A quince meses de las elecciones, Javier Milei acaba de abrir la campaña oficialista con un compacto de consignas. El paquete de proyectos encabezado por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el DNU sobre política migratoria -con el pretexto de enfrentar una “campaña antiargentina”- describen el ensayo inicial: vuelta al dañado discurso “anticasta” y un toque de nacionalismo a explotar sin miramientos. Un conjunto que, a la vez, reproduce el intento de ganar los primeros renglones de la agenda política, más allá de internas, con la necesidad de salir del empantanamiento en el Congreso y de correr el foco de la economía.

No es poco, como está a la vista, lo que proyecta como prueba para el oficialismo. De entrada, expone lo lejos que quedaron las especulaciones que se hacían trascender desde el propio Gobierno sobre un posible cambio de humor social. Se especulaba con una mezcla de hechos ajenos y propios, es decir, el Mundial y el reacomodamiento de gestión, después de la salida de Manuel Adorni y el reemplazo por Diego Santilli. El Presidente acaba de dejar un mensaje también en este terreno: ratificó su gesto hacia el caído funcionario y lo hizo en los umbrales del reinicio de la actividad judicial, que podría reponer el tema.

Es probable que el Gobierno haya advertido el desvanecimiento de la referida idea sobre el clima postmundialista, acompañado por una serie de datos económicos al menos preocupantes -actividad general, consumo- apenas pasada la difusión del índice inflacionario a la baja en junio. Puede que no se haya tratado de pasos alineados de manera planificada, pero resultó evidente el hilván electoral que unió el DNU mencionado y la cadena nacional sobre el proyecto para el Banco Central.

En el inicio de la semana, Milei había producido una fuerte carga de descalificaciones contra Lula da Silva que sacudió la relación diplomática con Brasil. Ese pico de tensión se fue atenuando, aunque tuvo una estribación para la narrativa local. El Presidente ya había empezado a escribir otro capítulo, con la peor letra dejada por el Mundial, la de la “campaña” externa contra el país. Dijo que Brasil era uno de los principales motores de esa movida internacional -en rigor, lamentables declaraciones de algunas figuras del espectáculo y expresiones en algunos medios y redes- y, como a la pasada, incluyó en la misma línea a México, que le respondió con prudencia pero de manera expresa.

El hilo fue retomado sin demora. El Gobierno dispuso un DNU para modificar la ley de Migraciones: medidas apuntadas a extranjeros que expresen mensajes de odio contra argentinos o directamente contra el país. Podría impedir ingresos o decidir expulsiones. Por supuesto, antes que debatir sobre la puerta que podría abrir un texto de esta naturaleza -impreciso-, los cuestionamientos hicieron centro en el dictado de un decreto de esta naturaleza sin que existan condiciones excepcionales que lo justifiquen. Tema para el Congreso y posiblemente para la Justicia. Tal vez lo que haya interesado es el título en los medios.

Se verá cómo sigue y si hay debate o si la norma queda al costado del camino por algún recurso judicial. De todas maneras, es un elemento asociado a lo que dentro del oficialismo suelen mencionar como “batalla cultural” y que, de hecho, asoma como una pincelada de inicio de campaña para el plan reeleccionista. Más preciso resultó el mensaje presidencial sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El oficialismo se entusiasma con las chances de la iniciativa en el Congreso. Antes, más allá de ese trámite y de las consideraciones de fondo sobre el texto, Milei se encargó de retomar el discurso de batalla política.

El Presidente estuvo acompañado por el equipo económico y político: Luis Caputo, Santiago Bausili, Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem, Patricia Bullrich, entre otros. Y más allá de la postal esperable, buscó darle de entrada un sentido fundacional al proyecto, algo que no es novedoso en el oficialismo ni resulta original en política.

Dijo que las reformas impulsadas por el Gobierno son las “más importantes de los últimos 91 años”. De hecho, tomó el tiempo transcurrido desde la creación del Banco Central, pero le dio un giro más amplio. Forzó un común denominador para casi un siglo, que incluye gobiernos democráticos y dictaduras, gestiones conservadoras, populistas de diferente sello, progresistas, regresivas. Milei busca mostrarse también así como algo nuevo, que da vuelta la historia. Lo dicho: pretensión fundacional.

Atado a ese giro, retomó el discurso “anticasta”, dañado en más de dos años de gestión por diferentes razones y no sólo por el caso Adorni. Milei dijo entre otras cosas que el proyecto sobre el Banco Central “viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar la alta política”. Lo repitió en otros párrafos de su mensaje, hablando de estafa o robo, siempre como juego del poder político.

El Presidente trató de colocarse así como ajeno a “la” política y refundador nacional. Hubo, además, un tercer elemento que completó el tono de campaña: la confrontación con Cristina Fernández de Kirchner. Apuntó contra Mercedes Marcó del Pont y dijo que junto a CFK le “robaron” al Banco Central unos 10.000 millones de dólares. Se supone que aludió al endeudamiento. Y resultó claro que no buscaba discutir enfoques, sino sumar una pincelada de campaña.

El proyecto en cuestión ya fue enviado a Diputados. Se suma unos días después de haber sido girada la segunda entrega de Inocencia Fiscal, un complemento especialmente reclamado por Economía. El Senado no recibió nuevas iniciativas. Tiene bastante con su acumulado: inviolabilidad de la propiedad privada, reforma electoral, recorte de subsidios al gas en zonas frías, RIGI II, etiquetado frontal, entre otras.

La primera y repetida prueba será la semana que viene con propiedad privada. Lleva varios fracasos del oficialismo y no está claro aún si tiene número, en especial para el punto de la venta de tierras a personas o empresas extranjeras. Existen reparos de algunos dialoguistas como la UCR. Y nadie desconoce la crítica particularmente dura de la Iglesia Católica, por intermedio de la Pastoral Social.

El Gobierno necesita revertir el cuadro de demoras y hasta de freno a sus proyectos. Durante meses, ese estancamiento fue atribuido a las tensiones y malestar generados por el caso Adorni. El tema, al menos en ese plano, no cuenta ahora. Las negociaciones consideradas cruciales, con gobernadores y espacios aliados, mezclan cada vez más recursos y planes electorales. El paso del tiempo pudo haber modificado aquel paño de juego, pero suma cartas costosas.

No ayudan las internas, las del círculo más cercano a Olivos y las del Congreso. La serie suma en estas horas el áspero cruce entre Santilli y Victoria Villarruel. Más allá de las aclaraciones hechas desde el oficialismo -hubo apuro por transmitir que no se trata de algo planificado, y definitivo-, suma el ingrediente institucional a la cocina libertaria. No es normal que un jefe de Gabinete le sugiera que renuncie a la vicepresidenta.

La cadena nacional que encabezó el presidente Milei dejó en claro que en el segundo semestre el Gobierno pretende retomar el control de la agenda del Congreso con una batería de proyectos de alto impacto político. El martes de la semana que viene el titular de la Cámara baja, Martín Menem, se reunirá con los jefes de bloques aliados y dialoguistas para negociar un cronograma de trabajo. Las prioridades son la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la Inocencia Fiscal II y la Inviolabilidad de la Propiedad Privada (actualmente en el Senado). Pero según explicaron fuentes de La Libertad Avanza, la idea es incluir en los temarios de las próximas sesiones algunos proyectos de la oposición para fortalecer los consensos.

Si bien es una práctica habitual en el Congreso, los libertarios no mostraron en la primera mitad del año demasiado interés en dejar prosperar las iniciativas del PRO, la UCR, Provincias Unidas y otros bloques provinciales en la Cámara de Diputados. En contraste, Patricia Bullrich dio recientemente algunas señales a los aliados: en la última sesión aprobó la declaración de Tucumán como capital simbólica, una iniciativa de las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, y prevé incluir el proyecto sobre falsas denuncias en casos de violencia de género de la radical Carolina Losada. Son proyectos sin costo para el Gobierno pero ayudan a aceitar las relaciones.

Ante la consulta de Infobae, desde el PRO ratificaron las prioridades que le comunicaron al oficialismo hace dos meses, entre las que se destacan proyectos para reformar el Código Penal, como el agravamiento de las penas para homicidios de menores de 18 años en ocasión de robo y para el asesinato de policías, y la Ficha Limpia. También buscan avanzar con una nueva ley de desalojos y de combate a las usurpaciones de tierras; una reforma del sistema de financiamiento de los partidos políticos y un proyecto que permita sembrar en las tierras ociosas al costado de las rutas nacionales. El listado se completa con iniciativas para combatir el vandalismo rural y el grooming, implementar inhibidores de señales de celulares e internet en las cárceles y para prevenir el suicidio adolescentes.

“Nosotros tenemos por práctica no dar quórum en sesiones donde no firmamos la convocatoria, por lo que creemos que el oficialismo va a tener que incluir temas nuestros y de otros bloques si quiere tratar los proyectos que anunció Milei. Algo van a tener que negociar”, explicó un diputado amarillo.

Desde el radicalismo explicaron que recién a principios de la semana que viene definirán como bloque sus prioridades legislativas. Pero uno de los proyectos que está en carpeta propone la devolución del IVA a las compras de extranjeros para fomentar el sector turístico. No obstante desde el bloque reconocieron que es probable que la principal moneda de negociación sean las obras de infraestructura que formarán parte de la discusión del Presupuesto 2027, un tema mucho más importante para los gobernadores, que tienen fuerte ascendencia sobre la bancada.

Por su parte, el ecléctico bloque Provincias Unidas también impulsa el tratamiento de Ficha Limpia y suma algunos proyectos para favorecer el desendeudamiento de las Pymes. En el caso de los diputados de Santa Fe en particular, han presentado proyectos para ampliar la competencia provincial en materia de estupefacientes. Mientras que los de Córdoba, varios de los cuales responden directamente al gobernador Martín Llaryora, sostienen su reclamo de reformar la ley de biocombustibles para aumentar el porcentaje de bioetanol y biodiesel en los combustibles. Además, al tratarse de provincias productoras, tanto cordobeses como santafesinos reclaman la baja de las retenciones. “Son reclamos históricos”, explicaron, aunque reconocieron que tienen pocas chances de ser aceptados por el oficialismo.

El próximo martes por la tarde, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibirá a los jefes de bloques aliados para comenzar a diseñar una ingeniería política que permita dejar a todos conformes.

Los libertarios apuestan a conseguir la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central antes de que termine agosto, para poder empezar a negociar el Presupuesto 2027 desde una posición de fuerza. Tal como indica la ley de administración financiera, el Gobierno debe enviar el proyecto de Presupuesto el 15 de septiembre.

El próximo miércoles a la mañana también comenzará formalmente el tratamiento de un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal del proyecto de ampliación del régimen de Inocencia Fiscal.

El presidente Javier Milei anunció formalmente este jueves a través de una cadena nacional que enviará al Congreso un proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central para dotarlo de mayor autonomía. El Presidente también anunció otra iniciativa, denominada “Grillete Fiscal”, que “apagará” (shutdown) parte del Estado si el resultado fiscal es deficitario durante varios meses consecutivos, y adelantó reformas estructurales en el mercado de capitales y el régimen de seguros.

Según señalaron fuentes de La Libertad Avanza a Infobae, todas estas iniciativas ingresarán al Congreso por la Cámara de Diputados. El oficialismo ya planea una o dos sesiones durante el mes de agosto en las que se tratarán la ampliación de la Inocencia Fiscal, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que enfrenta un futuro incierto en el Senado por las dudas de bloques y gobernadores aliados a apoyar la ley que elimina los límites para la venta de tierras a extranjeros.

En tanto que el flamante proyecto de Grillete Fiscal y las reformas del mercado de capitales y los seguros quedarán para “más adelante”. “Estos proyectos tienen una secuencia, pero están todos interconectadas”, explicó Milei durante la cadena nacional.

“Pueden ser dos sesiones, el 19 y el 26 de agosto, o una mega sesión, pero todo va a depender de lo que pase la semana que viene en el Senado (el jueves se debatirá la Inviolabilidad de la Propiedad Privada)”, explicaron desde bloque oficialista en Diputados. De hecho, este martes el titular de la Cámara baja, Martín Menem, se reunirá con jefes de bloques dialoguistas para negociar el cronograma legislativo y también para abrir el juego a que los aliados incluyan proyectos propios en las próximas sesiones.

“La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política. La inflación acumulada desde 1935, cuando se creó el BCRA, es una cifra de 20 dígitos. Más de 12 trillones por ciento de inflación”, dijo Milei para defender su proyecto.

En principio, la idea de dotar al Banco Central de una mayor autonomía goza de cierto consenso entre los bloques aliados, lo que facilitará la negociación para el Gobierno. Tanto el PRO, como la UCR y la Coalición Cívica han presentado proyectos en el pasado, durante gobiernos peronistas, para ponerle un límite a la financiación del Tesoro vía emisión monetaria (algunos todavía tienen estado parlamentario).

“Celebro el anuncio del Presidente sobre la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Desde 2022 vengo insistiendo en este camino y presenté un proyecto que aborda exactamente estos puntos. Hoy el Gobierno avanza en la dirección correcta: fortalecer reglas para dar previsibilidad”, publicó el radical Lisandro Nieri, cercano al gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

Sin embargo, todos los consultados por este medio aclararon que primero debían leer la letra chica del proyecto y hasta adelantaron algunas críticas en base al discurso de Milei. “Milei propone mayorías agravadas de dos tercios para la remoción de los miembros del directorio, pero no exige esa misma mayoría, u otra calificada, para su designación”, el diputado Maximiliano Ferraro, de la CC. Según explicó el propio Milei, se necesitarán dos tercios del Senado y de Diputados para el desplazamiento del presidente de la entidad y de los miembros del directorio, lo cual tornará extremadamente difícil su remoción tras un cambio de gobierno. No obstante, el Gobierno actual no tuvo que reunir ese amplio consenso político para designar a Santiago Bausili.

“Lo que quiere es dejar a sus funcionarios amigos más allá de su mandato, sin el mínimo intento de construir los consensos necesarios para eso”, argumentó el presidente de la Coalición Cívica a nivel nacional. Por otro lado, propuso completar la reforma de Milei con otras iniciativas: “No alcanza solo con reformar la Carta Orgánica si no se le ponen límites a los DNU y se modifica la Ley 26.122. De lo contrario, cualquier gobierno, actual o futuro, podrá revertir estos cambios con la sola firma del Presidente y sus ministros, tal como se ha hecho antes para intervenir el Banco Central o disponer de sus reservas. Si realmente quieren blindar la independencia del BCRA, hay que limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo y fortalecer la capacidad del Congreso para declarar la invalidez y/o nulidad de los DNU”.

Ante la consulta de Infobae, desde el bloque Provincias Unidas señalaron que es probable que la iniciativa del Gobierno tenga un apoyo mayoritario. Aunque en el ecléctico bloque donde pisan fuertes los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) también aclararon que esperarán a conocer la letra chica del borrador.

Con esta base de apoyos, si el oficialismo logra sostener su alianza estratégica con los gobernadores de Tucumán, Catamarca, Salta, Misiones, San Juan, Santa Cruz y Neuquén, o con al menos la mitad de ellos, tendrá el camino despejado para la media sanción en Diputados.

El Congreso de Guatemala aprobó este miércoles 29 de julio una reforma a la ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) que elimina ese tributo para las viviendas, pero mantiene el cobro para inmuebles comerciales, abriendo un nuevo frente por el impacto que puede tener en las finanzas municipales.

La votación salió adelante con 121 votos a favor, 25 en contra y 14 diputados ausentes. Ahora, el decreto será remitido al presidente Bernardo Arévalo quien deberá decidir si lo mantiene o lo veta.

La reforma suprime el cobro del Impuesto Único sobre Inmuebles para los bienes destinados a vivienda, de uso residencial y mixto. Para los inmuebles de uso comercial, la norma fija una tarifa diferenciada de 3, 6 y 9 por millar, de acuerdo con el valor inscrito del bien.

El pleno conoció la iniciativa mediante una moción privilegiada, pese a que la agenda de la sesión incluía más de 18 propuestas. Los diputados aprobaron primero las reformas en tercer debate y después discutieron varias enmiendas, en una jornada que se prolongó por más de una hora.

El cambio final dejó una escala para inmuebles comerciales

La redacción inicial planteaba que las viviendas residenciales y de uso mixto pagarán cero por millar.

En un cambio de última hora, los diputados aprobaron con 111 votos un cobro escalonado, pero dejó intacta la exención total para vivienda, alterando únicamente el mecanismo de cobro para propiedades comerciales.

Durante la discusión también aparecieron posturas enfrentadas sobre el sentido del impuesto. Algunos legisladores defendieron la reforma con el argumento de que el IUSI grava la propiedad del bien sin medir la capacidad económica real del contribuyente, presume que todos los propietarios pueden pagar y aplica el mismo cobro a situaciones distintas, lo que a su juicio puede generar desigualdad y afectar bienes esenciales como la vivienda.

El debate enfrentó alivio tributario y temor por los ingresos municipales

La discusión no quedó limitada al pleno. Los alcaldes y diputados chocaron por los efectos de una reducción drástica o la eliminación del impuesto, ya que autoridades municipales advirtieron que una medida de ese tipo afectaría de forma directa los ingresos destinados a servicios, infraestructura y funcionamiento de las comunas.

La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) sostuvo que la ley necesita actualizarse después de casi 30 años de vigencia, pero alertó que eliminar el tributo podría comprometer las finanzas de las municipalidades. Esa advertencia se sumó a las críticas de sectores que consideran que el cambio reducirá una fuente clave de financiamiento local.

Durante las horas previas a la votación, hubo intentos de construir consensos entre bloques con posiciones divididas. Algunos promovían una rebaja del pago y otros buscaban su eliminación completa para vivienda.

“La autonomía municipal carece de sentido sin autonomía financiera”, sentenció la ANAM, a través de un comunicado con el pretendió disuadir a los diputados.

Los alcaldes manifestaron que no es una casualidad que los municipios que tenían un mayor ingreso de IUSI eran aquellos con mayor inversión en obra pública. No obstante, los diputados hicieron caso omiso.

El Congreso de Guatemala aprobó este miércoles una prórroga que extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos, una decisión que modifica de forma temporal el plazo que vencía el 31 de julio y que abre un margen adicional para los contribuyentes que aún no han cumplido con esta obligación.

Según cifras de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), actualizadas al 28 de julio, la recaudación del tributo llegaba a Q1 mil 125,47 millones, el 75,28 % de la meta de Q1 mil 495,13 millones fijada para 2026. Los datos también mostraban que 4,70 millones de vehículos ya habían pagado, equivalentes al 69,35 % del parque vehicular sujeto al impuesto.

El bloque pendiente incluía 2,08 millones de vehículos, es decir el 30,65 % del total gravado. La ampliación del plazo permitirá que esos propietarios regularicen el pago sin multa, de acuerdo con la información difundida por el medio.

La medida quedó aprobada con 127 votos a favor y cuatro en contra. El decreto será remitido al Organismo Ejecutivo para su sanción y posterior publicación en el Diario de Centro América antes de entrar en vigor.

El decreto modifica de forma temporal la ley que fijaba el vencimiento el 31 de julio

La decisión legislativa se formalizó en el Decreto 19-2026, aprobado durante una sesión plenaria extraordinaria. La norma altera temporalmente lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 70-94, Ley del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos terrestres, marítimos y aéreos, que establece un período de pago del uno de enero al 31 de julio de cada año.

Durante esa sesión, el diputado de la bancada Valor, Elmer Palencia, presentó una moción para que se conociera la iniciativa que ampliaba el plazo del impuesto. El punto llegó al pleno cuando faltaban dos días para el vencimiento original.

La prórroga responde a dos propuestas discutidas en el Legislativo. Una de ellas, impulsada por la bancada Todos, proponía trasladar la fecha límite al último día hábil de noviembre de 2026.

La otra, presentada por la bancada Vamos, planteaba extender el pago hasta el 31 de diciembre de 2026 y suspender durante ese período el cobro de multas, recargos e intereses. El Congreso terminó aprobando la ampliación hasta finales de año.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, calificó como un logro lo alcanzado en el Congreso, argumentando que las personas que aún no han pagado el tributo, puedan tener un margen de varios meses para hacerlo.

La jornada legislativa también incluyó el IUSI y el registro de veteranos militares

En la misma sesión extraordinaria, los diputados conocieron otros proyectos de ley. Entre ellos figuró la iniciativa 1598, correspondiente a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles, para su aprobación en tercer debate.

Durante la jornada también fue aprobada una reforma al artículo 7 del Decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral. Esa modificación amplía el plazo para el registro de veteranos militares.

La nueva fecha para el Impuesto sobre Circulación de Vehículos significa que los propietarios podrán cancelar ese tributo hasta el 31 de diciembre de 2026, en lugar del límite previsto inicialmente para el 31 de julio. El cambio alcanza a quienes todavía no habían realizado el pago al cierre de julio.

La elección de la primera Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el período anual de sesiones 2026-2027 dejó una escena que concentró la atención durante el desarrollo de la sesión. Varios congresistas decidieron mostrar públicamente sus cédulas luego de emitir su voto, pese a la advertencia formulada desde la presidencia de la Junta Preparatoria sobre el carácter secreto del sufragio.

La situación se produjo mientras los 130 legisladores participaban en la elección mediante voto por cédula. Cada exposición del voto generó reacciones dentro del hemiciclo y obligó a la presidenta de la Junta Preparatoria, Cecilia Chacón, a intervenir en más de una ocasión.

El episodio se desarrolló antes del conteo oficial de los votos y en medio de la disputa entre las dos listas que buscaban conducir la Cámara de Diputados durante el nuevo período parlamentario.

Tras finalizar la votación y el escrutinio correspondiente, la Lista 1, integrada por Óscar Reto Otero, Analí Márquez Huanca, Harvey Colchado Huamán y José Yataco Torrealba, obtuvo la mayoría de votos y fue elegida como la nueva Mesa Directiva.

Congresistas exhibieron sus cédulas durante la votación

Antes de iniciar el proceso, Cecilia Chacón recordó que la elección se realizaría mediante voto secreto y dirigió una advertencia a los legisladores.

“De conformidad al artículo 87, inciso c, del Reglamento de Cámara de Diputados, el voto por cédula es secreto. Cualquier infracción es pasible de una acusación constitucional”, expresó la presidenta de la Junta Preparatoria antes de que los diputados comenzaran a depositar sus cédulas en el ánfora.

Sin embargo, la advertencia no modificó la conducta de varios parlamentarios. Conforme avanzó el llamado de los congresistas, algunos levantaron la cédula marcada frente a las cámaras y al resto de sus colegas antes de regresar a sus escaños.

Cada vez que un legislador mostró su cédula, desde distintos sectores del hemiciclo surgieron aplausos de sus compañeros. La reacción se repitió durante buena parte del proceso de votación, mientras continuaba el llamado de los congresistas por orden de lista.

La respuesta dentro del recinto contrastó con la posición de la presidencia de la sesión. Cecilia Chacón reiteró su exhortación para respetar el carácter secreto del sufragio, aunque varios diputados continuaron exhibiendo su voto después de depositar la cédula..

Debate sobre el alcance del reglamento

La advertencia formulada por la presidenta de la Junta Preparatoria abrió un debate sobre el contenido del artículo 87, inciso c, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La disposición señala: “Por cédulas. En las votaciones secretas, cada diputado recibe una cédula en la que expresa su voto y la deposita en el ánfora”. El texto describe el mecanismo utilizado para las votaciones secretas.

Durante la sesión también surgieron cuestionamientos sobre el alcance de esa norma. Las observaciones indicaron que el artículo no menciona sanciones, no establece una prohibición expresa para mostrar la cédula una vez marcada y tampoco regula una acusación constitucional por esa conducta. Asimismo, se señaló que una eventual infracción relacionada con el voto secreto corresponde al ámbito reglamentario parlamentario y no al procedimiento de acusación constitucional previsto para infracciones a la Constitución o delitos de función.

Lista de los que mostaron su voto

• Alayza Maccera
• Aguirre Ramos
• Alvaron de la Cruz
• Ambrosio Domínguez
• Giannina Avendaño Vilca
• Jessica Benítez Barrionuevo
• Freshman Buitrón Martínez
• Cahuaza Mitrivire
• Cabrera Nieto
• Castrejón Fernández
• Chipana Condori
• Colchado Huamani
• Duarte Patiño de Pezet
• Espinoza Huillca
• Eusebio Padilla
• Fernández González
• Flores Valdizán
• García Hubyi
• Gonzales Delgado
• Gonzales Polar
• Guevara Ramírez
• Guillén Valencia
• Hancco Hancco
• Hirache Pizarro
• Holguín Aguirre
• Holguín Loayza
• Huamán Cornejo
• Huilca Flores
• Isla Rojas
• Jibaja Ramos
• Lavado Valdivia
• Jackelin Jerez
• López Letona
• Manay Pillaca
• Manrique Olivera
• Marcelo Salazar
• Márquez Huanca
• Masco Cáceres
• Medina Stein
• Meneses Crispín
• Molina Soto
• Muedas Valdiece
• Palomino Casavilca
• Palomino Pacheco
• Paredes Navarro
• Peña Córdova
• Peralta Jorpa
• Pérez Alccahuamán
• Pérez Mallqui
• Pérez Quispe
• Piñán Mamani
• Poma Huamaní
• Prado Vallejos
• Reto Otero
• Santana Vera
• Soto Villanueva
• Sonco Villanueva
• Soto Ferrari
• Sulca Castillo
• Tapullima Insapillo
• Tito Rojas
• Valqui Calderón
• Varas Seguin
• Villanueva Calderón
• Yataco Torrealva
• Zunini Yerren
• Fernández de la Torre

El propio Vásquez protagonizó uno de los momentos más comentados de la ceremonia: antes de tomar juramento, sufrió una caída al piso cuando se dirigía al estrado, aunque fue atendido de inmediato por el personal y sus compañeros. Una vez repuesto, juró con una dedicatoria explícita: “Por Dios, la patria, por mi familia, la memoria de mis señores padres y por la memoria del mejor presidente que le dio el Perú, Alberto Fujimori. Sí, juro”.

Torres fue el primero en tomar juramento, seguido por Fernando Rospigliosi y Alejandro Muñante, los otros dos integrantes de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, todos de Fuerza Popular. A partir de allí, los senadores fueron llamados en orden alfabético.

Juramentos con carga política en ambos extremos

La ceremonia expuso, desde el primer momento, la polarización que atraviesa la nueva cámara. Varios senadores de izquierda convirtieron su turno en una declaración política. Iber Maraví Olarte, de Juntos por el Perú, juró “por la libertad del presidente Pedro Castillo, por una nueva Constitución y por justicia a las víctimas del sur”. En la misma línea, Bernardo Quito Sarmiento arengó: “Por los mártires del sur, por los mártires del Tambo, contra las leyes pro crimen, pro impunidad, por la libertad de Pedro Castillo, por una nueva Constitución y darle todo el poder al pueblo”, y se negó a tomarse la foto oficial con los integrantes de la Mesa Directiva.

José Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo, juró por su tierra natal y “por la libertad del presidente Pedro Castillo”.

En el otro extremo, Martha Chávez, de Fuerza Popular, dedicó su juramento “por la memoria del ingeniero Alberto Fujimori, el mejor presidente de la historia del Perú”. Karla Schaefer Cuculiza, también de Fuerza Popular, juró “por la memoria de Grau, por el legado de amor al prójimo de mi madre y Luisa María Cuculiza”, mientras que Martha Moyano Delgado lo hizo “por María Elena Moyano y el presidente Alberto Fujimori”.

Desde Ahora Nación, Mirtha Vásquez tomó distancia de ese discurso y juró “por la lucha contra la impunidad, por la justicia y la memoria de las víctimas de la dictadura de los 90 y de los últimos gobiernos autoritarios”, y añadió un compromiso por la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres.

El resto de los 60 senadores

Entre los juramentos con contenido territorial y gremial, Joaquín Yauri, de Juntos por el Perú, juró “por el desarrollo de mi Huancavelica, por no más pueblos olvidados ni postergados y un Perú con mayor equidad”. Silvana Robles Araujo, también de Juntos por el Perú, lo hizo “por los pueblos originarios, los hombres y mujeres indígenas que entregaron su vida por legarnos una patria libre y a la memoria de Juan Santos Atahualpa”. Saúl Armacanqui Morales, de la misma bancada, sintetizó su compromiso en una sola frase: “Porque solo el pueblo salvará al pueblo”.

La abogada penalista Katherine Ampuero, de Renovación Popular —quien obtuvo notoriedad pública tras su designación como procuradora pública ad hoc en las investigaciones del caso Lava Jato en el Perú en 2017—, juró “por Dios, por mi patria y mis valores de justicia y lucha contra la corrupción”.

Jaime Delgado Zegarra lo hizo “por mi leal y apasionada defensa de los derechos ciudadanos y de los consumidores”. Alejandro Aguinaga, médico personal del expresidente Alberto Fujimori y excongresista en el periodo 2021-2026, también tomó juramento como senador de Fuerza Popular.

La elección de los presidentes y vicepresidentes de ambas cámaras está programada para el domingo 26 de julio. Las listas de candidatos podrán presentarse hasta el sábado 25.

Miguel Torres declara constituido el nuevo senado de la República tras la juramentación de los 60 representantes de la cámara.

Joaquín Yauri, de Juntos por el Perú, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por el desarrollo de mi Huancavelica, por no más pueblos olvidados ni postergados y un Perú con mayor equidad”

Rafael Yamashiro Oré, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Wilfredo Verano Saravia, de Juntos por el Perú, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Héctor Ventura Ángel, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

/peru/2026/07/24/por-la-libertad-del-presidente-pedro-castillo-asi-fue-la-juramentacion-como-senador-de-jose-mercedes-castillo-hermano-del-exmandatario/

Jorge Velásquez Portocarrero, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Miguel Angel Velásquez, de Renovación Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Absalón Vásquez, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

El ahora senador, previo a la juramentación, sufrió un tropiezo y cayó al piso, pero rápidamente fue atendido por el personal y compañeros cercanos.

“Por Dios, la patria, por mi familia, la memoria de mis señores padres y por la memoria del mejor presidente que le dio el Perú, Alberto Fujimori. Sí, juro”, dijo en su juramento

Mirtha Vásquez, del partido Ahora Nación, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por la lucha contra la impunidad, por la justicia y la memoria de las víctimas de la dictadura de los 90 y de los últimos gobiernos autoritarios. Por la eliminación de la discriminación de la violencia contra las mujeres. Sí juro”

Juana Ticona Cohaila, del Partido Obras, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Segundo Leocadio Tapia Bernal, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Karla Schaefer Cuculiza, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senadora para el periodo 2026-2031.

“Por la memoria de Grau, por el legado de amor al prójimo de mi madre y Luisa María Cuculiza. Sí, juro”.

Jacques Salomón Rodrich Ackerman, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Silvana Emperatriz Robles Araujo, de Juntos por el Perú, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por los pueblos originarios, los hombres y mujres indígenas que entregaron su vida por legarnos una patria libre y a la memoria de Juan Santos Atahualpa. Sí, juro”.

Bernardo Jaime Quito Sarmiento, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por los mártires del sur, por los mártires del Tambo, contra las leyes pro crimen, pro impunidad, por la libertad de Pedro Castillo, por una nueva Constitución y darle todo el poder al pueblo”, arengó Quito quien se negó a tomarse la foto oficial con los integrantes de la Mesa Directiva

Percy Herbert Osorio Palpan, de Juntos por el Perú, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Víctor Manuel Noriega Reátegui, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Martha Moyano Delgado, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por María Elena Moyano y el presidente Alberto Fujimori. Sí, juro”

Edyson Morales Ramírez, de Juntos por el Perú, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por los Amautas José Carlos Mariátegui, José María Arguedas; por las víctimas del asesinato de la derecha. Sí, Juro”

Marco Miyashiro Arashiro, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Carlos Fernando Mesía Ramírez, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Elard Melgar Valdez, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Susana Flor de María Matute Charún, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Iber Maraví Olarte, de Juntos por el Perú, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por la libertad del presidente Pedro Castillo, por una nueva Constitución y por justicia a las víctimas del sur. Sí, prometo”, dijo en su discurso de juramentación.

Estanislao Mancha Pineda, de Renovación Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Ruth Luque, por Ahora Nación, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Alfonso López Chau, excandidato presidencial, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Patricia Juárez, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

David Jiménez Heredia, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Milagros Jáuregui Martínez, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por la vida, por la familia, mi señor todo poderoso y por los más indefensos y necesitados del Perú. Sí, prometo”, juramentó.

Patricia Iturregui, del Partido del Buen Gobierno, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por mi familia, el medioambiente saludable, la prosperidad de la Amazonía, los derechos humanos. Sí, juro”, sostuvo

Jorge Gavidia Rodríguez, del Partido del Buen Gobierno, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Como biólogo, el desarrollo rural y la innovación. Sí, juro”, sostuvo en su juramento

Walter Francisco Gago Rodríguez, del partido Obras, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Juver Flores Suárez, del Partido del Buen Gobierno, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Victor Flores Ruiz, senador de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Agripina Flores Córdova, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Flavio Figalo Rivadeneira, del partido del Buen Gobierno, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por mi familia, en especial por mis nietos, por la justicia, la paz y los derechos humanos. Sí, juro”, sostuvo en su juramentación

Jaime Delgado Zegarra, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031. “Por mi leal y apasionada defensa de los derechos ciudadanos y de los consumidores. Sí, juro”, dijo en su toma de juramento

Juan Carlos del Aguila, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Victor Cutipa Ccama, de Juntos por el Perú, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

José Chipana, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031. “Por el pueblo, la clase trabajadora, el campesinado y el magisterio. Sí, prometo”.

Martha Chávez, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por la memoria de mis padres que me inculcaron sus valores, por la memoria del ingeniero Alberto Fujimori, el mejor presidente de la historia del Perú”, dijo en su juramento.

Nilsa Chacón Trujillo, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Hugo Ccahuana Aymachoque, de Juntos por el Perú, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por la patria, por el amor a mi departamento de Madre de Dios, por la reivindicación de los pueblos amazónicos, por los luchadores sociales y por la justicia de su causa. Sí, juro”, dijo en su juramentación

José Castillo Terrones, hermano de Pedro Castillo, juramenta como senador para el periodo 2026-2031.

Castillo Terrones juró por su tierra natal y por “la libertad del presidente Pedró Castillo. Si, juro”.

Francisco Giampietri, de Renovación Popular, juramentó como nuevo senador para el periodo 2026-2031

Carlos David Caballero León, juramentó como nuevo senador para el periodo 2026-2031

Nora Bonifaz Carmona, juramentó como nuevo senador para el periodo 2026-2031. “Si, prometo”,

Daniel Barragán Coloma, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031

César Astudillo, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031

Roger Astucuri juramenta como senador para el periodo 2026-2031.

Saúl Armacanqui Morales, de Juntos por el Perú, juramenta como senador para el periodo 2026-2031.

“Porque solo el pueblo salvará al pueblo. Sí, juro”, dijo el senador en su juramentación

José Arista Arbildo, juramenta como senador para el periodo 2026-2031. “Por el Perú y Amazonas. Sí, juro”, dijo

Serafín Andrés Luján, de Juntos por el Perú, juramenta como senador para el periodo 2026-2031.

“Por mis hermanos agricultores, por las cuencas cocaleras del Perú. Sí, juro”, sostuvo en su juramentación

Katherine Ampuero, de Renovación Popular, juramenta como senadora para el periodo 2026-2031.

“Por Dios, por mi patria y mis valores de justicia y luchacontra la corrupción, sí juro”, dijo la jurista.

Ampuero es una abogada y jurista peruana, especializada en derecho penal y gestión pública. Obtuvo notoriedad pública luego de su designación como Procuradora Pública Ad Hoc encargada de las investigaciones relacionadas con el caso Lava Jato en Perú en el año 2017.

Lourdes Alcorta también juramenta como nueva integrante del Senado para el periodp 2026-2031

Alejandro Aguinaga juramenta como nuevo senador para el periodi 2026-2031. El también médico personal de Alberto Fujimori también ejerci+o como congresista en el periodo 2021-2026

Miguel Torres, Fernando Rospigliosi y Alejandro Muñante son los integrantes de la Mesa Directiva del Senado

Alejandro Muñante es el tercer senador en juramentar en lo que será el inicio del nuevo Congreso Bicameral

Fernando Rospigliosi es otro integrante de Fuerza Popular que juramenta como senador en el nuevo Congreso Bicameral

Miguel Torres, de Fuerza Popular fue el primer senador en juramentar en el nuevo Congreso Bicameral

La ceremonia de juramentación de los senadores electos comenzó a las 11 de la mañana, bajo la conducción de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.

La presidencia de esta instancia recae en Miguel Torres, representante de Fuerza Popular. El acto protocolar reúne a los nuevos integrantes del Senado, quienes cumplen con el proceso de toma de juramento de acuerdo con el reglamento establecido por la institución parlamentaria.

La Junta Preparatoria quedó instalada

El presidente de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, Miguel Ángel Torres, declaró instalada la Junta Preparatoria y en sesión permanente. Además, anunció que la juramentación e incorporación de los senadores se realizará a las 11:00 a. m., mientras que la de los diputados tendrá lugar a las 4:00 p. m.

Último mensaje del Congreso unicameral

El Congreso de Perú informó que emitió su último mensaje como parlamento unicameral. Anunció el inicio de la cobertura sobre los preparativos para instalar el nuevo Congreso bicameral, dirigido por la Junta Preparatoria. Con esto, el Parlamento peruano retoma la bicameralidad tras más de 30 años.

Senadores y diputados prestan juramento en sesiones separadas

El Reglamento del Congreso establece que la incorporación formal de los legisladores se realiza por separado en cada cámara. La sesión de juramentación de los senadores electos comienza a las 11:00 horas en el hemiciclo del Senado y permanece bajo la conducción de Miguel Torres Morales.

Más tarde, a las 16:00 horas, corresponde la juramentación de los diputados electos en el hemiciclo del Congreso. Esta ceremonia está dirigida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, presidida por Cecilia Chacón de Vettori.

El procedimiento contempla que los integrantes de cada cámara ocupen sus respectivos lugares para prestar juramento en orden alfabético, conforme a las disposiciones reglamentarias. Finalizado este acto, los titulares de ambas Mesas Directivas declaran formalmente constituido el Senado y la Cámara de Diputados, además de convocar para el domingo 26 la elección de las Mesas Directivas correspondientes al Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

El Congreso retoma el sistema bicameral

Con el inicio de funciones previsto para el 28 de julio, el Parlamento pasa a una estructura integrada por 190 legisladores: 130 diputados y 60 senadores. Según la información difundida por Latina Noticias, esta distribución asigna responsabilidades distintas a cada cámara dentro del procedimiento legislativo.

La Cámara de Diputados concentra el inicio del trámite de los proyectos de ley. En ese espacio se presentan las iniciativas, se desarrollan los debates y se aprueban los textos antes de su envío al Senado.

El Senado recibe posteriormente esas propuestas para revisarlas antes de una decisión definitiva. Este mecanismo incorpora una segunda instancia de evaluación dentro del proceso de elaboración de las normas.

Organización y funciones de las dos cámaras

El Senado funciona en un ambiente distinto dentro del Palacio Legislativo, en el espacio que anteriormente ocupaba la sala Raúl Porras Barrenechea. Según la información difundida, el ingreso permanece restringido al personal autorizado, mientras que las sesiones se transmiten mediante cámaras robóticas.

La cámara alta contará con siete comisiones ordinarias que reunirán varios sectores en una misma instancia de trabajo. También funcionarán comisiones específicas dedicadas a ética, inteligencia y procedimientos especiales.

Por su parte, la Cámara de Diputados desarrolla sus actividades en el hemiciclo principal del Congreso. Este grupo parlamentario dispone de catorce comisiones ordinarias y concentra el debate inicial de las propuestas legislativas, además del control político sobre el Poder Ejecutivo.

Entre sus atribuciones figura la presentación de proyectos de ley, la fiscalización y la posibilidad de interpelar o censurar ministros. En esos procedimientos, la decisión corresponde únicamente a la Cámara de Diputados.

El funcionamiento del nuevo Congreso incorpora recursos tecnológicos para las sesiones y los procesos de votación. Cada escaño dispone de tablets destinadas al registro de asistencia y a la emisión del voto, además de equipos que permiten la participación en sesiones remotas.

La reorganización parlamentaria también modifica las reglas para las bancadas. Los congresistas que decidan abandonar su agrupación política solo podrán incorporarse a un grupo mixto o cambiar de bancada una única vez durante todo el periodo parlamentario.

Las disposiciones también establecen restricciones para quienes opten por ese cambio, entre ellas la imposibilidad de postular a la Mesa Directiva durante un periodo determinado y la obligación de renunciar al partido político con el que resultaron elegidos. Estas medidas forman parte de las normas previstas para el funcionamiento del Congreso bicameral que inicia actividades desde hoy.

El gobierno de Javier Milei anunció recientemente una agenda legislativa con fuerte impronta económica para el segundo semestre. Este viernes ingresó por mesa de entrada de la Cámara de Diputados la reforma del régimen de Inocencia Fiscal y para las próximas semanas se espera la llegada del proyecto para garantizar la independencia del Banco Central (BCRA).

Los libertarios aclaran que el cronograma todavía no está definido pero apuntan a convocar a una sesión especial para finales de agosto. Esto le daría margen al Senado para avanzar con otro proyecto de alto impacto político: el de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye la flexibilización de las restricciones para la venta de tierras a extranjeros.

El tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada sufrió un nuevo revés la semana pasada, cuando Patricia Bullrich se vio obligada a llamar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto por falta de apoyo de los aliados. No obstante, la jefa del bloque de senadores de LLA se reunió este jueves con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para analizar los cambios que el oficialismo está dispuesto a aceptar para conseguir los votos. Si los tres proyectos, Inocencia fiscal, BCRA y Propiedad Privada, coinciden en el temario, la jornada legislativa inevitablemente será maratónica.

El texto definitivo de la ley de inocencia fiscal, que comenzará a discutirse en las próximas semanas en las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, que presiden respectivamente los libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, propone varios cambios significativos al régimen que el Gobierno sancionó en diciembre pasado.

La nueva versión del régimen de Inocencia Fiscal ya no exigirá como requisito que los contribuyentes no superen ingresos anuales por $1.000 millones y que tengan como patrimonio menos de $10.000 millones. Es decir, el régimen quedará abierto para todas las personas humanas sin importar su nivel de ingresos o patrimonio. No obstante, la única excepción serán los Grandes Contribuyentes, que no accederán a las presunciones, efectos liberatorios y otros beneficios previstos por la ley.

Por otro lado, se redefine el concepto de “discrepancia significativa” que le permite a ARCA rechazar la declaración de impuestos simplificada. Solo se considerará una discrepancia importante si la diferencia entre lo declarado y lo que detecta la ARCA supera el 15% del impuesto. Y además, si no alcanza el equivalente al 5% del mínimo previsto en la Ley Penal Tributaria (actualmente $5 millones). A su vez, cuando ocurra una objeción, la persona contará con quince días para corregir la situación, pagar la diferencia y conservar los beneficios del régimen.

La principal polémica girará en torno a la posibilidad de que funcionarios y otras personas políticamente expuestas adhieran al régimen, tal como ocurrió con Manuel Adorni, quien presentó su Declaración Simplificada de Ganancias en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito. De hecho, diputados de Unión por la Patria y Provincias Unidas ya presentaron proyectos propios para excluir a funcionarios y políticos.

En esa línea, el diputado peronista Eduardo Valdés argumentó que “quienes administran recursos del Estado tienen un deber reforzado de transparencia y deben estar sometidos a mayores controles patrimoniales, no a menos”.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del bloque libertario consideraron poco probable que se acepten cambios en este sentido para ampliar los consensos. Se muestran confiados en que los mismos bloques que apoyaron la ley original en diciembre volverán a jugar en tándem con el oficialismo. En aquella oportunidad, se consiguieron 130 votos gracias al apoyo del PRO, la UCR, el MID, los peronistas tucumanos de Independencia, los salteños y misioneros de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los peronistas catamarqueños de Elijo Catamarca, un diputado de Por Santa Cruz.

Por otro lado, los detalles de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central serán presentada por el propio Milei en las próximas semanas. Según anunciaron, el punto central del proyecto será reforzar su independencia del gobierno de turno a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos.

La reforma de la Carta Orgánica que hizo el kirchnerismo en 2012 amplió los mandatos de la institución e incluyó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Ahora el Gobierno apunta a que solo exista uno: preservar el valor de la moneda.

Según la visión de los libertarios, ambos proyectos contribuirán a consolidar la estabilidad financiera ya que permitirán “remonetizar” la economía y ampliar el crédito con dólares que actualmente están fuera del sistema y también ahuyentaría los fantasmas de que próximos gobiernos vuelvan a financiar déficit con emisión monetaria, con el consecuente aumento de la inflación.

Las negociaciones entre las distintas fracciones legislativas comienzan a dar resultados en la discusión del proyecto de ley que pretende atender la extracción ilegal de oro en Crucitas de San Carlos. Luego de semanas de estancamiento, los diputados confirmaron que cerca de 150 mociones de fondo ya fueron retiradas como parte de los acuerdos alcanzados en una mesa de diálogo.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo se encuentra actualmente en la etapa de discusión de mociones de fondo. En total, se habían presentado más de 600 enmiendas, lo que había ralentizado significativamente su avance dentro de la Asamblea Legislativa.

Los legisladores que participan en las negociaciones señalaron que existe un ambiente de mayor apertura entre las bancadas para construir un texto de consenso que permita atender no solo la minería ilegal, sino también los problemas de seguridad y desarrollo que enfrenta la zona norte del país.

El diputado oficialista Nogui Acosta aseguró que el proceso ha evolucionado positivamente y destacó la disposición de las distintas fracciones para ceder en algunos puntos.

“Hay que responderle a los sancarleños, sobre todo a la gente de Crucitas. Hemos logrado incorporar algunas mociones de Liberación Nacional y otras del Frente Amplio. Ya hemos visto la voluntad de las diferentes fracciones retirando mociones y esperamos que la próxima semana podamos empezar a trabajar directamente sobre el proyecto”, afirmó.

Desde el Partido Liberación Nacional también destacaron avances importantes en la negociación. El jefe de fracción, Alvaro Ramírez, informó que su bancada retiró más de 70 mociones, lo que representa alrededor del 40 % de las propuestas que habían presentado al expediente.

Según explicó, la decisión responde al trabajo desarrollado en una mesa de diálogo impulsada por esa fracción, en la que participan representantes de todos los partidos políticos y del Gobierno.

Ramírez indicó que parte de los acuerdos incluye el compromiso del Poder Ejecutivo de convocar un proyecto de ley que tipifique la minería ilegal como un delito vinculado al crimen organizado, además de incorporar varias de las propuestas presentadas por Liberación Nacional al texto que actualmente se negocia.

“Estamos demostrando que existe compromiso con el país y con la zona de San Carlos para resolver este problema de manera integral. También hemos cumplido con los compromisos adquiridos dentro de esa mesa de trabajo”, señaló.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, insistió en que uno de los principales vacíos del proyecto impulsado por el Gobierno es que no aborda con suficiente fuerza el componente de seguridad ni el combate a las estructuras criminales que operan detrás de la extracción ilegal de oro.

El legislador destacó la importancia de que el Ejecutivo haya convocado una iniciativa presentada por su partido para que la minería ilegal pueda ser investigada y perseguida bajo la legislación contra el crimen organizado.

Según Araya, actualmente las autoridades concentran sus esfuerzos en detener a los coligalleros, quienes realizan la extracción de oro de manera artesanal, mientras que las organizaciones que financian y controlan la actividad permanecen fuera del alcance de la justicia.

“Se persigue al coligallero, pero él es la mano de obra barata y descartable. A quienes están detrás comprando el oro y suministrando los insumos prácticamente no se les toca. Revisar este tema como crimen organizado es fundamental”, afirmó.

El diputado también reiteró sus críticas al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, al considerar que la propuesta no resolverá el problema que enfrenta Crucitas.

A juicio del legislador frenteamplista, la iniciativa carece de medidas suficientes para enfrentar la inseguridad que se ha incrementado alrededor de la actividad minera ilegal y no ofrece una respuesta integral para la zona.

Las fracciones coinciden en que todavía quedan mociones por discutir; sin embargo, consideran que el retiro de aproximadamente 150 enmiendas representa un avance significativo para agilizar el trámite legislativo.

Si las negociaciones continúan al ritmo actual, los diputados esperan que durante las próximas semanas el proyecto pueda entrar en una etapa de discusión más expedita y acercarse a su eventual votación en el Plenario Legislativo.

Las ayudas sociales del Congreso Nacional fueron reactivadas desde el pasado mes de mayo bajo un nuevo esquema de funcionamiento que, según las autoridades legislativas, busca garantizar mayor transparencia y control en la administración de los recursos destinados a apoyar proyectos y necesidades de diferentes comunidades del país.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que como parte de este nuevo mecanismo se creará una Unidad de Ayudas Sociales, cuya operación estará regulada mediante una resolución que deberá ser aprobada por la junta directiva del Poder Legislativo.

“Vamos a crear una Unidad de Ayudas Sociales nueva en el Congreso, se va a aprobar una resolución de junta directiva y se va a transparentar esas ayudas que se van a dar”, manifestó Zambrano al referirse al nuevo modelo que se pretende implementar.

De acuerdo con lo explicado por el titular del Legislativo, uno de los principales cambios establecidos en este mecanismo es que los diputados ya no tendrán participación directa en el manejo del dinero destinado a los beneficiarios.

Según Zambrano, los congresistas únicamente actuarán como gestores de las solicitudes, mientras que la administración y entrega de los recursos estarán bajo un procedimiento institucional.

“Por más de cuarenta años se había manejado de manera discrecional. Hoy en el Congreso Nacional se va a iniciar este mecanismo de ayudas sociales para que, a través de las ayudas sociales, el diputado como gestor, sin tocar dinero, las ayudas lleguen a las comunidades”, señaló.

La reactivación de este mecanismo contempla un monto de 100,000 lempiras, recursos que serán destinados a atender diferentes solicitudes y proyectos de carácter social en comunidades del país.

Como parte de los cambios anunciados, el Congreso Nacional informó que se trabajó junto al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en la elaboración de un reglamento interno que establecerá las normas bajo las cuales funcionará el nuevo sistema.

El objetivo de esta normativa es definir mecanismos de control y establecer criterios específicos para la entrega de los recursos, así como procedimientos que permitan realizar un seguimiento de las ayudas otorgadas.

El reglamento también contemplaría mecanismos de rendición de cuentas, con el propósito de fortalecer la fiscalización de los fondos y evitar que estos sean utilizados de manera discrecional.

Según lo informado por las autoridades legislativas, diputados de las bancadas del Partido Nacional y Partido Liberal ya han tenido acceso a este mecanismo de ayudas sociales.

Por ello, la creación de una unidad específica y la aprobación de un reglamento buscan establecer una estructura institucional que permita dar seguimiento a cada solicitud y determinar con mayor claridad cómo se utilizan los recursos públicos.

El Fondo Social del Congreso Nacional es un mecanismo mediante el cual se destinan recursos para financiar proyectos y brindar ayudas en diferentes comunidades del país, a través de gestiones realizadas por diputados.

Durante años, este sistema ha sido objeto de cuestionamientos por parte de diferentes sectores, debido a la forma en que se manejaban los recursos y a la limitada información disponible sobre su ejecución.

La falta de registros públicos detallados también ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del sistema, al existir dificultades para conocer con precisión quiénes recibieron los recursos, qué proyectos fueron financiados y cuál fue el monto ejecutado en cada caso.

Con el nuevo modelo, las autoridades legislativas aseguran que buscan modificar esta dinámica y garantizar que los diputados tengan únicamente una función de gestión, sin intervenir directamente en la administración del dinero.

El reto, ahora, será demostrar que la nueva Unidad de Ayudas Sociales y el reglamento anunciado pueden garantizar una ejecución transparente y verificable de los recursos.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, presentó formalmente este miércoles la reforma del régimen de Inocencia Fiscal que el oficialismo impulsará en el Congreso a partir de agosto con el objetivo de formalizar parte de los USD 170.000 millones de los argentinos que permanecen fuera del circuito legal. Desde la oposición comenzaron a analizar el primer borrador del proyecto y denunciaron que busca premiar a los evasores. Sin embargo, la principal crítica es que los funcionarios públicos puedan adherir al régimen, especialmente tras el escandaloso episodio de Manuel Adorni.

Si bien el Gobierno aprobó la versión vigente del régimen de Inocencia Fiscal apenas en diciembre pasado, ahora buscará hacerle modificaciones porque no cumplió con las expectativas. Expertos tributaristas y asociaciones de contadores señalaron que la ley original expone a los contribuyentes ante un eventual cambio de gestión en 2027. Por eso, el equipo económico trabajó en una serie de modificaciones que apuntan a ampliar el universo de beneficiarios y, al mismo tiempo, otorgar mayores garantías a quienes decidan regularizar su situación patrimonial.

Según Caputo, “el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada”. “Lo que nosotros queremos es que haya mayor inversión y la contracara es el ahorro que está, pero abajo de los colchones. Lo que nosotros necesitamos es que se vuelque al mercado financiero”, explicó el ministro de Economía. No obstante, Caputo no hizo ninguna mención a las tensiones que puede haber por las adhesiones de funcionarios al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) como el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas.

Entre otros puntos, el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal eliminará los topes de ingresos y patrimonio que en la versión anterior se habían fijado en $1.000 millones y $10.000 millones, respectivamente permitiendo así la inclusión de un universo más amplio de personas físicas y jurídicas. Otro aspecto clave es la definición de “discrepancia significativa”, un punto central en la interpretación del alcance del blanqueo y sus efectos tributarios.

La posibilidad de que los funcionarios, sus familiares directos u otras personas políticamente expuestas puedan adherir al Régimen Simplificado de Ganancias en el marco del régimen de Inocencia Fiscal se convirtió en el principal blanco de las críticas de la oposición.

“La nueva ley de “Inocencia fiscal” beneficia a funcionarios y políticos. Otra ley hecha a medida. No solo premian a los grandes evasores, ahora también habilitan un régimen para quienes ejercen la función pública. Los que venían a convertir la moral en política de Estado son, en realidad, profundamente amorales”, planteó Agustín Rossi (Unión por la Patria) en sus redes sociales.

En la misma línea, el diputado Eduardo Valdés argumentó que “quienes administran recursos del Estado tienen un deber reforzado de transparencia y deben estar sometidos a mayores controles patrimoniales, no a menos”. En ese sentido, presentó un proyecto de ley para excluir expresamente a los funcionarios públicos y a las personas políticamente expuestas del régimen de Inocencia Fiscal, al considerar que su aplicación a quienes ejercen funciones públicas resulta incompatible con los principios de transparencia, ética pública y prevención de la corrupción.

Valdés también recordó que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establecen que las Personas Políticamente Expuestas deben estar sometidas a controles reforzados por el mayor riesgo de corrupción asociado al ejercicio de funciones públicas.

Por otro lado, el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, también cuestionó la inclusión de funcionarios públicos. “La primera Inocencia Fiscal la metieron por la ventana en la madrugada del 18 de diciembre. En el recinto pedimos excluir a los funcionarios, pero no quisieron. ¿Qué pasó después? La usaron Adorni, Francos, Sturzenegger, Felipe Núñez y Espert. ¿Creen que el gobierno recapacitó? No. La “Inocencia Fiscal 2” sigue abierta para ellos. La doctrina Adorni sigue vigente: no declarar y evadir todo lo que se pueda”, dijo.

Su compañero de bloque, Esteba Paulón, también presentó un proyecto para excluir a los funcionarios de los beneficios del régimen. “La ley no puede ser un salvavidas para los poderosos”, sintetizó.

En diciembre, cuando se aprobó la primera versión de la Inocencia Fiscal, el oficialismo llegó a los 130 votos gracias al apoyo del PRO, la UCR, el MID, los peronistas tucumanos de Independencia, los salteños y misioneros de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los peronistas catamarqueños de Elijo Catamarca, un diputado de Por Santa Cruz. Un esquema de alianzas que ha logrado sostener a los largo del año en la mayoría de las votaciones importantes.

Con la actividad en el Congreso todavía a media marcha, a pesar de los intentos del oficialismo para impulsar diferentes proyectos, el Gobierno busca distintas alternativas para poder avanzar con las reformas que considera prioritarias, aunque no termina de consensuar una estrategias con los aliados y las negociaciones continúan trabadas en ambas Cámaras del recinto.

La mesa política libertaria se reunió el martes pasado en la Casa Rosada para definir los próximos pasos en materia parlamentaria de cara al 6 de agosto, cuando los legisladores volverán a trabajar tras el receso invernal.

Tal como detalló Infobae, en ese encuentro se acordó que las modificaciones de la Ley de Inocencia Fiscal y de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) serán los primeros objetivos.

Sin embargo, en esa oportunidad ya se habló también de otras dos iniciativas que fueron pensadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y que ya generaron debate interno.

Uno de ellos es un texto que recién se está redactando y que no se envió aún al Congreso, el cual plantea una serie de flexibilizaciones para sectores como farmacias, inmobiliarias y navegación, entre otros.

La discusión surgió porque, uno de los artículos que aparecía en el borrador que circuló en la Cámara de Diputados, establecía otorgarle nuevamente facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para que pueda implementar varios de estos cambios directamente por decreto.

El título X de la norma proponía declarar “la emergencia pública en materia administrativa y de competencia en los mercados por el plazo de seis (6) meses”, período durante el cual el Gobierno iba a tener que, paralelamente, informarle a los legisladores “trimestralmente“ el uso de este permiso constitucional.

Para justificar la aplicación una vez más de esta herramienta, el articulado fija como directrices centrales “eficientizar el funcionamiento de los mercados”, “promover la libre competencia contra toda forma de distorsión” y “favorecer la asignación eficiente de los recursos públicos”.

Asimismo, se ponía como eje ”reducir las obligaciones o cargas que las personas humanas o jurídicas privadas deban cumplir” y a “eliminar las facultades u obligaciones que las normas de rango legal vigentes atribuyan o impongan” a los organismos estatales cuando estas constituyan “restricciones que afecten el desarrollo de actividades económicas en condiciones de libre competencia”.

