La delegación llegó al aeropuerto de La Paz, donde agentes de la Dirección de Migraciones les retuvieron los documentos y les impidieron el ingreso al territorio boliviano. Según relataron los propios integrantes en un video grabado en el aeropuerto, las autoridades no ofrecieron explicación alguna y pretendieron trasladarlos a una sala de inadmitidos, lo que los delegados rechazaron. Posteriormente fueron llevados a Santa Cruz de la Sierra, desde donde fueron deportados de regreso a la Argentina.

El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, fue uno de los afectados. Su par del mismo bloque, el diputado Germán Martínez, precisó a través de su cuenta en la red social X que Marino había viajado con una invitación formal de la Asamblea Plurinacional y que ya había completado los trámites migratorios en Santa Cruz antes de ser retenido en La Paz. “Exigimos a las autoridades bolivianas que nuestro compañero pueda realizar las tareas para las que fue invitado”, escribió Martínez, quien además exhortó a las autoridades consulares argentinas a garantizar “su libertad e integridad física”.

El diputado nacional Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, también denunció la situación en sus redes. Señaló que la misión había viajado para constatar denuncias presentadas por organizaciones que participan de las protestas. Del Caño exigió que la delegación pudiera ingresar “de manera inmediata”.

Entre las integrantes retenidas se encontraba Alejandra Barry, legisladora porteña del Frente de Izquierda e hija de desaparecidos durante la última dictadura militar argentina. Barry habló en el video grabado en el aeropuerto paceño: “Nos retuvieron los documentos y por ahora no nos dejan ingresar sin ningún tipo de explicación”, afirmó. La legisladora subrayó que el propósito de la misión era “relevar, poder hacer un informe, poder acercarnos a todas las víctimas y a todos los que están siendo vulnerados sus derechos por ejercer su legítimo derecho de protesta”.

También formaba parte de la delegación Ailen Beraldo, integrante de la comisión directiva del sindicato docente Ademys. En el mismo registro, Beraldo detalló que la misión se enmarcaba en denuncias de torturas a detenidos, persecución de manifestantes y situaciones irregulares en centros de reclusión.

Desde el lado boliviano, legisladores del oficialismo salieron a respaldar la decisión migratoria. La senadora Tomasa Yarhui pidió la expulsión de los activistas argentinos que, a su juicio, no respetan la soberanía del país. Sostuvo que la Cancillería boliviana debe asumir cualquier caso de injerencia extranjera en asuntos internos y que Bolivia debe mantener vínculos con otras naciones “sin permitir intromisiones políticas en los conflictos nacionales”.

El diputado boliviano Alejandro Reyes, del bloque Unidad, fue más lejos en sus declaraciones. Afirmó que la llegada de los delegados argentinos “evidencia una coordinación internacional” para desestabilizar a un gobierno democrático y favorecer el retorno de lo que calificó como regímenes autoritarios. Reyes reclamó la expulsión de quienes, según sostuvo, respaldan al expresidente Evo Morales, y pidió además una investigación sobre el financiamiento de los pasajes, la estadía y otros gastos de la delegación.

Marino confirmó el regreso mediante un tuit publicado desde el vuelo: “Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina”, escribió, y anticipó una conferencia de prensa para las 16:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La agencia EFE informó que los agentes policiales trasladaron por la fuerza al grupo de argentinos hasta un avión que los llevó a la región oriental de Santa Cruz.

De acuerdo a la información proporcionada por EFE, la crisis en Bolivia dejó al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a atención médica debido a bloqueos de carreteras, además de pérdidas económicas estimadas en USD 2.500 millones.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que llegó al 100% del conteo de actas contabilizadas para la elección de diputados, en el marco de las Elecciones Generales en el Perú. Con ese avance, quedaron consolidados los resultados por circunscripción y el orden de votación de las fuerzas políticas en plazas decisivas como Lima, Arequipa, Callao y Cusco.

El cierre del cómputo permite precisar qué partidos concentraron el mayor respaldo en cada región y quiénes encabezaron la votación preferencial dentro de sus listas. También reabre el foco sobre el siguiente paso del proceso: cómo operará la valla electoral para determinar qué organizaciones podrán acceder a la distribución de escaños en la Cámara de Diputados del nuevo Congreso bicameral.

En paralelo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya había definido los criterios que regirán el acceso a la representación parlamentaria. Para los partidos, el reto no es solo liderar votaciones regionales, sino cumplir con condiciones nacionales y un umbral mínimo de escaños para ingresar al reparto.

Resultados de diputados en Lima, Callao, Cusco y Arequipa: así quedó el mapa electoral

En Lima Metropolitana, Renovación Popular encabezó la votación con 900.584 votos y 18,424% de votos válidos. Le siguieron Partido del Buen Gobierno con 714.935 (14,626%), Fuerza Popular con 705.962 (14,443%), Ahora Nación – AN con 445.124 (9,106%) y Partido Cívico Obras con 378.366 (7,741%).

En Callao, Fuerza Popular se ubicó primero con 87.806 votos y 18,311%. Luego aparecieron Partido del Buen Gobierno con 73.936 (15,419%), Renovación Popular con 71.854 (14,984%), Partido País para Todos con 44.593 (9,299%) y Partido Cívico Obras con 37.052 (7,727%).

En Cusco, el primer lugar fue para Juntos por el Perú con 135.670 votos y 22,155%. Detrás quedaron Ahora Nación – AN con 95.710 (15,629%), Partido Cívico Obras con 74.989 (12,246%), Partido del Buen Gobierno con 52.674 (8,602%) y Fuerza Popular con 26.653 (4,352%).

En Arequipa, el Partido del Buen Gobierno lideró con 140.608 votos y 17,652%. Completaron el listado Juntos por el Perú con 80.591 (10,118%), Ahora Nación – AN con 76.735 (9,634%), Renovación Popular con 74.658 (9,373%) y Partido Cívico Obras con 74.057 (9,297%).

Los candidatos más votados en Lima, Arequipa, Callao y Cusco

En Lima Metropolitana, la candidata más votada fue Norma Martina Yarrow Lumbreras, de Renovación Popular, con 126.369 votos, de acuerdo con el reporte de resultados para diputados.

En Callao, la mayor votación individual correspondió a Auristela Ana Obando Morgan, de Fuerza Popular, con 10.951 votos.

En Cusco, la candidata más votada fue Anali Márquez Huanca, de Juntos por el Perú, con 19.815 votos.

En Arequipa, el candidato con más respaldo fue Edgar Dember Gonzales Polar, del Partido del Buen Gobierno, con 19.814 votos.

Cómo se aplicará la valla electoral para acceder a la Cámara de Diputados

El Jurado Nacional de Elecciones precisó que, en las elecciones del 12 de abril de 2026, los partidos deberán superar una valla electoral de 5% de los votos válidos a nivel nacional para acceder al reparto de escaños tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Además del porcentaje, el JNE estableció un segundo requisito obligatorio: contar con un mínimo de miembros electos equivalente al 5% del número legal de integrantes de cada cámara. En el caso de la Cámara de Diputados, el umbral fue fijado en siete diputados. Ambas condiciones se evaluarán de manera conjunta y solo los partidos que cumplan las dos podrán participar en la asignación de escaños.

El acuerdo, difundido por el JNE el 15 de marzo de 2026, también aclaró que los requisitos se revisarán por separado en cada cámara. Eso implica que una organización política podría alcanzar la valla para la Cámara de Diputados, pero no para el Senado, y acceder a la distribución de escaños únicamente en la cámara donde cumpla con ambos criterios.

Hace menos de un mes la oposición impulsó dos convocatorias fallidas para interpelar al jefe de Gabinete Manuel Adorni para que dé explicaciones en el Congreso sobre su patrimonio. Ambos intentos fracasaron por falta de consenso, pero tras la reciente presentación de la declaración jurada del funcionario, muchos se entusiasman con que “cambiaron las condiciones” y algunos aliados del Gobierno podrían tomar distancia.

La oposición convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el martes 23 de junio que incluirá en su temario seis pedidos de interpelación que pueden derivar en un voto de censura. Este mecanismo le otorga al Congreso la capacidad de remover al funcionario con la mayoría absoluta de ambas Cámaras. Este procedimiento puede iniciarse tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y se activa si se considera que el jefe de Gabinete ha incurrido en actos, omisiones o conductas que comprometan su responsabilidad política ante el Congreso.

El último pedido de moción de censura fue presentado este mismo jueves por el radical disidente Pablo Juliano (Provincias Unidas) horas después de conocerse la declaración jurada que presentó Adorni.

“El Jefe de Gabinete tiene la obligación legal de declarar su patrimonio con exactitud. Esa obligación no admite relativizaciones. Y la relativización pública de esa obligación, proferida precisamente por quien más deber tiene de cumplirla, socava los fundamentos sobre los cuales descansa la confianza ciudadana en las instituciones”, planteó Juliano en referencia a las inconsistencias en los datos que brindó Adorni a ARCA.

“Acá el problema es que Adorni nos mintió en la cara”, reconoció un diputado aliado del oficialismo y advirtió que su espacio estaría considerando tomar distancia del oficialismo. En su último informe de gestión, el jefe de Gabinete dedicó una parte de su exposición a contestar los cuestionamientos sobre su patrimonio.

“Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa. Las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”, había dicho Adorni en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, ayer el jefe de Gabinete incorporó en su declaración jurada activos que previamente no había declarado, entre ellos USD 300.000 originados en inversiones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018. Estas ganancias habrían sido obtenidas con una inversión inicial de USD 200 mil.

Al igual que ocurrió con las dos convocatorias fallidas, la balanza la terminarán de inclinar los gobernadores aliados. “El gobierno tiene una mayoría muy firme”, reconocían en las filas de la oposición.

Sin embargo, otros consideraban que las irregularidades en el patrimonio de Adorni fueron lo suficientemente graves como para hacer dudar a los habituales aliados, por ejemplo, los diputados de Córdoba que responden al gobernador Martín Llaryora, que no atraviesa el mejor momento con la Casa Rosada tras la media sanción para derogar Zonas Frías. De hecho, el cordobés Carlos Gutiérrez fue uno de los que firmó el pedido de sesión. “Lo de Patricia Bullrich fue muy fuerte, ya es una señal”, destacaron en referencia a las duras críticas de la senadora oficialista, la primera en tomar distancia del funcionario.

Luego el PRO publicó un comunicado oficial donde calificaron las omisiones de Adorni como “una falta grave”. Y agregaron: “Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”.

“No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”, concluyeron.

A pesar de todo, la convocatoria no representa un peligro inmediato para el jefe de Gabinete ya que los proyectos para avanzar con la moción de censura no tienen dictamen de comisión. Por eso la oposición deberá aprobar primero con mayoría simple un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para que dictaminen los proyectos. Ambas comisiones están controladas por La Libertad Avanza y sin el emplazamiento la oposición no puede obligarlas a tratar los pedidos de interpelación y moción de censura.

En un intento de descomprimir la situación y quitarle responsabilidad a los aliados, el propio Adorni adelantó que en julio se presentará en el Senado para brindar su informe de gestión, tal como establece la Constitución.

La tercera Ley de Newton en física es conocida popularmente como el principio de acción y reacción. Esto es lo que parece aplicarse cada vez que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intenta explicar su patrimonio.

Hasta ahora la acción —Adorni— era la promesa de presentar todos los papeles y la reacción —en este caso la oposición dialoguista— el acompañamiento al oficialismo, pero en silencio sobre el tema.

Esto cambió desde anoche, cuando el Jefe de Gabinete intentó dar una explicación sobre su incremento patrimonial y, además, se conoció que él y su esposa se habían anotado en el Régimen Simplificado de Ganancias. Esa fue la acción; la reacción ya está llegando a los despachos oficiales.

“Es un boludo peligro”, lo calificó una alta fuente parlamentaria. “Logró lo que hasta ahora no había logrado la oposición: que los socios avisaran que este es el límite y ya nos bajaron un proyecto que es importante”, agregó.

El Ministerio de Economía tenía el borrador listo para enviar al Congreso con las modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal, con la finalidad de atraer una buena porción de los dólares que los argentinos tienen sin declarar. Sin embargo, estas modificaciones perdieron el apoyo necesario para poder avanzar.

“Es imposible que salga algún voto de nuestro bloque para esto. Ya está, el acompañamiento estaba siendo complicado y esto lo detonó”, explicó una alta fuente del PRO en el Parlamento. “Ahora es imposible levantar la mano y mucho menos para esto”, dijo un diputado del bloque de la UCR.

Por primera vez, los dos aliados más importantes que tiene LLA en el Parlamento les hicieron saber que no hay forma de que presten sus votos. Y explicaron, frente al silencio de los libertarios que observan perplejos el accionar de Adorni, que la quita de apoyo no necesariamente es porque están votando “tapándose” la nariz sino porque entienden que es imposible acompañar una ley de este tipo que naturalmente apoyaban, luego de los dichos del Jefe de Gabinete. La reacción.

En los bloques de la oposición dialoguista estaban esperando el momento adecuado para marcar una diferencia. Tanto el PRO como la UCR observaban cómo Patricia Bullrich comenzaba ese proceso y no querían quedarse muy atrás. Y anoche Adorni se los dio.

“Los dos primeros años sobrevivieron en la Cámara y las comisiones gracias a nosotros, que fuimos los que pusimos la cara. Ahora que jueguen ellos y nosotros observamos y nos subiremos en las que nos convengan y en las que no, los dejaremos”, explicaron tanto desde el radicalismo como desde los amarillos.

Mientras se extiende el cambio de sobrenombre en los pasillos legislativos, y hasta hacen chistes sobre el momento en el que vaya a dar un nuevo informe de gestión, la preocupación llegó al quinto piso del Ministerio de Economía.

Luis Caputo había logrado acordar con propios y ajenos las modificaciones para Inocencia Fiscal en busca de incorporar los dólares del colchón al sistema financiero. Luego de reuniones con profesionales en ciencias económicas para escuchar sus reparos técnicos y jurídicos sobre el régimen de Inocencia Fiscal, armaron un proyecto para introducir modificaciones en la ley.

Días atrás, Infobae publicó los detalles del nuevo proyecto y señaló que para los especialistas los cambios que propone el Gobierno “van en la dirección correcta”, aunque advertían que la efectividad del régimen dependería, en última instancia, de la “confianza que logre generar el marco institucional”.

Esa confianza parece haber desaparecido, por lo menos por ahora, con los socios parlamentarios. “Es increíble, nadie entiende por qué Javier Milei está dilapidando capital político con Adorni. Vos podés tener una parte sin declarar, pero nadie tiene tres veces el blanco, es imposible”, explicaron.

“Ahora es imposible corregir lo que hizo. Quieren poner en las modificaciones lo de excluir a las personas políticamente expuestas. Si vos metés ahora a los PEP, le generás un problema a buena parte, que sus familiares entraron en el régimen. Ya está, él es un boludo —por Adorni—, hay que echarlo por boludo”, sentenció.

La inauguración de la Copa del Mundo 2026 no solo trajo júbilo futbolero al Centro Histórico de la Ciudad de México. En el Fan Fest del Zócalo, donde miles de aficionados se congregaron para ver el partido inaugural de México, circularon pañuelos blancos con una consigna política: “Saca el pañuelo, saca a Morena”.

De acuerdo con reportes en redes sociales, grupos opositores al gobierno federal distribuyeron los pañuelos entre quienes acudieron al recinto oficial de la FIFA para que los mostraran en momentos clave del partido: durante el himno nacional, en cada entonación de “Cielito Lindo” y en cada ola de estadio.

La consigna que se viralizó antes del silbatazo

La frase no surgió el día de hoy. Desde días antes, en redes sociales se hizo viral un video con dos conceptos: “saca el pañuelo” y, a continuación, el mensaje “saca a Morena”, acompañado de imágenes —algunas generadas con inteligencia artificial— de estadios repletos con pañuelos blancos en el aire.

El texto impreso en los pañuelos distribuidos este jueves indica:

• Saca el pañuelo
• Saca a Morena
• En el himno nacional (con respeto al himno)
• En cada Cielito Lindo
• En cada Ola

La iniciativa apela a momentos de alta audiencia televisiva internacional para visibilizar el rechazo al partido gobernante, en un contexto en que México es sede de uno de los eventos deportivos más seguidos del planeta.

El Fan Fest, escenario político además de futbolero

El Fan Fest del Zócalo, uno de los espacios oficiales habilitados por la FIFA durante el torneo, abrió con acceso gratuito para el público en medio de un escenario particular: integrantes de la CNTE confirmaron que continuarían con el plantón en la Plaza de la Constitución y llevarían a cabo acciones de protesta durante la jornada inaugural.

Aunque la pasión por el futbol predominó en el ambiente, la jornada inaugural también estuvo marcada por diversas movilizaciones. Colectivos y sectores sociales convocaron a protestas para aprovechar la cobertura mediática internacional, entre ellos madres buscadoras, sindicatos de maestros, grupos estudiantiles y trabajadores del sector salud.

La acción del pañuelo blanco se suma a ese mosaico de inconformidades, aunque con una diferencia: en lugar de marchar, busca infiltrarse en la celebración misma y usar el fútbol como altavoz político ante audiencias nacionales e internacionales.

Morena bajo la lupa en pleno Mundial

La convocatoria del pañuelo llega en un momento de alta tensión política. Diputados de Morena han defendido la inversión de más de mil millones de dólares en obras de infraestructura para la capital vinculadas al Mundial, una cifra que sectores opositores han cuestionado públicamente.

La estrategia de los pañuelos blancos retoma un simbolismo conocido en México: el pañuelo agitado en estadios o plazas públicas como gesto de reprobación o exigencia, resignificado aquí como herramienta de protesta electoral anticipada en un año en que el país se prepara para las elecciones intermedias de 2027.

Diferentes organizaciones de la sociedad civil participaron este miércoles de un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados para proponer cambios al proyecto de ley de Lobby que impulsa el Gobierno. Si bien todos reconocieron la importancia de regular la gestión de intereses, a lo largo de la jornada se repitieron las críticas a la redacción del texto.

“Un régimen excesivamente punitivo podría generar efectos no deseados desalentando la participación legítima de las empresas, organizaciones de la sociedad civil u otros actores en los procesos de elaboración de políticas públicas”, resumió Alejandro Díaz, CEO de AmCham.

La iniciativa, denominada Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, crea un Registro Público de Gestores de Intereses de acceso gratuito y digital, en el que deberán inscribirse de forma previa todas las personas —humanas o jurídicas— que pretendan influir en la elaboración de leyes, actos administrativos, contrataciones públicas, subsidios, habilitaciones o designaciones. Ningún funcionario podrá reunirse con un gestor que no acredite inscripción vigente, y cada contacto deberá quedar registrado dentro de los cinco días hábiles de producido.

Además, el proyecto incorpora un capítulo específico para la gestión de intereses extranjeros, con obligaciones reforzadas para quienes representen a Estados, gobiernos, partidos políticos, empresas estatales o personas jurídicas constituidas en el exterior. Ocultar ese carácter es considerado infracción grave, y actuar clandestinamente en nombre de un principal extranjero en asuntos de defensa nacional, seguridad interior, inteligencia, relaciones exteriores, infraestructuras críticas o recursos naturales puede derivar en prisión de hasta tres años.

El régimen sancionatorio combina las vías administrativa y penal. En el plano administrativo, las multas van de 5 a 500 salarios mínimos vitales y móviles, con un agravante de hasta 2.000 salarios en casos de falsedad o reincidencia, más la posibilidad de suspensión en el registro por hasta 12 meses o inhabilitación definitiva. En el plano penal, gestionar sin inscripción o falsear información con aptitud para afectar un proceso decisorio público conlleva prisión de seis meses a dos años, mientras que la obstrucción dolosa de la fiscalización se sanciona con multa e inhabilitación especial de uno a cuatro años.

Ante la consulta de Infobae, desde el oficialismo reconocieron que seguramente acepten modificaciones, principalmente en la parte de las sanciones penales. “Vamos a hacer todo para poder dictaminar la semana que viene”, aseguraron. Por su lado, algunos espacios de la oposición, como Unión por la Patria o la Coalición Cívica, presentarán sus propios dictámenes.

En la previa del plenario de comisiones, organizaciones Amnistía Internacional, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Democracia en Red Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación Protestante Hora de Obrar, Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Fundar, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Huésped, Poder Ciudadano y Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) difundieron un documento conjunto con sus cuestionamientos al proyecto.

“El proyecto de ley impacta de forma directa sobre el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades”, plantearon en el documento titulado “Participación vigilada”.

En términos concretos, señalaron que la definición de “gestión de intereses” es extraordinariamente amplia. Por lo que actividades normales en una democracia (como reunirse con legisladores, impulsar reformas o participar del debate público) quedan sujetas a “supervisión estatal permanente sin importar el sujeto que las impulse”.

En ese sentido, explicaron que la participación social en la construcción de políticas públicas es una forma muy valiosa de democratización del Estado. “Los procesos de toma de decisión incorporan perspectivas, saberes y demandas que de otro modo quedarían ausentes. Al equiparar esa participación con el lobby comercial y someterla a idénticos mecanismos de registro, control y sanción, el proyecto convierte en sospechosa una práctica que es, en sí misma, parte de la vida democrática”, advirtieron.

Pablo Secchi, Director de Poder Ciudadano, cuestionó que el proyecto meta “en la misma bolsa” al que se reúne con un funcionario para que una ley lo beneficie y al que pide una audiencia pública para mejorar una ley de acceso a la información pública.

“A nadie hay que pedirle permiso para ejercer la participación ciudadana. Susana Trimarco, que perdió a su hija Marita Verón; Juan Carlos Blumberg, cuyo hijo murió tras un secuestro; o María Luján Rey, que buscó a su hijo entre los escombros de la tragedia de Once, según este proyecto son gestores de intereses, deberían pedir permiso para intentar influir en políticas públicas, deberían registrarse como una tabacalera”, detalló.

Y agregó: “Una ley que equipara a Susana Trimarco con un lobbista corporativo, no es una ley de transparencia, porque si todos somos lobbistas, nadie lo es”.

En la misma línea, Alejandra García, presidenta del Colegio Público de Abogados de la Capital, destacó que Argentina necesita una ley de lobby desde hace tiempo, pero aclaró que la ley “tiene que servir para transparentar el ejercicio del poder, no para intimidar a quienes lo cuestionan; para desalentar la corrupción, no para criminalizar la participación democrática; para regular la actividad del lobbista profesional, no para colocar bajo riesgo de sanciones penales a los abogados que defienden a sus clientes, al académico que opina sobre una norma o al colegio que defiende a sus representados” y llamó no aprobar el proyecto si mantiene su redacción actual.

“Desde ACIJ, creemos que debe mirarse con fuerte sospecha y debe rechazarse toda iniciativa, que, aún cuando se trata de temas como el lobby, cuya regulación es legítima, debido a su redacción es posible de ser utilizada de manera parcial y arbitraria por cualquier autoridad de turno, ahora o en el futuro”, dijo Eduardo Ferreyra, Codirector Ejecutivo de ACIJ.

Otros puntos cuestionados por las asociaciones civiles

• Se exige la inscripción previa en un registro público para cualquier gestión de intereses, especialmente si hay financiamiento o representación de “intereses extranjeros”. Esto puede resultar en barreras burocráticas significativas para organizaciones pequeñas y limita la libertad de asociación y la participación política.
• El proyecto asocia a organizaciones que reciben fondos internacionales con la representación de intereses extranjeros, permitiendo al Estado calificarlas como “gestoras de interés extranjero” incluso sin vínculo directo. Esto facilita procesos de estigmatización y presión política sobre actores críticos del gobierno.
• La autoridad de aplicación designada carece de independencia y dispone de amplias facultades discrecionales para reglamentar, fiscalizar y sancionar, lo que habilita riesgos de aplicación selectiva y arbitraria de la ley contra voces disidentes.
• Se establecen sanciones administrativas y penales severas, incluyendo multas de hasta 2.000 salarios mínimos, suspensión e inhabilitación definitiva. Estas sanciones pueden ser insignificantes para grandes empresas pero impagables para organizaciones sin fines de lucro.
• La redacción ambigua de las excepciones (como para actividades periodísticas) y la falta de diferenciación entre tipos de gestión de intereses pueden afectar la labor periodística, el acceso a la información y el periodismo de investigación.

Representantes de la Unión Industrial Argentina y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa expusieron este martes en la comisión de Industria de la Cámara de Diputados y alertaron sobre la situación crítica que atraviesa el sector.

La directora ejecutiva de la UIA, María Laura Bermúdez, destacó que si bien la actividad económica registró una leve recuperación en el último mes, la industria quedó rezagada. “Hoy estamos un 10% abajo del año 2022 o 2023”, explicó. Y agregó: “La caída de la actividad tiene correlato en la caída del empleo formal. Desde agosto de 2023 hemos perdido 75 mil puestos de trabajo directos”.

En esa línea, explicó que la industria es un sector transable que por su naturaleza enfrenta competencia directa del resto del mundo. “La UIA hizo un informe que muestra que la presión tributaria sobre el sector formal es del 56% del PBI. Tenemos una mochila de piedra en la espalda. Además, nosotros arrastramos una cadena de impuestos, por tasas municipales, impuestos provinciales (como Ingresos Brutos) y nacionales. Por ser productos transables competimos con productos de Brasil o China, que no tienen la carga tributaria que tenemos nosotros”, detalló.

En ese contexto, desde la UIA reclamaron una profunda reforma tributaria, un aumento del crédito y, en relación a los proyectos que actualmente se están tratando en el Congreso, pidieron una articulación más profunda con el Super RIGI.

“Desde la UIA estamos a favor y acompañamos estos regímenes que promuevan las inversiones. Pero al otorgar estos beneficios se reconoce que las condiciones en las que nosotros competimos son desfavorables. Es importante que sirvan para traccionar al entramado productivo local”, dijo la directora ejecutiva de la central industrial.

En concreto, desde la UIA propusieron replicar el porcentaje mínimo de inversión obligatorio del 20% del RIGI con aplicación obligatoria para bienes con valor agregado local; que el cupo tenga ampliación gradual a lo largo de la inversión y operación, en vistas que son actividades nuevas y se espera que se desarrollen localmente; y que la Autoridad de Aplicación establezca reglas claras con sector privado para controlar que la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad y se otorguen medidas a las empresas locales para poder competir.

“No existe ningún país en el mundo que teniendo el entramado industrial que tiene Argentina no lo defienda”, concluyó María Laura Bermúdez.

Luego fue el turno de los representantes de CAME. La secretaria genera de la entidad, Beatriz Tourn, destacó como coincidencia con el Gobierno nacional la idea de romper el aislamiento respecto al mundo, pero le reclamó medidas compensatorias para las pequeñas industrias cada vez que se tomen medidas que beneficien el ingreso de productos importados.

“Que tengamos el tiempo necesario para reconvertirnos y no quedarnos afuera del sistema”, apuntó.

En tanto, Juan Carlos Uboldi, director de Industria de CAME, comenzó su presentación anunciando que recientemente se vio obligado a cerrar su fábrica de ladrillos.

“Hoy la situación es gravísima. Muchas empresas están cerrando y se están perdiendo puestos de trabajo. Por eso, entre las medidas urgentes pedimos la declaración de emergencia productiva, fiscal, tarifaria y financiera”, sintetizó.

Estas medidas incluyen “pausar” los aumentos de las tarifas energéticas, abrir líneas de crédito con tasas blandas para el sector Pyme, una moratoria “para toda la cadena que está en un proceso de cesación de pagos”, y que el Estado fomente los proveedores locales para que ganen protagonismo en el RIGI y el Super RIGI.

“Sin industria no hay posibilidades de desarrollo para la Argentina”, concluyó.

El Super RIGI tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las denominadas “industrias del futuro”. La categoría es bastante amplia e incluye desde la fabricación de baterías de litio o autos eléctricos, a desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y hasta proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.

Entre otros puntos, el RIGI incorpora incentivos tributarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

Este miércoles se llevará adelante el segundo plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. El oficialismo se muestra confiado de que podrá dictaminar la semana que viene para llevar el proyecto al recinto el 24 de junio, en pleno Mundial, junto con el pago a los holdouts y otros proyectos.

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Alejandro Moreno afirmó que en Coahuila “Morena se topó con pared” y destacó que el PRI ganó los 16 distritos electorales.

Señaló que, a su juicio, Morena no pudo superar la fuerza de la militancia priista y calificó al PRI como la verdadera opción de la oposición.

Además, sostuvo que el “milagro mexicano” se construye con trabajo diario y resultados concretos, y llamó a continuar la movilización rumbo a las elecciones de 2027.

