984 y 24.972, impulsados por la diputada oficialista Ada Acuña y la legisladora del Frente Amplio Rocío Alfaro, respectivamente.

Ambas iniciativas, aunque con diferencias en su enfoque, coinciden en abrir la posibilidad de que ciertos grupos de la población accedan de forma anticipada a los recursos acumulados en sus cuentas individuales, un tema que ha generado amplio debate en los últimos años por sus posibles implicaciones económicas y sociales.

El proyecto presentado por Acuña plantea dos mecanismos diferenciados para el retiro de los fondos. Por un lado, establece la posibilidad de un retiro total para aquellas personas cuya pensión mensual sea inferior a 746.000 colones.

Por otro, propone un esquema de retiro programado que permitiría a los beneficiarios acceder a sus recursos en un plazo que oscila entre los dos y los 15 años.

Esta propuesta busca, según sus impulsores, ofrecer una alternativa flexible que se adapte a las necesidades de los pensionados, especialmente aquellos con ingresos más bajos, quienes podrían requerir liquidez inmediata para enfrentar gastos básicos o deudas acumuladas.

En paralelo, la iniciativa de la diputada Alfaro propone una modificación a un transitorio de la ley vigente, con el fin de permitir que las personas ya pensionadas o próximas a pensionarse puedan retirar la totalidad de sus ahorros en un periodo de dos años. Este planteamiento pone el foco en un grupo específico de la población que, según la legisladora, se ha visto particularmente afectado por las condiciones actuales del sistema.

Durante la discusión en comisión, algunos legisladores recordaron los cuestionamientos históricos en torno a la creación del ROP, vigente desde el año 2000, especialmente sobre quiénes se han beneficiado del manejo de estos recursos y cuáles han sido los destinos de los fondos administrados por las operadoras de pensiones.

En ese contexto, se planteó la necesidad de analizar con detenimiento los criterios económicos asociados a las propuestas de retiro anticipado. Según se expuso, incluso en el peor de los escenarios, el impacto de estas medidas sería reducido en relación con el tamaño total del fondo, que asciende a aproximadamente 14 billones de colones.

“Tenemos que entender y analizar que hay criterios económicos vertidos sobre las propuestas de retiro, que el peor de los escenarios alcanzaría un porcentaje ínfimo sobre un fondo de catorce billones de colones”, señaló Acuña.

El respaldo a las iniciativas también se ha sustentado en la idea de que los proyectos mantienen la viabilidad financiera del sistema. Algunos diputados argumentaron que las condiciones planteadas permitirían la entrega de los recursos sin generar un impacto significativo en la estabilidad económica del régimen.

Por su parte, defensores de la propuesta han insistido en que el objetivo central es brindar alivio financiero a las personas que han enfrentado dificultades económicas, permitiéndoles utilizar sus propios ahorros para salir de deudas, mejorar su calidad de vida o incluso invertir.

“Lo que busca el proyecto de ley es que precisamente ese sector de la población que fue afectado se le pueda devolver en un rango de dos años, de manera que también las operadoras no tengan ningún desbalance”, explicó Alfaro.

Además, se destacó que los montos acumulados en muchas cuentas individuales no han crecido de forma significativa, lo que refuerza el argumento de que permitir su retiro podría tener un impacto positivo inmediato en la economía de los beneficiarios sin comprometer el sistema en el largo plazo.

El debate, sin embargo, no ha estado exento de preocupaciones. Expertos y sectores técnicos han advertido en ocasiones anteriores sobre los riesgos de debilitar los mecanismos de ahorro para la vejez, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional y presión sobre los sistemas de pensiones.

¿Qué es el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP)?

El Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) es un fondo de ahorro complementario en Costa Rica, creado en el año 2000, que se acumula mediante aportes patronales y de los trabajadores, gestionado por operadoras de pensiones (OPC) para mejorar la pensión básica (IVM) al jubilarse. Se financia principalmente con el 3.25% de aporte patronal.

Con los dictámenes afirmativos de la Comisión de Asuntos Sociales, ambas propuestas pasarán ahora al Plenario Legislativo, donde deberán enfrentar la discusión final y la eventual votación por parte de los diputados.

El avance de estos proyectos marca un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del ROP en Costa Rica, en medio de un equilibrio complejo entre la necesidad de proteger el ahorro para la jubilación y la urgencia de brindar soluciones inmediatas a quienes enfrentan dificultades económicas.

El proyecto de ley que pretende implementar de manera obligatoria el uso de etanol en las gasolinas que se utilizan en Panamá tuvo el lunes su primer revés al no poder avanzar en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, debido a la falta de quorum de los diputados.

Productores de caña y representantes de los ingenios azucareros acudieron a la Asamblea Nacional, en donde se iba a realizar el primer debate, el cual fue suspendido por el diputado Ernesto Cedeño, presidente de la citada comisión legislativa.

El proyecto de ley 443, que modifica la Ley 42 de 20 de abril de 2011, establece lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica, a partir de biomasa en el territorio nacional, norma impulsada por el Ejecutivo a través del Ministerio de la Presidencia.

La norma propone el uso obligatorio de bioetanol anhidrido al 10% como aditivo oxigenante en mezclas de gasolina.

En ella se prioriza la compra del producto elaborado como materia prima nacional y se indica que la adquisición de bioetanol anhidro producido con materia prima local para uso en mezclas con gasolinas tendrá carácter prioritario frente a cualquier otra fuente de suministro procedente del extranjero.

También se crea una Comisión de Coordinación y Seguimiento para el Programa de Biocombustibles, integrada por los ministros de Comercio e Industrias, Desarrollo Agropecuario, Economía y Finanzas, Ambiente y por el director de la Secretaría de Energía.

El texto de la norma establece que dicha comisión será la encargada de evaluar las hectáreas necesarias para el cultivo de insumos vegetales o animales, el abastecimiento al mercado interno, los precios locales e internacionales y su impacto en los consumidores y en la cadena de comercialización.

El tema causa sinsabores entre los diputados comisionados, que hasta el momento mantienen dos posiciones: unos quieren la obligatoriedad del uso del bioetanol y otros se oponen, aunado al hecho de que ninguna posición tiene los cinco votos de la comisión, por lo que en la próxima reunión se convocará para continuar con el análisis de este proyecto.

La reunión para tratar nuevamente el primer debate quedó establecida para el martes, y se espera que en la misma se llegue a una definición mayoritaria.

La propuesta beneficia a la población con más empleos, sobre todo en las áreas rurales, en opinión de Rodrigo Rodríguez, secretario de Energía, quien agregó que en un análisis realizado por esta entidad quedó demostrado que si la norma de un 10% de etanol en las gasolinas se hubiera implementado hace unos 10 años, hoy día el consumidor podría haberse beneficiado con una baja de entre dos a tres centavos en el precio del precio del galón, “aunque a futuro no se sabe”.

Antes de que la reunión fuera suspendida, el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi Balid, aseguró que el beneficio de este proyecto es mayor para todos los consumidores, por lo que la postura de la entidad es a favor.

La posición de Abadi Balid provocó la reacción de la diputada independiente Alexandra Brenes, quien dijo que en febrero este funcionario le envió una carta de tres páginas en donde le exponía su rechazo al proyecto por ser contrario a los intereses del consumidor, ya que limita su libertad de elección, lo que podría ser contradictorio a la Constitución.

“¿Qué ha cambiado desde su carta del 5 de febrero a la fecha?, se preguntó Brenes.

Por la industria cañera, Rodrigo Cardenal, de la Asociación de Azúcares y Alcoholes, indicó que el etanol al 10% con la gasolina genera una combustión más limpia.

Según informó EFE, su nuevo asiento se sitúa junto a los diputados del Partido Popular y no junto a los otros dos parlamentarios del grupo Mixto, María Marín (Podemos) y José Luis Álvarez-Castellanos (Izquierda Unida-Verdes). Antelo ha restado importancia a esta distribución y ha afirmado que su ubicación resulta “más amplia y cómoda” para su estatura de 2,05 metros, subrayando que “lo más sensato es que la situación siga como antes y que el grupo Mixto esté al lado de Vox, y yo en otro lugar”.

El exdiputado regional sostuvo que sus convicciones permanecen intactas tras su expulsión, enfatizando que “los principios no cambian” y que seguirá defendiendo la Región de Murcia y España. “Ese es mi compromiso, mi palabra y al coste que tenga la voy a cumplir”, declaró. Durante su intervención, también criticó a la dirección nacional de Vox, asegurando que su expulsión se produjo mediante “malas artes” y no derivó del Comité Ejecutivo Nacional del partido. “Hay que preguntarse ‘quién manda en Vox, quién toma las decisiones y por qué no se cumplen los estatutos y el reglamento que ha sido aprobado por los afiliados’”, aseveró, según consignó EFE.

En cuanto a aspectos prácticos de su nueva etapa como diputado independiente integrado al grupo Mixto, Antelo comunicó que revisará el reparto de tiempos parlamentarios junto a Marín y Álvarez-Castellanos y otros asuntos administrativos, como la asignación de despacho. Indicó que irá resolviendo “paso a paso” estos temas, y manifestó que existen salas disponibles para mantener reuniones, aclarando que esas cuestiones logísticas no representan su mayor preocupación.

De acuerdo con lo reportado por EFE, el exlíder de Vox en Murcia reiteró en varias oportunidades que todas sus declaraciones sobre el procedimiento que condujo a su destitución han sido acreditadas y defendió la legitimidad de sus actos durante el proceso interno del partido. El conflicto interno que desembocó en su salida de Vox se originó tras denunciar, bajo su perspectiva, el uso irregular de su firma en la solicitud de relevo como portavoz parlamentario en la cámara murciana.

El paso de Antelo por la presidencia del partido en Murcia y su función como portavoz parlamentario concluyeron días antes de este cambio en el hemiciclo, según publicó EFE. Desde su nuevo escaño, el político anticipó que mantendrá el mismo compromiso político con el electorado y con sus principios, asumiendo el papel de independiente dentro del grupo Mixto en una ubicación física separada del resto de los diputados con los que comparte grupo parlamentario.

La nueva etapa de Antelo en la Asamblea Regional de Murcia, tras su salida forzosa de Vox y la reasignación de su lugar en el hemiciclo, abre una fase de adaptación a tareas legislativas gestionadas desde una perspectiva independiente, en la que insistió, según reportó EFE, en que sus objetivos políticos y su línea ideológica permanecen sin alteración pese al cambio de filas y de signo político en la cámara autonómica.

La víctima fue identificada como Federico Pelli, miembro del bloque libertario en la Cámara Baja. En las imágenes que se difundieron en redes sociales, se puede observar cómo todo comenzó con un breve cruce de palabras, en donde el diputado dijo: “¿Quién sos vos para dejar pasar?”. Acto seguido, tras la intención del agresor de no dejar pasar al diputado hacia la mencionada localidad, le pegó con la parte superior de la cabeza y el impacto le rompió la nariz, lo que lo dejó con la cara sangrando.

De acuerdo a lo que señalaron los médicos que atendieron al diputado, sufrió un traumatismo encefalocraneano y nasal. Le realizaron una tomografía y detectaron que tiene una fractura del hueso nasal, por lo que quedará en observación, ya que no hay lesión cerebral. “Fue una desgracia con suerte”, señaló uno de los profesionales que lo atendieron en el Hospital Regional de Concepción en diálogo con medios locales.

Rápidamente, las imágenes se viralizaron y el agresor fue identificado como Marcelo Segura, alias “Pichón”, según informó La Gaceta. En un comunicado que lanzó el espacio libertario local, denunciaron que estaría vinculado al ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros. Cerca de la medianoche el funcionario usó la red social X para referirse al episodio, con un escueto mensaje: “Repudio la agresión sufrida por el diputado nacional @pellifederico. La violencia nunca puede ser el camino en democracia". Y aprovechó el momento para recordar la difícil situación que atraviesa la provincia por las inundaciones".

A su vez, desde LLA señalaron que ya iniciaron las denuncias correspondientes, tanto contra el funcionario como contra el hombre señalado como autor del ataque.

Uno de los primeros en hacerse eco de las imágenes fue el presidente Javier Milei que posteó: “ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO...”.

En un comunicado que publicó el bloque de diputados libertarios, repudiaron la agresión y señalaron: “El hecho ocurrió en el marco de una actividad solidaria en la que junto con los diputados Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, quienes se trasladaban para donar colchones y otros artículos a los afectados por las inundaciones de la provincia. Ningún acto de violencia va a detener nuestro accionar en ninguna provincia por más que la vieja política se oponga. Esperamos que la Justicia actúe”.

Por su parte, el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, compartió las imágenes en redes sociales y señaló: "La prepotencia de los que se creen impunes en Tucumán. Creen que son intocables. Hoy esa violencia llegó a un nivel inaceptable: le rompieron la nariz al diputado nacional Federico Pelli. En este momento se están realizando las denuncias correspondientes y vamos a ir hasta las últimas consecuencias".

Todo ocurrió en la entrada de la localidad de La Madrid, una de las más afectadas por las fuertes lluvias que afectaron a gran parte del norte argentino en las últimas horas. De hecho, muchas familias se vieron en la obligación de autoevacuarse y esperar en la ruta mientras siguen creciendo los ríos Marapa y San Francisco. La localidad está ubicada a aproximadamente 56 kilómetros de Las Termas de Río Hondo.

El gobernador Osvaldo Jaldo también se pronunció sobre el violento episodio y sostuvo: “Repudiamos con absoluta firmeza la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli. La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. Nos solidarizamos con él y con su familia”.

Y agregó: “Apelamos a la responsabilidad de todos: en momentos tan difíciles para nuestra provincia, lo que debe unirnos es la solidaridad con quienes hoy están atravesando las consecuencias de las inundaciones”.

En tanto, completó el mensaje: “La Policía de Tucumán procedió a la detención del agresor, poniéndolo a disposición de la Justicia Provincial para que avance con la investigación y determine las responsabilidades que correspondan. Desde el Gobierno de la Provincia vamos a colaborar con todo lo que sea necesario, mientras seguimos concentrando nuestros esfuerzos en acompañar y asistir a las familias tucumanas afectadas”.

El Banco Nacional de Panamá solicitó formalmente al presidente José Raúl Mulino vetar el proyecto de ley aprobado recientemente por la Asamblea Nacional que modifica las reglas sobre la prescripción de las deudas, una iniciativa que, según la entidad estatal, podría afectar la seguridad jurídica del sistema financiero y comprometer los recursos de los depositantes.

La institución adelantó que su departamento legal ya preparó una opinión técnica y enviará una carta al Ejecutivo pidiendo el veto, al considerar que el proyecto introduce cambios que alterarían la relación contractual entre acreedores y deudores en el país.

La posición fue expresada por el gerente general del Banco Nacional, Javier Carrizo, quien advirtió que la norma podría generar consecuencias directas sobre la estabilidad del sistema bancario y la administración responsable de los fondos depositados por los clientes.

“Se está jugando con la plata de los depositantes. No podemos ser tan alegres en la caducidad de estos préstamos”, afirmó el ejecutivo al referirse al proyecto aprobado por los diputados.

Según explicó, la iniciativa introduce mecanismos que acelerarían la prescripción o caducidad de ciertas obligaciones financieras, lo que para el banco representa un cambio significativo respecto al esquema vigente durante décadas.

Carrizo sostuvo que el sistema crediticio en Panamá se ha sostenido históricamente sobre un marco contractual claro entre el acreedor y el deudor, basado en reglas que establecen plazos, condiciones de pago y procedimientos legales en caso de incumplimiento.

“Tiene que llevar el proceso que se ha llevado por años, por décadas, donde es un tema contractual entre el deudor y el acreedor”, señaló. Desde su perspectiva, intervenir legislativamente para acelerar la prescripción de deudas podría alterar ese equilibrio jurídico, lo que a su juicio debilitaría la confianza en las reglas que rigen el crédito en el país.

El gerente del banco estatal también manifestó preocupación por el impacto que la propuesta podría tener sobre la protección de los recursos administrados por las instituciones financieras, en especial cuando se trata de fondos que pertenecen a los depositantes y que deben ser gestionados bajo criterios de prudencia y seguridad.

“Meter la mano en estos momentos para acelerar la caducidad de los préstamos no tiene ningún sentido y vamos a proteger a los depositantes”, afirmó. Con esa declaración, Carrizo dejó claro que el Banco Nacional considera prioritario preservar la estabilidad del sistema financiero y la confianza de los clientes.

¿Qué dice el proyecto?

De acuerdo con el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional, la iniciativa establece un mecanismo para que los bancos y entidades financieras reconozcan de manera administrativa la prescripción de ciertas deudas de sus clientes, sin necesidad de que exista previamente una declaración judicial.

El texto señala que el procedimiento se aplicará a bancos, cooperativas de ahorro y crédito, emisores de tarjetas de crédito y otras entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos, y se fundamenta en el artículo 1652 del Código de Comercio, que establece que algunas acciones derivadas de contratos financieros prescriben en un plazo de tres años.

La propuesta también crea un procedimiento formal para que los clientes soliciten ese reconocimiento directamente a la entidad financiera.

Según el proyecto, el deudor podrá presentar la solicitud a través del Sistema de Atención de Reclamos (SAR) del banco, y la entidad tendrá un plazo máximo de 30 días para emitir una respuesta. La decisión que adopte el banco será vinculante para la institución y deberá notificarse por escrito al cliente.

En caso de que la solicitud sea rechazada, la entidad deberá explicar las razones y el usuario podrá acudir posteriormente a la Superintendencia de Bancos para presentar un reclamo.

El proyecto también establece que si la entidad financiera no responde dentro del plazo establecido, el silencio se interpretará como aceptación de la prescripción de la deuda, lo que obligaría al banco a reconocerla administrativamente.

Además, la norma contempla lineamientos para la notificación a los burós de crédito y mecanismos de supervisión por parte de las autoridades regulatorias, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del procedimiento.

Este cambio es precisamente el que ha generado preocupación en el sector financiero. Las entidades bancarias sostienen que el reconocimiento automático o administrativo de la prescripción podría alterar la forma en que se gestionan los créditos y los procesos de cobro, ya que tradicionalmente la prescripción de una deuda se determina en el marco de un proceso judicial o mediante la defensa legal del deudor ante un tribunal.

Desde esta perspectiva, consideran que trasladar ese reconocimiento al ámbito administrativo podría modificar la dinámica contractual entre acreedor y deudor.

Los desplazamientos de los parlamentarios entre la capital y las circunscripciones provinciales constituyeron la mayor parte del presupuesto que el Congreso de los Diputados destinó a viajes nacionales durante el último ejercicio legislativo. De acuerdo con información publicada por Europa Press, la Cámara Baja invirtió 4,65 millones de euros en traslados por el país en 2025, cifra que se traduce en un gasto medio de 13.300 euros por diputado.

Según Europa Press, este presupuesto abarcó diversos conceptos relacionados con la movilidad de los parlamentarios. Aparte de la adquisición directa de billetes, se incluyeron gastos de gestión, modificaciones, anulaciones y boletos emitidos pendientes de utilizar. La suma total facturada fue de 4.654.971,88 euros, que supera en 708.929 euros la cantidad ya desembolsada efectivamente hasta el cierre del balance, la cual alcanzó los 3.946.042,57 euros.

El grueso de esta cantidad, 3.032.421,79 euros, se asignó a lo que la Cámara describe como actividad parlamentaria, es decir, desplazamientos entre Madrid y las diferentes circunscripciones provinciales, tanto de ida como de vuelta. A esta cifra se añadieron 902.700,42 euros destinados a viajes relacionados con la actividad política de los diputados, así como 10.920,32 euros invertidos en desplazamientos oficiales realizados en representación del Congreso.

En comparación con el ejercicio anterior, el gasto en esta partida registró una reducción. Según detalló Europa Press, durante 2025 el desembolso en viajes nacionales fue 161.076,16 euros menor respecto a 2024, lo que representa un descenso del 3,35%. Esta tendencia contrasta con el incremento cerca del 30% registrado entre 2023 y 2024, periodo en el que el Congreso experimentó una caída significativa en la actividad debido a la celebración de elecciones generales en julio de 2023 y la consiguiente demora en la formación de un nuevo Gobierno, que se completó en noviembre de ese año.

En 2023, la facturación total en concepto de viajes nacionales se situó en 3,74 millones de euros. Esta cifra respondía al carácter atípico del ejercicio, caracterizado por varios meses de inactividad o funcionamiento a medio ritmo del Congreso debido a la situación política surgida del proceso electoral. Desde el inicio de la actual legislatura, el gasto total consolidado por viajes supera ya los 11 millones de euros, ubicándose a un millón de distancia de los 12,2 millones que se destinaron durante la legislatura anterior, en la que las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus limitaron de forma considerable los desplazamientos.

En el Senado, la evolución de los gastos por movilidad parlamentaria ha seguido una línea diferente. De acuerdo con Europa Press, la Cámara Alta ha alcanzado un récord histórico en cuanto a inversión en viajes nacionales de sus miembros. Desde agosto de 2023, y pasados solo dos años y medio desde el inicio de la legislatura, el Senado ha abonado más de 8,8 millones de euros en esta partida, superando lo ejecutado en cada una de las cinco legislaturas anteriores para las que existen registros oficiales.

Europa Press indica que los mayores desembolsos en viajes por parte de ambas cámaras se concentran en la conexión entre Madrid y las circunscripciones de origen de los parlamentarios, fundamentalmente para garantizar su asistencia a sesiones, comisiones y demás obligaciones formales. El resto del presupuesto se distribuye entre desplazamientos relacionados con actividades políticas no estrictamente parlamentarias y aquellos realizados en calidad de representación institucional.

El seguimiento de este gasto cuenta con registros pormenorizados y periódicos por parte de los responsables administrativos de ambas cámaras. Estos informes permiten analizar tendencias, variaciones anuales y el impacto de circunstancias excepcionales, como ha sucedido en el pasado con la pandemia o con los periodos transitorios asociados a procesos electorales. Las cifras recogidas muestran fluctuaciones acordes al calendario legislativo, la agenda política y la intensidad de la actividad parlamentaria.

Según los datos manejados por Europa Press, la comparativa histórica evidencia la influencia de factores coyunturales sobre el nivel de gasto, al igual que el peso estructural que tienen los desplazamientos entre Madrid y las provincias. Las cifras revelan que, aunque se han producido ajustes en ejercicios concretos, la estructura básica del presupuesto dedicado a viajes parlamentarios permanece estable y responde a la dinámica propia del funcionamiento institucional.

El ritmo frenético que los libertarios lograron imponer en el Congreso durante el verano se cortó abruptamente. Tras haber encadenado una serie de importantes victorias legislativas, como la aprobación de la reforma laboral o la ratificación en tiempo récord del acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE, todo parecía indicar que el presidente Milei apostaría a prolongar la racha victoriosa y sacarle provecho a la mayoría que logró consolidar gracias a los bloques aliados y la ayuda de algunos gobernadores. Sin embargo, ambas Cámaras entraron en una suerte de letargo y no hay sesiones previstas hasta abril.

El domingo pasado, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei anunció el envío de “90 paquetes de reformas estructurales” para “rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”. Hasta el momento, ninguno de esos proyectos pasó por mesa de entrada. De hecho, ni siquiera los principales referente de La Libertad Avanza en Diputados y el Senado saben de antemano cuáles serán los temas prioritarios para la Casa Rosada.

“Por ahora, solo tenemos por delante la Ley de Glaciares”, reconoció un importante referente del bloque violeta en Diputados. Pero ese debate se demorará ya que el oficialismo accedió a convocar a audiencias públicas para que la sociedad civil participe de la discusión. Serán el 25 y el 26 de marzo y el dictamen recién podría firmarse después de eso, pero esa semana se superponen el feriado del 2 de abril por Malvinas y Semana Santa, por lo que la sesión sería convocada recién para el miércoles 8 o el jueves 9 de abril.

El trámite de la modificación de la Ley de Glaciares en el Senado fue exprés, pero el cambio de actitud del oficialismo estuvo motivado por el miedo a la judicialización ya que ese requisito lo impone el Acuerdo de Escazú que Argentina firmó en 2020. También hubo diputados libertarios que deslizaron que estarían dispuestos a hacer cambios en el texto si permiten que la ley tenga más claridad y así se eviten futuras disputas en los tribunales. Todo en pos de no ahuyentar a las inversiones extranjeras.

Ante la consulta de Infobae, desde el bloque libertario en el Senado reconocieron que la Casa Rosada aún no definió qué proyectos enviará primero. El domingo pasado Milei adelantó que planea reformar el Código Civil y Comercial y el Código Procesal Civil y Comercial; la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Defensa de la Competencia; el Régimen Tributario y el Código Aduanero; ratificar el Acuerdo con EEUU y firmar nuevos acuerdos internacionales; eliminar barreras ambientales; reformar el Régimen Electoral y el sistema de financiamiento de los partidos políticos; reformar la Justicia y el Código Penal; reformar los tres niveles educativos; sancionar una nueva ley de semillas y otros proyectos de desregulación en diversos sectores económicos.

En las filas libertarias especulaban con que la reforma política estará entre los primeros proyectos en llegar al Congreso. Esta incluirá como punto principal la eliminación de las primarias (PASO), pero también incrementar los requisitos para crear y mantener la vigencia de los partidos políticos, cambiar el sistema de financiación (más parecido al de Estados Unidos, con aportes privados sin límites) y adoptar el sistema de circunscripción uninominal.

El propio Milei aludió específicamente al último punto en su discurso: “Necesitamos reformar integralmente nuestro sistema electoral, para que los representantes sean responsables ante sus representados”.