En el plano operativo, el proyecto facultaba al Ejecutivo a “modificar o derogar las normas de rango legal” que establezcan diversos tipos de trabas regulatorias, tales como “barreras de entrada o de salida” que generen “monopolios, oligopolios o mercados concentrados de manera artificial”.

Del mismo modo, habilitaba la revisión de “regímenes de precios mínimos, máximos, sugeridos o de referencia, bandas de precios o márgenes de utilidad”, y de cualquier “obligación de uso, preferencia o integración de productos, componentes, insumos o servicios de origen nacional, provincial o municipal”, alcanzando inclusive a las “restricciones, autorizaciones, permisos o condicionamientos de cualquier tipo que restrinjan la libre circulación interjurisdiccional de bienes y servicios”.

Sin embargo, cuando se conoció este apartado, las autoridades nacionales se encargaron de aclarar, enfáticamente, que se trata de una idea que estaba totalmente descartada.

“Ni siquiera está cerrado. Aún se están puliendo varios puntos del texto. Se está trabajando mucho con las distintas áreas“, señalaron en el entorno de Sturzenegger.

La posibilidad de tener facultades delegadas, como el Congreso le otorgó en 2024, a través de la ley bases, fue rechazada por el propio presidente Javier Milei, que internamente negó esa chance.

No obstante, los propios aliados, al enterarse del borrador que estaba circulando por la Cámara, habían planteado su malestar al respecto.

“¿Para qué quieren facultades delegadas? Si venían sacando todas las leyes que necesitaban. Ahora se les trabó el Senado, pero los proyectos venían saliendo. Además, ?a dos años y medio de gestión quieren? No, a dos años y medio ya no se les da facultades delegadas”, remarcó el referente de uno de los bloques que más acompaña a La Libertad Avanza.

En cuanto a la ampliación de la inocencia fiscal, el mismo diputado opinó que “antes de lo de Manuel Adorni ya tenía los votos garantizados, pero ahora puede que se les complique“.

Por otra parte, también generó polémica el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, también diseñado por Sturzenegger, que no obtuvo consenso con los otros espacios por, principalmente, el artículo que facilita la venta de tierras a extranjeros.

La jefa de la bancada del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, acordó postergar el tratamiento hasta el 6 de agosto para evitar que todo el texto fuera rechazado.

Así lo explicó la propia ex ministra de Seguridad en la reunión de la mesa política, aunque también lo conversará personalmente con el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado.

La cita ya está establecida para este mismo martes por la tarde y se espera que la senadora plantee que, por lo menos, haya cambios sobre ese punto.

“Es un encuentro interno. El temario básicamente es la propiedad privada, pero es posible que vayan a ver también los otros temas que él tiene en carpeta”, explicó una persona cercana a Bullrich.

El retorno del Congreso bicameral dará inicio en la organización del Poder Legislativo peruano. Como parte de este proceso, la nueva Cámara de Diputados elegirá por primera vez a su Mesa Directiva para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, una elección que definirá a las autoridades encargadas de conducir el funcionamiento de esta nueva instancia parlamentaria.

De acuerdo con información difundida por Andina Noticias, la elección se realizará el domingo 26 de julio, luego de la juramentación e incorporación de los diputados electos que formarán parte del primer Congreso bicameral del país. Este acto previo está programado para el viernes 24 de julio.

La conformación de la nueva Cámara de Diputados comenzará con la incorporación oficial de los legisladores elegidos en las últimas elecciones. Durante esta ceremonia, los diputados prestarán juramento para asumir sus funciones dentro del nuevo esquema bicameral del Congreso de la República.

La elección de la Mesa Directiva no podrá realizarse sin que previamente los parlamentarios hayan sido reconocidos e incorporados formalmente. la primera directiva de la Cámara de Diputados será elegida por los integrantes que asumirán el periodo legislativo 2026-2027.

¿Cómo se elegirá la Mesa Directiva?

Según el reglamento parlamentario, los grupos políticos tendrán la responsabilidad de definir las listas que competirán por dirigir la cámara. Cada fórmula deberá incluir candidatos para los cuatro cargos de conducción: presidencia y las tres vicepresidencias.

El procedimiento electoral estará dirigido por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, que tendrá a su cargo organizar la votación y garantizar que el proceso se desarrolle conforme a las normas establecidas. Durante la jornada, se designará a dos diputados como escrutadores, quienes tendrán la función de supervisar el normal desarrollo de la elección y participar en la revisión de las cédulas de votación.

El proceso contempla las siguientes etapas:

• Los escrutadores firmarán las cédulas de votación antes de que sean distribuidas entre los diputados.
• Los legisladores emitirán su voto de manera individual y secreta, depositando sus cédulas en el ánfora correspondiente.
• Finalizada la votación, se realizará el conteo voto por voto con la participación de los diputados escrutadores.
• El presidente de la Junta Preparatoria dará lectura a cada voto durante el escrutinio.

Para que una lista sea declarada ganadora en la primera votación, deberá obtener más de la mitad de los votos emitidos por los diputados asistentes a la sesión. Si ninguna candidatura alcanza la mayoría requerida, el reglamento establece la realización de una segunda votación entre las dos listas que hayan obtenido la mayor cantidad de votos en la primera ronda; en esta etapa, será proclamada ganadora la fórmula que consiga la mayor votación y sus integrantes asumirán los cargos de la Mesa Directiva.

¿Qué pasa después de la votación?

De acuerdo a la información difundida por Andina Noticias, la lista que obtenga la mayor cantidad de votos en la segunda elección será proclamada como ganadora y sus integrantes asumirán la conducción de la Cámara de Diputados durante el periodo correspondiente.

Tras la proclamación de los resultados, los miembros electos de la Mesa Directiva deberán prestar juramento para ejercer oficialmente sus cargos. El presidente electo de la cámara será el primero en asumir el compromiso ante el titular de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.

Luego, el nuevo presidente tomará juramento a los demás integrantes elegidos para completar la Mesa Directiva. La fórmula establecida será: “Por Dios, por la patria y por la Constitución Política del Perú”; sin embargo, los diputados que lo soliciten podrán prescindir de la invocación religiosa durante este acto.

Instalación de la nueva cámara

Una vez completada la elección y juramentación de la Mesa Directiva, la Cámara de Diputados quedará oficialmente constituida para el periodo 2026-2031. El resultado del proceso será comunicado a las autoridades del Estado, entre ellas el presidente de la República, los titulares del Senado, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y otros organismos públicos.

La nueva Mesa Directiva organizará el funcionamiento interno de la cámara y convocará para el lunes 27 de julio la sesión de instalación de la Cámara de Diputados y del Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.; así comenzará formalmente la etapa del Congreso bicameral en el país.

Una abultada bandeja de proyectos libertarios frenados, y un recinto trabado y con cuarto intermedio vigente -hasta el 6 de agosto- representan el resumen de la desafiante agenda que tendrá el Senado hasta fin de año. Problemas de fondos no habrá ya que los legisladores obtuvieron, justo antes del receso invernal, un nuevo aumento en sus dietas -más de 12 millones de pesos, en bruto- por estar atadas a la paritaria de empleados, tal como resolvieron todos los bloques, sin grieta, en 2024.

Como iniciativa más fresca quedó la de propiedad privada, ya muy manoseada entre los 15 borradores que aparecieron post dictamen. Fue el motivo principal del cuarto intermedio y es uno de los textos que desea -aunque ya se lo desplumaron al oficialismo- el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Hace pocas semanas fue a defender la ley de Sociedades que, por ahora, no muestra guiños concretos desde la oposición dialoguista.

En caso de resolver el embrollo de propiedad privada el 6 de agosto, durante el mismo mes podría ser sancionada la ley denominada “Hojarasca”, que elimina normativas vetustas. De hecho, la misma estaba pensada para dicha jornada, aunque con la posposición del primer proyecto y la dificultad que tiene para avanzar la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich. Todo quedó como una moneda en pleno vuelo. La porteña destinó más energía a otros objetivos personales y noticiables -con irregular éxito- y dejó a su espacio muy expuesto y sin defensa -incluido al propio Javier Milei- en varias ocasiones.

Con otros articulados se comenzó en comisiones con una fuerte promoción y, a los pocos días, quedaron olvidados. Un claro ejemplo fue la remodelación de la ley de salud mental, aunque desde usinas oficialistas deslizaron a Infobae que, tras las vacaciones, empujarían novedades. También lo hicieron con otros temas que aún aguardan respuesta.

El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones hoy sin suficiente amparo. En mayo último disertó la directora de abordaje integral de salud mental, Liliana González, quien aseveró: “Después de 15 años de sancionada la ley, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”.

Por otra parte, iniciativas como ludopatía -todos en guionado silencio- y etiquetado frontal -dinamitar todos los octógonos- ni siquiera son mencionadas. Y días atrás fue girado a tres comisiones -mayor dificultad para hallar aliados y firmar dictamen- el súper RIGI, que ya fue aprobado por la Cámara baja y espera su sanción definitiva.

Mientras que la Casa Rosada ahora pretende que Diputados apure las nuevas modificaciones sobre la inocencia fiscal -increíble que una ley sancionada deba ser cambiada a los pocos meses, lo cual denota el nivel de irresponsabilidad con el que se debaten cuestiones sensibles-, en el Senado se asoman ansiedades por la reforma política. Por fuera del inflado show informativo que se despliega desde Balcarce 50, no hay allí un solo indicio de movimiento y un interés único para suspender -ya no eliminar- las PASO. Y nadie cree que exista alguno no antes de octubre o noviembre.

Para esa época, el Gobierno sueña que la Cámara alta achique las zonas frías -facturas de luz y gas más caras en varios distritos- y ahorrar una millonada para enviar, con holgura de cuentas, el Presupuesto 2027 a Diputados. Esto deberá ocurrir a mitad de septiembre. Un abrir y cerrar los ojos para el ritmo que suele tener el Congreso.

Mientras tanto, el Ejecutivo continúa con la promoción de potenciales articulados para reformar la Carta Orgánica del Banco Central y una eventual normativa relacionada con el shutdown, como en los Estados Unidos, que implica la paralización de áreas de la administración central en caso de que no hubiese acuerdo por la ley de gastos.

De lo que no queda dudas es, más allá de lo voluminosa de la agenda, es que la misma no tendrá luz verde si La Libertad Avanza no ajusta varias de sus tuercas. Entre errores propios -que sin dudar se podrían haber evitado y el lastre -no sirve como excusa- generado por el indefendible exjefe de Gabinete Manuel Adorni, el mileísmo perdió un tiempo más que valioso.

Post receso, los aliados pretenderán aprobar textos propios. La buena predisposición se mantendrá, pero menor margen de acción para el Gobierno, que tendrá que decidir si cede o si, como en 2024 y 2025, busca el choque con toda la oposición. Los articulados ya no interesarán mucho y todo se pesará en la balanza electoral.

El Congreso de Perú continúa con los preparativos para el inicio del nuevo periodo legislativo, marcado por el retorno de la bicameralidad luego de más de 30 años. En las juntas preparatorias, encargadas de organizar la instalación del Parlamento, se aprobaron el cronograma de juramentación de los nuevos senadores y diputados, así como la distribución de curules y despachos parlamentarios.

En entrevista con RPP, el diputado electo del Partido del Buen Gobierno Luis Quispe Candia, quien integra la junta preparatoria por ser uno de los parlamentarios de mayor edad, informó que la jornada del próximo viernes 24 de julio comenzará a las 9:00 de la mañana con la instalación de la Mesa Directiva de las juntas preparatorias.

Posteriormente, a las 11:00 a. m. se realizará la juramentación de los senadores, mientras que a las 3:00 p. m. asumirán formalmente los diputados, cada grupo en su respectivo hemiciclo.

Definieron la distribución de curules y despachos

Quispe Candia indicó que otro de los acuerdos alcanzados en la reunión del 17 de julio fue la asignación de los curules en ambas cámaras y de los despachos parlamentarios que ocupará cada partido político.

“Se ha determinado los despachos que van a ocupar cada partido político y también se ha distribuido los curules. Nos hemos puesto de acuerdo entre todos, de tal forma que estamos satisfechos con la distribución”, afirmó.

Consensos en poco más de una hora

Consultado sobre el tiempo que demandó llegar a un acuerdo, el legislador electo sostuvo que el proceso fue rápido y se desarrolló sin mayores inconvenientes.

Según explicó, la definición de los espacios tomó poco más de una hora, ya que en la junta preparatoria participan representantes de tres partidos políticos, lo que facilitó alcanzar consensos.

Con estas decisiones, el Congreso deja encaminada la instalación de las dos cámaras que conformarán el Parlamento peruano a partir del 28 de julio, cuando se inaugure oficialmente el nuevo periodo legislativo y entre en funciones el sistema bicameral restablecido tras la reforma constitucional.

Sobre las mesas directivas

Con el retorno del sistema bicameral, el Senado y la Cámara de Diputados elegirán por separado a sus respectivas mesas directivas, órganos encargados de conducir los debates, dirigir las sesiones, representar institucionalmente a cada cámara y ordenar el trabajo legislativo durante el primer año del periodo parlamentario 2026-2031. Cada mesa estará integrada por un presidente y tres vicepresidentes, cuyos integrantes serán elegidos por voto secreto de los propios legisladores.

De acuerdo con el cronograma definido por la Junta Preparatoria, la elección de la Mesa Directiva del Senado está prevista para el domingo 26 de julio a las 2:00 p. m., mientras que la Cámara de Diputados hará lo propio ese mismo día a las 6:00 p. m., aunque ambos horarios aún deben ser ratificados oficialmente. Las bancadas tendrán hasta el sábado 25 de julio para presentar sus listas de candidatos ante la Oficialía Mayor, que verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento del Congreso.

Como parte del proceso, la Oficialía Mayor también exhortó a las organizaciones políticas con representación parlamentaria a presentar, el 24 de julio, los reglamentos internos de sus grupos parlamentarios y acreditar a sus portavoces titular y suplente. Este trámite es indispensable, ya que la publicación del reglamento interno constituye un requisito para que una bancada pueda participar en la elección de la Mesa Directiva.

Aunque en los últimos días se daba por descontado que Fuerza Popular impulsaría la candidatura de Miguel Torres para presidir el Senado y Cecilia Chacón para la Cámara de Diputados, mientras Renovación Popular apostaría por Alejandro Muñante y Norma Yarrow, respectivamente, las negociaciones aún no están cerradas. Tampoco se descarta que Juntos por el Perú presente una lista propia si logra reunir el respaldo de otras bancadas de centroizquierda.

Las conversaciones también giran en torno al reparto de las presidencias de las comisiones ordinarias, ya que la bancada que obtiene la Mesa Directiva suele tener mayor influencia para liderar grupos de trabajo estratégicos, como las comisiones de Constitución y Reglamento y Presupuesto y Cuenta General de la República. En ese escenario, tanto Fuerza Popular como Renovación Popular buscan sumar el respaldo del Partido del Buen Gobierno y del Partido Cívico Obras, aunque ambas agrupaciones aún no han definido públicamente si presentarán candidaturas propias o respaldarán alguna alianza.

A principios de año, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei prometió “nueve meses ininterrumpidos de reformas que van a rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”. Si bien los libertarios estuvieron muy lejos de tratar los “90 paquetes de reformas estructurales” que prometió el Presidente, el oficialismo cerró un primer semestre positivo en la arena legislativa, con grandes victorias, como la reforma laboral, y bloqueado casi todos los intentos opositores de controlar la agenda.

La principal victoria política de La Libertad Avanza fue la Ley de Modernización Laboral 27.802, sancionada el 27 de febrero tras una sesión maratónica en el Senado y ratificada luego en Diputados. Esta norma, eje central del programa de gobierno, modificó de manera sustancial las reglas del mercado de trabajo.

La nueva normativa abarató los despidos, introdujo el banco de horas y alivió las cargas empresariales a través de la reducción de aportes y la creación de un fondo de asistencia laboral financiado por los empleadores. Además, la ley eliminó la llamada ultraactividad de los convenios colectivos, priorizando acuerdos por empresa y permitiendo que los convenios sectoriales dejen de tener vigencia si no se renuevan. Otra novedad fue la creación de la figura del trabajador independiente fuera de la ley de contrato laboral, habilitando formas de contratación basadas en servicios puntuales.

Uno de los cambios más debatidos fue la restricción al derecho de huelga en servicios esenciales como salud, educación, transporte, energía y agua, donde ahora debe garantizarse un servicio mínimo del 75%. Para sectores considerados trascendentales, como bancos, minería, industria y comercio electrónico, el piso es del 50%.

Por otro lado, el Gobierno logró avanzar con el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años tras un debate de casi dos décadas. También aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, que le otorgó a las provincias la facultad de establecer criterios propios para determinar qué glaciares y ambientes periglaciares serán preservados, una demanda sostenida por distritos con actividad minera. Mientras la ley original establecía una protección general, la reforma limitó su resguardo a aquellos cuerpos y geoformas que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”.

En tanto, la ley de Inocencia Fiscal, que apunta a sacar “los dólares del colchón”, elevó el umbral de evasión simple a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos. Asimismo modificó el plazo de prescripción del delito, que disminuyó de 5 años a 3 años. Esta es la normativa que el Gobierno buscará reformar nuevamente en la segunda mitad del año para ampliar el universo de contribuyentes que puedan adherir al régimen.

En los últimos dos meses acumuló una seguidilla de victorias con la rectificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la sanción definitiva del acuerdo con un grupo de holdouts (fondos buitres), la media sanción la reforma del régimen de Zonas Frías; de el Super RIGI, que busca fomentar inversiones en las “industrias del futuro” y de la Ley Hojarasca.

Además, tras la sesión del último jueves, el gobierno de Milei acumula más de cien nombramientos judiciales para resolver el profundo problema de juzgados, fiscalías y defensorías vacantes. Según trascendió el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques tiene listos otros 300 pliegos que buscarán aprobación del Senado antes de fin de año.

Sin embargo, a pesar de su exitoso primer semestre, el oficialismo acumula una batería de proyectos de gran impacto político y económico para la segunda mitad del año. Sin lugar a dudas, el de mayor importancia para el Poder Ejecutivo será la reforma política, cuyo punto principal es la eliminación de las elecciones primarias (PASO). Paso que los libertarios consideran fundamental para asegurar la reelección del Presidente.

Esta iniciativa no termina de juntar masa críticas entre gobernadores afines y bloques aliados, algo similar a lo que ocurre que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que contempla mecanismos para agilizar los desalojos, cambios en la ley de manejo del fuego, la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros y modificaciones a la ley de expropiaciones. Su tratamiento se postergó por cuarta vez y el oficialismo ya trabaja en el borrador número 16.

Después de las vacaciones también llegarán al Congreso una batería de iniciativas anunciadas por Milei para garantizar la estabilidad financiera y presupuestaria. A la ampliación de la ley de Inocencia Fiscal se sumarán una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para reforzar su independencia -prohibir el financiamiento del Tesoro- y un mecanismo de “shutdown”, al estilo norteamericano para limitar la capacidad del Estado de gastar por encima de lo presupuestado.

El oficialismo sufrió un anticipado revés este jueves en el Senado de la Nación cuando se vio obligado a posponer el tratamiento de la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada por falta de apoyo de los bloques aliados. El debate se retomará el próximo 6 de agosto, por lo que la agenda parlamentaria tanto en la Cámara alta como en Diputados quedará reducida al mínimo hasta después de las vacaciones de invierno.

En la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem, al oficialismo ya no le quedan proyectos importantes a la espera de ser tratados. En los últimos dos meses logró darle media sanción la reforma del régimen de Zonas Frías; el Super RIGI, que busca fomentar inversiones en las “industrias del futuro” y la Ley Hojarasca; también consiguió la sanción definitiva del pago a un grupo de holdouts (fondos buitres).

Por lo tanto, los diputados libertarios esperaban que lleguen del Senado proyectos como el de inviolabilidad de la propiedad privada, que contempla mecanismos para agilizar los desalojos, cambios en la ley de manejo del fuego, la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros y modificaciones a la ley de expropiaciones; la reforma política, cuyo punto principal es la eliminación de las elecciones primarias (PASO); la modificación de la ley de etiquetado frontal; y la anunciada nueva Ley General de Sociedades, que generó debate a nivel internacional por las denominadas “sociedades automatizadas”.

La jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, reconoció que tuvo que llamar a un cuarto intermedio por falta de acuerdo con los bloques aliados, especialmente en torno a la extranjerización de tierras. Por otro lado, no hay fechas definidas para llevar al recinto el resto de los proyectos, todos quedarán para después de las vacaciones de invierno. Algunos de ellos, como la eliminación de las PASO, también enfrenta rechazo de algunos gobernadores y fuerzas aliadas como el PRO y la UCR.

En un intento de retomar la iniciativa parlamentaria, el propio presidente Milei anunció la semana pasada que enviaría al Congreso una batería de proyectos que apuntan a garantizar la estabilidad financiera y presupuestaria.

Según explicaron a Infobae fuentes oficiales, el próximo lunes podría llegar a Diputados la reforma de la Ley de Innocencia Fiscal y el trabajo en comisión seguramente comenzará recién la semana siguiente.

Con esta nueva versión de la norma, el Gobierno busca ampliar el universo de personas que puedan adherir al régimen. Tal como adelantó Milei, la idea es “volverla universal y más previsible”. Según trascendió, se eliminarán los topes de ingresos y de patrimonio de la ley vigente para que más contribuyentes puedan formalizar ahorros no declarados.

“Lo que estamos enviando ahora es una versión mejorada. La Ley de Inocencia Fiscal es muy importante porque ese ahorro que está debajo de los colchones representa una pérdida de poder de compra para la gente, y al mismo tiempo el país no se beneficia de esos fondos. Ese ahorro debería estar capitalizándose o transformándose en inversión. Los bancos y las ALyCs podrían destinar esos fondos a financiar proyectos de infraestructura y pymes. Es una masa crítica muy importante, porque los números oficiales que maneja el Banco Central indican que hay USD 170.000 millones debajo de los colchones”, había explicado el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por otro lado, Milei también adelantó que pretende reformar la Carta Orgánica del Banco Central para reforzar su independencia. El punto más relevante en términos económicos es la “prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto” del Banco Central hacia el Tesoro. Los adelantos transitorios, que suelen volverse permanentes, son la herramienta crucial utilizada históricamente para que el Banco Central cubra con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos.

La reforma de la Carta Orgánica que hizo el kirchnerismo en 2012 amplió los mandatos de la institución e incluyó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. El Gobierno apunta a que solo exista uno: preservar el valor de la moneda.

Finalmente, Milei explicó que trabajan en un mecanismo de “shutdown”, al estilo norteamericano. Es decir, una herramienta para limitar la capacidad del Estado de gastar por encima de lo presupuestado. “Estamos trabajando también en el armado del ‘shutdown’ del Ejecutivo. Cuando te agotas el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, dijo Milei.

En Estados Unidos, durante un shutdown los organismos públicos deben suspender aquellas actividades que no son consideradas esenciales. Esto puede implicar el cierre temporal de oficinas, la interrupción de programas gubernamentales, la postergación de trámites administrativos y la licencia obligatoria de una parte de los empleados públicos. En contraposición, los servicios calificados como críticos —entre ellos la seguridad, la justicia y la atención de emergencias— continúan operando, ya que se consideran indispensables para el funcionamiento básico del Estado.

Según reconocieron fuentes de LLA, tanto la reforma del BCRA como el proyecto de Shutdown quedarán para agosto, luego del receso invernal.

El Congreso de Costa Rica dio el primer visto bueno al primer presupuesto extraordinario del ejercicio económico 2026, en una votación que volvió a evidenciar la división entre el oficialismo y las bancadas de oposición sobre las prioridades del gasto público.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25,589, fue aprobada en primer debate con 30 votos a favor y 24 en contra, gracias al respaldo de la fracción oficialista.En contraste, las bancadas opositoras rechazaron el proyecto al considerar que desatiende áreas sensibles como la seguridad ciudadana y los programas sociales.

El presupuesto extraordinario es un instrumento que permite al Estado modificar el presupuesto vigente para redistribuir recursos, incorporar nuevos ingresos o atender necesidades específicas que surgen durante el año.

Durante la discusión legislativa, el presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Nogui Acosta, defendió el proyecto y explicó que la principal finalidad de la iniciativa es garantizar la continuidad de programas considerados prioritarios por el Poder Ejecutivo.

Según detalló, una parte importante de los recursos permitirá asegurar el financiamiento del Régimen No Contributivo de Pensiones, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como mantener el pago de las becas Avancemos, administradas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

“Este presupuesto asegura los recursos para las pensiones del Régimen No Contributivo y también permite garantizar los fondos para el IMAS, particularmente las becas Avancemos”, explicó Acosta durante el debate.

Además de esos programas, el proyecto incorpora recursos para impulsar varias iniciativas de inversión pública promovidas por el Gobierno.

Entre ellas figura el financiamiento para el tren eléctrico, fondos destinados a fortalecer la resiliencia agrícola y recursos para la reconstrucción del dique de Coto 47, una obra considerada estratégica para proteger comunidades vulnerables frente a inundaciones en la Zona Sur.

Sin embargo, la oposición sostuvo que el proyecto prioriza inversiones específicas mientras reduce recursos destinados a programas sociales de atención directa.

Durante el debate, la diputada Claudia Dobles criticó que el presupuesto no refleje el discurso del Gobierno sobre la lucha contra la inseguridad.

“Ese presupuesto no prioriza en seguridad, a pesar de que una y otra y otra vez se dice que hay una priorización para mejorar la seguridad”, afirmó.

La legisladora también cuestionó los ajustes planteados para programas dirigidos a la niñez y las familias en condición de vulnerabilidad.

Según señaló, la iniciativa contempla reducciones presupuestarias que afectarían a los CEN-CINAI, al sistema nacional de cuido y a los programas de vivienda de interés social.

“No prioriza ningún tipo de programa social. Lejos de eso, disminuye el presupuesto de los CEN-CINAI y también el destinado a vivienda de interés social”, manifestó durante la discusión.

Para la oposición, esos recortes podrían impactar especialmente a miles de familias encabezadas por mujeres trabajadoras que dependen de los servicios de cuido para poder mantenerse en el mercado laboral.

El Gobierno, por su parte, sostiene que el presupuesto busca atender compromisos financieros impostergables sin comprometer la estabilidad fiscal alcanzada durante los últimos años.

La votación también refleja la correlación de fuerzas que ha caracterizado las primeras semanas de la nueva administración, donde el oficialismo ha logrado sacar adelante varias iniciativas gracias al apoyo de otras fracciones legislativas.

Tras superar el primer debate, el presupuesto extraordinario quedó listo para su discusión definitiva en el Plenario Legislativo.

Si obtiene el respaldo necesario en el segundo debate, los recursos podrán incorporarse oficialmente al presupuesto nacional y comenzar a ejecutarse durante el segundo semestre del 2026.

Javier Milei recibió ayer a legisladores nacionales para explicar detalles de un proyecto que aún no nació y que buscará reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) para modificar los cambios instrumentados por la entonces titular de la entidad, la kirchnerista Mercedes Marcó Del Pont, en 2012. En medio de consultas y opiniones nada trascendentes de varios invitados, el diputado y titular de la comisión de Legislación General de la Cámara baja, Santiago Santurio, realizó una advertencia que llamó la atención al jefe de Estado antes de enviar la iniciativa al Congreso: blindar al INDEC para evitar picardías -en el futuro- desde las administraciones centrales.

Según pudo reconstruir Infobae, las explicaciones del primer mandatario apuntaron, como ya fue informado desde que se conoció la intención de la Casa Rosada de presentar un articulado sobre este tema, restringir al máximo cualquier ventana que encuentre un gobierno de turno para aumentar la base monetaria, más la utilización indiscriminada -bolsillo del payaso- de utilidades y dividendos. Seguido a ello, Milei remarcó la diferencia entre una situación con inflación a la de deflación, que llevaría -según la ley en estudio- a otro tipo de medidas.

A partir de ese momento es cuando Santurio recordó las causas judiciales del kirchnerismo relacionadas con las cifras del INDEC -algunas, en curso- y planteó que sería prudente revisar todo esto ante hipotéticas “subdeclaraciones” de inflación. A diferencia de las “preguntontas” -así califican desde despachos sobre los que hacen uso de la palabra delante del Presidente, en este tipo de cumbres-, el diputado por Buenos Aires recibió un guiño. Todo lo que implique o signifique no emitir dinero, será aplaudido en Balcarce 50.

Tras horas de finalizado el cónclave, el diputado Damián Arabia (La Libertad Avanza-Ciudad de Buenos Aires) señaló a este medio: “La única función será preservar el valor de la moneda de todos los argentinos. Se va a prohibir el financiamiento del Tesoro, tanto de manera indirecta como directa desde el Banco Central, así como restringir utilidades. Además, se va a fortalecer el esquema de gobernanza y a endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para futuras autoridades”.

El convite contó con parte de los principales funcionarios del Ejecutivo, quienes mantendrán este martes una nueva reunión de la denominada “mesa política” con el fin de peinar, entre otras cuestiones, el camino legislativo. Lo cierto es que hay en mente varios proyectos que aún no se materializaron y muchos más que ya se mandaron al Congreso y siguen en ansiosa espera. A diferencia de lo que uno presuponía en marzo último, Diputados se movió más rápido que el Senado y quedó con un sendero más ligero que el que enfrenta ahora la jefa libertaria, Patricia Bullrich, en la Cámara alta.

De hecho, para el jueves al mediodía hay una sesión programada allí. Hay una urgencia oficialista por el pliego judicial para que continúe en vigencia el camarista Víctor Pesino, relacionado con la reforma laboral -si no se aprueba antes de fin de mes, el magistrado se tendrá que jubilar- y la aprobación de la ley de inviolabilidad de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que la oposición dialoguista ya se la desplumó a la propia Bullrich, sin defensa alguna de parte de la porteña.

En las últimas semanas, ya post dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General, aparecieron 13 borradores extra. “Y vamos por la versión 14 para el jueves”, reconocieron anoche desde el oficialismo senatorial. Ya se dinamitó -previo a la firma del despacho- el capítulo relacionado con barrios populares y persisten quejas sobre venta de tierra a extranjeros y el manejo de fuego.

Todo esto podría saldarse, siempre y cuando el pleno logre reunirse pasado mañana. Precisará de 37 sentados. Algunos ya anunciaron que arrancó el receso invernal en sus provincias y quizá no aparezcan. En filas libertarias mantienen, por ahora, la calma. De hecho, de manera preventiva, la semana pasada ya se dejó fijada una sesión para los primeros días de agosto próximo, como una especie de premio consuelo, para que la lupa no esté direccionada ante una potencial caída del encuentro y la clásica acusación a legisladores -a veces, infundada e injusta- en cuanto a que no trabajan. En las preguntas de ayer a Milei, tan solo un diputado logró llamar la atención.

El Gobierno dejó trascender hace dos semanas que la eliminación de las elecciones primarias se había convertido en su principal prioridad y que estaban negociando con los gobernadores la implementación de listas colectoras (o adhesiones) para sumar apoyo legislativo. La propuesta no generó demasiado entusiasmo y hasta el momento ningún mandatario provincial respaldó la idea públicamente. Al contrario, incluso aliados cercanos y voces del oficialismo marcaron su disconformidad.

Según explicaron desde el oficialismo, las listas colectoras o adherentes permitirían que dos fuerzas políticas compitan en algunas categorías pero compartan candidatos en otras. En la práctica, aliados como el PRO, la UCR y las fuerzas provinciales podrían presentar listas propias para diputados y senadores nacionales pero todos llevarían a Javier Milei como candidato a presidente.

Así, los partidos aliados conservarán su identidad partidaria -sin necesidad de conformar una coalición propiamente dicha- y se ahorrarán el problema de encontrar una candidatura presidencial que compita con La Libertad Avanza. “El principal beneficio es que siguen siendo considerados aliados”, explicaron desde el bloque de diputados violeta.

El problema es que la oferta, por ahora, resulta insuficiente. Ningún gobernador salió a respaldar la implementación de las colectoras, incluso a pesar de que sí hubo mandatarios que se mostraron de acuerdo con la eliminación de las PASO, como el catamarqueño Raúl Jalil, el entrerriano Rogelio Frigerio, el correntino Juan Pablo Valdés y el chubutense Nacho Torres.

En cambio, el tucumano Osvaldo Jaldo se mostró categórico al rechazar la eliminación de las PASO, al igual que el jujeño Carlos Sadir, que calificó las primarias como “una buena herramienta”. El propio Nacho Torres, que no defiende las PASO, incluso arrojó un manto de duda sobre la propuesta libertaria. “Yo creo que las colectoras pueden llegar a beneficiar más a la oposición que al oficialismo. Por eso no termino de entender el criterio político”, dijo en una entrevista radial.

En la misma línea, la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, declaró el miércoles pasado al salir de la reunión de Labor Parlamentaria que el sistema de colectoras “no le gusta” y que “deforman el sistema electoral”. Bullrich aclaró que defiende la eliminación de las PASO y el retorno a las internas partidarias pero una vez más le marcó la cancha a la Casa Rosada al explicitar que todavía están lejos de tener los 37 votos necesarios en la Cámara alta.

Por su parte, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, reclamó una discusión más larga y profunda porque la implementación de colectoras podría tener efectos sobre la gobernabilidad por la cantidad de legisladores que responderán directamente al oficialismo. El partido que conduce Mauricio Macri insiste con su proyecto de PAS, primarias no obligatorias.

Todos los consultados por Infobae reconocieron que si bien existen conversaciones para implementar las colectoras, el oficialismo no mostró una propuesta concreta. De hecho, todavía no estaba claro cómo se implementarían en la práctica las colectoras en la Boleta Única de Papel y tampoco estaba definido cuántas listas colectoras se habilitarán para cada candidato presidencial.

Los libertarios aseguran que “todo está abierto a negociación” y aseguran que ya hay consenso respecto a otros puntos de la reforma política como el endurecimiento de los requisitos para sostener la personería jurídica de los partidos, la limitación de los aportes públicos para las campañas y el fortalecimiento de los mecanismos de control sobre los gastos partidarios.

También se entusiasman con la buena sintonía entre la Casa Rosada y varias provincias que quedó plasmada nuevamente en la foto que Milei se sacó con 13 gobernadores en Tucumán, en el marco de los festejos por el 9 de Julio. Son prácticamente los mismos mandatarios que estuvieron presentes en la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete y celebraron su designación.

Keiko Fujimori y Fuerza Popular dio a conocer a los parlamentarios que asumirán el rol de voceros en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para el nuevo Congreso bicameral, marcando el inicio de una etapa en la que la bancada buscará consolidar su presencia en el legislativo.

La elección de los voceros se realizó en el marco de la Jornada de Inducción Parlamentaria, un evento dirigido a los congresistas electos para el periodo en que se reestablece la bicameralidad en el Perú. Patricia Juárez fue designada como vocera titular de la Cámara de Senadores, mientras que Víctor Flores ocupará la vocería alterna. En la Cámara de Diputados, la vocería titular recaerá en Cecilia Chacón, con Arturo Alegría como vocero alterno. Esta decisión se presenta como un paso clave para definir el liderazgo y la estrategia parlamentaria de Fuerza Popular.

Perfil de los voceros en el Senado

Patricia Juárez, abogada y política con amplia experiencia en funciones legislativas y de gestión pública, fue elegida para liderar la vocería de Fuerza Popular en la Cámara de Senadores. Juárez ha ocupado cargos de relevancia en el partido y se ha desempeñado previamente como congresista en legislaturas anteriores. Su designación responde a una trayectoria marcada por la defensa de posiciones conservadoras y por su participación activa en debates sobre reformas constitucionales.

Como vocero alterno, Víctor Flores asume la responsabilidad de representar al partido en ausencia de Juárez. Flores cuenta con experiencia en gestión pública y se ha destacado por su trabajo en comisiones parlamentarias vinculadas a temas de justicia y orden interno. La dupla Juárez-Flores buscará articular la posición de la bancada en los debates clave del Senado.

Vocería en la Cámara de Diputados: un enfoque de continuidad

La Cámara de Diputados de la nueva legislatura contará con la representación titular de Cecilia Chacón, figura histórica del fujimorismo y militante de larga data en Fuerza Popular. Chacón ha sido congresista en varias ocasiones y su perfil se asocia a la defensa de los principios del partido, así como a su capacidad para negociar acuerdos con otras bancadas.

Arturo Alegría ocupará la vocería alterna en Diputados, sumando a la estrategia del grupo su experiencia en organización interna y trabajo territorial. Alegría ha mostrado habilidad en la coordinación con bases partidarias y en la articulación de propuestas legislativas orientadas a la descentralización y la participación ciudadana.

La importancia de la vocería parlamentaria

En el contexto del retorno a la bicameralidad, el rol de los voceros parlamentarios adquiere una dimensión central en la coordinación de la agenda legislativa. Los voceros titulares y alternos actúan como portavoces oficiales de la bancada, canalizan los acuerdos internos y representan las posiciones del partido en las comisiones, el pleno y ante la opinión pública.

La elección de figuras de experiencia en ambos órganos busca garantizar que la bancada de Fuerza Popular mantenga una presencia activa y cohesionada en los principales debates. Las designaciones también reflejan la intención del partido de fortalecer su estructura interna y de proyectar una imagen de unidad y compromiso institucional.

Jornada de Inducción Parlamentaria y contexto político

La selección de voceros ocurrió durante la Jornada de Inducción Parlamentaria, un espacio destinado a la capacitación de los nuevos legisladores en procedimientos, reglamentos y funciones del Congreso bicameral. El restablecimiento de la bicameralidad representa un cambio sustancial en la dinámica política nacional, con nuevos retos para la representación y la construcción de consensos.

El proceso de elección de voceros se caracteriza por la búsqueda de perfiles capaces de articular las demandas del partido con las exigencias del nuevo marco institucional. Fuerza Popular optó por parlamentarios que combinan experiencia previa con capacidad de liderazgo y conocimiento de la agenda legislativa.

Unidad y compromiso en la nueva etapa

La designación de los voceros marca el inicio de una etapa en la que Fuerza Popular aspira a consolidar su posición en el Congreso y a influir en la orientación de las reformas políticas y sociales. Desde la bancada se ha subrayado la importancia de actuar con unidad y responsabilidad en la representación de sus electores.

“Este es un momento clave para el partido, que exige trabajo coordinado y apertura al diálogo”, sostuvo una fuente interna de Fuerza Popular tras la elección de los voceros. La bancada ha manifestado su intención de presentar propuestas legislativas en materia de gobernabilidad, desarrollo económico y fortalecimiento institucional.

Reacciones y expectativas en el Congreso

La elección de Patricia Juárez y Cecilia Chacón ha generado expectativas sobre el papel que desempeñarán en la articulación de consensos al interior del Parlamento. Observadores políticos señalan que la experiencia de ambas permitirá una interlocución eficaz con otras fuerzas políticas y contribuirá a definir la agenda del Congreso en el inicio de su funcionamiento bicameral.

La presencia de Víctor Flores y Arturo Alegría en las vocerías alternas complementa el liderazgo de las titulares, aportando diversidad de perspectivas y capacidades organizativas a la bancada. La composición del equipo de voceros refuerza la estrategia de Fuerza Popular para enfrentar los desafíos legislativos y políticos del nuevo periodo.

Desafíos para la bancada en el Congreso bicameral

El regreso a la bicameralidad plantea desafíos en términos de coordinación entre ambas cámaras, negociación de acuerdos y diseño de políticas públicas. En este escenario, la vocería parlamentaria adquiere un rol estratégico para la proyección del partido y la defensa de sus propuestas.

La bancada de Fuerza Popular se prepara para participar activamente en la definición de las reglas internas del Congreso, la integración de comisiones y la discusión de proyectos prioritarios. Los voceros elegidos tendrán la tarea de conducir la agenda del grupo y representar los intereses del partido ante el pleno y la ciudadanía.

Proyección de Fuerza Popular en el nuevo Congreso

Con la designación de sus voceros, Fuerza Popular inicia una etapa en la que buscará consolidar su presencia legislativa y fortalecer su capacidad de incidencia en los grandes debates nacionales. La bancada apuesta por la experiencia y el liderazgo de sus representantes para ejercer una oposición crítica y constructiva, y para contribuir a la gobernabilidad y la estabilidad institucional.

La nueva etapa legislativa será clave para medir la capacidad de Fuerza Popular de articular propuestas y construir mayorías en un escenario de fragmentación política y alta demanda social. La bancada ha reiterado su compromiso de actuar con responsabilidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones parlamentarias.

Este año, El Salvador ha dado un paso relevante al incorporar a su ordenamiento jurídico la representación legislativa de los salvadoreños residentes en el exterior. Sin embargo, más allá de este gesto normativo y político, las reglas concretas para definir la circunscripción exterior y para integrar efectivamente en la vida parlamentaria a los futuros diputados electos por la diáspora permanecen poco claras y alejadas de estándares internacionales ya consolidados en otras democracias, según un análisis de Acción Ciudadana.

Mediante la reforma del artículo 79 de la Constitución de la República y la modificación del Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos, se crearon seis escaños en la Asamblea Legislativa dedicados a la diáspora, en una nueva circunscripción que restó representantes a San Salvador y La Libertad.

El análisis comparado elaborado por Acción Ciudadana, denominado Representación legislativa de ciudadanos en el exterior, indica que el país no ha estandarizado la circunscripción para la diáspora. De acuerdo con la reforma, el modelo adoptado es híbrido: parte de la ciudadanía en el exterior votará en la circunscripción especial, pero otra parte continuará votando por el departamento que aparece en su DUI, lo que genera distorsiones y una desigualdad de representación.

Según el análisis, en países como Ecuador, República Dominicana, Francia o Italia, el diseño de circunscripciones exteriores es claro: la diáspora vota por regiones o distritos internacionales organizados, agrupando votantes por grandes áreas geográficas y no por departamentos o subdivisiones nacionales. Esta falta de estandarización en El Salvador impide una asignación eficaz de los votos y limita la representatividad de los compatriotas en el extranjero.

El informe indica que debe haber claridad sobre el procedimiento de distribución de escaños. En otros países, la relación entre población migrante y número de escaños asignados es el resultado de cálculos demográficos, aunque muchas veces condicionados también por decisiones políticas. Por ejemplo, en Ecuador, hay un representante por cada 400,000 ciudadanos en el exterior, proporción similar a la de El Salvador, pero en esos países el criterio se explica y se vincula a un modelo normativo específico.

Un vacío señalado en el análisis se encuentra en los requisitos y mecanismos de postulación de candidaturas. Revelando que en la mayoría de países la diáspora puede elegir representantes que demuestran vinculación efectiva con la circunscripción exterior. En Colombia, Ecuador y República Dominicana, por ejemplo, hay exigencias de años mínimos de residencia fuera del país para quienes buscan ser candidatos de la diáspora.

En El Salvador, no existe tal requisito: cualquier candidato nacional, sin importar su grado de experiencia o conexión con la vida en el exterior, puede postularse por la circunscripción 15. Esta situación abre la puerta a que los futuros diputados de la diáspora sean, en realidad, figuras políticas sin arraigo en las comunidades migrantes, restando sentido a su misión de representación.

En cuanto a la integración legislativa, el informe sostiene que no está claro si los representantes de la diáspora podrán participar presencialmente, de manera remota o mediante mecanismos mixtos en las plenarias y comisiones de la Asamblea. Otros parlamentos, como el francés o el ecuatoriano, han regulado la participación virtual y la inclusión plena de la diáspora en las funciones ordinarias, asegurando igualdad de condiciones con los diputados del territorio nacional.

En ese sentido, El Salvador enfrenta el reto de actualizar y perfeccionar su legislación secundaria para que la representación de la diáspora trascienda el simbolismo y sea un canal real y efectivo para la participación política transnacional. Es fundamental estandarizar la circunscripción exterior, establecer mecanismos claros de integración legislativa, y exigir requisitos de residencia o vinculación real para las candidaturas. Así, los salvadoreños en el exterior podrán ejercer plenamente su derecho a elegir y ser representados por quienes realmente conocen y defienden sus intereses en la distancia.

El infartante partido de la Selección argentina y el feriado por el 9 de Julio demoraron la reunión de la mesa política y pospusieron al menos una semana la sesión prevista en el Senado. En la Cámara de Diputados, donde el oficialismo ya no tiene proyectos importantes en carpeta, esperan definiciones del Poder Ejecutivo y la llegada de las iniciativas que primero deben sortear la Cámara alta, como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la reforma política (eliminación de las PASO).

La reunión que habitualmente encabeza Karina Milei estaba prevista para el martes a las 13. Sin embargo, el encuentro contra Egipto por los octavos de final del Mundial hizo que se reprogramara para este miércoles. Será la primera cumbre política de la que participarán el nuevo vocero presidencial, Adrian Ravier, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Según dejaron trascender, la Secretaria General de la Presidencia analizará junto al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada violeta en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Gestión Institucional, Lule Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo, y el viceministro de Gabinete, Ignacio Devitt, los avances en las negociaciones con las provincias para eliminar o suspender las elecciones primarias (PASO).

También se delineará una hoja de ruta legislativa que incluirá una sesión en el Senado el jueves que viene. Los libertarios apuntan a darle media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, ratificar la Ley Hojarasca (ya pasó por Diputados) y aprobar otra tanda de pliegos judiciales. Entre estos últimos se destaca el del Víctor Pesino, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que bajó la cautelar que frenaba la reforma laboral, quien el 27 de julio cumple 75 años y debe ser ratificado antes para poder seguir ejerciendo durante otros cinco años.

Para tal fin, Bullrich y los jefes de resto de los bloques realizarán también este miércoles la reunión de Labor Parlamentaria para ultimar los detalles de la sesión del jueves 16.

La semana pasada el presidente Milei le comunicó a sus legisladores que las prioridades de la Casa Rosada son la sanción definitiva del nuevo régimen de Zonas Frías, la eliminación de las PASO y los cambios a la ley de Inocencia Fiscal. Pero las tres iniciativas representan un desafío para la dupla Santilli-Bullrich por las reticencias de los aliados.

Las modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal no ingresaron formalmente al Congreso y además el escándalo de Manuel Adorni, que recurrió al régimen simplificado de Ganancias, enfrió cualquier inclinación de la oposición a colaborar con la ampliación de beneficiarios que pretende el Gobierno. En el caso de Zonas Frías, algunos gobernadores y referentes del radicalismo se niegan a pagar el costo político de dejar amplias zonas del país sin el subsidio al gas en pleno invierno y las negociaciones parece estancadas. Por último, la eliminación de las PASO a cambio de la inclusión de listas colectoras tampoco convence a los aliados. El PRO y la UCR no muestran ningún apuro y le exigen a la Casa Rosada conocer la letra chica de la reforma.

Es por eso que el jefe de Gabinete concentra sus esfuerzos en negociar con los gobernadores aliados. Este martes recibió un guiño de Catamarca, cuando Raúl Jalil ratificó su rechazo a las primarias: “Hace mucho que vengo opinando que las PASO no le sirven a la sociedad. Es una encuesta muy cara. No fortalecen a los partidos políticos”.

Por su partes, desde la oposición dura tampoco logran construir mayorías para avanzar con una agenda legislativa propia y todo parece indicar que la actividad se retomará recién en agosto, tras el receso invernal.

Desde el peronismo, por ejemplo, se presentaron varios proyectos relacionados con el aumento de la morosidad y el endeudamiento familiar. Entre otros puntos, proponen la suspensión temporal de intereses, la regulación puntual del anatocismo (cobrar intereses sobre intereses vencidos), la creación de un organismo estatal para resolver la situación de morosidad y un procedimiento cuasi-judicial de conciliación. Hasta el momento, todos los intentos de poner el tema en debate fueron infructuosos.

Todos hablan del tema pero nadie conoce los detalles. La implementación de listas colectoras como moneda de cambio para eliminar o suspender las elecciones primarias (PASO) se convirtió en un tema de discusión más candente en el Congreso. Sin embargo, tanto los libertarios como los aliados y los opositores duros reconocen que por ahora solo pueden hacer “especulaciones en el aire”.

No existe un proyecto concreto y ninguno de los principales interlocutores parlamentarios de la Casa Rosada reconoce haber visto algún modelo de cómo quedaría la Boleta Única de Papel con colectoras. En los despachos del oficialismo aseguran que “hay varios bocetos dando vuelta” pero aclaran que nada es definitivo porque “todo está en discusión”.

Incluso reconocen que la suspensión de las PASO incluiría acuerdos electorales para no competir -o competir con candidatos de baja intensidad- en las provincias donde los gobernadores aliados pretendan reelegir. Ese punto no será parte del texto del proyecto de reforma política pero tendrá un peso determinante en la negociación.

Las listas colectoras podrían representar una alternativa atractiva para algunos gobernadores y partidos aliados -como el PRO y la UCR- ya que les permitiría competir con listas propias en algunas categorías, como diputados nacionales y gobernador- pero “colgados” de la candidatura presidencial de Javier Milei. Así el Presidente se garantizaría los votos para la reelección y los mandatarios provinciales podrían evitarse el problema de encontrar otro candidato a presidente competitivo.

Obviamente, para que el esquema funcione, las provincias aliadas deberán abandonar sus intenciones de desdoblar y adelantar las elecciones locales para separar la discusión del debate nacional. “También se podría analizar la posibilidad de que las elecciones sean simultáneas y concurrentes”, explicaron. Es decir, elecciones el mismo día, con dos urnas diferentes.

“Y los que no tienen gobernadores, como en el caso de la UCR bonaerense, tienen para ganar el hecho de seguir siendo aliados. Y más adelante podrán negociar otras cosas”, simplificó un libertario.

Luego de que trascendieran los planes del oficialismo, desde la oposición dura denunciaron que se trata de una simple maniobra para “someter y encolumnar toda disidencia”.

“Nada más casta que en cada elección cambiar las reglas de juego. Nada más casta que volver a las colectoras para que un candidato a presidente tenga muchos candidatos a diputados. Nada más casta que volver a las viejas artimañas del siglo XX y pulverizar el espíritu con el que sancionamos la Boleta Única de Papel, que en la cabeza de Karina Milei va a tener una extensión horizontal de metros”, resumió el radical disidente de Provincias Unidas, Pablo Juliano.

Desde el peronismo denuncian que La Libertad Avanza sólo pretende quitarles una herramienta básica para dirimir sus diferencias internas, que hoy parecen cada vez más profundas y podrían derivar en una ruptura definitiva entre cristinistas y kicillofistas.

Pero ese mismo punto también genera dudas en la oposición. “Si el objetivo es complicarle la resolución de la interna al peronismo, ¿por qué se apuran tanto? Tendrían que suspender las PASO en diciembre para darle menos tiempo a organizarse. Si lo hacen en agosto, como se dice, el peronismo va a tener varios meses para organizar internas abiertas como supo hacer en el pasado”, explicó un referente radical.

Además, señalaban que también sería un error político asumir que Javier Milei será un candidato presidencial que traccionar votos para otras fuerzas un año antes de la elección. “¿Qué pasa si en seis meses se ‘manca’ y empieza a medir mal? Se están apurando”, analizaron ante la consulta de Infobae.

Este viernes el jefe de Gabinete recibió su primer revés público. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que controla tres votos clave en la Cámara de Diputados y dos en el Senado, aseguró que está “en contra de eliminar las PASO”.

“Hemos sido muy claros. Y reitero, para que nadie se equivoque: estamos en contra de sacar las PASO, nosotros estamos en contra de eliminar las PASO. Ya lo hemos dicho, y para que a todos los medios les quede claro cuál es la posición del bloque Independencia, y que lo que hemos dicho la vez pasada no lo hemos cambiado hoy bajo ningún punto de vista”, dijo a los medios provinciales

Y agregó: “La verdad, no conozco el proyecto, todas son versiones mediáticas, pero todavía ni el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, ni ningún funcionario nacional, nos ha mostrado ningún tipo de proyecto ni nos ha concretado cuál es la propuesta en general”.

Dado que se trata de una ley electoral, el proyecto de reforma política tendrá que ser aprobado con mayoría absoluta (la mitad más uno) en ambas Cámaras: 129 en Diputados y 37 en el Senado. Por lo que no contar con los votos de los tucumanos complica el panorama del oficialismo.

Por otro lado, los aliados dudan sobre cómo quedaría la Boleta Única de Papel con más columnas, porque se perdería uno de los objetivos originarios, que era simplificar el procedimiento. “¿Cómo van a quedar las Boletas en PBA o Santa Fe si hay tres colectoras por cada fuerza? ¿Qué va a decir la Justicia Electoral?”, se preguntaban en la bancada radical.

Santilli dedicará las próximas semanas a continuar dialogando con los gobernadores. El primero fue Ignacio Torres, que se entrevistó con el jefe de Gabinete este jueves en Casa Rosada. Se llevó bajo el brazo el visto bueno del Gobierno para que Chubut pida un préstamo al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para la realización de obras para asegurar el abastecimiento de agua potable en la Cuenca del Río Senguer.

El Gobierno transita por tiempos en donde se consolidan dinámicas de poder en su interior. Con la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se puso al frente de la mesa política fue automáticamente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien convocó a una próxima reunión para el martes que viene, la primera después del recambio en la cúpula del Gobierno.

“Karina fue quien la convocó”, confirmó uno de los integrantes de la mesa política, la cual es el mecanismo que encontró el oficialismo para hacer un seguimiento de la gestión -tanto en el Gobierno como en el plano legislativo- y coordinar las políticas y reformas que impulsa la Casa Rosada. Tras la salida de Adorni, quien era el que comandaba y convocaba estos encuentros, quien se colocó como su reemplazante en el liderazgo de los mismos fue la hermana presidencial.

Además de Karina, la mesa finalmente quedará compuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el subsecretario de Asuntos Gubernamentales y armador nacional de La Libertad Avanza, Lule Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; y, por primera vez, será incorporado en estos encuentros el secretario de Comunicacíon y Prensa, Fabián Fernández. También estará el ministro de Economía, Luis Caputo, que es un asistente habitual en estos encuentros.

La incorporación de Fernández a este esquema corresponde a una decisión consensuada en la cúpula del Gobierno pero que tiene a la secretaria general como principal impulsora. En rigor, Adorni venía a representar la pata comunicacional del karinismo en ese esquema; ya que Caputo es independiente de esa esfera y responde directamente al presidente Javier Milei. Es el nuevo secretario de Comunicación quien ahora viene a ocupar ese rol.

Tal y como adelantó Infobae, el martes próximo será la primera vez que esta mesa se reúna sin Adorni. “Ese va a ser el principal cambio, pero después se van a hablar de los mismos temas de siempre”, afirma un funcionario que participará de esa cumbre.

La agenda de reformas que impulsa el Gobierno

El oficialismo definió tres prioridades legislativas para los próximos meses: la reforma política —que incluye la eliminación de las PASO—, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. La definición surgió de una reunión en Casa Rosada entre Javier Milei, Karina Milei y los legisladores de La Libertad Avanza, donde la secretaria general de la Presidencia bajó la línea sobre el rumbo parlamentario del espacio. El Presidente también adelantó allí que está trabajando con el equipo de Luis Caputo y de Federico Sturzenegger en un proyecto que modifique la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El problema central es que el oficialismo no cuenta por ahora con los votos necesarios para avanzar en ninguno de los tres frentes ya anunciados. El régimen de Zona Fría, que ya tiene media sanción de Diputados, enfrenta resistencias en el Senado: radicales divididos, gobernadores reticentes y el PRO a la expectativa. La eliminación de las PASO tampoco genera consenso en la oposición dialoguista, aunque ayer emergió la posibilidad de una alternativa mediante colectoras. Y las modificaciones a Inocencia Fiscal ni siquiera ingresaron formalmente al Congreso, por lo que no hay conversaciones entre bloques al respecto.

En el Senado la agenda parece más inmediata. La Libertad Avanza y sus aliados dialoguistas —UCR, PRO y bloques provinciales— apuntan a sesionar el miércoles 8 de julio en el Senado incluye la ley de propiedad privada, un lote de pliegos judiciales ya dictaminados y, en caso de que los tiempos lo permitan, el tratamiento de ascensos diplomáticos pendientes desde el inicio de la gestión. La ley “Hojarasca”, que elimina normas obsoletas y ya tiene media sanción de Diputados, quedó al filo del temario y podría no entrar.

La ley de propiedad privada llegó a este punto tras un largo proceso de negociación: el texto original fue recortado por los bloques dialoguistas, se intercambiaron al menos una docena de borradores y aún hay senadores que cuestionan la versión final. Uno de los puntos más polémicos fue la venta de tierras a extranjeros; el último texto conocido prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros y de empresas con participación estatal foránea, salvo autorización provincial y del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, nada está garantizado.

Aun así, en la mesa política admiten que la reforma más importante que se debatirá en ese lugar será la reforma electoral. El gobierno de Milei está negociando con gobernadores consiste en suspender —no eliminar definitivamente— las PASO a nivel nacional, a cambio de incorporar un sistema de listas colectoras en el marco de la Boleta Única de Papel. El mecanismo permitiría que distintas fuerzas compitan por separado en algunas categorías pero “enganchen” sus listas debajo de la boleta presidencial de Milei, sin necesidad de sellar alianzas formales. Así, el PRO, la UCR y los partidos provinciales podrían preservar su identidad y sus bloques legislativos, mientras los gobernadores aliados aprovecharían la “tracción” electoral del presidente para fortalecer sus propias candidaturas locales. El objetivo político real, según el artículo, no es el ahorro fiscal sino privar a la oposición de una herramienta para ordenar sus internas y depurar candidatos competitivos.

Las negociaciones, encabezadas por el jefe de Gabinete Diego Santilli, aún están lejos de cerrarse. La reforma política requiere mayoría absoluta en el Senado —37 votos—, y las diez bancas de la UCR son determinantes: sin el radicalismo, la iniciativa no prospera. Desde ese partido advierten que un acuerdo de ese tipo debería pasar por la Convención Nacional y no resolverse entre unos pocos gobernadores. En la oposición, en tanto, señalan que el Gobierno todavía no presentó un texto concreto ni definió cuántas colectoras se habilitarían. “Nadie vio nada concreto, por ahora es un globo de ensayo”, resumió un senador consultado por Infobae. Las novedades difícilmente lleguen antes del receso de invierno, por lo que el debate en los recintos, en el mejor de los casos, se daría en agosto.

