Las negociaciones por el proyecto de Presupuesto 2027 quedaron en un limbo en la Cámara de Diputados luego de que el oficialismo decidiera levantar el miércoles pasado la reunión de comisión en la que planeaba alzarse con el dictamen de mayoría. Mientras una decena de legisladores se prepara para viajar a Estados Unidos para seguir las elecciones legislativas que definirán el futuro de Donald Trump, desde el PRO, la UCR y los bloques provinciales aseguran que todavía no tuvieron ninguna devolución de los libertarios a sus principales reclamos. “Está todo muy verde”, sintetizó un diputado macrista.

Si bien ningún aliado puso en duda la aprobación “en general” del texto, sí hubo coincidencias en que las negociaciones se prolongarán hasta el 25 de noviembre, nueva fecha tentativa para avanzar con la media sanción en Diputados. “Como mucho se caerán algunos artículos, como los de Discapacidad”, señaló un alfil del radicalismo.

Los artículos que contienen las partidas destinadas al área de Discapacidad son observados con especial atención por los aliados ya que, a pesar de que recientemente se aprobó una nueva ley de Discapacidad por amplio consenso (la votó hasta el peronismo), los representantes del Poder Ejecutivo no terminan de confirmar si eliminarán los artículos originales que contenían un fuerte ajuste en el sector. “No te dicen nada”, reconocía con una risa de incredulidad un diputado aliado.

Esta semana los gobernadores del norte recibieron con como una buena señal la resolución que reglamenta los subsidios a la energía eléctrica por “zona cálida”. Esta había sido la prenda de negociación con la que el Gobierno consiguió su apoyo para reducir los subsidios al gas de las “zonas frías”. “Es lo que el Gobierno se había comprometido a dar, pero no deja de ser una resolución que se puede modificar cuando se le antoje al ministro Caputo, nosotros queremos que sea por ley, como zona fría”, sintetizaron. De todos modos, los aliados del norte destacaron que la Casa Rosada cumplió con su palabra.

En cambio, se muestran mucho más pesimistas respecto a otros reclamos, por ejemplo, la reducción del impuesto a los combustibles líquidos. Tanto aliados como opositores duros advierten que el Gobierno está incumpliendo la ley al no destinar lo recaudado por ese impuesto al mantenimiento de las rutas nacionales. En su lugar, utiliza los fondos para robustecer el superávit fiscal. Por lo tanto, exigen una baja considerable. “Es mucha plata, no creo que aflojen con ese punto”, reconocieron desde el radicalismo.

Por otro lado, el reclamo por el financiamiento universitario incluso genera divisiones internas en las filas de la oposición dialoguista. El proyecto de Presupuesto asigna un poco más de $7 billones para todas las casas de altos estudios nacionales mientras que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman un mínimo de $11 billones para sostener su funcionamiento. En ese contexto, el sector de la UCR alineado con los gobernadores está poniendo el foco en las universidades que el radicalismo controla políticamente y en las que están ubicadas sus distritos. “Hay mucha diferencia entre lo que piden algunos y lo que pretende dar el Gobierno. Y es un poco incómodo para nosotros reclamar fondos para las universidades del conurbano bonaerense o para la Universidad del Chaco Austral, que abrió Jorge Capitanich, y tiene gente procesada por malversar fondos. Ahí tenemos diferencias fuertes con el equipo de Lousteau que tiene un reclamo más general”, explicó un diputado radical del norte del país.

Y agregó: “Después cada provincia está siguiendo puntualmente las obras que necesitan, principalmente las obras viales porque hay mucho deterioro”.

Por su parte, el PRO tampoco recibió respuesta sobre los temas que afectan de manera directa a los distritos que gobierna. Su lista de reclamos está encabezada por la regularización de las deudas de Nación con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación.

El reclamo por la coparticipación no es nuevo y también se mezcla en las negociaciones electorales entre los libertarios y Jorge Macri. Este jueves, en un evento solidario organizado por María Eugenia Vidal, el ex presidente Mauricio Macri reconoció abiertamente que no hubo avances en una eventual alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA).

El PRO también impulsa una reducción del IVA al huevo y sus productos derivados. Este beneficio para la producción avícola tendría un fuerte impacto en la provincia de Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio, del PRO.

Varias provincias, con Córdoba a la cabeza, también pretenden obtener mayores precisiones sobre los fondos que serán asignados a las cajas previsionales no transferidas a la ANSES para compensar sus déficits.

Finalmente, el último punto que genera resistencia entre los aliados es la derogación de la movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) mediante el cual se pagan las asignaciones familiares a los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados y otros beneficiarios formales. Sin embargo, desde el Gobierno no ocultan sus intenciones de “desindexar” la economía para terminar de aplacar la inflación.

Las negociaciones continuarán durante las próximas dos semanas, que estarán monopolizadas por las elecciones estadounidenses y por la visita del papa León XIV a la Argentina.

La audiencia de declaración de imputado contra los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional fue suspendida este jueves luego de que la defensa presentara cuatro recursos de recusación contra la magistrada Anny Ochoa, designada como jueza natural para conocer el caso.

Los abogados cuestionaron la imparcialidad de la funcionaria judicial y alegaron posibles conflictos de interés relacionados con su supuesta afiliación política y declaraciones públicas sobre el expediente. Las recusaciones deberán ser analizadas por una Corte de Apelaciones, que determinará si Ochoa continúa al frente del proceso.

El relacionador público de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Josué Salinas, explicó que la jueza natural deberá presentar un informe ante el órgano judicial correspondiente para que se resuelvan los recursos planteados por la defensa.

La suspensión impide, por ahora, que se desarrolle la audiencia en la que los imputados debían comparecer ante la justicia para conocer formalmente los señalamientos en su contra.

Defensa cuestiona imparcialidad de la jueza

El abogado Omar Menjívar expresó su inconformidad con la designación de Ochoa y cuestionó que una jueza a la que atribuye vínculos con el Partido Nacional conozca un expediente relacionado con exintegrantes de la Comisión Permanente, en su mayoría vinculados al partido Libertad y Refundación (Libre).

La defensa presentó cuatro recursos de recusación antes del inicio de la audiencia. Entre los argumentos expuestos figura un supuesto conflicto de interés por la presunta militancia política de la magistrada, además de señalamientos sobre opiniones extrajudiciales y declaraciones públicas que, según los abogados, evidenciarían parcialidad.

El diputado de Libre Fabricio Sandoval sostuvo que la afiliación política de Ochoa es de conocimiento público y cuestionó las condiciones en las que se desarrolla el proceso judicial.

Por su parte, el congresista Edgardo Casaña manifestó que el expediente pasará a un Tribunal de Alzada, instancia que deberá examinar los planteamientos y resolver conforme a la legislación hondureña.

La exdiputada Silvia Bessy Ayala también expresó que, a su criterio, la imparcialidad de la jueza está comprometida para conocer el caso.

Los señalamientos forman parte de los argumentos presentados por los recurrentes y deberán ser examinados por las autoridades judiciales competentes antes de adoptar una decisión sobre la continuidad de Ochoa en el expediente.

Doce imputados comparecieron ante la CSJ

Durante la jornada de este jueves, 12 de los 14 imputados se presentaron en la Corte Suprema de Justicia para someterse a la audiencia de declaración de imputado. Algunos acudieron acompañados de militantes del partido Libre.

Entre quienes no comparecieron figura el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien permanece prófugo de la justicia hondureña, según la información proporcionada sobre el caso.

Tampoco se presentó Edis Antonio Moncada, exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), contra quien existe una orden de captura.

La audiencia tenía como objetivo avanzar en el procedimiento judicial contra los señalados por presuntas irregularidades relacionadas con las actuaciones de la Comisión Permanente del Poder Legislativo.

Sin embargo, la presentación de las recusaciones obligó a detener el proceso hasta que se resuelva si la magistrada puede continuar conociendo la causa.

La resolución de la Corte de Apelaciones será determinante para establecer los siguientes pasos procesales, aunque todavía no se informó una nueva fecha para la audiencia suspendida.

Luis Redondo enfrenta acusaciones por perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.

La diputada Luz Angélica Smith es imputada por falsedad en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.

En el caso de Edis Antonio Moncada, exgerente de la ENAG, la acusación comprende tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios.

Los otros señalados son Hugo Noé Pino, Carlos Raudales, Juan Barahona, Fabricio Carbajal, Karen Martínez, Silvia Bessy Ayala, Linda Donaire, Edgardo Casaña, Osmán Chávez, Kritza Pérez y Scherly Arriaga. Todos enfrentan acusaciones por el presunto delito de usurpación de funciones.

La Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó el Monitor de Actividad del Congreso, una nueva sección de Data CP que reúne y sistematiza información pública de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación para que cualquier persona pueda conocer cómo votó cada legislador, qué proyectos impulsó y cuánto utilizó los pasajes oficiales, entre otros datos.

La plataforma organiza la información en cuatro grandes dimensiones: las votaciones de cada legislador y legisladora, los proyectos que presenta o acompaña, sus intervenciones en el recinto y la utilización de pasajes oficiales. La información abarca distintos períodos legislativos y puede explorarse a través de gráficos, tablas, mapas y visualizaciones interactivas que no requieren conocimientos técnicos especializados para su uso.

Detrás del lanzamiento hay una premisa concreta: si bien los datos del Congreso son públicos, históricamente se encontraron dispersos entre expedientes, actas, versiones taquigráficas y bases de datos de ambas cámaras, en formatos que dificultaban su consulta y comparación. El Monitor apunta, precisamente, a resolver esa dispersión.

Pablo Cerchia, licenciado en Ciencia Política de la UBA y responsable del proyecto, explicó el alcance de la iniciativa: “No alcanza con que la información pública esté disponible: también tiene que ser comprensible, comparable y reutilizable. Queremos que cualquier ciudadano pueda conocer qué hicieron sus representantes, cómo votaron y qué iniciativas impulsaron. El Monitor permite transformar información que antes estaba dispersa en una herramienta concreta para la investigación, el periodismo y el control ciudadano”.

Entre las funciones disponibles, la plataforma permite comparar el comportamiento de los bloques frente a leyes relevantes, analizar la afinidad de voto de los legisladores con el oficialismo y la oposición, identificar coincidencias entre espacios políticos y observar la cohesión interna de cada bloque.

También incorpora mapas de alianzas construidos a partir de la cofirma de proyectos legislativos, rankings de intervenciones en el recinto y herramientas para explorar el vocabulario utilizado por diputados y senadores.

Una de las incorporaciones que distingue al Monitor de otras iniciativas similares es «Armá tu poroteo», un simulador que permite construir escenarios de votación, visualizar posibles resultados en el recinto y exportar imágenes para investigaciones, publicaciones periodísticas y análisis políticos. La herramienta apunta tanto al público general como a periodistas e investigadores que necesitan procesar información legislativa de manera ágil.

En cuanto al acceso a los datos, el Monitor ofrece descargas en CSV, Excel y JSON, y dispone de una API documentada para desarrollar análisis y visualizaciones propias. El acceso es gratuito y no requiere registro, lo que amplía el espectro de usuarios potenciales más allá del ámbito académico o técnico.

Nicolás Zubiria, secretario académico de la Carrera de Ciencia Política de la UBA, encuadró el lanzamiento dentro de una concepción más amplia del rol de la universidad pública: “Desde la Carrera de Ciencia Política de la UBA creemos que la universidad pública tiene un papel fundamental en la producción de conocimiento y en el desarrollo de herramientas que contribuyan a mejorar la calidad del debate público. Con Data CP buscamos que información relevante para comprender el funcionamiento de nuestras instituciones esté al alcance de cualquier persona, no solamente de quienes cuentan con conocimientos técnicos especializados”.

Con esta nueva sección, Data CP amplía sus herramientas de consulta y análisis de información política argentina, sumando la actividad legislativa a su plataforma de datos electorales. El antecedente directo es la sección Elecciones Legislativas 2025, presentada el año anterior, que centraliza y visualiza información electoral y permite a ciudadanos, periodistas, docentes y estudiantes acceder a datos claros y descargables sobre los procesos electorales argentinos.

La plataforma está disponible en datacp.ar/congreso, mientras que el monitor de elecciones puede consultarse en datacp.ar/legislativas2025.

Javier Milei calló sobre Brasil desde que Lula ganó el balotaje. Flávio Bolsonaro llenó ese silencio. Al agradecer al mandatario argentino en su carta abierta, el excandidato del Partido Liberal (PL) dejó entrever que la Casa Rosada colaboró en el operativo que le permitió salir de su país, a pesar de la prohibición judicial que pesaba sobre él.

La Argentina tuvo un rol clave en el “Operativo Bolsonaro”. No solo porque organismos nacionales agilizaron y facilitaron los movimientos y los trámites del excandidato y su familia en la zona de frontera, sino también porque existió una estrecha colaboración con el marco que los Estados Unidos le quisieron dar a todo el plan: lejos de haber una operación comando de las fuerzas estadounidenses para extraer a Bolsonaro de territorio brasileño, Flávio se valió de recursos particulares -un traslado terrestre y un jet privado- para volar hasta Opa-Locka, en Florida.

Los Bolsonaro se trasladaron en una aeronave con matrícula “Lima-Victor” (LV), el prefijo de nacionalidad argentino para la identificación de aviones de uso civil y comercial. Eso ayudó a dar la apariencia de que Bolsonaro y su familia se valieron por sus propios medios y sin aportes materiales de los gobiernos aliados, pese a que claramente hubo colaboración imprescindible y discreta de organismos oficiales estadounidenses y argentinos.

La administración de Donald Trump quedó posicionada únicamente como abriendo las puertas y dando cobijo. La empresa aérea elegida también hizo su parte en ese sentido, al no operar aviones con matrícula “November”, asignada a los norteamericanos.

“Le dimos un salvoconducto para entrar al país, así que veremos… pero no me involucraré. Fue una elección muy extraña. No tomé una posición en la elección, pero cuando veo algo que es inapropiado, lo menciono”, dijo Donald Trump. En otras palabras: ayudé a Bolsonaro a ingresar a mi país sano y salvo, aboné la idea de que la elección fue “amañada”, pero por ahora no desconoceré la legitimidad de Lula.

Milei, en cambio, permaneció callado. Optó por ningunear el triunfo de Lula, fingiendo demencia incluso en la reunión de Gabinete frente a los mismos ministros que lo habían visto festejar su influencia mundial tras la primera vuelta en Brasil.

La otra evidencia del aval de Milei al “Operativo Bolsonaro” fue la presencia de Santiago Caputo en Puerto Iguazú. En la Casa Rosada no confirmaron que haya viajado, pero trascendió información sobre un operativo de seguridad vial que detuvo en la ruta nacional 12 a la camioneta Toyota Hiace en la que el viajaba junto a funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá. Según supo Infobae, en Misiones hay versiones que indican que el asesor presidencial despidió incluso a Flávio una vez que estuvo a bordo del Gulfstream G400 matrícula LV-JQW de Baires Fly, la aeronave que —tal como anticipó este medio— permaneció en la terminal local a la espera de la familia Bolsonaro por más de 24 horas.

La línea directa que el asesor presidencial —y supervisor político de la SIDE— profundizó con Washington y los lazos de amistad entre los referentes de Las Fuerzas del Cielo con Eduardo Bolsonaro (radicado en Dallas) y con otros referentes jóvenes del PL brasileño fueron claves para aceitar las comunicaciones durante el itinerario.

El despliegue incluyó un plan B por si la vía de Puerto Iguazú fallaba y un operativo mundial de desinformación. Los principales medios de comunicación internacionales publicaron que Flávio y su familia ya se encontraban en Estados Unidos cuando todavía no habían dejado Brasil.

El despliegue fue de película, aunque en todo el trayecto no medió una persecución policial de parte de las fuerzas brasileñas, ni hubo un freno en la frontera de salida de Foz do Iguaçu, del lado brasileño, antes de que Flávio ingresara a la zona franca. Tampoco sonó ninguna alerta internacional: Bolsonaro atravesó el paso fronterizo por el puente internacional Tancredo Neves e ingresó sin sobresaltos a la Argentina con su pasaporte italiano, mientras que su familia lo hizo con sus documentos de identidad.

¿Migraciones hizo descender de su vehículo al excandidato presidencial para los trámites? ¿Qué rol tuvo la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que escoltó la camioneta de Bolsonaro hasta el ingreso VIP del aeropuerto? ¿Qué coordinación facilitaron los servicios de inteligencia? ¿A qué se debió la pasividad de los organismos brasileños? ¿Lula lo quería a Flávio fuera de su país?

La sintonía ideológica entre Trump, Milei y los Bolsonaro no alcanzó, en definitiva, para un triunfo electoral de la derecha en la economía más grande de Latinoamérica. Pero sí para coordinar un plan de escape.

Cronograma ajustado

El operativo activó la botonera más sensible de la administración nacional justo mientras, en Diputados, La Libertad Avanza conseguía dictamen para el proyecto de Defensa de la Soberanía. Más allá del capítulo de sanciones a empresas que operen en Malvinas, la iniciativa propone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, y el titular de la SIDE. En un caso como el de Bolsonaro, un organismo supraministerial y estratégico de este tipo seguramente tendría algo para decir.

La del Consejo de Seguridad Nacional es una iniciativa que tiene el sello del asesor presidencial, educado con literatura de espionaje y películas de acción. Durante su discurso en comisión, el titular de la bancada peronista, Germán Martínez, habló de un “capricho” de Caputo.

Las negociaciones para alcanzar el dictamen de mayoría, no obstante, tuvieron una novedad: Martín Menem, titular de la Cámara baja, habilitó a Caputo y a su equipo a intervenir en las negociaciones para conseguir el apoyo de los aliados. Hacía mucho tiempo que “el mago del Kremlin” no podía mover los hilos en Diputados, bloqueado por el ladero de Karina Milei, con quien mantiene una interna crónica.

Menem instruyó a la “mesa legislativa” del oficialismo, con la diputada Silvana Giudici a la cabeza, a que trabajara los cambios en el dictamen junto a Caputo (hubo una reunión clave el viernes pasado) y habilitó el despliegue de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, que responde al asesor presidencial, para que negociara los detalles finales del texto.

Finalmente hubo cambios en tres materias. En primer lugar, las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur se limitaron a los operadores directos (luego de un planteo de un conjunto de empresas norteamericanas y de la diplomacia de Trump). En segundo término, el dictamen definió con mayor precisión qué se entiende por “campaña de injerencia extranjera”, para asegurar la libertad de expresión. Por último, se incorporó al Ministerio de Seguridad como miembro permanente del Consejo de Seguridad Nacional.

Todo salió como Caputo esperaba, menos este último punto. El asesor no quería que el ministerio que hoy está a cargo de Alejandra Monteoliva se inmiscuyera en el Consejo de Seguridad Nacional que siempre soñó. Es un área donde no tiene especial llegada.

El problema que tiene ahora el dictamen del “proyecto Malvinas” es que el cronograma en Diputados está especialmente ajustado. El PRO pone “peros” con el Presupuesto (se quería dictaminar hoy, pero no hay consenso) y hay diferencias en torno al proyecto de biocombustibles, que es la llave para que muchos diputados provinciales apoyen la “ley de leyes”. Se pensaba en una sesión el 12 de noviembre, pero ahora se habla del 18 o del 25.

Lo otro que sigue sin avances es la reforma política. En las proximas horas, Santilli podria reunirse con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, uno de los mandatarios radicales que tienen la llave —con dos senadores que le responden— para que el Gobierno prospere con la suspension de las PASO.

Las tratativas entre la Casa Rosada y la UCR tienen a un interlocutor crucial: Gustavo Valdés, el exgobernador radical de Corrientes. Pese a que esa provincia tiene desacoplados los comicios provinciales ejecutivos —Juan Pablo Valdés gobierna el distrito desde 2025—, el excacique provincial fue erigido como portavoz y negociador del radicalismo para el toma y daca con los Milei. La UCR pone en juego ocho de sus diez bancas en la Cámara alta, además de cuatro gobernaciones (Mendoza, Santa Fe, Chaco y Jujuy), y pone en juego su supervivencia.

Gustavo Valdés se reunió la semana pasada con Santilli y con Eduardo “Lule” Menem, el armador territorial de Karina Milei y encargado de bajarle el precio a los aliados en el regateo de las listas electorales.

Allí la negociación se centró en dos puntos. Por un lado, las listas legislativas. Los radicales pidieron colectoras. Según pudo reconstruir Infobae, el Gobierno aceptaria el pedido y ya tiene cómo renombrar el mecanismo, que tiene mala prensa: lo llamará “sistema de adhesiones”. Lo que quieren los gobernadores, en definitiva, es una garantía para defender lo propio y una herramienta para no quedar completamente a merced de la lapicera de Karina Milei.

El otro punto clave, naturalmente, es la competencia en las provincias. El caso de Cornejo hoy está trabado. El mendocino —que no puede reelegir, pero pretende colocar a un delfín— no quiere que LLA presente a Luis Petri como candidato a gobernador. El exministro de Defensa no cuenta con el favor de Karina, pero tiene otra carta: una promesa de Javier Milei. “El Presidente se lo aseguró. Javier no se mete casi nada en lo electoral. Pero cuando se mete, baja el martillo”, dijo un funcionario de la Casa Rosada al tanto de las tratativas.

A la espera del Papa

En la última reunión de Gabinete, Milei volvió a dar un panorama económico. Semanas atrás, el Presidente discutía los indicadores oficiales (cuestionaba la utilidad de los números desestacionalizados). Ahora admite que la economía crece menos de lo que esperaba y que la inflación se desacelera más lentamente de lo que quisiera. Pero lo atribuye a factores internacionales y aclara que no tomará ninguna medida.

“Él dice que si aumentamos la base monetaria nos complicamos mucho. Que si al shock de oferta le agregamos un shock de demanda, hacemos lío”, dijo un alto funcionario de la Casa Rosada. En un dogmatismo rígido y sin creatividad, Milei no ve posible que existan medidas de reactivación que no afecten el equilibrio fiscal.

En la reunión de Gabinete, Milei fue el único que tomó la palabra. Hizo un monólogo sólo interrumpido su salida al balcón, “six seven” incluido.

No estuvo Patricia Bullrich, que es la única que, de tanto en tanto, es la única que levanta el dedo en esos encuentros. La senadora se ausentó a último momento por una urgencia familiar. Pero eso no impidió que en las horas posteriores continuara con su seguidilla de desmarques, incluido el reconocimiento a Lula por su triunfo.

“Esto venía siendo una fórmula electoral. No sé cuánto tiempo más Javier se va a bancar las cosas que ella está haciendo”, reflexionó un altísimo funcionario esta semana. Por ahora, Milei bajó la orden de no confrontar con Bullrich y contenerla.

El Gobierno también está con la guardia baja frente a la Iglesia, en la previa a la llegada del Papa. Tras los recientes intercambios con el Vaticano, Karina Milei tiene la expectativa de que León XIV traiga un mensaje universal, sin cuestionamientos a la situación económica argentina ni alusiones puntuales al Gobierno. Espera que hable de los flagelos y las preocupaciones del mundo, sin nombres propios.

De todas formas, se descuenta que la agenda que traerá el Sumo Pontífice -vinculada a la pobreza, a los discapacitados, al impacto de la inteligencia artificial y a los mensajes de odio- será de contraste con la gestión de Milei.

Agenda judicial, a fondo

La mesa judicial del Gobierno le llevó tranquilidad a los Milei en los últimos días. No solo por el sobreseimiento exprés de la causa $Libra dictado por el juez Marcelo Martinez de Giorgi. La Sala II de la Cámara de Casación postergó la respuesta a un pedido de un grupo de damnificados por la criptomoneda para reincorporarse como querellantes en la causa. Existiría un desacuerdo entre los camaristas del tribunal y el voto clave sería el de la jueza Ángela Ledesma.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y su segundo, Santiago Viola, consideran que el expediente se encamina a un cierre definitivo.

“Ledesma ya ha dicho en otros casos que la querella no puede actuar si no hay impulso del fiscal. El planteo en Casación se vuelve abstracto”, dijo una alta fuente oficial, en alusión al fiscal Eduardo Taiano, quien pidió el sobreseimiento del Presidente y su hermana, pese a la trama de llamados cruzados entre Milei y Mauricio Novelli la noche del tuit del lanzamiento del criptoactivo.

Si se mira con atención, los hermanos Milei ya no tienen expedientes que los desvelen demasiado. En el caso ANDIS, pese a que el fiscal Franco Picardi desnudó una pornográfica trama de sobreprecios y coimas para la compra de medicamentos e insumos para personas con discapacidad, por ahora el hilo se corta en exfuncionarios: Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, que están procesados. Los audios de la polémica están bajo peritaje por pedido del juez Ariel Lijo.

El Ministerio de Justicia quiere moldear al Poder Judicial a su medida y está dispuesto a ir a fondo. Además de completar vacantes, ya están redactados varios proyectos de ley que son, en su conjunto, una mega reforma judicial. Ya están escritos: el proyecto de reordenamiento de juzgados que, entre otros puntos, busca llevar a Comodoro Py de 12 a 10 jueces federales; la reforma del Consejo de la Magistratura (se propone pasar de 20 a 15 miembros), la reforma del Código Procesal Penal y la reforma del Código Civil.

Algo así no estuvo ni en los sueños de gobiernos anteriores. “Evidentemente, solo era cuestión de determinación”, comentó un funcionario muy al tanto de los movimientos en los tribunales. Como dijo Bullrich: si hay algo que al Gobierno le sale bien es correr permanentemente los límites

El oficialismo se vio obligado a suspender la reunión prevista para esta tarde de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que conduce “Bertie” Benegas Lynch, donde tenía planeado avanzar con el dictamen del proyecto de Presupuesto 2027. El PRO, la UCR y los aliados provinciales se resistieron a aportar sus firmas porque aseguran que la Casa Rosada no respondió a la mayoría de sus reclamos. La falta de acuerdo también hizo naufragar la reunión de comisión en la que se discutió la nueva ley de Biocombustibles, que ya tiene media sanción del Senado.

“No vamos a firmar nada porque no nos dieron ninguna respuesta sobre varios temas”, manifestó un diputado del PRO durante la tarde del martes. Sin embargo, los bloques aliados reconocieron que en principio se mantiene la sesión prevista para el miércoles 18 de noviembre y buscaron desdramatizar la situación. “Estamos negociando, también dejamos disponible el miércoles 25 de noviembre”, explicaron, dando a entender que la sanción de la “ley de leyes” no corre riesgo real de quedar frenada en Diputados.

La lista de reclamos del PRO está encabezada por la regularización de las deudas de Nación con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. “Nos dicen que se puede arreglar por fuera del Presupuesto. Pero si es verdad que está la plata para arreglar todo, queremos que la incluyan en el Presupuesto”, señalaron a Infobae. El reclamo por la coparticipación no es nuevo y también se mezcla en las negociaciones electorales entre los libertarios y Jorge Macri.

Por otro lado, los amarillos impulsan una reducción del IVA al huevo y sus productos derivados. “Es la única proteína que todavía paga el 21%”, argumentaron. Este beneficio para la producción avícola tendría un fuerte impacto en la provincia de Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio, del PRO.

Las obras viales son un capítulo aparte y allí se acumulan reclamos de distintas fuerzas y provincias. En principio, tanto el PRO como la UCR y los bloques que responden directamente a gobernadores reclaman una reducción del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que por ley debería destinarse al mantenimiento de las rutas pero el Gobierno no ejecuta. “Nos cobran el impuesto, no hacen las obras y usan la plata para mostrar superávit fiscal, qué vivos”, ironizó un diputado del norte del país.

En la misma línea, las provincias reclaman mayor información y procesos más “transparentes” para las concesiones viales, que según el Gobierno, llegarían a los 9.000 kilómetros.

Las provincias que no transfirieron con sus cajas previsionales a la ANSES también exigen precisiones sobre los fondos que serán asignados a cada una para compensar el déficit. En el proyecto figura una partida de $503.325 millones que desde las provincias ya califican como insuficiente. Por otro lado, varios distritos tienen pendientes una respuesta sobre eventuales autorizaciones para tomar deuda.

En tanto, la UCR insistió en mejorar las partidas previstas para financiar las universidades nacionales: a pesar de que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman un mínimo de $11 billones, el presupuesto para el año que viene les asigna un poco más de $7 billones.

Los bloques aliados tampoco ven con buenos ojos la derogación de la movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) mediante el cual se pagan las asignaciones familiares a los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados y otros beneficiarios formales.

Por último, la diputada de Adelante Buenos Aires, Karina Banfi, y otros diputados patagónicos pidieron una reducción de impuestos para el sector pesquero.

La discusión en torno a la ley de biocombustibles

La ley de biocombustibles comenzó a tratarse en Diputados la semana pasada tras haber obtenido media sanción en el Senado. El rápido tratamiento del proyecto que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% en gasoil fue un guiño del oficialismo a los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que jugaron a favor del oficialismo en temas importantes como el intento de derogación del DNU 70/23, la ley de Discapacidad y el endeudamiento familiar.

Si bien no hay discrepancias respecto a los cambios para el bioetanol, la propuesta quedó trabada por reclamos muy concretos de provincias productoras de biodiésel, como Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos.

El corte obligatorio pasaría del 7,5% al 10% y se prevé una transición con segmentos diferenciados para firmas “integradas” (vinculadas a grupos aceiteros) y plantas “no integradas” (pymes regionales que no producen la materia prima). Para llegar al 10% de corte, las no integradas tendrán inicialmente reservado el 6,5% del mercado. Esa proporción bajaría a 5,5% en 2029, a 5% en 2030 y a 4% desde 2031 hasta 2036. Así, una parte creciente del mercado de biodiésel quedaría abierta a la negociación entre empresas integradas y no integradas.

Desde el PRO -aunque también tienen apoyo de otros sectores provinciales- proponen mantener la participación del 6% del mercado para las pequeñas y medianas empresas (“no integradas”), bajo el argumento de que no podrán competir con las grandes aceiteras de Santa Fe y Córdoba, por lo que el mercado terminará concentrándose en muy pocos grandes jugadores.

El oficialismo consiguió este miércoles el dictamen de mayoría del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca, entre otros puntos, defender los recursos naturales en las Islas Malvinas. Tras varias conexiones a los bloques aliados, el texto quedó listo para ser tratado en el recinto y la fecha tentativa que manejan los libertarios es el jueves 12 de noviembre. De todas formas, podría haber cambios en el cronograma ya que se trata de una semana “corta” por la visita del Papa León XIV a la Argentina.

El proyecto del Gobierno, impulsado principalmente por el asesor presidencial Santiago Caputo, agrava las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur. No se limita a la actividad hidrocarburífera sino que incluye toda explotación de recursos renovables o no renovables. También incluye sanciones para empresas, socios y proveedores: prevé multas y suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina.

Justamente este fue uno de los puntos que generó mayores cuestionamientos. Por ejemplo, subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, le transmitió en persona al presidente Milei la preocupación de la Administración Trump sobre las posibles consecuencias que las sanciones del primer capítulo podrían generar para las empresas estadounidenses.

En ese sentido, los libertarios aceptaron limitar las sanciones a quienes ejecuten negocios ilegales dentro del territorio argentino en carácter de operadoras directas, licenciatarias, proveedores de estas y accionistas directos de los proyectos. De esta forma, quedan eximidos de responsabilidad los accionistas minoritarios, con participaciones de hasta el 2%, y los fondos de inversión indirectos que tengan algún tipo de participación en las empresas explotadoras.

Por otro lado, la iniciativa crea el Consejo de Seguridad Nacional, integrado de forma permanente por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.

Este órgano será el encargado de coordinar de manera unificada la estrategia de defensa, inteligencia y seguridad interior. Estará presidido por el Presidente y tendrá la facultad de controlar, aceptar o rechazar las inversiones impulsadas por Estados extranjeros y empresas con capitales del mismo origen en sectores como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.

Ante los pedidos de varios aliados, el oficialismo habilitó la participación del Presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado, gobernadores y el Ministerio de Seguridad Interior como miembros no permanentes cuando el asunto en cuestión lo amerite.

La Libertad Avanza tamién aceptó conformar una Comisión Bicameral de Seguimiento dentro del Congreso, facultada para auditar las decisiones y procesos del Consejo, de manera similar a la bicameral que controla a la Secretaría de Inteligencia del Estado. La propuesta había sido impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), para garantizar la participación del Parlamento en el control del nuevo organismo, que estará integrado únicamente por miembros del Poder Ejecutivo. Según el cambio anunciado, el Ejecutivo deberá informar a la bicameral, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el Consejo.

Otro de los puntos modificados es el artículo que sanciona con penas de cinco a doce años de prisión a quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública. El dictamen define qué se entiende por “campaña de injerencia extranjera”: acciones planificadas, sistemáticas, clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas, destinadas a alterar elecciones, afectar la formación de la voluntad política o condicionar decisiones de autoridades. A la vez, introduce exclusiones expresas: no considera campaña de injerencia a la actividad diplomática conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones de un Estado extranjero, la actividad periodística, la investigación académica ni la representación abierta y regulada de intereses.

Sin embargo, bloques aliados que firmaron con disidencias exigen más cambios en la redacción, fundamentalmente de los artículos 127, 128 y 129. “Si no hacen más cambios, yo voto en contra y se va a terminar cayendo en el recinto”, aseguró una diputada aliada. “Va a haber más cambios, no queda claro dónde quedan paradas las ONG que busca influir sobre las políticas del gobierno”, reconoció un alfil libertario.

Además, se incorporó al Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, como miembro permanente del Consejo de Seguridad Nacional, y se precisaron las competencias de la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo, aunque sin establecer una regla de intervención primaria y subsidiaria entre ambas fuerzas.

La postergación del proyecto Malvinas, la “causa” que abraza Javier Milei e instrumenta Santiago Caputo desató cortocircuitos en el Gobierno, donde intentan navegarlas para evitar la habitual escalada de cielistas vs. territoriales. Mientras buscan calmar las aguas, puertas adentro negocian con los aliados. Los esfuerzos apuntan a que el texto que el presidente adoptó como caballito de batalla y que generó dudas en la oposición llegue al recinto lo antes posible.

En privado y sin avisar a nadie, Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, recibieron ayer a la mañana a la diputada Silvina Giudici y a Adrián Pagán, secretario parlamentario de la Cámara Baja y cercano a Martín Menem, para pulir los detalles de la iniciativa. Y coincidieron en incorporar algunos cambios que, aclararon, “no serán sustanciales”.

Admiten que se tomaron sugerencias del PRO, la UCR, el MID y el PJ, tanto en el régimen sancionatorio como en el resto del proyecto. “Lo mejoraron, y eso que ya era bueno”, deslizó una alta fuente de Balcarce 50 a Infobae.

No habrá división de la iniciativa, como pedía la oposición, que insiste en votar solo el título referido a las sanciones contra empresas del paquete “soberanía de Malvinas”. Tampoco tocarían el capítulo de sanciones por injerencia extranjera ni la integración del Consejo de Seguridad Nacional. Sobre este último, remarcan que es un órgano del Poder Ejecutivo y que no debe entrar ningún legislador, después de los dardos contra el kirchnerismo y Victoria Villarruel por “intentar colarse” en el eventual órgano. Los parlamentarios están contemplados entre los miembros no permanentes, solo para casos de competencia legislativa, dijeron.

Del “lado” de Diputados, el equipo que negocia el texto con Caputo está integrado por Giudici, Laura Rodríguez Machado, el titular del bloque, Gabriel Bornoroni, Mariel Castelnuovo y Nicolás Mayoraz. Todos muy cercanos, al menos en el plano legislativo, a Martín Menem. Dicen en su círculo que el titular de la Cámara Baja “siempre busca consensos con los aliados”. También en el bloque están convencidos de que el próximo martes van a tener dictamen.

El tema generó fricciones entre las Fuerzas del Cielo y los Menem, que ya venían de varios chispazos: la discusión por el rol de los jóvenes en la campaña tras el triunfo de Bolsonaro y el debate sobre el islam. Pero este caso amenazó con ser más grave.

En el sector de Caputo sospechan que desde el propio oficialismo, los Menem desde Diputados quieren impulsar cambios a un texto del Ejecutivo que lleva la firma, en las sombras, del asesor presidencial. Cuando el titular de la Cámara Baja dejó el expediente fuera del temario de la sesión del 21 de octubre, esas sospechas crecieron en la Casa Rosada: creyeron que no estaban colaborando por su animadversión hacia Caputo.

“Martín Menem es capaz de entregar hasta la causa Malvinas con tal de que no se anote un ‘gol’ Santiago, que en realidad es una de las prioridades del Presidente”, disparó un alto dirigente de las Fuerzas del Cielo, también en off.

En la presidencia de la Cámara lo niegan. Aseguran que Menem no se mete en el proyecto, que lo que hay son “discusiones técnicas” y que no “traba nada” ni juega en contra de nada. Atribuyen cualquier diferencia a la oposición y a los aliados, y sostienen que la ley terminará saliendo. “Se hace el mayor esfuerzo para que salga”, dijeron en Diputados para desligarse de cualquier acusación de otro bando violeta.

Fuentes del oficialismo y del bloque libertario admiten una discrepancia, pero la acotan a un punto. Unos cambios, o la no aceptación de una propuesta de los aliados, llegaron a último momento, cuando peligraba la sesión. Por eso el equipo decidió esperar hasta después del miércoles. “La realidad es que se trabajó en equipo”, insisten. Aseguran además que, luego de la reunión de Caputo y los representantes legislativos ayer, viernes, quedó “todo ok”. “Los gobernadores dan el visto bueno, pero algún diputado marca un tema de redacción y las cosas se demoran”, esgrimieron.

A ese frente se suman los reparos de Washington. En especial los que transmitieron los enviados de Donald Trump el jueves, sobre las sanciones que podrían alcanzar a empresas estadounidenses vinculadas, directa o indirectamente, con actividades en las islas. Por ahora, en Balcarce 50 no confirman si habrá cambios en los efectos sobre compañías asociadas a otros proyectos. Sí se esperan modificaciones en el polémico capítulo sobre sanciones a publicaciones periodísticas “con injerencia extranjera”.

El reloj corre. La Casa Rosada pretendía contar con media sanción antes de que termine octubre, y esa meta depende de que el dictamen salga el martes. “Estamos muy cerca”, repiten en el bloque libertario.

“Por supuesto que resta. No veo lugar donde eso sume”, precisó ante Infobae en estricta reserva una fuente que transita a diario Casa Rosada. La valoración remite a las definiciones del presidente Javier Milei, quien durante su visita a Neuquén a principios de semana volvió a relativizar las dificultades de los sectores de la sociedad que no llegan a fin de mes. La polémica suma un nuevo frente de preocupación para un Gobierno que busca ordenarse rumbo a las elecciones de 2027.

Aferrado a la literalidad de su planteo, el mandatario insistió en preguntarse cómo hace la gente para “comer y beber” los 10 días que restan del mes, mientras el ala política intenta resolver sus diferencias internas para sellar los acuerdos necesarios con los gobernadores aliados. Además de intentar sentar las bases para un nuevo mandato en 2027, objetivo central de los libertarios, el Poder Ejecutivo busca avanzar en la agenda legislativa trazada.

La decisión de Milei de confrontar con lo que definió como “una pelotudez del tamaño de una casa”, en referencia a los planteos sobre las dificultades de las familias para cubrir sus gastos hasta fin de mes, parece empantanar la labor de los propios funcionarios. A eso se suman sus recientes cruces con periodistas españoles por la situación económica, que también colocan a la administración libertaria en una posición incómoda.

“Sus posiciones muy extremas como la de España nos complican porque nos pone en una situación muy border”, confesó un integrante del Gabinete. “Es una mala idea, pero es un Presidente que nunca recula. Si está pensado comunicacionalmente es extraño y nos puede meter en un quilombo grande porque el bolsillo no deja de ser el órgano más sensible”, coincidió un legislador libertario, que parafraseó a Perón. El dirigente aclaró que detrás de esa confrontación se esconde una ofensiva del Presidente contra los medios de comunicación y la oposición.

Pese a que hay coincidencia en que la formulación no fue la adecuada, al menos desde lo comunicacional, quienes lo justifican aseguran, irónicamente, que no hay que tomar su expresión de manera literal. “No fue literal, quiso cuestionar el eslogan que quiere instalar la oposición. La forma supone un riesgo, sí, pero es un presidente que estila tomarlos”, intentó explicar un funcionario.

Fiel a su olfato político, la senadora Patricia Bullrich se anticipó con un planteo que apuntó a correr el foco del periodismo y reubicarlo en las respuestas que el Gobierno debe dar a la sociedad. “Tenemos que definir a quién le hablamos. ¿Comentamos lo que dice el periodismo o salteamos todo y vamos a la gente? Tenemos que dejar eso e ir a la gente donde encotramos los problemas reales. Tenemos que atender al ciudadano y mediar lo menos posible”, expresó Bullrich en una entrevista en Infobae En Vivo.

Desde su entorno aseguran que la legisladora, que volvió a sorprender el pasado viernes con un sugestivo video en clave electoral, intentó abordar el tema desde una perspectiva más cercana a los problemas cotidianos y mostrarse “comprensiva” con la realidad de una parte de la sociedad. Con ese desmarque, Bullrich busca contener dentro del oficialismo a quienes toman distancia de las expresiones del mandatario y evitar que el malestar se traduzca en un alejamiento del espacio.

Tanto la reacción de Milei como el contrapunto de la senadora se producen en un contexto en el que las principales demandas de la sociedad continúan siendo económicas, según distintas mediciones.

Un informe realizado por la consultora Zentrix indicó que los ingresos de dos de cada tres argentinos alcanzan para vivir hasta el día 20 de cada mes y que la proporción asciende al 72% entre los menores de 40 años y al 83,3% en la clase baja. El endeudamiento es otra señal de las dificultades para llegar al final del mes: el 56,2% tomó deuda en los últimos seis meses. A la par, el 81,8% de los consultados siente que su salario no le gana a la inflación.

En otro indicador del endeudamiento de los hogares, un informe del Banco Central reflejó que la mora de las familias registró una leve baja en agosto y se ubicó en el 12,81%, lo que representó un descenso de 0,13 puntos porcentuales respecto de julio. La evolución fue dispar: cayó la morosidad de las tarjetas de crédito, pero los préstamos personales y, en menor medida, los prendarios mostraron leves subas.

Las expectativas económicas a futuro tampoco muestran señales de mejora. La encuesta mensual que elaboran AtlasIntel y Bloomberg refleja que, en septiembre, el 55% de los encuestados respondió que considera que la situación económica empeorará en los próximos seis meses, el 31% prevé una mejora y el 14% cree que permanecerá igual.

El contraste entre sus dichos y los datos económicos obligó al presidente libertario a aclarar su postura y a reconocer que los indicadores de pobreza e indigencia arrojan cifras complejas. “No es que no entendemos el problema de que las personas estén teniendo postergaciones, está reflejado en el treinta y dos por ciento de pobreza. La foto nos parece horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia”, planteó en declaraciones a Radio Rivadavia a su regreso de España.

La formal incomodidad de los aliados

La preocupación interna es compartida por los aliados, que reconocen malestar ante determinadas expresiones, aunque eso —al menos por ahora— no se traduce en una quita de apoyos al rumbo del Gobierno.

“Los dichos caen muy mal y a nosotros nos deja en una posición incómoda. Nunca nos pudimos separar porque nuestro electorado no lo permitía, pero ahora se retiran por estas cosas y nos dejan pegados”, explicó un legislador de un espacio aliado.

El malestar también se hizo oír entre los representantes de las provincias. “Nadie entiende esas declaraciones o por qué dice lo que dice. En las provincias las cosas no andan bien. Pero bueno, hay que concentrarse para que el Congreso funcione sacando las leyes”, plantearon ante este medio desde el entorno de un gobernador del norte.

Tampoco fue casual la advertencia del salteño Gustavo Sáenz, quien esta semana estuvo en Buenos Aires y pidió acelerar la “reactivación del consumo”. “Cuando el Presidente se enoja y toma literalmente lo del día 20, que la gente no llega al día 20, por supuesto se enoja y en su forma lo toma muy literal. Lo que estamos diciendo es que claramente la gente no está bien, que la gente no la está pasando bien”, sentenció el gobernador en una entrevista a TN.

Sin embargo, en Casa Rosada le bajan el precio a la posibilidad de que las diferencias impacten en el vínculo con los aliados y confían en que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, profundizará, en coordinación con Karina Milei, los canales de diálogo con los gobernadores. En paralelo, el Congreso aún debe tratar la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, entre otras iniciativas clave.

“A los políticos no les importa la gente”, argumentó una fuente con acceso al despacho presidencial. “Los aliados no se tienen que hacer cargo necesariamente de lo que dice el Presidente. Solo defender el modelo y apoyar las reformas”, sumó un funcionario.

Una muestra del estado de las conversaciones quedó plasmada durante la última sesión en la Cámara de Diputados en la que el oficialismo logró anotarse victorias pírricas luego de verse obligado a modificar algunos proyectos para avanzar en su aprobación. Las gestiones se dieron con el Presidente afuera del país, en Madrid, abocado a apuntalar la campaña electoral de la derecha española. Una escena que se repitió en las últimas semanas desde distintos puntos de mundo.

Tras la media sanción en Diputados de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que reincorporó las restricciones a la compra de tierras impulsadas originalmente por el kirchnerismo, los libertarios avanzaron además con una nueva Ley de Discapacidad, pese a las quejas del Ministerio de Economía, y lograron bloquear las propuestas opositoras en torno al tema de morosidad.

¿Pragmatismo o entreguismo?

Como todo, el avance en la agenda legislativa da lugar a una serie de lecturas internas respecto a la posición de La Libertad Avanza en el Congreso. Por un lado, están los que destacan el pragmatismo y la muñeca política que se jactan de haber adquirido en el último tiempo como una vía para cumplir con los objetivos.

“Hay momentos en los que sabemos que hace falta negociar. Estamos ante un cambio de estilo. Hay tiempo para todo”, expresó un funcionario que responde a este grupo. Entre quienes se muestran abiertos a consensuar con los aliados están Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli.

En Balcarce 50 destacan que la experiencia negociadora de Diego Santilli refleja el músculo político que logró construir la administración libertaria. En contraposición, sostienen que, pese a la vocación dialoguista de Guillermo Francos cuando ocupaba la Jefatura de Gabinete, el contexto político no era el mismo.

No obstante, esta postura encuentra resistencia entre los Caputo, que cuestionan algunas concesiones porque consideran que desvirtúan las iniciativas. Distanciado de las definiciones políticas que estila a delegar en su hermana, Javier Milei evita tomar postura e influir en las decisiones de la mesa política.

La discusión excede la táctica parlamentaria. Mientras algunos defienden la negociación como una herramienta para sostener la agenda legislativa, otros advierten sobre las consecuencias que las concesiones podrían tener para los proyectos. En medio de esas diferencias, el ala política también debe lidiar con un escenario económico complejo, una serie de definiciones pendientes y los traspiés del mandatario, que profundizan las dificultades en la relación con los aliados.

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Anny Ochoa, confirmó que el proceso penal contra exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional continuará bajo secretividad, a solicitud del Ministerio Público (MP), mientras avanzan las actuaciones judiciales y se garantiza el derecho a la defensa de los señalados.

Ochoa, designada como jueza natural en el expediente, explicó que la medida busca resguardar los medios probatorios incorporados en la investigación y evitar posibles filtraciones de información que puedan comprometer el desarrollo del caso.

“El expediente judicial está presentado por el Ministerio Público y en las próximas fechas se dará conocimiento, en lo que derecho corresponda”, declaró Ochoa ante los periodistas.

La magistrada agregó que las actuaciones se desarrollarán conforme a la legislación vigente y respetando los límites que establece el principio de secretividad dentro del proceso penal.

“Vamos a respetar ese principio que se limita en el proceso penal y, por supuesto, aseguramos que se va a actuar conforme a derecho”, sostuvo.

Ochoa informó que 12 personas señaladas en el expediente deberán comparecer a una audiencia de declaración de imputado la próxima semana, aunque evitó precisar públicamente la fecha y la hora de la diligencia.

La convocatoria forma parte de las actuaciones posteriores a la presentación del requerimiento fiscal y a la asignación del expediente por parte del pleno de la Corte Suprema de Justicia.

La magistrada indicó que algunos de los señalados ya se presentaron voluntariamente y nombraron a sus respectivos abogados defensores.

Según explicó, a estos profesionales se les ha reconocido su participación para garantizar el derecho a la defensa, conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal.

Los abogados también serán notificados de la resolución emitida el 22 de octubre, mediante la cual se convoca a las partes a la audiencia correspondiente.

“Vamos a ir desarrollando cada una de las audiencias en las etapas probatorias o las etapas que el proceso establece, garantizando el debido proceso, pero también la igualdad de las partes”, afirmó la jueza natural.

En cuanto a las personas que todavía no se han presentado voluntariamente, Ochoa señaló que se aplicaron las disposiciones procesales correspondientes ante el riesgo de fuga.

La magistrada explicó que la reserva del expediente fue solicitada por el Ministerio Público con el propósito de proteger las pruebas y evitar que una eventual filtración de información afecte la investigación.

Ochoa aseguró que las partes serán convocadas a las diligencias correspondientes y que sus derechos se respetarán durante el desarrollo de la causa.

La funcionaria también indicó que revisó el requerimiento fiscal y resolvió de acuerdo con lo solicitado por la Fiscalía y lo establecido en la normativa penal.

Aunque algunos abogados ya se han personado en representación de los señalados, la magistrada no ofreció detalles adicionales sobre el contenido íntegro del expediente, debido a la reserva que se mantiene sobre las actuaciones judiciales.

Dentro del mismo proceso, la jueza natural confirmó las órdenes de captura contra Luis Redondo y Edis Antonio Moncada, quienes figuran entre los principales señalados en el expediente relacionado con las actuaciones de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

De acuerdo con las acusaciones atribuidas a Redondo, el exfuncionario enfrenta señalamientos por perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios.

Por su parte, Moncada enfrenta tres acusaciones por presunta violación a los deberes de los funcionarios, según la información divulgada sobre el requerimiento fiscal.

El oficialismo no llegó a incluir en la última sesión de la Cámara de Diputados el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca, entre otros puntos, defender los recursos naturales en las Islas Malvinas. Pero los libertarios ven difícil alcanzar los consenso necesarios con los aliados para cerrar un texto la semana que viene y la agenda internacional complica las posibilidades de convocar a una sesión durante las dos semanas siguientes.

“Tenemos tiempo, no estamos apurados”, explicó una de las principales referentes del bloque La Libertad Avanza a Infobae, aunque reconoció que las prioridades pasan por otro lado. “Lo más importante es el Presupuesto y se nos puede llegar a complicar el cronograma si desde el Senado llega la Reforma Política (suspención de las PASO)”, señaló.

Sucede que si no se logra un acuerdo contrarreloj el martes de la semana que viene, que permita sesionar el mismo miércoles 28, las dos semanas siguientes están prácticamente descartadas. Los libertarios reconocen que este escenario es muy improbable porque durante las últimas semanas no se avanzó demasiado respecto a los cambios que reclama la oposición. Además, tanto el martes y miércoles habrá reuniones de comisión para tratar el Presupuesto 2027. De hecho, el objetivo es llevar la “ley de leyes” al recinto el 18 de noviembre.

La semana siguiente no se podrá sesionar, por lo menos no en los días habituales (martes o miércoles) ya que el martes 3 se llevarán adelante las elecciones legislativas en Estados Unidos, en las que Donald Trump podría perder el control del Congreso (actualmente tiene mayoría en ambas cámaras). Varios diputados de La Libertad Avanza viajarán para monitorear los comicios y el oficialismo no puede darse el lujo de tener bajas en el recinto.

Luego el país estará convulsionado por la visita del Papa León XIV, entre el 8 y el 11 de noviembre. El Gobierno dispuso feriado nacional para el lunes 9 de noviembre, feriado para CABA y Córdoba el martes 10 y feriado para la provincia de Buenos Aires el miércoles 11. Razón por la cual resultaría virtualmente imposible garantizar la presencia de todos los diputados por las dificultades lógicas que habrá para viajar desde las provincias.

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado al Congreso por la Casa Rosada agrava las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur pero ya no se limita a la actividad hidrocarburífera, sino que incluye toda explotación de recursos renovables o no renovables. También incluye sanciones para empresas, socios y proveedores: prevé multas y suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina. Además, incorpora la responsabilidad de proveedores que conozcan que asisten a actividades prohibidas y amplía las restricciones para contratar con empresas o personas inhabilitadas.

Por otro lado, crea el Consejo de Seguridad Nacional, integrado de forma permanente por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.

En ese marco, estipula nuevas infracciones y sanciones por amenazas a la seguridad nacional y considera infracción, entre otras conductas, afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones de autoridades argentinas, atacar infraestructura crítica o financiar esas acciones.

El primer cambio aceptado por el oficialismo sería la eliminación del artículo 111, que establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina. Tanto el PRO, como la UCR y organizaciones civiles interpretaron que su redacción era demasiado amplia y podría utilizarse para coartar la libertad de expresión o perseguir a la oposición.

Por otro lado, fuentes libertarias al tanto de las negociaciones también reconocieron que se modificarán los artículos que habilitan al Estado a auditar, custodiar o intervenir “infraestructuras críticas”, como redes estratégicas de energía, minería y telecomunicaciones. Según trascendió, las empresas de Estados Unidos también pidieron mayores garantías para evitar futuras sanciones si operan en las islas o como proveedoras.

De hecho, el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, admitió ayer que Estados Unidos sigue “con interés” los alcances de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

“Las leyes de la nación argentina son cuestión para las autoridades de la nación argentina”, dijo. Pero agregó: “Nosotros estamos, obviamente, viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupa por eso”.

En tanto, el canciller Pablo Quirno aseguró: “Esta ley no va en contra de nadie en particular, no va en contra de ninguna empresa en particular”. Y planteó que la norma ofrece a las compañías una elección de negocios: operar en el continente argentino, donde el potencial es “muchísimo mayor”, o mantener operaciones “ilegítimas” en las islas.

Otros pedidos de los aliados incluyen la incorporación del Ministerio de Seguridad Nacional como miembro permanente del Consejo de Seguridad y en el Sistema de Seguridad Nacional, “para que cada organismo tenga su rol claro y no haya superposiciones entre Fuerzas Armadas, seguridad interior y Consejo”; una clarificación de las competencias de las Fuerzas Armadas, la Policía y las Fuerzas de Seguridad Federal en la protección de las “infraestructuras críticas”; y aclaraciones sobre cuál será la autoridad de aplicación, que en el texto queda sujeta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Tras un largo debate y negociaciones que se extendieron durante toda la tarde, el oficialismo logró consensuar un proyecto con los bloques aliados y la oposición dura para reemplazar la Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año. La nueva propuesta, que obtuvo una mayoría de dos tercios y ahora pasará al Senado, mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.

Pasada la medianoche el tablero de la Cámara de Diputados informó que la aprobación se logró con 237 votos positivos, 9 negativos y 4 abstenciones. El peronismo terminó acompañando el proyecto porque los libertarios aceptaron gran parte de los cambios propuestos. El riesgo de que Milei termine vetando una prórroga de la Emergencia y la presión de las principales organizaciones del colectivo de discapacidad contribuyendo a que Unión por la Patria terminara votando junto con La Libertad Avanza.

También votaron a favor el PRO, la UCR, gran parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y casi todos los bloques provinciales. La excepción fueron los diputados de Córdoba (de Provincias Unidas y Unión por la Patria) que se manifestaron en contra porque, según su visión, las organizaciones del colectivo no participaron de la elaboración de la ley. “Es una ley que se discutió sin los verdaderos protagonistas”, explicó Gabriela Estevez. Por su parte, la izquierda se abstuvo por la falta de actualización de las deudas con los prestadores.

A pesar de todo, la mayoría especial de dos tercios que se alcanzó hace virtualmente imposible que el Senado pueda introducir cambios o que Milei recurra al veto presidencial.

El misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, fue uno de los principales interlocutores con el oficialismo junto con Juan Marino, Sabrina Selva, Eduardo Valdés y Victoria Tolosa Paz. Por el lado libertario, las encargadas de consensuar el texto fueron Laura Rodríguez Machado, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz.

Las negociaciones habían comenzado hace casi dos meses cuando la oposición, a raíz de un pedido de las organizaciones de personas con discapacidad, comenzó a impulsar la prórroga de la Emergencia en Discapacidad que se había aprobado el año pasado y vence a fin de año. La oposición logró emplazar a las comisiones y se encaminaban a llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre.

Para frenar esta ofensiva opositora, las espadas legislativas del oficialismo anunciaron que estaban trabajando, junto a sus aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales, en un proyecto “superador” que permitiría terminar con la Emergencia -tal como pretende el Gobierno- pero al mismo tiempo brindaría una solución definitiva que garantice previsibilidad.

Pero la situación se convulsionó cuando el Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que contenía un capítulo con fuertes ajustes en Discapacidad que no tenían nada que ver con las conversaciones en marcha. Tanto Martín Menem como Patricia Bullrich fueron tomados por sorpresa y hubo duros reproches al interior de la Mesa Política.

Ese capítulo del Presupuesto 2027 tomaba el criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral y eliminaba el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio. También establecía la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal; y derogaba el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, sin actualización automática por IPC.

Para desactivar la sesión de la semana pasada, el oficialismo se comprometió con sus aliados a dejar de lado el recorte incluido en el Presupuesto y propuso un proyecto que a grandes rasgos retoma los principales puntos del sistema vigente.

El texto consensuado ratifica el sistema de Pensiones por Discapacidad, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder al beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado.

Por pedido de los aliados, también se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

Sin embargo, durante las horas previas a la votación referentes de la oposición pidieron más cambios para sumar su apoyo. Por ejemplo, garantizar que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un programa de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud).

Por otro lado, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, detallaron las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud que se destinarán a financiar el sistema y previeron compensaciones desde el Tesoro si resultaran insuficientes. Además, aclararon que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

El proyecto también introduce mecanismos de control más estrictos. La Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como Anses, Arca, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender preventivamente un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.

Por último, el texto establece que si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días.

Los bloques de la oposición mantuvieron diálogo constante con las organizaciones de personas con discapacidad y decidieron votar a favor del proyecto porque para estas se logró ratificar con una ley “permanente” (en lugar de una emergencia que debe prorrogarse) gran parte del sistema vigente.

Al inicio del debate, el diputado Herrera Ahuad leyó los últimos cambios propuestos por la oposición y aclaró que si no eran aceptados en su totalidad, su bloque Argentina Federal no votaría favorablemente. “Pido el compromiso explícito de eliminar lo que hoy está en el Presupuesto 2027 remitido por el Poder Ejecutivo nacional”, dijo. A su turno el diputado libertario Gerardo Huesen adelantó que se aceptarían todas las sugerencias.