Las circunscripciones uninominales fueron incluídas en los primeros borradores de la Ley Bases, pero luego quedaron desechadas por rechazo de los aliados. Este sistema, que rige principalmente en países anglosajones, como Estados Unidos e Inglaterra, implicaría reemplazar el sistema de representación proporcional. La iniciativa requeriría aplicar una compleja ingeniería institucional: obligaría a subdividir cada distrito en circunscripciones, tantas como cargos electivos haya en disputa y cada partido político podría presentar un candidato en cada una. Al final de la elección, se impondría sólo un candidato por circunscripción.

Los opositores dialoguistas, como el PRO, la UCR y Provincias Unidas, aún no sentaron posición pública sobre la eliminación de las PASO, pero saben que beneficiaría principalmente a los oficialismos y complicaría a las coaliciones que no tienen un candidato único definido. Hace dos años también rechazaron el sistema de circunscripción uninominal y los cambios drásticos en el financiamiento de los partidos.

Respecto a las aparentes demoras del Ejecutivo en plantear la nueva agenda legislativa, desde el oficialismo señalaron que Milei “está reestructurando el Gabinete”. Este miércoles renunció Mariano Cúneo Libarona al Ministerio de Justicia y Juan Bautist Mahiques fue nombrado en su lugar, con la venia de Karina Milei. También asumió el “karinista” Santiago Viola como secretario de Justicia, virtual número 2 de la cartera, en reemplazo de Sebastián Amerio, quien responde a Santiago Caputo y ahora se desempeñará como Procurador del Tesoro. No se descartan más cambios.

Los diputados de la Comisión Plena Tercera de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, aprobaron en segundo debate el proyecto de ley que, bajo el expediente 23.908, obligará a las entidades bancarias a devolver el dinero sustraído de las cuentas de usuarios víctimas de estafas electrónicas. La iniciativa responde al aumento exponencial de fraudes informáticos en el país. Según cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en 2025 se registraron más de 13 mil casos, lo que equivale a un promedio de 38 robos diarios. El texto impone la responsabilidad directa sobre bancos y busca agilizar el resarcimiento a los afectados, invirtiendo la carga de la prueba y dejando en manos de las entidades demostrar que actuaron diligentemente.

El proceso legislativo exige a la banca indemnizar usuarios y cambia el trámite de reclamos

La ley aprobada, denominada oficialmente “Ley de protección a los consumidores en la custodia de su dinero que administra cualquier entidad financiera en Costa Rica”, ordena a los bancos públicos y privados indemnizar a las víctimas de fraudes electrónicos siempre que los usuarios interpongan un reclamo y se compruebe el ilícito. La normativa fue respaldada por legisladores de Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio, Partido Liberal Progresista (PLP), Nueva República, oficialismo e independientes.

El texto introduce una figura clave: la inversión de la carga de la prueba. Ahora serán las entidades quienes deberán probar que cumplieron con la normativa de seguridad emitida por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y que sus sistemas no fueron vulnerados. Solo podrán rechazar los reclamos si demuestran autofraude, dolo o transferencias entre cuentas del mismo titular.

El trámite para reclamar es preciso y acotado: los usuarios tendrán 30 días naturales para presentar la denuncia junto con la prueba ante la entidad financiera, que dispondrá de igual plazo para investigar, prorrogable por 10 días hábiles adicionales con notificación previa. Si el banco rechaza el reclamo, deberá justificar su determinación mediante análisis forense, remitir copia a la OIJ y a la Sugef, y notificar al cliente. La Sugef validará en un plazo de 10 días hábiles si la decisión está fundamentada. Si no ratifica el rechazo, el banco deberá reintegrar los fondos o reabrir la cuenta afectada en un plazo máximo de otros 10 días hábiles.

En los casos en que la entidad acepte el reclamo, deberá acreditar los fondos en un máximo de 10 días naturales, eliminar intereses o cargos aplicados por la estafa y devolver los montos con sus intereses. Además, será responsable de eventuales nuevas transacciones no autorizadas que ocurran después del reclamo.

La ley también contempla penas de prisión para quienes simulen ser víctimas con fines de lucro: entre dos meses y tres años si el monto defraudado no supera diez veces el salario base, hasta diez años si lo excede.

Debate legislativo, críticas y votaciones con objeciones explícitas

El respaldo legislativo se dio en medio de un intenso debate en la Asamblea. El diputado del PLN Óscar Izquierdo, autor del proyecto, afirmó durante la sesión que la ley “viene a proteger a los costarricenses contra los fraudes” y a establecer la responsabilidad de los bancos para blindar sus sistemas y evitar delitos. Para Izquierdo, las víctimas ya no tendrán que atravesar el “camino tortuoso” que representaba reclamar ante una estafa electrónica.

No obstante, la iniciativa fue objeto de críticas desde distintas fracciones. Alejandro Pacheco, jefe de fracción del PUSC, solicitó una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala IV por dudas técnicas y sugirió retirar el proyecto para fortalecerlo. La diputada del PUSC Daniela Rojas sostuvo que la ley “abriría un portillo” para nuevas estafas y cuestionó a las instituciones financieras por no controlar fugas de información interna. Pese a sus objeciones, tanto Pacheco como Rojas votaron a favor en segundo debate.

Durante la tramitación, se suprimió un artículo transitorio que obligaba a reintegrar montos por reclamos presentados antes de la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, se incluyó un transitorio que permite a quienes estén en trámite de reclamo beneficiarse de la nueva normativa, como confirmó el jefe de bancada liberacionista.

La ley pasa ahora al Poder Ejecutivo para la firma del presidente Rodrigo Chaves y su publicación oficial.

Oposición intensa de la banca y la SUGEF, temor a aumento de fraudes

Las bancas públicas, como Banco de Costa Rica (BCR), Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), anunciaron su renuncia inmediata a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) el 27 de febrero, motivadas por un quiebre de confianza tras el respaldo inicial de la ABC al proyecto.

La ABC, mediante declaraciones posteriores de su asesor económico Rodrigo Cubero, advirtió que el texto supone un “riesgo simplista para el sistema financiero” y podría incrementar la cantidad de fraudes, citando como antecedente la experiencia en Chile: una reforma similar impulsada en 2020 provocó un aumento exponencial de fraudes digitales, lo que forzó una reforma correctiva en 2024 para restringir el principio de responsabilidad automática.

Cubero advirtió: “Si los bancos deben asumir por regla general los costos de las estafas, eso eventualmente se reflejaría en tasas de interés más bajas para los ahorrantes y más altas para los deudores, en perjuicio de todos los consumidores financieros y de la economía nacional”. Señaló también que la legislación costarricense ya prevé mecanismos para la protección del consumidor financiero y que el sector ha invertido durante años en el fortalecimiento de sistemas de seguridad y campañas de concientización.

La Sugef y otras autoridades técnicas también manifestaron su oposición al proyecto y recomendaron consultas jurídica y técnica adicionales antes de su entrada en vigor.

A partir del 1 de junio, comenzará a regir un nuevo reglamento de la Sugef que exigirá fortalecer los sistemas de prevención y mitigación de fraudes electrónicos, aumentando los requisitos para todas las instituciones financieras.

En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei dejó claro que el Gobierno buscará ejercer un control total de la agenda legislativa con una andanada de proyecto de “reformas estructurales” que se sucederán hasta fin de año. En cambio, en las filas del peronismo oscilan entre cierta resignación y los planes para imponer una “agenda propia”.

Según explicó Milei, cada ministerio ya tiene en carpeta al menos 10 paquetes legislativos que enviarán al Congreso escalonadamente para “rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”.

Entre los principales anuncios se destacaron la reforma del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial; la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor y de la Ley de Defensa de la Competencia; la reforma del Régimen Tributario y del Código Aduanero; la ratificación del Acuerdo con EEUU y suscripción de nuevos acuerdos internacionales; la eliminación de barreras ambientales; la reforma del Régimen Electoral y cambios en el financiamiento de los partidos políticos; una reforma judicial y del Código Penal; una reforma en los tres niveles educativos; una nueva ley de semillas y otros proyectos de desregulación en diversos sectores económicos.

Ante una propuesta tan ambiciosa, de las filas del peronismo surgen análisis dispares. Por un lado, algunos reconocen que el Gobierno “tiene los fierros” para mantener el control de la agenda parlamentaria, por lo menos en el corto plazo.

No solo se refieren sólo al apoyo de los gobernadores y de los bloques aliados, como el PRO y la UCR, sino al control del trámite legislativo. Cabe recordar que antes de llegar al recinto, cada proyecto de ley debe pasar por las comisiones correspondientes según los temas que abarque. Es por eso que el control de las presidencias de las comisiones cobra gran importancia.

Gracias al acuerdo de sus aliados, los libertarios se quedaron con las presidencias de todas las comisiones que se conformaron durante las sesiones extraordinarias. Esta son: Presupuesto y Hacienda (Bertie Benegas Lynch), Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz), Legislación Penal (Laura Rodríguez Machado), Justicia (Álvaro Martínez), Trabajo (Lisandro Almirón), Juventud y Niñez (Maria Gabriela Flores), Recursos Naturales (José Peluc), Juliana Santillán (Relaciones Exteriores), Mercosur (Damián Arabia). Y todo parece indicar que la oposición quedará completamente relegada de las comisiones importantes.

“La agenda del Congreso la podés manejar si tenés alguna presidencia que te permita avanzar con los proyectos. Pero ellos hasta ahora se quedaron con todo y no hay perspectivas de que le dejen alguna importante a la oposición”, explicó un importante referente de Unión por la Patria.

“Además, los libertarios han aprendido rápido todas las malas técnicas y por más que te dejen la presidencia de alguna comisión, primero le van a dar giro a los proyectos para que pasen por alguna de las comisiones que controlan ellos, y ahí te la cajonean”, sintetizaron.

Ante este escenario, la única herramienta disponible serían los emplazamientos, un mecanismo que obliga a las comisiones a tratar los proyectos sin importar quién detenta la presidencia. Sin embargo, esta instancia, que fue utilizada muchas veces el año pasado, requiere de una mayoría en el recinto, algo que la oposición por el momento está lejos de alcanzar. “Mientras el núcleo de aliados dialoguistas se mantenga firme, va a estar muy complicado”, explicaron.

En cambio, sí existe un consenso entre los peronistas: el apoyo de los gobernadores tiene fecha de vencimiento y eso eventualmente dejará al oficialismo sin mayoría propia. La pregunta es cuándo ocurrirá. “Muchas provincias van a tener una lógica sumisa este año, pero el año que viene la lógica electoral va a empezar a imponerse desde muy temprano y los gobernadores se van a tener que diferenciar para no perder el control de sus territorios”, advirtieron.

Otros creen que la dinámica económica podría “dar vuelta” la situación mucho antes: “Los dialoguistas van a ir para donde vaya el viento, ya fueron para un lado en 2024 y después para el otro lado en 2025”.

En esa línea, un diputado que no responde al liderazgo de Cristina Kirchner analizó que la imagen de Milei se está deteriorando y que el tono agresivo y polarizante al que recurrió el domingo pasado es una consecuencia directa del deterioro de las expectativas. “Ya perdió todo lo que ganó en octubre y a pesar de que tuvo muchos éxitos durante el verano no está recuperando imagen”, señaló.

Por otro lado, sectores del peronismo insisten en que deben plantear una agenda propositiva que contraste directamente con el oficialismo, y si no se puede avanzar en el Congreso, tendrán que buscar visibilidad mediática y en las calles. “Una cosa es perder una votación en el recinto y otra es perder la agenda en la calle. El mejor ejemplo es lo que pasó con Macri, que ganó la votación de la reforma previsional pero después perdió la agenda de ahí en adelante”.

La Comisión de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia de la Asamblea Nacional continúa esta semana con recorridos de inspección en centros de atención integral y albergues bajo supervisión del Estado, como parte de las investigaciones que adelanta el Legislativo tras las denuncias de presuntas irregularidades en instalaciones del sistema de protección infantil en Panamá.

Las visitas forman parte de una serie de fiscalizaciones impulsadas por la comisión que preside la diputada Alexandra Brenes. De acuerdo con el cronograma de trabajo, los diputados han realizado inspecciones en instalaciones ubicadas en la provincia de Colón y este miércoles tienen previsto recorrer otros centros de atención en distintos puntos de la ciudad de Panamá y áreas cercanas al centro de la capital.

Las giras buscan verificar directamente las condiciones en las que operan los albergues y centros de atención integral que funcionan bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), entidad encargada de la protección de menores que se encuentran bajo custodia del Estado.

Durante las visitas, los diputados revisan aspectos relacionados con la infraestructura, la presencia de personal especializado, los protocolos de atención y las condiciones de convivencia dentro de los centros donde residen menores de edad. De acuerdo con Brenes lo encontrado deja mucho que decir.

“En la visita a los albergues en Colón, evidenciamos decisiones apresuradas y falta de protocolos para la entrega de un menor. Esto daña la estabilidad emocional de un niño. Sigo sin entender qué ha hecho la Dirección del SENNIAF en todo este tiempo en el cargo. ¡Humanidad por Dios!”, escribió Brenes en sus redes sociales.

El proceso de inspección se da en medio de la crisis institucional que atraviesa la Senniaf tras la renuncia de su directora, Ana Melinda Fábrega. La dimisión fue presentada el martes 3 de marzo y posteriormente aceptada por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

La renuncia se produjo en un contexto de creciente presión política y social derivada de denuncias sobre presuntas irregularidades en algunos albergues administrados o supervisados por el sistema estatal de protección infantil.

Horas antes de conocerse su salida del cargo, Fábrega debía comparecer ante la Asamblea Nacional para sustentar la memoria anual de la institución. Sin embargo, no acudió a la citación y presentó un certificado de incapacidad médica.

Posteriormente se confirmó que la funcionaria había presentado su renuncia al Ejecutivo, en momentos en que aumentaban las solicitudes de explicaciones por parte de diputados y organizaciones civiles sobre el funcionamiento de los albergues

Tras la salida de Fábrega, el presidente Mulino designó como directora encargada de la Senniaf a Otilia Rodríguez Domínguez, quien previamente se desempeñaba como directora de Protección Especial de Derechos dentro de la misma institución que está bajo el esquema del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

La designación generó nuevas reacciones dentro de la Asamblea Nacional. La diputada Alexandra Brenes señaló en sus redes sociales que Rodríguez Domínguez también enfrenta una denuncia por presunta comisión de delitos contra la libertad e integridad sexual, omisión de deberes de servidor público y por la supuesta entrega de menores sin cumplir con el debido proceso.

Brenes sostuvo que las acciones de fiscalización realizadas por la comisión responden a las denuncias ciudadanas y a la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema de protección infantil en el país.

“La presión ciudadana y la fiscalización sí funcionan. Pero la niñez sigue siendo vulnerable bajo la tutela del Estado; es prioridad actuar para evitar que haya un caso más”, expresó la diputada en una publicación difundida en sus redes sociales.

En el mismo mensaje, la parlamentaria también pidió respuestas a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, quien preside la junta directiva de la Senniaf.

“Ministra Carles, necesitamos soluciones estructurales, no más improvisación”, señaló Brenes, al tiempo que reiteró que la comisión se mantiene a la espera de la citación aprobada por el pleno legislativo.

El origen de la crisis institucional se remonta a una visita de inspección realizada por la comisión legislativa al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde se reportaron presuntas irregularidades relacionadas con las condiciones de infraestructura, la falta de personal especializado y la convivencia de menores con adultos dentro del mismo espacio.

Las denuncias derivaron en una investigación del Ministerio Público y en una serie de inspecciones institucionales para determinar si existieron violaciones a los protocolos de protección infantil o posibles responsabilidades penales.

Como parte de las medidas adoptadas tras estas inspecciones, las autoridades ordenaron el traslado de varios jóvenes que permanecían en ese centro hacia otras instalaciones del sistema de atención estatal, aunque esto generó nuevas críticas, ya que afectaría a otros estudiantes que reciben atención en dichas instalaciones.

Luego de dos intentos, la Asamblea Nacional aprobó citar a la ministra de Desarrollo Social para responder un cuestionario de 42 preguntas relacionadas con el funcionamiento de los albergues y los mecanismos de supervisión del sistema de protección de menores.

Entre los puntos que los diputados buscan esclarecer se encuentran el número de albergues que operan en el país, la cantidad de menores bajo custodia del Estado y los protocolos existentes para prevenir abusos o situaciones de maltrato dentro de estas instalaciones.

Mientras continúan las investigaciones y las inspecciones legislativas, la nueva dirección de la Senniaf deberá enfrentar uno de los momentos más complejos para el sistema de protección infantil en Panamá, en medio de cuestionamientos sobre la gestión institucional y demandas de reformas estructurales para garantizar la protección de los menores bajo tutela estatal.

“El número (de los dos tercios) está cerca, pero no lo tenemos”, contestó el legislador libertario, en diálogo con Infobae en vivo, al cambiar los alineamientos y la composición del Congreso desde el mes de diciembre.

Sobre la discusión en el Palacio Legislativo con la oposición, donde este domingo se vivió una escena de gritos desde el presidente Javier Milei a los legisladores del peronismo y la izquierda, Bornoroni aseguró que “no es ninguna estrategia” del oficialismo dirigirse de esa manera a los adversarios. Pero admitió: "Si vos me insultás todo el tiempo, va a llegar un momento en el que reaccionás. Yo hago un esfuerzo grande para que todos estemos sentados, sigamos el tiempo. Ellos se pasan el tiempo".

“Con la izquierda es prácticamente imposible, y el kirchnerismo es todo negativo. ¿Para qué vamos a dialogar si sabemos que de parte de ellos viene todo no y te pongo la traba para que te salga mal? Intentan poner la traba constantemente. Lo pueden haber visto en el Congreso el domingo. La parte que no se veía era cómo gritaban ellos, y de la forma que gritaban, cómo insultaban, cómo golpeaban", describió, según su visión, lo ocurrido en el recinto.

En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, entre otros, el diputado por la provincia de Córdoba aclaró que el oficialismo tiene “abierta las puertas para todos” los legisladores que “abracen las ideas de la libertad”, ante posibles futuras incorporaciones de gobernadores y dirigentes que provienen de otros partidos.

Sin embargo, aclaró lo que se avecina en las elecciones presidenciales en 2027: “La Libertad Avanza va a consolidar el partido en cada una de las provincias. Las puertas a los que abracen las ideas de la libertad, con las ideas y las convicciones del presidente Milei, van a estar abiertas para todos. No vamos a estar viendo cuál es su pasado”.

Ahora bien, Bornoroni apuntó directamente contra su coterráneo, el gobernador Martín Llaryora, por la falta de adaptación al rumbo económico y la crisis en el sector industrial. "Córdoba sufre lo que le pasa a muchas provincias: si la provincia no achica el gasto, la carga tributaria que Nación puede bajar no se ve reflejada en las pymes cordobesas porque la agarra la provincia y se abusa con la carga impositiva”, consideró.

“Desde La Libertad Avanza vamos a presentar un candidato para el gobierno de Córdoba, queremos hacer lo que se hace en Nación en espejo para hacerlo en Córdoba. Hoy ni hablamos del tema porque es faltarle el respeto a la gente”, completó.

Las reformas que impulsa el oficialismo

Respecto a la agenda legislativa, Bornoroni ratificó que se prevé un fuerte trabajo de reformas, tras el anuncio que hizo Milei el domingo pasado. “Si cada ministerio envía diez leyes, es un trabajo importante que vamos a tener. No las tenemos todavía, van a llegar de los distintos ministerios”. Sobre la falta de detalles concretos en el discurso presidencial, respondió: “Yo entendí la hoja de ruta. Nos espera mucho trabajo”.

En relación a la apertura a otras fuerzas, el jefe del bloque explicó: “Analizamos los proyectos de los otros bloques. El PRO, el radicalismo y otros siempre participan en cada ley que salió. El presidente les agradeció”. Sin embargo, marcó distancia del kirchnerismo y la izquierda: “El bloque kirchnerista o de la izquierda es rechazo o todo lo contrario a lo que nosotros planteamos”.

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El intento de eliminar las pensiones vitalicias para los expresidentes de Costa Rica fue bloqueado en la Asamblea Legislativa, tras una ajustada votación que impidió darle prioridad al debate de la iniciativa del Frente Amplio. Con 20 votos a favor y 21 en contra, la moción para agilizar el trámite del expediente 24,793 no alcanzó el respaldo necesario, posponiendo la discusión y dejando en el limbo la posibilidad de una reforma inmediata.

Solo siete expresidentes, una exprimera dama y dos causahabientes perciben esta pensión

Actualmente, siete expresidentes, una ex primera dama y dos causahabientes reciben este beneficio, hecho que la diputada Melina Ajoy, del Partido Unidad Social Cristiana, defendió resaltando el carácter de derecho adquirido que ampara a los actuales beneficiarios. La propuesta legislativa busca derogar el capítulo III del Régimen de Pensiones de Expresidentes de la República. Su aprobación afectaría tanto a quienes ocupen la Presidencia en el futuro como a quienes la ejercieran en el pasado, aunque el propio proyecto reconoce que los derechos adquiridos no pueden eliminarse con retroactividad, lo que blindaría a quienes ya disfrutan de la prestación.

El expediente también contempla disposiciones estrictas para el cobro: exige que los beneficiarios demuestren ingresos por debajo de tres salarios base (₡1,386,600) ante la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Nacional. De superar este umbral, la persona perdería la pensión. Además, si el ingreso mensual del expresidente o beneficiario supera el doble del promedio nacional de ingresos familiares, la responsabilidad de reportarlo, y así suspender de inmediato el beneficio, recae en el propio beneficiario.

Apoyo dividido y argumentos cruzados en el Plenario Legislativo

El impulso por darle vía rápida al expediente fue liderado por Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio, quien defendió la reforma señalando: “Eliminemos las pensiones de expresidentes, es una pensión de lujo. Si la definición que se utiliza para una pensión de lujo es una para la que no se ha aportado, esta es la mejor ejemplificación (…) Estos son vestigios monárquicos, de privilegios, de quienes se creen nobleza”.

El respaldo a la moción provino de toda la bancada del Frente Amplio, la mayoría de Liberación Nacional (PLN), integrantes del PUSC y legisladoras independientes como Gloria Navas y Kattia Cambronero. Votaron en contra el oficialismo, los bloques de Nueva República, el Partido Liberal Progresista (PLP), la mayoría del PUSC, y los congresistas verdiblancos Óscar Izquierdo y Rosaura Méndez.

La diputada Pilar Cisneros, jefa oficialista, cuestionó el momento de la moción e indicó que solo apoyará eliminar las pensiones de lujo si se abarcan todos los regímenes especiales, y no únicamente el de expresidentes: “Estamos en contra de las pensiones de lujo, pero las cosas hay que hacerlas bien y si les vamos a quitar las pensiones al presidente de ahora y a la que viene, se las vamos a quitar a los demás”.

El futuro de la reforma queda en manos del próximo Congreso

La derrota de la moción significa que el expediente 24,793 continuará su trámite en comisión, siguiendo la vía ordinaria. Esto implica que, salvo un cambio en la correlación de fuerzas, el debate probablemente quedará en manos del nuevo Congreso, en el que el oficialismo tendrá la mayoría. Las posiciones enfrentadas expresadas en el Plenario dejan en evidencia la complejidad del tema y la dificultad para alcanzar el mínimo de 38 votos requeridos para reformar el régimen de pensiones de los máximos exmandatarios del país.

Dirigiéndose a los nuevos diputados que se incorporan a la Cámara, María Navarro resaltó que ejercer el cargo es tanto un privilegio como una responsabilidad, y transmitió un mensaje directo sobre la obligación de actuar en beneficio de todos los aragoneses, sin distinción. La noticia central radica en su elección como presidenta de las Cortes de Aragón durante la sesión constitutiva de la XII legislatura, donde hizo un llamado a la unidad y al respeto, subrayando el deber principal de mejorar Aragón.

Según informó el medio original, Navarro fue elegida para liderar el Parlamento aragonés con el respaldo de los 26 parlamentarios del Partido Popular en una votación en la que su contrincante, Fernando Sabés, obtuvo 25 votos provenientes del Partido Socialista, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida. Los representantes de Vox y Aragón-Teruel Existe optaron por el voto en blanco. La presidenta agradeció públicamente el apoyo ofrecido por Jorge Azcón, presidente en funciones del Gobierno autonómico y líder del Partido Popular.

Durante su intervención en el cierre de la sesión, la nueva presidenta enfatizó la necesidad de que todas las posiciones políticas se manifiesten en el Parlamento "desde el respeto y la diferencia", estableciendo como objetivo común la mejora de la vida de los aragoneses. María Navarro señaló que ocupar la presidencia de la cámara representa "un honor" y prometió mantener una postura guiada por el respeto y la responsabilidad más absoluta mientras se desempeñe en el cargo.

Tal como publicó la fuente, la presidenta instó a los parlamentarios a actuar con plena dedicación hacia quienes depositaron su confianza en ellos, incluyendo también a quienes no comparten las mismas ideas, declarando que "en esta cámara nos debemos a todos los aragoneses sin excepción". Para Navarro, la legislatura que comienza se presenta como un periodo clave para Aragón, marcado por un contexto de desarrollo y transformación, que, en sus palabras, "debe plasmarse siempre en un tiempo de oportunidades donde seamos los aragoneses los verdaderos protagonistas de nuestro futuro".