Tras la renuncia de Manuel Adorni, cuyo escándalo patrimonial alteró durante más de dos meses el normal funcionamiento del Congreso, el gobierno de Javier Milei busca dar vuelta la página y ya dejó en claro que su nueva prioridad máxima en el Congreso es la eliminación de las PASO. Así lo anunció el propio Presidente en el encuentro con legisladores del miércoles en Casa Rosada y lo confirmó el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la reunión que mantuvo ese mismo día con Patricia Bullrich y bloques aliados en el Senado.

Santilli, que desde hace semanas sostiene una incansable agenda de encuentros con gobernadores, pidió más tiempo para juntar voluntades. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, las nuevas rondas de negociación incluirán una oferta concreta a los mandatarios provinciales para suspender (no eliminarlas definitivamente) las elecciones primarias a nivel nacional: la incorporación de colectoras.

Las listas colectoras no son una novedad en Argentina. Se trata de un sistema que permite que dos fuerzas políticas compitan en algunas categorías pero vayan juntas en otra. Por ejemplo, en 2011 Cristina Kirchner sumó votos para su candidatura presidencial con dos listas colectoras que competían entre sí en la categoría para gobernador en la provincia de Buenos Aires. Una estuvo encabezada por Daniel Scioli (PJ) y otra por Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro).

Si bien los libertarios aclaran que no se trata de colectoras propiamente dichas ni tampoco de una nueva versión de la Ley de Lemas, ya que la nueva modalidad se implementaría en el marco de la Boleta Única de Papel, la finalidad es la misma: Milei podrá sumar votos para su reelección sin necesidad de sellar alianzas formales con otros partidos, como el PRO y la UCR. Además, estas fuerzas podrán preservar su identidad, sus propios bloques en la Cámara de Diputados y, en el caso de los gobernadores aliados, tendrán la posibilidad de “enganchar” sus listas locales debajo de la boleta presidencial de Javier Milei, un candidato que les garantizará “tracción” de votos, algo especialmente útil para fuerzas que no tienen un candidato presidencial potente.

El Gobierno justificará esta decisión bajo el paradigma del ahorro y también a partir de cierta saturación de la ciudadanía con la sucesión de elecciones. Sin embargo, el objetivo real no es fiscalista sino político. Le arrebatará a la oposición una herramienta clave para ordenar sus internas y depurar a los candidatos más competitivos. Especialmente teniendo en cuenta el fuerte enfrentamiento interno del peronismo, donde kicillofistas, cristinistas, massistas y peronistas “federales” parece cada vez más lejos de llegar a listas de unidad.

Las colectoras permitirán cierto margen de competencia pero, a diferencia de las PASO, no terminarán con la integración de una única lista. Cada espacio preservará su fuerza.

Además, fuentes con diálogo con gobernadores reconocen que las negociaciones también incluyen la posibilidad de poner candidatos de baja intensidad en las provincias gobernadas por aliados. “Le permiten al gobernador reelegir y mantener diputados propios a cambio de la reelección de Milei, puede ser suficiente para que algunos acuerden”, reconoció un referente de la UCR.

Más allá de todo, en la oposición aclaran que todavía faltan muchos detalles, porque el Gobierno no tiene definido cómo quedaría el modelo de Boleta Única con todas las colectoras. Ni siquiera se sabe cuántas colectoras se habilitarán. “Nadie vio nada concreto, por ahora es un globo de ensayo”, explicó a Infobae un senador que tendrá un voto clave.

En la misma línea, sectores del radicalismo advierten que este acuerdo sólo tendría sentido si el partido centenario va con Milei como candidato a Presidente. “Pero eso lo va a definir la Convención Nacional, no lo van a resolver cuatro gobernadores. ¿Qué pasa si en seis meses Milei pierde apoyo social?”, analizaban.

El acuerdo del radicalismo no es un tema menor. La reforma política necesitará mayoría absoluta de los votos en el Senado (37 votos) por lo que las diez bancas de la UCR son fundamentales. “Si el acuerdo no contiene a la UCR, no se va a poder aprobar en el Senado”, reconocen los libertarios. Aunque agregan que “si sale en el Senado, sale en Diputados”.

“Quiero hacer un llamado de atención y apelar a varios gobernadores: cuidado con eliminar una herramienta que puede contribuir a ordenar el sistema político y garantizar una competencia más abierta”, advirtió Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Por lo pronto, resulta poco probable que haya novedades en las próximas dos semanas y luego el Congreso entrará en el receso de invierno. La discusión podría llegar a los recintos, en el mejor de los casos, en agosto.

La conversación comenzó a partir de un contenido que circuló en redes sociales, donde distintos jóvenes confundían al expresidente con figuras como Guillermo Francella o Juan Domingo Perón. “Se lo mandé a un radical y me dijo: ‘Ya lo había visto y me quiero morir’. ¿Por qué? Porque confundieron a Raúl Alfonsín con Francella y con Perón”, relató Maia Jastreblansky. Si bien aclaró que el video no necesariamente refleja el nivel de conocimiento de toda la sociedad, consideró que expone una pérdida de referencia sobre la historia del radicalismo.

Ese diagnóstico derivó rápidamente en el conflicto político que hoy divide a la UCR. En Diputados conviven dos espacios surgidos del radicalismo: Democracia para Siempre, encabezado por Pablo Juliano y cercano a Martín Lousteau, y el bloque que conserva formalmente el nombre Unión Cívica Radical, alineado con gobernadores como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero. “Hoy lo que trasciende es el conflicto y se están peleando por el sello del partido, por la marca, por la UCR”, resumió Jastreblansky.

La tensión se profundizó luego de que un sector de los diputados radicales acompañara al Gobierno en votaciones sensibles, entre ellas la relacionada con el financiamiento universitario. Diego Iglesias recordó que la defensa de la universidad pública forma parte de la tradición histórica del partido y sostuvo que ese posicionamiento explica las críticas que recibieron esos legisladores.

El enfrentamiento también se trasladó al recinto. Durante una sesión, Pablo Juliano acusó al sector enfrentado de apropiarse de la identidad partidaria. “Qué gran ocurrencia afanarse el logo de la Unión Cívica Radical la misma semana que conocemos esa actitud de algunos que se hacen llamar dirigentes. No son dirigentes, son delincuentes. Tratémoslo como delincuentes”, afirmó. El conflicto derivó además en una presentación formal ante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para reclamar que ese bloque deje de utilizar el nombre de la UCR por considerar que ya no representa los valores históricos del partido.

El debate también abordó el desafío que enfrentan las estructuras partidarias en una política cada vez más atravesada por liderazgos personales. Maia Jastreblansky destacó que la conducción nacional, encabezada por Leandro Chiarella, busca impulsar una renovación generacional apoyándose en la gestión de los intendentes radicales y en una mayor presencia de la militancia juvenil.

Sin embargo, Tomás Trapé planteó que el problema excede al radicalismo. “Me da la sensación de que lo que se rompió fueron los intermediarios. Hoy la identificación es con una persona, no con el partido”, señaló. En la misma línea, Paula Guardia Bourdin se preguntó cuál es hoy el sentido de pertenecer a una estructura partidaria cuando los votantes se identifican cada vez más con liderazgos individuales que con organizaciones políticas.

En ese contexto, Ricardo Alfonsín vinculó la crisis actual con un cambio de rumbo que, a su juicio, comenzó hace una década. “La Unión Cívica Radical, desde el año 2015, no ha hecho otra cosa que transgredir ese sistema de ideas y representar sectores que no son los que nosotros nacimos para representar. En pocas palabras, se corrió a la derecha”, afirmó.

Para el exdiputado e hijo del expresidente, la discusión por el sello partidario es apenas la consecuencia de una transformación mucho más profunda. “Esto no es la Unión Cívica Radical. Esta es una herramienta electoral que está defendiendo ideas que nada tienen que ver con la Unión Cívica Radical”, sostuvo, antes de remarcar que un partido político “es, además de una herramienta electoral, un conjunto de ideas, de principios y de valores que se traducen en programas de gobierno y determinan la representación social”.

Con ese diagnóstico, Alfonsín relativizó la posibilidad de una reconstrucción inmediata de la fuerza, aunque expresó su deseo de que exista un espacio que vuelva a defender esos principios. “Aspiro a que alguna institución, ojalá sea la misma, aunque esto me parece bastante difícil por lo menos en el corto plazo, pelee por este conjunto de valores”, dijo.

Sobre el final de la entrevista también se refirió a la intención del Gobierno de eliminar las PASO y sostuvo que la iniciativa responde a una lógica electoral. Según planteó, el oficialismo entiende que unas primarias abiertas favorecerían la articulación de la oposición, mientras que su eliminación aumentaría la fragmentación. “El Gobierno está muy preocupado por eliminar las PASO porque cree que si hay PASO va a perder las elecciones. Si no hay PASO, es posible que se fragmente la oposición”, concluyó.

Con la disputa por el sello todavía abierta, el debate dejó al descubierto una discusión que trasciende el nombre de un bloque legislativo: quién representa hoy al radicalismo y si la UCR conserva la identidad política que la convirtió en una de las fuerzas centrales de la democracia argentina.

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El flamante jefe de gabinete, Diego Santilli, ya encontró el primer escollo de su gestión en el Congreso de la Nación que le implicó un cambio en los tiempos que tenía pensados en la Casa Rosada.

Ayer el funcionario mantuvo una reunión con el grupo de 44 senadores conformado por integrantes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y el resto de los bloques provinciales. La intención del encuentro fue avanzar con el proyecto de modificación a la ley de zonas frías y reforma política. Sin embargo, el funcionario nacional se encontró con que ninguna de las dos leyes tenían los votos necesarios y fue así que lanzó la frase que marcará el ritmo del Palacio Legislativo para las próximas.

“Nos pidió 15 días para poder organizar la discusión”, reconoció un legislador del oficialismo. “Son dos semanas para hacer una ronda de negociaciones con los gobernadores para poder destrabar los temas”, agregó.

De esta manera Santilli debutó en el mundo parlamentario como Jefe de Gabinete no con una derrota pero sí con un cronograma más extenso en el tiempo porque se encontró con un escenario más complejo.

“Los radicales no te votan zona fría y los gobernadores tampoco la reforma electoral”, agregó la misma fuente que estuvo presente en la reunión. “No hay acuerdo en ninguno de los temas y las llaves para todos están en los gobernadores, tanto es así que zona fría es poco probable que tenga una definición antes de septiembre“.

Un ejemplo de esto es lo que finalmente se definió como la próxima sesión en la Cámara Alta. Ayer al mediodía desde el despacho de la senadora Patricia Bullrich hacían saber que si Victoria Villarruel no llamaba a labor parlamentaria iban a pedir una sesión para el miércoles 8 de julio. “Queremos darle dinamismo luego de los conflictos que tuvimos por el tema Adorni”.

Pero esto se cayó por varias razones. Y a pesar de que Villarruel citó a Labor para el 8 de julio a las 12 del mediodía, la jefa del bloque del PRO se enteró que no iba a contar con los tucumanos por el acto del 9 de Julio en esa provincia. A la celebración asistirá el Presidente Javier Milei y de la Vicepresidenta Victoria Villarruel -no necesariamente compartiendo el mismo espacio-. Sumado al pedido de mayor plazo del Jefe de Gabinete, decidieron avanzar con la intención de tener una sesión el próximo 16 de julio.

En la Cámara de Diputados el escenario para estirar los plazos es más simple. No hay un temario establecido para el corto plazo porque, aunque se espera que las modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal ingresen por la cámara que preside el libertario Martín Menem, el propio debate de la misma en comisión cumpliría con los plazos que solicitan desde la Casa Rosada para tener conversaciones sin nada que haga “ruido”. en el medio.

El otro punto que todos miran es el receso de vacaciones de invierno. Aunque en el mundo libertario desde que asumieron en el Gobierno nacional buscan imponer la lógica de se trabaja sin vacaciones, el resto de los trabajadores del Palacio Legislativo sí quieren tenerlas por lo que se espera que a partir del 20 de julio el Poder Legislativo entre en un receso de invierno.

“No podes no darle las vacaciones a los trabajadores. Además, si no tenemos lo que venga del Senado o no ingresa ningún proyecto de parte del Ejecutivo, no tenemos una agenda que apurar ni trabajar. En el escenario de hoy, no hay apuro por nada de parte nuestra”, señaló un diputado de LLA que forma parte de la mesa chica en la Cámara Baja.

A menos de un mes del inicio del nuevo Congreso bicameral, las negociaciones para definir las presidencias del Senado y la Cámara de Diputados avanzan en medio de reservas y contactos cruzados. El futuro reparto de comisiones ordinarias y la conformación de las mesas directivas se han convertido en el eje central de las conversaciones, en un contexto marcado por la fragmentación política y la necesidad de articular mayorías estables. Según se explicó en un informe de Canal N, el proceso de definición no solo determinará la conducción de cada cámara, sino que también establecerá las reglas para la distribución de espacios de poder dentro del nuevo esquema legislativo.

La clave de las negociaciones reside en la asignación de las comisiones ordinarias, que en esta legislatura se reducen a 16 en Diputados y 6 en el Senado. El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, explicó para Canal N que la disminución de comisiones complica los acuerdos políticos, ya que los espacios de negociación se han acotado respecto al diseño anterior. Según el análisis de Cevasco, la disputa se concentra en cómo se repartirá ese poder limitado y en la capacidad de las bancadas para alcanzar consensos que les permitan incidir en la agenda parlamentaria desde posiciones estratégicas.

Cuatro listas en juego y el peso de Fuerza Popular

En este escenario, se perfilan hasta cuatro listas para competir por el control de las mesas directivas: dos en la Cámara de Diputados y dos en el Senado. De acuerdo con cálculos internos, la presidencia de Diputados podría recaer en un representante del espectro de izquierda, mientras que el Senado quedaría en manos de una agrupación de centro o derecha, aunque se descarta a Fuerza Popular para ese puesto específico.

Fuerza Popular, con 41 diputados y 22 senadores, se posiciona como la bancada más numerosa del próximo Parlamento. Arturo Alegría, diputado electo por ese partido, sostuvo que la magnitud de su bancada convierte a la agrupación en “pieza decisiva” en ambas cámaras, aunque reconoció que no alcanza la mayoría por sí sola.

“Lo que sabemos es que hay que tender puentes. No hay manera de que las cosas caminen si no dialogamos con diferentes bancadas que nos permitan conseguir la mayoría”, declaró Alegría en diálogo con la prensa. Según el legislador, será indispensable buscar acuerdos con fuerzas de centro, ya que una alianza exclusiva con Renovación Popular no resultaría suficiente para conformar mayoría.

El propio Alegría señaló que aún no existe una decisión interna sobre la eventual postulación de Fuerza Popular a las presidencias de Senado o Diputados. Planteó, además, que quien asuma una presidencia deberá contar con experiencia previa, debido a que la implementación del sistema bicameral exigirá conocimiento técnico del procedimiento parlamentario desde el inicio de la legislatura.

Renovación Popular y Buen Gobierno exploran alianzas

La bancada de Renovación Popular, que dispondrá de 15 diputados y 8 senadores, prepara su propia estrategia de acercamientos. Alejandro Muñante, senador electo, indicó que el partido iniciará reuniones formales con otras fuerzas en los próximos días. Explicó que, aunque no hay diálogos oficiales, ya ha sostenido conversaciones informales con integrantes de Fuerza Popular sobre la conformación de la Junta Preparatoria del Senado.

Muñante integrará dicha Junta por ser el senador de menor edad, acompañado por Miguel Torres, el más votado, y Fernando Rospigliosi, el de mayor edad, ambos de Fuerza Popular. Este trío tendrá a su cargo la apertura formal del nuevo Parlamento, la convocatoria y juramentación de los legisladores, así como la organización de la sesión que elegirá la Mesa Directiva. Las funciones de la Junta Preparatoria se extenderán entre el 15 y el 26 de julio, con sesiones previstas entre el 22 y el 26 del mismo mes.

En cuanto al Partido del Buen Gobierno, que contará con 7 senadores y 18 diputados, las conversaciones formales para alianzas apenas comienzan. Un diputado electo de esa agrupación, que solicitó anonimato, explicó que los primeros acercamientos tendrán lugar una vez que culminen la elaboración de sus proyectos estratégicos para la legislatura. La organización interna del partido ya registra avances: en una reciente reunión, se acordó designar a Óscar Reto como vocero político en Diputados y a Flavio Figallo como vocero en el Senado.

Figallo confirmó a un canal de televisión local la existencia de “pequeños acercamientos” con otras agrupaciones, aunque aclaró que aún no se han formalizado acuerdos. Desde la bancada, no descartan postular a alguna de las mesas directivas, dependiendo del curso de las negociaciones.

Ahora Nación y las conversaciones cruzadas

El bloque de Ahora Nación, con 4 senadores y 10 diputados, también busca articular una lista propia para la Mesa Directiva. Mirtha Vásquez, senadora electa, describió que la agrupación mantiene diálogos abiertos con otras bancadas, sin definiciones cerradas hasta el momento. De estos contactos podría surgir una candidatura alternativa a la que impulse la derecha parlamentaria. “Por el momento nada definido”, aseguró Vásquez.

En paralelo, se han intensificado los contactos entre figuras de diferentes partidos. Fuentes parlamentarias informaron que el excandidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se reunió recientemente con Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras. Circuló la versión de una posible participación de Jorge Nieto en esos encuentros, aunque el propio dirigente desmintió esa información. Ante la pregunta sobre un posible encuentro futuro con Sánchez, Nieto respondió: “Ni descarto ni encarto”.

Para José Cevasco, la etapa de conversaciones tendrá un impacto decisivo en la dinámica del nuevo Congreso, debido a que la reducción de comisiones incrementa el valor político de cada acuerdo alcanzado. “Sí va a haber grandes conversaciones sobre el tema de la distribución de las presidencias de comisiones ordinarias porque, de acuerdo con los nuevos reglamentos, van a ser mucho menos. En la Cámara de Diputados se han reducido a 16 y en el Senado a 6. Hay menos espacios para negociar. Ahí se verá la capacidad de negociación política”, afirmó el exoficial mayor.

Un Congreso fragmentado ante el reto de construir mayorías

El proceso de instalación del Congreso bicameral pone a prueba la habilidad de las bancadas para buscar consensos en un escenario carente de mayorías absolutas. La fragmentación política obliga a articular alianzas flexibles, donde cada voto adquiere un peso determinante para la conformación de mesas directivas y la distribución de comisiones.

Las próximas semanas serán decisivas para definir el equilibrio de fuerzas en el Parlamento y marcarán el inicio de una legislatura en la que la negociación será el eje central de la actividad legislativa.

Este 1 de junio de 2026 se cumple una semana de los terremotos que han provocado la muerte de más de 2 mil personas en Venezuela, ante la emergencia, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un acuerdo para que diputados y senadores donen un día de salario, recurso económico que será destinado a la ayuda de la ciudadanía afectada.

Durante la sesión de este miércoles, la asamblea guardó un minuto de silencio en memoria de las 2 mil 295 personas fallecidas; por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, precisó que “quienes deseen donar un día de dieta deberán dar a conocer eso a las autoridades de la Cámara para efectos administrativos correspondientes”.

La mesa de acopio, que ya funciona en la Cámara de Diputados, tendrá su réplica en el Senado en los próximos días, luego de la aprobación de la Comisión Permanente para recolectar víveres dirigidos a la población de Venezuela.

Ante el Pleno, la senadora morenista recordó el panorama al que se enfrentan las y los venezolanos a unos días de que la tragedia azotara al país, misma que supera los 12 mil damnificados.

Esto es lo que se podría recaudar tras el acuerdo del Congreso

Conforme a la legislación vigente, un diputado federal gana al día 2 mil 663 pesos, remuneración que se les otorga bajo el nombre de “dieta”. San Lázaro está conformado por 500 legisladores lo que significaría un total de un millón 316 mil 666 pesos.

Por otro lado, un senador tiene una percepción diaria de 4 mil 430 pesos, en la Cámara Alta legislan 128 senadores, por lo que, la suma podría quedar en 567 mil 040 pesos.

A una semana de los terremotos en Venezuela

A una semana de los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela -el primero de magnitud 7.2, y, el segundo de 7.5-, el balance oficial asciende a 2 mil 295 muertos, 11 mil 267 heridos y 12 mil 841 damnificados.

Las cifras, presentadas este miércoles por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, representan un incremento respecto al reporte del martes, cuando el régimen registraba mil 943 fallecidos y 10 mil 571 heridos. Las réplicas continúan, aunque Rodríguez aseguró que su frecuencia e intensidad disminuyen.

El sistema de salud acumula 17 mil 026 pacientes atendidos desde el inicio de la emergencia en hospitales, centros de triaje y puestos sanitarios desplegados en las zonas afectadas. De ese total, 4 mil 565 personas requirieron hospitalización; 13 mil 942 ya fueron dadas de alta.

Para quienes perdieron sus viviendas, el chavismo mantiene 25 campamentos temporales operativos: 13 en La Guaira, 8 en Caracas y el resto distribuidos entre Miranda, Carabobo y Yaracuy.

La magnitud del desastre empieza a medirse también en términos económicos. Una estimación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) , elaborada con herramientas satelitales, calcula pérdidas en viviendas, infraestructura y activos económicos por alrededor de 6 mil 700 millones de dólares.

Mientras tanto, equipos venezolanos trabajan junto a especialistas de decenas de países en la búsqueda de posibles sobrevivientes, en particular en el estado de La Guaira, donde el colapso de edificios dejó cientos de personas bajo los escombros.

Lo que se perfilaba como un “súper martes” en la Cámara de Diputados nunca llegó a concretarse. La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete echó por tierra los planes de la oposición de votar una interpelación -con una eventual moción de censura- y las reuniones de comisión convocadas para tal fin se cancelaron.

La salida del funcionario investigado por enriquecimiento ilícito también sirvió para distender la relación con los aliados, que había llegado a un punto de máxima tensión el viernes pasado cuando Mauricio Macri anunció en un acto que el PRO había decidido avanzar contra Adorni en ambas Cámaras. “Mantener a Adorni destruye la confianza que permite el cambio”, advirtió el presidente del partido amarillo. La UCR, por su lado, también había dejado trascender que jugaría en tándem con los amarillos, porque ya no tenía margen de maniobra para evitar una confrontación con la Casa Rosada.

Sin el affaire Adorni acaparando la agenda, los libertarios se entusiasman con retomar la buena racha legislativa, cuyas últimas victorias fueron la media sanción del Súper RIGI para fomentar inversiones en las “industrias del futuro” y la aprobación definitiva del pago a un grupo de holdouts (fondos buitres). Ahora deben esperar al Senado, donde se ha formado un verdadero “cuellos de botella”.

En la Cámara alta se esperan novedades respecto a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada (agilización de desalojos, cambios en la ley de manejo del fuego, eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros y modificaciones a la ley de expropiaciones), la nueva ley de discapacidad, la reforma las leyes de salud mental y de etiquetado frontal, la Ley General de Sociedades (que generó debate a nivel internacional por las denominadas “sociedades automatizadas”) y la sanción definitiva de los proyectos que ya pasaron por Diputados, como Hojarasca, Zonas Frías y Súper RIGI. Pero el verdadero plato fuerte sigue siendo la reforma política, que incluye la eliminación de las PASO.

“Que no te sorprenda que el Colorado arranque con un gol”, advertían en el bloque violeta respecto a las posibilidades de Santilli de destrabar la suspensión de las PASO. Eso sí, “suspensión”, porque la eliminación de las primarias al parecer ya habría quedado descartada por falta de consenso.

En esa línea, destacaban que la presencia de 14 gobernadores en la ceremonia de jura como jefe de Gabinete representa un buen augurio para avanzar con la reforma política. Allí estuvieron Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdez (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolo Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Martín Llaryora (Córdoba). Una masa crítica que, en caso de estar alineada con el oficialismo, dejaría el camino despejado para la reforma política.

Una de las alternativas que Santilli puso sobre esa mesa de negociación es la incorporación de “colectoras”. Un mecanismo electoral que permitiría a los gobernadores tener listas propias para diputados y senadores nacionales pero adheridas a la candidatura presidencial de Milei. Al mismo tiempo, los acuerdos podrían incluir candidatos violetas con baja potencia electoral que faciliten la reelección de los oficialismos provinciales.

Las prioridades legislativas de la Casa Rosada terminarán de tomar forma este miércoles por la mañana en la reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza convocada por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Después de los chispazos con Patricia Bullrich, la hermana presidencial parece decidida a tomar más protagonismo en el Congreso y ya dio los primeros pasos para reordenar a la tropa propia: ya se sumó a los grupos de WhatsApp de diputados y senadores violetas para monitorear de cerca el pulso legislativo.

Como en otros momentos de fuerte tensión dentro del partido, el presidente Javier Milei se pondrá al frente de la discusión para tratar de poner orden en el equipo y dar vuelta la página, esta vez tras la salida de Manuel Adorni del Gobierno y con el objetivo de recuperar el control de la agenda en el Congreso.

Luego de meses de polémicas y cruces por la situación del ahora ex jefe de Gabinete, finalmente el mandatario nacional aceptó la renuncia del funcionario y nombró en ese lugar a Diego Santilli, un dirigente de amplia trayectoria política y con buenos vínculos con las provincias, diputados, senadores y, sobre todo, el PRO.

Aunque hay un cierto malestar en el oficialismo por los intentos de Mauricio Macri de adjudicarse como un triunfo la designación del “Colo”, también prima la necesidad de reconstruir la confianza con uno de los principales aliados parlamentarios.

Es que, durante el tiempo en el que se sostuvo a Adorni, una de las principales críticas que se le hacían a Milei, incluso miembros de la cúpula libertaria, era que la gestión estaba paralizada, tanto en lo administrativo como en cuanto a la sanción de leyes.

El Poder Ejecutivo tenía previsto ir a un ritmo de cerca de 10 reformas por mes, meta que quedó muy lejos cuando denunciaron al entonces jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

Cómo consecuencia del debate en torno al funcionario, el oficialismo no pudo ni siquiera terminar de aprobar el tratado de patentes, Hojarasca, el Súper RIGI, la inviolabilidad de la propiedad privada, el nuevo Código Penal o la eliminación de las PASO, todos proyectos que se plantearon a comienzos de este año.

Ahora de que Adorni no está más en el medio, el Presidente quiere retomar estas iniciativas, pero sabe que para eso debe reordenar al equipo y dar un mensaje de aliento.

Por este motivo decidió ponerse él mismo al frente de la reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza a la que había convocado la secretaria general, Karina Milei.

El encuentro se llevará adelante a partir de las 9:30 en el salón Héroes de Malvinas, en la planta baja de la Casa Rosada, y participarán todos los integrantes del bloque en ambas Cámaras.

Será también la presentación formal de Santilli como jefe de Gabinete y de Ignacio Devitt, como su Vice, con quienes los legisladores, de todas formas, ya conversaban.

La hermana del mandatario nacional busca estar más presente en la diaria parlamentaria y es por eso que, además de llamar a este cónclave, también fue agregada a los grupos de WhatsApp que tenían los representantes en el Congreso.

“Estoy segura de que va a ser una reunión muy positiva, de trabajo, para fortalecer la agenda legislativa del Gobierno, coordinar los próximos desafíos y compartir los objetivos de gestión para esta etapa“, consideró ante Infobae una de las senadoras oficialistas.

En este sentido, la dirigente aseguró que el Presidente “mantiene un diálogo permanente con todos para seguir impulsando las reformas que los argentinos votaron y que el país necesita”.

“Hay un compromiso muy claro de todo el bloque para acompañar ese rumbo y avanzar en las transformaciones que requiere el país”, agregó.

En el lugar estará, por ejemplo, la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, que fue una de las referentes del espacio más críticas de Adorni.

La ex ministra de Seguridad tuvo declaraciones públicas muy fuertes en contra del funcionario, pero ahora irá a la Casa Rosada para escuchar las órdenes de los Milei.

No es la primera vez que el Presidente decide interceder personalmente ante un conflicto interno: ya a finales del 2023, cuando había varios legisladores molestos por una falta de liderazgo claro y amenazaban con romper, el entonces mandatario electo los juntó en el hotel donde se estaba hospedando para alinearlos, en ese momento con la ayuda de Guillermo Francos.

Más cerca en el tiempo, recibió a propios y aliados en la Quinta de Olivos poco antes de que se votaran los vetos a la moratoria previsional, el aumento a los jubilados y la emergencia en discapacidad.

En noviembre último, también en el salón Héroes de Malvinas, antes conocido como Pueblos Originarios, recibió a 100 legisladores de La Libertad Avanza para explicar el Presupuesto que se iba a tratar por esa fecha en el Congreso.

Para esta ocasión, y para estar cerca de la gestión en las primeras horas de Santilli como jefe de Gabinete, tuvo que suspender un viaje que tenía previsto a Asunción, Paraguay, donde se realizó la cumbre del Mercosur.

También es probable que suspenda su visita a los Estados Unidos, según pudo saber este medio, debido a que su par norteamericano, Donald Trump, todavía no confirmó ningún acto con mandatarios extranjeros con motivo de los 250 años de la independencia de ese país.

Durante esa gira, Milei iba a participar además de la Conferencia de Sun Valley, en Idaho, un evento que reúne a los empresarios más importantes del mundo.

El problema es que el encuentro finalmente se realizará del 9 al 13 de julio, pero el mandatario quiere estar el 8 en Tucumán para la vigilia del aniversario de la independencia argentina.

En este contexto, la única actividad que estaba planificada originalmente y que sigue en pie es la llegada de la Fragata Libertad al puerto de Nueva York, también para celebrar la emancipación estadounidense.

Sin embargo, el canciller, Pablo Quirno, consideró que no era razón suficiente como para organizarle un viaje al Presidente y, en su lugar, le pidió al embajador ante la Washington, Alec Oxenford, que representa a la Nación en ese festejo.

Así las cosas, a menos de que Trump retome la idea de hacer un brindis con invitados extranjeros en la Casa Blanca, lo más seguro es que Milei no viajará a los Estados Unidos en el corto plazo.

A pocos días del comienzo de las vacaciones de invierno, una diputada del PRO presentó un proyecto para eliminar las dos semanas de receso en la Legislatura de Mendoza. La iniciativa abrió un debate sobre el régimen de trabajo de los legisladores y los períodos de descanso, que la autora calificó como un “privilegio”.

La legisladora que impulsó la propuesta es Cintia Gómez, quien sostuvo que algunos diputados asumieron sus bancas en mayo, trabajaron apenas dos meses y ahora ya cuentan con dos semanas de descanso. La suspensión de las actividades está prevista desde el 6 hasta el 22 de julio.

“Lo mismo ocurre con los que asumen en noviembre, y a fines de diciembre ya tiene 30 días de vacaciones. Un privado debe tener más de 10 años de antigüedad para tener las mismas vacaciones”, comparó Gómez, en declaraciones a Diario Uno. La iniciativa propone la continuidad de las actividades de ambas Cámaras.

La diputada aseguró que la iniciativa cuenta con el respaldo del PRO, aunque reconoció que todavía no fue debatida con el resto de los legisladores.

Desde Cambia Mendoza, en cambio, cuestionaron el proyecto y lo calificaron de “populista”. Además, defendieron el funcionamiento de la Legislatura provincial al sostener que es una de las que más sesiona en el país.

“Más allá de que el periodo ordinario empieza el 1 de mayo, nosotros sesionamos del 1 de febrero al 31 de diciembre, salvo en estas dos semanas que son de receso del personal administrativo, entre ellos los taquígrafos que son necesarios para sesionar”, advirtieron.

Según reconstruyeron medios locales, el receso de invierno de la Legislatura fue acordado en paritarias con el personal administrativo. En ese marco, los legisladores que rechazan la propuesta sostienen que, sin esos trabajadores, no es posible realizar sesiones ni reuniones de comisión.

Gómez, sin embargo, consideró que la actividad legislativa podría mantenerse mediante reemplazos del personal: “Yo no pretendo vulnerar los derechos laborales de nadie, lo que digo es que eso de que no hay personal se puede coordinar con reemplazos como ocurre con otras instituciones que siguen funcionando. ¿Cómo hacen los hospitales o las fuerzas de seguridad para funcionar en vacaciones?“.

El proyecto

El texto, al que accedió Infobae, ingresó a la Legislatura provincial este lunes 29 de junio. De acuerdo con el documento, la diputada Gómez argumentó que “las instituciones públicas deben evolucionar junto con la sociedad mendocina a la que representan” y que cada época “exige revisar aquellas prácticas que, aunque hayan sido adecuadas en otro momento, hoy pueden resultar distantes de la realidad”.

La legisladora opinó que “la realidad y los problemas de Mendoza no se detienen durante el mes de julio”. En ese sentido, sentenció: “Las preocupaciones de las familias continúan presentes, los desafíos vinculados al empleo, la educación, la salud, la seguridad, la producción y el desarrollo económico siguen requiriendo atención y respuestas por parte de las Cámaras y sus legisladores”.

También señaló que los municipios, las instituciones y los sectores productivos tampoco interrumpen sus actividades durante ese período: “La continuidad de la actividad parlamentaria durante el mes de julio constituye una oportunidad para fortalecer el vínculo entre el mendocino y sus representantes”.

En el documento, Gómez destacó que los legisladores provinciales elegidos en las elecciones de medio término asumen sus funciones el 1° de mayo y, apenas dos meses después, ingresan en el período de receso. Asimismo, adelantó que el proyecto de ley “no busca afectar derechos laborales ni desconocer la tarea que realizan los trabajadores legislativos”.

“Cuanto más cercana sea la política a la realidad cotidiana de las personas, más fuerte será el vínculo de confianza sobre el cual se sostiene la democracia”, planteó.

Mientras el Gobierno comienza a reordenarse, el presidente Javier Milei canceló su viaje a Paraguay para concentrarse en la gestión y decidió sumarse a la reunión con senadores y diputados de La Libertad Avanza en la Casa Rosada.

De acuerdo con lo que confirmaron a Infobae fuentes de su entorno, el mandatario nacional optó por participar él mismo del cónclave, en un nuevo gesto para ordenar al equipo y plantear las metas a futuro.

El encuentro está convocado para el próximo miércoles a la mañana y, hasta esta confirmación, iba a estar encabezado por el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su vice, Ignacio Devitt.

El líder libertario le tomará juramento un día antes a su nuevo ministro coordinador, que viene a reemplazar a Manuel Adorni tras su salida el último fin de semana, en medio de presiones internas por la polémica sobre su patrimonio.

El oficialismo busca dejar atrás las diferencias que generaron dentro del espacio la situación del ahora ex funcionario y es por eso que se convocó a los legisladores a Balcarce 50, con el objetivo de pasar página y fijar las metas de cara al futuro.

Recientemente, Milei canceló su viaje a Paraguay, donde iba a ser parte, en las afueras de la ciudad de Asunción, de la cumbre del Mercosur, en la que se van a debatir los tratados internacionales.

Sin embargo, según adelantaron en su entorno, optó por no moverse de Buenos Aires para “trabajar, junto con el nuevo jefe de Gabinete y los ministros, en temas de gestión y en la preparación del acto de jura de Santilli, previsto para las 17:30 del martes”.

Finalmente, la Argentina será representada en esa mesa por el canciller, Pablo Quirno, que ya se encuentra en el país vecino.

Hasta el momento, los referentes del oficialismo que ya confirmaron que estarán en la reunión con diputados y senadores son, además de Santilli y Devitt, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que fue quien hizo la convocatoria; el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Incluso la jefa del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich, será de la partida, en un gesto de acercamiento luego de algunas diferencias con el resto de la cúpula por Adorni.

El intercambio se dará a partir de las 9.30 en el Salón Héroes de Malvinas y será una única con todo el grupo de legisladores de La Libertad Avanza.

La secretaria general fue agregada en las últimas horas a los dos grupos de WhatsApp en los que están los miembros del bloque de cada Cámara, para tener mayor control de la estrategia parlamentaria.

La última vez que los integrantes del Congreso fueron a la Casa Rosada fue hace tan solo unos días, cuando Karina Milei los recibió para intentar conseguir un último apoyo al entonces jefe de Gabinete, que enfrentaba los intentos de la oposición para removerlo a través de una moción de censura.

En aquella oportunidad, a pesar de que había sido invitada, Bullrich se ausentó con el pretexto de que debía trabajar en las negociaciones para la sesión que se preveía para el 2 de julio.

Fue la propia ex ministra de Seguridad la que le escribió a Devitt para pedirle que le transmita a la secretaria general que en el recinto nadie quería escuchar a Adorni.

Pocas horas después, el todavía funcionario les comunicó a los senadores que estaban en ese instante con él que había decidido dar de baja el informe de gestión que previamente anunció.

Fue uno de los últimos golpes que recibió el jefe de Gabinete, quien para el viernes siguiente ya tenía lista la carta de renuncia que se hizo pública el sábado pasado.

“Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas. Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados a usted y a la Secretaria General de la Presidencia", escribió Adorni en su mensaje final, destinado a los hermanos Milei.

Este lunes, Santilli ya comenzó a planificar la estructura de la Jefatura de Gabinete bajo su mando y tiene pendiente una reunión con Devitt para ultimar detalles.

El martes, en tanto, poco antes de jurar en el cargo, recibirá a su antecesor para dar inicio al demorado proceso de transición y hacer la tradicional foto protocolar.

Según informó Latina Noticias, el próximo Parlamento también muestra una composición marcada por el regreso de un reducido grupo de congresistas reelectos, la incorporación de exfuncionarios del propio Legislativo y la presencia de autoridades con experiencia en gobiernos locales y regionales. Además, evidencia diferencias en la trayectoria política y el perfil de los representantes que ocuparán escaños en ambas cámaras.

De los 88 congresistas que intentaron mantenerse en el Parlamento, únicamente 22 lograron la reelección. La mayor parte de ellos pertenece a Fuerza Popular, que consiguió siete diputados y siete senadores reelectos. También obtuvieron nuevos mandatos representantes de Renovación Popular y Juntos por el Perú.

Declararon investigaciones

De acuerdo con información difundida por Latina Noticias, 16 legisladores electos trabajaban hasta enero de este año como funcionarios del Congreso. En total, 13 ocuparán una curul en la Cámara de Diputados y tres en el Senado. La mayor parte de estos exservidores parlamentarios pertenece a Fuerza Popular, seguida por Renovación Popular y Juntos por el Perú.

En cuanto a los antecedentes declarados, el reporte señala que 12 integrantes del nuevo Congreso registraron procesos judiciales relacionados con violencia familiar o pago de alimentos.

Diputados investigados:

• César Vidaurre (Loreto) – Fuerza Popular.
• Carlos Zegarra (Ica) – Fuerza Popular.
• Segundo Ticlla (Cajamarca) – Fuerza Popular.
• Javier Castro (Lambayeque) – Fuerza Popular.
• Herald Sonco (Puno) – Ahora Nación.

Senadores investigados:

• Percy Osorio (Pasco) – Juntos por el Perú.
• Hugo Ccahuana (Madre de Dios) – Juntos por el Perú.
• Andrés Ramos (Apurímac) – Juntos por el Perú.
• Carlos Mesía (Representación Nacional) – Fuerza Popular.
• Jorge Velásquez (Ucayali) – Fuerza Popular.
• Estanislao Mancha (Representación Nacional) – Renovación Popular.
• Jorge Gavidia (Representación Nacional) – Partido del Buen Gobierno.

Experiencia política y perfil del nuevo Parlamento

Varios de los legisladores electos ya habían ocupado cargos públicos antes de llegar al Congreso. En total, 14 diputados y ocho senadores fueron previamente regidores distritales o provinciales, mientras que otros ejercieron como alcaldes o gobernadores regionales, lo que refleja una presencia importante de autoridades con experiencia en la gestión pública.

Respecto al perfil etario, el Senado tendrá como integrante de mayor edad a Fernando Rospigliosi, de 79 años, mientras que en la Cámara de Diputados el parlamentario de mayor edad será Luis Quispe, de 77 años. En el otro extremo se encuentran Alejandro Muñante, el senador más joven, y Romina Uribe, diputada del Partido del Buen Gobierno, quien con 28 años será la legisladora de menor edad del nuevo Congreso.

Con esta composición, el Parlamento bicameral iniciará funciones en julio con representantes que combinan experiencia legislativa, trayectoria en la administración pública y autoridades provenientes de distintos niveles de gobierno. Al mismo tiempo, la presencia de legisladores con antecedentes judiciales en materia familiar vuelve a poner en debate los perfiles de quienes integrarán el nuevo Poder Legislativo.

Con las credenciales , otorgadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los diputados diputados electos para el periodo 2026-2031 están habilitados para juramentar al cargo ante el Congreso bicameral que se instalará el 27 de julio.

La Cámara de Diputados del próximo Parlamento estará integrada por 41 diputados de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 del Partido del Buen Gobierno, 15 de Renovación Popular, 14 del Partido Cívico Obras, y 10 de Ahora Nación.

Los presentes en la ceremonia hacen un minuto de silencio por las más de 500 víctimas que dejó el doble terremoto en Venezuela ocurrido el pasado miércoles

Sigue en vivo todas las incidencias de la entrega de credenciales a diputados

Proceso de selección y criterios de representación

Los nuevos diputados han sido elegidos bajo dos modalidades: 28 por distrito electoral múltiple y 102 en forma proporcional al número de electores de cada circunscripción. Este sistema busca garantizar una representación equitativa de la diversidad regional y poblacional del Perú.

De acuerdo con información proporcionada por el Jurado Nacional de Elecciones, la asignación de escaños responde estrictamente a la cantidad de votantes registrados en cada distrito, lo que permite que regiones con mayor densidad poblacional cuenten con más representantes en la Cámara Baja. En total, 130 parlamentarios integrarán la Cámara de Diputados, que volverá a funcionar tras varios años de vigencia del sistema unicameral.

Detalles del acto protocolar en Miraflores

La ceremonia de entrega de credenciales se desarrollará en el auditorio del Colegio Médico del Perú. Según el cronograma oficial del Jurado Nacional de Elecciones, el acto comenzará a las 11:00 y contará con la presencia de las máximas autoridades electorales, así como de familiares y representantes de los nuevos legisladores.

Durante esta jornada, cada diputado electo recibirá el documento que lo acredita formalmente como miembro de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2031. Este trámite es indispensable para participar en la sesión inaugural y en la posterior juramentación, prevista en el calendario legislativo nacional.

Bicameralidad: estructura y funciones diferenciadas

La reinstauración del sistema bicameral dota al Parlamento de una estructura compuesta por Senado y Cámara de Diputados, con funciones diferenciadas. Mientras los senadores, que recibieron sus credenciales el jueves, tendrán atribuciones enfocadas en la revisión y sanción definitiva de leyes, los diputados desempeñarán un papel fundamental en la presentación y debate de proyectos normativos, así como en la fiscalización del Ejecutivo.

El Congreso bicameral permitirá, de acuerdo con lo señalado por el JNE, una mayor especialización en la labor legislativa. Cada cámara contará con comisiones y dinámicas propias, orientadas a optimizar el proceso de formación de leyes y el control político.

Composición regional y relevancia política

La distribución de escaños refleja la heterogeneidad del electorado peruano. Lima, como la circunscripción más poblada, concentra una proporción significativa de diputados, mientras que regiones como Arequipa, La Libertad y Piura también tendrán representación destacada. En total, 28 escaños han sido asignados por distrito electoral múltiple y 102 de manera proporcional al padrón de electores, lo que asegura la pluralidad de voces y enfoques en la agenda parlamentaria.

El proceso de acreditación y la posterior asunción de funciones de los diputados representan un paso clave para la consolidación del nuevo sistema legislativo. La expectativa ciudadana gira en torno a la capacidad del renovado Congreso para dar respuestas a los principales desafíos del país en los próximos cinco años.

Próximos pasos tras la entrega de credenciales

Superada la etapa de entrega de credenciales, los diputados deberán presentarse en la sede legislativa para la sesión de instalación y la jura de sus cargos. Este procedimiento, estipulado en el reglamento interno del Congreso, constituye el acto formal de inicio de la labor parlamentaria.

Según el cronograma oficial, la juramentación de los nuevos parlamentarios se llevará a cabo en los próximos días, abriendo así el periodo ordinario de sesiones para el ciclo 2026-2031. La conformación de las comisiones y la elección de la mesa directiva figuran entre las primeras tareas institucionales de la flamante Cámara de Diputados, tras el retorno de la bicameralidad en el sistema político peruano.

La Cámara baja es el territorio de influencia política por excelencia de Karina Milei, que controla los movimientos legislativos a través de su mano derecha, Martín Menem. Pero a pesar de que su poder allí está blindado, últimamente “el jefe” se encarga de regar especialmente las relaciones con sus soldados. Hace dos semanas, los invitó a cenar a un restaurante de sushi y charló con varios, uno a uno. Y ayer volvió a mostrarse cerca de la tropa propia, para acariciarles el lomo y asegurarse de que el desconcierto por Adorni no los aleje de más. Pero más que nada, para escenificar su poder y mostrar que ella manda.

Lo hizo luego de resultar como la “perdedora” en el juego de distribución de poder en el Gobierno. Particularmente, a partir de los cambios en el esquema de comunicación, que favorecieron a Santiago Caputo.

A diferencia de otras ocasiones en las que presenció buena parte de la sesión, esta vez llegó más tarde, y su visita fue más corta de lo habitual.

En la Cámara la recibió Shariff Menem, porque Martín se encontraba en el recinto, en plena sesión. Después vio a su mano derecha y consejero político en su despacho, junto al joven sobrino y asesor del riojano. Y a la reunión se sumó también Diego Santilli, luego arrobado cuidadosamente por el Presidente cuando resaltó la foto de Karina con todos los diputados.

Karina Milei suele visitar la Cámara cuando hay un triunfo libertario. Pero en general se limita a observar y luego a saludar desde los palcos. Esta vez, además, montó una imagen grupal -y se ubicó a sí misma en el centro- con todos los diputados violetas, sonrientes y triunfales todos, incluida ella. Además, se tomó varias selfies con los legisladores, que se encargaron de publicarlas luego, en sus redes sociales, con los arrobas de rigor a la cuenta oficial de la hermana del Presidente.

La visita ocurrió después de la media sanción al SuperRigi y el acuerdo con los holdouts. ”Karina fue a capitalizar el triunfo como jefa del espacio que es”, dijeron sus adeptos. Aunque en una dependencia del propio Gobierno lamentaron la imagen con sonrisas en pleno caso Adorni: “Festejamos que frenamos a la propia Constitución con artilugios que permiten nuestras propias leyes”, deslizó un funcionario.

Mientras tanto, en el campamento libertario de Santiago Caputo, que tiene escasos representantes en la bancada, sintieron un familiar amargor en la boca, provocado por la falta de reconocimiento a las gestiones de su líder para que prosperen los mencionados proyectos de ley. Aunque a diferencia de otras veces, esta no les dolió tanto: están envalentonados con el nuevo diseño de la comunicación del Gobierno, que había quedado descabezada desde que Adorni cayó en desgracia pública y donde volvió a ganar injerencia Caputo.

De todas formas, en el entorno del asesor no creen que esa influencia perdure. “Seguramente pase lo de siempre: Santiago los recibe, los entrena, arma todo para que funcione y después se lleva el mérito ella”, deslizaron en las Fuerzas del Cielo. Y pusieron como ejemplo el caso de Diego Santilli en el Ministerio del Interior.

La gran sugerente ausencia de visita de Karina fue la de Manuel Adorni, que no estuvo presente ni físicamente ni en la voz de la Secretaria General. Y si bien desde el entorno del ex periodista aseguraban ayer que está convencido de que aún tiene el apoyo pleno de los Milei, en el Gobierno y sus satélites, insisten hace dos semanas con la hipótesis de que “el Jefe” ya empezó a “soltarlo”. Incluso, aseguran, Karina Milei empezó a deslizárselo sin demasiadas sutilezas a gente de su confianza.

El jefe de Gabinete había intentado recuperar su prestigio a través de las conferencias de prensa —de hecho, hasta el viernes de la semana pasada planeaba retomar ese formato—. Días después, el Gobierno anunció que lo reemplazaba en el rol de vocero el diputado Adrián Ravier.

Como dato adicional, Milei no nombró al jefe de Gabinete en su presentación en la cena de Fundación Faro, aunque el ministro coordinador sí estuvo en el evento sentado junto a Karina Milei. Algunos dicen que Adorni se iría durante el Mundial. Otros son más específicos y aseguran que podría ocurrir la semana que viene.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inició la distribución oficial de credenciales a los legisladores electos para el periodo parlamentario 2026-2031. Tras culminar el procesamiento de actas y la resolución de impugnaciones, el máximo organismo electoral formaliza el llamado a quienes integrarán el retorno a la bicameralidad en el Congreso de la República.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú proclamó oficialmente a los 60 asírantes que integrarán la Cámara de Senadores para el periodo 2026-2031. El nuevo Senado, que se instalará el 27 de julio, quedó conformado por representantes de varias organizaciones políticas, distribuidos de la siguiente manera:

Fuerza Popular (22 escaños)

Miguel Torres

Martha Chávez

Fernando Rospigliosi

Patricia Juárez

Martha Moyano

César Astudillo

Carlos Mesía

Marco Miyashiro

Elard Melgar

Jacques Rodrich

Rafael Yamashiro

Nilza Chacón

Víctor Flores

Alejandro Aguinaga

Karla Schaefer

Héctor Ventura

Segundo Tapia

José Arista

Juan Carlos del Águila

Víctor Noriega

Jorge Velásquez

David Jiménez

Juntos por el Perú (14 escaños)

José Castillo

Silvana Robles

Jaime Quito

Saúl Armacanqui

Iber Maraví

Serafín Luján

Percy Osorio

Joaquín Yauri

Humberto Morales

Andrés Ramos

Wilfredo Verano

Hugo Ccahuana

Moisés Chipana

Víctor Cutipa

Renovación Popular (8 escaños)

Rafael López Aliaga

Alejandro Muñante

Katherine Ampuero

Lourdes Alcorta

Estanislao Mancha

Francisco Calisto

Milagros Aguayo

Miguel Velásquez

Partido del Buen Gobierno (7 escaños)

Flavio Figallo

Patricia Iturregui

Susana Matute

Carlos Caballero

Jorge Gavidia

Nora Bonifaz

Juver Flores

Partido Cívico Obras (5 escaños)

Daniel Barragán

Agripina Flores

Walter Gago

Roger Astucuri

Juana Ticona

Ahora Nación (4 escaños)

Alfonso López Chau

Jaime Delgado

Ruth Luque

Mirtha Vásquez

Ellos son los nuevos miembros del Parlamento Andino

Fuerza Popular

Titular: Luis Fernando Galarreta Velarde

Suplentes:

- Rosario de las Nieves Guevara Badillo

- Pedro Carlos Casanova Saavedra

Juntos por el Perú

Titular: Paul Percy Fernández Bravo

Suplentes:

- Rosario del Carmen Mori Isuisa

- Jorge Eusebio Manco Zaconetti

Partido del Buen Gobierno

Titular: Marcio Marino Bendezú Echevarría

Suplentes:

- Pamela Erika Osorio Espinoza

- María Luisa Ñáñez Millones

Renovación Popular

Titular: Maali Olga Betty del Pomar Saettone

Suplentes:

- Guillermo Humberto Valdivieso Méndez

- Leoncio Carlos Merino Durán

Partido Cívico Obras

Titular: Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino

Suplentes:

- Ernesto Raúl León Díaz

- Constantino Loa Ortiz

Momento en el que Rafael López Aliaga es llamado al estrado para recibir su credencial, pero no se encuentra. El excandidato presidencial había anticipado que rechazará el nombramiento de senador, para presentarse a las elecciones municipales por Lima

Sigue en vivo la entrega de credenciales a senadores del JNE

Relator del JNE menciona uno a uno los nombres de los 60 senadores elegidos que conformarán el nuevo congreso bicameral

Con un discurso de bienvenida, Roberto Burneo da inicio al acto oficial de la entrega de credenciales a senadores y parlamentarios andinos

En conferencia de prensa, el titular del JNE responde a los cuestionamientos sobre la entrega de credenciales a representantes electos con procesos judiciales pendientes, como es el caso del senador electo Fernando Rospigliosi. Burneo enfatiza que el organismo electoral se rige por la norma, la cual requiere una sentencia firme o consentida para inhabilitar a una autoridad.

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ofrece una conferencia de prensa sobre la ceremonia de entrega de credenciales a los senadores y representantes del Parlamento Andino electos. Además, detalla el cronograma para la proclamación final de resultados y el inicio del proceso para las próximas elecciones regionales y municipales.

José María Balcázar llega a la ceremonia de entrega de credenciales del JNE en Miraflores

Jorge Nieto Montesinos, excandidato presidencial, llega al Colegio Médico para la entrega de credenciales

Ceremonias se trasladan a Miraflores por dos fechas consecutivas

El Pleno del tribunal electoral, liderado por su presidente Roberto Burneo Bermejo, encabeza los actos protocolares en el auditorio del Colegio Médico del Perú, ubicado en el distrito de Miraflores. La pauta institucional dividió los eventos en dos jornadas sucesivas que iniciarán desde las 11:00 horas, con estrictos controles de acceso y cobertura de prensa.

La distribución de espacios responde a las necesidades técnicas y operativas del nuevo diseño del Legislativo. El despliegue logístico del JNE en esta locación miraflorina busca agilizar los accesos de las futuras bancadas y representantes internacionales que acudirán a presenciar la instalación legal del Poder Legislativo peruano.

Senadores electos reciben su acreditación oficial hoy jueves

La primera jornada está reservada exclusivamente para los integrantes de la cámara alta. Un total de 60 senadores proclamados recibirán el documento que formaliza su retorno a las funciones de control y legislación de mayor jerarquía. De este grupo, 30 corresponden al distrito único nacional y los otros 30 representan a los distritos electorales múltiples del interior del país.

Junto a los miembros de la cámara alta, los cinco parlamentarios andinos titulares y sus respectivos suplentes también acudirán a recibir sus credenciales de manos del colegiado electoral. Este grupo asume la responsabilidad de la representación geopolítica del Perú ante los órganos del sistema de integración regional durante los próximos cinco años.

Cámara de Diputados: 130 legisladores citados para el viernes

El viernes corresponderá el turno a los elegidos para la Cámara de Diputados, conformada por 130 parlamentarios que ganaron una curul en la pasada contienda en las urnas. La distribución de estas plazas legislativas agrupa a 28 representantes elegidos por distritos múltiples y 102 escaños asignados de forma estrictamente proporcional a la población electoral de cada región.

La entrega del título oficial a los diputados consolida la conformación final del sistema bicameral. Este bloque representa el núcleo de la iniciativa legislativa y la fiscalización directa en las diversas provincias del territorio nacional, completando así la arquitectura estatal del nuevo Congreso de la República del Perú.

Pleno del JNE ratifica legitimidad de los resultados electorales

El acto de entrega de credenciales toma como base legal estricta el acta de proclamación de resultados, un documento técnico y jurídico que fue suscrito por el Pleno del organismo electoral tras resolver las actas observadas y los recursos impugnatorios correspondientes a cada región.

El magistrado y presidente del organismo, Roberto Burneo Bermejo, destacó el respeto irrestricto al voto ciudadano emitido en los comicios de abril. Con la entrega de estas credenciales, las agrupaciones políticas adquieren plena responsabilidad para articular los acuerdos de gobernabilidad necesarios que requiere el país a puertas de la transferencia de funciones.

Nuevo Congreso 2026-2031 queda listo para el proceso de juramentación

La posesión de la credencial oficial funciona como el requisito administrativo definitivo para que los parlamentarios electos inicien el proceso de instalación de la Junta Preparatoria. A partir de este momento, los representantes están plenamente facultados para coordinar la mesa de acreditación interna directa en las oficinas del Poder Legislativo.

Los reportes institucionales confirman que la juramentación oficial del cargo se desarrollará en las semanas previas al 28 de julio, fecha en la que se instalará formalmente el periodo anual de sesiones. El inicio de la gestión legislativa coincidirá con la asunción del nuevo gobierno del Poder Ejecutivo.

Desafíos de la bicameralidad marcan la agenda de los nuevos representantes

El retorno al esquema de dos cámaras legislativas plantea retos operativos inmediatos para el grupo de parlamentarios elegidos para el periodo 2026-2031. Varios de los senadores que acuden a recoger su acreditación señalaron la necesidad de priorizar reformas de fondo en el reglamento del Congreso para adecuar los flujos de las comisiones de trabajo.

El nuevo modelo de Senado y Cámara de Diputados busca elevar el filtro de calidad de las leyes aprobadas y restituir el equilibrio de poderes. El debate inmediato girará en torno a la distribución de las oficinas congresales y el presupuesto asignado para el correcto funcionamiento administrativo de ambas instancias del aparato estatal.

Bancadas parlamentarias inician negociaciones internas en Lima

La concentración de figuras políticas en el distrito de Miraflores sirve como escenario para los primeros acercamientos multipartidarios con miras a la gobernabilidad. Con las credenciales del JNE en mano, las agrupaciones políticas con representación nacional aceleran el debate para consolidar las coordinaciones de los bloques o bancadas parlamentarias oficiales.

Los temas de debate prioritarios para el mes de julio incluyen la reactivación económica del país y las reformas en el ámbito de la seguridad ciudadana. Los líderes de las agrupaciones con mayor número de curules buscan tender puentes con los representantes de las regiones para asegurar los votos necesarios en la elección de la directiva del parlamento.

Organizaciones de la sociedad civil exigen transparencia en funciones

Diferentes colectivos sociales y veedores ciudadanos se pronunciaron respecto a la entrega de credenciales, instando al nuevo Congreso bicameral a mantener los estándares éticos que demanda el electorado. La publicación oficial de los perfiles y las declaraciones juradas de intereses se mantiene bajo constante revisión pública tras la proclamación de escaños.