INE reporta saldo blanco en la jornada electoral de Coahuila, el 100% de las casillas fueron colocadas.

/mexico/2026/06/08/elecciones-de-coahuila-ine-confirma-saldo-blanco-durante-la-jornada-electoral/

El PRI, en coalición con Unidad Democrática de Coahuila, se perfila para obtener la mayoría en el Congreso local al encabezar la votación en 15 de los 16 distritos electorales del estado.

El PAN enfrenta la posibilidad de perder su registro debido a su bajo desempeño en la elección.

Morena interpone a denuncia contra el PRI

Ariadna Montiel informó que Morena interpuso una denuncia contra el PRI por la supuesta compra de votos en Coahuila.

Montiel señaló que, durante la jornada electoral, se habría llevado a cabo un operativo orientado a pagar por sufragios.

/mexico/2026/06/08/morena-acusa-al-pri-de-comprar-de-votos-en-elecciones-de-coahuila/

Comienza el conteo de votos en Coahuila

El PRI anticipa un triunfo total en los 16 distritos locales, mientras Morena denuncia presunta compra de votos y exige respeto a la voluntad ciudadana.

PREP: Avance de captura de actas y participación ciudadana

Hasta el corte del 7 de junio de 2026 a las 19:10 horas, se han capturado 443 actas de un total de 4,319 en Coahuila, lo que representa un avance del 10.26%.

La participación ciudadana registrada hasta el momento es de 47.69%.

Distribución de distritos electorales

El PRI encabeza la votación en los 16 distritos electorales de la entidad, según los datos asentados en las actas PREP.

Resultados preliminares por partido

El PRI suma 63,135 votos, equivalentes al 56.96% de los sufragios contabilizados.

Otros partidos y coaliciones registran los siguientes porcentajes: 24.31%, 6.57%, 2.70%, 1.55%, 1.27%, 0.69%, 0.46%, 0.36% y 0.03%.

Las candidaturas no registradas acumulan 508 votos (0.46%) y los votos nulos alcanzan 5,645 (5.09%), sobre un total de 110,841 votos emitidos.

Ubicación y distribución de actas contabilizadas

Las actas contabilizadas corresponden a 326 casillas urbanas y 117 no urbanas.

La lista nominal de las casillas con actas contabilizadas es de 230,785 personas. La lista nominal total de casillas aprobadas en la entidad asciende a 2,499,372.

Cálculo de la participación ciudadana

La participación ciudadana se calcula considerando los votos de las actas contabilizadas, sin incluir la votación en casillas especiales, lo que arroja un 47.69%.

Los votos en casillas especiales se sumarán al cálculo total de participación una vez que cierre el PREP.

Alito Moreno asegura que el PRI ganó las 16 diputaciones locales

Alejandro Moreno afirmó que el PRI ganó las 16 diputaciones locales en Coahuila, atribuyendo la victoria al respaldo ciudadano y al trabajo de militantes y candidatos.

Reconoció al gobernador Manolo Jiménez por su gestión en economía y seguridad. Sostuvo que las familias coahuilenses rechazaron a los “narcopolíticos de Moorena” y aseguró que el PRI es la verdadera opción de oposición, convocando a continuar la lucha rumbo a las elecciones de 2027.

Ricardo Monreal alerta por hechos violentos durante proceso

Ricardo Monreal A., presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, expresó su preocupación ante los hechos registrados durante el proceso electoral en Coahuila.

Informó que, entre ayer y hoy, diputados federales de Morena y simpatizantes del movimiento fueron privados de su libertad de manera ilegal.

Monreal señaló que estos actos afectan gravemente el desarrollo democrático y podrían ser un intento de alterar el proceso electoral para la renovación del Congreso local.

Exigió respeto irrestricto a la ley, a los derechos de las personas involucradas y a la voluntad ciudadana.

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Las urnas en la elección de Coahuila este 7 de junio cerraron a las 6 de la tarde, no se reportaron incidentes.

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Este domingo 7 de junio, los ciudadanos de Coahuila acudirán a las urnas para participar en la elección que definirá la integración del Congreso local, en una jornada considerada relevante para el futuro político de la entidad y que representa el único proceso electoral programado en el país durante 2026.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que se instalarán 4 mil 256 casillas en todo el estado, incluidas 15 casillas especiales que operarán con urnas electrónicas como parte de una prueba piloto destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos de votación.

Durante esta jornada electoral, la ciudadanía coahuilense elegirá a 25 integrantes del Congreso local. De ellos, 16 serán electos por el principio de mayoría relativa y nueve por representación proporcional.

Aunque la organización directa de la elección corresponde al organismo electoral local, el INE participa en tareas de coordinación y supervisión para garantizar que el proceso se desarrolle bajo condiciones de legalidad, transparencia y certeza.

La elección es observada con especial atención debido a que definirá la composición política de la próxima legislatura en una entidad gobernada actualmente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que podría influir en el equilibrio de fuerzas políticas dentro del estado.

Urnas electrónicas serán utilizadas en varios municipios

Como parte de los esfuerzos para modernizar los procesos electorales, el INE implementará una prueba piloto con 60 urnas electrónicas distribuidas en 15 casillas especiales.

Estos equipos estarán ubicados en ocho distritos electorales que abarcan municipios como Acuña, Piedras Negras, Cuatro Ciénegas, San Pedro, Monclova, Sabinas, Saltillo, Torreón, Parras y Ramos Arizpe.

La autoridad electoral señaló que esta tecnología permitirá evaluar la viabilidad de ampliar el uso de herramientas digitales en futuras elecciones, manteniendo la seguridad y confiabilidad del voto ciudadano.

Observación electoral alcanza cifras récord

La consejera del INE, Carla Humphrey, destacó la importancia de la observación electoral como un mecanismo que fortalece la confianza ciudadana en los procesos democráticos.

Para esta elección fueron acreditadas 5 mil 946 personas observadoras electorales, derivadas de más de 7 mil 100 solicitudes recibidas por las autoridades.

De acuerdo con el organismo, una característica destacada es la amplia participación de jóvenes de entre 21 y 25 años de edad, lo que refleja un creciente interés de las nuevas generaciones en la vigilancia y fortalecimiento de la democracia.

Las cifras colocan a Coahuila como uno de los estados con mayor participación ciudadana en materia de observación electoral, convirtiéndose en un referente a nivel nacional.

Cómo ubicar la casilla para votar en Coahuila

El INE recordó que los ciudadanos pueden consultar la ubicación exacta de su casilla mediante la plataforma digital habilitada para este fin.

Para realizar la búsqueda es necesario ingresar el número de sección electoral que aparece en la credencial para votar vigente, documento indispensable para ejercer el sufragio.

Las autoridades hicieron un llamado a verificar previamente la ubicación de la casilla correspondiente para agilizar el proceso y evitar contratiempos durante la jornada.

Las casillas abrirán sus puertas a las 8:00 de la mañana y permanecerán en funcionamiento hasta las 6:00 de la tarde, horario en el que concluirá oficialmente la recepción de votos.

El Instituto Nacional Electoral exhortó a la ciudadanía a participar de manera responsable y en un ambiente de respeto, legalidad y civilidad.

Asimismo, destacó que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer las instituciones democráticas y otorgar legitimidad a los resultados que definirán la integración del Congreso de Coahuila para los próximos años.

Con esta jornada electoral, miles de coahuilenses tendrán la oportunidad de decidir el rumbo legislativo de la entidad en un proceso que será seguido de cerca por autoridades, partidos políticos y observadores nacionales.

Ante el próximo retorno del Congreso bicameral, una de las interrogantes que surge tras las elecciones es qué ocurriría si alguno de los ciudadanos elegidos para integrar el Senado o la Cámara de Diputados decide no asumir el cargo para el que fue elegido por voto popular.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, explicó que la legislación electoral contempla un procedimiento específico para estos casos y permite reemplazar a quienes decidan no aceptar la representación parlamentaria antes de asumir formalmente sus funciones.

En declaraciones a Radio Nacional, Burneo precisó que, una vez proclamados los resultados oficiales de las elecciones legislativas, el JNE convocará a los candidatos elegidos para que reciban sus respectivas credenciales como integrantes del Senado o de la Cámara de Diputados. Sin embargo, aclaró que hasta ese momento la aceptación del cargo sigue siendo voluntaria.

¿Quién reemplaza al que no juramenta?

El titular del JNE indicó que, si alguno de los candidatos electos decide no aceptar la credencial o rechaza asumir la función parlamentaria, el organismo electoral procederá a convocar al accesitario correspondiente para ocupar la curul vacante.

“Ante la negativa de alguno de ellos, porque finalmente es voluntario hasta ese momento, nosotros llamamos al accesitario”, señaló Burneo al explicar el mecanismo previsto por la normativa electoral para garantizar que todas las plazas obtenidas en las elecciones sean cubiertas.

Asimismo, recordó que la función del JNE consiste en proclamar los resultados oficiales y determinar qué candidatos obtuvieron los escaños asignados por la voluntad popular. A partir de ese momento, corresponde a cada ciudadano elegido decidir si acepta o no asumir la representación parlamentaria.

Cargo es irrenunciable tras juramentación

Burneo precisó que la situación cambia una vez que la autoridad electa recibe sus credenciales y presta juramento para ejercer el cargo. Según explicó, desde ese momento la representación parlamentaria adquiere carácter irrenunciable.

“Cuando esta autoridad tome las credenciales y jure, el cargo es irrenunciable. Antes no”, afirmó el presidente del organismo electoral. En ese sentido, señaló que la legislación vigente establece mecanismos para cubrir eventuales vacantes antes de la instalación formal del Congreso.

No obstante, el titular del JNE manifestó su expectativa de que los ciudadanos elegidos por el voto popular asuman la responsabilidad para la cual fueron elegidos. “Siempre esperamos que las personas que postularon y fueron elegidas por mandato ciudadano cumplan con ese gran compromiso hacia la población”, sostuvo.

El Senado aprobó esta tarde un proyecto que valida un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones. El texto, que recibió 40 votos a favor y 22 rechazos, deberá ser apurado para su sanción por Diputados, tras una fecha límite que se logró posponer hasta que finalice el corriente mes.

La iniciativa estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el articulado, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de USD 67 millones al primero y USD 104 millones, al segundo.

Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

En el documento que envió la Casa Rosada al Congreso -con las firmas de Javier Milei; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gabinete ,Manuel Adorni- se destacó que una luz verde derivará la “finalización de la investigación en curso sobre los bienes” del país", es decir, los procesos de “Discovery” relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de la Argentina.

“Son los últimos dos acreedores de relevancia que le quedan al país”, aseguró el senador libertario y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde. El porteño agregó: “Extingue los dos principales litigios pendientes de la República. Prácticamente no quedan, luego de esto, holdouts con sentencias a favor”.

Tras destacar que todo validado también implica la concesión de la “indemnidad por gastos legales”, el legislador dijo que el convenio es “razonable”. Luego, especificó: “La enmienda no cambió en absoluto el acuerdo. Sólo se bajaron unos bonos prescriptos”. Y aclaró que la misma “no fue del Estado argentino, sino de uno de los fondos buitre”. Es lo mismo que en la Cámara alta contó, semanas atrás, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

Desde el kirchnerismo, el ex gobernador chaqueño Jorge Capitanich se pasó de tiempo para apuntar al endeudamiento de la administración libertaria, sobre el que mencionó que “no pasó por el Congreso para su aprobación”, y pidió conocer “dónde están las reservas de oro” del Banco Central.

Otro oficialista, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero, planteó que “no es sólo un trámite administrativo”. En ese sentido, señaló: “Es ponerle fin a una parte negra de nuestra historia y del Congreso. Se levantaron y aplaudieron cuando se decidió no pagar las obligaciones que había encarado el país. Estamos haciendo lo que necesitaba que hiciera hace décadas. Costó aislamiento financiero, perder acceso al crédito, costó empresas y familias enteras que pagaron el error de otros”.

En tanto, el reciente ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca), ahora en el bloque de tres de Convicción Federal, aseveró que con “mucha responsabilidad” acompañaba el dictamen, por creer que “hay un ahorro” y que la Argentina “debe ser responsable”. Seguido a ello, observó: “No estamos en Disney. Esto no está bien y hay que cambiar el rumbo”.

Su ex colega de bancada, Fernando Salino -decidió quedarse en el interbloque cristinista, pero con una subdivisión de dos legisladores-, sostuvo que “si la idea es que hay que pagar, elijo pagarle a las provincias, a las universidades, discapacitados y jubilados”.

El jefe de ese espacio, el formoseño José Mayans, enfatizó que “hasta que no venga a dar la cara” el jefe de Gabinete, Manuel Adorni -debe dar un informe de gestión en el Senado- “no vamos a acompañar, y menos esto, que es una verdadera pavada con respecto al brutal endeudamiento que tiene la Argentina”. Cerró el debate la titular del oficialismo, Patricia Bullrich.

Consumado esto, el pleno de la Cámara alta aprobó la creación una nueva sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, un proyecto empujado por el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires). “Va a permitir descongestionar un tribunal que tiene jurisdicción en el 40% de la Provincia”, justificó. Mismo destino tuvo una iniciativa sobre organización de Salas y la creación de un cargo de Juez de Cámara en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Ambas lograron 61 votos.

Un plenario de comisiones comenzó a debatir este miércoles en la Cámara de Diputados el proyecto denominado Super RIGI que tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las “industrias del futuro”. Desde el Gobierno destacaron que el RIGI incluido en la Ley Bases fue “sumamente exitoso” y por eso ahora es momento de “pensar en el siguiente paso de la Argentina”.

La presentación del proyecto, en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Ciencia e Industria, estuvo a cargo de Daniel Gonzalez, secretario coordinador de Energía y Minería, quien aclaró que “no hay absolutamente ningún lobby” detrás de la iniciativa y también negó conocer a Peter Thiel, el magnate tecnológico que fundó empresas como PayPal o Palantir, y recientemente se radicó en la Argentina.

La aclaración hacía referencia a la acusación de la oposición, que denunció que el empresario estadounidense podría ser uno de los interesados en conseguir condiciones especiales para desarrollar data centers para procesar información con Inteligencia Artificial. Thiel se reunió hace dos semanas con Luis Caputo y otros funcionarios de Economía.

Al inicio de su exposición, el funcionario del Ministerio de Economía planteó que el Super RIGI viene a continuar el espíritu del RIGI, que vence el año que viene. “Consideramos que sería un error intentar extender ese régimen porque fue posicionado como régimen excepcional y muchos proyectos se apuraron para llegar antes del vencimiento. Como ha sido exitoso, creemos que es momento de pensar en el siguiente paso de la Argentina, que incluye el aprovechamiento de los recursos naturales y la infraestructura que movió el RIGI”, explicó.

En ese sentido, detalló que actualmente “hay 39 proyectos presentados en el RIGI que representan USD 138 millones de dólares de inversión y 179 mil empleos, y cuando todos estén en operación representarán USD 49 mil millones en exportaciones”.

Por otro lado, apuntó contra las críticas de la oposición por el costo fiscal que representan los beneficios otorgados a las empresas, por ejemplo la alícuota reducida del 15% del Impuesto a las Ganancias. “Es imposible que esto tenga costo fiscal porque son proyectos que no existían. En todo caso, habría que pensar el costo fiscal de no haber hecho nada durante tantos años”, señaló.

“Pusimos la alícuota en 15% porque es lo mínimo que nos permiten las normas de la OCDE. Estamos compitiendo con jurisdicciones de todo el mundo. Estos proyectos se hacen en algún lugar, tenemos que estar al tope de la lista”, dijo.

Las principales críticas de la oposición giraron en torno a la recaudación que el Estado dejará de percibir pero también a la energía necesaria para el funcionamiento de los proyectos. “ El artículo 73 dice que el Estado tiene que garantizar la operatoria de los VPU sin interrupciones, entonces si hay que dejar sin energía a la mitad del país para que sigan desarrollando estos proyectos, lo vamos a tener que hacer. Porque si no, nos llevan al CIADI. Ni siquiera nos guardamos que intervenga un juez con DNI argentino", lamentó la camporista Luciana Potenza.

Desde el oficialismo esperan poder dictaminar el proyecto la semana que viene, lo que permitiría convocar a una sesión especial el 18 de junio. En caso de que se necesite más tiempo para lograr consensos, apuntarán al 24 de junio como fecha máxima. En esa sesión también se incluirá la nueva ley de Lobby, tratados internacionales y el pago a los holdouts (si llega a tiempo con media sanción del Senado).

El Super RIGI define “nuevas industrias” o “industrias del futuro” como aquellas actividades que constituyen “nuevas actividades económicas”. Según el texto, esto comprende todo desarrollo industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional.

Para que un proyecto califique como una “nueva actividad económica” debe cumplir con estas condiciones: no debe desarrollarse, producirse ni prestarse en el país a la fecha de entrada en vigencia de la ley, o bien su grado de desarrollo debe ser experimental o piloto; también quedan excluidos los proyectos que impliquen ampliación, modernización, adecuación, reconversión, reorganización o reutilización de instalaciones preexistentes.

¿Qué beneficios obtienen los proyectos incluidos en el Super RIGI?

• Impuesto a las Ganancias reducido al 15% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos.
• Amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura.
• Deducción de quebrantos sin límite temporal.
• Alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
• Certificados de Crédito Fiscal para cancelar IVA sobre inversiones en activos computables.
• Exención de derechos de importación y exportación para los bienes del plan de inversión y productos obtenidos bajo el proyecto.
• Contribuciones patronales reducidas: alícuota única del 10% para nuevas relaciones laborales generadas a partir de la adhesión.
• Libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación: 20%, 40% y 100% a lo largo de tres años desde la primera exportación.
• Sin obligación de ingresar ni liquidar divisas correspondientes a aportes de capital, financiamiento y servicios vinculados al proyecto.
• Estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria durante 30 años desde la adhesión.
• Plena disponibilidad sobre los productos del proyecto, protección contra actos confiscatorios o expropiatorios y acceso irrestricto a la justicia.
• Posibilidad de someter controversias con el Estado Nacional a arbitraje internacional.
• Compatibilidad con otros regímenes promocionales, siempre que los incentivos no sean de la misma naturaleza y no se superpongan.
• Transferencia libre de acciones, cuotas o participaciones sociales del VPU sin autorización previa.
• Exención de restricciones, prohibiciones o cupos para importar y exportar los bienes necesarios para el proyecto.
• Los incentivos pueden ser utilizados exclusivamente respecto del proyecto adherido y no para otras actividades.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería Daniel González defendió en la Cámara de Diputados el Súper RIGI y sostuvo que el nuevo régimen busca atraer proyectos industriales y tecnológicos que “hoy no existen en la Argentina, con un horizonte de largo plazo y no con impacto inmediato”.

Durante su exposición, afirmó que la iniciativa enviada al Congreso bajo el nombre de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias apunta a transformar el esquema vigente para pasar de la extracción de recursos a su industrialización, con foco en actividades como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, baterías de litio e infraestructura tecnológica.

Como balance del régimen actual, González dijo en Diputados que hasta ahora se presentaron 39 proyectos, cuando al diseñarlo se esperaba recibir entre seis y ocho, y agregó que el Gobierno proyecta cerrar el proceso con entre 50 y 60 iniciativas. Según el funcionario, esos expedientes contemplan inversiones por USD 138.000 millones, representan unos 179.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos y tienen un potencial exportador de USD 41.000 millones al año.

El funcionario sostuvo que el RIGI “ha sido y sigue siendo un régimen sumamente exitoso”, pero rechazó una extensión del esquema vigente. “Sería un error intentar extender nuevamente ese régimen porque fue concebido como una herramienta excepcional y con vencimiento”, dijo.

González explicó, además, que muchos proyectos aceleraron su presentación para ingresar antes de la fecha límite y planteó que el paso siguiente es aprovechar los recursos naturales y la infraestructura cuya inversión fue movilizada por ese régimen. “Creemos que llegó el momento de evolucionar el RIGI hacia un régimen enfocado en la industrialización de los recursos naturales”, afirmó el secretario.

González insistió en que el Súper RIGI “es la continuidad y la evolución del RIGI” y sostuvo que el régimen actual ayudó a destrabar proyectos ya existentes que no tomaban decisión de inversión. Sobre la nueva etapa, afirmó: “No estamos buscando un impacto de corto plazo”.

En su descripción sectorial, indicó en Diputados que 20 de los 39 proyectos presentados pertenecen a minería, 13 a petróleo y gas, tres al sector eléctrico, dos a la industria manufacturera y uno a logística e infraestructura.

Cómo funciona el Súper Rigi

El rasgo central del Súper RIGI, según González, es que solo alcanzará a proyectos nuevos y no permitirá ni ampliaciones de emprendimientos existentes ni expansiones posteriores bajo los mismos beneficios. También quedarán afuera los proyectos de infraestructura y los de extracción de recursos naturales.

El funcionario resumió: “El Super RIGI apunta a proyectos que todavía no existen. Por eso no queremos establecer una lista cerrada y exhaustiva de actividades”, dijo y afirmó que en muchos casos se trata de iniciativas que aún no están definidas y para las cuales la Argentina ni siquiera figura entre las principales alternativas de localización.

De acuerdo con el texto enviado al Congreso, el nuevo régimen se focaliza exclusivamente en nuevas actividades económicas, como proyectos industriales, tecnológicos o de infraestructura digital estratégica sin antecedentes productivos en el país o que todavía se encuentran en fases experimentales. El proyecto menciona sectores como data centers para inteligencia artificial, paneles solares, turbinas eólicas, semiconductores, biotecnología avanzada y la industrialización de recursos como baterías de litio o refinamiento de cobre.

El monto mínimo de inversión será de USD 1.000 millones, frente a los pisos de entre USD 200 millones y USD 600 millones del RIGI según el sector. El texto también exige que las empresas ejecuten el 20% del monto comprometido en los primeros dos años desde la adhesión.

En materia tributaria, la propuesta establece una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias. González justificó ese nivel al señalar en Diputados que “es la tasa mínima posible sin entrar en conflicto con las normas internacionales de la OCDE”.

Provincias, municipios y proveedores también quedan alcanzados por las nuevas reglas

El proyecto extiende beneficios a toda la cadena de valor vinculada al emprendimiento principal. Eso incluye a empresas proveedoras, que podrán acceder a incentivos equivalentes sin importar su tamaño.

En comercio exterior, el texto dispone exención total de derechos de exportación desde el primer día y arancel cero para la importación de la totalidad de los bienes involucrados en las inversiones. En reglas cambiarias, el esquema replica la libre disponibilidad progresiva de divisas por exportaciones: 20% el primer año, 40% el segundo y 100% el tercero.

La estabilidad fiscal y regulatoria se mantiene por 30 años. Según comentó González, ese punto “es el beneficio más valorado por las compañías” y precisó que esa preferencia aparece tanto entre empresas argentinas como extranjeras.

El capítulo subnacional fija condiciones para la adhesión de provincias y municipios. Según el texto del proyecto y la exposición oficial en Diputados, las provincias deberán mantener una alícuota de Ingresos Brutos no superior al 0,5%, no podrán aplicar impuesto de sellos y las tasas municipales deberán estar vinculadas a servicios efectivamente prestados, sin calcularse como porcentaje de las ventas.

El Súper RIGI también elimina el requisito de contratación de proveedores locales equivalente al 20% de la inversión que contemplaba el régimen anterior, siempre que hubiera oferta competitiva. El nuevo texto prohíbe imponer compras locales en condiciones menos favorables que las de mercado.

Los tiempos se aceleraron en la Cámara de Diputados. Tras algunas semanas con poca actividad, el Gobierno inició los contactos formales con sus aliados para trabajar en la agenda legislativa. En ese marco, reunió este martes por la tarde a los jefes de los bloques aliados y les transmitió que apunta a tratar el denominado Super RIGI entre el 18 y el 24 de junio.

El Super RIGI tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las denominadas “industrias del futuro”. La categoría es bastante amplia e incluye desde la fabricación de baterías de litio o autos eléctricos, a desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y hasta proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.

Según explicaron fuentes oficiales a Infobae, el cronograma de trabajo contempla al menos dos reuniones de comisión informativas, donde funcionarios explicarán los alcances del proyecto, para dictaminar en la semana del 10 de junio. “Si alcanza, puede haber sesión el 18 de junio. Si no, iremos el 24. Depende de los consensos”, señalaron.

Uno de los aliados que participó del encuentro destacó que los resultados del RIGI incluido en la Ley Bases hasta el momento “son buenos” y estimó que la nueva iniciativa de la Casa Rosada contará con el mismo nivel de apoyo. “El impacto fiscal es cero, porque son proyectos que sin todas estas garantías no se realizarían”, sintetizaron.

Entre otros puntos, el RIGI incorpora incentivos tributarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

También garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.

La reunión con los aliados tuvo lugar en las oficinas de Martín Menem y estuvo presente Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, para evacuar dudas. Desde el PRO y la UCR se mostraron favorables a la iniciativa pero plantearon, entre otros puntos, la posibilidad de incluir un mínimo de 20% de contratación de proveedores locales -tal como figura en el RIGI original- para fomentar el desarrollo local y reclamaron una definición más acotada de “industrias del futuro”, algo que el oficialismo se habría comprometido a aclarar durante las sesiones informativas.

Por su parte, sectores de la oposición dura alertaron sobre los beneficios “excesivos” que obtendrán las empresas. “Nos atamos de manos como Congreso por 30 años”, lamentó un diputado de Provincias Unidas. Además, cuestionaron que el anuncio se hizo después de las reuniones con funcionarios del magnate tecnológico Peter Thiel, fundador de Palantir. “Es una ley a medida”, concluyeron.

“Las empresas que van a venir amparadas por este régimen son las que más facturan en el mundo y van a pagar menos impuestos que una PyME con dueños argentinos. Se resigna la recaudación del Estado por décadas”, escribió la diputada camporista Luciana Potenza.

En su posteo también hizo referencia a una de los principales cuestionamientos de la oposición. “Las leyes y los jueces locales no intervienen, si hay conflicto van a tribunales internacionales”, sintetizó en referencia a la potestad de las empresas de elegir una instancia internacional para dirimir los conflictos, como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), donde Argentina suele perder.

La Asamblea Legislativa aprobó, con 53 votos, su primer calendario de recesos del período 2026-2027, una decisión que suspenderá sesiones y plazos entre julio de 2026 y marzo de 2027 y que deja definidos desde el primer mes de trabajo los días libres del Congreso para medio año, fin de año y Semana Santa.

La moción fija 16 días de receso y suma tres feriados, para un total de cuatro semanas sin actividad legislativa. Durante esos períodos se suspenden los plazos legales y reglamentarios, así como las sesiones del plenario y de las comisiones.

El acuerdo fue votado antes del cierre de la sesión del plenario de este jueves 28 de mayo. Dos diputaciones se opusieron: el liberacionista Eder Hernández Ulloa y la diputada Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana.

Otros dos legisladores no estaban presentes al momento de la votación, por lo que la moción recibió el respaldo de 53 congresistas de un total de 57.

El primer receso coincidirá con las vacaciones escolares de julio

Según la moción leída por Gerald Bogantes Rivera, primer secretario del directorio legislativo, el primer receso irá del 6 al 10 de julio de 2026. Ese tramo coincide con la primera semana de vacaciones de medio período del calendario escolar del Ministerio de Educación Pública, previstas del 6 al 17 de julio.

El segundo receso abarcará del 21 al 31 de diciembre de 2026. De acuerdo con el texto aprobado, el último día laboral del año será el viernes 18 de diciembre y los diputados retomarán sus funciones el lunes 4 de enero de 2027.

La tercera pausa quedó programada del 22 al 24 de marzo de 2027. A esos tres días se agregan los feriados de Jueves y Viernes Santos, 25 y 26 de marzo, por lo que la actividad legislativa se reanudará el lunes 29 de marzo.

La votación llegó cuando el Congreso cerraba su primer mes de funciones

La definición del calendario de recesos se produjo cuando concluía el primer mes de trabajo de los diputados electos en febrero y que comenzaron funciones el 1 de mayo. La Asamblea cumple un mes de labores a inicios de junio.

El acuerdo mantiene una práctica que ya venía del período anterior, cuando los recesos de Días Santos, medio año y Navidad y Año Nuevo se aprobaron cada año. En esta ocasión, los nuevos diputados dejaron resueltas sus vacaciones de los próximos meses apenas iniciado el período 2026-2030.

Según la moción de orden sometida al plenario, durante los recesos cesará toda la actividad legislativa. Eso incluye tanto las sesiones del plenario como las de comisiones y la suspensión de todos los plazos legales y reglamentarios.