De acuerdo con lo consignado por el medio, Navarro solicitó que los trabajos en la Cámara se desarrollen desde el respeto, la búsqueda de consenso y el debate constructivo, considerando que el Parlamento representa al pueblo aragonés y debe ser un espacio donde impere el control y la fiscalización al Gobierno autonómico. Dejó claro que las decisiones se centrarán en beneficio de la ciudadanía y aseguró estar convencida de contar con la colaboración de todos los diputados en los objetivos planteados.

La presidenta hizo hincapié en la conexión entre las tres provincias aragonesas, a las que definió como parte de un "proyecto común" que involucra a la totalidad del territorio y a toda su población. Además, rememoró la figura de Joaquín Costa, jurista y político aragonés, para reforzar la idea de pertenencia y arraigo en España. Recordó asimismo que la política implica dedicación y vocación de servicio, focalizándose en la defensa de la igualdad de derechos y en la necesidad de cumplir con las obligaciones ciudadanas como vía hacia la prosperidad del territorio.

Según detalló la publicación, Navarro remarcó que "nuestras tres provincias conforman un proyecto común, Aragón, que nos concierne a todos", reafirmando el objetivo de consolidar una comunidad unida y con oportunidades para el desarrollo. Planteó que este nuevo periodo legislativo debería transformarse en una etapa de avances, igualdad y prosperidad, para consolidar una comunidad autónoma capaz de contribuir a una España más cohesionada y con mayores posibilidades para sus ciudadanos.

En cumplimiento de las formalidades institucionales, Navarro declaró formalmente constituidas las Cortes para la XII legislatura y dispuso que dicho acto se comunicara al Rey Felipe VI, al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a las Cortes Generales y a la Justicia de Aragón, encabezada por Concepción Gimeno. La constitución de las Cortes será publicada tanto en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón (BOCA) como en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El medio detalló, además, el procedimiento de votación que determinó la elección de la presidenta y la configuración de los apoyos parlamentarios, reflejando la composición plural del órgano legislativo. La asunción de Navarro como presidenta marca el inicio de un ciclo orientado a la cooperación institucional, el respeto de los distintos puntos de vista políticos y el compromiso de ubicar a los aragoneses en el centro de la toma de decisiones políticas.

El presidente Javier Milei inauguró el período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso belicoso, con durísimas críticas contra el peronismo, y adelantó que cada mes presentará 10 paquetes de leyes con reformas estructurales. “Esto constituirá el año calendario de la reforma: nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”, afirmó.

Con tono por momentos eufórico, Milei anunció que cada Ministerio tiene en carpeta al menos 10 paquetes con proyectos, por lo que la agenda legislativa abarcará todo el espectro del Estado. En esa línea, le pidió al Congreso “estar a la altura de la grandeza argentina”.

“Algunos dirán que 90 paquetes de reformas estructurales en un año es excesivo, dictatorial, o lo que fuere. Frente a esto, yo quiero señalar lo siguiente: nuestra ambición reformista no puede ser entendida como una intentona por acumular poder. No es, ni nunca será, un ‘vamos por todo’”, advirtió.

Los libertarios dejaron en claro que buscarán extender la exitosa racha de las sesiones extraordinarias, donde lograron aprobar la tantas veces debatida reforma laboral y la polémica baja de la edad de imputabilidad, ratificar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y darle media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares para favorecer los emprendimientos productivos.

“Nunca el Congreso de la Nación tuvo una composición tan reformista como ésta. Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica e institucional que nos trajo hasta aquí y construir la arquitectura que tendrá el Estado argentino los próximos 50 años, teniendo la moral occidental como política de Estado”, explicó.

Luego enumeró algunas de las reformas concretas que planea impulsar. Por ejemplo, señaló que se modificarán el Código Civil y Comercial y el Código Procesal Civil y Comercial. También anunció “un paquete de leyes destinado a proteger los derechos fundamentales de los argentinos de quienes solo saben vivir de lo ajeno, incluyendo la codificación que establece la defensa del consumidor y de la competencia”.

Ante la consulta de Infobae, un importante funcionario aclaró que no tienen en mente una reforma “integral” del Código Civil sino la actualización de algunos de sus puntos, aunque dijo que no podía adelantar cuáles. Milei aseguró que además buscarán “barrer con una montaña de cadenas regulatorias” que “darán rienda suelta a la inversión en industrias hoy muertas, para que puedan producir, innovar y generar empleo”.

Por otro lado, el Presidente confirmó que entre sus objetivos se destaca una reforma del sistema impositivo para bajar la carga tributaria. Asimismo, prometió continuar con el sendero de baja de las retenciones pero aclaró que será “de forma responsable, solo en la medida que el superávit fiscal lo permita”.

Tras haber logrado la ratificación parlamentaria del acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE, Milei aseguró que en breve intentarán ratificar el acuerdo comercial con Estados Unidos y enviará al Congreso siete tratados de propiedad intelectual. Y agregó: “Reformaremos el Código Aduanero para adecuarlo a nuestros nuevos desafíos. También nos integraremos a los tratados internacionales necesarios, porque debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional, hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos”.

Otro de los puntos fuertes del discurso giró en torno a la reforma política. En ese sentido, dijo que se debe modificar el sistema electoral para que “los representantes sean responsables ante sus representados” y también modificar la forma en que se financian los partidos políticos “para brindar transparencia a las relaciones entre el empresariado y la política”.

Fuentes libertarias confirmaron que buscarían volver a discutir la implementación del sistema de circunscripción uninominal. Esta propuesta estuvo incluida en los primeros borradores de la Ley Bases pero luego fue eliminada por rechazo de los partidos aliados.

El sistema de representación por circunscripción uninominal -inspirado en el que rige en los países anglosajones, como Estados Unidos, Australia e Inglaterra-, implicaría reemplazar el sistema de representación proporcional. La iniciativa requeriría aplicar una compleja ingeniería institucional: obligaría a subdividir cada distrito en circunscripciones, tantas como cargos electivos le correspondan y cada partido político podría presentar un candidato en cada una. Al final de la elección, se impondría sólo un candidato por circunscripción.

Los defensores de este sistema argumentan que favorece un vínculo más directo entre candidatos y representados. “En la provincia de Buenos Aires hay 35 diputados en una lista que solo responden a una conducción política, no responden a la gente que los votó”, ejemplificó un funcionario.

La Libertad Avanza también avanzará para eliminar definitivamente las elecciones primarias (PASO) que fueron suspendidas en el último turno electoral.

Respecto a la Justicia, Milei planteó que se encuentra “trabada” porque fue capturada por disputas políticas “ajenas a su propósito original”. “Presentaremos proyectos que vuelvan a hacer del Poder Judicial una herramienta democrática, republicana, ágil, rápida, eficaz, y por sobre todas las cosas que sea justa”, arremetió.

Esto incluirá modificaciones en el Código Penal para introducir penas más duras y mayor cobertura de la prisión efectiva”, la ampliación del sistema acusatorio y de los juicios por jurados en la Justicia Federal.

Por otro lado, insistió en que durante este año se reformarán la educación inicial, primaria y secundaria para que recuperen su calidad y para terminar con el “adoctrinamiento”.

Finalmente, prometió que el sector agropecuario “tendrá su revolución”. Según Milei, Argentina está en condiciones de producir 300 millones de toneladas de grano, duplicando las cifras actuales. Para esto crearán un régimen de derecho de propiedad intelectual para las semillas que incrementará fuertemente la productividad. “No podemos aceptar que nuestros rindes en Chaco sean de 600 kilos de algodón por hectárea, cuando en Brasil son de 1.400. Tampoco podemos permitir que Brasil triplique su producción de soja usando semillas con tecnología argentina, hechas por empresas argentinas, que no se pueden vender en Argentina”, ejemplificó. Según fuentes oficiales, solo la nueva ley de semillas permitiría el ingreso de miles de millones de dólares.

Javier Milei dará este domingo su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso en un clima triunfal, ya que durante el verano La Libertad Avanza cosechó una seguidilla de éxitos legislativos de gran impacto, como la tantas veces postergada reforma laboral, la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea -tras 26 años de negociaciones-, la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y la modificación de la ley de Glaciares. En cambio, la oposición quedó expuesta por su falta de cohesión y sus dificultades para imponer una visión alternativa en el debate público.

“El Presidente va a venir parado sobre los hombros de los últimos triunfos legislativos, por lo que seguramente va a cambiar el tono, un poco menos violento pero más pedante o soberbio”, analizó un referente del bloque Provincias Unidas, que enfrenta sus propias tensiones internas entre quienes se inclinan por convertirse en una oposición más dura y quienes tienen puntos de coincidencia con la agenda de la Casa Rosada.

En el peronismo son más escépticos. Muchos esperan un discurso “agresivo” en línea con los últimos antecedentes. Recuerdan que en su ceremonia de asunción Milei habló de espaldas al Congreso y el año pasado también cargó en duros términos contra la oposición, en especial contra Axel Kicillof por la inseguridad.

El año pasado los diputados y senadores del peronismo decidieron no prestarse al “show” de Milei y dejaron sus bancas vacías. Entre otros puntos, justificaron el faltazo por la negativa de la Casa Rosada a dar explicaciones sobre el caso $LIBRA, la decisión de no tratar el Presupuesto, el nombramiento de dos jueces de la Corte Suprema por decreto y la amenaza de intervenir la provincia de Buenos Aires por la inseguridad. Tampoco estuvieron los cinco diputados del Frente de Izquierda y algunos radicales disidentes.

Esa estrategia, al parecer, no se repetirá. Hasta el momento todos los bloques consultados adelantaron que participarán de la Asamblea Legislativa. “Nosotros no esperamos nada. Es el mismo Milei que habló de espaldas al Congreso y después le dijo ratas y coimeros a los legisladores y los gobernadores. Que dé su discurso y cumpla con lo que dice la Constitución”, dijo un importante diputado de Unión por la Patria. En la misma línea, un integrante de un bloque dialoguista aseguró que su bloque irá porque es lo que “corresponde institucionalmente”. “No hay mucho margen para hacer show”, concluyó.

También recuerdan que la estrategia de confrontar a los gritos con el Presidente no resultó muy exitosa el año pasado. “El antecedente es el de Facundo Manes y le salió mal. Ellos arman el show, iluminan el recinto para que solo se lo vea a Milei y la transmisión oficial solo va a mostrar libertarios aplaudiendo”, recordó otro diputado dialoguista.

Se refería al cruce de Facundo Manes con el asesor Santiago Caputo. Aquella pelea comenzó cuando Milei pidió que la oposición “no politice” la designación de los jueces que debían llenar todas las vacantes en la Justicia. En ese momento, el neurocientífico comenzó a levantar un ejemplar de la Constitución Nacional en repudio a la designación por decreto de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema.

Esa pelea continuó en el pasillo del primer piso, frente a la sala de periodistas. El diputado aseguró que el asesor lo amenazó con “tirarle el Estado encima” y que lo golpeó un colaborador.

La semana pasada Caputo fue sobreseído en esa investigación por amenazas; en tanto que el neurocientífico no logró renovar su banca y volvió a la actividad privada.

Sin embargo, algunos opositores no se resignan y buscan estrategias para visibilizar los temas de los que el Gobierno “no quiere hablar”, como la crisis económica, el cierre de empresas y los despidos. Y adelantaron que buscarán instalar estas discusiones con carteles y otras estrategias.

“Nada se visibiliza en un recinto controlado por ellos”, lamentan los más escépticos.

“El principal problema es que Milei va a hablar de todos su supuestos logros y no se va a hacer eco de la situación de los argentinos que han perdido el trabajo, de las empresas que cierran y de los que están viviendo con mucha angustia esta situación”, analizaron. Pero también reconocieron que el oficialismo por el momento ha logrado consolidar una mayoría tanto en Diputados como en el Senado que le impide a la oposición imponer su propia agenda.

Este jueves se anunció su vinculación a proceso de Jesús Emir Bazoco Peraza, identificado como “Compa Güero” o “Radio 13″, tras ser acusado de ordenar el ataque perpetrado contra dos diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa.

Las autoridades federales obtuvieron el avance ante la justicia por delitos relacionados con portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, posesión de cartuchos y comercio de clorhidrato de metanfetamina, tras su aprehensión ocurrida el 2 de febrero frente a un supermercado de la colonia Universidad de Occidente.

Durante el operativo, coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron un fusil, cartuchos, cargadores, 55 dosis de cristal, dos teléfonos celulares y el vehículo en el que se trasladaba Bazoco Peraza. Según el reporte oficial, la captura se concretó tras el análisis de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona donde ocurrió el atentado contra los legisladores.

El 28 de enero, Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, diputados locales de Movimiento Ciudadano, fueron atacados con armas de fuego mientras circulaban por el bulevar Niños Héroes, en el centro de Culiacán, tras haber participado en una comparecencia en el Congreso del Estado. El ataque, perpetrado a plena luz del día y a escasa distancia del Palacio Municipal, activó un despliegue inmediato de cuerpos de seguridad, quienes acordonaron la zona y documentaron múltiples impactos de bala en el vehículo de los diputados.

Montoya Ojeda sufrió heridas por armas de fuego, mientras que Torres Félix presentó lesiones por esquirlas. Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte oficial sobre su evolución clínica.

La investigación señaló a una célula de Los Chapitos, vinculada al Cártel de Sinaloa, como responsable del ataque. Jesús Emir Bazoco Peraza fue señalado como presunto operador de comunicaciones para este grupo, encargado de coordinar radios, instalar cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y adquirir drones para la célula criminal. De acuerdo con fuentes oficiales, “el detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal”.

En la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba que permitieron la vinculación a proceso de Bazoco Peraza, quien permanece bajo prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 (CEFERESO 1) Altiplano, en Almoloya de Juárez. El plazo para la investigación complementaria se fijó en tres meses.

La trayectoria de Sergio Torres Félix incluye una amplia experiencia en cargos de representación popular y administrativos. Nació el 5 de junio de 1966 en Culiacán y ha sido regidor, diputado local, presidente municipal, diputado federal, así como secretario de Desarrollo Social y de Pesca y Acuacultura en el ámbito estatal y municipal. Actualmente, coordina el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Sinaloa y participa en las comisiones de Fiscalización, Justicia, Derechos Humanos y Pesca y Acuacultura. Un día antes del atentado, denunció públicamente supuestas presiones políticas en la contienda por la dirigencia sindical del Ayuntamiento de Culiacán, solicitando elecciones libres, lo que sumó un componente político a la agresión sufrida.

Por su parte, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, diputada local por representación proporcional, ha desarrollado su carrera en la administración pública y en áreas de desarrollo social. Ha sido directora general del DIF Culiacán, regidora del ayuntamiento, directora de Desarrollo Pesquero y coordinadora administrativa en diversos ámbitos. En el Congreso, preside la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes, y es vocal en comisiones de educación, igualdad de género, derechos laborales, diversidad sexual e inclusión.

El ataque a los diputados se produjo cuando viajaban en un vehículo blanco y fueron interceptados por sujetos armados que dispararon desde ambos costados. El análisis de las cámaras de seguridad permitió a las autoridades ubicar la zona de operación de Bazoco Peraza y relacionarlo con los hechos ocurridos el 28 de enero.

La información oficial señala que durante la detención de Compa Güero, los elementos de la SSPC aseguraron, además de armamento y estupefacientes, dispositivos de comunicación y un vehículo, reforzando la hipótesis sobre su función operativa dentro del grupo criminal.

Datos clave:

• Jesús Emir Bazoco Peraza, alias Compa Güero, fue vinculado a proceso por delitos federales tras su detención en Culiacán.

• El ataque a los diputados de Movimiento Ciudadano ocurrió el 28 de enero y se atribuye a una célula de Los Chapitos.

• Las autoridades aseguraron armas, drogas y dispositivos electrónicos durante la captura, relacionada con el atentado a legisladores.

El Senado llega hoy al final de las sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei y tendrá, desde las 11, la tarea de sancionar dos leyes clave para el Ejecutivo libertario: la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La última iniciativa también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Además, prevé una serie de penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel, como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la desactivación para conducir vehículos.

Por otra parte, se pondrá énfasis en la creación de institutos especiales para que los menores condenados tengan garantizado el derecho a ser educados, recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedará prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Con la iniciativa también se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando amerite.

Durante la discusión exprés que se dio en el Senado para dictaminar, el libertario y titular de la comisión de Justicia, Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), destacó que la vigencia de este tema data de 1980 -última dictadura militar-, con “diversos intentos legislativos” para conseguir “una ley que respete estándares constitucionales”.

En tanto, la iniciativa relacionada con el mundo del trabajo, que volvió en segunda revisión y será la última a tratar, implica aceptar el cambio realizado por Diputados -sobre licencias médicas- o dejar el texto tal como aprobó la Cámara alta, consumada en la madrugada del 12 de febrero pasado.

Durante aquella sesión, en la definición en general hubo 42 adhesiones y 30 rechazos, sobre los 72 presentes, el pleno completo en el recinto. Esa mayoría se mantuvo, con variaciones, para la votación en particular de los 26 títulos.

A modo general, en el Senado se borró el artículo sobre alivio en Ganancias para grandes empresas -más plata para gobernadores y Nación-; hubo guiños varios a sindicatos y entidades empresariales para la subsistencia de aportes los compulsivos -con topes más bajos-; se sostuvo el 6% destinado a obras sociales; y se amortiguó la idea original sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), relacionado con las indemnizaciones. También aparecieron gestos menores para estatutos que la Casa Rosada quiso reventar, luego otorgó 180 días y terminó en un año.

Por otra parte, La Libertad Avanza (LLA) también logró ubicar, como un anexo, el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. La crítica que se le realizó a esta jugada es que debería haberse ampliado el temario de las sesiones extraordinarias, darle un ingreso formal con estado parlamentario, tratamiento en comisión y, al final, recinto. Además, esto generó un cortocircuito entre la vicepresidenta, Victoria Villarruel -siempre cerca de algún conflicto-, y la jefa libertaria, en el Senado, Patricia Bullrich, quien se convirtió en pocas semanas en una máquina arrolladora de sacar leyes para la Casa Rosada. Le queda una jornada frenética para arribar a la meta.

¿Qué se cambió en Diputados?

La modificación que concedió el oficialismo fue la eliminación del artículo 44, que reducía los plazos de licencias pagas y el porcentaje de la remuneración. El texto imponía que un empleado que sufriera un accidente o una enfermedad que no estuviera relacionada con su trabajo percibiría el 50% de su salario básico si fuera consecuencia de una actividad que realizó voluntariamente (por ejemplo, jugar un partido de fútbol).

En tanto, recibiría el 75% si no fuese consecuencia de una actividad voluntaria (por ejemplo, sufrió un accidente en la calle). Por otro lado, obtendría esta compensación durante tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o durante 6 meses si las tuviera. Si el Senado no avalase lo que vino de Diputados, quedará vigente lo que aprobó la Cámara alta el 12 de febrero. Es decir, con el artículo 44 reincorporado, una situación que nadie prevé.

Impulsada por la diputada Alia Kafati del Partido Liberal, la propuesta busca alinear al Parlamento con un modelo de gestión pública más austero, en consonancia con las presiones fiscales y las demandas sociales actuales, según informó.

La propuesta de Kafati apunta directamente al artículo 202 de la Constitución de la República y plantea una reducción tanto de los diputados propietarios como de sus suplentes. El Congreso hondureño está conformado actualmente por 128 diputados propietarios y 128 suplentes, todos ellos beneficiarios de salarios, viáticos y subsidios de apoyo social. El objetivo, en palabras de la legisladora, es construir un parlamento “más eficiente, más ágil, representativo y responsable con las finanzas públicas”. Destacó que el Poder Legislativo debe tomar decisiones estructurales en tiempos de escasez presupuestaria y unirse a la tendencia de reorganización del Estado impulsada desde el Ejecutivo.

Alia Kafati subraya que la iniciativa no es inédita, sino un retorno al formato con el que el Congreso funcionó tras el regreso al orden constitucional en 1981, cuando el cuerpo legislativo contaba con 82 integrantes. La legisladora argumenta que una estructura más compacta permitirá liberar recursos para atender áreas como salud, educación y seguridad, afirmando: “En aras de invertir el dinero en salud, educación y seguridad, me parece que se debería reducir el Congreso a como estaba en 1981, cuando solo eran 82 diputados”.

El planteamiento de la diputada se enlaza con políticas recientes como la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, ambas orientadas, según Kafati, hacia la modernización y la responsabilidad fiscal. En defensa de la propuesta, estableció una analogía directa con las medidas de reducción del aparato estatal ejecutadas durante la administración del presidente Nasry Asfura, que incluyeron la fusión y cierre de instituciones públicas.

El debate sobre el tamaño del Congreso hondureño se ha presentado en varias ocasiones, aunque sin terminar en reformas efectivas. Entre las voces que han impulsado reducciones más drásticas figura Salvador Nasralla, quien propuso bajar la cifra a 64 diputados propietarios y 32 suplentes, además de condicionar los pagos legislativos a la productividad y asistencia, bajo el argumento de que el actual número de congresistas es muy alto para la realidad fiscal del país.

En ocasiones anteriores, el diputado Jorge Cálix también sostuvo que los 128 escaños son elevados en función de la población y abogó por al menos una reducción a la mitad, con la expectativa de alcanzar una mayor eficiencia en la labor parlamentaria. Por su parte, German Altamirano formalizó una iniciativa para limitar la cifra a 80 diputados, orientada a fortalecer la credibilidad institucional y reducir el peso presupuestario del Congreso.

Otra de lasa voces resonantes fue la del ex diputado Marco Eliud Girón, quien sugirió eliminar la figura del suplente permanente, permitiendo su participación solo en ausencias justificadas del propietario. Este enfoque apunta a optimizar el esquema de representación y racionalizar el gasto legislativo.

Organizaciones de la sociedad civil y analistas advierten que reducir curules no implica necesariamente resolver los problemas de baja productividad legislativa, falta de transparencia y débil rendición de cuentas. Consideran imprescindible acompañar cualquier modificación en la composición con reformas profundas en la Ley Orgánica del Congreso, en los mecanismos internos de fiscalización y en los criterios para la asignación presupuestaria.

Alertan también sobre la importancia de no sacrificar la representación territorial ni la pluralidad política por un ajuste numérico, señalando que la discusión ocupa cuestiones de proporcionalidad por departamento, participación de minorías y equilibrio entre austeridad y democracia.

La reforma constitucional requiere mayoría calificada, lo que implica el apoyo de diversas bancadas y su posterior ratificación en una legislatura subsiguiente. La construcción de consensos en el plano político hondureño ha sido históricamente compleja, especialmente en temas que afectan la estructura de poder del Congreso.

La aprobación de una moción para la realización voluntaria de pruebas antidoping a los diputados por parte del Congreso Nacional expone un debate de fondo sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la función pública. El episodio, protagonizado por el congresista liberal Mario Segura y el diputado libre Sergio Castellanos, terminó de manera inesperada cuando ambos legisladores, tras un cruce de acusaciones, salieron juntos del recinto y se sometieron a los análisis en un laboratorio.

El ambiente se intensificó cuando Segura se refirió sobre el comportamiento de su colega del Partido Libertad y Refundación (Libre) y expresó: “Muchos dicen que Sergio camina cruzado porque siempre está alegre”, aludiendo en tono mordaz a Castellanos, quien manifestó su descontento y replicó señalando que, en su departamento de El Paraíso, circulaban rumores persistentes sobre supuestos consumos indebidos de Segura: “Solo repito lo que es un secreto a voces”, aclaró Castellanos, aunque reconoció que no tenía pruebas personales.

En medio del intercambio de palabras, Castellanos desafió a su compañero y propuso iniciar la aplicación de las pruebas en ese mismo momento, comenzando por los miembros de la junta directiva. Segura aceptó el reto: “Sáqueme el número de diputados de Libre que yo les pago la prueba a todos”, aseveró.

Ambos diputados abandonaron el pleno y, escoltados por periodistas, acudieron a un laboratorio privado, donde formalizaron la documentación y se sometieron a la prueba antidoping. Castellanos insistió durante el trámite en que la iniciativa debía extenderse a los “254 clientes más”, aludiendo a la suma de los 128 diputados propietarios y los suplentes. Segura, quien cubrió el costo de 750 lempiras por examen, remarcó la accesibilidad de la prueba y se comprometió a pagar por sus colegas del partido opositor.

Al salir del laboratorio, los dos legisladores anunciaron que harían públicos sus resultados y Castellanos agregó que solicitaría la aplicación de un panel ampliado de 12 sustancias. Solicitó también a la Junta Directiva y a las distintas bancadas, incluida la nacionalista, que se sumaran al procedimiento: “A partir del martes con la prueba en mano veremos quién se atreve”.

La iniciativa de Segura fue aprobada por mayoría, aunque se estableció como un mecanismo estrictamente voluntario. La moción, que plantea que los diputados, tanto propietarios como suplentes, puedan someterse a exámenes de laboratorio, busca, en palabras del propio legislador, que los representantes “actúen con integridad, ética y sobriedad” en momentos de deterioro de la confianza social en las instituciones. La parte esencial de la moción señala: “Se propone la presente iniciativa para que, de manera voluntaria y ejemplar, los honorables diputados, se sometan a pruebas de laboratorio (anti-doping)”.

Castellanos subrayó su disposición a “someterse a un panel ampliado de 12 drogas” y prometió “invitar formalmente a la Junta Directiva del Congreso y a las diferentes bancadas, incluida la nacionalista, a practicarse la prueba”. Explicó además: “la prueba tiene un valor de 750 lempiras, por lo que todos pueden hacérsela sin ningún problema”.

De acuerdo a los términos aprobados, la moción queda activa desde ahora, pero será el comportamiento concreto de los legisladores y la publicación efectiva de los resultados, lo que determine si esta experiencia inaugura un proceso de transparencia o se limita a un gesto simbólico en medio de un debate.