El periodo que se inicia este año enfrentará el escrutinio de la opinión pública respecto a la lucha contra la corrupción y el manejo transparente de las partidas de gasto. La ciudadanía espera que el restablecimiento del Senado marque un cambio significativo en la producción de normas de alcance nacional y la fiscalización del gasto público en el Perú.

Durante la conversación con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro y Cecilia Boufflet, Martínez expuso su rechazo a la nueva normativa aprobada el miércoles, que busca impulsar inversiones de más de USD 1.000 millones en “industrias del futuro” como inteligencia artificial, minería de frontera y energías renovables.

El diputado nacional reiteró que los beneficios impositivos del régimen son inéditos para las empresas tecnológicas. “En ningún lugar está esa baja de Ganancias del 35% en el RIGI, al 15% en el Super RIGI. En ningún lugar se dan las contribuciones patronales al 10% como en el Super RIGI. En ningún lugar estamos yendo a jurisdicción extranjera para resolver conflictos”, precisó.

Por eso, Martínez solo se trata de avanzar en un “enclave colonial”, que garantiza a la inversión 30 años de condiciones favorables de explotación. “No hay proyecto de país alrededor de Milei. Es una cantidad de premios a distintos sectores corporativos para ver si mueven el amperímetro de inversión que no se mueve”, sostuvo.

Y se preguntó: “¿Dónde está la estabilidad jurídica de los jubilados dentro de treinta años con el Super RIGI? ¿Dónde está la estabilidad jurídica de la industria que no va a poder vender lo que hoy produce? ¿Dónde está la estabilidad jurídica de los científicos?”.

Sospechas de corrupción

Según su mirada, el oficialismo está logrando aprobar estas leyes con el apoyo de sus aliados y seguir con la agenda legislativa, a pesar de los escándalos de corrupción, donde estaba previsto que el Congreso discuta la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Nunca el caso Adorni trabó la agenda parlamentaria del Congreso”, afirmó, y subrayó que “en el medio del escándalo Adorni, dictaminaron el acuerdo con los holdouts y dictaminaron el Super RIGI en Diputados”. “Adorni tensiona los acuerdos políticos, pero no los rompe con los aliados”, afirmó, al negar que las iniciativas legislativas se habían trabado con el estallido por presunto caso de enriquecimiento ilícito.

En ese marco, Martínez agregó que el Gobierno aún consigue votos a partir de “una periferia de alianza” con votos “que tiene el Gobierno” y “lo logra sostener”. Y atribuyó que las victorias legislativas, y el respaldo de bloques dialoguistas provinciales, se deben a que “aprietan a las provincias” desde el Poder Ejecutivo para aprobar o no los proyectos de RIGI. “Si no venís, no te apruebo tal proyecto. Si no firmás tal ley, no te apruebo el RIGI de tu provincia”, ejemplificó. Y remarcó que “algun días se analizará el proceso de evaluación del RIGI” y su “potencial corrupción”.

Asimismo, insistió en que ratifican sus críticas a este tipo de regímenes con incentivos y facilidades. Ahora bien, alertó que aún con el apoyo que obtuvieron de los aliados, “había mucha más expectativa en el RIGI y eso no está pasando”. “No hay un barril de petróleo o de gas que este saliendo en el RIGI”, ejemplificó.

Críticas al modelo y la alterntiva posible

Martínez remarcó que el peronismo mantiene una postura crítica frente al RIGI y su nueva versión, al poner como ejemplo la inversión de la planta de Sidersa, en el municipio bonaerense de San Nicolás.

“Sidersa está en ese plan del RIGI. Nadie le garantiza a Sidersa que va a poder vender su producción para lo que se necesite de infraestructura vinculado a los proyectos del Super RIGI”, contrastó, al advertir sobre la presunta trampa de las “condiciones de mercado” para los proveedores locales:

“Cuando vas en condiciones de mercado, ¿qué hacés con China? Estamos subsidiando un proyecto productivo de acero verde en San Nicolás y al mismo tiempo no le permitimos que ese insumo vaya como componente nacional al Super RIGI”.

Interrogado sobre la alternativa peronista, y qué tipo de iniciativas para inversiones están interesados en impulsar, el legislador planteó pensar “un sistema y un régimen de inversiones que piense el desarrollo nacional en otro sentido distinto al del RIGI y Super RIGI”.

En ese marco, resaltó la necesidad de “un régimen de inversiones claro, previsible, con compromisos y condiciones, como la participación de la industria con generación de puestos de trabajo, incorporación de ciencia y tecnología, y recuperación de la soberanía en términos jurídicos”.

“Nosotros necesitamos una situación general que obviamente permita la llegada de inversiones, pero que nosotros le demos una planificación. Tenemos que recuperar una sana idea de planificación que no es dirigismo. Planificar es una cosa, dirigir es otra”, concluyó.

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La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI, que obtuvo media sanción con el respaldo del oficialismo y sus aliados. La iniciativa, que ahora pasa al Senado, apunta a atraer proyectos de al menos USD 1.000 millones en sectores que el Gobierno denomina “industrias del futuro”, como inteligencia artificial, data centers, fabricación de baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas y desarrollos vinculados a la cadena de valor del uranio.

El régimen amplía y modifica los alcances del RIGI vigente, que desde su creación orienta los incentivos a sectores tradicionales como minería, petróleo, gas, energía e infraestructura. La nueva propuesta, en cambio, concentra los beneficios en actividades consideradas inéditas a escala comercial en el país, con el objetivo declarado de modificar la estructura productiva nacional e incorporar tecnología de punta. Para acceder al régimen, los proyectos deberán comprometer al menos el 20% de la inversión total en los primeros dos años.

Entre los principales beneficios fiscales, el Súper RIGI reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% —nivel que establece el RIGI— al 15%, incorpora un sistema de amortización acelerada, permite deducir quebrantos sin límite temporal y fija una alícuota del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

Por otro lado, el régimen garantiza arancel cero para importaciones y retenciones cero a las exportaciones, establece un tope del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe tasas municipales sobre ventas. Como el RIGI, contempla estabilidad regulatoria por 30 años.

Principales diferencias entre el RIGI y el Súper RIGI

• Sector de aplicación:
• • El RIGI se dirige a sectores tradicionales como minería, petróleo, gas, energía e infraestructura.
  • El Súper RIGI está orientado exclusivamente a “nuevas actividades económicas” (tecnología, infraestructura digital, inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, baterías de litio, energías renovables y data centers).
• Monto mínimo de inversión:
• • En el RIGI, el umbral oscila entre US$200 y US$600 millones según el sector.
  • En el Súper RIGI, el mínimo es de US$1.000 millones por proyecto.
• Requisito de ejecución:
• • El RIGI exige pisos de inversión inicial según el sector.
  • El Súper RIGI demanda que el 20% del monto comprometido se invierta en los primeros dos años.
• Beneficios fiscales:
• • El RIGI fija una alícuota del 25% para el Impuesto a las Ganancias.
  • El Súper RIGI la baja al 15%.
  • Se incorpora amortización acelerada (60% el primer año, 20% el segundo y 20% el tercero).
  • Permite deducir quebrantos sin límite de tiempo y transferirlos a terceros luego de cinco años.
  • Reduce la carga sobre dividendos y utilidades.
• Incentivos aduaneros y tributarios:
• • El Súper RIGI garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones.
• Presión tributaria local:
• • El RIGI exige un piso mínimo de contratación de proveedores locales (20% de la inversión).
  • El Súper RIGI elimina este requisito y prohíbe imponer compras locales en condiciones menos favorables que las de mercado.
  • Tope del 0,5% para Ingresos Brutos y prohibición de tasas municipales sobre ventas.
• Reglas cambiarias:
• • Ambos regímenes otorgan libre disponibilidad progresiva de divisas por exportaciones: 20% el primer año, 40% el segundo, 100% el tercero.
• Estabilidad normativa:
• • Ambos esquemas contemplan una estabilidad regulatoria de 30 años.

Las claves del Súper RIGI

Como se mencionó, el enfoque sectorial del Súper RIGI refleja una estrategia de transformación productiva. Mientras que la versión anterior del RIGI priorizaba actividades tradicionales como minería, petróleo, gas, energía e infraestructura, la nueva propuesta dirige los incentivos a sectores considerados inéditos en el país desde la perspectiva oficial. Entre ellos se destacan los data centers para inteligencia artificial, la fabricación de paneles solares, turbinas eólicas y la industrialización de recursos como baterías de litio o el refinado de cobre, en lugar de limitarse a la exportación de materias primas.

Respecto a los requisitos de inversión, el nuevo régimen fija un piso único de USD 1.000 millones por proyecto, a diferencia de los montos mínimos de entre USD 200 y USD 600 millones que establecía el esquema anterior según la actividad. Además, las compañías deberán desembolsar al menos el 20% de esa suma durante los primeros dos años de su adhesión.

En materia de beneficios fiscales, el proyecto reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% al 15%, con una baja considerable frente al régimen vigente. El sistema de amortización se vuelve más acelerado: permite aplicar el 60% en el primer año y 20% en cada uno de los dos siguientes. También habilita la deducción ilimitada de quebrantos y su transferencia a terceros después de cinco años, junto con alivios en la carga sobre dividendos y utilidades distribuidas.

En cuanto al IVA, se mantiene el uso de Certificados de Crédito Fiscal para inversiones y se suma la alternativa de transferir los saldos si la devolución supera los tres meses. El marco normativo asegura arancel cero para importaciones relacionadas con la producción y elimina las retenciones a las exportaciones, corrigiendo las indefiniciones existentes en la reglamentación anterior.

En el plano impositivo local, el texto impone un máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y veta la aplicación de tasas municipales calculadas sobre ventas. Estas disposiciones buscan reducir la presión fiscal en los niveles subnacionales y ofrecer mayor previsibilidad para quienes buscan instalar nuevos emprendimientos.

El régimen original imponía la obligación de contratar proveedores locales por al menos el 20% de la inversión en bienes y obras, siempre que existiese oferta competitiva. El Súper RIGI elimina ese requisito y establece que no podrán imponerse compras locales en condiciones menos favorables que las de mercado. Esta modificación ha generado debate entre las provincias y las empresas nacionales proveedoras.

En lo referido al acceso a divisas, se mantiene el esquema de disponibilidad progresiva para exportaciones: 20% en el primer año, 40% en el segundo y acceso total en el tercero. A esto se suman exenciones completas de derechos de importación y exportación, beneficios respecto al impuesto a los débitos y créditos bancarios y una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales asociadas a la creación de empleo.

El régimen garantiza estabilidad regulatoria por 30 años y prevé mecanismos internacionales para resolver disputas entre los inversores y el Estado argentino, a fin de asegurar un escenario jurídico estable a largo plazo.

Actualmente, 45 empresas de 11 países participan en el régimen vigente, con Argentina a la cabeza (11 firmas), seguida por Canadá y China (cinco cada una), Reino Unido y Suiza (tres cada una). Este escenario muestra el interés extranjero en los beneficios fiscales y normativos disponibles.

El Súper RIGI, apunta a acelerar la llegada de inversiones extranjeras. El acceso a arancel cero para importaciones vinculadas a la producción y la eliminación de retenciones a las exportaciones buscan brindar certezas regulatorias y favorecer proyectos de gran escala. El límite a Ingresos Brutos y la prohibición de tasas municipales sobre ventas procuran disminuir la presión tributaria local y fortalecer la previsibilidad del entorno de negocios.

Tomado por el caso de Manuel Adorni, que se mantiene en agenda a pesar de sus intentos, el oficialismo enfrentará este jueves la segunda prueba de la estrategia para ganar tiempo en el Congreso. Después de haber demorado el tema en Diputados, llega el turno del Senado. El cuadro no es idéntico. El Gobierno exprimió al máximo la relación con sus aliados, pero en el Cámara alta juega además, y se verá hasta qué punto, la interna y su impacto entre los socios, molestos algunos por el desmanejo violeta sobre la presencia del jefe de Gabinete, que viene postergando su informe de gestión desde el mes pasado.

El Gobierno busca oxígeno legislativo, con dos objetivos después de una larga temporada de estancamiento: correr el foco sostenido sobre Adorni y avanzar con algunas de las iniciativas del Ejecutivo. El martes, logró frustrar en Diputados la sesión motorizada por la oposición dura: lo hizo en base a negociaciones con aliados que, la semana próxima, podrían buscar algún resultado en comisiones para amortiguar críticas y darle sustento a su posición. Un día después, llegó la votación de demorados proyectos propios: pago a bonistas y súper RIGI.

El oficialismo celebró esta especie de refresco, resultado de tratativas que, como era de esperar, superan las conversaciones en los despachos del Congreso. Otra vez, debió estar activo Diego Santilli, con colaboración de Economía, para conversar con gobernadores. De manera visible y reservada, el despliegue para proteger al jefe de Gabinete y comprometer apoyo a leyes incluyó a jefes locales de la UCR, del PRO, del peronismo negociador y provinciales.

La salida para el caso Adorni, en Diputados, fue mostrar la convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para tratar las propuestas de interpelación. La bancada de Cristian Ritondo tomó esa citación como argumento para no dar quórum el martes y, de ese modo, mostrar distancia con la jugada opositora, que fue calificada como show K. En menor medida, fue la explicación difundida desde el bloque oficial de la UCR.

El punto es qué va a pasar entonces el martes que viene, día agendado para la reunión de comisión. Para los más críticos, sería una formalidad con el objetivo de estirar lo más posible el tratamiento del tema en el recinto. Ayer mismo, antes de tratar el acuerdo con un par de holdouts, Maximiliano Ferraro propuso emplazar a la comisión para que dictamine sobre la interpelación. Es decir, que no sea pura dilación. El planteo fue acompañado por legisladores del PRO, el MID, provinciales, peronistas alineados con un par de gobernadores. Se impuso, aunque sin lograr la mayoría especial requerida. ¿Una señal?

En las filas de la oposición más dura, destacan que en realidad debería ser convocada también otra comisión (Peticiones y Poderes). Y consideran que el apoyo a la iniciativa del legislador de la CC sería sólo una movida para tratar de “salvar” la imagen después de haber colaborado con LLA para dejar al recinto sin quórum, un día antes. Esa decisión había dejado en situación incómoda al PRO y la UCR, al menos en términos de exposición pública. Habían producido declaraciones muy duras, reclamando que el Gobierno le diera salida al jefe de Gabinete. De manera informal y al igual que otros dialoguistas, buscaban que Olivos se hiciera cargo y descomprimiera al Congreso. No fue esa la respuesta de Javier Milei.

El foco pasó al Senado, cuya agenda incluía el tratamiento del pedido de interpelación, este jueves, sin paso previo. Además, incluía para una semana después el informe de Adorni. La interna libertaria ya jugaba en ese tablero y volvió a anotar un capítulo de tensiones entre Patricia Bullrich y Karina Milei, expresada otra vez por el jefe de los ministros. Eso, sin contar los recelos con Victoria Villarruel y la desconfianza por los manejos con el peronismo.

Parecía que todo se iba a limitar, aunque no fuera poco, a un intercambio de señales, alimento del microclima político. Adorni, con aval presencial de Karina Milei, recibió en tandas a la mayoría de los senadores de LLA, con la pretensión repetida de exponer sostenimiento doméstico. Y Bullrich, como ya había dejado trascender, eludió la cita. No estaba en los cálculos previos el cruce por el informe de gestión previsto para el 2 de julio.

La jefa del bloque libertario dio un giro notable, en apenas una semana, para frenar el tratamiento de la interpelación al jefe de Gabinete. En principio, se había impuesto el criterio impulsado por el peronismo para aprobar esa propuesta en el recinto con mayoría absoluta -la mitad más uno de los miembros de la Cámara-, pero Bullrich cambió esa línea y junto a aliados impuso el criterio según el cual debería contar con el respaldo de dos tercios de los votos si no cuenta con dictamen. Así quedó escrito en al Acta de Labor Parlamentaria del martes último.

Ese papel, dicho de otra forma, expone que al oficialismo le alcanzaría con un tercio de votos para bloquear el tratamiento en el recinto, lo que significaría que inicie el camino de las comisiones. Los cálculos que circulan en medios del Senado indican que difícilmente LLA no consiga ese piso, más allá del malestar que recorre a socios y bloques que en general acompañan los pedidos del Gobierno.

Con ese cortinado de fondo, un interrogante surge de posición del PRO -de escaso peso numérico en la Cámara alta-, que decidió impulsar un planteo de interpelación en el recinto. ¿Es una posición aislada o un síntoma de enojo más amplio con los manejos del oficialismo? Ese clima resultó nutrido por el capítulo más reciente de la interna libertaria: el cruce entre Bullrich y Adorni por el informe de gestión.

Como un paso para restarle foco al funcionario -y mostrar nuevamente dominio de territorio-, la jefa del bloque de LLA manejó casi al mismo tiempo la decisión de bajar la presencia de Adorni en el Senado. Esa fecha, la del 2 de julio, había sido fijada por el jefe de los ministros, a pesar de los reclamos opositores y el fastidio en las propias filas por el largo retardo para cumplir con lo que marca la Constitución. Debía haber sido en mayo.

Cuando, a pesar de todo, parecía superado este capítulo, Adorni tuiteó que él mantenía su “disposición” a presentarse en el Senado. El punto es qué sucede si alguien plantea el tema, este jueves, en el inicio de la sesión y lo hace, por ejemplo, como una moción. Otra inquietud sin respuesta cierta. El interés está puesto en esos puntos y, lejos, aparece el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

El oficialismo logró este miércoles la media sanción en la Cámara de Diputados del denominado Super RIGI, un nuevo régimen para fomentar las inversiones de más de USD 1.000 millones en “industrias del futuro” que todavía no se han desarrollado en el país.

La votación cerró de forma más ajustada de lo anticipado por los libertarios. Fueron 130 votos afirmativos y 106 negativos. La Libertad Avanza sumó el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo (San Juan), La Neuquinidad, Independencia (Tucumán), Por Santa Cruz e Innovación Federal (Misiones y Salta).

En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota. Los diputados de Elijo Catamarca, habituales aliados del Gobierno, se abstuvieron.

El Super RIGI busca incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en industrias y tecnologías de frontera. La categoría es bastante amplia e incluye desde la fabricación de baterías de litio o autos eléctricos, a desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y hasta proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.

Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios, cambiarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

Además, garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.

La semana pasada el oficialismo hizo algunas concesiones a los bloques aliados para destrabar el dictamen de comisión. Por ejemplo, se incorporó una cláusula que establece que las inversiones en I+D vinculadas al proyecto se computan por el doble de su valor al momento de calcular el monto mínimo de inversión exigido. Sin embargo, esta ponderación especial no puede superar el 20% del monto mínimo de inversión. El excedente se computará a valor nominal.

Por otro lado, se incluyó la obligación de presentar un plan para el desarrollo de proveedores locales, debiendo comprometer un porcentaje no menor al 20% del monto total de adquisiciones de bienes y servicios durante la ejecución del proyecto. Siempre y cuando “la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.

También se exigirá que los proyectos de inversión cuenten con un informe técnico que demuestre que no comprometen la sustentabilidad de los recursos naturales ni la capacidad de la infraestructura de la zona de influencia, considerando su impacto ambiental y social.

El encargado de presentar el proyecto por parte del oficialismo fue Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto. “Son incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y seguridad para las industrias del futuro. Son cuatro conceptos que los países civilizados ya tienen incorporados y por eso les va cómo les va. Porque venimos de ser cavernícolas, necesitamos hacer una ley para proteger los derechos de propiedad. Al capital no se lo combate porque nos lleva a la peor pesadilla de la pobreza, es lo que ha pasado. El capital no tiene patria, competimos con otros mercados, y el capital va donde hay seguridad jurídica, donde no hay políticos como ustedes”, planteó.

Desde la oposición, las principales críticas giraron en torno a los recursos que el Estado dejará de percibir para beneficiar a grandes compañías que -según su visión- no necesitan semejantes incentivos. A su vez, denunciaron que la Argentina perderá soberanía al permitir que las empresas que se acojan al régimen elijan en qué tribunales internacionales se deben resolver todas las eventuales controversias.

“Argentina necesita inversiones, pero nadie les pide tanto. Lo que no necesita es regalar soberanía, resignar desarrollo y convertir a nuestras provincias en simples territorios de extracción al servicio de intereses externos. Votamos en contra del llamado ‘Súper RIGI’ porque parte de una idea equivocada: creer que el desarrollo ocurre por generación espontánea. Cavernícola no es pedir inversiones. Cavernícola es creer que el desarrollo ocurre por generación espontánea. Los países que crecieron atrajeron capitales, pero también exigieron empleo, innovación, transferencia tecnológica y desarrollo de proveedores locales”, advirtió Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria.

En la misma línea, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica denunció que se trata de una “ley con nombre y apellido, a partir del nombre propio de Peter Thiel, pero también de otros que representan esta matriz política, ideológica y geopolítica”.

Martín Lousteau, que llegó sobre el final de la sesión por la muerte de su padre, también calificó como excesivos los beneficios que el RIGI ofrece a los inversores. “Estas iniciativas incluidas el Súper RIGI buscan escindir al capital más desatado de cualquier tipo de control. Y eso incluye bajarle los impuestos, darle una estabilidad que nadie más tiene, la posibilidad de litigar afuera, el acceso a recursos, poder tener tierras propias, acallar a la sociedad civil, tener una reforma laboral, mermar la capacidad del ARCA, tener blanqueos permanentes, como es la Inocencia fiscal. ¿Cuál es el contraste con todo esto? Jubilaciones que bajan, no hay plata para la discapacidad, no hay plata para los docentes, no hay plata para el Garrahan, no hay plata para las universidades, no hay plata para los hospitales universitarios, no hay plata para las rutas”, argumentó.

Al final de la sesión, mientras se votaban los artículos del proyecto en particular, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se ubicó en el palco central del primer piso junto con Sharif Menem. La oposición la recibió con un cántico: “¿Dónde está, Adorni dónde está? ¿Adorni dónde está? ¿Adorni dónde está?“.

¿Qué beneficios obtienen los proyectos incluidos en el Super RIGI?

• Impuesto a las Ganancias reducido al 15% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos.
• Amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura.
• Deducción de quebrantos sin límite temporal.
• Alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
• Certificados de Crédito Fiscal para cancelar IVA sobre inversiones en activos computables.
• Exención de derechos de importación y exportación para los bienes del plan de inversión y productos obtenidos bajo el proyecto.
• Contribuciones patronales reducidas: alícuota única del 10% para nuevas relaciones laborales generadas a partir de la adhesión.
• Libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación: 20%, 40% y 100% a lo largo de tres años desde la primera exportación.
• Sin obligación de ingresar ni liquidar divisas correspondientes a aportes de capital, financiamiento y servicios vinculados al proyecto.
• Estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria durante 30 años desde la adhesión.
• Plena disponibilidad sobre los productos del proyecto, protección contra actos confiscatorios o expropiatorios y acceso irrestricto a la justicia.
• Posibilidad de someter controversias con el Estado Nacional a arbitraje internacional.
• Compatibilidad con otros regímenes promocionales, siempre que los incentivos no sean de la misma naturaleza y no se superpongan.
• Transferencia libre de acciones, cuotas o participaciones sociales del VPU sin autorización previa.
• Exención de restricciones, prohibiciones o cupos para importar y exportar los bienes necesarios para el proyecto.
• Los incentivos pueden ser utilizados exclusivamente respecto del proyecto adherido y no para otras actividades.

El PRO presentó este miércoles un proyecto de resolución para que Manuel Adorni se presente en la Cámara de Senadores el próximo 2 de julio y pueda ser interpelado por el recinto. La iniciativa se conoció después de que el mismo bloque en Diputados no dio el quórum ayer para la interpelación del jefe de Gabinete.

De acuerdo al escrito al que tuvo acceso Infobae, el partido amarillo convocó a Adorni para el mismo día que estaba pensada la presentación de su informe ante la Cámara Alta. Sin embargo, esta vez el objetivo es que pueda ser interpelado, “a efectos de considerar una moción de censura o remoción”.

La intención es que el ex vocero “brinde las explicaciones e informes correspondientes sobre la evolución de su patrimonio, en función de las omisiones e inconsistencias que han surgido entre sus declaraciones juradas presentadas, las falsedades reconocidas, sus declaraciones en la Cámara de Diputados de la Nación y sus manifestaciones públicas”, según detalla la iniciativa.

En tanto, en las consideraciones, el jefe de bloque del PRO, Martín Goerling Lara, señaló que la citación “no debe interpretarse bajo ninguna circunstancia como una maniobra de obstrucción política o una adopción de posturas ajenas a nuestra identidad partidaria”.

Y agregó: “Representa una oportunidad institucional indispensable para que el funcionario aclare las contradicciones señaladas, disipe cualquier sospecha y ratifique la vigencia de los principios éticos que deben regir a esta gestión”.

“Nuestra fuerza política ha nacido y se ha consolidado bajo la premisa irrenunciable del respeto absoluto a la República, la transparencia en la gestión del Estado y la rendición de cuentas permanente ante la ciudadanía”, sumó.

Sin embargo, esta postura entra en contradicción con lo que ocurrió este martes en la Cámara de Diputados cuando la oposición intentó avanzar con una sesión para pedir la interpelación de Adorni. A pesar de las críticas contra el ministro coordinador, los bloques del PRO, la UCR y los partidos provinciales afines al Poder Ejecutivo decidieron no bajar al recinto como parte de un acuerdo con Martín Menem.

Para frenar la embestida contra Adorni los libertarios tuvieron que ceder, aunque lo hicieron a medias. Convocaron para la semana que viene a la comisión de Asuntos Constitucionales donde comenzará el debate de la posible interpelación. Sin embargo, aún no se oficializó ninguna convocatoria para la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, la otra instancia que debe atravesar el dictamen.

Tanto el PRO como la UCR argumentaron que el objetivo original de la sesión era emplazar a las comisiones para tratar la interpelación de Adorni. Por lo tanto, dado que el oficialismo habilitó el tratamiento en comisión, señalaron que la sesión de este martes “dejó de tener sentido”.

Hoy el jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, en diálogo con Radio Mitre, explicó el motivo de la ausencia y dijo: “Lo que hay que aclarar es que la sesión de ayer no era una sesión para remover a Adorni ni para sacar la interpelación. Ese es un camino legislativo que es mucho más largo". A su juicio, el debate no tenía efecto práctico y solo buscaba montar “un show” que impulsaba el kirchnerismo.

“La sesión de ayer era para emplazar, para obligar a la Comisión que trate los proyectos que buscan la interpelación, la censura, la moción, los informes”, apuntó el diputado nacional, quien sostuvo que ese paso ya había quedado resuelto antes del debate.

“El día lunes, en algo que hablamos el fin de semana, la Comisión llamó para reunión para el martes 30 para tratar los mismos proyectos. Por lo tanto, la sesión de ayer quedaba sin efecto”, enfatizó el referente de PRO en el Congreso.

Además, el dirigente insistió en que el encuentro no agregaba nada al trámite legislativo. “Lo único que se buscaba en la sesión de ayer era obligar a la Comisión y la Comisión ya estaba llamada. Era montarnos a un show que había armado el kirchnerismo”.

A todo esto, el Senado esperaba a Adorni para que brinde su informe de gestión el próximo 2 de julio. Sin embargo, Patricia Bullrich dijo que se suspendía y continuó con la interna que se vive en Casa Rosada tras el escándalo por la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

La titular del bloque libertario en el Senado se encargó de anunciar que Adorni no iría el 2 de julio a presentar su informe de gestión. En su entorno precisaron que lo hizo porque “no tiene sentido que se exponga a una carnicería”, pero, tan solo dos horas después, el propio Adorni publicó en X que estaba a disposición de asistir a la Cámara alta.

La imprevista decisión de suspender el informe generó suspicacias porque fue el propio funcionario el que, hace tan solo 12 días, el 11 de junio, había anunciado por redes sociales que iría a la Cámara alta a responder preguntas.

Sin embargo, quienes lo rodean argumentan que fueron los legisladores de la oposición -y algunos aliados- los que expresaron que no les interesaba que se hiciera el informe de gestión. ”Manuel no cancela nada, está siempre a disposición. Son ellos los que no lo quieren escuchar, pero cuando lo soliciten, va a estar“, remarcan.

Los idas y vueltas se dan en medio de una interna entre ambos dirigentes. Bullrich fue la única miembro del Gobierno que criticó abiertamente los gastos que Adorni no puede justificar y por los que está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Tras haber logrado bloquear el intento opositor de interpelar a Manuel Adorni, el oficialismo buscará retomar la agenda en la Cámara de Diputados. El temario de la sesión convocada para este miércoles a las 12 incluye la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), el pago a los acreedores que mantienen títulos de la deuda defaulteada del 2001 y una serie de convenios internacionales.

Ayer los habituales aliados del oficialismo no bajaron a dar quórum como parte de un acuerdo con Martín Menem, quien habilitó el debate en comisión de todos los pedidos para interpelar al jefe de Gabinete. Según pudo saber Infobae, la negociación incluyó que estos mismos aliados se comprometan a impulsar la agenda oficialista, tal como hicieron durante el debate de los proyectos en comisión.

El Super RIGI tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las denominadas “industrias del futuro”. La categoría es bastante amplia e incluye desde la fabricación de baterías de litio o autos eléctricos, a desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y hasta proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.

Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

También garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.

En la bancada libertaria se muestran confiados de contar con los votos suficientes para llegar al quórum y también para aprobar ambos proyectos. Durante el debate en comisión, el oficialismo sumó el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia (Tucumán), Por Santa Cruz y Producción y Trabajo (San Juan), por lo que debería tener al menos 130 votos garantizados.

Para destrabar el dictamen el oficialismo hizo algunas concesiones. A pedido de los bloques aliados se incorporó una cláusula que establece que las inversiones en I+D vinculadas al proyecto se computan por el doble de su valor al momento de calcular el monto mínimo de inversión exigido. Sin embargo, esta ponderación especial no puede superar el 20% del monto mínimo de inversión. El excedente se computará a valor nominal.

Por otro lado, se incluyó la obligación de presentar un plan para el desarrollo de proveedores locales, debiendo comprometer un porcentaje no menor al 20% del monto total de adquisiciones de bienes y servicios durante la ejecución del proyecto. Siempre y cuando “la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.

También se exigirá que los proyectos de inversión cuenten con un informe técnico que demuestre que no comprometen la sustentabilidad de los recursos naturales ni la capacidad de la infraestructura de la zona de influencia, considerando su impacto ambiental y social.

Por otro lado, el segundo tema en orden de importancia para la Casa Rosada será la autorización para ejecutar un plan de pago a dos holdouts que mantienen títulos de la deuda defaulteada del 2001.

La iniciativa, que fue aprobada en el Senado por 40 votos positivos contra 22 negativos, tiene que ser aprobada antes del 30 de junio, que es el último plazo fijado en el entendimiento. Producto de este acuerdo de conciliación entre las partes alcanzado en la Justicia norteamericana, que incluye una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%, se definió que el Estado argentino deberá abonar USD 67 millones a la firma “Bainbridge Ltd.” y USD 104 millones al grupo de holdouts encabezado por “Attestor Value Master Fund LP.”, lo que hace a un total de USD 171 millones.

Ambos fondos integran el grupo de los últimos holdouts con reclamos activos que no adhirieron a los canjes de deuda que se ejecutaron tras el default (cesación de pagos) declarado a fines de 2001. La ratificación parlamentaria del acuerdo permitirá dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

La sesión de este miércoles tendrá otra particularidad: será la última del diputado pampeano Adrián Ravier, que fue designado como nuevo vocero presidencial a raíz del escándalo que involucra a Manuel Adorni.

En el oficialismo evaluaban diferentes posibilidades porque si Ravier renunciara antes de la sesión, no podría aportar al quórum, y en el oficialismo aseguran que “los números están muy justos”. Por lo tanto, no descartaban que el flamante vocero siga siendo diputado hasta la aprobación de todos los proyectos del temario.

Aunque falta un año para las elecciones a gubernaturas y otros cargos públicos, las “corcholatas” de Morena ya comenzaron a destaparse y esta semana algunos legisladores solicitaron licencia al Congreso de la Unión, un requisito indispensable para poder realizar el registro y contender en el proceso interno de los partidos de la alianza oficialista.

Estos son las y los legisladores que solicitaron licencia

Este 23 de junio, otros 11 perfiles se lanzaron por el permiso que pondrá pausa a sus actividades en el Senado de la República o la Cámara de Diputados, anteponiendo sus intereses políticos antes que el encargo que les fue conferido en las elecciones de 2024.

Las y los diputados que solicitaron licencia, son:

• Julia Arcelia Olguín Serna, buscará la gubernatura de Zacatecas
• Gilberto Herrera Ruiz, se registrará para Veracruz
• Gricelda Valencia de la Mora, disputará la candidatura de Colima
• José Narro Céspedes, quien también irá por Zacatecas
• Daniel Campos Plancarte
• Ernesto Núñez Aguilar, legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que competirá por Michoacán

Mientras que la bancada de Morena en la Cámara Alta también le abre el paso a los suplentes, quedando con licencia al cargo:

• Nora Ruvalcaba Gámez, irá por Aguascalientes
• Ana Lilia Rivera Rivera, se postulará por Tlaxcala
• Reyna Celeste Ascencio Ortega, contenderá por Michoacán
• Beatriz Robles Gutiérrez, quien buscará la candidatura por Querétaro
• Verónica Díaz Robles, también se registrará por Zacatecas

Así va el registro de Morena para la contienda interna

El registro de Morena para las internas comenzó el día lunes 22 de junio con la inscripción de aspirantes a las coordinaciones estatales en defensa de la Transformación y la soberanía nacional. En el primer día acudieron de manera presencial candidatos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

Día 1 — Lunes 22 de junio

• Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez, Salma Luévano Luna, Genny Janeth López Valenzuela y Ricardo Rodríguez Vargas.
• Baja California: Joel Anselmo Jiménez Vega, Armando Ayala Robles, Alfredo Álvarez Cárdenas, Jorge Ramos Hernández, Ismael Burgueño Ruiz, Fernando Jorge Castro Trenti, Monserrat Caballero Ramírez, Evangelina Moreno Guerra, Julieta Ramírez Padilla y Jesús Alejandro Ruiz Uribe.
• Baja California Sur: Christian Agúndez Gómez, Manuel Alejandro Cota Cárdenas, José Saúl González Núñez y Milena Paola Quiroga Romero.
• Campeche: Gerardo Sánchez y Carlos Enrique Ucán Yam.

Día 2 — Martes 23 de junio

El segundo día sumó 22 aspirantes de tres estados. Guerrero concentró el mayor número de registros con 16 candidatos.

• Chihuahua: Andrea Chávez Treviño, Cruz Pérez Cuéllar y Luis Carlos Arrieta Lavenant.
• Colima: Rosa María Bayardo Cabrera, Gricelda Valencia de la Mora y Joel Padilla Peña.
• Guerrero: Rogelio Ortega Martínez, Iván Hernández Díaz, José Ojeda Jiménez, Karen Castrejón Trujillo, Genaro Vázquez Flores, Zeferino Gómez Valdovinos, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Esthela Damián Peralta, Marcial Rodríguez Saldaña, Aidé Ibáñez Castro, Abelina López Rodríguez, Victoriano Wences Real, Beatriz Mojica Morga, Alberto López Rosas, Rubén Cayetano y María Guadalupe Eguiluz Bautista.

Cabe destacar que a parte de la licencia, Morena, PT y PVEM, han instaurado la regla de “no hablar mal de los contrincantes”, por lo que los partidos podrían dejar fuera a quienes incumplan alguno de estos lineamientos establecidos.

Luego de la sesión que no se llevó a cabo este jueves en la Cámara de Diputados, donde la oposición buscaba lograr la interpelación a Manuel Adorni, el PRO sacó un comunicado en el que explicó la decisión de no dar el quórum y plegarse al oficialismo.

En el escrito que publicó la cuenta del bloque amarillo en la Cámara Baja titulado "Convocada la comisión, se termina el show“, señalaron que la sesión ”no buscaba remover a Adorni” y agregaron: “La sesión de hoy no buscaba remover a Adorni: su único objetivo era forzar la Comisión de Asuntos Constitucionales a tratar los expedientes de interpelación, censura y remoción”.

“Fue el PRO, junto al resto del interbloque Fuerza del Cambio, quien logró que esa comisión se convocara por su propia iniciativa para el martes 30 de junio, con todos esos expedientes en temario. La sesión quedó sin objeto”, continuó.

Y lanzaron: “No nos sumamos a operaciones del kirchnerismo y sectores que prefieren el show mediático al resultado concreto”.

En tanto, remarcaron: “Nuestra postura no cambia: los argentinos llevan años apostando a una transformación real y ese esfuerzo merece cuidado. Seguir generando ruido innecesario, contradicciones evitables y escándalos que desgastan la gestión no es una opción. El cambio se defiende con hechos”.

Este martes estaba convocada la sesión por la oposición para avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que finalmente fracasó. Si bien los bloques aliados del Gobierno se han mostrado críticos con el jefe de Gabinete -investigado por irregularidades en su declaración patrimonial-, el PRO, la UCR y bloques provinciales afines decidieron no bajar al recinto como parte de un acuerdo con Martín Menem.

Para frenar la embestida contra Adorni los libertarios tuvieron que ceder, aunque lo hicieron a medias. Convocaron para la semana que viene a la comisión de Asuntos Constitucionales donde comenzará el debate de la posible interpelación. Sin embargo, aún no se oficializó ninguna convocatoria para la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, la otra instancia que debe atravesar el dictamen.

Tanto el PRO como la UCR argumentaron que el objetivo original de la sesión era emplazar a las comisiones para tratar la interpelación de Adorni. Por lo tanto, dado que el oficialismo habilitó el tratamiento en comisión, señalaron que la sesión de este martes “dejó de tener sentido”.

Los libertarios en Diputados habían logrado así ganar por lo menos dos semanas, pero finalmente el jefe de Gabinete no irá al Senado para la presentación de su informe de gestión que estaba prevista para el próximo 2 de julio.

La imprevista decisión generó suspicacias porque fue el propio Adorni el que, hace tan solo 12 días, el 11 de junio, anunció por redes sociales que iría a la Cámara alta a responder preguntas.

Los motivos de la suspensión no están claros. Infobae consultó tanto en el entorno de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, como del ministro coordinador y las respuestas varían. Por el lado de la senadora explican que fue ella quien le pidió a Adorni que no fuera al Senado porque “no tiene sentido que se exponga a una carnicería”. Sin embargo, quienes rodean al funcionario argumentan que no hubo preguntas de los bloques y los plazos vencieron.

Además, la decisión se da en medio de una interna entre ambos dirigentes. Bullrich fue la única miembro del Gobierno que criticó abiertamente los gastos que Adorni no puede justificar y por los que está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Como contrapartida, hoy hubo reuniones son senadores en la Casa Rosada que las encabezó Adorni y la ex ministra de Seguridad decidió no asistir. En el Ejecutivo se encargaron de aclarar que los legisladores que fueron “pertenecen a La Libertad Avanza y no son de nadie”.

La sesión convocada por la oposición para avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fracasó este martes por falta de quórum en la Cámara de Diputados. Si bien los bloques aliados del Gobierno se han mostrado críticos con el jefe de Gabinete -investigado por irregularidades en su declaración patrimonial-, el PRO, la UCR y bloques provinciales afines decidieron no bajar al recinto como parte de un acuerdo con Martín Menem.

Para frenar la embestida contra Adorni los libertarios tuvieron que ceder, aunque lo hicieron a medias. Convocaron para la semana que viene a la comisión de Asuntos Constitucionales donde comenzará el debate de la posible interpelación. Sin embargo, aún no se oficializó ninguna convocatoria para la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, la otra instancia que debe atravesar el dictamen.

Los libertarios lograron así ganar por lo menos dos semanas. Por lo que el foco volvió a quedar en el Senado: Manuel Adorni ya se comprometió a presentarse el 2 de julio para dar su informe de gestión y allí también tendrá que contestar preguntas de la oposición sobre su patrimonio.

Tanto el PRO como la UCR argumentaron que el objetivo original de la sesión era emplazar a las comisiones para tratar la interpelación de Adorni. Por lo tanto, dado que el oficialismo habilitó el tratamiento en comisión, señalaron que la sesión de este martes “dejó de tener sentido”.

Sin embargo, existe una disputa reglamentaria que aún no se resolvió. Parte de la oposición planeta que el artículo 101 de la Constitución “tiene carácter operativo”, por lo que un pedido de interpelación no debería pasar por comisión. En esa línea, amenazaban con votar la interpelación contra Adorni este mismo martes por mayoría absoluta (la mitad más uno).

En cambio, los libertarios argumentaron que como cualquier ley, el pedido de interpelación debe pasar primero por comisión para obtener dictámen o ser aprobado “sobre tablas” (sin dictamen) con una mayoría de dos tercios (algo imposible de alcanzar para la oposición).

“A lo largo de la historia el Congreso siempre entendió que el artículo 101 de la Constitución no era operativo, por eso hay una docena de proyectos presentados para reglamentar su funcionamiento. Los antecedentes están de nuestro lado”, señaló el diputado libertario que preside la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz.

El acuerdo al que llegaron Menem y los bloques aliados estuvo impulsado por estos últimos, que no querían verse forzados a defender a Adorni ante la opinión pública, pero tampoco querían participar de una jugada impulsada por el kirchnerismo. La decisión de habilitar el debate en comisión no lo blinda a Adorni pero le permite a los aliados tomar distancia de los sectores más duros.

Al mismo tiempo, el oficialismo buscó correr el foco de la discusión pública de la figura de Adorni para no trabar la agenda parlamentaria. De hecho, mañana La Libertad Avanza convocó a una sesión especial en la que se tratarán el denominado Súper RIGI para fomentar las inversiones de hasta USD 1.000 millones en las industrias del futuro y el pago a un grupo de Holdouts. Ambas iniciativas tienen consenso con los aliados para ser aprobados.

La sesión fracasó con 117 presentes (se necesitan 129). Bajaron al recinto los diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica, bajaron al recinto los radicales disidentes de Provincias Unidas y los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora. También estuvieron presentes un diputado salteño de Innovación Federal, dos diputados de Elijo Catamarca, y otros integrantes de espacios minoritarios como Miguel Pichetto, Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Karina Banfi.

Los que decidieron no dar quórum fueron el PRO, la UCR, el MID, Independencia (Tucuman), la mayor parte de Innovación Federal (Misiones y Salta), La Neuquinidad, Producción y Trabajo (San Juan) y el sector de Provincias Unidas que responde al gobernador Maximiliano Pullaro.

“Ustedes (la UCR) están condenando a la Argentina a una crisis institucional. Ustedes que creen que pueden hacerles pensar por un instante a la sociedad que les garpa sostener a Adorni. No hay problema, la sentencia más importante ya la carga sobre sus espaldas, y la sentencia la tiene la gente, que es un corrupto, que mintió a la gente, que nos mintió al Congreso“, protestó el radical disidente Pablo Juliano.

En la misma línea, el socialista Esteban Paulón, desafió: “Han ganado algunos días, no para que Adorni acomode los números porque ya lo intentó y no pudo. Quizá haya que esperar algunos días, pero ya va a llegar. Porque el propio Milei sabe que Adorni es un “clavo” que no puede seguir arrastrando”.

La paralización es total. La falta de definición sobre el futuro de Manuel Adorni y su continuidad o no como Jefe de Gabinete dejó a los bloques parlamentarios de La Libertad Avanza en un estado de parálisis total y sin una brújula que les permita entender el camino a seguir.

En el Senado de la Nación el oficialismo llegó a un acuerdo con la oposición y logró postergar una semana la sesión. A cambio, no va a discutir el tratamiento y habilitaría los dos tercios para tratar sobre tablas el llamado a interpelación al funcionario nacional investigado por enriquecimiento ilícito.

La intención del bloque que conduce Patricia Bullrich —no sin cierta tensión con algunos de los propios, como Nadia Márquez— es avanzar con un temario propio que incluye pliegos de Cancillería y del Poder Judicial. Además, buscará darle media sanción al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley Hojarasca y varios convenios internacionales.

“Si no avanzamos hacia algún lado con Adorni no podemos avanzar con ningún otro tema. Está todo frenado”, reconoció un senador libertario. “Estamos esperando directrices de la Casa Rosada”, agregó.

Este punto es fundamental para entender el estado de situación de los legisladores libertarios. A los bloques en varias oportunidades les explicaron que su rol es el de acompañar los proyectos del Ejecutivo -tanto en Diputados como en el Senado- y seguir a rajatabla la estrategia que surja del interior de Balcarce 50.

“Vamos a ver en estos días, estamos viendo si vamos solo con holdouts o sumamos otros temas”, dijo una alta fuente libertaria de Diputados.

La espera tiene que ver con que la mesa política no se reúne hasta la semana siguiente y en el Congreso aguardan definiciones de ese encuentro. Con Martín Menem ya de regreso de su viaje por Israel desde este jueves, están todos los miembros de ese gabinete político que conforman junto a Lule Menem, Manuel Adorni, Patricia Bullrich, Ignacio Devitt y Karina Milei.

“Si abrís el recinto, te meten piñas por todos lados. En el Senado ya saben que Adorni va a una interpelación porque así lo acordaron. Acá —en Diputados— tenemos una luz porque hay un debate respecto a la forma en que se tiene que hacer el trámite parlamentario”, explicó un diputado libertario.

“Pero de todas formas sabemos que el final es el mismo. Además, a esto se le suma que hay sectores del karinismo que no lo defienden. No es lo mismo el posicionamiento de Lemoine que el de Pilar Ramírez o el propio Menem, por ejemplo. Lilia lo defiende, Pilar lo destroza y Menem hace silencio”, agregó ese legislador, que suele participar de los encuentros libertarios.

El debate al que hace referencia tiene que ver con cómo será el trámite parlamentario por el pedido de interpelación al jefe de Gabinete. Mientras el mundo libertario entiende que debe ir a las comisiones, lograr dictamen y volver al recinto para aprobar el pedido, en la oposición señalan que el mismo día que se abra el recinto se vote la interpelación.

“La próxima semana debemos abrir el recinto, reunir a 129 diputados y votar su interpelación con moción de censura y obligar a que Adorni venga al recinto a dar explicaciones sobre su patrimonio, que hasta hoy no ha podido justificar frente a millones de argentinos. No hace falta ni comisiones ni dictámenes, hay que reunir el quorum y votar la interpelación. Luego de ella, se votará si conserva la confianza política necesaria para seguir ocupando el cargo”, dijo Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.

“Todo lo que no se logre antes de mitad de año se comenzará a complicar. Las provincias van a adelantar sus elecciones y sus legisladores van a empezar a jugar otro juego. Todo será más difícil”.

En ese contexto, el escenario parlamentario que los estrategas de La Libertad Avanza se habían imaginado meses atrás empieza a diluirse. En esos despachos la preocupación crece porque entienden que, tras el receso, las dificultades para avanzar con un temario legislativo se multiplicarán.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó oficialmente a los parlamentarios electos que integrarán el nuevo Congreso de la República durante el periodo 2026-2031. La ceremonia se realizó en sesión pública, en la histórica casona del JNE de Jesús María, y fue presidida por el titular del JNE, Roberto Burneo Bermejo, y los miembros que conforman el Pleno del organismo electoral.

La nueva representación estará conformada por 60 senadores, 130 diputados y los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, tras los resultados de la primera vuelta electoral realizada el pasado 12 de abril.

La distribución de escaños estará conformada por seis organizaciones políticas que superaron la valla electoral. Entre las bancadas figuran Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación - AN.

¿Quiénes son los 60 senadores?

El JNE proclamó a los 60 senadores que integrarán la Cámara de Senadores para el periodo 2026-2031, distribuidos entre el distrito nacional único y los distritos regionales.

Fuerza Popular (7)

Miguel Torres, Martha Chávez, Fernando Rospigliosi, Patricia Juárez, Martha Moyano, César Astudillo y Carlos Masías.

Juntos por el Perú (5)

José Mercedes Castillo, Silvana Robles, Jaime Quito Sarmiento, Saúl Armacanqui e Iber Maraví.

Partido del Buen Gobierno (5)

Flavio Figallo, Patria Itúrregui, Susana Matute, Carlos David Caballero y Jorge Octavio Gavidia.

Renovación Popular (5)

Rafael López Aliaga, Alejandro Muñante, Katherine Ampuero, Lourdes Alcorta y Estanislao Mancha Pineda.

Partido Cívico Obras (5)

Daniel Barragán, Agripina María del Pilar Flores, Walter Gagó y Roger Astucuri.

Ahora Nación (4)

Alfonso López Chau, Jaime Delgado, Ruth Luque y Mirtha Vásquez.

Senadores por distrito múltiple

• Amazonas: José Arista (Fuerza Popular)
• Áncash: Nilsa Chacón (Fuerza Popular)
• Apurímac: Andrés Ramos (Juntos por el Perú)
• Arequipa: Juver Flores (Buen Gobierno)
• Ayacucho: Humberto Morales (Juntos por el Perú)
• Cajamarca: Segundo Tapia (Fuerza Popular)
• Callao: Jack Rodrich (Fuerza Popular)
• Cusco: Wilfredo Verano (Juntos por el Perú)
• Huancavelica: Joaquín Yauri (Juntos por el Perú)
• Huánuco: Serafín Luján (Juntos por el Perú)
• Ica: Rafael Yamashiro (Fuerza Popular)
• Junín: David Jiménez (Fuerza Popular)
• La Libertad: Víctor Flores (Fuerza Popular)
• Lambayeque: Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular)
• Lima Metropolitana: Francisco Giampietri (Fuerza Popular), Milagros Jáuregui (Renovación Popular), Marco Miyashiro (Fuerza Popular), Nora Bonifaz (Buen Gobierno)
• Lima Provincias: Hernán Valdez (Fuerza Popular)
• Loreto: Juan Carlos del Águila (Fuerza Popular)
• Madre de Dios: Hugo Cahuana (Juntos por el Perú)
• Moquegua: Víctor Cutipa (Juntos por el Perú)
• Pasco: Percy Osorio (Juntos por el Perú)
• Peruanos en el extranjero: Miguel Velásquez (Renovación Popular)
• Piura: Karla Schaefer (Fuerza Popular)
• Puno: José Chipana (Juntos por el Perú)
• San Martín: Víctor Noriega (Fuerza Popular)
• Tacna: Juana Ticona (Partido Cívico Obras)
• Tumbes: Héctor Ventura (Fuerza Popular)
• Ucayali: Jorge Velásquez (Fuerza Popular)

¿Quiénes son los diputados electos?

La autoridad electoral también proclamó a los 130 diputados que integrarán la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2031, distribuidos por circunscripciones regionales y distritales.

Amazonas

Royser Castro Grandez (Fuerza Popular), Mery Eliana Infantes Castañeda (Fuerza Popular).

Áncash

Luzmila María del Carmen Gamarra Pita (Fuerza Popular), Carlos Alberto Domínguez Herrera (Fuerza Popular), Daniel Varas Seguín (Juntos por el Perú), José Miguel Marcelo Salazar (Ahora Nación), Edgar Alvarón de la Cruz (Obras).

Apurímac

Jesús Pérez Alcahuamán (Juntos por el Perú), Luz Soto Ferrari (Juntos por el Perú).

Arequipa

Edgar González Polar (Buen Gobierno), Gloria Hirache Pizarro (Buen Gobierno), Christian Aranda Vásquez (Renovación Popular), Marleny Arminta Valencia (Ahora Nación), Amalia Palomino Pacheco (Juntos por el Perú), Luis Aurelio Masco Cáceres (Juntos por el Perú).

Ayacucho

Alejandro Manay Pillaca (Juntos por el Perú), Pilar Sulca Castillo (Juntos por el Perú), Freshman Buitron Martínez (Ahora Nación).

Cajamarca

Yenifer Noelia Paredes Navarro (Juntos por el Perú), Gabriel González Delgado (Juntos por el Perú), Jessica Guevara Ramírez (Juntos por el Perú), Luis Ángel Jibaja Ramos (Juntos por el Perú), Juan Villanueva Calderón (Juntos por el Perú), Segundo Ticlla Rafael (Fuerza Popular).

Callao

Auristela Obando Morgan (Fuerza Popular), Ángel Bobadilla Galindo (Fuerza Popular), Carlos Yalta Sotelo (Renovación Popular), Fernando García Huby (Buen Gobierno).

Cusco

Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú), Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), César Holguín Loaiza (Ahora Nación), Edwin Espinoza Huillca (Buen Gobierno), Heber López Letona (Obras).

Huancavelica

Catherin Norma Palomino Casavilca (Juntos por el Perú), Héctor Guillén Valencia (Juntos por el Perú).

Huánuco

Yuli Ambrosio Domínguez (Juntos por el Perú), Marco Flores Valdizán (Juntos por el Perú), Karina Beteta Rubin (Fuerza Popular).

Ica

Mady Yonz Núñez (Renovación Popular), Carlos Alberto Zegarra Sánchez (Fuerza Popular), José Yataco Torrealva (Obras), Lila Prado Vallejos (Buen Gobierno).

Junín

César Muedas Balbiese (Ahora Nación), Marlon Aguirre Ramos (Juntos por el Perú), Ana Patiño Urco (Fuerza Popular), Máximo Peralta Jorpa (Obras), Carmen Duarte Patiño de Pezet (Buen Gobierno).

La Libertad

Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular), Leticia Leiva Baylón (Fuerza Popular), Geanmarco Quezada Castro (Fuerza Popular), Diego Bazán (Renovación Popular), Marino Lavado Valdivia (Juntos por el Perú), Nora Llaque Linares (Buen Gobierno), Demetrio Valqui Calderón (Obras).

Lambayeque

Marvin Palma Mendoza (Fuerza Popular), Javier Alejandro Castro Cruz (Fuerza Popular), Liliana Milagros Takayama (Fuerza Popular), Ernesto Zunini (Juntos por el Perú), Segundo Castrejón Fernández (Buen Gobierno).

Lima Metropolitana

Norma Yarrow Lumbreras, José Isidro Baella Malca, Roxana Rocha Gallegos, Javier Cipriani Thorne, Gustavo Segura Figueroa, Frank Krklec Torres, Paola Isabel Martínez Paitán, Leo Miguel De Paz Lancho, Aldo Antonio Bravo Quispe, Cecilia Isabel Chacón De Vettori, Diethell Columbus, Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Pier Figari Mendoza, Marco Antonio Pacheco Quispe, Pierangeli Daniela Dodero, Flor de Jesús Meza Rivera, Óscar Reto Otero, Nathaly Molina Soto, Luis Quispe Candia, Hilda Fernández La Torre, Jessica Benítez Barrionuevo, Rossana Alayza Macera, Romina Uribe Sáenz, Harvey Colchado Huamaní, Indira Huilca Flores, Bernardino Manrique Olivera, Ángel Meneses Crispín, Jeenny Samanez González, Víctor Piñan Mamani, Andrea Dayna Medina Stein, Raúl Jesús Camargo Porta, Giannina Avendaño Vilca.

Lima Provincias

Gladys Andrade De Álvarez, Alexander Salas Rivera, Arturo Eusebio Padilla, Milagros Karina Santa Vera.

Peruanos en el extranjero

Jorge Zeballos Aponte, Liz Mendoza Bernedo.

Loreto

Nary Pinasco Montenegro, César Vidaurre Floridas, Ana Yuffra Lugo, Azucena Isla Rojas.

Madre de Dios

Jaime Holguín Aguirre, Haydée Poma Huamani.

Moquegua

Graciela Chipana Condori, Nery Fernández Nina.

Pasco

Jhon Valqui Ordóñez, Kim Tami Muñoz.

Piura

César Manuel Revilla Villanueva, Eduardo Enrique Castillo Rivas, Carmela Paucará Paxi, María Silupu Inga, Félix Chang Apuy, Miguel Huamán Cornejo, Enrique Albañil Carmona.

Puno

Jessica Pérez Quispe, César Tito Rojas, Remigio Condori Flores, Helard Sonco Villanueva, Dina Hancco Hancco.

San Martín

lver Peña Córdova, Jacqueline Tapullima Insapillo, Luis Alegría García, Francisco Gatica Vega.

Tacna

Svieta Fernández González, Juan César Cabrera Nieto.

Tumbes

Rafael Celiz Castillo, María Ramos Rosales.

Ucayali

Jessica Navas Sánchez, Jaime Abensur Pinasco, Oswar Cahuaza Mitivire.

¿Quiénes son los parlamentarios andinos?

• Luis Fernando Galarreta Velarde (Fuerza Popular)
• Paul Percy Fernández Bravo (Juntos por el Perú)
• Marcio Marino Bendezu Echevarría (Partido del Buen Gobierno)
• Maali Olga Betty Del Pomar Saettone (Renovación Popular)
• Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino (Partido Cívico Obras)

En una especie de tardío intento de control de daños, Javier Milei resolvió que Manuel Adorni mantenga el cargo de jefe de Gabinete, pero sin el arrastre como vocero presidencial. Se supone que la designación de Adrián Ravier como portavoz busca oxigenar la comunicación oficial y alejarla del caso que daña al Gobierno desde hace más de tres meses, en continuado. Ese objetivo, sin embargo, debe convivir con el sostenimiento del funcionario investigado por su vertiginoso crecimiento patrimonial. Este sábado, la foto de apoyo -un recurso gastado- será en Rosario, mientras persisten versiones sobre un recambio final. Todos los movimientos de Olivos, aunque asomen contradictorios, están marcados por el mismo trazo.

El cambio de vocero fue anunciado por el propio Adorni al final de un encuentro en Olivos. El trascendido sobre la reunión, que se extendió varias horas, repitió la letra del gesto de respaldo, esta vez frenteal virtual plazo que se había dado el Senado para tratar la interpelación al funcionario. El recorte de una de sus funciones anotó el dato nuevo, aunque reiterado como objetivo: correrlo del foco de atención político y público. Nada sencillo después de intentos fallidos.