El Congreso Nacional no dejará de funcionar durante el Mundial de Fútbol. La Casa Rosada envió durante las últimas dos semanas una andanada de proyectos de alto perfil y los libertarios planean sesionar en la segunda mitad de junio.

La semana que viene comenzará el debate en comisión en Diputados del denominado Súper RIGI y de la nueva ley de Lobby, que busca transparentar la influencia de los grupos de interés en las decisiones del Estado. En tanto, esperan que lleguen del Senado los proyectos de inviolabilidad de la propiedad privada y el pago a los holdouts.

En la Cámara alta se generó un verdadero cuello de botella porque además se deberán tratar la ley Hojarasca y los cambios a la Ley de Zonas Frías, que llegan con media sanción, y las nuevas iniciativas que envió el Poder Ejecutivo: la reforma de la ley de etiquetado frontal y la nueva ley contra la ludopatía.

De todas formas, en las filas del oficialismo reconocen que hay dos proyectos prioritarios. Por un lado, la reforma política que incluye la derogación de las elecciones primarias (PASO); por otro, el Súper RIGI, que podría dinamizar la llegada de inversiones.

Ante la consulta de Infobae, desde el oficialismo aclararon que sus diputados no tienen prohibido viajar al Mundial siempre y cuando vuelvan en caso de que haya sesión y si pueden justificarlo patrimonialmente. Sin embargo, algunos legisladores reconocieron que existió un pedido informal para que nadie viaje así no se genera un “ruido innecesario”.

Por otro lado, algunos referentes de LLA argumetan que el hecho de que la atención pública esté enfocada en la Selección Nacional “facilita” conseguir algunos apoyos. Al mismo tiempo, un sector considera que es mejor no perder el tiempo y estirar la racha de victorias legislativas. “Después del Mundial, por cuestiones lógicas, la cosa se va a complicar”, reconocían en referencia al probable distanciamiento de algunos gobernadores que colaboraron con la Casa Rosada pero el año que viene deberán competir por retener sus distritos contra los libertarios. Aunque no todos comparten el diagnóstico: “Va a depender de la economía”, sintetizó una importante diputada.

El denominado Súper RIGI apunta a incentivar proyectos de inversión de más de USD 1.000 millones dedicados exclusivamente para las “industrias del futuro”, como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio. Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios y aduaneros, como una una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

En el oficialismo anticipan que podrán conseguir apoyos de los aliados habituales porque el proyecto tiene el “mismo espíritu” que el RIGI aprobado dentro de la ley Bases. “La lógica es muy simple: es mucho más beneficioso cobrar menos de algo que cobrar mucho de nada, por lo que imponerle una alta carga fiscal a algo que no existe, no trae un beneficio para nadie, mientras que bajarle la carga fiscal puede generar que ese algo existe en primer lugar y nos beneficie a todos en el proceso”, explicó el propio Javier Milei en el Latam Economic Forum.

Sin embargo, la negociación por la eliminación de las PASO no logra sortear las resistencias que mantienen paralizado el proyecto en el Senado desde hace más de un mes. “Viene lento el tema, va a ser un debate largo como el de la reforma laboral”, explicaron fuentes del Ministerio del Interior.

Mientras Diego Santilli multiplica los contactos con los gobernadores -el miércoles pasado se reunió con el catamarqueño Raúl Jalil y con el salteño Gustavo Sáenz-, en el oficialismo gana consenso la idea de sostener las primarias pero eliminar su obligatoriedad, tal como planteó Patricia Bullrich ante la mesa política del Gobierno. Esto destrabaría el apoyo del PRO, la UCR y algunos mandatarios provinciales, algo fundamental para poder conseguir la media sanción en el Senado.

El problema es que derogar únicamente la obligatoriedad de las elecciones primarias no implicaría un gran ahorro fiscal y tampoco le quitaría una herramienta a la oposición para dirimir liderazgos y conformar alianzas. Por lo que aún había dudas en las bancadas oficialistas sobre cuál será la estrategia legislativa.

La presidenta de Costa Rica Laura Fernández reunió este jueves a los 57 diputados y a representantes del Poder Judicial para revisar la situación de la seguridad nacional, exponer el funcionamiento de 61 bandas en conflicto y preparar proyectos de ley con los que el Gobierno busca responder a una criminalidad que, según dijo la mandataria, ya no puede enfrentarse con normas pensadas para “otra Costa Rica”.

Uno de los datos que marcó la reunión fue el caso de una persona detenida hasta 388 veces sin que, según la presidenta, exista una causa penal formada en su contra. La mandataria también afirmó que se analizaron expedientes de liberaciones en las que el Instituto de Criminología Nacional del Ministerio de Justicia y Paz recomendó no excarcelar a personas consideradas peligrosas y, aun así, jueces de ejecución de la pena las dejaron en libertad.

La reunión se realizó en el Instituto Nacional de Seguros, en San José, y comenzó con una exposición de especialistas del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia y Paz. Según la presidenta, esos funcionarios presentaron mapas de calor de las siete provincias, fichas de los principales delincuentes de distintas estructuras y los puntos más conflictivos del territorio nacional.

La mandataria sostuvo que el objetivo fue triple: revisar con datos la realidad de la seguridad, identificar fortalezas y debilidades del Estado y escuchar de los propios funcionarios “que le ponen el pecho a las balas” cuáles son las trabas operativas y legales que dificultan la respuesta institucional. También anunció la preparación de varios paquetes de proyectos de ley para enviarlos a la Asamblea Legislativa.

El Gobierno apunta a reformas penales, penitenciarias y de coordinación entre poderes

La presidenta aseguró que, por ahora, no hay una acción específica definida en conjunto entre los tres poderes, pero sí una manifestación de voluntad para aprobar con rapidez leyes sobre ejecución de la pena, reformas al Código Penal y cambios en las reglas carcelarias para cortar la comunicación de bandas criminales encarceladas con sus miembros en libertad.

En la misma línea, el diputado del Frente Amplio José María Villalta aseguró que la reunión fue “productiva en dos sentidos” porque permitió identificar problemas concretos de coordinación entre los cuerpos policiales y el Poder Judicial, además de vacíos legales que requieren corrección. Según Villalta, uno de los ejemplos fue la ejecución eficaz de allanamientos, donde se combinan un problema presupuestario en el Ejecutivo y la necesidad de mejorar protocolos y legislación.

Villalta agregó que las fracciones expusieron sus propias agendas y que hubo coincidencias con iniciativas en marcha para sancionar mejor a las bandas criminales, desarticularlas con más rapidez, agilizar los procesos penales y mejorar el sistema penitenciario. Señaló además que su aporte específico fue impulsar una reforma para atacar el financiamiento del crimen organizado, porque eso golpea a las organizaciones “donde más les duele”.

El legislador también advirtió que persiste un obstáculo político e institucional. Según explicó, el tono de enfrentamiento permanente del Ejecutivo con el Poder Judicial no facilita el trabajo conjunto, porque una coordinación fluida exige confianza y respeto, y una reunión de tres horas no resuelve por sí sola ese problema.

La presidenta respondió además a preguntas sobre el tiempo que tardan algunos allanamientos. Afirmó que la Policía de Control de Drogas solicita diligencias y que en ocasiones pasan hasta dos meses antes de que el Organismo de Investigación Judicial pueda ejecutarlas; a su juicio, en ese lapso ya se vendió la droga, desapareció la prueba o huyeron los sospechosos.

El Gobierno prepara un proyecto para restringir comunicaciones desde máxima seguridad

La mandataria confirmó que en junio presentará un proyecto de ley para revisar a fondo cómo se comunican hacia el exterior personas de alto perfil delictivo recluidas en máxima seguridad en La Reforma. Sostuvo que hay reclusos que siguen enviando mensajes, encargos e incluso operando presupuestos de las bandas desde prisión.

Consultada sobre si la iniciativa podría incluir el registro o grabación de visitas, incluidas las de abogados, respondió que el texto aún está en construcción técnica, pero defendió revisar todas las vías de contacto. Dijo que ha visto casos de internos que reciben hasta 17 visitas por semana, una frecuencia que calificó de absurda, y afirmó que las visitas de representantes legales deben limitarse exclusivamente a asuntos vinculados con la causa penal.

La presidenta también informó que asumió personalmente la conducción de la Fuerza Élite todos los lunes a las 08:00 en el Ministerio de Seguridad Pública. Según explicó, en esas reuniones participan altos mandos policiales del Gobierno para evaluar lo ocurrido la semana anterior, definir tareas inmediatas y revisar el comportamiento de cuerpos como Guardacostas.

En ese marco, sostuvo que todos los mandos policiales de alto rango que participen en esas sesiones deben someterse a una prueba de polígrafo. Añadió que esa exigencia también alcanzará a cualquier invitado del Poder Judicial o de otro poder de la República que se incorpore a reuniones donde se comparta información confidencial sobre crimen organizado.

Crucitas consume USD 1 millón al mes en seguridad, según la presidenta

Aunque la situación de Crucitas no formó parte de la sesión de trabajo, la presidenta dijo que el problema será abordado en una visita de campo prevista para el 19 de junio junto con diputados. Describió la zona como una combinación de desastre ambiental, extracción ilegal de riqueza pública y presencia creciente de bandas de crimen organizado.

Según la mandataria, la atención de seguridad en Crucitas le cuesta al Estado USD 1 millón al mes, recursos que, afirmó, deberían destinarse a otras necesidades de la seguridad nacional. También recordó que existe una propuesta de solución en la Asamblea Legislativa desde hace aproximadamente dos años y medio.

La presidenta invitó a los legisladores a recorrer el lugar a pie para observar directamente las condiciones en que operan los policías. En su intervención, cuestionó que se rechacen soluciones desde oficinas en San José mientras los agentes trabajan en un entorno que describió como inhóspito.

Sobre la posición del Poder Judicial, la mandataria señaló que durante la reunión no hubo planteamientos vinculados con presupuesto. Añadió que los representantes judiciales manifestaron disposición para implementar coordinaciones necesarias, revisar los proyectos de ley que el Gobierno presentará el 15 de junio y sumarse a la construcción de una respuesta conjunta.

Tras enviar una andanada de proyectos de ley al Congreso durante las últimas semanas, el oficialismo comenzó a dar señales de cuáles serán sus prioridades y qué iniciativas quedarán para más adelante. Mientras aceleran con el tratamiento del denominado Super RIGI y la eliminación de las PASO, La Libertad Avanza decidió posponer el debate del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés) que, llamativamente, es una de las pocas iniciativas que ya tiene dictámen.

El PCT obtuvo dictamen de mayoría y quedó listo para ir al recinto hace dos semanas gracias a que los libertarios cedieron a la presión de los laboratorios nacionales y aceptaron dejar “en reserva” el Capítulo II del Tratado.

El Tratado de Patentes permite a inventores y empresas presentar una única solicitud internacional de patente, lo que simplifica la búsqueda de resguardo legal en múltiples jurisdicciones. La solicitud presentada bajo el PCT surte el mismo efecto jurídico que si se hubiera presentado una solicitud en cada uno de los 158 Estados miembros adheridos.

Pero los laboratorios nacionales habían planteado su rechazo al Capítulo II bajo el argumento de que facilitaría los monopolios extranjeros, encarecería los medicamentos y vulneraría la soberanía sanitaria del país. Particularmente advirtieron sobre la proliferación del “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional para patentar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes (sin aportar mejoras terapéuticas reales) para extender artificialmente los monopolios por 20 años y bloquear la competencia.

Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perderá soberanía porque los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad. También plantearon que la implementación del tratado podría llevar a la destrucción del mercado de genéricos y biosimilares dado que la industria farmacéutica argentina basa gran parte de su negocio en la réplica legítima y producción de genéricos competitivos.

El objetivo inicial del Gobierno era ratificar el tratado antes del 30 de abril, que era la fecha límite acordada con la administración republicana en el marco del acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos.

La Casa Rosada no pudo cumplir con ese plazo pero luego del dictamen tampoco buscó acelerar los tiempos. Según explicaron fuentes oficiales, desde Cancillería pidieron enfriar el trámite legislativo a la espera de algunas señales de Estados Unidos.

“El gobierno de Donald Trump ya tuvo dos reveses judiciales respecto al cuadro arancelario y todavía tiene que implementar el cuadro arancelario del acuerdo con Argentina”, señaló un funcionario al tanto de la negociación.

En febrero, la Corte Suprema anuló la suba de aranceles recíprocos que Trump impuso al resto del mundo como metodo de negociación. La Casa Blanca argumentó que una ley de 1977 le permitía al presidente regular la importación durante emergencias y también establecer aranceles. Sin embargo, la mayoría del tribunal concluyó que la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso la facultad de imponer impuestos, incluidos los aranceles.

En ese sentido, desde el oficialismo explicaron que probablemente entre finales de junio y mediados de julio la administración republicana publicará los nuevos aranceles y ahí quedará en claro que se cumplieron los compromisos mutuos.

Una vez lograda la media sanción, el texto deberá volver al Senado ya que fue modificado (la reserva del Capítulo II).

La semana que viene el oficialismo dará el puntapié inicial al debate en comisión del Super RIGI, esperando poder avanzar con este proyecto y con la reforma política para eliminar las PASO antes de que comience el Mundial. Ese cronograma obedece al miedo de la Casa Rosada a que los gobernadores aliados comiencen a tomar distancia de cara a la pelea electoral del año que viene.

Legisladores de la Cámara de Diputados causaron un revuelo en la sede de San Lázaro, este 28 de mayo, tras desplegar mantas contra integrantes de Morena.

De acuerdo con un video publicado en la red social X, se puede observar a participantes de la bancada del PRI, con mantas donde se puede leer “Narcos del Bienestar” o “El cártel de Morena”.

Asimismo, las imágenes que decoran cada una de ellas destacan por tener la cara de la presidenta Claudia Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sus hijos José Ramón López Beltrán y Andrés Manuel López Beltrán, entre otros militantes del parido político guinda.

La pancarta acusa a líderes y funcionarios por tener presuntos nexos con el crimen organizado, llamándolos “corruptos, ”asesinos", “rateros” y “criminales”.

Hijo de AMLO deja su cargo en Morena

Andrés Manuel López Beltrán anunció su renuncia a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y a la Comisión Nacional de Elecciones, con el fin de buscar una diputación federal por el VI Distrito de Tabasco, que abarca los municipios de Centro y Jalapa.

Su salida, anticipada por tensiones internas y desacuerdos sobre la conducción del partido, fue notificada formalmente a la presidenta del partido, Ariadna Montiel Reyes, quien le deseó éxito en su nueva etapa.

El hijo de AMLO presentó un balance de su gestión, destacando la incorporación de 10 millones de nuevos militantes, la credencialización de casi 7 millones de afiliados y la organización de comités en el 97% de las secciones electorales.

Con este movimiento, busca consolidar su carrera política desde su estado natal, siguiendo la estrategia que en su momento implementó su padre. Esta movimiento marca un momento clave para Morena, en un contexto de ajustes y nuevas definiciones internas.

PAN acusa a Morena de “narcopartido”

Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, publicó un video tras la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante la Fiscalía General de la República, donde acusó que México está gobernado por un “narcopartido” que protege a “narcogobernadores” y ataca a quienes enfrentan al crimen organizado.

Señaló al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de Morena, como ejemplo de impunidad, afirmando que tiene orden de aprehensión internacional y vínculos con el crimen. En contraste, defendió a la funcionaria, quien fue citada por la FGR tras desmantelar un narcolaboratorio y denunció persecución política por parte de las autoridades federales.

Campos declaró como testigo y aseguró que el citatorio buscó fabricar un caso en su contra.

El Gobierno deberá esperar si lo que quiere es avanzar rápidamente con la aprobación de la ley de Zona Fría en el Senado de la Nación. En la previa al inicio del debate en las comisiones, cada vez más senadores se van mostrando contrarios al acompañamiento que busca La Libertad Avanza, que es el de la aprobación sin modificaciones.

En la Casa Rosada ya sabían que no contaban con el apoyo del peronismo ni de la senadora cordobesa Alejandra Vigo. Pero en las últimas horas se fueron conociendo las opiniones de otros legisladores de la Cámara Alta que discuten la ley en su totalidad o en parte de su articulado.

La modificación de la ley de Zona Fría no solo impacta en los distritos que la pierden sino que también cambia la ecuación del subsidio en su totalidad. Las zonas que la mantendrán solo recibirán una reducción del costo del gas en boca de pozo; la distribución, el transporte y los impuestos tendrán un costo del 100%. En la actualidad el subsidio es sobre el precio final.

En una cámara donde el 25% de los votos son patagónicos, el oficialismo cuenta con 21 senadores y sabe que para poder avanzar como quiere, sin cambios, tiene que sumar a todos los provinciales, a todo el PRO y, como mínimo, a 7 de los 10 radicales. Y acá es donde empiezan los problemas.

Al rechazo de la senadora cordobesa ya se le sumó el del radical Maximiliano Abad, oriundo de Mar del Plata, ciudad que perdería el subsidio. Quedan nueve del bloque de la UCR para ir a pescar.

En las últimas horas se puso en duda el acompañamiento de los mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri, ambos del radicalismo. El ex gobernador mandó a sus senadores a votar la norma cuando era el titular del Ejecutivo provincial y la senadora suele acompañar el voto de su coterráneo.

En este esquema, el radicalismo quedaría al límite del apoyo que necesita el oficialismo para poder sancionar la ley, por lo que no podría sufrir ninguna baja más. Y esto parece difícil que no suceda, ya que en las últimas horas el pampeano Daniel Kroneberger —provincia que quedaría excluida de la ayuda— señaló que aún no tiene definida su posición.

Pero además aparecen los bloques provinciales que empiezan a poner condiciones. Este es el caso de la senadora de La Neuquinidad, Julia Carrozo, que ya adelantó que tal como llegó la ley no la va a acompañar y solicitó modificar un artículo que deja en poder del Ejecutivo el porcentaje de subsidio a aplicar en la Patagonia.

El artículo que cuestiona Carrozo es el 2°, que establece que los beneficios para las regiones que quedan dentro de la Zona Fría “serán determinados por el Poder Ejecutivo nacional, por sí o a través de la autoridad de aplicación de la presente ley, con las modalidades que considere pertinentes”.

A la posición de la neuquina se le sumó la de los dos senadores de Santa Cruz, que en algunos casos acompañan y en otros no.

En las últimas horas se conoció que Natalia Gadano y José Carambia se oponen al proyecto y el oficialismo sigue sumando bajas en un debate que todavía no comenzó.

“Nadie está apurando el debate porque no están los votos. En La Libertad Avanza apuestan a la relación con los gobernadores pero el artículo que habla sobre que las provincias se tienen que hacer cargo de la deuda de sus distribuidoras con Cammesa está generando mucho ruido. Nadie tiene un peso”, explicó un senador de la oposición dialoguista que seguramente votará a favor del proyecto de la Casa Rosada.

La presidenta Claudia Sheinbaum encendió las alertas este jueves durante su conferencia de prensa matutina. Al referirse a la reforma constitucional aprobada la madrugada anterior, la mandataria fue contundente: existe un riesgo real de injerencia extranjera en las próximas elecciones en México.

“Próximo año en México, se lo digo porque también acaban de aprobar ya esta propuesta de anular una elección si se demuestra la injerencia”, afirmó Sheinbaum, quien citó como antecedente el caso de Mexicanos contra la Corrupción, organización que —según señaló— recibió financiamiento de instituciones estadounidenses a través de la Embajada de Estados Unidos para apoyar a candidatos específicos.

“En la circunstancia actual, con esta ofensiva que estamos viendo desde fuera, es importante que quede muy claro que en México decidimos los mexicanos”, subrayó la presidenta.

El trasfondo legislativo: Monreal y 307 votos

La reforma fue impulsada por Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena y presidente de la Jucopo, tras más de 15 horas de debate en el pleno de la Cámara de Diputados. La iniciativa fue aprobada con 307 votos a favor en la madrugada del jueves y fue remitida al Senado de la República para su análisis y dictamen.

La reforma eleva a rango constitucional la posibilidad de anular una elección cuando se acredite financiamiento o intervención de actores extranjeros en el proceso electoral mexicano.

Sheinbaum, el respaldo presidencial y sus señalamientos previos

La presidenta Claudia Sheinbaum no llegó a este debate sin antecedentes. Desde sus primeros meses al frente del Ejecutivo, advirtió sobre esta posibilidad, y en febrero de 2025 presentó una iniciativa para modificar el artículo 40 de la Constitución con el fin de rechazar cualquier tipo de intervención extranjera.

Cuando Monreal le presentó su propuesta, la mandataria fue directa: “Aquí decidimos nosotros, y cuando digo nosotros es el pueblo de México”.

Pero Sheinbaum ha ido más allá de las frases. También señaló que México debe mantenerse vigilante frente a cualquier intento de intervención y reiteró que “México no es piñata de nadie”. En otra ocasión, al referirse a asesores del gobierno de Trump, dijo: “Tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos (...) son algunos que lo asesoran, que como tienen elecciones en noviembre, ahora quieren meter a México en sus elecciones”.

El caso que el gobierno mexicano ha traído reiteradamente a la mesa es el de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La Unidad de Inteligencia Financiera reveló que entre 2018 y 2024, la organización recibió más de 96 millones de pesos de la embajada de Estados Unidos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). La propia organización confirmó haber recibido dichos fondos, aunque defendió que el financiamiento se apegaba a la legalidad y que contaba con permiso del SAT para recibir donativos extranjeros.

El contexto regional: el Hondurasgate llega a México

La aprobación de esta reforma no ocurre en el vacío. Detrás del debate hay un escándalo regional que ha puesto en alerta a varios gobiernos de América Latina: el Hondurasgate.

Este escándalo político de alcance regional fue revelado a finales de abril de 2026 y expone una presunta red internacional de injerencia política y manipulación informativa. El caso se centra en la filtración de audios atribuidos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH), quien tras ser condenado por narcotráfico en EE.UU., habría sido indultado por Donald Trump en diciembre de 2025.

Su autenticidad fue verificada mediante el Phonexia Voice Inspector, una herramienta utilizada por agencias de inteligencia en más de 60 países.

Según los audios filtrados, existe una red que busca desacreditar a los gobiernos de Colombia y México mediante desinformación dirigida contra Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, con una supuesta aportación de 350,000 dólares del gobierno de Javier Milei al proyecto.

Las críticas: ¿Escudo soberano o herramienta de control?

Legisladoras del PAN advirtieron que Morena busca crear una causal de nulidad “tan ambigua, subjetiva y expansiva” que podría utilizarse para impugnar cualquier elección incómoda para el oficialismo, y alertaron que términos como “campañas digitales”, “desinformación” o “presión diplomática” no cuentan con delimitación técnica ni jurídica clara.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, anticipó que su bancada votará en contra, acusando a Morena de querer “ganar en la mesa lo que no pueda ganar en las urnas” y calificando la iniciativa de generar tensión innecesaria con Estados Unidos.

“El problema es que, so pretexto de una injerencia extranjera, se usen criterios políticos arbitrarios y se pueda anular una elección cuando no convenga el resultado”.

Desde la academia y los organismos electorales, las alertas apuntan en la misma dirección. El exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, advirtió sobre el riesgo de utilizar criterios políticos para invalidar elecciones.

Lo que viene: el Senado, la discusión pendiente y el reloj electoral

La reforma llega al Senado en un momento de presión legislativa. El Congreso y las legislaturas estatales tendrían plazo hasta el 5 de junio de 2026 para armonizar su marco normativo con el decreto, en caso de aprobación.

Para declarar la nulidad de una elección bajo esta nueva figura, será obligatorio acreditar legalmente la injerencia de otros países, un proceso sobre el que Monreal no precisó cómo funcionaría en la práctica.

Con las elecciones intermedias de 2027 en el horizonte, la discusión sobre quién decide en México —y cómo se prueba cuando alguien más intenta hacerlo— apenas comienza.

Se acerca el inicio del Mundial de Fútbol 2026 y no es una novedad que la Argentina entra en un proceso de paralización. El Congreso no es ajeno a esa realidad.

En este esquema, al que se suma el receso de invierno que también frena la actividad legislativa, en ambas cámaras se está pensando en una última sesión antes de que la pelota empiece a rodar.

En el caso del Senado de la Nación ya hay fecha prevista. El miércoles de la semana que viene, 4 de junio, se volverá a abrir el recinto, donde el eje central será el proyecto de ley del pago a los holdouts, que todavía está en el Senado, pendiente de aprobación y que en la última sesión quedó fuera del temario.

Otro punto que figurará en el temario y que es de interés del Gobierno nacional y de los gobernadores provinciales es el de los pliegos judiciales, por lo que el temario incluirá las 73 carpetas que ya cuentan con dictamen de la comisión de Acuerdos. En ese listado está Ana María Cristina, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene, entre otras, la causa $Libra. También integra este grupo de pliegos Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de la Nación.

El temario también incluirá un proyecto del Ejecutivo sobre propiedad privada. Con cambios respecto del texto original, establece un mecanismo de desalojo abreviado en casos de usurpación, mientras que para los inquilinos en mora se amplía el plazo de intimación a diez días antes de habilitar la vía judicial.

El proyecto del oficialismo elimina las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, por ejemplo en la zona de frontera, pero delega en las provincias la autorización o no.

En medio de esto queda latente la posibilidad de un tratamiento de Zona Fría. Sin embargo, hay pocas chances de que el oficialismo pueda avanzar por dos razones: la primera es que ya los plazos del reglamento no le alcanzan para poder llevarlo al recinto la semana que viene y, la segunda, es que el 25% de los votos en el Senado son patagónicos.

Diputados

En la Cámara Baja aún no hay fecha para una posible última sesión y, en los hechos, tampoco hay apuro ni del oficialismo ni de la oposición. Para estos últimos, la realidad indica que les cuesta conseguir los 129 diputados necesarios para habilitar una sesión que permita a las comisiones emplazar el tratamiento de varios proyectos, como por ejemplo la interpelación al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En el caso del oficialismo, están los proyectos que ingresaron esta semana, en especial el Super Rigi, que ingresó ayer a la Cámara pero que todavía no fue girado a ninguna comisión.

Esto puede cambiar si llegan rápido desde el Senado los proyectos de holdouts y propiedad privada y se obtiene un dictamen del Super Rigi. En ese caso, si el oficialismo logra un tratamiento exprés en las comisiones, podría haber sesión el 10 de junio, un día antes de que comience el Mundial de Fútbol.

“El tema de holdouts puede acelerar una sesión por el cumplimiento de los plazos del acuerdo. Hay que estar atento a eso”, explicó un diputado oficialista.

La referencia de los tiempos tiene que ver con que el acuerdo entre el Gobierno argentino y los bonistas tiene una fecha estipulada para que sea resuelto. En un principio era a fines de mayo, pero se estiró el plazo para cumplir con la aprobación del Congreso y cerrar el acuerdo hasta el 30 de junio de este año. Si no se resuelve, los bonistas retomarán la vía legal para reclamar el pago de la deuda.

El Gobierno envió este martes otros dos proyectos de ley a la Cámara de Diputados y el oficialismo ya acumula alrededor de una decena de iniciativas de alto perfil que difícilmente lleguen a tratarse antes de que comience el Mundial de Fútbol.

Los libertarios no muestran demasiado interés en acelerar los debates en comisión y adelantaron que sólo irán al recinto cuando tengan los votos para su aprobación. Su objetivo principal es recuperar la iniciativa política y controlar la agenda parlamentaria tras las turbulencias del caso Adorni, quien quedó a salvo de una interpelación gracias a la reticencia de los gobernadores a enfrentarse con la Casa Rosada.

Tanto oficialistas como opositores descartan que una vez que comience la competencia futbolística la atención pública abandonará la política. Por eso los libertarios apuestan a controlar los tiempos legislativos hasta ese momento con una andanada de proyectos que reúnen muy dispares niveles de consenso.

En ese marco, este martes ingresó a Diputados el denominado Súper RIGI que buscará incentivar proyectos de inversión de más de $1000 millones dedicados exclusivamente para las “industrias del futuro”, como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio.

Además, el Poder Ejecutivo también envió una iniciativa para regular de forma integral el lobby en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo nacional. Tomando elementos del sistema norteamericano, el proyecto propone establecer un régimen de inscripción obligatoria, registración pública de contactos y sanciones penales para quienes influyan en decisiones del Estado sin cumplir los requisitos de transparencia previstos en la iniciativa.