Juan Marino, de Unión por la Patria, reconoció que la oposición “no iba a tener el número” para prorrogar la Emergencia. “Empezamos a conversar con las organizaciones del colectivo y nos plantearon que vengamos a discutir para que el proyecto no contemple regresiones. En ese sentido, fueron receptados numerosos planteos”, explicó y remarcó que el dictamen final “es absolutamente contrario a lo que mandaron Milei, Caputo y Santilli en el Presupuesto 2027”.

En la misma línea, Victoria Tolosa Paz, destacó: “Incorporamos garantías para que ambas pensiones tengan cobertura de salud, protegimos las asignaciones familiares, establecimos requisitos claros para acceder a las pensiones y defendimos la compatibilidad con el trabajo formal. También reforzamos el financiamiento, la participación de las provincias y las garantías para evitar bajas arbitrarias, con derecho a defensa y restitución cuando corresponda. Cada una de estas modificaciones fue fruto de la escucha y la negociación”.

La oficialista Laura Rodríguez Machado comenzó por señalar que la sensibilidad social “no se contrapone” con la responsabilidad fiscal y destacó el trabajo de los bloques que participaron de la negociación. No obstante, apuntó sus críticas contra los diputados de Córdoba que dijeron que las organizaciones del colectivo no participaron de la elaboración del proyecto: “Acá hay diputados que han dicho que no se ha trabajado lo suficiente. Muchos bloques ni siquiera han traído un papelito para defender los derechos que dicen representar”.

“Fue una victoria de Menem sobre Luis y Santiago Caputo porque no se hizo el recorte; de la oposición sobre el oficialismo porque impusimos un tema que no querían tratar; y de las organizaciones del colectivo de discapacidad sobre el Gobierno porque lograron establecer por ley el régimen vigente”, sintetizó un diputado de la oposición.

Este jueves por la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de Ley de Discapacidad. Tras una maratónica sesión, la iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, producto de los cambios que La Libertad Avanza (LLA) incorporó por pedido de la oposición.

La propuesta, impulsada por el oficialismo, busca reemplazar el esquema transitorio de la emergencia por un régimen permanente. El dictamen aprobado conservó los beneficios previstos en la Ley de Emergencia en Discapacidad, entre ellos la compatibilidad de la pensión no contributiva con el empleo formal, bajo determinadas condiciones, y previsiones para prestaciones y coberturas de salud.

Luego de que el texto obtuviera un apoyo mayoritario, los diputados de diversos bloques celebraron el consenso logrado. Uno de los primeros fue el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien celebró la media sanción y sostuvo que la ley brindará “una respuesta clara y permanente” a las personas con discapacidad y sus familias, sin depender de “emergencias ni leyes temporales”.

Aunque el diputado cordobés resaltó que hubo un “consenso amplio” entre bloques, cuestionó a los legisladores vinculados al gobernador Martín Llaryora. “No aportaron. No acercaron propuestas. Y votaron en contra de la nueva ley en un intento de hacer política barata con el tema”, apuntó.

Tras celebrar la aprobación de la ley, la diputada Patricia Vásquez (LLA) destacó que “cuando se dejan de lado ideologías y se logran los consensos que la gente necesita”. Y concluyó: ”No más emergencias, ahora tenemos certezas”.

En la misma línea, Gerardo Huesen (LLA) exigió: “Basta de usar la discapacidad como herramienta de manipulación política”. Asimismo, aseguró que las personas necesitan “respuestas concretas y derechos permanentes”.

Por su parte, la también libertaria Karen Reichardt definió al proyecto como un régimen estable de protección. “Pensiones, prestaciones y controles transparentes para dar previsibilidad a quienes lo necesitan y a sus familias”, señaló en su publicación.

Desde Unión por la Patria (UP), la diputada Victoria Tolosa Paz sostuvo que la oposición logró modificar un dictamen que, a su criterio, “estaba incompleto y dejaba afuera derechos fundamentales”.

Según detalló, las modificaciones incluyeron garantías de cobertura de salud para ambas pensiones, protección de asignaciones familiares, requisitos para acceder a las pensiones y la compatibilidad con el trabajo formal. También mencionó cambios vinculados al financiamiento, la participación provincial, mecanismos ante bajas de prestaciones y pagos a prestadores.

“Cada una de estas modificaciones fue fruto de la escucha, la negociación y el compromiso de quienes defendemos los derechos de las personas con discapacidad”, publicó Tolosa Paz. Además, advirtió que continuará el reclamo por recursos: “Los derechos no se garantizan solamente con una ley: se garantizan con presupuesto y con la decisión política de cumplirla”.

Frente a esto, el ex ministro de Defensa y diputado de UP Jorge Taiana atribuyó el resultado a la movilización del sector. “La lucha inclaudicable del colectivo de personas con discapacidad logró que el oficialismo incorporara al dictamen de mayoría buena parte de los reclamos de las organizaciones”, valoró. Y reclamó: “Milei cumplí la Ley”.

Del mismo modo, Cecilia Moreau (UP) vinculó la media sanción de la Ley de Discapacidad con otros reclamos sanitarios y aseguró que su bloque insistirá en “la plena garantía del derecho a la salud de los más chiquitos” ante el vencimiento de la emergencia pediátrica.

También reclamó la restitución del programa Remediar y la aplicación efectiva de la norma sobre discapacidad, al tiempo que cuestionó que el Gobierno “siga jugando cruelmente con la salud de millones de argentinos y argentinas”.

Mientras que la diputada Karina Banfi, de la Unión Cívica Radical (UCR), se limitó a destacar que la Cámara Baja dio media sanción “con mayoría absoluta”, el jefe de bloque de Provincias Unidas, Pablo Juliano, sostuvo que se aprobó “una mejor ley para ayudar a las personas con discapacidad”.

En este sentido, Juliano afirmó que el oficialismo debió retroceder respecto del proyecto de Presupuesto 2027, que —según señaló— contemplaba recortes de fondos para el área. “Gracias a la movilización de la sociedad, desde la oposición logramos que LLA aceptara dejar de lado el plan de Milei y Caputo”, indicó al anticipar que su espacio seguirá de cerca el cumplimiento de la futura norma.

Sin embargo, la diputada cordobesa Alejandra Torres, también de Provincias Unidas, cuestionó la decisión de no extender la emergencia. Tras reunirse con organizaciones de la Iglesia que trabajan con personas con discapacidad, afirmó que el texto aprobado “no fue consultado con el sector y genera incertidumbre”.

“No podemos avanzar con una ley que no preserve todos los resguardos que merecen las personas con discapacidad”, sostuvo Torres. A su vez, el diputado de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, también puso el foco en el reclamo de las familias y las organizaciones al señalar que “esta ley es una conquista de todos ellos. Ahora vamos a exigir que se cumpla”.

Pese al acuerdo mayoritario, el proyecto deberá ser analizado por el Senado antes de convertirse en ley. Hasta entonces, las disposiciones aprobadas por Diputados no entrarán en vigencia.

La maratónica sesión en la Cámara de Diputados terminó con un debate fallido donde el oficialismo no consiguió los votos para aprobar su proyecto sobre educación financiera para aliviar el endeudamiento familiar pero sí logró bloquear las propuestas de la oposición y que la discusión vuelva a comisión.

Los bloques críticos del Gobierno denunciaron que devolver los temas a comisión sin especificar de antemano una fecha límite para dictaminar es una maniobra “burda” para “cajonear” los proyectos.

“El problema es que los libertarios no contaban con el rechazo de los cordobeses”, explicó un diputado aliado del Gobierno, en referencia a un sector de Provincias Unidas. Sin embargo, los cinco legisladores cercanos al gobernador Martín Llaryora luego se abstuvieron ante la moción del oficialismo para devolver los proyectos a comisión. La votación terminó 121 a favor y 117 en contra. “Si los cordobeses rechazaban el pase a comisión, después se caía el proyecto del oficialismo”, lamentaron desde el peronismo.

El proyecto de los libertarios evitaba cualquier tipo de intervención en el mercado crediticio como topes de tasas, refinanciaciones o descuentos de intereses. En línea con la concepción del presidente Milei, que aseguró que el aumento del endeudamiento es “un problema entre privados”, la propuesta de La Libertad Avanza buscaba que los usuarios puedan conocer con precisión el costo de un préstamo antes de aceptarlo. Por eso obligaba a las entidades a informar el monto efectivamente financiado, la tasa de interés, las cuotas, las comisiones, los seguros, las consecuencias de la mora y el total que el cliente deberá pagar.

Por otro lado, los créditos contratados por internet debían requerir autenticación reforzada y doble validación de la identidad del consumidor y de su aceptación de las condiciones. Las empresas también tendrían que ofrecer herramientas para corregir errores u omisiones antes de la contratación. Finalmente, aclaraban que el silencio, la inacción y las opciones marcadas por defecto no podrán considerarse consentimiento.

“Si ponemos topes o regulaciones vamos a generar una retracción del crédito, como pasó con la Ley de Alquileres que terminó agravando el problema”, habían explicado a Infobae.

En tanto, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas proponían declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicaría la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total. Quienes adhirieran al régimen de refinanciación podrían pagar en hasta 12 cuotas sin sanciones por cancelación anticipada, pero las cuotas no podrían superar el 30% de sus ingresos. También se eliminarían todos los intereses punitorios para quienes ya hayan ingresado en mora.

El tercer dictamen había sido elaborado por los representantes de Argentina Federal: declaraba la emergencia social y económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros en todo el país por un año, con posibilidad de prórroga por otro año. Durante ese período fijaba un límite a los intereses que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades que presten dinero para consumo a personas. El tope sería 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.

También creaba un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal para quienes destinan al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de cuotas, débitos o retenciones y perciben hasta 10 salarios mínimos. La iniciativa contemplaba refinanciaciones con una Tasa Nominal Anual fija de hasta 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y sin comisiones ni gastos administrativos.

Durante el debate, los libertarios insistieron en que el problema del endeudamiento ya se estaba resolviendo sin intervención estatal y explicaron que se generó por un aumento del crédito.

“El crecimiento exponencial del crédito que hubo tiene un consiguiente aumento de la mora, pero también hubo 4 millones de personas que por primera vez accedieron a tomar un crédito en Argentina”, aseguró la libertaria Silvana Giudici, que luego propuso la moción para que los proyectos vuelvan a comisión.

Al término de la sesión, diputados del peronismo aseguraban que sus pares libertarios les reconocieron abiertamente que la idea era “cajonear” el proyecto. “Giudici es una embustera”, arremetió Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, en referencia a una de las principales espadas legislativas de LLA.

“El oficialismo no tenía los votos para imponer su no dictamen (solo cursos de educación financiera para que quienes no tienen dinero y contrajeron deudas sepan administrarse) y tuvo que pedir que el proyecto regresara a comisiones. Allí lo cajonearán. LLA y sus secuaces siempre quisieron que esta delicada situación cayera en saco roto”, publicó el radical disidente Pablo Juliano en sus redes.

Seis diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) solicitaron comparecer voluntariamente ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, luego de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal en su contra por presuntas irregularidades vinculadas con las actuaciones de la Comisión Permanente del Congreso Nacional durante el proceso de elecciones generales de 2025.

La solicitud fue presentada este martes 20 de octubre de 2026 ante la Secretaría General de la CSJ, mediante un escrito en el que la defensa pidió que se establezcan la fecha y la hora para celebrar una audiencia de imputado.

Los congresistas manifestaron su disposición de someterse al proceso penal, mientras el requerimiento fiscal se encontraba en trámite de admisión, según el documento divulgado por Hoy Mismo.

Los parlamentarios señalados son Linda Frances Donaire Portillo, Kritza Jerlin Pérez Gallegos, Hugo Rolando Noé Pino, Luz Angélica Smith Mejía, Edgardo Antonio Casaña Mejía y Scherly Melissa Arriaga Gómez.

El abogado Darwin Lindolfo García acudió a las instalaciones del máximo tribunal como defensor privado de los seis congresistas y formalizó la petición para que sus representados comparezcan ante la jueza natural designada para conocer el caso.

Según el escrito, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal el pasado 15 de octubre de 2026 por cuatro presuntos delitos: falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones y perturbación ilícita.

Las acusaciones están relacionadas con hechos atribuidos a los legisladores durante las actuaciones de la desaparecida Comisión Permanente del Congreso Nacional en el contexto del proceso electoral de 2025. El documento identifica como bienes jurídicos presuntamente afectados la fe pública y la administración pública.

Hasta el momento, la solicitud de comparecencia voluntaria constituye una petición de la defensa y no una resolución judicial sobre la responsabilidad penal de los congresistas.

En el documento presentado ante la CSJ, el abogado Darwin Lindolfo García indicó que sus representados tienen conocimiento del proceso penal iniciado en su contra y que expresaron su voluntad de presentarse voluntariamente ante las autoridades judiciales.

«Desean someterse voluntariamente al proceso penal», señala el escrito, en el que la defensa solicita que la jueza natural determine cuándo deberá celebrarse la audiencia de imputado.

Esta diligencia judicial permite comunicar formalmente a una persona los hechos que se le atribuyen dentro de un proceso penal y desarrollar las actuaciones correspondientes conforme a la legislación hondureña.

La defensa también argumentó que la presentación voluntaria busca garantizar el respeto al principio de presunción de inocencia, una garantía que establece que toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

El abogado sostuvo que la actuación pretende evitar afectaciones al honor de sus representados durante el desarrollo del proceso judicial, sin que ello implique desconocer las facultades de investigación del Ministerio Público ni las competencias de los órganos jurisdiccionales.

Además de solicitar la audiencia de imputado, García pidió que se le reconozca formalmente como defensor privado de los seis congresistas para ejercer su representación legal durante el proceso.

El escrito también incluye una solicitud para que las copias de los poderes para pleitos adjuntados sean cotejadas con sus documentos originales, con el objetivo de verificar la documentación que acredita la representación legal de los legisladores.

Asimismo, la defensa solicitó que se le entregue una copia simple del expediente judicial, necesaria para conocer las actuaciones incorporadas al proceso y preparar la estrategia de defensa técnica de los parlamentarios.

Por ahora, el documento presentado ante la Secretaría General de la CSJ recoge las solicitudes formuladas por la defensa, mientras el requerimiento fiscal continúa sujeto al trámite de admisión.

El Ministerio Público atribuye a los seis diputados posibles responsabilidades por cuatro delitos relacionados con documentos públicos, deberes de funcionarios, usurpación de funciones y perturbación ilícita. No obstante, la presentación del requerimiento fiscal no equivale a una declaración de culpabilidad.

La semana pasada el oficialismo consiguió una clara victoria política al dejar sin quórum la sesión convocada por la oposición. Su objetivo principal era salvar el DNU 70/23, que Javier Milei firmó al inicio de su gestión para desregular amplios sectores de la economía, pero para poder “blindar” el decreto tuvieron que hacer varias concesiones a los aliados, como volver a poner límites a la venta de tierras a extranjeros y comprometerse a debatir dos temas incómodos para la Casa Rosada: la situación de los endeudados y la emergencia en Discapacidad.

Con un claro giro pragmático, los libertarios acordaron con sus aliados (PRO, UCR y provinciales) restituir la Ley de Tierras del kirchnerismo (2011) y también dejaron de lado el feroz recorte en Discapacidad -que la Casa Rosada incluyó en el borrador del Presupuesto 2027- para avanzar con un proyecto “superador” que retoma gran parte del sistema vigente. Todo esto para conseguir que los aliados y partidos provinciales no se sumen a las propuestas de la oposición dura. “Fue perder lo menos para ganar lo más”, explicó uno de los principales referentes libertarios en la Cámara de Diputados.

En el caso del endeudamiento familiar, el oficialismo aceptó tratar el tema pero se mantuvo firme en el plano discursivo: repitieron hasta el cansancio que se trata de un problema “entre privados” y que cualquier intervención sobre las tasas de interés o eventuales quitas de capital de las deudas tendrían un efecto muy negativo sobre el mercado del crédito. Por eso presentaron un proyecto propio que se limita a elevar los niveles de educación financiera, aportar mayor información para los consumidores -claridad en las tasas y costos financieros- y prevención del sobreendeudamiento.

Hasta el momento la estrategia del oficialismo fue exitosa, porque no solo logró “vaciar” la sesión que impulsaba la oposición, sino que durante los debates en comisión se quedó con el dictamen de mayoría tanto en discapacidad como en endeudamiento. Esto quiere decir que sumó más apoyos que la oposición y también que los textos de La Libertad Avanza se tratarán primero en el recinto.

Por otro lado, para mejorar la sintonía con los aliados, los libertarios incluyeron en el temario otros proyectos como el de vandalismo rural, del PRO, que aumenta las penas de prisión para la intrusión en establecimientos rurales y el daño a insumos o infraestructura. También la transferencia del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras a la provincia del Chaco.

Además, en un claro gesto de buena voluntad hacia las provincias, el día anterior a la sesión comenzó a tratarse en comisión el proyecto de ley de biocombustibles que viene con media sanción del Senado. La iniciativa, que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% en gasoil, beneficia directamente a los distritos productores de bioetanol, como Salta, Jujuy y Tucumán, y de biodiesel, como Córdoba y Santa Fe. Por lo tanto, podría influir directamente sobre alrededor de 15 diputados que responden directamente a gobernadores de estos distritos.

Por último, el temario incluye el proyecto de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, presentado para aumentar los controles sobre sustancias como el fentanilo, que el año pasado se cobró más de un centenar de vidas por unas partidas contaminadas con bacterias.

Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el primer punto del temario

El miércoles de la semana pasada, apenas un día antes de la sesión opositora, La Libertad Avanza acordó con sus aliados la restitución de límites a la venta de tierras a extranjeros. El objetivo detrás de esta maniobra fue facilitarle una salida elegante a los bloques aliados que rechazaban la venta de tierras sin límites pero no querían derogar por completo el DNU 70/23, como proponía la oposición dura.

El mega decreto 70/23, además de eliminar la ley de tierras del kirchnerismo, derogó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y las cuotas de las prepagas; y desreguló el mercado aéreo. Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advertían que la derogación total del DNU 70 generaría un caos administrativo y procesal.

Por eso, a pedido de la UCR, se incluyeron en el dictamen dos nuevos artículos: el 38, que deja sin efecto al artículo 134 del DNU 70 (que derogaba la ley de tierras), y el 39, que restituye la vigencia de la ley 26.737.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya obtuvo media sanción del Senado a principios de agosto, incluye además restricciones para las expropiaciones (el Estado debe justificar de forma expresa y estricta la declaración de utilidad pública), modifica la forma de calcular el pago por expropiaciones (según valor de mercado y contemplando el lucro cesante), regula la restitución sumaria de inmuebles ocupados (72 horas si el dueño acredita con la documentación correspondiente) y contempla desalojos por falta de pago (el locador debe intimar al inquilino y darle 10 días para cancelar la deuda).

Por su parte, la ley de tierras aprobada en diciembre de 2011, que quedaría vigente si se aprueba el proyecto, establece que una persona física o jurídica extranjera no puede ser titular de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. Además, la misma nacionalidad no puede no puede concentrar más del 30% del cupo de tierras habilitado para extranjeros. También restringe la adquisición de tierras rurales con cuerpos de agua relevantes y en zonas de seguridad de frontera.

Emergencia en Discapacidad

Durante el debate en comisión, los libertarios se comprometieron con los aliados a eliminar de raíz el capítulo del Presupuesto que contenía una reforma total del sistema, que eliminaba las pensiones no contributivas por discapacidad, y contemplaba un fuerte ajuste de gastos en el sector.

En cambio avanzaron con un texto propio, consensuado con la UCR y el PRO, que mantienen la pensión no contributiva por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. Además, por pedido de los aliados, establece que la pensión sea compatible con un trabajo registrado siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios vitales y móviles.

Sin embargo, los aliados de Argentina Federal firmaron en disidencia y pidieron más cambios al texto y una serie de aclaraciones. Asegurar estos votos será vital para el oficialismo si quiere aprobar su propuesta.

En ese sentido, las declaraciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, la semana pasada despertaron todo tipo de sospechas porque reconoció que el Poder Ejecutivo “quería otra cosa” y evitó confirmar si retirarán el capítulo en cuestión del Presupuesto 2027. De esta forma dejó abierta la posibilidad de un eventual veto de Milei.

Desde el peronismo denuncian que tal como está redactado el proyecto divide las pensiones en dos: una por invalidez laboral y otra por discapacidad, pero con diferente acceso al programa Incluir Salud.

Por su parte, las instituciones y organizaciones del campo de la discapacidad plantearon en un comunicado que la Ley 27.793 “no se cumplió y la emergencia no está superada”. Por eso reclaman prorrogarla hasta el 31 de diciembre de 2027, con todos sus efectos.

Endeudamiento familiar y morosidad

El último punto de la sesión será el proyecto oficialista sobre endeudamiento familiar y mora. La propuesta del oficialismo apunta a elevar los niveles de educación financiera, aportar mayor información para los consumidores -claridad en las tasas y costos financieros- y prevención del sobreendeudamiento. En ningún caso se prevén topes en las tasas, descuentos de capital o intereses.

El proyecto de los libertarios también incorpora requisitos para el otorgamiento de créditos a través de plataformas digitales. Exige doble validación de identidad y aceptación, impide que el silencio o las opciones preseleccionadas se consideren consentimiento y ordena entregar de inmediato las condiciones contractuales en soporte digital.

En contraposición, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas proponen declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicará la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total.

Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda celebrada este martes en la Cámara de Diputados, Torrendell sostuvo que en las universidades públicas se reciben 18,7 de cada 100 estudiantes que inician sus estudios, frente a 40 en las privadas.

“Se gastó mucho pero no se gastó en que los chicos aprendieran. Nosotros cambiamos los paradigmas”, cuestionó el secretario de Educación al hacer mención a la creación de universidades nacionales que hubo en los últimos años.

Al mismo tiempo que indicó que cada alumno representaba “un costo de USD 14.800”, pidió información y transparencia en la administración de los recursos. Y apuntó: “En el ámbito universitario tenemos una dirigencia aislada que solo acuerda para pedir más recursos. Es un acuerdo corporativo, de casta”.

Frente a esto, la diputada radical contrapuso los planteos oficiales sobre la graduación con la trayectoria académica que atribuyó al propio funcionario y rechazó que se evalúe a los estudiantes solo por el tiempo que demandan sus estudios.

“Usted se anotó en una universidad en el año 88 para Abogacía, lo dejó, vaya a saber por qué motivos personales lo decidió“, indicó Coletta, a modo de reconstruir el recorrido universitario de Torrendell. Y apuntó: ”En 1990 se anotó en la carrera que sí estudió efectivamente y su egreso fue en el 2005, quince años después”.

En línea con esto, discutió la idea de que una demora en la graduación permita juzgar el compromiso de una persona con sus estudios. “¿Eso está mal? ¿Yo tengo que poner en duda que usted no tuvo voluntad o que no le pasó la vida como a cualquier ser humano que estudia una carrera y quizás trabaja, lo deja en pausa por cuestiones familiares, personales?”, preguntó.

Luego, cuestionó el enfoque del Gobierno sobre el desempeño de los alumnos universitarios. “¿Realmente les parece hablar del tiempo de cursada con esa insensibilidad, sin tener en cuenta que hay voluntad y deseo de progresar?”, expresó la diputada de Provincias Unidas.

En el segundo tramo de su intervención, la diputada consultó a Torrendell sobre un posgrado que realizó en Chile con una beca de ciencia y técnica de ese país. “¿A usted le parece mal que los gobiernos inviertan en becas para ciencia y tecnología? Porque acá este gobierno desfinancia el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)”, cuestionó.

A partir de allí, utilizó una imagen para cuestionar a quienes, según su mirada, acceden a apoyos estatales y luego objetan la inversión pública en educación superior e investigación. “Esto me lleva al ejemplo de la escalera: subo la escalera y cuando estoy arriba la pateo para que nadie más suba”, afirmó.

Coletta también puso como ejemplo al fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, y al vínculo de la empresa con graduados de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En ese sentido, dijo que el empresario estudió fuera del país con una beca de YPF y cuestionó los subsidios que recibe la compañía.

“Toda la cúpula, la de los cargos más jerárquicos de Mercado Libre, son graduados de la UBA. Entonces usan el sistema, le sacan provecho y después van y lo rompen”, recriminó la diputada, quien fue interrumpida por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch.

La intervención se produjo en una reunión marcada por los reclamos opositores para que el proyecto presupuestario contemple las obligaciones de la Ley de Financiamiento Universitario. Previamente, Coletta había acompañado el pedido de convocar a representantes de las universidades, estudiantes, docentes y gremios a las próximas discusiones de la comisión.

Según pudo confirmar Infobae, antes de que se diera inicio a la reunión, un grupo de estudiantes universitarios había intentado ingresar a la sala del primer piso del anexo de la Cámara Baja. Sin embargo, el personal de seguridad impidió que participaran de la jornada.

En el recinto también estuvo presente el secretario de Educación y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien asistió para defender la propuesta oficial. El proyecto prevé transferencias por $ 7,7 billones para las universidades nacionales en 2027, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclama una asignación superior a $ 11 billones, de acuerdo con cifras difundidas durante el debate.

La agenda de Diputados asoma intensa para el oficialismo, que pondrá a prueba su capacidad para negociar nuevos acuerdos y, también, sostener los tratos ya cerrados. En la amplia lista de temas pendientes, el proyecto sobre Malvinas deberá esperar una semana más para ver hasta qué punto el Gobierno cede en la búsqueda de apoyo de socios y dialoguistas, además de procesar la mala señal que acaba de dar Estados Unidos en la ONU. Antes, debería afianzar los entendimientos en cuestiones sensibles como Discapacidad y ley de Tierras. En los dos casos, trascienden crujidos internos que alimentan recelos de aliados y especulaciones de la oposición dura.

Ese conjunto de iniciativas, que el Gobierno busca acelerar, suma también el Presupuesto 2027 y -desde hace rato, en el Senado- la reforma electoral, considerada decisiva por el Ejecutivo para avanzar con su plan reeleccionista. Son temas que demandan negociaciones complejas por la variedad de ventanillas a atender, en especial las de gobernadores. Sin embargo, la cuestión colocada en el núcleo de su “estrategia” inmediata resultó ser el giro con Malvinas, en el marco del intento político más amplio frente a la realidad económica.

Las conversaciones sobre la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional expusieron rápidamente dos indicadores bastante claros, y esperables, en la Cámara baja: el primero, por supuesto, el consenso sobre las sanciones a empresas que participen de proyectos de explotación de recursos naturales en aguas y territorio de Malvinas; el segundo, los rechazos y críticas a los capítulos sobre penas para promotores de campañas de “desinformación masiva” -con criterios tan laxos que amenazan la libertad de expresión- y sobre la integración y facultades del Consejo de Seguridad.

Algunos legisladores de la oposición plantearon directamente que el proyecto debería ser dividido en dos textos, algo que rechaza el oficialismo. En paralelo, los aliados de LLA trasmitieron sus cuestionamientos y advirtieron que la iniciativa no tiene posibilidades de avanzar sin cambios, tal y como fue redactada en la Casa Rosada. Eso gatilló negociaciones apuntadas a garantizar respaldo básico antes de llevar el tema al recinto.

Como suele ocurrir con algunos movimientos propios en el Congreso, legisladores libertarios se apresuraron a plantear el objetivo detratar en velocidad el proyecto. Las conversaciones no son sencillas y ya la semana pasada LLA debió darse más tiempo para continuar las tratativas, al comprobar que aún no reunía los apoyos necesarios para lograr dictamen en comisión.

El oficialismo revisó sus planes y anotó entonces para este martes una nueva convocatoria al plenario de las tres comisiones que intervienen en este caso: Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación General. Pero un día antes, resolvió postergar para la semana que viene ese encuentro. Eso expone que todavía no tendría aseguradas las firmas de socios y espacios dialoguistas, es decir, del PRO, el bloque oficial de la UCR y legisladores que responden a jefes provinciales.

¿Es el único motivo? En medios opositores consideran que pesarían presiones de empresas estadounidenses por los alcances de algunos artículos del tramo de las sanciones. El oficialismo osciló entre el silencio y la descalificación informal de las informaciones sobre el asunto. Un dato diferente, pero público, se añadió como ingrediente en las últimas horas: Estados Unidos propuso disolver el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, que es precisamente el ámbito principal del reclamo diplomático de la Argentina por Malvinas.

Eso produjo de hecho la primera e inesperada diferencia entre el gobierno de Milei y la gestión de Donald Trump. Es sabido que una movida de tal magnitud está lejos de proyectar resultado práctico en la ONU, porque fuera de presiones presupuestarias y unilaterales, demandaría apoyo mayoritario en la Asamblea General. De todos modos, y más allá de que el oficialismo intente minimizarlo por eso mismo, supone una situación por lo menos incómoda para los libertarios ante el referido plenario de comisiones. Necesitan unificar discurso ante la posible demanda de respuestas políticas por parte de la oposición.

El proyecto de Malvinas requiere un amplio ejercicio de negociaciones para cerrar el tema. Eso demanda sus tiempos. En lo inmediato, el Congreso también pone a prueba la capacidad para sostener acuerdos previos. En este último punto, el caso más destacado lo constituye el proyecto sobre los recursos para atender el área de discapacidad, que junto a morosidad en el endeudamiento familiar y las idas y vueltas con la ley de Tierras integran el temario de Diputados por presión opositora.

Para enfrentar la ofensiva de la oposición, las negociaciones de LLA con sus aliados -en esta materia casi exclusivamente cargo de Martín Menem- incluyeron concesiones presupuestarias en el texto sobre Discapacidad. La primera reacción fue dejar de lado el enorme ajuste expuesto en el proyecto de Presupuesto 2027. Pero ocurre que desde el Ejecutivo -no sólo desde Economía- transmitieron desacuerdo con los términos de las tratativas para lograr dictamen.

En otras palabras, el mensaje a los legisladores fue que no sería respetado un trato que pueda significar -en la visión presidencial- complicaciones para los planes de superávit. La señal no es nueva. Por ahora, nadie explica hasta qué punto llegaría esa advertencia, aunque está claro que el Gobierno dio señales variadas en otros momentos, desde vetos hasta el incumplimiento de una ley, como ocurre con el financiamiento universitario.

Esas tensiones en el interior del oficialismo alimentan las negociaciones de estos días, casi en los umbrales de la sesión impulsada para el miércoles por LLA. Las tratativas entre libertarios y sus aliados definirán la suerte del tema, pero por el momento, los crujidos en el frente libertario reabren especulaciones de la oposición sobre las chances de su dictamen, que propone extender en el 2027 la emergencia en discapacidad. Llega ahora la prueba del recinto.

Otro tema realmente llamativo lo constituye el recorrido del oficialismo con la Ley de Tierras. La intención primaria fue derogar la norma que viene de la etapa kirchnerista. Y así lo reflejaba un capítulo del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que fue podado íntegramente en el Senado porque resultaba imposible conseguir respaldo en el renovado clima por Malvinas. Parecía suficiente para dar por cerrado el tema, que remite a la cuestión de la soberanía, pero dos fallos de la Corte Suprema lo repusieron en la agenda pública.

La oposición volvió a la carga y, en Diputados, puso en la mira todo el DNU 70/2023 y no sólo el artículo que deroga la ley de Tierras. El oficialismo negoció con socios y dialoguistas para frenar esa movida y lo logró la semana pasada, pero lo hizo a cambio de un acuerdo para anular por ley ese punto del decreto inaugural de Milei. El trato fue incluido en el proyecto sobre propiedad privada, que si es aprobado volverá al Senado. Y es allí, en la Cámara alta, donde circulan reparos de senadores de LLA, que ahora deberían sancionar un cambio a contramano de lo que defendían hace poco. Se verá entonces si los acuerdos corren sin vueltas en las dos alas del Congreso.

El Gobierno de Costa Rica enfrenta un cierre de año marcado por dificultades en la recaudación de ingresos públicos, luego de que el Ministerio de Hacienda reportara una reducción cercana a los ₡400,000 millones (USD 882,5 millones), situación que obligó a las autoridades a preparar ajustes presupuestarios para los últimos meses de 2026.

La disminución de recursos llevó al Ejecutivo a presentar un presupuesto extraordinario que contempla ajustes en el gasto por aproximadamente ₡167,000 millones (USD 368,4 millones), así como movimientos entre partidas, recortes en distintas instituciones y medidas de ahorro relacionadas con plazas vacantes.

Los detalles fueron expuestos por los viceministros de Hacienda, Luis Molina y Víctor Julio Carvajal, durante una comparecencia ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, instancia encargada de analizar la propuesta presupuestaria.

Durante la discusión, las autoridades defendieron la necesidad de reducir determinados gastos para responder a la caída de los ingresos, mientras legisladores de oposición cuestionaron la planificación financiera del Gobierno y expresaron preocupación por las posibles consecuencias sobre instituciones públicas y programas sociales.

Diputados cuestionan si los recortes reflejan problemas de planificación

Las explicaciones del Ministerio de Hacienda generaron cuestionamientos entre diputados de oposición, quienes señalaron que la disminución de recursos debe analizarse también desde la perspectiva de la planificación presupuestaria.

“Totalmente de acuerdo que hay que venir haciendo ajustes. Si ingresan menos recursos, pues hay que hacer ajustes y hay cosas que ya no se pueden hacer”, manifestó Diana Murillo, diputada liberacionista.

Sin embargo, cuestionó que el Gobierno recurra repetidamente a reducciones presupuestarias de montos elevados.

“Pero cuando esto es repetitivo y en los montos en los que estamos viendo, es cuando uno se pregunta: ¿hay mala planificación? ¿Qué es lo que está pasando?”, agregó.

La legisladora también señaló que presentar una reducción del gasto puede resultar más sencillo que desarrollar alternativas para evitar los faltantes presupuestarios.

“Me parece que ustedes están haciendo la parte más fácil, porque la parte más fácil es venir acá y proponernos un recorte. Eso es más fácil, aquí lo aprueban y tienen mayoría y listo. Lo difícil aquí es presentarnos una propuesta para evitar eso”, afirmó.

Preocupación por los recortes al Poder Judicial

Diputados de oposición expresaron preocupación por las reducciones de recursos y las limitaciones propuestas para cubrir plazas vacantes, en momentos en que la institución enfrenta una carga importante de trabajo.

María Eugenia Román, diputada del Frente Amplio, cuestionó que se exijan mayores resultados al sistema judicial mientras se plantean restricciones presupuestarias que podrían afectar su capacidad operativa.

“Me sigue sonando muy irónico cuando reclamamos que el Poder Judicial no ha resuelto, que tiene una traba de setecientos expedientes aproximadamente”, manifestó.

La diputada vinculó esa preocupación con las disposiciones presupuestarias propuestas para 2027, las cuales, según señaló, podrían limitar la posibilidad de realizar nuevos nombramientos.

Programas sociales también generan inquietud entre legisladores

Además de los cuestionamientos sobre el Poder Judicial, los diputados manifestaron preocupación por las posibles reducciones presupuestarias en programas sociales.

La discusión se concentró en la necesidad de determinar si los recortes podrían afectar servicios destinados a poblaciones que dependen de recursos estatales.

El debate refleja una de las principales dificultades que enfrentan las autoridades cuando deben reducir el gasto público: determinar qué partidas pueden ajustarse sin comprometer servicios prioritarios.

Los legisladores solicitaron explicaciones sobre las decisiones presupuestarias y la forma en que Hacienda pretende distribuir las reducciones.

La propuesta deberá continuar su análisis en la Comisión de Asuntos Hacendarios antes de que se adopten las decisiones legislativas correspondientes.

¿Qué sigue con el presupuesto extraordinario de 2026?

El proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda continuará bajo análisis de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde los diputados deberán revisar los ajustes propuestos y sus posibles consecuencias.

El principal desafío para Hacienda será demostrar que las modificaciones permiten enfrentar la disminución de ingresos sin comprometer de manera desproporcionada las funciones de las instituciones públicas.

Por su parte, los diputados de oposición han insistido en la necesidad de revisar la planificación financiera y establecer con claridad las consecuencias de las reducciones sobre el Poder Judicial, los programas sociales y la disponibilidad de personal.

El debate también ocurre en un contexto en el que las autoridades buscan controlar el endeudamiento y evitar la creación de nuevos compromisos permanentes de gasto sin fuentes suficientes de financiamiento.

La decisión final dependerá del avance del procedimiento legislativo y de las modificaciones que puedan introducirse durante el análisis de la propuesta.

Los gobernadores cercanos al Gobierno fueron claves para que la Cámara de Diputados no consiguiera el quórum para tratar el Decreto 70, que es el que sustenta una buena parte del andamiaje de la política económica que el oficialismo viene llevando adelante desde que ganó las elecciones. Se trata de un importante guiño de la política a los mercados financieros, porque refleja que una buena porción del espectro político en Argentina no está dispuesto a volver atrás.

En su viaje a París para participar del Argentina Week, Javier Milei ya había dado una muestra de respaldo político al conseguir que 14 gobernadores concurrieran con él a las reuniones con inversores europeos y el propio gobierno francés. El resultado de esos encuentros fue satisfactorio sobre todo para las provincias, que hacia donde van dirigidas la mayoría de las promesas de inversión a través del RIGI.

Con este freno, el Gobierno logra dar una imagen distinta del rol del Congreso, que ya no pudo aprovechar leyes contrarias al plan económico en marcha, como sucedió el año pasado. En los meses previos se aprobaron leyes que aumentaron el financiamiento universitario, las pensiones por discapacidad y aumentaron los haberes a los jubilados. El Presidente tuvo que vetar todas por el fuerte impacto sobre las cuentas públicas de ese aumento del gasto.

Entre los gobernadores que jugaron de manera directa para que los legisladores no se sentaran en las bancas estuvieron el salteño Gustavo Sáenz, Carlos Sadir (Jujuy), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan) y “Rolo” Figueroa (Neuquén).

Ayer el riesgo país volvió a subir aunque a medida que avanzó la jornada fue moderando ese ascenso. Tras tocar los 640 puntos básicos finalizó en 622 unidades, en línea con una mejora leve en el clima de los mercados financieros, particularmente en Wall Street.

Los inversores miran con preocupación lo que pueda pasar en los próximos meses, cuando de a poco se vayan acercando las elecciones. El mayor respaldo político que reciba Milei será visto como algo alentador en relación a sus posibilidad de victoria. Pero también puede llevar cierta tranquilidad al quedar más claro que hay una serie de consensos que no son ya discutidos por la mayoría.

Por la mañana el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participó en un congreso organizado por la Cámara Franco Argentina y allí se refirió al apoyo que el Gobierno recibe del interior: “Vamos a un país federal en serio. El crecimiento de las inversiones en las provincias cordilleranas ya es una realidad y se va a multiplicar en los próximos años. Por eso los gobernadores quieren seguir adelante, no retroceder como proponen algunos”.

El freno a este tipo de iniciativas no es un dato menor para los inversores, que evalúan cuál es la probabilidad de que se dé marcha atrás con muchas de las políticas implementadas por el Gobierno.

El RIGI es una de las cuestiones más sensibles. ¿Si gana la oposición puede voltearlos? Si los gobernadores defienden este tipo de decisiones adoptadas por el Gobierno resultaría casi imposible. Casi todas las provincias que tienen recursos naturales especialmente energía y minería adhirieron al régimen para dar un marco de seguridad a las inversiones. Resultarían directamente perjudicadas si se diera marcha atrás.

En su índice de Reversión del Modelo, la consultora Abeceb detectó que el riesgo de ir para atrás en las medidas económicas pasó de 53 a 42 puntos desde noviembre de 2023 al tercer trimestre de 2026. Esto significa que las empresas ven más difícil que se puedan revertir muchas de las medidas actuales para alentar la inversión.

Desde la consultora, liderada por Dante Sica y Mariana Camino), explicaron que “el costo de revertir es más alto que el de continuar”. Factores como el RIGI (con contratos firmados), infraestructura energética en marcha (como gasoductos) y compromisos de largo plazo atan a cualquier gestión futura a mantener ciertos lineamientos”.

Dentro del Decreto 70 aparecen una buena cantidad de medidas que de derogarse plantean un serio interrogante para la marcha de la economía. Entre otras cuestiones, se había derogado la ley de Alquileres al igual que la ley de góndolas. También se desreguló el mercado de medicina prepaga, hubo cambios en algunas reglas laborales (luego se aprobaría la ley especifica) y se eliminaron regulaciones y controles para el comercio, como la ley de Abastecimiento.

En un clima de tensión social en las calles, la Cámara de Diputados se reunió hoy por impulso de la oposición con el objetivo de derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, que realizó una gran cantidad de modificaciones a distintas leyes y regulaciones. Sin embargo, el intento fracasó, ya que los bloques opositores lo lograron reunir los 129 legisladores presentes, el quórum necesario para iniciar el debate. En el temario también aparecía la prórroga de la Emergencia en Discapacidad como los proyectos para aliviar la situación de las familias endeudadas.

La convocatoria estuvo motorizada por el primer fallo de la Corte Suprema que en la práctica liberalizó por completo la venta de tierras a extranjeros. El oficialismo acordó con sus aliados incluir un tope a la extranjerización en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en la sesión del 21 de octubre.

La sesión confluye con la V Marcha Federal Universitaria, protestas y el paro de los trabajadores estatales.

Tras la fallida sesión, la oposición expone en minoría por qué busca derogar el decreto 70

El presidente del bloque de Unión Por la Patria, Germán Martínez, lamentó el fracaso de la sesión. “Este Gobierno, y los que no dieron quórum, no conocen ni comprenden ni sienten, al pueblo argentino”, dijo el legislador peronista. Un abrazo para todos los que están en las calles", agregó Martínez, en alusión a la marcha que tiene lugar en los alrededores del Congreso y en numerosos sitios del país.

“Pudieron apagar este Congreso, pero no van a poder apagar las calles”, agregó la diputada de Provincias Unidas, Mariela Coletta.

Los altos niveles de endeudamiento en las familias, la emergencia en discapacidad, la Ley de Tierras y la Ley de Financiamiento Universitario. fue el temario que abordaron los opositores durante la sesión en minoría. “Sepan que no nos vamos a rendir, vamos a estar en las calles todas las veces que sea necesario”, agregó Coletta y sacó un paño con la inscripción “Universidad pública siempre”, con un estilo parecido a la histórica bandera que exhibieron los jugadores de la selección argentina en el Mundial 2026 luego de ganarle la semifinal a Inglaterra y sentenciaba “Las Malvinas son Argentinas”.

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Diputados realizaron un minuto de silencio en homenaje a Norberto Di Próspero

Norberto Di Próspero murió el miércoles 14 de octubre a los 61 años, mientras cumplía su sexto mandato consecutivo como secretario general de la Asociación del Personal Legislativo. El sindicalista había dirigido durante más de dos décadas al gremio de los trabajadores del Congreso de la Nación.

Antes de las expresiones en minoría por la fallida sesión, las diputadas Cecilia Moreau, Vanesa Siley, y sus pares Germán Martínez y Miguel Pichetto, le dedicaron palabras de reconocimiento a su trayectoria y condolencias a la familia del dirigente.

La oposición no logró alcanzar el quorum y el oficialismo mantiene blindado el DNU 70

En forma puntual a las 14.30, el presidente de la Cámara, Martín Menem, se presentó en el recinto y ratificó que la sesión fracasó por falta de quorum. Más adelante, escribió una crítica a la oposición en su cuenta de X.

“Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”, afirmó.

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Fotos: Jaime Olivos, Adrián Escándar, RS Fotos, Gastón Taylor

“Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”. Así festejó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el fracaso de la sesión opositora que buscaba derogar el mega DNU 70/23. El posteo fue replicado por el propio Javier Milei y dejó entrever la importancia que el Gobierno le había dado a la misión de sabotear el quórum.

Los movimientos de los libertarios en la previa de la sesión fueron explícitos y apuntaron directamente a los bloques que responden a gobernadores aliados, que suelen funcionar como el fiel de la balanza. El miércoles, apenas 24 horas antes de la sesión, los libertarios accedieron a incluir límites a la venta de tierras en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La maniobra representó un giro de 180 grados, ya que cuando ese mismo proyecto se trató en el Senado los libertarios habían intentado eliminar todos los límites a la venta de tierras a extranjeros pero tuvieron que retirar el capítulo por el rechazo social. Incluso se produjo una situación paradójica que fue señalada con ironía por la oposición: LLA, el PRO y la UCR firmaron un dictamen que restituye la ley de tierras kirchnerista de 2011.

El Gobierno dejó en claro desde el principio que su prioridad sería evitar la derogación del DNU 70/23 porque causaría un “shock de incertidumbre” que afectaría las inversiones y hasta podría tener efectos sobre el riesgo país. “Si se cae todo el DNU también se vuelve para atrás con la derogación de la Ley de Alquileres o la liberalización del mercado aerocomercial. Sería un caos”, explicaban en la previa.

Si bien los referentes de la oposición encargados de sumar votos reconocían que el segundo fallo de la Corte Suprema, que mediante una cautelar restituyó los límites a la venta de tierras a extranjeros, complicó mucho las conversaciones con los bloques provinciales, también advertían sobre la presión que estaba ejerciendo el jefe de Gabinete Diego Santilli sobre los gobernadores aliados.

De hecho, anticipaban que el Gobierno haría concesiones concretas a algunos pedidos de las provincias. El ejemplo más resonante fue el anuncio -horas antes de la sesión- de una convocatoria para la próxima semana a empresas del sector minero y operadores logísticos para analizar medidas que mejoren la capacidad operativa del Ramal C14 del Belgrano Cargas, con foco en la Puna salteña. En paralelo, el Gobierno adelantó que promoverá la búsqueda de fondos de inversión privados para la puesta en funcionamiento integral del Ramal C15, clave para la producción salteña por su conexión con Bolivia y con mercados internacionales.

El gobernador Gustavo Sáenz había hecho públicos sus reclamos el lunes a través de las redes sociales. “Hace más de un mes que vengo gestionando ante el Gobierno Nacional para revertir esta situación. No podemos seguir esperando otros 50 años por las obras ferroviarias que necesitamos para transportar nuestros productos, reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de nuestra producción”, publicó.

Desde la oposición siguieron con atención los movimientos de los salteños que integran el bloque Argentina Federal que si bien aportó dos presencias al quórum (Bernardo Biella y Pablo Outes) también tuvo una ausencia determinante: Yolanda Vega.

También tuvo un rol destacado el gobernador de Jujuy Carlos Sadir, que intervino directamente para torcer la voluntad de María Inés Zigarán, que había firmado el pedido de sesión pero luego se arrepintió y no bajó al recinto. Tampoco lo hizo su coterráneo Carlos Risotti, aunque su ausencia no tomó por sorpresa a la oposición, que nunca lo incluyó en sus cálculos. “Zigarán nos había dicho que iba a dar quórum pero planeaba levantarse cuando se tratara el DNU 70. Pero al parecer pesó más el llamado del gobernador”, explicó a Infobae un integrante de su propio bloque, Provincias Unidas.

El tercer mandatario provincial que jugó fuerte fue el tucumano Osvaldo Jaldo. Los tres diputados del bloque Independencia, que responden directamente a sus órdenes, evitaron adelantar su posición en los días previos y finalmente dejaron las bancas vacías. Jaldo se encuentra en plena negociación con la Casa Rosada para la conformación de alianzas electorales o acuerdos de no agresión de cara al 2027.

Menos determinantes fueron el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que le aportó al oficialismo la ausencia de Jorge “Loma” Ávila (Provincias Unidas), el mandatario de San Juan, Marcelo Orrego, que restó a los dos integrantes de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime, y “Rolo” Figueroa, que acordó la ausencia de Karina Maureira, del monobloque La Neuquinidad. Estos diputados suele actuar en sintonía con los libertarios y su ausencia no generó sorpresa.

Las faltas restantes fueron la cordobesa Alejandra Torres, el misionero Daniel Vancsik, la mendocina Lourdes Arrieta, la bonaerense Karina Banfi y el rionegrino Sergio Capozzi.

El oficialismo se anotó una importante victoria en la Cámara de Diputados al conseguir sabotear la sesión convocada por la oposición para derogar el mega DNU 70/23, prorrogar la emergencia en discapacidad y tratar los proyectos sobre endeudamiento y mora. En las semanas previas los libertarios hicieron varias concesiones a los bloques aliados y, además, recibieron el espaldarazo del segundo fallo de la Corte Suprema, que restituyó temporalmente la vigencia de la ley de tierras del kirchnerismo.

Pasadas las 14.30, el tablero reflejó que solo había 121 diputados sentados en sus bancas (se necesitan 129 para abrir el debate). Las ausencias que terminaron de inclinar la balanza fueron los santafesinos Gisela Scaglia y José Nuñez, que responden al gobernador Maximiliano Pullaro; la cordobesa Alejandra Torres; la salteña Yolanda Vega, cercana al gobernador Gustavo Sáenz; el misionero Daniel Vancsik; el chubutense “Loma” Ávila, alineado con el gobernador Ignacio Torres; los tres diputados de Independencia, que responden directamente al gobernador Osvaldo Jaldo; y los jujeños Carlos Rizzotti y María Ines Zigarán, alfiles del mandatario Carlos Sadir. El caso de Zigarán es el más llamativo, dado que había firmado la convocatoria para la sesión pero finalmente se ausentó.

La convocatoria opositora había sido inicialmente motorizada por el primer fallo de la Corte Suprema que, al rechazar una acción de amparo contra el artículo del DNU 70/23 que derogaba la ley de tierras, en la práctica liberalizó por completo su venta a extranjeros. La oposición buscó capitalizar el rechazo social que generó el debate sobre la extranjerización de la tierra en el Senado para avanzar contra el mega decreto desregulador que Milei firmó al inicio de su gestión.

Además, para robustecer las posibilidades de llegar al quórum los bloques de la oposición incluyeron otros dos temas incómodos para el Gobierno que se estaban discutiendo en comisión: la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y los proyectos sobre endeudamiento.

Sin embargo, el principal problema político era que enfrentó la oposición a la hora de sumar voluntades es que la derogación del DNU 70/23 también afectaría otros sectores de la economía que fueron desregulados. Por ejemplo, entre otros puntos, el mega decreto derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y los precios de las prepagas; y flexibilizó el mercado aerocomercial. Por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advirtieron desde el comienzo de la discusión que la derogación total del DNU 70 generaría un caos administrativo y procesal. Eso explica todos los esfuerzos realizados para sabotear el quórum de la sesión.

El escenario comenzó a complicarse para la oposición la semana pasada cuando la Corte Suprema, tras un giro de 180 grados, concedió una cautelar sobre el mismo artículo del DNU 70/23 y volvió a restituir la ley de tierras del kirchnerismo. “Desde ese momento no pudimos sumar ninguna voluntad más”, explicó a Infobae un importante referente del peronismo.

Además, La Libertad Avanza acordó este martes con sus aliados incluir un tope a la extranjerización en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en la sesión del 21 de octubre. Desde la oposición destacaron la ironía de que La Libertad Avanza, el PRO y la UCR terminaron firmando un dictamen para reponer la ley de tierras impulsada por el kirchnerismo en 2011.

“Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”, festejó el presidente de la Cámara de Diptuados, Martín Menem, tras el naufragio de la sesión.

El oficialismo acordó con sus aliados en la Cámara de Diputados la restitución de límites a la venta de tierras a extranjeros y logró dictaminar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en el recinto en la sesión del 21 de octubre. La decisión va en la misma dirección que el último fallo de la Corte Suprema, que mediante una cautelar interina, repuso temporalmente la vigencia de la ley de tierras que había sido derogada por el mega DNU 70/23.

El plenario de Legislación general y Asuntos Constitucionales tuvo lugar apenas 24 horas antes de la sesión convocada por la oposición para derogar el mega decreto desregulador que el presidente Milei firmó al inicio de su gestión. El objetivo de La Libertad Avanza fue facilitarle una salida elegante a los bloques aliados que rechazan la venta de tierras sin límites pero no desean derogar por completo el decreto que desreguló amplios sectores de la economía.

El mega decreto 70/23 eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y las cuotas de las prepagas; y desreguló el mercado aéreo y la venta de tierras. Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advertían que la derogación total del DNU 70 generaría un caos administrativo y procesal.

“Los límites a la venta de tierra podría haber juntado cierto consenso, pero eliminar por completo el DNU 70 tendría un costo terrible por la incertidumbre que generaría”, explicó un referente de La Libertad Avanza.

El inicio de la reunión de comisión, el diputado de la UCR Diógenes Gonzáles propuso formalmente incluir en el dictamen dos nuevos artículos: el 38, que deja sin efecto al artículo 134 del DNU 70 (que derogaba la ley de tierras), y el 39, que restituye la vigencia de la ley 26.737.

La diputada peronista Paula Penacca, señaló el cambio de posición del oficialismo, que en el Senado impulsó la eliminación de los límites para la venta de tierras y ahora da marcha atrás: “Qué manotazo de ahogado que pegaron. Tuvieron que desempolvar una media sanción que venía del Senado. Me sorprende que los libertarios firme un dictamen que va en contra de lo que piensa el Presidente, porque le puso la firma al DNU 70. Van a reponer una ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, presa por haber defendido los intereses de los argentinos. ¿Van a retroceder en chancletas?”.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción del Senado a principios de agosto, incluye además restricciones para las expropiaciones (el Estado debe justificar de forma expresa y estricta la declaración de utilidad pública), modifica la forma de calcular el pago por expropiaciones (según valor de mercado y contemplando el lucro cesante), regula la restitución sumaria de inmuebles ocupados (72 horas si el dueño acredita con la documentación correspondiente) y contempla desalojos por falta de pago (el locador debe intimar al inquilino y darle 10 días para cancelar la deuda). En caso de ser aprobado con la reciente modificación por Diputados, el texto deberá volver al Senado para su aprobación definitiva.

La ley de tierras aprobada en diciembre de 2011, que quedó vigente tras el último fallo de la Corte, establece que una persona física o jurídica extranjera no puede ser titular de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. Además, la misma nacionalidad no puede no puede concentrar más del 30% del cupo de tierras habilitado para extranjeros. También restringe la adquisición de tierras rurales con cuerpos de agua relevantes y en zonas de seguridad de frontera.

Noticia en desarrollo

La oposición buscará hoy a partir de las 14 en la Cámara de Diputados derogar el mega decreto 70/30 y avanzar con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y los proyectos para aliviar la situación de las familias endeudadas. La convocatoria estuvo motorizada por el primer fallo de la Corte Suprema que en la práctica liberalizó por completo la venta de tierras a extranjeros. Sin embargo, luego el máximo tribunal volvió a restituir la ley de tierras del kirchnerismo y además La Libertad Avanza acordó con sus aliados incluir un tope a la extranjerización en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en la sesión del 21 de octubre.

El principal desafío de los bloques de la oposición será llegar a los 129 presentes para abrir el recinto. La convocatoria fue impulsada por Unión por la Patria (92), un sector de Provincias Unidas (8), el Frente de Izquierda (4), Primero San Luis (2), la Coalición Cívica (2), Encuentro Federal (2), Defendamos Córdoba (1) y Coherencia (1). Una base de 112 a la cual los más optimistas suman tres diputados misioneros de Argentina Federal y otros cuatro cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora. Por el otro lado, el oficialismo también ronda las 120 voluntades: La Libertad Avanza (95), PRO (12), UCR (6), MID (2), Producción y Trabajo (2), Por Santa Cruz (1), La Neuquinidad (1) y Adelante Buenos Aires (1).

Por eso, en las horas previas de la sesión todos seguían con atención los movimientos y las señales de los tres bloques que terminarán de inclinar la balanza: Independencia (3), que responden directamente al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo; Elijo Catamarca (3), con terminal en Raúl Jalil; y Argentina Federal (5), donde pisa fuerte el salteño Gustavo Sáenz.

Ayer, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, el oficialismo buscó darle el golpe de gracia a la convocatoria al incluir en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada un nuevo capítulo que restituye definitivamente la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011, que estable un límite del 15% a nivel nacional, provincial y municipal para la venta de tierras a extranjeros.

La maniobra buscó facilitarle a los bloques del medio una salida elegante que les permitiera atender el reclamo social en contra de la extranjerización de la tierra pero sin derogar por completo el DNU 70/23, que desreguló varios sectores de la economía. Por ejemplo, entre otros puntos, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y los precios de las prepagas; y flexibilizó el mercado aerocomercial.

En los días previos, diferentes diputados de la oposición reconocieron a Infobae que será difícil llegar al quórum porque tanto el segundo fallo de la Corte Suprema como el giro de 180 grados del oficialismo respecto de la ley de tierras “desinfló” la presión social.

Por otro lado, el oficialismo también había logrado quedarse con el dictámen de mayoría respecto a endeudamiento y también volvió sobre sus pasos en relación al área de Discapacidad: adelantaron que eliminarán los artículos del Presupuesto 2027 que implicaba un fuerte ajuste sobre el sector y presentaron un proyecto de ley propio que retoma los principales puntos de la actual ley de Emergencia en Discapacidad.

Estas iniciativas, junto con Propiedad Privada y posiblemente el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional (Malvinas) se tratarán en la sesión que La Libertad Avanza pidió para el 21 de octubre, también con el objetivo de “vaciar” la convocatoria de hoy a la tarde.

Endeudamiento familiar y mora

Durante el debate en comisión el oficialismo, junto a sus aliados, se quedó con el dictamen de mayoría y su proyecto será debatido primero en una eventual sesión. La propuesta del oficialismo, en línea con la postura de la Casa Rosada (“es un problema entre privados”), apunta a elevar los niveles de educación financiera, aportar mayor información para los consumidores -claridad en las tasas y costos financieros- y prevención del sobreendeudamiento. En ningún caso se prevén topes en las tasas, descuentos de capital o intereses, o costos para el Estado.

En cambio, la oposición quedó dividida en dos posturas sin lograr unificar criterios. El peronismo, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas propone declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicará la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total.

Además, quienes adhieran al régimen de refinanciación podrán pagar en hasta 12 cuotas sin sanciones por cancelación anticipada, pero las cuotas no podrán superar el 30% de sus ingresos. También se eliminarán todos los intereses punitorios para quienes ya hayan ingresado en mora.

Por su parte, el proyecto de Argentina Federal (Misiones y Salta) propone declarar la emergencia social y económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros en todo el país por un año, con posibilidad de prórroga por otro año. Durante ese período se fija un límite a los intereses que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades que presten dinero para consumo a personas. El tope será 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.

También crea un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal para quienes destinan al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de cuotas, débitos o retenciones y perciben hasta 10 salarios mínimos. La iniciativa contempla refinanciaciones con una Tasa Nominal Anual fija de hasta 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y sin comisiones ni gastos administrativos.