En una entrevista en Infobae en vivo, el diputado de La Libertad Avanza Alejandro Bongiovanni sostuvo: “La Ley de Glaciares que tenemos hoy es completamente excepcional, no existe en ningún país del mundo”, al analizar el debate legislativo que atraviesa el Congreso. El legislador remarcó la necesidad de avanzar en un nuevo marco normativo que permita “armonizar la protección ambiental con el desarrollo productivo”.

Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Bongiovanni profundizó sobre el debate en torno a los recursos naturales, el federalismo y la orientación ideológica del bloque oficialista en Diputados.

Bongiovanni y el debate sobre la ley de glaciares: “Tenemos una norma anómala”

El diputado defendió su posición a favor de la reforma: “Sí, voy a acompañar, por supuesto. Hay mucho alarmismo en este tema”. Explicó que la ley original, impulsada por Miguel Bonasso, fue incluso vetada por Cristina Fernández de Kirchner y “no existe en ningún lugar del mundo una prohibición total sobre la actividad en zonas periglaciares”.

“Busquen, Perú, Canadá, Unión Europea, Suiza, Chile: nadie tiene una norma semejante. La excepcionalidad argentina es absoluta”, insistió. Para Bongiovanni, la propuesta oficialista busca “armonizar mejor dos bienes jurídicos: la tutela del medio ambiente, que le compete a la Nación, y la protección de los recursos naturales, que es de las provincias”.

Sostuvo: “Los recursos naturales son de las provincias, muchachos, son de las provincias. 124 y 41. Tenés que armonizar los dos. Lo que tenemos que hacer los diputados nacionales es establecer un piso mínimo de protección, no un máximo”. El legislador advirtió que el régimen actual “tiene un piso máximo, no se puede hacer nada” y consideró que la reforma “permite destrabar minería en zona periglaciar cuando no haya afectación hídrica relevante”.

El rol de las provincias y la discusión federal: “No nos podemos salir de esto”

Bongiovanni remarcó que, en caso de que haya intereses de más de una provincia, “la Nación tiene algo para decir, por supuesto”, pero ratificó que la titularidad de los recursos es provincial. “No nos podemos salir de esto, son de las provincias. A nivel nacional hay que establecer un mínimo de protección”, reiteró.

Frente a las dudas planteadas sobre la confiabilidad de los controles y la incidencia de la explotación minera en otras jurisdicciones, respondió: “No es que si no aplicás la ley de glaciares a la zona periglaciar queda desguarecida. Sigue operando la ley general ambiental, que establece un presupuesto mínimo”.

Cuestionó además el rol de organizaciones ambientalistas: “Greenpeace no hace militancia ambiental, hace militancia económica. No proponen un modelo productivo alternativo, simplemente te dicen que no”. Y agregó: “¿Vos te imaginás lo que sería este país sin agroquímicos y sin la tecnología que tenemos en el campo, o sin Vaca Muerta? Eso es lo que dice el ambientalismo de Greenpeace”.

Reforma laboral, transición económica y demandas sociales

Consultado sobre el impacto social de las reformas y la transición hacia un modelo de economía más abierta, Bongiovanni reconoció que hay tensiones: “Hoy, Milei está tratando de pasar de búsqueda de rentas a búsqueda de ganancia, y eso es traumático”. Sostuvo que la contención social “se hace con la Seguridad Social, que no ha dejado de aumentar incluso por encima de la inflación”.

Al ser interrogado por el futuro del empleo en ciudades industriales y el destino de los trabajadores desplazados, fue directo: “Tenés muy pocas herramientas hoy, salvo que quieras usar malas herramientas que solo estiran el problema. Una es la reforma laboral que hicimos, otra es seguir fortaleciendo la asistencia social. No hay mucho más para hacer”.

Sobre la reforma laboral, aseguró: “Hicimos una reforma bastante mejor de lo que yo soñaba que íbamos a hacer”. Resaltó la eliminación de la ultraactividad de los convenios: “Antes, el sindicato se caía un convenio y seguía funcionando. Ahora, si no querés negociar con el sindicato, vas a negociar con la empresa”.

El legislador también mencionó la presión impositiva como factor pendiente de reforma: “Ingresos brutos es la matapymes. No tocamos ese tema, las provincias y los municipios están de brazos cruzados esperando”.

Sobre la educación pública y el financiamiento universitario, Bongiovanni opinó: “La universidad pública es cara, nos sale cara. Creo que podemos hacer más para que el gasto llegue, sea más eficiente”. Admitió: “No me tiraría en contra de la educación pública hoy, pero hay que auditar más”.

Al cierre de la entrevista, y tras ser consultado sobre la imagen del presidente Javier Milei en las encuestas, Bongiovanni relativizó la caída de la imagen y la consideró funcional al proceso de reformas: “La imagen de los presidentes es una moneda para tradear a favor de reformas. Cuando las reformas muestren resultados, se recuperará”.

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La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó la Ley de Lavado de Activos en Uruguay, una iniciativa promovida por el gobierno de Yamandú Orsi y que tiene como una de sus principales novedades la reducción del monto permitido para las transacciones en efectivo de USD 160.000 a USD 33.000. De esta forma, se vuelve atrás un cambio que había sido incluido en la ley de urgente consideración (LUC), el buque insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou.

En la Cámara de Diputados el oficialismo no tiene mayorías, por lo que debió buscar los votos por fuera de su bloque. En algunos elementos centrales, como la reducción del tope, lo consiguió. Sin embargo, hubo otras propuestas en las que el texto promovido por el Ejecutivo no tuvo éxito, como en la eliminación de la fiscalía especializada en Lavado de Activos.

“Pasamos de un monto muy bajo a un monto muy superior, de USD 100.000. No cualquiera anda con USD 100.000 en el bolsillo. Por lo menos en mi barrio, les puedo asegurar que no”, dijo en la sesión Cecilia Cairo, diputada de la coalición de izquierda Frente Amplio. “Que con ese dinero se puede hacer lavado comprando casa, comprando comercios, lo sabe cualquiera”, argumentó la legisladora del bloque oficialista.

“No tentemos al diablo porque no es lo mismo andar con USD 45.000, USD 50.000 dólares en una valija, que blanquear casi USD 200.000”, dijo, por su parte, Walter Verri, diputado del Partido Colorado. Él fue uno de los legisladores de la oposición que apoyó la propuesta del gobierno.

Las cifras de los límites son establecidas en proyecto de ley en unidades indexadas, un indicador que ajusta según la inflación del país. Por eso, la conversión a dólares es para hacer un estimativo, pero no representa un valor exacto.

El gobierno había enviado al Parlamento este proyecto de ley a mediados del año pasado y el presidente Orsi había pedido apurar su tratamiento luego del atentado que sufrió en su casa la fiscal general de Uruguay, Mónica Ferrero, recordó la crónica de El Observador.

El proyecto aprobado por diputados modifica más de 30 artículos de la ley integral contra el Lavado de Activos, aprobada en 2017, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Algunos cambios son simplemente para adaptar la redacción a los conceptos del nuevo Código del Proceso Penal.

Además, agrega nuevos delitos como precedentes del lavado de activos. Por ejemplo, se agregan los delitos ambientales (la introducción de desechos tóxicos), el fraude en las entidades integrales del sistema financiero nacional y los ciberdelitos cuando su monto real o estimado supere los USD 16.000.

Uno de los asuntos más polémicos y discutidos en la tarde fue la intención del gobierno de bajar el tope del uso en efectivo. Uno de los argumentos de los que estaban en contra de hacerlo era que la LUC había sido ratificada en un referéndum. Por eso, la oposición machacó contra el gobierno por considerar que no respetó lo que la ciudadanía había expresado en las urnas.

Al inicio de la jornada, una de las dudas que faltaba despejar era si el oficialismo lograba conseguir eliminar la fiscalía especializada en el tema. Esta propuesta tuvo un amplio respaldo en el Senado, pero fue rechazada por los opositores Partido Nacional Cabildo Abierto y el Partido Independiente, en Diputados. La duda estaba en lo que iban a hacer los colorados, que finalmente cambiaron la posición que habían tenido en el senado y rechazaron que se elimine.

“Entendemos que suprimirla, transformarla o como se le quiera decir, implicaría un retroceso, una regresión con relación a un camino auspicioso y saludable que se empezó en el período pasado”, dijo Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, al argumentar su voto.

El proyecto de reforma laboral se tratará este viernes en el Senado para convertirse en ley, luego de las modificaciones que introdujo Diputados la semana pasada. Más allá de los cambios estrictamente laborales, la iniciativa incorpora una batería de modificaciones tributarias orientadas a aliviar la carga impositiva sobre determinados bienes.

Entre los bienes y servicios que dejarían de estar impactados por el impuesto interno -también conocido como impuesto al lujo- se destacan los autos, los servicios de telefonía, las pólizas de seguro, aviones y embarcaciones. Cada activo tributa hoy con alícuotas diferenciadas, por lo que la eliminación de la norma impactará de diferentes maneras sobre los precios finales.

En el caso de los planes de celulares, explicó el tributarista Sebastián Domínguez, la eliminación del impuesto interno implicaría una baja cercana al 5%, ya que hoy la carga efectiva sobre el abono es de 5,26%. Sin embargo, dado que el impuesto interno se aplica antes del IVA, en la práctica, en un plan estándar de 10 gigas con un abono de $47.990, la eliminación del tributo implicaría una reducción cercana a $2.400 mensuales.

El proyecto también incluye la eliminación del gravamen interno a los autos, uno de los sectores que verá el mayor impacto de la norma. En la actualidad, alcanza a los autos con precios superiores a $103.000.000 y aplica una alícuota del 18%. A comienzos de 2025 el Gobierno ya había suspendido la primera escala, que afectaba a la franja media con una tasa nominal del 20% y reducido a la mitad la segunda escala al llevarla del 35% al 18%, que es la que hoy sigue vigente.

Su eventual eliminación beneficiaría de manera directa a los vehículos de alta gama, pero también podría generar un reacomodamiento en segmentos como el de las pick-ups medianas tope de gama que, aunque no pagan el tributo por ser vehículos comerciales, compiten en esos mismos rangos de precios. Por ejemplo, un vehículo que hoy se vende a $125.000.000 y está alcanzado por el impuesto podría bajar a alrededor de $108.000.000 si el tributo se elimina.

Respecto de las embarcaciones y aeronaves, hoy tributan una alícuota nominal del 20%, que en la práctica se convierte en una carga efectiva cercana al 25% porque el impuesto se calcula de forma tal que se incluye dentro de su propia base.

Si se elimina, ese 25% dejaría de aplicarse y el precio debería bajar en esa proporción, aunque, tal como adelantó Domínguez, no necesariamente se trasladaría de manera plena al consumidor final, ya que parte de esa diferencia podría convertirse en mayor margen para quienes comercializan estos bienes.

Dado que los aviones no se fabrican en el país, existen dos esquemas posibles. Si una empresa o un particular importa la aeronave de manera directa, el impuesto interno se liquida en la Aduana, por lo que la eliminación implicaría una reducción inmediata cercana al 25% respecto de lo que hoy paga. En cambio, cuando interviene un importador que luego revende en el mercado local, ese actor aplica el impuesto sobre el precio de venta y descuenta lo abonado en la Aduana, por lo que ante una eventual quita podría decidir no trasladar toda la baja y absorber parte como mayor rentabilidad.

La reforma también elimina el impuesto interno que grava a determinados seguros con una alícuota del 2,5%, lo que debería traducirse en una baja en el valor final de esas pólizas, siempre que las compañías trasladen la reducción al precio.

Cabe destacar que la eliminación del impuesto depende en primera instancia de la aprobación de la reforma laboral que el Gobierno intentará convertir en ley este viernes. Las perspectivas oficiales indican, no obstante, que no habría mayores inconvenientes en el Senado, donde el proyecto ya fue tratado incluso sin las modificaciones que se hicieron antes de tratarlo en Diputados.

De sancionarse este viernes, la vigencia comenzará el mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial. Si el texto se publica el mismo 27 de febrero o el sábado 28, la reducción regirá desde marzo; de lo contrario, comenzará a aplicarse en abril.

A pocos meses de que inicie la Copa del Mundo de Futbol 2026, prevista para arrancar el 11 de junio y con sedes en Estados Unidos, Canadá y México, legisladores de la Ciudad de México (CDMX) están impulsando propuestas fiscales que han reactivado el debate sobre impuestos y eventos de alto impacto económico.

La iniciativa más destacada fue presentada por el diputado Fernando Zárate, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien propone modificar el Código Fiscal de la ciudad para establecer un gravamen sobre productos que, en su opinión, afectan la salud de los habitantes.

La idea central es aplicar una tasa aproximada del 4.5% sobre la venta final de bebidas energizantes, bebidas saborizadas y alimentos no básicos con alta densidad calórica —como botanas, chocolates, dulces, helados y nieves— así como a ciertas bebidas alcohólicas, con excepción de las cervezas.

Zárate ha defendido públicamente la propuesta como una forma de combatir la desigualdad y avanzar en la protección de la salud pública, especialmente ante la oportunidad de mostrar a visitantes de todo el mundo un ejemplo de política urbana responsable y progresista durante el evento futbolístico.

Un impuesto para turistas extranjeros

Por su parte, el diputado Federico Chávez, del Partido Acción Nacional (PAN), planteó otro eje de gravamen complementario: un impuesto del 3% a los turistas extranjeros que visiten la capital.

La propuesta de Chávez implica modificaciones en la Ley de Establecimientos Mercantiles, el Código Fiscal y la Ley de Turismo de la Ciudad de México. Su objetivo es que hoteles y restaurantes cobren un impuesto adicional a los visitantes que no presenten identificación mexicana, buscando obtener recursos adicionales derivados de la afluencia internacional que traerá el Mundial.

Según defensa de esta iniciativa, los ingresos podrían destinarse a combatir la gentrificación, financiar vivienda para jóvenes y fortalecer el sistema de cuidados, además de mejorar la infraestructura urbana.

Posiciones enfrentadas

No todos los actores políticos están alineados con estas propuestas. El vocero del grupo de legisladores de Morena en el Congreso local, Paulo García, negó que se pretenda aprobar nuevos impuestos específicamente por el Mundial, señalando que el Código Fiscal para 2026 ya fue definido en diciembre pasado y que existen lineamientos claros de política hacendaria para este año.

Mientras tanto, el coordinador de los legisladores panistas, Andrés Atayde, ha señalado la importancia de que cualquier tributo de este tipo sea temporal y esté enfocado en maximizar la derrama económica sin afectar a las familias capitalinas.

El debate fiscal previo a uno de los eventos deportivos de mayor magnitud mundial —y cuya organización ha implicado ya acuerdos fiscales con la FIFA, incluyendo exenciones para la propia organización del torneo— pone sobre la mesa una discusión más amplia sobre el papel de los impuestos en la economía urbana y la participación ciudadana en decisiones de política pública.

La aprobación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) en diciembre de 1977 fue un hito determinante en el sistema político mexicano.

Por primera vez, los partidos políticos se reconocieron como entidades de interés público, se institucionalizó la representación proporcional y se abrió el camino a un pluralismo político efectivo, tras décadas de predominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de acuerdo con el Museo Legislativo Los Sentimientos de la Nación y el libro Gobernabilidad, partidos y elecciones en México del Instituto Electoral del Estado de México.

Antes de la LFOPPE, todo el poder legislativo estaba en manos del PRI

Previo a la reforma, el sistema político mexicano estaba marcado por la ausencia de competencia electoral auténtica. El PRI mantenía el control de más del 90% de las diputaciones, el 100% de las senadurías y la totalidad de las gubernaturas. La exclusión sistemática de la oposición se consolidó con prácticas como la figura de los “diputados de partido”, que favorecía al partido gobernante, según el Instituto Electoral del Estado de México.

Este periodo también estuvo caracterizado por la represión de movimientos sociales y la restricción de la participación política legítima. Hechos, como la represión del movimiento estudiantil de 1968, evidenciaron la intolerancia del régimen ante las demandas por libertades democráticas.

La LFOPPE fue la respuesta del PRI ante la crisis por las elecciones de 1976

Entre 1976 y 1977, la crisis del sistema se hizo más evidente tanto en el plano político como económico y social. La devaluación del peso y el creciente conflicto social, junto a una elevada abstención electoral, minaron la legitimidad de los procesos políticos. En las elecciones federales el único nombre en la boleta era el del candidato del PRI, José López Portillo.

En este contexto, el presidente José López Portillo encargó al secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, la iniciativa para reformar el marco legal. En abril de 1977 se empezaron consultas públicas y se diseñó un paquete de reformas constitucionales, que culminó en la aprobación de la LFOPPE y otras 17 enmiendas orientadas a ampliar el sistema de partidos y permitir la participación plural en el Congreso.

La LFOPPE eliminó la figura de los diputados de partido e implementó un sistema mixto: la Cámara de Diputados aumentó a 400 integrantes; de ellos, 300 serían elegidos por mayoría relativa y 100 por representación proporcional.

Esta nueva ley facilitó el registro de partidos, estableciendo modalidades de registro definitivo y condicionado, y reconoció la personalidad jurídica de las asociaciones políticas.

Gracias a estas medidas, partidos como el Partido Demócrata Mexicano (PDM), el Partido Comunista Mexicano (PCM) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) lograron integrarse al proceso electoral. También participaron asociaciones políticas de izquierda, que pudieron aliarse con partidos para concurrir a los comicios.

Primeras elecciones con diputados plurinominales

El primer gran efecto de la nueva ley se vio en las elecciones legislativas de 1979. La abstención se cifró en 41.6% y, por primera vez en décadas, partidos distintos al PRI accedieron a la Cámara de Diputados. Los comicios tuvieron como resultado: PRI 296 diputados, PAN 43, PCM 18, PPS 11, PST 10, PDM 10 y PARM 12.

En los comicios presidenciales de 1982, siete candidatos con registro compitieron, a diferencia de la elección de 1976, cuando solo participó un postulante. Sin embargo, el dominio del PRI persistió; su candidato (Miguel de la Madrid), respaldado por PARM y PPS, recibió el 74.4% de los votos. PAN, PSUM, PPS, PRT, PDM y PST obtuvieron porcentajes menores. PARM y PSD perdieron su registro, y el PRT no logró ocupar escaños.

A pesar de la continuidad, la oposición obtuvo la mayor votación de su historia y se integraron 100 diputados de representación proporcional, como recapitula el Museo Legislativo. La legislatura de 1985 consolidó de una mayor diversidad política dentro del Congreso. El registro de partidos se vinculó a su rendimiento electoral y algunos menores perdieron y recuperaron su estatus.

La LFOPPE fue el punto de partida de la “primera generación de reformas electorales”, impulsando la transición democrática. El sistema de partidos se tornó más plural y las instituciones electorales ganaron autonomía. A partir de esta ley, las elecciones dejaron de ser una formalidad y pasaron a ser un mecanismo real de inclusión y representación social.

Respecto al Senado, de acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la reforma electoral de 1996, se determinó que serían elegidos dos senadores por Mayoría Relativa y uno por Primera Minoría en cada entidad federativa, mientras que 32 senadores serían seleccionados mediante representación proporcional en una circunscripción nacional.

En declaraciones a Radio Rivadavia, la exministra también se refirió este sábado a los aportes solidarios que financian a los sindicatos, en el marco de las nuevas limitaciones que establecen que esas contribuciones no podrán superar el 2%.

“Vos ves que, en general, están entre el 4 y el 5 por ciento. Dejarlo en cero nos parecía que iba a generar un problema muy serio en una estructura muy fuerte que tienen muchos sindicatos, sobre todo los más grandes”, detalló.

En ese sentido, ejemplificó con los hoteles ubicados en ciudades como Mar del Plata o Villa Carlos Paz, cuya estructura -advirtió- quedaría desfinanciada en caso de reducir ese aporte a cero: “En algún momento habrá que discutir si esas son tareas que hacen los sindicatos o no, pero hoy existen. Eso hubiera implicado desarmar toda esa estructura de manera muy rápida“.

Y sentenció: “Es un cambio total a la política de austeridad y cuidado del dinero de la gente, que es la que pone el aporte”.

“Que el convenio menor prevalezca sobre el mayor es una dispersión total y absoluta de lo que ha sido siempre centralismo de la negociación colectiva en los sindicatos nacionales. Esto le va a permitir a cualquier empresa hacer una negociación colectiva con sus trabajadores, hasta en la empresa más chica del país”, siguió.

En esa línea, envió un mensaje directo a los empresarios: “Ahora también es la hora de jugarse. Que los empresarios se jueguen a hacer sus convenios por empresa, porque también acá no solamente son los gremios los que hacen esto, también vinieron todas las cámaras a pedirnos”, apuntó.

La reforma también fijó límites a las contribuciones contempladas en los aportes patronales destinados a cámaras o asociaciones empresarias: no podrán superar el 0,5 % de las remuneraciones y, a partir de enero de 2028, pasarán a ser estrictamente voluntarias.

Respecto a esto, opinó: “Muchos querían mantener un status quo en este sentido y nosotros lo bajamos al máximo posible".

El controvertido artículo 44

La reforma laboral impulsada por el Gobierno proponía originalmente que, en caso de licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los empleados pasaran a cobrar entre el 50 y el 75 por ciento del salario, según el caso.

Sin embargo, este texto fue eliminado tras el rechazo de bloques aliados y sectores sindicales. Al respecto, Bullrich aseguró que “quizás no se entendió bien el artículo” y que fue necesario eliminarlo “para que no se trabe la ley”.

Pero, advirtió: “Si bien le van a pagar el 100 por ciento del salario, todo lo demás queda igual. A los tres meses o seis meses te dejan de pagar. Eso está igual, sobre todo para bajar el ausentismo falso”.

"Está acotado para que no haya más vivos que se la pasan faltando porque consiguen un certificado trucho", argumentó.

“Basta de golpistas”

Durante la sesión en la Cámara Baja, el legislador Germán Martinez, presidente del bloque justicialista, advirtió que, cuando el peronismo vuelva a ser Gobierno, la reforma laboral será derogada.

Consultada al respecto, Bullrich opinó: "El peronismo te deroga absolutamente todo, derogaron las privatizaciones de su propio gobierno. Cuando Menem privatizó, después se estatizaron. Ahora, tendrán que moverse, porque las ideas que hoy están predominando en la Argentina, se están convirtiendo cada vez más mayoritarias".

Además, sostuvo que el peronismo busca siempre “generar incertidumbre” y señaló que desde ese espacio hubo una chicana sobre una “flota de helicópteros”, en alusión a la crisis política que precipitó la salida anticipada del entonces presidente Fernando de la Rúa.

“La paré en seco, le dije: ‘Golpista, basta, basta, basta de golpistas’. Pero siempre te dicen lo mismo, te tiran con el helicóptero, con que van a derogar las cosas para tratar de que nadie se anime a hacer los cambios que el país necesita, ¿no?“, continuó.

En tanto, apuntó a la legisladora kirchnerista Florencia Carignano, quien desconectó los micrófonos y los dispositivos de los taquígrafos al inicio del debate: "Me parece una barbarie total y absoluta. Mínimo, que lo pague. Que pague lo que rompió, que no lo tenga que pagar la gente. Después, será la Cámara de Diputados la que tome la determinación de qué hacer".

Y cerró: “A pesar de todo, la ley salió. Rompen cables, pero no rompen la voluntad popular que ganó el presidente Milei”.

Los libertarios festejaron en la madrugada del viernes la aprobación de la reforma laboral en Diputados y no perdieron el tiempo: antes del mediodía ya habían conseguido el dictamen para darle sanción definitiva en el Senado con apenas un cambio la semana que viene.

El oficialismo viene de cosechar resonantes victorias en las sesiones extraordinarias del Congreso y busca mantener la buena racha: antes de que la oposición pueda salir de su desconcierto planean sancionar el proyecto de modernización laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, avanzar con una propuesta para el financiamiento para las universidades, modificar la ley de Glaciares y validar legislativamente el acuerdo comercial con Estados Unidos.

La nueva configuración de la mesa política libertaria mejoró notablemente la performance del oficialismo en el Congreso. Patricia Bullrich al mando de las negociaciones en el Senado le aportó al Gobierno más flexibilidad a la hora de negociar los proyectos. Por ejemplo, no dudó en eliminar el capítulo de Ganancias para que los gobernadores apoyen la reforma laboral en la Cámara alta y tampoco tuvo pruritos para retirar el artículo sobre las licencias médicas por accidentes y enfermedades.

En tándem, el ministro del Interior Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem consolidaron un canal de diálogo con los gobernadores -aceitado con Aportes del Tesoro Nacional y transferencias de obras- que le permitió al oficialismo ampliar su base de aliados. Las provincias jugaron un rol clave para asegurar el quórum de la reforma laboral, incluso las que después votaron en contra del proyecto, como Catamarca, y colaboraron para bajar la edad de imputabilidad a 14 años y ratificar el acuerdo Mercosur-UE.

El “principio de revelación” le abrió paso a la “rosca” tradicional y los resultados fueron rotundos. Un antes y un después si se compara con el escenario legislativo hostil que enfrentó el Gobierno en la segunda mitad del año pasado, cuando se vio obligado a recurrir tres veces al veto presidencial para luego perder ante las insistencias del Congreso.

Ahora los libertarios se encaminan a cumplir dos de sus objetivos inmediatos: ser el primer país del Mercosur en ratificar legislativamente el acuerdo con la UE y aprobar la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad antes de que termine febrero, lo que permitirá que el presidente Javier Milei incluya estos logros en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo.