Según dejaron trascender, el Super Rigi será girado a las comisiones de Presupuesto, a la de Industria y -evalúan- sumar también la comisión de Ciencia y Tecnología. Todas controladas por libertarios o aliados, como Por Santa Cruz o el PRO. En tanto, la ley de Lobby deberá pasar por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que conducen los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio. Ante la consulta de Infobae, fuentes de LLA señalaron que el debate en comisión de ambas iniciativas “probablemente” comience las semana que viene pero reconocieron que no tienen como objetivo llegar al recinto en las próximas semanas. “Veremos cómo está el recinto”, señalaron.

Por otro lado, a pesar de haber obtenido previamente el dictamen, el oficialismo no incluyó en la sesión de la semana pasada el Tratado de Cooperación de Patentes, que logró avanzar en comisión luego de que se aceptara -por presión de los laboratorios- dejar “en reserva” el Capítulo II de la normativa. Según explicaron fuentes al tanto de la negociación, Argentina puso un pie en el freno a la espera de que Estados Unidos cumpliera con algunos compromisos asumidos en el marco del acuerdo comercial entre ambos países.

A su vez, desde el Poder Ejecutivo filtraron que el ministro Federico Sturzenegger enviará en el corto plazo otro paquete con desregulaciones para la venta de medicamentos, para el transporte fluvial de buques extranjeros y para el mercado inmobiliario.

Del otro lado del Palacio, en el Senado, Patricia Bullrich busca apoyos para rectificar la Ley Hojarasca y la modificación del régimen de Zonas Frías, recientemente aprobadas en Diputados.

La Cámara alta tiene trabada desde hace varias semanas la reforma política debido a que los partidos aliados (PRO y la UCR) y algunas fuerzas provinciales rechazan la eliminación de las PASO y también exhiben dudas sobre los cambios en el financiamiento de los partidos políticos.

Este semana el Gobierno envió a la Cámara alta la derogación de la ley de etiquetado frontal (los hexágonos negros con información nutricional) y una nueva ley de Ludopatía, mucho más laxa respecto a las publicidades de casas de apuestas que la normativa que obtuvo media sanción en Diputados a fines de 2024.

También esperan en el Senado una nueva tanda de pliegos judiciales elaborada por el ministro Juan Bautista Mahiques, el acuerdo con los holdouts (que tuvo que volver a comisión por un error) el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y la nueva ley de salud mental.

Hasta el momento, no se convocaron a reuniones de comisión para la semana que viene y tampoco existen fechas tentativas de sesión previstas durante la previa del Mundial.

Tras dos intentos fallidos, es muy probable que la oposición no vuelva a convocar a una sesión para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Si bien un amplio sector considera que el funcionario tiene que dar explicaciones sobre sus viajes y su incremento patrimonial, no existe hoy por hoy masa crítica suficiente.

“Los números están bien duros”, sintetizó uno de los diputados que denunció penalmente a Adorni en la Justicia. Hace dos semanas, un sector de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica presentaron un pedido de sesión para tratar cuatro pedidos de interpelación. El peronismo había quedado afuera de las negociaciones porque pretendía sumar otros proyectos, sin embargo, había adelantado que bajaría al recinto.

Esa sesión no apuntaba a interpelar a Adorni en el acto, sino obligar -emplazar- a las comisiones que controlan los libertarios a que habiliten el tratamiento de los proyectos. Esa fue la primera mala señal que recibió la oposición: la mayoría de los gobernadores no estaba dispuesta a avanzar contra la Casa Rosada aún a pesar de que la sesión no constituía un peligro inmediato para el funcionario.

Según reconocieron a Infobae los propios organizadores de la maniobra, faltaban “cerca de 20 diputados” para conseguir el quórum, por lo que decidieron posponer la sesión para la semana siguiente.

Ese llamado coincidió con la convocatoria que hizo este miércoles La Libertad Avanza para tratar la ley Hojarasca y la reducción de subsidios por Zona Fría. Como la sesión del oficialismo comenzó antes y no tuvo problemas para juntar el quórum, la agenda de la oposición quedó sin efecto.

Algunos referentes de UxP, Provincias Unidas y la Coalición Cívica se trenzaron en un largo debate reglamentario con el presidente de la Cámara, Martín Menem, para que permitiera que comience la segunda sesión pero plenamente conscientes de que si llegaba el momento de juntar quórum otra vez no lo lograrían. Había pasado una semana pero no pudieron hacer cambiar de bando a ninguno de los aliados de la Casa Rosada.

Ante la consulta de Infobae, tanto desde el peronismo como de Provincias Unidas descartaron que la semana que viene se vuelva a convocar a otra sesión. “No vamos a sacar el tema de la agenda. Pero no vamos a ir todas las semanas a no llegar con el quórum, hay que reagrupar fuerzas”, explicaron.

En ese sentido, desde las filas de Unión por la Patria insisten en que se deben incluir más temas en las convocatorias que permitan sumar apoyo. Aunque tampoco descartan que alguna novedad en la causa incline la balanza. “Si hay alguna situación judicial que le de otra envergadura puede ser que haya algunos que se animen a acompañar”, reconocieron.

Los menos optimistas saben que dependen de los gobernadores para conseguir los votos que faltan y reconocen que será muy difícil convencerlos. Incluso a los que están enojados, como el cordobés Marín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro, ambos afectados por el recorte de subsidios por Zonas Frías. “Es un enojo controlado, hay temas y temas”, ironizaba uno de sus compañeros de interbloque.

Por otro lado, también afloraron algunas suspicacias en el interior de la alianza opositora. En el Frente de Izquierda sospechan que el peronismo no está interesado en ir a fondo contra Adorni. “Primero voltearon una sesión para que incluyan más temas y después sabían que el 20 iba a ser la sesión del oficialismo, fue una maniobra”, explicaron a Infobae.

Para aumentar las dudas, algunos diputados del peronismo reconocen en privado que es mejor dejar a Adorni en su puesto, para que siga desgastando la imagen del Gobierno. “Hay que ayudarlo a quedarse”, bromeaba otro integrante de UxP ante la consulta de Infobae, que además consideró un error ir atrás de los “bloques menores que no tienen ni un voto”.

Por lo pronto, la semana que viene comienza con el feriado por el 25 de Mayo, por lo que reconocen que “podría complicarse” que los Diputados puedan viajar. Es una situación que suele repetirse en las semanas cortas. “Si no es esta semana, será la otra”, anticipa uno de los más convencidos en que la sesión puede concretarse. Aunque también reconocen que será muy complicado sumar las manos necesarias.

Por su parte, el Gobierno busca dejar el escándalo atrás y ya anunció los próximos proyectos que enviará al Congreso. A las victorias con Hojarasca y Zonas Frías le seguirán una nueva Ley de Ludopatía, un Super RIGI, una Ley de Lobby y cambios en la norma de Etiquetado Frontal.

“En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: 'Ley de Ludopatía', 'Super RIGI', 'Ley de Lobby', 'Etiquetado Frontal'”, anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de una publicación de la red social X y que fue reposteado por el presidente Javier Milei.

Según detalló en otro posteo, la 'Ley de Ludopatía' busca combatir las plataformas ilegales de apuestas online y reforzar la protección de menores de edad, ante el crecimiento de esta problemática social.

En paralelo, la 'Ley de Lobby' busca ordenar y transparentar la actividad de influencia en las decisiones públicas, al establecer reglas sobre la interacción entre funcionarios y actores privados.

Las modificaciones a la 'Ley de Etiquetado Frontal' -aprobada por el Congreso en 2021 tras una amplia participación de organizaciones de la sociedad civil en la redacción y debate de la norma- busca derogar el esquema vigente que incluye la eliminación de los octógonos de advertencia y la supresión de restricciones al uso de personajes infantiles en envases.

El paquete legislativo incluye también el 'Súper RIGI', que ya había sido anunciado por el presidente Milei a principios de mayo, una ampliación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones que rige desde 2024 y apunta a incentivar proyectos de inversión destinados al desarrollo de nuevas actividades económicas.

De acuerdo con la información oficial, el esquema prevé mayores beneficios que el régimen original, con el objetivo de atraer capitales y promover empleo.

El envío de las nuevas iniciativas se da en un contexto en el que el Gobierno ha logrado avances legislativos significativos, como la reciente reforma laboral, tras la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado en diciembre pasado, lo que le permitió, junto con el apoyo de sus aliados, alcanzar amplias mayorías.

Por unas horas, el peronismo dejó de lado sus diferencias en la provincia de Buenos Aires y se mostró amalgamado en un mismo reclamo: rechazar la votación de los cambios en el régimen tarifario conocido como Zona Fría que llevó adelante la Cámara de Diputados de la Nación y que buscará imitar el Senado.

Es que, como dio cuenta Infobae, la revisión impulsada por el Gobierno que se aprobó este miércoles en Diputados excluye en concreto a 90 municipios de la provincia Buenos Aires, entre los que aparecen General Pueyrredón (Mar del Plata), Bahía Blanca, La Plata, Tandil, Olavarría, Azul, Trenque Lauquen, San Nicolás Bolívar, Villa Gesell, Pinamar, entre otros de los descuentos que hasta el momento perciben los usuarios en sus tarifas de gas por pertencer a la Zona Fría.

La inclusión de la mayoría de las localidades bonaerenses se dio en 2021 por un proyecto de ley del diputado nacional Máximo Kirchner que ampliaba lo dispuesto por la norma original sancionada en 2002. El Gobierno plantea que, a nivel nacional, de terminar con el régimen de Zona Fría, se generaría un ahorro de $272.099 millones.

“Nos parece un gran error, porque esto va a tener consecuencias de todo tipo sobre una población que está con dificultades para llegar a fin de mes. Yo pensé que ya se había llegado en el termómetro al límite de la crueldad, del abandono, pero evidentemente no”, consideró este jueves el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre los cambios en el régimen de la tarifa de Zona fría. También pidió que el Senado no acompañe y adelantó que irá a la Justicia si se obtiene la sanción definitiva. No es la primera vez que el mandatario recurre a la Corte Suprema. Actualmente hay 8 litigios presentados contra el Gobierno nacional de parte de su administración.

“Hay partes de la ley que están mal directamente, que son ilegales”, dijo y planteó que con la eliminación de la Zona Fría “el Gobierno se descarga sobre la gente los problemas que el mismo gobierna genera”.

Durante todo este jueves, intendentes bonaerenses y distintos dirigentes del peronismo se pronunciaron públicamente, pero además empezaron a cruzar mensajes. Por ejemplo, los jefes comunales y concejales de la Quinta sección electoral mantendrán una reunión el próximo martes al respecto. Será en el distrito de Villa Gesell, donde gobierna el axelista Gustavo Barrera. De ahí saldrá un proyecto de ordenanza para tratar en todos los concejos deliberantes y, además, definir una comitiva para ir al Senado en la previa a la votación del proyecto. El objetivo es evitar su sanción definitiva.

Barrera fue uno de los intendentes que se pronunciaron al respecto, pero también cruzó al diputado nacional y ex intendente de Pinamar, Martín Yeza (PRO), por acompañar los cambios en el régimen de zona fría. “¿Qué te pasó, Martín Yeza? ¿Sabés lo que hiciste ayer? Votaste en contra de los vecinos de Pinamar y Villa Gesell. A los vecinos de la región les digo: hay que tener cuidado cuando se eligen concejales, diputados, senadores, intendentes, porque a la hora de levantar la mano te quitan derechos”, planteó el gesellino a través de un video de X, recordando que el hoy diputado nacional reclamaba ante ENERGAS que Pinamar sea incluido en el R1 de consumo en los usuarios de gas como sucedía con Mar Chiquita, localidad que está a 95 kilómetros de Pinamar.

Yeza, en tanto, remarcó que “van a seguir gozando de los beneficios del sistema las personas que perciban hasta 3 canastas básicas por mes, lo que equivale a 4.4 millones de pesos mensuales”, considerando que “la gran mayoría de jubilados y de trabajadores mantendrían el beneficio”. Además, de “las personas inscriptas en el RENABAP; los veteranos de Malvinas y las personas que tengan un integrante de la familia con un familiar con discapacidad”.

Los cambios sobre el régimen de Zona Fría sirven de contexto para un acercamiento discursivo dentro del peronismo, en medio de su discusión interna. Es que tanto Kicillof como legisladores e intendentes que responden a Cristina y Máximo Kirchner. El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner (La Cámpora), planteó que “esta ley, impulsada por Máximo Kirchner en 2021, fue creada para proteger a las familias del impacto de las tarifas en invierno”, y que, de aprobarse, en la ciudad que gobierna " dejarían de circular cerca de 400 millones de pesos mensuales que hoy se destinan al consumo y al comercio local", ya que el aumento en la tarifa de gas “podrían ubicarse entre el 40% y el 60%”.

En la misma línea se pronunció el intendente de Bolívar, Eduardo Bucca. “El impacto negativo no será solo en los hogares de las familias que pierdan los beneficios del sistema de Régimen de Zona Fría, sino también en las económicas de las ciudades del centro y sur de la Provincia de Buenos Aires, ya que, al incrementarse el monto de las facturas, dejaran de destinar dinero al consumo y comercio local, son recursos que las familias ahora deberán destinar para solventar los aumentos de las facturas de gas" dijo ante la consulta de Infobae.

Agregó, además, que “los cambios violan el principio de determinación tarifaria por ley que rige los servicios públicos concesionados en Argentina y expone a los usuarios a una incertidumbre que el Estado no puede trasladar a los más débiles".

La región sur de la provincia de Buenos Aires es una de las que podría sentir con fuerza los cambios del régimen tarifario en la boleta de gas. El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, advirtió que “poner en duda este esquema es trasladar el peso de las decisiones a quienes menos margen tienen; por eso defender la zona fría es defender al interior y a nuestras comunidades”.

El detonante fue el discurso de Tailhade, quien en una cuestión de privilegio comparaba las condiciones de detención de la ex presidenta Cristina Kirchner con las de represores de la última dictadura militar. Desde el fondo del recinto, Huesen lo interrumpió a los gritos. “¿Quién es el facho que habla?”, reaccionó el diputado kirchnerista, que debió frenar su exposición.

Al identificar al interruptor, Tailhade no bajó el tono: “Tiene que decirle al diputado por Tucumán que baje la gigantografía de Bussi que tiene en el despacho. ¡Basura!”, lanzó, en referencia al ex represor y comandante del Operativo Independencia, Antonio Bussi. “Hacete el vivo, vos”, remató.

Fue en ese momento cuando Pietragalla dejó su banca. El ex secretario de Derechos Humanos se desplazó por todo el recinto y se puso frente a frente con Huesen, que seguía refunfuñando desde el fondo. Según fuentes del recinto, también se acercaron los diputados Paula Penacca y Mario Manrique. Varios legisladores libertarios rodearon la escena para separar a los involucrados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intervino de inmediato. “Paren el reloj, por favor. Diputado Pietragalla, ¿puede volver a su banca?”, reclamó desde la presidencia, con insistencia que se repitió varios segundos seguidos. “Por favor, diputado. Por favor, por favor, por favor.

“Está bien, no nos picanteemos”, dijo Menem, antes de retomar el orden y cederle la palabra al diputado Esteban Paulón, que en ese momento estaba con su discurso a mitad de camino. “Gracias, presidente”, respondió Paulón al retomar.

Para ese momento, la situación ya estaba controlada. Manrique, que salió detrás de Pietragalla, llegó cuando el cruce entre el kirchnerista y Huesen ya había sido contenido.

Antes del incidente con Pietragalla y Huesen, el recinto ya había sido escenario de cruces verbales entre legisladores opositores y Menem por la disputa reglamentaria en torno a la moción presentada por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, para pasar a un cuarto intermedio a las 11 y habilitar la sesión opositora. La votación sobre esa moción terminó con 111 votos afirmativos y 131 negativos, lo que despejó el camino para que el oficialismo avanzara con su temario.

La sesión había sido convocada por el Gobierno con una hora de anticipación respecto de la cita opositora, lo que dejó sin efecto la estrategia de Unión por la Patria (UP) para interpelar a Adorni por sus viajes y su patrimonio.

La Libertad Avanza (LLA) logró reunir 129 diputados para abrir el debate sobre la Ley Hojarasca, la reforma del régimen de subsidios al gas por Zona Fría y una serie de tratados internacionales. La oposición respondió con una moción para pasar a cuarto intermedio a las 11, que fue rechazada por 131 votos contra 111.

En ese contexto de disputa reglamentaria, el propio Tailhade ya había encendido el recinto antes del cruce físico con Huesen. La sesión terminó con la media sanción de la Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, con 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que elimina 58 leyes, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos.

La Cámara de Diputados y el Senado de la República se alistan para celebrar un Período Extraordinario de Sesiones, convocado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En la agenda legislativa figuran cuatro iniciativas de decreto, tres de las cuales tocan directamente el sistema electoral mexicano.

La convocatoria establece que ambas cámaras conocerán los motivos que originaron el llamado a sesionar fuera del calendario regular, antes de proceder al debate y votación de los asuntos listados.

¿Qué se va a votar?

Los cuatro puntos que ocuparán a legisladores son los siguientes:

• Reforma al Poder Judicial. Una iniciativa del Ejecutivo Federal propone modificar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma judicial.
• Integridad en candidaturas. El Ejecutivo también impulsa cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), con el objetivo declarado de garantizar la integridad en el registro de candidaturas.
• Nueva causal de nulidad electoral por intervención extranjera. El diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 41, fracción VI de la Constitución, añadiendo un inciso d) que introduciría, por primera vez a nivel constitucional, la intervención extranjera como causa de nulidad de una elección.
• Ajustes al sistema de impugnación electoral. Una segunda iniciativa de Monreal busca reformar diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, precisando las causales de nulidad tanto de votación recibida en casilla como de elecciones federales en su conjunto.

La pieza más polémica: anular comicios por injerencia foránea

El punto que concentra mayor atención política es la propuesta de constitucionalizar la nulidad de elecciones por intervención extranjera. De aprobarse, los tribunales electorales contarían con un nuevo instrumento legal para invalidar procesos comiciales en los que se acredite injerencia de actores externos, algo que hasta ahora no está contemplado de forma explícita en la Carta Magna.

La iniciativa complementaria —la reforma a la ley de medios de impugnación— definiría los mecanismos procesales concretos para hacer valer esa nueva causal ante los órganos jurisdiccionales competentes.

Un paquete legislativo de alto impacto

En conjunto, el paquete que se discutirá en el Extraordinario toca tres de los pilares del sistema político mexicano: el Poder Judicial, el acceso a candidaturas y las reglas de validez de las elecciones. La agenda legislativa se perfila intensa, en un contexto en que el Congreso ya ha acumulado una serie de reformas estructurales de alto calado en los últimos meses.

Las fechas concretas de las sesiones y el orden del día detallado serán dados a conocer una vez que la Presidencia del Congreso informe formalmente sobre los motivos de la convocatoria.

Con más de dos meses de desgaste persistente por el caso Adorni, el oficialismo logró un respiro en Diputados. Bloqueó un intento de la oposición, que había nacido desinflado, para poner en marcha el mecanismo de interpelación al jefe de Gabinete. Sin el capítulo de alguna novedad judicial, parecía que el foco se desvanecía por un rato, pero en rigor se corrió a la densa interna: Patricia Bullrich adelantó la presentación de su declaración jurada y ratificó con ese gesto el reclamo anterior al funcionario para que aclare de una vez su situación patrimonial o se corra. Un síntoma, además, del clima de tirantez que va creciendo también en el Senado.

La Cámara alta espera ahora la formalización de una fecha para que Manuel Adorni presente su informe de gestión. Ya hay reclamos y conversaciones reservadas, en un cuadro de mínima incómodo para la bancada de LLA. El anterior capítulo, a fines de abril en Diputados, dejó las imágenes Javier Milei y la primera línea de gobierno en los palcos, como escenificación máxima de sostenimiento del funcionario. En medios oficialistas, aún con cautela, hubo expectativa sobre una reversión o atenuación del tema.

No alcanzó. Impactaron de lleno las novedades que sumó casi de inmediato la investigación a cargo del fiscal Gerardo Pollicita. Después de aquella presentación en el recinto de Diputados, se añadió el dato de los US$ 245.000 pagados en efectivo y sin recibos para rehacer prácticamente la casa en el country de Exaltación de la Cruz.

Esa revelación provocó un pico de tensión en el frente doméstico del Gobierno, con el Presidente y Karina Milei firmes en el respaldo a Adorni, pero con señales cada vez más evidentes de malestar por el deterioro político que produce. El clima se extiende a los socios -PRO, parte de la UCR, provinciales-, que dejan trascender preocupación y hasta cuestionamientos, aunque no al punto de jugar decididamente y de manera crítica en el Congreso. La última muestra fue el aporte de este miércoles para frenar la movida opositora.

Lo ocurrido en Diputados alimentó al mismo tiempo diferentes evaluaciones en el heterogéneo terreno de la oposición, que buscaba abrir el camino para la interpelación al jefe de Gabinete. De entrada, existió poco interés del peronismo/K, porque el de la corrupción no es precisamente su mejor terreno y por una cuestión que cálculo político sobre los tiempos. En el resto de los espacios opositores tampoco se notó un trabajo intenso para fisurar al menos el frente de LLA y sus socios, en especial algunos provinciales.

Es más, algunos especulaban con que no era muy táctico apurar un desenlace del caso Adorni, porque el paso del tiempo ya venía operando como elemento desgastante para Olivos. Sonaba más bien a remedio frente a las cuentas que pronosticaban falta de número para lograr quórum e imponer el tratamiento en comisión. Lo cierto es que la semana pasada, la oposición debió suspender la convocatoria. Y ahora vio como el oficialismo imponía su movida: superpuso su propia convocatoria y, además, logró aprobar los proyectos de Ley Hojarasca y recorte de subsidios al consumo de gas en zona fría.

El Gobierno, con Diego Santilli como principal operador en las tratativas con jefes provinciales, coronó una negociación que habla del nivel político actual: logró apoyos para recortar subsidios al gas en base a acuerdos sobre energía eléctrica con algunos mandatarios del Norte y el Litoral. Habrá que ver como termina la historia en el Senado.

Por supuesto, el tema Adorni se llevó un título a pesar del referido freno en Diputados. Bullrich presentó su declaración jurada por vía de la Oficina Anticorrupción, mucho antes del límite formal para hacerlo, en julio. La información circuló rápidamente en medios legislativos. Y potenció su anterior mensaje: había reclamado que el jefe de Gabinete no esperara más para mostrar sus números y cerrar el tema.

Milei dijo entonces que, en realidad, Bullrich había “spoileado” el desenlace porque el jefe de Gabinete ya tenía todo listo y cumpliría con la presentación de inmediato. Pasaron dos semanas. Y todo indica que recién lo haría hacia principios de junio. Se mezclan especulaciones sobre la apuesta a que el Mundial aplaque el tema y, también, la esperanza en que no haya más “sorpresas” con la investigación judicial.

Antes, en el Senado comenzaron los movimientos acerca del turno de Adorni para exponer su informe. Este mes debería hacerlo ante la Cámara alta, aunque a mayo le quedan pocos días. Parece claro que el oficialismo intentaría dilatar el trámite. Formalmente, ya existe un primer reclamo del peronismo para que sea fijada la fecha y el Ejecutivo está al tanto del pedido.

El clima no resulta cómodo para la representación violeta. Nadie en el círculo de Olivos espera algún gesto de Victoria Villarruel, quien, de momento, sólo dejó alguna chicana. “Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni”, fue la ácida frase que dejó en su última aparición pública. Bullrich, por su parte, debe pilotear la situación del bloque. En general, se le resta trascendencia a los dichos de Francisco Paoltroni, quien cuestionó públicamente la posición de Adorni. El legislador formoseño es considerado un díscolo, que regresó al bloque en noviembre, después de la ruptura por la primera ofensiva del Gobierno para integrar la Corte Suprema. De todos modos, no iría a contramano del humor de varios colegas.

Todo en el oficialismo es traducido en términos de interna. El mensaje de Bullrich apuntado al jefe de Gabinete ya había sumado tensión a la relación con Karina Milei. Complicó incluso las últimas reuniones de la primera línea oficialista. Ese cuadro agregó desde el sábado la escalada en la disputa entre Santiago Caputo y la hermana del Presidente, expuesta como un combate entre las Fuerzas del Cielo y Martín Menem por manejos en las redes sociales. Un síntoma inquietante: fue postergado para el martes que viene un nuevo encuentro de la mesa política, cuyas últimas citas estuvieron teñidas por el caso Adorni.

Tras intensas negociaciones con los gobernadores, la Cámara de Diputados le dio media sanción al recorte de subsidios al gas natural por Zonas Frías, una medida que permitirá un ahorro fiscal cercano a $300 mil millones. El proyecto, que modifica cuáles son las regiones que pueden acceder a la subvención estatal, fue aprobado por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones.

De acuerdo a las fuentes consultadas por Infobae, las discusiones con las provincias se extendieron durante toda la tarde, y algunos diputados mantuvieron en reserva su decisión hasta último momento. Desde el oficialismo explicaron que los mandatarios provinciales solicitaron múltiples garantías para sus distritos antes de definir su acompañamiento.

Producto del tira y afloje, el acuerdo incluyó una “compensación” para provincias del norte a través de subsidios a la energía eléctrica. Las potenciales beneficiadas serían Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán. No obstante, los mandatarios provinciales exigieron seguridades para evitar incumplimientos futuros por parte del Poder Ejecutivo.

De ser aprobada, la iniciativa limitaría la bonificación de hasta el 50% en la tarifa de gas a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. Además, quedarían excluidas las provincias que se habían sumado en la ampliación de 2021, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. En esa modificación previa, impulsada por el diputado Máximo Kirchner, el universo de beneficiarios había pasado de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales conectados a la red de gas.

Con el cambio aprobado, según la Secretaría de Energía, se prevé un ahorro fiscal de $272.099 millones, y quedarán fuera del régimen 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán.

Pese a las críticas, el oficialismo aseguró que “ninguna persona que la necesite perderá la ayuda estatal”, ya que los hogares con ingresos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) podrán inscribirse en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), al igual que quienes cuenten con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), ex combatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad.

Por último, el proyecto también contemplará que las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal que sufrieron el congelamiento de tarifas en años recientes puedan utilizar el crédito fiscal generado para saldar deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA). No obstante, será requisito que desistan de presentar reclamos judiciales o administrativos vinculados.