Si la oposición consigue hoy el quórum, primero deberá juntar una mayoría simple para rechazar el proyecto del oficialismo para luego poder avanzar con sus propias propuestas.

Emergencia en Discapacidad

Las negociaciones en torno a la reforma en el área de Discapacidad generaron fuertes turbulencias y pases de factura internos en el Gobierno. La polémica se desató cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Presupuesto 2027 que contenía un fuerte ajuste en el área de discapacidad. Ese ajuste no tenía ningún punto de contacto con las negociaciones que La Libertad Avanza estaba llevando adelante en el Congreso con aliados y gobernadores.

Tras dos semanas de tensión, que incluyeron algunos desplantes entre los integrantes de la Mesa Política, los libertarios borraron de un plumazo el texto original que envió la Casa Rosada y llegaron a un consenso con los bloques aliados.

La nueva iniciativa retoma gran parte de la ley de Emergencia en Discapacidad como el nomenclador único para prestaciones, su actualización por inflación, la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía para obtener una pensión.

El dictamen contó con el acompañamiento de bloques aliados y gobernadores. Si bien hubo acompañamientos “en disidencia”, como los misioneros y salteños de Argentina Federal, el apoyo de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo (San Juan), el MID y La Neuquinidad le garantizarían cerca de 127 votos, por lo que los libertarios no deberán hacer grandes esfuerzos para sumar las dos voluntades que restan para llegar a la mayoría. De esta forma, la embestida de la oposición dura, que impulsaba la prórroga por un año de la Emergencia, quedó virtualmente neutralizada.

No obstante, desde la oposición advierten que la forma en la que quedaron redactados los artículos esconden las verdaderas intenciones del oficialismo. Puntualmente, plantean que el artículo 5 separa la invalidez laboral de la discapacidad como vías distintas de acceso (“imposibilitada para trabajar, o con discapacidad que posea CUD”). Por lo tanto, “consolida dos pensiones: por invalidez laboral y por discapacidad”, con diferente acceso al programa Incluir Salud.

La ambigüedad de la redacción fue advertida incluso por los aliados del Gobierno que firmaron el dictamen. De hecho, exigieron que se aclaren todas posibles interpretaciones como condición para acompañar. Hasta el momento no recibieron el texto final de La Libertad Avanza.

El Gobierno inició hace dos semanas las tratativas con los aliados para blindar el DNU 70/2023, que la oposición se dispuso intentar voltear hoy. Y, después de largas conversaciones en simultáneo con los diálogos por la reforma politica, aún no logra confiarse por completo de sus posibilidades de éxito. Depende del apoyo, siempre endeble, de los partidos y gobernadores aliados para bloquear el avance opositor, pero aún tiene dudas sobre sus posibilidades de éxito y se ataja.

De hecho, ayer tanto en la Casa Rosada como en Diputados supeditaban la mayor parte de las runiones y actividades que no fueran estrictamente necesarias a que haya o no sesión. Por caso, hoy tocaría la reunión quincenal de la mesa “interpartidaria“ entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli y Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. Pero no se sabrá si tiene lugar o no hasta tanto el Gobierno tenga asegurado que no habrá sesión. Y así con todos los encuentros y actividades previstas por el ala política, una señal de la preocupación que impera en el oficialismo a pesar de los intentos de mostrar puro optimismo.

El Gobierno atraviesa hoy una jornada de definiciones en Diputados. En paralelo a una marcha que se prevé masiva por la cantidad de convocantes, la oposición busca reunir quórum para una sesión que rechace el DNU 70/23, que contiene la derogación de la Ley de Tierras, y el oficialismo apuesta a que sus aliados no completen el número. Hace dos semanas, emprendió una cruzada para dar de baja el embate más reciente y más fuerte contra una de las columnas vertebrales del Gobierno, por parte de Unión por la Patria, la Coalición Cívica y otros bloques contra el decreto.

Hasta ayer, altas fuentes violetas calculaban en “un 80 por ciento” las chances de que la oposición no logre convocar la sesión. Pero aclaraban que no ponen las manos en el fuego: la cuenta depende de que se confirmen los apoyos que todavía están en el aire.

Esa incertidumbre se ve en la agenda. La reunión con el PRO, que se hace cada 15 días y que la semana pasada se había suspendido por un viaje de Fernando de Andreis, está sujeta a esa confirmación. En ella participan siempre Diego Santilli y Cristian Ritondo, y no es la única pendiente. Hasta anoche, la única confirmada era la del gobernador Marcelo Orrego con Santilli, por la tarde. El resto de los encuentros, pudo saber Infobae, se pateaban para más tarde o para el viernes o bien la semana próxima.

Javier Milei viajó a Estados Unidos, pero sigue de cerca el tema y está preocupado. Karina Milei no iba a acompañarlo, pero al final fue porque el Presidente le pidió especialmente que fuera. Con ambos fuera del país, la gestión de los apoyos y la técnica parlamentaria para frenar la sesión quedó en manos de Santilli y de los Menem, que los mantienen al tanto a distancia.

Mientras tanto, el oficialismo trasladó la defensa del DNU a las redes. Diputados del bloque que conduce Gabriel Bornoroni se grabaron en videos con alertas a la sociedad sobre las consecuencias de derogar el decreto, entre ellas, la ley de alquileres. Y Milei retuiteó un mensaje de Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo, en defensa del DNU.

Del otro lado, la oposición eligió un tono festivo, con una campaña online que invita “a sesionar el jueves 15” con una estética de cumpleaños, con globos y un payaso de traje. Allí, se pide a los ciudadanos que les escriban a los diputados para que den quórum y suman, además del rechazo al DNU 70/23, columna vertebral de la reforma de Milei, las consignas sobre las familias endeudadas y la emergencia en Discapacidad. Una ofensiva de Ciudad Futura, parte del bloque de Unión por la Patria.

La discusión por el DNU se superpone con la agenda legislativa que el oficialismo se propuso para las próximas semanas. La reforma política está prevista para fines de este mes y el Presupuesto para fines de noviembre. Ambos dependen de los mismos aliados que hoy se necesitan para evitar el quórum. Pero con el PRO las voluntades no terminan de alinearse. Si logran el objetivo de frenar la sesión de hoy, quizá avancen en la postergada reunión quincenal de Casa Rosada, que sigue por confirmarse.

Igualdad Animal México llamó a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados a confirmar su asistencia a la sesión prevista para este miércoles 14 de octubre y avanzar en la discusión y aprobación de la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

El exhorto surge después de que la reunión de la semana pasada no pudiera celebrarse por falta de quórum, según informó la organización. Ante la reprogramación, los activistas solicitaron que cada representante comunique si acudirá, cuál es su posición sobre el dictamen y qué observaciones considera pendientes.

La agrupación anunció que realizará un seguimiento público de la participación, las posturas y los votos de las distintas bancadas. Su objetivo es documentar cómo actúan los legisladores frente a sus compromisos de protección animal, con información que permita distinguir las circunstancias de cada caso.

La petición de confirmar asistencia está dirigida a los legisladores que integran la comisión encargada de revisar el proyecto. La organización busca que la reunión programada pueda celebrarse y permita tomar decisiones sobre el dictamen, después del retraso provocado por la falta de participantes en la sesión anterior.

Dulce Ramírez, directora de Igualdad Animal México, sostuvo que la presencia de los diputados debe acompañarse de trabajo legislativo para continuar el procedimiento.

“Este miércoles, la protección de los animales necesita presencia y decisiones, no sólo declaraciones”, expresó en el comunicado.

Además de conocer quiénes acudirán, la agrupación pidió información sobre las propuestas u objeciones que todavía deban discutirse. El llamado plantea que los desacuerdos se atiendan dentro del proceso de análisis, con una ruta que permita resolverlos y avanzar.

La solicitud de confirmaciones corresponde, por tanto, a la participación de los integrantes de la comisión en la reunión legislativa.

El llamado incluye a Morena, PVEM, PAN, PT, PRI y Movimiento Ciudadano

Igualdad Animal dirigió su exhorto a los integrantes de la comisión pertenecientes a Morena, Partido Verde Ecologista de México, Partido Acción Nacional, Partido del Trabajo, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con el comunicado, la organización ya solicitó a cada representante información sobre tres puntos:

• Asistencia: si participará en la sesión prevista para este miércoles.
• Posición sobre el dictamen: cuál es su postura frente al proyecto.
• Observaciones pendientes: qué cambios o asuntos considera necesarios para avanzar hacia su aprobación.

La agrupación señaló que utilizará criterios iguales para todas las bancadas. También anunció que contrastará las declaraciones públicas sobre protección animal con las actuaciones legislativas que puedan comprobarse.

Este seguimiento incluirá fuentes y contexto, de manera que la información difundida permita identificar tanto los compromisos expresados como las decisiones tomadas durante el trámite.

Activistas distinguirán ausencias justificadas de la oposición al proyecto

La organización precisó que su revisión diferenciará las ausencias justificadas de las no justificadas, así como la oposición expresa de la falta de respuesta.

Esta distinción forma parte de los criterios anunciados para presentar la participación de los diputados. El comunicado no identifica a legisladores concretos como responsables de la falta de quórum ni ofrece un listado de confirmaciones recibidas.

Igualdad Animal advirtió que otro aplazamiento sin explicaciones y sin una alternativa concreta para resolver los pendientes representaría, desde su perspectiva, un incumplimiento hacia los animales y la ciudadanía.

La agrupación sostuvo que las observaciones al dictamen deben procesarse mediante discusión legislativa y evitar que se conviertan en una demora indefinida. Su petición para la reunión quedó resumida en cuatro acciones: “asistir, discutir, votar y avanzar”.

¿Qué contempla la Ley General de Bienestar Animal?

El llamado ocurre después de que el Senado de la República aprobó el proyecto el 29 de septiembre y lo remitió a la Cámara de Diputados para continuar su revisión.

Entre sus disposiciones se encuentran el reconocimiento de los animales como seres sintientes, obligaciones de alimentación, alojamiento y atención veterinaria, así como medidas de protección que incluyen a los animales criados para consumo humano.

El texto aprobado por los senadores también contempla un padrón de personas infractoras, con una inscripción de uno a cinco años, y restricciones para recibir apoyos públicos directamente relacionados con el cuidado y bienestar animal.

La reunión anunciada corresponde al trabajo en comisión. El comunicado de Igualdad Animal es un exhorto previo a esa sesión y no informa de una aprobación definitiva en Diputados.

En diálogo con Infobae a la Tarde, el dirigente también cuestionó la situación económica, reclamó medidas para recuperar el empleo formal y criticó el tono de la confrontación política. Su planteo apunta a que la oposición supere la lógica de los dos extremos y construya una alternativa con capacidad de gobierno.

La UCR necesita una propuesta nacional

Para Negri, el radicalismo debe acelerar sus definiciones después de que Milei manifestara su intención de buscar la reelección. Aunque conserva presencia territorial, consideró que el partido no consigue traducir ese peso en una voz propia dentro de la discusión nacional. “Si no hay idea nacional, no hay partido político que se sostenga”, advirtió.

En esa reconstrucción, también cuestionó el vínculo fiscal entre la Nación y las provincias. A su entender, la falta de reglas previsibles para distribuir recursos debilita el federalismo y deja a los gobernadores sujetos a las decisiones del Ejecutivo. “El federalismo fiscal desapareció”, resumió.

El dirigente consideró que la UCR debe recuperar el contacto con los sectores que buscan una alternativa alejada de la confrontación. Para eso, sostuvo, necesita dejar de mirar exclusivamente su propia estructura y volver a representar demandas sociales concretas.

Una coalición que no se limite a ganar

Al evaluar posibles acuerdos entre la UCR, el PRO, La Libertad Avanza y otros espacios, Negri rechazó que la oposición se organice únicamente en función de su rechazo al Gobierno. “Yo anti no, anti nada. En todo caso, una alternativa”, planteó.

Su propuesta es una coalición republicana, liberal en lo político e institucional y orientada hacia el centro. Para el exdiputado, la unidad debe sostenerse en objetivos compartidos y no solo en la necesidad de derrotar al oficialismo. “Amontonarse no garantiza el gobierno. Puede garantizar ganar, pero no cambiar”, advirtió.

Entre las prioridades de ese programa mencionó la educación pública con mecanismos de auditoría, reglas claras para la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una política de federalismo fiscal y el cumplimiento de los compromisos de obra pública.

Negri apeló a su experiencia al frente del bloque radical y del interbloque de Juntos por el Cambio durante el gobierno de Mauricio Macri. Recordó el crecimiento de ese espacio en la Cámara de Diputados y destacó la importancia de sostener acuerdos entre fuerzas con diferencias internas.

La discusión también tiene una dimensión electoral inmediata: la UCR pone en juego nueve de sus diez bancas en el Senado y 26 en la Cámara de Diputados, según los números que repasó durante la entrevista. Para Negri, esa disputa exige definir primero qué quiere representar el partido y qué respuestas puede ofrecer.

La economía más allá del equilibrio fiscal

Negri reconoció que el equilibrio fiscal y la reducción del gasto innecesario son objetivos necesarios, pero advirtió que no alcanzan si las familias siguen teniendo dificultades para cubrir sus gastos cotidianos.

También cuestionó las dificultades del mercado laboral y reclamó que la recuperación se traduzca en puestos estables y registrados. “De lo que se trata es de trabajo de calidad, de formalidad, que es lo que se prometió”, sostuvo.

El exdiputado vinculó ese diagnóstico con la situación de las empresas y la falta de inversiones. Durante la entrevista, estimó que más de 30.000 compañías cerraron durante la administración de Milei. También afirmó que Brasil y México concentraron el 62% de la inversión extranjera directa regional en 2025, una comparación que utilizó para advertir sobre la posición de la Argentina frente a sus vecinos.

Críticas al discurso oficial y reclamo de consensos

Negri cuestionó el uso de “casta” como una descalificación general de la dirigencia y advirtió sobre el efecto del lenguaje presidencial en la convivencia democrática. A su entender, los agravios desde el poder profundizan las divisiones y dificultan la construcción de acuerdos. “Con la palabra vos podés construir puentes, pero con la palabra también podés levantar muros”, señaló.

En otro tramo de la entrevista, expresó reparos sobre el proyecto de ley relacionado con la soberanía de Malvinas, por los cambios que, según señaló, contempla en el Código Penal y en las normas de defensa y seguridad nacional. Negri reclamó una discusión amplia y recordó el consenso político que permitió aprobar la Ley de Defensa durante la democracia. Consideró que las iniciativas vinculadas con asuntos estratégicos requieren acuerdos que trasciendan las mayorías circunstanciales.

De cara a 2027, su planteo es que la UCR recupere una identidad propia y participe de una coalición con objetivos definidos. Para el exdiputado, la oposición necesita superar la confrontación entre los extremos y presentar una alternativa que combine estabilidad económica, empleo y reglas institucionales.

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El Gobierno promulgó este martes la reforma en el régimen de Zonas Frías, la ley que pone fin al descuento automático en la factura de gas para 94 municipios bonaerenses y distritos de otras cuatro provincias. La norma se publicó en el Boletín Oficial, luego de que el Senado la aprobara a fines de septiembre con 38 votos a favor y ocho en contra, tras la media sanción que había conseguido en Diputados en mayo.

Pese a la publicación oficial, la vigencia efectiva del nuevo esquema todavía no tiene fecha firme. Fuentes oficiales indicaron a Infobae que aún resta el decreto reglamentario, a cargo de la Secretaría de Energía, que deberá definir los mecanismos de inscripción y acreditación de las condiciones requeridas para acceder a la bonificación. Sin esa reglamentación, la aplicación práctica de la ley permanece en suspenso.

Además, precisaron que, una vez que la reglamentación entre en vigencia, el impacto en las boletas no será inmediato. Según indicaron, las primeras facturas con el nuevo esquema llegarían recién unos 20 días después del decreto reglamentario, aunque el plazo exacto dependerá del período de facturación de cada usuario, que varía según la distribuidora y la zona.

La reforma modifica el artículo 75 de la Ley 25.565, que regula el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. De esta manera, la norma revierte la ampliación que había impulsado en 2021 el entonces diputado Máximo Kirchner y retoma la redacción original del régimen, sancionado en 2002. Bajo ese esquema, conservan el beneficio de manera permanente la Región Patagónica, el departamento de Malargüe, en Mendoza, y la Puna.

Qué cambia con la nueva ley

El esquema vigente hasta ahora otorgaba el descuento tarifario por el solo hecho de residir en una localidad con bajas temperaturas. Con la nueva normativa, ese beneficio automático por residencia desaparece, excepto en las regiones que mantienen el régimen histórico.

Los distritos que habían sido incorporados mediante la ampliación sancionada en 2021 quedan fuera del régimen general. Aquella extensión había multiplicado el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares en todo el país, al sumar zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y otras provincias que, según el criterio oficial actual, no registran condiciones climáticas extremas.

Para los hogares que pierden el subsidio general, el descuento quedará supeditado a la inscripción en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El acceso requiere cumplir al menos una de estas condiciones: registrar ingresos netos familiares iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales del Indec, contar con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), percibir la Pensión de Veterano de Malvinas o figurar en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

La ley no detalla todavía el mecanismo de inscripción ni el procedimiento para acreditar esas condiciones, un aspecto que quedará definido en la reglamentación pendiente.

El listado completo de los 94 municipios que pierden el subsidio

El cambio impacta de manera directa sobre 1,24 millones de hogares distribuidos en los 94 municipios bonaerenses. A nivel nacional, la cifra de usuarios alcanzados por la pérdida del beneficio automático asciende a 3,35 millones. El único distrito bonaerense que conserva el subsidio es Patagones, por su pertenencia formal a la región patagónica.

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Qué pasa en Córdoba, Santa Fe y San Luis

El recorte también alcanza a Córdoba, donde quedan afuera departamentos del centro y del sur provincial, entre ellos Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto.

En Santa Fe, en tanto, pierden el beneficio áreas del sur de la provincia, con ciudades como Rosario, Venado Tuerto y Casilda.

San Luis queda completamente fuera del área considerada Zona Fría, por lo que localidades como Villa Mercedes y Merlo dejan de contar con el descuento.

Mendoza también registra cambios de peso. Mientras antes la provincia estaba incluida en su totalidad, el nuevo esquema restringe la cobertura y mantiene áreas específicas dentro del beneficio. Entre las ciudades y departamentos que quedan excluidos figuran Mendoza Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, mientras que Malargüe permanece dentro del régimen.

Cambios en el cálculo del descuento

La reforma también modifica el componente de la factura sobre el que se aplica la bonificación. Hasta ahora, el descuento se calculaba sobre el total de la boleta; con la nueva norma, se limitará exclusivamente al Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), uno de los tres componentes de una factura residencial.

Esto implica que rubros como la distribución, el transporte troncal y los impuestos quedarán fuera del alcance del descuento. La modificación podría elevar el monto final que pagan incluso los usuarios de las regiones que mantienen el régimen histórico, ya que el cambio en la base de cálculo afecta a toda la estructura del subsidio, más allá de la exclusión geográfica.

El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas se sostendrá con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, aplicado sobre el consumo y la comercialización de gas por redes o ductos en todo el país. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de elevar o reducir ese recargo hasta en un 50 por ciento.

Quedan exceptuados de ese pago el gas destinado a exportación, incluido el gas natural licuado, y el GNL importado que ingrese al sistema tras su regasificación. La norma establece además que los productores de gas actuarán como agentes de percepción, con la obligación de transferir los recursos recaudados al fondo fiduciario. Según lo dispuesto en el texto, este sistema tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2031.

El Congreso expone una agenda intensa para esta semana, pero el foco político estará puesto casi exclusivamente sobre un tema, de arrastre: la ley de Tierras y, más precisamente, la disputa por el manejo del temario que disparó su último capítulo judicial. Se verá si el oficialismo logra celebrar su movida para frenar la convocatoria opositora o si aún así, como dicen los pronósticos, queda instalada la lectura sobre una marcha atrás libertaria en este terreno. Esa disputa está planteada en Diputados. En el Senado, los movimientos son menos visibles y, por supuesto, el mayor deseo del Gobierno está centrado en la negociación para bajar las PASO. Camino largo, cruzado por desconfianzas, que se extienden a tratativas electorales más amplias con gobernadores y remiten a las expectativas sobre la marcha de la economía.

El único dato a contracorriente, aislado y excepcional, lo constituye la posibilidad cierta de que la Cámara baja avance con la iniciativa sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. El proyecto tiene consenso general y nació de la confluencia de propuestas de diversos espacios -desde el bloque violeta hasta representantes de la oposición dura-, a partir de las reacciones iniciales producidas por la tragedia del fentanilo contaminado. Tuvo dictamen hace veinte días y llegaría al recinto la semana que viene, aunque como parte de la jugada oficialista. Otro tema será su aplicación, cuando se convierta en ley.

Por supuesto, el principal punto de la agenda impulsada por LLA y conversada con sus socios y aliados no es ese, sino la intención de cerrar el tema de la ley de Tierras, que le provocó costos en el Senado, fue repuesto por la Corte Suprema de Justicia con dos fallos sucesivos en pocos días -para rechazar un amparo y luego para dejar en pie un planteo similar- y finalmente reabrió la discusión en Diputados. La primera ficha fue movida por la oposición, que puso en la mira el DNU 70/2023 íntegramente y no sólo el artículo que habilita la venta de tierras a extranjeros sin las limitaciones de la referida ley.

Legisladores de diferentes bloques opositores motorizaron una sesión especial para el jueves de esta semana. Y agregaron otros temas desgastantes para el Gobierno: emergencia en discapacidad y morosidad en materia de endeudamiento familiar. Lo hicieron apenas conocido el fallo de la Corte Suprema que, al rechazar un amparo de ex combatientes de Malvinas, dejaba en pie el artículo del DNU que anula la ley de Tierras. Eso descolocó al oficialismo. Pero una segunda decisión de la Corte, que dejó en suspenso de manera provisoria la aplicación de ese punto del decreto, fue vivida por la LLA como oxígeno político.

La decisión judicial restó dramatismo inmediato, aunque no lo suficiente como para bajar el tema de la agenda. Tampoco alcanzó para que diputados de buena sintonía con Olivos -en particular los socios y los que responden a gobernadores- aceptaran exponerse para dejar sin quórum a la sesión opositora sin alguna salida presentable en un asunto tan sensible. Los negociadores libertarios, encabezados en este frente por Martín Menem, registraron entonces que debían dar una respuesta sin demora y finalmente optaron por una alternativa al menos llamativa: tratar lo que quedó de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y agregarle un capítulo sobre la ley de Tierras. Ahora, en lugar de anular esa norma -como planteaba el texto del Ejecutivo, podado en el Senado por falta de respaldo- sería incluida una limitación a la venta de tierras a personas y empresas extranjeras.

El alcance de la nueva propuesta será definido en el plenario de comisiones promovido para el miércoles por el oficialismo. Se verá entonces hasta qué punto cede el Gobierno y tendrá impacto un día después en el recinto. Salvo alguna sorpresa con el contenido del dictamen, en las filas opositoras dan por seguro que el jueves no lograrían quórum. Sería en ese caso, una sesión en minoría para exponer posiciones. La cuestión, de todos modos, no quedaría agotada.

El miércoles de la semana que viene, el oficialismo buscará coronar en sesión especial un paquete de proyectos que revierta los títulos impuestos por la oposición en distintos momentos. Además de tierras, figuran morosidad y emergencia en el área de discapacidad. Eso, fuera del apuntado proyecto de consenso: la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. En paralelo, pero en comisiones, caminarían Presupuesto y el proyecto sobre Malvinas. Son dos asuntos que demandan negociaciones diferentes y sumarían modificaciones antes de llegar al Senado.

En la Cámara alta, sigue pendiente, y como principal prueba, la reforma electoral, aunque las negociaciones no pasan centralmente por los despachos de la bancada oficialista, que encabeza Patricia Bullrich. En ese tablero, las fichas son movidas bajo la mirada de Karina Milei y el principal operador es Diego Santilli. Son visibles los síntomas de desconfianzas cruzadas, expuestas en reclamos de reaseguros por parte de socios -PRO, bloque oficial de la UCR- y jefes provinciales de trato fluido con el Gobierno.

Resultan curiosas las versiones que adjudican ahora posiciones más negociadoras a la secretaria General de la Presidencia y mayor dureza a operadores directos, como Eduardo “Lule” Menem -también, Martín Menem-, que se mueven en su órbita. Vistos en conjunto, exhiben más bien el juego con la mirada puesta en el 2027, que combina gestos de acercamiento y presiones en continuado.

Las conversaciones con los jefes provinciales -en grupo y, sobre todo, con cada uno por separado- incluyen naturalmente las necesidades financieras de los distritos. Además, de manera creciente, añaden el ingrediente de las garantías de contraprestación política. No se limita a una votación en el Congreso, más fácil de resolver con la atención a algún pedido específico. Se trata de allanar el camino al plan reeleccionista de Milei y, a la vez, acordar que la LLA no juegue en contra de la ambición de continuidad de cada gobernador en su distrito.

Allí, afloran los recelos sobre cómo asegurar los compromisos. Y en qué momento. Es algo que trasciende la cuestión de las fechas, es decir, el pedido de la Cámara Electoral para no estirar las definiciones nacionales y los pasos de gobernadores para adelantar sus comicios. Lo que juega de manera cada vez más evidente es la economía. El Gobierno necesitaría tiempo para ver si revierte o mejora el clima de estos meses y algunos jefes provinciales -además de sectores aliados- preferirían darse espacio para evaluar cómo evoluciona el cuadro. En otras palabras, especulaciones sobre el desgaste o la fortaleza de los interlocutores a la hora de cerrar trato político. Alimento para las desconfianzas.

La Policía Nacional abrió una investigación por el episodio en el que la diputada por Elías Piña, Millys Johanna Martínez Morillo, fue esposada durante una intervención policial, mientras crece el cuestionamiento sobre las garantías constitucionales que protegen a los legisladores frente a una privación de libertad.

El inspector general de la institución, el general Martín Tapia Sánchez, fue enviado a la provincia por orden del director general de la Policía, el mayor general Ernesto Rodríguez García. El objetivo es reconstruir lo sucedido, entrevistar a los involucrados y determinar si hubo responsabilidades disciplinarias o penales.

Martínez ya fue escuchada en su residencia y Tapia Sánchez tenía previsto reunirse con el alcalde, la gobernadora y los agentes que participaron en el operativo.

El vocero policial, Diego Pesqueira, afirmó a Listín Diario que la legisladora no fue arrestada y que aún se investiga quién le colocó las esposas.

La intervención se produjo en una estación de expendio de combustibles donde se realizaba una fiesta con música y venta de bebidas alcohólicas. La Policía indicó que el establecimiento no contaba con los permisos correspondientes, de acuerdo con Hoy, diario dominicano.

La protección constitucional de los legisladores

La Constitución de República Dominicana establece en su artículo 86 que ningún senador o diputado puede ser privado de su libertad durante una legislatura sin autorización de la cámara a la que pertenece, salvo que sea detenido en el momento de cometer un crimen.

La norma dispone que, si un legislador es arrestado, detenido o privado de su libertad de cualquier modo, la cámara correspondiente —incluso uno de sus integrantes— puede exigir su liberación durante el tiempo que dure la legislatura. El presidente del Senado o de la Cámara de Diputados puede requerir la intervención del procurador general de la República y, si es necesario, ordenar directamente la liberación con el apoyo de la fuerza pública.

El artículo 87 aclara que esa protección no constituye un privilegio personal del legislador, sino una prerrogativa de la cámara a la que pertenece. Si una autoridad judicial solicita retirar esa protección, el órgano legislativo debe resolver el pedido conforme a su reglamento interno en un plazo máximo de dos meses.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó lo que calificó como una agresión contra Martínez y sostuvo que fue esposada durante un intento de arresto por parte del coronel De León. También recordó que la excepción constitucional solo procede ante un delito flagrante.

“El respeto a la Constitución y a las garantías que protegen el ejercicio de la función legislativa debe prevalecer en toda actuación de las autoridades”, expresó Pacheco.

Eugenio Cedeño Areche, diputado del Partido Revolucionario Moderno por La Romana, consideró inaceptable que un oficial esposara y detuviera a una representante del Congreso en ausencia de flagrancia. El legislador, que aseguró haber cumplido cinco períodos como diputado, afirmó que nunca había presenciado un hecho de esa naturaleza.

Cedeño propuso que la Cámara de Diputados forme una comisión bicameral para investigar el caso, establecer responsabilidades y procurar sanciones para los agentes involucrados.

Pesqueira sostuvo que la institución no ofrecerá una versión definitiva hasta completar las entrevistas y el levantamiento en Elías Piña. Si se comprueba que algún agente incurrió en excesos, aseguró que será sometido a la jurisdicción correspondiente y recibirá las sanciones previstas por las normas policiales.

El fallo de la Corte Suprema que este viernes repuso provisoriamente los límites para la venta de tierras a extranjeros no tomó a la oposición por sorpresa y sus principales referentes aseguran que ni siquiera contemplaron levantar el llamado a sesión para derogar el mega DNU 70 la semana que viene. “Es una cautelar interina que se puede caer en cualquier momento porque no resolvieron la cuestión de fondo, por eso tenemos que voltear el mega decreto de Milei, para que la venta de tierras no dependa de una medida judicial”, explicaron a Infobae desde la bancada de Unión por la Patria.

Para la oposición fueron justamente la convocatoria a la sesión en la Cámara de Diputados y la movilización social las que obligaron al Máximo Tribunal a volver sobre sus pasos y revertir la decisión de la semana pasada que había dejado firme el artículo 154 del DNU 70 que derogaba la ley de tierras. Por eso remarcan la importancia de mantener la presión.

“La Corte solucionó el reclamo de la sociedad en su contra y de paso le dio una mano al Gobierno para voltear la sesión opositora”, analizaron desde el peronismo. Sin embargo, diputados de algunos bloques del medio reconocen que ahora será muy difícil llegar al quórum para abrir el recinto.

Los sectores más duros de la oposición eran plenamente conscientes de que los votos clave los tienen los bloques provinciales y que los gobernadores -principalmente los del norte- no tenían demasiado entusiasmo en derogar el DNU 70, que además eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario. Por eso buscaron robustecer la convocatoria incluyendo otros dos temas sensibles ante la opinión pública como el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad.

El problema es que la Corte Suprema ahora volvió a limitar provisoriamente la venta de tierras a extranjeros y el oficialismo accedió a incluir nuevas limitaciones a la venta del territorio nacional dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El plan del oficialismo es dictaminar el próximo miércoles tanto este proyecto como el de Defensa de la Soberanía Nacional (Malvinas) para incluir todo en una mega sesión el 21 de octubre, donde además se tratará la nueva ley de Discapacidad y el proyecto oficialista sobre Endeudamiento y Mora. De esta forma esperan que los aliados eviten dar quórum en la sesión opositora del 15 para así tratar virtualmente los mismos temas el 21, pero en su versión oficialista.

La convocatoria opositora cuenta con el aval de Unión por la Patria (92), un sector de Provincias Unidas (8), el Frente de Izquierda (4), Primero San Luis (2), la Coalición Cívica (2), Encuentro Federal (2), Defendamos Córdoba (1) y Coherencia (1). Una base de 112 a la cual los más optimistas suman tres diputados misioneros de Argentina Federal y otros cinco cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora. Mientras que el oficialismo ronda las 120 voluntades: La Libertad Avanza (95), PRO (12), UCR (6), MID (2), Producción y Trabajo (2), Por Santa Cruz (1), La Neuquinidad (1) y Adelante Buenos Aires (1).

Por eso, los votos definitorios serán los de Independencia (3), que responden directamente al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo, Elijo Catamarca (3), con terminal en Raúl Jalil, y Argentina Federal (5), donde pisa fuerte el salteño Gustavo Sáenz. Dado que los últimos dos participaron de la gira de Milei por París y se mostraron sonrientes junto a funcionarios del Ejecutivo, el panorma se presenta dificil para la oposición.

En las filas del peronismo algunos se mantienen escépticos y señalan que si no se consigue el quórum la derogación del DNU 70 podrá retomarse en otra oportunidad. En cambio, otros confían en que algunas novedades referidas al área de discapacidad podrían torcer las voluntades necesarias.

En principio, destacan que el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), que reúne representantes de las 24 jurisdicciones, ratificó el 8 de octubre que la mejor alternativa es la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. En la misma línea, señalan que organizaciones de personas con discapacidad como REDI, FAICA, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DD.HH. de Córdoba, RALS y Andar rechazaron el dictamen del oficialismo por haberse elaborado sin la consulta que exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otro lado, el Área Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social le pidió al Ministerio de Salud el 5 de octubre que sostenga la prórroga.

Mientras los focos están puestos en la Cámara de Diputados de la Nación por lo que pueda llegar a pasar con el Decreto 70/2023, en los pasillos del Senado hay un tema que parece tabú a esta altura: la reforma electoral.

El debate está paralizado en el Congreso de la Nación y la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, optó por dejar en manos de la Casa Rosada las chances de avanzar con el tema.

“Santilli —el jefe de Gabinete— estuvo en Francia con los gobernadores, es quien se junta con ellos, que son los que les tienen que dar las órdenes a los senadores. Que él se encargue de juntar los votos y, en todo caso, Patricia se encarga de los ‘sueltos’ —los senadores que no son del peronismo y que no tienen su terminal política en el jefe del estado provincial—”, advirtieron desde el entorno de la exministra de Seguridad.

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita reunir 37 votos para aprobar la iniciativa, lo que implica sumar al menos 16 apoyos de otros bloques. Por ese motivo, la Cámara Alta permanece con actividad limitada desde hace semanas, a la espera de que avancen los acuerdos políticos.

El pasado 15 de septiembre fue la última reunión de comisión respecto de este proyecto de ley y, tras cuatro meses sin reunirse, el Gobierno insistió en que no plantea otra cosa que la eliminación de las PASO y en que, además, Ficha Limpia se discuta dentro de la misma ley. Los aliados, en cambio, siguen pensando en un proceso de suspensión de las PASO y en que el proyecto de ley que establece restricciones para posibles candidatos con causas penales se debata en forma separada.

“Hace una semana y media que fueron a París y no solo no hay un adelanto en la conversación, sino que no hay ni un gesto al respecto”, explicaron.

En medio de esto, el problema que tiene el bloque de LLA para convencer a sus socios de que lo acompañen presenta varios frentes. El primero es que los gobernadores no parecen confiar en la palabra del oficialismo de no plantar candidatos en las provincias que les compitan directamente. “No hay una sola señal que indique que van a cumplir, el caso de Catalán es el mejor ejemplo”, explicó un senador radical que no adelanta qué va a hacer.

El senador de la UCR se refiere a Lisandro Catalán, exvicejefe de Gabinete, que ya se lanzó en Tucumán, provincia en la que el gobernador peronista Osvaldo Jaldo rompió con el peronismo en el Congreso y acompañó a La Libertad Avanza en las votaciones. “Si hay una provincia en la que se esperaba que esto no sucediera, era Tucumán”, agregó.

Ahora se espera una ronda de encuentros “mano a mano” entre Santilli y los gobernadores, en especial los radicales, donde siete de los diez senadores del bloque responden a los ejecutivos de sus provincias. Cada uno tiene sus reclamos, que van desde obras y apoyo financiero hasta el posible candidato que los suceda. Ese es el caso de Alfredo Cornejo, de Mendoza, que no tiene reelección. Los libertarios proponen a Luis Petri, un radical hoy en el bloque libertario que está enfrentado con Cornejo.

El Congreso espera a la Casa Rosada. Bullrich espera a Santilli y la oposición juega con los tiempos. La Justicia Electoral avisó que los plazos se consumen, y a La Libertad Avanza solo pareciera quedarle el Presupuesto para poner algo sobre la mesa de negociación. Por ahora, las PASO siguen siendo tabú.

El Gobierno completó el giro que insinuó días atrás respecto a la Ley de Tierras y el DNU 70. Según confirmaron a Infobae desde La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, el oficialismo convocó a una mega sesión para el 21 de octubre que incluirá, entre otros temas, la derogación del artículo 154 que permitía la venta sin límites de tierra argentina a extranjeros para dejar vigente el tope del 15% que dispuso la norma del kirchnerismo. Así, la Casa Rosada cede ante un tema sensible, pero también desactiva la sesión que la oposición tenía planeada para el 15 de octubre, que podía resultar incómoda.

“Les quitamos todos los argumentos posibles. Todos los temas que quería debatir los discutimos más adelante, no hay problema. ¿Querían la norma de los K? Bueno, muy a mi pesar, quedará esa“, explicó a Infobae un integrante de la cúpula libertaria.

De esta manera, de acuerdo con el funcionario, “pierde completamente sentido la sesión del 15, para la cual igual ya no tenían quórum”, según calculaban en el recinto los emisarios del oficialismo que estaban a cargo de las negociaciones.

Los otros temas que incluirá en la sesión serán un nuevo proyecto sobre discapacidad, uno de morosidad -incluirá educación financiera- y quieren que se debata también la cuestión Malvinas, como así también algunas iniciativas más chicas de los aliados.

“Va a ser la sesión más larga de la historia de la Cámara. Calculamos que durará 22 horas como mínimo”, dijo, exultante, un alto miembro libertario.

El oficialismo convocó para el miércoles 14, un día antes de la sesión opositora, a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para comenzar con el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. Allí los libertarios prevén sumar un capítulo sobre extranjerización de la tierra.

La estrategia apunta a ofrecer una alternativa a los diputados del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los partidos provinciales, que cuestionan la eliminación de los límites para la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros, aunque rechazan una derogación completa del mega DNU 70/23.

El mega decreto eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y las cuotas de las prepagas; y desreguló el mercado aéreo y la venta de tierras. Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advirtieron que la derogación total del DNU 70 generará un caos administrativo y procesal.

En la sesión del 21 también se tratará el proyecto oficialista sobre endeudamiento familiar y mora. La propuesta del oficialismo, en línea con la postura de la Casa Rosada, que calificó el problema del endeudamiento como un “tema entre privados”, apunta a elevar los niveles de educación financiera, aportar mayor información para los consumidores -claridad en las tasas y costos financieros- y prevención del sobreendeudamiento. En ningún caso se prevén topes en las tasas, descuentos de capital o intereses, o costos para el Estado.

El proyecto de los libertarios también incorpora requisitos para el otorgamiento de créditos a través de plataformas digitales. Exige doble validación de identidad y aceptación, impide que el silencio o las opciones preseleccionadas se consideren consentimiento y ordena entregar de inmediato las condiciones contractuales en soporte digital.

En contraposición, el peronismo, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas proponen declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicará la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total.

Por otro lado, el oficialismo podrán en discusión una nueva ley de discapacidad que retoma gran parte de la normativa vigente. El proyecto oficialista que se quedó con el dictamen de mayoría representa un giro de 180 grados respecto a la reforma en el área de discapacidad incluída en el Presupuesto 2027.

Los libertarios se comprometieron con los aliados a eliminar de raíz todo ese capítulo del Presupuesto y avanzar con un texto consensuado que mantienen la pensión no contributiva por discapacidad, su atualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado

Además, por pedido de los aliados, la pensión será compatible con un trabajo registrado siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios vitales y móviles.

El cambio de posición del oficialismo busca desactivar el intento opositor de prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad que se vence a fin de año.

Por último, el oficialismo buscará dictaminar el próximo miércoles el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional para también incluirlo en el temario de la mega sesión.

Entre otros puntos, el proyecto propone la ampliación de las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales. En ese sentido, extiende el alcance de la Ley 26.659: ya no se limita a la actividad hidrocarburífera, sino que incluye toda explotación de recursos naturales, renovables o no renovables, en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental Argentina, sin habilitación de una autoridad argentina.

También incluye sanciones para empresas, socios y proveedores. Prevé multas, suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina e inhabilitaciones. También incorpora responsabilidad para proveedores que conozcan que asisten a actividades prohibidas y amplía las restricciones para contratar con empresas o personas inhabilitadas.

Por otro lado, entre los puntos que cuestiona la oposición se destacan la creación del Sistema y del Consejo de Seguridad Nacional. Propone un sistema permanente de coordinación estatal en materia diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa e inteligencia. Su órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, integrado de forma permanente por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.

El oficialismo en la Cámara de Diputados se mostró en las últimas semanas receptivo como pocas veces a los planteos de los aliados y bloques provinciales. Las concesiones incluyeron una promesa de restituir los límites a la venta de tierras a extranjeros, la marcha atrás con el ajuste en el área de Discapacidad y una primera ronda de conversaciones sobre las obras públicas que cada provincia recibirá en el marco del Presupuesto 2027.

Este jueves el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados para comenzar con el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. Será el miércoles 14, un día antes de la sesión especial pedida por la oposición, y los libertarios prevén sumar un capítulo sobre extranjerización de la tierra.

La intención es ofrecer una alternativa a los diputados del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los partidos provinciales, que cuestionan la eliminación de los límites para la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros, aunque rechazan una derogación completa del mega DNU 70/23.

Un artículo del mega decreto dejaba sin efecto la Ley de Tierras y habilitaba las compras sin restricciones por parte de extranjeros, pero su aplicación había quedado en suspenso por una cautelar judicial. Sin embargo, la cuestión recuperó centralidad hace dos semanas tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efecto la sentencia de la Justicia Federal de La Plata que había frenado la desregulación.

El miércoles por la tarde, en las conversaciones entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los representantes de los bloques dialoguistas, nuevamente surgió el pedido de a establecer límites. Una de las opciones que reúne mayor respaldo es restaurar el máximo del 15% de la superficie rural de cada provincia o municipio en manos extranjeras.

Ese límite regía antes de la derogación de la norma mediante el DNU 70/23. El oficialismo considera que puede incorporarlo al proyecto de Propiedad Privada porque el capítulo referido a tierras fue retirado durante el tratamiento de la iniciativa en el Senado, antes de la votación en el recinto. La discusión todavía no tiene un texto definitivo. Mientras algunos sectores aliados plantearon recuperar el esquema anterior, otros impulsan fijar un porcentaje mayor.

La estrategia del Gobierno apunta a que los bloques que suelen acompañar a La Libertad Avanza tengan argumentos para no aportar al quórum en la sesión de la oposición (15 de octubre), que necesita 129 diputados presentes para abrir el recinto y, hasta ahora, no tiene garantizados todos los votos necesarios.

Por otro lado, Menem y el Secretario de Hacienda, Carlos Guberman, también se comprometieron el miércoles a mostrar las partidas presupuestarias que se van a destinar al sector de discapacidad y dejaron trascender que harán otras modificaciones al texto del dictamen para asegurarse el apoyo de los bloques que firmaron “en disidencia” porque aún desconfiaban de las intenciones reales del Gobierno.

Para destrabar este tema particularmente sensible ante la opinión pública La Libertad Avanza se comprometió ante los aliados a eliminar la reforma del área que estaba incluida en el proyecto de Presupuesto 2027 y redactó un nuevo proyecto que retoma gran parte de la ley de Emergencia en Discapacidad como el nomenclador único para prestaciones, su actualización por inflación, la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía para obtener una pensión.

No obstante, todavía quedan pendientes algunos reclamos de los aliados, como una redacción clara que ratifique que las prestaciones se actualizarán mensualmente por inflación y el cronograma de pago de las compensaciones adeudadas, el oficialismo prevé llevar el tema al recinto el próximo 21 de octubre.

En la misma reunión el Secretario de Hacienda escuchó los primeros planteos de la UCR, que reclamó preservar el financiamiento de las universidades nacionales, y de los bloques provinciales que se mostraron particularmente interesados por la obras, especialmente viales, asignadas para sus distritos en el Presupuesto de cara al año que viene. Las obras y los fondos que recibirán las provincias serán moneda de cambio en una negociación mucho más importante para el Gobierno: la eliminación de las PASO.

La reforma política, que tiene como principal objetivo suspender las elecciones primarias para simplificar el calendario y dificultar la organización de la oposición, necesita del apoyo de los gobernadores, principalmente del norte del país. Los mandatarios provinciales no solo siguen con atención las planillas presupuestarias sino los movimientos políticos de La Libertad Avanza en sus respectivos distritos. Si bien algunos descartan una alianza electoral con los violetas, sí esperan garantías de que el oficialismo no jugará a fondo con candidatos propios.

El oficialismo convocó para el próximo miércoles 14 de octubre en la Cámara de Diputados a una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para comenzar a debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La reunión tendrá un importante impacto político porque los libertarios y sus aliados acordaron que allí se incluirá un capítulo que vuelva a introducir límites a la venta de tierras a extranjeros.

La fecha de la convocatoria no es nada casual: será un día antes de la sesión especial que pidió la oposición para tratar la derogación del mega DNU 70/23. Con esta maniobra buscan facilitarle una salida elegante a los bloques aliados que rechazan la venta de tierras sin límites pero no desean derogar por completo el decreto que desreguló amplios sectores de la economía.

Si bien esta posibilidad ya se barajaba desde hace algunos días, la estrategia parlamentaria terminó de tomar forma ayer por la tarde, durante una reunión de Martín Menem con referentes de los bloques aliados. Allí algunos sectores, como el MID y el PRO, insistieron con la necesidad de darle una solución al problema político.

La oposición buscó aprovechar la movilización social y el rechazo público que había generado la propuesta de la Casa Rosada para avanzar contra el DNU 70 en su conjunto. Pero esta maniobra generó dudas en algunos bloques, ya que si bien están de acuerdo con limitar la venta de tierras, no quieren volver atrás con otras reformas.

El mega decreto eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y las cuotas de las prepagas; y desreguló el mercado aéreo y la venta de tierras. Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advirtieron que la derogación total del DNU 70 generará un caos administrativo y procesal.

Fuentes del oficialismo reconocieron que en el plenario de comisiones del próximo miércoles darán lugar a los pedidos de los aliados para reintroducir en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada un capítulo sobre la venta de tierras. Lo podrán hacer porque cuando el proyecto se debatió en el Senado, el capítulo sobre tierras se sacó del dictamen antes de ser rechazado.

Por su parte, un diputado que participó de la reunión de ayer adelantó a este medio que lo “más probable” es que se restituya el límite de 15% para la venta de tierras provinciales y municipales, tal como establecía la ley que quedó derogada por el DNU 70.

Por otro lado, desde el bloque libertario también adelantaron a Infobae que se tomarán la mayoría de las observaciones de los aliados a la nueva ley de discapacidad que se tratará en la sesión que preparan para el 21 de octubre. Al igual que con la ley de tierras, el objetivo será vaciarle el quórum a la convocatoria de la oposición para el 15, donde también buscarán prorrogar la Emergencia en Discapacidad.

Guatemala se posicionó como el país con el menor respaldo ciudadano a la democracia en América Latina, al registrar que solo el 35% de la población considera este sistema preferible a cualquier otra forma de gobierno, según datos del Informe Latinobarómetro 2026.

El estudio regional, elaborado sobre la base de 19.207 entrevistas presenciales en 17 países entre mayo y junio de 2026, sitúa a Guatemala por debajo de Brasil (41%), Honduras (42%) y Ecuador (43%).

El estudio, realizado entre mayo y junio de 2026, señala que solo el 35% de los guatemaltecos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.

La diferencia alcanza los 38 puntos porcentuales respecto de Argentina, nación que encabeza el indicador con un 73%, seguida por Uruguay con el 64%, así como por Costa Rica y Chile con un 63%.

Desconfianza en el Estado

El informe sostiene que América Latina atraviesa un retroceso de proyectos democráticos inconclusos en lugar de una crisis de sistemas consolidados.

En el caso guatemalteco, apenas el 14% de los encuestados afirmó que el Estado ha hecho mucho o algo por la ciudadanía, una de las proporciones más reducidas de la región, nivel que comparte con Panamá. Esta cifra dista del promedio regional del 26% y del 52% registrado en El Salvador.

La desconexión responde a la falta de respuestas gubernamentales ante demandas de protección, justicia y servicios públicos de calidad.

Cuando la ciudadanía percibe ineficacia o abandono por parte del poder público, se debilita el apego a los valores democráticos, refiere el estudio.

Un tercio de los encuestados admite la posibilidad de un sistema sin elecciones

La encuesta muestra además que Guatemala tiene una relación ambivalente con los componentes básicos de la democracia. Aunque 61% sostiene que no puede haber democracia sin elecciones, el país presenta la cifra más baja de la región en este indicador.

Aún más preocupante, aproximadamente un tercio de la población considera que la democracia podría funcionar sin procesos electorales.

La desconfianza afecta directamente a los mecanismos representativos. Paralelamente, cerca de un tercio de la sociedad guatemalteca opina que el sistema podría funcionar sin comicios.

Latinobarómetro advierte que la pérdida de relevancia del voto mina la capacidad social para evaluar o reemplazar a los gobiernos.

Esta brecha se enmarca en una crisis regional donde la confianza en los partidos políticos promedia apenas un 15%, un contexto en el que las posturas autoritarias y las demandas de mano dura encuentran mayor receptividad.

Además, en América Latina, 76% declara no sentirse representado por el Parlamento; Guatemala comparte ese entorno de desconfianza institucional.

La posición política internacional sitúa al país fuera del bloque de seguridad regional

En la clasificación ideológica del estudio, Guatemala aparece junto a México, Brasil y Uruguay como uno de los cuatro países gobernados por la izquierda.

El documento señala que Guatemala no forma parte del denominado “Escudo de las Américas”, una iniciativa atribuida a Estados Unidos y compuesta principalmente por gobiernos de derecha, centroderecha o extrema derecha.

Esta ubicación política es relevante porque el informe describe un giro regional hacia la derecha desde 2024, producto del descontento con los gobiernos tradicionales, la inseguridad y la debilidad de los partidos. Guatemala, por tanto, constituye una excepción dentro de un mapa político regional crecientemente polarizado.

La viabilidad del modelo democrático en la nación dependerá de la capacidad estatal para reconstruir la confianza mediante avances concretos en economía, seguridad y combate a la corrupción.

Diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) presentó una iniciativa para reformarla Ley Orgánica del Presupuesto con el fin de limitar el pago de dietas y gastos de representación en el sector público.

La propuesta busca ordenar los cobros que perciben funcionarios y directivos mediante la fijación de montos máximos mensuales y la obligación de publicar de manera individual los desembolsos.

El proyecto propone modificar los artículos 77 y 78 de la legislación presupuestaria para fijar un límite general de Q7 mil (USD 909) mensuales en concepto de gastos de representación.

Con esta medida se pretende evitar que cada institución determine de forma discrecional las asignaciones para sus autoridades. Debido a que, en la actualidad, hay funcionarios que devengan más de su salario en este concepto.

Respecto a las dietas, la iniciativa busca fijar un tope de Q5 mil (USD 650) al mes, independientemente del número de sesiones o reuniones en las que participe cada integrante.

Asimismo, la reforma contempla la obligación de que las instituciones difundan públicamente el desglose de lo pagado por persona.

Las asignaciones adicionales por estos rubros quedarían reservadas para cargos específicos de alta jerarquía, entre los que figuran el presidente de la República, la vicepresidenta, los titulares de los organismos del Estado.

Además de los los magistrados presidentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), así como los integrantes de la junta directiva del Congreso de la República, el titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), el fiscal general, el procurador de los Derechos Humanos (PDH) y los alcaldes.

La bancada VOS detectó cobros mensuales que superan los Q100 mil en el sector público

El diputado José Chic señaló que las fiscalizaciones previas permitieron identificar a dirigentes deportivos y autoridades estatales que perciben entre Q5 mil (USD 650) y Q8 mil (USD 1.039) por cada sesión.

El legislador detalló que funcionarios como los titulares de los ministerios de Energía y Minas y de Economía, además del titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), reciben ingresos de Q28 mil (USD 3.636) mensuales por formar parte del directorio del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), adicionales a sus sueldos y gastos de representación institucionales.

La revisión parlamentaria expuso que en las entidades deportivas los gastos de representación oscilan entre Q25 mil (USD 3.247) y Q35 mil (USD 4.545) sin mecanismos de liquidación.

Adicionalmente, se hallaron directivos con cargos clasificados como ad honorem que devengan por dietas entre Q35 mil (USD 4.545) y Q40 mil (USD 5.194) mensuales.

De acuerdo con Chic, un dirigente deportivo llegó a percibir en septiembre Q105 mil (USD 13.636) mediante la combinación de dietas en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (Conader) y gastos de representación.

Por su parte, en el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal se registraron cobros de dietas de hasta Q555 (USD 72) por minuto.

Instituciones descentralizadas y autónomas deberán ajustar sus pagos al nuevo marco legal

Los cambios proyectados abarcan a entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas. La norma aplicaría a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Banco de Guatemala (Banguat), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), empresas municipales, el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y la CDAG.

La iniciativa incluye también al Consejo Económico Social, la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, el Fondo de Tierras, el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, el Fondo de Desarrollo y el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.

La propuesta deberá agotar el proceso legislativo antes de convertirse en ley. Es decir, primero deberá ser conocida en el pleno, para asignarla a una comisión legislativa para dictamen y luego someterse a la aprobación o no por parte de los congresistas.

El Plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate el proyecto de ley que plantea cerrar formalmente el Ministerio de Gobernación y Policía y redistribuir entre otras instituciones las competencias que permanecían bajo esa cartera.

La iniciativa corresponde al expediente 24.719, denominado Cierre del Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica y reordenamiento de sus competencias desconcentradas, y fue aprobada durante la sesión del 6 de octubre de 2026 con el respaldo de 51 diputados, mientras seis legisladores estuvieron ausentes. No se registraron votos en contra en esa votación.

El proyecto todavía debe superar el segundo debate antes de completar su trámite legislativo y convertirse en ley, por lo que la aprobación alcanzada hasta ahora no significa que el Ministerio haya desaparecido jurídicamente de forma inmediata.

La propuesta fue presentada por el Poder Ejecutivo el 25 de noviembre de 2024 y parte de la premisa de que la estructura del Ministerio de Gobernación perdió progresivamente relevancia dentro del aparato estatal, mientras varias de sus funciones pasaron a ser desempeñadas o respaldadas por otras instituciones.

Una cartera dirigida desde hace décadas por Seguridad Pública

Uno de los principales argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar la reforma es que, desde la década de 1990, la dirección del Ministerio de Gobernación y Policía ha recaído en la misma jerarquía del Ministerio de Seguridad Pública.

La exposición que acompañó el proyecto señala que esa situación produjo una disminución progresiva del papel de Gobernación, hasta el punto de que la estructura administrativa del Ministerio de Seguridad Pública terminó brindándole apoyo para su funcionamiento.

El Gobierno también argumentó que varias de las competencias asociadas históricamente con Gobernación ya son atendidas por otras instituciones públicas o pueden ser asumidas por entidades existentes.

En lugar de crear nuevas estructuras para sustituirlo, el proyecto redistribuye sus principales órganos entre diferentes ministerios.

¿Qué pasará con Migración, Dinadeco y la Imprenta Nacional?

Uno de los principales cambios recaerá sobre la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y el Tribunal Administrativo Migratorio, que pasarán al Ministerio de Seguridad Pública.

El texto dispone que Migración funcionará como un órgano de desconcentración mínima, mientras que el Tribunal Administrativo Migratorio tendrá desconcentración máxima dentro de Seguridad Pública.

La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) será trasladada al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

Esta dependencia tiene entre sus funciones la relación institucional con las organizaciones comunales y la aplicación del marco establecido para el desarrollo de las comunidades.

El proyecto también modifica las referencias legales necesarias para adaptar la estructura de Dinadeco a su nueva ubicación dentro del Poder Ejecutivo.

Por su parte, la Imprenta Nacional y sus competencias pasarán al Ministerio de la Presidencia. Según el texto analizado durante el trámite legislativo, quedará constituida como un órgano de desconcentración mínima de esa cartera.

De esta manera, la reforma no plantea la eliminación de Migración, Dinadeco, el Tribunal Administrativo Migratorio o la Imprenta Nacional, sino su traslado hacia otras estructuras ministeriales.

Proyecto fue presentado en 2024

El expediente 24.719 ingresó a la corriente legislativa el 25 de noviembre de 2024 por iniciativa del Poder Ejecutivo.

Posteriormente fue analizado por la Comisión de Gobierno y Administración, mientras durante su tramitación también surgieron criterios distintos sobre la forma en que debían reorganizarse algunas de las instituciones alcanzadas por la propuesta. La propia Asamblea Legislativa reportó en junio de 2025 que el traslado y los cambios de funciones generaron posiciones divididas durante su análisis en la Comisión de Reforma del Estado.

El expediente recibió un dictamen afirmativo de mayoría el 11 de diciembre de 2025 y posteriormente tuvo textos actualizados el 29 de junio y el 12 de agosto de 2026, antes de llegar a la votación en primer debate.

El reclamo de los jubilados y pensionados volvió al pleno legislativo con pedidos para reactivar iniciativas que amplían descuentos, fortalecen beneficios económicos y buscan que determinados certificados sean aceptados por empresas e instituciones públicas.

Organizaciones de retirados solicitaron a los diputados que retomen el debate de una propuesta que modifica la Ley 6 de 1987.

La norma contempla beneficios, exoneraciones y descuentos obligatorios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

En septiembre, el presidente José Raúl Mulino vetó y devolvió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley 226 de 2025.

La iniciativa modificaba y añadía artículos a la Ley 6 de 1987.

El mandatario sostuvo que la propuesta tenía un objetivo social legítimo, aunque consideró que algunas de sus disposiciones contravenían la legislación y la Constitución Nacional.

“Sus disposiciones vulneran lo establecido en la legislación y en la Constitución Nacional”, indicó Mulino en una carta dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas.

El jefe de Estado señaló en su momento que la revisión identificó cuestionamientos sobre la conveniencia de la propuesta y sobre su compatibilidad con el marco constitucional.

La medida vetada planteaba descuentos del 50% de lunes a jueves y del 40% los viernes, sábados y domingos. Las rebajas debían aplicarse a las tarifas regulares y promocionales de hospedaje.

La Asociación de Jubilados había reclamado la sanción de esa ley. El sector empresarial y los microempresarios rechazaron el proyecto porque advirtieron sobre el efecto que tendría en sus actividades.

Ahora, la nueva iniciativa deberá ser examinada por el pleno de la Asamblea Nacional. Sus disposiciones incluyen rebajas vinculadas con medicamentos, atención médica, artículos para la movilidad, servicios básicos, gastos fúnebres e internet.

Los dirigentes expresaron confianza en que la discusión avance después de los alcances con representantes de los sectores comercial y privado. También instaron a los parlamentarios a responder a las necesidades de quienes viven con menores recursos.

El dirigente Gilberto Cortez sostuvo que los diputados tienen una nueva oportunidad para legislar en favor de los sectores con menores ingresos. El dirigente afirmó que la discusión debe priorizar a las personas de la tercera edad.