Sin embargo, el oficialismo no planea dormirse en los laureles y apuesta a aprovechar al máximo la falta de respuesta opositora. La semana que viene comenzará en el Senado otro debate que traerá polémica: la reforma de la Ley de Glaciares.

Este proyecto fue prenda de negociación con las provincias como San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta, que venían reclamando por esa iniciativa para potenciar los emprendimientos mineros, especialmente las exportaciones de cobre.

La ley actual define a los glaciares como bienes de carácter público y extiende la protección al ambiente periglacial, es decir, a las áreas de suelos congelados que regulan los recursos hídricos. Dado que prohíbe expresamente actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares, como la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de infraestructura ajena a la investigación científica, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias, muchas provincias plantean que interfiere con la explotación de sus recursos naturales.

Según el Gobierno, el nuevo proyecto ordenará el marco normativo, eliminará interpretaciones arbitrarias y fortalecerá el federalismo ambiental, permitiendo que las provincias asuman mayor protagonismo en la gestión de sus recursos.

Es decir, cuando un glaciar o ambiente periglacial esté incluido en el Inventario Nacional de Glaciares, se presumirá que forma parte del objeto protegido por la Ley de Glaciares, pero si una provincia determina que no cumple con funciones hídricas, dejará de estar protegido por la norma y se eliminará del Inventario, lo que habilitará la explotación productiva en el lugar.

Por otro lado, la Casa Rosada ya envió y espera aprobar en las primeras semanas de marzo un nueva ley de financiamiento universitario, que apunta a reformular la ley 27.795. Ese proyecto fue vetado por Milei pero luego la oposición consiguió insistir con su sanción en el Congreso. Sin embargo, nunca se aplicó completamente porque desde la Casa Rosada argumentaron que no estaba contemplado de dónde saldrían esas partidas presupuestarias.

“Lo de ahora es un punto medio entre lo que reclamaban los rectores y lo que quería el Gobierno, es algo mucho más lógico”, dijo a Infobae un integrante de la mesa política.

En concreto, el proyecto propone actualizar los gastos de funcionamiento según la inflación observada (IPC-INDEC) por encima del 14,3%, que es “el valor promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”. Es decir, si la inflación efectiva supera ese 14,3%, el crédito para las actividades 14 (Funcionamiento), 15 (Hospitales Universitarios) y 16 (Ciencia y Técnica en Universidades) del Programa 26 se ajustará para preservar el incremento real.

Respecto a las remuneraciones, el artículo 5° fija una recomposición 2025 paga en 2026 para docentes y no docentes, con tres incrementos del 4,1% cada uno (marzo, julio y septiembre), calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025—en total, 12,3%—y ordena al Ejecutivo convocar paritarias obligatorias al mes de sancionada la ley, con periodicidad no mayor a tres meses. “Dicha convocatoria deberá ser abarcativa del personal docente y no docente”, expresa la norma.

Finalmente, el Gobierno trabaja contrarreloj para enviar a Diputados el acuerdo comercial con Estados Unidos, lo cual conlleva dificultades extra porque se deberán modificar varias leyes para poder cumplir con lo pactado.

En las filas libertarias confían en que los gobernadores volverán a garantizar la ratificación del acuerdo porque, al igual que con el tratado Mercosur-UE, tendrán como prioridad abrir nuevos mercados para sus economías regionales y atraer inversiones para desarrollar proyectos productivos que generen empleo. De hecho, el acuerdo con la UE obtuvo el respaldo de cerca de la mitad del bloque Unión por la Patria, donde primaron los intereses provinciales.

En la apertura de sesiones del 1 de marzo, el presidente Milei podrá exhibir resultados concretos en al menos dos temas históricamente postergados, como la modernización laboral y la baja de la edad de imputabilidad. Ambas cuestiones fueron parte de la agenda de distintos partidos durante décadas, pero fueron los libertarios los que consiguieron destrabar los acuerdos necesarios para convertirlas en ley.

El peronismo volvió a atravesar una semana complicada en el Congreso. Esta vez la derrota fue en la Cámara de Diputados, donde, como suele ocurrir cuando los proyectos se encaminan a su aprobación, la oposición se quedó con los discursos, los reproches y los enojos, mientras que el oficialismo obtuvo los votos y el triunfo. Eso ocurrió al límite entre jueves y viernes en la Cámara baja, cuando el gobierno nacional aprobó la reforma laboral y celebró la impotencia de su rival.

La unidad de la oposición más firme alcanzó 115 votos, en medio de una sucesión de gritos, cruces y maniobras en el barro legislativo. El bloque de Unión por la Patria (UP) estuvo cerca de hacer caer la sesión por un descuido de La Libertad Avanza (LLA) que, entrada la noche y tras varias horas de debate, dejó sin quórum la sesión. Un error de principiante que sigue mostrando las falencias en la gestión de recursos parlamentarios del espacio libertario. Al oficialismo lo salvaron la experiencia de Luis Petri y Silvana Giudici, que lograron ganar tiempo para que los propios regresaran al recinto.

El bloque peronista intentó por todos los medios frenar la reforma laboral, pero chocó con sus propios límites. Al igual que en el Senado, volvió a pesar el pasado: la derrota electoral del año anterior. Menos votos en las urnas, menos manos en el Congreso. La lógica es directa. Además, se sumó el apoyo de gobernadores del propio espacio político que están cada vez más distanciados del bloque mayoritario del peronismo, como los catamarqueños y tucumanos que responden a Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, respectivamente.

El respaldo, ya sea por el quórum o por los votos afirmativos, de esos mandatarios, junto a los de Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), le dio al Gobierno la posibilidad de consolidar su estrategia y aprobar la ley. “De eso no se vuelve. Van a tener que explicar en sus provincias lo que avalaron. Ahora o más adelante, pero lo van a tener que explicar”, advirtió un diputado peronista sobre la postura de los gobernadores.

La advertencia sobre el futuro no es casualidad. El peronismo de UP está dispuesto a mantener en el centro de sus cuestionamientos internos lo que los legisladores de esos sectores votaron. “Atacaron la base de nuestra fuerza política que son los trabajadores. Cruzaron un límite”, reflexionó una senadora nacional que fue de las más vehementes al criticar el proyecto. La dirigencia peronista apunta a los propios mientras intenta comprender por qué las mayorías, entre ellos muchos trabajadores asalariados, dejaron de acompañarlos.

Las tensiones actuales tendrán impacto en el corto plazo, cuando las distintas tribus del peronismo busquen construir una alternativa nacional. En la oposición prevén que la mayoría de los gobernadores desdoblarán los comicios, por lo que cada elección provincial será una batalla particular para el PJ, que enfrenta un panorama adverso para recuperar poder territorial.

El kirchnerismo activó rápidamente una cacería de brujas en el peronismo del interior. Busca separar, con el argumento del apoyo a Milei, a quienes consideran que traicionaron los valores de la oposición y a quienes, por haber avalado reformas profundas como la laboral, no pueden ser parte de un futuro armado. “Después se quejan de que CFK les interviene el partido, pero votan todo a favor de Milei, cuando entraron al Congreso en representación del peronismo”, afirmaron cerca de la ex presidenta.

Más explícita fue la diputada santafesina Florencia Carignano, quien aseguró que “Cristina Kirchner nunca traicionó a los laburantes” y advirtió que si hubiese hecho “lo que hizo Jalil”, entonces “no estaría presa, porque lo más fácil es entregarse al poder”. El kirchnerismo volvió a señalar a los gobernadores de Tucumán y Catamarca como traidores, y trazó una línea clara entre ellos y los peronistas que apoyaron a Milei.

El sector más duro del peronismo dejó varias advertencias durante la semana. Durante la sesión de labor parlamentaria en el Senado, la riojana Florencia López se dirigió a Patricia Bullrich y, a las pocas horas de sancionada la reforma laboral, le dijo: “El pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como hicieron antes”. Pensando en el futuro, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, planteó que si el peronismo regresa al poder en 2027, lo primero será “derogar y eliminar esa ley”.

Por momentos, la división interna cambió de eje. La disputa dejó de ser entre el kirchnerismo y Kicillof, para pasar a estar entre el sector de los kirchner y los gobernadores del interior. El mandatario bonaerense no intervino en esa disputa. Tampoco lo hizo nadie de su espacio. No pretende dar esa pelea interna. Prefiere posicionarse como principal opositor, lo que dirige la atención hacia su figura.

En simultáneo a la crisis legislativa, el peronismo bonaerense cerró un acuerdo de unidad en las listas del PJ de la provincia. Se oficializaron los consejeros y autoridades que tendrá el partido bajo la conducción de Kicillof. Un punto de encuentro que disipó algunas tensiones y marcó un pacto de no agresión por unos días.

Los consejeros por rama quedaron equilibrados entre el kicillofismo y el cristinismo. Una forma de evitar una escalada de tensión. Ingresaron nombres vinculados al Gobernador como Verónica Magario, Fernando Espinoza, Mariano Cascallares, Walter Correa, Alberto Descalzo, Gustavo Barrera y Mauro Poletti; y otros de la línea de CFK como Federico Otermín, Marisa Fassi, Karina Menéndez, Santiago Révora, Mayra Mendoza y Fernanda Raverta.

La tregua en la construcción del nuevo PJ fue la única noticia positiva para el peronismo en la última semana. En la práctica, implica algunos días de calma y el ordenamiento del partido y los principales espacios de poder detrás de la conducción política de Kicillof. Una pelea interna menos para afrontar. Quedan otras pendientes, como la definición de tres cargos clave en el Senado provincial: la vicepresidencia primera, la secretaría administrativa y la jefatura del bloque justicialista.

El peronismo atraviesa días difíciles, en los que percibe la falta de poder y, al mismo tiempo, no encuentra el camino para construir un nuevo espacio político. Mientras tanto, el tiempo avanza y Milei afianza la gestión política de su gobierno, hoy menos conflictiva que el año pasado.

En el final de una semana política densa, el oficialismo celebró de madrugada en Diputados y desayunó el viernes con otro avance en el Senado. La reforma laboral terminó con aprobación cómoda en la Cámara baja -podado ya el inviable artículo de las licencias por enfermedad- y apenas unas horas después pasó por comisiones en la otra ala del Congreso, para quedar en los umbrales de la sanción. El Gobierno quedó así a un paso de coronar su mayor objetivo de las sesiones extraordinarias. ¿Cómo? Asoman dos trazos gruesos en ese cuadro: la asimilación del mecanismo de negociación en continuado -que demanda concesiones- y la doble crisis que arrastra el peronismo, expuesta en el núcleo K y en el juego propio de varios gobernadores.

Desde el inicio, todavía en diciembre, había quedado a la vista que la negociación con socios legislativos y gobernadores iba a ser el único camino posible para convertir en ley el proyecto laboral. El tema pasó entonces para febrero, segunda tanda de las extraordinarias, y tal como fue conversado con aliados -también, por vías más reservadas, con algunos jefes sindicales-, hubo modificaciones y tachaduras sobre el texto original. Fueron varias decenas. El último paso -la poda del artículo 44- obligó a un renovado ejercicio negociador. Le dio frutos a Olivos.

El oficialismo expuso pragmatismo, realismo libertario. Pero no ocurrió en un día y, está claro, el interrogante es si termina armando un sistema de alianzas sólido, no necesariamente con traducción electoral. Al menos por ahora, se trata de un ejercicio ley por ley, costoso, que en el caso de los jefes provinciales tiene como eje cuestiones de plata. El marco es conocido. La recaudación viene a la baja desde hace seis meses, el impacto en la coparticipación no es menor y, según fuentes cercanas a gobernadores, la mayoría de los distritos no tiene margen para nuevos ajustes.

Las votaciones de este mes entusiasman a los operadores violetas. Más de 40 votos en el Senado, como ocurrió antes del capítulo de Diputados, reponen en ese imaginario los cálculos para nombrar jueces y hasta para ampliar la Corte Suprema. Se verá. El foco inmediato vuelve a estar puesto en la Cámara alta. Por lo pronto, si no aparece nada extraño en el camino, a fines de la semana que viene sería ley la reforma laboral y también el Régimen Penal Juvenil, como renglones más destacados.

La fragmentación política y, más precisamente, la crisis profunda de los partidos nacionales -y luego, las coaliciones- desdibujó por completo lo que fue JxC y deteriora de manera creciente al peronismo. Impacta a favor del oficialismo, aunque con costos. Se multiplican los interlocutores, a veces con poco. Es un tablero en el que las fichas se cuentan de a una. Dicho de otra forma: cada gobernador pone en la mesa el número de legisladores que le responden y cada espacio aliado o socio hace valer lo suyo en el recinto.

Lo registra Martín Menem desde hace rato y lo anota últimamente Patricia Bullrich. Juega centralmente Diego Santilli con las provincias, operan Karina Milei y, con agenda propia, Santiago Caputo. No quiere decir que las internas estén superadas -algunas, han recrudecido, como ocurre con las ambiciones porteñas-, pero el peso del poder ordena en el Congreso. También, la realidad y la asimilación de cada prueba.

El giro más notorio del oficialismo se produjo en diciembre con el Presupuesto 2026. La caída inesperada de un capítulo gravitante -que incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en el área de discapacidad- provocó de entrada una mezcla de ira y cerrazón para reponer el tema, pero rápidamente hubo señales de aceptación de lo ocurrido en Diputados. Con buen número de votos, el proyecto fue sancionado sin esos puntos. Los gobernadores negociaron según sus necesidades -ATN, deudas, fondos para cajas de jubilaciones, en algunos casos- y, para terminar de distender, la reforma laboral pasó para la segunda entrega de extraordinarias.

Los jefes provinciales de buen entendimiento con Olivos volvieron a mostrar sus cartas ahora, con la ley laboral. Terminaron por empujar y sellar un acuerdo con el Gobierno -de mutua conveniencia, en el delicado contexto de recaudación- para dejar de lado el artículo que establecía una baja de ganancias para empresas. Y fueron decisivos para liquidar el artículo de las licencias por problemas de salud. En la misma línea, condicionaron su apoyo los socios del espacio PRO/UCR. Quedó desechada así la idea oficialista de buscar alguna diagonal que evitara la vuelta al Senado. La baja del artículo 44 fue suficiente para no pasar sobresaltos en Diputados. Y terminó de allanar el camino para la sanción de la ley.

Para completar el cuadro, la oposición dura registra crujidos en aumento. El último contraste fue exhibido por los gobernadores. Se afirmó el esquema de jefes provinciales del PJ o aliados, inorgánico pero coordinado, como espacio negociador. Ahí se anotan Salta, Tucumán, Catamarca y, cercanos, Misiones tradicionalmente y Santa Cruz, de manera más reciente. En espejo, el peronismo/K promovió un documento de rechazo a la reforma que destacó la posición de Buenos Aires, Formosa, Catamarca y La Pampa, más un par de aliados. Igual, algunos de ellos tienen puentes con el Gobierno.

Esa declaración, con todo, expuso de hecho que el sello del PJ nacional gravita cada vez menos. Y también, que el quiebre es de una franja del peronismo del interior con el círculo que aún expone la marca de CFK. No es todo. En el Senado, es cada vez más notoria la tensión en el espacio de UxP por desgaste de conducción. Y esto último está asociado al otro factor doméstico, es decir, el trance del núcleo kirchnerista, expresado en la pulseada entre Axel Kicillof y la ex presidente. Doble crisis.

Los operadores del Gobierno festejan en estas horas los éxitos legislativos. No borran sus propias tensiones: de arrastre aunque más contenidas en la superficie, entre Karina Milei y Santiago Caputo; repetidas y sin retorno como en el caso de Victoria Villarruel; algo más novedosas como los recelos con Bullrich, y de manera más visible en este tramo con Federico Sturzenegger. De todos modos, por debajo de la celebración, el foco se corre hacia los nuevos proyectos para tratar de sostener la iniciativa a partir del 1° de marzo. También, hacia la Justicia, ante la posible judicialización de algunos puntos de la reforma laboral. Y no sólo se trataría de los jefes sindicales. Se verá si el impacto político de la sanción de la ley modera reacciones en ese frente, que no se reduce a Comodoro Py.

Este viernes, el jefe del bloque oficialista Gabriel Bornoroni presentó un proyecto de resolución donde solicita formalmente su exclusión de la Cámara por “desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones”, en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional. Los fundamentos del pedido destacan que la diputada interfirió directamente en el normal desarrollo de la sesión, afectando el trabajo de los taquígrafos y del personal técnico de la Cámara. El documento remarca que el funcionamiento del sistema de registro taquigráfico es esencial para la validez institucional de las deliberaciones parlamentarias.

“Lo hemos dicho una y otra vez: el kirchnerismo no está interesado en el debate parlamentario sino en imponer sus ideas mediante la violencia. Estas actitudes no pueden ser permitidas. Aquí también, el que las hace las paga”, plantearon en un comunicado.

El bochornoso episodio se había desencadenado en el marco de las protestas de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda por la decisión de Menem de avanzar con la votación a mano alzada del plan de labor oficialista, mientras varios legisladores solicitaban hacer uso de la palabra.

Fue entonces cuando varios diputados opositores se acercaron a la Presidencia de la Cámara y Carignano desconectó los dispositivos como señal de protesta.

Todo quedó registrado por la cámaras y luego fue subido a las redes por la libertaria Lilia Lemoine. En el video se escucha como Lemoine le grita a la diputada opositora: “¡Carignano! ¿Qué hacés? ¿Estás loca? Quedaste grabada, pedazo de loca. ¿Cómo vas a hacer eso? Estás loca”.

La bancada oficialista sostiene que la actitud de Carignano no constituye un hecho menor y que ninguna discrepancia política habilita a obstaculizar materialmente el desarrollo de la sesión ni a interferir en tareas técnicas indispensables para la función legislativa. El proyecto también recuerda un antecedente ocurrido en junio de 2025, cuando la legisladora profirió expresiones agraviantes hacia otra diputada (le dijo “callate, gato”), lo que vulneró “las reglas mínimas de respeto y decoro parlamentario”.

El texto cita el artículo 66 de la Constitución Nacional, que faculta a la Cámara a corregir o excluir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta, y el artículo 188 del reglamento interno, que prevé mecanismos disciplinarios para preservar el orden y el funcionamiento parlamentario. Además, los libertarios señalan que la gravedad de los hechos se ve acentuada por declaraciones públicas de Carignano, quien sostuvo que repetiría su accionar en idénticas circunstancias.

Por otro lado, el pedido incluye la suspensión preventiva de Carignano mientras se sustancian las actuaciones y faculta a la Presidencia de la Cámara a efectuar la denuncia penal correspondiente por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.

La denuncia será girada a la comisión de Asuntos Constitucionales, que deberá analizar si corresponde avanzar con la suspensión y expulsión. El caso de Carignano se suma a otros episodios recientes que han tensado el clima en el Congreso.

La expectativa durante el tratamiento de la reforma laboral en Diputados se concentró en la votación en particular de la iniciativa del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los ejes centrales del proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno, que enfrentó objeciones tanto de la oposición como de sectores técnicos por su impacto potencial en el sistema previsional.

A pesar de que se eliminó el artículo 44, vinculado a licencias y cuya autoría aún se desconoce, el oficialismo no tenía garantizados los votos en particular en la Cámara de Diputados para aprobar el FAL, incluso tras introducir modificaciones durante el tratamiento en el Senado. Un sector de la oposición y miembros de bloques dialoguistas advertían que la nueva estructura podría desfinanciar la caja previsional. Finalmente, luego de largas horas de sesión, el Gobierno logró que se aprobara el FAL, que fue diseñado para cubrir indemnizaciones por despido en el sector privado.

El esquema fija aportes mensuales obligatorios para los empleadores, con tasas que varían según el tamaño de la empresa. Las grandes compañías deberán aportar el 1% de las remuneraciones, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) estarán obligadas a contribuir con el 2,5% sobre esa misma base. Antes de los cambios aprobados en el Senado, no se diferenciaba por tipo de empresa y todas debían aportar un 3 por ciento.

El diseño del Fondo de Asistencia Laboral se transformó en un punto de fuerte debate legislativo y fue cuestionado por distintos actores económicos y técnicos. El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), un centro de análisis económico, expuso objeciones técnicas sobre la forma de financiamiento del fondo y los efectos colaterales sobre el esquema previsional.

La contadora Elisabet Piacentini explicó que el artículo 61 del proyecto establece: “Las cuentas de los Fondos de Asistencia Laboral se conformarán con una contribución mensual obligatoria del uno por ciento para las grandes empresas y dos coma cinco por ciento para las micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a la ley PYME”. Piacentini aclaró que estos aportes se calculan sobre las remuneraciones que sirven de base para el resto de las cargas sociales. Así, “en el formulario de cargas sociales, ahora aparecerá que también se paga el dos coma cinco por ciento de este concepto”.

El artículo 77 de la norma incorpora una reducción en la contribución patronal. Según lo dispuesto, los empleadores que participen en el régimen del FAL, a excepción de quienes estén en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, podrán descontar el monto pagado al fondo de sus contribuciones patronales destinadas a la seguridad social.

“Si pagás, te lo descontás de los aportes a la seguridad social, a las cajas de jubilación. O sea, el efecto es neutro. En caso de ser una pyme, voy a tener que pagar 2,5% más de todos los sueldos, pero mi efecto va a ser neutro y voy formando un fondo que va a estar a nombre de mi empresa”, detalló Piacentini. En caso de despido, el empleador utilizaría ese fondo para cubrir la indemnización.

La implementación del FAL implica que el financiamiento de los despidos deje de depender directamente de las empresas y pase a un esquema de fondo acumulativo individualizado. Según la experta, el saldo de cada cuenta estará vinculado al empleador, quien utilizará esos recursos ante la eventualidad de afrontar una desvinculación. “El despido lo terminaría pagando la caja de jubilación del Estado”, advirtió la contadora. El mecanismo prevé que los fondos detraídos de la masa salarial se destinen a un fondo administrado, con la intermediación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) como autoridad de supervisión.

Entre empresarios y analistas surgieron dudas sobre la viabilidad del esquema, especialmente por el contexto económico actual, marcado por la falta de crecimiento sostenido del empleo privado formal. El sistema previsional argentino se financia principalmente con aportes y contribuciones patronales provenientes del empleo privado y del monotributo. Por eso, una reducción en el flujo de aportes podría afectar el equilibrio financiero del sistema, en particular si la dinámica del empleo privado no se expande.

Pablo Vanarotti, socio de Nicholson & Cano, destacó que la redacción del proyecto deja entrever que la compensación de los aportes al FAL se va a restar de los del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). “La norma te lo permite inferir. Si quieren que dé neto para que el empleador a fin de mes no pague más, tiene que hacer una contribución al FAL y ese mismo restárselo a las contribuciones patronales. Para que eso suceda, debería hacerse sobre la misma base que usaste para calcular, que es el SIPA”, comentó.

Una postura diferente tuvo Pablo Mastromarino, abogado laboralista, para quien los porcentajes que implica del FAL de reducción de las contribuciones patronales no necesariamente implican un desfinanciamiento del sistema previsional. “El sistema previsional se ha venido desfinanciando desde los últimos años por un montón de otras decisiones que van desde la estatización del AFJP hasta las moratorias”, comentó.

El argumento del Gobierno

Durante el debate parlamentario, diversos sectores señalaron que la neutralidad fiscal que plantea el Gobierno se apoya en la expectativa de que la nueva ley fomente la creación de empleo formal. Según la visión oficial, un mayor dinamismo en el mercado laboral compensaría la reasignación de fondos, dado que más trabajadores registrados implicarían mayores aportes totales al sistema previsional. “Lo que juega el Gobierno es que dice que como esta ley va a crear más empleo, van a haber más aportes. Esto sería el círculo que ellos entienden que va a suceder”, explicó Piacentini en diálogo con este medio.

El control y la gestión del FAL estarán a cargo de la CNV, que supervisará el movimiento de fondos y la administración de las cuentas individuales, con el objetivo de dotar al mecanismo de transparencia y garantizar que los recursos se utilicen exclusivamente para el pago de indemnizaciones laborales.

El control de los fondos por parte de la CNV responde al objetivo del ministro de Economía, Luis Caputo, de fortalecer el mercado de capitales local y reducir la necesidad de acudir al financiamiento externo para afrontar los vencimientos de deuda. En la misma línea, además de los bancos, se habilitó la posibilidad de canalizar los llamados “dólares del colchón” a través de inversiones en ALyCs.

La iniciativa excluye de la reducción de contribuciones patronales a los empleadores que contraten personal bajo el régimen de incentivo a la formalización laboral. Para esos casos, el beneficio no aplicará, según establece el artículo 77 del proyecto, con el propósito de evitar una doble exención para ciertos empleadores.

Un informe reciente del IERAL de la Fundación Mediterránea advierte sobre “problemas de diseño” en el FAL, en particular por la ausencia de un análisis detallado del impacto distributivo y el flujo de recursos entre el sistema previsional y el fondo de asistencia. La entidad sostiene que no existen cálculos precisos sobre cuánto dejará de ingresar al sistema previsional ni sobre cuánto se destinará al fondo asistencial.

La discusión sobre el Fondo de Asistencia Laboral generó un intenso debate en la Cámara de Diputados, donde varios bloques solicitaron mayores precisiones técnicas y proyecciones sobre el comportamiento del fondo. El oficialismo defendió la iniciativa al argumentar que el esquema facilitará la movilidad laboral y reducirá los litigios por despido, mientras que la oposición reclamó mayor claridad sobre los efectos en la recaudación previsional.