Quiénes votaron a favor

• Aguero, Guillermo Cesar (UCR - Chaco).
• Ajmechet, Sabrina (La Libertad Avanza - CABA).
• Almena, Carlos Alberto (La Libertad Avanza - San Luis).
• Almiron, Lisandro (La Libertad Avanza - Corrientes).
• Andreussi, Barbara (La Libertad Avanza - Jujuy).
• Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Arabia, Damian (La Libertad Avanza - CABA).
• Ardohain, Martin (PRO - La Pampa).
• Arrieta, Lourdes Micaela (Provincias Unidas - Mendoza).
• Arrua, Alberto (Innovación Federal - Misiones).
• Avico, Belén (La Libertad Avanza - Córdoba).
• Ávila, Jorge Antonio (Provincias Unidas - Chubut).
• Basualdo, Atilio (La Libertad Avanza - Formosa).
• Becerra, Monica (La Libertad Avanza - San Luis).
• Benedit, Beltran (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
• Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Bianchetti, Emmanuel (PRO - Misiones).
• Bongiovanni, Alejandro (La Libertad Avanza - Santa Fe).
• Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza - Córdoba).
• Brizuela, Adrian (La Libertad Avanza - Catamarca).
• Bruno, Eliana (La Libertad Avanza - Salta).
• Campero, Mariano (La Libertad Avanza - Tucumán).
• Capozzi, Sergio Eduardo (Provincias Unidas - Río Negro).
• Carrancio, Alejandro (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Castelnuovo, Giselle (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Chiconi, Abel (La Libertad Avanza - San Juan).
• Cipolini, Gerardo (UCR - Chaco).
• Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza - Mendoza).
• De Andreis, Fernando (PRO - CABA).
• De Sensi, Maria Florencia (PRO - Buenos Aires).
• Diez, Romina (La Libertad Avanza - Santa Fe).
• Emma, Nicolas (La Libertad Avanza - CABA).
• Falcone, Eduardo (MID - Buenos Aires).
• Fargosi, Alejandro (La Libertad Avanza - CABA).
• Fernández, Elia Marina (Independencia - Tucumán).
• Fernández Molero, Daiana (PRO - CABA).
• Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza - CABA).
• Figliuolo, Sergio (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Finocchiaro, Alejandro (PRO - Buenos Aires).
• Flores, Maria Gabriela (La Libertad Avanza - Salta).
• Fregonese, Alicia (PRO - Entre Ríos).
• Frías, Maira (La Libertad Avanza - Chubut).
• Gallardo, Maria Virginia (La Libertad Avanza - Corrientes).
• García, Álvaro (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• García, Carlos (La Libertad Avanza - Chaco).
• Garrido, Jose Luis (Por Santa Cruz).
• Giampieri, Antonela (PRO - CABA).
• Giudici, Silvana (La Libertad Avanza - CABA).
• Goitia, Rosario (La Libertad Avanza - Chaco).
• Gonzales, Alfredo (La Libertad Avanza - Jujuy).
• Gonzalez, Alvaro (PRO - CABA).
• Gonzalez, Diogenes Ignacio (UCR - Corrientes).
• Gonzalez, Gerardo Gustavo (Innovación Federal - Formosa).
• Gonzalez Estevarena, Maria Luisa (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Gruber, Maura (La Libertad Avanza - Misiones).
• Guzmán, Jairo (La Libertad Avanza - Santa Cruz).
• Hartfield, Diego (La Libertad Avanza - Misiones).
• Herrera Ahuad, Oscar A. (Innovación Federal - Misiones).
• Holzman, Patricia (La Libertad Avanza - CABA).
• Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza - Tucumán).
• Humenuk, Gladys (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Ibáñez, María Cecilia (La Libertad Avanza - Córdoba).
• Jaime Quiroga, Carlos Gustavo (Producción Y Trabajo - San Juan).
• Laumann, Andres Ariel (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
• Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Leone, Andres (La Libertad Avanza - CABA).
• Llano, Mercedes (La Libertad Avanza - Mendoza).
• Lluch, Enrique (La Libertad Avanza - Córdoba).
• Longo, Johanna Sabrina (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Martínez, Álvaro (La Libertad Avanza - Mendoza).
• Massot, Nicolas (Encuentro Federal - Buenos Aires).
• Maureira, Karina (La Neuquinidad - Neuquén).
• Mayoraz, Nicolas (La Libertad Avanza - Santa Fe).
• Medina, Gladys (Independencia - Tucumán).
• Metral Asensio, Julieta (La Libertad Avanza - Mendoza).
• Molinuevo, Soledad (La Libertad Avanza - Tucumán).
• Mondaca, Soledad (La Libertad Avanza - Neuquén).
• Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Montenegro, Juan Pablo (La Libertad Avanza - Santa Fe).
• Morchio, Francisco (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
• Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza - Salta).
• Muñoz, Gabriela Luciana (La Libertad Avanza - Neuquén).
• Nieri, Lisandro (UCR - Mendoza).
• Niveyro, Miriam (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Noguera, Javier (Independencia - Tucumán).
• Ojeda, Joaquín (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Outes, Pablo (Innovación Federal - Salta).
• Pareja, Sebastián (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Patiño Brizuela, Marcos (La Libertad Avanza - Córdoba).
• Pauli, Santiago (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
• Pellegrini, Agustín (La Libertad Avanza - Santa Fe).
• Pellici, Federico Agustín (La Libertad Avanza - Tucumán).
• Peluc, Jose (La Libertad Avanza - San Juan).
• Petri, Luis (La Libertad Avanza - Mendoza).
• Petrovich, Maria Lorena (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Picat, Luis Albino (La Libertad Avanza - Córdoba).
• Picon Martinez, Nancy Viviana (Producción Y Trabajo - San Juan).
• Ponce, Maria Celeste (La Libertad Avanza - Córdoba).
• Quintar, Manuel (La Libertad Avanza - Jujuy).
• Ravera, Valentina (La Libertad Avanza - Santa Fe).
• Ravier, Adrian (La Libertad Avanza - La Pampa).
• Razzini, Veronica (La Libertad Avanza - Santa Fe).
• Reichardt, Karen (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Riesco, Gaston (La Libertad Avanza - Neuquén).
• Ritondo, Cristian A. (PRO - Buenos Aires).
• Roca, Gonzalo (La Libertad Avanza - Córdoba).
• Rodríguez, Miguel (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
• Rodríguez Machado, Laura Elena (La Libertad Avanza - Córdoba).
• Ruiz, Yamila (Innovación Federal - Misiones).
• Sánchez Wrba, Javier (PRO - Buenos Aires).
• Santillan Juarez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Santurio, Santiago (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Schneider, Dario (UCR - Entre Ríos).
• Soldano, Laura (La Libertad Avanza - Córdoba).
• Tomassoni, Yamile (La Libertad Avanza - Santa Fe).
• Torres, Ruben Dario (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Tortoriello, Aníbal (La Libertad Avanza - Río Negro).
• Tournier, Jose Federico (La Libertad Avanza - Corrientes).
• Treffinger, Cesar (La Libertad Avanza - Chubut).
• Urien, Hernan (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Vancsik, Daniel (Innovación Federal - Misiones).
• Vásquez, Patricia (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Vega, Yolanda (Innovación Federal - Salta).
• Vera, Andrea Fernanda (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
• Verasay, Pamela Fernanda (UCR - Mendoza).
• Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza - Río Negro).
• Visconti, Gino (La Libertad Avanza - La Rioja).
• Yeza, Martin (PRO - Buenos Aires).
• Zago, Oscar (MID - CABA).
• Zapata, Carlos Raul (La Libertad Avanza - Salta).
• Zigaran, Maria Ines (Provincias Unidas - Jujuy).

Quiénes votaron en contra

• Aguirre, Hilda (Unión por la Patria - La Rioja).
• Ali, Ernesto “Pipi” (Unión por la Patria - San Luis).
• Alvarez, Claudio (Innovación Federal - San Luis).
• Andino, Cristian (Unión por la Patria - San Juan).
• Andrade, Javier (Unión por la Patria - CABA).
• Araujo Hernández, Jorge Neri (Unión por la Patria - Tierra del Fuego).
• Aveiro, Martín (Unión por la Patria - Mendoza).
• Banfi, Karina (Adelante Buenos Aires).
• Barbur, Marcelo (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
• Basterra, Luis Eugenio (Unión por la Patria - Formosa).
• Basualdo, Carolina (Provincias Unidas - Córdoba).
• Biella, Bernardo (Innovación Federal - Salta).
• Bordet, Gustavo (Unión por la Patria - Entre Ríos).
• Borgatta, Alejandrina (Unión por la Patria - Santa Fe).
• Bregman, Myriam (PTS - Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - CABA).
• Brugge, Juan Fernando (Provincias Unidas - Córdoba).
• Cafiero, Santiago (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Campitelli, Celia (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
• Campo, Julieta Marisol (Unión por la Patria - Chaco).
• Campora, Lucia (Unión por la Patria - CABA).
• Carignano, Florencia (Unión por la Patria - Santa Fe).
• Casas, Sergio Guillermo (Unión por la Patria - La Rioja).
• Castagneto, Carlos Daniel (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Chica, Jorge (Unión por la Patria - San Juan).
• Cisneros, Carlos (Unión por la Patria - Tucumán).
• De La Rosa, Maria Graciela (Unión por la Patria - Formosa).
• De La Sota, Natalia (Defendamos Córdoba).
• Del Caño, Nicolás (PTS - Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires).
• Del Pla, Romina (PTS - Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires).
• Díaz, Fernanda (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Dolce, Sergio (Unión por la Patria - Chaco).
• Estevez, Gabriela Beatriz (Unión por la Patria - Córdoba).
• Farias, Pablo (Provincias Unidas - Santa Fe).
• Félix, Emir (Unión por la Patria - Mendoza).
• Fernández, Jorge (Primero San Luis).
• Ferran, Abelardo (Unión por la Patria - La Pampa).
• Freites, Andrea (Unión por la Patria - Tierra del Fuego).
• Galmarini, Sebastián (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• García, María Teresa (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• García Aresca, Ignacio (Provincias Unidas - Córdoba).
• Giuliano, Diego A. (Unión por la Patria - Santa Fe).
• Glinski, Jose (Unión por la Patria - Chubut).
• Gómez, José (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
• Grabois, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Gutiérrez, Carlos (Provincias Unidas - Córdoba).
• Hadad, Raúl (Unión por la Patria - Corrientes).
• Hagman, Itai (Unión por la Patria - CABA).
• Ianni, Ana María (Unión por la Patria - Santa Cruz).
• Juliano, Pablo (Provincias Unidas - Buenos Aires).
• Lanesan Sancho, Moira (Unión por la Patria - Santa Cruz).
• Leiva, Aldo (Unión por la Patria - Chaco).
• López, Jimena (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• López Pasquali, Cecilia (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
• Luque, Juan Pablo (Unión por la Patria - Chubut).
• Mango, Marcelo (Unión por la Patria - Río Negro).
• Manrique, Mario (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Marclay, Marianela (Unión por la Patria - Entre Ríos).
• Marin, Varinia Lis (Unión por la Patria - La Pampa).
• Marino, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Martínez, German Pedro (Unión por la Patria - Santa Fe).
• Michel, Guillermo (Unión por la Patria - Entre Ríos).
• Miño, Fernanda (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Molina, Juan Carlos (Unión por la Patria - Santa Cruz).
• Molle, Matías (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Monzón, Roxana (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Moreau, Cecilia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Moyano, Hugo Antonio (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Mukdise, Jorge (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
• Neder, Estela Mary (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
• Olmos, Kelly (Unión por la Patria - CABA).
• Osuna, Blanca Inés (Unión por la Patria - Entre Ríos).
• Palazzo, Sergio Omar (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Palladino, Claudia María (Unión por la Patria - Catamarca).
• Parola, Maria Graciela (Unión por la Patria - Formosa).
• Paulon, Esteban (Provincias Unidas - Santa Fe).
• Pedrali, Gabriela (Unión por la Patria - La Rioja).
• Penacca, Paula Andrea (Unión por la Patria - CABA).
• Pietragalla Corti, Horacio (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Pitrola, Nestor (PTS - Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires).
• Pokoik, Lorena (Unión por la Patria - CABA).
• Potenza, Luciana (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Propato, Agustina Lucrecia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Rauschenberger, Ariel (Unión por la Patria - La Pampa).
• Roberto, Santiago Luis (Unión por la Patria - CABA).
• Rossi, Agustin Oscar (Unión por la Patria - Santa Fe).
• Salzmann, Marina Dorotea (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Sand, Nancy (Unión por la Patria - Corrientes).
• Scaglia, Gisela (Provincias Unidas - Santa Fe).
• Selva, Sabrina (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Serquis, Adriana Cristina (Unión por la Patria - Río Negro).
• Siley, Vanesa Raquel (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Strada, Julia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Taiana, Jorge (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Tailhade, Rodolfo (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Tepp, Caren (Unión por la Patria - Santa Fe).
• Tita, Paulo Agustín (Unión por la Patria - Tierra del Fuego).
• Todero, Pablo (Unión por la Patria - Neuquén).
• Torres, Alejandra (Provincias Unidas - Córdoba).
• Trotta, Nicolas Alfredo (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Valdes, Eduardo Felix (Unión por la Patria - CABA).
• Velázquez, M. Elena (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Volnovich, Luana (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Yedlin, Pablo Raul (Unión por la Patria - Tucumán).
• Zaracho, Natalia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
• Zulli, Christian Alejandro (Unión por la Patria - Corrientes).

Las abstenciones

• Ávila, Fernanda (Elijo Catamarca).
• Ferraro, Maximiliano (Coalición Cívica por la Ciudad de Buenos Aires).
• Monguillot, Fernando (Elijo Catamarca).
• Noblega, Sebastián (Elijo Catamarca).

El proyecto para restringir el subsidio de gas en el régimen de Zona Fría está en pleno debate en el Congreso y obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados.

En caso de que se aprueben en el Senado las modificaciones a la norma que busca el Gobierno, se reduciría el alcance del subsidio, de manera que este se focalizará únicamente en regiones con clima severo y en ciertos hogares vulnerables. El objetivo es reducir el gasto público, con un ahorro fiscal estimado en $272.099 millones.

Según pudo saber Infobae, la norma vigente —que rige hasta 2031— genera actualmente un déficit de $485.000 millones. El régimen demanda transferencias del Tesoro Nacional debido a que, según la versión oficial, el fondo fiduciario nutrido por un recargo del 7,5% sobre el gas resulta insuficiente para cubrir los subsidios otorgados. Entonces, en caso de ser aprobada, la nueva norma modificaría el acceso al beneficio para 1,2 millones de hogares en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis, que quedarían excluidos del esquema preferencial habilitado por la ampliación de 2021.

La propuesta oficial, enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, mantiene la bonificación plena solo en la Región Patagónica, el departamento Malargüe en Mendoza y la Puna. En el resto de las zonas sumadas en 2021, el subsidio continuará exclusivamente para usuarios residenciales que cumplan con los criterios de ingresos del Subsidio Energético Focalizado (SEF), es decir, ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales, poseedores del Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas o titulares del Certificado Único de Discapacidad. Para la mayoría de los usuarios de la zona ampliada que no califiquen bajo estos requisitos, el beneficio será eliminado y recibirán la factura plena.

El cálculo de la bonificación también se modifica. En caso de sancionarse, el subsidio ya no abarcará toda la factura, sino solo el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que reduce su impacto. El actual descuento oscila entre el 30% y 50%, aunque varía dependiendo de la región.

La revisión excluye en concreto a 55 departamentos de Buenos Aires, 13 de Córdoba, 12 de La Pampa, 8 de San Luis y 8 de Santa Fe del régimen preferencial, una redefinición que —según IERAL— impacta principalmente en los hogares considerados de mayores ingresos en las regiones sumadas durante 2021. Para los usuarios de la zona fría histórica, en cambio, el subsidio persistirá, pero sobre una base menor, lo que igualmente implica un aumento, aunque más contenido que para el resto.

Impacto tarifario

El informe modeló el efecto de la reforma con ejemplos de usuarios residenciales de categoría R2-2. En Bahía Blanca, por ejemplo, un hogar con consumo promedio de 118 m³ mensuales vería incrementarse su factura de $19.945 a $39.890, un salto del 100 por ciento. En el caso de los hogares que califiquen para el SEF bajo los nuevos criterios en esa misma ciudad, la suba sería del 22 por ciento. En la zona fría histórica, representada por ciudades como Neuquén, los aumentos anticipados serían del 20 por ciento. Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el régimen nunca fue aplicado, las tarifas se mantendrán sin cambios.

Esta reestructuración segmenta a los usuarios en cuatro grupos:

• Usuarios vulnerables de la zona ampliada (que acceden al SEF): mantendrán una bonificación parcial, menor a la actual, ya que solo se aplicará sobre el PIST.
• Usuarios de la zona ampliada (que no acceden al SEF): experimentarán los mayores incrementos, llegando a duplicar el monto mensual abonado.
• Usuarios de la zona fría histórica: seguirán recibiendo el subsidio, pero sobre una base menor, lo que implica un aumento más moderado.
• Usuarios fuera de ambos regímenes: no tendrán cambios, ya que no reciben subsidio y su consumo promedio es menor.

Reducción del gasto público y protección social focalizada

El régimen de Zona Fría fue creado en 2002 para compensar tarifariamente a quienes habitan en regiones de bajas temperaturas, facilitando el acceso al gas natural. La ampliación impulsada en 2021 por el diputado Máximo Kirchner, multiplicó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, lo cual representó casi la mitad de los usuarios de gas por red del país. El Gobierno actual, en su mensaje enviado al Congreso, juzgó que tal expansión abarcó zonas sin condiciones climáticas extremas, con Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe como casos ejemplares, y calificó el esquema como “fiscalmente insostenible”.

El proyecto en tratamiento persigue dos ejes: reducir el gasto del Estado y reformular los subsidios para que reflejen mejor los costos reales del sistema energético. Según el informe de IERAL, “la transición al nuevo régimen podría generar aumentos abruptos en las tarifas para algunos usuarios”, por lo cual se recomienda la implantación de mecanismos de gradualidad y reglas claras que acompañen a los grupos vulnerables. El estudio destaca la necesidad de combinar criterios de clima, ingresos y consumo a la hora de definir la elegibilidad, para evitar injusticias y exclusiones indebidas.

Los exdiputados Juan Barahona, Osman Chávez, Silvia Ayala y Karen Martínez fueron los primeros en presentarse este miércoles ante las instalaciones del Ministerio Público (MP), específicamente ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, tras ser citados en condición de investigados dentro de un proceso administrativo relacionado con la integración de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

Desde tempranas horas de la mañana, los excongresistas llegaron acompañados de sus equipos legales, quienes interpusieron un escrito de apersonamiento con el objetivo de conocer formalmente los motivos de la investigación y garantizar el derecho a la defensa de sus representados.

Las citaciones emitidas por el Ministerio Público también alcanzan al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, así como a otros diputados y exdiputados que integraron o estuvieron vinculados a la Comisión Permanente durante el período en investigación.

El exdiputado de Libre Juan Barahona manifestó que acudió al llamado fiscal en cumplimiento de la ley y aseguró desconocer los señalamientos concretos que pesan en su contra.

“La citatoria solo dice que uno debe comparecer por una investigación que hay, pero no especifican qué tipo de investigación es la que están haciendo, por eso vengo porque no debo nada, ni he cometido delito en mis acciones”, expresó Barahona a su llegada al Ministerio Público.

El exparlamentario agregó que, una vez concluida su comparecencia ante los fiscales, brindaría declaraciones más amplias a los medios de comunicación sobre el proceso que enfrentan los exintegrantes de la Comisión Permanente.

Por su parte, el exdiputado Osman Chávez sostuvo que se presentó “con la frente en alto” y negó haber causado daño al país durante su gestión legislativa.

“Yo fui representante del Partido Salvador de Honduras, no de Libre en la Comisión Permanente, esto es una persecución política contra Redondo, no hicimos nada malo”, declaró Chávez ante periodistas apostados en las afueras de la Fiscalía.

Mientras tanto, las exdiputadas Silvia Ayala y Karen Martínez ingresaron al edificio del Ministerio Público sin brindar declaraciones públicas.

Asimismo, se informó que el diputado Carlos Raudales también se presentaría durante el transcurso de la mañana para atender el requerimiento fiscal.

De igual forma, se esperaba la llegada del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en medio de una creciente expectativa mediática y política por el desarrollo de las diligencias investigativas.

Las defensas de los exdiputados señalaron que no pueden emitir declaraciones ni permitir que sus representados rindan una comparecencia formal mientras no conozcan con precisión el contenido del expediente o las acusaciones que motivan la investigación.

En ese sentido, los abogados presentaron un escrito solicitando acceso al proceso investigativo y, además, pidieron un cambio de fecha para que los citados puedan presentar documentación y preparar una declaración más amplia ante los fiscales.

Tras la presentación del escrito, los exdiputados abandonaron rápidamente las instalaciones del Ministerio Público y quedaron a la espera de la resolución que adopte la Fiscalía respecto a la solicitud de sus defensas.

El Ministerio Público confirmó además que el martes hizo entrega de citaciones a los diputados Fabricio Sandoval, Linda Donaire, Edgardo Casaña y Kritza Pérez, quienes deberán establecer el lugar donde se les tomará declaración.

No obstante, las autoridades informaron que fue imposible entregar las citaciones a las diputadas Sherly Arriaga y Luz Angélica Smith.

Entre los citados por el ente acusador figuran Luis Redondo Guifarro, Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire. Además, se encuentra pendiente la definición de fecha, hora y lugar para la comparecencia de los actuales diputados Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña.

El Ministerio Público aclaró que todos los señalados han sido citados en condición de investigados, como parte de un procedimiento que busca garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa dentro de una investigación administrativa en curso.

A fin de conseguir la media sanción al proyecto que introduce cambios en el sistema de subvenciones de la Ley de Zona Fría, el Gobierno negoció con las provincias del norte el otorgamiento de un subsidio en la boleta de luz por “Zona Cálida”, que implica un mayor gasto público y complica el ajuste que se pretendía inicialmente. Sin embargo, parte de la oposición no dialoguista alertó que la medida se implementará por una Resolución del Ministerio de Economía y que podría no cumplirse.

A pesar de que el objetivo de la iniciativa era recortar el gasto público, durante la negociación política en la Cámara de Diputados, la administración libertaria ofreció una contrapartida para sumar votos: prometió a varias provincias del norte y centro del país como Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones y Santa Fe la creación de subsidios para la electricidad en zonas muy cálidas y cálidas, con un costo fiscal estimado de entre USD 71 millones y USD 95 millones anuales. La implementación de este beneficio quedaría bajo una Resolución del Ministerio de Economía, lo que genera incertidumbre sobre su cumplimiento.

El documento que el oficialismo entregó a los diputados se tituló “Resolución Bonificaciones y Bloques adicionales de verano y primavera para zonas bioambientales Ia, Ib y IIb (muy cálidas y cálidas)”. En ese texto, el Gobierno planteó un aumento de los bloques de subsidios en los meses de noviembre y marzo, al menos. Para la Zona muy Cálida (Ia y Ib), el bloque adicional sería de 300 kW/h; en la Zona Cálida (IIb), de 200 kW/h. Este mecanismo supondría un aumento en la transferencia de recursos estatales hacia las provincias involucradas.

Según pudo saber Infobae, actualmente Zona Fría genera un déficit de 485.000 millones de pesos. En tanto, de aprobarse la ley, el ahorro para las arcas del Estado sería de 272.099 millones de pesos. Según fuentes oficiales de la Secretaría de Energía, la cifra mencionada no incluye el gasto adicional de los subsidios otorgados en la boleta de gas durante la negociación, que oscila entre USD 71 millones y USD 90 millones anuales. Al tipo de cambio mayorista de $1.400, esto representa $126.000 millones, es decir, la mitad del ahorro que se buscaba.

El oficialismo impulsó un proyecto que propuso la sustitución del artículo 75 de la Ley 25.565 y del artículo 148 de la Ley 11.672, con el foco en restringir el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. El texto estableció que el fondo solo financie compensaciones a empresas proveedoras por ventas de gas natural y gas licuado de petróleo en la Patagonia, el departamento de Malargüe en Mendoza y la región de la Puna. Además, incluyó la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas.

El proyecto determinó que el recargo para financiar el fondo podrá alcanzar hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, aplicándose a todos los metros cúbicos comercializados por redes a nivel nacional, salvo los exportados o los inyectados por GNL importado y regasificado. También redefinió el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría, limitando la ayuda a las regiones históricas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna, y dejando afuera a provincias que ingresaron con la ampliación de 2021: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y otras.

Es que en la extensión de 2021, el Congreso amplió el criterio a partir de parámetros bioambientales, lo que llevó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red. El fuerte crecimiento de beneficiarios tensionó el Fondo Fiduciario y llevó al Gobierno a revisar el esquema de financiamiento, con el objetivo de ajustar el gasto público y redefinir quiénes reciben el subsidio por zona fría.

El debate

La negociación política giró así sobre la base de promesas que, hasta el momento, solo existen en documentos internos y en la palabra de los funcionarios. El diputado Esteban Paulon cuestionó con dureza el procedimiento durante la sesión: “Salieron a revolear la ‘Zona cálida’, que no existe. Es un papelito, una hojita de Word que dice: ‘Zona cálida’, si acá hay gente que dio quórum pensando que en algún momento va a llegar la ‘Zona cálida’ a su provincia, suerte; si hay un gobierno mal pagador de los compromisos, es este”.

El trasfondo de la discusión muestra el dilema entre el objetivo oficial de ajustar el gasto público y la presión de los diputados -ergo sus gobernadores- para mantener o expandir los beneficios energéticos. La redefinición del Fondo Fiduciario y la limitación a las zonas históricas buscó recortar el universo de beneficiarios y aliviar el peso fiscal, pero la necesidad de obtener acuerdos en la Cámara de Diputados forzó al Gobierno a prometer nuevos subsidios para las provincias del norte.

El resultado dejó un esquema de subsidios segmentado: por un lado, zonas históricas que conservaron el beneficio en el gas a través del Fondo Fiduciario; por otro, regiones del norte que esperan la instrumentación de subsidios eléctricos, condicionados a una resolución administrativa cuya emisión y alcance todavía no están garantizados.

El oficialismo se anotó este miércoles varias victorias en la Cámara de Diputados. Tras frenéticas negociaciones con un grupo de gobernadores, los libertarios lograron darle media sanción al recorte de subsidios al gas natural por Zonas Frías que permitirá un ahorro fiscal de casi $300 mil millones. Fue por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. Además, La Libertad Avanza y sus aliados aprobaron la denominada Ley Hojarasca -que elimina leyes obsoletas- y una decena de tratados internacionales. Por otro lado, bloquearon sin mayores sobresaltos la convocatoria de la oposición para interpelar al jefe de Gabinete Manuel Adorni a raíz de las denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito.

El proyecto para modificar el régimen de Zonas Frías era el verdadero plato fuerte de la jornada y quedó como último punto del temario. Las negociaciones con las provincias continuaron durante toda la tarde y algunos diputados evitaron adelantar su voto hasta último momento. “Estuvieron pidiendo de todo, como siempre”, explicaron desde las filas libertarias.

Ayer por la tarde trascendió que la prenda de negociación que garantizó los votos fue una “compensación” para las provincias del norte por vía de subsidios a la energía eléctrica. Entre las potenciales beneficiadas por “zona cálida” se destacaban Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán. Pero los gobernadores exigían garantías porque temían que la Casa Rosada luego no cumpliera con su palabra.

La votación terminó con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. Los libertarios contaron con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, casi todos los integrantes de Innovación Federal (un salteño se opuso), las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo, la diputada del monobloque La Neuquinidad, los tres tucumanos de Independencia, la ex libertaria Lourdes Arrieta y los jujeños Jorge Rizzoti y María Inés Zigarán. Los tres diputados de Elijo Catamarca se abstuvieron.

Ahora el proyecto será girado al Senado, donde las provincias tienen aún más poder y continuarán las negociaciones con la Casa Rosada.

Qué propone la modificación del régimen de Zonas Frías

La iniciativa oficial restringe la bonificación de hasta el 50% de la tarifa de gas únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. Por lo tanto, excluye a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. En esa reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de “zona fría” a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.

Desde la Casa Rosada aseguran que “ninguna persona que la necesite perderá la ayuda estatal” ya que los hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales podrán registrarse en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para mantener el subsidio. También podrán inscribirse beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), ex combatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad.

Según datos de la Secretaría de Energía, volver al esquema original representará un ahorro fiscal de $272.099 millones. En total, quedarán fuera del régimen 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán.

Además, el proyecto permitirá que las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal que se vieron afectadas durante los últimos años por el congelamiento de tarifas puedan aplicar ese crédito para cancelar deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), a condición de que abandonen todos los reclamos judiciales o administrativos vinculados.

Al inicio del debate, el presidente de la Comisión de Energía, el libertario Facundo Correa Llano aseguró que “durante años la política argentina se construyó sobre subsidios indiscriminados, sobre distorsiones, sobre privilegios”. “Eso nos llevó a confundir lo que es la sensibilidad social con desorden, subsidios con privilegios, y política energética con populismo tarifario. Los resultados están a la vista: desinversión, atraso, subsidios mal asignados y millones de argentinos pagando un sistema injusto. Ese modelo fracasó, eso es lo que hoy venimos a corregir”, explicó.

Por su parte, desde la oposición calificaron la medida como un “tarifazo” disfrazado porque representará un fuerte aumento en las boletas de las zonas que quedarán fuera del régimen. Por otro lado, señalaron que también significará un aumento para la provincias que quedaron incluídas en el régimen porque “se cambia la base del cálculo del subsidio y se deja afuera la distribución y el transporte del gas”.

A modo de ejemplo, la diputada bonaerense Marina Salzmann mostró una boleta de gas de una jubilada de Marcos Paz, que en abril pagó $26 mil y sin el subsidio pasaría a pagar $45.500 mil, “lo que significa el 11% de sus ingresos como jubilada de la mínima”. “El único que se beneficia es el ministro de Economía que quiere que le cierren las cuentas”, fustigó.

“Tómense el trabajo de leer. Si cobran hasta tres canastas básicas, si hay una persona con discapacidad, si tienen el certificado de vivienda única, van a mantener el subsidio. Quienes más lo necesiten van a recibir el subsidio. Dejen de mentir”, retrucó la sanjuanina Nancy Picón Martínez, que responde al gobernador Marcelo Orrego.

La pelea reglamentaria al inicio de la sesión

La sesión comenzó pasadas las 10 con la presencia de LLA, el PRO, la UCR, el MID, la radical disidente Karina Banfi, Innovación Federal, las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo, la diputada del monobloque La Neuquinidad, los tres tucumanos de Independencia, la ex libertaria Lourdes Arrieta y la radical jujeña María Inés Zigarán que contribuyeron a conseguir el quórum de 129 presentes.