Cuestionó la falta de solidaridad de los comerciantes con la población retirada. Para las asociaciones, el avance de estas iniciativas representaría una respuesta a demandas económicas que mantienen desde hace años.

Las agrupaciones también pidieron seguimiento para el programa creado por la Ley 438 de 2024, denominado “Programa de beneficios permanentes para los jubilados y pensionados del régimen de invalidez, vejez y muerte y de riesgos profesionales de la Caja de Seguro Social”.

El plan está dirigido a jubilados y pensionados del régimen de invalidez, vejez y muerte y de riesgos profesionales de la Caja de Seguro Social (CSS). Su finalidad es otorgar un apoyo financiero anual a los beneficiarios.

El financiamiento del programa proviene de la industria de bebidas alcohólicas. La ley establece que esos recursos sostienen el pago de las bonificaciones previstas para la población retirada.

El artículo 6 dispone que el Órgano Ejecutivo revise los montos de los beneficios cada dos años. La norma permite ajustes e incrementos de acuerdo con las condiciones económicas del país.

Si la recaudación del impuesto selectivo supera los fondos requeridos para cubrir las bonificaciones, el excedente deberá acumularse. Esa reserva también será revisada con la misma periodicidad y podría derivar en un aumento de los pagos.

Los movimientos de jubilados consideran que ese mecanismo debe mantenerse bajo vigilancia legislativa. Su planteamiento busca que los beneficios conserven su utilidad frente a los cambios en la economía.

El Gobierno no quiere que exista margen para que el DNU 70/23 se trate en la Cámara de Diputados. La oposición convocó la semana pasada a una sesión para el 15 de octubre que tiene en agenda debatir sobre ese megadecreto y otras iniciativas sensibles como la Emergencia en Discapacidad y Morosidad, que buscan apalancar las adhesiones de distintos bloques para conseguir quórum. Si aquello se produce, podrían tratar la medida más importante de desregulación económica que tiene en su haber la administración de Javier Milei.

“Creemos que tenemos los votos para que la oposición no voltee el DNU en el caso de que se trate, pero no queremos que exista la posibilidad siquiera de que se trate”, afirma una fuente importante del bloque de La Libertad Avanza. En términos explícitos, afirman que el objetivo de las negociaciones que se vienen desarrollando en los últimos días es “tumbar la sesión por completo”.

Al menos dos despachos de la Casa Rosada celebraron ante Infobae una decisión reciente que provino de la Corte Suprema que, según afirman, les daría “más aire” para poder negociar con los aliados que se ven presionados socialmente por la Ley de Tierras, pero que no consideran necesario tener que voltear el DNU 70.

La Corte Suprema convocó este martes a dos conjueces para intervenir en el debate sobre el artículo 154 del DNU que derogó la Ley de Tierras Rurales, después de que sus cuatro integrantes no alcanzaran una decisión unánime sobre una demanda ambiental que cuestiona la eliminación de restricciones para adquirir predios rurales. La intervención de conjueces permite completar la integración necesaria para resolver el expediente.

El sorteo de los magistrados suplentes se realizó ayer y salieron Diego Barroetaveña, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. La participación de ambos será determinante para definir la respuesta judicial al planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie.

La nueva presentación fue promovida por Árbol de Pie, una organización que invocó el derecho constitucional a la protección del ambiente para impugnar el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia. Su presentación no fue tratada por la Justicia federal de Bariloche, donde fue iniciada, ni por la Cámara Federal de La Plata, que recibió luego el expediente.

El caso llegó al máximo tribunal después de que este rechazara, la semana anterior, una cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas, conocido como CECIM. La Corte consideró entonces que la agrupación carecía de legitimación para promover ese reclamo. Pero los integrantes de Árbol de Pie todavía no conocen si esa interpretación les aplica a ellos.

La novedad es que existe la posibilidad de que dos de los tres jueces estén dispuestos a reconocer la legitimación de la asociación ambiental para litigar sobre ese punto. También creen que uno de los dos conjueces también avalaría esa presentación.

Los negociadores del oficialismo se agarran de ese escenario para hablar con los aliados y pedirles que no den quórum para la sesión del próximo 15 de octubre.

El tratamiento del expediente de Árbol de Pie sigue el régimen de procesos colectivos, que agrupa las demandas sobre una misma materia. El rechazo de la presentación del CECIM habilitó el análisis de la causa siguiente en ese orden, vinculada directamente con la derogación cuestionada. La cuestión de fondo sobre la Ley de Tierras y el decreto permanece pendiente de una definición.

Infobae pudo confirmar de fuentes legislativas que la idea no es incluir la Ley de Tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La consideran una propuesta que quedó desprovista de sentido político después del desguace que sufrió en su tratamiento en el Senado. Algunos la consideran “invotable”. De prosperar una alternativa, la más probable es que se pueda incluir en el proyecto de Soberanía Nacional que contiene iniciativas vinculadas a la Causa Malvinas.

El expediente laboral de la CGT también quedó listo para resolver

La Corte Suprema quedó además en condiciones de resolver la impugnación de la Confederación General del Trabajo contra el capítulo laboral del DNU 70/2023, luego del dictamen emitido por el procurador general Eduardo Casal.

La Cámara Nacional del Trabajo había declarado inconstitucional el título IV del decreto, comprendido entre los artículos 53 y 97, tras una acción de amparo de la CGT contra el Estado Nacional. El Gobierno apeló esa resolución ante el máximo tribunal.

El tribunal laboral reconoció la legitimación de la central sindical para defender derechos individuales y colectivos de los trabajadores. También sostuvo que no existían las circunstancias excepcionales exigidas para dictar un decreto de necesidad y urgencia: la imposibilidad de reunir al Congreso o una situación que no admita esperar el procedimiento legislativo ordinario.

La Cámara consideró que las medidas laborales no respondían a una situación coyuntural, sino que modificaban leyes permanentes sancionadas por el Congreso. La eventual decisión de la Corte en ese expediente podría establecer un criterio sobre las condiciones que debe cumplir el Poder Ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia.

La inmunidad constitucional dejaría de impedir o retrasar investigaciones penales por delitos sexuales contra diputados y otros integrantes de los supremos poderes si prospera un proyecto presentado esta semana en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

La propuesta, tramitada bajo el expediente 25.825, plantea modificar los artículos 110, 121 inciso 9), 143 y 151 de la Constitución Política. Su objetivo es establecer una excepción expresa al fuero constitucional cuando se investiguen hechos relacionados con abuso sexual, acoso sexual u otros delitos de naturaleza sexual.

La reforma es impulsada por diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y tiene como principal firmante al jefe de fracción, Álvaro Ramírez Bogantes. También aparece respaldada por legisladores como Iztarú Alfaro Guerrero, Rafael Ángel Vargas Brenes, Andrea Valverde Palavicini, Marco Francisco Badilla Chavarría, Diana Murillo Murillo, Karen Alfaro Jiménez, Janice Sandí Morales, Mangell Mc Lean Villalobos, Norjelens Lobo Vargas, Karol Matamoros Montoya, Ronald Campos Villegas, Salvador Padilla Villanueva, Víctor Manuel Hidalgo Solís, Ángela Aguilar Vargas y Eder Hernández Ulloa.

El cambio no eliminaría la inmunidad parlamentaria ni el fuero constitucional de manera general. La protección se mantendría para otros tipos de procesos, pero dejaría de operar como requisito previo para iniciar o continuar una causa penal relacionada con delitos sexuales.

Actualmente, determinados altos funcionarios cuentan con protecciones constitucionales que obligan a seguir procedimientos especiales antes de que puedan ser sometidos a ciertas causas judiciales. En algunos casos, la Asamblea Legislativa debe decidir previamente si levanta el fuero o si existe lugar a formación de causa.

No solo alcanzaría a los diputados

Aunque buena parte de la discusión pública se ha concentrado en la inmunidad de los legisladores, el alcance del proyecto es más amplio.

La reforma al artículo 110 modificaría las reglas aplicables a diputados; el cambio al artículo 143 alcanzaría a ministros, mientras que la modificación al artículo 151 permitiría investigar penalmente a quien ocupe la Presidencia o una Vicepresidencia de la República por delitos sexuales sin que previamente exista una declaratoria de formación de causa por parte del Congreso.

El artículo 121 inciso 9) también sería reformado para introducir la excepción en la competencia que actualmente tiene la Asamblea Legislativa para admitir acusaciones contra determinados integrantes de los supremos poderes.

El proyecto señala que la eliminación de ese requisito en delitos sexuales no significaría una declaración anticipada de culpabilidad.

Las personas investigadas mantendrían sus garantías de defensa, el derecho a conocer los cargos en su contra, controvertir las pruebas y ser representadas por una defensa técnica. La responsabilidad penal continuaría siendo determinada por los tribunales.

Para los proponentes, el fuero constitucional tiene como finalidad proteger el ejercicio de determinadas funciones públicas frente a posibles persecuciones políticas, no impedir investigaciones relacionadas con conductas sexuales presuntamente delictivas.

Álvaro Ramírez sostuvo que “hemos visto con mucha preocupación cómo se usa la inmunidad de los jerarcas de los supremos poderes como un escudo de impunidad frente a casos graves”, y mencionó específicamente delitos de naturaleza sexual.

El legislador agregó que el propósito es modificar las reglas para que esos casos puedan ser conocidos directamente por las autoridades judiciales sin depender previamente de una decisión política dentro del Congreso.

La discusión surge tras denuncias contra legisladores

La presentación de la iniciativa ocurre después de varias controversias relacionadas con denuncias de presunto hostigamiento sexual contra diputados.

En septiembre, legisladoras del Frente Amplio (FA), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) solicitaron al diputado oficialista Fernando Obaldía Álvarez, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), renunciar a su inmunidad para enfrentar denuncias por presunto acoso sexual. El Ministerio Público confirmó entonces la existencia de denuncias contra el congresista, quien conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia en firme.

Posteriormente, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, conformó una comisión especial de cinco diputados, uno por cada fracción legislativa, para investigar una denuncia por presunto hostigamiento sexual contra Obaldía bajo el reglamento interno del Congreso.

El proyecto presentado por Liberación Nacional hace referencia al debate generado por situaciones recientes dentro de la propia Asamblea Legislativa. Ramírez también mencionó públicamente el caso de Obaldía al explicar las razones de la propuesta.

Meses antes, el Congreso también había abordado una investigación por hostigamiento sexual contra el entonces diputado Fabricio Alvarado Muñoz. En abril, 33 legisladores aprobaron una amonestación ética pública dentro de ese procedimiento. En mayo, una moción que buscaba revertir el archivo del expediente fue rechazada por 29 votos contra 24.

Proyecto requerirá una mayoría calificada

Debido a que se trata de una reforma parcial de la Constitución Política, la iniciativa no seguirá el mismo procedimiento que un proyecto de ley ordinario.

La propuesta deberá superar las etapas constitucionales correspondientes y requerirá una mayoría calificada. Para avanzar, necesitaría el respaldo de al menos 38 diputados, equivalentes a dos terceras partes del total de integrantes de la Asamblea Legislativa.

El expediente se encuentra en la etapa de admisibilidad de reforma constitucional y todavía no registra votaciones.

El texto también utiliza cifras judiciales para justificar la necesidad de modificar el marco actual. Durante 2024 se registraron 15,562 mujeres ofendidas por ilícitos de naturaleza sexual, equivalentes al 87% del total consignado en la fuente utilizada por los proponentes.

La discusión legislativa determinará ahora si existe el respaldo suficiente para introducir por primera vez una excepción expresa a la inmunidad constitucional por delitos sexuales.

Ramírez aseguró que la bancada inició conversaciones con otras fracciones y resumió el objetivo de la iniciativa al señalar que “lo importante es cambiar las reglas del juego y que las reglas del juego reflejen el compromiso político y ético que tenemos”.

La Cámara de Diputados retomó este martes el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional con la exposición de más de una decena de especialistas y representantes de organizaciones civiles. La semana pasada, el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores había terminado en escándalo por un enfrentamiento entre el diputado Juan Grabois y algunos legisladores libertarios.

El oficialismo apuntaba a firmar el dictamen del proyecto esta semana pero el fallo de la Corte Suprema que eliminó los límites para que extranjeros compren tierras y la convocatoria de la oposición a una sesión especial para derogar el mega DNU 70/23 demoraron sus planes.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del bloque LLA aseguraron que de todas maneras apunta a incluir el proyecto en el temario de la sesión que pedirán para el miércoles 21, por lo que deberán firmar el dictamen la semana que viene. Pero el debate continuará este miércoles con la participación de la Secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, en lo que se anticipa como una reunión de alto voltaje político.

Los expositores, en su mayoría convocados a instancias de la oposición, coincidieron en criticar algunos puntos centrales del proyecto, como la conformación del Consejo de Seguridad Nacional y algunas definiciones clave que, según su visión, dejan la puerta abierta para un accionar discrecional del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) planteó que el Gobierno “ya cuenta con las herramientas para frenar el saqueo de nuestros recursos en el Atlántico Sur”, solo debe aplicarlas. “El verdadero objetivo que persiguen es generar dispositivos de control social. La verdadera finalidad de este gobierno es perseguir a las disidencias y a la oposición política. Por eso pedimos que se rechace este proyecto de ley porque malversa la cuestión Malvinas”, continuó.

A su turno, la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, aseguró que el proyecto tiene “serios problemas de constitucionalidad” porque propone darle “un amplio poder al Ejecutivo y a las áreas de Inteligencia” sin controles institucionales.

“Pretende abandonar la definición rigurosa de qué es una amenaza. No se pueden hacer definiciones vagas o nebulosas porque deja abierta la puerta a la discrecionalidad estatal. Por ejemplo, se amplían las hipótesis de riesgo, por ejemplo, por desinformar o intervenir en los procesos decisorios de las autoridades”, argumentó.

El jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, señaló que el Título 1, que reúne los artículos del 1 al 40, podría lograr un amplio nivel de consenso. “Si ponemos allí el foco, podría haber diferencias, pero es factible llegar a un acuerdo. Le estaríamos haciendo un gran favor al reclamo de Malvinas”, explicó.

Entre otros puntos, el Título 1 propone la ampliación de las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales. En ese sentido, extiende el alcance de la Ley 26.659: ya no se limita a la actividad hidrocarburífera, sino que incluye toda explotación de recursos naturales, renovables o no renovables, en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental Argentina, sin habilitación de una autoridad argentina.

También incluye sanciones para empresas, socios y proveedores. Prevé multas, suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina e inhabilitaciones. También incorpora responsabilidad para proveedores que conozcan que asisten a actividades prohibidas y amplía las restricciones para contratar con empresas o personas inhabilitadas.

Además, mantiene la responsabilidad administrativa y penal si una empresa intenta eludirla mediante fusiones, escisiones, transferencias de activos u otras reorganizaciones que encubran la continuidad de la actividad. Además, habilita juicios en ausencia para los delitos contemplados en la iniciativa.

Entre los puntos que cuestiona la oposición se destacan la creación del Sistema y del Consejo de Seguridad Nacional. Propone un sistema permanente de coordinación estatal en materia diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa e inteligencia. Su órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, integrado de forma permanente por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.

Por otro lado, crea nuevas infracciones y sanciones por amenazas a la seguridad nacional. Considera infracción, entre otras conductas, afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones de autoridades argentinas, atacar infraestructura crítica o financiar esas acciones. Las sanciones pueden incluir multas, revocación de permisos y contratos, pérdida de beneficios estatales e inhabilitación para operar en sectores vinculados con la seguridad nacional.

El mundo libertario afronta los últimos meses de 2026 con la intención de no generar ruido en el Congreso de la Nación, a la espera de acumular victorias pero bajando el perfil en el “mientras tanto”.

La oposición había mostrado cierto ímpetu, pero no logra romper el acompañamiento de ciertos gobernadores ni de los dos partidos que hasta ahora nunca dejaron de apoyar al oficialismo, al menos por el momento.

Mientras los bloques opositores siguen buscando los 15 diputados que les permitan ir seguros y confiados a la sesión en la que buscan derogar el DNU 70/2023, el mundo libertario hace silencio y avanza, abordando los temas según su conveniencia.

“Todavía no tienen el número para rechazarlo y hay un tema con el decreto, porque adentro hay un montón de leyes. Estamos viendo qué hacen”, explicó un diputado libertario, que asegura que hay que dejar que el tiempo pase. “Nosotros tenemos nuestra agenda propia y tenemos que avanzar sin mirar eso, porque la llave para ellos —la oposición— está en los gobernadores, y ahí es la Casa Rosada la que negocia”, agregó.

El oficialismo muestra signos de profesionalización —lo que los libertarios denominaron “casta” en algún momento— y avanza en una estrategia en la que el Ejecutivo se ocupa de los gobernadores en una mezcla de temas, y los diputados de ir a las comisiones, entorpecer el debate cuando es ajeno y defenderlo cuando es propio.

“Los legisladores llegan a cada una de las comisiones con un texto en el que se les explica de qué se trata y con argumentos de defensa. Eso se repite en cada una de las comisiones. Además, como la bajada de línea fue que el que quiere hablar lo puede hacer en las comisiones, pero que en el recinto es otra cosa, muchos hablan para poder hacer los recortes”, agregó la misma fuente.

Además, avanzan en una agenda propia que hoy tiene el eje en la ley de Malvinas y en el Presupuesto 2027. En el caso de la primera, el miércoles vuelven a tener una reunión de comisión. La última terminó en escándalo y nada hace prever que la de esta semana sea diferente.

En cuanto al segundo tema, el oficialismo había previsto comenzar el debate del Presupuesto 2027 esta misma semana. Sin embargo, no convocaron a la comisión que comanda el diputado libertario Benegas Lynch.

En este escenario, lo que algunos observan es que el presidente Javier Milei pudo haber avanzado algo en la conversación con las provincias respecto de la posibilidad —o no— de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero no así en lo referido a la ley de ingresos y egresos del Estado nacional.

“Las obras son el eje del debate, y a esto hay que sumarle que los gobernadores quieren saber con qué fondos van a contar durante el año próximo”, reconoció un diputado opositor que no responde a su gobernador pero que mantiene buen diálogo con él.

Por ahora todos parecen jugar el juego del bloqueo. El mundo libertario quiere que la posibilidad de la oposición de avanzar en el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 se diluya en las próximas semanas. Los bloques que hoy ya están en la vereda de enfrente siguen intentando conseguir los votos y, en el medio, bloquear la ley de Malvinas, con la que el mundo libertario quiere avanzar. El Presupuesto es algo que hoy no parece estar en la agenda de nadie.

Unos 79 diputados de Nicaragua dejaron de sesionar y de asistir a las comisiones parlamentarias durante 63 días entre julio y septiembre de 2026, con sus salarios asegurados. La inactividad coincidió con las consultas de una reforma constitucional ordenada por el Régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

De los 91 legisladores que integran actualmente la Asamblea Nacional, una Comisión Especial de Carácter Constitucional, formada por 12 diputados, realizó consultas en distintos municipios. Según Confidencial.digital, los demás parlamentarios no tuvieron sesiones plenarias ordinarias ni reuniones de comisiones durante los dos períodos de pausa.

La falta de actividad se sumó a los recesos previstos por la ley. Si se agregan los descansos establecidos en el calendario legislativo, la mayoría de los diputados acumularía 112 días libres remunerados durante 2026, aunque no existe información oficial actualizada sobre sus salarios.

Los recesos legales agregan 49 días a la inactividad parlamentaria

La Ley Orgánica del Poder Legislativo establece un receso de unos 15 días entre julio y agosto, otro de 24 días desde el 16 de diciembre hasta el 8 de enero y diez días de vacaciones por Semana Santa. Esos períodos representan 49 jornadas sin actividad ordinaria.

La cifra se añade a los 63 días durante los cuales unos 79 diputados no sesionaron ni participaron en comisiones. La suma alcanza los 112 días de descanso remunerado proyectados para la mayoría de los integrantes del Parlamento.

No hay datos oficiales sobre el ingreso de los legisladores. Una publicación de La Prensa de 2018, citada por Confidencial.digital, calculó que cada diputado percibía 96,251.72 córdobas, una cifra equivalente a unos USD 3,522.8 al tipo de cambio actual y a siete salarios mínimos en Nicaragua.

La Constitución Política de Nicaragua establece que la Asamblea Nacional debe tener 92 diputados: 90 electos por voto popular y dos asignados al candidato presidencial que quedó segundo y a quien ejerció la Presidencia en el período anterior.

La reelección de Ortega y Murillo en las elecciones generales de 2021 dejó vacante la banca destinada al exmandatario. Por ese motivo, el Legislativo funciona con 91 diputados.

La primera suspensión comenzó con la lectura de la reforma

La primera interrupción de las sesiones comenzó el 28 de julio. Ese día, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, leyó la iniciativa de reforma de la denominada “Constitución chamuca” y anunció una primera ronda de consultas.

Los diputados no volvieron a reunirse hasta el 1 de septiembre. En esa jornada aprobaron la enmienda a mano alzada durante un acto realizado en León, en el occidente del país.

Durante agosto no se votó ninguna iniciativa de ley. Los legisladores solo fueron convocados a dos sesiones especiales: una el 22 de agosto, por la conmemoración de la toma del Palacio Nacional, y otra el 29 de agosto, por el 59 aniversario de la gesta heroica de Pancasán.

Al día siguiente de esa aprobación, Ortega y Murillo ordenaron una segunda etapa de consultas en un centenar de municipios. La nueva pausa parlamentaria comenzó el 3 de septiembre.

Las comisiones legislativas tampoco volvieron a reunirse durante ese lapso. Además, no se presentó ninguna ley ni decreto para discusión y aprobación.

Antes de esa interrupción, la última norma aprobada fue la Ley Creadora de la Dirección General de Transporte Acuático como ente descentralizado del Estado de Nicaragua. La disposición entregó al Ejército el control del transporte acuático y redujo las facultades del Ministerio de Transporte e Infraestructura.

Doce legisladores realizaron las consultas sobre la reforma constitucional

La Comisión Especial de Carácter Constitucional que llevó adelante las consultas estuvo integrada por 12 diputados. Entre ellos estuvieron los miembros de la junta directiva Gustavo Porras, Arling Alonso, Amada Pineda, Loria Raquel Dixon y Wilfredo Navarro, todos sandinistas.

También participaron María Haydeé Osuna, del Partido Liberal Constitucionalista, y Alejandro Mejía Ferreti, de la Alianza Liberal Nicaragüense. La nómina incluyó a los jefes de bancada Edwin Castro, del Frente Sandinista de Liberación Nacional; Lester Flores, del Partido Liberal Constitucionalista; y Mario Asensio, del Partido Liberal Independiente.

El grupo se completó con la presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, María Auxiliadora Martínez, y el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, Wálmaro Gutiérrez. Ambos pertenecen al Frente Sandinista de Liberación Nacional.

La segunda ronda de consultas empezó oficialmente el 9 de septiembre en La Trinidad, Estelí. Hasta el 29 de ese mes, la comisión había realizado 15 encuentros con representantes de 33 municipios de Estelí, Matagalpa y Chinandega.

Alonso afirmó ante Confidencial.digital que la primera fase incluyó 31 reuniones con distintos sectores durante 36 días. La vicepresidenta de la Asamblea Nacional no mencionó que en esos encuentros participaron familiares de Ortega y Murillo y funcionarios subordinados a la pareja gobernante, según informó el medio.

De acuerdo con la publicación, entre los asistentes hubo cinco hijos, una nuera y un consuegro de los copresidentes. También participaron decenas de funcionarios vinculados al aparato estatal bajo su control.

El Parlamento volvió para aprobar un decreto sobre inteligencia artificial

Los diputados retornaron a la Asamblea Nacional el 29 de septiembre. En esa sesión aprobaron, mediante trámite urgente, un decreto sobre el establecimiento de la Organización Mundial para la Cooperación en Inteligencia Artificial.

La junta directiva dispensó el plazo de 48 horas de anticipación exigido para presentar iniciativas de ley. Esa decisión permitió que el texto fuera llevado directamente a discusión y aprobación.

La reanudación del pleno ocurrió mientras continuaban las consultas constitucionales en municipios de Estelí, Matagalpa y Chinandega. La actividad legislativa ordinaria había quedado suspendida durante la segunda etapa de ese proceso.

“Dependemos del clima social para empujar a algunos bloques”. A dos semanas de la sesión especial en la que se tratará la derogación del mega DNU 70, la emergencia en discapacidad y los proyectos sobre mora y endeudamiento, la oposición todavía está lejos de tener el quórum garantizado y varios bloques provinciales especulan con su silencio.

Al igual que sucederá con otros debates clave, como la eliminación de las PASO y el Presupuesto 2027, los gobernadores -especialmente los del norte- tendrán la palabra final. Pero muchos de ellos estuvieron recorriendo París junto al presidente Milei y en las filas del oficialismo reina el optimismo.

“No tienen los números, de ninguna forma”, calculan los libertarios. La convocatoria estuvo respaldada por Unión por la Patria (92), un sector de Provincias Unidas (8), el Frente de Izquierda (4), Primero San Luis (2), la Coalición Cívica (2), Encuentro Federal (2), Defendamos Córdoba (1) y Coherencia (1). Una base de 112 a la cual los más optimistas suman tres diputados misioneros de Argentina Federal y otros cinco cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora. “Están complicados para no dar quórum porque la senadora Vigo -del mismo espacio- estuvo muy activa con el tema de la venta de tierras y en Córdoba la movilización fue tremenda”, señalaron.

Por su parte, el oficialismo también ronda las 120 voluntades: La Libertad Avanza (95), PRO (12), UCR (6), MID (2), Producción y Trabajo (2), Por Santa Cruz (1), La Neuquinidad (1) y Adelante Buenos Aires (1).

Ante este panorama, los votos definitorios serán los de Independencia (3), que responden directamente al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo, Elijo Catamarca (3), con terminal en Raúl Jalil, y Argentina Federal (5), donde pisa fuerte el salteño Gustavo Sáenz. Por eso en la oposición observaron con preocupación el clima amistoso y las selfies que Jaldo y Sáenz se tomaron con Milei y Luis Caputo en París, durante la Argentina Week. “¿Vos pensas que los que están en Francia con Milei van a volver para ir en contra del Gobierno?”, planteó un diputado que ponía en duda que la oposición llegue al quórum.

Si bien los libertarios aclaran que la estrategia parlamentaria se terminará de definir el próximo martes en la reunión de la Mesa Política, entre las opciones disponibles se destacan volver a incluir un capítulo de Tierras en la ley de Propiedad Privada que tuvo media sanción del Senado o presentar un texto aparte que se trataría en una eventual sesión el 21 de octubre, junto a los proyectos de endeudamiento y discapacidad.

El oficialismo consiguió quedarse con los dictámenes de mayoría tanto en endeudamiento como en discapacidad y con algunas concesiones podría asegurarse una mayoría en ambos temas, esto también serviría para desinflar la sesión opositora.

De hecho, entre los bloques que apoyaron con disidencias la propuesta de LLA en Discapacidad no ocultaban su enojo con la oposición más dura por haber mezclado los temas en una misma sesión. “Están usando una causa noble para asegurarse el quórum”, lamentaron.

Por otro lado, los libertarios consideran que la discusión sobre la venta de tierras a extranjeros perderá intensidad a raíz de una novedad anunciada por el Gobierno desde Francia.

Según explicaron, el Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, a través del cual los extranjeros que acrediten haber realizado inversiones relevantes en el país podrán solicitar la ciudadanía argentina, hace que la ley de tierras “no tenga sentido”.

Esta iniciativa, presentada por Luis Caputo y Diego Santilli durante un encuentro de Argentina Week, habilitará trámites desde el cuarto trimestre de 2026 y destinará los recursos recaudados a reforzar la posición fiscal y financiera nacional. Quienes completen el trámite también obtendrán el pasaporte argentino.

Los solicitantes podrán optar entre realizar un aporte directo, no reembolsable, al Tesoro Nacional de USD 350.000 o suscribir un título público a tasa cero creado específicamente para el programa por USD 800.000.

“Con esta medida cualquier extranjero podría tener nuestra ciudadanía y comprar tierra de manera ilimitada. Además le significará un problema a los argentinos que viajen a Europa. La Unión Europea ya había advertido que de suceder esto, impondría un visado a los argentinos, porque nacionalidades que hoy no pueden entrar sin visa a Europa, lo podrían hacer comprando nuestra ciudadanía”, publicó en sus redes sociales la diputada peronista Florencia Carignano, ex directora nacional de Migraciones.

A partir de este martes, el oficialismo comenzará a mostrar sus cartas y la oposición enfrentará el desafío de mantener el tema candente en la opinión pública para fomentar la movilización social.

El Tribunal Electoral (TE) lanzó una fuerte advertencia a la Asamblea Nacional y rechazó categóricamente varios de los cambios introducidos al proyecto que reforma el Código Electoral, al considerar que representan retrocesos para el sistema panameño.

El organismo aseguró que no respaldará medidas que pongan en peligro la democracia, la equidad ni la transparencia de las elecciones generales de 2029.

En un comunicado firmado por los magistrados Narciso Arellano, Luis Guerra y Alfredo Juncá, el TE hizo un llamado a los diputados de todas las bancadas para actuar con prudencia.

Aunque reconoció que la Asamblea posee la facultad constitucional de discutir, aprobar o rechazar las leyes, pidió que el interés general prevalezca sobre intereses particulares durante el debate.

El organismo recordó que entregó al Legislativo una propuesta sustentada en los principios de participación, transparencia, equidad y rendición de cuentas, resultado del proceso desarrollado después de las elecciones de 2024.

Para los magistrados, el texto contenía avances importantes que fueron alterados durante su discusión en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

El proyecto original fue construido después de meses de discusiones en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), donde participaron partidos, representantes de la libre postulación, organizaciones ciudadanas, universidades e instituciones públicas.

De ese proceso surgieron las modificaciones presentadas formalmente por el TE ante la Asamblea para establecer las reglas de los comicios de 2029.

Sin embargo, el documento experimentó una profunda transformación durante el primer debate legislativo. Al proyecto original se le eliminaron artículos, se incorporaron nuevas disposiciones y otras fueron modificadas, mientras el propio Tribunal Electoral advirtió que algunos de esos cambios alteran aspectos fundamentales de la propuesta elaborada previamente.

Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con el dinero privado que puede ingresar a las campañas electorales.

Entre las modificaciones aparece el aumento de los límites permitidos para determinadas candidaturas a diputados y alcaldes, una decisión cuestionada porque puede modificar las condiciones económicas bajo las cuales competirán los aspirantes en 2029.

Los cuestionamientos van más allá de cuánto dinero podrá utilizarse. Diferentes sectores han advertido sobre los controles aplicables al financiamiento político y la obligación de transparentar ingresos y gastos electorales, asuntos especialmente sensibles ante el incremento de los montos. Para el TE, la transparencia en el uso de recursos constituye uno de los principios centrales de la reforma.

Otro cambio objetado por el Tribunal permitiría que una persona elegida para dos cargos conserve simultáneamente la titularidad de ambos, aunque solamente ejerza uno en determinado momento.

La institución incluyó esta modificación entre las disposiciones que considera contrarias a los avances que pretendía introducir el proyecto original de reformas electorales.

La reforma también modifica las condiciones aplicables a funcionarios públicos que aspiran a puestos de elección popular. El TE cuestionó la extensión de los períodos durante los cuales podrían permanecer en sus posiciones antes de separarse para competir, debido a que las reglas deben garantizar condiciones equitativas entre quienes participan en una elección.

La libre postulación constituye otro de los focos de disputa. Las modificaciones introducidas durante el primer debate endurecen determinadas condiciones para quienes buscan competir fuera de los partidos políticos, mientras también cambian requisitos relacionados con organizaciones en formación.

El asunto adquiere relevancia ante el crecimiento de candidaturas independientes registrado en los últimos procesos electorales.

Entre los cambios cuestionados figura el aumento del porcentaje de firmas requerido para determinadas candidaturas por libre postulación, así como modificaciones relacionadas con la conformación de nuevos partidos.

Estas disposiciones han provocado críticas porque elevan las exigencias para ciudadanos y organizaciones que buscan ingresar al sistema político sin estructuras partidarias consolidadas.

La controversia alcanza igualmente la manera como se desarrolló el primer debate. Diputados independientes denunciaron que decenas de modificaciones fueron sometidas a votación sin una discusión individual suficientemente amplia, mientras los responsables de conducir la comisión han defendido el procedimiento utilizado. El trámite terminó trasladando esas diferencias al pleno de la Asamblea.

El documento enviado desde la Comisión de Gobierno también presentó posteriormente inconsistencias relacionadas con disposiciones aprobadas durante el primer debate. Una de ellas involucró un artículo sobre libre postulación, luego de detectarse que el texto remitido no correspondía completamente con lo votado, situación que añadió nuevos cuestionamientos al proceso legislativo.

El proyecto presentado inicialmente por el TE buscaba actualizar la fiscalización, fortalecer los derechos políticos y mejorar las condiciones de competencia electoral, además de modificar asuntos relacionados con adjudicación de curules, financiamiento y participación.

Su propósito declarado era fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en las elecciones que se celebrarán en 2029.

Ahora será el pleno de la Asamblea donde puedan corregirse, mantenerse o eliminarse las modificaciones aprobadas durante el primer debate. El proyecto de ley 699 todavía debe completar su trámite legislativo, por lo que las reglas definitivas que regirán las próximas elecciones generales aún pueden cambiar durante las siguientes discusiones.

El Tribunal Electoral cerró su pronunciamiento haciendo un llamado a la Asamblea Nacional para pensar primero en la institucionalidad del proceso electoral y en el beneficio de los ciudadanos. Con su comunicado, los magistrados dejaron marcada una posición pública frente a cambios que consideran perjudiciales para la equidad y transparencia de los comicios de 2029.

En el oficialismo afirman que “se vienen 14 días clave”. A partir del fallo de la Corte Suprema por la Ley de Tierras, la oposición en la Cámara de Diputados convocó a una sesión para derogar el DNU 70/2023, discusión que busca ser empalmada con los proyectos de endeudamiento y discapacidad.

Ambas iniciativas habían reunido la venia de 133 legisladores y los principales impulsores opositores al Gobierno buscan convencer a este mismo bloque de que mantenga la misma postura para eliminar el megadecreto, que en su artículo 154 derogó los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

El Gobierno se encuentra así ante una situación límite en la que no existen márgenes para el error. Esa medida fue la base para las desregulaciones económicas que posteriormente realizó la Casa Rosada.

Los decretos de necesidad y urgencia solo pueden revertirse en su totalidad y si la oposición más dura lo consigue, volverán a estar vigentes leyes que el presidente Javier Milei derogó al comienzo de su mandato como la Ley de Alquileres y la Ley de Góndolas.

También se caería la implementación de cielos abiertos, la eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga, la desregulación de los servicios de internet satelital y hasta la autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas.

“Por eso no es opción para nosotros que se caiga el DNU”, sintetiza una fuente inobjetable de la Casa Rosada a Infobae. Dado que la oposición planea juntar una gran cantidad de adhesiones, en el área política del oficialismo ya prevén que la única forma que tienen de bloquear cualquier tipo de derogación del DNU es con el apoyo de los aliados.

El fallo de la Corte Suprema se dio a conocer horas después de que se produjera la reunión de Mesa Política del último martes. Allí, tanto el jefe de Gabinete, Diego Santilli, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dieron un panorama respecto de las adhesiones que podría haber para la suspensión de las PASO. Las perspectivas eran más positivas que negativas.

Días antes, el ministro coordinador ya había expresado en conversaciones privadas que en las próximas dos o tres semanas debían empezar a cerrarse y comunicarse algunos de los acuerdos con oficialismos provinciales, todo a los fines de poder tratar esa reforma política en el Congreso.

El plazo puesto por la oposición para tratar el DNU en el recinto podría acelerar las conversaciones. Ayer por la noche, Santilli se reunió en París con los 12 gobernadores que acompañaron a la comitiva nacional al Argentina Week.

“Pidió apurar los acuerdos, obviamente apuntando a los acuerdos electorales”, contaron de una provincia que ya hizo una alianza electoral con La Libertad Avanza el año pasado. La respuesta y el planteo de varios de ellos, según cuentan, fue el siguiente: “¿Qué ofrecés?“.

Varios mandatarios dieron pistas sobre sus intenciones de aliarse con el oficialismo de cara al año próximo. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sostuvo en diálogo con Bloomberg Línea que “el gobierno puede ser validado electoralmente en el 2027 en una primera vuelta si hace buenas alianzas con 10, 12 gobernadores”. Y agregó que, con “un buen anclaje territorial con esos gobernadores, puede ganar en primera vuelta” y que eso “puede despejar esos fantasmas del riesgo político”.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, coincidió en que los 13 mandatarios que participaron de la Argentina Week comparten la idea de sostener el rumbo del Gobierno. Consultado en Radio Mitre sobre si sus colegas acordaban en no regresar a políticas anteriores, respondió sin rodeos: “Sin dudas. Esa idea de que el camino del populismo ya lo probamos muchas veces, por lo menos en estos últimos 50 años, y no ha dado resultado”. En diálogo con El Cronista, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, coincidió y dijo que “más allá del esfuerzo que hace La Libertad Avanza, no queremos que el péndulo político ocurra cada cuatro años”.

La estrategia del Gobierno

Mientras se dilucida si el oficialismo podrá acelerar el armado de alianzas electorales, en el oficialismo de la Cámara de Diputados se mantienen optimistas sobre una de las alternativas que surgió en los últimos días: la de insertar la Ley de Tierras dentro de la Ley de Soberanía Nacional (el paquete de medidas anunciado por Milei en cadena nacional y vinculado a la causa Malvinas).

Una fuente inobjetable de la Mesa Política aseguró a Infobae: “No van a tener quórum”. No se trata de una lectura definitiva, pero sí creen que el escenario más probable puede ser ese.

Otros son más fatalistas y reiteró que las negociaciones van a ser particularmente complejas en los diálogos con los gobernadores y que estos se van a tratar de hacer valer: un caso podría ser el de Misiones, ya que el DNU 70/23 disuelve el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). “Se van a tratar de hacer valer los misioneros para hacer valer su voto, porque por esos motivos tienen incentivos para que se caiga”, afirman.

Aunque la idea del Gobierno había sido originalmente instaurar la compra irrestricta de terrenos rurales para extranjeros, cuando llegó el turno de negociar en el Senado, se terminaron de bajar las pretensiones a un límite cercano al 20%. Dada la presión social que se generó por el reciente fervor nacionalista post-Mundial, los aliados no se vieron con incentivos para acompañar y La Libertad Avanza debió dar de baja ese capítulo del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Los estrategas del oficialismo habían pensado días atrás en volver a instalar esa discusión con el proyecto de Inviolabilidad que tiene media sanción. Es decir, proponer su inserción en las comisiones y dar una salida a los aliados que no quieren acompañar al kirchnerismo, a la izquierda y otros bloques.

Fue el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto quien terminó dando una alternativa que el Gobierno vio con gusto: la de incluirla en la Ley de Soberanía. “No se puede hablar de soberanía y dejar abierta la venta de tierras a cualquier extranjero, sin límite”, publicó en su cuenta de X. Lo curioso es que ese histórico legislador fue uno de los que firmaron la convocatoria para la sesión del próximo 15 de octubre.

Será tarea de los estrategas libertarios dar los suficientes incentivos a los opositores que no están de acuerdo con derogar el DNU, pero que no quieren que la Ley de Tierras siga derogada o sin vigencia.

La propuesta, firmada por la diputada Silvana Giudici y acompañada por el resto del bloque, plantea apartar al legislador de Unión por la Patria por “desorden de conducta” en el ejercicio de sus funciones, apelando al artículo 66 de la Constitución Nacional. Los libertarios acusan al dirigente social de haber agraviado a autoridades del plenario y a sus pares diputados, además de haber incitado a una confrontación física que derivó en la interrupción de la reunión.

El tenso episodio tuvo lugar en un plenario de comisiones donde comenzó a tratarse el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas. Todo comenzó cuando la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, hacía uso de la palabra para exponer sus diferencias con la iniciativa impulsada por Milei. Mientras hablaba, fue increpada por el legislador santacruceño Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza, quien cuestionó su posición desde su banca. Fue en ese momento cuando Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y diputado de Unión por la Patria, se levantó de su lugar, caminó por el pasillo y encaró a Guzmán. El cruce derivó en un forcejeo con manotazos entre ambos legisladores.

Grabois luego se dirigió hacia el libertario Carlos Zapata, quien presidía el plenario de la Comisión de Defensa, para exigirle que interviniera y llamara la atención a Guzmán. “Manga de chorros, sorete de mierda, vende patria”, lanzó el diputado kirchnerista mientras se alejaba del estrado.

Para sumar leña al fuego, el diputado tucumano Gerardo Huesen, de La Libertad Avanza, a su turno le gritó “enano”. Grabois lo desafió a repetirlo en persona, y Huesen respondió con gritos de “cagón” mientras agitaba la mano. “Repetilo, repetilo”, insistía Grabois, en un cruce que la diputada Cecilia Moreau intentó frenar sin éxito inmediato.

El enfrentamiento entre Grabois y Huesen llegó a un punto en que ambos quedaron cara a cara ante la mirada del resto de los presentes. Los diputados Agustín Rossi y Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, junto con el libertario Álvaro Martínez, intentaron contener la situación, aunque no lograron evitar el careo directo entre los dos legisladores.

Ya calmada esa instancia, Grabois volvió a dirigirse a la bancada oficialista entre gritos: “Cierren el orto y dejen hablar a los demás. ¿Agradado de qué? Tienen la Corte comprada, todo comprado”.

Algunas horas más tarde, sobre el final del plenario ocurrió un nuevo cruce entre Juan Grabois, la diputada libertaria Juliana Santillán y el titular de la comisión de Defensa Carlos Zapata.

El dirigente social comenzó su discurso señalando que el presidente Javier Milei es admirador de Margaret Thatcher, quien fue primer ministro británica durante la guerra de Malvinas, pero la diputada libertaria comenzó a recriminarle que no podía leer su exposición.

“No estoy leyendo, tontita”, contestó Grabois. El insulto generó la intervención de Carlos Zapata que lo reprendió. “No voy a pedir disculpas, es tonta, no la estoy insultando, la estoy describiendo”, continuó Grabois. Zapata luego de apagó el micrófono para que se calmen los ánimos y terminó por levantar la reunión. “Dejá de apagarme el micrófono, facho de mierda. Tomate el palo, Chapatín”, continuó el diputado de UxP, en referencia al personaje de Chespirito.

“Esta Honorable Cámara no puede permitir que la provocación y el amedrentamiento sustituyan a la discusión legislativa. Sancionar con la exclusión al diputado Juan Grabois resulta imprescindible para sentar un límite claro, garantizar la continuidad del trabajo parlamentario y preservar la operatividad de este Congreso”, concluye el proyecto de los libertarios que busca echar a Grabois de la Cámara baja.

Qué dice el artículo 66 de la Constitución Nacional

El proyecto de resolución sostiene que la conducta atribuida a Grabois excedió la discusión política y afectó el trabajo parlamentario. En ese sentido, propone su exclusión del cuerpo por considerar que hubo un desorden de conducta durante el ejercicio de su mandato.

El artículo 66 de la Constitución establece: “Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos”.

Dado que el peronimo tiene más de un tercio de los escaños (92 miembros), resulta matemáticamente imposible que el oficialismo pueda remover a Grabois de su banca.

Diferentes bloques de la oposición convocaron para el jueves 15 de octubre a una sesión especial en la Cámara de Diputados con un temario extremadamente incómodo para el oficialismo. En primer lugar, tras la polémica que desencadenó el fallo de la Corte Suprema que liberalizó por completo la venta de tierras a extranjeros, la oposición buscará derogar definitivamente el mega DNU 70/2023, que desreguló amplios sectores de la economía.

Además, los opositores apuestan a sumar masa crítica que garantice el quórum con la inclusión de otros dos temas sensibles: la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos para aliviar la situación de los endeudados.

La convocatoria a la sesión especial lleva la firma de diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal y monobloques como el de Natalia de la Sota y Marcela Pagano, por lo que todavía falta sumar cerca de 20 votos, principalmente de espacios que responden directamente a los gobernadores. Todos ellos se encuentran en París, junto al presidente Milei, en el marco de la Argentina Week que se celebra en ese país para buscar inversiones.

Ante la consulta de Infobae, diputados de los bloques del “centro” reconocieron que los votos no están asegurados para imponerse en ninguno de los tres temas. No obstante, destacaban la importancia de no dejar pasar mucho tiempo para capitalizar que la problemática de la venta de tierras a extranjeros volvió a quedar en el centro del debate público.

Pero al mismo tiempo, desde el bloque Argentina Federal (Salta Misiones) dejaron trascender su enojo con la oposición por “utilizar la causa noble de los discapacitados para asegurarse el quórum”. En ese sentido, adelantaron que el bloque podría dividirse según intereses provinciales.

La resolución de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la ley de tierras, tomó por sorpresa incluso al Gobierno. Pero ahora buscan alternativas para correr de la discusión la validez del mega decreto.

El mega DNU 70 ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero la oposición nunca logró un consenso suficientemente amplio para darle el golpe de gracia en la Cámara de Diputados. Pero al nunca haber convocado a una sesión para tratar el tema, la posibilidad quedó abierta.

Entre otros puntos, el decreto eliminaba una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogaba las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberaba las tasas bancarias y los precios de las prepagas; y desregulaba el mercado aéreos y la venta de tierras.

Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advierten que la derogación total del DNU 70 generará un caos administrativo y procesal. Por ejemplo, que reinstaure la Ley de Alquileres o vuelva a intervenir las cuotas de las prepagas.

En ese sentido, ya trabajan en diferentes estrategias para bloquear la arremetida opositora. Según dejaron trascender, una posibilidad sería volver a incluir un capítulo de Tierras en la ley de Propiedad Privada que tuvo media sanción del Senado y ahora deberá discutirse en Diputados. De esta forma le darán una salida a los gobernadores aliados y los bloques dialoguistas para sentar posición sobre la venta de tierras a extranjeros sin tener que avanzar contra el DNU 70. Otra posibilidad similar sería incluir un nuevo capítulo en la ley de Defensa de la Soberanía que empezó a tratarse este miércoles en comisión. Esa fue la sugerencia que hizo Miguel Ángel Pichetto a través de las redes sociales.

Endeudamiento

Durante el debate en comisión el oficialismo, junto a sus aliados, se quedó con el dictamen de mayoría y su proyecto será debatido primero en una eventual sesión. La propuesta del oficialismo, en línea con la postura de la Casa Rosada, que calificó el problema del endeudamiento como un “tema entre privados”, apunta a elevar los niveles de educación financiera, aportar mayor información para los consumidores -claridad en las tasas y costos financieros- y prevención del sobreendeudamiento. En ningún caso se prevén topes en las tasas, descuentos de capital o intereses, o costos para el Estado.

En cambio, la oposición quedó dividida en dos posturas sin lograr unificar criterios. El peronismo, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas -el cordobés Ignacio José Garcia Aresca decidió ausentarse para no firmar el dictamen- propone declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicará la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total.

Además, quienes adhieran al régimen de refinanciación podrán pagar en hasta 12 cuotas sin sanciones por cancelación anticipada, pero las cuotas no podrán superar el 30% de sus ingresos. También se eliminarán todos los intereses punitorios para quienes ya hayan ingresado en mora.

Por su parte, el proyecto de Argentina Federal (Misiones y Salta) propone declarar la emergencia social y económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros en todo el país por un año, con posibilidad de prórroga por otro año. Durante ese período se fija un límite a los intereses que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades que presten dinero para consumo a personas. El tope será 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.

También crea un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal para quienes destinan al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de cuotas, débitos o retenciones y perciben hasta 10 salarios mínimos. La iniciativa contempla refinanciaciones con una Tasa Nominal Anual fija de hasta 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y sin comisiones ni gastos administrativos.

Durante la sesión del próximo 15 de octubre se pondrá en debate en primer lugar el proyecto oficialista y la oposición deberá primero sumar más votos para rechazarlo. Recién ahí se discutirán los textos alternativos.

Emergencia en Discapacidad

Las negociaciones en torno a la reforma en el área de Discapacidad generaron fuertes turbulencias y pases de factura internos en el Gobierno. La polémica se desató cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Presupuesto 2027 que contenía un fuerte ajuste en el área de discapacidad. Ese ajuste no tenía ningún punto de contacto con las negociaciones que La Libertad Avanza estaba llevando adelante en el Congreso con aliados y gobernadores.

Tras dos semanas de tensión, que incluyeron algunos desplantes entre los integrantes de la Mesa Política, los libertarios borraron de un plumazo el texto original que envió la Casa Rosada y llegaron a un consenso con los bloques aliados.

La nueva iniciativa retoma gran parte de la ley de Emergencia en Discapacidad como el nomenclador único para prestaciones, su actualización por inflación, la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía para obtener una pensión. Sin embargo, ahora todas las partidas estarán incluidas en el Presupuesto y no dependerán de las reasignaciones que defina la Jefatura de Gabinete.

El dictamen representó una clara victoria política porque contó con el acompañamiento de bloques aliados y gobernadores. Si bien hubo acompañamientos “en disidencia”, como los misioneros y salteños de Argentina Federal, el apoyo de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo (San Juan), el MID y La Neuquinidad le garantizarían cerca de 127 votos, por lo que los libertarios no deberán hacer grandes esfuerzos para sumar las dos voluntades que restan para llegar a la mayoría simple. De esta forma, la embestida de la oposición dura, que impulsaba la prórroga por un año de la Emergencia, quedó virtualmente neutralizada.

No obstante, desde la oposición advierten que la forma en la que quedaron redactados los artículos esconden las verdaderas intenciones del oficialismo. Puntualmente, plantean que el artículo 5 separa la invalidez laboral de la discapacidad como vías distintas de acceso (“imposibilitada para trabajar, o con discapacidad que posea CUD”). Por lo tanto, “consolida dos pensiones: por invalidez laboral y por discapacidad”, con diferente acceso al programa Incluir Salud. Por lo tanto, su proyecto se limita a prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad vigente.

La ambigüedad de la redacción fue advertida incluso por los aliados del Gobierno que firmaron el dictamen. De hecho, exigieron que se aclaren todas posibles interpretaciones como condición para acompañar. Hasta el momento no recibieron respuesta de La Libertad Avanza.

La tensión escaló cuando la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, hacía uso de la palabra para exponer sus diferencias con el proyecto oficialista. Mientras hablaba, fue increpada por el legislador santacruceño Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza, quien cuestionaba su posición desde su banca.

Fue en ese momento cuando Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y diputado de Unión por la Patria, se levantó de su lugar, caminó por el pasillo y encaró a Guzmán. El cruce derivó en un forcejeo con manotazos entre ambos legisladores.

Tras el primer altercado, Grabois se dirigió hacia el libertario Carlos Zapata, quien presidía el plenario de la Comisión de Defensa, para exigirle que interviniera y llamara la atención a Guzmán. “Manga de chorros, sorete de mierda, vende patria”, lanzó el diputado kirchnerista mientras se alejaba del estrado.

Pero la reacción no tardó: el diputado tucumano Gerardo Huesen, de La Libertad Avanza, le dijo “enano”. Grabois lo desafió a repetirlo en persona, y Huesen respondió con gritos de “cagón” mientras agitaba la mano. “Repetilo, repetilo”, insistía Grabois, en un cruce que la diputada Cecilia Moreau intentó frenar sin éxito inmediato.

El enfrentamiento entre Grabois y Huesen llegó a un punto en que ambos quedaron cara a cara ante la mirada del resto de los presentes. Los diputados Agustín Rossi y Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, junto con el libertario Álvaro Martínez, intentaron contener la situación, aunque no lograron evitar el careo directo entre los dos legisladores.

Ya calmada esa instancia, Grabois volvió a dirigirse a la bancada oficialista entre gritos: “Cierren el orto y dejen hablar a los demás. ¿Agradado de qué? Tienen la Corte comprada, todo comprado”.

Minutos después del incidente, Grabois publicó un mensaje en la red social X en el que profundizó sus cuestionamientos al oficialismo. “Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo”, escribió el dirigente social.

“Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas…”, contestó el propio Javier Milei junto a un video de Grabois.

El plenario terminó con insultos

El plenario finalizó abruptamente luego de un nuevo cruce entre Juan Grabois, la diputada libertaria Juliana Santillán y el titular de la comisión de Defensa Carlos Zapata.

El dirigente social comenzó su discurso señalando que el presidente Javier Milei es admirador de Margaret Thatcher, quien fue primer ministro británica durante la guerra de Malvinas, pero la diputada libertaria comenzó a recriminarle que no podía leer su exposición.

“No estoy leyendo, tontita”, contestó Grabois. El insulto generó la intervención de Carlos Zapata que lo reprendió. “No voy a pedir disculpas, es tonta, no la estoy insultando, la estoy describiendo”, continuó Grabois. Zapata luego de apagó el micrófono para que se calmen los ánimos y terminó por levantar la reunión. “Dejá de apagarme el micrófono, facho de mierda. Tomate el palo, Chapatín”, continuó el diputado de UxP, en referencia al personaje de Chespirito.

El Senado aprobó la reforma constitucional de nacionalidad única. El pleno la avaló en lo general con 86 votos a favor y 42 en contra, la mayoría calificada requerida. Antes, la Cámara de Diputados la había aprobado el 22 de septiembre con 344 votos a favor, 115 en contra y una abstención (otros medios reportan 116 en contra).

¿Qué establece la reforma?

Modifica los artículos 82, 116 y 122 para que quien busque la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno sea mexicano por nacimiento y no tenga otra nacionalidad; si la tiene, deberá renunciar antes de registrarse.

• Quién queda fuera del alcance: el dictamen se dirige a tres cargos específicos y no se extiende al conjunto de cargos públicos.
• Cuándo aplica: a partir del proceso electoral de 2028, sin alcanzar a quienes ya estén en el cargo.
• Qué falta: el Ejecutivo anticipó reformas posteriores a la Ley de Nacionalidad para definir cómo se acreditará el requisito, además del resto de la ruta constitucional.

Legisladores con doble nacionalidad y su voto

Javier Corral y Ricardo Sheffield, senadores de Morena nacidos en Estados Unidos, votaron a favor. Sobre Corral, un documento de los panistas Simón Levy y Raúl Torres cita el expediente SUP-RAP-110/2024, en el que la Sala Superior del TEPJF acreditó que nació en El Paso y tiene nacionalidad estadounidense por nacimiento. Sheffield dijo en tribuna que nació en California, pero negó tener la nacionalidad estadounidense.

Jasmine Bugarín, senadora con licencia del PVEM por Nayarit, es otro de los casos que surgieron en el debate sobre la nacionalidad única. Nació el 27 de octubre de 1986 en California, Estados Unidos. El 28 de septiembre, Morena la designó coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, rumbo a la elección de gubernatura de 2027.

Este 30 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Morena y a la propia Bugarín aclarar su situación. Horas después, Bugarín difundió un comunicado en X en el que afirma que, hace años, realizó ante la SRE trámites para renunciar a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, en particular a EU. Hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente el alcance de ese trámite ni si implica la renuncia a la nacionalidad estadounidense.

Aspirantes y exgobernadores mencionados

• Marcelo Ebrard (secretario de Economía): el 22 de septiembre, en la sesión de Diputados, el coordinador del PAN, Elías Lixa, dijo que el dictamen tendría como destinatario a Ebrard. Añadió que “ha trascendido”, sin asegurar que fuera cierto, que el funcionario tendría nacionalidad francesa. Hasta el momento no hay confirmación oficial ni una postura pública de Ebrard. Morena ha sostenido que la reforma no tiene un destinatario específico.

• Ricardo Salinas Pliego: el 27 de agosto insinuó en redes tener doble nacionalidad; el 28 de septiembre lo negó.

• Francisco García Cabeza de Vaca (exgobernador de Tamaulipas): nació en McAllen, Texas. El diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna difundió en febrero un documento que, según explicó, el exgobernador presentó ante el INE para acreditar su renuncia a la nacionalidad estadounidense.

Argumentos de cada postura

Morena y sus aliados sostienen que la medida garantiza una lealtad única en los principales cargos ejecutivos y protege la soberanía. PAN, PRI y MC cuestionaron que otra nacionalidad sirva como criterio de lealtad y señalaron las consecuencias para mexicanos con vínculos migratorios. Legisladores de oposición y columnistas plantearon que la reforma tendría destinatarios específicos (Salinas Pliego o Ebrard); la mayoría oficialista sostiene que solo aplica a quien busque esos cargos.

La resolución de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la ley de tierras, generó un cimbronazo político que tomó por sorpresa incluso al Gobierno. Ahora, la oposición busca aprovechar el revuelo que generó la liberación total de la venta de tierras a extranjeros para volver a la carga con la derogación del mega decreto que desreguló amplios sectores de la economía al inicio de la gestión de Milei.

El mega DNU 70 ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero la oposición nunca logró un consenso suficientemente amplio para darle el golpe de gracia en la Cámara de Diputados. Pero al nunca haber convocado a una sesión para tratar el tema, la posibilidad quedó abierta.

En aquel momento, los bloques dialoguistas y los gobernadores jugaron en sintonía con el Gobierno para evitar la derogación. Uno de los principales argumentos era que había que darle al Gobierno “las herramientas necesarias” para llevar adelante su plan de gestión y además el decreto derogaba, entre otros puntos, leyes cuestionadas como la de alquileres.

Ahora, desde Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas buscarán capitalizar la trascendencia pública que alcanzó el rechazo a la venta ilimitada de tierras a extranjeros y la derrota que sufrió el oficialismo en el Senado (tuvo que quitar el capítulo entero del paquete de Inviolabilidad de la Propiedad Privada) para derogar todo el DNU 70.

El mega decreto eliminaba una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, eliminaba las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberaba las tasas bancarias y los precios de las prepagas; y desregulaba el mercado aéreos y la venta de tierras.

Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advierten que la derogación total del DNU 70 generará un caos administrativo y procesal. En ese sentido, ya trabajan en diferentes estrategias para bloquear la arremetida opositora. Según dejaron trascender, una posibilidad sería volver a incluir un capítulo de Tierras en la ley de Propiedad Privada que tuvo media sanción del Senado y ahora deberá discutirse en Diputados. De esta forma le darán una salida a los gobernadores aliados y los bloques dialoguistas para sentar posición sobre la venta de tierras a extranjeros sin tener que avanzar contra el DNU 70. Otra posibilidad similar sería incluir un nuevo capítulo en la ley de Defensa de la Soberanía que empezó a tratarse este miércoles en comisión.