Por lo pronto, la designación de Ravier alimentó esa consideración -es decir, restarle visibilidad a Adorni y a su caso- y también otra especulación, casi una esperanza para algunos funcionarios: que esta sea la última línea de sostén al jefe de los ministros. En segundo plano aparecieron otras lecturas, vinculadas a la interna en el círculo de Olivos, es decir, entre Karina Milei y Santiago Caputo. En general, tal vez por la gravedad del cuadro, las reacciones posteriores al anuncio sobre el cambio de vocero evitaron ese costado de la historia.

Ravier tiene relación con el Presidente desde mucho antes de llegar a ser diputado violeta por La Pampa. Compartieron el llano, no sin disgustos, que en las redes fueron rápidamente recordados: mensajes con descalificaciones como las que Milei suele utilizar, ahora contra opositores, periodistas o economistas críticos. El legislador llega al Gobierno para ocupar parte del lugar de Adorni, pieza de Karina Milei. Y tiene vínculos con el espacio de Santiago Caputo. Pero lo dicho: por ahora, no tendría relación con los equilibrios o desequilibrios internos.

Antes que nada, la decisión de contar con nuevo vocero busca encarar de otro modo el camino transitado sin éxito desde mediados de marzo: “mostrar gestión”. En sus primeras declaraciones luego del anuncio, Ravier dijo que su objetivo será “comunicar los logros del Gobierno”. Eso está asociado, como concepto, a la visión libertaria sobre el efecto Adorni, entre quienes lo respaldan cerradamente -y más bien atribuyen todo a un motor externo, mediático- y los que preferirían su alejamiento. Creen que opaca o directamente oculta datos positivos de gestión. Sólo esos.

De hecho, Luis Caputo quedó expuesto casi como solitario “vocero” en ese terreno, con acompañamiento de alguna franja de tuiteros violetas. Esas andanadas exponen de algún modo enojos y lamentos por el efecto del caso Adorni, junto a datos del mundo financiero, superávit o desaceleración inflacionaria. Por supuesto, la realidad es bastante más matizada: esos números conviven con informes estadísticos sobre la persistente caída del consumo o la crisis en diferentes rubros de la industria.

Como sea, la incorporación de Ravier llega en el umbral del nuevo gesto de apoyo a Adorni decidido por Olivos. Se trata, otra vez, de una escenificación del respaldo de los ministros y otros funcionarios, convocados especialmente para ir a Rosario, al igual que los jefes legislativos, entre ellos Patricia Bullrich. En cambio, la presencia de Victoria Villarruel necesitó de una diagonal en las invitaciones, por vía provincial. De todos modos, el tema del quiebre entre la vicepresidente y Olivos aparece un escalón por debajo de la tensión mayor de estos días.

Si no hay cambios, será la segunda vez consecutiva en que una celebración patria pierde el sentido propio y queda subordinada al juego doméstico del Gobierno. Antes había sido el 25 de Mayo, de manera visible en el Tedeum y las posteriores imágenes que buscó asegurarse Olivos. También entonces eran postales de respaldo al jefe de Gabinete.

No termina allí la serie. La agenda de los días que vienen expone hasta qué punto el caso Adorni tiñe el terreno político. La mira estará puesta en el Congreso, en una semana marcada además por una nueva gira presidencial.

Diputados enfrenta una doble prueba. Para el martes, está convocada una sesión especial que fue motorizada por la oposición para tratar de iniciar el trámite de la interpelación. Existen dudas sobre el número para lograr quórum. Y eso en buena medida depende hasta ahora de cómo juegan dialoguistas y aliados -amarillos, radicales, provinciales-, en parte por la expectativa que generó el Senado y también de acuerdo con lo que empujen los gobernadores, siempre con negociaciones abiertas por cuestiones de fondos.

A la par, el oficialismo tiene que resolver si realmente sostiene el llamado a la sesión del miércoles, para tratar proyectos que se vienen demorando: la ampliación del RIGI y el aval al acuerdo con holdouts. El compromiso de legisladores para garantizar número suficiente también depende del clima político más amplio y no sólo del repetido objetivo del oficialismo, necesitado de mostrar resultados.

En el Senado, el cuadro es más denso, porque puso a prueba la relación entre LLA y bloques que suelen acompañar sus iniciativas, muchas veces con cambios en los proyectos y en función de tratos más amplios con jefes provinciales. La semana pasada, Bullrich cerró un entendimiento con los jefes de otros espacios en base a dos putos: levantar la sesión programada para tratar el postergado proyecto sobre propiedad privada y fijar el jueves próximo para ir al recinto con el pedido de interpelación a Adorni como primer punto.

Pero antes, el martes, habrá que ver si el mileismo logra frenar por unas semanas la carga sobre el jefe de Gabinete. Se trata de una vuelta de tuerca sobre las mayorías necesarias para tratar ya el tema o tener que pasar antes por comisión. En otras palabras, ganar tiempo. Pero ocurre que, más allá de la tensión que genera esa jugada -y de las negociaciones “reservadas” con aliados-, Adorni debería ir al Senado a principios de julio para dar su informe, muy demorado.

Por supuesto, la repercusión y la persistencia del caso no depende exclusivamente de lo que haga Olivos y de lo que suceda en el Congreso. Las novedades en el frente judicial parecen inagotables. Y nada indica que la sucesión sea cerrada por el penoso capítulo de la compra de colchones y artículos de blanquería, en efectivo y a nombre de una empleada de la Casa Rosada. Más bien, al contrario.

El nombramiento del diputado nacional y economista Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial trajo repercusiones en distintas esferas del oficialismo nacional. La de la senadora Patricia Bullrich no resultó menor, debido a que la salida del futuro funcionario dejará un lugar vacante en la Cámara de Diputados que será llenado por Martín Matzkin, quien fue el primer candidato suplente de la lista de La Libertad Avanza en 2025

Y es que Matzkin es hombre de confianza absoluta de Bullrich y de su entorno, quienes lo apodan como “El Facha”. Trabajó como uno de los principales colaboradores de su campaña presidencial realizada tres años atrás y luego asumió como subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad Nacional, manteniéndose hasta este día, ya que firmará su desvinculación en esa área para poder asumir en la cámara baja.

Con la salida de Ravier a la Vocería Presidencial, el bloque de La Libertad Avanza ya no tiene a alguien que respondía directamente al presidente Javier Milei. En esa ecuación, quien gana a una persona de su más alta confianza es Bullrich, aunque, como todo su nucleo, sigue respondiendo de manera directa a los consensos que arriba el bloque.

Ravier y Matzkin concretarán esa transición en los próximos días. Con este trueque, el círculo de la exministra se extenderá a nueve bancas. Los cinco restantes son Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, Lorena Petrovich, María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda. De estos, solo los últimos dos deben renovar sus bancas el año próximo, por lo que en una eventual negociación de listas para el año próximo el poder relativo de Bullrich se incrementará sustancialmente.

La última incorporación que tuvo “Pato” fue la de Petrovich, quien se incorporó al bloque a partir de que Silvia Lospennato se fuera a la Legislatura porteña, cargo en el que fue elegida en mayo del año pasado en las elecciones de la Ciudad, donde encabezó la lista del PRO. Aun así, la ahora diputada libertaria era la siguiente en la lista sucesoria de la excoalición Juntos por el Cambio.

Si bien la llegada del “Facha” fue festejada en el bullrichismo, las felicitaciones públicas de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado se limitaron a mencionar la llegada de Ravier a la Casa Rosada. El mensaje que envió no pasó desapercibido.

“Muchos éxitos en esta nueva responsabilidad, @AdrianRavier. Un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días", publicó pasadas las dos de la tarde.

No resultó menor al interior del Gobierno la primera parte de la segunda oración del mensaje. El entorno de Bullrich no era el único que opinaba que la comunicación libertaria se había desdibujado fuertemente a raíz de la fuerte presión mediática-política-judicial que rodea al jefe de Gabinete, quien había tratado de poder volver a las conferencias de prensa durante el mes de mayo; pero estas no fueron más que intentos fallidos. En el círculo del ministro coordinador reconocían que reaparecer “era todo costo” y que no había fecha estipulada.

Bullrich comentó en declaraciones ante los medios este miércoles que Milei considera que el jefe de Gabinete “dio una explicación razonable” sobre las acusaciones que pesan en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

La senadora hizo esas declaraciones a la salida del Congreso, tras la reunión de Labor Parlamentaria en la que el oficialismo y sus aliados lograron posponer la sesión prevista para este miércoles. La nueva fecha quedó fijada para el 2 de julio. Allí, la oposición avanzará con un pedido de interpelación para la posible moción de censura contra Adorni.

Manuel Adorni quedó bajo presión del Congreso ante algunos movimientos legislativos que pueden definir su continuidad como jefe de Gabinete: el Senado busca interpelarlo y avanzar hacia una moción de censura, mientras en Diputados la oposición intenta activar proyectos sobre el caso en medio de una disputa clave por los apoyos que aún conserva el funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El primer examen decisivo llegará con la sesión convocada en el Senado, donde el peronismo empuja una interpretación constitucional que le permitiría aprobar el pedido con 37 votos pese a que la iniciativa no tiene despacho de comisión. Si prospera, Adorni deberá presentarse el 2 de julio ante los senadores.

La ofensiva no se explica solo por la investigación sobre sus propiedades y viajes. También pesa su exposición del 29 de abril en la Cámara de Diputados, cuando presentó su primer informe de gestión y, de acuerdo con la oposición, omitió mencionar más de USD 500 mil incorporados en su declaración jurada y atribuidos a operaciones con bitcoin.

En el Congreso, incluso sectores opositores con posiciones más dialoguistas sostienen que el caso ya dejó de ser solo un expediente judicial y se transformó en un problema político para el Gobierno de Javier Milei. A ese diagnóstico suman una acusación adicional: que la Casa Rosada intenta trasladar al Parlamento el costo de una eventual salida del funcionario para luego denunciar que la oposición busca voltear ministros.

La Cámara de Diputados recuperó protagonismo en el caso Adorni y los gobernadores aliados, una vez más, podrán inclinar la balanza a favor o en contra de Milei. Con la postergación de la discusión sobre la interpelación y la moción de censura contra el jefe de Gabinete en el Senado, los bloques aliados deberán definir en Diputados si el próximo martes 23 dan quórum en la sesión especial convocada por la oposición dura para avanzar contra el ministro coordinador.

La convocatoria a esa sesión especial llevaba las firmas de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, gran parte de Provincias Unidas, incluidos los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, que se ha mostrado más distante de la Casa Rosada desde la discusión por Zonas Frías. Por lo tanto, todavía les resta sumar más de una docena de voluntades para llegar al quórum.

El PRO y la UCR han hecho públicas sus críticas contra el jefe de Gabinete y presionan para que renuncie o sea echado. En el Senado algunos de sus representantes adelantaron que votarían a favor de una moción de censura; sin embargo, en la Cámara de Diputados han evitado pronunciamientos concretos respecto a la sesión del próximo martes. “Históricamente no damos quórum en las sesiones que no convocamos nosotros”, explicó un diputado amarillo.

En el bloque que conduce Cristian Ritondo buscan una diagonal para salir de una situación muy incómoda: por un lado, son conscientes del costo político que pagarían si no bajan al recinto, pero por el otro, deben cuidar la alianza electoral con La Libertad Avanza de cara al 2027, especialmente en la provincias de Buenos Aires. “Queremos que reaccionen como Luzu con Florencia Peña”, ironizaba con humor otro diputado, en referencia al despido de la conductora tras la polémica por la salud del padre de Messi.

Los radicales, por su parte, se encuentran en la misma sintonía: no quieren “proteger” a Adorni pero tampoco ven con buenos ojos votar con el kirchnerismo en contra del Gobierno. El límite es finito y el caso del ministro ya ganó peso propio por fuera de los márgenes de la política. El tema está instalado en la sociedad, entre el enojo, la ironía y la pesadumbre. Sobre todo en aquellos que vieron en el gobierno nacional una verdadera opción de cambio.

Por su parte, los bloques que responden directamente a gobernadores aliados juegan al misterio y siguen esperando que la Casa Rosada les ahorre un momento incómodo en el Congreso. No quieren quedar pegados a la situación del Jefe de Gabinete, pero tampoco ser quienes le pongan el pie sobre la cabeza y determinen su destino final. El problema es que, hasta ahora, no han podido hacer las dos cosas al mismo tiempo.

Respuestas como “sin definiciones”, “no se habló en el bloque” o “aun no lo discutimos con el gobernador” se escuchan en boca de legisladores de Innovación Federal (Salta y Misiones), Independencia (Tucumán), Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Por Santa Cruz y La Neuquinidad. Entre todos suman una veintena de votos que podrían sellar la suerte de Manuel Adorni.

“Esto lo tiene que resolver el Poder Ejecutivo o la Justicia. Adorni es un problema de Milei, no nuestro”, explicaron a Infobae cerca del catamarqueño Jalil. En la provincia norteña no hay definiciones contundentes respecto al quórum o la votación de la interpelación, pero existe la sensación de que la Casa Rosada debe resolver la situación cuanto antes, para no obligar a los aliados a quedar en un lugar incómodo que, en definitiva, puede terminar siendo contraproducente para la postura de Balcarce 50.

En la misma sintonía, en el gobierno tucumano, que conduce Osvaldo Jaldo, uno de los peronistas más cercanos a Milei, plantearon que se trata de una cuestión “exclusiva” del Presidente, quien deberá -según su opinión- tomar una decisión. Los dos gobernadores del PJ han marcado, a su forma y con sus maneras, la distancia necesaria para que el Gobierno entienda donde está parado de cara al proceso legislativo que tiene a Adorni en el centro de la escena.

En Salta la postura va en línea con la que tienen en Catamarca y Salta. “El Presidente es el que tiene la facultad de elegir, sacar o poner a sus funcionarios. No es un tema del Congreso. Lo de Adorni es un tema que tiene que resolver el Presidente”, plantearon bien cerca del gobernador Gustavo Sáenz.

En San Juan la señales que surgen son de cautela y favorable para el gobierno nacional. Orrego no jugaría dentro del bloque opositor que está dispuesto a pedir la interpelación de Adorni. En Santa Fe, en tanto, mantuvieron la reserva respecto a la postura sobre el tema. “Es un tema de los legisladores. Nosotros hablamos de los temas que corresponden a la provincia”, indicaron cerca de Maximiliano Pullaro.

En Chubut la postura de Ignacio Torres va de la mano de la que ha marcado el PRO a nivel nacional. Cree que Adorni tiene que renunciar o ser interpelado. Está apostado sobre el ala dura de la oposición. En Entre Ríos no hay una postura pública. Rogelio Frigerio mantiene una relacióno muy cercana la Casa Rosada y no parece ser una opción que juegue en contra de sus pretensiones.

En Córdoba fueron tajantes respecto a la postura que tienen con el tema Adorni “Nuestros diputados se sintieron estafados porque en una reunión institucional el Jefe de Gabinete les mintió en la cara y pidieron su renuncia”, explicaron en el entorno más cercano de Martín Llaryora. Y agregaron: “El gobierno de Córdoba no tiene nada para aportar en ese debate”.

La semana pasada los siete legisladores del peronismo cordobés pidieron la renuncia del ministro coordinador a través de un comunicado conjunto que publicaron en sus redes. Un puñado de días después la postura no se modificó ni una coma. “Le minitieron al Congreso y le mintieron a la gente”, señalaron a Infobae, al tiempo que remarcaron que los cuestionamientos solo están direccionados hacia la situación institucional y política de Adorni. El proceso judicial va por otro camino.

Por otro lado, también existen algunos temores, especialmente en las filas del peronismo, de “sentar un mal precedente” que en el futuro cercano pueda volverse en su contra. En ese sentido, destacaron que nunca en la historia se removió a un jefe de Gabinete vía moción de censura y también exhibieron dudas sobre la discusión reglamentaria en torno a qué mayoría se necesita para echar a Adorni.

Mientras que la mayoría interpretaba que un proyecto de interpelación sin dictamen de comisión requería dos tercios de los votos para prosperar, el acuerdo entre Patricia Bullrich y sus aliados en el Senado favorecería otra posibilidad: que se necesite sólo una mayoría absoluta (la mitad más uno).

Lo cierto es que el Gobierno ha puesto a sus aliados en su lugar de absoluta incomodidad. Porque ninguno de los gobernadores esboza una defensa de Adorni ni de su situación, pero no quieren asumir el papel de verdugos. La gran incógnita es hasta dónde llegará la paciencia.

Todo surgió a partir del momento en que el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió que Grabois pudiera intervenir, pero Benegas Lynch le replicó: “Me anotaste de prepo a Grabois, Germán. Me fijo y no está en la comisión. Yo administro la lista de oradores, déjamelo a mí”.

Desde uno de los sectores de la sala, Grabois irrumpió elevó el tono del pedido: “No te hagas el cancherito. Hablame bien”, exigió, lo que desató la respuesta cortante de Benegas Lynch: “Estoy hablando yo, Grabois. Callate”.

El cruce escaló rápidamente entre interrupciones y reproches. Grabois redobló la apuesta: “Te está pidiendo la palabra para un diputado. No te hagas el cancherito, te queda bastante mal. Sos bastante pelotudo”. La sala respondió con abucheos y Benegas Lynch replicó: “Habla tanto de vos, Juan, como de mí”.

La escena de pugilato verbal tuvo otro episodio durante la comisión, aunque más tarde Benegas Lynch le terminó cediendo la palabra a Grabois. La tensión, lejos de disiparse, se reavivó con ironías y descalificaciones. “Gracias, genio”, introdujo Grabois al tomar la palabra, a lo que Benegas Lynch respondió: “Tratá de elevar un poquito el nivel del Congreso”.

Grabois lanzó: “Si lo elevo al tuyo, va a ser al nivel de una suela... Pero si querés que me apure...”. El presidente de la comisión intentó retomar el control: “Hablá bien, con buenas formas”. Sin embargo, el dirigente del Patria Grande interrumpió: “Callate un poquito la boca y dejame hablar”.

La confrontación personal se trasladó incluso al terreno informal. Benegas Lynch desafió: “Después nos encontramos en la calle, vestido de jean y zapatillas, y me saludas. Y acá te hacés el picante”. Grabois respondió: “Yo ahora estoy vestido de zapatillas y jean. Si querés, nos encontramos ahora en un rato. No tengo problema”.

El acuerdo del Gobierno con los últimos holdouts

Pese a ese desliz anecdótico, La Libertad Avanza (LLA) consiguió el dictamen para dos iniciativas clave: el acuerdo para pagar a los fondos Bainbridge y Attestor, y el denominado “Súper RIGI”, un régimen que prevé incentivos para inversiones superiores a USD 1.000 millones.

Para el caso de los holdouts, a la sesión asistieron el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Ignacio Stampalija. En el inicio del encuentro, Benegas Lynch aclaró que la deuda que se estaba saldando era de poco más de 362 millones de dólares, con amenazas de embargos sobre acciones de YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

En ese marco, apuntó que el acuerdo es con Bainbridge por USD 171 millones y USD 104 millones con Attestor, contra pago de desembolso. Hay urgencia para aprobar el tema, ya que la prórroga del plazo de implementación del acuerdo vence el 30 de junio.

Durante su intervención, Stampalija señaló que “estos acuerdos se relacionan con dos juicios de muchos años, con acreedores que no entraron en ninguno de los canjes que se hicieron”. “Son los últimos grandes grupos de holdouts que quedan. Todos tenían sentencia firme desde hace años y estaban intentando ejecutarlas”, amplió.

Los diputados de Unión por la Patria cuestionaron la falta de detalles sobre “la composición del pago” y solicitaron precisiones acerca de la fuente de financiamiento para cumplir con los acuerdos presentados en la Cámara Baja. Además, señalaron deficiencias en el funcionamiento de la Bicameral de Deuda y formalizaron un dictamen de minoría en rechazo al proyecto.

Desde el oficialismo, la diputada Silvana Giudici (PRO) respondió a una consulta de la oposición sobre las ganancias de los fondos buitre, y apuntó contra el pasado reciente. “¿Cuáles son las pérdidas que tuvimos que afrontar todos los argentinos? Por una política económica que nos llevó a la quiebra, a tener 50% de pobreza y en las puertas de una hiperinflación”, dijo, en apoyo a la firma del dictamen.

El diputado Carlos Castagneto (Unión por la Patria) replicó que el relato de Giudici era incorrecto, subrayando que el conflicto con los holdouts se remonta a 2001, antes del kirchnerismo. En ese marco, añadió que, según declaraciones del ex ministro de Economía de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, el país fue dejado desendeudado, y recordó que en 2016, ese gobierno realizó un pago a los fondos buitre y reinició el vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En ese contexto fue que ocurrió el cruce picante entre Juan Grabois y Benegas Lynch. El legislador de UP enfatizó sobre el origen y cuestionó la responsabilidad de exfuncionarios de ese período. “¿Y quiénes eran importantes funcionarios en 2001 que se fueron en helicóptero, muertos de miedo, mientras nosotros poníamos el cuerpo en la plaza y algunos éramos detenidos? La fracasada de (Patricia) Bullrich y el fracasado de (Federico) Sturzenegger. Y un montón de otros funcionarios que después se pusieron la peluca y se convirtieron en libertarios, y ahora son parte de la casta que nos gobierna”, expresó.

El legislador Itai Hagman planteó que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el acuerdo sería parte de una estrategia gubernamental más amplia para abordar otros litigios pendientes. Hagman consultó a los funcionarios si existió un pedido expreso del FMI para avanzar en este sentido, cuestionamiento que fue negado por el procurador del Tesoro.

Por otra parte, el diputado libertario Adrián Ravier defendió que el acuerdo representa “el cierre de un ciclo nefasto y un mensaje al mundo de que, a partir de ahora, con la presidencia de Javier Milei y su liderazgo, la Argentina paga; la Argentina va a pagar sus compromisos".

En cuanto a los cuestionamientos planteados durante el debate parlamentario, el Frente de Izquierda, representado por Néstor Pitrola, sostuvo: “No vemos ningún ahorro, vemos solo pérdida en esto. ¿Por qué este apuro y esta gran prioridad con este verso del 30% (de quita) y no tenemos el mismo apuro para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario?”.

La agenda legislativa y el caso Adorni

El dictamen sobre los acuerdos con los holdouts reunió 61 firmas y ya cuenta con la aprobación previa del Senado. El Gobierno busca su ratificación en la próxima semana. El “Súper RIGI” sumó 42 avales y comienza su recorrido parlamentario en Diputados.

El oficialismo pretendía controlar la agenda legislativa la semana próxima, priorizando este tipo de proyectos económicos. Sin embargo, la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, amenaza con modificar los planes. La oposición convocó una sesión especial para debatir su interpelación y analizar una posible moción de censura, que termine de eyectarlo en el cargo.

En respuesta a este escenario, los libertarios y sus aliados, entre ellos PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales, ajustan su estrategia parlamentaria. El acompañamiento de estos espacios fue clave para el avance de los dictámenes.

El oficialismo logró este miércoles alzarse con el dictamen de mayoría del proyecto de Super RIGI en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El oficialismo logró el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia (Tucumán), Por Santa Cruz y Producción y Trabajo (San Juan). Prevén convocar a una sesión especial el próximo 24 de junio para tratar este proyecto junto con el pago a los holdouts, que también fue dictaminado hoy.

El Super RIGI tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las denominadas “industrias del futuro”. La categoría es bastante amplia y, según los libertarios, incluye desde la fabricación de baterías de litio o autos eléctricos, a desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y hasta proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.

Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

También garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.

Para lograr la mayoría de las firmas en el plenario de comisión, el oficialismo aceptó varios planteos de los bloques aliados y dialoguistas, principalmente vinculados con la inversión en I+D y la contratación de proveedores locales.

¿Cuáles fueron los cambios introducidos en el dictamen de mayoría?

Incentivos a la Investigación y Desarrollo (I+D)

El dictamen establece que las inversiones en I+D vinculadas al proyecto se computan por el doble de su valor al momento de calcular el monto mínimo de inversión exigido. Sin embargo, esta ponderación especial no puede superar el 20% del monto mínimo de inversión. El excedente se computará a valor nominal.

Plan de Desarrollo de Proveedores Locales

Se incorpora la obligación de presentar un plan para el desarrollo de proveedores locales, debiendo comprometer un porcentaje no menor al 20% del monto total de adquisiciones de bienes y servicios durante la ejecución del proyecto, orientado a proveedores nacionales. Siempre y cuando “la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.

Sustentabilidad de recursos e infraestructura

Se exige que el plan de inversión incluya un informe técnico que demuestre que el proyecto no compromete la sustentabilidad de los recursos naturales ni la capacidad de la infraestructura de la zona de influencia, considerando su impacto ambiental y social.

Rechazo por impacto negativo sustancial

Se incorpora como causal de rechazo la existencia comprobada de un impacto negativo sustancial del proyecto sobre los recursos naturales o la infraestructura local, o que implique un riesgo relevante para la sustentabilidad ambiental o social de la zona.

Registro Público de Proyectos

Se crea un Registro Público de Proyectos del Súper RIGI, de acceso libre. Allí se publicará información relevante sobre los proyectos adheridos y las sanciones aplicadas, con resguardo de información sensible cuando corresponda.

Nuevos Objetivos Prioritarios

Se agregan como objetivos:

• Incentivar el desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas o tecnológicas que contribuyan al crecimiento y consolidación de Nuevas Industrias wen Argentina
• Fomentar la demanda de insumos, servicios o recursos humanos especializados que estimulen el desarrollo de sectores conexos a las Grandes Inversiones en Nuevas Industrias

Parámetros para “Nuevas Actividades

El dictamen define que las “nuevas actividades” deben ser desarrollos industriales, tecnológicos o de servicios vinculados a infraestructura tecnológica o digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional y que no se encuentren desarrollados a escala comercial en el país.

Quedan expresamente excluidos del presente régimen aquellos proyectos cuyo objeto, alcance o ejecución consistan en la ampliación, adecuación, modernización, reconversión, reorganización o reutilización de instalaciones preexistentes.

Además, en el Artículo 4 se agrega que la acreditación de “nuevas actividades económicas” se realizará “conforme a los criterios objetivos y parámetros mensurables que se establezcan en la reglamentación”.

¿Qué beneficios obtienen los proyectos incluidos en el Super RIGI?

• Impuesto a las Ganancias reducido al 15% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos.
• Amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura.
• Deducción de quebrantos sin límite temporal.
• Alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
• Certificados de Crédito Fiscal para cancelar IVA sobre inversiones en activos computables.
• Exención de derechos de importación y exportación para los bienes del plan de inversión y productos obtenidos bajo el proyecto.
• Contribuciones patronales reducidas: alícuota única del 10% para nuevas relaciones laborales generadas a partir de la adhesión.
• Libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación: 20%, 40% y 100% a lo largo de tres años desde la primera exportación.
• Sin obligación de ingresar ni liquidar divisas correspondientes a aportes de capital, financiamiento y servicios vinculados al proyecto.
• Estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria durante 30 años desde la adhesión.
• Plena disponibilidad sobre los productos del proyecto, protección contra actos confiscatorios o expropiatorios y acceso irrestricto a la justicia.
• Posibilidad de someter controversias con el Estado Nacional a arbitraje internacional.
• Compatibilidad con otros regímenes promocionales, siempre que los incentivos no sean de la misma naturaleza y no se superpongan.
• Transferencia libre de acciones, cuotas o participaciones sociales del VPU sin autorización previa.
• Exención de restricciones, prohibiciones o cupos para importar y exportar los bienes necesarios para el proyecto.
• Los incentivos pueden ser utilizados exclusivamente respecto del proyecto adherido y no para otras actividades.

Mauricio Macri coordina desde Estados Unidos, país al que viajó por el Mundial de Fútbol, los próximos pasos del PRO con relación a la crisis política del gobierno de Javier Milei ocasionada por la situación de Manuel Adorni. Antes del debut con triunfo de la selección argentina, siguió de cerca la reunión del bloque en Diputados que convocó Cristian Ritondo en la tarde de este martes y, a la par, comenzó a preparar su desembarco en el interior bonaerense, en el marco del “próximo paso” tour

El ex presidente está en una disyuntiva. No quiere quedar “aliado” al kirchnerismo en una embestida contra el Jefe de Gabinete, sea interpelación o moción de censura, pero tampoco quiere quedar en el rol de avalar al funcionario nacional. Por eso, desde el 13 de junio, cuando presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) e incorporó USD 513.000 no declarados, que atribuyó a inversiones en bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, presiona al Gobierno con una posición que le quita responsabilidad a los bloques parlamentarios: que Adorni renuncie o lo hagan renunciar.

En diputados hay posiciones encontradas. Mientras Ritondo hace equilibrio, hay legisladores con posiciones más duras, y que las hacen públicas. Uno de ellos es Álvaro González, que suele tener un voto crítico con relación a las medidas de LLA, que es cercano a Horacio Rodríguez Larreta, y que permanece en el bloque por su relación con el presidente de a bancada.

González fue explícito, el lunes, al rechazar que el Congreso resuelva lo que considera un problema del Poder Ejecutivo. “¿Por qué le tengo que resolver el problema con la moción de censura, sabiendo que después no la va a tomar?”, planteó en declaraciones a Radio Mitre. Su propuesta es directa: “O renuncia el señor Adorni o le pide la renuncia el presidente. No es ciencia oculta”. Para respaldar esa lógica, González recordó que Macri le advirtió al presidente en el momento de la designación: “Poné a alguien de jefe de Gabinete que te ayude en la gestión. Y pusieron a alguien de su propio riñón político”.

El legislador también rechazó participar de la moción de censura impulsada por el peronismo por razones estrictamente políticas: “No estoy de acuerdo con la moción de censura porque automáticamente te dicen que sos funcional al kirchnerismo”, advirtió. Y agregó que, si el Congreso avanzara con esa herramienta, un jefe de Gabinete censurado quedaría en un “estado vegetativo”: sin capacidad de atraer inversiones, de negociar con organismos internacionales ni de impartir instrucciones a los ministros.

El escenario parlamentario tiene sus propios tiempos. El Senado tiene prevista para el miércoles, a las 18, una reunión de Labor Parlamentaria para definir si habrá sesión el jueves. El peronismo adelantó que pedirá el tratamiento sobre tablas de un proyecto de resolución para interpelar a Adorni el 25 de junio y votar en la misma sesión una moción de censura. Para que eso prospere, necesita los dos tercios de los presentes.

El bloque del Partido Justicialista (PJ) en el Senado suma 21 senadores propios, a los que se sumarían otros bloques afines para llegar a 31 votos, aún a 17 de los dos tercios necesarios. El aval completo del PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR) —13 votos más— sería determinante.

Fuentes de ambos bloques se tomarán las 48 horas previas a la sesión para definir una postura, dado que “hay posiciones divididas”. Un senador radical que aún no definió su voto resumió el dilema: “Es todo muy público”. Desde el peronismo, un senador graficó la presión sobre los aliados del gobierno: “Defender a Adorni es como defender a Kueider”, en referencia al ex senador detenido en Paraguay con 200.000 dólares sin declarar.

A su vez, no hubo definiciones durante la reunión del bloque en Diputados, según señaló un legislador amarillo a este medio. “Quedó todo pendiente a ver qué es lo va a pasar en el Senado, y como están las relaciones con los otros miembros del interbloque. Pero creo que va a ser inevitable acompañar el emplazamiento (citar a Adorni al Congreso). Después vemos cómo sigue”, graficó.

En las últimas horas, el diputado Fernando De Andreis se manifestó en sintonía: “La semana que viene se votaría en principio el emplazamiento para que se conformen las comisiones, y nosotros creemos que se podría llegar a avanzar en ese sentido para que se conformen las distintas comisiones, principalmente la de Asuntos Constitucionales, para avanzar. Ahora, nosotros insistimos en que esto es un problema que tiene el Gobierno y lo debería resolver el Gobierno”. “No descartamos avanzar con la interpelación, pero es algo que seguimos discutiendo”, agregó en radio Rivadavia.

“Hoy le está haciendo mucho daño al cambio en la Argentina. Le está haciendo mucho daño al presidente, le está haciendo mucho daño al Gobierno. Para nosotros, Adorni no tenía las cualidades para ser jefe de Gabinete. Lo ideal que que se vaya hoy, ayer; claramente no debería pasar un día más en el cargo”, amplió.

A su vez, el jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, anticipó: “Si se llega a esa instancia, vamos a acompañar el pedido de censura o remoción de Adorni”.

En ese contexto, y según supo Infobae, el entorno de Macri define los detalles del desembarco del ex presidente en Mar del Plata, el próximo 26 de junio. Macri volverá al país unos días y luego, se prevé, regresará a Estados Unidos Será un acto similar al que ya realizó en Chaco, Corrientes, Santa Fe, Mendoza y Vicente López. “Para mí es con nuevo jefe de Gabinete”, ironizó uno de los dirigentes del PRO que está al tanto de la organización.

La nueva aparición de Macri no es casual. Esta semana se conoció un informe del think tank londinense Chatham House, que advirtió que las denuncias acumuladas sobre Adorni y su admisión de haber subdeclarado impuestos erosionaron la imagen del gobierno como alternativa a la “casta política” que Milei prometió desmantelar. El documento, además, sostiene que la permanencia del funcionario alimenta la percepción de conflictos internos y debilita la posición del presidente ante aliados e inversores.

Mientras el futuro del jefe de Gabinete se define en el Senado, el oficialismo buscará retener a toda costa el control de la agenda legislativa en la Cámara de Diputados para poder asegurar una victoria antes de que termine el Mundial. Convocó para este miércoles, tras el debut mundialista de Argentina, a dos plenarios de comisiones para dictaminar el pago a los Holdouts y el denominado Super RIGI.

Los libertarios planean convocar a una sesión especial el 24 de junio en la que se tratarán ambas iniciativas. El pago a los fondos buitres ya viene con media sanción, en cambio el Super RIGI todavía deberá pasar por el Senado. También habían adelantado que pretendían incluir en el temario la nueva ley de Lobby pero las duras críticas de las asociaciones civiles, sindicatos y cámara empresarias a la redacción del proyecto, sumados a los cuestionamientos de los bloques aliados, dejaron en claro que aún no existe consenso suficiente alrededor de este tema.

A las 12, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Justicia, el oficialismo buscará dictaminar el proyecto que avala un plan de pago a dos “fondos buitre” con los que el gobierno de Javier Milei alcanzó un acuerdo de conciliación económica.

La iniciativa, que fue aprobada en el Senado por 40 votos positivos contra 22 negativos, tiene que ser aprobada antes del 30 de junio, que es el último plazo fijado en el entendimiento. Producto de este acuerdo de conciliación entre las partes alcanzado en la Justicia norteamericana, que incluye una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%, se definió que el Estado argentino deberá abonar USD 67 millones a la firma “Bainbridge Ltd.” y USD 104 millones al grupo de holdouts encabezado por “Attestor Value Master Fund LP.”, lo que hace a un total de USD 171 millones.

Ambos fondos integran el grupo de los últimos holdouts con reclamos activos que no adhirieron a los canjes de deuda que se ejecutaron tras el default (cesación de pagos) declarado a fines de 2001. La ratificación parlamentaria del acuerdo permitirá dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

A las 15 será el turno de la reunión conjunta de Presupuesto, Industrias y Ciencia para abordar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Super RIGI) en industrias “de frontera” tecnológica.

El Super RIGI tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las denominadas “industrias del futuro”. La categoría es bastante amplia e incluye desde la fabricación de baterías de litio o autos eléctricos, a desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y hasta proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.

Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

También garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.

Los aliados habituales del oficialismo, como el PRO, la UCR y los gobernadores del norte, se mostraron favorables a la iniciativa pero plantearon, entre otros puntos, la posibilidad de incluir un mínimo de 20% de contratación de proveedores locales -tal como figura en el RIGI original- para fomentar el desarrollo local y reclamaron una definición más acotada de “industrias del futuro”, algo que el oficialismo se habría comprometido a aclarar durante las sesiones informativas.

Ante la consulta de Infobae, los libertarios se mostraron confiados de contar con las firmas para dictaminar ambos proyectos y convocar a sesión el 24 de junio.

El diputado local del Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí, Tomás Zavala González, respondió a los cuestionamientos surgidos tras la difusión de imágenes en las que aparece portando relojes de alta gama, entre ellos modelos de las marcas Cartier y Rolex, cuyo valor ha sido estimado en cientos de miles de pesos.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el legislador sostuvo que los artículos forman parte de su patrimonio personal y aseguró que fueron adquiridos con recursos obtenidos a lo largo de su trayectoria empresarial, no con ingresos derivados de su cargo como representante popular.

Zavala señaló que cuenta con más de tres décadas de experiencia en actividades empresariales y afirmó que una de las principales áreas en las que ha desarrollado negocios es el autotransporte de servicio público federal.

Relojes de lujo generan cuestionamientos al legislador

Las preguntas dirigidas al diputado surgieron luego de diversas publicaciones periodísticas que identificaron algunos de los accesorios que ha utilizado en eventos públicos y actividades legislativas.

Entre ellos destaca un reloj Cartier Santos con diamantes, así como un Rolex que el propio legislador reconoció portar durante la entrevista.

De acuerdo con reportes especializados citados por distintos medios, algunas de estas piezas podrían alcanzar valores de entre 280,000 y 435,000 pesos, dependiendo de sus características y condiciones de mercado.

Al respecto, Zavala insistió en que la posesión de estos bienes no representa ninguna irregularidad y reiteró que forman parte de un patrimonio construido antes de su llegada al Congreso local.

Tomás Zavala asegura que su patrimonio tiene origen empresarial

Durante la conversación con reporteros, el diputado explicó que su actividad empresarial antecede a su incursión en la política y afirmó que la ciudadanía conoce su trayectoria.

Además, indicó que la información relacionada con sus actividades económicas y patrimoniales se encuentra registrada en las declaraciones que corresponden a los servidores públicos.

Entre los principales puntos expuestos por el legislador destacan:

• Aseguró que cuenta con más de 30 años de actividad empresarial.
• Señaló que uno de sus negocios está relacionado con el transporte de servicio público federal.
• Sostuvo que los relojes fueron adquiridos con recursos propios.
• Rechazó que exista alguna conducta indebida relacionada con la posesión de dichos artículos.
• Afirmó que llegó al cargo mediante el voto ciudadano y que mantiene su labor legislativa enfocada en la representación de su distrito.

Los cuestionamientos también estuvieron relacionados con la discusión sobre los principios de austeridad promovidos por distintos actores políticos en los últimos años, sostuvo que el patrimonio personal de un funcionario debe diferenciarse de los recursos que administra o ejerce en el desempeño de sus funciones.

El legislador también fue cuestionado sobre el hecho de representar a un distrito integrado por municipios que enfrentan distintos retos económicos y sociales.

En respuesta, afirmó que los bienes que posee fueron obtenidos con su trabajo y reiteró que su responsabilidad es atender las demandas de la población que representa.

Transparencia patrimonial en el centro de la discusión

Más allá del valor de los relojes, el tema ha reabierto el debate sobre la transparencia patrimonial y la rendición de cuentas de los representantes populares.

La discusión también ha puesto atención en la forma en que los funcionarios públicos explican el origen de sus bienes y en los mecanismos institucionales disponibles para verificar la información patrimonial de quienes ocupan cargos de elección popular.

Mientras continúan las reacciones en torno al caso, el diputado Tomás Zavala mantiene que los artículos cuestionados forman parte de su patrimonio personal y que fueron adquiridos con ingresos provenientes de sus actividades empresariales.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que llegó al 100% del conteo de actas contabilizadas para la elección de diputados, en el marco de las Elecciones Generales en el Perú. Con ese avance, quedaron consolidados los resultados por circunscripción y el orden de votación de las fuerzas políticas en plazas decisivas como Lima, Arequipa, Callao y Cusco.

El cierre del cómputo permite precisar qué partidos concentraron el mayor respaldo en cada región y quiénes encabezaron la votación preferencial dentro de sus listas. También reabre el foco sobre el siguiente paso del proceso: cómo operará la valla electoral para determinar qué organizaciones podrán acceder a la distribución de escaños en la Cámara de Diputados del nuevo Congreso bicameral.

En paralelo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya había definido los criterios que regirán el acceso a la representación parlamentaria. Para los partidos, el reto no es solo liderar votaciones regionales, sino cumplir con condiciones nacionales y un umbral mínimo de escaños para ingresar al reparto.

Resultados de diputados en Lima, Callao, Cusco y Arequipa: así quedó el mapa electoral

En Lima Metropolitana, Renovación Popular encabezó la votación con 900.584 votos y 18,424% de votos válidos. Le siguieron Partido del Buen Gobierno con 714.935 (14,626%), Fuerza Popular con 705.962 (14,443%), Ahora Nación – AN con 445.124 (9,106%) y Partido Cívico Obras con 378.366 (7,741%).

En Callao, Fuerza Popular se ubicó primero con 87.806 votos y 18,311%. Luego aparecieron Partido del Buen Gobierno con 73.936 (15,419%), Renovación Popular con 71.854 (14,984%), Partido País para Todos con 44.593 (9,299%) y Partido Cívico Obras con 37.052 (7,727%).

En Cusco, el primer lugar fue para Juntos por el Perú con 135.670 votos y 22,155%. Detrás quedaron Ahora Nación – AN con 95.710 (15,629%), Partido Cívico Obras con 74.989 (12,246%), Partido del Buen Gobierno con 52.674 (8,602%) y Fuerza Popular con 26.653 (4,352%).

En Arequipa, el Partido del Buen Gobierno lideró con 140.608 votos y 17,652%. Completaron el listado Juntos por el Perú con 80.591 (10,118%), Ahora Nación – AN con 76.735 (9,634%), Renovación Popular con 74.658 (9,373%) y Partido Cívico Obras con 74.057 (9,297%).

Los candidatos más votados en Lima, Arequipa, Callao y Cusco

En Lima Metropolitana, el candidato más votado fue Harvey Julio Colchado Huamaní, de Ahora Nación (AN), con 143.238 votos, según el reporte de resultados para diputados.

En Callao, la mayor votación individual correspondió a Carlos Alberto Yalta Sotelo, con 12.607 votos.

En Cusco, el candidato más votado fue César Augusto Holguín Loaiza (Ahora Nación), con 27.527 votos.

En Arequipa, el candidato con más respaldo fue Edgar Dember Gonzales Polar, del Partido del Buen Gobierno, con 19.814 votos.

Cómo se aplicará la valla electoral para acceder a la Cámara de Diputados

El Jurado Nacional de Elecciones precisó que, en las elecciones del 12 de abril de 2026, los partidos deberán superar una valla electoral de 5% de los votos válidos a nivel nacional para acceder al reparto de escaños tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Además del porcentaje, el JNE estableció un segundo requisito obligatorio: contar con un mínimo de miembros electos equivalente al 5% del número legal de integrantes de cada cámara. En el caso de la Cámara de Diputados, el umbral fue fijado en siete diputados. Ambas condiciones se evaluarán de manera conjunta y solo los partidos que cumplan las dos podrán participar en la asignación de escaños.

El acuerdo, difundido por el JNE el 15 de marzo de 2026, también aclaró que los requisitos se revisarán por separado en cada cámara. Eso implica que una organización política podría alcanzar la valla para la Cámara de Diputados, pero no para el Senado, y acceder a la distribución de escaños únicamente en la cámara donde cumpla con ambos criterios.

La delegación estaba integrada por diputados nacionales y legisladores porteños del peronismo y la izquierda, así como por dirigentes sindicales. El grupo había llegado al aeropuerto de La Paz el 15 de junio de 2026 con el propósito declarado de relevar la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas contra el presidente Rodrigo Paz. Las autoridades bolivianas les retuvieron los documentos a su arribo, los redirigieron a Santa Cruz de la Sierra y, desde allí, los enviaron de regreso a la Argentina.

La escena captada en el avión refleja la tensión que se vive en Bolivia: de un lado, los sectores que apoyan los bloqueos de caminos impulsados por campesinos del altiplano, cocaleros afines a Evo Morales y obreros sindicalizados; del otro, quienes ven en esas medidas una parálisis que los priva de alimentos, combustible y medicamentos desde hace más de cinco semanas.

El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, confirmó la situación a través de su cuenta en X: “No nos permitieron ingresar a Bolivia. Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina”, escribió. Marino había sostenido que el grupo viajaba en misión humanitaria, categoría que el canciller argentino Pablo Quirno calificó de “autoproclamada”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina confirmó la expulsión mediante un comunicado oficial. Quirno explicó que las autoridades bolivianas “detectaron inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso y las actividades anunciadas públicamente por la delegación”. “En función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas, decidieron no admitir el ingreso”, precisó el funcionario.

El episodio se produjo mientras Bolivia atraviesa una de sus crisis más agudas en años recientes. Los cortes de carretera, concentrados en el altiplano y el valle central de Cochabamba, han provocado desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, con mayor intensidad en La Paz, cuyas vías de acceso permanecen cortadas. Según medios oficiales del Estado, al menos un conductor de transporte pesado murió tras permanecer más de un mes varado, y los choferes han denunciado dos casos adicionales.

Según El Deber, actualmente hay 52 bloqueos de caminos distribuidos por todo Bolivia. 20 se concentran en La Paz, el departamento más afectado. Luego le siguen Cochabamba (13), Oruro (12), Potosí (6) y Santa Cruz (1). El conflicto se desató hace 47 días. Inicialmente expresaba un reclamo por la derogación de la ley de tierras y mejoras salariales para distintos sectores de la actividad económica boliviana, pero las movilizaciones recrudecieron y derivaron en un pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz. Esa es la consigna principal por estos días.

El lunes, una caravana humanitaria impulsada por la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y Cáritas Bolivia partió desde La Paz hacia la carretera internacional que conecta con Chile para llevar alimentos y medicamentos a unos 600 transportistas varados. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió a los manifestantes que permitieran el paso de la misión: “A los movilizados, ser respetuosos del ingreso y tránsito de esta caravana que solamente está buscando paliar las necesidades más básicas de los transportistas”, afirmó, citado por medios locales.

En la Cámara de Diputados se mantienen expectantes. Este miércoles se definirá en una reunión de Labor Parlamentaria si el Senado sesionará este jueves. El peligro para el oficialismo es que el escándalo de Manuel Adorni se cuele en la agenda, con un final imprevisible.

Los libertarios tenían planeado abrir el recinto para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y siete pliegos judiciales. Pero quedarán expuestos a que el peronismo pida tratar “sobre tablas” un proyecto para interpelar al Jefe de Gabinete, lo cual podría derivar en una moción de censura para removerlo del cargo.

Como el proyecto no tiene dictamen de comisión, necesitaría una mayoría especial de dos tercios para ser aprobado. Pero la oposición dura no está preocupada por eso ya que en caso de salir rechazado, servirá para hacerle pagar a los aliados del oficialismo el costo de defender a Adorni. Principio de revelación, a la inversa.

“En el Senado tiene una dinámica muy distinta a Diputados y de golpe puede pasar algo como lo de Kueider y lo terminan echando”, reflexionaba un diputado opositor en referencia a la expulsión del senador acusado de contrabando por ingresar con miles de dólares no declarados en Paraguay.

Sin embargo, en Diputados “las conversaciones siguen”. Uno integrante de un bloque “del medio” se mostraba confiado porque desde el PRO les habían dejado saber informalmente que si para el 23 de junio el Gobierno no toma la determinación de echar a Adorni, bajarán al recinto para dar quórum a la sesión prevista para tratar los proyectos de interpelación.

En esa línea, consideraban que lo más importante es mantener el tema en agenda para que la presión pública siga haciendo efecto. “Van a pagar un costo político muy alto los que no se sienten”, sentenció.

Por su parte, desde el PRO aseguran que están esperando a ver qué ocurre en el Senado y adelantan que después definirán en conjunto con la UCR. Será una “decisión conjunta del interbloque”, explicaron. No obstante, los comunicados que difundieron ambos partidos tras la presentación de la declaración jurada de Adorni dejan poco margen de acción. En realidad, ambos partidos aliados esperan que el Gobierno corra al funcionario o que éste dé un paso al costado para no exponerlos.

Este martes por la mañana, otro aliado del oficialismo dejó en claro que no está dispuesto a inmolarse por Adorni y sostuvo que el Gobierno debería resolver el conflicto sin trasladar esa responsabilidad al Parlamento. “Ellos lo tienen que echar. No le vamos a dar la oportunidad para que nos acusen de querer un golpe”, dijo Oscar Zago, del MID.

Además desestimó las críticas oficialistas contra quienes impulsan una interpelación. “No queremos la caída de Javier Milei. Queremos ir por los que nos mienten, queremos ir por la transparencia y queremos ir por el cambio verdaderamente”, aseguró.

De todas formas, la sesión convocada por la oposición para el 23 de junio no representa un peligro inmediato para el jefe de Gabinete ya que los proyectos para avanzar con la moción de censura no tienen dictamen de comisión. En Diputados el oficialismo tiene más de un tercio por lo que no corre riesgos de una moción “sobre tablas”.

Por eso la oposición deberá aprobar primero con mayoría simple un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para que dictaminen los proyectos. Ambas comisiones están controladas por La Libertad Avanza y sin el emplazamiento la oposición no puede obligarlas a tratar los pedidos de interpelación y moción de censura.

En paralelo a la evasión del debate de la reforma política para, de esa manera, no hablar de Ficha Limpia, el oficialismo senatorial, que lidera Patricia Bullrich, intentará desde mañana que las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General debatan la ley “Hojarasca” que ya aprobó Diputados y que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Otro articulado de este funcionario podría incluso ir al recinto el jueves, si es que la Casa Rosada logra coincidir con la oposición dialoguista para más cambios en propiedad privada. En las últimas semanas, los aliados le despedazaron el proyecto a la porteña, que cedió bastante para un dictamen y, ahora, deberá soltar aún más en algo importante para Balcarce 50. Siempre y cuando no estalle la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En mayo pasado, la iniciativa que elimina 58 normas, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos considerados “inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales” obtuvo 139 votos a favor, 96 en contra y nueve abstenciones en Diputados. Se discutirá ahora en un plenario de dos comisiones comandadas por oficialistas: Agustín Coto (Asuntos Constitucionales) y Nadia Márquez (Legislación General).

"Hojarasca" agrupa las eliminaciones en seis categorías: leyes superadas por normativas posteriores; obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo; que afectan libertades individuales; que generan burocracia innecesaria; que refieren a organismos ya disueltos; y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.

Entre las normas a derogar figuran las de azotes -del siglo XIX-, de microfilmación, de mochileros, y de regulaciones sobre laboratorios públicos que, según la administración central, nunca crearon nuevos establecimientos ni asignaron fondos. El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, explicó durante el debate en comisiones de la Cámara baja que el proyecto apunta a “reducir conflictos y confusión normativa” mediante la sustitución de marcos jurídicos antiguos por articulados más modernos.

Por otra parte, el texto que llegó al recinto de Diputados incorporó modificaciones en comparación con el primer documento que desde Balcarce 50 se mandó al Congreso. Por solicitud de distintos sectores, el oficialismo excluyó la Ley 11.380, vinculada a préstamos del Banco de la Nación Argentina para cooperativas. También preservó la 20.959, que otorga la credencial de libre circulación a parlamentarios, y se mantuvo el financiamiento público del Círculo de Legisladores de la Nación.

La iniciativa tiene un historial accidentado. Presentada por primera vez en 2024, perdió estado sin ser tratada en el recinto. El Ejecutivo la reenvió en marzo pasado. Obtuvo dictamen en abril y, en medio de la controversia por el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, consiguió aprobarse en mayo.

El desinterés de Bullrich y la Casa Rosada para abrir el juego de la reforma política y así evitar que aliados intenten separar Ficha Limpia -y firmar un dictamen- queda ratificado no sólo por el temario del plenario para las 15: Asuntos Constitucionales -es decir, Coto- convocó una hora más tarde para tratar un proyecto de -la casi nada dialoguista- Natalia Gadano para avalar el convenio de creación del parque interjurisdiccional marino “Monte León” entre el Estado nacional y Santa Cruz. Es el nivel de prioridades que manejan la porteña y el Gobierno.

Más allá de todo esto, lo trascendental de mañana ocurrirá a las 18, en la reunión de Labor Parlamentaria que convocó la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. Allí, los líderes de las bancadas definirán la eventual sesión del jueves. El kirchnerismo presiona para dinamitar la suerte de Adorni esa jornada, mientras radicales y macristas avisaron que prefieren no poner las manos en el fuego por un mimado de los hermanos Milei.

El panorama es delicado y muchos se preguntan, a esta altura, por qué se insiste con ir al recinto en una semana “corta”, lo que eleva los dobles pensamientos y las desconfianzas en el corazón del mileísmo. De hecho, el escenario actual fue aprovechado a la perfección por Bullrich, que se le adelantó hasta la oposición más férrea. El inconveniente de la ex ministra de Seguridad es que lo hace como jefa libertaria y, días atrás, su propio espacio se partió en tres por un simple pliego judicial, lo que reventó la visión de control sobre la Cámara alta. Sí ganó un puñado de primeras planas, una de sus obsesiones desde ingresó al mundo “casta”, hace ya varias décadas.

La delegación llegó al aeropuerto de La Paz, donde agentes de la Dirección de Migraciones les retuvieron los documentos y les impidieron el ingreso al territorio boliviano. Según relataron los propios integrantes en un video grabado en el aeropuerto, las autoridades no ofrecieron explicación alguna y pretendieron trasladarlos a una sala de inadmitidos, lo que los delegados rechazaron. Posteriormente fueron llevados a Santa Cruz de la Sierra, desde donde fueron deportados de regreso a la Argentina.

El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, fue uno de los afectados. Su par del mismo bloque, el diputado Germán Martínez, precisó a través de su cuenta en la red social X que Marino había viajado con una invitación formal de la Asamblea Plurinacional y que ya había completado los trámites migratorios en Santa Cruz antes de ser retenido en La Paz. “Exigimos a las autoridades bolivianas que nuestro compañero pueda realizar las tareas para las que fue invitado”, escribió Martínez, quien además exhortó a las autoridades consulares argentinas a garantizar “su libertad e integridad física”.

El diputado nacional Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, también denunció la situación en sus redes. Señaló que la misión había viajado para constatar denuncias presentadas por organizaciones que participan de las protestas. Del Caño exigió que la delegación pudiera ingresar “de manera inmediata”.

Entre las integrantes retenidas se encontraba Alejandra Barry, legisladora porteña del Frente de Izquierda e hija de desaparecidos durante la última dictadura militar argentina. Barry habló en el video grabado en el aeropuerto paceño: “Nos retuvieron los documentos y por ahora no nos dejan ingresar sin ningún tipo de explicación”, afirmó. La legisladora subrayó que el propósito de la misión era “relevar, poder hacer un informe, poder acercarnos a todas las víctimas y a todos los que están siendo vulnerados sus derechos por ejercer su legítimo derecho de protesta”.

También formaba parte de la delegación Ailen Beraldo, integrante de la comisión directiva del sindicato docente Ademys. En el mismo registro, Beraldo detalló que la misión se enmarcaba en denuncias de torturas a detenidos, persecución de manifestantes y situaciones irregulares en centros de reclusión.

Desde el lado boliviano, legisladores del oficialismo salieron a respaldar la decisión migratoria. La senadora Tomasa Yarhui pidió la expulsión de los activistas argentinos que, a su juicio, no respetan la soberanía del país. Sostuvo que la Cancillería boliviana debe asumir cualquier caso de injerencia extranjera en asuntos internos y que Bolivia debe mantener vínculos con otras naciones “sin permitir intromisiones políticas en los conflictos nacionales”.

El diputado boliviano Alejandro Reyes, del bloque Unidad, fue más lejos en sus declaraciones. Afirmó que la llegada de los delegados argentinos “evidencia una coordinación internacional” para desestabilizar a un gobierno democrático y favorecer el retorno de lo que calificó como regímenes autoritarios. Reyes reclamó la expulsión de quienes, según sostuvo, respaldan al expresidente Evo Morales, y pidió además una investigación sobre el financiamiento de los pasajes, la estadía y otros gastos de la delegación.

Marino confirmó el regreso mediante un tuit publicado desde el vuelo: “Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina”, escribió, y anticipó una conferencia de prensa para las 16:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La agencia EFE informó que los agentes policiales trasladaron por la fuerza al grupo de argentinos hasta un avión que los llevó a la región oriental de Santa Cruz.

De acuerdo a la información proporcionada por EFE, la crisis en Bolivia dejó al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a atención médica debido a bloqueos de carreteras, además de pérdidas económicas estimadas en USD 2.500 millones.

Hace menos de un mes la oposición impulsó dos convocatorias fallidas para interpelar al jefe de Gabinete Manuel Adorni para que dé explicaciones en el Congreso sobre su patrimonio. Ambos intentos fracasaron por falta de consenso, pero tras la reciente presentación de la declaración jurada del funcionario, muchos se entusiasman con que “cambiaron las condiciones” y algunos aliados del Gobierno podrían tomar distancia.

La oposición convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el martes 23 de junio que incluirá en su temario seis pedidos de interpelación que pueden derivar en un voto de censura. Este mecanismo le otorga al Congreso la capacidad de remover al funcionario con la mayoría absoluta de ambas Cámaras. Este procedimiento puede iniciarse tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y se activa si se considera que el jefe de Gabinete ha incurrido en actos, omisiones o conductas que comprometan su responsabilidad política ante el Congreso.

El último pedido de moción de censura fue presentado este mismo jueves por el radical disidente Pablo Juliano (Provincias Unidas) horas después de conocerse la declaración jurada que presentó Adorni.

“El Jefe de Gabinete tiene la obligación legal de declarar su patrimonio con exactitud. Esa obligación no admite relativizaciones. Y la relativización pública de esa obligación, proferida precisamente por quien más deber tiene de cumplirla, socava los fundamentos sobre los cuales descansa la confianza ciudadana en las instituciones”, planteó Juliano en referencia a las inconsistencias en los datos que brindó Adorni a ARCA.

“Acá el problema es que Adorni nos mintió en la cara”, reconoció un diputado aliado del oficialismo y advirtió que su espacio estaría considerando tomar distancia del oficialismo. En su último informe de gestión, el jefe de Gabinete dedicó una parte de su exposición a contestar los cuestionamientos sobre su patrimonio.

“Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa. Las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”, había dicho Adorni en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, ayer el jefe de Gabinete incorporó en su declaración jurada activos que previamente no había declarado, entre ellos USD 300.000 originados en inversiones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018. Estas ganancias habrían sido obtenidas con una inversión inicial de USD 200 mil.

Al igual que ocurrió con las dos convocatorias fallidas, la balanza la terminarán de inclinar los gobernadores aliados. “El gobierno tiene una mayoría muy firme”, reconocían en las filas de la oposición.

Sin embargo, otros consideraban que las irregularidades en el patrimonio de Adorni fueron lo suficientemente graves como para hacer dudar a los habituales aliados, por ejemplo, los diputados de Córdoba que responden al gobernador Martín Llaryora, que no atraviesa el mejor momento con la Casa Rosada tras la media sanción para derogar Zonas Frías. De hecho, el cordobés Carlos Gutiérrez fue uno de los que firmó el pedido de sesión. “Lo de Patricia Bullrich fue muy fuerte, ya es una señal”, destacaron en referencia a las duras críticas de la senadora oficialista, la primera en tomar distancia del funcionario.

Luego el PRO publicó un comunicado oficial donde calificaron las omisiones de Adorni como “una falta grave”. Y agregaron: “Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”.

“No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”, concluyeron.

A pesar de todo, la convocatoria no representa un peligro inmediato para el jefe de Gabinete ya que los proyectos para avanzar con la moción de censura no tienen dictamen de comisión. Por eso la oposición deberá aprobar primero con mayoría simple un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para que dictaminen los proyectos. Ambas comisiones están controladas por La Libertad Avanza y sin el emplazamiento la oposición no puede obligarlas a tratar los pedidos de interpelación y moción de censura.

En un intento de descomprimir la situación y quitarle responsabilidad a los aliados, el propio Adorni adelantó que en julio se presentará en el Senado para brindar su informe de gestión, tal como establece la Constitución.

La tercera Ley de Newton en física es conocida popularmente como el principio de acción y reacción. Esto es lo que parece aplicarse cada vez que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intenta explicar su patrimonio.

Hasta ahora la acción —Adorni— era la promesa de presentar todos los papeles y la reacción —en este caso la oposición dialoguista— el acompañamiento al oficialismo, pero en silencio sobre el tema.

Esto cambió desde anoche, cuando el Jefe de Gabinete intentó dar una explicación sobre su incremento patrimonial y, además, se conoció que él y su esposa se habían anotado en el Régimen Simplificado de Ganancias. Esa fue la acción; la reacción ya está llegando a los despachos oficiales.

“Es un boludo peligro”, lo calificó una alta fuente parlamentaria. “Logró lo que hasta ahora no había logrado la oposición: que los socios avisaran que este es el límite y ya nos bajaron un proyecto que es importante”, agregó.

El Ministerio de Economía tenía el borrador listo para enviar al Congreso con las modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal, con la finalidad de atraer una buena porción de los dólares que los argentinos tienen sin declarar. Sin embargo, estas modificaciones perdieron el apoyo necesario para poder avanzar.

“Es imposible que salga algún voto de nuestro bloque para esto. Ya está, el acompañamiento estaba siendo complicado y esto lo detonó”, explicó una alta fuente del PRO en el Parlamento. “Ahora es imposible levantar la mano y mucho menos para esto”, dijo un diputado del bloque de la UCR.

Por primera vez, los dos aliados más importantes que tiene LLA en el Parlamento les hicieron saber que no hay forma de que presten sus votos. Y explicaron, frente al silencio de los libertarios que observan perplejos el accionar de Adorni, que la quita de apoyo no necesariamente es porque están votando “tapándose” la nariz sino porque entienden que es imposible acompañar una ley de este tipo que naturalmente apoyaban, luego de los dichos del Jefe de Gabinete. La reacción.

En los bloques de la oposición dialoguista estaban esperando el momento adecuado para marcar una diferencia. Tanto el PRO como la UCR observaban cómo Patricia Bullrich comenzaba ese proceso y no querían quedarse muy atrás. Y anoche Adorni se los dio.

“Los dos primeros años sobrevivieron en la Cámara y las comisiones gracias a nosotros, que fuimos los que pusimos la cara. Ahora que jueguen ellos y nosotros observamos y nos subiremos en las que nos convengan y en las que no, los dejaremos”, explicaron tanto desde el radicalismo como desde los amarillos.

Mientras se extiende el cambio de sobrenombre en los pasillos legislativos, y hasta hacen chistes sobre el momento en el que vaya a dar un nuevo informe de gestión, la preocupación llegó al quinto piso del Ministerio de Economía.

Luis Caputo había logrado acordar con propios y ajenos las modificaciones para Inocencia Fiscal en busca de incorporar los dólares del colchón al sistema financiero. Luego de reuniones con profesionales en ciencias económicas para escuchar sus reparos técnicos y jurídicos sobre el régimen de Inocencia Fiscal, armaron un proyecto para introducir modificaciones en la ley.

Días atrás, Infobae publicó los detalles del nuevo proyecto y señaló que para los especialistas los cambios que propone el Gobierno “van en la dirección correcta”, aunque advertían que la efectividad del régimen dependería, en última instancia, de la “confianza que logre generar el marco institucional”.

Esa confianza parece haber desaparecido, por lo menos por ahora, con los socios parlamentarios. “Es increíble, nadie entiende por qué Javier Milei está dilapidando capital político con Adorni. Vos podés tener una parte sin declarar, pero nadie tiene tres veces el blanco, es imposible”, explicaron.

“Ahora es imposible corregir lo que hizo. Quieren poner en las modificaciones lo de excluir a las personas políticamente expuestas. Si vos metés ahora a los PEP, le generás un problema a buena parte, que sus familiares entraron en el régimen. Ya está, él es un boludo —por Adorni—, hay que echarlo por boludo”, sentenció.

La inauguración de la Copa del Mundo 2026 no solo trajo júbilo futbolero al Centro Histórico de la Ciudad de México. En el Fan Fest del Zócalo, donde miles de aficionados se congregaron para ver el partido inaugural de México, circularon pañuelos blancos con una consigna política: “Saca el pañuelo, saca a Morena”.

De acuerdo con reportes en redes sociales, grupos opositores al gobierno federal distribuyeron los pañuelos entre quienes acudieron al recinto oficial de la FIFA para que los mostraran en momentos clave del partido: durante el himno nacional, en cada entonación de “Cielito Lindo” y en cada ola de estadio.

La consigna que se viralizó antes del silbatazo

La frase no surgió el día de hoy. Desde días antes, en redes sociales se hizo viral un video con dos conceptos: “saca el pañuelo” y, a continuación, el mensaje “saca a Morena”, acompañado de imágenes —algunas generadas con inteligencia artificial— de estadios repletos con pañuelos blancos en el aire.

El texto impreso en los pañuelos distribuidos este jueves indica:

• Saca el pañuelo
• Saca a Morena
• En el himno nacional (con respeto al himno)
• En cada Cielito Lindo
• En cada Ola

La iniciativa apela a momentos de alta audiencia televisiva internacional para visibilizar el rechazo al partido gobernante, en un contexto en que México es sede de uno de los eventos deportivos más seguidos del planeta.

El Fan Fest, escenario político además de futbolero

El Fan Fest del Zócalo, uno de los espacios oficiales habilitados por la FIFA durante el torneo, abrió con acceso gratuito para el público en medio de un escenario particular: integrantes de la CNTE confirmaron que continuarían con el plantón en la Plaza de la Constitución y llevarían a cabo acciones de protesta durante la jornada inaugural.

Aunque la pasión por el futbol predominó en el ambiente, la jornada inaugural también estuvo marcada por diversas movilizaciones. Colectivos y sectores sociales convocaron a protestas para aprovechar la cobertura mediática internacional, entre ellos madres buscadoras, sindicatos de maestros, grupos estudiantiles y trabajadores del sector salud.

La acción del pañuelo blanco se suma a ese mosaico de inconformidades, aunque con una diferencia: en lugar de marchar, busca infiltrarse en la celebración misma y usar el fútbol como altavoz político ante audiencias nacionales e internacionales.

Morena bajo la lupa en pleno Mundial

La convocatoria del pañuelo llega en un momento de alta tensión política. Diputados de Morena han defendido la inversión de más de mil millones de dólares en obras de infraestructura para la capital vinculadas al Mundial, una cifra que sectores opositores han cuestionado públicamente.

La estrategia de los pañuelos blancos retoma un simbolismo conocido en México: el pañuelo agitado en estadios o plazas públicas como gesto de reprobación o exigencia, resignificado aquí como herramienta de protesta electoral anticipada en un año en que el país se prepara para las elecciones intermedias de 2027.

Diferentes organizaciones de la sociedad civil participaron este miércoles de un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados para proponer cambios al proyecto de ley de Lobby que impulsa el Gobierno. Si bien todos reconocieron la importancia de regular la gestión de intereses, a lo largo de la jornada se repitieron las críticas a la redacción del texto.

“Un régimen excesivamente punitivo podría generar efectos no deseados desalentando la participación legítima de las empresas, organizaciones de la sociedad civil u otros actores en los procesos de elaboración de políticas públicas”, resumió Alejandro Díaz, CEO de AmCham.

La iniciativa, denominada Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, crea un Registro Público de Gestores de Intereses de acceso gratuito y digital, en el que deberán inscribirse de forma previa todas las personas —humanas o jurídicas— que pretendan influir en la elaboración de leyes, actos administrativos, contrataciones públicas, subsidios, habilitaciones o designaciones. Ningún funcionario podrá reunirse con un gestor que no acredite inscripción vigente, y cada contacto deberá quedar registrado dentro de los cinco días hábiles de producido.

Además, el proyecto incorpora un capítulo específico para la gestión de intereses extranjeros, con obligaciones reforzadas para quienes representen a Estados, gobiernos, partidos políticos, empresas estatales o personas jurídicas constituidas en el exterior. Ocultar ese carácter es considerado infracción grave, y actuar clandestinamente en nombre de un principal extranjero en asuntos de defensa nacional, seguridad interior, inteligencia, relaciones exteriores, infraestructuras críticas o recursos naturales puede derivar en prisión de hasta tres años.

El régimen sancionatorio combina las vías administrativa y penal. En el plano administrativo, las multas van de 5 a 500 salarios mínimos vitales y móviles, con un agravante de hasta 2.000 salarios en casos de falsedad o reincidencia, más la posibilidad de suspensión en el registro por hasta 12 meses o inhabilitación definitiva. En el plano penal, gestionar sin inscripción o falsear información con aptitud para afectar un proceso decisorio público conlleva prisión de seis meses a dos años, mientras que la obstrucción dolosa de la fiscalización se sanciona con multa e inhabilitación especial de uno a cuatro años.

Ante la consulta de Infobae, desde el oficialismo reconocieron que seguramente acepten modificaciones, principalmente en la parte de las sanciones penales. “Vamos a hacer todo para poder dictaminar la semana que viene”, aseguraron. Por su lado, algunos espacios de la oposición, como Unión por la Patria o la Coalición Cívica, presentarán sus propios dictámenes.

En la previa del plenario de comisiones, organizaciones Amnistía Internacional, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Democracia en Red Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación Protestante Hora de Obrar, Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Fundar, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Huésped, Poder Ciudadano y Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) difundieron un documento conjunto con sus cuestionamientos al proyecto.

“El proyecto de ley impacta de forma directa sobre el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades”, plantearon en el documento titulado “Participación vigilada”.

En términos concretos, señalaron que la definición de “gestión de intereses” es extraordinariamente amplia. Por lo que actividades normales en una democracia (como reunirse con legisladores, impulsar reformas o participar del debate público) quedan sujetas a “supervisión estatal permanente sin importar el sujeto que las impulse”.

En ese sentido, explicaron que la participación social en la construcción de políticas públicas es una forma muy valiosa de democratización del Estado. “Los procesos de toma de decisión incorporan perspectivas, saberes y demandas que de otro modo quedarían ausentes. Al equiparar esa participación con el lobby comercial y someterla a idénticos mecanismos de registro, control y sanción, el proyecto convierte en sospechosa una práctica que es, en sí misma, parte de la vida democrática”, advirtieron.

Pablo Secchi, Director de Poder Ciudadano, cuestionó que el proyecto meta “en la misma bolsa” al que se reúne con un funcionario para que una ley lo beneficie y al que pide una audiencia pública para mejorar una ley de acceso a la información pública.

“A nadie hay que pedirle permiso para ejercer la participación ciudadana. Susana Trimarco, que perdió a su hija Marita Verón; Juan Carlos Blumberg, cuyo hijo murió tras un secuestro; o María Luján Rey, que buscó a su hijo entre los escombros de la tragedia de Once, según este proyecto son gestores de intereses, deberían pedir permiso para intentar influir en políticas públicas, deberían registrarse como una tabacalera”, detalló.

Y agregó: “Una ley que equipara a Susana Trimarco con un lobbista corporativo, no es una ley de transparencia, porque si todos somos lobbistas, nadie lo es”.

En la misma línea, Alejandra García, presidenta del Colegio Público de Abogados de la Capital, destacó que Argentina necesita una ley de lobby desde hace tiempo, pero aclaró que la ley “tiene que servir para transparentar el ejercicio del poder, no para intimidar a quienes lo cuestionan; para desalentar la corrupción, no para criminalizar la participación democrática; para regular la actividad del lobbista profesional, no para colocar bajo riesgo de sanciones penales a los abogados que defienden a sus clientes, al académico que opina sobre una norma o al colegio que defiende a sus representados” y llamó no aprobar el proyecto si mantiene su redacción actual.

“Desde ACIJ, creemos que debe mirarse con fuerte sospecha y debe rechazarse toda iniciativa, que, aún cuando se trata de temas como el lobby, cuya regulación es legítima, debido a su redacción es posible de ser utilizada de manera parcial y arbitraria por cualquier autoridad de turno, ahora o en el futuro”, dijo Eduardo Ferreyra, Codirector Ejecutivo de ACIJ.

Otros puntos cuestionados por las asociaciones civiles

• Se exige la inscripción previa en un registro público para cualquier gestión de intereses, especialmente si hay financiamiento o representación de “intereses extranjeros”. Esto puede resultar en barreras burocráticas significativas para organizaciones pequeñas y limita la libertad de asociación y la participación política.
• El proyecto asocia a organizaciones que reciben fondos internacionales con la representación de intereses extranjeros, permitiendo al Estado calificarlas como “gestoras de interés extranjero” incluso sin vínculo directo. Esto facilita procesos de estigmatización y presión política sobre actores críticos del gobierno.
• La autoridad de aplicación designada carece de independencia y dispone de amplias facultades discrecionales para reglamentar, fiscalizar y sancionar, lo que habilita riesgos de aplicación selectiva y arbitraria de la ley contra voces disidentes.
• Se establecen sanciones administrativas y penales severas, incluyendo multas de hasta 2.000 salarios mínimos, suspensión e inhabilitación definitiva. Estas sanciones pueden ser insignificantes para grandes empresas pero impagables para organizaciones sin fines de lucro.
• La redacción ambigua de las excepciones (como para actividades periodísticas) y la falta de diferenciación entre tipos de gestión de intereses pueden afectar la labor periodística, el acceso a la información y el periodismo de investigación.

Representantes de la Unión Industrial Argentina y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa expusieron este martes en la comisión de Industria de la Cámara de Diputados y alertaron sobre la situación crítica que atraviesa el sector.

La directora ejecutiva de la UIA, María Laura Bermúdez, destacó que si bien la actividad económica registró una leve recuperación en el último mes, la industria quedó rezagada. “Hoy estamos un 10% abajo del año 2022 o 2023”, explicó. Y agregó: “La caída de la actividad tiene correlato en la caída del empleo formal. Desde agosto de 2023 hemos perdido 75 mil puestos de trabajo directos”.

En esa línea, explicó que la industria es un sector transable que por su naturaleza enfrenta competencia directa del resto del mundo. “La UIA hizo un informe que muestra que la presión tributaria sobre el sector formal es del 56% del PBI. Tenemos una mochila de piedra en la espalda. Además, nosotros arrastramos una cadena de impuestos, por tasas municipales, impuestos provinciales (como Ingresos Brutos) y nacionales. Por ser productos transables competimos con productos de Brasil o China, que no tienen la carga tributaria que tenemos nosotros”, detalló.

En ese contexto, desde la UIA reclamaron una profunda reforma tributaria, un aumento del crédito y, en relación a los proyectos que actualmente se están tratando en el Congreso, pidieron una articulación más profunda con el Super RIGI.

“Desde la UIA estamos a favor y acompañamos estos regímenes que promuevan las inversiones. Pero al otorgar estos beneficios se reconoce que las condiciones en las que nosotros competimos son desfavorables. Es importante que sirvan para traccionar al entramado productivo local”, dijo la directora ejecutiva de la central industrial.

En concreto, desde la UIA propusieron replicar el porcentaje mínimo de inversión obligatorio del 20% del RIGI con aplicación obligatoria para bienes con valor agregado local; que el cupo tenga ampliación gradual a lo largo de la inversión y operación, en vistas que son actividades nuevas y se espera que se desarrollen localmente; y que la Autoridad de Aplicación establezca reglas claras con sector privado para controlar que la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad y se otorguen medidas a las empresas locales para poder competir.

“No existe ningún país en el mundo que teniendo el entramado industrial que tiene Argentina no lo defienda”, concluyó María Laura Bermúdez.

Luego fue el turno de los representantes de CAME. La secretaria genera de la entidad, Beatriz Tourn, destacó como coincidencia con el Gobierno nacional la idea de romper el aislamiento respecto al mundo, pero le reclamó medidas compensatorias para las pequeñas industrias cada vez que se tomen medidas que beneficien el ingreso de productos importados.

“Que tengamos el tiempo necesario para reconvertirnos y no quedarnos afuera del sistema”, apuntó.

En tanto, Juan Carlos Uboldi, director de Industria de CAME, comenzó su presentación anunciando que recientemente se vio obligado a cerrar su fábrica de ladrillos.

“Hoy la situación es gravísima. Muchas empresas están cerrando y se están perdiendo puestos de trabajo. Por eso, entre las medidas urgentes pedimos la declaración de emergencia productiva, fiscal, tarifaria y financiera”, sintetizó.

Estas medidas incluyen “pausar” los aumentos de las tarifas energéticas, abrir líneas de crédito con tasas blandas para el sector Pyme, una moratoria “para toda la cadena que está en un proceso de cesación de pagos”, y que el Estado fomente los proveedores locales para que ganen protagonismo en el RIGI y el Super RIGI.

“Sin industria no hay posibilidades de desarrollo para la Argentina”, concluyó.

El Super RIGI tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las denominadas “industrias del futuro”. La categoría es bastante amplia e incluye desde la fabricación de baterías de litio o autos eléctricos, a desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y hasta proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.

Entre otros puntos, el RIGI incorpora incentivos tributarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

Este miércoles se llevará adelante el segundo plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. El oficialismo se muestra confiado de que podrá dictaminar la semana que viene para llevar el proyecto al recinto el 24 de junio, en pleno Mundial, junto con el pago a los holdouts y otros proyectos.

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Alejandro Moreno afirmó que en Coahuila “Morena se topó con pared” y destacó que el PRI ganó los 16 distritos electorales.

Señaló que, a su juicio, Morena no pudo superar la fuerza de la militancia priista y calificó al PRI como la verdadera opción de la oposición.

Además, sostuvo que el “milagro mexicano” se construye con trabajo diario y resultados concretos, y llamó a continuar la movilización rumbo a las elecciones de 2027.

INE reporta saldo blanco en la jornada electoral de Coahuila, el 100% de las casillas fueron colocadas.

/mexico/2026/06/08/elecciones-de-coahuila-ine-confirma-saldo-blanco-durante-la-jornada-electoral/

El PRI, en coalición con Unidad Democrática de Coahuila, se perfila para obtener la mayoría en el Congreso local al encabezar la votación en 15 de los 16 distritos electorales del estado.

El PAN enfrenta la posibilidad de perder su registro debido a su bajo desempeño en la elección.

Morena interpone a denuncia contra el PRI

Ariadna Montiel informó que Morena interpuso una denuncia contra el PRI por la supuesta compra de votos en Coahuila.

Montiel señaló que, durante la jornada electoral, se habría llevado a cabo un operativo orientado a pagar por sufragios.

/mexico/2026/06/08/morena-acusa-al-pri-de-comprar-de-votos-en-elecciones-de-coahuila/

Comienza el conteo de votos en Coahuila

El PRI anticipa un triunfo total en los 16 distritos locales, mientras Morena denuncia presunta compra de votos y exige respeto a la voluntad ciudadana.

PREP: Avance de captura de actas y participación ciudadana

Hasta el corte del 7 de junio de 2026 a las 19:10 horas, se han capturado 443 actas de un total de 4,319 en Coahuila, lo que representa un avance del 10.26%.

La participación ciudadana registrada hasta el momento es de 47.69%.

Distribución de distritos electorales

El PRI encabeza la votación en los 16 distritos electorales de la entidad, según los datos asentados en las actas PREP.

Resultados preliminares por partido

El PRI suma 63,135 votos, equivalentes al 56.96% de los sufragios contabilizados.

Otros partidos y coaliciones registran los siguientes porcentajes: 24.31%, 6.57%, 2.70%, 1.55%, 1.27%, 0.69%, 0.46%, 0.36% y 0.03%.

Las candidaturas no registradas acumulan 508 votos (0.46%) y los votos nulos alcanzan 5,645 (5.09%), sobre un total de 110,841 votos emitidos.

Ubicación y distribución de actas contabilizadas

Las actas contabilizadas corresponden a 326 casillas urbanas y 117 no urbanas.

La lista nominal de las casillas con actas contabilizadas es de 230,785 personas. La lista nominal total de casillas aprobadas en la entidad asciende a 2,499,372.

Cálculo de la participación ciudadana

La participación ciudadana se calcula considerando los votos de las actas contabilizadas, sin incluir la votación en casillas especiales, lo que arroja un 47.69%.

Los votos en casillas especiales se sumarán al cálculo total de participación una vez que cierre el PREP.

Alito Moreno asegura que el PRI ganó las 16 diputaciones locales

Alejandro Moreno afirmó que el PRI ganó las 16 diputaciones locales en Coahuila, atribuyendo la victoria al respaldo ciudadano y al trabajo de militantes y candidatos.

Reconoció al gobernador Manolo Jiménez por su gestión en economía y seguridad. Sostuvo que las familias coahuilenses rechazaron a los “narcopolíticos de Moorena” y aseguró que el PRI es la verdadera opción de oposición, convocando a continuar la lucha rumbo a las elecciones de 2027.

Ricardo Monreal alerta por hechos violentos durante proceso

Ricardo Monreal A., presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, expresó su preocupación ante los hechos registrados durante el proceso electoral en Coahuila.

Informó que, entre ayer y hoy, diputados federales de Morena y simpatizantes del movimiento fueron privados de su libertad de manera ilegal.

Monreal señaló que estos actos afectan gravemente el desarrollo democrático y podrían ser un intento de alterar el proceso electoral para la renovación del Congreso local.

Exigió respeto irrestricto a la ley, a los derechos de las personas involucradas y a la voluntad ciudadana.

/mexico/2026/06/07/gobernador-de-coahuila-reporta-saldo-blanco-tras-emitir-su-voto/

Las urnas en la elección de Coahuila este 7 de junio cerraron a las 6 de la tarde, no se reportaron incidentes.

/mexico/2026/06/07/elecciones-coahuila-2026-mas-de-4-mil-casillas-recibiran-votos-para-renovar-el-congreso-local/

Este domingo 7 de junio, los ciudadanos de Coahuila acudirán a las urnas para participar en la elección que definirá la integración del Congreso local, en una jornada considerada relevante para el futuro político de la entidad y que representa el único proceso electoral programado en el país durante 2026.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que se instalarán 4 mil 256 casillas en todo el estado, incluidas 15 casillas especiales que operarán con urnas electrónicas como parte de una prueba piloto destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos de votación.

Durante esta jornada electoral, la ciudadanía coahuilense elegirá a 25 integrantes del Congreso local. De ellos, 16 serán electos por el principio de mayoría relativa y nueve por representación proporcional.

Aunque la organización directa de la elección corresponde al organismo electoral local, el INE participa en tareas de coordinación y supervisión para garantizar que el proceso se desarrolle bajo condiciones de legalidad, transparencia y certeza.

La elección es observada con especial atención debido a que definirá la composición política de la próxima legislatura en una entidad gobernada actualmente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que podría influir en el equilibrio de fuerzas políticas dentro del estado.

Urnas electrónicas serán utilizadas en varios municipios

Como parte de los esfuerzos para modernizar los procesos electorales, el INE implementará una prueba piloto con 60 urnas electrónicas distribuidas en 15 casillas especiales.

Estos equipos estarán ubicados en ocho distritos electorales que abarcan municipios como Acuña, Piedras Negras, Cuatro Ciénegas, San Pedro, Monclova, Sabinas, Saltillo, Torreón, Parras y Ramos Arizpe.

La autoridad electoral señaló que esta tecnología permitirá evaluar la viabilidad de ampliar el uso de herramientas digitales en futuras elecciones, manteniendo la seguridad y confiabilidad del voto ciudadano.

Observación electoral alcanza cifras récord

La consejera del INE, Carla Humphrey, destacó la importancia de la observación electoral como un mecanismo que fortalece la confianza ciudadana en los procesos democráticos.

Para esta elección fueron acreditadas 5 mil 946 personas observadoras electorales, derivadas de más de 7 mil 100 solicitudes recibidas por las autoridades.

De acuerdo con el organismo, una característica destacada es la amplia participación de jóvenes de entre 21 y 25 años de edad, lo que refleja un creciente interés de las nuevas generaciones en la vigilancia y fortalecimiento de la democracia.

Las cifras colocan a Coahuila como uno de los estados con mayor participación ciudadana en materia de observación electoral, convirtiéndose en un referente a nivel nacional.

Cómo ubicar la casilla para votar en Coahuila

El INE recordó que los ciudadanos pueden consultar la ubicación exacta de su casilla mediante la plataforma digital habilitada para este fin.

Para realizar la búsqueda es necesario ingresar el número de sección electoral que aparece en la credencial para votar vigente, documento indispensable para ejercer el sufragio.

Las autoridades hicieron un llamado a verificar previamente la ubicación de la casilla correspondiente para agilizar el proceso y evitar contratiempos durante la jornada.

Las casillas abrirán sus puertas a las 8:00 de la mañana y permanecerán en funcionamiento hasta las 6:00 de la tarde, horario en el que concluirá oficialmente la recepción de votos.

El Instituto Nacional Electoral exhortó a la ciudadanía a participar de manera responsable y en un ambiente de respeto, legalidad y civilidad.

Asimismo, destacó que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer las instituciones democráticas y otorgar legitimidad a los resultados que definirán la integración del Congreso de Coahuila para los próximos años.

Con esta jornada electoral, miles de coahuilenses tendrán la oportunidad de decidir el rumbo legislativo de la entidad en un proceso que será seguido de cerca por autoridades, partidos políticos y observadores nacionales.

Ante el próximo retorno del Congreso bicameral, una de las interrogantes que surge tras las elecciones es qué ocurriría si alguno de los ciudadanos elegidos para integrar el Senado o la Cámara de Diputados decide no asumir el cargo para el que fue elegido por voto popular.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, explicó que la legislación electoral contempla un procedimiento específico para estos casos y permite reemplazar a quienes decidan no aceptar la representación parlamentaria antes de asumir formalmente sus funciones.

En declaraciones a Radio Nacional, Burneo precisó que, una vez proclamados los resultados oficiales de las elecciones legislativas, el JNE convocará a los candidatos elegidos para que reciban sus respectivas credenciales como integrantes del Senado o de la Cámara de Diputados. Sin embargo, aclaró que hasta ese momento la aceptación del cargo sigue siendo voluntaria.

¿Quién reemplaza al que no juramenta?

El titular del JNE indicó que, si alguno de los candidatos electos decide no aceptar la credencial o rechaza asumir la función parlamentaria, el organismo electoral procederá a convocar al accesitario correspondiente para ocupar la curul vacante.

“Ante la negativa de alguno de ellos, porque finalmente es voluntario hasta ese momento, nosotros llamamos al accesitario”, señaló Burneo al explicar el mecanismo previsto por la normativa electoral para garantizar que todas las plazas obtenidas en las elecciones sean cubiertas.

Asimismo, recordó que la función del JNE consiste en proclamar los resultados oficiales y determinar qué candidatos obtuvieron los escaños asignados por la voluntad popular. A partir de ese momento, corresponde a cada ciudadano elegido decidir si acepta o no asumir la representación parlamentaria.

Cargo es irrenunciable tras juramentación

Burneo precisó que la situación cambia una vez que la autoridad electa recibe sus credenciales y presta juramento para ejercer el cargo. Según explicó, desde ese momento la representación parlamentaria adquiere carácter irrenunciable.

“Cuando esta autoridad tome las credenciales y jure, el cargo es irrenunciable. Antes no”, afirmó el presidente del organismo electoral. En ese sentido, señaló que la legislación vigente establece mecanismos para cubrir eventuales vacantes antes de la instalación formal del Congreso.

No obstante, el titular del JNE manifestó su expectativa de que los ciudadanos elegidos por el voto popular asuman la responsabilidad para la cual fueron elegidos. “Siempre esperamos que las personas que postularon y fueron elegidas por mandato ciudadano cumplan con ese gran compromiso hacia la población”, sostuvo.

El Senado aprobó esta tarde un proyecto que valida un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones. El texto, que recibió 40 votos a favor y 22 rechazos, deberá ser apurado para su sanción por Diputados, tras una fecha límite que se logró posponer hasta que finalice el corriente mes.

La iniciativa estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el articulado, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de USD 67 millones al primero y USD 104 millones, al segundo.

Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

En el documento que envió la Casa Rosada al Congreso -con las firmas de Javier Milei; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gabinete ,Manuel Adorni- se destacó que una luz verde derivará la “finalización de la investigación en curso sobre los bienes” del país", es decir, los procesos de “Discovery” relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de la Argentina.

“Son los últimos dos acreedores de relevancia que le quedan al país”, aseguró el senador libertario y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde. El porteño agregó: “Extingue los dos principales litigios pendientes de la República. Prácticamente no quedan, luego de esto, holdouts con sentencias a favor”.

Tras destacar que todo validado también implica la concesión de la “indemnidad por gastos legales”, el legislador dijo que el convenio es “razonable”. Luego, especificó: “La enmienda no cambió en absoluto el acuerdo. Sólo se bajaron unos bonos prescriptos”. Y aclaró que la misma “no fue del Estado argentino, sino de uno de los fondos buitre”. Es lo mismo que en la Cámara alta contó, semanas atrás, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

Desde el kirchnerismo, el ex gobernador chaqueño Jorge Capitanich se pasó de tiempo para apuntar al endeudamiento de la administración libertaria, sobre el que mencionó que “no pasó por el Congreso para su aprobación”, y pidió conocer “dónde están las reservas de oro” del Banco Central.

Otro oficialista, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero, planteó que “no es sólo un trámite administrativo”. En ese sentido, señaló: “Es ponerle fin a una parte negra de nuestra historia y del Congreso. Se levantaron y aplaudieron cuando se decidió no pagar las obligaciones que había encarado el país. Estamos haciendo lo que necesitaba que hiciera hace décadas. Costó aislamiento financiero, perder acceso al crédito, costó empresas y familias enteras que pagaron el error de otros”.

En tanto, el reciente ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca), ahora en el bloque de tres de Convicción Federal, aseveró que con “mucha responsabilidad” acompañaba el dictamen, por creer que “hay un ahorro” y que la Argentina “debe ser responsable”. Seguido a ello, observó: “No estamos en Disney. Esto no está bien y hay que cambiar el rumbo”.

Su ex colega de bancada, Fernando Salino -decidió quedarse en el interbloque cristinista, pero con una subdivisión de dos legisladores-, sostuvo que “si la idea es que hay que pagar, elijo pagarle a las provincias, a las universidades, discapacitados y jubilados”.

El jefe de ese espacio, el formoseño José Mayans, enfatizó que “hasta que no venga a dar la cara” el jefe de Gabinete, Manuel Adorni -debe dar un informe de gestión en el Senado- “no vamos a acompañar, y menos esto, que es una verdadera pavada con respecto al brutal endeudamiento que tiene la Argentina”. Cerró el debate la titular del oficialismo, Patricia Bullrich.

Consumado esto, el pleno de la Cámara alta aprobó la creación una nueva sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, un proyecto empujado por el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires). “Va a permitir descongestionar un tribunal que tiene jurisdicción en el 40% de la Provincia”, justificó. Mismo destino tuvo una iniciativa sobre organización de Salas y la creación de un cargo de Juez de Cámara en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Ambas lograron 61 votos.

Un plenario de comisiones comenzó a debatir este miércoles en la Cámara de Diputados el proyecto denominado Super RIGI que tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las “industrias del futuro”. Desde el Gobierno destacaron que el RIGI incluido en la Ley Bases fue “sumamente exitoso” y por eso ahora es momento de “pensar en el siguiente paso de la Argentina”.

La presentación del proyecto, en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Ciencia e Industria, estuvo a cargo de Daniel Gonzalez, secretario coordinador de Energía y Minería, quien aclaró que “no hay absolutamente ningún lobby” detrás de la iniciativa y también negó conocer a Peter Thiel, el magnate tecnológico que fundó empresas como PayPal o Palantir, y recientemente se radicó en la Argentina.

La aclaración hacía referencia a la acusación de la oposición, que denunció que el empresario estadounidense podría ser uno de los interesados en conseguir condiciones especiales para desarrollar data centers para procesar información con Inteligencia Artificial. Thiel se reunió hace dos semanas con Luis Caputo y otros funcionarios de Economía.

Al inicio de su exposición, el funcionario del Ministerio de Economía planteó que el Super RIGI viene a continuar el espíritu del RIGI, que vence el año que viene. “Consideramos que sería un error intentar extender ese régimen porque fue posicionado como régimen excepcional y muchos proyectos se apuraron para llegar antes del vencimiento. Como ha sido exitoso, creemos que es momento de pensar en el siguiente paso de la Argentina, que incluye el aprovechamiento de los recursos naturales y la infraestructura que movió el RIGI”, explicó.

En ese sentido, detalló que actualmente “hay 39 proyectos presentados en el RIGI que representan USD 138 millones de dólares de inversión y 179 mil empleos, y cuando todos estén en operación representarán USD 49 mil millones en exportaciones”.

Por otro lado, apuntó contra las críticas de la oposición por el costo fiscal que representan los beneficios otorgados a las empresas, por ejemplo la alícuota reducida del 15% del Impuesto a las Ganancias. “Es imposible que esto tenga costo fiscal porque son proyectos que no existían. En todo caso, habría que pensar el costo fiscal de no haber hecho nada durante tantos años”, señaló.

“Pusimos la alícuota en 15% porque es lo mínimo que nos permiten las normas de la OCDE. Estamos compitiendo con jurisdicciones de todo el mundo. Estos proyectos se hacen en algún lugar, tenemos que estar al tope de la lista”, dijo.

Las principales críticas de la oposición giraron en torno a la recaudación que el Estado dejará de percibir pero también a la energía necesaria para el funcionamiento de los proyectos. “ El artículo 73 dice que el Estado tiene que garantizar la operatoria de los VPU sin interrupciones, entonces si hay que dejar sin energía a la mitad del país para que sigan desarrollando estos proyectos, lo vamos a tener que hacer. Porque si no, nos llevan al CIADI. Ni siquiera nos guardamos que intervenga un juez con DNI argentino", lamentó la camporista Luciana Potenza.

Desde el oficialismo esperan poder dictaminar el proyecto la semana que viene, lo que permitiría convocar a una sesión especial el 18 de junio. En caso de que se necesite más tiempo para lograr consensos, apuntarán al 24 de junio como fecha máxima. En esa sesión también se incluirá la nueva ley de Lobby, tratados internacionales y el pago a los holdouts (si llega a tiempo con media sanción del Senado).

El Super RIGI define “nuevas industrias” o “industrias del futuro” como aquellas actividades que constituyen “nuevas actividades económicas”. Según el texto, esto comprende todo desarrollo industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional.

Para que un proyecto califique como una “nueva actividad económica” debe cumplir con estas condiciones: no debe desarrollarse, producirse ni prestarse en el país a la fecha de entrada en vigencia de la ley, o bien su grado de desarrollo debe ser experimental o piloto; también quedan excluidos los proyectos que impliquen ampliación, modernización, adecuación, reconversión, reorganización o reutilización de instalaciones preexistentes.

¿Qué beneficios obtienen los proyectos incluidos en el Super RIGI?

• Impuesto a las Ganancias reducido al 15% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos.
• Amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura.
• Deducción de quebrantos sin límite temporal.
• Alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
• Certificados de Crédito Fiscal para cancelar IVA sobre inversiones en activos computables.
• Exención de derechos de importación y exportación para los bienes del plan de inversión y productos obtenidos bajo el proyecto.
• Contribuciones patronales reducidas: alícuota única del 10% para nuevas relaciones laborales generadas a partir de la adhesión.
• Libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación: 20%, 40% y 100% a lo largo de tres años desde la primera exportación.
• Sin obligación de ingresar ni liquidar divisas correspondientes a aportes de capital, financiamiento y servicios vinculados al proyecto.
• Estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria durante 30 años desde la adhesión.
• Plena disponibilidad sobre los productos del proyecto, protección contra actos confiscatorios o expropiatorios y acceso irrestricto a la justicia.
• Posibilidad de someter controversias con el Estado Nacional a arbitraje internacional.
• Compatibilidad con otros regímenes promocionales, siempre que los incentivos no sean de la misma naturaleza y no se superpongan.
• Transferencia libre de acciones, cuotas o participaciones sociales del VPU sin autorización previa.
• Exención de restricciones, prohibiciones o cupos para importar y exportar los bienes necesarios para el proyecto.
• Los incentivos pueden ser utilizados exclusivamente respecto del proyecto adherido y no para otras actividades.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería Daniel González defendió en la Cámara de Diputados el Súper RIGI y sostuvo que el nuevo régimen busca atraer proyectos industriales y tecnológicos que “hoy no existen en la Argentina, con un horizonte de largo plazo y no con impacto inmediato”.

Durante su exposición, afirmó que la iniciativa enviada al Congreso bajo el nombre de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias apunta a transformar el esquema vigente para pasar de la extracción de recursos a su industrialización, con foco en actividades como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, baterías de litio e infraestructura tecnológica.

Como balance del régimen actual, González dijo en Diputados que hasta ahora se presentaron 39 proyectos, cuando al diseñarlo se esperaba recibir entre seis y ocho, y agregó que el Gobierno proyecta cerrar el proceso con entre 50 y 60 iniciativas. Según el funcionario, esos expedientes contemplan inversiones por USD 138.000 millones, representan unos 179.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos y tienen un potencial exportador de USD 41.000 millones al año.

El funcionario sostuvo que el RIGI “ha sido y sigue siendo un régimen sumamente exitoso”, pero rechazó una extensión del esquema vigente. “Sería un error intentar extender nuevamente ese régimen porque fue concebido como una herramienta excepcional y con vencimiento”, dijo.

González explicó, además, que muchos proyectos aceleraron su presentación para ingresar antes de la fecha límite y planteó que el paso siguiente es aprovechar los recursos naturales y la infraestructura cuya inversión fue movilizada por ese régimen. “Creemos que llegó el momento de evolucionar el RIGI hacia un régimen enfocado en la industrialización de los recursos naturales”, afirmó el secretario.

González insistió en que el Súper RIGI “es la continuidad y la evolución del RIGI” y sostuvo que el régimen actual ayudó a destrabar proyectos ya existentes que no tomaban decisión de inversión. Sobre la nueva etapa, afirmó: “No estamos buscando un impacto de corto plazo”.

En su descripción sectorial, indicó en Diputados que 20 de los 39 proyectos presentados pertenecen a minería, 13 a petróleo y gas, tres al sector eléctrico, dos a la industria manufacturera y uno a logística e infraestructura.

Cómo funciona el Súper Rigi

El rasgo central del Súper RIGI, según González, es que solo alcanzará a proyectos nuevos y no permitirá ni ampliaciones de emprendimientos existentes ni expansiones posteriores bajo los mismos beneficios. También quedarán afuera los proyectos de infraestructura y los de extracción de recursos naturales.

El funcionario resumió: “El Super RIGI apunta a proyectos que todavía no existen. Por eso no queremos establecer una lista cerrada y exhaustiva de actividades”, dijo y afirmó que en muchos casos se trata de iniciativas que aún no están definidas y para las cuales la Argentina ni siquiera figura entre las principales alternativas de localización.

De acuerdo con el texto enviado al Congreso, el nuevo régimen se focaliza exclusivamente en nuevas actividades económicas, como proyectos industriales, tecnológicos o de infraestructura digital estratégica sin antecedentes productivos en el país o que todavía se encuentran en fases experimentales. El proyecto menciona sectores como data centers para inteligencia artificial, paneles solares, turbinas eólicas, semiconductores, biotecnología avanzada y la industrialización de recursos como baterías de litio o refinamiento de cobre.

El monto mínimo de inversión será de USD 1.000 millones, frente a los pisos de entre USD 200 millones y USD 600 millones del RIGI según el sector. El texto también exige que las empresas ejecuten el 20% del monto comprometido en los primeros dos años desde la adhesión.

En materia tributaria, la propuesta establece una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias. González justificó ese nivel al señalar en Diputados que “es la tasa mínima posible sin entrar en conflicto con las normas internacionales de la OCDE”.

Provincias, municipios y proveedores también quedan alcanzados por las nuevas reglas

El proyecto extiende beneficios a toda la cadena de valor vinculada al emprendimiento principal. Eso incluye a empresas proveedoras, que podrán acceder a incentivos equivalentes sin importar su tamaño.

En comercio exterior, el texto dispone exención total de derechos de exportación desde el primer día y arancel cero para la importación de la totalidad de los bienes involucrados en las inversiones. En reglas cambiarias, el esquema replica la libre disponibilidad progresiva de divisas por exportaciones: 20% el primer año, 40% el segundo y 100% el tercero.

La estabilidad fiscal y regulatoria se mantiene por 30 años. Según comentó González, ese punto “es el beneficio más valorado por las compañías” y precisó que esa preferencia aparece tanto entre empresas argentinas como extranjeras.

El capítulo subnacional fija condiciones para la adhesión de provincias y municipios. Según el texto del proyecto y la exposición oficial en Diputados, las provincias deberán mantener una alícuota de Ingresos Brutos no superior al 0,5%, no podrán aplicar impuesto de sellos y las tasas municipales deberán estar vinculadas a servicios efectivamente prestados, sin calcularse como porcentaje de las ventas.

El Súper RIGI también elimina el requisito de contratación de proveedores locales equivalente al 20% de la inversión que contemplaba el régimen anterior, siempre que hubiera oferta competitiva. El nuevo texto prohíbe imponer compras locales en condiciones menos favorables que las de mercado.

Los tiempos se aceleraron en la Cámara de Diputados. Tras algunas semanas con poca actividad, el Gobierno inició los contactos formales con sus aliados para trabajar en la agenda legislativa. En ese marco, reunió este martes por la tarde a los jefes de los bloques aliados y les transmitió que apunta a tratar el denominado Super RIGI entre el 18 y el 24 de junio.

El Super RIGI tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las denominadas “industrias del futuro”. La categoría es bastante amplia e incluye desde la fabricación de baterías de litio o autos eléctricos, a desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y hasta proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.

Según explicaron fuentes oficiales a Infobae, el cronograma de trabajo contempla al menos dos reuniones de comisión informativas, donde funcionarios explicarán los alcances del proyecto, para dictaminar en la semana del 10 de junio. “Si alcanza, puede haber sesión el 18 de junio. Si no, iremos el 24. Depende de los consensos”, señalaron.

Uno de los aliados que participó del encuentro destacó que los resultados del RIGI incluido en la Ley Bases hasta el momento “son buenos” y estimó que la nueva iniciativa de la Casa Rosada contará con el mismo nivel de apoyo. “El impacto fiscal es cero, porque son proyectos que sin todas estas garantías no se realizarían”, sintetizaron.

Entre otros puntos, el RIGI incorpora incentivos tributarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

También garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.

La reunión con los aliados tuvo lugar en las oficinas de Martín Menem y estuvo presente Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, para evacuar dudas. Desde el PRO y la UCR se mostraron favorables a la iniciativa pero plantearon, entre otros puntos, la posibilidad de incluir un mínimo de 20% de contratación de proveedores locales -tal como figura en el RIGI original- para fomentar el desarrollo local y reclamaron una definición más acotada de “industrias del futuro”, algo que el oficialismo se habría comprometido a aclarar durante las sesiones informativas.

Por su parte, sectores de la oposición dura alertaron sobre los beneficios “excesivos” que obtendrán las empresas. “Nos atamos de manos como Congreso por 30 años”, lamentó un diputado de Provincias Unidas. Además, cuestionaron que el anuncio se hizo después de las reuniones con funcionarios del magnate tecnológico Peter Thiel, fundador de Palantir. “Es una ley a medida”, concluyeron.

“Las empresas que van a venir amparadas por este régimen son las que más facturan en el mundo y van a pagar menos impuestos que una PyME con dueños argentinos. Se resigna la recaudación del Estado por décadas”, escribió la diputada camporista Luciana Potenza.

En su posteo también hizo referencia a una de los principales cuestionamientos de la oposición. “Las leyes y los jueces locales no intervienen, si hay conflicto van a tribunales internacionales”, sintetizó en referencia a la potestad de las empresas de elegir una instancia internacional para dirimir los conflictos, como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), donde Argentina suele perder.

La Asamblea Legislativa aprobó, con 53 votos, su primer calendario de recesos del período 2026-2027, una decisión que suspenderá sesiones y plazos entre julio de 2026 y marzo de 2027 y que deja definidos desde el primer mes de trabajo los días libres del Congreso para medio año, fin de año y Semana Santa.

La moción fija 16 días de receso y suma tres feriados, para un total de cuatro semanas sin actividad legislativa. Durante esos períodos se suspenden los plazos legales y reglamentarios, así como las sesiones del plenario y de las comisiones.

El acuerdo fue votado antes del cierre de la sesión del plenario de este jueves 28 de mayo. Dos diputaciones se opusieron: el liberacionista Eder Hernández Ulloa y la diputada Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana.

Otros dos legisladores no estaban presentes al momento de la votación, por lo que la moción recibió el respaldo de 53 congresistas de un total de 57.

El primer receso coincidirá con las vacaciones escolares de julio

Según la moción leída por Gerald Bogantes Rivera, primer secretario del directorio legislativo, el primer receso irá del 6 al 10 de julio de 2026. Ese tramo coincide con la primera semana de vacaciones de medio período del calendario escolar del Ministerio de Educación Pública, previstas del 6 al 17 de julio.

El segundo receso abarcará del 21 al 31 de diciembre de 2026. De acuerdo con el texto aprobado, el último día laboral del año será el viernes 18 de diciembre y los diputados retomarán sus funciones el lunes 4 de enero de 2027.

La tercera pausa quedó programada del 22 al 24 de marzo de 2027. A esos tres días se agregan los feriados de Jueves y Viernes Santos, 25 y 26 de marzo, por lo que la actividad legislativa se reanudará el lunes 29 de marzo.

La votación llegó cuando el Congreso cerraba su primer mes de funciones

La definición del calendario de recesos se produjo cuando concluía el primer mes de trabajo de los diputados electos en febrero y que comenzaron funciones el 1 de mayo. La Asamblea cumple un mes de labores a inicios de junio.

El acuerdo mantiene una práctica que ya venía del período anterior, cuando los recesos de Días Santos, medio año y Navidad y Año Nuevo se aprobaron cada año. En esta ocasión, los nuevos diputados dejaron resueltas sus vacaciones de los próximos meses apenas iniciado el período 2026-2030.

Según la moción de orden sometida al plenario, durante los recesos cesará toda la actividad legislativa. Eso incluye tanto las sesiones del plenario como las de comisiones y la suspensión de todos los plazos legales y reglamentarios.

El Congreso Nacional no dejará de funcionar durante el Mundial de Fútbol. La Casa Rosada envió durante las últimas dos semanas una andanada de proyectos de alto perfil y los libertarios planean sesionar en la segunda mitad de junio.

La semana que viene comenzará el debate en comisión en Diputados del denominado Súper RIGI y de la nueva ley de Lobby, que busca transparentar la influencia de los grupos de interés en las decisiones del Estado. En tanto, esperan que lleguen del Senado los proyectos de inviolabilidad de la propiedad privada y el pago a los holdouts.

En la Cámara alta se generó un verdadero cuello de botella porque además se deberán tratar la ley Hojarasca y los cambios a la Ley de Zonas Frías, que llegan con media sanción, y las nuevas iniciativas que envió el Poder Ejecutivo: la reforma de la ley de etiquetado frontal y la nueva ley contra la ludopatía.

De todas formas, en las filas del oficialismo reconocen que hay dos proyectos prioritarios. Por un lado, la reforma política que incluye la derogación de las elecciones primarias (PASO); por otro, el Súper RIGI, que podría dinamizar la llegada de inversiones.

Ante la consulta de Infobae, desde el oficialismo aclararon que sus diputados no tienen prohibido viajar al Mundial siempre y cuando vuelvan en caso de que haya sesión y si pueden justificarlo patrimonialmente. Sin embargo, algunos legisladores reconocieron que existió un pedido informal para que nadie viaje así no se genera un “ruido innecesario”.

Por otro lado, algunos referentes de LLA argumetan que el hecho de que la atención pública esté enfocada en la Selección Nacional “facilita” conseguir algunos apoyos. Al mismo tiempo, un sector considera que es mejor no perder el tiempo y estirar la racha de victorias legislativas. “Después del Mundial, por cuestiones lógicas, la cosa se va a complicar”, reconocían en referencia al probable distanciamiento de algunos gobernadores que colaboraron con la Casa Rosada pero el año que viene deberán competir por retener sus distritos contra los libertarios. Aunque no todos comparten el diagnóstico: “Va a depender de la economía”, sintetizó una importante diputada.

El denominado Súper RIGI apunta a incentivar proyectos de inversión de más de USD 1.000 millones dedicados exclusivamente para las “industrias del futuro”, como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio. Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios y aduaneros, como una una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

En el oficialismo anticipan que podrán conseguir apoyos de los aliados habituales porque el proyecto tiene el “mismo espíritu” que el RIGI aprobado dentro de la ley Bases. “La lógica es muy simple: es mucho más beneficioso cobrar menos de algo que cobrar mucho de nada, por lo que imponerle una alta carga fiscal a algo que no existe, no trae un beneficio para nadie, mientras que bajarle la carga fiscal puede generar que ese algo existe en primer lugar y nos beneficie a todos en el proceso”, explicó el propio Javier Milei en el Latam Economic Forum.

Sin embargo, la negociación por la eliminación de las PASO no logra sortear las resistencias que mantienen paralizado el proyecto en el Senado desde hace más de un mes. “Viene lento el tema, va a ser un debate largo como el de la reforma laboral”, explicaron fuentes del Ministerio del Interior.

Mientras Diego Santilli multiplica los contactos con los gobernadores -el miércoles pasado se reunió con el catamarqueño Raúl Jalil y con el salteño Gustavo Sáenz-, en el oficialismo gana consenso la idea de sostener las primarias pero eliminar su obligatoriedad, tal como planteó Patricia Bullrich ante la mesa política del Gobierno. Esto destrabaría el apoyo del PRO, la UCR y algunos mandatarios provinciales, algo fundamental para poder conseguir la media sanción en el Senado.

El problema es que derogar únicamente la obligatoriedad de las elecciones primarias no implicaría un gran ahorro fiscal y tampoco le quitaría una herramienta a la oposición para dirimir liderazgos y conformar alianzas. Por lo que aún había dudas en las bancadas oficialistas sobre cuál será la estrategia legislativa.

La presidenta de Costa Rica Laura Fernández reunió este jueves a los 57 diputados y a representantes del Poder Judicial para revisar la situación de la seguridad nacional, exponer el funcionamiento de 61 bandas en conflicto y preparar proyectos de ley con los que el Gobierno busca responder a una criminalidad que, según dijo la mandataria, ya no puede enfrentarse con normas pensadas para “otra Costa Rica”.

Uno de los datos que marcó la reunión fue el caso de una persona detenida hasta 388 veces sin que, según la presidenta, exista una causa penal formada en su contra. La mandataria también afirmó que se analizaron expedientes de liberaciones en las que el Instituto de Criminología Nacional del Ministerio de Justicia y Paz recomendó no excarcelar a personas consideradas peligrosas y, aun así, jueces de ejecución de la pena las dejaron en libertad.

La reunión se realizó en el Instituto Nacional de Seguros, en San José, y comenzó con una exposición de especialistas del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia y Paz. Según la presidenta, esos funcionarios presentaron mapas de calor de las siete provincias, fichas de los principales delincuentes de distintas estructuras y los puntos más conflictivos del territorio nacional.

La mandataria sostuvo que el objetivo fue triple: revisar con datos la realidad de la seguridad, identificar fortalezas y debilidades del Estado y escuchar de los propios funcionarios “que le ponen el pecho a las balas” cuáles son las trabas operativas y legales que dificultan la respuesta institucional. También anunció la preparación de varios paquetes de proyectos de ley para enviarlos a la Asamblea Legislativa.

El Gobierno apunta a reformas penales, penitenciarias y de coordinación entre poderes

La presidenta aseguró que, por ahora, no hay una acción específica definida en conjunto entre los tres poderes, pero sí una manifestación de voluntad para aprobar con rapidez leyes sobre ejecución de la pena, reformas al Código Penal y cambios en las reglas carcelarias para cortar la comunicación de bandas criminales encarceladas con sus miembros en libertad.

En la misma línea, el diputado del Frente Amplio José María Villalta aseguró que la reunión fue “productiva en dos sentidos” porque permitió identificar problemas concretos de coordinación entre los cuerpos policiales y el Poder Judicial, además de vacíos legales que requieren corrección. Según Villalta, uno de los ejemplos fue la ejecución eficaz de allanamientos, donde se combinan un problema presupuestario en el Ejecutivo y la necesidad de mejorar protocolos y legislación.

Villalta agregó que las fracciones expusieron sus propias agendas y que hubo coincidencias con iniciativas en marcha para sancionar mejor a las bandas criminales, desarticularlas con más rapidez, agilizar los procesos penales y mejorar el sistema penitenciario. Señaló además que su aporte específico fue impulsar una reforma para atacar el financiamiento del crimen organizado, porque eso golpea a las organizaciones “donde más les duele”.

El legislador también advirtió que persiste un obstáculo político e institucional. Según explicó, el tono de enfrentamiento permanente del Ejecutivo con el Poder Judicial no facilita el trabajo conjunto, porque una coordinación fluida exige confianza y respeto, y una reunión de tres horas no resuelve por sí sola ese problema.

La presidenta respondió además a preguntas sobre el tiempo que tardan algunos allanamientos. Afirmó que la Policía de Control de Drogas solicita diligencias y que en ocasiones pasan hasta dos meses antes de que el Organismo de Investigación Judicial pueda ejecutarlas; a su juicio, en ese lapso ya se vendió la droga, desapareció la prueba o huyeron los sospechosos.

El Gobierno prepara un proyecto para restringir comunicaciones desde máxima seguridad

La mandataria confirmó que en junio presentará un proyecto de ley para revisar a fondo cómo se comunican hacia el exterior personas de alto perfil delictivo recluidas en máxima seguridad en La Reforma. Sostuvo que hay reclusos que siguen enviando mensajes, encargos e incluso operando presupuestos de las bandas desde prisión.

Consultada sobre si la iniciativa podría incluir el registro o grabación de visitas, incluidas las de abogados, respondió que el texto aún está en construcción técnica, pero defendió revisar todas las vías de contacto. Dijo que ha visto casos de internos que reciben hasta 17 visitas por semana, una frecuencia que calificó de absurda, y afirmó que las visitas de representantes legales deben limitarse exclusivamente a asuntos vinculados con la causa penal.

La presidenta también informó que asumió personalmente la conducción de la Fuerza Élite todos los lunes a las 08:00 en el Ministerio de Seguridad Pública. Según explicó, en esas reuniones participan altos mandos policiales del Gobierno para evaluar lo ocurrido la semana anterior, definir tareas inmediatas y revisar el comportamiento de cuerpos como Guardacostas.

En ese marco, sostuvo que todos los mandos policiales de alto rango que participen en esas sesiones deben someterse a una prueba de polígrafo. Añadió que esa exigencia también alcanzará a cualquier invitado del Poder Judicial o de otro poder de la República que se incorpore a reuniones donde se comparta información confidencial sobre crimen organizado.

Crucitas consume USD 1 millón al mes en seguridad, según la presidenta

Aunque la situación de Crucitas no formó parte de la sesión de trabajo, la presidenta dijo que el problema será abordado en una visita de campo prevista para el 19 de junio junto con diputados. Describió la zona como una combinación de desastre ambiental, extracción ilegal de riqueza pública y presencia creciente de bandas de crimen organizado.

Según la mandataria, la atención de seguridad en Crucitas le cuesta al Estado USD 1 millón al mes, recursos que, afirmó, deberían destinarse a otras necesidades de la seguridad nacional. También recordó que existe una propuesta de solución en la Asamblea Legislativa desde hace aproximadamente dos años y medio.

La presidenta invitó a los legisladores a recorrer el lugar a pie para observar directamente las condiciones en que operan los policías. En su intervención, cuestionó que se rechacen soluciones desde oficinas en San José mientras los agentes trabajan en un entorno que describió como inhóspito.

Sobre la posición del Poder Judicial, la mandataria señaló que durante la reunión no hubo planteamientos vinculados con presupuesto. Añadió que los representantes judiciales manifestaron disposición para implementar coordinaciones necesarias, revisar los proyectos de ley que el Gobierno presentará el 15 de junio y sumarse a la construcción de una respuesta conjunta.