El inicio del debate transcurrió en un clima de tensión y hubo fuertes cruces entre la oposición y Martín Menem por una disputa reglamentaria, ya que la oposición también había convocado a una sesión pero a las 11 con el objetivo de interpelar al jefe de Gabinete, para que brinde explicaciones sobre sus viajes y patrimonio.

Por eso, el peronismo propuso someter a votación una moción para que se pase a cuarto intermedio a las 11, lo que habilitaría el comienzo de la sesión opositora. Pero el libertario Nicolás Mayoraz contestó que era sabido que el oficialismo planeaba sesionar este miércoles por lo que rechazó que se haya tratado de una maniobra para obstruir la convocatoria de la oposición. En ese sentido, señaló que resulta “imposible” suspender una sesión en curso para iniciar otra.

“No hay un solo antecedente de que una sesión especial interrumpa otra en toda la historia de la Cámara”, concluyó Martín Menem. Tras un acalorado intercambio de acusaciones, finalmente el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, cambió su moción y propuso concluir la sesión vigente. Esa moción fue rechazada por 131 votos negativos contra 111 positivos, por lo que los libertarios pudieron continuar con su temario.

La ley Hojarasca que impulsó Sturzenegger

El primer proyecto de la orden del día fue la denominada ley Hojarasca, una iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Su objetivo es eliminar 58 leyes, modificar artículos de otras ocho y derogar dos decretos porque, según el Gobierno, fueron superadas por normativas posteriores, quedaron obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo, afectan libertades individuales, generan burocracia innecesaria, refieren a organismos ya disueltos u organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.

Al momento de la votación, la norma obtuvo 139 votos positivos, 96 en contra y 9 abstenciones. Junto con los libertarios votaron a favor el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad y cinco diputados de Provincias Unidas (Lourdes Arrieta, Jorge Ávila, José Núñez, Gisela Scaglia y Alejandra Torres).

Luego se aprobaron por amplia mayoría una serie de convenios y tratados internacionales: para el convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia, suscripto en La Haya, Países Bajos, el 23 de noviembre de 2007; el tratado de extradición entre la República Argentina y la República de Polonia, suscripto en Buenos Aires, el 5 de diciembre de 2019; el tratado de extradición entre la República Argentina y la República de Costa Rica, suscripto en Buenos Aires, el 21 de marzo de 2019; el tratado sobre traslado de personas condenadas o sujetas a medidas de seguridad entre la República Argentina y la República Italiana, suscripto en Buenos Aires el 8 de mayo de 2017; el tratado sobre asistencia jurídica mutua en materia penal entre la República Argentina y la República de Serbia, suscripto en Belgrado, Serbia, el 14 de octubre de 2019; el tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre la República Argentina y la República de Cuba, celebrado en Buenos Aires, el 19 de noviembre de 2021; el tratado de extradición entre la República Argentina y la República de Chile, suscripto en Santiago, Chile, el 5 de diciembre de 2023; el convenio internacional de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragio, 2007, celebrado en Nairobi, Kenia, el 18 de mayo de 2007; el tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre Autoridades Centrales (Tratado de Medellín), celebrado en Medellín, Colombia, el 24 y 25 de julio de 2019, y su Reglamento de Financiación, aprobado el 14 de febrero de 2022, y finalmente el acuerdo marco entre la República Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, suscripto en Ginebra, Suiza, el 2 de noviembre de 2016.

También se le concedió la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate” al Brigadier (R) “VGM” Jorge Francisco Martínez, por su actuación en la Guerra de Malvinas.

La Cámara de Diputados aprobó por una importante mayoría el proyecto de ley Hojarasca. La votación que terminó con 138 votos a favor y 96 en contra se desarrolló en una sesión marcada por cruces reglamentarios, chicanas entre bancas y un pulso político que el oficialismo ganó por la vía del número.

La jornada abrió con una disputa procedimental que consumió más de una hora del debate. La Libertad Avanza había convocado una sesión especial para las 10 de la mañana, una hora antes que la cita opositora prevista para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito. Con 129 diputados presentes, el oficialismo alcanzó el quórum mínimo y dejó sin efecto la convocatoria de Unión por la Patria.

El jefe del bloque opositor, Germán Martínez, presentó una moción de orden amparada en el artículo 127 del reglamento para pasar a cuarto intermedio a las 11 y habilitar la sesión rival, pero la moción fue rechazada por 131 votos contra 111. Desde la oposición, diputados como Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Agustín Rossi y Paula Penacca acusaron a Menem de no someter la moción a votación de inmediato y de interpretar el reglamento de manera selectiva. Menem respondió que la oposición pretendía “usufructuar el quórum de otra sesión que ya comenzó”.

Despejada esa instancia, la Cámara inició con el debate de la Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, conocida como “Ley Hojarasca”, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La norma elimina 58 leyes, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos. Desde Unión por la Patria, Pablo Yedlin advirtió que la derogación de la Ley 26.688 —que declara de interés nacional la producción pública de medicamentos y vacunas— podría afectar al Instituto Maiztegui de Pergamino, único productor mundial de la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina. Nicolás Trotta, por su parte, cuestionó la eliminación de restricciones a la participación extranjera en medios de comunicación y la posible derogación de la ley de Industria Automotriz.

Tras la media sanción, el cuerpo inició el debate sobre la reforma del régimen de subsidios al gas por Zonas Frías, una iniciativa que busca revertir la ampliación sancionada en 2021 y que, según el Ejecutivo, llevó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares.

Quienes votaron a favor

• Aguero, Guillermo César — UCR - Unión Cívica Radical — Chaco
• Ajmechet, Sabrina — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
• Almena, Carlos Alberto — La Libertad Avanza — San Luis
• Almirón, Lisandro — La Libertad Avanza — Corrientes
• Álvarez, Claudio — Innovación Federal — San Luis
• Andreussi, Barbara — La Libertad Avanza — Jujuy
• Ansaloni, Pablo — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Arabia, Damián — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
• Ardohain, Martín — PRO — La Pampa
• Arrieta, Lourdes Micaela — Provincias Unidas — Mendoza
• Arrúa, Alberto — Innovación Federal — Misiones
• Avico, Belén — La Libertad Avanza — Córdoba
• Avila, Fernanda — Elijo Catamarca — Catamarca
• Avila, Jorge Antonio — Provincias Unidas — Chubut
• Banfi, Karina — Adelante Buenos Aires — Buenos Aires
• Basualdo, Atilio — La Libertad Avanza — Formosa
• Becerra, Mónica — La Libertad Avanza — San Luis
• Benedit, Beltrán — La Libertad Avanza — Entre Ríos
• Benegas Lynch, Bertie — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Bianchetti, Emmanuel — PRO — Misiones
• Biella, Bernardo — Innovación Federal — Salta
• Bongiovanni, Alejandro — La Libertad Avanza — Santa Fe
• Bornoroni, Gabriel — La Libertad Avanza — Córdoba
• Brizuela, Adrián — La Libertad Avanza — Catamarca
• Bruno, Eliana — La Libertad Avanza — Salta
• Campero, Mariano — La Libertad Avanza — Tucumán
• Carrancio, Alejandro — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Castelnuovo, Giselle — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Chiconi, Abel — La Libertad Avanza — San Juan
• Cipolini, Gerardo — UCR - Unión Cívica Radical — Chaco
• Correa Llano, Facundo — La Libertad Avanza — Mendoza
• de Andreis, Fernando — PRO — Ciudad de Buenos Aires
• De Sensi, María Florencia — PRO — Buenos Aires
• Diez, Romina — La Libertad Avanza — Santa Fe
• Emma, Nicolás — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
• Falcone, Eduardo — MID - Movimiento de Integración y Desarrollo — Buenos Aires
• Fargosi, Alejandro — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
• Fernández, Elia Marina — Independencia — Tucumán
• Fernández Molero, Daiana — PRO — Ciudad de Buenos Aires
• Ferreyra, Alida — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
• Figliuolo, Sergio — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Finocchiaro, Alejandro — PRO — Buenos Aires
• Flores, María Gabriela — La Libertad Avanza — Salta
• Fregonese, Alicia — PRO — Entre Ríos
• Frías, Maira — La Libertad Avanza — Chubut
• Gallardo, María Virginia — La Libertad Avanza — Corrientes
• García, Álvaro — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• García, Carlos — La Libertad Avanza — Chaco
• Garrido, José Luis — Por Santa Cruz — Santa Cruz
• Giampieri, Antonela — PRO — Ciudad de Buenos Aires
• Giudici, Silvana — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
• Goitia, Rosario — La Libertad Avanza — Chaco
• Gonzales, Alfredo — La Libertad Avanza — Jujuy
• González, Álvaro — PRO — Ciudad de Buenos Aires
• González, Diógenes Ignacio — UCR - Unión Cívica Radical — Corrientes
• González, Gerardo Gustavo — Innovación Federal — Formosa
• González Estevarena, María Luisa — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Gruber, Maura — La Libertad Avanza — Misiones
• Guzmán, Jairo — La Libertad Avanza — Santa Cruz
• Hartfield, Diego — La Libertad Avanza — Misiones
• Herrera Ahuad, Oscar A. — Innovación Federal — Misiones
• Holzman, Patricia — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
• Huesen, Gerardo — La Libertad Avanza — Tucumán
• Humenuk, Gladys — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Ibañez, María Cecilia — La Libertad Avanza — Córdoba
• Jaime Quiroga, Carlos Gustavo — Producción y Trabajo — San Juan
• Laumann, Andrés Ariel — La Libertad Avanza — Entre Ríos
• Lemoine, Lilia — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Leone, Andrés — La Libertad Avanza — Ciudad de Buenos Aires
• Llano, Mercedes — La Libertad Avanza — Mendoza
• Lluch, Enrique — La Libertad Avanza — Córdoba
• Longo, Johanna Sabrina — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Macyszyn, Lorena — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Martínez, Álvaro — La Libertad Avanza — Mendoza
• Maureira, Karina — La Neuquinidad — Neuquén
• Mayoraz, Nicolás — La Libertad Avanza — Santa Fe
• Medina, Gladys — Independencia — Tucumán
• Metral Asensio, Julieta — La Libertad Avanza — Mendoza
• Molinuevo, Soledad — La Libertad Avanza — Tucumán
• Mondaca, Soledad — La Libertad Avanza — Neuquén
• Monguillot, Fernando — Elijo Catamarca — Catamarca
• Montenegro, Guillermo — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Montenegro, Juan Pablo — La Libertad Avanza — Santa Fe
• Morchio, Francisco — La Libertad Avanza — Entre Ríos
• Moreno Ovalle, Julio — La Libertad Avanza — Salta
• Muñoz, Gabriela Luciana — La Libertad Avanza — Neuquén
• Nieri, Lisandro — UCR - Unión Cívica Radical — Mendoza
• Niveyro, Miriam — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Nóblega, Sebastián — Elijo Catamarca — Catamarca
• Noguera, Javier — Independencia — Tucumán
• Nuñez, José — Provincias Unidas — Santa Fe
• Ojeda, Joaquín — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Outes, Pablo — Innovación Federal — Salta
• Pareja, Sebastián — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Patiño Brizuela, Marcos — La Libertad Avanza — Córdoba
• Pauli, Santiago — La Libertad Avanza — Tierra del Fuego
• Pellegrini, Agustín — La Libertad Avanza — Santa Fe
• Pelli, Federico Agustín — La Libertad Avanza — Tucumán
• Peluc, José — La Libertad Avanza — San Juan
• Petri, Luis — La Libertad Avanza — Mendoza
• Petrovich, María Lorena — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Picat, Luis Albino — La Libertad Avanza — Córdoba
• Picón Martínez, Nancy Viviana — Producción y Trabajo — San Juan
• Ponce, María Celeste — La Libertad Avanza — Córdoba
• Quintar, Manuel — La Libertad Avanza — Jujuy
• Ravera, Valentina — La Libertad Avanza — Santa Fe
• Ravier, Adrián — La Libertad Avanza — La Pampa
• Razzini, Verónica — La Libertad Avanza — Santa Fe
• Reichardt, Karen — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Riesco, Gastón — La Libertad Avanza — Neuquén
• Ritondo, Cristian A. — PRO — Buenos Aires
• Roca, Gonzalo — La Libertad Avanza — Córdoba
• Rodríguez, Miguel — La Libertad Avanza — Tierra del Fuego
• Rodríguez Machado, Laura Elena — La Libertad Avanza — Córdoba
• Ruíz, Yamila — Innovación Federal — Misiones
• Sánchez Wrba, Javier — PRO — Buenos Aires
• Santillán Juárez Brahim, Juliana — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Santurio, Santiago — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Scaglia, Gisela — Provincias Unidas — Santa Fe
• Schneider, Darío — UCR - Unión Cívica Radical — Entre Ríos
• Soldano, Laura — La Libertad Avanza — Córdoba
• Tomassoni, Yamile — La Libertad Avanza — Santa Fe
• Torres, Alejandra — Provincias Unidas — Córdoba
• Torres, Rubén Darío — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Tortoriello, Aníbal — La Libertad Avanza — Río Negro
• Tournier, José Federico — La Libertad Avanza — Corrientes
• Treffinger, César — La Libertad Avanza — Chubut
• Urien, Hernán — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Vancsik, Daniel — Innovación Federal — Misiones
• Vásquez, Patricia — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Vega, Yolanda — Innovación Federal — Salta
• Vera, Andrea Fernanda — La Libertad Avanza — Buenos Aires
• Verasay, Pamela Fernanda — UCR - Unión Cívica Radical — Mendoza
• Villaverde, Lorena — La Libertad Avanza — Río Negro
• Visconti, Gino — La Libertad Avanza — La Rioja
• Yeza, Martín — PRO — Buenos Aires
• Zago, Oscar — MID - Movimiento de Integración y Desarrollo — Ciudad de Buenos Aires
• Zapata, Carlos Raúl — La Libertad Avanza — Salta

Quienes votaron en contra

• Aguirre, Hilda — Unión por la Patria — La Rioja
• Alí, Ernesto “Pipi” — Unión por la Patria — San Luis
• Andino, Cristian — Unión por la Patria — San Juan
• Andrade, Javier — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
• Araujo Hernández, Jorge Neri — Unión por la Patria — Tierra del Fuego
• Aveiro, Martín — Unión por la Patria — Mendoza
• Barbur, Marcelo — Unión por la Patria — Santiago del Estero
• Basterra, Luis Eugenio — Unión por la Patria — Formosa
• Bordet, Gustavo — Unión por la Patria — Entre Ríos
• Borgatta, Alejandrina — Unión por la Patria — Santa Fe
• Bregman, Myriam — PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad — Ciudad de Buenos Aires
• Brügge, Juan Fernando — Provincias Unidas — Córdoba
• Cafiero, Santiago — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Campitelli, Celia — Unión por la Patria — Santiago del Estero
• Campo, Julieta Marisol — Unión por la Patria — Chaco
• Cámpora, Lucía — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
• Carignano, Florencia — Unión por la Patria — Santa Fe
• Casas, Sergio Guillermo — Unión por la Patria — La Rioja
• Castagneto, Carlos Daniel — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Chica, Jorge — Unión por la Patria — San Juan
• Cisneros, Carlos — Unión por la Patria — Tucumán
• Daives, Ricardo — Unión por la Patria — Santiago del Estero
• de la Rosa, María Graciela — Unión por la Patria — Formosa
• de la Sota, Natalia — Defendamos Córdoba — Córdoba
• del Caño, Nicolás — PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad — Buenos Aires
• Del Plá, Romina — Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad — Buenos Aires
• Díaz, Fernanda — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Dolce, Sergio — Unión por la Patria — Chaco
• Estévez, Gabriela Beatriz — Unión por la Patria — Córdoba
• Félix, Emir — Unión por la Patria — Mendoza
• Fernández, Jorge — Primero San Luis — San Luis
• Ferrán, Abelardo — Unión por la Patria — La Pampa
• Frade, Mónica — Coalición Cívica — Buenos Aires
• Freites, Andrea — Unión por la Patria — Tierra del Fuego
• Galmarini, Sebastián — Unión por la Patria — Buenos Aires
• García, María Teresa — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Giuliano, Diego A. — Unión por la Patria — Santa Fe
• Glinski, José — Unión por la Patria — Chubut
• Gomez, José — Unión por la Patria — Santiago del Estero
• Grabois, Juan — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Hadad, Raúl — Unión por la Patria — Corrientes
• Hagman, Itai — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
• Ianni, Ana María — Unión por la Patria — Santa Cruz
• Lanesan Sancho, Moira — Unión por la Patria — Santa Cruz
• Leiva, Aldo — Unión por la Patria — Chaco
• López, Jimena — Unión por la Patria — Buenos Aires
• López Pasquali, Cecilia — Unión por la Patria — Santiago del Estero
• Luque, Juan Pablo — Unión por la Patria — Chubut
• Mango, Marcelo — Unión por la Patria — Río Negro
• Manrique, Mario — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Marclay, Marianela — Unión por la Patria — Entre Ríos
• Marín, Varinia Lis — Unión por la Patria — La Pampa
• Marino, Juan — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Martínez, Germán Pedro — Unión por la Patria — Santa Fe
• Miño, Fernanda — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Molina, Juan Carlos — Unión por la Patria — Santa Cruz
• Molle, Matías — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Monzón, Roxana — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Moreau, Cecilia — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Moyano, Hugo Antonio — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Mukdise, Jorge — Unión por la Patria — Santiago del Estero
• Neder, Estela Mary — Unión por la Patria — Santiago del Estero
• Olmos, Kelly — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
• Osuna, Blanca Inés — Unión por la Patria — Entre Ríos
• Palazzo, Sergio Omar — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Palladino, Claudia María — Unión por la Patria — Catamarca
• Parola, María Graciela — Unión por la Patria — Formosa
• Paulón, Esteban — Provincias Unidas — Santa Fe
• Pedrali, Gabriela — Unión por la Patria — La Rioja
• Penacca, Paula Andrea — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
• Pietragalla Corti, Horacio — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Pitrola, Néstor — Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad — Buenos Aires
• Pokoik, Lorena — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
• Potenza, Luciana — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Propato, Agustina Lucrecia — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Rauschenberger, Ariel — Unión por la Patria — La Pampa
• Roberto, Santiago Luis — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
• Rossi, Agustín Oscar — Unión por la Patria — Santa Fe
• Salzmann, Marina Dorotea — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Sand, Nancy — Unión por la Patria — Corrientes
• Selva, Sabrina — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Serquis, Adriana Cristina — Unión por la Patria — Río Negro
• Siley, Vanesa Raquel — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Strada, Julia — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Taiana, Jorge — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Tailhade, Rodolfo — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Tepp, Caren — Unión por la Patria — Santa Fe
• Tita, Paulo Agustín — Unión por la Patria — Tierra del Fuego
• Todero, Pablo — Unión por la Patria — Neuquén
• Trotta, Nicolás Alfredo — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Valdés, Eduardo Félix — Unión por la Patria — Ciudad de Buenos Aires
• Velázquez, M. Elena — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Volnovich, Luana — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Yedlin, Pablo Raúl — Unión por la Patria — Tucumán
• Zaracho, Natalia — Unión por la Patria — Buenos Aires
• Zulli, Christian Alejandro — Unión por la Patria — Corrientes

Abstenciones

• Basualdo, Carolina — Provincias Unidas — Córdoba
• Coletta, Mariela — Provincias Unidas — Ciudad de Buenos Aires
• Farías, Pablo — Provincias Unidas — Santa Fe
• Ferraro, Maximiliano — Coalición Cívica — Ciudad de Buenos Aires
• García Aresca, Ignacio — Provincias Unidas — Córdoba
• Gutiérrez, Carlos — Provincias Unidas — Córdoba
• Lousteau, Martín — Provincias Unidas — Ciudad de Buenos Aires
• Massot, Nicolás — Encuentro Federal — Buenos Aires
• Zigarán, María Inés — Provincias Unidas — Jujuy

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, rechazó este miércoles la reforma al régimen de Zona Fría impulsada por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa afectará a 600.000 hogares de la provincia, lo que equivale a aproximadamente dos millones de habitantes. La postura del mandatario cordobés se conoció en el marco de la sesión especial de la Cámara de Diputados en la que el oficialismo buscó —y logró— darle media sanción al proyecto de modificación del régimen de subsidios al gas.

“No castiguen a la clase media ni a los trabajadores”, fue el eje del mensaje de Llaryora, quien cuestionó el método elegido por el Ejecutivo nacional para reformar el esquema de acceso a los beneficios tarifarios. El gobernador no se opuso a revisar quiénes reciben el subsidio, pero sí rechazó la forma: bajar de los padrones a todos los usuarios de una zona para luego exigirles que se reempadronen de manera digital. “Vos sabés que los hogares de menos recursos es muy difícil el empadronamiento. Sabés que la clase media ya casi no llega a fin de mes”, sostuvo.

El mandatario cordobés reconoció que Córdoba es una de las provincias más gasificadas del país y, por eso, el impacto de la reforma sería mayor que en otros distritos. Ante ese escenario, planteó una alternativa: en lugar de tumbar todo el padrón para que los usuarios se reinscriban, el Estado debería utilizar los datos que ya posee para identificar a los hogares de altos ingresos y retirarles el beneficio de forma selectiva.

“Los datos los maneja la nación”, señaló, y cuestionó que se aplique una medida generalizada cuando existe información disponible para actuar con precisión. “Me parece injusto subsidiar a aquellos que tienen altos ingresos”, afirmó, aunque aclaró que eso no justifica perjudicar a quienes sí necesitan el beneficio.

Llaryora estimó que la reforma implicaría una transferencia directa de casi 12.000 millones de pesos desde las familias de clase media y los hogares de trabajadores cordobeses. “Si tenés la intención real de hacer justicia y querés cobrarle a los de alto ingreso, no bajes a toda la gente de una zona y después le digas que tienen que ir a empadronarse con una computadora”, planteó.

La postura del gobernador llegó en la misma jornada en que la Cámara de Diputados debatió el proyecto. El régimen de Zona Fría fue creado en 2002 para compensar las asimetrías tarifarias en regiones con temperaturas más bajas y garantizar el acceso al gas natural a usuarios residenciales.

Una ampliación sancionada en 2021 multiplicó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, lo que el Ejecutivo calificó como fiscalmente insostenible. La reforma que impulsó el oficialismo tiene como objetivo modificar el acceso al beneficio para 1,2 millones de hogares y permitiría un ahorro fiscal de $272.099 millones.

Dentro del recinto, la sesión no estuvo exenta de tensiones. Antes del debate por las zonas frías, el oficialismo debió sortear una disputa reglamentaria con la oposición, que había convocado a otra sesión para las 11 con el objetivo de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La Libertad Avanza logró quórum a las 10 con 129 diputados presentes y, al iniciar su propia sesión, dejó sin efecto la agenda opositora. La moción para pasar a un cuarto intermedio, presentada por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, fue rechazada por 131 votos contra 111.

También durante el debate de la Ley Hojarasca —el otro proyecto del día, que deroga 58 leyes consideradas obsoletas y obtuvo 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones— el diputado Juan Brügge cuestionó el método del Ejecutivo para revisar la normativa vigente. El legislador recordó la existencia del Digesto Jurídico Argentino, un trabajo que comenzó en 1999 con la participación de 200 profesionales y juristas, y en el que opinaron cerca de 60.000 personas en todo el país. Ese proceso concluyó en que, de las 32.000 leyes analizadas, solo 3.353 estaban vigentes. El resultado fue aprobado por el Congreso en 2014 mediante la Ley 26.939.

“Este proyecto peca de no ser participativo, no fueron consultadas las instituciones respectivas, no hay un estudio técnico profundo de la viabilidad o no de la derogación de las leyes de las que se hace mención”, señaló Brügge durante su intervención.

El diputado reclamó que se ponga en marcha la etapa de observaciones prevista en esa ley —un período de 180 días en el que cualquier particular puede manifestar si la derogación de una norma le genera un perjuicio jurídico— y que se conforme la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico, que nunca llegó a crearse.

Brügge también recordó que la Corte Suprema, en la causa Tigre y Guazú SRL, ya había señalado que el Digesto no estaba vigente precisamente porque esa etapa de observaciones no se había cumplido. Para el legislador, la solución no pasa por aprobar un nuevo paquete de derogaciones sin metodología clara, sino por retomar y actualizar el trabajo ya realizado con fondos públicos. “Tenemos que permitir a la ciudadanía que a través de audiencia pública o a través de la comisión bicameral se exprese al respecto”, afirmó.

El Gobierno busca restringir el subsidio de gas del régimen de Zona Fría a las regiones con clima severo, una medida que modificaría el acceso al beneficio para 1,2 millones de hogares y permitiría un ahorro fiscal de $272.099 millones. La reforma se debate en la Cámara de Diputados, junto con un paquete legislativo que también incluye la ley Hojarasca. Según el mensaje que envió el Gobierno al Congreso, el fondo fiduciario sustentado en un recargo del 7,5% sobre el gas resulta insuficiente para costear los subsidios, lo que obligó al Tesoro Nacional a realizar aportes adicionales.

El régimen se creó en 2002 con el objetivo de compensar las asimetrías tarifarias en las regiones con temperaturas más bajas y garantizar el acceso al servicio de gas natural a los usuarios residenciales de esas zonas. Sin embargo, su ampliación, sancionada en 2021 por iniciativa del diputado Máximo Kirchner, multiplicó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales de gas por red. Este crecimiento abarcó zonas que, según la narrativa del Ejecutivo, carecen de condiciones climáticas extremas—como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe—, lo que llevó al Gobierno actual a calificar el esquema como “fiscalmente insostenible”.

El proyecto oficial plantea excluir a las provincias incorporadas en esa última extensión y limitar la asistencia a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, en línea con el criterio original del régimen. Actualmente, los descuentos oscilan entre el 30% y el 50%, aunque el porcentaje depende de cada región. La normativa actual está vigente hasta finales de 2031.

El secretario de Energía Daniel González afirmó durante la Jornada de Energía ON, organizada por Diario de Río Negro, que el objetivo oficial es “normalizar el sector energético”, eje de la política de desregulación promovida por el Poder Ejecutivo en hidrocarburos, gas y electricidad. González señaló respecto al régimen de zona fría: “Lo que está vigente es una aberración. Hay zonas incluidas dentro del régimen que en verdad son templadas y donde el resto del sistema que no tiene zonas frías subsidiadas, independientemente del tipo de consumidor”.

Remarcó que la propuesta es “volver a la zona fría original patagónica y subsidiar el consumo”, a la vez que resaltó: “No vamos a subsidiar ni los impuestos ni el cargo fijo, sino el metro cúbico efectivamente consumido”. El funcionario anticipó un “ahorro importante para el fisco” si el Congreso aprueba los cambios.

Según pudo saber Infobae, actualmente la norma genera un déficit de $485.000 millones. En tanto, de aprobarse la ley, el ahorro para las arcas del Estado sería de $272.099 millones.

La exclusión afectaría a 1,2 millones de hogares

La modificación de la norma excluiría a un total de 1,2 millones de hogares de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis, entre otras provincias que fueron incluidas en 2021.

Hay quienes aseguran que la provincia más damnificada por la modificación de la regulación será Córdoba. En diálogo con Infobae al Regreso, Martín Llaryora advirtió que la reforma pondría en riesgo el subsidio para “600 mil hogares”, equivalente a “casi 2 millones de habitantes” de la provincia.

En este sentido, Llaryora calificó la iniciativa como un “daño tremendo” no solo para Córdoba, sino también para Buenos Aires, Santa Fe, San Juan, San Luis, Salta, La Rioja, Catamarca y Jujuy. El mandatario estimó que el ajuste representaría “casi $12.000 millones de transferencia directa desde las familias de clase media y hogares de trabajadores”. Finalmente, solicitó: “No nos saquen la zona fría, que fue una conquista de años”, a la vez que propuso ampliar el alcance del beneficio en lugar de restringirlo.

De aprobarse la nueva norma, los usuarios que residan en las zonas ampliadas perderán el beneficio, excepto quienes se inscriban en el Subsidio Energético Focalizado (SEF). Según el texto oficial del proyecto y fuentes oficiales, podrán continuar percibiendo el subsidio quienes acrediten ingresos por debajo de tres Canastas Básicas Totales, así como hogares con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas o titulares de Certificado Único de Discapacidad.

Esta redefinición excluye de la Zona Fría a 55 departamentos en Buenos Aires, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 8 en San Luis y 8 en Santa Fe, entre otras áreas. En este escenario, se analizaron “compensaciones” para provincias “cálidas” —como Misiones, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán— que recibirán asistencia mediante subsidios eléctricos durante el verano, considerando el consumo energético elevado por calor extremo registrado en el norte del país.