Por su parte, la oposición evalúa convocar a una sesión el próximo miércoles 7 de octubre o el 14. Muchos consideran que es vital aprovechar el shock político que generó el fallo de la Corte, pero otros advierten que la semana que viene podría haber algunas ausencias clave ya que muchos viajarán a Brasil por las elecciones presidenciales.

“Hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros. Los objetivos son claros: pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”, planteó Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria.

En la misma línea, Martín Lousteau dijo: “En agosto, la movilización social y el rechazo político frenaron en el Senado el proyecto que buscaba poner límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Ayer, la Corte volvió a dejar vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, que habilita la compra de tierras sin los límites que el Senado buscó establecer. En 2024 voté en el Senado contra el DNU 70/2023 porque es inconstitucional. Lo sigue siendo. Ahora, en Diputados tenemos la oportunidad de revertirlo”.

“El DNU que contiene la derogación de la prohibición de límites de compra de tierras a extranjeros es de nulidad absoluta y debe ser rechazado inmediatamente por ambas cámaras. Habiéndolo hecho el Senado, debe ser tratado de manera urgente por la Cámara de Diputados, de no hacerlo, la Cámara de Diputados es cómplice del Poder Ejecutivo”, coincidió Elisa Carrió.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica volvió a aplazar este martes la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, después de que una mayoría de diputados aprobara devolver a la Comisión de Nombramientos la nómina vigente de candidatos.

La moción fue presentada por el diputado oficialista José Miguel Villalobos, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), y recibió 27 votos a favor y 23 en contra. El planteamiento consiste en que la comisión revise nuevamente la lista y determine cuáles de las personas incluidas mantienen interés en ocupar una de las plazas de magistratura suplente.

Actualmente, la nómina está integrada por 18 aspirantes, aunque inicialmente había sido remitida para cubrir las suplencias pendientes de la Sala IV. El oficialismo sostiene que la lista debe completarse hasta alcanzar 24 candidaturas para poder escoger a 12 magistrados suplentes, mientras que las fracciones opositoras han cuestionado que esa interpretación sea utilizada para seguir postergando los nombramientos.

Villalobos señaló que la bancada oficialista no respaldará las designaciones mientras no cuente con la nómina completa y defendió la necesidad de verificar si los aspirantes presentados hace cerca de un año todavía desean continuar en el proceso.

La decisión de este martes agrega un nuevo episodio a un proceso que se arrastra desde el período legislativo anterior y que ya acumula múltiples rondas de votación sin que el Congreso logre completar los nombramientos.

Un proceso marcado por 11 rondas fallidas

La elección comenzó con una lista de 18 aspirantes y atravesó inicialmente seis rondas de votación sin que ninguno alcanzara los 38 votos requeridos. Posteriormente se realizaron otras cinco rondas, para un total de 11 votaciones sin resultado.

La sesión de este martes estaba prevista precisamente para retomar el proceso y efectuar la ronda número 12, luego de que las jefaturas de fracción acordaran dedicar una sesión extraordinaria al expediente relacionado con la elección de nueve magistrados suplentes.

Sin embargo, antes de avanzar con los nombramientos, la mayoría aprobó la moción para regresar el expediente a la Comisión de Nombramientos.

El tema ha generado una prolongada confrontación entre el PPSO y las bancadas de oposición. Durante varias rondas anteriores, los diputados oficialistas optaron por votar en blanco y también impulsaron devoluciones de la lista a la Corte Suprema de Justicia.

En junio, por ejemplo, el Plenario aprobó devolver la nómina de 18 candidatos y solicitar una nueva lista. La Corte Plena, sin embargo, decidió reenviar la misma nómina sin modificaciones, tras considerar que no existían razones objetivas suficientes para sustituirla.

Sala IV había anulado la devolución de la lista

El conflicto llegó posteriormente a la propia Sala Constitucional.

El 30 de julio, el tribunal resolvió por mayoría un recurso de amparo y dejó sin efecto los acuerdos legislativos utilizados para devolver la nómina a la Corte Suprema de Justicia. Además, ordenó que la lista fuera conocida por el Plenario en la siguiente oportunidad posible.

La sentencia también prorrogó de manera provisional los nombramientos de los magistrados suplentes cuyo período había vencido en diciembre de 2025, mientras la Asamblea Legislativa completa las nuevas designaciones.

La medida respondió a las dificultades que estaba enfrentando el tribunal para integrarse en determinados expedientes cuando magistrados propietarios debían inhibirse o ausentarse.

Al notificarse integralmente la sentencia en septiembre, los suplentes quedaron habilitados para atender 142 asuntos pendientes que no habían podido resolverse por problemas de integración del tribunal.

La resolución también estableció un mecanismo para impedir que los votos blancos o nulos sean utilizados para bloquear indefinidamente el nombramiento. Según la interpretación incorporada al fallo, esos votos deben sumarse al aspirante que obtenga la mayor cantidad de apoyos en cada ronda, conforme al procedimiento legislativo aplicable.

Oposición anuncia nueva gestión ante la Sala IV

La decisión tomada este martes generó una reacción inmediata de las fracciones de oposición.

Diputados de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) anunciaron que presentarán una gestión ante la Sala Constitucional al considerar que el oficialismo está incumpliendo el fallo que ordenó continuar con la elección.

Desde esas bancadas se cuestiona que la devolución a comisión termine produciendo un efecto similar al de las anteriores devoluciones a la Corte, que ya fueron invalidadas por el tribunal constitucional.

El oficialismo, por su parte, defiende que la situación es distinta porque la nómina no fue enviada nuevamente al Poder Judicial, sino remitida a una comisión interna del Congreso para revisar su vigencia y completar el procedimiento.

La nueva devolución mantiene así abierto un conflicto institucional que involucra a la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y la Sala Constitucional, y que todavía no tiene una fecha definitiva para concluir con la elección de las magistraturas pendientes.

Por ahora, la nómina regresará a la Comisión de Nombramientos, mientras continúan las diferencias sobre si el Congreso debe votar inmediatamente con la lista disponible o esperar a que el proceso incluya a la totalidad de aspirantes que reclama el oficialismo.

Un plenario de comisiones dictaminó este martes varios proyectos relacionados con la problemática del endeudamiento familiar y los altos niveles de mora. El oficialismo, junto a sus aliados, se quedó con el dictamen de mayoría y su proyecto será debatido primero en una eventual sesión.

La oposición, que viene impulsando el tema desde hace meses, finalmente avanzó con dos dictámenes por separado. Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y la Coalición Cívica, lograron unificar criterios en un texto común, pero no consiguieron sumar a misioneros y salteños de Argentina Federal.

La propuesta del oficialismo, en línea con la postura de la Casa Rosada, que calificó el problema del endeudamiento como un “tema entre privados”, apunta a elevar los niveles de educación financiera, aportar mayor información para los consumidores -claridad en las tasas y costos financieros- y prevención del sobreendeudamiento. En ningún caso se prevén topes en las tasas, descuentos de capital o intereses, o costos para el Estado.

El dictamen de los libertarios también incorpora requisitos para el otorgamiento de créditos a través de plataformas digitales. Exige doble validación de identidad y aceptación, impide que el silencio o las opciones preseleccionadas se consideren consentimiento y ordena entregar de inmediato las condiciones contractuales en soporte digital.

“No debemos sacar parches que terminen quebrando el sistema financiero. Hablan de topes, de condonaciones, de baja de tasas, como si fuera una receta mágica”, arremetió Silvana Giudici y señaló que los niveles de mora de agosto mejoraron respecto a los datos de julio. “No acompañamos la propuesta de la oposición porque ya hemos tenido experiencias en la Argentina con límites a las tasas, lo que van a generar es la retracción del crédito. No aprendieron con la ley de alquileres”, concluyó.

Por su parte, el peronismo, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas -el cordobés Ignacio José Garcia Aresca decidió ausentarse para no firmar- propone declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicará la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total.

Quienes adhieran al régimen de refinanciación podrán pagar en hasta 12 cuotas sin sanciones por cancelación anticipada, pero las cuotas no podrán superar el 30% de sus ingresos. También se eliminarán todos los intereses punitorios para quienes ya hayan ingresado en mora.

“No podés mandar a la gente a hacer un curso de educación financiera cuando le llega el agua al cuello. Entonces, vemos que el dictamen del oficialismo sigue posicionado en la negación del problema que tienen seis millones de argentinos”, planteó el radical disidente Pablo Juliano (Provincias Unidas). Y agregó: “Este dictamen no tiene costo fiscal, esto es lo que nosotros entendemos como la teoría de la responsabilidad compartida. Esto va a quedar entre el acreedor y el deudor. Y si el acreedor se niega a brindarle este régimen al deudor, obviamente, el Banco Central podrá establecer penalidades y, obviamente, tomar represalias sobre los acreedores que no se acojan a este sistema”.

El dictamen de los representantes de Argentina Federal propone declara la emergencia social y económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros en todo el país por un año, con posibilidad de prórroga por otro año. Durante ese período se fija un límite a los intereses que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades que presten dinero para consumo a personas. El tope será 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.

Pero el proyecto no se limita a la tasa nominal, ya que también exige que la Tasa Efectiva Anual y el Costo Financiero Total guarden proporción con ese mismo límite. La medida apunta a evitar que las entidades eludan el tope mediante comisiones, seguros u otros cargos adicionales que encarezcan el préstamo sin modificar formalmente la tasa nominal informada. El proyecto prohíbe de manera expresa la incorporación de esos conceptos con ese fin y deja en manos del Banco Central la definición de la metodología de cálculo, la actualización periódica del límite, así como las tareas de fiscalización y control sobre su cumplimiento.

El proyecto también crea un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal para quienes destinan al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de cuotas, débitos o retenciones y perciben hasta 10 salarios mínimos. La iniciativa contempla refinanciaciones con una Tasa Nominal Anual fija de hasta 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y sin comisiones ni gastos administrativos. Los nuevos créditos solo podrán utilizarse para cancelar o reestructurar pasivos preexistentes, admitirán cancelación anticipada sin penalidades y no permitirán capitalizar intereses por mora. Durante el trámite, que no podrá exceder 90 días hábiles, quedarían suspendidas las ejecuciones y los nuevos embargos sobre cuentas sueldo, haberes jubilatorios y prestaciones de la Seguridad Social vinculados con las deudas negociadas.

Ante la consulta de Infobae, desde la oposición reconocieron que existen diferentes posiciones respecto de un eventual llamado a sesión. Mientras algunos apuestan a convocar para el miércoles 7 de octubre, otros creen más prudente esperar hasta el 14 para intentar sumar masa crítica. Temen el costo político que pagarían si sufren un revés en el recinto después de haber impulsado el tema durante meses.

Dos acuerdos, uno en cada cámara del Congreso, permitieron a los bloques libertarios superar casi en simultáneo, al menos en parte, un par de desafíos delicados: en Diputados, logró dictamen frente a la presión opositora para definir el futuro inmediato del área de discapacidad; y en el Senado, cerró trato incluso con el peronismo/K para votar, con cambios, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Pero nada terminó allí. Llamativo y paradójico, las inmediatas tensiones en el interior del oficialismo terminaron acrecentando recelos de socios y dialoguistas. Y eso mismo pone a prueba los proyectos que busca apurar el Gobierno, necesitado además de logros políticos frente a la realidad económica.

En esa línea, las recientes declaraciones televisivas de Javier Milei añadieron nuevos condimentos. El Presidente se encargó personalmente de salir a descalificar una sucesión de informes del INDEC negativos -en especial, caída de la actividad, consumo y pobreza- y ratificó así su posición inflexible en ese terreno, algo que impacta internamente frente al clima electoral ya instalado. Fue, en público, la ratificación del mensaje a funcionario y legisladores para que cierren filas en defensa del plan económico.

El gesto de Milei confirmó de hecho que los acuerdos con aliados y dialoguistas se plantean en un contexto diferente al que suponía tratar de imponer criterios desde una posición de fuerza, porque existen otras necesidades de peso. Eso último alimentó las afirmaciones sobre consumo, PBI y exportaciones a contramano de las mediciones del INDEC. Más llamativa fue la declaración sobre una enorme deportación de “terroristas” internacionales que, hasta ahora, sólo provocó un par de reclamos opositores de informes, además de cierto desconcierto entre socios y silencio violeta.

El Presidente sostuvo que entre 2025 y lo que va de este año fueron “echados” 30.000 “terroristas” que, sostuvo, intentaban “infiltrase” en el país para “dinamitar el modelo argentino”. Dos opositores de diferente origen político -Maximiliano Ferraro, de la CC, y Juliana Di Tulio, del peronismo/K- reclamaron de inmediato explicaciones, por la vía de notas a las autoridades o pedidos de acceso a la información. Es posible que se anoten otros planteos. Pero, seguramente, alcanza para aumentar prevenciones frente a este tipo de generalizaciones con proyección legislativa.

El oficialismo se prepara para acelerar el tratamiento del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, centrado en medidas para aumentar las sanciones a empresas que de manera directa o indirecta participen de proyectos de explotación de recursos naturales en Malvinas. En líneas generales, Malvinas es uno de los pocos temas de muy amplio consenso político. Es probable que haya discusiones puntuales; por ejemplo, sobre las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional que propone la iniciativa.

Las referidas declaraciones presidenciales, en cambio, amplificarían en alguna franja opositora las alertas sobre la falta de precisión respecto de actividades y organizaciones que puedan ser calificadas como operadoras de intereses extranjeros. Es algo que, de otro modo, ya había generado reacciones en el tratamiento del proyecto de ley de lobby, con críticas de diversas organizaciones porque podría afectar temas básicos como la libertad de expresión.

Pero en el plano exclusivamente interno, el foco es otro y también, la fuente de inquietudes más allá de alguna sorpresa discursiva. Existe preocupación por lo que algunos definen como desacoples prácticos en el terreno político. Lo ocurrido en Diputados frente a la ofensiva opositora por la emergencia en el área de discapacidad -que de hecho impuso un cronograma para definir la cuestión- resultó ilustrativo.

El oficialismo venía trabajando un acuerdo con aliados y dialoguistas, para frenar a la oposición, hasta que se conoció el artículo correspondiente del proyecto de Presupuesto 2027. La dimensión del ajuste dinamitó el entendimiento. De inmediato, Patricia Bullrich en público y otros de manera reservada apuntaron contra Economía, para no llevar la interna a un punto extremo. Pasado el primer impacto, pero sin demoras, los representantes del bloque libertario volvieron a negociar, redondearon un texto y lograron dictamen. La serie no fue cerrada en ese punto, y desde el Ejecutivo se hizo trascender que el acuerdo no era avalado por completo.

Algunos socios de LLA hicieron saber entonces que esperan precisiones sobre la garantía presupuestaria para coronar el entendimiento en el recinto. Se verá. Ese gesto expuso cierto fastidio y sobre todo, desconfianza. El tratamiento del proyecto sobre el Banco Central en el Senado tuvo otros condimentos, suficientes igual para contribuir al malestar en el frente interno del oficialismo y alimentar suspicacias sobre el juego de Bullrich en la Cámara alta.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central no terminó al gusto de la Casa Rosada. Y parece imposible que Diputados insista con el proyecto original. La votación casi por unanimidad en el Senado modificó el criterio del Ejecutivo, que buscaba imponer mayoría especial de dos tercios en las dos cámaras del Congreso para remover autoridades del banco. El texto, que impone mayoría absoluta en el Senado, volvió a la Cámara baja. Y cayó muy mal en el Gobierno, donde mastican enojo creciente por los gestos de autonomía de la jefa del bloque violeta.

Ese clima doméstico se traslada a las consideraciones sobre la suerte de la reforma electoral, en particular el objetivo de anular las PASO. De un lado, dudan sobre el real empeño de Bullrich, que ha transmitido varias veces la dificultad para reunir votos. Y del otro, es señalada la falta de resultados, hasta el momento, de las tratativas encaradas por Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem para garantizar apoyo de los jefes provinciales con peso propio en la Cámara alta. La mirada se corrió en las últimas horas al viaje de Milei a París, acompañado por una docena de gobernadores.

Existe por lo menos un elemento que no depende exclusivamente de la voluntad del oficialismo y es la modificación que va sufriendo el contexto. Está claro que el cuadro surgido de las elecciones del año pasado fue cambiando por distintas razones, no sólo económicas. Y entonces, no tendría la misma fuerza la receta, impulsada con altibajos por operadores de Karina Milei, según la cual los gobernadores deberían garantizar la derogación de las PASO para asegurarse -después, una vez votada la reforma electoral- que la LLA no les daría batalla en sus distritos. Una especie de contraprestaciones reeleccionistas, a escala nacional y en cada distrito.

Presupuesto, Malvinas, reforma electoral, Banco Central figuran en los primeros renglones de la agenda legislativa del Gobierno. Se verá ahora que deja el viaje a París.

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate la propuesta de presupuesto del Canal de Panamá para la vigencia del año fiscal 2027, por un monto de $5,555 millones para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

El presupuesto tiene como prioridades proteger el negocio, asegurar la continuidad y sostenibilidad de la operación, y preparar al Canal para el futuro.

Para el año fiscal 2027 se estiman aportes directos al Tesoro Nacional por $3,608 millones, lo que representa $414 millones (12.9%) más que los $3,194 millones contemplados en el presupuesto aprobado para el AF 2026.

El presupuesto para el año fiscal 2027 fortalece la capacidad del Canal para afrontar condiciones hídricas y operativas retadoras, sostener la competitividad de la ruta y avanzar responsablemente en las inversiones que respaldarán su desarrollo a largo plazo.

Se reiteró que los aportes del Canal al Estado se estiman en $3.608 millones para la vigencia fiscal 2027, tras la aprobación del Proyecto No. 701 que fija el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La iniciativa obtuvo 58 votos a favor en el Parlamento. El cálculo de los aportes directos supera en $414 millones el monto aprobado para la vigencia fiscal 2025-2026.

El presupuesto aprobado permitirá a la Autoridad del Canal de Panamá ejecutar el Plan Estratégico 2025-2035. La hoja de ruta busca preservar la operación segura, continua, eficiente, rentable y neutral de la vía interoceánica, conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.

El documento considera las previsiones de tránsito del Canal de Panamá a partir de las proyecciones del comercio, la industria marítima y la situación económica de los mercados y las rutas atendidas por la vía.

También incorpora la posibilidad de que el fenómeno atmosférico de El Niño provoque restricciones hídricas. Esa condición podría limitar la capacidad operativa del Canal y moderar las expectativas de crecimiento del tráfico marítimo.

La estructura de peajes no tendrá modificaciones durante el año fiscal 2027. El presupuesto no prevé cambios en las tarifas vigentes que se aplican a los clientes de la vía acuática.

Los recursos aprobados también respaldan la conservación de la infraestructura existente y la identificación de alternativas para ampliar la capacidad del Canal frente a la evolución de la industria marítima.

La Autoridad del Canal de Panamá sostiene que el instrumento financiero permitirá mantener la competitividad de uno de los principales motores económicos de Panamá y del comercio global.

El plan contempla la etapa de planificación y precalificación para adjudicar formalmente las concesiones de dos nuevas terminales portuarias: una en Corozal y otra en Isla Telfers.

La programación incluye, además, el desarrollo de un nuevo gasoducto interoceánico durante este período.

Durante la discusión sobre la conveniencia e inconveniencia del proyecto, un sector de los parlamentarios pidió mantener el diálogo con los residentes de la cuenca de Río Indio.

Los diputados pusieron el foco en el futuro reasentamiento de las familias afectadas y en la necesidad de que reciban una indemnización real.

El debate también abordó el aporte del Canal al Presupuesto del Estado y su incidencia en el desarrollo nacional. Los ingresos previstos reforzarían los recursos públicos del país.

En el segundo y el tercer debate participaron la administradora de la vía de navegación, la ingeniera llya Espino de Marotta, y la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.

El ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien preside la junta directiva, agradeció el respaldo otorgado por la Asamblea Nacional al proyecto presupuestario.

Después de un trimestre complejo para el oficialismo senatorial y, a pesar de algunos indicadores económicos no deseados y desgastantes internas -festín de operaciones de turno- fomentadas desde la propia Casa Rosada, la bancada que comanda Patricia Bullrich aprovechó el último mes para ir tres veces al recinto, destrabar leyes que reclamaba el Ejecutivo y forzar, al menos, una definición de varios asuntos en un puñado de comisiones. De esta manera, la Cámara alta descomprimió la agenda de cara al tramo final de sesiones ordinarias que, no obstante, mantiene desafíos importantes para la administración central, tanto políticos como de gastos.

Los vaivenes en La Libertad Avanza, que fueron más notorios entre junio, julio y agosto derivaron en una mala praxis -muchas veces, empujada desde Balcarce 50- que quedó consagrada en la fileteada ley de propiedad privada, la cual duerme una cómoda siesta en Diputados. Allí, ningún integrante del Ejecutivo reclama por dicha norma. Tampoco se perciben críticas ni observaciones ante marcados errores de sus soldados y generales mileístas. Pareciera ser perfecto ese entorno, algo muy alejado de la realidad.

Tras lo ocurrido con propiedad privada, Bullrich tuvo que hacerse cargo del tapón en la Cámara alta, mientras esquivaba dardos provenientes de su espacio. Más allá del mundo redes, canciones y supuestos mensajes cifrados que sólo duran algunas horas para desviar la atención de lo que sí es importante, la porteña se tomó revancha y activó tres veces el recinto.

Por caso, el 27 de agosto, salió por un tubo otra tanda de pliegos judiciales y el cristinismo -de nuevo- hizo malabares a la hora de explicar su voto. En tanto, el 17 del corriente mes, LLA sancionó la ley de Inocencia Fiscal II y aprobó un proyecto para elevar los cortes de biocombustibles -biodiésel y bioetanol-, luego de meses y una feroz presión del sector azucarero -ansiosos senadores incluidos, como si fuese la final de un mundial- para avanzar con modificaciones.

La última reunión fue la del reciente jueves. Durante dicho convite, el oficialismo cambió el proyecto que reforma la Carta Orgánica del Banco Central y la devolvió en segunda revisión a Diputados, que tendrá la palabra decisiva. La correcta intervención para retocar las mayorías y aprobar o remover autoridades de la entidad monetaria tuvo un momento de tensión a minutos de votarse, cuando llegaron extraños mensajes desde Balcarce 50 para no fomentar lo que ya estaba acordado y cerrado.

El movimiento no sólo fue imprudente, sino que expuso a la Casa Rosada en su relación con el Congreso. Los libertarios tendrán que tenerlo en cuenta, sobre todo, para el Presupuesto 2027, que comenzará a debatirse desde el mes próximo en la Cámara baja. No cumplir con la palabra empeñada nunca dura para siempre.

La agenda en el Senado aún cuenta con articulados frenados, como en Sociedades y el Súper RIGI, entre otros. No obstante, a la hora de comparar versus agosto pasado, el escenario vigente encuentra al oficialismo más relajado y, en particular, con el kirchnerismo otra vez errático y a kilómetros de oler poder.

El reciente jueves, cuando se discutió el -ahora sancionado- proyecto sobre zonas frías, el cristinismo se fue del mismo para dejarlo sin quorum. El impulso “opositor” quedó en manos del silvestre santacruceño José María Carambia, que tampoco tuvo éxito -junto a Natalia Gadano- para imponer una estrategia. Atado o no con alambre, obtuvo luz verde. Punto para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que vendió un consenso que no existió durante meses y, días atrás, logró validar.

La incógnita a verificar en 2027 es cómo impactará la suba en tarifas en plena época electoral. Por otra parte y, luego del trajín de la última quincena, más viajes y eventos varios que un puñado de legisladores no se perderán, la Cámara alta tendrá una semana casi sin actividad. Mientras tanto, se seguirán de cerca las pujas en Diputados sobre endeudamiento, discapacidad, Malvinas y la ley de gastos para el año próximo. De persistir ciertas formas y modos de la Casa Rosada, más insólitos mensajes en medio de sesiones para dinamitar una votación, la agenda volvería a desmadrarse.

Cinco organizaciones empresariales y del sector energético de Costa Rica solicitaron a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, al advertir que el país necesita incorporar nueva generación eléctrica para responder al crecimiento de la demanda y disminuir su exposición a las condiciones climáticas y a la volatilidad de los mercados internacionales.

El pronunciamiento fue divulgado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), la Cámara de Empresas Distribuidoras de Energía y Telecomunicaciones (CEDET), la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE) y la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS).

Las organizaciones manifestaron conjuntamente su respaldo al expediente legislativo N.º 23.414, que plantea una reforma del funcionamiento del mercado eléctrico costarricense y permanece pendiente de aprobación en segundo debate.

Según las cámaras, la situación energética internacional, el encarecimiento de los combustibles y las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño sobre la generación hidroeléctrica hacen necesario revisar la capacidad del país para garantizar electricidad suficiente y competitiva.

Empresarios advierten que Costa Rica necesita incorporar más generación eléctrica

El principal argumento de las organizaciones se relaciona con la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional para responder a una demanda que aumenta conforme se desarrollan nuevas actividades productivas.

En su pronunciamiento, los representantes empresariales señalaron que Costa Rica enfrenta un escenario en el que la electrificación de procesos, la transformación tecnológica y el crecimiento de las empresas requieren una mayor disponibilidad de energía.

A estas condiciones se suma la dependencia de la generación hidroeléctrica, que puede experimentar variaciones cuando disminuyen las precipitaciones y los niveles de los embalses.

Las cámaras sostienen que el país necesita incorporar nuevas fuentes de generación de forma rápida, sostenida y competitiva para responder a las necesidades futuras.

Su advertencia es que los desafíos energéticos no se limitan a los períodos de sequía, sino que también están relacionados con la capacidad de planificación e inversión para acompañar el crecimiento de la demanda.

En este contexto, las organizaciones consideran que Costa Rica debe fortalecer las condiciones necesarias para desarrollar nuevos proyectos de generación e infraestructura, aprovechando las capacidades existentes e incorporando tecnologías que permitan responder a los cambios del mercado.

El llamado incluye la necesidad de contar con reglas claras, seguridad jurídica y una planificación de largo plazo que facilite la participación de los distintos actores del sector eléctrico.

El Niño y los conflictos internacionales aumentan la preocupación del sector productivo

Otro de los elementos señalados por las organizaciones es el comportamiento del entorno internacional.

El conflicto en Medio Oriente ha generado preocupación sobre los precios de los combustibles, mientras que el fenómeno de El Niño introduce incertidumbre sobre las condiciones de lluvia y la disponibilidad de recursos hídricos.

Para Costa Rica, la variabilidad climática constituye un factor relevante debido a la participación de las centrales hidroeléctricas en la generación nacional.

Durante períodos de menores precipitaciones, la reducción de los caudales y de los niveles de almacenamiento puede limitar la producción de algunas plantas y aumentar la necesidad de recurrir a otras fuentes de energía.

Los representantes empresariales consideran que esta situación refuerza la importancia de diversificar la matriz eléctrica y contar con capacidad suficiente para responder a condiciones adversas.

No obstante, las organizaciones aclaran que el problema que identifican va más allá de una eventual sequía: consideran necesario ampliar la capacidad de generación para atender el crecimiento del país durante las próximas décadas.

La posición también fue expuesta por representantes de la Cámara de Industrias de Costa Rica, quienes vincularon la disponibilidad y el costo de la electricidad con las decisiones de inversión empresarial.

Sergio Capón, presidente de esa cámara, expresó durante la conferencia de prensa su preocupación por las posibles consecuencias sobre el empleo si Costa Rica no logra mantener condiciones energéticas competitivas.

“Si no somos competitivos, no vamos a generar empleos. Yo me temo que el impacto va a ser fuerte”, manifestó el representante industrial.

¿Qué propone la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional?

El expediente 23.414 plantea una transformación de la organización y regulación del mercado eléctrico costarricense.

Entre sus principales disposiciones se encuentra la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), una institución autónoma que asumiría funciones relacionadas con la coordinación y operación del sistema.

La propuesta también contempla la creación de un mercado eléctrico mayorista y modificaciones en las condiciones de participación de los distintos agentes que intervienen en la generación y comercialización de electricidad.

El objetivo declarado del proyecto es actualizar la normativa para responder a las necesidades de generación, transmisión, distribución y comercialización, incorporando nuevas tecnologías y mecanismos de participación.

La iniciativa fue presentada originalmente por el Poder Ejecutivo en octubre de 2022, durante la administración de Rodrigo Chaves, y ha experimentado modificaciones a lo largo de su trámite legislativo.

Las organizaciones que respaldan el expediente consideran que su aprobación permitiría establecer condiciones para desarrollar nuevas inversiones y fortalecer la seguridad energética del país.

Sin embargo, la propuesta también ha generado cuestionamientos de organizaciones sindicales, sectores ambientales y agrupaciones políticas, que han planteado preocupaciones sobre sus posibles efectos en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las tarifas y el acceso al servicio.

Entre los aspectos discutidos se encuentra el traslado de funciones de operación y coordinación del sistema desde el ICE hacia el nuevo ente autónomo.

Proyecto necesita 38 votos para convertirse en ley

La Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional fue aprobada en primer debate el 26 de mayo de 2026, con 27 votos a favor y 24 en contra.

No obstante, la iniciativa necesita al menos 38 votos afirmativos para superar el segundo debate, debido a que contempla la creación de una nueva institución autónoma.

El trámite legislativo enfrenta diferencias entre el oficialismo y agrupaciones de oposición.

El Partido Liberación Nacional (PLN) confirmó el 24 de septiembre que no respaldará el texto actual en segundo debate y planteó una propuesta alternativa para atender las necesidades del sistema eléctrico.

La iniciativa liberacionista contempla mantener la operación del Sistema Eléctrico Nacional dentro del ICE mediante una dirección con desconcentración máxima, además de introducir modificaciones relacionadas con generación privada, exportaciones y eficiencia energética.

Por su parte, CEDET manifestó que mantiene su respaldo al expediente 23.414 y cuestionó la conveniencia de reiniciar la discusión legislativa sobre materias que, según la organización, ya han sido abordadas durante el proceso de construcción de la reforma.

La cámara también ha señalado que el fortalecimiento de la seguridad energética y la participación del país en el Mercado Eléctrico Regional pueden desarrollarse de manera complementaria.

Sector empresarial pide diálogo entre las fracciones legislativas

En su comunicado conjunto, UCCAEP, CEDET, CICR, ACOPE y AZOFRAS reiteraron su disposición a mantener conversaciones con las distintas fracciones de la Asamblea Legislativa.

Las organizaciones consideran que el debate sobre la reforma debe incorporar las necesidades de consumidores, distribuidores y generadores, así como los desafíos relacionados con la competitividad y el crecimiento económico.

Según su planteamiento, disponer de energía suficiente y confiable constituye una condición importante para mantener operaciones industriales, desarrollar nuevos proyectos y atraer inversiones.

El llamado de las cinco organizaciones se produce mientras el expediente 23.414 continúa pendiente de su votación definitiva y las distintas fracciones legislativas mantienen diferencias sobre el modelo de organización que debería adoptar el sistema eléctrico costarricense.

Después de estar un mes a la defensiva, el oficialismo en el Congreso logró recuperar casi por completo el control de la agenda y normalizó la relación con algunos de los bloques aliados que habían dejado trascender su malestar por los manejos de la Casa Rosada. Durante octubre, los libertarios se abocarán a avanzar en la Cámara de Diputados con los proyectos sobre Malvinas, la reforma en Discapacidad, los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y el Presupuesto 2027. La oposición, por su parte, luchará por mantener en el centro de la discusión pública los proyectos sobre endeudamiento y mora.

El martes, el oficialismo logró dar vuelta la página tras la polémica que se desencadenó por el ajuste en el área de Discapacidad que contenía el proyecto de Presupuesto 2027. Tras dos semanas de tensión, que incluyeron reclamos públicos de los bloques aliados y pases de factura entre los integrantes de la Mesa Política, los libertarios borraron de un plumazo el texto original que envió el Poder Ejecutivo y llegaron a un consenso con los bloques aliados.

La nueva iniciativa retoma gran parte de la ley de Emergencia en Discapacidad como el nomenclador único para prestaciones, su actualización por inflación, la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía para obtener una pensión. Sin embargo, ahora todas las partidas estarán incluidas en el Presupuesto y no dependerán de las reasignaciones que defina la Jefatura de Gabinete.

El dictamen representó una clara victoria política porque contó con el acompañamiento de bloques aliados y gobernadores. Si bien hubo acompañamientos “en disidencia”, como los misioneros y salteños de Argentina Federal, el apoyo de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo (San Juan), el MID y La Neuquinidad le garantizarían cerca de 127 votos, por lo que los libertarios no deberán hacer grandes esfuerzos para sumar las dos voluntades que restan para llegar a la mayoría simple. De esta forma, la embestida de la oposición dura, que impulsaba la prórroga por un año de la Emergencia, quedó virtualmente neutralizada.

Aunque todavía quedan pendientes algunos reclamos de los aliados, como una redacción clara que ratifique que las prestaciones se actualizarán mensualmente por inflación y el cronograma de pago de las compensaciones adeudadas, el oficialismo prevé llevar el tema al recinto el próximo 7 de octubre.

Esa mega sesión también incluirá el proyecto para proteger los recursos del Atlántico Sur y reforzar el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas. El puntapié inicial del debate será el miércoles 30 de septiembre, en un plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, conducidas por los oficialistas Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.

El cronograma continuará el martes 6 de octubre con otro plenario de comisiones donde los libertarios buscarán firmar dictamen. Así el texto quedará listo para debatirse en el recinto de la Cámara de Diputados al día siguiente.

Si bien todavía no hay confirmación oficial, fuentes del oficialismo señalaron a Infobae que la reforma del Banco Central también estará incluida en el temario de esa sesión. Los cambios en la Carta Orgánica que apuntan a garantizar la independencia de la entidad monetaria respecto del Poder Ejecutivo fueron aprobados este jueves en el Senado. Pero el texto que venía de Diputados sufrió una modificación importante, por lo que deberá volver en revisión a la Cámara de origen.

A instancia de los gobernadores, y con acuerdo del peronismo, se cambió la redacción en un punto clave: la mayoría especial de dos tercios en ambas Cámaras para remover a las autoridades del Banco Central fue reemplazada por una mayoría absoluta (37 votos afirmativos) solo en el Senado. Ese cambio fue aprobado casi por unanimidad (66 votos a favor y sólo dos en contra), por lo que será matemáticamente imposible que Diputados pueda insistir con el proyecto original (debería llegar a los dos tercios pero no puede lograrse sin el peronismo).

Por su parte, la oposición avanzará este martes 29 de septiembre con el dictamen de las iniciativas sobre endeudamiento. En estos días el peronismo y los bloques dialoguistas buscan unificar una propuesta que no tenga costo fiscal (para evitar un veto presidencial), mientras que el oficialismo y sus aliados presentarán una propuesta propia que tendrá como eje principal la concientización (sin ningún tipo de refinanciación obligatoria de las deudas). La oposición aún no define cuándo convocará a una sesión ya que no tienen los 129 votos del quórum asegurados.

Finalmente, durante el tramo final del año, oficialismo y oposición se abocarán a la negociación del Presupuesto 2027. El cronograma incluirá reuniones informativas el 13, el 14, el 20, el 21 y el 27 de octubre. En tanto que el miércoles 28 prevén firmar el dictamen para avanzar en el recinto el miércoles 4 de noviembre.

Esta negociación estará atravesada por el armado de las alianzas electorales de cara a los comicios del año que viene y condicionará directamente otro de los objetivos principales del Gobierno: la eliminación de las PASO.

El Senado aprobó con cambios la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), por lo que el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados. La principal modificación alcanza el procedimiento para la designación y remoción de las autoridades de la autoridad monetaria.

El senador de La Libertad Avanza, Agustín Monteverde, informó que hubo un acuerdo entre los bloques para revisar el esquema previsto para las autoridades de la entidad. El presidente y los directores del Banco Central tendrán mandatos de seis años y requerirán acuerdo del Senado por mayoría absoluta.

El artículo 3 de la iniciativa original establecía motivos concretos para una eventual destitución, entre ellos una falta grave y evidente en el cumplimiento de las funciones. Esa acusación deberá estar respaldada por hechos determinados y verificables.

El procedimiento previsto exigía que el Poder Ejecutivo dicte un decreto y que ambas cámaras del Congreso lo avalen antes de que se haga efectiva la medida. Para ello, iba a ser necesaria una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes en cada cuerpo.

A la vez, se eliminaba la intervención de la comisión bicameral creada en 2010, durante la disputa entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el entonces titular de la entidad, Martín Redrado.

En tanto, la redacción también quita al Poder Ejecutivo la facultad de apartar de manera unilateral a las autoridades monetarias. Cualquier decisión deberá ajustarse a las causales establecidas y acreditar la falta invocada.

Por último, deja sin efecto la presencia de un delegado del Ministerio de Economía en las reuniones del Directorio del Banco Central. También elimina la obligación de que la entidad se pronuncie antes sobre los efectos de las operaciones de endeudamiento externo en la balanza de pagos. El Gobierno considera que ese paso no influye en las definiciones y constituye una exigencia administrativa.

Como el proyecto ya contaba con media sanción de Diputados, la incorporación de este nuevo mecanismo obligará a que la Cámara baja vuelva a tratar la iniciativa. Allí deberá aceptar las modificaciones del Senado para que la reforma quede sancionada o insistir con la redacción original.

Otras claves de la reforma del BCRA

La reforma propone un mecanismo temporal para ordenar el balance del Banco Central. Mientras el Estado nacional mantenga pendientes las letras intransferibles y los adelantos transitorios otorgados por la autoridad monetaria, una parte de las ganancias anuales deberá destinarse exclusivamente a la cancelación de esas obligaciones.

La iniciativa dispone además que los adelantos transitorios extiendan sus plazos de vencimiento de forma automática hasta su pago total. Para las letras intransferibles, en cambio, conserva los términos definidos al momento de su emisión y las previsiones que establezca cada ley de presupuesto.

El proyecto cambia las condiciones bajo las cuales el Banco Central podrá distribuir resultados al Estado nacional, en su carácter de accionista. Sólo podrán girarse utilidades líquidas y realizadas; quedarán fuera los resultados originados por cambios en la cotización de las divisas o por variaciones en el precio del oro.

Las ganancias vinculadas a esos dos factores deberán incorporarse al capital de la entidad. Los demás resultados que aún no se hayan concretado quedarán inmovilizados en una reserva especial, sin posibilidad de transferencia al Tesoro hasta que se realicen.

El nuevo artículo 38 también fija un requisito patrimonial. Antes de habilitar cualquier giro, la reserva general y las restantes reservas de resultados deberán representar al menos el 50% del capital del Banco. Si se autorizan transferencias, los fondos sólo podrán aplicarse al pago de deuda pública.

Según los fundamentos, la modificación busca impedir que el BCRA envíe recursos al Tesoro bajo la denominación de utilidades cuando provengan únicamente de ajustes contables derivados de la suba del dólar frente al peso. El mensaje identifica esa práctica como una debilidad del régimen vigente y sostiene que fue aplicada por los gobiernos posteriores a la convertibilidad, incluida la administración de Javier Milei.

Preservar el valor de la moneda

La iniciativa también reemplaza la definición de la misión institucional del BCRA. El artículo 1 establece que su función única, primaria y fundamental será preservar el valor de la moneda.

La fórmula deja atrás el criterio introducido en la reforma de 2012, que asignó al organismo la tarea de impulsar, en línea con las políticas del Gobierno nacional, la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Los fundamentos consideran que la acumulación de objetivos dificulta la evaluación de la autoridad monetaria. Plantean que la política monetaria puede orientarse de manera eficaz a la estabilidad de precios, mientras que las demás metas exceden sus herramientas.

Como consecuencia, el directorio dejaría de tener atribuciones para orientar el crédito hacia las pequeñas y medianas empresas o las economías regionales. El proyecto sostiene que esas funciones corresponden a una banca de fomento y no a un banco central.

Nuevas reglas para operaciones financieras y reservas

Otro capítulo incorpora cambios en la operatoria cotidiana de la entidad. El BCRA podrá negociar títulos públicos, monedas y otros instrumentos financieros para cumplir objetivos monetarios, cambiarios, financieros o crediticios. Esas operaciones deberán realizarse a valores de mercado o, cuando ello no sea posible, mediante parámetros técnicos equivalentes.

El texto también establece la inembargabilidad de los activos que componen las reservas internacionales. A su vez, especifica cuáles podrán utilizarse para su inversión, entre ellos el oro y otros activos financieros líquidos. Hasta ahora, esa protección estaba contemplada en la Ley de Convertibilidad de 1991.

La reforma habilita además el uso de reservas como garantía en operaciones propias de un banco central y exceptúa determinados contratos financieros internacionales de una limitación legal vigente.

Por último, la iniciativa concentra en el BCRA la regulación de los sistemas de pago y de las cámaras liquidadoras y compensadoras. También elimina una norma vinculada con la intervención cambiaria y otras disposiciones que permanecían vigentes desde el régimen de convertibilidad de los años 90.

En medio de las disputas internas dentro de la Casa Rosada, el PRO criticó al Gobierno por los nuevos recortes en el área de Discapacidad en el proyecto del Presupuesto 2027 y señaló que “se equivocó”. A pesar de las críticas, el partido que lidera Mauricio Macri seguirá acompañando la iniciativa que enviaron al Congreso de la Nación y se adjudican los cambios que pesentaron los libertarios en el proyecto.

A través de un mensaje que publicaron en sus redes sociales, el partido amarillo señaló: “Desde hace tiempo venimos señalando los errores del Gobierno con la misma claridad con la que acompañamos las decisiones que consideramos correctas. El PRO no está para aplaudir todo ni para oponerse a todo: está para defender el cambio y los valores en los que creen millones de argentinos”.

Y añadió: “En el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó. Y volvió a hacerlo al incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 cambios que debilitan herramientas fundamentales para garantizar prestaciones y pensiones”.

En tanto, el comunicado remarcó que “la discapacidad debe ser abordada como una verdadera política de Estado, con previsión, responsabilidad y respuestas sostenidas” y completó: “Ordenar las cuentas es indispensable, pero nunca puede significar abandonar a las personas con discapacidad y a sus familias. Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites. Este, para el PRO, es uno de ellos”.

El origen de la disputa se remonta al envío del proyecto al Congreso, que incluía recortes en el área de discapacidad que distintos sectores —dentro y fuera del oficialismo— consideraron inconsultos y políticamente riesgosos. La tensión alcanzó su punto más visible cuando Patricia Bullrich, titular del bloque de senadores del PRO, salió públicamente a cuestionar la falta de consulta previa sobre esa decisión presupuestaria.

Según pudo reconstruir Infobae, el recorte, que en la Casa Rosada atribuyen al Ministerio de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo, desató una crisis al interior de la Mesa Política del oficialismo. Las críticas internas, en general expresadas en voz baja, apuntaron a que el área económica no evaluó con suficiente atención las consecuencias políticas y sociales de la medida antes de incluirla en el proyecto.

El efecto inmediato fue que La Libertad Avanza quedó en una posición de debilidad frente a sus propios aliados legislativos, que se vieron fortalecidos ante un oficialismo que debió ceder más de lo que tenía previsto. La dinámica resultante fue precisamente la que los hermanos Milei procuran evitar: negociar desde un lugar de desventaja en un tema que involucra a uno de los grupos sociales más vulnerables del país.

Presionado por las circunstancias, el Gobierno dio marcha atrás con los recortes presupuestarios y presentó un nuevo proyecto ante los bloques aliados, en una reunión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Del encuentro participaron Oscar Zago (MID), Javier Sánchez Wrba (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), Nancy Picón Martínez (PyT), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal) y Karina Maureira (La Neuquinidad).

La nueva propuesta, según establece su artículo 1, tiene como objetivo “fortalecer de forma permanente la previsibilidad, transparencia y eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, reafirmar y asegurar los derechos de las personas con discapacidad, la continuidad de las prestaciones”. En términos concretos, el texto incorpora actualizaciones por inflación de manera mensual para las pensiones no contributivas por discapacidad y garantiza el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud para los beneficiarios.

Uno de los puntos más sensibles del debate había sido la posible eliminación del nomenclador universal de prestaciones y del arancel unificado, ya que su supresión hubiera habilitado a cada obra social, prepaga o provincia a fijar sus propios valores. La nueva propuesta ratifica ambas herramientas tal como están previstas en la actual ley de Emergencia en Discapacidad. Además, la pensión pasará a ser compatible con un empleo registrado, siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios vitales y móviles, y quienes contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado accederán a beneficios impositivos.

En tanto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la posición del Ejecutivo y aseguró que “ninguna persona con discapacidad se quedó sin el beneficio” desde que Javier Milei asumió la presidencia, en contradicción con testimonios directos de afectados que circularon en los días previos. También sostuvo que “para este gobierno las personas con discapacidad son una prioridad”. En paralelo, desde el bloque de LLA minimizaban el alcance de las concesiones: “No estamos condicionados por Patricia. Siempre supimos que íbamos a tener que negociar”, afirmaron, aunque reconociendo que la situación le permitió a la oposición encuadrar al Gobierno en una posición de “crueldad” ante la opinión pública. El debate en comisión, que definirá el dictamen que llegará al recinto, tiene lugar este miércoles.

El error autoinfligido que representó el recorte en el área de discapacidad en el Presupuesto obligó al Gobierno a acudir en una posición de debilidad a los partidos aliados, que terminaron en el centro de la escena y fortalecidos frente a un oficialismo alicaído y necesitado.

Unidos en el rechazo a una medida polémica, el PRO, la UCR y algunos partidos provinciales terminaron condicionando con fuerza la agenda de La Libertad Avanza, que se vio obligado a ceder más de lo que planeaba. Es decir, que tuvo que aplicar exactamente el tipo de dinámica que los inflexibles hermanos Milei procuran evitar, especialmente en lo que atañe a las cuentas públicas.

La semana pasada se armó la tormenta perfecta. Mientras la Iglesia presionaba al Gobierno con la visita del Papa al Cottolengo San Orione, en noviembre, la titular del propio bloque de senadores, Patricia Bullrich, salía a despotricar contra la falta de consulta del recorte presupuestario. Todo en la previa del debate en comisión de la ley de Emergencia en Discapacidad.

Como resultado del error no forzado, que en la Casa Rosada atribuyen al Ministerio de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo, el Gobierno fue forzado a negociar en inferioridad de condiciones.

En primer lugar, tuvieron que dar marcha atrás con el recorte en el Presupuesto, ayer, a través de un conjunto de profundas modificaciones en la previa de la “emplazada” reunión de comisión que tendrá lugar hoy. Con el agravante de que, aún con estos cambios, en el oficialismo siguen sin estar seguros de que obtendrán las firmas necesarias para aprobar el dictamen “menos peor” de cara al debate en el recinto. “Veremos qué pasa”, dijo, apenas, un alto funcionario nacional en la previa de otra jornada legislativa que promete tensión. Y que volverá a ubicar en el candelero el tema del presupuesto para uno de los grupos sociales más vulnerables.

A merced de la voluntad de los aliados y del peronismo federal, La Libertad Avanza tuvo que proponer un proyecto superador para subsanar el callejón sin salida y el severo daño politico y social que generó el recorte inconsulto en el área de discapacidad en el Presupuesto. En la nueva letra decidieron permitir que se actualicen los montos por inflación para los beneficiarios, mantener el nomenclador universal para las prestaciones, y dejar que la pensión sea compatible con empleos registrados. Eran algunos de los principales reclamos de las organizaciones que reúnen a las personas con discapacidad.

Las concesiones, todas, se hicieron para asegurarse, en teoría, el apoyo de los partidos más dispuestos a negociar. El precio, sin embargo, será más alto, advierten en LLA de Diputados. En especial cuando se trata del sector de Provincias Unidas (la reunión de ayer, liderada por el violeta Martín Menem, tuvo a Oscar Zago (MID), Javier Sánchez Wrba (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Avila (Elijo Catamarca), Nancy Picón Martinez (PyT), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal) y Karina Maureira (La neuquinidad).

Las concesiones terminaron siendo condición necesaria para bloquear la propuesta de la oposición dura, es decir el peronismo, el kirchnerismo y la izquierda. Y, al final, el “único” cambio, advertían anoche (triunfales) en la oposición, fue la eliminación de la palabra “emergencia”. Es que las partidas van a estar aseguradas, a pesar de las intenciones de aplicar la consigna “no hay plata” al sensible área de Discapacidad. Fue un cambio radical para un Gobierno que detesta ceder.

“Para este gobierno las personas con discapacidad son una prioridad”, dijo ayer por la mañana el vocero presidencial, Adrián Ravier. Y aseguró, contra los testimonios en primera persona de los afectados, que “ninguna persona con discapacidad se quedó sin el beneficio” desde que Javier Milei asumió la Presidencia.

En el bloque violeta aseguran que “siempre el plan legislativo fue estar bien con los aliados”, mientras otros lanzaban dardos contra Luis Caputo. Si bien lo eximen de haber querido hacer un daño político adrede, deslizan que no tuvo la capacidad de ver el riesgo, de no advertir lo que podría ocurrir. Es la línea que marcó Patricia Bullrich la semana pasada.

En paralelo, ayer, mientras el oficialismo y los aliados terminaban de ponerse de acuerdo en una reunión sobre la letra fina del dictamen de Discapacidad, en otro sector del oficialismo relativizaban la derrota en la discusión. “No estamos condicionados por Patricia. Siempre supimos que íbamos a tener que negociar”, sostuvieron, conscientes de que le regalaron a la disgregada oposición la posibilidad de encuadrar al Gobierno en una posición de “crueldad”.

El oficialismo presentó este martes una propuesta a los bloques aliados para intentar superar la Emergencia en Discapacidad y dar vuelta la página tras el escándalo político que desataron los fuertes recortes en el área que estaban incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.

Según estipula el artículo 1 de la nueva propuesta del oficialismo, el objetivo de la reforma es “fortalecer de forma permanente la previsibilidad, transparencia y eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, reafirmar y asegurar los derechos de las personas con discapacidad, la continuidad de las prestaciones”.

A diferencia de la propuesta incluída en el proyecto de Presupuesto 2027, el beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad seguirá vigente y se continuará actualizando por inflación de manera mensual como en la actualidad. Los beneficiarios tendrán garantizado el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud. Además, por pedido de la oposición, la pensión será compatible con un trabajo registrado siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios vitales y móviles. A su vez, quienes empleen personas con discapacidad por tiempo indeterminado, contarán con beneficios impositivos.

Uno de los principales reclamos de las organizaciones que nuclean a las personas con discapacidad giraba en torno a la eliminación del nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado porque hubiera implicado que cada obra social, prepaga o provincia fijara sus propios valores. Sin embargo, el nuevo dictamen del oficialismo ratifica ambas cuestiones, tal como están en la actual ley de Emergencia en Discapacidad.

En concreto, el artículo 4 ratifica que continúa vigente el artículo 7° bis de la Ley N° 24.901, incorporado por la Ley N° 27.793. Este estipula que “los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley, determinados por el directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad y actualizados conforme a lo dispuesto por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 274/24, o el que en el futuro lo reemplace, que determina el índice de movilidad de las prestaciones de jubilaciones, pensiones y asignaciones”.

Por otro lado, establece de forma expresa que el derecho al cobro de las compensaciones subsiste y que deberá ser saldado dentro de los plazos establecidos en el cronograma de pago. El reclamo por compensaciones hace referencia al artículo 13 de la ley de Emergencia en Discapacidad que establece una compensación para los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no quedó cubierto por las posteriores actualizaciones.

Por otro lado, cerca del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habían adelantado que la nueva propuesta apuntaría a elevar los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad. “Ya no bastará con tener el CUD (Certificado de Discapacidad) para acceder a la pensión, necesitamos que esta tenga un correlato con la realidad”, explicaron y señalaron que buscan aplicar la misma lógica que con los subsidios para que “cobre el que verdaderamente lo necesita”.

En ese sentido, el artículo 13 del nuevo dictamen establece que la Secretaría Nacional de Discapacidad adoptará un sistema de auditorías periódicas con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para que subsista el derecho al goce de la pensión no contributiva por invalidez laboral v la pensión por discapacidad”. Y agrega: “A tales fines, la mencionada Secretaría deberá, en primer término, verificar los requisitos documentales y socioeconómicos susceptibles de constatación objetiva mediante el cruce de información” con bases de datos públicos.

Para garantizar que el área tenga presupuesto suficiente para el sostenimiento del sistema también se incorporó que las partidas “no podrán ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior”.

Fuentes de La Libertad Avanza destacaron que se mantienen los derechos de la ley vigente sin prorrogar la Emergencia, por lo que las partidas pasarán a estar en el Presupuesto y por lo tanto serán “más auditables”.

La propuesta del oficialismo fue presentada a los jefes de los bloques aliados en una reunión que encabezó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Entre otros participaron Oscar Zago (MID), Javier Sanchez Wrba (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Avila (Elijo Catamarca), Nancy Picon Martinez (PyT), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal) y Karina Maureira (La neuquinidad).

Al término del encuentro, uno de los participantes del encuentro calificó la propuesta como “verdaderamente superadora” porque brinda “sostenibilidad fiscal dado que se incluye en el Presupuesto”. “Debería haber acompañamiento de todas las fuerzas porque es la Ley de Emergencia y más. Esto le va a dar previsibilidad a las personas con discapacidad y a los prestadores”, sintetizó un diputado aliado.

“La Emergencia nace por no tener Presupuesto y no tener los recursos necesarios. Los aliados que este miércoles firmen el dictamen del oficialismo lo harán por una cuestión de fe, confiando en que el Gobierno que mandó un Presupuesto de ajuste después le va a asignar las partidas necesarias para que el sistema funcione”, opinaron desde el peronismo, aunque aclararon que no conocían el texto del oficialismo.

El oficialismo busca rearmar en velocidad un acuerdo con aliados y dialoguistas sobre el área de discapacidad. Lo hace con la mirada puesta en la reunión de comisiones de Diputados prevista para este miércoles, aunque el tema desborda los límites legislativos. El proyecto de Presupuesto 2027 dinamitó la movida que avanzaba en la Cámara baja, además de desconcertar a los operadores de LLA y alimentar otro capítulo de la interna. Y ahora, esa tensión condiciona las tratativas, porque lo que aparece en juego es hasta qué punto puede ceder el Gobierno. Todo remite a un tema especialmente sensible, que acaba de añadir la renuncia del funcionario nacional del rubro y agrega sospechas a ese clima enrarecido.

De manera inesperada, en este marco y con un texto de tres líneas, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, presentó su renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones. Dijo que su salida sería inmediata –“a partir de este momento”, escribió- y como es habitual, agregó que se trataba de una decisión tomada por “razones estrictamente personales”. No hubo explicaciones oficiales sobre esta nueva baja y más allá de las cuestiones de desgaste, que existen, el hecho fue vinculado a los cruces y malestares que produjo el ajuste en discapacidad incluido en el Presupuesto, aunque no sería lo único.

Como se sabe, la letra del proyecto oficial sacudió el tablero interno. La reacción visible fue protagonizada por Patricia Bullrich: sostuvo que el tema no había sido planteado previamente en la “mesa política” del oficialismo y advirtió que atentaba contra el armado de alianzas en el Congreso. Después, y a pesar del intento de Olivos por restarle trascendencia al cruce y aplacarlo, la senadora descalificó explicaciones de Diego Santilli, que buscaban distender el clima sin entrar en cuestiones de fondo.

En la misma línea para apaciguar las aguas internas, el Gobierno dejó trascender de inmediato que ese capítulo del Presupuesto no correría tal como fue redactado. Y reanimó las conversaciones con socios y aliados en Diputados. Prometió que será aplicado lo que sea acordado frente a la movida de la oposición y otros espacios, que impusieron el tratamiento de una respuesta sobre la emergencia en el área de discapacidad.

Se verá ahora el alcance de las tratativas para lograr dictamen en comisión. Por lo pronto, el malestar en filas libertarias fue generado no sólo por la falta de anticipo -que expuso incluso a la presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem-, sino además por lo que algunos consideran un costo por el grado de insensibilidad en la materia y otros, como un error en la batalla discursiva.

En cualquier caso, la renuncia de Vilches agregó un ingrediente propio dentro de un ministerio que ya viene enfrentando otras tensiones, como ocurre con el manejo del PAMI. Un juzgado federal de Córdoba acaba de reponer el tema de las demandas judiciales: dispuso avanzar con una investigación sobre Lugones y el titular de la obra social de jubilados, Esteban Leguízamo, por presunto incumplimiento de una orden de regularización de pagos a proveedores de servicios de salud.

No es solo eso. La decisión del ahora ex funcionario impacta especialmente por la historia reciente del área, aun en el caso de se tratara de razones personales. Llama la atención que se haya concretado días después de que circulara un informe administrativo – es decir, impulsado por su gestión- con números que no cierran sobre la etapa de Diego Spagnuolo, procesado en la causa que investiga la existencia de un sistema de corrupción en la entonces Agencia Nacional de Discapacidad.

Vilches asumió como interventor de la ANDIS en agosto del 2025 -y siguió como secretario de Estado- luego de la crisis que generaron las denuncias sobre coimas en ese organismo. El referido informe analiza las cuentas hasta su llegada al cargo y registra inconsistencias millonarias en materia de deudas a proveedores. No extraña que la renuncia alimente especulaciones sobre la intención de dejar sentada su diferenciación de la primera etapa en esa área y las posibles estribaciones sistémicas.

El caso Spagnuolo es seguido de cerca por el Gobierno y recrea cada tanto inquietudes por su efecto público. El foco se correrá el miércoles hacia Nadia Beller, víctima de un ataque por el que su ex pareja, Fernando Cerimedo, sigue detenido en Bolivia como principal sospechoso. Está prevista una declaración por videoconferencia, desde Santa Cruz de la Sierra, ante el fiscal Franco Picardi. Beller dijo que tiene grabaciones en las que Cerimedo, de conocidos vínculos con el circuito libertario, habla de manejos de corrupción en la ANDIS.

La expectativa siempre abierta por este caso y la renuncia de Vilches agregan por distintas vías sus propios ingredientes al tema de discapacidad. De todos modos, al menos hasta ahora, el mayor sacudón fue producido por la llegada del Presupuesto 2027 al Congreso. Las miradas estaban puestas como siempre en algunas previsiones centrales -PBI, superávit, inflación, dólar, inversiones-, que en algunos casos suelen ser desbordadas por la realidad, como viene ocurriendo este año con los pronósticos sobre crecimiento y evolución de los precios. Eran esperables negociaciones con aliados y disputas con opositores en cuestiones como discapacidad y universidades.