En el sector privado, la creación del FAL implica desafíos administrativos y de planificación financiera, ya que exige la apertura de cuentas individuales y el seguimiento del saldo acumulado para cada empleador. Los especialistas subrayaron que el mecanismo requerirá una articulación precisa entre la AFIP, la ANSES y la CNV para asegurar su funcionamiento operativo.

Luego de una sesión caliente, varios cruces y tensiones, finalmente la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral. Sin embargo, dado que el proyecto original sufrió algunas modificaciones, la norma volverá a tratarse en el Senado en los próximos días.

Luego de la media sanción que dio el Senado la semana pasada, el Gobierno decidió retirar el artículo que proponía modificar el régimen de licencias por enfermedad, un tema que había generado fuertes controversias, tanto en el Congreso como entre empresarios y sindicatos.

Con esta decisión, quienes se ausenten de sus puestos de trabajo por enfermedad seguirán percibiendo el 100% de su sueldo, bajo el esquema previsto en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), sin cambios en la duración ni en la forma de pago.

El artículo eliminado, originalmente el número 44 del proyecto, buscaba transformar de manera sustancial el sistema de licencias médicas. Entre otras modificaciones, proponía segmentar el pago del salario según el origen de la afección y el comportamiento del trabajador, estableciendo porcentajes diferenciados y plazos más estrictos para el cobro del sueldo durante el período de enfermedad.

La propuesta contemplaba que, en aquellos casos en los que se comprobara una conducta voluntaria y riesgosa por parte del empleado, el salario durante la licencia bajara al 50% y, para el resto de los casos, se redujera al 75% del sueldo habitual. Además, se introducían límites para enfermedades crónicas y restricciones específicas para episodios repetidos en el tiempo.

Al caerse este capítulo, el régimen argentino mantiene su formato tradicional. De esta forma, el empleador debe abonar el salario completo durante un plazo que varía entre tres y seis meses según la antigüedad del trabajador, y hasta doce meses en caso de quienes tengan familiares a cargo. Toda la remuneración sigue siendo considerada salario, con el correspondiente aporte de cargas sociales y aportes a la seguridad social.

Ahora, el sistema no distingue el origen ni la reiteración de la enfermedad, ni introduce diferencias entre conductas del empleado.

Rechazo político y sindical al recorte de licencias

La decisión de retirar el artículo sobre licencias no fue casual. El Gobierno enfrentó un rechazo creciente de los bloques aliados en el Congreso, que advirtieron que no acompañarían una reforma que recortara derechos laborales sensibles. En los días previos a la sesión, el oficialismo optó por priorizar el avance del resto del paquete de reforma laboral, de manera que dejó afuera el punto más polémico para destrabar la votación y evitar un posible revés legislativo.

El debate sobre la cobertura de los salarios durante licencias médicas es de larga data en la agenda empresaria. La Unión Industrial Argentina (UIA) fue uno de los actores que más influencia ejerció para modificar el régimen actual.

Entre los argumentos que presentó, sostuvo que la Argentina presenta una asimetría respecto a los sistemas de países vecinos, donde el costo de la enfermedad se mutualiza a través de fondos estatales o seguros específicos tras un período inicial cubierto por la empresa.

El objetivo de la nueva norma era lograr que, más allá de la protección del ingreso para el trabajador, el peso financiero no recayera únicamente sobre el empleador privado, especialmente en el caso de pequeñas y medianas empresas.

Durante el proceso de debate se analizaron alternativas como el pago del salario “neto de bolsillo” (sin cargas sociales ni aportes) o la posibilidad de que la seguridad social asuma parte del costo tras los primeros meses de licencia. También se propuso que, en casos de enfermedades graves, el salario fuera abonado en su totalidad pero sin carácter remunerativo. Ninguna de estas iniciativas logró consenso suficiente para ser incluida en el dictamen final que ayer se debatió en Diputados.

El empresariado, aunque señalaba que el régimen vigente podía incentivar el ausentismo y la “industria del certificado médico”, aceptó finalmente la eliminación del cambio propuesto, priorizando la aprobación de otros puntos de la reforma que consideran centrales para la reactivación laboral y la reducción de la litigiosidad. La preocupación por el impacto financiero de las licencias prolongadas sigue latente, pero por ahora se posterga cualquier modificación estructural en este aspecto.

Para el trabajador, la eliminación del artículo sobre licencias implica que no habrá modificaciones en su salario en caso de enfermedad inculpable: seguirá recibiendo el 100% de sus haberes, con todos los aportes y beneficios sociales vigentes, hasta que se agoten los plazos establecidos según su antigüedad y situación familiar. Tampoco se alteran los criterios para la reincorporación ni los controles sobre la veracidad de los certificados médicos.

El Gobierno logró la aprobación del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados tras una extensa sesión marcada por negociaciones intensas y apoyos clave de bloques provinciales. El texto, que había llegado con media sanción del Senado, fue finalmente aprobado por 135 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención. Las reacciones del arco político no se hicieron esperar. De igual forma, el proyecto deberá regresar a la Cámara alta para su ratificación definitiva tras algunos cambios.

Desde la red social X, la Oficina del Presidente celebró otro tirunfo legislativo con un mensaje en redes. “Esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio”, indicaron.

Poco después, el presidente Javier Milei se sumó a los festejos y escribió: " HISTÓRICO. Argentina será grande nuevamente. VLLC!“, concluyó Milei en X.

Apenas unos segundos después de haber finalizado la sesión, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, utilizó su cuenta de X para expresarse. "A pura historia. Dios bendiga a la República Argentina. Fin.“, resumió.

Patricia Bullrich, jefa de la bancada de LLA en el Senado y principal impulsora del proyecto en el Congreso, retuiteó al mandatario y prometió: “Palabras de Honor: el 27 es ley, Presidente”.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hizo lo propio y agradeció en un extenso mensaje la aprobación. “No es una ley más. Es el fin de un sistema que empujó a millones de argentinos a la informalidad, que desalentó a quien quería contratar y que transformó el empleo formal en un privilegio”, planteó.

Diego Santilli publicó en el metaverso de X: “Intentaron todo. Con molotov, con piedras, desconectando micrófonos y amenazando trabajadores. No pudieron. La Reforma Laboral fue aprobada en Diputados. Y pronto será ley”.

El ministro del Interior adjudicó el avance del proyecto al liderazgo del jefe de Estadoo, al afirmar: “De la mano de @JMilei, la Argentina vuelve a ser grande otra vez”.

El presidente del bloque libertario en la Camara baja, Gabriel Bornoroni, también se expresó al respecto y manifestó: “TENEMOS MODERNIZACIÓN LABORAL”. En sus palabras, elogió al mandatario al decir: “Le da una respuesta a los millones de argentinos que hoy están en la informalidad”. Como el resto del partido, sostuvo: “Dimos un paso más en el camino de hacer a la Argentina grande otra vez”.

Lisandro Catalán, ex ministro del Interior y titular de LLA Tucumán, calificó como un “paso histórico” la aprobación en la Cámara de Diputados. En una publicación en X, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán definió la reforma como “profunda” y alineada.

Asimismo, su par en Provincia de Buenos Aires, Sebastían Pareja, apuntó: “Más cerca de hacer historia. Chau industria del juicio, chau leyes del siglo pasado, chau status quo”. "Los argentinos que laburan dejan de ser víctimas de la política”.

El legislador subrayó los objetivos del proyecto: “Terminar con las trabas que destruyeron empleo, recuperar la cultura del trabajo y devolverle dinamismo a la Argentina productiva”.

Luis Petri manifestó su postura con una publicación en X. “Dimos media sanción a la modernización laboral. Argentina se encamina a tener una ley laboral que permitirá generar más empleo registrado de calidad”. El ex ministro de Defensa de la Nación e integrante del lbloque libertario, aseguró que la reforma apunta a mejorar las condiciones para la creación de empleo formal en el país. “Quienes se oponen son los mismos que apuestan a la Argentina planera y piquetera del modelo kirchnerista”, acusó.

Damian Arabia, integrante del mismo espacio político, acompañó la publicación que hizo en X con un video que muestra el instante posterior a la aprobación, los aplausos del oficialismo y el momento del abrazo en uno de los palcos, entre Karina Milei y Manuel Adorni, acompañados por Santilli. “Aprobada la media sanción de la modernización laboral en general”, tituló el legislador nacional por LLA.

“Aprobamos en Diputados la media sanción de la reforma laboral. Estamos transformando la Argentina, aunque a algunos les moleste”, escribió el diputado Nacional por el oficialismo Santiago Santurio.

Por su parte, Ezequiel Atauche, compartió el comunicado oficial, y agregó: “Nuevo capítulo positivo para la reconstrucción de Argentina de la mano de @JMilei”. El senador Nacional por Jujuy y presidente Comisión de Presupuesto y Hacienda subrayó que el avance deja al país “muy cerca del cambio histórico que buscaremos concretar la semana que viene en el Senado junto a @PatoBullrich y mis compañeros de banca”.

Cristian Ritondo, una de las principales figuras del PRO entre los aliados al Gobierno, calificó la media sanción como “un paso fundamental para que vuelva a crecer el empleo privado en la Argentina”. “El cambi avanza”.

Mientras tanto, el PRO Diputados también hizo eco de la media sanción destacando la jornada de este jueves. “Aprobamos en general la reforma laboral que Argentina necesita. El PRO acompañó con convicción: menos juicios, protección a los trabajadores de plataformas y más formalización”, expresaron en un párrafo. A su vez destacaron la decisión de retirar el artículo sobre licencias, afirmando: “Celebramos que se retirara el artículo sobre licencias”.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la reforma laboral propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, la medida generará cambios en aspectos centrales de la vida laboral. Entre ellos, el sistema de vacaciones, las indemnizaciones por despido y la posibilidad de implementar un banco de horas.

No obstante, el texto fue modificado en la Cámara Baja, para evitar que el proyecto de ley se cayera. Por este motivo, deberá volver al Senado para su sanción definitiva, tal como establece la Constitución cuando la cámara revisora introduce cambios.

Vacaciones

Uno de los puntos destacados es la discusión sobre las vacaciones que, según la propuesta original, deberán concederse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. No obstante, empleadores y empleados podrán, de común acuerdo, fijar la fecha de inicio fuera de ese período. La notificación escrita al trabajador deberá realizarse con al menos 30 días de antelación, salvo que un convenio colectivo disponga otro plazo.

Además, el texto habilita el fraccionamiento de las vacaciones, siempre que cada tramo no sea menor a siete días corridos.

Otra novedad es que, si las vacaciones se organizan de forma no simultánea en diferentes sectores o grupos de una empresa, el empleador debe garantizar que cada empleado disfrute de su licencia en temporada de verano al menos una vez cada tres años.

Indemnizaciones por despido

Respecto a las indemnizaciones por despido, el proyecto mantiene el criterio de un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a tres meses, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimos doce meses.

A diferencia de la normativa vigente, se excluyen del cálculo conceptos no mensuales, como el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y premios extraordinarios. El monto máximo no podrá superar tres veces el salario promedio previsto en el convenio colectivo correspondiente y no podrá ser menor al 67% de la remuneración mensual habitual, ni inferior a un mes de sueldo. Si el trabajador no está amparado por un convenio, se aplicará el tope más favorable del establecimiento.

El cobro de la indemnización extingue cualquier reclamo posterior relacionado con el despido, salvo delitos penales. De manera opcional, los convenios colectivos podrán pactar un fondo o sistema de cese laboral a cargo del empleador como reemplazo del esquema indemnizatorio tradicional.

En caso de fallecimiento del trabajador, los beneficiarios legales tendrán derecho a percibir la misma indemnización que en un despido. El empleador o los responsables solidarios deberán abonar la suma correspondiente y, si se utiliza un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la transferencia al trabajador deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación.

El texto también contempla el pago en cuotas de las indemnizaciones fijadas por sentencia judicial: hasta seis cuotas mensuales para grandes empresas y hasta doce para micro, pequeñas y medianas empresas, ajustadas por inflación más un 3% de interés anual.

El proyecto establece el mismo criterio para contratos a plazo fijo y eventuales, considerando la antigüedad que se habría alcanzado hasta el final del plazo original.

Banco de horas

En cuanto al banco de horas, la propuesta permite que el empleador y el trabajador acuerden por escrito la compensación de horas extraordinarias, siempre bajo registro y con límites precisos. El acuerdo puede prever el uso de horas extra, banco de horas o francos compensatorios y debe respetar los descansos mínimos legales, garantizando la protección de la salud del trabajador.

También es posible que estos acuerdos se celebren con la representación sindical. El sistema habilita a compensar jornadas más extensas en algunos días con otras más breves, siempre que no se exceda el máximo semanal legal o el que establezca el convenio colectivo.

En materia de jornada reducida, la reforma dispone que solo podrá implementarse si así lo prevén leyes, contratos individuales, convenios colectivos o acuerdos firmados con la representación sindical. Estos instrumentos pueden establecer el cómputo de la jornada máxima sobre promedios, siempre que los descansos legales sean respetados.

Licencias por enfermedad

Respecto a las licencias por enfermedad, el Gobierno retiró del texto final el artículo 44 que modificaba el régimen de licencias por enfermedades inculpables, por lo que continúa vigente el esquema de la Ley de Contrato de Trabajo.

El proyecto original establecía que, si el evento tenía origen en una conducta voluntaria y riesgosa, la persona empleada accedería al 50% del salario básico durante tres meses, o seis con personas a cargo. Cuando no se verifica ese tipo de conducta, el pago sería del 75% en los mismos plazos. Finalmente, este capítulo quedó excluido del dictamen que avanza en Diputados.

Fondo de Asistencia Laboral

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que genera debate en el Congreso, está diseñado como un mecanismo para afrontar las indemnizaciones de trabajadores registrados con al menos un año de antigüedad. Los empleadores deben efectuar aportes mensuales a cuentas administradas por entidades habilitadas, destinadas exclusivamente a cubrir obligaciones laborales ante despidos. Si los fondos resultan insuficientes, la empresa debe completar el pago. Los recursos del FAL son inembargables y gozan de exención impositiva, salvo la comisión mínima de la entidad administradora.

El régimen del FAL no reemplaza el sistema indemnizatorio general ni cubre empleo no registrado. Legisladores de la oposición y sectores sindicales expresan dudas sobre su aplicación práctica y los alcances de su cobertura, aunque su respectivo capítulo fue aprobado por mayoría durante la votación en particular, con un total de 130 afirmativos, 117 negativos y tres abstenciones.

La reforma laboral es el primero de varios peldaños legislativos que el Gobierno quiere subir en su aspiración de hacer del 2026 un año propositivo en el Congreso. En el entorno del presidente Javier Milei marcan que la coordinación de la mesa política ha proporcionado un mejor diálogo con los aliados circunstanciales, que a su vez están más definidos. “Se forjó un ida y vuelta de mayor confianza con ellos y eso ayuda a conseguir los votos cuando precisamos”,

En la Casa Rosada consideran que el proyecto de Modernización Laboral era de los más controvertidos que se podían tratar a lo largo de todo el año.

Su temprano tratamiento tuvo que ver con las prioridades estructurales del Gobierno -Milei cree que el mercado laboral debe reorganizarse para que luego posibilite otros proyectos transformadores-, pero buscó seguir aprovechando la colaboración que están dispuestos a dar ciertos aliados circunstanciales: es probable que a fin de año algunos de ellos no estén más, ya que La Libertad Avanza apuntará a quitarle la gobernación a algunos de ellos.

El Poder Ejecutivo envió diferentes iniciativas al Congreso a lo largo de las sesiones extraordinarias. Es muy probable que priorice terminar de tratarlas todas antes de impulsar otras agendas. Pero en el entorno de operadores políticos del Presidente ya están pensando en una hoja de ruta para establecer nuevos proyectos en los próximos meses.

Una altísima fuente oficial comentó a Infobae que están esperando a que Javier Milei vuelva de Washington este viernes para poder empezar a dialogar sobre esa cuestión.

En el Gobierno están diseñando un esquema distintos para definir qué secuencilidad de reformas presentar este año. “En el pasado lo que sucedía es que cada uno de los ministerios definía su hoja de ruta y después se comunicaba automáticamente”, marca un funcionario a este medio. La idea que piensan ahora es centralizar aún más las tareas políticas: “Ahora son las carteras las que tienen que decir qué hitos quieren realizar este año y es a través de la Jefatura de Gabinete que se diseña el esquema de cómo se hará”.

Es muy posible que en la próxima semana pueda darse una reunión que sirva para determinar algunos ejes que contribuyan al discurso de Milei en la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso, el cual se dará el 1 de marzo a la noche.

Allegados al Presidente lo han escuchado decir que cada uno de los ministerios nacionales tiene más de 10 paquete de proyectos de ley. “Es claramente menos, pero quiso decir que hay una intención fuerte de pegarle fuerte y al medio con los proyectos. Es ahora o nunca”, marcan en su entorno.

El oficialismo reconoce internamente que el margen de maniobra para aprobar iniciativas relevantes se irá reduciendo en los próximos meses, a medida que se aproxime el ciclo electoral y disminuyan las posibilidades de acuerdos con sectores dialoguistas de la oposición.

Para la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, el bloque de La Libertad Avanza reconoció que consiguió apoyos de gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz). “Vamos a tener que competir con algunos de los que hoy nos acompañan. Por eso lo más relevante hay que hacerlo lo antes posible”, apuntan desde el oficialismo. Un motivo más para la urgencia de las reformas.

Se espera que a lo largo de 2026 lleguen al Congreso diversas iniciativas. Hay algunas de importante peso como la reforma del Código Penal, la impositiva y electoral que tienen altísima prioridad y que serán enviadas con la mayor proximidad posible.

En Balcarce 50 buscan ampliar las condiciones para la llegada de inversiones y proyectos en el país. También para liberalizar el esquema comercial. Es en ese plano que buscarán terminar de sancionar el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, así como enviar los aspectos nodales del Tratado Comercial con Estados Unidos que precisan ratificación parlamentaria.

La reducción de impuestos y el alivio sobre empresas y personas son objetivos centrales de la administración libertaria. Se discuten alternativas como la reducción en el impuesto a las Ganancias y estímulos para mercados, junto a la eventual implementación de un “IVA dividido”, una idea dada a conocer por el ministro Caputo. La discusión gira en torno a cómo equilibrar esos incentivos con la preservación de la estabilidad fiscal.

Uno de los temas pendientes es la extensión del régimen de promoción para energías renovables, que propone prorrogar por veinte años la estabilidad tributaria del sector. Este proyecto, inicialmente previsto en el Capítulo XI del presupuesto, quedó en suspenso tras quedar fuera de la reforma laboral, y ahora su incorporación podría darse de manera individual o como parte de una reforma energética más abarcativa. También está en debate una reforma sobre el régimen de zona fría, aunque por ahora permaneció fuera del temario principal.

Aún sin precisiones técnicas, los funcionarios avanzan en el diseño de un proyecto legislativo que reúna casi todos los asuntos originalmente incorporados en el capítulo XI, con excepción de la Ley de Financiamiento Universitario, para cuyo tratamiento el Gobierno ya propuso un enfoque alternativo, aunque sin la adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que el lunes publicó un comunicado rechazando tajantemente la alternativa oficial y pidiendo la apertura urgente de paritarias.

Dado que un sector de los equipos técnicos de la Presidencia consideran que es asimilable a un tratado internacional, la adhesión de Argentina al Consejo de Paz que lidera Donald Trump también tendrá será presentado en el Congreso este año. Queda como cuenta pendiente que el Senado tramite el placet de Fernando Iglesias como embajador en la Unión Europea y Bélgica.

Este último podría tratarse el 26 de febrero en el Senado junto con la Ley de Glaciares, el convenio Mercosur-UE y la baja de la edad de imputabilidad en menores hacia los 14 años.

El oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de modernización laboral que llegó con media sanción del Senado. El texto sufrió una modificación -la eliminación del artículo sobre licencias médicas- por lo que deberá volver a la Cámara alta para su aprobación definitiva. Ahora el objetivo de La Libertad Avanza es convertirlo en ley la semana que viene para que el presidente Javier Milei pueda tener una importante victoria legislativa antes de su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo.

El proyecto de modernización laboral obtuvo 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención en su tratamiento en general. Los libertarios consiguieron el apoyo de sus habituales aliados del PRO, la UCR y el MID. A los que se sumaron los diputados de Salta y Misiones enrolados en Innovación Federal, las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo, que responden al gobernador Marcelo Orrego; el santacruceño José Garrido, la representante de La Neuquinidad, con línea directa con el gobernador Rolando Figueroa, los tucumanos de Independencia y una parte de Provincias Unidas (dos cercanos a Llaryora y dos a Pullaro).

En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Elijo Catamarca, Primero San Luis y el resto de Provincias Unidas.

Minutos antes de la votación, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ocupó un palco del primer piso junto con el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Interior, Diego Santilli. Fueron ovacionados por los diputados libertarios.

En la previa de la sesión, el “poroteo” de votos ya anticipan una victoria del oficialismo. Por esa razón, desde el peronismo concentraron sus esfuerzos en dejar la sesión sin quórum. “Si los libertarios consiguen el quórum y arranca el debate, se van a llevar toda la ley. Estas son las leyes que se votan con la mano y con la cola sentándose en la banca. Dar quórum es lo mismo que votar”, advertían antes de a la sesión desde la bancada que conduce Germán Martínez.

Pasadas las 14, cuando los diputados del oficialismo comenzaron a ocupar sus bancas para dar inicio al debate, todo los ojos estaban puestos en los bloques dialoguistas. Los libertarios lograron sumar 130 presentes, uno más del mínimo necesario.

A los 95 diputados de LLA, se sumaron los 12 del PRO, 6 de la UCR y 2 del MID. Los votos restantes los aportaron los espacios provinciales. El gobernador misionero Mario Pasalacqua aportó cuatro presentes (Daniel Vancsik, Yamila Ruiz, Oscar Herrera y Alberto Arrúa), mientras que su par salteño Gustavo Sáenz sumó otros tres (Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega). Todos integrantes del bloque Innovación Federal.

El gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ordenó dar quórum a sus tres diputados del bloque Independencia (Elía Marina Fernández, Gladys Medina y Javier Nogueira. Lo mismo hizo el catamarqueño Raúl Jalil con sus tres referentes (Fernanda Ávila, Fernando Moguillot y Sebastián Nóblega). En tanto, el sanjuanino Marcelo Orrego apoyó con las dos diputadas de Producción y Trabajo (Nancy Picón y Jaime Quiroga), y el santacruceño Claudio Vidal hizo lo propio con José Garrido, su único representante en Diputados. Por último, el único integrante del bloque Provincias Unidas que colaboró con el quórum fue el rionegrino Sergio Capozzi, aunque no tiene una terminal directa en una provincia.

Curiosamente, algunos de los diputados que ayudaron al Gobierno a dar inicio a la sesión luego rechazaron el proyecto. Por ejemplo, Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca, planteó en su discurso que la reforma “vulnera y afecta derechos y garantías constitucionales”. “Creemos que este proyecto no constituye una respuesta integral a los desafíos del mundo del trabajo. Es más, creemos que es regresivo. Esta ley no garantiza más trabajo, vulnera principios como la justicia social”, sintetizó. Sin embargo, tanto él como sus dos compañeros de bloque, que responden al gobernador Jalil, dieron quórum.

Los gobernadores peronistas fueron blanco de muchas acusaciones por parte de los diputados de Unión por la Patria y la izquierda. “No voy a hablar de La Libertad Avanza, ni siquiera del PRO. A los diputados que asumieron en nombre de la bandera de justicia social, les pido de corazón: no sean verdugos de su pueblo, no sean verdugos de los débiles, no sean verdugos de los trabajadores. Recuerden que nuestra obligación es proteger a los frágiles”, les recriminó Juan Grabois.

A su turno, Máximo Kirchner aludió directamente al catamarqueño Nóblega: “Un diputado decía que votaba en contra de esta ley por su padre y por su madre. Lo que me llevó a preguntarme qué fue lo que lo llevó a dar quórum. Está claro que no fue su voluntad sino que fue una instrucción de su gobernador”.

Desde Unión por la Patria rechazaron por completo la reforma. “La experiencia indica que va a fracasar. Es votar un nuevo fracaso, como fue el RIGI para las inversiones extranjeras o como el capítulo laboral de la Ley Bases. Es un nuevo capricho del FMI. Esta ley daña a los argentinos”, afirmó Kirchner. En esa línea, el diputado tucumano y dirigente del gremio La Bancaria, Carlos Cisneros advirtió: “Lo que hoy estamos perdiendo lo vamos a recuperar en las calles, en la Justicia y con la lucha, a los trabajadores nunca nadie les regaló nada”.

El jefe del bloque peronista, Germán Martínez, planteó que el Gobierno busca generar una falsa dicotomía entre los derechos de los trabajadores y la generación de empleo. “Es llamativo tener una normativa tan anti obrera. Esta ley pone toda la carga negativa en el trabajador”, dijo. Y adelantó que cuando el peronismo vuelva al poder derogaría la ley.

Del otro lado, el radical Diógenes González explicó que su bloque acompañaría el proyecto porque así se lo piden las Pymes. “Las Pymes generan el 70% del empleo privado y para ellas es fundamental reducir la litigiosidad. Pues al no poder competir, no pueden cumplir los convenios colectivos de trabajo. Es triste porque en muchas localidades de pocos habitantes trabajan codo a codo el empleado y el empleador. Nosotros creemos en la cultura del trabajo. Y la incidencia de las Pymes en la generación de empleo”, detalló.