Cambios en el esquema de financiamiento y tarifas

El proyecto impulsado por el Gobierno responde a la dificultad para sostener el fondo fiduciario con el recargo actual del 7,5%. Según la consultora CEPA, la ampliación de 2021 incrementó el costo fiscal sin respetar el criterio climático que justificaba la creación original del régimen, ya que incorporó regiones con consumos considerablemente menores a los de la Patagonia. La reforma propuesta limita el beneficio a hogares vulnerables incluidos en el SEF y residentes en zonas efectivamente frías, aunque no detalla si el fondo fiduciario será suficiente ni define el monto exacto del subsidio, aspectos que quedarán en manos del Poder Ejecutivo.

A modo de ejemplo, según estimó un estudio de IERAL Fundación Mediterránea, un usuario residencial de Bahía Blanca que quede fuera del SEF afrontará un aumento en la factura del gas de hasta el 100%. Aquellos incluidos en el sistema focalizado mantendrán el subsidio, aunque igualmente serán alcanzados por aumentos debido al cambio en la base de cálculo. El informe sostiene que las subas más significativas recaerán sobre los hogares de las zonas ampliadas que, por sus ingresos, no califiquen para conservar el beneficio.

El Poder Ejecutivo no precisó cómo afectará la reforma a entidades de bien público, como clubes y parroquias, ni comprometió la ejecución de nuevas obras de infraestructura vinculadas al acceso al gas. Además, el monto final del subsidio no será fijado por ley, sino ajustado por el Poder Ejecutivo.

De esta manera, en caso de aprobarse la reforma, solo se subsidiará el consumo de gas efectivo en sectores identificados como vulnerables y localizados geográficamente en zonas de clima severo.

La Libertad Avanza intentará hoy darle media sanción en la Cámara de Diputados a una reforma que restringe el acceso al subsidio de gas por Zona Fría, junto con la denominada ley Hojarasca y una decena de tratados internacionales. Sin embargo, avanzar con estos proyectos no será el único objetivo político del oficialismo: en paralelo apuestan a hacer una demostración de fuerza y desarticular el intento opositor de interpelar, y eventualmente remover, al jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito.

La oposición había convocado a una sesión para este miércoles a las 11 con el objetivo de obligar a Adorni a dar explicaciones sobre sus viajes y su patrimonio. Ya lo habían intentado la semana pasada, pero tuvieron que posponer la sesión porque el quórum (129 diputados presentes) no estaba asegurado. La reticencia de los gobernadores a enfrentarse con la Casa Rosada fue determinante para que la convocatoria fuera un fracaso.

A pedido del peronismo, que había quedado excluido del acuerdo para convocar a la primera sesión, decidieron ampliar el temario para sumar proyectos “sociales”. Entonces, además de la interpelación al jefe de Gabinete se pondrían en debate proyectos relacionados con las licencias por paternidad, la restitución del programa Remediar (medicamentos gratuitos), un proyecto para ampliar las prestaciones del PAMI y pedidos de informe a Sandra Pettovello por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

Sin embargo, La Libertad Avanza convocó a su propia sesión para el mismo día pero una hora antes, a las 10. Según el reglamento, la primera sesión que alcance quórum podrá avanzar con su temario, lo que convertiría en letra muerta la agenda alternativa. Además, el Gobierno podrá exponer una vez más que cuenta con el respaldo de la mayoría de los gobernadores.

El primer proyecto de la orden del día será la denominada ley Hojarasca, una iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Su objetivo es eliminar 70 leyes que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales.

“Con un millón de normas es imposible para un ciudadano saber qué norma le aplican. El primer costo es para el ciudadano. Además, habiendo normas que se superponen o dicen cosas distintas, también se generan problemas en la aplicación. Es un costo para la administración pública. Con este proyecto buscamos comenzar a ordenar esto”, había explicado el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, cuando defendió el proyecto en comisión.

Luego seguirán una serie de tratados internacionales de extradición y asistencia jurídica mutua con Polonia, Costa Rica, Chile, Serbia e Italia, el Convenio de La Haya sobre cobro internacional de alimentos para niños, el Convenio Internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio y una condecoración a un veterano de Malvinas.

Pero el plato fuerte de la jornada será la reforma del régimen de subsidios al gas por Zona Fría. En las filas del oficialismo aseguran que tienen las 129 voluntades necesarias para dar inicio al debate pero reconocen que el verdadero desafío será sostener ese número hasta el final para evitar que la sesión se caiga.

La iniciativa del oficialismo apunta a restringir el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, mientras que excluye a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. En esa reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de “zona fría” a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.

Desde la Casa Rosada aseguran que “ninguna persona que la necesite perderá la ayuda estatal” ya que los hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales podrán registrarse en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para mantener el subsidio. También podrán inscribirse beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), ex combatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad.

Según fuentes oficiales, volver al esquema original representará un ahorro de entre $200 y $460 mil millones. En total, quedarán fuera del régimen 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán.

Fuentes oficiales revelaron ayer que el Gobierno había negociado “compensaciones” con un grupo de provincias “cálidas” a través de subsidios a la energía eléctrica. Las beneficiadas serían Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán. “Varias provincias plantearon que no podía mirarse solamente la lógica de ‘zona fría’, porque en el norte existe un consumo energético altísimo por calor extremo. Ahí aparecieron compensaciones vinculadas a ‘zonas calientes’”, detallaron a Infobae.

Por otro lado, el proyecto permitirá que las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal que se vieron afectadas durante los últimos años por el congelamiento de tarifas puedan aplicar ese crédito para cancelar deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), a condición de que abandonen todos los reclamos judiciales o administrativos vinculados.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que las reuniones sostenidas este martes con distintas bancadas legislativas en Casa Presidencial dejaron un balance “productivo” y reiteró su intención de construir una relación de trabajo conjunta entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa.

La jerarca sostuvo encuentros con la fracción del Partido Liberación Nacional, del Frente Amplio y las diputadas independientes Claudia Dobles y Abril Gordienko, como parte de una ronda de acercamientos impulsada desde el Poder Ejecutivo.

Al finalizar las reuniones, Fernández afirmó que el principal mensaje trasladado a los legisladores fue la necesidad de trabajar de manera coordinada en beneficio del país.

“Hacerles un llamado a los diputados de trabajar en equipo con el Gobierno de manera constructiva, buscando el beneficio del pueblo de Costa Rica”, expresó.

Gobierno convocará reunión confidencial sobre seguridad

Uno de los principales anuncios realizados por Fernández fue la convocatoria a una reunión programada para el próximo 29 de mayo a las 10 de la mañana, en la que participarán diputados y autoridades de seguridad nacional.

Según explicó Fernández, el objetivo será analizar información sensible relacionada con criminalidad y violencia en el país.

La ministra indicó que durante el encuentro se expondrán mapas de calor elaborados por inteligencia policial para identificar las zonas más golpeadas por la delincuencia y el crimen organizado.

“Será una reunión confidencial y vital para empujar la toma de decisiones que necesita Costa Rica para recuperar la paz”, afirmó.

La convocatoria surge en medio del creciente debate nacional sobre seguridad pública, narcotráfico y aumento de homicidios, temas que han dominado la agenda política durante los últimos meses.

Diputados serán invitados a Crucitas

Otro de los temas planteados por Laura Fernández fue la situación en Crucitas, zona que el Gobierno considera una prioridad debido a la minería ilegal y los daños ambientales denunciados en el sector.

La mandataria anunció que los 57 diputados serán invitados a una visita de campo el próximo 19 de junio para conocer personalmente las condiciones en las que se encuentra la zona.

“Quiero que vayamos a caminar la zona y a que vean en carne propia la desgracia nacional que ocurre ahí”, manifestó.

Fernández aseguró que el Ejecutivo no permitirá que continúe la extracción ilegal de oro en Crucitas y calificó la situación como un problema ambiental, económico y de seguridad nacional.

“Ustedes ya saben que yo no voy a consentir que se sigan robando el oro de Crucitas”, añadió.

La problemática en Crucitas se mantiene como uno de los principales desafíos para las autoridades costarricenses debido al impacto ambiental generado por la minería ilegal, así como por la presencia de organizaciones vinculadas al crimen organizado y extracción clandestina de oro.

“Habían diputados que no conocían Casa Presidencial”

Laura Fernández también destacó que algunos legisladores que participaron en los encuentros nunca habían visitado Casa Presidencial ni habían tenido contacto directo con ella.

Por esa razón, insistió en que uno de sus principales objetivos es mejorar la comunicación política y fortalecer las relaciones institucionales entre el Ejecutivo y el Congreso.

“Habían diputados que no me conocían, que no conocían Casa Presidencial y mi principal propósito es que podamos tener una buena relación de trabajo en equipo”, comentó.

Las reuniones forman parte de los esfuerzos del Gobierno por acercarse a distintas fracciones legislativas en momentos donde varios proyectos impulsados por el Ejecutivo requieren respaldo político dentro del Congreso.

Aunque Fernández calificó las conversaciones como productivas, persisten diferencias entre el Gobierno y algunos sectores de oposición sobre temas relacionados con seguridad, proyectos económicos y manejo político del Ejecutivo.

No obstante, la Presidenta insistió en que existe disposición para mantener espacios de diálogo con todas las bancadas.

A poco menos de 24 horas para la sesión en la Cámara de Diputados, los libertarios se mostraban confiados de tener los votos suficientes para darle media sanción al recorte de subsidios al gas por Zonas Frías. “Estamos bastante justos, pero va a haber concesiones en materia energética a varias provincias”, resumió un vocero del oficialismo.

El proyecto libertario restringe el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, mientras que excluye a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. En esa reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de “zona fría” a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.

Sin embargo, los libertarios aseguran “ninguna persona que la necesite perderá la ayuda estatal” ya que los hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales podrán registrarse en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para mantener el subsidio. También podrán inscribirse beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), ex combatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad.

Según fuentes oficiales, volver al esquema original representará un ahorro de entre $200 y $460 mil millones. En total, quedarán fuera del régimen 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán. Por lo tanto, la negociación con los gobernadores será determinante.

Los diputados libertarios aclararon que el texto no sufrirá nuevas modificaciones más allá de las que se hicieron a la hora de firmar el dictamen. Por lo tanto, las “compensaciones” que negoció el ministro de Interior Diego Santilli con un grupo clave de provincias “cálidas” se harán por vía de subsidios a la energía eléctrica. Para esto se necesitará solamente una resolución del Ministerio de Economía. Entre las beneficiadas se destacan Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán.

“Varias provincias plantearon que no podía mirarse solamente la lógica de ‘zona fría’, porque en el norte existe un consumo energético altísimo por calor extremo. Ahí aparecieron compensaciones vinculadas a ‘zonas calientes’”, detallaron desde el oficialismo.

En la previa de la sesión, el bloque Provincias Unidas dejó trascender que no daría quórum complicando el panorama para el oficialismo. En especial los diputados de Córdoba, que responden al gobernador Martín Llaryora, se mostraron muy activos en las redes sociales para criticar el proyecto libertario.

“Sin ellos tenemos lo necesario para el quórum”, advirtieron desde La Libertad Avanza. Sin embargo, reconocieron que el verdadero desafío será sostener los 129 diputados presentes durante toda la sesión, ya que Zonas Frías será el último punto del temario.

Por otro lado, el proyecto permitirá que las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal que se vieron afectadas durante los últimos años por el congelamiento de tarifas puedan aplicar ese crédito para cancelar deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), a condición de que abandonen todos los reclamos judiciales o administrativos vinculados.

Además, el temario oficialista incluirá la denominada ley Hojarasca, que busca eliminar 70 normas que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales. También se debatirán tratados internacionales de extradición y asistencia jurídica mutua con Polonia, Costa Rica, Chile, Serbia e Italia, el Convenio de La Haya sobre cobro internacional de alimentos para niños, el Convenio Internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio y una condecoración a un veterano de Malvinas.

La semana pasada, un sector de la oposición había convocado a una sesión para comenzar el largo camino legislativo para interpelar, y eventualmente remover de su cargo, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El objetivo era emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para obligar a los libertarios -que controlan ambas comisiones- a tratar todos los pedidos de interpelación contra Adorni. Pero la oposición quedó lejos de llegar al quórum por la reticencia de los gobernadores a confrontar con la Casa Rosada. Por eso, pidieron postergar la convocatoria para este miércoles.

Ante ese escenario, La Libertad Avanza recurrió a una conocida maniobra de la Cámara de Diputados: convocó a una sesión para el mismo día pero una hora antes. Entonces, si los libertarios consiguen el quórum, quedará virtualmente bloqueada la convocatoria de la oposición.

El Gobierno tiene previsto enviar un tercer paquete de proyectos al Congreso hacia el fin de esta semana. Se trata del grupo de iniciativas que fueron debatidas en la última reunión de mesa política realizada la semana pasada en la Casa Rosada. Esta tuvo como resolución final el envío de cerca de 10 proyectos para ambas cámaras, entre los cuales estará el denominado Súper RIGI, que tendrá prioridad en el tratamiento legislativo.

“El viernes vamos a enviar el nuevo paquete de leyes al Congreso”, afirmó a Infobae una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo. La decisión se tomó en los últimos días y se efectivizará antes de que se produzca una nueva reunión de la cúpula política del Gobierno, la cual se prevé para el próximo martes 26 de mayo. La composición del paquete final de proyectos no se dio a trascender todavía: solamente la presencia de la nueva edición del RIGI.

A diferencia del RIGI vigente, la versión ampliada será un nuevo régimen de incentivos para atraer industrias que actualmente no existen en la Argentina. Reducirá la tasa de impuesto a las ganancias del 25 % al 15 %, ofrecerá una amortización acelerada de inversiones (60% en el primer año, 20% en el segundo y 20% en el tercero), eliminará completamente los aranceles de importación y exportación vinculados a la producción, limitará el cobro de ingresos brutos por parte de las provincias adherentes al 0,5%, y prohibirá que los municipios cobren tasas sobre ventas que funcionen como impuestos encubiertos.

En tanto, la agenda legislativa de La Libertad Avanza avanza en paralelo en ambas cámaras del Congreso con una estrategia que combina la acumulación de votos propios y de bloques aliados, el bloqueo de iniciativas opositoras y la negociación a contrarreloj de proyectos que el oficialismo considera prioritarios para la gestión libertaria.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo convocó a una sesión para este miércoles a las 10 de la mañana con dos platos fuertes en el temario: la llamada Ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y la reforma del régimen de subsidios al gas en zonas frías.

El bloque libertario estima contar con alrededor de 132 diputados, cifra que supera el piso del quórum. Esos votos se construyen sobre los 95 legisladores propios de La Libertad Avanza (LLA), a los que se suman 12 del PRO, 9 de Innovación Federal, 6 de la Unión Cívica Radical (UCR), 3 de Elijo Catamarca, 3 de Independencia, 2 del MID y otros 2 de Producción y Trabajo.

La convocatoria tiene, además, un objetivo político preciso: neutralizar una sesión paralela pedida por la oposición. El diputado socialista Esteban Paulón y otros legisladores habían solicitado al presidente de la Cámara, Martín Menem, fijar el recinto para el mismo miércoles a las 11, con un temario centrado en el control político del Ejecutivo. Ese temario incluía pedidos de informe verbal y escrito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto con iniciativas para ampliar licencias parentales, restablecer prestaciones en el PAMI y recrear el Programa Nacional Remediar. Al fijar su sesión una hora antes, el oficialismo bloquea de facto esa convocatoria: si LLA abre el recinto, la sesión opositora no puede realizarse.

La Ley Hojarasca propone derogar más de 70 normas que el Ejecutivo considera obsoletas, desde regulaciones sobre microfilmación en el Ejército hasta la obligación de tramitar un carnet especial para viajar como mochilero, vigente desde 1974. El proyecto obtuvo dictamen por mayoría el 21 de abril en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, tras modificaciones que redujeron su alcance original para sumar apoyos políticos. La oposición denuncia que el proyecto encubre la derogación de leyes sensibles, entre ellas las de preservación de Bienes y Patrimonios Culturales y la Ley de Medicamentos.

El segundo punto del temario busca revertir la ampliación territorial del régimen de subsidios al gas dispuesta en 2021 por la Ley 27.637. Esa norma extendió el beneficio desde cerca de 950.000 hogares en la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe a más de 4 millones de usuarios en todo el país.

Con el proyecto oficial, los 55 departamentos de la provincia de Buenos Aires y localidades de otras diez provincias que fueron incorporados en esa ampliación perderán la bonificación universal del 50% sobre el precio del gas, y solo conservarán un subsidio adicional aquellos hogares inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), cuyo umbral de acceso equivale a no superar tres Canastas Básicas Totales para una familia tipo, valuadas en unos $4.300.000 a valores de abril de 2026.

Mientras Diputados prepara su sesión, en el Senado la agenda del oficialismo también se mueve en varios frentes simultáneos. El más avanzado es la ley que “blinda” la propiedad privada: LLA aceleró las negociaciones con los bloques dialoguistas y el proyecto buscará dictamen este miércoles en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, convocado desde las 11.30.

Un primer acuerdo de base ya había sido sellado a comienzos de mayo en una cumbre entre la jefa del interbloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y sus pares de la UCR, el PRO y referentes de bloques provinciales. Tal y como adelantó Infobae semanas atrás, se acordó la eliminación completa del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), una concesión que implicó una derrota para Sturzenegger, quien había propuesto delegar ese sistema en las provincias.

Quedan por resolver dos puntos sensibles: los desalojos exprés y la venta de tierras a extranjeros. Sobre el primero, se perfecciona la redacción vinculada a juicios sumarísimos y se incorpora una protección mínima para sujetos vulnerables —menores, personas con discapacidad y adultos mayores desamparados—, con intervención del Ministerio Público Tutelar. Sobre el segundo, la propuesta elimina el viejo sistema de topes generales por porcentajes, nacionalidad o hectáreas, y establece que cada distrito conservará la jurisdicción sobre su territorio, con prohibición expresa de adquisiciones por parte de Estados extranjeros o sociedades controladas por ellos. En zonas de frontera, la compra requeriría autorización previa de la Nación.

De lograr el dictamen, Bullrich proyecta una sesión para la semana próxima que incluiría también el acuerdo con dos fondos acreedores —Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP— por u$s 171 millones. Ese convenio, que estipula una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes bajo jurisdicción estadounidense, ya había sido dictaminado por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Economía Nacional e Inversión. El Estado argentino cancelaría los pasivos con un pago de u$s 67 millones al primero y u$s 104 millones al segundo. Horas antes de la sesión del jueves pasado, sin embargo, llegó desde Balcarce 50 una enmienda que devolvió el proyecto a foja cero.

El acuerdo adopta el formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales del litigio. Un avance en este expediente derivaría en la finalización de los procesos de “Discovery” relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de la Argentina, según consta en el documento enviado al Congreso con las firmas de Milei, del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y de Adorni.

El otro frente abierto en el Senado es Ficha Limpia, que ya se convirtió en una disputa política antes de que su debate formal haya comenzado en la comisión de Asuntos Constitucionales. Los bloques dialoguistas presionan para tratar los proyectos sobre esa materia de forma separada de la reforma política integral que impulsa la Casa Rosada —que incluye la eliminación de las PASO, entre otras modificaciones—, dado que el Gobierno no tiene los votos asegurados para esa agenda más amplia. El titular de la comisión, el libertario Agustín Coto (Tierra del Fuego), dejó escapar en la primera reunión que “no hay ninguna intención de tratar todo junto”, una señal que generó malestar en el propio oficialismo.

En una charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Moyano remarcó: “No es un capítulo terminado por más que el Congreso lo aprobó de manera exprés, con supuestos objetivos que no se cumplieron, como crear empleo o modernizar. Todo eso es falso y la realidad lo está demostrando”.

El diputado de Fuerza Patria y abogado laboralista insistió en que la reforma “está plagada de inconstitucionalidades” y explicó que la discusión legal seguirá en los tribunales. “La acción de la CGT todavía está en trámite, se revocó la cautelar, la competencia pasó del fuero laboral a lo Contencioso-Administrativo. El Gobierno contempló esto para blindarse, pero el fondo sigue en debate”, apuntó.

Hace poco más de una semana, la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral recuperó vigencia luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido 81 artículos de la norma. Antes, el fuero había dictaminado que el litigio pase a esa dicha jurisdicción.

En este marco, Moyano anticipó que tanto que la causa central, impulsada por la CGT, continuará judicializada y se sumarán otros litigios de sindicatos y trabajadores afectados por la norma a raíz de las “violaciones constitucionales” en aspectos como “indemnizaciones, banco de horas, el salario dinámico” o “el derecho de huelga”. “Indefectiblemente esas discusiones se van a producir”, apuntó.

Sin embargo, en relación a la aplicación de la nueva ley, Moyano aclaró: “Si hoy una empresa despide, se toma la nueva ley, pero se pueden hacer planteos respecto a su constitucionalidad. El despido se modificó en el artículo 245, la base de cálculo se homogenizó para abajo, siempre perjudicando al trabajador”. Y si bien admitió que era necesario legislar sobre los intereses vinculados a las indemnizaciones, cuestionó el enfoque: “El problema de fondo era la inflación patológica y la falta de jueces, que hace que la Justicia sea más lenta. No creo que la solución de la ley haya sido la mejor”.

Por otro lado, advirtió que aunque la reforma laboral haya sido aprobada por el Congreso, aquello “no quiere decir que no sea cuestionable”. “Los sindicatos pueden realizar medidas de fuerza y protestar con todas las herramientas constitucionales. Hicimos cuatro paros con la CGT, más de quince movilizaciones. La Justicia viene fallando parcialmente, pero esto va a continuar. No se termina acá”, alertó.

Además, señaló que el nuevo marco laboral tampoco generará puestos de trabajo asalariados: “No hay relación de causalidad entre la rigidez o flexibilidad laboral y la creación de empleo, ni acá ni en el mundo. Lo que genera empleo genuino es el desarrollo industrial”.

La interna del peronismo

Al ser consultado sobre los liderazgos en puja entre el kirchnerismo y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, entre otros aspirantes a una candidatura presidencial en 2027, Moyano (h) sostuvo que “lo importante es dar respuesta a las necesidades de la gente” frente al “sufrimiento de la población” y “no adelantar la discusión a nombres propios”. “Axel Kicillof es una referencia ineludible, pero ni siquiera él manifestó que se esté candidateando”, expresó.

En ese marco, Moyano consideró “sano que haya competencia” en la definición de liderazgos peronistas, pero también consideró que “no le veo la misma relevancia a todos los que van saliendo”, al referirse a otros postulantes, como el sanjuanino Sergio Uñac. “Todos sabemos bien que las candidaturas se definen en el último tramo” del proceso electoral, recordó, e insistió que ”sería bueno que se defina en una interna o de acuerdo al capital político del momento”.

Sobre el apoyo del movimiento sindical a Kicillof, Moyano aclaró que ese respaldo no es uniforme: “Pero la mayoría apoya a Axel para dar batalla contra este gobierno, tanto en la CGT como en la CTA”.

La renovación sindical y las negociaciones en Diputados

El diputado fue consultado sobre la falta de recambio generacional en el sindicalismo, que se manifiesta en la presencia de apellidos históricos en la conducción de gremios, entre ellos, el sindicato de Camioneros. Ante la requisitoria, Moyano defendió la autonomía sindical y aspectos como “la limitación de mandatos se tiene que dar de cara adentro del sindicalismo”.

“La autonomía es lo que debe gobernar a las organizaciones, no se puede comparar con la actividad política. Los sindicatos son entidades privadas, pero tienen una protección especial en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Constitución”, sostuvo, y reconoció que la renovación es una demanda social legítima. “Puede opinar toda la sociedad, los periodistas, los abogados, pero quienes definen son los trabajadores. En Camioneros, los afiliados sienten sentido de pertenencia y han validado la representación durante años”.

Moyano también se refirió a las negociaciones en la Cámara de Diputados entre el peronismo y el oficialismo, donde el bloque de Fuerza Patria aportó votos o acompañó tácitamente a La Libertad Avanza (LLA). Entre ellas, la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su causa por enriquecimiento ilícito, y la aprobación del pliego para que se prorrogue por cinco años más el cargo del juez Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ese nombramiento se consiguió 58 adhesiones y 11 rechazos, con la negativa de las bancas alineadas con el kirchnerismo.

“No existe ninguna prueba de acuerdos, pero lo de Mahiques es bastante cuestionable, sobre todo considerando sus antecedentes. Desde nuestro bloque creemos que el jefe de Gabinete debe ser interpelado”, afirmó el legislador nacional.

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La Cámara de Diputados se prepara para debatir el próximo miércoles un proyecto impulsado por el oficialismo, que busca actualizar el régimen de subsidios de Zonas Frías y concentrar la asistencia en los hogares más vulnerables. La iniciativa recibió dictamen de mayoría y apunta a ordenar el financiamiento del sistema energético, enfocando los recursos en las regiones tradicionalmente beneficiadas y corrigiendo distorsiones que surgieron tras la ampliación del régimen en 2021.

El nuevo texto redefine el universo de la Zona Fría para circunscribirlo a las regiones históricamente incluidas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, extiende el beneficio a la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas, contemplando la diversidad de modalidades de acceso a la energía en los territorios alcanzados.

El proyecto establece que el beneficio quedará restringido a quienes figuren en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este padrón incluye a hogares con ingresos netos menores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, quienes posean Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) y familias con integrantes con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

El subsidio alcanza también a aquellas familias donde al menos un miembro cuente con Certificado Único de Discapacidad (CUD). En este último caso, la Secretaría de Energía evaluará la necesidad de ayuda económica para el pago de servicios energéticos. Así se segmenta el acceso al subsidio tanto por criterios geográficos como socioeconómicos.

De esta manera, la reforma busca resolver las distorsiones generadas en 2021, cuando la extensión del régimen hizo que prácticamente la mitad de los usuarios residenciales conectados a la red de gas accedieran al beneficio, incluyendo a personas con alto poder adquisitivo. Esta situación llevó a una revisión del esquema de financiación para garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.

En aquel entonces, y a través de la reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de zona fría a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares.

Durante el plenario de las Comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la Secretaria de Energía de la Nación, Carmen Tettamanti expuso: “Nosotros creemos que los recursos económicos son escasos, que hay que utilizarlos en forma eficiente y justa, y que la forma justa de utilizar los recursos que el Estado puede destinar a subsidiar la energía, en este caso el gas natural, tiene que ser exclusivamente a la gente que lo necesita”.

También añadió: “El subsidio de zona fría subsidia a absolutamente todos los usuarios de una vasta región del país con independencia de su poder adquisitivo. Esa es la primera injusticia que nosotros vemos en eso. Y, además, ¿cómo se financia? Se financia con un cargo que pagan todos los usuarios del país, o sea, gente de altos ingresos, gente de medianos ingresos y gente de bajos ingresos que incluso no están en la zona fría”. Y determinó que el Estado Nacional "está poniendo 500.000 millones de pesos para subsidiar a ricos y pobres de una vasta región del país".

Por último, la Secretaria de Energía detalló: “La gente de la zona fría tradicional va a tener el subsidio que históricamente tenía sobre los metros cúbicos de gas que consumen, porque consumen entre 4 y 7 veces más que el resto del país, eso es una realidad. Pero en el resto del país lo que estamos haciendo es focalizando lo que se recauda en el fondo con esta alícuota del 7,5% a exclusivamente los usuarios que los necesitan”.

El tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Diputados podría definir el futuro de la política de subsidios energéticos en las zonas de bajas temperaturas, con impacto en miles de hogares de Argentina que dependen de estos beneficios para afrontar el costo de los servicios durante el invierno.

A poco más de un mes y medio de haberse logrado un dictamen de mayoría que avala el proyecto de reforma laboral, la discusión en el Senado ingresó en una semana definitoria, con una sesión extraordinaria convocada para pasado mañana, a partir de las 11. El destino de la ley intentará ser blindado durante una reunión clave que mantendrán por la tarde de hoy la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, con sus pares dialoguistas, quienes son los dueños de las adhesiones que inclinarán la balanza hacia una victoria o una derrota.

Desde que se firmó el despacho en cuestión -diciembre último-, la aprobación en general de la iniciativa estuvo asegurada, salvo para los pícaros operadores de turno que recién días atrás se enteraron que, en estas compulsas, las que importan de verdad son las votaciones en particular.

En dicha instancia es donde el asunto aún no está comprometido, con el oficialismo y algunos acompañantes -no todos- que pasaron de un 80% cerrado a un 95%, como mencionó la propia Bullrich días atrás. No sería extraño que, en las próximas horas, la ex ministra de Seguridad hable de 97 o 98%. Hasta el miércoles, este desgastante juego sin efectos reales continuaría por el mismo carril. Como si el tema no mereciera respeto y rigurosidad, tras décadas de intentos fallidos.