Nadie esperaba un recrudecimiento de las internas en el oficialismo como la que disparó el capítulo de ajuste presupuestario en discapacidad. Impactaron especialmente cuestiones como la intención de borrar los ajustes por inflación de los montos del nomenclador o la vuelta a un esquema por “invalidez” mínimo (unos 300 mil pesos) que podría ser dado de baja si la persona consigue empleo formal o tiene ingreso como monotributista. Resultó indigerible para aliados y dialoguistas.

Las negociaciones son llevadas adelante por Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, de línea con Bullrich, que luego del temblor generado por el proyecto de Presupuesto tuvieron señales de respaldo expreso de Martín Menem y Diego Santilli. Es un interrogante hasta qué punto llegará la flexibilidad del Gobierno para avanzar con una “ley superadora” -así es mencionada- que asegure a los socios, del PRO y del bloque oficial del radicalismo, y recupere apoyos de legisladores alineados con gobernadores y otros espacios de buen trato con LLA.

El oficialismo enfrenta un nuevo round de la pelea motorizada por la oposición, que impuso el tratamiento de este tema y también el debate sobre la morosidad. Y espera que esta vez la interna no le juegue en contra. Doble desafío.

Después de un año de debate, el Senado otorgó media sanción al nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, que reemplaza a la Ley 27.640 y propone cambios en los niveles de corte, la comercialización y la formación de precios. El proyecto fue aprobado en una sesión en la que se discutieron distintas posiciones durante el tratamiento en particular y ahora deberá continuar su recorrido en la Cámara de Diputados, donde deberá pasar nuevamente por las comisiones antes de llegar al recinto.

Uno de los principales cambios previstos es el incremento del porcentaje obligatorio de biocombustibles en los combustibles fósiles. El corte mínimo obligatorio de biodiesel en el gasoil pasaría del 7,5% al 10%, mientras que el de bioetanol en las naftas subiría del 12% al 15%, al año de sancionada la ley. En el caso del bioetanol, se mantendría un 6% correspondiente a la producción de caña de azúcar y otro 6% al maíz, mientras que el 3% restante quedaría destinado al libre mercado.

El proyecto también establece límites a la participación de las empresas en el mercado obligatorio. Ninguna elaboradora de bioetanol podrá superar el 20% del volumen anual comercializado dentro del corte obligatorio. Para el biodiesel, el límite por empresa y por grupo económico dentro del segmento de compañías no integradas también se fija en el 20%. A su vez, se incorpora un sistema de comercialización regional que contempla un diferencial del 20% según distancia, con el objetivo de compensar los mayores costos de transporte que enfrentan las plantas ubicadas más lejos de los centros de consumo.

Otro de los cambios relevantes es la creación de un mercado electrónico de subastas, único, transparente y de acceso público, operado por un organismo independiente. El mecanismo reemplazaría el actual sistema de precios máximos establecidos por la Secretaría de Energía y avanzaría hacia precios de referencia calculados sobre la paridad de importación. El texto también incorpora el coprocesamiento, que permitiría a los mezcladores que además sean refinadores incorporar materia prima no fósil en la elaboración de gasoil. Ese volumen no computaría dentro del corte obligatorio de biodiesel, aunque tendría acceso a determinados beneficios impositivos hasta un máximo del 5% de la mezcla.

El biodiesel, uno de los ejes del debate

El biodiesel fue uno de los puntos que concentró mayor discusión durante el tratamiento en particular. La controversia estuvo vinculada especialmente con las provincias donde se encuentran las plantas no integradas, entre ellas Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Santa Fe. El incremento del corte obligatorio al 10% reúne consenso dentro de la discusión planteada en el texto, mientras que el debate se concentra en cómo se distribuirá ese volumen entre las empresas no integradas y el segmento de libre negociación.

El proyecto establece una transición mediante la cual la porción reservada a las empresas no integradas se reduciría progresivamente hasta alcanzar un 4% en 2036, mientras aumentaría la participación del mercado total negociado.

El esquema actual, establecido por la Ley 27.640 desde 2021, contempla un corte obligatorio de 7,5% de biodiesel en el gasoil y 12% de bioetanol en las naftas, con el bioetanol distribuido en partes iguales entre maíz y caña de azúcar. Actualmente, el biodiesel destinado al mercado interno es abastecido exclusivamente por 25 empresas no integradas, mientras que las seis aceiteras integradas producen biodiesel principalmente para exportación y no participan del mercado interno. En bioetanol, el 6% correspondiente al maíz es producido por seis plantas ubicadas en Córdoba, Santa Fe y San Luis, mientras que el otro 6% proviene de ingenios azucareros del NOA.

Respaldo de las cadenas de bioetanol

Tras la votación, el Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Bioetanol de Maíz expresaron su respaldo a la media sanción y destacaron el potencial de la iniciativa para impulsar el agregado de valor en origen, la transición energética y el desarrollo federal.

Las entidades señalaron que el aumento progresivo del corte obligatorio de bioetanol hasta el 15% podría brindar previsibilidad y generar un horizonte de largo plazo para nuevas inversiones. También destacaron la posibilidad de desarrollar un mercado abierto por encima del corte obligatorio y la incorporación de vehículos con tecnología flex fuel.

Las entidades vinculadas al bioetanol también remarcaron el rol que podrían asumir las provincias mediante programas propios de fomento, mayores niveles de utilización y nuevos puntos de expendio. En su interpretación, el desarrollo del bioetanol de maíz y de caña permitiría transformar materias primas nacionales en energía de menor intensidad de carbono y profundizar la industrialización en las economías regionales. En ese sentido, plantearon que el proyecto representa una oportunidad para consolidar una política energética con mayor participación provincial y capacidad de generar demanda adicional.

El CAA estima inversiones por más de US$ 1.000 millones

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) también celebraron la aprobación en el Senado. Según el CAA, la previsibilidad normativa podría impulsar las cadenas productivas de la soja, el maíz y la caña de azúcar y, de acuerdo con estimaciones del sector citadas en el comunicado, la implementación plena del nuevo régimen podría movilizar inversiones privadas superiores a US$ 1.000 millones destinadas a ampliar capacidad instalada, incorporar tecnología, mejorar infraestructura logística y desarrollar energías limpias.

Para el CAA, el nuevo marco también podría contribuir a la generación de empleo y al ahorro de divisas mediante la sustitución de importaciones de combustibles fósiles. Su presidente, Gustavo Idígoras, vinculó la iniciativa con objetivos de federalismo, reducción de la huella de carbono, mejora de la calidad de los biocombustibles y competitividad para los consumidores. CIARA, por su parte, destacó que el impulso a la libre competencia podría favorecer a los consumidores y facilitar la planificación de futuras inversiones.

Ahora la discusión se traslada a Diputados

La media sanción marca el primer paso de una reforma que, de convertirse en ley, modificaría de manera sustancial el esquema vigente desde 2021. El proyecto deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados, donde volverá a atravesar el debate en comisiones antes de una eventual llegada al recinto. Entre los aspectos centrales que quedan por definir se encuentran la implementación del nuevo mercado electrónico, los mecanismos de formación de precios, la transición prevista para el biodiesel y el aumento de los cortes obligatorios.

El sector agroindustrial considera que la nueva regulación podría otorgar previsibilidad para inversiones de largo plazo, mientras que el debate legislativo deberá determinar el alcance definitivo de las reglas que regirán la actividad.

Si el proyecto completa su tratamiento parlamentario, el nuevo régimen prevé comenzar a operar en 2027, con mayores porcentajes de biocombustibles en los surtidores y un esquema de comercialización diferente al vigente. El próximo capítulo de la discusión, por lo tanto, estará en Diputados.

El fuerte ajuste en el área de Discapacidad previsto en el proyecto de Presupuesto 2027 que la Casa Rosada envió esta semana al Congreso causó un cimbronazo político que avivó las tensiones con los aliados y desencadenó una serie de reproches internos que tuvieron como principal protagonista a Patricia Bullrich. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a Infobae que darán marcha atrás con la propuesta del Poder Ejecutivo y adelantaron que están “muy cerca” de llegar a un texto consensuado con los bloques dialoguistas para reemplazar el capítulo de la polémica.

El dolor de cabeza para el oficialismo comenzó el martes por la noche, cuando ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027. Durante las horas de la madrugada, los bloques de la oposición revisaron el plan de gastos e ingresos para ver si había alguna novedad sobre Discapacidad.

Durante las últimas semanas la oposición impulsó la prórroga de la Emergencia en Discapacidad que vence a fin de año. Lograron emplazar a las comisiones y se encaminaban a llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre.

Para frenar la ofensiva opositora, las espadas legislativas del oficialismo anunciaron que estaban trabajando, junto a sus aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales, en un proyecto “superador” que permitiría terminar con la Emergencia -tal como pretende el Gobierno- pero al mismo tiempo brindaría una solución definitiva que genere previsibilidad.

Sin embargo, muchos descubrieron el miércoles por la mañana que el proyecto de Presupuesto 2027 contenía un capítulo con fuertes ajustes en el área que no tenían nada que ver con las conversaciones en marcha. Entre los que fueron tomados por sorpresa se destacan tanto Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, como Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA en el Senado.

La falta de coordinación multiplicó las especulaciones ya que ambos comparten la Mesa Política con otros referentes que estuvieron involucrados directamente con la confección del Presupuesto, como el ministro Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a través de su vice Ignacio Devitt; y Santiago Caputo, por medio de la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy.

Cerca de Menem mantuvieron el tono componedor y evitaron el pase de facturas. “El Estado es muy grande y el Presupuesto lo tocan miles de personas”, explicaron y agregaron que el texto se venía trabajando hace cuatro meses y “quedó viejo”. Pero Bullrich, fiel a su estilo confrontativo, pidió que “no la tomen de tonta”, apuntó abiertamente contra Economía y reclamó que temas sensibles como este sean discutidos con anticipación en la Mesa Política.

En concreto, el texto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso retoma un criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, que sería equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, en reemplazo del enfoque de derechos consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El texto también elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y traslada la definición de los requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, establece la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal: cualquier alta tributaria o trabajo registrado, incluso por pocas horas, extinguiría el beneficio, a diferencia del régimen vigente que permite compatibilizarlo con empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos. Además, en materia de prestaciones, desaparece el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, con actualización trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad (no automática por IPC).

Luego de que bajara un poco la espuma mediática, en la Cámara de Diputados los libertarios retomaron las negociaciones con los bloques aliados y les aseguraron que los artículos originales del Presupuesto sobre Discapacidad serán eliminados. “Lo que acordemos en el dictamen de comisión es lo que va a ir a Presupuesto”, sintetizaron.

Ante la consulta de Infobae, tanto el PRO como la UCR confirmaron que el diálogo se reencauzó, aunque todavía dan algunas señales de desconfianza. “Estamos esperando el borrador final. Vamos a ver qué mandan y terminaremos de definir”, resumieron desde el partido amarillo.

“El asunto quedó un poco revuelto. Falta una presentación clara de qué va a pasar con las compensaciones. Esperemos a la semana que viene cuando veamos todo por escrito”, coincidió un integrante del bloque UCR.

El reclamo por compensaciones hace referencia al artículo 13 de la ley de Emergencia en Discapacidad que establece una compensación para los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no quedó cubierto por las posteriores actualizaciones. A pesar de que el oficialismo planteaba que estaba cumpliendo con toda la ley, tanto el PRO como la UCR venían reclamando un cronograma claro de pagos para saldar lo adeudado.

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, la nueva propuesta apuntará a elevar los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad. “Ya no bastará con tener el CUD (Certificado de Discapacidad) para acceder a la pensión, necesitamos que esta tenga un correlato con la realidad”, explicaron y señalaron que buscan aplicar la misma lógica que con los subsidios para que “cobre el que verdaderamente lo necesita”.

Por otro lado, el nomenclador se actualizará por IPC en forma bimestral (no mensualmente como dice la ley de emergencia) y será universal. Además, a pedido de los aliados, las pensiones podrán recibirse de forma complementaria a un empleo registrado.

En las próximas semanas el oficialismo buscará quedarse con el dictamen de mayoría en comisión para bloquear cualquier intento opositor de llevar el tema al recinto. Si lo logran, el texto consensuado se incluirá directamente en el Presupuesto 2027.

La seguidilla de ataques de perros con víctimas fatales y heridos graves volvió a instalar el debate en Córdoba, donde diputados nacionales presentaron un proyecto que busca crear un registro, chip identificatorio y seguro obligatorio para perros potencialmente peligrosos, además de incorporar sanciones penales para propietarios, tenedores o cuidadores en determinados casos.

La iniciativa, impulsada entre otros por la diputada nacional Alejandra Torres, propone un marco de alcance nacional para la tenencia responsable. El texto combina obligaciones administrativas, que requerirían la intervención de provincias y municipios, con cambios en normas de fondo que dependen del Congreso, como el régimen de responsabilidad civil y las modificaciones al Código Penal.

Qué propone el proyecto

La propuesta establece la creación de un registro especial para los perros potencialmente peligrosos. Cada animal debería contar con un chip que permita su identificación y localización dentro de ese sistema. El esquema apunta a asociar al perro con una persona responsable y a facilitar la determinación de responsabilidades ante un eventual incidente.

También plantea la contratación obligatoria de un seguro de responsabilidad civil para afrontar los daños que un animal pueda ocasionar. A ello se suman condiciones específicas para la tenencia, el traslado y la circulación de los perros alcanzados por la norma.

El proyecto no se limita a las consecuencias posteriores a una agresión. Incluye reglas de prevención y contempla que puedan aplicarse sanciones frente a conductas riesgosas, como dejar suelto en la vía pública a un perro potencialmente peligroso sin las medidas de seguridad correspondientes.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la incorporación de nuevas figuras al Código Penal vinculadas con los daños causados por estos animales. La propuesta prevé analizar la responsabilidad de propietarios, tenedores o cuidadores cuando un ataque produzca lesiones o un homicidio.

El alcance de esas sanciones y las circunstancias que podrían configurar una conducta punible deberán ser discutidos en las comisiones de la Cámara de Diputados. El debate incluirá la delimitación de competencias entre la Nación, que puede legislar sobre cuestiones de fondo, y las jurisdicciones locales, que tendrían a su cargo gran parte de los controles administrativos.

En la provincia ya existen disposiciones municipales sobre tenencia y circulación de animales considerados peligrosos. Sin embargo, el nuevo proyecto busca fijar estándares mínimos para todo el país. Su aplicación efectiva dependería de los mecanismos de fiscalización que definan las autoridades provinciales y municipales.

Dos muertes en pocas horas reavivaron la discusión en Córdoba

La discusión legislativa cobró fuerza después de dos episodios ocurridos el 5 de septiembre en Córdoba, donde dos niños de 2 años murieron tras ser atacados por perros con pocas horas de diferencia.

El primero ocurrió en barrio Cabildo, en la ciudad de Córdoba. Una niña fue atacada por dos dogos que pertenecían a sus tíos y sufrió heridas de gravedad. Fue asistida en el Hospital Príncipe de Asturias y luego trasladada al Hospital de Niños, donde murió tras ser sometida a una operación de urgencia.

Más tarde, en barrio Villa Oviedo, de Alta Gracia, un pitbull atacó dentro de una vivienda a un niño de la misma edad. El menor fue llevado al Hospital Regional Arturo U. Illia, pero murió pese a los intentos de reanimación. El dueño del animal, de 30 años, quedó detenido y la causa es investigada por la Fiscalía de Primer Turno, a cargo del fiscal Diego Fernández.

Esos casos elevaron a 11 la cantidad de episodios graves registrados en Córdoba durante 2026, entre muertes y lesiones de consideración. El 9 de agosto, un pitbull atacó a un niño de 3 años en barrio Villa La Lonja, en la capital provincial, y la víctima murió poco después. En barrio Remedios de Escalada, otro menor de la misma edad sufrió lesiones en el rostro tras la agresión de un perro cruza con pitbull y recibió 65 puntos de sutura.

La sucesión de hechos coincide además con el avance del proceso judicial por la muerte de Trinidad Ballesteros, en una causa vinculada con el ataque de dogos. Mientras tanto, el proyecto presentado en el Congreso deberá ser tratado en comisiones antes de llegar al recinto de la Cámara de Diputados.

Los diputados de La Libertad Avanza amanecieron este miércoles con un disgusto inesperado. Luego de haber asegurado públicamente que el oficialismo estaba trabajando en un texto “superador” para reemplazar la Emergencia en Discapacidad, recibieron con asombro un proyecto de Presupuesto 2027 que contenía un capítulo con fuertes ajustes en el área de discapacidad y detonaba las negociaciones en curso con los aliados. Ahora, los libertarios desestiman los artículos de la polémica y buscan retomar el diálogo con los dialoguistas, pero persisten las dudas sobre las reales intenciones del presidente Milei.

Si bien voces dentro del oficialismo intentaron explicar que todo fue parte de una estrategia, que implicaba una propuesta de máxima (eliminar de raíz la Emergencia en Discapacidad) para luego tener margen de negociación y avanzar con un texto consensuado, durante el transcurso del día diferentes fuentes reconocieron que en realidad no estaban al tanto de las propuestas de la Casa Rosada.

“Nadie sabía nada. Fue una descoordinación un poco responsabilidad del Ministerio de Salud y otro poco de Legal y Técnica”, explicaron a Infobae. Pero incluso admitieron que el presidente de la Cámara de Diputados y hombre fuerte del karinismo, Martín Menem, tampoco estaba al tanto, lo cual multiplica las especulaciones, ya que comparte la Mesa Política con otros referentes que estuvieron involucrados directamente con la confección del Presupuesto, como el ministro Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a través de su vice Ignacio Devitt; y Santiago Caputo, por medio de la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy.

El texto que el Gobierno envió al Congreso introduce una reforma profunda al sistema de discapacidad que tanto la oposición política como las organizaciones del sector consideran un retroceso respecto de la actual. Entre sus puntos más destacados, la iniciativa retoma un criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, que sería equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, en reemplazo del enfoque de derechos consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El texto también elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y traslada la definición de los requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, figura la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal: cualquier alta tributaria o trabajo registrado, incluso por pocas horas, extinguiría el beneficio, a diferencia del régimen vigente que permite compatibilizarlo con empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos. Además, en materia de prestaciones, desaparece el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, con actualización trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad (no automática por IPC)

Ante la consulta de Infobae, desde el bloque libertario reconocieron que el capítulo VI no tiene posibilidades de ser aprobado tal como lo envió el Palacio de Hacienda y aseguraron que en la versión definitiva quedará el proyecto “superador” que se estaba negociando con los aliados, como el PRO, la UCR, Provincias Unidas (Córdoba y Santa Fe) y Argentina Federal (Salta y Misiones). No obstante, hasta el momento no ha trascendido ningún detalle sobre esta propuesta. “Así como está, no va a salir”, resumieron.

La falta de coordinación generó un fuerte malestar entre los diputados que se habían puesto al frente de la discusión. Hasta el presidente de la Cámara, Martín Menem, tuvo que reunirse en persona con varios de ellos para “contenerlos”.

“El Presupuesto quedó viejo”, intentó explicar otro integrante del bloque, que atribuyó el traspié a que el texto había sido redactado antes de que comenzaran las negociaciones con los aliados.

Sin embargo, la misma fuente rescató que a pesar de las “desprolijidades” se terminó adelantando un paso. “Es mejor que esto explotó ahora porque simplifica la negociación, hubiera sido peor llegar a un dictamen de consenso y que después cuando lo viera Economía, lo diera de baja”, sintetizaron.

Por lo pronto, las negociaciones con los aliados volvieron a foja cero pero desde el oficialismo confían en poder llegar a un dictamen antes de fin de mes.

“Estamos en una etapa de conversaciones y de una suerte de consolidación de confianza con la expectativa de tener un entendimiento electoral el año que viene”, afirmó en Infobae a la Tarde.

De Andreis remarcó que el PRO y LLA siguen siendo espacios diferentes, pero identificó un punto de contacto central: “Compartimos el electorado”. Para el dirigente, la principal coincidencia está en el rumbo económico. “Creemos en la agenda que propone Milei porque es la misma agenda que proponemos nosotros hace 20 años”, sostuvo.

Al mismo tiempo, admitió diferencias en algunos aspectos de la gestión, entre ellos cuestiones vinculadas con la libertad de expresión.

El PRO y La Libertad Avanza, rumbo a 2027

La posibilidad de una construcción electoral entre ambos espacios fue uno de los principales ejes de la entrevista. De Andreis sostuvo que una competencia fragmentada dentro del electorado no peronista podría dificultar las posibilidades electorales, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

“Sobre todo en provincia de Buenos Aires, cualquiera que va separado, no peronista, no tiene ninguna chance de ganar”, planteó. Sin embargo, rechazó que el acercamiento responda solamente a una conveniencia electoral. “Yo me siento porque creo que tengo algo en común. No es pragmatismo puro”, explicó.

Consultado por Maia Jastreblansky sobre cómo podría configurarse el escenario político argentino en el futuro, fue más allá de las próximas elecciones: “A mí me gustaría pensar que alguna vez la Argentina, la alternancia de la Argentina, puede ser entre la Libertad Avanza y el PRO”.

El secretario general del PRO también hizo una autocrítica sobre las elecciones de 2023. “La gente y nuestro electorado eligió a Milei en gran parte por virtudes de Milei y en gran parte por cagadas nuestras”, reconoció.

En ese análisis incluyó la interna de Juntos por el Cambio entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. “La interna de Patricia fue muy feroz”, señaló.

De Andreis sostuvo que su espacio debe evitar especulaciones y apostar al diálogo con el oficialismo. “Estamos convencidos de que tenemos que, por lo menos este año, acompañar y ver de construir algo juntos”, afirmó.

La reforma de las PASO

La discusión sobre las elecciones primarias también formó parte de la entrevista. De Andreis planteó que el PRO está dispuesto a discutir modificaciones al sistema, pero consideró necesario conservar algún mecanismo para que los partidos y las coaliciones puedan resolver sus internas.

“Nosotros estamos para escuchar alternativas de cómo los partidos políticos o los frentes dirimen sus internas”, sostuvo.

El dirigente manifestó, además, reparos ante un escenario en el que un presidente llegue al poder con un porcentaje reducido de votos. “A mí personalmente, y a varios compañeros míos, nos preocupa el ejemplo de Perú, el ejemplo de la Argentina del 2003, donde los presidentes llegaban con el veintipico por ciento de los votos a ganar”, explicó.

Al mismo tiempo, reconoció que el calendario electoral puede resultar complejo en algunos distritos. “Hay distritos donde se puede llegar a tener que votar seis veces. Eso es un incordio para la gente en general y desde lo económico”, afirmó.

Consultado sobre una alternativa intermedia, como quitar la obligatoriedad de las PASO, respondió: “Creo que algún sistema tiene que haber. Y creo también que todo se puede mejorar”.

Presupuesto, discapacidad y morosidad

En relación con el Presupuesto, De Andreis consideró que existe una mayor predisposición del Gobierno a avanzar en una ley que permita ordenar las cuentas públicas. “Hay una madurez y un entendimiento de que, sobre todo, la ley de presupuesto, cuando vos querés salir al mercado, querés normalizar la economía, es fundamental”, sostuvo.

Sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo, señaló: “A priori, sin haber entrado tanto en detalle, me parece que es un presupuesto bastante más realista que el que se votó el año pasado”.

El diputado también se refirió a la situación del sector de la discapacidad. Explicó que el PRO impulsa una iniciativa para reemplazar el régimen de emergencia por un marco permanente y reclamó que se regularicen las deudas con los prestadores.

“Nosotros como bloque estamos planteando una ley que le dé un marco jurídico integral y que deje de ser como una emergencia”, dijo. Y agregó, en relación con los pagos pendientes: “Que se pongan al día con la deuda de los prestadores”.

Sobre la morosidad, De Andreis cuestionó los proyectos que buscan resolver el problema mediante nuevas regulaciones. “Yo no creo que un proyecto de ley de la Cámara de Diputados resuelva el problema de la morosidad en Argentina. Todo lo contrario”, afirmó.

En ese sentido, defendió una mayor educación financiera y el acceso a información clara para quienes toman crédito. También vinculó la discusión con la prevención de la ludopatía entre los jóvenes.

Por último, reconoció que la situación económica todavía genera restricciones concretas para las familias. “La llegada a fin de mes, claramente, es un problema. Y hoy hay una situación de restricción, por supuesto”, admitió.

Sin embargo, defendió el proceso de estabilización impulsado por el Gobierno. “No me imagino, no escuché una manera para salir del desastre en el que estábamos que no te haga pasar por momentos difíciles”, concluyó.

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El gobierno nacional envió este miércoles a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Presupuesto 2027, tal como estipula la ley de Administración Financiera. El plan general de gastos e ingresos prevé un crecimiento del PBI del 4 por ciento, una inflación promedio del 21,1 por ciento y una suba del salario promedio del 25,4 por ciento.

Según destacaron desde el oficialismo, el Presupuesto 2027 contempla nuevamente resultado fiscal positivo, con lo que se consolidarán “por primera vez en la historia” cuatros años consecutivos de superávit financiero.

La popularmente conocida como “ley de leyes” también estima que Argentina exportará productos y servicios por USD 130 mil millones y que la balanza comercial será favorable por USD 15 mil millones.

Además, calcula que el tipo de cambio promedio anual será de $1728. Este número surge del cálculo entre el tipo de cambio actual por la inflación estimada para el 2027.

“El Presupuesto que se presenta refuerza el compromiso inclaudicable de este Gobierno Nacional de sostener el equilibrio fiscal, condición necesaria para continuar el proceso de eliminación de la inflación y fortalecer los instrumentos de estabilización macroeconómica, que redundarán en la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y el desarrollo de la Nación”, señala el proyecto en su introducción.

En la misma línea, también concluye que “la política fiscal iniciada el 10 de diciembre de 2023 está generando los resultados esperados en términos de estabilización macroeconómica” y adelanta que “para el próximo año se prevé profundizar y continuar el proceso de mejora en la eficiencia y eficacia de las políticas públicas vinculadas con el acompañamiento social sin intermediaciones, incrementar la eficiencia de la obra pública, recuperar las capacidades en seguridad interior y defensa nacional y alcanzar la modernización y simplificación del Estado”.

Los principales puntos del Presupuesto fueron adelantados este mediodía por el ministro de Economía, Luis Caputo, a los integrantes de la mesa política que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. De la reunión también participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

A diferencia de lo que ocurrió en 2024, cuando el propio presidente Milei presentó los principales puntos del Presupuesto en el recinto de la Cámara de Diputados, esta vez la responsabilidad quedará en manos del Secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase, y del Secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

A pesar de que históricamente ha sido una responsabilidad del titular del Palacio de Hacienda, desde el oficialismo descartaron que el ministro Caputo asista al Congreso para contestar preguntas sobre la ley de leyes. La aversión del ministro a pisar el Congreso es conocida y siempre rechazó las invitaciones de la oposición a dar explicaciones sobre las políticas económicas.

Las planillas del Presupuesto 2027 eran esperadas con mucha expectativa por los aliados de la Casa Rosada y por los gobernadores dialoguistas, e influirá directamente en otras negociaciones legislativas importantes para el oficialismo como la eliminación de las PASO, el régimen de Zonas Frías, el Super RIGI y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, todas trabadas en el Senado.

“Tenemos mucha confianza en que vamos a conseguir la aprobación”, señalaron fuentes del bloque LLA, aunque reconocieron que las negociaciones en el Senado están “difíciles”.

Cabe destacar que el debate del Presupuesto se desarrollará en un clima electoral cada vez más intenso, tanto a nivel nacional como en las provincias, una situación que podría complicar las negociaciones del oficialismo con los gobernadores y los bloques dialoguistas, que ya han dado señales concretas en ambas Cámaras de haber comenzado a priorizar sus propios intereses electorales.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo cuenta con el respaldo de distintos bloques aliados con los que, además, busca construir una alianza electoral, entre ellos el PRO, la UCR, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad, Independencia y Producción y Trabajo. Sin embargo, esos respaldos no alcanzarían por sí solos para garantizar la aprobación del Presupuesto, por lo que el oficialismo necesitará sumar al menos una decena de votos adicionales en determinados tramos de la votación.

Fuentes parlamentarias del oficialismo adelantaron que el trabajo en la Comisión de Presupuesto, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch, comenzarán en la semana del 5 de octubre, una vez que termine el debate sobre endeudamiento y emergencia en discapacidad.

Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el legislador recordó que el Gobierno había enviado al Congreso el adelanto del Presupuesto el 3 de julio y consideró que allí ya podían observarse algunas de las proyecciones que ahora trascendieron. “Ya a esta altura conviene esperar el documento final”, planteó.

Martínez aclaró que Unión por la Patria no se opone a que el país tenga una Ley de Presupuesto. “Nosotros nunca estuvimos en contra de que haya un presupuesto”, afirmó. Sin embargo, cuestionó que el análisis de las cuentas públicas quede concentrado en el resultado fiscal y sostuvo que también deben contemplarse la evolución de los ingresos y el nivel de actividad.

Como antecedente, recordó que el Presupuesto aprobado en diciembre había proyectado una inflación del 10,1% para este año y planteó que las diferencias entre las previsiones oficiales y la evolución posterior de la economía deben ser consideradas al analizar las nuevas estimaciones.

El impacto del ajuste y la preocupación por la economía

Para respaldar su planteo, Martínez citó durante la entrevista un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sobre la evolución del gasto público. Según los datos que mencionó, entre enero y agosto de 2026 y el mismo período de 2023, las transferencias corrientes a las provincias cayeron un 86%, mientras que la obra pública y el gasto de capital registraron una reducción del 83%.

También señaló una caída cercana al 40% en el financiamiento universitario y en las prestaciones sociales, mientras que, según su exposición, las jubilaciones acumularon una pérdida real del 8,2% frente a 2023.

“Hay que pensar el presupuesto también teniendo en cuenta estos elementos”, sostuvo. Para el diputado, la discusión sobre el equilibrio de las cuentas públicas debe contemplar qué ocurre con los recursos que ingresan al Estado.

“Si uno mira solamente la dinámica del gasto sin mirar la dinámica de los ingresos, se complica”, explicó. En ese sentido, vinculó la recaudación con el nivel de actividad y sostuvo que una economía con mayor producción y consumo amplía la base sobre la cual se cobran los impuestos.

La situación de la industria ocupó otro tramo de la entrevista. Martínez contó que participó en Esperanza de la reunión anual de la Federación de Industriales de Santa Fe por el Día de la Industria y aseguró que allí recibió un diagnóstico negativo por parte de empresarios del sector. “El principal problema que tenemos hoy es un infernal parate económico”, definió.

Según relató, el presidente de la entidad habló de un “ACV productivo” para describir la situación. Martínez sostuvo que el crecimiento de sectores orientados a la exportación, como los hidrocarburos, la minería, el litio, la economía del conocimiento y las energías renovables, necesita complementarse con una recuperación de la demanda interna. “Si a esos elementos no le agregás un mercado interno potente, no te alcanza”, afirmó.

Qué dijo sobre el proyecto del Gobierno para Malvinas

Martínez también se refirió al proyecto que el Gobierno prepara sobre Malvinas y que contempla medidas vinculadas con empresas que desarrollen actividades en las islas. El diputado evitó anticipar si Unión por la Patria acompañará la iniciativa hasta conocer su contenido. “Veremos cuál es el contenido y evaluaremos en función de eso”, respondió.

El jefe del bloque opositor recordó que el Congreso ya cuenta con legislación sobre la cuestión. Mencionó las leyes sancionadas en 2008 y 2011 relacionadas con la pesca y con sanciones a empresas que operen en la zona sin autorización argentina.

En ese contexto, cuestionó la decisión del Gobierno de impulsar ahora nuevas medidas y reclamó que el proyecto sea discutido en las comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa. “Que venga el proyecto y que se debata y que esté abierto”, sostuvo.

Martínez también planteó la necesidad de establecer controles sobre las actividades económicas vinculadas con los recursos de las islas y advirtió sobre posibles irregularidades en sectores como los hidrocarburos y la pesca.

El desafío del peronismo y su mirada sobre Kicillof

Consultado por la reconstrucción del peronismo, Martínez sostuvo que el espacio debe recuperar capacidad para interpretar las preocupaciones cotidianas de la sociedad. “Tenemos que tener una capacidad de leer con precisión dónde está puesta la expectativa de la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas”, afirmó.

Entre los temas que considera centrales ubicó la actividad económica, el empleo, la recuperación del salario real, el consumo interno y las políticas de ciencia y tecnología. En materia laboral, señaló que se perdieron más de 300 mil puestos de trabajo.

El diputado también reconoció errores de las administraciones peronistas y los vinculó con el deterioro de la confianza de parte del electorado. “El principal desafío que para mí tiene el peronismo tiene que ver con la reconstrucción de la confianza”, sostuvo.

Sobre Axel Kicillof, Martínez lo definió como “un muy buen gobernador de la provincia de Buenos Aires” y lo ubicó entre los dirigentes que podrían formar parte de una futura propuesta presidencial del peronismo.

En Santa Fe, en tanto, evitó confirmar una candidatura a gobernador, aunque reconoció que analiza esa posibilidad. “Ganas no me faltan”, dijo, y señaló que cualquier definición dependerá de la estrategia que adopte el Partido Justicialista provincial.

También evaluó la gestión de Maximiliano Pullaro. Martínez reconoció como un dato positivo la reducción de los homicidios dolosos y las balaceras en Rosario. “Hay un acierto, sin lugar a dudas, y hay que tratar de sostenerlo”, afirmó.

Al mismo tiempo, sostuvo que la venta de estupefacientes en los barrios de la ciudad “lejos de solucionarse, está potenciada”. También valoró la inauguración de un natatorio en la zona sur de Rosario y cuestionó el rumbo económico de la provincia, al considerar que Santa Fe quedó condicionada por las decisiones del gobierno de Javier Milei.

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En medio de un clima de tensión creciente por el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas y de críticas por parte de la oposición sobre el rumbo de la economía, el presidente Javier Milei mantuvo esta tarde una nueva reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, en la antesala del envío de importantes proyectos que el oficialismo buscará impulsar en el Congreso en las próximas semanas.

Según pudo confirmar Infobae, la convocatoria original se hizo para que el mandatario nacional pudiera explicar frente a los legisladores las razones por las cuales cree que la administración va por buen camino y rechazar una vez más los argumentos de falta de consumo o caída de la actividad.

Si bien se preveía que entre los temas que se trataran estuviera también la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado con el histórico enfrentamiento con el Reino Unido por la posesión del archipiélago, finalmente no hubo menciones sobre este tema.

Tampoco se conversó sobre el Presupuesto 2027, que incluirá las partidas destinadas a reforzar el gasto en Defensa y que se enviará este martes, pero no será presentado por Milei, como circuló en algún momento.

“Lo raro fue cuando lo presentó él, y eso fue porque se trataba del primero en décadas que tenía equilibrio fiscal, pero nunca estuvo en mente que volviera a ir al Congreso”, aclaran en la cúpula libertaria.

El encuentro se realizó en el Salón Héroes de Malvinas, el mismo espacio que la administración libertaria suele utilizar para este tipo de encuentros con sus legisladores antes de discusiones clave en el recinto.

Como la vez anterior, los invitados llegaron a Balcarce 50 cerca de media hora antes de lo previsto, lo cual fue un pedido de los organizadores para poder acomodarlos bien, teniendo en cuenta que son más de 100 personas.

Del acto participan la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los jefes del bloque del oficialismo en ese recinto, Gabriel Bornoroni, y en el Senado, Patricia Bullrich; el vocero, Adrián Ravier, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

De hecho, la funcionaria fue la primera en tomar la palabra, ya que durante unos 30 minutos quedó como oradora principal mientras todos esperaban la llegada del Presidente, que se demoró por cuestiones de agenda y entró al salón recién a las 15:30, entre los aplausos de la multitud.

“Su mensaje fue más polítio, básicamente nos pidió, aunque sin nombrar casos puntuales, que dejemos de criticar a los aliados o a aquellos con los que potencialmente podemos llegar a tener un acuerdo electoral”, reveló uno de los asistentes de la jornada.

En este sentido, si bien remarcó que no fue un cuestionamiento para alguien en particular, sostuvo que “la idea fue bastante clara y todos entendieron de quiénes estaba hablando”.

“Vos no podés sentarte a negociar con el gobernador de Jujuy o el de Salta para solicitarles que apoyen una reforma y que después salga uno de los tuyos a decirles narcotraficantes. No dio ese ejemplo ella, pero es eso”, agregó.

En este sentido, la secretaria general insistió con que la “dejen construir políticamente” y remarcó que “siempre se puede discutir o plantear temas de gestión para diferenciarse, pero eso no significa salir a insultar a un dirigente que después puede terminar estando con vos”.

Por su parte, como en oportunidades anteriores, el Presidente utilizó esta reunión para explicarles a los diputados y senadores los fundamentos de las iniciativas en danza y pedirles mayor exposición pública para defender el rumbo de su gestión.

“Nos enseñó cómo es que se va construyendo la mentira, pero hizo hincapié en que cuando uno tiene los datos, es muy fácil retrucar lo que se dice en los medios o lo que dice la oposición”, señaló otro de los invitados.

Una de las primeras en retirarse fue Patricia Vázquez, quien lo hizo cerca de las 17:30, cuando Milei todavía estaba hablando, porque tenía un compromiso en el partido bonaerense de Morón.

Poco después le siguieron Ezequiel Atauche y Joaquín Benegas Lynch, quienes coincidieron en que el mandatario no habló del tema Malvinas ni tampoco del Presupuesto 2027.

”El Presidente hizo un resumen detallado, punto por punto, de cómo está en este momento cada uno de los indicadores de la economía. Nos detalló la macro en profundidad durante tres horas”, precisó a Infobae otro de los asistentes.

Como estaba previsto, la charla incluyó referencias al libro La economía en una lección, del economista y periodista Henry Hazlitt, que Milei ya les entregó a sus legisladores en encuentros previos y que suele citar en sus discursos.

A la salida, el director de Realizaciones Audiovisuales, Santiago Oría, aprovechó para regalarles a todos los diputados y senadores un conjunto de libros publicados por el “Círculo de pensamiento liberal”, una institución que él mismo lidera.

Los textos se titulan “Manual de logros: dos años que cambiaron la Argentina”, y repasa las principales medidas tomadas por la actual gestión en los inicios; “Periodismo y república en la era Milei”, con críticas a los medios, y “Memorias de las décadas perdidas: un racconto de la tragedia kirchnerista”, que cuestiona a las anteriores administraciones.

El encuentro se da horas después de que el mandatario encabezara una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en la que también se analizó la agenda vinculada con Malvinas y los próximos pasos del Gobierno en el Congreso.

Aquella reunión, que comenzó a las 10:00, contó con la participación de los principales ministros del Poder Ejecutivo y marcó el inicio de una jornada con fuerte actividad política y legislativa para la administración libertaria.

Más tarde, solamente los diputados fueron invitados a otra reunión, esta vez en el local que La Libertad Avanza inauguró recientemente en el barrio porteño de San Telmo, donde se espera la presencia de Karina Milei.

Cuando el establecimiento se abrió, únicamente los visitaron aquellos dirigentes que tienen una banca por la provincia de Buenos Aires, ya que en el establecimiento trabaja la estructura bonaerense del espacio,

Por esta razón, la funcionaria quiso ahora que lo conozcan los otros legisladores y aprovechará para seguir hablando de las reformas: “No va a ser una cena, es un encuentro como cualquier otro, en el que puede ser que hable ella”, señalaron los organizadores.

El informe llegó a esta conclusión luego de cruzar dos fuentes oficiales: los registros de aportes de campaña presentados ante la ONPE y las planillas oficiales del Congreso correspondientes al cierre de agosto. El contraste permitió identificar al menos una decena de casos en los que personas que contribuyeron a las campañas de determinados candidatos terminaron ocupando puestos de confianza en sus despachos una vez que estos llegaron al Parlamento, según la unidad de investigación de Latina Noticias.

Los cargos incluyen asesores, técnicos y auxiliares, con remuneraciones que, en algunos casos, superan los 14.000 soles mensuales. Frente a los cuestionamientos sobre un eventual conflicto ético o favoritismo en el uso de recursos públicos, los legisladores consultados defendieron las contrataciones y aseguraron que sus trabajadores fueron seleccionados por su perfil profesional, experiencia, capacidad o confianza.

Diputado Jesús Pérez contrató a un aportante por S/5.800

Uno de los primeros casos expuestos por Punto Final fue el del diputado por Apurímac Jesús Pérez Alccahuamán, de Juntos por el Perú. El legislador, de 38 años, es presentado en el reportaje como uno de los líderes de la Federación de las Comunidades Indígenas Mineras de Apurímac y como una de las caras vinculadas a la minería informal en la Cámara de Diputados.

Pérez también integra la Comisión de Energía y Minas y, entre sus propuestas, busca la ampliación y expansión del REINFO. El parlamentario confirmó que José Gabriel Mendoza Salazar trabaja actualmente en su despacho como técnico. “Claro, es un técnico en mi despacho”, respondió Pérez cuando fue consultado por el periodista.

De acuerdo con la información presentada en el reportaje, Mendoza Salazar tiene un sueldo de 5.800 soles. Los registros de la ONPE muestran que realizó aportes por 5.226 soles a la campaña de quien actualmente ocupa un escaño como diputado. El dinero fue entregado en cuatro armadas.

Durante la entrevista, el legislador fue consultado inicialmente sobre si Mendoza había aportado a su campaña. Pérez respondió: “No”. Sin embargo, ante la precisión del periodista de que el aporte figuraba registrado en el sistema de la ONPE, finalmente reconoció: “No, ha, ha aportado, claro”.

El reportero le preguntó entonces si consideraba que podía existir una falta ética al contratar a alguien que había aportado a su campaña y darle un puesto de trabajo en el Congreso.

“Mmm, no. Yo para contratar a alguien veo desenvolvimiento”, contestó el diputado. Cuando se le pidió explicar qué desenvolvimiento había observado en Mendoza, respondió: “Claro, es una persona idónea de Apurímac, se desenvuelve y está acá”. El propio trabajador fue consultado sobre su aporte y confirmó que había entregado 5.200 soles durante la campaña. “Por supuesto, de forma voluntaria”, indicó.

También reconoció que venía colaborando con el actual diputado: “Eh, yo vengo, eh, colaborando, cooperando con él, sí”. Al ser consultado sobre si había trabajado anteriormente con Pérez en otro estamento político, respondió que no. Entonces surgió otra interrogante: ¿Cómo pudo el diputado conocer su desenvolvimiento profesional? Pérez respondió que Mendoza es un líder y destacó su trayectoria.

“Porque es un líder, es un líder, es un gran líder, como usted lo puede investigar, un apurimeño. Ahora lo va usted a ver. Es un gran líder”, afirmó. Y ante el cuestionamiento sobre la relación entre el aporte y la posterior contratación, sostuvo: “Cada cosa se separa. No podemos mezclar papas con camotes”.

Diputado Javier Cipriani niega que aporte haya motivado contratación

Otro de los casos corresponde al diputado por Lima Metropolitana de Renovación Popular, Javier Cipriani Zorr. El legislador contrató como asesor principal al abogado Jaime Augusto Vargas Montenegro, quien recibe un sueldo de más de 14.000 soles.

Según los registros de la ONPE citados en la investigación, Vargas Montenegro aportó 4.590 soles a la campaña de Cipriani. El diputado defendió la designación y aseguró que Vargas cumple con las exigencias del puesto.

“Él es un abogado, eh, y curiosamente cumple todas las expectativas que tiene el cargo para ser mi asesor principal. Pero sobre todo es una persona que tiene mi confianza”, manifestó. Cipriani sostuvo que su relación con Vargas se fortaleció porque se hicieron amigos y negó que el aporte haya sido determinante para contratarlo.

“Yo, en base a aportar a mi campaña, no es que por eso lo he contratado. Yo no sabía que había aportado, fíjate”, aseguró. Incluso contó que, tras ser informado de la existencia del aporte, tuvo que preguntarle directamente a Vargas si había contribuido a su campaña.

“Entonces, sí ha aportado, mira, ve, yo no sabía. Eso no significa que como aportó, entonces le doy un trabajo. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra”, afirmó. Cuando se le preguntó si consideraba que podía verse mal contratar a una persona que aportó dinero a su campaña, respondió: “Cuatro mil soles no, la verdad que no”.

Vargas Montenegro también rechazó cualquier irregularidad y sostuvo: “No hay nada que ocultar, todo ha sido transparente y, y las cifras son públicas”. El abogado, además, explicó que su relación con Cipriani era anterior a la actual contratación.

“No, lo que ocurre es que lo siguiente, es que hay que ver la foto completa. Claro, efectivamente, él desconocía, porque yo no soy un aportante, eh, digamos, estos, este, que, un, un simple aportante. Yo he sido su representante. Yo, eh, he sido su representante legal”, señaló.

Diputado Jair Manrique y las 50 cajas de preservativos para su campaña

La investigación también puso bajo la lupa al diputado Jair Manrique Olivera, de Ahora Nación, quien recientemente adquirió notoriedad por una disputa relacionada con oficinas en el Parlamento.

Manrique, representante de Lima Metropolitana, es uno de los integrantes más jóvenes de la nueva Cámara de Diputados. En su despacho contrató como técnico a José Miguel Escalante Llanos, bachiller en Ingeniería, con un sueldo de 8.300 soles. Según la información presentada, Escalante aportó 2.050 soles a la campaña: 1.800 soles bajo el concepto de asesorías y otros 250 soles en especies.

El aporte en especies fue uno de los aspectos que más llamó la atención. En el reportaje se indicó que se trató de preservativos utilizados para la estrategia de campaña denominada “Ponte el casco”. “Él aportó en especies, ¿no? Preservativos”, se señaló durante el informe.

Manrique explicó que Escalante es una persona capaz y destacó su formación profesional. “Es una persona, eh, muy capaz. Es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Es una persona formidable y también, va, que conoce bastante de política”, afirmó.

Escalante no aceptó una entrevista para el reportaje. Sin embargo, desde el despacho del diputado se enviaron recibos que acreditaban, según la investigación, sus aportes a la campaña, incluyendo 50 cajas de preservativos para la estrategia “Ponte el casco”.

Diputada Jessica Navas contrató a aportante de S/6.300

La lista también incluye a la diputada por Ucayali de Fuerza Popular, Jessica Navas. Según la investigación, Navas contrató en su despacho a Salomón Maceo Rivera como asesor dos, con un sueldo superior a 12.000 soles. Los registros citados por Punto Final señalan que Maceo aportó 6.300 soles a la campaña de Navas.

El caso fue incluido dentro del grupo de parlamentarios cuyos despachos tienen actualmente entre su personal a personas que realizaron aportes durante sus campañas electorales. Durante el reportaje también intervino Rubén Siguairo, técnico del senador Edgar Mancha, quien explicó que los aportes voluntarios son habituales durante las campañas.

“En la campaña hay muchas personas que sí aportan, ¿no? Hacen aportes voluntarios y eso es lo que se declara ante la ONPE y lo hace el contador”, manifestó. Cuando se le preguntó si conocía que una de las personas había aportado a la campaña, insistió en que las colaboraciones forman parte de la dinámica electoral.

“Mira, todas las personas, inclusive del, del, del grupo humano de un, de un candidato, ¿no?, hacen colaboraciones voluntarias. Eso se da siempre, ¿no? En toda campaña”, sostuvo.

Exfuncionario del Congreso advierte sobre capacidad de trabajadores

El debate no quedó únicamente en las explicaciones de los parlamentarios. El reportaje recogió también la opinión del ex oficial mayor del Congreso César Delgado Guembes, quien consideró que el problema debe analizarse desde la perspectiva de la gestión parlamentaria.

Delgado recordó cómo funcionaba el Parlamento antes de la expansión de los equipos de asesores. “Hasta el año 1988, ningún diputado y ningún senador necesitaba a nadie, porque ellos mismos redactaban sus pedidos, sus mociones, sus proyectos y hacían sus dictámenes”, señaló.

Para el exfuncionario, la discusión principal está en establecer criterios adecuados para seleccionar al personal que trabaja directamente con los parlamentarios. “Y para mí el principal problema es un problema de gestión. Las personas deben ser contratadas porque tienen competencias específicas en el desempeño de funciones legislativas o de control político”, sostuvo.

Otros diputados también contrataron a personas que aportaron a sus campañas

La investigación continuó con otros casos registrados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Uno de ellos es el diputado por Cajamarca de Juntos por el Perú, Gabriel González Delgado, quien contrató como asesor dos a Reiniero Vilca Aquino. Según el reportaje, Vilca aportó 10.800 soles en especies durante la campaña.

Consultado sobre el aporte, explicó que correspondió a una camioneta que le prestó al candidato durante determinados días. “No es en aporte en efectivo, es la camioneta que me prestó en días, no en meses cerrados, sino en días”, explicó. Sobre su posterior contratación, sostuvo que la decisión estuvo relacionada con sus capacidades.

“El cargo de confianza está por su capacidad. O sea, yo en ningún momento he tenido un arreglo, una conversación”, afirmó. Otro caso corresponde al diputado por Áncash de Ahora Nación, José Marcelo, quien tiene como técnico a Rommel Poma Vivar. El trabajador aportó 4.300 soles en especies a la campaña.

“Ha sido contratado por su perfil profesional. Es un economista, tiene más, más de veinte años de trayectoria y que el hecho de que haya aportado, eso no, no tiene nada de ilegal”, manifestó.

También aparece el diputado por Puno de Juntos por el Perú, César Tito Rojas, quien contrató como auxiliar a Juan Carlos Maraza, quien aportó 1.800 soles entre efectivo y especies. Tito Rojas explicó que Maraza actualmente trabaja apoyando al despacho y destacó su experiencia profesional.

“No, él está ahora apoyando acá en el despacho, como muchos hermanos de Puno. Y yo creo que él tiene cierta experiencia como abogado y está apoyando en contestar, por ejemplo, algunas demandas, pedidos, que se tiene también de la misma región de Puno”, señaló.

Senador Serafín Luján tiene como auxiliar a un aportante

El reportaje también encontró casos similares en el Senado. Uno de ellos corresponde al senador por Huánuco de Juntos por el Perú, Serafín Andrés Luján.

Durante la investigación fue entrevistado Leonardo Jesús Martínez, quien confirmó haber aportado a la campaña del senador y actualmente trabajar en su despacho. Al ser consultado sobre cómo realizó el aporte, respondió: “Eh, con material”.

El reportaje señaló que Martínez aportó 2.900 soles a la campaña y actualmente se desempeña como auxiliar. Cuando se le preguntó si consideraba que podía verse mal que un aportante terminara trabajando en el despacho del candidato al que apoyó, Luján respondió que no había analizado la situación de esa manera.

“Bueno, no le he visto ese tema por ese lado. Yo simplemente le contraté como técnico, ¿no? O sea, por su lado, mmm, técnico, es profesional, ¿no? No por tema de favoritismo o nada”, declaró.

Senador Edgar Mancha contrató a dos de sus aportantes

Otro de los senadores mencionados en la investigación es Edgar Mancha Pineda, representante de Puno por Renovación Popular. Según Punto Final, Mancha contrató a Rubén Mamani como técnico y a Clinton Holguín Vilca como asistente. Ambos habían realizado aportes a su campaña. El senador reconoció la relación y explicó que se trata de personas con las que mantiene una relación previa.

“Sí, son amigos que aportaron una suma simbólica, ¿no? Claro que sí, este, son buenos profesionales también, que trabajaron conmigo en la ciudad de Puno”, afirmó.

Mancha aseguró que la contratación respondió al perfil profesional de cada persona. “Lo que yo he, sobre todo, evaluado es el perfil para cada uno de los puestos”, señaló. Rubén Siguairo, técnico del senador, también defendió su incorporación al despacho y explicó que ya había trabajado anteriormente con Mancha.

“Yo con el doctor Edgar anteriormente hemos trabajado y conocen la capacidad en cuanto a mis conocimientos”, sostuvo. Siguairo detalló su preparación profesional: “Soy licenciado en Turismo, también soy bachiller, soy magíster en lo que es en cuanto lo que es la gestión pública, también estudios de doctorado, lo que es, eh, la universidad, ¿no? En cuanto a Derecho”.

Y concluyó que el conocimiento previo de sus capacidades fue uno de los motivos por los que recibió la invitación para participar en el despacho.

Una propuesta para que un niño, niña o adolescente sea reasignado a otra familia en un plazo máximo de 15 días, cuando los solicitantes decidan terminar la convivencia, fue incorporada a las consultas del proyecto de ley 570, que reforma el régimen de adopciones en Panamá.

La iniciativa fue presentada por Roderick Burgos, de la Fundación Pro-Familia, durante una mesa técnica de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, presidida por la diputada Olga Paulette Thomas. El planteamiento busca evitar que el menor permanezca sin una alternativa familiar definida.

La modificación propone considerar como “devolución” la decisión voluntaria de los solicitantes de poner fin a la convivencia con el menor que les fue entregado, tanto durante el acogimiento preadoptivo como después de constituida la adopción. Ante esa situación, la reasignación deberá efectuarse dentro del plazo establecido.

El término no supone que el cambio de familia pueda ejecutarse de manera automática. La propuesta deberá precisar desde cuándo comienzan a contarse los 15 días, qué autoridad determinará la nueva asignación y cuáles evaluaciones acompañarán al menor.

También deberá establecer cómo operará el procedimiento cuando la adopción ya sea definitiva.

El proyecto 570, presentado por los diputados Manuel Cheng Peñalba y Janine Prado, se encuentra en la etapa final de consultas con los sectores involucrados. Una vez concluida esta fase, el equipo asesor revisará las modificaciones y preparará un informe para la discusión en primer debate, según la Asamblea Nacional.

La propuesta de reasignación introduce un plazo concreto ante una situación que puede provocar una nueva ruptura emocional en menores previamente separados de su entorno familiar. Su aplicación requeriría combinar la rapidez administrativa con evaluaciones que garanticen la seguridad, compatibilidad y estabilidad de la siguiente familia seleccionada.

El objetivo es impedir que la interrupción de una convivencia derive en una permanencia prolongada dentro del sistema de protección. Sin embargo, una segunda asignación también exige acompañamiento psicológico y seguimiento institucional, debido a que el menor puede enfrentar sentimientos de rechazo, pérdida de confianza o temor a otro abandono.

La reforma contempla, además, que antes de avanzar hacia una adopción se priorice la permanencia o el retorno del menor con familiares aptos. Solamente después de agotar las alternativas dentro de su entorno familiar correspondería aplicar otras medidas de protección, incluida su integración a una familia adoptiva.

Entre los cambios discutidos figura la activación de la atención psicosocial durante las primeras 24 horas posteriores al ingreso del menor al sistema y la apertura del expediente dentro de las siguientes 72 horas. El procedimiento incluiría la identificación de familiares que puedan asumir responsablemente su cuidado.

La investigación psicosocial inicial tendría un plazo máximo de 30 días hábiles e incluiría la elaboración del árbol familiar, apoyada con información del Registro Civil. Si aparece un pariente apto, las instituciones deberán valorar programas de reunificación o fortalecimiento, siempre que esa alternativa proteja el interés superior del menor.

Cuando no exista una opción familiar viable, la autoridad dispondría de tres días hábiles para presentar la solicitud correspondiente ante el tribunal competente. Las extensiones de la investigación solamente podrían concederse de forma justificada, con el propósito de evitar que la búsqueda familiar se convierta en una demora indefinida.

La propuesta también establece periodos para la evaluación de los aspirantes y la asignación. La valoración preadoptiva tendría una duración máxima de dos meses, mientras la decisión sobre la idoneidad debería emitirse en cinco días hábiles. Posteriormente, el acogimiento preadoptivo se desarrollaría durante 30 días calendario.

La selección correspondería al Comité de Asignación Familiar, que se reuniría cada 15 días y deberá tomar sus decisiones con base en las necesidades y características particulares de cada menor, no en las preferencias de los adultos. La reforma también procura preservar el vínculo entre hermanos durante el proceso de adopción.

Las familias acogentes que hayan cuidado a un menor durante más de un año podrían postularse como adoptantes y recibir consideración prioritaria, siempre que cumplan los requisitos legales y exista una declaratoria de adoptabilidad. Esta posibilidad busca reconocer relaciones estables sin convertir el acogimiento temporal en un acceso automático a la adopción definitiva.

El debate sobre los 15 días incorpora ahora uno de los momentos más delicados del proceso: qué ocurre cuando fracasa la convivencia con la familia seleccionada. La versión definitiva deberá equilibrar la necesidad de una respuesta rápida con garantías suficientes para que la nueva asignación no produzca otra separación perjudicial para el menor.

En declaraciones a radio Mitre, el legislador planteó que “confundir una beca con un subsidio” es “de burro o de mala persona”, y advirtió que “son cosas diferentes”.

Todo surgió cuando Hartfield, vicepresidente segundo de la comisión de Deportes, dio un breve discurso y se retiró de la sesión informativa. Entre sus frases, afirmó: “Entendemos que pueden estar pasando por momentos difíciles, y eso se entiende. Lamentablemente, vivir de subsidios puede tener sus costos, como pagar la energía por un valor menor que el que vale”.

En ese marco, la tensión escaló mientras se producía el intercambio después de que le recordaran que recibió una beca estatal cuando vivía en el CeNARD.

“La beca me la dieron y compartí habitación con Agustín Calleri y Guillermo Coria, ese era el nivel de esas becas”, dijo Hartfield, al mencionar la asistencia que recibieron otros deportistas destacados de la disciplina. Además, aseguró que que ese tipo de ayuda “sigue” vigente y que desde el Ministerio de Capital Humano “seguimos haciendo cosas desde el Estado para cuidar a los más desprotegidos”.

“Un subsidio es algo completamente diferente -continuó-. Lo que expliqué es que el subsidio a la luz nos llevó a todos indiscriminadamente a pagar el 10% del costo de la energía, y eso nos provocó que seamos un país importador de energía por 7.000 millones de dólares. Y todo eso es lo que estamos reconstruyendo para quizá exportar 30.000 millones de dólares en energía de acá a unos años”.

“Muchas veces la manera de operar es traer causas nobles y pegar fuertísimo cuando lo que estamos haciendo es reconstruir un país que quedó destrozado en 2023″, fustigó Hartfield.

La sesión en la Cámara de Diputados

Durante la sesión, representantes de clubes y otras instituciones deportivas del martes pasado, expusieron sus dificultades y el impacto del recorte de partidas.

Quien hizo el comentario crítico más fuerte fue el diputado de Tierra del Fuego Jorge Araujo Hernández, de Unión por la Patria, lo cuestionó por haberse ido antes de escuchar las respuestas y lanzó: “Tiró la piedra y escapó”. En ese marco recordó que Hartfield “fue becado por el CENARD” a los 16 años en 1995: “Vivió de esa beca del Estado durante varios años y hoy lo tenemos parado en la vereda de enfrente, tratando de destruir todo, como los clubes de barrio”.