“Tenemos la posibilidad de dejar atrás al status quo que acepta como regla la informalidad y la baja productividad. Es un gran paso, significativo, en pos de una primera capa de modernización laboral que permita a Argentina ser, junto con un orden macroenconómico, un país más próspero, más productivo”, agregó su compañero de bloque Lisandro Nieri.

Sobre el final de la sesión, el jefe del bloque Gabriel Bornoroni optó por no hacer su discurso de cierre para pasar a la votación. Al inicio del debate, el libertario Lisandro Almirón había planteado que “la legislación laboral existe para proteger a los trabajadores y tutelar las relaciones de trabajo”. “Y para poder hacer eso, primero tiene que haber trabajo. ¿De qué sirve una biblioteca entera de legislación laboral si al final no sirve para generar empleo? Hoy tenemos un marco regulatorio que no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad”,reflexionó.

Uno de los puntos más álgidos de la sesión transcurrió minutos antes de las 22. Al ver que la mayoría de los diputados libertarios y sus aliados se habían retirado del recinto, un diputado de Unión por la Patria pidió someter a votación una moción de orden para que el proyecto vuelva a la comisión de Asuntos Constitucionales.

Como los diputados oficialistas no estaban presentes, la sesión quedó técnicamente sin quórum, por eso la oposición reclamó a los gritos que se terminara el debate. Luis Petri buscó demorar la votación hasta que los libertarios volvieran a ocupar sus lugares. Luego llegó Martín Menem para volver a conducir la sesión y abrió la votación cuando el oficialismo volvió a tener mayoría.

Como represalia, la bullrichista Silvana Giudici propuso una moción propia para que la votación en general de la reforma laboral se hiciera en 30 minutos. Esto generó indignación en el peronismo que se abalanzó sobre el estrado de Martín Menem.

Finalmente, en lo que calificó como “un acto de pacificación”, Giudici anunció que retiraba su moción y el debate continuó con la lista de oradores original.

¿Qué cambios tuvo el texto que llegó del Senado?

La principal modificación que concedió el oficialismo fue la eliminación del artículo 44, que reducía los plazos de licencias pagas y el porcentaje de la remuneración que recibirían los trabajadores.

El texto que había sido aprobado en el Senado establecía que un empleado que sufriera un accidente o una enfermedad que no estuviera relacionada con su trabajo percibiría el 50% de su salario básico si fuera consecuencia de una actividad que realizó voluntariamente (por ejemplo, jugar un partido de fútbol). En cambio, recibiría el 75% si no fue consecuencia de una actividad voluntaria (por ejemplo, sufrió un accidente en la calle). Por otro lado, recibiría esta compensación durante 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o durante 6 meses si las tuviera.

Ese punto generó cierta polémica en los medios y redes sociales, especialmente después de una entrevista que concedió Federico Sturzenegger, donde utilizó el ejemplo de los partidos de fútbol que luego se viralizó. Por esa razón, bloque aliados presionaron para que el oficialismo hiciera modificaciones. Finalmente, al inicio de la reunión de comisión del miércoles, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, confirmó que retirarían el artículo completo para ampliar los consensos.

Los principales puntos de la reforma

Convenios colectivos: el proyecto busca darle prioridad a los acuerdos colectivos por empresa o región, por encima de los convenios sectoriales o por rama. Además, se eliminó la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de los convenios vencidos si no hay acuerdo para firmar un nuevo convenio.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): El fondo asistirá a las empresas con el pago de las indemnizaciones y estará nutrido de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) aportarán el 2,5%. Pero esos aportes patronales hoy se destinan a mantener el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que la medida podría impactar en el financiamiento de las jubilaciones

Vacaciones: el proyecto habilita el fraccionamiento de las vacaciones, siempre que cada tramo no sea menor a siete días corridos. Los períodos de descanso deberán concederse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. No obstante, empleadores y empleados podrán, de común acuerdo, fijar la fecha de inicio fuera de ese período. La notificación escrita al trabajador deberá realizarse con al menos 30 días de antelación, salvo que un convenio colectivo disponga otro plazo.

Indemnizaciones por despido: el proyecto mantiene el criterio de un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a tres meses, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimos doce meses. Pero a diferencia de la normativa vigente, se excluyen del cálculo conceptos no mensuales, como el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y premios extraordinarios. El monto máximo no podrá superar tres veces el salario promedio previsto en el convenio colectivo correspondiente y no podrá ser menor al 67% de la remuneración mensual habitual, ni inferior a un mes de sueldo. Si el trabajador no está amparado por un convenio, se aplicará el tope más favorable del establecimiento. También se contempla el pago en cuotas de las indemnizaciones fijadas por sentencia judicial: hasta seis cuotas mensuales para grandes empresas y hasta doce para micro, pequeñas y medianas empresas, ajustadas por inflación más un 3% de interés anual.

Además, el proyecto establece que la indemnización será la única reparación por despido sin causa y fija un nuevo esquema de actualización de créditos laborales que contempla el IPC más un 3% anual.

Banco de horas: se permite que el empleador y el trabajador acuerden por escrito la compensación de horas extraordinarias, con un límite de 12 horas por jornada y respetando las 12 horas de descanso. El acuerdo puede prever el uso de horas extra, banco de horas o francos compensatorios y debe respetar los descansos mínimos legales, garantizando la protección de la salud del trabajador. También es posible que estos acuerdos se celebren con la representación sindical. El sistema habilita a compensar jornadas más extensas en algunos días con otras más breves, siempre que no se exceda el máximo semanal legal o el que establezca el convenio colectivo. En materia de jornada reducida, la reforma dispone que solo podrá implementarse si así lo prevén leyes, contratos individuales, convenios colectivos o acuerdos firmados con la representación sindical. Estos instrumentos pueden establecer el cómputo de la jornada máxima sobre promedios, siempre que los descansos legales sean respetados.

Trabajadores de plataforma: se crea la figura del repartidor independiente y se habilita la libertad de formas de contrato. Específicamente se establece que ese vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.

Derecho a huelga: los servicios declarados esenciales deberán asegurar un funcionamiento del 75% mientras que la nueva categoría de trascendentales deberán mantener una cobertura del 50%. El listado de servicios esenciales se expande para incluir más actividades, como la educación en sus tres niveles. Además, las asambleas en los lugares de trabajo deberán contar con autorización previa del empleador.

Blanqueo laboral: para regularizar la situación de los trabajadores informales se eximirá de hasta un 70% de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social. Por otro lado, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reducirá las cargas patronales para empleadores que registren nuevos trabajadores, con un 8% de descuento en los tributos sociales.

“Estamos a tiempo de poder cambiar algo en este país”, sostuvo Karina Maureira, del partido La Neuquinidad mientras exponía sus argumentos, atravesada por varias emociones. “Yo creo que vamos a tener posibilidades de hacer algo, como fue el capítulo 11 del Presupuesto, y no estamos haciendo nada malo. Estamos repensando este tema”, subrayó.

En un tramo de su intervención, visiblemente emocionada y con la voz entrecortada, la también periodista se dirigió a quienes participaron en la discusión: “Sinceramente se los pido, sobre todo a aquellos que hablaron hoy y fundamentaron tan bien, muchos me hicieron emocionar“.

Durante su alocución, Maureira pidió a sus pares que consideraran el impacto de los cambios propuestos, advirtiendo sobre los riesgos de modificar el régimen vigente sin un análisis integral. Por esto mismo, pidió encontrar consensos, tal como sucedió con discusiones previas.

La legisladora también hizo referencia al contexto fuera del recinto, al mencionar la presencia de colegas periodistas y manifestantes. “En nombre de todos mis colegas y la gente que está afuera, pensemos en lo mejor que podamos hacer por ellos y por los trabajadores, siempre hay tiempo de mejorar”, afirmó.

“Voy a acompañar a mi provincia porque es un ejemplo. Se pueden hacer cosas muy buenas cuando realmente sabemos cómo organizarnos y tenemos respeto también”, explicó. Finalmente, la diputada hizo una referencia personal vinculada a su labor periodística anterior: “Realmente me emociona, porque no he dejado la piel de periodista y veo muchos de los colegas afuera”, remarcando que no le gustaría volver a cubrir hechos como los que se vivieron este jueves fuera del Palacio Legislativo.

En particular, habló sobre el artículo 26 sobre el que indicó que hay cosas “que hacen mucho ruido, como también el desfinanciamiento a nuestra industria cultural”. Ante el recinto, solicitó explícitamente rechazar este punto: “Por eso es que voy a pedirles realmente que, más allá de las diferencias que podamos tener políticas e ideológicas en nuestros espacios, pensemos en este estatuto, rechacemos el 26”.

“El estatuto del periodista tiene un sentido histórico y jurídico que excede lo contractual; fue concebido para otorgar condiciones de estabilidad en una actividad que cumple un rol estructural”, expresó la diputada. En ese sentido, remarcó que la normativa en cuestión no persigue otorgar privilegios; por el contrario, “se trata de una herramienta institucional que lo que busca es preservar la independencia profesional frente a las presiones económicas o políticas”.

Aprobación en la Cámara baja

Pasada la medianoche, el proyecto de reforma laboral logró la media sanción en la Cámara de Diputados, con 135 votos a favor, 115 en contra y sin abstenciones durante su tratamiento en general.

El bloque de La Libertad Avanza reunió el respaldo de sus aliados tradicionales del PRO, la UCR y el MID. También sumó el acompañamiento de los legisladores de Salta y Misiones agrupados en Innovación Federal, las diputadas de San Juan pertenecientes a Producción y Trabajo, quienes responden al gobernador Marcelo Orrego; el diputado de Santa Cruz, José Garrido, y los representantes de Tucumán por Independencia, junto con una parte de Provincias Unidas.

Durante el debate, el texto experimentó una modificación puntual: se eliminó el artículo referido a las licencias médicas, motivo por el cual la iniciativa deberá regresar al Senado para su aprobación final. La meta de La Libertad Avanza es que la ley sea sancionada la próxima semana, lo que permitiría al presidente Javier Milei contar con un logro legislativo relevante antes de su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, previsto para el 1 de marzo.

Pasadas las 18, efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería avanzaron con la infantería para arrestar a algunos de los grupos de personas que derribaron al menos dos vallas que estaban en el perímetro del Congreso.

Más temprano, los incidentes se habían dado cuando las agrupaciones se concentraron frente al lugar donde estaban las fuerzas federales a pesar de la respuesta del camión hidrante y los gases lacrimógenos que lanzaron desde las primeras horas de la tarde para dispersar.

En las imágenes se puede observar cómo los efectivos intentaron aplicar el protocolo antipiquete para las agrupaciones, que no eran multitudinarias, pero que sí respondieron ante los intentos de las fuerzas federales. En ese marco, las personas afectadas fueron atendidas por personal médico, mientras que un grupo de personas generó más disturbios: prendieron fuego a basura en la calle.

Desde un primer momento, algunos manifestantes comenzaron a lanzar botellas y palos a la Policía, y luego intentaron tirar una de las vallas. Si bien en un primer momento no respondieron las fuerzas, luego actuó un camión hidrante.

La intención de lanzar agua es para que se alejen de las vallas y no se generen conflictos cuerpo a cuerpo. De momento, algunos se refugian en una bandera de Argentina. Mientras que otros cantan “la patria no se vende”.

Justamente, mientras había enfrentamientos entre los efectivos federales, la Policía de la Ciudad bloqueó las arterias laterales que permiten evacuar la Plaza Congreso. Los efectivos alegan “razones de orden público” y no ofrecen indicaciones sobre qué vías alternativas se pueden tomar para salir.

Permanecían cerradas Rodríguez Peña y Montevideo, ambas cerca de Bartolomé Mitre, así como también Paraná, Uruguay y Rivadavia. No se puede cambiar de dirección, solamente permiten caminar en línea recta, por lo que se complica la evacuación de quien quiera irse de Congreso.

La fuerza porteña incluso dispuso un camión de Infantería y varias motos en esos cortes. Un oficial dijo a Infobae: “Es por razones de orden público”. Ni él ni otros tres oficiales supieron indicar cuál era la vía de evacuación habilitada.

En la manifestación, se vieron afiches que tenían leyendas como: “No al banco de horas”, “No a las vacaciones fraccionadas”, “No a los descuentos en la licencia por enfermedad”, “No a las 12 horas de jornada laboral” y, en mayor presencia, “No a la reforma laboral esclavista”.

También se exhiben fotografías de varios de los principales líderes sindicales de Argentina: Hugo Moyano, Gerardo Martínez, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Octavio Argüello. En todas ellas, sus rostros muestran los ojos tachados, manchas de sangre en la boca y cuernos. Todos los carteles llevan la misma consigna: “Traidor al pueblo trabajador”.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó en el inicio de la manifestación que el derecho a manifestarse está garantizado siempre que se desarrolle de manera pacífica. “Marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”, sostuvo.

En esa línea, la funcionaria advirtió que habrá intervención ante posibles disturbios. “El que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias. Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar”, señaló, y agregó que el objetivo es evitar situaciones de desorden durante la jornada de protesta.

Asimismo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que iban a realizar una manifestación frente al Palacio Legislativo. También se concentraron Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que agrupa a la UOM, Aceiteros y las dos CTA.

Fotos: Gustavo Gavotti

“Quiero manifestar mi disconformidad de que en una ley que viene a quitar tantos derechos a trabajadores y trabajadoras se limite la voz solamente a 40 diputados”, comenzó su exposición el legislador que tomó la palabra tras pedir una interrupción a la diputada Vanesa Siley.

Así, el ex Secretario de Derechos Humanos de la Nación durante la presidencia de Alberto Fernández continuó: “Esta ley es una ley que nos retrotrae a la esclavitud y te voy a hacer entrega del símbolo de esta ley hoy, que es claramente un retroceso para nuestros derechos laborales, para nuestros derechos históricos y para nuestra Constitución, que defiende por sobre todas las cosas a los trabajadores”. En ese momento, se paró de su banca y fue hacia la presidencia de la Cámara para depositar una cadena frente al presidente de la Cámara.

“A mí no me puede entregar nada, diputado. Le pido que respete el reglamento, que retire lo que ha dejado acá. Es una falta de respeto. No está permitido”, le respondió el titular de la Cámara baja.

Esto se dio después de varios cuestionamientos por parte de la bancada de Unión por la Patria hacia la presidencia por la votación a mano alzada del plan de labor parlamentaria que impulsó el oficialismo en el inicio de la sesión. Desde la oposición pidieron una moción de reconsideración, aunque admitieron que iba a quedan en la nada.

En ese sentido, establecieron que primero cada uno de los miembros informantes de los cinco despachos pueda hablar durante 20 minutos y luego hay una lista de 40 oradores con 5 minutos cada uno antes de la votación en general y luego en particular, que será por capítulo.

Todo escaló todavía más cuando la diputada Cecilia Moreau tomó la palabra en el inicio de la sesión e increpó al presidente de la Cámara: "Usted está pasándose de vivo porque está planteando la reconsideración de esa moción porque sabe que reglamentariamente, para poner una moción en reconsideración, hacen falta dos tercios".

Y añadió: “Igual vamos a pedir esa moción de reconsideración, porque aunque perdamos, vamos a perder esos dos tercios con la frente en alto, defendiendo los derechos de los trabajadores”.

“Monigotes. Ustedes, los que entraron en nombre del peronismo, en nombre del campo nacional y popular, en nombre de Irigoyen y de Alem, no solo hoy van a acompañar un retroceso en la vida de los trabajadores, sino que además van a ser cómplices en este Congreso, censurar las voces de los diputados y diputadas”, lanzó Moreau en el recinto tras pedir la palabra. Enseguida, la diputada exigió que la votación se hiciera de manera nominal: “Pido una reconsideración y que se vote de manera nominal”.

En medio de los gritos y reclamos, la moción del peronismo para modificar el plan de labor fue sometida a votación y obtuvo 107 votos afirmativos y 136 negativos. De esa manera, la propuesta del oficialismo se mantuvo y la sesión avanzó bajo esos parámetros.

Minutos después, con la exposición del libertario Lisandro Almirón en el dictamen de mayoría, comenzó a tratar en la Cámara de Diputados la reforma laboral oficialista.

“¿De cuánto sirve una biblioteca entera de legislación laboral si al final del día el régimen previsto no sirve para generar empleo?“, se preguntó el legislador correntino que recibió cuestionamientos desde los bloques peronistas porque leyó todo su discurso.

El correntino defendió fervorosamente el proyecto del Gobierno. Incluso cuando el kirchnerista Aldo Leiva se acercó hasta su banca para increparlo. “Mientras estamos en este recinto, millones de argentinos trabajan por afuera del encuadre de las leyes, sin aportes y sin obra social”, recordó el diputado.

Y agregó: “La experiencia nos demostró que nuestra legislación laboral vigente, rígida y anacrónica, funciona como una barrera infranqueable para la registración de empleo formal”.

La Cámara de Diputados de la Nación sesionará esta tarde para tratar la reforma laboral. El oficialismo de La Libertad Avanza es optimista respecto de las votaciones que, estiman, se producirán a altas horas de la noche y tiene la certeza de que hay número tanto para el quórum como para aprobar la iniciativa en la votación general. Los cálculos de los principales operadores libertarios también indican que están las adhesiones para todos los títulos que se votarán en particular, aunque reconocen que algunos tienen un margen extremadamente fino.

Ante la larga jornada que se viene, una buena parte de la mesa política del Gobierno se instalará desde la mañana en el Palacio del Congreso para custodiar las adhesiones que por ahora están apalabradas. “Hoy voy desde temprano para estar todo el día en el Congreso”, afirmó una alta fuente. “Vamos a estar trabajando para que se mantengan los votos”, reconoció otra.

La base de operaciones será el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, así como las otras oficinas lindantes que quedan en el primer piso del Congreso. En ese sector ya se habían ubicado ayer importantes integrantes de la rosca libertaria como el ministro del Interior, Diego Santilli, así como el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.

A lo largo de la jornada también estará el secretario de Gestión Institucional y armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem. No está prevista la presencia del asesor presidencial Santiago Caputo, que monitoreará las operaciones oficiales, así como el operativo de seguridad que se desplegará en las inmediaciones del Congreso, desde su despacho de la Casa Rosada.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estará gran parte de la jornada en la Casa Rosada pero se espera que pueda ir para el recinto legislativo en últimas horas de la tarde, tal y como hizo al momento de esperar la votación en el Senado la semana pasada. Seguramente vaya junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien no viajó junto a su hermano y el canciller Pablo Quirno a Washington para quedarse a monitorear la situación en el país, dado que la sesión y el paro nacional son asuntos que preocupan en el Gobierno.

La expectativa en el Gobierno por las votaciones

Antes de irse a Estados Unidos a participar del Consejo de Paz presidido por Donald Trump, el presidente Javier Milei dejó una instrucción clara a toda su mesa política: no hay más espacio para ceder en el articulado de la reforma. El Gobierno convalidó las modificaciones más significativas durante las discusiones previas a la media sanción del Senado y se vio forzado a recular ante el escándalo que se produjo por el controvertido artículo que modificaba el esquema de licencias médicas. Pero no habrá más cesiones.

Altísimas fuentes del oficialismo confirmaron a Infobae que tienen los números para el quórum pese a que existía un leve temor a que algunos diputados no llegaran a tiempo a Capital Federal producto del paro total en el transporte. “Los 129 diputados los tenemos, eso es así”, afirman.

También existe certeza de que habrá número suficiente para terminar de aprobar la Modernización Laboral en la votación en general, aunque eso no asegura un piso para los 26 títulos que componen al proyecto en su totalidad.

“El excel está muy fino”, reconoce una fuente en estricta reserva. Quienes están a cargo del poroteo y de la rosca para asegurarse los votos son Martín Menem y Diego Santilli, que desde que se logró la media sanción en el Senado empezaron a trabajar en tándem para cumplir con el objetivo de la mayoría simple para cada uno de los apartados de la ley.

Además de los votos de La Libertad Avanza, gran parte de los apoyos que conseguirá el oficialismo será brindado por el PRO, la UCR y votos particulares de diputados nacionales que responden a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Aunque en un principio mostraron una mayor intransigencia, varios integrantes del bloque de Provincias Unidas también aportarán lo suyo para que el Gobierno tenga su reforma laboral.

La gran mayoría de las votaciones estará entre los 130 y 140 votos afirmativos, lo que asegura, por un margen mínimo, que La Libertad Avanza consiga movilizar todos los títulos del dictamen de mayoría. El que está más justo es el que contiene al Fondo de Asistencia Laboral (FAL). “Ahí tenemos que custodiar bien de que no se retobe nadie”, indica un importante hombre del oficialismo, que reconoce que ese aspecto de la reforma es el más importante de todos.

¿Qué dice este apartado? El principal objetivo del Fondo es asistir a los empleadores privados en el cumplimiento del pago de indemnizaciones y otras obligaciones laborales. Cada empleador deberá abrir una cuenta individual, administrada como un patrimonio separado, en una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). El financiamiento del Fondo se realizará a través de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) aportarán el 2,5%. Estos porcentajes podrán incrementarse, hasta 1,5% para grandes empresas y 3% para MiPyMEs.

En la oposición se oponen diciendo que el FAL desfinancia la caja de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) en unos USD 2.300 millones, pagando además una comisión del 1% para quien maneje el Fondo. “Desfinancian el régimen jubilatorio y permiten que el Tesoro pueda financiar deuda con ese monto”, indican una diputada de Unión por la Patria a Infobae.

La frenética agenda de las sesiones extraordinarias continúa sin freno en el Senado, que buscará dictaminar esta tarde y dejar listo para el recinto la iniciativa que impone el nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. El tema será tratado, desde las 14.30, por el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.

El proyecto fue aprobado la semana pasada por Diputados, con votos del oficialismo libertario y bancadas dialoguistas que, al comparar con la Cámara alta, previsualizan una eventual sanción de la ley la semana próxima. No obstante, tras la mini crisis generada por el propio Gobierno con la reforma laboral, al menos dos bancadas aliadas deslizaron en las últimas horas que si bien acompañarán esta tarde con sus firmas en el plenario de comisiones, reclamarán precisiones sobre la letra chica del texto.

“Hay algunos puntos que, por ahora, no están del todo claros. Vamos a firmar mañana -en referencia a hoy- el dictamen, pero no queremos que pase lo de la reforma laboral y si no se resuelven los interrogantes hasta el día de la sesión, ya sea con un reaseguro preciso y anticipado en la reglamentación, evaluaremos los pasos a dar”, manifestaron a Infobae desde un despacho de peso. Bajo esta premisa no sería extraño que, en el encuentro de hoy, algunos avales sean en disidencia.

El nuevo Régimen Penal Juvenil no sólo baja la edad de imputabilidad a los 14, sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel, como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la desactivación para conducir vehículos.

Por otra parte, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales para que los menores condenados tengan garantizado el derecho a ser educados, recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedará prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Con la iniciativa también se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando amerite.

Durante el debate en el recinto de la Cámara baja, la diputada libertaria -y miembro informante- Laura Rodríguez Machado (Córdoba) señaló que la ley actual, sancionada en 1980, “no previene, no resocializa y no repara”, ni da respuestas a las víctimas, y afirmó que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales que la Argentina suscribió pero nunca plasmó en una normativa específica.

Guiño a embajador político

La comisión de Acuerdos del Senado analizará -desde las 11- el pliego del exdiputado libertario Fernando Iglesias como embajador -político- en Bélgica y la Unión Europea. En caso de luz verde -se esperan dardos de todo tipo desde el kirchnerismo-, también quedará listo para la semana próxima. La presidencia de este Cuerpo iría para el mileísta Juan Carlos Pagotto, quien ya comanda la de Justicia. Esto representa un inconveniente reglamentario.

Con la sesión preparatoria del martes 24 de febrero, los estrategas de la Cámara alta ya prevén dos convites más para el recinto: el jueves, con Iglesias, Régimen Penal Juvenil y -quizá- la ley de glaciares. La agenda en cuestión fue consensuada entre oficialismo y dialoguistas durante la mañana de ayer, en una reunión virtual.

En tanto, para el viernes quedaría la reforma laboral, siempre y cuando Diputados la modifique entre hoy y la madrugada de mañana y regrese, en segunda revisión, antes de un plenario ya convocado para las 10 de este viernes en el Senado. Esto agita el siempre denostado vicio del “rodillo parlamentario” con el que el kirchnerismo, en sus diversos gobiernos, se cansó de romper récords. No obstante, es el peor camino a imitar y será, de mínima, desprolijo. El otro tema será el convenio entre el Mercosur y la Unión Europea.

El Gobierno asumió el costo de la marcha atrás con el artículo de las licencias por enfermedad, logró dictamen después de esa poda y apuesta a la sesión de este jueves en Diputados para aprobar la reforma laboral. Será un paso decisivo, pero no el último, porque la coronación del proyecto deberá esperar a la segunda vuelta del Senado, la semana que viene. Todo fue disparado por el impacto del artículo 44, que se sintió en el interior del oficialismo, descolocó a aliados y dejó una imagen pobre del grueso de los senadores, porque el tema pasó sin ruido en el recinto -al parecer, sin lectura- - y estalló unos días después por las declaraciones de Federico Sturzenegger. Alcanzó para darle aire a los duros de la CGT, que hoy va al paro total.

El oficialismo decidió dar de baja el grosero tema de las licencias por causas de salud cuando comprobó que, sin ese giro, no tenía asegurada la sesión de Diputados. Es decir, no contaba con los apoyos para garantizar el quórum. La amplia gama de socios y aliados no estaba dispuesta a acompañar si no era liquidado el artículo en cuestión, sin parche alguno, aunque eso determinara un nuevo capítulo en la Cámara alta. Lo registraron Martín Menem en los contactos con el armado del PRO, parte de la UCR y otros sectores; y Diego Santilli en diálogo con gobernadores. De manera pública, lo hicieron saber después Cristian Ritondo, como bloque, y Gustavo Sáenz, como señal de jefes provinciales.