Tras enviar una andanada de proyectos de ley al Congreso durante las últimas semanas, el oficialismo comenzó a dar señales de cuáles serán sus prioridades y qué iniciativas quedarán para más adelante. Mientras aceleran con el tratamiento del denominado Super RIGI y la eliminación de las PASO, La Libertad Avanza decidió posponer el debate del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés) que, llamativamente, es una de las pocas iniciativas que ya tiene dictámen.

El PCT obtuvo dictamen de mayoría y quedó listo para ir al recinto hace dos semanas gracias a que los libertarios cedieron a la presión de los laboratorios nacionales y aceptaron dejar “en reserva” el Capítulo II del Tratado.

El Tratado de Patentes permite a inventores y empresas presentar una única solicitud internacional de patente, lo que simplifica la búsqueda de resguardo legal en múltiples jurisdicciones. La solicitud presentada bajo el PCT surte el mismo efecto jurídico que si se hubiera presentado una solicitud en cada uno de los 158 Estados miembros adheridos.

Pero los laboratorios nacionales habían planteado su rechazo al Capítulo II bajo el argumento de que facilitaría los monopolios extranjeros, encarecería los medicamentos y vulneraría la soberanía sanitaria del país. Particularmente advirtieron sobre la proliferación del “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional para patentar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes (sin aportar mejoras terapéuticas reales) para extender artificialmente los monopolios por 20 años y bloquear la competencia.

Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perderá soberanía porque los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad. También plantearon que la implementación del tratado podría llevar a la destrucción del mercado de genéricos y biosimilares dado que la industria farmacéutica argentina basa gran parte de su negocio en la réplica legítima y producción de genéricos competitivos.

El objetivo inicial del Gobierno era ratificar el tratado antes del 30 de abril, que era la fecha límite acordada con la administración republicana en el marco del acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos.

La Casa Rosada no pudo cumplir con ese plazo pero luego del dictamen tampoco buscó acelerar los tiempos. Según explicaron fuentes oficiales, desde Cancillería pidieron enfriar el trámite legislativo a la espera de algunas señales de Estados Unidos.

“El gobierno de Donald Trump ya tuvo dos reveses judiciales respecto al cuadro arancelario y todavía tiene que implementar el cuadro arancelario del acuerdo con Argentina”, señaló un funcionario al tanto de la negociación.

En febrero, la Corte Suprema anuló la suba de aranceles recíprocos que Trump impuso al resto del mundo como metodo de negociación. La Casa Blanca argumentó que una ley de 1977 le permitía al presidente regular la importación durante emergencias y también establecer aranceles. Sin embargo, la mayoría del tribunal concluyó que la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso la facultad de imponer impuestos, incluidos los aranceles.

En ese sentido, desde el oficialismo explicaron que probablemente entre finales de junio y mediados de julio la administración republicana publicará los nuevos aranceles y ahí quedará en claro que se cumplieron los compromisos mutuos.

Una vez lograda la media sanción, el texto deberá volver al Senado ya que fue modificado (la reserva del Capítulo II).

La semana que viene el oficialismo dará el puntapié inicial al debate en comisión del Super RIGI, esperando poder avanzar con este proyecto y con la reforma política para eliminar las PASO antes de que comience el Mundial. Ese cronograma obedece al miedo de la Casa Rosada a que los gobernadores aliados comiencen a tomar distancia de cara a la pelea electoral del año que viene.

Legisladores de la Cámara de Diputados causaron un revuelo en la sede de San Lázaro, este 28 de mayo, tras desplegar mantas contra integrantes de Morena.

De acuerdo con un video publicado en la red social X, se puede observar a participantes de la bancada del PRI, con mantas donde se puede leer “Narcos del Bienestar” o “El cártel de Morena”.

Asimismo, las imágenes que decoran cada una de ellas destacan por tener la cara de la presidenta Claudia Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sus hijos José Ramón López Beltrán y Andrés Manuel López Beltrán, entre otros militantes del parido político guinda.

La pancarta acusa a líderes y funcionarios por tener presuntos nexos con el crimen organizado, llamándolos “corruptos, ”asesinos", “rateros” y “criminales”.

Hijo de AMLO deja su cargo en Morena

Andrés Manuel López Beltrán anunció su renuncia a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y a la Comisión Nacional de Elecciones, con el fin de buscar una diputación federal por el VI Distrito de Tabasco, que abarca los municipios de Centro y Jalapa.

Su salida, anticipada por tensiones internas y desacuerdos sobre la conducción del partido, fue notificada formalmente a la presidenta del partido, Ariadna Montiel Reyes, quien le deseó éxito en su nueva etapa.

El hijo de AMLO presentó un balance de su gestión, destacando la incorporación de 10 millones de nuevos militantes, la credencialización de casi 7 millones de afiliados y la organización de comités en el 97% de las secciones electorales.

Con este movimiento, busca consolidar su carrera política desde su estado natal, siguiendo la estrategia que en su momento implementó su padre. Esta movimiento marca un momento clave para Morena, en un contexto de ajustes y nuevas definiciones internas.

PAN acusa a Morena de “narcopartido”

Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, publicó un video tras la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante la Fiscalía General de la República, donde acusó que México está gobernado por un “narcopartido” que protege a “narcogobernadores” y ataca a quienes enfrentan al crimen organizado.

Señaló al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de Morena, como ejemplo de impunidad, afirmando que tiene orden de aprehensión internacional y vínculos con el crimen. En contraste, defendió a la funcionaria, quien fue citada por la FGR tras desmantelar un narcolaboratorio y denunció persecución política por parte de las autoridades federales.

Campos declaró como testigo y aseguró que el citatorio buscó fabricar un caso en su contra.

El Gobierno deberá esperar si lo que quiere es avanzar rápidamente con la aprobación de la ley de Zona Fría en el Senado de la Nación. En la previa al inicio del debate en las comisiones, cada vez más senadores se van mostrando contrarios al acompañamiento que busca La Libertad Avanza, que es el de la aprobación sin modificaciones.

En la Casa Rosada ya sabían que no contaban con el apoyo del peronismo ni de la senadora cordobesa Alejandra Vigo. Pero en las últimas horas se fueron conociendo las opiniones de otros legisladores de la Cámara Alta que discuten la ley en su totalidad o en parte de su articulado.

La modificación de la ley de Zona Fría no solo impacta en los distritos que la pierden sino que también cambia la ecuación del subsidio en su totalidad. Las zonas que la mantendrán solo recibirán una reducción del costo del gas en boca de pozo; la distribución, el transporte y los impuestos tendrán un costo del 100%. En la actualidad el subsidio es sobre el precio final.

En una cámara donde el 25% de los votos son patagónicos, el oficialismo cuenta con 21 senadores y sabe que para poder avanzar como quiere, sin cambios, tiene que sumar a todos los provinciales, a todo el PRO y, como mínimo, a 7 de los 10 radicales. Y acá es donde empiezan los problemas.

Al rechazo de la senadora cordobesa ya se le sumó el del radical Maximiliano Abad, oriundo de Mar del Plata, ciudad que perdería el subsidio. Quedan nueve del bloque de la UCR para ir a pescar.

En las últimas horas se puso en duda el acompañamiento de los mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri, ambos del radicalismo. El ex gobernador mandó a sus senadores a votar la norma cuando era el titular del Ejecutivo provincial y la senadora suele acompañar el voto de su coterráneo.

En este esquema, el radicalismo quedaría al límite del apoyo que necesita el oficialismo para poder sancionar la ley, por lo que no podría sufrir ninguna baja más. Y esto parece difícil que no suceda, ya que en las últimas horas el pampeano Daniel Kroneberger —provincia que quedaría excluida de la ayuda— señaló que aún no tiene definida su posición.

Pero además aparecen los bloques provinciales que empiezan a poner condiciones. Este es el caso de la senadora de La Neuquinidad, Julia Carrozo, que ya adelantó que tal como llegó la ley no la va a acompañar y solicitó modificar un artículo que deja en poder del Ejecutivo el porcentaje de subsidio a aplicar en la Patagonia.

El artículo que cuestiona Carrozo es el 2°, que establece que los beneficios para las regiones que quedan dentro de la Zona Fría “serán determinados por el Poder Ejecutivo nacional, por sí o a través de la autoridad de aplicación de la presente ley, con las modalidades que considere pertinentes”.

A la posición de la neuquina se le sumó la de los dos senadores de Santa Cruz, que en algunos casos acompañan y en otros no.

En las últimas horas se conoció que Natalia Gadano y José Carambia se oponen al proyecto y el oficialismo sigue sumando bajas en un debate que todavía no comenzó.

“Nadie está apurando el debate porque no están los votos. En La Libertad Avanza apuestan a la relación con los gobernadores pero el artículo que habla sobre que las provincias se tienen que hacer cargo de la deuda de sus distribuidoras con Cammesa está generando mucho ruido. Nadie tiene un peso”, explicó un senador de la oposición dialoguista que seguramente votará a favor del proyecto de la Casa Rosada.

La presidenta Claudia Sheinbaum encendió las alertas este jueves durante su conferencia de prensa matutina. Al referirse a la reforma constitucional aprobada la madrugada anterior, la mandataria fue contundente: existe un riesgo real de injerencia extranjera en las próximas elecciones en México.

“Próximo año en México, se lo digo porque también acaban de aprobar ya esta propuesta de anular una elección si se demuestra la injerencia”, afirmó Sheinbaum, quien citó como antecedente el caso de Mexicanos contra la Corrupción, organización que —según señaló— recibió financiamiento de instituciones estadounidenses a través de la Embajada de Estados Unidos para apoyar a candidatos específicos.

“En la circunstancia actual, con esta ofensiva que estamos viendo desde fuera, es importante que quede muy claro que en México decidimos los mexicanos”, subrayó la presidenta.

El trasfondo legislativo: Monreal y 307 votos

La reforma fue impulsada por Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena y presidente de la Jucopo, tras más de 15 horas de debate en el pleno de la Cámara de Diputados. La iniciativa fue aprobada con 307 votos a favor en la madrugada del jueves y fue remitida al Senado de la República para su análisis y dictamen.

La reforma eleva a rango constitucional la posibilidad de anular una elección cuando se acredite financiamiento o intervención de actores extranjeros en el proceso electoral mexicano.

Sheinbaum, el respaldo presidencial y sus señalamientos previos

La presidenta Claudia Sheinbaum no llegó a este debate sin antecedentes. Desde sus primeros meses al frente del Ejecutivo, advirtió sobre esta posibilidad, y en febrero de 2025 presentó una iniciativa para modificar el artículo 40 de la Constitución con el fin de rechazar cualquier tipo de intervención extranjera.

Cuando Monreal le presentó su propuesta, la mandataria fue directa: “Aquí decidimos nosotros, y cuando digo nosotros es el pueblo de México”.

Pero Sheinbaum ha ido más allá de las frases. También señaló que México debe mantenerse vigilante frente a cualquier intento de intervención y reiteró que “México no es piñata de nadie”. En otra ocasión, al referirse a asesores del gobierno de Trump, dijo: “Tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos (...) son algunos que lo asesoran, que como tienen elecciones en noviembre, ahora quieren meter a México en sus elecciones”.

El caso que el gobierno mexicano ha traído reiteradamente a la mesa es el de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La Unidad de Inteligencia Financiera reveló que entre 2018 y 2024, la organización recibió más de 96 millones de pesos de la embajada de Estados Unidos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). La propia organización confirmó haber recibido dichos fondos, aunque defendió que el financiamiento se apegaba a la legalidad y que contaba con permiso del SAT para recibir donativos extranjeros.

El contexto regional: el Hondurasgate llega a México

La aprobación de esta reforma no ocurre en el vacío. Detrás del debate hay un escándalo regional que ha puesto en alerta a varios gobiernos de América Latina: el Hondurasgate.

Este escándalo político de alcance regional fue revelado a finales de abril de 2026 y expone una presunta red internacional de injerencia política y manipulación informativa. El caso se centra en la filtración de audios atribuidos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH), quien tras ser condenado por narcotráfico en EE.UU., habría sido indultado por Donald Trump en diciembre de 2025.

Su autenticidad fue verificada mediante el Phonexia Voice Inspector, una herramienta utilizada por agencias de inteligencia en más de 60 países.

Según los audios filtrados, existe una red que busca desacreditar a los gobiernos de Colombia y México mediante desinformación dirigida contra Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, con una supuesta aportación de 350,000 dólares del gobierno de Javier Milei al proyecto.

Las críticas: ¿Escudo soberano o herramienta de control?

Legisladoras del PAN advirtieron que Morena busca crear una causal de nulidad “tan ambigua, subjetiva y expansiva” que podría utilizarse para impugnar cualquier elección incómoda para el oficialismo, y alertaron que términos como “campañas digitales”, “desinformación” o “presión diplomática” no cuentan con delimitación técnica ni jurídica clara.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, anticipó que su bancada votará en contra, acusando a Morena de querer “ganar en la mesa lo que no pueda ganar en las urnas” y calificando la iniciativa de generar tensión innecesaria con Estados Unidos.

“El problema es que, so pretexto de una injerencia extranjera, se usen criterios políticos arbitrarios y se pueda anular una elección cuando no convenga el resultado”.

Desde la academia y los organismos electorales, las alertas apuntan en la misma dirección. El exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, advirtió sobre el riesgo de utilizar criterios políticos para invalidar elecciones.

Lo que viene: el Senado, la discusión pendiente y el reloj electoral

La reforma llega al Senado en un momento de presión legislativa. El Congreso y las legislaturas estatales tendrían plazo hasta el 5 de junio de 2026 para armonizar su marco normativo con el decreto, en caso de aprobación.

Para declarar la nulidad de una elección bajo esta nueva figura, será obligatorio acreditar legalmente la injerencia de otros países, un proceso sobre el que Monreal no precisó cómo funcionaría en la práctica.

Con las elecciones intermedias de 2027 en el horizonte, la discusión sobre quién decide en México —y cómo se prueba cuando alguien más intenta hacerlo— apenas comienza.

Se acerca el inicio del Mundial de Fútbol 2026 y no es una novedad que la Argentina entra en un proceso de paralización. El Congreso no es ajeno a esa realidad.

En este esquema, al que se suma el receso de invierno que también frena la actividad legislativa, en ambas cámaras se está pensando en una última sesión antes de que la pelota empiece a rodar.

En el caso del Senado de la Nación ya hay fecha prevista. El miércoles de la semana que viene, 4 de junio, se volverá a abrir el recinto, donde el eje central será el proyecto de ley del pago a los holdouts, que todavía está en el Senado, pendiente de aprobación y que en la última sesión quedó fuera del temario.

Otro punto que figurará en el temario y que es de interés del Gobierno nacional y de los gobernadores provinciales es el de los pliegos judiciales, por lo que el temario incluirá las 73 carpetas que ya cuentan con dictamen de la comisión de Acuerdos. En ese listado está Ana María Cristina, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene, entre otras, la causa $Libra. También integra este grupo de pliegos Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de la Nación.

El temario también incluirá un proyecto del Ejecutivo sobre propiedad privada. Con cambios respecto del texto original, establece un mecanismo de desalojo abreviado en casos de usurpación, mientras que para los inquilinos en mora se amplía el plazo de intimación a diez días antes de habilitar la vía judicial.

El proyecto del oficialismo elimina las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, por ejemplo en la zona de frontera, pero delega en las provincias la autorización o no.

En medio de esto queda latente la posibilidad de un tratamiento de Zona Fría. Sin embargo, hay pocas chances de que el oficialismo pueda avanzar por dos razones: la primera es que ya los plazos del reglamento no le alcanzan para poder llevarlo al recinto la semana que viene y, la segunda, es que el 25% de los votos en el Senado son patagónicos.

Diputados

En la Cámara Baja aún no hay fecha para una posible última sesión y, en los hechos, tampoco hay apuro ni del oficialismo ni de la oposición. Para estos últimos, la realidad indica que les cuesta conseguir los 129 diputados necesarios para habilitar una sesión que permita a las comisiones emplazar el tratamiento de varios proyectos, como por ejemplo la interpelación al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En el caso del oficialismo, están los proyectos que ingresaron esta semana, en especial el Super Rigi, que ingresó ayer a la Cámara pero que todavía no fue girado a ninguna comisión.

Esto puede cambiar si llegan rápido desde el Senado los proyectos de holdouts y propiedad privada y se obtiene un dictamen del Super Rigi. En ese caso, si el oficialismo logra un tratamiento exprés en las comisiones, podría haber sesión el 10 de junio, un día antes de que comience el Mundial de Fútbol.

“El tema de holdouts puede acelerar una sesión por el cumplimiento de los plazos del acuerdo. Hay que estar atento a eso”, explicó un diputado oficialista.

La referencia de los tiempos tiene que ver con que el acuerdo entre el Gobierno argentino y los bonistas tiene una fecha estipulada para que sea resuelto. En un principio era a fines de mayo, pero se estiró el plazo para cumplir con la aprobación del Congreso y cerrar el acuerdo hasta el 30 de junio de este año. Si no se resuelve, los bonistas retomarán la vía legal para reclamar el pago de la deuda.

El Gobierno envió este martes otros dos proyectos de ley a la Cámara de Diputados y el oficialismo ya acumula alrededor de una decena de iniciativas de alto perfil que difícilmente lleguen a tratarse antes de que comience el Mundial de Fútbol.

Los libertarios no muestran demasiado interés en acelerar los debates en comisión y adelantaron que sólo irán al recinto cuando tengan los votos para su aprobación. Su objetivo principal es recuperar la iniciativa política y controlar la agenda parlamentaria tras las turbulencias del caso Adorni, quien quedó a salvo de una interpelación gracias a la reticencia de los gobernadores a enfrentarse con la Casa Rosada.

Tanto oficialistas como opositores descartan que una vez que comience la competencia futbolística la atención pública abandonará la política. Por eso los libertarios apuestan a controlar los tiempos legislativos hasta ese momento con una andanada de proyectos que reúnen muy dispares niveles de consenso.

En ese marco, este martes ingresó a Diputados el denominado Súper RIGI que buscará incentivar proyectos de inversión de más de $1000 millones dedicados exclusivamente para las “industrias del futuro”, como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio.

Además, el Poder Ejecutivo también envió una iniciativa para regular de forma integral el lobby en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo nacional. Tomando elementos del sistema norteamericano, el proyecto propone establecer un régimen de inscripción obligatoria, registración pública de contactos y sanciones penales para quienes influyan en decisiones del Estado sin cumplir los requisitos de transparencia previstos en la iniciativa.

Según dejaron trascender, el Super Rigi será girado a las comisiones de Presupuesto, a la de Industria y -evalúan- sumar también la comisión de Ciencia y Tecnología. Todas controladas por libertarios o aliados, como Por Santa Cruz o el PRO. En tanto, la ley de Lobby deberá pasar por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que conducen los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio. Ante la consulta de Infobae, fuentes de LLA señalaron que el debate en comisión de ambas iniciativas “probablemente” comience las semana que viene pero reconocieron que no tienen como objetivo llegar al recinto en las próximas semanas. “Veremos cómo está el recinto”, señalaron.

Por otro lado, a pesar de haber obtenido previamente el dictamen, el oficialismo no incluyó en la sesión de la semana pasada el Tratado de Cooperación de Patentes, que logró avanzar en comisión luego de que se aceptara -por presión de los laboratorios- dejar “en reserva” el Capítulo II de la normativa. Según explicaron fuentes al tanto de la negociación, Argentina puso un pie en el freno a la espera de que Estados Unidos cumpliera con algunos compromisos asumidos en el marco del acuerdo comercial entre ambos países.

A su vez, desde el Poder Ejecutivo filtraron que el ministro Federico Sturzenegger enviará en el corto plazo otro paquete con desregulaciones para la venta de medicamentos, para el transporte fluvial de buques extranjeros y para el mercado inmobiliario.

Del otro lado del Palacio, en el Senado, Patricia Bullrich busca apoyos para rectificar la Ley Hojarasca y la modificación del régimen de Zonas Frías, recientemente aprobadas en Diputados.

La Cámara alta tiene trabada desde hace varias semanas la reforma política debido a que los partidos aliados (PRO y la UCR) y algunas fuerzas provinciales rechazan la eliminación de las PASO y también exhiben dudas sobre los cambios en el financiamiento de los partidos políticos.

Este semana el Gobierno envió a la Cámara alta la derogación de la ley de etiquetado frontal (los hexágonos negros con información nutricional) y una nueva ley de Ludopatía, mucho más laxa respecto a las publicidades de casas de apuestas que la normativa que obtuvo media sanción en Diputados a fines de 2024.

También esperan en el Senado una nueva tanda de pliegos judiciales elaborada por el ministro Juan Bautista Mahiques, el acuerdo con los holdouts (que tuvo que volver a comisión por un error) el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y la nueva ley de salud mental.

Hasta el momento, no se convocaron a reuniones de comisión para la semana que viene y tampoco existen fechas tentativas de sesión previstas durante la previa del Mundial.

Tras dos intentos fallidos, es muy probable que la oposición no vuelva a convocar a una sesión para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Si bien un amplio sector considera que el funcionario tiene que dar explicaciones sobre sus viajes y su incremento patrimonial, no existe hoy por hoy masa crítica suficiente.

“Los números están bien duros”, sintetizó uno de los diputados que denunció penalmente a Adorni en la Justicia. Hace dos semanas, un sector de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica presentaron un pedido de sesión para tratar cuatro pedidos de interpelación. El peronismo había quedado afuera de las negociaciones porque pretendía sumar otros proyectos, sin embargo, había adelantado que bajaría al recinto.

Esa sesión no apuntaba a interpelar a Adorni en el acto, sino obligar -emplazar- a las comisiones que controlan los libertarios a que habiliten el tratamiento de los proyectos. Esa fue la primera mala señal que recibió la oposición: la mayoría de los gobernadores no estaba dispuesta a avanzar contra la Casa Rosada aún a pesar de que la sesión no constituía un peligro inmediato para el funcionario.

Según reconocieron a Infobae los propios organizadores de la maniobra, faltaban “cerca de 20 diputados” para conseguir el quórum, por lo que decidieron posponer la sesión para la semana siguiente.

Ese llamado coincidió con la convocatoria que hizo este miércoles La Libertad Avanza para tratar la ley Hojarasca y la reducción de subsidios por Zona Fría. Como la sesión del oficialismo comenzó antes y no tuvo problemas para juntar el quórum, la agenda de la oposición quedó sin efecto.

Algunos referentes de UxP, Provincias Unidas y la Coalición Cívica se trenzaron en un largo debate reglamentario con el presidente de la Cámara, Martín Menem, para que permitiera que comience la segunda sesión pero plenamente conscientes de que si llegaba el momento de juntar quórum otra vez no lo lograrían. Había pasado una semana pero no pudieron hacer cambiar de bando a ninguno de los aliados de la Casa Rosada.

Ante la consulta de Infobae, tanto desde el peronismo como de Provincias Unidas descartaron que la semana que viene se vuelva a convocar a otra sesión. “No vamos a sacar el tema de la agenda. Pero no vamos a ir todas las semanas a no llegar con el quórum, hay que reagrupar fuerzas”, explicaron.

En ese sentido, desde las filas de Unión por la Patria insisten en que se deben incluir más temas en las convocatorias que permitan sumar apoyo. Aunque tampoco descartan que alguna novedad en la causa incline la balanza. “Si hay alguna situación judicial que le de otra envergadura puede ser que haya algunos que se animen a acompañar”, reconocieron.

Los menos optimistas saben que dependen de los gobernadores para conseguir los votos que faltan y reconocen que será muy difícil convencerlos. Incluso a los que están enojados, como el cordobés Marín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro, ambos afectados por el recorte de subsidios por Zonas Frías. “Es un enojo controlado, hay temas y temas”, ironizaba uno de sus compañeros de interbloque.

Por otro lado, también afloraron algunas suspicacias en el interior de la alianza opositora. En el Frente de Izquierda sospechan que el peronismo no está interesado en ir a fondo contra Adorni. “Primero voltearon una sesión para que incluyan más temas y después sabían que el 20 iba a ser la sesión del oficialismo, fue una maniobra”, explicaron a Infobae.

Para aumentar las dudas, algunos diputados del peronismo reconocen en privado que es mejor dejar a Adorni en su puesto, para que siga desgastando la imagen del Gobierno. “Hay que ayudarlo a quedarse”, bromeaba otro integrante de UxP ante la consulta de Infobae, que además consideró un error ir atrás de los “bloques menores que no tienen ni un voto”.

Por lo pronto, la semana que viene comienza con el feriado por el 25 de Mayo, por lo que reconocen que “podría complicarse” que los Diputados puedan viajar. Es una situación que suele repetirse en las semanas cortas. “Si no es esta semana, será la otra”, anticipa uno de los más convencidos en que la sesión puede concretarse. Aunque también reconocen que será muy complicado sumar las manos necesarias.

Por su parte, el Gobierno busca dejar el escándalo atrás y ya anunció los próximos proyectos que enviará al Congreso. A las victorias con Hojarasca y Zonas Frías le seguirán una nueva Ley de Ludopatía, un Super RIGI, una Ley de Lobby y cambios en la norma de Etiquetado Frontal.

“En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: 'Ley de Ludopatía', 'Super RIGI', 'Ley de Lobby', 'Etiquetado Frontal'”, anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de una publicación de la red social X y que fue reposteado por el presidente Javier Milei.

Según detalló en otro posteo, la 'Ley de Ludopatía' busca combatir las plataformas ilegales de apuestas online y reforzar la protección de menores de edad, ante el crecimiento de esta problemática social.

En paralelo, la 'Ley de Lobby' busca ordenar y transparentar la actividad de influencia en las decisiones públicas, al establecer reglas sobre la interacción entre funcionarios y actores privados.

Las modificaciones a la 'Ley de Etiquetado Frontal' -aprobada por el Congreso en 2021 tras una amplia participación de organizaciones de la sociedad civil en la redacción y debate de la norma- busca derogar el esquema vigente que incluye la eliminación de los octógonos de advertencia y la supresión de restricciones al uso de personajes infantiles en envases.

El paquete legislativo incluye también el 'Súper RIGI', que ya había sido anunciado por el presidente Milei a principios de mayo, una ampliación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones que rige desde 2024 y apunta a incentivar proyectos de inversión destinados al desarrollo de nuevas actividades económicas.

De acuerdo con la información oficial, el esquema prevé mayores beneficios que el régimen original, con el objetivo de atraer capitales y promover empleo.

El envío de las nuevas iniciativas se da en un contexto en el que el Gobierno ha logrado avances legislativos significativos, como la reciente reforma laboral, tras la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado en diciembre pasado, lo que le permitió, junto con el apoyo de sus aliados, alcanzar amplias mayorías.

Por unas horas, el peronismo dejó de lado sus diferencias en la provincia de Buenos Aires y se mostró amalgamado en un mismo reclamo: rechazar la votación de los cambios en el régimen tarifario conocido como Zona Fría que llevó adelante la Cámara de Diputados de la Nación y que buscará imitar el Senado.

Es que, como dio cuenta Infobae, la revisión impulsada por el Gobierno que se aprobó este miércoles en Diputados excluye en concreto a 90 municipios de la provincia Buenos Aires, entre los que aparecen General Pueyrredón (Mar del Plata), Bahía Blanca, La Plata, Tandil, Olavarría, Azul, Trenque Lauquen, San Nicolás Bolívar, Villa Gesell, Pinamar, entre otros de los descuentos que hasta el momento perciben los usuarios en sus tarifas de gas por pertencer a la Zona Fría.

La inclusión de la mayoría de las localidades bonaerenses se dio en 2021 por un proyecto de ley del diputado nacional Máximo Kirchner que ampliaba lo dispuesto por la norma original sancionada en 2002. El Gobierno plantea que, a nivel nacional, de terminar con el régimen de Zona Fría, se generaría un ahorro de $272.099 millones.

“Nos parece un gran error, porque esto va a tener consecuencias de todo tipo sobre una población que está con dificultades para llegar a fin de mes. Yo pensé que ya se había llegado en el termómetro al límite de la crueldad, del abandono, pero evidentemente no”, consideró este jueves el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre los cambios en el régimen de la tarifa de Zona fría. También pidió que el Senado no acompañe y adelantó que irá a la Justicia si se obtiene la sanción definitiva. No es la primera vez que el mandatario recurre a la Corte Suprema. Actualmente hay 8 litigios presentados contra el Gobierno nacional de parte de su administración.

“Hay partes de la ley que están mal directamente, que son ilegales”, dijo y planteó que con la eliminación de la Zona Fría “el Gobierno se descarga sobre la gente los problemas que el mismo gobierna genera”.

Durante todo este jueves, intendentes bonaerenses y distintos dirigentes del peronismo se pronunciaron públicamente, pero además empezaron a cruzar mensajes. Por ejemplo, los jefes comunales y concejales de la Quinta sección electoral mantendrán una reunión el próximo martes al respecto. Será en el distrito de Villa Gesell, donde gobierna el axelista Gustavo Barrera. De ahí saldrá un proyecto de ordenanza para tratar en todos los concejos deliberantes y, además, definir una comitiva para ir al Senado en la previa a la votación del proyecto. El objetivo es evitar su sanción definitiva.

Barrera fue uno de los intendentes que se pronunciaron al respecto, pero también cruzó al diputado nacional y ex intendente de Pinamar, Martín Yeza (PRO), por acompañar los cambios en el régimen de zona fría. “¿Qué te pasó, Martín Yeza? ¿Sabés lo que hiciste ayer? Votaste en contra de los vecinos de Pinamar y Villa Gesell. A los vecinos de la región les digo: hay que tener cuidado cuando se eligen concejales, diputados, senadores, intendentes, porque a la hora de levantar la mano te quitan derechos”, planteó el gesellino a través de un video de X, recordando que el hoy diputado nacional reclamaba ante ENERGAS que Pinamar sea incluido en el R1 de consumo en los usuarios de gas como sucedía con Mar Chiquita, localidad que está a 95 kilómetros de Pinamar.

Yeza, en tanto, remarcó que “van a seguir gozando de los beneficios del sistema las personas que perciban hasta 3 canastas básicas por mes, lo que equivale a 4.4 millones de pesos mensuales”, considerando que “la gran mayoría de jubilados y de trabajadores mantendrían el beneficio”. Además, de “las personas inscriptas en el RENABAP; los veteranos de Malvinas y las personas que tengan un integrante de la familia con un familiar con discapacidad”.

Los cambios sobre el régimen de Zona Fría sirven de contexto para un acercamiento discursivo dentro del peronismo, en medio de su discusión interna. Es que tanto Kicillof como legisladores e intendentes que responden a Cristina y Máximo Kirchner. El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner (La Cámpora), planteó que “esta ley, impulsada por Máximo Kirchner en 2021, fue creada para proteger a las familias del impacto de las tarifas en invierno”, y que, de aprobarse, en la ciudad que gobierna " dejarían de circular cerca de 400 millones de pesos mensuales que hoy se destinan al consumo y al comercio local", ya que el aumento en la tarifa de gas “podrían ubicarse entre el 40% y el 60%”.

En la misma línea se pronunció el intendente de Bolívar, Eduardo Bucca. “El impacto negativo no será solo en los hogares de las familias que pierdan los beneficios del sistema de Régimen de Zona Fría, sino también en las económicas de las ciudades del centro y sur de la Provincia de Buenos Aires, ya que, al incrementarse el monto de las facturas, dejaran de destinar dinero al consumo y comercio local, son recursos que las familias ahora deberán destinar para solventar los aumentos de las facturas de gas" dijo ante la consulta de Infobae.

Agregó, además, que “los cambios violan el principio de determinación tarifaria por ley que rige los servicios públicos concesionados en Argentina y expone a los usuarios a una incertidumbre que el Estado no puede trasladar a los más débiles".

La región sur de la provincia de Buenos Aires es una de las que podría sentir con fuerza los cambios del régimen tarifario en la boleta de gas. El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, advirtió que “poner en duda este esquema es trasladar el peso de las decisiones a quienes menos margen tienen; por eso defender la zona fría es defender al interior y a nuestras comunidades”.

El detonante fue el discurso de Tailhade, quien en una cuestión de privilegio comparaba las condiciones de detención de la ex presidenta Cristina Kirchner con las de represores de la última dictadura militar. Desde el fondo del recinto, Huesen lo interrumpió a los gritos. “¿Quién es el facho que habla?”, reaccionó el diputado kirchnerista, que debió frenar su exposición.

Al identificar al interruptor, Tailhade no bajó el tono: “Tiene que decirle al diputado por Tucumán que baje la gigantografía de Bussi que tiene en el despacho. ¡Basura!”, lanzó, en referencia al ex represor y comandante del Operativo Independencia, Antonio Bussi. “Hacete el vivo, vos”, remató.

Fue en ese momento cuando Pietragalla dejó su banca. El ex secretario de Derechos Humanos se desplazó por todo el recinto y se puso frente a frente con Huesen, que seguía refunfuñando desde el fondo. Según fuentes del recinto, también se acercaron los diputados Paula Penacca y Mario Manrique. Varios legisladores libertarios rodearon la escena para separar a los involucrados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intervino de inmediato. “Paren el reloj, por favor. Diputado Pietragalla, ¿puede volver a su banca?”, reclamó desde la presidencia, con insistencia que se repitió varios segundos seguidos. “Por favor, diputado. Por favor, por favor, por favor.

“Está bien, no nos picanteemos”, dijo Menem, antes de retomar el orden y cederle la palabra al diputado Esteban Paulón, que en ese momento estaba con su discurso a mitad de camino. “Gracias, presidente”, respondió Paulón al retomar.

Para ese momento, la situación ya estaba controlada. Manrique, que salió detrás de Pietragalla, llegó cuando el cruce entre el kirchnerista y Huesen ya había sido contenido.

Antes del incidente con Pietragalla y Huesen, el recinto ya había sido escenario de cruces verbales entre legisladores opositores y Menem por la disputa reglamentaria en torno a la moción presentada por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, para pasar a un cuarto intermedio a las 11 y habilitar la sesión opositora. La votación sobre esa moción terminó con 111 votos afirmativos y 131 negativos, lo que despejó el camino para que el oficialismo avanzara con su temario.

La sesión había sido convocada por el Gobierno con una hora de anticipación respecto de la cita opositora, lo que dejó sin efecto la estrategia de Unión por la Patria (UP) para interpelar a Adorni por sus viajes y su patrimonio.

La Libertad Avanza (LLA) logró reunir 129 diputados para abrir el debate sobre la Ley Hojarasca, la reforma del régimen de subsidios al gas por Zona Fría y una serie de tratados internacionales. La oposición respondió con una moción para pasar a cuarto intermedio a las 11, que fue rechazada por 131 votos contra 111.

En ese contexto de disputa reglamentaria, el propio Tailhade ya había encendido el recinto antes del cruce físico con Huesen. La sesión terminó con la media sanción de la Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, con 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que elimina 58 leyes, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos.

La Cámara de Diputados y el Senado de la República se alistan para celebrar un Período Extraordinario de Sesiones, convocado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En la agenda legislativa figuran cuatro iniciativas de decreto, tres de las cuales tocan directamente el sistema electoral mexicano.

La convocatoria establece que ambas cámaras conocerán los motivos que originaron el llamado a sesionar fuera del calendario regular, antes de proceder al debate y votación de los asuntos listados.

¿Qué se va a votar?

Los cuatro puntos que ocuparán a legisladores son los siguientes:

• Reforma al Poder Judicial. Una iniciativa del Ejecutivo Federal propone modificar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma judicial.
• Integridad en candidaturas. El Ejecutivo también impulsa cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), con el objetivo declarado de garantizar la integridad en el registro de candidaturas.
• Nueva causal de nulidad electoral por intervención extranjera. El diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 41, fracción VI de la Constitución, añadiendo un inciso d) que introduciría, por primera vez a nivel constitucional, la intervención extranjera como causa de nulidad de una elección.
• Ajustes al sistema de impugnación electoral. Una segunda iniciativa de Monreal busca reformar diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, precisando las causales de nulidad tanto de votación recibida en casilla como de elecciones federales en su conjunto.

La pieza más polémica: anular comicios por injerencia foránea

El punto que concentra mayor atención política es la propuesta de constitucionalizar la nulidad de elecciones por intervención extranjera. De aprobarse, los tribunales electorales contarían con un nuevo instrumento legal para invalidar procesos comiciales en los que se acredite injerencia de actores externos, algo que hasta ahora no está contemplado de forma explícita en la Carta Magna.

La iniciativa complementaria —la reforma a la ley de medios de impugnación— definiría los mecanismos procesales concretos para hacer valer esa nueva causal ante los órganos jurisdiccionales competentes.

Un paquete legislativo de alto impacto

En conjunto, el paquete que se discutirá en el Extraordinario toca tres de los pilares del sistema político mexicano: el Poder Judicial, el acceso a candidaturas y las reglas de validez de las elecciones. La agenda legislativa se perfila intensa, en un contexto en que el Congreso ya ha acumulado una serie de reformas estructurales de alto calado en los últimos meses.

Las fechas concretas de las sesiones y el orden del día detallado serán dados a conocer una vez que la Presidencia del Congreso informe formalmente sobre los motivos de la convocatoria.

Con más de dos meses de desgaste persistente por el caso Adorni, el oficialismo logró un respiro en Diputados. Bloqueó un intento de la oposición, que había nacido desinflado, para poner en marcha el mecanismo de interpelación al jefe de Gabinete. Sin el capítulo de alguna novedad judicial, parecía que el foco se desvanecía por un rato, pero en rigor se corrió a la densa interna: Patricia Bullrich adelantó la presentación de su declaración jurada y ratificó con ese gesto el reclamo anterior al funcionario para que aclare de una vez su situación patrimonial o se corra. Un síntoma, además, del clima de tirantez que va creciendo también en el Senado.

La Cámara alta espera ahora la formalización de una fecha para que Manuel Adorni presente su informe de gestión. Ya hay reclamos y conversaciones reservadas, en un cuadro de mínima incómodo para la bancada de LLA. El anterior capítulo, a fines de abril en Diputados, dejó las imágenes Javier Milei y la primera línea de gobierno en los palcos, como escenificación máxima de sostenimiento del funcionario. En medios oficialistas, aún con cautela, hubo expectativa sobre una reversión o atenuación del tema.

No alcanzó. Impactaron de lleno las novedades que sumó casi de inmediato la investigación a cargo del fiscal Gerardo Pollicita. Después de aquella presentación en el recinto de Diputados, se añadió el dato de los US$ 245.000 pagados en efectivo y sin recibos para rehacer prácticamente la casa en el country de Exaltación de la Cruz.

Esa revelación provocó un pico de tensión en el frente doméstico del Gobierno, con el Presidente y Karina Milei firmes en el respaldo a Adorni, pero con señales cada vez más evidentes de malestar por el deterioro político que produce. El clima se extiende a los socios -PRO, parte de la UCR, provinciales-, que dejan trascender preocupación y hasta cuestionamientos, aunque no al punto de jugar decididamente y de manera crítica en el Congreso. La última muestra fue el aporte de este miércoles para frenar la movida opositora.

Lo ocurrido en Diputados alimentó al mismo tiempo diferentes evaluaciones en el heterogéneo terreno de la oposición, que buscaba abrir el camino para la interpelación al jefe de Gabinete. De entrada, existió poco interés del peronismo/K, porque el de la corrupción no es precisamente su mejor terreno y por una cuestión que cálculo político sobre los tiempos. En el resto de los espacios opositores tampoco se notó un trabajo intenso para fisurar al menos el frente de LLA y sus socios, en especial algunos provinciales.

Es más, algunos especulaban con que no era muy táctico apurar un desenlace del caso Adorni, porque el paso del tiempo ya venía operando como elemento desgastante para Olivos. Sonaba más bien a remedio frente a las cuentas que pronosticaban falta de número para lograr quórum e imponer el tratamiento en comisión. Lo cierto es que la semana pasada, la oposición debió suspender la convocatoria. Y ahora vio como el oficialismo imponía su movida: superpuso su propia convocatoria y, además, logró aprobar los proyectos de Ley Hojarasca y recorte de subsidios al consumo de gas en zona fría.

El Gobierno, con Diego Santilli como principal operador en las tratativas con jefes provinciales, coronó una negociación que habla del nivel político actual: logró apoyos para recortar subsidios al gas en base a acuerdos sobre energía eléctrica con algunos mandatarios del Norte y el Litoral. Habrá que ver como termina la historia en el Senado.

Por supuesto, el tema Adorni se llevó un título a pesar del referido freno en Diputados. Bullrich presentó su declaración jurada por vía de la Oficina Anticorrupción, mucho antes del límite formal para hacerlo, en julio. La información circuló rápidamente en medios legislativos. Y potenció su anterior mensaje: había reclamado que el jefe de Gabinete no esperara más para mostrar sus números y cerrar el tema.

Milei dijo entonces que, en realidad, Bullrich había “spoileado” el desenlace porque el jefe de Gabinete ya tenía todo listo y cumpliría con la presentación de inmediato. Pasaron dos semanas. Y todo indica que recién lo haría hacia principios de junio. Se mezclan especulaciones sobre la apuesta a que el Mundial aplaque el tema y, también, la esperanza en que no haya más “sorpresas” con la investigación judicial.

Antes, en el Senado comenzaron los movimientos acerca del turno de Adorni para exponer su informe. Este mes debería hacerlo ante la Cámara alta, aunque a mayo le quedan pocos días. Parece claro que el oficialismo intentaría dilatar el trámite. Formalmente, ya existe un primer reclamo del peronismo para que sea fijada la fecha y el Ejecutivo está al tanto del pedido.

El clima no resulta cómodo para la representación violeta. Nadie en el círculo de Olivos espera algún gesto de Victoria Villarruel, quien, de momento, sólo dejó alguna chicana. “Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni”, fue la ácida frase que dejó en su última aparición pública. Bullrich, por su parte, debe pilotear la situación del bloque. En general, se le resta trascendencia a los dichos de Francisco Paoltroni, quien cuestionó públicamente la posición de Adorni. El legislador formoseño es considerado un díscolo, que regresó al bloque en noviembre, después de la ruptura por la primera ofensiva del Gobierno para integrar la Corte Suprema. De todos modos, no iría a contramano del humor de varios colegas.

Todo en el oficialismo es traducido en términos de interna. El mensaje de Bullrich apuntado al jefe de Gabinete ya había sumado tensión a la relación con Karina Milei. Complicó incluso las últimas reuniones de la primera línea oficialista. Ese cuadro agregó desde el sábado la escalada en la disputa entre Santiago Caputo y la hermana del Presidente, expuesta como un combate entre las Fuerzas del Cielo y Martín Menem por manejos en las redes sociales. Un síntoma inquietante: fue postergado para el martes que viene un nuevo encuentro de la mesa política, cuyas últimas citas estuvieron teñidas por el caso Adorni.

Tras intensas negociaciones con los gobernadores, la Cámara de Diputados le dio media sanción al recorte de subsidios al gas natural por Zonas Frías, una medida que permitirá un ahorro fiscal cercano a $300 mil millones. El proyecto, que modifica cuáles son las regiones que pueden acceder a la subvención estatal, fue aprobado por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones.

De acuerdo a las fuentes consultadas por Infobae, las discusiones con las provincias se extendieron durante toda la tarde, y algunos diputados mantuvieron en reserva su decisión hasta último momento. Desde el oficialismo explicaron que los mandatarios provinciales solicitaron múltiples garantías para sus distritos antes de definir su acompañamiento.

Producto del tira y afloje, el acuerdo incluyó una “compensación” para provincias del norte a través de subsidios a la energía eléctrica. Las potenciales beneficiadas serían Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán. No obstante, los mandatarios provinciales exigieron seguridades para evitar incumplimientos futuros por parte del Poder Ejecutivo.

De ser aprobada, la iniciativa limitaría la bonificación de hasta el 50% en la tarifa de gas a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. Además, quedarían excluidas las provincias que se habían sumado en la ampliación de 2021, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. En esa modificación previa, impulsada por el diputado Máximo Kirchner, el universo de beneficiarios había pasado de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales conectados a la red de gas.

Con el cambio aprobado, según la Secretaría de Energía, se prevé un ahorro fiscal de $272.099 millones, y quedarán fuera del régimen 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán.

Pese a las críticas, el oficialismo aseguró que “ninguna persona que la necesite perderá la ayuda estatal”, ya que los hogares con ingresos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) podrán inscribirse en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), al igual que quienes cuenten con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), ex combatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad.

Por último, el proyecto también contemplará que las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal que sufrieron el congelamiento de tarifas en años recientes puedan utilizar el crédito fiscal generado para saldar deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA). No obstante, será requisito que desistan de presentar reclamos judiciales o administrativos vinculados.

Quiénes votaron a favor

• Aguero, Guillermo Cesar (UCR - Chaco).
• Ajmechet, Sabrina (La Libertad Avanza - CABA).
• Almena, Carlos Alberto (La Libertad Avanza - San Luis).
• Almiron, Lisandro (La Libertad Avanza - Corrientes).
• Andreussi, Barbara (La Libertad Avanza - Jujuy).
• Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Arabia, Damian (La Libertad Avanza - CABA).
• Ardohain, Martin (PRO - La Pampa).
• Arrieta, Lourdes Micaela (Provincias Unidas - Mendoza).
• Arrua, Alberto (Innovación Federal - Misiones).
• Avico, Belén (La Libertad Avanza - Córdoba).
• Ávila, Jorge Antonio (Provincias Unidas - Chubut).
• Basualdo, Atilio (La Libertad Avanza - Formosa).
• Becerra, Monica (La Libertad Avanza - San Luis).
• Benedit, Beltran (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
• Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Bianchetti, Emmanuel (PRO - Misiones).
• Bongiovanni, Alejandro (La Libertad Avanza - Santa Fe).
• Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza - Córdoba).
• Brizuela, Adrian (La Libertad Avanza - Catamarca).
• Bruno, Eliana (La Libertad Avanza - Salta).
• Campero, Mariano (La Libertad Avanza - Tucumán).
• Capozzi, Sergio Eduardo (Provincias Unidas - Río Negro).
• Carrancio, Alejandro (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Castelnuovo, Giselle (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Chiconi, Abel (La Libertad Avanza - San Juan).
• Cipolini, Gerardo (UCR - Chaco).
• Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza - Mendoza).
• De Andreis, Fernando (PRO - CABA).
• De Sensi, Maria Florencia (PRO - Buenos Aires).
• Diez, Romina (La Libertad Avanza - Santa Fe).
• Emma, Nicolas (La Libertad Avanza - CABA).
• Falcone, Eduardo (MID - Buenos Aires).
• Fargosi, Alejandro (La Libertad Avanza - CABA).
• Fernández, Elia Marina (Independencia - Tucumán).
• Fernández Molero, Daiana (PRO - CABA).
• Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza - CABA).
• Figliuolo, Sergio (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Finocchiaro, Alejandro (PRO - Buenos Aires).
• Flores, Maria Gabriela (La Libertad Avanza - Salta).
• Fregonese, Alicia (PRO - Entre Ríos).
• Frías, Maira (La Libertad Avanza - Chubut).
• Gallardo, Maria Virginia (La Libertad Avanza - Corrientes).
• García, Álvaro (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• García, Carlos (La Libertad Avanza - Chaco).
• Garrido, Jose Luis (Por Santa Cruz).
• Giampieri, Antonela (PRO - CABA).
• Giudici, Silvana (La Libertad Avanza - CABA).
• Goitia, Rosario (La Libertad Avanza - Chaco).
• Gonzales, Alfredo (La Libertad Avanza - Jujuy).
• Gonzalez, Alvaro (PRO - CABA).
• Gonzalez, Diogenes Ignacio (UCR - Corrientes).
• Gonzalez, Gerardo Gustavo (Innovación Federal - Formosa).
• Gonzalez Estevarena, Maria Luisa (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Gruber, Maura (La Libertad Avanza - Misiones).
• Guzmán, Jairo (La Libertad Avanza - Santa Cruz).
• Hartfield, Diego (La Libertad Avanza - Misiones).
• Herrera Ahuad, Oscar A. (Innovación Federal - Misiones).
• Holzman, Patricia (La Libertad Avanza - CABA).
• Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza - Tucumán).
• Humenuk, Gladys (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Ibáñez, María Cecilia (La Libertad Avanza - Córdoba).
• Jaime Quiroga, Carlos Gustavo (Producción Y Trabajo - San Juan).
• Laumann, Andres Ariel (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
• Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Leone, Andres (La Libertad Avanza - CABA).
• Llano, Mercedes (La Libertad Avanza - Mendoza).
• Lluch, Enrique (La Libertad Avanza - Córdoba).
• Longo, Johanna Sabrina (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Martínez, Álvaro (La Libertad Avanza - Mendoza).
• Massot, Nicolas (Encuentro Federal - Buenos Aires).
• Maureira, Karina (La Neuquinidad - Neuquén).
• Mayoraz, Nicolas (La Libertad Avanza - Santa Fe).
• Medina, Gladys (Independencia - Tucumán).
• Metral Asensio, Julieta (La Libertad Avanza - Mendoza).
• Molinuevo, Soledad (La Libertad Avanza - Tucumán).
• Mondaca, Soledad (La Libertad Avanza - Neuquén).
• Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Montenegro, Juan Pablo (La Libertad Avanza - Santa Fe).
• Morchio, Francisco (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
• Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza - Salta).
• Muñoz, Gabriela Luciana (La Libertad Avanza - Neuquén).
• Nieri, Lisandro (UCR - Mendoza).
• Niveyro, Miriam (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Noguera, Javier (Independencia - Tucumán).
• Ojeda, Joaquín (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Outes, Pablo (Innovación Federal - Salta).
• Pareja, Sebastián (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Patiño Brizuela, Marcos (La Libertad Avanza - Córdoba).
• Pauli, Santiago (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
• Pellegrini, Agustín (La Libertad Avanza - Santa Fe).
• Pellici, Federico Agustín (La Libertad Avanza - Tucumán).
• Peluc, Jose (La Libertad Avanza - San Juan).
• Petri, Luis (La Libertad Avanza - Mendoza).
• Petrovich, Maria Lorena (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Picat, Luis Albino (La Libertad Avanza - Córdoba).
• Picon Martinez, Nancy Viviana (Producción Y Trabajo - San Juan).
• Ponce, Maria Celeste (La Libertad Avanza - Córdoba).
• Quintar, Manuel (La Libertad Avanza - Jujuy).
• Ravera, Valentina (La Libertad Avanza - Santa Fe).
• Ravier, Adrian (La Libertad Avanza - La Pampa).
• Razzini, Veronica (La Libertad Avanza - Santa Fe).
• Reichardt, Karen (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Riesco, Gaston (La Libertad Avanza - Neuquén).
• Ritondo, Cristian A. (PRO - Buenos Aires).
• Roca, Gonzalo (La Libertad Avanza - Córdoba).
• Rodríguez, Miguel (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
• Rodríguez Machado, Laura Elena (La Libertad Avanza - Córdoba).
• Ruiz, Yamila (Innovación Federal - Misiones).
• Sánchez Wrba, Javier (PRO - Buenos Aires).
• Santillan Juarez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Santurio, Santiago (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Schneider, Dario (UCR - Entre Ríos).
• Soldano, Laura (La Libertad Avanza - Córdoba).
• Tomassoni, Yamile (La Libertad Avanza - Santa Fe).
• Torres, Ruben Dario (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Tortoriello, Aníbal (La Libertad Avanza - Río Negro).
• Tournier, Jose Federico (La Libertad Avanza - Corrientes).
• Treffinger, Cesar (La Libertad Avanza - Chubut).
• Urien, Hernan (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Vancsik, Daniel (Innovación Federal - Misiones).
• Vásquez, Patricia (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Vega, Yolanda (Innovación Federal - Salta).
• Vera, Andrea Fernanda (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Verasay, Pamela Fernanda (UCR - Mendoza).
• Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza - Río Negro).
• Visconti, Gino (La Libertad Avanza - La Rioja).
• Yeza, Martin (PRO - Buenos Aires).
• Zago, Oscar (MID - CABA).
• Zapata, Carlos Raul (La Libertad Avanza - Salta).
• Zigaran, Maria Ines (Provincias Unidas - Jujuy).

Quiénes votaron en contra

• Aguirre, Hilda (Unión por la Patria - La Rioja).
• Ali, Ernesto “Pipi” (Unión por la Patria - San Luis).
• Alvarez, Claudio (Innovación Federal - San Luis).
• Andino, Cristian (Unión por la Patria - San Juan).
• Andrade, Javier (Unión por la Patria - CABA).
• Araujo Hernández, Jorge Neri (Unión por la Patria - Tierra del Fuego).
• Aveiro, Martín (Unión por la Patria - Mendoza).
• Banfi, Karina (Adelante Buenos Aires).
• Barbur, Marcelo (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
• Basterra, Luis Eugenio (Unión por la Patria - Formosa).
• Basualdo, Carolina (Provincias Unidas - Córdoba).
• Biella, Bernardo (Innovación Federal - Salta).
• Bordet, Gustavo (Unión por la Patria - Entre Ríos).
• Borgatta, Alejandrina (Unión por la Patria - Santa Fe).
• Bregman, Myriam (PTS - Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - CABA).
• Brugge, Juan Fernando (Provincias Unidas - Córdoba).
• Cafiero, Santiago (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Campitelli, Celia (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
• Campo, Julieta Marisol (Unión por la Patria - Chaco).
• Campora, Lucia (Unión por la Patria - CABA).
• Carignano, Florencia (Unión por la Patria - Santa Fe).
• Casas, Sergio Guillermo (Unión por la Patria - La Rioja).
• Castagneto, Carlos Daniel (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Chica, Jorge (Unión por la Patria - San Juan).
• Cisneros, Carlos (Unión por la Patria - Tucumán).
• De La Rosa, Maria Graciela (Unión por la Patria - Formosa).
• De La Sota, Natalia (Defendamos Córdoba).
• Del Caño, Nicolás (PTS - Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires).
• Del Pla, Romina (PTS - Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires).
• Díaz, Fernanda (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Dolce, Sergio (Unión por la Patria - Chaco).
• Estevez, Gabriela Beatriz (Unión por la Patria - Córdoba).
• Farias, Pablo (Provincias Unidas - Santa Fe).
• Félix, Emir (Unión por la Patria - Mendoza).
• Fernández, Jorge (Primero San Luis).
• Ferran, Abelardo (Unión por la Patria - La Pampa).
• Freites, Andrea (Unión por la Patria - Tierra del Fuego).
• Galmarini, Sebastián (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• García, María Teresa (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• García Aresca, Ignacio (Provincias Unidas - Córdoba).
• Giuliano, Diego A. (Unión por la Patria - Santa Fe).
• Glinski, Jose (Unión por la Patria - Chubut).
• Gómez, José (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
• Grabois, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Gutiérrez, Carlos (Provincias Unidas - Córdoba).
• Hadad, Raúl (Unión por la Patria - Corrientes).
• Hagman, Itai (Unión por la Patria - CABA).
• Ianni, Ana María (Unión por la Patria - Santa Cruz).
• Juliano, Pablo (Provincias Unidas - Buenos Aires).
• Lanesan Sancho, Moira (Unión por la Patria - Santa Cruz).
• Leiva, Aldo (Unión por la Patria - Chaco).
• López, Jimena (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• López Pasquali, Cecilia (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
• Luque, Juan Pablo (Unión por la Patria - Chubut).
• Mango, Marcelo (Unión por la Patria - Río Negro).
• Manrique, Mario (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Marclay, Marianela (Unión por la Patria - Entre Ríos).
• Marin, Varinia Lis (Unión por la Patria - La Pampa).
• Marino, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Martínez, German Pedro (Unión por la Patria - Santa Fe).
• Michel, Guillermo (Unión por la Patria - Entre Ríos).
• Miño, Fernanda (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Molina, Juan Carlos (Unión por la Patria - Santa Cruz).
• Molle, Matías (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Monzón, Roxana (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Moreau, Cecilia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Moyano, Hugo Antonio (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Mukdise, Jorge (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
• Neder, Estela Mary (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
• Olmos, Kelly (Unión por la Patria - CABA).
• Osuna, Blanca Inés (Unión por la Patria - Entre Ríos).
• Palazzo, Sergio Omar (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Palladino, Claudia María (Unión por la Patria - Catamarca).
• Parola, Maria Graciela (Unión por la Patria - Formosa).
• Paulon, Esteban (Provincias Unidas - Santa Fe).
• Pedrali, Gabriela (Unión por la Patria - La Rioja).
• Penacca, Paula Andrea (Unión por la Patria - CABA).
• Pietragalla Corti, Horacio (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Pitrola, Nestor (PTS - Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires).
• Pokoik, Lorena (Unión por la Patria - CABA).
• Potenza, Luciana (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Propato, Agustina Lucrecia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Rauschenberger, Ariel (Unión por la Patria - La Pampa).
• Roberto, Santiago Luis (Unión por la Patria - CABA).
• Rossi, Agustin Oscar (Unión por la Patria - Santa Fe).
• Salzmann, Marina Dorotea (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Sand, Nancy (Unión por la Patria - Corrientes).
• Scaglia, Gisela (Provincias Unidas - Santa Fe).
• Selva, Sabrina (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Serquis, Adriana Cristina (Unión por la Patria - Río Negro).
• Siley, Vanesa Raquel (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Strada, Julia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Taiana, Jorge (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Tailhade, Rodolfo (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Tepp, Caren (Unión por la Patria - Santa Fe).
• Tita, Paulo Agustín (Unión por la Patria - Tierra del Fuego).
• Todero, Pablo (Unión por la Patria - Neuquén).
• Torres, Alejandra (Provincias Unidas - Córdoba).
• Trotta, Nicolas Alfredo (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Valdes, Eduardo Felix (Unión por la Patria - CABA).
• Velázquez, M. Elena (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Volnovich, Luana (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Yedlin, Pablo Raul (Unión por la Patria - Tucumán).
• Zaracho, Natalia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Zulli, Christian Alejandro (Unión por la Patria - Corrientes).

Las abstenciones

• Ávila, Fernanda (Elijo Catamarca).
• Ferraro, Maximiliano (Coalición Cívica por la Ciudad de Buenos Aires).
• Monguillot, Fernando (Elijo Catamarca).
• Noblega, Sebastián (Elijo Catamarca).