En su réplica radial, Hartfield aseguró que recibió “una andana de puteadas” (sic) aunque “por suerte fue solo del kirchnerismo, que opera siempre de la misma manera”. Y lamentó que le dijeran que “huía como una rata”, ya que se tuvo que ausentar ante la situación de que “la comisión había arrancado un poco más tarde y nos teníamos que ir” a otra reunión parlamentaria. “Me enteré por Youtube, no pude responder nada”, dijo.

Lo cierto es que, pese a los comentarios que recibió sobre un presunto doble discurso sobre la asistencia al Estado, el diputado de La Libertad Avanza volvió a rechazar que aumenten los fondos para subsidiar a los clubes de barrio, y cuestionó la iniciativa legislativa en ese sentido de la legisladora Natalia Zaracho, de Unión por la Patria.

“Hay una diputada que presentó un proyecto de armar una tarjeta club para darle $600.000 por mes a todos los clubes de barrio. ¿Por qué $600.000 no $6.000.000? O sea, si total, ¿quién lo paga? Bueno, todo eso lo terminó siempre pagando la emisión monetaria, con lo que terminó generando más pobreza. Y eso es lo que justamente con mucho esfuerzo estamos tratando de revertir”, concluyó.

El oficialismo sufrió un traspié este miércoles en la Cámara de Diputados cuando la oposición logró imponer un cronograma para dictaminar antes de fin de mes los proyectos sobre endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad. Al término de la sesión, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo una serie de reuniones con Martín Menem, funcionarios de Desregulación y un grupo reducido de legisladores de La Libertad Avanza.

Fuentes libertarias señalaron que la visita de la hermana del Presidente no estuvo vinculada con la derrota legislativa sino que buscó fortalecer los vínculos con el bloque, discutir sobre la agenda legislativa del oficialismo y analizar la actualidad en los diferentes distritos. Algunos de los diputados que tuvieron su mano a mano con “El Jefe” fueron Gabriel Bornoroni, Romina Diez, Sebastián Pareja, Carlos Zapata, Manuel Quintar y Federico Tournier.

“Ella viene una vez por mes para monitorear el avance de la agenda legislativa”, explicaron fuentes oficiales que desligaron su presencia de la derrota de este mediodía.

Luego la Secretaria General también se reunió con el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el Secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. Según pudo saber Infobae, allí también conversaron sobre la agenda legislativa, entre otros proyectos, el de reforma del mercado de capitales.

El próximo lunes todos los miembros del bloque visitarán la Casa Rosada para un encuentro con el presidente Javier Milei donde conocerán de primera mano detalles sobre los proyectos sobre Malvinas y el Presupuesto 2026. También revisarán el libro “La economía en una lección”, de Henry Hazlitt, que el mandatario les obsequió en el último encuentro.

La reunión de Karina Milei con legisladores comenzó inmediatamente después de la sesión en la cual la oposición logró imponer un cronograma de trabajo para que las comisiones de la Cámara de Diputados traten los proyectos de ley sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. El esquema prevé que la propuesta sobre discapacidad se dictamine el miércoles 23 y las iniciativas sobre mora, el martes 29. Con los textos listos para ir al recinto, la oposición prevé que convocará a una sesión especial con ambos temas en la primera semana de octubre.

Los debates comenzarán la semana que viene. Las comisiones de Defensa del Consumidor y Finanzas harán dos encuentros plenarios de carácter informativo el 15 y el 22 de septiembre. Por su parte, las comisiones de Presupuesto y Discapacidad harán lo propio el miércoles 16, allí los libertarios adelantaron que presentarán un proyecto “superador” para “salir de la emergencia”.

Hasta el momento, tanto opositores duros como bloques aliados aseguran que no conocen ningún detalle de la propuesta libertaria. Desde el peronismo aseguran que cualquier propuesta “superadora” será bienvenida pero desconfían del oficialismo. En ese sentido, recuerdan que Milei vetó la ley de Emergencia en Discapacidad, luego sancionó la ley pero dejó su aplicación en suspenso por falta de fondos y luego la aplicó a medias cuando fue obligado por la Justicia.

“Si realmente quisieran aplicar la ley, lo más fácil es tener la Emergencia que te otorga mayor discrecionalidad para reasignar partidas. Nosotros queremos ver qué es lo que mandan, y si es ‘superador’ lo apoyaremos”, explicó un diputado de Unión por la Patria.

En cuanto a los proyectos sobre endeudamiento, los libertarios festejaron que ninguno tendrá giro a la comisión de Presupuesto, por lo tanto no tendrán costo fiscal.

Por su parte, la oposición deberá encarar un arduo trabajo para unificar cerca de 50 propuestas. Solamente el bloque peronista presentó más de veinte iniciativas. Ante la consulta de Infobae, desde la bancada que conduce Germán Martínez adelantaron que ya tienen dos textos trabajados que recopilan las principales propuestas. Aunque todavía no empezaron a buscar consensos con otros espacios.

En términos generales, adelantaron que no se perdonarán deudas ni se usarán fondos públicos para rescatar a los deudores. En cambio, se propondrán mecanismos para reestructurar las obligaciones existentes como extender los períodos de gracia, imponer topes a los intereses o establecer cuotas máximas en relación con los salarios de los deudores.

Los principales bloques de la oposición confían en tener apoyo de sobra para alcanzar el quórum y avanzar hoy en la Cámara de Diputados con dos temas incómodos para la Casa Rosada: los proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.

La convocatoria encendió luces de alarma en el Gobierno porque nuevamente deja en evidencia que algunos gobernadores, que hasta hace poco eran considerados aliados confiables, vuelven a dar muestras de autonomía en temas sensibles que pueden generarles un costo electoral.

En las horas previas, el “poroteo” opositor arrojaba al menos 134 presentes (se necesitan 129 para tener quórum) entre los que se destacaban Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el MID y algunos monobloques como el de Natalia de la Sota y el de Marcela Pagano.

Sin embargo, en la Casa Rosada seguían con más preocupación el apoyo de los bloques donde influyen directamente los gobernadores, como Elijo Catamarca (Raúl Jalil), Provincias Unidas (Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro), Primero San Luis (Claudio Poggi), La Neuquinidad (Rolando Figueroa) y Argentina Federal (Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua).

Durante los últimos meses se acumularon cerca de 50 proyectos de diferentes bancadas para abordar los niveles récord de mora y la oposición aún está lejos de alcanzar un texto que sintetice las propuestas de todos los espacios. Ante este panorama, en la sesión de hoy solo buscarán aprobar un emplazamiento a dos comisiones para ponerle un límite de tiempo al debate.

Según pudo saber Infobae, el cronograma tentativo incluiría dos reuniones de debate y un plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor el miércoles 29 de septiembre para dictaminar y dejar algún texto listo para discutir en el recinto. “Hay 50 proyectos y necesitamos por lo menos dos semanas para trabajar seriamente”, detallaron. Si bien el oficialismo accedió la semana pasada a dar inicio al tratamiento de los proyectos en la comisión de Finanzas, la oposición desconfía y prevé que los libertarios recurrirán a alguna maniobra para dilatar el debate.

“¿Quién nos da la certeza de que van a cumplir con el compromiso de dictaminar antes de fin de mes si todas las señales que dieron desde el Gobierno son que no están de acuerdo con buscar una solución para este problema?”, sintetizó una diputada de Unión por la Patria.

Los proyectos de la oposición abarcan una amplia batería de propuestas para abordar la problemática como refinanciación obligatoria para deudas de hasta tres Canastas Básicas Totales, quita de los intereses punitorios acumulados, planes de pago de hasta 36 meses y topes a las tasas de refinanciación. Ante la consulta de Infobae, fuentes “dialoguistas” señalaron que existe un acuerdo transversal para no impulsar ningún proyecto que tenga costo fiscal para el Estado. De esta forma, apuestan a dejar al Gobierno sin argumentos para un eventual veto de la ley.

En paralelo, la oposición también emplazará hoy a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto para avanzar con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad que vence a fin de año.

La Emergencia en Discapacidad que se aprobó el año pasado, y que el Gobierno tuvo que implementar por orden de la Justicia, creó una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, dispuso un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores (hogares, escuelas, centros de día, transportistas), con condonación de intereses y multas, y refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. A su vez, estableció una actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según el índice de movilidad. Este era uno de los principales reclamos de las familias ya que los prestadores habían dejado de brindar servicios básicos como transporte o escuelas especiales debido a que los aranceles habían quedado congelados.

El proyecto opositor, que lleva las firmas de Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal), apunta a extender la facultad que autoriza al Jefe de Gabinete a hacer las modificaciones presupuestarias necesarias “sin reducir los créditos de la finalidad Servicios Sociales”. “Esa es la fuente de financiamiento de la ley, y así lo resolvió la Justicia Federal”, aclararon en los fundamentos del proyecto.

La semana pasada, diputados de La Libertad Avanza dejaron trascender que estaban trabajando en un proyecto propio que sería “superador” de la Emergencia en Discapacidad y que permitiría sumar el apoyo de los bloques aliados y los gobernadores. Sin embargo, ante la consulta de Infobae, desde el oficialismo se limitaron a decir que los equipos técnicos estaban “trabajando en el tema” pero no adelantaron ningún detalle de la propuesta.

Con los dictámenes, la oposición quedaría en condiciones de convocar a otra sesión especial para mediados de octubre para avanzar con la media sanción de ambas iniciativas.

El proyecto del Gobierno sobre Malvinas llegaría al Congreso entre el miércoles y el jueves, y se verá entonces cuánto profundiza o amplía la ley original, del 2011. El trámite arrancará formalmente con el giro del texto a dos o tres comisiones y, en la previa, asoman los recelos de opositores y algunos dialoguistas sobre las atribuciones legales del anunciado Consejo de Seguridad Nacional. Se verá también si la iniciativa altera el tablero como espera Olivos. Por el momento, no modificó sustancialmente el clima de disputa y el foco sigue puesto en la prueba planteada para este miércoles en Diputados, con temario impulsado por la oposición y operaciones libertarias para voltear la convocatoria.

La sesión del miércoles no fue convocada para discutir un proyecto específico sino para impulsar el trámite de dos temas: la morosidad por endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en el área de discapacidad. La intención de los promotores de esta movida es módica en términos prácticos pero fuerte como pulseada política: se trata de emplazar a las comisiones para que avancen sin vueltas con el tratamiento de iniciativas concretas en esos dos terrenos. En espejo, la reacción del oficialismo expone lo mismo sobre el significado político de la cita. Con un agregado: la competencia en el círculo de poder violeta, que remite otra vez a Malvinas.

La movida que marcó un giro llamativo de Javier Milei en esta materia es considerada en medios oficialistas como un paso efectivo para imponer temario político –“recuperar iniciativa”, según la fórmula repetida desde los meses del caso Adorni-, lo cual tendría que tener traducción directa en el Congreso. Es decir, debería consolidar el mecanismo de alianzas con socios y dialoguistas, especialmente los alineados con gobernadores.

La jugada fue motorizada por Santiago Caputo: se le atribuye la idea y el mensaje por cadena nacional. La estructura del asesor presidencial lo vive como un enorme éxito, oxígeno para reconquistar espacio en el circuito más cerrado de Olivos. Ese capital venía sufriendo recortes a manos de Karina Milei. Y ahora, para la secretaria General y hermana del Presidente sería significativo hacer caer la sesión de Diputados impulsada por sectores de la oposición. Si lo logra, podría traducirlo como la coronación, rápida, de una ficha propia en la disputa doméstica. En eso trabajan Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y Diego Santilli.

Todo empezó en Diputados, hace dos semanas, con una apuesta opositora en la sesión que aprobó los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la segunda entrega de Inocencia Fiscal. La oposición midió en el recinto qué respaldo podría tener el impulso al tratamiento de morosidad y discapacidad. Sumó 133 votos. Por supuesto, no esperaba alcanzar la mayoría especial necesaria para avanzar con tal propuesta en ese momento. Pudo mostrar número, apretado, para intentar una sesión especial: cuatro más que el quórum.

En estas horas, el oficialismo trabaja intensamente para restar un puñado de diputados y dejar a la cita sin los 129 necesarios para sesionar. En la oposición ven complicado el panorama, aunque destacan que al momento de votar en la sesión de hace quince días no se encontraban en el recinto cinco o seis legisladores que apoyan la movida de este miércoles. Se verá cómo juegan algunos gobernadores y sus representantes.

El oficialismo busca frustrar la convocatoria, que apunta a imponer un plenario de comisiones para resolver el tema de morosidad. Suman más de cincuenta los proyectos presentados, que en conjunto -si se pretendiera habilitar a todos- incluirían el pase a siete u ocho comisiones. Si se unifican criterios, alcanzaría con una reunión conjunta de tres: Defensa de Usuarios, Presupuesto y Hacienda y, tal vez, Finanzas. La respuesta libertaria fue hasta ahora una convocatoria parcial, para tratar de enfriar el tema o, según la mirada opositora, empantanarlo.

En paralelo -y en rigor, después- LLA se entusiasmó con el efecto que esperan para el proyecto de reforma y ampliación de la ley 26.659, impulsada por Pino Solanas y promulgada por CFK hace quince años. Se trata básicamente de sanciones para empresas que avancen con proyectos petroleros en áreas de Malvinas. El texto, esperan en el Congreso, llegaría entre el miércoles y el jueves. Faltaría ajustar algunos detalles, más allá de que se abordado este martes, en una nueva reunión de la “mesa política”. El análisis de la letra de la iniciativa definirá seguramente los apoyos y la velocidad del trámite.

Formalmente, el proyecto debería ser girado a unas pocas comisiones: Defensa y Relaciones Exteriores, seguramente. Y tal vez, Asuntos Constitucionales, según la definición de las atribuciones que sean planteadas para el Consejo de Seguridad Nacional. En su mensaje por cadena nacional, Milei dijo que solicitará al Congreso que le otorgue a ese organismo “las facultades necesarias” para su tarea. Por ahora, resulta un interrogante el alcance de tales “facultades”.

Pero más allá del trámite específico, el Gobierno espera que el tema Malvinas opere de manera más amplia, como elemento político para afirmar sus alianzas y acotar el manejo y las chances de los espacios opositores. Por ahora, fuera de las señales de apoyo al giro presidencial en este terreno, no parece que se extienda y produzca por sí solo un alineamiento automático de todo el espectro de socios y dialoguistas.

En todo caso, la convocatoria a la sesión de mañana en Diputados es un test impulsado por la oposición, con suma inicial de algunos provinciales y también legisladores que responden a gobernadores “amigos” de la Casa Rosada. Pero asoman además pruebas con sello libertario, como la reforma electoral y, en particular, la eliminación de las PASO. Un temario amplio e intenso.

“Aunque sea el peor gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien. Bienvenido el cambio de 180 grados de Milei que pasó de soquete colonizado a recuperar la posición histórica de la Argentina”. Los posteos del diputado Juan Grabois tras los anuncios del presidente Javier Milei sobre Malvinas resumen la actitud de los sectores de la oposición dura y dialoguista en el Congreso, que se mostró abierta a debatir los proyectos de ley anunciados por la Casa Rosada pero desconfía de las verdaderas intenciones de los libertarios.

El jueves, a través de una cadena nacional, el Presidente presentó un paquete de medidas ante lo que definió como un “peligro claro y urgente” para la soberanía argentina: el avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum a 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas.

Milei anunció que firmaría un decreto para agilizar los procedimientos sancionatorios ya previstos en la ley 26.659 contra empresas, accionistas, directivos y proveedores vinculados a la extracción de hidrocarburos sin autorización argentina, con la posibilidad de inhabilitarlos para operar en el país y someterlos a juicios en ausencia. También adelantó el envío al Congreso de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que endurece esas sanciones, las extiende a otras actividades económicas en las islas -como pesca, turismo y ganadería ovina- y crea un Consejo de Seguridad Nacional que articulará a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía para proteger infraestructura crítica y los espacios aeroespacial y marítimo del país.

Como parte del mismo anuncio, Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, con la aceleración de la construcción de la base naval integrada de Tierra del Fuego como prioridad, a la que definió como un futuro “polo logístico” estratégico en el Atlántico sur.

Desde el peronismo remarcan que la ley para sancionar a las empresas que explotan recursos naturales sin autorización argentina ya existe desde 2011 y que las obras de la base naval integrada de Tierra del Fuego comenzaron en 2002. En esa línea, denunciaron que no hubo un interés real del Gobierno de aplicar la ley y que durante tres años se “paralizaron” los trabajos en Ushuaia.

Pero a pesar de todo, fuentes del peronismo consultadas por Infobae ratificaron su predisposición a debatir los proyectos de ley que envía la Casa Rosada. “Si efectivamente quieren trabajar estos temas en clave de consenso, todo se tiene que discutir en los ámbitos institucionales. Tenemos propuestas y proyectos para aportar al debate”, dijo el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. Aunque también adelantaron que no compartirán ninguna iniciativa que implique la injerencia de Estados Unidos ni el uso compartido de la futura base con las fuerzas armadas norteamericanas.

Por otro lado, ante el pedido de Milei al Congreso para que le dé al futuro Consejo de Seguridad Nacional las “facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales, o no estatales que amenacen nuestra seguridad nacional”, desde la Coalición Cívica advirtieron que existe un “límite innegociable”.

“No hay lugar para facultades delegadas ni para superpoderes. La ‘unidad’ para defender la soberanía argentina no requiere que ningún gobierno, cualquiera sea su signo político, ni el Presidente ni sus funcionarios, concentren más poder por fuera de la Constitución”, detalló el “lilito” Maximiliano Ferraro.

Más allá de los futuros debates sobre proyectos de ley. Los anuncios de Milei sirvieron como disparador para otros reclamos. Por ejemplo, el radical disidente Pablo Juliano pidió que el Gobierno convoque al Consejo Nacional de Malvinas, creado por la Ley 27.558 (lleva más de 2 años sin funcionar), dé marcha atrás con la venta de los predios de la Armada en Ushuaia y con el vaciamiento operativo de la Base Aeronaval Punta Indio y restituya el financiamiento específico del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF), que se eliminó en el Presupuesto 2026.

Asimismo, desde la oposición no dejaron pasar la oportunidad para señalar algunas contradicciones en el discurso oficialista, como la caída en las partidas presupuestarias destinadas a la defensa nacional. En concreto, explicaron que el gasto en 2020 era del 0,63% del PBI, mientras que ahora ronda el 0,28% del PBI.

Según pudo saber Infobae, los proyectos del Poder Ejecutivo llegarían al Congreso recién a mediados de la semana que viene.

La Libertad Avanza abrió este miércoles en la Cámara de Diputados el debate de los proyectos opositores sobre morosidad y prórroga de la emergencia en discapacidad. Los diputados del oficialismo anunciaron cronogramas de trabajo sobre ambas temáticas y se comprometieron a firmar dictámenes antes de fin de mes. De esta forma, buscan vaciar la sesión convocada por la oposición para la semana que viene.

“La sesión de la oposición iba a ser para emplazar a las comisiones y obligarlas a dictaminar. Pero nosotros ahora ya nos comprometimos a hacerlo, por lo que la sesión ya no tiene ningún sentido”, explicó a Infobae una de las diputadas libertarias encargadas de trabajar los consensos con los bloques aliados.

Además, los libertarios dejaron trascender que trabajan en un proyecto propio sobre discapacidad que reemplazará a la Emergencia que la oposición busca prorrogar por un año. “Va a ser algo mucho mejor, aparte lo vamos a dejar por ley”, explicaron. Sin embargo, no adelantaron ningún detalle de la iniciativa. Solo aclararon que contaban con el visto bueno de la Casa Rosada.

El oficialismo convocó hoy a las comisiones de Finanzas y Discapacidad para tratar decenas de proyectos sobre morosidad y discapacidad luego de que quedara en evidencia en el recinto que la oposición contaba con votos suficientes para impulsar una sesión especial y emplazar a las comisiones y así obligarlos a debatir ambos temas. Los libertarios reconocieron que la decisión de fijar un cronograma tiene como objetivo “no dejarle la iniciativa a la oposición”.

“Asimismo, ratificamos nuestro compromiso ineludible con el rumbo económico de la gestión del presidente Javier Milei: bajo ninguna circunstancia permitiremos el avance de proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal o interfieran en los contratos entre privados”, aclararon posteriormente a través de un comunicado.

La Emergencia en Discapacidad que la oposición busca prorrogar por un año creó una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, dispuso un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores (hogares, escuelas, centros de día, transportistas), con condonación de intereses y multas, y refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. A su vez, estableció una actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según el índice de movilidad. Este era uno de los principales reclamos de las familias ya que los prestadores habían dejado de brindar servicios básicos como transporte o escuelas especiales debido a que los aranceles habían quedado congelados.

El proyecto opositor, que lleva las firmas de Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal), apunta a extender la facultad que autoriza al Jefe de Gabinete a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias sin reducir los créditos de la finalidad Servicios Sociales”. “Esa es la fuente de financiamiento de la ley, y así lo resolvió la Justicia Federal”, aclararon en los fundamentos del proyecto.

Al inicio de la reunión de comisión, su presidente Gerardo Huesen (LLA) anunció que el miércoles 16 de septiembre se realizará otra reunión informativa con invitados de los bloques y el miércoles 23 comenzaría el debate entre diputados donde se podría eventualmente llegar a un dictamen. Además, se comprometió a “simplificar” el giro a las comisiones para dejar un texto listo para ir al recinto.

El principal expositor fue el Secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, quien previamente había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y sobreprecios.

“Ese tema no depende de nosotros, depende de ustedes. Nosotros estamos cumpliendo la ley”, respondió el funcionario cuando le consultaron si tenían previsto prorrogar la Emergencia en Discapacidad.

El fallo de la Justicia Federal

Por otro lado, los libertarios festejaron un fallo de la Cámara Federal de San Martín que consideró cumplida por parte del Estado la sentencia que ordenaba la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad 27.793.

El tribunal señaló que el Gobierno reglamentó la norma mediante el Decreto 84/2026 y aplicó actualizaciones en los aranceles de prestaciones para personas con discapacidad: entre 29,73% y 35,43% para octubre, noviembre y diciembre de 2025; 5,78% para enero y febrero de 2026; y 2,90% para marzo. También tuvo en cuenta la actualización de la Asignación Mensual Estímulo para trabajadores de talleres protegidos. Para el tribunal, esas medidas acreditaron la implementación exigida en el amparo.

“Es importante mencionar que a través las resoluciones 02/2025 (29/10/2025) –conjunta-, 340/2026 (27/02/2026) y 13/2026 (27/03/2026) se aumentaron los valores de los aranceles del Nomenclador de Prestaciones para Personas con Discapacidad, en porcentajes que iban desde el 29,73% y 35,43% a octubre, noviembre y diciembre de 2025 según la Modalidad y Categoría, mientras que en enero y febrero de 2026 se actualizaron en un 5,78% y finalmente en marzo del corriente año en 2,90%; lo que verifica la existencia de medidas concretas tendientes a la implementación de la normativa reglamentada, que permite tener por cumplido el mandato impuesto en la sentencia de grado”, dice la sentencia.

Cabe aclarar que el fallo no resolvió que todos los reclamos económicos derivados de la emergencia estuvieran saldados. La parte demandante cuestionaba, entre otros puntos, la falta de compensación por períodos anteriores y la suficiencia de los aumentos. Pero la Cámara entendió que esas discusiones excedían la ejecución de esta sentencia colectiva, cuyo objeto era garantizar la aplicación de la ley.

La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados comenzará este miércoles a las 16 a debatir un proyecto de la oposición para prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad que el Congreso aprobó el año pasado. Por primera vez el principal funcionario del área, Alejandro Vilches, contestará preguntas. También lo acompañarán el subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, Esteban Giler, y el subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, ⁠Gianfranco Scigliano.

Antes de ocupar el cargo de secretario Nacional de Discapacidad, Vilches había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025, luego de la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y sobreprecios.

En julio de 2025, distintos bloques de la oposición lograron aprobar la ley 27.793 que declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero prorrogable por otro año. Luego el presidente Javier Milei vetó la norma alegando que no podía cumplirse sin romper el orden fiscal, pero el Congreso logró juntar dos tercios de los votos en ambas Cámaras para poder insistir con el proyecto.

El Gobierno perdió la batalla política pero mediante un decreto dejó en suspenso la ejecución de la ley hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incluyera las partidas necesarias en el presupuesto nacional. Sin embargo, finalmente la Justicia intervino y ordenó la inmediata aplicación de la ley, tal cual había sido aprobada.

La normativa creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, disponía un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores (hogares, escuelas, centros de día, transportistas), con condonación de intereses y multas, y refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. A su vez, establecía una actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según el índice de movilidad. Este era uno de los principales reclamos de las familias ya que los prestadores habían dejado de brindar servicios básicos como transporte o escuelas especiales debido a que los aranceles habían quedado congelados.

Ahora la oposición impulsa una ley para hacer efectiva la prórroga por un año que estaba contemplada en el proyecto original. El proyecto, que lleva las firmas de Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal), busca extender la facultad que autoriza al Jefe de Gabinete a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias sin reducir los créditos de la finalidad Servicios Sociales”. “Esa es la fuente de financiamiento de la ley, y así lo resolvió la Justicia Federal”, aclaran.

En ese sentido, exponen como principal argumento la reticencia del gobierno nacional a aplicar la normativa. “La ley 27.793 tuvo, en los hechos, una fracción mínima de la vigencia real que el Congreso quiso darle. Un veto, una traba en la promulgación, un intento de derogación presupuestaria, dos años de litigio y una intimación judicial mediante. Cada una de esas etapas fue tiempo perdido para las personas con discapacidad, y ese tiempo perdido es lo que la prórroga viene a recuperar”, señalaron.

La oposición también reclamó que organizaciones civiles puedan participar de la audiencia pero el oficialismo argumentó que esa posibilidad quedará abierta para futuras reuniones de la comisión. Desde la oposición aseguran que se trata de una maniobra para estirar la discusión, por eso mantienen la convocatoria a sesión para el 9 de septiembre en la que planean emplazar a las comisiones para obligarlas a dictaminar el proyecto en una fecha determinada.

A diferencia de lo que ocurrió en 2025, La Libertad Avanza ahora cuenta con más de un tercio del recinto por lo que un eventual veto del presidente Milei no podrá ser revertido por la oposición. “No importa, hay que ver si están dispuestos a pagar el costo político otra vez cuando ya se acercan las elecciones”, opinó un diputado dialoguista.

El Congreso de Guatemala cerró el 1 de septiembre sin debatir ni votar de urgencia nacional una iniciativa que planteaba suspender durante seis meses impuestos a los combustibles y otorgar un aporte temporal al diésel. La falta de quórum interrumpió la sesión cuando la moción impulsada por el bloque Vamos estaba próxima a someterse al pleno.

La propuesta buscaba responder al incremento de los precios de las gasolinas y el diésel, que también ha generado cuestionamientos por su efecto sobre la canasta básica. Durante la jornada, varios legisladores criticaron la ausencia de medidas tras el fin del subsidio anterior y en medio de dos días consecutivos de bloqueos de carreteras en distintas zonas del país.

La discusión legislativa también abordó la sequía vinculada a la variabilidad climática y los riesgos para la seguridad alimentaria de millones de familias. Ninguno de los dos asuntos logró avances concretos en la plenaria.

La iniciativa oficialista sigue pendiente de dictamen

La bancada oficialista presentó el 27 de julio una propuesta de subsidio respaldada por el Ejecutivo. Sus impulsores fueron los diputados José Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala, pero el proyecto fue remitido a una comisión y aún no cuenta con dictamen.

La iniciativa encontró resistencias entre legisladores oficialistas, aliados y opositores. Parte de los cuestionamientos se concentró en el manejo de los Q2 mil millones (USD 260 millones) que fueron autorizados para un subsidio previo a los combustibles.

Autoridades de los ministerios de Finanzas Públicas, Economía y Energía y Minas se reunieron con jefes de bloque para defender la propuesta gubernamental. Según expusieron, eliminar gravámenes a los combustibles podría tener efectos contraproducentes. Los diputados reclamaron mayor transparencia sobre el destino de los recursos utilizados en el programa anterior.

La diputada Sonia Gutiérrez, del bloque Winaq, cuestionó la respuesta del Ejecutivo y exhortó al Legislativo a construir una agenda nacional. “La inoperancia del gobierno salta a la vista”, afirmó durante la sesión.

Por su parte, Marleny Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), reconoció la falta de acción del Legislativo. “Llevamos más de un mes que se terminó el subsidio y no hemos hecho nada como Congreso, el bolsillo de nuestra gente ya no aguanta”, sostuvo.

Vamos propuso eliminar el IDP y el IVA de las gasolinas

El jefe del bloque Vamos, Allan Rodríguez, intentó modificar el orden del día para conocer de urgencia nacional la iniciativa 6810, denominada Ley de Protección Económica al Consumidor de Combustible.

El proyecto contempla la exoneración por seis meses del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la importación, compra y venta de gasolina regular y superior.

También plantea un apoyo social de Q12 (USD 1.55) por galón de diésel destinado a productos para comercialización y consumo dentro del territorio guatemalteco. El fondo previsto asciende a Q1 mil 750 millones (USD 227 millones).

La propuesta incluye modificaciones al Presupuesto General de la Nación por Q424 millones (USD 55 millones), con recortes a varias carteras, y una readecuación presupuestaria por Q1 mil 326 millones (USD 172 millones). Rodríguez sostuvo que los recursos disponibles debían dirigirse a aliviar el impacto económico para los consumidores.

El tablero marcó 73 diputados y la sesión fue levantada

Cuando la moción estaba cerca de la votación, el presidente del Congreso, Luis Contreras, solicitó comprobar el quórum. Minutos después, el tablero electrónico registró la presencia de 73 diputados y la sesión quedó levantada.

Contreras atribuyó parte de los retrasos a la baja asistencia y a las discusiones prolongadas sobre otros proyectos. Indicó que buscará priorizar las iniciativas en tercer debate durante las próximas sesiones.

La siguiente plenaria fue convocada para el jueves 3 de septiembre y estará centrada en la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto. El debate sobre subsidios, exoneraciones u otras medidas frente al alza de los combustibles quedó postergado por otra semana.

Continúan los bloqueos

En tanto, los bloqueos continúan activos. A las 20 horas aún se reportaban siete a nivel nacional, según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), aunque los manifestantes aseguran que están en 11 lugares.

Mientras que los transportistas continúan con la amenaza de rodear el Palacio Legislativo hasta que sus demandas sean atendidas.

Esta situación ha generado la molestia de miles de personas que se han visto afectadas para acudir a sus destinos. Mientras que los sectores empresariales comienzan a reportar pérdidas millonarias.

El endeudamiento familiar viene escalando en los renglones de la agenda pública. El oficialismo lo registra y trata de bajarle el tono argumentando que es una cuestión entre privados que no requiere respuesta del Estado. Resulta difícil frente al elevado nivel de mora, pero con ese objetivo trabaja el oficialismo. Es el caso de Diputados, donde busca desarmar el intento opositor de instalar el debate en el recinto. El problema es que el tema creció mediáticamente y parece desbordar el límite de los cruces políticos: la Iglesia acaba de sumar su voz, en tono de reclamo doblemente significativo para el Gobierno.

El oficialismo, por momentos, queda enredado en su propio juego. Combina la expectativa sobre una baja de los registros de mora -en el ámbito bancario y en el circuito no estrictamente financiero- y la intención de restarle trascendencia. En junio, el incumplimiento mostró un leve declive, que en medios libertarios buscaron mostrar como un cambio de tendencia, pero en julio mostró un repunte según cálculos en base a datos oficiales. Pasó de 12,77% a 12,99%. En las últimas horas, desde el Gobierno se deja trascender que agosto cerraría en baja. Se verá cómo evolucionan los números, pero asoma limitada la idea de clausurar el tema de ese modo.

Por lo pronto, un foco se lo llevó el Congreso por iniciativa opositora, la semana pasada, cuando la LLA exponía números cómodos para avanzar con la segunda entrega de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Quedó claro que los acuerdos son proyecto por proyecto, porque algunos dialoguistas -y más bien aliados- expusieron su margen de espacio propio. Dieron apoyo para facilitar los objetivos violetas y, a la vez, algunos acompañaron la votación para plantear el tema del endeudamiento familiar.

Estaba claro que ese ensayo los iba a exponer muy lejos de la mayoría especial para tratar en el recinto las iniciativas sobre morosidad, que se cuentan de a decenas, pero la intención de los promotores era testear si había chances de impulsar después una sesión especial. Sumaron 133 votos, es decir, cuatro por encima de las 129 presencias para garantizar quórum. Y lo que se abrió de inmediato fue la operación del oficialismo para revertir ese cuadro, es decir, restarle al menos unos pocos apoyos para desvanecer el movimiento.

Las autoridades libertarias decidieron repetir en Diputados lo hecho cuando la orden desde Olivos era bloquear la ofensiva sobre Manuel Adorni. El entonces jefe de Gabinete arrastraba tres meses de deterioro -con costo generalizado para el Presidente, Karina Milei y el Gobierno en general- y enfrentaba la posibilidad cierta de una interpelación. La oposición avanzaba en esa línea y hasta socios de LLA apuntaban en la misma dirección. Se había planteado una sesión para emplazar al tratamiento en comisiones, pero el oficialismo citó a una de las comisiones para restarle sustento a la movida. Sumó el acompañamiento del PRO, el radicalismo oficial y coronó su contraofensiva: hizo fracasar la sesión del 23 de junio. El Senado exhibía un panorama más difícil. Finalmente, el 27 de ese mes Adorni presentó su renuncia.

El oficialismo busca reproducir ahora la “estrategia Adorni” para frustrar la jugada opositora. Los proyectos sobre morosidad suman alrededor de cincuenta. Muchos de ellos, con giro a la comisión de Finanzas, presidida por el libertario fueguino Santiago Pauli. Tendrá reunión mañana, miércoles, como parte de las fichas movidas desde el despacho de Martín Menem. No está claro cuando sería convocada otra de las comisiones, como Defensa del Consumidor, que también cuenta con iniciativas que le fueron remitidas. Y todo indica que el mismo camino para enfriar el tema, y si es posible congelarlo, seguiría el reclamo de extensión de la emergencia en el área de discapacidad.

La oposición convocó a una sesión especial para el miércoles de la semana que viene. Y apunta a motorizar desde allí un plenario de todas las comisiones que deben intervenir en esta materia, para avanzar efectivamente y marchar después al recinto. El foco se concentra en la actitud que tomen algunos espacios y, sobre todo, gobernadores cuyos diputados apoyaron el impulso del tema. En particular, el interrogante alcanza al tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, al salteño Gustavo Sáenz y al misionero Hugo Passalacqua.

El oficialismo iba cerrando su estrategia cuando surgió un gesto inesperado, una doble señal que desde las filas violetas buscan amortiguar como si se tratara de una declaración sin otras connotaciones. Desde la jerarquía de la Iglesia, le dieron trascendencia al tema en sí mismo -es decir, lo que expondrían los actuales niveles de morosidad en el endeudamiento familiar- y cuestionaron de hecho la posición del Gobierno.

El mensaje estuvo a cargo del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo. En declaraciones radiales, habló de la gravedad del tema, lo vinculó además con otros problemas sociales como la ludopatía -cuestión con debate pendiente en el Congreso- y puso en la mira la falta de criterios claros, razonables, sobre los intereses. Y agregó: “No se puede tener una mirada superficial, ni menos decir: no nos interesa o que se arreglen”.

El Gobierno sostiene como letra discursiva que el tema es una cuestión entre privados. Y que hace exclusivamente al riesgo tomado por quienes se endeudaron. Milei lo sostiene públicamente y, en sus encuentros con ministros y legisladores, dejó en claro que no hay margen para matices. Quizá el diputado Alberto Benegas Lynch fue quien más extremó esa posición: dijo entre otras cosas que hay gente que compró pantallas de TV para ver el Mundial y no quiere pagar las cuotas porque Argentina no logró coronar la final.

Las declaraciones de monseñor Colombo se producen en días marcados por reuniones oficiales para definir cuestiones prácticas de la visita de León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre. Precisamente, el titular del episcopado y el secretario general de la CEA, Raúl Pizarro, fueron recibidos el jueves pasado por el Papa para analizar aspectos del viaje. El contexto no parece ser un dato menor.

Luego de haber mostrado en el recinto de la Cámara de Diputados que contaba con una mayoría suficiente para impulsar una sesión especial, la oposición formalizó este jueves la convocatoria para el miércoles 9 de septiembre para tratar dos temas incómodos para el gobierno de Milei: la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad y la problemática del endeudamiento familiar y los niveles récord de mora.

El pedido de sesión especial lleva las firmas de diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Elijo Catamarca, Argentina Federal, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.

En la última sesión, en la que el oficialismo logró la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, la oposición intentó incluir en el temario proyectos sobre estas cuestiones. En realidad, no fue más que una maniobra para poder determinar la voluntad real de algunos bloques dialoguistas de confrontar con la Casa Rosada, ya que para abrir la orden del día de una sesión se necesita una mayoría especial de tres cuartos de los presentes, algo imposible dado que los libertarios controlan más de un tercio del recinto.

Sin embargo, cuando el tablero mostró que 133 votos positivos (cuatro más del mínimo para llegar al quórum) quedó en claro que era posible construir un consenso lo suficientemente amplio como para convocar por su cuenta a una sesión especial.

“Estos 133 diputados nos permitirán avanzar en este camino al que nos obliga el oficialismo, que es emplazar a las comisiones”, explicó el diputado Germán Martínez en la conferencia de prensa que realizaron en el Salón de los Pasos Perdidos, mientras en el recinto continuaba la sesión.

El presidente del bloque de Unión por la Patria se refería así a la imposibilidad de la oposición de tratar ningún proyecto el mismo 9 de septiembre, ya que no hay textos que cuenten con dictamen de comisión, un requisito casi ineludible para poder debatir un tema en el recinto.

Ante este escenario, la oposición deberá conformarse con emplazar a las comisiones que controlan los libertarios, como la estratégicas Presupuesto y Finanzas, para ponerles un plazo máximo en el que tendrán que dictaminar los proyectos de la oposición. Para esto sólo se necesitan 129 votos positivos.

Los 133 votos positivos los aportaron los bloques Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal - el nuevo bloque de Misiones y Salta-; Elijo Catamarca; el Frente de Izquierda, el MID e Independencia (Tucumán). Si bien en las filas de la oposición reconocen que por presión del Gobierno es probable que algunos diputados pierdan el entusiasmo, confían en que podrán sostener la mayoría. Por ejemplo, destacan que incluso hubo cuatro ausentes que jugarán a su favor: Juan Fernando Brugge de Provincias Unidas; Carlos Daniel Castagneto de Unión por la Patria, Natalia De la Sota, Defendamos Córdoba y Marcela Pagano de Coherencia.

Las decenas de propuestas tienen diferencias respecto al nivel de intervención estatal necesario pero en general incluyen programas de refinanciación, topes para las cuotas en base al nivel de ingresos y mecanismos especiales de mediación.

Por ejemplo, uno de los proyectos presentados por el peronismo, firmado por la diputada Natalia Zaracho y con el respaldo del jefe de bloque Germán Martínez, propone declarar durante dos años la emergencia crediticia de las familias y crear un régimen específico para abordar las deudas acumuladas.

Durante las próximas dos semanas, cada bloque se comprometió a unificar criterios a su interior para luego intentar llegar a un texto de consenso que pueda ser aprobado en el recinto.

En diálogo con Infobae al Regreso, Bornoroni defendió la estrategia parlamentaria que permitió al Gobierno avanzar con sus proyectos y destacó el trabajo de negociación que existe detrás de cada sesión. Al mismo tiempo, cuestionó al peronismo cordobés y planteó la necesidad de construir una alianza amplia para disputar el poder provincial.

“Nosotros venimos trabajando muy bien todos los proyectos que el presidente Milei envió, que entraron por Diputados, los hemos sacado”, sostuvo. Para el diputado, una de las claves está en la búsqueda de consensos con diferentes sectores de la Cámara, incluso entre espacios que no forman parte de la coalición oficialista.

“La firma para que haya sesión es prácticamente de diez bloques distintos”, explicó. Según detalló, el diálogo comienza antes de que los proyectos lleguen al recinto, con negociaciones destinadas a incorporar, modificar o eliminar distintos puntos de las iniciativas. “Se ponen los temas sobre la mesa, los empezamos a dialogar y vemos de qué forma podemos agregar, quitar, sacar y vamos al recinto todos juntos”, señaló.

Bornoroni marcó, sin embargo, un límite en esa estrategia. Aseguró que La Libertad Avanza mantiene conversaciones con distintos bloques, pero excluyó al kirchnerismo y a la izquierda. “Nosotros trabajamos mucho con todos los bloques, no con el kirchnerismo ni la izquierda, porque nos vota todo en contra porque sí”, afirmó.

El avance de los proyectos oficiales en Diputados es, para el jefe de la bancada libertaria, una muestra de que el Gobierno puede sostener su agenda aun sin contar con mayoría propia. Esa capacidad de negociación en el Congreso es también parte del escenario político que La Libertad Avanza pretende trasladar a Córdoba.

Bornoroni y el desafío de LLA en Córdoba

El dirigente ubicó a su provincia como uno de los principales desafíos electorales para el espacio. La Libertad Avanza busca consolidarse allí como una alternativa al peronismo, que gobierna Córdoba desde hace 27 años.

“Los cordobeses ya están cansados de tanto peronismo”, afirmó Bornoroni. En su diagnóstico, la inseguridad y la presión impositiva se encuentran entre las principales preocupaciones de los ciudadanos y forman parte de sus cuestionamientos a la administración provincial.

Uno de los principales blancos de sus críticas es la carga tributaria. Bornoroni apuntó contra la continuidad de Ingresos Brutos y cuestionó el impacto que tiene sobre la actividad económica. “Ingresos brutos es el peor impuesto que tiene la provincia de Córdoba, que la deja en un lugar fuera de competencia con el resto”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó a los distintos gobiernos peronistas que estuvieron al frente de la provincia. “Ningún gobernador de los que fue sucediendo, De la Sota, Schiaretti y Schiaretti, se ocuparon de bajar los impuestos”, afirmó.

Las críticas de Bornoroni a la gestión provincial no se trasladan, según explicó, a la relación institucional entre el Gobierno nacional y el gobernador Martín Llaryora. El diputado destacó el vínculo entre Llaryora y el presidente Javier Milei y diferenció esa relación de su evaluación política de la administración cordobesa.

“El presidente Milei sí le da prioridad a la provincia de Córdoba y tiene una muy buena relación institucional con el gobernador de Córdoba, lo cual nos beneficia a los cordobeses”, afirmó.

Y aclaró: “Una cosa es la relación institucional y después cuando bajás a la provincia y ves la gestión, son carriles distintos y separados”.

Con ese escenario, Bornoroni planteó la necesidad de construir una alianza opositora amplia para competir en Córdoba. Su propuesta incluye al radicalismo, al juecismo y a otros sectores que se encuentren por fuera del peronismo.

“Nosotros nos tenemos que hacer una gran alianza, que esté el radicalismo, que esté el juecismo, que estén todos los que piensan distinto al peronismo y que creen en una Córdoba libre”, sostuvo.

El diputado vinculó esa estrategia con las posibilidades electorales de la oposición y advirtió sobre el riesgo de una competencia fragmentada. “Si vamos divididos, posiblemente no tengamos el resultado más conveniente para ganar”, afirmó.

Bornoroni evitó, de todos modos, involucrarse en las internas de otros espacios. Al ser consultado por Rodrigo de Loredo, lo definió como “un gran referente del radicalismo en la provincia de Córdoba”, aunque aclaró que no pretende intervenir en la disputa interna del radicalismo. “Hoy están en una interna, yo no quisiera meterme, porque si no me meto en otro partido”, explicó.

El dirigente también relató una situación que, según aseguró, generó confusión entre votantes durante una elección en Córdoba. Según su versión, un partido libertario de la provincia fue autorizado por la Justicia Electoral a utilizar los colores de La Libertad Avanza y una tipografía similar.

“Muchísima gente nos llamaba que se había equivocado, cómo hacían para dar vuelta el voto. Ya era tarde”, contó.

La economía, las reglas y el vínculo con Milei

Bornoroni también defendió el rumbo económico del Gobierno y volvió a ubicar el equilibrio fiscal y la reducción de la inflación como los pilares sobre los que debe sostenerse la recuperación.

“El presidente Milei está haciendo un gran trabajo, y hay que empezar a construir una casa por los cimientos: bajando la inflación con equilibrio fiscal”, afirmó.

Para el diputado, la estabilidad económica debe generar las condiciones necesarias para que aumenten las inversiones y se creen nuevos puestos de trabajo. “Mientras más empresas inviertan en Argentina, más puestos de trabajo se generan, y los impuestos no tienen que ser un estorbo para las inversiones”, sostuvo.

La discusión sobre las reglas también apareció al ser consultado sobre el papel del Estado frente a situaciones en las que cambian las condiciones económicas. Bornoroni defendió la educación financiera y consideró importante que quienes toman un crédito conozcan las condiciones que deberán afrontar, pero cuestionó que esas reglas puedan modificarse después.

“Las condiciones son importantes y me gusta esto, que cuando decimos que vamos a ir por este lado, vamos y cumplimos. Y somos todos cumplidores de las condiciones que nosotros mismos ponemos”, planteó.

La misma lógica, según explicó, se aplica al funcionamiento del bloque oficialista y a su relación con el Poder Ejecutivo. Bornoroni detalló que diputados y senadores participan de reuniones con Milei en las que el Presidente plantea los objetivos de cada iniciativa y luego los legisladores definen la estrategia parlamentaria.

“En las charlas que tenemos con el presidente están los diputados y los senadores. El presidente explica el objetivo, vienen las preguntas y después cada uno lleva su estrategia”, señaló.

El jefe del bloque también fue consultado por las diferencias de estilo dentro de La Libertad Avanza, particularmente por algunas declaraciones de Bertie Venegas Lynch que generaron cuestionamientos. Bornoroni defendió al diputado y buscó relativizar las críticas. “Bertie es un amigo mío al cual quiero y respeto mucho”, sostuvo.

Bornoroni también habló sobre su propia llegada a la política. Explicó que decidió involucrarse después de observar durante años a dirigentes que, según su experiencia, recorrían distintas instituciones haciendo promesas que luego no cumplían.

“Yo me metí en la política porque veía políticos que pasaban por las distintas instituciones y te hacían promesas que después no cumplían”, recordó. Su objetivo, afirmó, está vinculado con cumplir las propuestas con las que Milei llegó a la Presidencia. “Yo me estoy dedicando a cumplir lo que el presidente Milei dijo en campaña”, sostuvo.

El diputado también se refirió al clima de tensión que se vivió durante la última sesión de la Cámara baja y reconoció su incomodidad frente a los enfrentamientos personales que se producen dentro del recinto.

“Lo que pasó ayer, todos esos gritos, me cuesta un poco, porque tenés gente que se te viene a la banca a gritar y a decir un montón de barbaridades cuando la Argentina está mirando para que cambie, para que tengamos leyes que estén a la altura”, señaló.

Finalmente, Bornoroni relativizó las diferencias de estilo entre Milei y los demás dirigentes de La Libertad Avanza. Consideró que cada integrante del espacio tiene su propia manera de responder a las críticas y defendió la autenticidad como parte de la identidad del oficialismo.

“El presidente es como es, y cada uno es como es. Y si dicen la verdad, está bueno”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el nivel de exposición también modifica la intensidad de los cuestionamientos que recibe cada dirigente. “Ahora, cuando vos estás en algún nivel y vas subiendo de niveles, te atacan un poco más. Algunos se defienden de una forma, otros de otra forma. Pero yo digo que es por ahí el camino”, concluyó.

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Tras una maratónica sesión en la Cámara de Diputados, en la que también se aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el oficialismo obtuvo la media sanción del proyecto que amplía el régimen de Inocencia Fiscal implementado en diciembre del año pasado. La reforma apuesta a incentivar la formalización de ahorros que actualmente se encuentran fuera del sistema, cerca de USD 179 mil millones que, según los libertarios, podrían volcarse a la inversión para dinamizar la economía.

Tal como señalaron durante la sesión, el objetivo del régimen era establecer “una relación diferente entre el Estado y quienes trabajan, producen, invierten y generan empleo”. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía consideraron que la versión original no había sido exitosa y, por lo tanto, decidieron impulsar una ampliación del universo de personas que puedan adherir y algunas aclaraciones técnicas para reforzar la “seguridad jurídica”.

Al momento de la votación, el proyecto del oficialismo obtuvo 139 votos positivos, 110 en contra y 2 abstenciones. Contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el PRO, parte de Provincias Unidas, el MID, Independencia (Tucumán), Argentina Federal (Salta y Misiones), Producción y Trabajo (San Juan), Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad, Elijo Catamarca y Por Santa Cruz.

La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado explicó que la nueva ley apuesta a “confiar más en el contribuyente y no tomarlo como un sospechoso por el solo hecho de haber protegido su ahorros”. En esa línea, afirmó que “la fiscalización debe perseguir la evasión, pero no puede convertir al contribuyente que cumple en un sospechoso permanente”. También aclaró que si bien se presume la inocencia de los contribuyentes, “no se perdonan los delitos y ni se prohíbe investigar”.

El nuevo proyecto apunta a ampliar el régimen a partir de la eliminación de los topes de ingresos ($1.000 millones) y patrimonio ($10.000 millones) que hasta ahora limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA. Con ese cambio, cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá adherirse al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por un mecanismo de presentación reducida.

Uno de los puntos centrales del proyecto es precisar bajo qué condiciones ARCA puede impugnar una declaración simplificada. La iniciativa establece que el organismo sólo podrá formular observaciones cuando detecte una diferencia de al menos el 15% sobre el “impuesto determinado” —y no sobre el saldo final a pagar, como ocurría antes—. Además, introduce una regla de razonabilidad: no habrá discrepancia significativa si el monto nominal de la diferencia es igual o inferior al 5% del umbral del Régimen Penal Tributario, equivalente a $5.000.000. También se habilita una ventana de subsanación de 15 días hábiles para que el contribuyente rectifique e ingrese el saldo adeudado sin que se configure la causal de impugnación.

Por otro lado, el proyecto estipula que la carga probatoria recae de forma exclusiva sobre ARCA, que solo podrá fundar sus impugnaciones en datos declarados, registros sistémicos o información aportada por terceros. Al mismo tiempo, amplía el bloqueo al uso de presunciones: además de la inoponibilidad del incremento patrimonial no justificado, se veda hasta el 31 de diciembre de 2027 la presunción por depósitos bancarios. Las demás presunciones requerirán respaldo probatorio externo y no podrán sustentar ajustes de forma aislada, lo que reduce la discrecionalidad del organismo recaudador frente a los contribuyentes adheridos.

Además, la reforma incorpora un alivio directo para las pequeñas y medianas empresas. Las MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales tendrán una reducción automática del 25% en determinadas multas formales.

Durante el debate en comisión, La Libertad Avanza acordó con sus aliados excluir de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios del régimen. Los representantes de los tres poderes del Estado que hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública en los últimos cinco años podrán usar el sistema simplificado solo para presentar su declaración jurada y pagar el saldo correspondiente, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a ninguna otra protección tributaria. En cuanto a los dólares no declarados, el proyecto no establece una amnistía general, sino que modifica el marco bajo el cual ARCA podrá investigar el patrimonio, con el objetivo de incentivar la incorporación de esos activos al circuito formal.

Desde la oposición denunciaron que se trata de un blanqueo que será aprovechado por los evasores seriales. “Detrás de la supuesta intención de simplificar la vida y la declaración jurada para los buenos contribuyentes, se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos”, argumentó el diputado Martín Lousteau.

Y agregó: “La verdad que podríamos llamarla ley contra la persecución de evasores seriales, narcos y corruptos. Si quieren otro nombre más corto, ley de facilitación e impunidad de la evasión. Si quieren uno todavía más corto, ley Adorni y Espert”.

Por su parte, el diputado Ariel Rauschenberger (UxP) advirtió el proyecto del Gobierno “se le aproxima a un blanqueo” porque “facilita la incorporación de fondos no declarados al circuito formal y limita la revisión”.

“Nosotros no rechazamos la simplificación tributaria. No rechazamos la incorporación de recursos al circuito formal. No rechazamos la garantía del contribuyente frente a la arbitrariedad del Estado. Sí rechazamos que esos objetivos sean utilizados para justificar menos control, menos trazabilidad y mayores beneficios para quienes poseen mayor capacidad económica”, sintetizó.

El Gobierno logró ratificar el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur

Durante la madrugada, la Cámara de Diputados ratificó el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, luego de que el Senado le diera el visto bueno en mayo de este año. El tratado fue aprobado por una amplia mayoría, con 234 votos afirmativos y solo 4 negativos, consolidando así el respaldo parlamentario a una iniciativa que busca ampliar los mercados de exportación y diversificar las relaciones comerciales del bloque regional.

Con la entrada en vigencia del acuerdo, el 100% de las exportaciones nacionales gozarán de un arancel del 0% en el mercado singapurense. Además, abarcará el comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y contempla medidas específicas para micro, pequeñas y medianas empresas, en línea con los acuerdos de “segunda generación” que exceden la mera cuestión arancelaria.

Durante el debate, el bloque de Unión por la Patria (UxP) confirmó su apoyo a la iniciativa. “La Argentina logra demostrar con esto que hay un camino alternativo, que el camino no es la subordinación, sino una integración en la que se defienda al trabajo y a las PYMES”, sostuvo el diputado Santiago Cafiero.

En línea con esto, el legislador destacó la importancia del acuerdo al señalar que “la idea era poder generar un tratado de segunda generación, que no es únicamente discutir aranceles, sino que lo que se buscó hacer acá es trabajar con otro abordaje y lo logramos”. Por esto, concluyó: “Por eso, vamos a acompañar el día de hoy”.

No obstante, el diputado también planteó la necesidad de avanzar hacia una política de Estado que garantice la cooperación comercial con Brasil. “Debería existir una ley que garantice la permanente colaboración comercial”, reclamó Cafiero, en referencia al quiebre diplomático reciente entre la Argentina y el gobierno de Lula da Silva, que derivó en el retiro de la embajada brasileña en Buenos Aires.

Desde La Libertad Avanza (LLA), el diputado Damián Arabia defendió los beneficios que el acuerdo traerá para la economía argentina y respondió al pedido de Cafiero sobre la relación bilateral: “Nosotros queremos que el Estado de Brasil no tome represalias contra la República y los argentinos”.

Por último, el legislador libertario planteó la necesidad de separar las diferencias ideológicas de la relación comercial y recordó que el Gobierno argentino no tomó represalias tras el apoyo del presidente brasileño al ex candidato Sergio Massa durante la campaña presidencial de 2023.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) también obtuvo la media sanción

La Cámara Baja también otorgó media sanción al proyecto que aprueba la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), con 147 votos a favor y 93 en contra. El debate estuvo marcado por las críticas de la oposición, que advirtió sobre posibles riesgos para la soberanía nacional en materia sanitaria y científica.

Frente a esto, la diputada Juliana Santillán (La Libertad Avanza) defendió la iniciativa y rechazó los cuestionamientos. “Este tratado simplifica el procedimiento; es una herramienta que facilita la presentación de solicitudes de patentes en países, reduciendo los costos, el tiempo y cargas para quienes innovan en la Argentina”, argumentó, y recordó que actualmente 58 países ya forman parte del acuerdo, entre ellos Uruguay, el último en incorporarse.

Nicolás Mayoraz también cuestionó la postura opositora, al considerar que representa una visión “que atrasa al país”. Sostuvo que, con el régimen anterior, los científicos argentinos debían afrontar mayores costos y ceder inventiva para registrar una patente, lo que consideró el verdadero riesgo para la soberanía. Tras otro resultado favorable para el Gobierno, se confirmó que el proyecto ahora pasará al Senado para su tratamiento final.

Luego de semanas de planificar la estrategia y negociar con diferentes aliados, el Gobierno consiguió un primer triunfo parlamentario con la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II, y se encaminaba esta madrugada a obtener el resto de las iniciativas que impulsa, en el marco del objetivo de recuperar la agenda en el Congreso y también de cara a la sociedad.

Antes de la maratónica sesión, fue el propio presidente Javier Milei el que convocó a la Casa Rosada a los legisladores de La Libertad Avanza para explicarles personalmente los argumentos con los que defiende no solo los proyectos de ley, sino también el rumbo general de la economía y de su administración.

El mandatario nacional ya había anticipado un día antes, en la reunión de Gabinete, que no iba a modificar ni un poco el camino de sus políticas, a pesar de las críticas por parte de la oposición.

En ese momento apareció la discusión por el aumento de la morosidad, que en el último tiempo ocupó buena parte del debate público, pero el jefe de Estado insistió con que tomar cualquier medida para solucionar ese problema significaría “hacer populismo“, y no estaba dispuesto a eso.

”Es cierto eso de que hay gente que compró televisores para ver el Mundial, pero hay un montón de factores también. Ha aumentado la posición crediticia del 3 al 12 por ciento, y eso influye. Hay personas que compran en el supermercado con tarjeta de crédito, que lo hacemos todos, y eso cuenta como crédito. Todo eso es lo que pasa y quieren instalar como un conflicto para hacernos quedar como poco sensibles y empáticos”, sostuvo a Infobae una fuente que estuvo en la presentación de Milei y que encarna el discurso oficial.

Al respecto, en la cúpula libertaria remarcan que ”es una cuestión de los privados” y que se generó “por las apuestas, los electrodomésticos, todo un poco”, pero consideran que “no hay ni siquiera que entrar en ese debate, porque es una locura”.

Durante la sesión de este miércoles, la oposición intentó forzar el tratamiento en el recinto de los proyectos sobre morosidad familiar y prórroga de la emergencia en discapacidad.

Aunque la iniciativa no prosperó, obtuvo 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones, por lo que el peronismo demostró que podría reunir el quorum necesarios para obligar a que el texto sea tratado en otra sesión, que podría ser convocada para principios de septiembre.

”Hicieron esa jugada. Sabían que iban a perder, pero lograron 133 votos, por lo que es un empate para ellos, porque podrían pedir un emplazamiento. En las comisiones de Finanzas y Economía hay varios de esos proyectos. Veremos qué es lo que va a pasar, pero podrían”, lamentó un diputado libertario.

A pesar de este tropezón, unas horas más tarde el oficialismo logró una victoria con la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, con 144 votos a favor y 102 en contra, a partir de la cual se prohibió la emisión sin respaldo, una de las principales críticas de Milei hacia las anteriores administraciones.