Los recelos habían ganado terreno. La reacción inicial del Gobierno, cuando fue sorprendido por el oleaje que provocaron los dichos de Sturzenegger, fue tratar de dibujar alternativas que agotaran el trámite en Diputados: corrección en la reglamentación de la ley o un proyecto específico para anular después el artículo 44. El problema era más complejo. No pesaba sólo la evidente fragilidad o improcedencia de esas alternativas, sino, sobre todo, la desconfianza en el cumplimiento del Ejecutivo. Y además, el malestar por un costo inesperado y atribuido a la interna violeta.

Ese último fue un ingrediente fuerte. Desde las filas de LLA nunca aclararon del todo cómo había sido incorporado el texto, cuyo efecto se añadió a la lista de daños autogenerados. En filas del PRO y entre legisladores que juegan como aliados por indicación de sus gobernadores -del PJ o provinciales- cargaron contra la “mala praxis” violeta. Una explicación más bien exculpatoria, porque el texto estuvo en poder de sus senadores y pasó la votación. Es más, trascendió que un señalamiento sobre el tema habría llegado al bloque amarillo de diputados.

Como sea, no resultó un dato menor que aliados del oficialismo hicieran pública su posición -dar de baja sin más vueltas el artículo de las licencias por enfermedad-, además de haberla anticipado en las conversaciones con Martín Menem y, de manera más informal, con Santilli. Ritondo lo expuso como decisión del espacio o interbloque. Y la suma terminó de dar negativo para el titular de Diputados cuando llegó el mensaje de Sáenz. El gobernador salteño difundió en X la decisión del conjunto integrado también por legisladores que responden a los jefes provinciales de Tucumán, Catamarca y Misiones.

El malestar con Sturzenegger en el interior del oficialismo venía de arrastre. Fuentes libertarias dejaban circular que el ministro había sido apartado del tema cuando se conversaba en reserva con negociadores cegetistas para moderar las reacciones frente a la reforma laboral. Eso explicaba la decisión de bajar del proyecto los puntos que podrían afectar a las estructuras sindicales, como las cuotas para los gremios y la reducción de aportes a las obras sociales.

El impacto primero mediático y después político de las declaraciones del ministro sobre el recorte de licencias por cuestiones de salud también fue registrado en la interna sindical. Los más críticos con los secretarios de la CGT -Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello- apuntaban ácidamente a una suerte de entendimiento para dar por cumplida la protesta con la marcha de la semana pasada. Latía también la posibilidad de algunas demandas judiciales una vez sancionada y promulgada la ley. Y se hablaba de contactos con algunos jefes cegetistas, por vía de Santiago Caputo y, al menos en este terreno, en la misma dirección que Karina Milei.

El nuevo capítulo en el trámite de la ley dio oxígeno a los gremios más duros de la CGT. El paro total no estaba planteado como alternativa real hace apenas una semana. Por supuesto, la dirigencia sindical arrastra el deterioro de su imagen. El punto, en todo caso, es que la exposición y caída del artículo 44 impactaron en la agenda pública -la conversación, en sentido amplio- muy por encima de lo que venía ocurriendo con la reforma laboral como título.

Fue notorio en las redes sociales. Y a ese cuadro se sumó el cierre de Fate. El Gobierno decidió imponer una conciliación obligatoria, para tratar de contener la situación, y además asoció la decisión empresarial con el clima de paro. En esa línea, Javier Milei no ocultó su enojo. Y vía trascendidos sobre la evaluación de Olivos y a través de las redes, la carga apuntó centralmente sobre el empresario Javier Madanes. También, sobre el sindicato.

Es sabido que Fate arrastra una situación crítica de años y también que es duro el conflicto gremial, en los últimos meses por el ajuste de salarios. Por supuesto, el otro factor -de mercado, por las importaciones- fue destacado en el mensaje de la CGT -tal vez, menos relevante en otro contexto- y por la UIA, tensionada por diferencias en su interior y últimamente más expuesta. Fue sacudida por el cruce del Gobierno con Techint y viene de un encuentro con Luis Caputo, que habría dejado poca respuesta a sus planteos.

El oficialismo confía en celebrar el paso de la reforma laboral por Diputados, aunque le reste el ultimo impulso en el Senado. Dará además batalla comunicacional por el paro de la CGT. De todos modos, lo más inquietante en ese frente sería hasta qué punto se impondrán respuestas duras desde la estructura sindical. En estas horas, renacen las especulaciones sobre judicialización de la ley o de algunos artículos, incluso más allá de movidas cegetistas. Pero por ahora, el foco sigue puesto en Diputados. El oficialismo revisa las cuentas de apoyos y espera superar cuestionamientos a otros puntos sensibles, como la creación del FAL. Javier Milei espera atento, en comunicación desde Washington.

En la antesala del debate por el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, el denominado Grupo de los Seis (G6), que agrupa a las principales entidades empresariales del país, brindó su respaldo a la iniciativa y expresaron una postura crítica respecto al paro general anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

A través de un comunicado, los empresarios reafirmaron la necesidad de avanzar en una legislación que incentive el empleo formal, aporte previsibilidad y fortalezca la competitividad del sector productivo. El pronunciamiento surge en un contexto de alta tensión por la medida de fuerza convocada por la CGT, que coincide con la discusión parlamentaria prevista para este jueves 19 de febrero.

El documento, rubricado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), remarca: “Desde el Grupo de los 6 reafirmamos la necesidad de avanzar en una reforma laboral moderna y que promueva la creación de empleo formal, brinde previsibilidad y mejore la competitividad del sector productivo”.

Las entidades empresariales subrayaron que el tratamiento legislativo debe realizarse con responsabilidad institucional y apertura al diálogo. “El debate en el Congreso debe darse con responsabilidad, escuchando a todos los sectores y priorizando el crecimiento económico, la generación de trabajo y el acceso al financiamiento”, sostuvieron en el texto. El G6 consideró que la discusión no solo debe centrarse en la reforma en sí, sino también en las condiciones estructurales para lograr un mercado laboral eficiente y moderno.

En relación con la medida de fuerza de la CGT, el Grupo de los Seis expresó su respeto al derecho constitucional de huelga, aunque advirtió que el país requiere acuerdos para superar las incertezas. “Respetamos el derecho constitucional de la protesta, pero consideramos que la Argentina necesita de los consensos y no medidas que profundicen la incertidumbre”, remarcaron.

A la vez, el mensaje incluyó una convocatoria explícita a los políticos y sindicalistas para trabajar en acuerdos que permitan enfrentar la informalidad y fortalecer el desarrollo económico. “Convocamos a la dirigencia política y sindical a construir acuerdos que permitan superar la informalidad y fortalecer el desarrollo del país”, solicitaron las entidades, que reúnen a sectores clave de la economía argentina.

Reforma laboral y paro general

Con el paro general de la CGT como telón de fondo, el Gobierno consiguió este miércoles reunir las firmas necesarias para emitir el dictamen de mayoría del proyecto de reforma laboral, durante un plenario conjunto de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La discusión en el recinto está prevista para este jueves a las 14.

La iniciativa de La Libertad Avanza obtuvo 44 adhesiones, con acompañamiento del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo (San Juan), Independencia (Tucumán) e Innovación Federal (Misiones). Por su parte, la Coalición Cívica y Encuentro Federal elaboraron dictámenes alternativos y anticiparon que el interbloque Unidos no dará quórum en la sesión. Los bloques del peronismo y la izquierda expresaron su rechazo total a la reforma.

Durante el inicio del debate, el oficialismo comunicó la decisión de retirar el artículo 44 del proyecto, tras los reclamos de algunos sectores aliados. Ese apartado, incorporado en la revisión del Senado, establecía recortes salariales del 50% o 75% en casos de enfermedad o accidente, dependiendo de si la actividad implicaba o no un riesgo asumido. Además, acortaba la cobertura por enfermedad de los actuales 6 a 12 meses a un rango de 3 a 6 meses, según la situación familiar del trabajador, y suprimía la extensión por antigüedad.

El oficialismo logró este miércoles avanzar con el dictamen de mayoría del proyecto de modernización laboral en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La sesión será este jueves a partir de las 14 y los libertarios tienen prácticamente asegurado el quórum.

El dictamen de mayoría impulsado por La Libertad Avanza obtuvo 44 firmas con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo (San Juan), Independencia (Tucumán) e Innovación Federal (Misiones). La Coalición Cívica y Encuentro Federal presentaron dictámenes propios y dejaron trascender que mañana el interbloque Unidos no dará quórum. El peronismo y la izquierda rechazaron la reforma en su conjunto.

Al inicio del plenario, el jefe del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, anunció que eliminarían el artículo 44 del proyecto ante los cuestionamientos de los bloques aliados. Ese artículo, que fue incluído en el Senado en la última tanda de modificaciones, establecía una reducción del salario al 50% o 75% en caso de enfermedad o accidente, según se trate o no de una actividad voluntaria y consciente del riesgo. Por otra parte, disminuía el período de cobertura de entre los 6 y 12 meses actuales a entre 3 y 6 meses, según el trabajador tenga o no carga de familia, y eliminaba la mayor extensión por antigüedad.

La polémica que se generó tanto en los medios como en las redes sociales contribuyeron a que bloques aliados pusieran en duda su apoyo y como consecuencia los libertarios decidieron ponerle punto final a la discusión eliminando el artículo de raíz. En muchos despachos oficiales apuntaron contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que en una entrevista puso como ejemplo el caso de un trabajador que se lesionaba jugando al fútbol en su tiempo libre.

Sin embargo, los libertarios adelantaron que no habrá cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que tiene como función asistir a los empleadores privados en el cumplimiento del pago de indemnizaciones y otras obligaciones laborales establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo, incluyendo las contempladas en la Ley del Régimen de Trabajo Agrario.

Este fondo se nutrirá de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) aportarán el 2,5%. Pero esos aportes patronales hoy se destinan a mantener el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que la medida podría impactar en el financiamiento de las jubilaciones.

Hasta el momento, el FAL cosechó el rechazo de diferentes bloques aliados y dialoguistas, principalmente por en las provincias rechazan la desfinanciación de la ANSES. Provincias Unidas, Innovación Federal, los tucumanos de Independencia y los catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil plantearon públicamente sus cuestionamientos a este punto.

En el plenario de comisiones hubo diferentes expositores entre los que se destacaron los integrantes de la conducción de la CGT. El clima fue tenso a los largo de todo el encuentro y hubo varias referencias al cierre de la planta de Fate, que dejó casi mil trabajadores sin empleo.

“Desde la CGT venimos a expresar nuestro rechazo absoluto a este proyecto. ¿Qué moderniza? No se habla de robótica, de nuevas tecnologías o IA, ni de nuevos modos de relaciones de trabajo. Se habla de quita de derechos y de debilitamiento de derechos colectivos. Además hay una gran transferencia de recursos de los trabajadores al sector empleador. Se bajan los aportes patronales y se crea el FAL, implica una transferencia de 6 mil millones anuales”, explicó Jorga Sola.

En la misma línea, Cristian Jerónimo advirtió a los bloques aliados que “en el 2001, cuando fracasó un proyecto que era muy parecido a este, los legisladores pagaron un costo muy alto”. E insistió: “El pueblo argentino no se va a olvidar de los que traicionen a los trabajadores”.

“Aquel que dé quórum está traicionando al pueblo. Hoy están atrevidos y muy agrandados. No sea cosas que mañana se de vuelta la torta. No traicionen al pueblo trabajador porque vamos a hacer tronar el escarmiento”, amenazó Octavio Arguello.

Por otro lado, el Director de Asuntos Corporativos de Rappi, Gabriel Buenos, aseguró la reforma “interpreta bien las necesidades de los trabajadores de plataforma”

“El 65% de los trabajadores de plataforma se conectan menos de 3 horas por día. La posibilidad de elegir el día, la hora y el tiempo es el principal reclamo. Este proyecto interpreta bien las necesidades de los trabajadores”, afirmó.

En la misma línea, el presidente de Idea, Santiago Mignone, planetó. “Este proyecto no enfrenta al capital y el trabajo, sino que los une en un mismo objetivo: crear y producir. Esperamos que este proyecto pueda ser aprobado y dar un paso hacia la modernización laboral”.

La Libertad Avanza tiene 95 diputados. Si a eso se le suman los 22 miembros del interbloque Fuerza del Cambio (PRO, UCR, MID; ABA, PSC), 9 integrantes de Innovación Federal (Salta y Misiones), 2 miembros de Producción y Trabajo (San Juan) y 1 representante de La Neuquinidad, el oficialismo ya tendría garantizado el quórum.

Pero también podrán sumar a 3 diputados que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y otros 3 de Catamarca, cercanos a Raúl Jalil. Ambos bloques han apoyado al Gobierno en votaciones importantes.

El peronismo y la izquierda ya adelantaron que rechazarán por completo el proyecto. “Es una regresión histórica donde no hay un solo artículo que mejore derechos”, dijo a Infobae el diputado y referente de La Bancaria, Carlos Cisneros. “La Ley de Contrato de Trabajo fue reformada más de 240 veces; no es vieja, la quieren reemplazar para retroceder cien años”, agregó.

Parlamentarios guatemaltecos manifestaron su preocupación por el futuro de la atención médica en áreas remotas tras la inminente retirada de las brigadas cubanas que han operado en el país durante más de veintisiete años, y cuestionaron al Gobierno por la falta de información y de un plan efectivo para cubrir el vacío que dejarán estos cuatrocientos doce médicos especialistas, cuya presencia alcanza dieciséis departamentos y ciento veintiocho municipios** de Guatemala. Varios legisladores advirtieron en el Pleno que esta decisión podría afectar gravemente a poblaciones indígenas, rurales y grupos históricamente marginados, al tiempo que reclamaron mayor transparencia respecto a la estrategia de reemplazo por parte del Ministerio de Salud.

Consecuencias para la cobertura sanitaria en zonas vulnerables

La diputada Sonia Ragüen, de la bancada WINAQ, presentó una moción privilegiada para que el Congreso reconozca formalmente el trabajo de la cooperación internacional cubana y exija al Ejecutivo acción inmediata para asegurar la continuidad de la atención sanitaria en el primer nivel. Ragüen insistió en que la salida de los brigadistas ocurre “en la clandestinidad, en el silencio, sigilosamente”, y subrayó que “actualmente tiene cuatrocientos doce médicos especialistas. Están presentes en dieciséis departamentos, ciento veintiocho municipios. No es cualquier apoyo que han estado brindando en estos veintisiete años”.

La diputada independentista Evelyn Morataya sostuvo que la finalización del convenio con los médicos cubanos dejará “un vacío enorme en muchas áreas rurales de todo el país”. Morataya remarcó que la brigada estaba presente desde el gobierno del expresidente Álvaro Arzú, con ratificaciones en administraciones posteriores, brindando atención básica e integral donde el Estado no alcanzaba.

Críticas al manejo de la transición y exigencia de transparencia

El diputado José Chic, de la bancada VOS, subrayó la preocupación ante la ausencia de un plan real de transición: “No hay un plan real de transición y mucho menos de garantía del derecho humano a la salud”. Criticó la politización del tema: “Se está politizando la salud por quedar bien internacionalmente, se está perdiendo la realidad que está viviendo la población guatemalteca hoy por hoy”.

Chic detalló que visitó el hospital de Uspantán, donde aún trabajan “diez especialistas cubanos”, y comprobó que hasta ese momento “no hay ni una sola convocatoria en ningún hospital público de este país donde hay cobertura”. Señaló que la falta de estrategia gubernamental compromete especialmente el acceso a servicios médicos en territorios indígenas y rurales: “No está afectando a una cuestión política, está afectando directamente a pueblos indígenas y a pueblos del área rural”.

Demandas de reconocimiento y medidas urgentes

Desde el Congreso, la mayoría de diputados que intervinieron reclamaron que el Estado exprese reconocimiento público a la labor de la misión médica cubana, la cual, según Ragüen, permitió alcanzar zonas olvidadas y reducir tasas críticas como la de mortalidad materno-infantil. Morataya insistió: “Como guatemalteca, estoy muy agradecida con esta misión que por años ha trabajado en Guatemala y exhorto al Gobierno de la República para que tome medidas inmediatas para poder subsanar esta ausencia”.

La exigencia común es que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social detalle públicamente cómo garantizará la continuidad y expansión de la atención primaria, especialmente en áreas rurales, niñez, mujeres y adultos mayores. Morataya advirtió que tanto ella como otros legisladores han solicitado información al Ministerio, pero solo han recibido prórrogas y no respuestas claras sobre las acciones futuras.

La incertidumbre sobre la cobertura en puestos y centros de salud rural se mantiene, mientras el debate parlamentario gira en torno a la urgencia de asegurar recursos, especialistas y estrategias que no dejen a los sectores vulnerables sin posibilidad de atención médica adecuada.

En respuesta, a través de comunicados el ministerio de Salud Pública, se ha pronunciado insistiendo en que se está trabajando en un plan articulado, y que garantizan los servicios de salud a todos los guatemaltecos.

La reciente media sanción en la Cámara de Diputados para modificar el régimen penal juvenil no es un hecho aislado ni meramente declarativo. Encamina una reforma que, de ser aprobada en el Senado en los próximos días, convertirá en ley un nuevo esquema de responsabilidad penal juvenil en la Argentina. El proyecto fija la edad de imputabilidad en los 14 años y establece, para los delitos más graves, una pena máxima de hasta 15 años.

Se trata de un avance institucional significativo. No sólo redefine un umbral etario, sino que crea un régimen específico con herramientas concretas, presupuesto asignado y dispositivos de intervención que no implican automáticamente prisión.

Es importante subrayarlo: un sistema penal juvenil moderno no supone que un adolescente vaya a la cárcel por el solo hecho de quedar comprendido en el régimen. Para los delitos de menor gravedad se prevén mecanismos alternativos como conciliaciones, amonestaciones, reglas de conducta, reparación del daño, medidas socioeducativas, seguimiento obligatorio y la exigencia de completar la escolaridad.

El esquema contempla, además, restricciones vinculadas al consumo de sustancias, programas específicos de abordaje y la supervisión de equipos interdisciplinarios. Las personas responsables del menor durante el proceso deberán asumir obligaciones concretas e informar periódicamente a la justicia sobre el cumplimiento de las medidas. La ley prevé un presupuesto específico para la creación y adecuación de centros especializados y para dotar al sistema de los recursos humanos necesarios. Es decir, no se trata sólo de ampliar la imputabilidad, sino de construir una estructura que intervenga con seriedad.

La norma vigente data de 1980 y responde a un contexto histórico y criminológico diferente. Cuatro décadas después, el desarrollo cognitivo, la exposición a entornos violentos y el grado de comprensión de la ilicitud de los actos por parte de los adolescentes no pueden analizarse con los mismos parámetros. El derecho penal no puede permanecer congelado mientras la realidad evoluciona.

El debate suele presentarse como “mano dura” versus “garantismo”. Esa dicotomía es falsa. El garantismo penal bien entendido implica debido proceso, derecho de defensa, principio de legalidad, proporcionalidad de la pena y respeto a los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional a través del artículo 75 inciso 22. En materia de menores, supone el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y un sistema especializado.

Todo abogado penalista debe velar por el garantismo, porque sin garantías no hay Estado de Derecho. Lo que ocurrió en la Argentina fue que el término fue utilizado en ocasiones para justificar la neutralización de la respuesta penal. Allí aparece la discusión de fondo: la influencia del abolicionismo penal en nuestra cultura jurídica.

El abolicionismo pone en duda la legitimidad misma de la pena. Parte de la idea de que el delito es producto de fallas estructurales de la sociedad y que la sanción resulta secundaria. Bajo esa mirada, la responsabilidad individual se diluye y el sistema pierde su función esencial.

Esa corriente tuvo desarrollo académico e influencia en sectores del Poder Judicial. El resultado fue un desplazamiento del eje: el sistema comenzó a mirar más al imputado que a la víctima.

El derecho penal tiene una función primaria clara: sancionar cuando se comete un delito y proteger al ciudadano que respeta la ley. La pena reafirma la vigencia de la norma y actúa como límite frente a la conducta ilícita. En el caso del régimen penal juvenil, el sistema puede incorporar herramientas orientadas a la reinserción y al acompañamiento, conforme a los estándares internacionales. Pero esa dimensión no reemplaza la función básica del derecho penal, que es establecer responsabilidad y aplicar consecuencias jurídicas cuando la ley es vulnerada.

La media sanción se inscribe en un proceso más amplio de reformas como la ley de reiterancia, el juzgamiento en ausencia y la ley antimafias, junto con el impulso hacia la actualización de un Código Penal centenario. Son medidas discutibles y perfectibles, pero configuran un cambio de orientación en materia penal.

Si el Senado convierte esta iniciativa en ley, la Argentina no sólo habrá modificado una edad. Habrá dado un paso hacia un cambio de paradigma: un sistema penal juvenil con garantías, con estructura, con presupuesto y con límites claros, reafirmando que el derecho penal existe para proteger a la sociedad y no para justificar el delito.

El oficialismo de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados quiere que el miércoles se consiga dictamen para tratar el jueves la reforma laboral en el recinto. De darse este panorama, la CGT llevará a cabo un paro nacional que tendrá la adhesión de los gremios estatales. Ante eso, el Gobierno avisa que le descontará el día a los empleados que no acudan a su lugar de trabajo o que no cumplan funciones esa jornada.

Lo confirmaron dos altas fuentes de Casa Rosada a Infobae. “Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”, avisó uno de estos dos funcionarios.

Se trata de una medida que el Gobierno adoptó en los anteriores paros nacionales convocados por la central obrera. La diferencia que habrá respecto a la tercera y última movilización convocada en abril del 2025 es que esta vez no habrá colectivos, trenes, subtes ni taxis. Es decir, los sindicatos que nuclean a los principales medios de transporte de pasajeros de todo el país confirmaron que se sumarán a la medida de fuerza.

“Habrá que organizar a todos los empleados. Pero tienen que venir a trabajar sí o sí. Cómo sea”, indica un alto funcionario libertario sobre la logística que deberá ejecutar para que su planta llegue a su puesto de trabajo el día del paro nacional.

Mientras que la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), liderada por Andrés Rodríguez, adhirió al paro pero no a la movilización; la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que saldrá a las calles a marchar frente al Congreso el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. El día que se prevé para eso es el jueves, salvo que ocurra algo impensado.

La decisión de la movilización fue comunicada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó con dureza el proceso legislativo y la postura del Gobierno frente a los reclamos sindicales. Consultado por Infobae en vivo, explicó que la decisión de convocar a un paro con movilización responde a la necesidad de evitar que el Congreso se quede sin la presión de la calle, lo que, según su visión, facilitaría el avance legislativo del oficialismo.

“No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad de la que actuaron los senadores”, consideró, haciendo referencia al debate en la Cámara Alta. El dirigente incluso ironizó sobre la dinámica parlamentaria, señalando que durante la votación en el Senado “hubo más valijas en el Congreso que en la estación de retiro durante las vacaciones”.

Por su parte, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN) justificó el paro general anunciado para este jueves, mientras se trate la reforma laboral en Diputados, y dijo que “el principal motivo” de la medida de fuerza “es que el proyecto quita derechos y no va a crear ni un solo empleo”.

El disparador del llamado al paro nacional surgió a partir de la polémica por el artículo que reducía sustancialmente el régimen de licencias médicas. Tras la crecida mediática de ese asunto, el oficialismo se vio forzado a modificar esa parte del proyecto y lo anunciará mañana en la reunión de comisiones en la Cámara de Diputados. La reforma será aprobada con modificaciones en el recinto y volverá al Senado, donde LLA busca sancionarla el viernes de la semana que viene.

Que el Gobierno haya cedido con ese aspecto hace que la consigna del paro pierda fuerza, esgrimen en la Casa Rosada. Aun así, esto podría ser una verdad a medias: a raíz de la discusión de las licencias médicas, también se puso bajo el foco mediático otros aspectos de la llamada Modernización Laboral que antes no eran siquiera conocidos.

Rodríguez recalcó que, además de la redacción de las licencias tal y como salió del Senado, “hay otros artículos muy importantes para modificar” entre los cuales mencionó “la ultraactividad de los convenios, o que un convenio de empresa sea superador de uno por actividad”, o el que obliga a “pedir permiso para hacer una asamblea” en los lugares de trabajo.

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, confirmó la decisión de paralizar completamente el transporte durante el paro nacional convocado por la CGT. “Todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas. Como lo ordena la CGT, que lo va a notificar este miércoles en una conferencia de prensa a las 11 de la mañana”, anticipó el dirigente, en Infobae al amanecer, con la conducción de Nacho Girón, junto a Belén Escobar y Luciana Rubinska.

La dinámica en la que se producirá el paro del jueves también produce fricciones al interior del sindicalismo. Las diferencias no son solo entre ATE y UPCN, sino entre actores más amplios. El secretario general de la UOM de Córdoba, Rubén Urbano, definió como “bastante tibios” a los dirigentes de la CGT por no llamar a hacer un paro con movilización.

"No nos sirve un paro dominguero, un paro matero en estos momentos cruciales. No se trata de un acuerdo salarial, sino de algo gravísimo como quitar todas las leyes y derechos que tenemos los trabajadores”, remarcó, en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann por radioMitre.