El proyecto para restringir el subsidio de gas en el régimen de Zona Fría está en pleno debate en el Congreso y obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados.

En caso de que se aprueben en el Senado las modificaciones a la norma que busca el Gobierno, se reduciría el alcance del subsidio, de manera que este se focalizará únicamente en regiones con clima severo y en ciertos hogares vulnerables. El objetivo es reducir el gasto público, con un ahorro fiscal estimado en $272.099 millones.

Según pudo saber Infobae, la norma vigente —que rige hasta 2031— genera actualmente un déficit de $485.000 millones. El régimen demanda transferencias del Tesoro Nacional debido a que, según la versión oficial, el fondo fiduciario nutrido por un recargo del 7,5% sobre el gas resulta insuficiente para cubrir los subsidios otorgados. Entonces, en caso de ser aprobada, la nueva norma modificaría el acceso al beneficio para 1,2 millones de hogares en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis, que quedarían excluidos del esquema preferencial habilitado por la ampliación de 2021.

La propuesta oficial, enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, mantiene la bonificación plena solo en la Región Patagónica, el departamento Malargüe en Mendoza y la Puna. En el resto de las zonas sumadas en 2021, el subsidio continuará exclusivamente para usuarios residenciales que cumplan con los criterios de ingresos del Subsidio Energético Focalizado (SEF), es decir, ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales, poseedores del Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas o titulares del Certificado Único de Discapacidad. Para la mayoría de los usuarios de la zona ampliada que no califiquen bajo estos requisitos, el beneficio será eliminado y recibirán la factura plena.

El cálculo de la bonificación también se modifica. En caso de sancionarse, el subsidio ya no abarcará toda la factura, sino solo el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que reduce su impacto. El actual descuento oscila entre el 30% y 50%, aunque varía dependiendo de la región.

La revisión excluye en concreto a 55 departamentos de Buenos Aires, 13 de Córdoba, 12 de La Pampa, 8 de San Luis y 8 de Santa Fe del régimen preferencial, una redefinición que —según IERAL— impacta principalmente en los hogares considerados de mayores ingresos en las regiones sumadas durante 2021. Para los usuarios de la zona fría histórica, en cambio, el subsidio persistirá, pero sobre una base menor, lo que igualmente implica un aumento, aunque más contenido que para el resto.

Impacto tarifario

El informe modeló el efecto de la reforma con ejemplos de usuarios residenciales de categoría R2-2. En Bahía Blanca, por ejemplo, un hogar con consumo promedio de 118 m³ mensuales vería incrementarse su factura de $19.945 a $39.890, un salto del 100 por ciento. En el caso de los hogares que califiquen para el SEF bajo los nuevos criterios en esa misma ciudad, la suba sería del 22 por ciento. En la zona fría histórica, representada por ciudades como Neuquén, los aumentos anticipados serían del 20 por ciento. Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el régimen nunca fue aplicado, las tarifas se mantendrán sin cambios.

Esta reestructuración segmenta a los usuarios en cuatro grupos:

• Usuarios vulnerables de la zona ampliada (que acceden al SEF): mantendrán una bonificación parcial, menor a la actual, ya que solo se aplicará sobre el PIST.
• Usuarios de la zona ampliada (que no acceden al SEF): experimentarán los mayores incrementos, llegando a duplicar el monto mensual abonado.
• Usuarios de la zona fría histórica: seguirán recibiendo el subsidio, pero sobre una base menor, lo que implica un aumento más moderado.
• Usuarios fuera de ambos regímenes: no tendrán cambios, ya que no reciben subsidio y su consumo promedio es menor.

Reducción del gasto público y protección social focalizada

El régimen de Zona Fría fue creado en 2002 para compensar tarifariamente a quienes habitan en regiones de bajas temperaturas, facilitando el acceso al gas natural. La ampliación impulsada en 2021 por el diputado Máximo Kirchner, multiplicó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, lo cual representó casi la mitad de los usuarios de gas por red del país. El Gobierno actual, en su mensaje enviado al Congreso, juzgó que tal expansión abarcó zonas sin condiciones climáticas extremas, con Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe como casos ejemplares, y calificó el esquema como “fiscalmente insostenible”.

El proyecto en tratamiento persigue dos ejes: reducir el gasto del Estado y reformular los subsidios para que reflejen mejor los costos reales del sistema energético. Según el informe de IERAL, “la transición al nuevo régimen podría generar aumentos abruptos en las tarifas para algunos usuarios”, por lo cual se recomienda la implantación de mecanismos de gradualidad y reglas claras que acompañen a los grupos vulnerables. El estudio destaca la necesidad de combinar criterios de clima, ingresos y consumo a la hora de definir la elegibilidad, para evitar injusticias y exclusiones indebidas.

Los exdiputados Juan Barahona, Osman Chávez, Silvia Ayala y Karen Martínez fueron los primeros en presentarse este miércoles ante las instalaciones del Ministerio Público (MP), específicamente ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, tras ser citados en condición de investigados dentro de un proceso administrativo relacionado con la integración de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

Desde tempranas horas de la mañana, los excongresistas llegaron acompañados de sus equipos legales, quienes interpusieron un escrito de apersonamiento con el objetivo de conocer formalmente los motivos de la investigación y garantizar el derecho a la defensa de sus representados.

Las citaciones emitidas por el Ministerio Público también alcanzan al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, así como a otros diputados y exdiputados que integraron o estuvieron vinculados a la Comisión Permanente durante el período en investigación.

El exdiputado de Libre Juan Barahona manifestó que acudió al llamado fiscal en cumplimiento de la ley y aseguró desconocer los señalamientos concretos que pesan en su contra.

“La citatoria solo dice que uno debe comparecer por una investigación que hay, pero no especifican qué tipo de investigación es la que están haciendo, por eso vengo porque no debo nada, ni he cometido delito en mis acciones”, expresó Barahona a su llegada al Ministerio Público.

El exparlamentario agregó que, una vez concluida su comparecencia ante los fiscales, brindaría declaraciones más amplias a los medios de comunicación sobre el proceso que enfrentan los exintegrantes de la Comisión Permanente.

Por su parte, el exdiputado Osman Chávez sostuvo que se presentó “con la frente en alto” y negó haber causado daño al país durante su gestión legislativa.

“Yo fui representante del Partido Salvador de Honduras, no de Libre en la Comisión Permanente, esto es una persecución política contra Redondo, no hicimos nada malo”, declaró Chávez ante periodistas apostados en las afueras de la Fiscalía.

Mientras tanto, las exdiputadas Silvia Ayala y Karen Martínez ingresaron al edificio del Ministerio Público sin brindar declaraciones públicas.

Asimismo, se informó que el diputado Carlos Raudales también se presentaría durante el transcurso de la mañana para atender el requerimiento fiscal.

De igual forma, se esperaba la llegada del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en medio de una creciente expectativa mediática y política por el desarrollo de las diligencias investigativas.

Las defensas de los exdiputados señalaron que no pueden emitir declaraciones ni permitir que sus representados rindan una comparecencia formal mientras no conozcan con precisión el contenido del expediente o las acusaciones que motivan la investigación.

En ese sentido, los abogados presentaron un escrito solicitando acceso al proceso investigativo y, además, pidieron un cambio de fecha para que los citados puedan presentar documentación y preparar una declaración más amplia ante los fiscales.

Tras la presentación del escrito, los exdiputados abandonaron rápidamente las instalaciones del Ministerio Público y quedaron a la espera de la resolución que adopte la Fiscalía respecto a la solicitud de sus defensas.

El Ministerio Público confirmó además que el martes hizo entrega de citaciones a los diputados Fabricio Sandoval, Linda Donaire, Edgardo Casaña y Kritza Pérez, quienes deberán establecer el lugar donde se les tomará declaración.

No obstante, las autoridades informaron que fue imposible entregar las citaciones a las diputadas Sherly Arriaga y Luz Angélica Smith.

Entre los citados por el ente acusador figuran Luis Redondo Guifarro, Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire. Además, se encuentra pendiente la definición de fecha, hora y lugar para la comparecencia de los actuales diputados Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña.

El Ministerio Público aclaró que todos los señalados han sido citados en condición de investigados, como parte de un procedimiento que busca garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa dentro de una investigación administrativa en curso.

A fin de conseguir la media sanción al proyecto que introduce cambios en el sistema de subvenciones de la Ley de Zona Fría, el Gobierno negoció con las provincias del norte el otorgamiento de un subsidio en la boleta de luz por “Zona Cálida”, que implica un mayor gasto público y complica el ajuste que se pretendía inicialmente. Sin embargo, parte de la oposición no dialoguista alertó que la medida se implementará por una Resolución del Ministerio de Economía y que podría no cumplirse.

A pesar de que el objetivo de la iniciativa era recortar el gasto público, durante la negociación política en la Cámara de Diputados, la administración libertaria ofreció una contrapartida para sumar votos: prometió a varias provincias del norte y centro del país como Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones y Santa Fe la creación de subsidios para la electricidad en zonas muy cálidas y cálidas, con un costo fiscal estimado de entre USD 71 millones y USD 95 millones anuales. La implementación de este beneficio quedaría bajo una Resolución del Ministerio de Economía, lo que genera incertidumbre sobre su cumplimiento.

El documento que el oficialismo entregó a los diputados se tituló “Resolución Bonificaciones y Bloques adicionales de verano y primavera para zonas bioambientales Ia, Ib y IIb (muy cálidas y cálidas)”. En ese texto, el Gobierno planteó un aumento de los bloques de subsidios en los meses de noviembre y marzo, al menos. Para la Zona muy Cálida (Ia y Ib), el bloque adicional sería de 300 kW/h; en la Zona Cálida (IIb), de 200 kW/h. Este mecanismo supondría un aumento en la transferencia de recursos estatales hacia las provincias involucradas.

Según pudo saber Infobae, actualmente Zona Fría genera un déficit de 485.000 millones de pesos. En tanto, de aprobarse la ley, el ahorro para las arcas del Estado sería de 272.099 millones de pesos. Según fuentes oficiales de la Secretaría de Energía, la cifra mencionada no incluye el gasto adicional de los subsidios otorgados en la boleta de gas durante la negociación, que oscila entre USD 71 millones y USD 90 millones anuales. Al tipo de cambio mayorista de $1.400, esto representa $126.000 millones, es decir, la mitad del ahorro que se buscaba.

El oficialismo impulsó un proyecto que propuso la sustitución del artículo 75 de la Ley 25.565 y del artículo 148 de la Ley 11.672, con el foco en restringir el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. El texto estableció que el fondo solo financie compensaciones a empresas proveedoras por ventas de gas natural y gas licuado de petróleo en la Patagonia, el departamento de Malargüe en Mendoza y la región de la Puna. Además, incluyó la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas.

El proyecto determinó que el recargo para financiar el fondo podrá alcanzar hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, aplicándose a todos los metros cúbicos comercializados por redes a nivel nacional, salvo los exportados o los inyectados por GNL importado y regasificado. También redefinió el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría, limitando la ayuda a las regiones históricas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna, y dejando afuera a provincias que ingresaron con la ampliación de 2021: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y otras.

Es que en la extensión de 2021, el Congreso amplió el criterio a partir de parámetros bioambientales, lo que llevó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red. El fuerte crecimiento de beneficiarios tensionó el Fondo Fiduciario y llevó al Gobierno a revisar el esquema de financiamiento, con el objetivo de ajustar el gasto público y redefinir quiénes reciben el subsidio por zona fría.

El debate

La negociación política giró así sobre la base de promesas que, hasta el momento, solo existen en documentos internos y en la palabra de los funcionarios. El diputado Esteban Paulon cuestionó con dureza el procedimiento durante la sesión: “Salieron a revolear la ‘Zona cálida’, que no existe. Es un papelito, una hojita de Word que dice: ‘Zona cálida’, si acá hay gente que dio quórum pensando que en algún momento va a llegar la ‘Zona cálida’ a su provincia, suerte; si hay un gobierno mal pagador de los compromisos, es este”.

El trasfondo de la discusión muestra el dilema entre el objetivo oficial de ajustar el gasto público y la presión de los diputados -ergo sus gobernadores- para mantener o expandir los beneficios energéticos. La redefinición del Fondo Fiduciario y la limitación a las zonas históricas buscó recortar el universo de beneficiarios y aliviar el peso fiscal, pero la necesidad de obtener acuerdos en la Cámara de Diputados forzó al Gobierno a prometer nuevos subsidios para las provincias del norte.

El resultado dejó un esquema de subsidios segmentado: por un lado, zonas históricas que conservaron el beneficio en el gas a través del Fondo Fiduciario; por otro, regiones del norte que esperan la instrumentación de subsidios eléctricos, condicionados a una resolución administrativa cuya emisión y alcance todavía no están garantizados.

El oficialismo se anotó este miércoles varias victorias en la Cámara de Diputados. Tras frenéticas negociaciones con un grupo de gobernadores, los libertarios lograron darle media sanción al recorte de subsidios al gas natural por Zonas Frías que permitirá un ahorro fiscal de casi $300 mil millones. Fue por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. Además, La Libertad Avanza y sus aliados aprobaron la denominada Ley Hojarasca -que elimina leyes obsoletas- y una decena de tratados internacionales. Por otro lado, bloquearon sin mayores sobresaltos la convocatoria de la oposición para interpelar al jefe de Gabinete Manuel Adorni a raíz de las denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito.

El proyecto para modificar el régimen de Zonas Frías era el verdadero plato fuerte de la jornada y quedó como último punto del temario. Las negociaciones con las provincias continuaron durante toda la tarde y algunos diputados evitaron adelantar su voto hasta último momento. “Estuvieron pidiendo de todo, como siempre”, explicaron desde las filas libertarias.

Ayer por la tarde trascendió que la prenda de negociación que garantizó los votos fue una “compensación” para las provincias del norte por vía de subsidios a la energía eléctrica. Entre las potenciales beneficiadas por “zona cálida” se destacaban Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán. Pero los gobernadores exigían garantías porque temían que la Casa Rosada luego no cumpliera con su palabra.

La votación terminó con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. Los libertarios contaron con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, casi todos los integrantes de Innovación Federal (un salteño se opuso), las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo, la diputada del monobloque La Neuquinidad, los tres tucumanos de Independencia, la ex libertaria Lourdes Arrieta y los jujeños Jorge Rizzoti y María Inés Zigarán. Los tres diputados de Elijo Catamarca se abstuvieron.

Ahora el proyecto será girado al Senado, donde las provincias tienen aún más poder y continuarán las negociaciones con la Casa Rosada.

Qué propone la modificación del régimen de Zonas Frías

La iniciativa oficial restringe la bonificación de hasta el 50% de la tarifa de gas únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. Por lo tanto, excluye a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. En esa reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de “zona fría” a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.

Desde la Casa Rosada aseguran que “ninguna persona que la necesite perderá la ayuda estatal” ya que los hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales podrán registrarse en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para mantener el subsidio. También podrán inscribirse beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), ex combatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad.

Según datos de la Secretaría de Energía, volver al esquema original representará un ahorro fiscal de $272.099 millones. En total, quedarán fuera del régimen 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán.

Además, el proyecto permitirá que las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal que se vieron afectadas durante los últimos años por el congelamiento de tarifas puedan aplicar ese crédito para cancelar deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), a condición de que abandonen todos los reclamos judiciales o administrativos vinculados.

Al inicio del debate, el presidente de la Comisión de Energía, el libertario Facundo Correa Llano aseguró que “durante años la política argentina se construyó sobre subsidios indiscriminados, sobre distorsiones, sobre privilegios”. “Eso nos llevó a confundir lo que es la sensibilidad social con desorden, subsidios con privilegios, y política energética con populismo tarifario. Los resultados están a la vista: desinversión, atraso, subsidios mal asignados y millones de argentinos pagando un sistema injusto. Ese modelo fracasó, eso es lo que hoy venimos a corregir”, explicó.

Por su parte, desde la oposición calificaron la medida como un “tarifazo” disfrazado porque representará un fuerte aumento en las boletas de las zonas que quedarán fuera del régimen. Por otro lado, señalaron que también significará un aumento para la provincias que quedaron incluídas en el régimen porque “se cambia la base del cálculo del subsidio y se deja afuera la distribución y el transporte del gas”.

A modo de ejemplo, la diputada bonaerense Marina Salzmann mostró una boleta de gas de una jubilada de Marcos Paz, que en abril pagó $26 mil y sin el subsidio pasaría a pagar $45.500 mil, “lo que significa el 11% de sus ingresos como jubilada de la mínima”. “El único que se beneficia es el ministro de Economía que quiere que le cierren las cuentas”, fustigó.

“Tómense el trabajo de leer. Si cobran hasta tres canastas básicas, si hay una persona con discapacidad, si tienen el certificado de vivienda única, van a mantener el subsidio. Quienes más lo necesiten van a recibir el subsidio. Dejen de mentir”, retrucó la sanjuanina Nancy Picón Martínez, que responde al gobernador Marcelo Orrego.

La pelea reglamentaria al inicio de la sesión

La sesión comenzó pasadas las 10 con la presencia de LLA, el PRO, la UCR, el MID, la radical disidente Karina Banfi, Innovación Federal, las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo, la diputada del monobloque La Neuquinidad, los tres tucumanos de Independencia, la ex libertaria Lourdes Arrieta y la radical jujeña María Inés Zigarán que contribuyeron a conseguir el quórum de 129 presentes.

El inicio del debate transcurrió en un clima de tensión y hubo fuertes cruces entre la oposición y Martín Menem por una disputa reglamentaria, ya que la oposición también había convocado a una sesión pero a las 11 con el objetivo de interpelar al jefe de Gabinete, para que brinde explicaciones sobre sus viajes y patrimonio.

Por eso, el peronismo propuso someter a votación una moción para que se pase a cuarto intermedio a las 11, lo que habilitaría el comienzo de la sesión opositora. Pero el libertario Nicolás Mayoraz contestó que era sabido que el oficialismo planeaba sesionar este miércoles por lo que rechazó que se haya tratado de una maniobra para obstruir la convocatoria de la oposición. En ese sentido, señaló que resulta “imposible” suspender una sesión en curso para iniciar otra.

“No hay un solo antecedente de que una sesión especial interrumpa otra en toda la historia de la Cámara”, concluyó Martín Menem. Tras un acalorado intercambio de acusaciones, finalmente el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, cambió su moción y propuso concluir la sesión vigente. Esa moción fue rechazada por 131 votos negativos contra 111 positivos, por lo que los libertarios pudieron continuar con su temario.

La ley Hojarasca que impulsó Sturzenegger

El primer proyecto de la orden del día fue la denominada ley Hojarasca, una iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Su objetivo es eliminar 58 leyes, modificar artículos de otras ocho y derogar dos decretos porque, según el Gobierno, fueron superadas por normativas posteriores, quedaron obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo, afectan libertades individuales, generan burocracia innecesaria, refieren a organismos ya disueltos u organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.

Al momento de la votación, la norma obtuvo 139 votos positivos, 96 en contra y 9 abstenciones. Junto con los libertarios votaron a favor el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad y cinco diputados de Provincias Unidas (Lourdes Arrieta, Jorge Ávila, José Núñez, Gisela Scaglia y Alejandra Torres).

Luego se aprobaron por amplia mayoría una serie de convenios y tratados internacionales: para el convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia, suscripto en La Haya, Países Bajos, el 23 de noviembre de 2007; el tratado de extradición entre la República Argentina y la República de Polonia, suscripto en Buenos Aires, el 5 de diciembre de 2019; el tratado de extradición entre la República Argentina y la República de Costa Rica, suscripto en Buenos Aires, el 21 de marzo de 2019; el tratado sobre traslado de personas condenadas o sujetas a medidas de seguridad entre la República Argentina y la República Italiana, suscripto en Buenos Aires el 8 de mayo de 2017; el tratado sobre asistencia jurídica mutua en materia penal entre la República Argentina y la República de Serbia, suscripto en Belgrado, Serbia, el 14 de octubre de 2019; el tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre la República Argentina y la República de Cuba, celebrado en Buenos Aires, el 19 de noviembre de 2021; el tratado de extradición entre la República Argentina y la República de Chile, suscripto en Santiago, Chile, el 5 de diciembre de 2023; el convenio internacional de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragio, 2007, celebrado en Nairobi, Kenia, el 18 de mayo de 2007; el tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre Autoridades Centrales (Tratado de Medellín), celebrado en Medellín, Colombia, el 24 y 25 de julio de 2019, y su Reglamento de Financiación, aprobado el 14 de febrero de 2022, y finalmente el acuerdo marco entre la República Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, suscripto en Ginebra, Suiza, el 2 de noviembre de 2016.

También se le concedió la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate” al Brigadier (R) “VGM” Jorge Francisco Martínez, por su actuación en la Guerra de Malvinas.

La Cámara de Diputados aprobó por una importante mayoría el proyecto de ley Hojarasca. La votación que terminó con 138 votos a favor y 96 en contra se desarrolló en una sesión marcada por cruces reglamentarios, chicanas entre bancas y un pulso político que el oficialismo ganó por la vía del número.

La jornada abrió con una disputa procedimental que consumió más de una hora del debate. La Libertad Avanza había convocado una sesión especial para las 10 de la mañana, una hora antes que la cita opositora prevista para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito. Con 129 diputados presentes, el oficialismo alcanzó el quórum mínimo y dejó sin efecto la convocatoria de Unión por la Patria.

El jefe del bloque opositor, Germán Martínez, presentó una moción de orden amparada en el artículo 127 del reglamento para pasar a cuarto intermedio a las 11 y habilitar la sesión rival, pero la moción fue rechazada por 131 votos contra 111. Desde la oposición, diputados como Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Agustín Rossi y Paula Penacca acusaron a Menem de no someter la moción a votación de inmediato y de interpretar el reglamento de manera selectiva. Menem respondió que la oposición pretendía “usufructuar el quórum de otra sesión que ya comenzó”.

Despejada esa instancia, la Cámara inició con el debate de la Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, conocida como “Ley Hojarasca”, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La norma elimina 58 leyes, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos. Desde Unión por la Patria, Pablo Yedlin advirtió que la derogación de la Ley 26.688 —que declara de interés nacional la producción pública de medicamentos y vacunas— podría afectar al Instituto Maiztegui de Pergamino, único productor mundial de la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina. Nicolás Trotta, por su parte, cuestionó la eliminación de restricciones a la participación extranjera en medios de comunicación y la posible derogación de la ley de Industria Automotriz.

Tras la media sanción, el cuerpo inició el debate sobre la reforma del régimen de subsidios al gas por Zonas Frías, una iniciativa que busca revertir la ampliación sancionada en 2021 y que, según el Ejecutivo, llevó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares.

Quienes votaron a favor

• Aguero, Guillermo César — UCR - Unión Cívica Radical — Chaco
• Ajmechet, Sabrina — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
• Almena, Carlos Alberto — La Libertad Avanza — San Luis
• Almirón, Lisandro — La Libertad Avanza — Corrientes
• Álvarez, Claudio — Innovación Federal — San Luis
• Andreussi, Barbara — La Libertad Avanza — Jujuy
• Ansaloni, Pablo — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Arabia, Damián — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
• Ardohain, Martín — PRO — La Pampa
• Arrieta, Lourdes Micaela — Provincias Unidas — Mendoza
• Arrúa, Alberto — Innovación Federal — Misiones
• Avico, Belén — La Libertad Avanza — Córdoba
• Avila, Fernanda — Elijo Catamarca — Catamarca
• Avila, Jorge Antonio — Provincias Unidas — Chubut
• Banfi, Karina — Adelante Buenos Aires — Buenos Aires
• Basualdo, Atilio — La Libertad Avanza — Formosa
• Becerra, Mónica — La Libertad Avanza — San Luis
• Benedit, Beltrán — La Libertad Avanza — Entre Ríos
• Benegas Lynch, Bertie — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Bianchetti, Emmanuel — PRO — Misiones
• Biella, Bernardo — Innovación Federal — Salta
• Bongiovanni, Alejandro — La Libertad Avanza — Santa Fe
• Bornoroni, Gabriel — La Libertad Avanza — Córdoba
• Brizuela, Adrián — La Libertad Avanza — Catamarca
• Bruno, Eliana — La Libertad Avanza — Salta
• Campero, Mariano — La Libertad Avanza — Tucumán
• Carrancio, Alejandro — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Castelnuovo, Giselle — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Chiconi, Abel — La Libertad Avanza — San Juan
• Cipolini, Gerardo — UCR - Unión Cívica Radical — Chaco
• Correa Llano, Facundo — La Libertad Avanza — Mendoza
• de Andreis, Fernando — PRO — Ciudad de Buenos Aires
• De Sensi, María Florencia — PRO — Buenos Aires
• Diez, Romina — La Libertad Avanza — Santa Fe
• Emma, Nicolás — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
• Falcone, Eduardo — MID - Movimiento de Integración y Desarrollo — Buenos Aires
• Fargosi, Alejandro — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
• Fernández, Elia Marina — Independencia — Tucumán
• Fernández Molero, Daiana — PRO — Ciudad de Buenos Aires
• Ferreyra, Alida — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
• Figliuolo, Sergio — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Finocchiaro, Alejandro — PRO — Buenos Aires
• Flores, María Gabriela — La Libertad Avanza — Salta
• Fregonese, Alicia — PRO — Entre Ríos
• Frías, Maira — La Libertad Avanza — Chubut
• Gallardo, María Virginia — La Libertad Avanza — Corrientes
• García, Álvaro — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• García, Carlos — La Libertad Avanza — Chaco
• Garrido, José Luis — Por Santa Cruz — Santa Cruz
• Giampieri, Antonela — PRO — Ciudad de Buenos Aires
• Giudici, Silvana — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
• Goitia, Rosario — La Libertad Avanza — Chaco
• Gonzales, Alfredo — La Libertad Avanza — Jujuy
• González, Álvaro — PRO — Ciudad de Buenos Aires
• González, Diógenes Ignacio — UCR - Unión Cívica Radical — Corrientes
• González, Gerardo Gustavo — Innovación Federal — Formosa
• González Estevarena, María Luisa — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Gruber, Maura — La Libertad Avanza — Misiones
• Guzmán, Jairo — La Libertad Avanza — Santa Cruz
• Hartfield, Diego — La Libertad Avanza — Misiones
• Herrera Ahuad, Oscar A. — Innovación Federal — Misiones
• Holzman, Patricia — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
• Huesen, Gerardo — La Libertad Avanza — Tucumán
• Humenuk, Gladys — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Ibañez, María Cecilia — La Libertad Avanza — Córdoba
• Jaime Quiroga, Carlos Gustavo — Producción y Trabajo — San Juan
• Laumann, Andrés Ariel — La Libertad Avanza — Entre Ríos
• Lemoine, Lilia — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Leone, Andrés — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
• Llano, Mercedes — La Libertad Avanza — Mendoza
• Lluch, Enrique — La Libertad Avanza — Córdoba
• Longo, Johanna Sabrina — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Macyszyn, Lorena — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Martínez, Álvaro — La Libertad Avanza — Mendoza
• Maureira, Karina — La Neuquinidad — Neuquén
• Mayoraz, Nicolás — La Libertad Avanza — Santa Fe
• Medina, Gladys — Independencia — Tucumán
• Metral Asensio, Julieta — La Libertad Avanza — Mendoza
• Molinuevo, Soledad — La Libertad Avanza — Tucumán
• Mondaca, Soledad — La Libertad Avanza — Neuquén
• Monguillot, Fernando — Elijo Catamarca — Catamarca
• Montenegro, Guillermo — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Montenegro, Juan Pablo — La Libertad Avanza — Santa Fe
• Morchio, Francisco — La Libertad Avanza — Entre Ríos
• Moreno Ovalle, Julio — La Libertad Avanza — Salta
• Muñoz, Gabriela Luciana — La Libertad Avanza — Neuquén
• Nieri, Lisandro — UCR - Unión Cívica Radical — Mendoza
• Niveyro, Miriam — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Nóblega, Sebastián — Elijo Catamarca — Catamarca
• Noguera, Javier — Independencia — Tucumán
• Nuñez, José — Provincias Unidas — Santa Fe
• Ojeda, Joaquín — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Outes, Pablo — Innovación Federal — Salta
• Pareja, Sebastián — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Patiño Brizuela, Marcos — La Libertad Avanza — Córdoba
• Pauli, Santiago — La Libertad Avanza — Tierra del Fuego
• Pellegrini, Agustín — La Libertad Avanza — Santa Fe
• Pelli, Federico Agustín — La Libertad Avanza — Tucumán
• Peluc, José — La Libertad Avanza — San Juan
• Petri, Luis — La Libertad Avanza — Mendoza
• Petrovich, María Lorena — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Picat, Luis Albino — La Libertad Avanza — Córdoba
• Picón Martínez, Nancy Viviana — Producción y Trabajo — San Juan
• Ponce, María Celeste — La Libertad Avanza — Córdoba
• Quintar, Manuel — La Libertad Avanza — Jujuy
• Ravera, Valentina — La Libertad Avanza — Santa Fe
• Ravier, Adrián — La Libertad Avanza — La Pampa
• Razzini, Verónica — La Libertad Avanza — Santa Fe
• Reichardt, Karen — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Riesco, Gastón — La Libertad Avanza — Neuquén
• Ritondo, Cristian A. — PRO — Buenos Aires
• Roca, Gonzalo — La Libertad Avanza — Córdoba
• Rodríguez, Miguel — La Libertad Avanza — Tierra del Fuego
• Rodríguez Machado, Laura Elena — La Libertad Avanza — Córdoba
• Ruíz, Yamila — Innovación Federal — Misiones
• Sánchez Wrba, Javier — PRO — Buenos Aires
• Santillán Juárez Brahim, Juliana — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Santurio, Santiago — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Scaglia, Gisela — Provincias Unidas — Santa Fe
• Schneider, Darío — UCR - Unión Cívica Radical — Entre Ríos
• Soldano, Laura — La Libertad Avanza — Córdoba
• Tomassoni, Yamile — La Libertad Avanza — Santa Fe
• Torres, Alejandra — Provincias Unidas — Córdoba
• Torres, Rubén Darío — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Tortoriello, Aníbal — La Libertad Avanza — Río Negro
• Tournier, José Federico — La Libertad Avanza — Corrientes
• Treffinger, César — La Libertad Avanza — Chubut
• Urien, Hernán — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Vancsik, Daniel — Innovación Federal — Misiones
• Vásquez, Patricia — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Vega, Yolanda — Innovación Federal — Salta
• Vera, Andrea Fernanda — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Verasay, Pamela Fernanda — UCR - Unión Cívica Radical — Mendoza
• Villaverde, Lorena — La Libertad Avanza — Río Negro
• Visconti, Gino — La Libertad Avanza — La Rioja
• Yeza, Martín — PRO — Buenos Aires
• Zago, Oscar — MID - Movimiento de Integración y Desarrollo — Ciudad de Buenos Aires
• Zapata, Carlos Raúl — La Libertad Avanza — Salta

Quienes votaron en contra

• Aguirre, Hilda — Unión por la Patria — La Rioja
• Alí, Ernesto “Pipi” — Unión por la Patria — San Luis
• Andino, Cristian — Unión por la Patria — San Juan
• Andrade, Javier — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
• Araujo Hernández, Jorge Neri — Unión por la Patria — Tierra del Fuego
• Aveiro, Martín — Unión por la Patria — Mendoza
• Barbur, Marcelo — Unión por la Patria — Santiago del Estero
• Basterra, Luis Eugenio — Unión por la Patria — Formosa
• Bordet, Gustavo — Unión por la Patria — Entre Ríos
• Borgatta, Alejandrina — Unión por la Patria — Santa Fe
• Bregman, Myriam — PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad — Ciudad de Buenos Aires
• Brügge, Juan Fernando — Provincias Unidas — Córdoba
• Cafiero, Santiago — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Campitelli, Celia — Unión por la Patria — Santiago del Estero
• Campo, Julieta Marisol — Unión por la Patria — Chaco
• Cámpora, Lucía — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
• Carignano, Florencia — Unión por la Patria — Santa Fe
• Casas, Sergio Guillermo — Unión por la Patria — La Rioja
• Castagneto, Carlos Daniel — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Chica, Jorge — Unión por la Patria — San Juan
• Cisneros, Carlos — Unión por la Patria — Tucumán
• Daives, Ricardo — Unión por la Patria — Santiago del Estero
• de la Rosa, María Graciela — Unión por la Patria — Formosa
• de la Sota, Natalia — Defendamos Córdoba — Córdoba
• del Caño, Nicolás — PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad — Buenos Aires
• Del Plá, Romina — Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad — Buenos Aires
• Díaz, Fernanda — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Dolce, Sergio — Unión por la Patria — Chaco
• Estévez, Gabriela Beatriz — Unión por la Patria — Córdoba
• Félix, Emir — Unión por la Patria — Mendoza
• Fernández, Jorge — Primero San Luis — San Luis
• Ferrán, Abelardo — Unión por la Patria — La Pampa
• Frade, Mónica — Coalición Cívica — Buenos Aires
• Freites, Andrea — Unión por la Patria — Tierra del Fuego
• Galmarini, Sebastián — Unión por la Patria — Buenos Aires
• García, María Teresa — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Giuliano, Diego A. — Unión por la Patria — Santa Fe
• Glinski, José — Unión por la Patria — Chubut
• Gomez, José — Unión por la Patria — Santiago del Estero
• Grabois, Juan — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Hadad, Raúl — Unión por la Patria — Corrientes
• Hagman, Itai — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
• Ianni, Ana María — Unión por la Patria — Santa Cruz
• Lanesan Sancho, Moira — Unión por la Patria — Santa Cruz
• Leiva, Aldo — Unión por la Patria — Chaco
• López, Jimena — Unión por la Patria — Buenos Aires
• López Pasquali, Cecilia — Unión por la Patria — Santiago del Estero
• Luque, Juan Pablo — Unión por la Patria — Chubut
• Mango, Marcelo — Unión por la Patria — Río Negro
• Manrique, Mario — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Marclay, Marianela — Unión por la Patria — Entre Ríos
• Marín, Varinia Lis — Unión por la Patria — La Pampa
• Marino, Juan — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Martínez, Germán Pedro — Unión por la Patria — Santa Fe
• Miño, Fernanda — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Molina, Juan Carlos — Unión por la Patria — Santa Cruz
• Molle, Matías — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Monzón, Roxana — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Moreau, Cecilia — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Moyano, Hugo Antonio — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Mukdise, Jorge — Unión por la Patria — Santiago del Estero
• Neder, Estela Mary — Unión por la Patria — Santiago del Estero
• Olmos, Kelly — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
• Osuna, Blanca Inés — Unión por la Patria — Entre Ríos
• Palazzo, Sergio Omar — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Palladino, Claudia María — Unión por la Patria — Catamarca
• Parola, María Graciela — Unión por la Patria — Formosa
• Paulón, Esteban — Provincias Unidas — Santa Fe
• Pedrali, Gabriela — Unión por la Patria — La Rioja
• Penacca, Paula Andrea — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
• Pietragalla Corti, Horacio — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Pitrola, Néstor — Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad — Buenos Aires
• Pokoik, Lorena — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
• Potenza, Luciana — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Propato, Agustina Lucrecia — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Rauschenberger, Ariel — Unión por la Patria — La Pampa
• Roberto, Santiago Luis — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
• Rossi, Agustín Oscar — Unión por la Patria — Santa Fe
• Salzmann, Marina Dorotea — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Sand, Nancy — Unión por la Patria — Corrientes
• Selva, Sabrina — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Serquis, Adriana Cristina — Unión por la Patria — Río Negro
• Siley, Vanesa Raquel — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Strada, Julia — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Taiana, Jorge — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Tailhade, Rodolfo — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Tepp, Caren — Unión por la Patria — Santa Fe
• Tita, Paulo Agustín — Unión por la Patria — Tierra del Fuego
• Todero, Pablo — Unión por la Patria — Neuquén
• Trotta, Nicolás Alfredo — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Valdés, Eduardo Félix — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
• Velázquez, M. Elena — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Volnovich, Luana — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Yedlin, Pablo Raúl — Unión por la Patria — Tucumán
• Zaracho, Natalia — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Zulli, Christian Alejandro — Unión por la Patria — Corrientes

Abstenciones

• Basualdo, Carolina — Provincias Unidas — Córdoba
• Coletta, Mariela — Provincias Unidas — Ciudad de Buenos Aires
• Farías, Pablo — Provincias Unidas — Santa Fe
• Ferraro, Maximiliano — Coalición Cívica — Ciudad de Buenos Aires
• García Aresca, Ignacio — Provincias Unidas — Córdoba
• Gutiérrez, Carlos — Provincias Unidas — Córdoba
• Lousteau, Martín — Provincias Unidas — Ciudad de Buenos Aires
• Massot, Nicolás — Encuentro Federal — Buenos Aires
• Zigarán, María Inés — Provincias Unidas — Jujuy

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, rechazó este miércoles la reforma al régimen de Zona Fría impulsada por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa afectará a 600.000 hogares de la provincia, lo que equivale a aproximadamente dos millones de habitantes. La postura del mandatario cordobés se conoció en el marco de la sesión especial de la Cámara de Diputados en la que el oficialismo buscó —y logró— darle media sanción al proyecto de modificación del régimen de subsidios al gas.

“No castiguen a la clase media ni a los trabajadores”, fue el eje del mensaje de Llaryora, quien cuestionó el método elegido por el Ejecutivo nacional para reformar el esquema de acceso a los beneficios tarifarios. El gobernador no se opuso a revisar quiénes reciben el subsidio, pero sí rechazó la forma: bajar de los padrones a todos los usuarios de una zona para luego exigirles que se reempadronen de manera digital. “Vos sabés que los hogares de menos recursos es muy difícil el empadronamiento. Sabés que la clase media ya casi no llega a fin de mes”, sostuvo.

El mandatario cordobés reconoció que Córdoba es una de las provincias más gasificadas del país y, por eso, el impacto de la reforma sería mayor que en otros distritos. Ante ese escenario, planteó una alternativa: en lugar de tumbar todo el padrón para que los usuarios se reinscriban, el Estado debería utilizar los datos que ya posee para identificar a los hogares de altos ingresos y retirarles el beneficio de forma selectiva.

“Los datos los maneja la nación”, señaló, y cuestionó que se aplique una medida generalizada cuando existe información disponible para actuar con precisión. “Me parece injusto subsidiar a aquellos que tienen altos ingresos”, afirmó, aunque aclaró que eso no justifica perjudicar a quienes sí necesitan el beneficio.

Llaryora estimó que la reforma implicaría una transferencia directa de casi 12.000 millones de pesos desde las familias de clase media y los hogares de trabajadores cordobeses. “Si tenés la intención real de hacer justicia y querés cobrarle a los de alto ingreso, no bajes a toda la gente de una zona y después le digas que tienen que ir a empadronarse con una computadora”, planteó.

La postura del gobernador llegó en la misma jornada en que la Cámara de Diputados debatió el proyecto. El régimen de Zona Fría fue creado en 2002 para compensar las asimetrías tarifarias en regiones con temperaturas más bajas y garantizar el acceso al gas natural a usuarios residenciales.

Una ampliación sancionada en 2021 multiplicó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, lo que el Ejecutivo calificó como fiscalmente insostenible. La reforma que impulsó el oficialismo tiene como objetivo modificar el acceso al beneficio para 1,2 millones de hogares y permitiría un ahorro fiscal de $272.099 millones.

Dentro del recinto, la sesión no estuvo exenta de tensiones. Antes del debate por las zonas frías, el oficialismo debió sortear una disputa reglamentaria con la oposición, que había convocado a otra sesión para las 11 con el objetivo de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La Libertad Avanza logró quórum a las 10 con 129 diputados presentes y, al iniciar su propia sesión, dejó sin efecto la agenda opositora. La moción para pasar a un cuarto intermedio, presentada por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, fue rechazada por 131 votos contra 111.

También durante el debate de la Ley Hojarasca —el otro proyecto del día, que deroga 58 leyes consideradas obsoletas y obtuvo 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones— el diputado Juan Brügge cuestionó el método del Ejecutivo para revisar la normativa vigente. El legislador recordó la existencia del Digesto Jurídico Argentino, un trabajo que comenzó en 1999 con la participación de 200 profesionales y juristas, y en el que opinaron cerca de 60.000 personas en todo el país. Ese proceso concluyó en que, de las 32.000 leyes analizadas, solo 3.353 estaban vigentes. El resultado fue aprobado por el Congreso en 2014 mediante la Ley 26.939.

“Este proyecto peca de no ser participativo, no fueron consultadas las instituciones respectivas, no hay un estudio técnico profundo de la viabilidad o no de la derogación de las leyes de las que se hace mención”, señaló Brügge durante su intervención.

El diputado reclamó que se ponga en marcha la etapa de observaciones prevista en esa ley —un período de 180 días en el que cualquier particular puede manifestar si la derogación de una norma le genera un perjuicio jurídico— y que se conforme la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico, que nunca llegó a crearse.

Brügge también recordó que la Corte Suprema, en la causa Tigre y Guazú SRL, ya había señalado que el Digesto no estaba vigente precisamente porque esa etapa de observaciones no se había cumplido. Para el legislador, la solución no pasa por aprobar un nuevo paquete de derogaciones sin metodología clara, sino por retomar y actualizar el trabajo ya realizado con fondos públicos. “Tenemos que permitir a la ciudadanía que a través de audiencia pública o a través de la comisión bicameral se exprese al respecto”, afirmó.

El Gobierno busca restringir el subsidio de gas del régimen de Zona Fría a las regiones con clima severo, una medida que modificaría el acceso al beneficio para 1,2 millones de hogares y permitiría un ahorro fiscal de $272.099 millones. La reforma se debate en la Cámara de Diputados, junto con un paquete legislativo que también incluye la ley Hojarasca. Según el mensaje que envió el Gobierno al Congreso, el fondo fiduciario sustentado en un recargo del 7,5% sobre el gas resulta insuficiente para costear los subsidios, lo que obligó al Tesoro Nacional a realizar aportes adicionales.

El régimen se creó en 2002 con el objetivo de compensar las asimetrías tarifarias en las regiones con temperaturas más bajas y garantizar el acceso al servicio de gas natural a los usuarios residenciales de esas zonas. Sin embargo, su ampliación, sancionada en 2021 por iniciativa del diputado Máximo Kirchner, multiplicó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales de gas por red. Este crecimiento abarcó zonas que, según la narrativa del Ejecutivo, carecen de condiciones climáticas extremas—como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe—, lo que llevó al Gobierno actual a calificar el esquema como “fiscalmente insostenible”.

El proyecto oficial plantea excluir a las provincias incorporadas en esa última extensión y limitar la asistencia a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, en línea con el criterio original del régimen. Actualmente, los descuentos oscilan entre el 30% y el 50%, aunque el porcentaje depende de cada región. La normativa actual está vigente hasta finales de 2031.

El secretario de Energía Daniel González afirmó durante la Jornada de Energía ON, organizada por Diario de Río Negro, que el objetivo oficial es “normalizar el sector energético”, eje de la política de desregulación promovida por el Poder Ejecutivo en hidrocarburos, gas y electricidad. González señaló respecto al régimen de zona fría: “Lo que está vigente es una aberración. Hay zonas incluidas dentro del régimen que en verdad son templadas y donde el resto del sistema que no tiene zonas frías subsidiadas, independientemente del tipo de consumidor”.

Remarcó que la propuesta es “volver a la zona fría original patagónica y subsidiar el consumo”, a la vez que resaltó: “No vamos a subsidiar ni los impuestos ni el cargo fijo, sino el metro cúbico efectivamente consumido”. El funcionario anticipó un “ahorro importante para el fisco” si el Congreso aprueba los cambios.

Según pudo saber Infobae, actualmente la norma genera un déficit de $485.000 millones. En tanto, de aprobarse la ley, el ahorro para las arcas del Estado sería de $272.099 millones.

La exclusión afectaría a 1,2 millones de hogares

La modificación de la norma excluiría a un total de 1,2 millones de hogares de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis, entre otras provincias que fueron incluidas en 2021.

Hay quienes aseguran que la provincia más damnificada por la modificación de la regulación será Córdoba. En diálogo con Infobae al Regreso, Martín Llaryora advirtió que la reforma pondría en riesgo el subsidio para “600 mil hogares”, equivalente a “casi 2 millones de habitantes” de la provincia.

En este sentido, Llaryora calificó la iniciativa como un “daño tremendo” no solo para Córdoba, sino también para Buenos Aires, Santa Fe, San Juan, San Luis, Salta, La Rioja, Catamarca y Jujuy. El mandatario estimó que el ajuste representaría “casi $12.000 millones de transferencia directa desde las familias de clase media y hogares de trabajadores”. Finalmente, solicitó: “No nos saquen la zona fría, que fue una conquista de años”, a la vez que propuso ampliar el alcance del beneficio en lugar de restringirlo.

De aprobarse la nueva norma, los usuarios que residan en las zonas ampliadas perderán el beneficio, excepto quienes se inscriban en el Subsidio Energético Focalizado (SEF). Según el texto oficial del proyecto y fuentes oficiales, podrán continuar percibiendo el subsidio quienes acrediten ingresos por debajo de tres Canastas Básicas Totales, así como hogares con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas o titulares de Certificado Único de Discapacidad.

Esta redefinición excluye de la Zona Fría a 55 departamentos en Buenos Aires, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 8 en San Luis y 8 en Santa Fe, entre otras áreas. En este escenario, se analizaron “compensaciones” para provincias “cálidas” —como Misiones, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán— que recibirán asistencia mediante subsidios eléctricos durante el verano, considerando el consumo energético elevado por calor extremo registrado en el norte del país.

Cambios en el esquema de financiamiento y tarifas

El proyecto impulsado por el Gobierno responde a la dificultad para sostener el fondo fiduciario con el recargo actual del 7,5%. Según la consultora CEPA, la ampliación de 2021 incrementó el costo fiscal sin respetar el criterio climático que justificaba la creación original del régimen, ya que incorporó regiones con consumos considerablemente menores a los de la Patagonia. La reforma propuesta limita el beneficio a hogares vulnerables incluidos en el SEF y residentes en zonas efectivamente frías, aunque no detalla si el fondo fiduciario será suficiente ni define el monto exacto del subsidio, aspectos que quedarán en manos del Poder Ejecutivo.

A modo de ejemplo, según estimó un estudio de IERAL Fundación Mediterránea, un usuario residencial de Bahía Blanca que quede fuera del SEF afrontará un aumento en la factura del gas de hasta el 100%. Aquellos incluidos en el sistema focalizado mantendrán el subsidio, aunque igualmente serán alcanzados por aumentos debido al cambio en la base de cálculo. El informe sostiene que las subas más significativas recaerán sobre los hogares de las zonas ampliadas que, por sus ingresos, no califiquen para conservar el beneficio.

El Poder Ejecutivo no precisó cómo afectará la reforma a entidades de bien público, como clubes y parroquias, ni comprometió la ejecución de nuevas obras de infraestructura vinculadas al acceso al gas. Además, el monto final del subsidio no será fijado por ley, sino ajustado por el Poder Ejecutivo.

De esta manera, en caso de aprobarse la reforma, solo se subsidiará el consumo de gas efectivo en sectores identificados como vulnerables y localizados geográficamente en zonas de clima severo.

La Libertad Avanza intentará hoy darle media sanción en la Cámara de Diputados a una reforma que restringe el acceso al subsidio de gas por Zona Fría, junto con la denominada ley Hojarasca y una decena de tratados internacionales. Sin embargo, avanzar con estos proyectos no será el único objetivo político del oficialismo: en paralelo apuestan a hacer una demostración de fuerza y desarticular el intento opositor de interpelar, y eventualmente remover, al jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito.

La oposición había convocado a una sesión para este miércoles a las 11 con el objetivo de obligar a Adorni a dar explicaciones sobre sus viajes y su patrimonio. Ya lo habían intentado la semana pasada, pero tuvieron que posponer la sesión porque el quórum (129 diputados presentes) no estaba asegurado. La reticencia de los gobernadores a enfrentarse con la Casa Rosada fue determinante para que la convocatoria fuera un fracaso.

A pedido del peronismo, que había quedado excluido del acuerdo para convocar a la primera sesión, decidieron ampliar el temario para sumar proyectos “sociales”. Entonces, además de la interpelación al jefe de Gabinete se pondrían en debate proyectos relacionados con las licencias por paternidad, la restitución del programa Remediar (medicamentos gratuitos), un proyecto para ampliar las prestaciones del PAMI y pedidos de informe a Sandra Pettovello por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

Sin embargo, La Libertad Avanza convocó a su propia sesión para el mismo día pero una hora antes, a las 10. Según el reglamento, la primera sesión que alcance quórum podrá avanzar con su temario, lo que convertiría en letra muerta la agenda alternativa. Además, el Gobierno podrá exponer una vez más que cuenta con el respaldo de la mayoría de los gobernadores.

El primer proyecto de la orden del día será la denominada ley Hojarasca, una iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Su objetivo es eliminar 70 leyes que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales.

“Con un millón de normas es imposible para un ciudadano saber qué norma le aplican. El primer costo es para el ciudadano. Además, habiendo normas que se superponen o dicen cosas distintas, también se generan problemas en la aplicación. Es un costo para la administración pública. Con este proyecto buscamos comenzar a ordenar esto”, había explicado el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, cuando defendió el proyecto en comisión.

Luego seguirán una serie de tratados internacionales de extradición y asistencia jurídica mutua con Polonia, Costa Rica, Chile, Serbia e Italia, el Convenio de La Haya sobre cobro internacional de alimentos para niños, el Convenio Internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio y una condecoración a un veterano de Malvinas.

Pero el plato fuerte de la jornada será la reforma del régimen de subsidios al gas por Zona Fría. En las filas del oficialismo aseguran que tienen las 129 voluntades necesarias para dar inicio al debate pero reconocen que el verdadero desafío será sostener ese número hasta el final para evitar que la sesión se caiga.

La iniciativa del oficialismo apunta a restringir el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, mientras que excluye a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. En esa reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de “zona fría” a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.

Desde la Casa Rosada aseguran que “ninguna persona que la necesite perderá la ayuda estatal” ya que los hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales podrán registrarse en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para mantener el subsidio. También podrán inscribirse beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), ex combatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad.

Según fuentes oficiales, volver al esquema original representará un ahorro de entre $200 y $460 mil millones. En total, quedarán fuera del régimen 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán.

Fuentes oficiales revelaron ayer que el Gobierno había negociado “compensaciones” con un grupo de provincias “cálidas” a través de subsidios a la energía eléctrica. Las beneficiadas serían Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán. “Varias provincias plantearon que no podía mirarse solamente la lógica de ‘zona fría’, porque en el norte existe un consumo energético altísimo por calor extremo. Ahí aparecieron compensaciones vinculadas a ‘zonas calientes’”, detallaron a Infobae.

Por otro lado, el proyecto permitirá que las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal que se vieron afectadas durante los últimos años por el congelamiento de tarifas puedan aplicar ese crédito para cancelar deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), a condición de que abandonen todos los reclamos judiciales o administrativos vinculados.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que las reuniones sostenidas este martes con distintas bancadas legislativas en Casa Presidencial dejaron un balance “productivo” y reiteró su intención de construir una relación de trabajo conjunta entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa.

La jerarca sostuvo encuentros con la fracción del Partido Liberación Nacional, del Frente Amplio y las diputadas independientes Claudia Dobles y Abril Gordienko, como parte de una ronda de acercamientos impulsada desde el Poder Ejecutivo.

Al finalizar las reuniones, Fernández afirmó que el principal mensaje trasladado a los legisladores fue la necesidad de trabajar de manera coordinada en beneficio del país.

“Hacerles un llamado a los diputados de trabajar en equipo con el Gobierno de manera constructiva, buscando el beneficio del pueblo de Costa Rica”, expresó.

Gobierno convocará reunión confidencial sobre seguridad

Uno de los principales anuncios realizados por Fernández fue la convocatoria a una reunión programada para el próximo 29 de mayo a las 10 de la mañana, en la que participarán diputados y autoridades de seguridad nacional.

Según explicó Fernández, el objetivo será analizar información sensible relacionada con criminalidad y violencia en el país.

La ministra indicó que durante el encuentro se expondrán mapas de calor elaborados por inteligencia policial para identificar las zonas más golpeadas por la delincuencia y el crimen organizado.

“Será una reunión confidencial y vital para empujar la toma de decisiones que necesita Costa Rica para recuperar la paz”, afirmó.

La convocatoria surge en medio del creciente debate nacional sobre seguridad pública, narcotráfico y aumento de homicidios, temas que han dominado la agenda política durante los últimos meses.

Diputados serán invitados a Crucitas

Otro de los temas planteados por Laura Fernández fue la situación en Crucitas, zona que el Gobierno considera una prioridad debido a la minería ilegal y los daños ambientales denunciados en el sector.

La mandataria anunció que los 57 diputados serán invitados a una visita de campo el próximo 19 de junio para conocer personalmente las condiciones en las que se encuentra la zona.

“Quiero que vayamos a caminar la zona y a que vean en carne propia la desgracia nacional que ocurre ahí”, manifestó.

Fernández aseguró que el Ejecutivo no permitirá que continúe la extracción ilegal de oro en Crucitas y calificó la situación como un problema ambiental, económico y de seguridad nacional.

“Ustedes ya saben que yo no voy a consentir que se sigan robando el oro de Crucitas”, añadió.

La problemática en Crucitas se mantiene como uno de los principales desafíos para las autoridades costarricenses debido al impacto ambiental generado por la minería ilegal, así como por la presencia de organizaciones vinculadas al crimen organizado y extracción clandestina de oro.

“Habían diputados que no conocían Casa Presidencial”

Laura Fernández también destacó que algunos legisladores que participaron en los encuentros nunca habían visitado Casa Presidencial ni habían tenido contacto directo con ella.

Por esa razón, insistió en que uno de sus principales objetivos es mejorar la comunicación política y fortalecer las relaciones institucionales entre el Ejecutivo y el Congreso.

“Habían diputados que no me conocían, que no conocían Casa Presidencial y mi principal propósito es que podamos tener una buena relación de trabajo en equipo”, comentó.

Las reuniones forman parte de los esfuerzos del Gobierno por acercarse a distintas fracciones legislativas en momentos donde varios proyectos impulsados por el Ejecutivo requieren respaldo político dentro del Congreso.

Aunque Fernández calificó las conversaciones como productivas, persisten diferencias entre el Gobierno y algunos sectores de oposición sobre temas relacionados con seguridad, proyectos económicos y manejo político del Ejecutivo.

No obstante, la Presidenta insistió en que existe disposición para mantener espacios de diálogo con todas las bancadas.

A poco menos de 24 horas para la sesión en la Cámara de Diputados, los libertarios se mostraban confiados de tener los votos suficientes para darle media sanción al recorte de subsidios al gas por Zonas Frías. “Estamos bastante justos, pero va a haber concesiones en materia energética a varias provincias”, resumió un vocero del oficialismo.

El proyecto libertario restringe el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, mientras que excluye a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. En esa reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de “zona fría” a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.

Sin embargo, los libertarios aseguran “ninguna persona que la necesite perderá la ayuda estatal” ya que los hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales podrán registrarse en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para mantener el subsidio. También podrán inscribirse beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), ex combatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad.

Según fuentes oficiales, volver al esquema original representará un ahorro de entre $200 y $460 mil millones. En total, quedarán fuera del régimen 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán. Por lo tanto, la negociación con los gobernadores será determinante.

Los diputados libertarios aclararon que el texto no sufrirá nuevas modificaciones más allá de las que se hicieron a la hora de firmar el dictamen. Por lo tanto, las “compensaciones” que negoció el ministro de Interior Diego Santilli con un grupo clave de provincias “cálidas” se harán por vía de subsidios a la energía eléctrica. Para esto se necesitará solamente una resolución del Ministerio de Economía. Entre las beneficiadas se destacan Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán.

“Varias provincias plantearon que no podía mirarse solamente la lógica de ‘zona fría’, porque en el norte existe un consumo energético altísimo por calor extremo. Ahí aparecieron compensaciones vinculadas a ‘zonas calientes’”, detallaron desde el oficialismo.

En la previa de la sesión, el bloque Provincias Unidas dejó trascender que no daría quórum complicando el panorama para el oficialismo. En especial los diputados de Córdoba, que responden al gobernador Martín Llaryora, se mostraron muy activos en las redes sociales para criticar el proyecto libertario.

“Sin ellos tenemos lo necesario para el quórum”, advirtieron desde La Libertad Avanza. Sin embargo, reconocieron que el verdadero desafío será sostener los 129 diputados presentes durante toda la sesión, ya que Zonas Frías será el último punto del temario.

Por otro lado, el proyecto permitirá que las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal que se vieron afectadas durante los últimos años por el congelamiento de tarifas puedan aplicar ese crédito para cancelar deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), a condición de que abandonen todos los reclamos judiciales o administrativos vinculados.

Además, el temario oficialista incluirá la denominada ley Hojarasca, que busca eliminar 70 normas que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales. También se debatirán tratados internacionales de extradición y asistencia jurídica mutua con Polonia, Costa Rica, Chile, Serbia e Italia, el Convenio de La Haya sobre cobro internacional de alimentos para niños, el Convenio Internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio y una condecoración a un veterano de Malvinas.

La semana pasada, un sector de la oposición había convocado a una sesión para comenzar el largo camino legislativo para interpelar, y eventualmente remover de su cargo, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El objetivo era emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para obligar a los libertarios -que controlan ambas comisiones- a tratar todos los pedidos de interpelación contra Adorni. Pero la oposición quedó lejos de llegar al quórum por la reticencia de los gobernadores a confrontar con la Casa Rosada. Por eso, pidieron postergar la convocatoria para este miércoles.

Ante ese escenario, La Libertad Avanza recurrió a una conocida maniobra de la Cámara de Diputados: convocó a una sesión para el mismo día pero una hora antes. Entonces, si los libertarios consiguen el quórum, quedará virtualmente bloqueada la convocatoria de la oposición.