Esta era una de las medidas más importantes en la agenda del Presidente, que rápidamente salió en las redes sociales a agradecerles a los legisladores que acompañaron la propuesta.

“!!!Es paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!! Ahora a pelearla en el Senado”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Aunque ya tenían desde hace días la confianza de que iba a salir, en la mesa política del Gobierno reconocieron que todo se logró porque “sorpresivamente” convencieron a dirigentes de otros espacios

“Teníamos 136, se nos sumaron los dos del MID; Lourdes Arrieta; el chubutense Jorge “Loma” Ávila; Maximiliano Ferraro, y los cordobeses Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Carolina Basualdo”, destacó uno de los miembros de ese grupo reducido del Poder Ejecutivo.

Las negociaciones con las provincias fueron clave para esto y, de hecho, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que este miércoles estuvo en el Congreso participando de las conversaciones de último minuto, este jueves recibirá a los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Córdoba, Martín Llaryora, y Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Si bien las autoridades nacionales aseguraron que será para conversar sobre “temas de gestión, infraestructura y energía”, durante estos encuentros se habla también sobre las reformas que quiere aprobar Milei en el Congreso.

En los papeles, la Casa Rosada evalúa avanzar con un esquema de refinanciación de deudas vinculadas al costo de la energía eléctrica para grandes usuarios, que beneficiaria a esas provincias.

En esta misma línea, por la tarde ”El Colo” también recibirá a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis para una nueva reunión de la mesa de trabajo con el PRO, que se inauguró a mediados de este mes.

La nueva etapa de cercanía con estos aliados ya dio sus primeros frutos con las victorias en la Cámara de Diputados y este jueves se pondrá nuevamente a prueba en el Senado, donde La Libertad Avanza, de la mano de la ex macrista Patricia Bullrich, buscará aprobar un lote de más de 50 pliegos judiciales y varios convenios internacionales.

Ya en la madrugada se estaba poniendo a consideración en la Cámara baja un tratado que también generaba mucha expectativa, sobre todo en un conjunto importante de inversores, que es el de las patentes (PCT, por sus siglas en inglés).

El proyecto, que llevaba décadas congelado, fue resucitado en los últimos meses por el interés de algunos sectores y todo indicaba que se iba a homologar, aunque debido a algunos cambios tendría que volver al Senado para su sanción definitiva.

“La innovación y el desarrollo tecnológico son componentes centrales para el crecimiento y la competitividad de un país. Contar con un marco que facilite la protección de las inversiones realizadas en estos ámbitos resulta relevante tanto para el sector privado como para el sistema científico- tecnológico y para la capacidad de la Argentina de integrarse a las cadenas globales de innovación y conocimiento”, aseguraron a este medio fuentes del ámbito empresarial que seguían de cerca la votación.

Aunque quienes promueven la adhesión del país a ese régimen reconocen que es difícil saber “aún cómo cuantificar el crecimiento” que traerá incorporarse al PCT, remarcan que es “algo progresivo de acuerdo a la investigación”, pero podría convertir al país “en un actor clave a nivel mundial”.

La Cámara de Diputados aprobó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa clave que necesita el ministro Luis Caputo para intentar remonetizar la economía con los “dólares del colchón”. Si bien la ley ya se encuentra vigente desde el 26 de diciembre de 2025, esta nueva versión busca corregir algunos puntos débiles de la normativa para brindar una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que exterioricen ahorros sin declarar.

Inocencia Fiscal II surge directamente de la insistencia de los contadores a Economía. Los especialistas plantearon que, sin cambios, los argentinos no iban a declarar los dólares que, según proyecciones oficiales, suman USD 170.000 millones fuera del sistema. Luego de meses en los que Caputo se negó a modificar la ley, finalmente recibió a los contadores en el quinto piso del Palacio de Hacienda y acordó el envío de una nueva normativa al Congreso.

El proyecto al que esté miércoles el oficialismo dio media sanción implica cambios importantes respecto a quienes puede acceder al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), cuándo se generan las exclusiones de los contribuyentes y hasta cuándo hay tiempo para sacar los dólares del colchón.

Menos requisitos

Entre los cambios principales, el texto prevé que un universo más amplio de contribuyentes pueda adherir al RSG. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó que con la actual legislación hay contribuyentes que no puede ingresar al régimen porque tuvieron ingresos de más de $1.000 millones o patrimonio de más de $10.000 millones en alguno de los últimos tres años. “Esas personas van a poder adherirse si se aprueba esto, con la salvedad de que los grandes contribuyentes se van a poder adherir solo por el RSG y no por los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal”, comentó.

Domínguez también indicó que la nueva redacción le da mayor seguridad jurídica a aquellas personas que quisieran utilizar fondos no declarados. Esto es porque el proyecto incorpora un nuevo umbral para definir las discrepancias significativas entre lo que informa el contribuyente y los registros del fisco nacional. “Si el fisco nacional detecta una diferencia entre lo declarado por el contribuyente, la información que tiene en sus sistemas o recibido de tercero, si es del 15% más, pero no supera $5 millones, no hay discrepancia significativa”, afirmó. Este umbral, hoy, está fijado en el 15% y genera el riesgo de que contribuyentes que exterioricen montos pequeños queden sujetos a inspecciones por diferencias de poco volumen.

A su vez, si la diferencia supera los $5 millones, el contribuyente tendrá la opción de regularizar su situación hasta 15 días después de recibir la notificación de la determinación de oficio. Así, incluso cuando el fisco detecte una discrepancia significativa, el contribuyente que pague podrá mantener los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal.

Para Mariano Ghirardotti, socio de Ghirardotti & Ghirardotti, el nuevo texto “corrige cosas del anterior” al permitir que cualquier contribuyente menos los grandes y los funcionarios públicos puede recibir los beneficios del RSG. A su vez, que especifica que la discrepancia significativa se calcula sobre impuesto determinado y no sobre el saldo a pagar, lo cual jugaba en contra del contribuyente cumplidor.

Al igual de Domínguez, Ghirardotti subrayó que el proyecto prevé “que se pueden mantener los beneficios obtenidos si se acepta la liquidación administrativa o la determinación de oficio dentro de los 15 días de notificada y se paga el impuesto y sus accesorios. y que si se utilizan dólares del colchón por las vías habilitadas, solo se deben incorporar a la última declaración de Bienes Personales.

La estructura de incentivos se articula con el reclamo de seguridad jurídica para quienes decidan exteriorizar capitales. Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, indicó que con el nuevo proyecto lo que se busca es una mayor seguridad jurídica para que el contribuyente pueda estar tranquilo y depositar los dólares del colchón sin estar temeroso de lo que pueda pasar también”. A partir de un Régimen en donde el contribuyente no debe reportar a ARCA su patrimonio al inicio ni al cierre ni exteriorizar los consumos hechos durante el ejercicio fiscal.

Nuevos plazos

El proyecto también fija una ventana temporal para aprovechar los beneficios del tapón fiscal y la presunción de exactitud, que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027, el último día del actual mandato presidencial. “Si quieren utilizar este tapón fiscal y presunción de exactitud, lo pueden usar hasta esa fecha. Con esto, el Gobierno se juega a que la gente lo use antes de que termine el mandato y así remonetizar la economía”, precisó Domínguez.

El debate deberá continuar en el Senado y adquiere centralidad en un momento en el que el Gobierno necesita de la reactivación de la economía. Con un nueva ley de Inocencia Fiscal que otorgue mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, en el Ministerio de Economía esperan que sean más los contribuyentes que depositen los dólares del colchón en el sistema formal. Y si bien se establece como fecha límite para hacerlo el 31 de diciembre de 2027, todavía esta por verse el ritmo en que se formalizan los ahorros a cerca de un año de la elección presidencial.

El oficialismo logró darle media sanción al proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central para garantizar su independencia del gobierno de turno y prohibir la financiación del Tesoro Nacional con emisión monetaria. Los libertarios festejaron la victoria legislativa porque -aseguran- representa una señal positiva para los mercados que permitirá bajar el riesgo país.

Pasadas las 18, el tablero del recinto arrojó 144 votos positivos, 102 negativos y 9 abstenciones. La Libertad Avanza contó con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, la Coalición Cívica, parte de Provincias Unidas, Argentina Federal (Salta y Misiones), Independencia (Tucumán), Adelante Buenos Aires, Producción y Trabajo, La Neuquinidad y Por Santa Cruz.

El diputado Santiago Pauli fue el encargado de presentar el proyecto del Poder Ejecutivo y comenzó por explicar que el objetivo principal de la reforma es “erradicar permanentemente la posibilidad de que cualquier gobierno emita descontroladamente”.

Según el presidente de la Comisión de Finanzas, la entidad fue utilizada “durante mucho tiempo como una herramienta de saqueo de la política” porque “cada vez que le faltaba plata al Estado se metía mano al Banco Central”. “La consecuencia de esto ha sido y es la inflación y el origen de la inflación ha sido la emisión descontrolada”, resumió.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca garantizar su independencia del Poder Ejecutivo a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos. Tampoco podrá comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario.

La iniciativa de los libertarios apunta a dar marcha atrás con la reforma de la Carta Orgánica que había hecho el kirchnerismo en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Si el Gobierno logra la sanción definitiva en el Senado, el único objetivo será preservar el valor de la moneda.

Por otro lado, se prohíbe la transferencia al Tesoro de ganancias contables o por diferencia de cambio. Los resultados del BCRA deberán destinarse prioritariamente a absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio o cancelar deuda pública. Finalmente, también dispone la eliminación de instrumentos de deuda como las Letras Intransferibles y se actualizan las reglas relativas a la administración y resguardo de las reservas internacionales.

Por el lado de la oposición, las críticas giraron en torno al intento del oficialismo de perpetuar sus principios económicos incluso después de dejar el gobierno. “Nunca estuve de acuerdo con un criterio de rigidez porque pienso que, en primer lugar, antes que la economía, está la política, y el Banco Central tiene que estar subordinado al interés general del país y al rumbo que marque el Poder Ejecutivo Nacional pensando fundamentalmente en el crecimiento y en el desarrollo. Tarea ausente hoy en el Banco Central y en este diseño que se ha planteado”, dijo Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal).

En la misma línea, el diputado Itai Hagman (UxP) planteó que el Congreso “debería estar discutiendo cómo hacer para aliviar la situación de los morosos, pero en lugar de eso estamos discutiendo una reforma que le quita instrumentos al Estado, a través del Banco Central, para resolver estos problemas”.

Entre las reformas también se destaca un cambio en los mecanismos para remover al presidente de la entidad y a los integrantes del directorio, para lo cual se necesitará acreditar una “causal grave” y la aprobación con mayoría de dos tercios en el Senado y la Cámara de Diputados.

“El único objetivo que tiene esta reforma es lograr que las autoridades actuales del Banco Central sigan ejerciendo la política monetaria en los próximos años, independientemente si el Gobierno pierde las elecciones el año que viene”, denunció Agustín Rossi (UxP).

Desde el peronismo también instaron a los bloques aliados a que rechacen el artículo 13, que permite poner las reservas como garantía del endeudamiento externo. Incluso pidieron la votación en particular del artículo en cuestión. Pero el oficialismo avanzó, tras una votación a mano alzada, con la votación por títulos (que incluyen varios artículos).

El artículo en cuestión dice: “Los bienes que integran las reservas son inembargables. El Banco podrá mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior, en oro, en activos financieros líquidos, o en papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera, pudiendo utilizarlos como garantía en operaciones propias de banca central”.

Finalmente, la votación se realizó por títulos: el primero, que contiene el artículo 13, fue aprobado por 138 votos positivos.

La oposición logró anotarse este miércoles una victoria política en la Cámara de Diputados al exhibir que cuenta con mayoría suficiente para impulsar dos debates incómodos para el gobierno de Javier Milei: por un lado, la problemática del endeudamiento familiar y los niveles récord de mora; por otro, la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Al inicio de la sesión en la que el oficialismo busca la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, la oposición pidió dos apartamientos del reglamento para incluir en el temario los proyectos sobre endeudamiento familiar y para extender la emergencia en discapacidad.

La oposición necesitaba una mayoría especial de tres cuartos de los presentes, algo imposible porque los libertarios controlan más de un tercio del recinto. No obstante, al haber obtenido 133 votos confirmaron que lograron construir un consenso lo suficientemente amplio como para convocar por su cuenta a una sesión y conseguir el quórum.

Mientras en el recinto transcurría la sesión, los principales bloques de la oposición dieron una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos para anunciar que llamarán a una sesión el miércoles 9 de septiembre. “Estos 133 diputados nos permitirá avanzar en este camino al que nos obliga el oficialismo, que es emplazar a las comisiones”, dijo el diputado Germán Martínez.

“Es necesario dejar las banderías políticas porque el que está jodido es el argentino de a pie, que no logra llegar a fin de mes. Es cierto, nadie le puso el arma en la cabeza a nadie. Pero si dejás que un gobierno le ponga la soga al cuello a los argentinos, el resto vamos a bajar nuestras banderías partidarias y nos vamos a juntar, y vamos a reunir más votos para que le podamos dar una respuesta al conjunto de los argentinos, que es lo que venimos a hacer hoy acá”, planteó el radical disidente Pablo Juliano.

Los 133 votos positivos los aportaron los bloques Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal - el nuevo bloque de Misiones y Salta-; Elijo Catamarca; el Frente de Izquierda, el MID e Independencia (Tucumán). Además, entre los ausentes podrán sumar cuatro voluntades más: Juan Fernando Brugge de Provincias Unidas; Carlos Daniel Castagneto de Unión por la Patria, Natalia De la Sota, Defendamos Córdoba y Marcela Pagano de Coherencia. De hecho Brugge anunció en la conferencia que también acompañará la convocatoria a la sesión.

En la sesión del 9 de septiembre no se podrán tratar los proyectos porque ninguno cuenta con dictamen de comisión. Pero con 129 votos podrán emplazar a las comisiones que controlan los libertarios, como la estratégica Presupuesto, para obligarlos a poner en debate los proyectos de la oposición.

La postura del oficialismo, expresada tanto por el presidente Milei como por el vocero Ravier, es que se trata de un problema “entre privados” y que el Gobierno no puede intervenir más que intentando que los privados bajen sus tasas de interés. Las tasas de interés fueron desreguladas a través del decreto 70/2023, al inicio de la gestión libertaria.

Justamente por eso la oposición responsabiliza al Gobierno de la situación y exige algún tipo de solución. Las propuestas tienen diferencias respecto al nivel de intervención estatal necesario pero en general incluyen programas de refinanciación, topes para las cuotas en base al nivel de ingresos y mecanismos especiales de mediación.

Por ejemplo, uno de los proyectos presentados por el peronismo, firmado por la diputada Natalia Zaracho y con el respaldo del jefe de bloque Germán Martínez, propone declarar durante dos años la emergencia crediticia de las familias y crear un régimen específico para abordar las deudas acumuladas.

Tras la aprobación del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en Diputados, la oposición le exigió al oficialismo remover un artículo que permite a la autoridad monetaria utilizar las reservas como respaldo para tomar deuda. Sin embargo, el reclamo opositor no prosperó y terminó aprobándose.

En concreto, el artículo 13 de la iniciativa señala que “los bienes que integran las reservas son inembargables. El Banco podrá mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior, en oro, en activos financieros líquidos, o en papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera, pudiendo utilizarlos como garantía en operaciones propias de banca central”.

Este articulado puntual generó cruces entre los diputados de La Libertad Avanza y la oposición. Por parte del peronismo, Cecilia Moreau y Germán Martínez cruzaron al titular de la Cámara Baja, Martín Menem, por este tema. También hubo fuertes críticas de la legisladora Myriam Bregman.

Aunque la votación por título ya se había realizado, el peronismo solicitó que se reabra el debate para permitir una nueva votación específica del apartado 13. Finalmente, la votación se realizó por títulos. El bloque que comprendía los artículos del 1 al 18 fue aprobado con 138 votos a favor, 110 en contra y 7 abstenciones.

De esta manera, si el proyecto se aprueba en el Senado, los cambios propuestos por el Gobierno habilitarían al Banco Central a emplear sus reservas como garantía para obtener financiamiento en los mercados internacionales.

Esta mecánica podría aplicarse, por ejemplo, con un REPO. Se trata de un acuerdo de recompra que constituye una herramienta utilizada por el BCRA en los últimos años para obtener financiamiento en los mercados internacionales a una tasa más baja.

Un REPO con entidades bancarias del exterior implica que un banco o un gobierno transfiere temporalmente activos financieros a una institución extranjera, asumiendo el compromiso de readquirirlos en una fecha y a un precio fijados de antemano.

A principios de julio, el BCRA comunicó la cancelación total de sus operaciones de pase pasivo registradas en su balance, por un valor conjunto de USD 6.000 millones, y la concreción de un nuevo acuerdo por igual monto con diez entidades bancarias internacionales de primer nivel. El nuevo contrato extendió el plazo de vencimiento de estas obligaciones hasta septiembre de 2028, luego de las elecciones presidenciales, desplazando así los compromisos que inicialmente correspondían a 2026 y 2027.

La operación se realizó empleando títulos BONAR disponibles en el portafolio de la entidad monetaria. En la subasta llevada a cabo el 30 de junio, la entidad recibió ofertas por USD 8.250 millones, superando de manera considerable la cantidad licitada. Se detalló que la tasa de interés pactada será equivalente a SOFR-USD más un diferencial de 4 por ciento.

En estas transacciones, quien necesita liquidez entrega instrumentos como bonos soberanos o títulos de deuda a un banco internacional a cambio de dinero en efectivo. El pacto establece que esos activos serán readquiridos tras un período determinado, abonando un importe superior al recibido inicialmente. La diferencia entre ambos valores establece la tasa de interés, que constituye el costo del acceso a los fondos. En la práctica, el Central podría poner las reservas como garantía para tomar esa deuda, según lo que detalla el artículo 13 de la Carta Orgánica aprobada en Diputados.

“Muchas gracias diputados nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!! Ahora a pelearla en el Senado. VLLC!”, escribió el presidente Javier Milei en sus redes sociales luego de la media sanción.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, opinó que hoy se dio “un paso enorme hacia la normalidad”. “Me sumo al agradecimiento de nuestro Presidente a los diputados nacionales que acompañaron el proyecto”, agregó en su cuenta oficial de X.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa propone modificar tanto el rol institucional de la entidad monetaria como sus vínculos con el Tesoro nacional.

“Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!! Ahora a pelearla en el Senado”, escribió esta tarde en X el presidente Javier Milei.

El texto se despliega en seis ejes que abarcan la definición del mandato del organismo, el esquema de remoción de sus autoridades, la relación financiera con el sector público, el régimen de utilidades, el saneamiento de su balance y una serie de actualizaciones operativas vinculadas al manejo de las reservas. En conjunto, apunta a desandar cambios introducidos en 2012 durante la gestión kirchnerista, cuando se amplió el mandato de la entidad y se flexibilizaron los mecanismos de asistencia financiera al Estado.

El mensaje que acompaña al proyecto fija una premisa que atraviesa todo el articulado: la eliminación completa de las vías por las que el BCRA puede financiar al sector público. Ese bloque concentra buena parte del peso político y económico de la reforma.

Fin del financiamiento al Tesoro

El artículo 17 del proyecto deroga el artículo 20 de la Carta Orgánica vigente, que regula los adelantos transitorios que el BCRA otorga al Gobierno nacional. Hasta 2012, esos adelantos tenían un plazo máximo de doce meses y no podían superar el 12% de la base monetaria, con la posibilidad de sumar otro 10% de la recaudación obtenida por el Gobierno en el último año. La reforma de 2012 elevó esos topes e incorporó un adicional del 10% de la recaudación con carácter excepcional, una excepción que en la práctica se aplicó de forma sistemática.

Según los propios fundamentos del proyecto, bajo ese esquema la actual administración pudo haber girado al Tesoro hasta $36.600.000.000.000 por la vía de los adelantos transitorios, una cifra que el mensaje sitúa por encima del 80% de la base monetaria actual.

La derogación no se limita a los adelantos transitorios. El proyecto también prohíbe que el Banco Central otorgue préstamos al Gobierno nacional, a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios. Suma, además, la prohibición de comprar títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario y elimina la facultad del organismo de adelantar fondos para atender servicios de deuda pública.

En el mismo bloque, la iniciativa deroga el concepto de reservas de libre disponibilidad, que había quedado establecido en la ley de convertibilidad de 1991. De acuerdo con el mensaje oficial, ese mecanismo permitió durante dos décadas que el Tesoro accediera a reservas internacionales del BCRA , y dejó como resultado letras intransferibles en el activo del Banco por USD 69.400 millones a abril de 2025.

Saneamiento del balance y letras heredadas

Ligado a ese diagnóstico, el proyecto incluye un régimen transitorio orientado a sanear el balance de la entidad. Establece que, hasta tanto se cancelen por completo las letras intransferibles y los adelantos transitorios que el Estado nacional mantiene con el BCRA, una parte del resultado del ejercicio se pondrá a disposición del Gobierno con ese único fin.

El mismo régimen prorroga de pleno derecho los vencimientos de los adelantos transitorios hasta que queden totalmente cancelados. En el caso de las letras intransferibles, el texto mantiene sus condiciones de emisión originales y lo que en cada oportunidad disponga la ley de presupuesto nacional.

Utilidades bajo un esquema más restrictivo

El cuarto eje del proyecto redefine qué resultados del Central pueden transferirse al Estado como accionista. La nueva redacción establece que sólo se podrán distribuir utilidades realizadas y líquidas, y excluye de manera expresa aquellas que se originen en variaciones del tipo de cambio o en el valor del oro.

La porción del resultado que provenga de esos dos factores pasará a integrar una cuenta de capital del Banco. El resto de los resultados no realizados quedará depositado en una reserva especial, sin posibilidad de giro al Gobierno hasta que efectivamente se concreten.

El nuevo artículo 38 agrega una condición adicional: la reserva general y las demás reservas de resultados deberán equivaler, como mínimo, al 50% del capital del Banco antes de habilitar cualquier transferencia. Y esa transferencia, cuando se autorice, deberá destinarse exclusivamente a la cancelación de deuda pública.

Los fundamentos del proyecto sostienen que, de este modo, se cierra un canal que permitía al BCRA girar al Tesoro, bajo la forma de utilidades, resultados puramente contables generados por la revaluación en pesos de sus activos en dólares cada vez que se depreciaba la moneda nacional. El mensaje describe ese mecanismo como una de las principales debilidades del sistema vigente y señala que fue utilizado por todas las administraciones posteriores a la convertibilidad, incluida la actual gestión de Milei.

Nuevas condiciones para remover a las autoridades

Otro eje del proyecto reformula el gobierno interno del Banco Central y los mecanismos para desplazar a sus autoridades. El artículo 3 fija causales taxativas para la remoción de los integrantes del directorio, entre ellas la falta grave y manifiesta en el ejercicio de sus funciones, que deberá derivar de hechos precisos e inequívocos.

Bajo el nuevo esquema, la remoción requerirá un decreto del Poder Ejecutivo, con aprobación previa de ambas cámaras del Congreso por una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes. El proyecto suprime, en ese proceso, la intervención de una comisión bicameral que había sido incorporada en 2010, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner buscó desplazar de la presidencia del Central a Martín Redrado. También elimina la posibilidad de que el Poder Ejecutivo remueva a un banquero central por decisión propia, sin acreditar la falta grave mencionada.

El texto deroga, además, la participación de un representante del Ministerio de Economía en las reuniones de Directorio del Banco Central, así como la exigencia de que el organismo emita opinión previa sobre el impacto en la balanza de pagos de las operaciones de crédito público externo. El mensaje oficial describe ese último requisito como una traba burocrática sin peso real en las decisiones.

Un mandato único centrado en la inflación

El proyecto redefine, en el artículo 1, la misión del BCRA. La nueva redacción reemplaza al actual artículo 3 de la Carta Orgánica y establece que la misión única, primaria y fundamental de la entidad es preservar el valor de la moneda. Esa fórmula sustituye a la vigente desde la reforma de 2012, que le asigna al BCRA la finalidad de promover, en el marco de las políticas del Gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Los fundamentos del proyecto sostienen que esa multiplicidad de objetivos diluye la responsabilidad del organismo, porque un banco central al que se le encomienda todo no puede ser evaluado por nada. Agregan que la política monetaria solo puede perseguir de manera efectiva la estabilidad de precios, por lo que exigirle metas adicionales implica desconocer limitaciones empíricas básicas del instrumento.

En sintonía con ese cambio, el proyecto retira del directorio la facultad de orientar el crédito hacia las pymes o las economías regionales, con el argumento de que ese tipo de políticas corresponde a una banca de fomento y no a un banco central.

Cambios operativos y en el manejo de reservas

El sexto eje reúne modificaciones de índole operativa. El proyecto habilita al BCRA a operar con títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria, cambiaria, financiera y crediticia, con la exigencia de hacerlo a precios de mercado o, en su defecto, mediante mecanismos técnicos equivalentes, una previsión que no existe en la Carta Orgánica actual.

La iniciativa incorpora también la inembargabilidad de los bienes que integran las reservas y precisa qué activos externos son aptos para su inversión, entre ellos el oro y los activos financieros líquidos, una protección que hasta ahora dependía de la ley de convertibilidad de 1991. El texto habilita, además, el uso de esos activos como garantía en operaciones propias de banca central y excluye a los contratos financieros internacionales que celebre el organismo de una restricción legal que hoy los alcanza.

Por último, el proyecto concentra en el Banco Central la función regulatoria sobre los sistemas de pago y las cámaras liquidadoras y compensadoras, y deroga tanto una regla de intervención cambiaria como otras disposiciones remanentes del régimen de convertibilidad de la década de 1990.

En una sesión que promete ser maratónica -aproximadamente 16 horas- el oficialismo buscará avanzar este miércoles en la Cámara de Diputados con la media sanción de dos proyectos centrales para afianzar la estabilidad económica. Después del duro revés que sufrió en el Senado, con el naufragio de las reformas de la leyes de tierras y de manejo del fuego, los libertarios optaron por abrir el temario a una docena de proyectos de la oposición dialoguista -la mayoría sin costo fiscal- para asegurarse el quórum. Sin embargo, los aliados vienen endurecido sus posturas y hasta las ausencias podrían jugar un rol determinante durante la jornada.

El proyecto más importante para la Casa Rosada, porque sería una clara señal para los mercados, es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para reforzar su independencia del gobierno de turno a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Si esta ley se aprueba, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos. Tampoco podrá comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario.

La iniciativa que impulsa Javier Milei apunta a revertir la reforma de la Carta Orgánica que había hecho el kirchnerismo en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos como promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Ahora el Gobierno pretende que sólo exista uno: preservar el valor de la moneda.

Por otro lado, el oficialismo también promueve un cambio en los mecanismos para remover al presidente de la entidad y a los integrantes del directorio, para lo cual se necesitará acreditar una “causal grave” y la aprobación con mayoría de dos tercios en el Senado y la Cámara de Diputados. Una carta de negociación que, según reconocieron los libertarios, todavía está bajo análisis sería acceder al pedido de las provincias para “federalizar” el directorio del Banco Central a partir de la designación de algunos de sus integrantes “por regiones”.

El segundo punto del temario será la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, aprobado a fines del año pasado, para favorecer la formalización de ahorros que actualmente se encuentran fuera del sistema. Según los cálculos del Gobierno, actualmente hay USD 179 mil millones que podrían volcarse a la inversión para dinamizar la economía. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía consideraron que la versión original no había sido exitosa y, por lo tanto, decidieron impulsar una ampliación del universo de personas que puedan adherir y algunas aclaraciones técnicas para reformar la “seguridad jurídica”. Muchos de los cambios surgieron tras reuniones con estudios contables y expertos tributaristas.

La nueva versión del régimen ya no exigirá como requisito que los contribuyentes no superen ingresos anuales por $1.000 millones y que tengan como patrimonio menos de $10.000 millones. Es decir, quedará abierto para todas las personas humanas sin importar su nivel de ingresos o patrimonio. No obstante, la única excepción serán los Grandes Contribuyentes, que no accederán a las presunciones, efectos liberatorios y otros beneficios previstos por la ley. Además, por presión de los aliados tras es escándalo de Manuel Adorni, se incluirá una cláusula para que funcionarios de los tres poderes del Estado puedan adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias (RGM), pero no así a la exteriorización de los dólares del colchón o los fondos no declarados.

El proyecto también redefine el concepto de “discrepancia significativa” que le permite a ARCA rechazar la declaración de impuestos simplificada. Solo se considerará una discrepancia importante si la diferencia entre lo declarado y lo que detecta la ARCA supera el 15% del impuesto. Y además, si no alcanza el equivalente al 5% del mínimo previsto en la Ley Penal Tributaria (actualmente $5 millones). A su vez, cuando ocurra una objeción, la persona contará con quince días para corregir la situación, pagar la diferencia y conservar los beneficios del régimen.

El tercer proyecto económico que impulsa el Gobierno será la ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés), que permite a inventores y empresas presentar una única solicitud internacional de patente, lo que simplifica la búsqueda de resguardo legal en múltiples jurisdicciones. De esta forma, la solicitud presentada bajo el PCT surte el mismo efecto jurídico que si se hubiera presentado una solicitud en cada uno de los 158 Estados miembros adheridos.

El punto álgido de la negociación había sido la resistencia de los laboratorios nacionales al Capítulo II del Tratado bajo el argumento de que facilitaría los monopolios extranjeros, encarecería los medicamentos y vulneraría la soberanía sanitaria del país. Finalmente el Gobierno accedió a dejarlo “en reserva” y pudo destrabar el dictamen.

Por último, el cuerpo pondrá en debate un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la República de Singapur. En este caso, dado que está involucrado el bloque regional, se espera lograr un amplio consenso.

Luego de los cuatro proyectos de interés para la Casa Rosada llegará el turno de una docena de iniciativas presentadas por los bloques aliados y dialoguistas. Entre ellos se destacan la rebaja del IVA a la fécula de Mandioca -un reclamo de los misioneros-, la declaración de San Juan como cuna de Sarmiento y capital nacional de la Educación, de la provincia de Santa Cruz como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías y de Tucumán como Capital Nacional del Ecoturismo.

El temario también incluirá la declaración de San José de los Cerrillos (Salta) como Capital Nacional del Cerdo Negro, Caá Catí (Corrientes) como Capital Nacional de la Producción Bubalina y San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina cada 9 de Julio. Además se ampliarán las cámaras federales de apelaciones en Tucumán y Mar del Plata. En su mayoría se trata de iniciativas sin costo fiscal pero con valor simbólico o estratégico para los diputados provinciales a nivel local. Con estos gestos, el oficialismo espera sumar apoyos entre los bloques Argentina Federal (Misiones y Salta), Producción y Trabajo (San Juan), Por Santa Cruz, Independencia (Tucumán), Adelante Buenos Aires y Córdoba Federal.

Durante la tarde de este martes, el oficialismo informó una nueva ampliación del temario para sumar la denominada Ley Joaquín, por la trágica muerte de una niño de 12 años que fue aplastado por un arco de fútbol sin amarre en Junín de los Andes.

La iniciativa, que propone reforzar las medidas de seguridad en la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos deportivos de fútbol, hockey, handball, rugby, aros de básquet, postes de red de vóley y juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados, fue originalmente presentada por la diputada peronista Luciana Potenza (Unión por la Patria) y su dictamen fue firmado unánimemente.

“Vamos a ver qué hace el kirchnerismo”, ironizaron fuentes libertarias. En ese sentido, señalaron que la inclusión de este proyecto podría colaborar en el sostenimiento del quórum una vez iniciada la sesión.

En la previa de la sesión, la oposición evaluaba si convenía pedir una ampliación de temario o una moción para emplazar a las comisiones a tratar alguno de los 34 proyectos sobre la problemática del endeudamiento familiar. En caso de llegar a las 129 votos afirmativos, quedaría en evidencia que cuentan con los votos para convocar a una sesión especial en el futuro. Sin embargo, si el tablero muestra que están lejos del quórum, el Gobierno podría capitalizar una nueva señal de debilidad y descoordinación de la oposición.

Luego de las críticas por parte del Ejecutivo, tres diputados retiraron las solicitudes de interpelación contra tres de los 12 ministros del gobierno de BernardoArévalo, que esperan su turno para un juicio político en el Congreso de Guatemala.

La decisión se tomó en medio de una interpelación al titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Abelardo Pinto, la cual lleva ya nueve meses sin lograr ningún avance, por lo que el Ejecutivo ha calificado, incluso, estas citaciones legales como una “extorsión”.

La decisión de retirar las peticiones de antejuicio fue conocida este día en el plano del Legislativo, cuando los diputados fue notificado de que Pablo Cifuentes desistió de interpelar al ministro de Salud, Joaquín Barnoya; Carlos Calderón hizo lo propio con la ministra de Economía,Gabriela García; y José Chic retiró el proceso contra la ministra de Trabajo,Miriam Roquel.

El cambio ocurre dentro de un calendario más amplio: el Congreso había programado 28 procesos contra 12 de los 14 ministros, con audiencias previstas entre el 27 de agosto y el 22 de octubre. La retirada de tres expedientes modifica ese cronograma, pero no cierra el pulso entre el Legislativo y el Ejecutivo.

El Congreso alteró el cronograma de juicios políticos previsto para los próximos meses

Las solicitudes contra García y Barnoya estaban programadas para iniciar este jueves 27 de agosto. El presidente del Congreso, Luis Contreras, informó este lunes que ambas fueron desestimadas.

La decisión deja sin efecto el arranque de esos cuestionamientos esta misma semana. En el caso de Economía, la solicitud había sido presentada por el diputado Carlos Roberto Calderón; en el de Salud, por el congresista Pablo Cifuentes.

Las acciones promovidas contra los ministros han presionado fuertemente al Ejecutivo, ya que cada martes los funcionarios deben de asistir sin falta al Congreso para esperar el inicio de su juicio político, hecho que ha sido criticado por el presidente guatemalteco.

El mecanismo sigue abierto contra otros ministros y mantiene la tensión con el Ejecutivo

No obstante, la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), específicamente la diputada Teresita de León, hija de la excandidata a la presidencia Sandra Torres, es la que concentra la mayoría de la interpelaciones contra los ministros, seguida por el jefe de bancada José Inés Castillo solicitó específicamente la comparecencia de la ministra de Ambiente, Patricia Orantes.

Uno de los procesos que sigue en curso es el del ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto. Esa interpelación comenzó el 13 de noviembre de 2025, se encuentra en la fase de preguntas adicionales y todavía hay diputados pendientes de participar.

La mayoría de las veces, los procesos se suspenden por falta de quórum. Incluso, el presidente del Congreso afirmó que lo mejor era retirar las peticiones de antejuicio.

La extensión de estos procedimientos alimentó críticas dentro y fuera del Congreso. Sonia Gutiérrez, diputada de Winaq, cuestionó durante la instancia de jefes de bloque que no se hayan alcanzado consensos y señaló que este mecanismo de fiscalización ha sido tergiversado.

El presidente Bernardo Arévalo defendió el derecho del Congreso a fiscalizar, pero cuestionó que el recurso termine afectando la gestión gubernamental. Citado por el medio, también calificó su uso como un “abuso” y puso en duda si las solicitudes buscan frenar el trabajo del Gobierno o se utilizan como herramienta de “presión”.

La salida de tres interpelaciones no desactiva ese enfrentamiento. Lo que deja es una nueva incertidumbre en el Congreso: si otros diputados seguirán el mismo camino y retirarán sus procesos o si mantendrán los cuestionamientos pendientes contra los ministros.

En la antesala de una serie de sesiones clave para el futuro de las reformas que impulsa el Gobierno, el presidente Javier Milei encabezó este martes una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, con el objetivo de coordinar la estrategia legislativa y fortalecer el mensaje oficial de cara a la sociedad.

“Es alguien que explica muy bien las cosas y eso también nos da herramientas a nosotros para hacerlo después, porque cuando entendés de lo que se trata, es más fácil transmitirlo”, aseguró uno de los asistentes a la salida del encuentro.

Según pudo saber Infobae, durante la exposición, que duró casi dos horas, el mandatario nacional defendió los proyectos que tiene en carpeta el Poder Ejecutivo y el rumbo de la economía, y les pidió a los legisladores que hicieran lo mismo en los medios y ante sus pares.

Por esta razón, los invitó también a los ministros de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para que den las precisiones pertinentes sobre sus iniciativas parlamentarias y respondan preguntas de los presentes.

En el evento estuvieron, además, la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara baja, Martín Menem; el secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Tan solo un poco antes, todos ellos se reunieron también en el marco de la mesa política, en la que analizaron durante más de tres horas -pero internamente- la situación en ambos recintos del Congreso.

En esa oportunidad estuvo además la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien regresó más tarde a Balcarce 50 para escuchar las palabras del mandatario nacional, aunque por compromisos de agenda se demoró un poco.

“Fue un muy lindo encuentro, en el que nos habló y también nos dio espacio a nosotros para expresarnos, lo que no es poco. También nos explicó por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos y por qué defendemos lo que defendemos”, señaló a este medio otra de las personas que participó del acto.

Además, el jefe de Estado les reclamó a los invitados que tengan más exposición y que “salgan a desmentir la mentira, que es siempre ajena a los datos”, especialmente en lo que respecta a discusiones como la morosidad.

Esto fue exactamente lo que hizo la diputada Patricia Vázquez, una de las protagonistas de la jornada que frenó ante las cámaras en la puerta de la Casa Rosada y ratificó la postura del Gobierno respecto de ese tema: “Es un problema de los que tomaron deuda“, señaló.

La reunión comenzó con el discurso de Milei, en el que insistió con que su administración no va a modificar el rumbo económico y cuestionó duramente a los “mercados repugnantes”, a los que vinculó con el kirchnerismo.

Posteriormente, fuentes oficiales emitieron un comunicado en el que marcaron que el mandatario “explicó que una de las principales estrategias de la oposición consiste en instalar determinados temas” que son “capaces de generar división en la sociedad y ser utilizados como ejes de confrontación política”.

“Señaló que buscan encapsular distintos segmentos del electorado y convertir situaciones concretas de la economía o de la vida cotidiana en conflictos políticos”, detallaron sobre la exposición.

En este sentido, se refirió a los cuestionamientos sobre la morosidad y sostuvo que “es necesario analizar los datos y las causas detrás de cada situación, sin convertirlas en un problema macroeconómico”.

Asimismo, destacó que “la consistencia de la política fiscal y monetaria y remarcó que la Argentina lleva 27 meses consecutivos de crecimiento”.

Además, compartió conceptos desarrollados en sus últimas exposiciones ante el Council of the Americas y la Bolsa de Comercio de Rosario, vinculados con “los desafíos económicos y políticos que enfrenta el Gobierno”.

Según revelaron a este medio otros presente, además de Milei solamente tomaron la palabra en un momento Martín Menem y Bullrich para aclarar algunas cuestiones vinculadas a la situación en las Cámaras de Diputados y de Senadores, respectivamente.

Antes de retirarse, el Presidente les regaló a todos el libro La economía en una lección, del periodista y filósofo libertario Henry Hazlitt, una de las obras que más cita Milei. Fue una versión que cuenta con el prólogo del él mismo y de Walter Block.

“Nosotros no hablamos pavadas, cuando lo hacemos es siempre desde una ideología, por supuesto, pero con sustento. Eso es lo que le da a nuestras reformas un trasfondo“, agregó un legislador que también asistió.

Tal como había anticipado este medio, el mandatario nacional decidió ponerse una más al frente de la arenga antes de que en el Congreso comiencen a debatirse proyectos como la carta orgánica del Banco Central (BCRA), Inocencia Fiscal II o la ley Hojarasca, que el Poder Ejecutivo considera prioritarios.

Al respecto, uno de los legisladores que este miércoles estará en la votación de la Cámara baja se mostró confiado: “Tenemos los números, va a salir todo. Para eso trabajamos”.

Los invitados comenzaron a llegar a Balcarce 50 poco antes de las 16:30, una hora antes de la cita a la que fueron convocados para escuchar las palabras del líder libertario en el Salón Héroes de Malvinas.

Esto fue un pedido explícito de la cúpula, que les solicitó que arribaran con al menos 45 minutos de margen para organizar el espacio, teniendo en cuenta la cantidad de personas que asistirían.

Los únicos que no pudieron llegar fueron el diputado Sebastián Pareja y el senador Agustín Coto, debido a que estaban participando en es mismo momento de un encuentro de la comisión bicameral de Inteligencia.

En esa sesión informativa también estaba el diputado Gabriel Bornoroni, pero en su caso abandonó el Congreso para dirigirse a la Casa Rosada, ya que tenía el compromiso de ir a la exposición del Presidente por ser el jefe del bloque.

Cuando arribaron, todos los legisladores tuvieron que dejar sus celulares en la entrada, dentro de un sobre con sus respectivos nombres, una medida que ordenó el mandatario para evitar filtraciones.

En Diputados, la bancada liderada por Bornoroni tiene la meta de conseguir este miércoles la media sanción para la mencionada medida del BCRA e Inocencia Fiscal II, que aparecen hoy como las normas que más obsesionan al Presidente.

También se debatirá la ley el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur, Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y la denominada “Ley Joaquín”, una propuesta para prevenir accidentes deportivos que es impulsada por el PRO.

En el Senado, en tanto, Bullrich espera convocar a una sesión para el jueves con la intención de debatir Hojarasca, 60 pliegos judiciales que continúan pendientes y proyectos sobre “zonas frías” y “zonas cálidas”, entre otras cuestiones.

El presidente Javier Milei retomó la agenda en la Casa Rosada el lunes luego de varias semanas en la Quinta de Olivos: frente a su Gabinete, el jefe de Estado ratificó el rumbo económico y descartó cualquier tipo de ayuda para las familias endeudadas. De hecho, para el Poder Ejecutivo no existe una crisis de morosidad, pese a los últimos indicadores récord registrados.

Este martes Milei encabezará una nueva cumbre con diputados y senadores de La Libertad Avanza antes de las sesiones previstas para esta semana en el Congreso de la Nación.

Tal como informó Infobae, el encuentro se realizará este martes a partir de las 17:30 en el Salón Héroes de Malvinas, como ocurrió a mediados de julio pasado, cuando el mandatario nacional presentó el proyecto para la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Se trata de un único acto en el que estarán tanto los integrantes del bloque de diputados como el de senadores, que esta semana buscarán avanzar con varias de las iniciativas que el Poder Ejecutivo tiene en carpeta. A todo esto, a pocos metros y tras la cumbre con los legisladores, en las oficinas del extinto Ministerio del Interior, se juntará la mesa política para definir los pormenores de la estrategia en el Congreso.

Entre los funcionarios que participarán del encuentro con los legisladores estarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Desde el entorno de los funcionarios que asistirán a la cita, celebran que este tipo de convocatorias con la presencia del propio jefe de Estado son “charlas profundas sobre ideas” en las que “se marca un poco el norte” de lo que la cúpula libertaria busca en el Congreso, según precisaron fuentes del espacio.

En la Cámara de Diputados, la bancada liderada por Gabriel Bornoroni tiene como meta conseguir este miércoles la media sanción para la reforma de la Carta Orgánica del BCRA e Inocencia Fiscal II, los dos proyectos que más obsesionan al Presidente. Quienes están detrás de esta tarea confían en que, “a priori, están los votos” para que ambas iniciativas salgan, aunque hay expectativa sobre el comportamiento del PRO, con el que LLA atraviesa una etapa de acercamiento.

Además de esas dos normas, Bornoroni también impulsa la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), aunque este último deberá volver al Senado por haber sufrido modificaciones.

Respecto al segundo encuentro conjunto entre LLA y el PRO, Santilli y los primos Menem coordinan con referentes del partido amarillo una nueva reunión que, al cierre de esta nota, todavía no tenía fecha ni hora confirmada, aunque fuentes del espacio indicaron a Infobae que “lo más probable es que se haga el jueves por la tarde”.

En el Senado, la situación es más compleja. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta, anunció la convocatoria a Labor Parlamentaria para el miércoles con el objetivo de sesionar el jueves. La agenda tentativa incluye la ley Hojarasca, 60 pliegos judiciales pendientes, proyectos sobre zonas frías y cálidas, y la posible discusión de una iniciativa sobre mercado de carbono que implicaría fondos para provincias y privados.

Sin embargo, la resistencia de las bancadas dialoguistas complica el armado. Un referente aliado sintetizó la tensión en declaraciones a Infobae: “Voy a venir igual, pero no soy empleado del Gobierno. Siguen sin entenderlo. Además, ya es más que evidente que los dialoguistas estamos quedando dentro de una interna ajena, con operaciones sin cesar”.

Otro punto de tensión interna es la eliminación de las PASO: en el entorno de Bullrich predomina el pesimismo sobre la viabilidad de reunir los votos necesarios, mientras que sectores cercanos a Karina Milei sostienen que continúan trabajando en la búsqueda de apoyos. Ambas facciones coinciden en que el debate podría celebrarse entre septiembre y octubre.

La ofensiva legislativa se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno para recuperar la iniciativa política. Durante la última reunión de la mesa política, sus integrantes analizaron con preocupación la necesidad de “volver a enamorar” a una porción del electorado que parece haber tomado distancia, con especial atención en la merma de apoyo entre los jóvenes.

Para acompañar cada debate parlamentario, el oficialismo trabaja en la conformación de un “bloque comunicacional” con voceros que expongan los detalles de cada proyecto en medios y cuyas intervenciones sean luego amplificadas en redes sociales. “Va a haber una coordinación mayor a nivel medios y redes. La idea es que haya más voceros oficiales que sean los que muevan en medios el discurso, que esos recortes puedan llevarse a las redes y que la tropa digital lo viralice”, describió un integrante de la mesa política a este medio.

En paralelo, Milei tiene previsto disertar este jueves sobre ética e inteligencia artificial ante alumnos de los últimos años del Colegio ORT, en una de las acciones orientadas a reconectar con el segmento joven.

El oficialismo convocó a una sesión en la Cámara de Diputados el próximo miércoles y el temario dejó en evidencia el renovado interés de la Casa Rosada por congraciarse con los gobernadores dialoguistas, en medio de señales cruzadas que anticipan un distanciamiento.

Si bien el plato fuerte serán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, los libertarios dieron el visto bueno y comprometieron sus votos para aprobar la rebaja del IVA a la fécula de Mandioca -un reclamo de los misioneros-, la declaración de San Juan como cuna de Sarmiento y capital nacional de la Educación, de la provincia de Santa Cruz como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías y de Tucumán como Capital Nacional del Ecoturismo.

Por otro lado, la declaración de San José de los Cerrillos (Salta) como Capital Nacional del Cerdo Negro, Caá Catí (Corrientes) como Capital Nacional de la Producción Bubalina y San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina cada 9 de Julio. También se ampliarán las cámaras federales de apelaciones en Tucumán y Mar del Plata. En su mayoría se trata de iniciativas sin costo fiscal pero con valor simbólico para los diputados provinciales a nivel local.

En esa misma línea, los libertarios también reconocieron que están evaluando un pedido de las provincias para “federalizar” el directorio del Banco Central. La concesión de designar directores “por regiones” para dotar a la entidad de “mayor representatividad” podría ser la llave para garantizar una victoria legislativa.

No es casual que la nueva predisposición del oficialismo a abrir el temario de las sesiones y aceptar cambios en los proyectos ocurra en medio de claras señales de distanciamiento de los bloques que hasta el momento funcionaron como aliados y posibilitaron los principales éxitos legislativos del Gobierno.

La primera señal de alerta fue la reticencia a votar las reformas de la ley de tierras y de la ley de manejo del fuego que desembocó hace dos semanas en un duro revés para los libertarios en el Senado. El endurecimiento fue notorio e incluso llevó a que senadores que meses atrás habían adelantado su apoyo a ambas iniciativas votaran en contra, como el caso de los salteños.

Este martes, los gobernadores del norte exigieron que el ministro de Economía Luis Caputo acordara en persona el nuevo esquema de subsidios eléctricos a las Zonas Cálidas como condición para destrabar la reducción que pretende el gobierno a los subsidios al gas en las Zonas Frías. A diferencia de lo que pasó en Diputados, donde el proyecto ya obtuvo media sanción, las simples promesas de Gobierno no fueron suficientes para las provincias, que reclamaron acciones concretas.

Por otro lado, los gobernadores de Misiones y Salta adelantaron que la semana que viene reorganizarán su bloque de diputados, hoy llamado Innovación Federal, para abandonar la posición de aliados automáticos y empezar a discutir “ley por ley” con la Casa Rosada. A modo de ejemplo, la semana pasada los misioneros exigieron que primero el oficialismo firmara el dictamen de su proyecto para bajar el IVA a la fécula de mandioca a cambio de acompañar, algunas horas más tarde, el dictamen de la reforma del Banco Central.

A su vez, el gobernador misionero Hugo Passalacqua recibió en su provincia a varios referentes del Peronismo Federal: los diputados Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, el intendente Federico Achával y el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos. Las fotos del encuentro fueron ampliamente difundidas y se decodificaron como un gesto de acercamiento con la oposición.

Los gobernadores del norte, donde también tienen un rol preponderante el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, usuales aliados de la Casa Rosada, también dejaron trascender sus intenciones de negociar en grupo junto con misioneros y salteños.

Cerca de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, aseguran que los gobernadores no se pasarán a las filas de la oposición dura porque “comparten el rumbo general” del Gobierno. No obstante, reconocen que la negociación del Presupuesto 2027 será “tensa”, ya que no alcanzará con gestos simbólicos y los reclamos de las provincias se vienen acumulando.

Por otro lado, la reconfiguración de la alianza con los gobernadores se pondrá a prueba a partir del mes que viene, cuando se comience a debatir la eliminación de las PASO. Un objetivo central para allanar el camino hacia la reelección de Milei.

Los diputados del norte habían explicado a Infobae que todavía no habían definido una posición respecto a la eliminación de las primarias y aclararon que seguramente será una decisión “en conjunto” de varios mandatarios.

Por eso aclararon que los dichos del diputado Bernardo Biella, que adelantó este miércoles en LN+ que votará a favor de la eliminación de las PASO porque también acompañó la derogación de las primarias a nivel local cuando fue diputado provincial, eran a título personal y no reflejan un posicionamiento del bloque. “Él es así, hace esas cosas, en otros proyectos ya ha marcado diferencia”, recordaron en referencia a que fue el único de los salteños cercanos a Gustavo Sáenz que votó en contra de la reforma del régimen de Zonas Frías.

Los gobernadores del norte podrían encolumnar unos 15 diputados (4 de Misiones, 3 de Salta, 2 de San Juan, 3 de Catamarca, 3 de Tucumán) fundamentales para el Gobierno a la hora de alcanzar el quórum. Especialmente si se tiene en cuenta que los principales proyectos de este año fueron aprobados con muy poco margen.

Los diputados oficialistas del Partido Pueblo Soberano (PPSO) rechazaron una moción que pretendía habilitar una vía rápida para el proyecto de ley 25.003, iniciativa relacionada con la devolución de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).

La votación terminó con 29 diputados en contra y 22 a favor, una diferencia que permitió al oficialismo bloquear la posibilidad de acelerar el trámite de la propuesta y provocó fuertes cuestionamientos desde las bancadas de oposición.

El debate estuvo marcado principalmente por los señalamientos sobre la posición que mantuvo durante la campaña electoral la presidenta de la República, Laura Fernández, y la decisión que tomó ahora la bancada oficialista frente a una iniciativa para permitir la entrega de los recursos acumulados en el ROP.

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, abrió su intervención precisamente con ese argumento. El legislador sostuvo que la mandataria había expresado durante la campaña su respaldo a la devolución de estos recursos y reclamó al oficialismo cumplir con esa posición.

“Llegó la hora de cumplir, la presidenta Fernández en campaña electoral dijo ‘estoy absolutamente de acuerdo con la devolución del ROP’”, afirmó Ramírez.

El diputado agregó que, desde su perspectiva, “si nosotros ofrecimos una cosa en campaña tenemos la obligación de cumplirla en gobierno”, al considerar que se trata de una promesa que la presidenta habría planteado a los electores.

Oposición acusa contradicciones al oficialismo

La discusión parlamentaria estuvo acompañada por la presencia de personas en las barras del Congreso que se manifestaban a favor de la devolución del ROP. Diputados del PLN y del Frente Amplio (FA) utilizaron esa presencia para reforzar sus argumentos a favor de acelerar la discusión del proyecto.

La diputada frenteamplista Vianey Mora pidió a los legisladores oficialistas “tocarse el corazón” y puso como ejemplo la situación de una adulta mayor que, según relató, podría perder su vivienda por una deuda de ¢3 millones (USD 6,600)

La legisladora también sostuvo que la devolución de estos recursos no pondría en peligro las finanzas, uno de los puntos de discusión entre quienes defienden y quienes cuestionan la posibilidad de entregar anticipadamente los fondos.

Ramírez, por su parte, calificó la devolución del ROP como un derecho que debía cumplirse y la presentó como una “causa de justicia social”.

El jefe de fracción liberacionista afirmó además que existen más de 90,000 personas esperando una respuesta de la Asamblea Legislativa.

Según su argumento, los recursos podrían ser utilizados para atender necesidades concretas de las personas, como financiar operaciones médicas, remodelar una vivienda o resolver otras necesidades económicas. Ramírez también recordó que el propósito original del ROP está relacionado con garantizar una mejor calidad de vida durante la vejez.

Nogui Acosta defiende rechazo y califica propuesta de populista

La defensa de la posición oficialista estuvo a cargo del jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano, Nogui Acosta, quien rechazó los argumentos de la oposición y cuestionó la propuesta de devolución.

Acosta sostuvo una posición centrada en la naturaleza previsional de los recursos y rechazó la idea de que el ROP pueda ser entendido simplemente como un ahorro disponible para ser retirado.

“El hecho de que tengan una cuenta individual no representa que sea un ahorro. Nunca nació como un ahorro, nació como una pensión”, afirmó el diputado.

El legislador también consideró que algunos de los argumentos planteados durante el debate favorecían una visión que, a su criterio, debilitaría el objetivo del régimen.

Acosta llegó incluso a calificar de “populista” la propuesta defendida por sectores de la oposición.

Pero el enfrentamiento no terminó ahí. Parte de la discusión se trasladó directamente a las declaraciones atribuidas a Laura Fernández durante la campaña electoral.

El jefe de fracción oficialista aseguró que la presidenta no prometió entregar el ROP y acusó a los legisladores opositores de poner palabras en boca de la mandataria.

La diputada del PLN Joselyn Sáenz y el legislador del Frente Amplio Antonio Trejos respondieron a Acosta y defendieron que Fernández sí había expresado durante la campaña una posición favorable a la entrega de los recursos.

De esta manera, el debate sobre el ROP terminó convertido también en una disputa política sobre qué fue lo que realmente ofreció la actual presidenta durante la campaña electoral.

El enfrentamiento político entre el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y su antiguo jefe político Carlos Rovira (histórico referente del Frente Renovador de la Concordia) tendrá efectos muy concretos en el Congreso y podría afectar el delicado esquema de alianzas del gobierno de Milei. El miércoles de la semana que viene, en la previa de la sesión donde se debatirán la reforma del BCRA y la Inocencia Fiscal II, el bloque de diputados Innovación Federal dejará de existir para dar lugar a un nuevo espacio que responderá directamente a los mandatarios de Misiones y Salta.

La nueva bancada continuará casi con los mismos integrantes, cuatro diputados de Misiones -Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik- y tres de Salta -Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega-, pero ya no será presidida por Arrúa sino que quedará bajo la conducción de Herrera Ahuad (también ex gobernador). Si bien aclararon que las negociaciones no están cerradas, serán excluidos el puntano Claudio Álvarez y el formoseño Gerardo González, ex libertarios y con buena sintonía con el gobierno nacional. “No nos sirve que vengan a defender cosas de la General Paz para adentro, tienen que defender la agenda federal y regional”, explicaron ante la consulta de Infobae.

A pesar de que los integrantes del bloque seguirán siendo virtualmente los mismos, el principal cambio político radica en su alineamiento total con Passalacqua y Gustavo Saénz, en detrimento de la influencia que supo tener Carlos Rovira, ex gobernador y hombre fuerte de la política misionera. En particular de los diputados Alberto Arrúa y Daniel Vancsik, que eran los más cercanos al fundador del Frente Renovador de la Concordia.

En lo que va del gobierno de Milei, Rovira aportó en más de una oportunidad votos clave para la aprobación de las leyes impulsadas por el oficialismo. En cambio, el nuevo espacio buscará “negociar ley por ley” sin encerrarse en un alineamiento automático con la Casa Rosada. “Ya no vamos a negociar por un ATN, ahora se va a negociar por políticas públicas”, sintetizaron a Infobae desde el nuevo espacio. En esa línea, aclararon que las conversaciones en torno a una eventual eliminación de las PASO “están totalmente abiertas a negociación”, aunque también señalaron que probablemente no será una decisión individual de ningún gobernador, sino un posicionamiento colectivo.

Una primera muestra del impacto que podría tener un reposicionamiento de misioneros y salteños se vio hace dos semanas, cuando su rechazo a votar la Ley de Tierras fue el puntapié inicial del duro revés que sufrieron los libertarios en el Senado. En esa sesión tuvieron que retirar dos capítulos del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Según pudo saber Infobae, la nota formal para conformar el nuevo bloque será enviada a las autoridades de la Cámara de Diputados el próximo miércoles antes del inicio de la sesión convocada por los libertarios y los gobernadores Passalacqua y Sáenz viajarían para participar de la presentación en sociedad. El nuevo espacio aún no tiene nombre definido pero una de las opciones tentativas es Movimiento Por Lo Que Viene, el mismo nombre del flamante espacio de Passalacqua a nivel provincial.

Por otro lado, los misioneros adelantaron que el bloque funcionará de una forma más coordinada con los senadores de su provincia, que ahora también responden al gobernador.

En la Cámara alta el reordenamiento fue un poco más desprolijo ya que tras la ruptura oficial la senadora Sonia Rojas Decut armó el monobloque Movimiento por Misiones, alineado a Passalacqua, mientras que Carlos Arce continuó con el sello Encuentro Misionero, bajo la órbita de Rovira. Sin embargo, a los pocos días Arce fue seducido por el gobernador y anunció que se sumará al bloque de Rojas Decut.

La primera prueba de la nueva lógica de negociación que buscan imponer los misioneros será justamente el próximo miércoles, con la incorporación al temario de la sesión del proyecto para reducir el IVA del 21% al 10,5% a la mandioca. “Es algo que casi no tiene impacto fiscal, le sirve a la economía regional y es un gesto con los aliados”, habían explicado los libertarios cuando apoyaron el dictamen.