Durante el fin de semana, Infobae contó que los potenciales aliados del Gobierno ya le avisaron a Bullrich que, tras el guiño inicial en el recinto, para la votación en particular se sugeriría una moción que implica capítulos completos para varios casos y, en los más enmarañados, artículo por artículo.

La instancia es compleja debido a que del lado opositor se encontrarán unidos el por ahora casi mudo kirchnerismo, un puñado de peronistas en modo amor/odio con Javier Milei, y dos o tres silvestres provinciales siempre al “salto por el bizcocho”. El análisis de la ley laboral fue poco profundo por quienes detestan a la administración central. La Casa Rosada, feliz.

Para el convite de hoy, los pasos de Bullrich parecen claros, aunque este oficialismo es incierto. Entonces, la cuenta repetida hasta el hartazgo es la siguiente: La Libertad Avanza suma 21 soldados y precisa, sí o sí, de la mayoría de los diez que tiene la Unión Cívica Radical (UCR) y los tres del PRO. Esto, para empezar a hablar y acercarse a los 37, el mínimo para el quorum y blindar el proyecto.

Los diez restantes del “grupo de los 44″ son los siempre revoltosos santacruceños José María Carambia -se lo vio en Casa Rosada a fines de 2025- y Elena Gadano, la discreta Flavia Royón (Salta), los pícaros misioneros -voltearon Ficha Limpia- Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, la neuquina Julieta Corroza -quiere ayudar al alicaído gobernador, Rolando Figueroa-, la chubutense semi radical Edith Terenzi, y la otrora filomacrista Beatriz Ávila, flamante amiga del gobernador y -aparente- furioso anti k, Osvaldo Jaldo.

En el oficialismo además miran, con cierto cariño, a los cinco “justicialistas” de Convicción Federal, que regalaron gestos cuando se sancionó el Presupuesto 2026. Días atrás, volvió a inflarse el globo de ensayo de ruptura total con el interbloque “Popular”, hoy en manos del formoseño José Mayans. Lo más llamativo de los justicialistas -ahora ofuscados con La Cámpora- es que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos para votar una iniciativa. Tampoco, para las “avivadas” con inminentes anuncios de ruptura total que, hasta ahora, sólo fueron para negociar.

El panorama es más desalentador si uno revisa las declaraciones de estos meses atrás, cuando se consumó la prisión efectiva de la dos veces presidenta Cristina Kirchner, ahora enemiga acérrima. Por eso, el Gobierno acelera fiel a su costumbre simplificada de “por todo y contra todos”. Del otro lado, la pelea no es por el poder -hace muchísimo-, sino por la mínima supervivencia en un sistema con menos herramientas -aunque igual de tóxicas que en los últimos largos años- y fondos. Por eso es que la puja de esta semana en el Congreso deja de ser técnica para La Libertad Avanza y vira a simbólica. Mientras tanto, hay demasiadas millonadas en contienda.

Las trifulcas principales a “resolver” apuntan: caída de la Coparticipación, con otra pirueta de mandatarios provinciales para operar una solución, tan sólo después de tres distintas ofrecidas; si los aportes en sindicatos y “entidades” empresariales serán todos voluntarios u obligatorios -guerra sin respuesta y dudas que alarman ya a varios despachos-; la esencialidad de algunas actividades; la ultraactividad y batalla gremial por convenios colectivos de trabajo; los plazos diversos para implementar nuevos mecanismos del mundo laboral o tributario; dineral hacia obras sociales; y el fondo de asistencia ante despidos, entre otras cuestiones. La apuesta opositora es aglutinar enojos para conseguir el milagro en el recinto o ir directo a Diputados -con kirchneristas, peronistas y cómplices disfrazados de radicales u otros híbridos- para forzar modificaciones y un regreso, en segunda división, a la Cámara alta.

Tras varias semanas de turbulencias internas y parálisis legislativa por las acusaciones contra Manuel Adorni, el oficialismo logró neutralizar la ofensiva opositora contra el jefe de Gabinete y se encamina a retomar el control de la agenda en el Congreso.

El miércoles por la noche los libertarios festejaron luego de que los bloques de la oposición postergaran una semana la sesión que estaba prevista para el jueves. El objetivo era emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para obligar a los libertarios -que controlan ambas comisiones- a tratar todos los pedidos de interpelación contra Adorni.

La oposición tuvo que levantar la sesión para evitar una foto incómoda, ya que en los días previos era vox populi que estaban muy lejos del quórum (129). Les faltaban cerca de 20 voluntades para abrir el recinto, lo cual exponía claramente que la Casa Rosada se había asegurado el apoyo de la gran mayoría de los gobernadores.

Solo los diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y un puñado de integrantes de Provincias Unidas se mostraron dispuestos a avanzar a fondo contra el jefe de Gabinete. En cambio, el PRO, la UCR, y los legisladores que responden a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan) y Ignacio Torres (Chubut) argumentaron que era mejor dejar actuar a la Justicia.

En un intento de conseguir los votos faltantes, la oposición decidió ampliar el temario -tal como reclamaba el peronismo- para incluir proyectos relacionados con las licencias por paternidad, la restitución del programa Remediar (medicamentos gratuitos), un proyecto para ampliar las prestaciones del PAMI y pedidos de informe a Sandra Pettovello por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

Pero La Libertad Avanza recurrió a una conocida maniobra de la Cámara de Diputados: convocó a una sesión con temas propios para el mismo día pero una hora antes. Por lo tanto, el miércoles comenzará la sesión que impulsa el oficialismo y quedará virtualmente bloqueada la convocatoria de la oposición.

A pesar de que durante la semana trascendieron nuevos detalles de la investigación contra Adorni e incluso su hermano Francisco fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por el fiscal Guillermo Marijuán, el oficialismo podrá mostrar que tiene capacidad para reunir consenso, dar vuelta la página y avanzar con su agenda legislativa, mientras que la oposición dejó expuesta su debilidad.

El temario oficialista incluirá la denominada ley Hojarasca, que busca eliminar 70 normas que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales, y la reducción de subsidios al gas del régimen de Zonas Frías. También se debatirán tratados internacionales de extradición y asistencia jurídica mutua con Polonia, Costa Rica, Chile, Serbia e Italia, el Convenio de La Haya sobre cobro internacional de alimentos para niños, el Convenio Internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio y una condecoración a un veterano de Malvinas.

Para el dictamen del proyecto de Zonas Frías, que se especulaba iba a generar resistencia de las provincias que perderían subsidios justo al inicio del invierno, La Libertad Avanza logró el apoyo del PRO, la UCR, el MID, los tucumanos de Independencia, los misioneros y salteños de Innovación Federal y las sanjuaninas de Producción y Trabajo, por lo que el quórum está casi asegurado

A su vez, los libertarios ya planean una nueva convocatoria en Diputados antes del Mundial de Fútbol en la que se debatirán el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes -Patent Cooperation Treaty (PCT)-, que ya obtuvo dictamen luego de que el Gobierno aceptara dejar “en reserva” el Capitulo II, muy resistido por los laboratorios locales, y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que también sufriría cambios a pedido de los aliados.

Aunque inesperadamente, la novedad más relevante de la semana no estuvo vinculada con las negociaciones legislativas sino con la camioneta de un diputado libertario de desató una fuerte polémica y obligó a que se pronuncie hasta el propio presidente Milei.

El jujeño Manuel Quintar estacionó en el Congreso una camioneta Tesla, modelo Cyber Truck, que no se vende en la Argentina y cuyo costo ronda los USD 200 mil cuando se suman los impuestos y tasas.

El apoyo de Milei y de Martín Menem fue contundente. “¿Si se compró el auto con la propia qué carajo me importa?”, dijo el Presidente en el canal de stream Carajo. Por su parte, el diputado también rechazó todas las críticas e insistió en que compró el vehículo en blanco y con su propio dinero.

Según pudo saber Infobae, piensa utilizarlo para recorrer la provincia con el objetivo final de competir por la gobernación en 2027. Aunque lo cierto es que todo el episodio incomodó a más de un libertario que reconoció que “no era el momento” de ostentar una compra tan cara.

La ceremonia de ascensos de las Fuerzas Armadas de Honduras se realizó este jueves en el Campo de Parada Marte, después de que el Congreso Nacional aprobara la nómina remitida por la Secretaría de Defensa, lo que permitió la promoción de 148 oficiales en diferentes escalas militares.

El acto estuvo encabezado por el mandatario y comandante general de las Fuerzas Armadas, Nasry Juan Asfura Zablah, acompañado por el secretario de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard; el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros de la Junta de Comandantes y otras autoridades civiles y militares.

Entre los ascensos de mayor importancia estuvo el del jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio Ardón, quien ascendió de General de Brigada a General de División, convirtiéndose en el oficial de mayor rango dentro de la institución castrense. Además, recibió el Bastón de Mando, símbolo de la autoridad conferida por el comandante general de las Fuerzas Armadas.

Ascensos y reconocimientos

Valerio Ardón indicó durante la ceremonia que estos ascensos representan el reconocimiento al esfuerzo, disciplina y años de servicio por parte de los oficiales promovidos en la estructura militar hondureña.

“Un ascenso no representa únicamente un cambio de grado o una nueva insignia sobre el uniforme, representa el reconocimiento de la patria al sacrificio, el deber cumplido y una trayectoria construida con esfuerzo, disciplina, preparación y lealtad absoluta por Honduras”, expresó durante el acto oficial.

El jefe militar subrayó que los ascensos debieron otorgarse desde diciembre pasado; no obstante, el proceso se retrasó por factores políticos y por la discusión legislativa sobre algunos expedientes incluidos en la nómina enviada por el Poder Ejecutivo.

A pesar de las controversias surgidas en el Congreso Nacional, Valerio Ardón defendió el procedimiento, asegurando que las promociones fueron revisadas de manera conjunta entre las Fuerzas Armadas y la comisión legislativa de defensa.

“Somos un equipo de trabajo, la comisión de defensa y las Fuerzas Armadas; de tal manera que al final el producto que se pudo presentar es el adecuado”, manifestó.

Además del ascenso de Valerio Ardón, fueron promovidos siete coroneles al grado inmediato superior: Luis Alonso Rosales Cardoza, Marco Alexander Lanza Ávila, Miguel Maldonado Castro, Walter Danilo Hernández Carvajal, Othoniel Gross Castillo, Otto Fabricio Mejía Hércules y José Rodimiro Murillo Aguilar.

La jornada incluyó también el ascenso de 14 oficiales al grado de coronel, 57 al grado de teniente coronel y 69 oficiales al grado de mayor, en reconocimiento a sus méritos profesionales, historia institucional y años de servicio en las diferentes ramas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval.

Ascensos avalados por el Congreso Nacional

La aprobación de los ascensos se dio tras un amplio debate legislativo en el Congreso Nacional, donde diputados de oposición cuestionaron la promoción de algunos oficiales por supuestos vínculos con decisiones tomadas durante la crisis política y electoral de 2025.

La comisión de Defensa del Legislativo defendió el dictamen favorable, afirmando que los oficiales promovidos no tienen procesos pendientes ante el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia ni el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Durante otra intervención, Valerio Ardón hizo énfasis en que las Fuerzas Armadas continuarán con procesos internos de supervisión y depuración sobre cualquier integrante involucrado en irregularidades o actos ilícitos.

“Si hay personas dentro de la institución que cometen algún delito serán puestas a la orden de los tribunales”, afirmó el alto mando militar ante los medios de comunicación e invitados a la ceremonia.

Según pudo saber Infobae, a pesar de las versiones que circulaban de que había sido remolcada por una grúa debido a que estaba sin patente, fuentes cercanas al legislador jujeño comentaron a este medio que fue el propio Quintar quien contrató el servicio para llevar el vehículo hasta Jujuy.

Un detalle no menor es que la Cybertruck es un coche eléctrico, por lo que tiene una autonomía en la batería de 500 kilómetros. La distancia entre la Ciudad de Buenos Aires y la capital jujeña es de 1.494 kilómetros, con un tiempo estimado de más de 17 horas.

En ese sentido, ayer cuando se conocieron las imágenes de la pick-up, uno de los detalles que no pasó desapercibido fue la falta de patente que no tenía el vehículo. Según comentaron, esto se debe a la “falta de chapas del DNRPA” y que la misma se encuentra en asignación.

Además, sostuvieron que la camioneta “está en regla” y que “él no tiene problema, la compró en EE.UU. y la importó de manera legal. Está a su nombre”. Al ser consultados sobre el modelo de la camioneta, respondieron: “Es la versión grande, la de más potencia”.

El Tesla Cybertruck tiene tres versiones en su país de origen, con un precio que va desde los USD 69.900 a los USD 99.900, dependiendo de sus especificaciones técnicas que varían de acuerdo con su potencia, nivel de equipamiento y capacidades técnicas. La más cara, llamada Cyberbeast, es la única que tiene tres motores, mientras las Dual y la Premium tienen dos, aunque todas tienen tracción integral. Otra de las cualidades distintivas de este vehículo eléctrico es que su carrocería está construida en acero inoxidable.

Cuánto cuesta importar un Tesla Cybertruck

Importar un vehículo de este precio implica pagar al menos el 35% de arancel de importación, el 3% de tasa de estadística, el impuesto al valor agregado (IVA) del 21%, y los costos de barco, seguro y logística local, que pueden alcanzar los USD 5.000 por unidad. Y una vez puesto en la Argentina tiene costos de logística y puerto de unos USD 1.000 antes de tributar el 21% de IVA.

Así, un vehículo de USD 100.000 pasa a costar al llegar al puerto de Buenos Aires unos USD 145.000, y cuando se suma el IVA sube a USD 175.000, y finalmente un 10% de impuestos y tasas, entre Ingresos Brutos, Ganancias, Débitos y créditos, tasas provinciales y municipales, con lo que el vehículo termina costando unos USD 192.000.

Si el trámite lo hace un particular, ese es su costo final, pero si lo trae un importador, a ese número hay que sumarle su margen, que si fuera de un 15% elevaría su precio a USD 220.000, pero al tratarse de este tipo de vehículos muy especiales, puede superar aún más esa cifra.

Quién es Manuel Quintar, el diputado que es dueño de la Tesla Cybertruck

Alejado del discurso de austeridad que busca defender el Gobierno, el representante libertario hizo ostentación de su adquisición desde su cuenta redes sociales. “A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”, escribió junto a una fotografía de la pick up.

El legislador, oriundo de Jujuy, se describe como “abogado y deportista”. Asumió su banca en diciembre de 2023, luego del triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales.

Quintar y su familia son empresarios del sector salud en el norte argentino y administrador de clínicas y obras sociales privadas. Es propietario del 33% de la firma Servicios Sociales de Salud SRL. También fue gerente del Policonsultorio Los Lapachos de San Salvador de Jujuy, en Alto Comedero.

A los ingresos propios por su actividad privada, se le suman los que cobra como diputado nacional. Según consta en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados, un legislador de la Cámara baja percibe un sueldo neto de $4.572.596,99, a valores de diciembre de 2025.

En sus redes sociales, el diputado hace gala de su afición por el motociclismo y su participación en competencias como el Campeonato Enduro y el Salteño-Jujeño 2026.

El legislador no tardó en confirmar la propiedad del vehículo. Lo hizo con un mensaje en su cuenta de X: “A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”, escribió junto a una fotografía de la pick up.

La escena tuvo repercusiones inmediatas puertas adentro del oficialismo. Según reconstruyeron fuentes legislativas, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le habría pedido a Quintar que retirara el vehículo del predio apenas tomó dimensión de la incomodidad interna que el episodio generaba.

En el entorno del legislador jujeño le restaron importancia al asunto. En diálogo con Infobae, sostuvieron que “está en regla” y añadieron que si bien en el video no tiene patente, se debe a la “falta de chapas del DNRPA” y que la misma se encuentra en asignación. Por otra parte, las mismas fuentes agregaron que “él no tiene problema, la compro en EE.UU. y la importó de manera legal. Está a su nombre”. Al ser consultados sobre el modelo de la camioneta respondieron: “Es la versión grande, la de más potencia”.

El timing del episodio no pasa inadvertido. El Gobierno aplicó esta semana un recorte de casi 2,5 billones de pesos en el gasto presupuestado para 2026, con el objetivo de garantizar el superávit fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La poda alcanzó áreas como educación, salud, los programas de prevención del cáncer, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Malbrán.

A ese escenario se suma el desgaste que atraviesa la administración de Javier Milei por la causa judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y ratificado en su cargo por el Presidente pese a la investigación en curso.

Desde la oposición, las críticas apuntaron al contraste entre el discurso de austeridad estatal del espacio libertario y la presencia de un vehículo de ese valor en el Congreso.

En enero de este año, tras una larga espera de casi diez meses entre la publicación del Decreto 196/2025 y la reglamentación para poder aplicarse a los usuarios, el Gobierno dio forma al esquema de trámites que se deben hacer para nacionalizar un auto importado que no cuente con la homologación convencional en Argentina, y deba obtener un Certificado de Seguridad Vial (CSV) para poder circular por la vía pública.

Tesla no tiene representación oficial en Argentina, por lo que la Cybertruck no puede adquirirse en concesionarias locales. Quienes importan una unidad de forma privada deben afrontar aranceles, IVA y el impuesto a los autos de lujo, lo que eleva considerablemente el precio final respecto al valor de origen en Estados Unidos, donde el modelo parte desde los 69.990 dólares. El detalle de esos costos establece que en concepto de transporte y flete se deben calcular unos USD 2.500, al llegar a Argentina un 35% de arancel de importación, un 3% de tasa estadística, otros USD 1.000 de gastos de logística y traslado local, un 10% de impuestos y tasas entre Ingresos Brutos, impuesto a las ganancias o anticipo, impuesto a los débitos y créditos, tasas provinciales y municipales, y el IVA del 21%.

El perfil de Quintar combina la actividad legislativa con una trayectoria empresarial en el sector de la salud en Jujuy: administra clínicas y obras sociales privadas y participa desde principios de los años noventa en el manejo del sanatorio Los Lapachos, un negocio de origen familiar. Antes de sumarse a LLA, pasó por las filas del Partido Justicialista (PJ), donde fue candidato a legislador provincial en 2021.

Actualmente responde al sector del partido que conduce Karina Milei y, según el mundillo libertario, es un adversario interno del senador Ezequiel Atauche, alineado con Santiago Caputo.

Hay versiones que indican que el legislador tiene en mente hacer campaña para la gobernación de Jujuy en 2027 con el vehículo como parte de su imagen pública. Su declaración jurada registra, además de la Cybertruck, un Mercedes, una KTM 1000, una Husqvarna, una Amarok y una Toyota.

A menos de 24 horas de la sesión convocada para avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete Manuel Adorni, la oposición decidió suspenderla ante el riesgo de no llegar al quórum (129 diputados presentes) y hacer una nueva convocatoria para la semana que viene.

El llamado a sesión para este jueves había sido firmado por diputados de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica. El peronismo, por su parte, había dejado trascender su malestar por quedar afuera de las negociaciones pero igualmente había confirmado que todos sus diputados bajarían al recinto.

Ahora, la nueva convocatoria sí cuenta con las firmas de los diputados de Unión por la Patria luego de que el resto de los bloques opositores aceptara ampliar el temario de la sesión: no sólo se tratarán los pedidos de interpelación contra Adorni para que dé explicaciones por su patrimonio y los viajes que realizó con su familia, sino que ahora también se incluirán proyectos relacionados con las licencias por paternidad, la restitución del programa Remediar (medicamentos gratuitos), un proyecto para ampliar las prestaciones del PAMI y pedidos de informe a Sandra Pettovello por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

Ante la consulta de Infobae, uno de los diputados encargados del “poroteo” de votos reconoció la necesidad de “sumar bloques y temas para llegar más armados y con más posibilidad de dar quórum”. Los cálculos informales arrojaban que los opositores no iban a superar las 110 presencias y para evitar un “foto de la derrota” eligieron posponer la sesión y retomar las negociaciones con los gobernadores.

“Si nos hubieran faltado 10 diputados, yo hubiera sostenido la sesión para que queden expuestos a los que protegen a Adorni. Pero nos faltaban muchos más”, lamentaba uno de los firmantes durante la tarde del miércoles.

Además, destacaban que el objetivo real de la sesión es apenas emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para que dictaminen los proyectos de interpelación contra Adorni. Ambas comisiones están controladas por La Libertad Avanza y sin el emplazamiento la oposición no puede obligarlas a tratar los pedidos de interpelación.

Conseguir que las iniciativas tengan dictamen es fundamental ya que sin ese paso reglamentario la oposición necesitaría una mayoría agravada de dos tercios para poder tratar los proyectos “sobre tablas”, es decir, sin pasar por las comisiones correspondientes.

En cambio, para emplazar una comisión sólo se necesita el quórum (129 diputados presentes) para iniciar el debate y luego una mayoría simple. Pero el camino es largo. Una vez que tenga el dictamen en mano, la oposición deberá convocar nuevamente a una sesión y aprobar la interpelación con mayoría absoluta en ambas Cámaras.

El principal escollo que enfrenta la oposición es la falta de voluntad política de los gobernadores de confrontar con la Casa Rosada. Sin ellos es virtualmente imposible llegar al quórum.

Los primeros en anunciar que no participarían fueron los diputados de Provincias Unidas que responden a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Estos plantearon que primero hay que dejar actuar a la Justicia.

Esto generó fuertes tensiones al interior del bloque ya que algunos de sus integrantes eran los principales impulsores de la interpelación. De hecho, los dos diputados de la Coalición Cívica terminaron de formalizar su salida del bloque ante las diferencias de visión respecto de la relación con el gobierno de Milei.

Los mandatarios de Tucumán, Catamarca y Salta también habían adelantado que los diputados de Independencia, Elijo Catamarca e Innovación Federal no iban a jugar abiertamente en contra de los libertarios. En la misma sintonía, el PRO y la UCR, que atraviesan sus propias turbulencias con los libertarios por los armados electorales del año que viene, tampoco están dispuestos a poner en juego el vínculo con la Casa Rosada.

El oficialismo y sus aliados avanzaron este miércoles en la Cámara de Diputados con el dictamen de mayoría del proyecto para reducir las zonas incluídas en el régimen de Zonas Frías. Según explicaron fuentes de La Libertad Avanza, el objetivo es incluir el recorte de subsidios en una sesión que será convocada para el próximo miércoles 20 de mayo.

El proyecto restringe el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, mientras que excluye a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. En esa reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de zona fría a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.

A su vez, el proyecto establece que el subsidio por Zona Fría quedará reservado a los usuarios registrados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este padrón incluye hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, que cuenten con Certificado de Vivienda Familiar y los beneficiarios de pensión vitalicia a veteranos. Por lo tanto, solo los hogares vulnerables empadronados en el SEF podrán mantener el adicional por zona fría en las áreas que perderán la cobertura ampliada.

En total, quedarán fuera del régimen 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán.

Desde el oficialismo explicaron que con la alícuota vigente del 7,5% sobre el precio del gas natural, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas ya no alcanza para financiar el régimen.

La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, explicó ante la comisión que el Gobierno considera que “los recursos son escasos y que la forma justa de utilizarlos es destinarlos exclusivamente a la gente que más lo necesita”.

“No le estamos sacando ningún subsidio a la gente que lo necesita. Pero en el resto del país estamos focalizando lo que se recauda con la alícuota del 7,5% en los usuarios que más lo necesitan. Lo que queremos es que la gente que pueda pagar la energía, la pague. Y focalizar en los que más necesitan”, detalló.

Por otro lado, la iniciativa aborda la deuda histórica del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Si se modifica el régimen, el Estado calculará las diferencias de ingresos que las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal dejaron de percibir durante los años de emergencia tarifaria (congelamiento de tarifas). Ese crédito se aplicará a cancelar las deudas que esas empresas mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), a condición de que abandonen todos los reclamos judiciales o administrativos vinculados.

“Lo que proponemos es evaluar cuáles son los ingresos que las empresas no percibieron y en caso de que esos activos regulatorios superen la deuda con CAMMESA, se les condonaría la deuda. Pero van a tener que renunciar a hacerles nuevos reclamos judiciales al Estados Nacionales”, explicó Tettamanti.

El oficialismo apunta a incluir este proyecto en la sesión del próximo miércoles 20 de mayo, cuando también se tratará la Ley Hojarasca, que elimina 70 normas que “generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales”.

Tras dos semanas incómodas por las investigaciones sobre el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni, el oficialismo podría finalmente llevarse una victoria en la Cámara de Diputados. Los bloques de la oposición convocaron para este jueves a una sesión especial en la que se tratarán cuatro proyectos que, con diferencias mínimas, apuntan al mismo objetivo: la interpelación del funcionario. Sin embargo, las diferencias internas entre los opositores y los acuerdos de la Casa Rosada con algunos gobernadores se encaminan a sabotear el quórum.

El objetivo real de la sesión es emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para que dictaminen los proyectos de interpelación contra Adorni. Ambas comisiones están controladas por La Libertad Avanza y sin el emplazamiento la oposición no puede obligarlas a tratar los pedidos de interpelación.

Conseguir que las iniciativas tengan dictamen es fundamental ya que sin ese paso reglamentario la oposición necesitaría una mayoría agravada de dos tercios para poder tratar los proyectos “sobre tablas”, es decir, sin pasar por las comisiones correspondientes.

En cambio, para emplazar una comisión sólo se necesita el quórum (129 diputados presentes) para iniciar el debate y luego una mayoría simple. Pero el camino es largo. Una vez que tenga el dictamen en mano, la oposición deberá convocar nuevamente a una sesión y aprobar la interpelación con mayoría absoluta.

Por su parte, el Gobierno buscará a toda costa frenar el proceso de interpelación debido a que esa instancia, en la que Adorni deberá responder preguntas de forma exhaustiva, podría derivar en una moción de censura. Es decir, en la remoción del funcionario. Un mecanismo que está contemplado en la Constitución Nacional pero hasta el momento nunca fue usado.

Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas ya hicieron públicas sus intenciones de echar a Adorni por la vía parlamentaria. A estos se suman un puñado de legisladores entre los que se destaca la ex libertaria Marcela Pagano, quien incluso denunció penalmente a Adorni.

Pero estos espacios mantienen algunas diferencias internas que conspiran contra el objetivo final. En primer lugar, el pedido de sesión especial fue firmado por diputados de Provincias Unidas y del Frente de Izquierda, pero se excluyó al peronismo.

En la bancada que conduce Germán Martínez recibieron con mucho malestar la noticia e inmediatamente reclamaron que se amplíe el temario de la sesión. Unión por la Patria quiere impulsar -y emplazar comisiones- diferentes proyectos relacionados con el endeudamiento familiar, la protección a las pymes, las licencias laborales, entre otros temas.

Sin embargo, se encontraron con la negativa rotunda del resto de la oposición. “Es un problema interno de ellos, que no quieren avanzar con nada que propongamos nosotros”, explicó una diputada peronista.

En ese sentido, en el peronismo atribuyen la convocatoria a sesión “sin consultar” al principal partido de la oposición a una interna. “Llamaron a sesión solo para exponer a los sectores que juegan con el Gobierno, pero nos vamos a quedar sin quórum”, señalaron en relación a los diputados de Provincias Unidas que responden al gobernador de Córdoba Martín Llaryora y a su par de Santa Fe Maximiliano Pullaro, que no bajarán al recinto.

Pero para llegar a los 129 además deberán contar con el visto bueno de otros gobernadores. Algo que hasta el momento parece lejano. Los mandatarios de Tucumán, Catamarca y Salta ya adelantaron que los diputados de Independencia, Elijo Catamarca e Innovación Federal no jugarán abiertamente en contra del Gobierno.

En la misma sintonía, el PRO y la UCR, que atraviesan sus propias turbulencias con los libertarios por los armados electorales del año que viene, tampoco pondrán en juego el vínculo con la Casa Rosada.

Las intensas lluvias registradas la tarde de este martes en la Ciudad de México dejaron severas afectaciones en distintos puntos de la capital, incluyendo el recinto principal del Congreso de la Ciudad de México, donde el sótano terminó completamente encharcado.

Videos difundidos en redes sociales por la diputada Dany Álvarez mostraron a trabajadores utilizando cubetas, jaladores y escobas para retirar el agua acumulada dentro del inmueble ubicado en Donceles y Allende, en el Centro Histórico.

Las imágenes rápidamente se viralizaron debido a que las filtraciones alcanzaron oficinas y pasillos del recinto legislativo, mientras personal de mantenimiento intentaba contener los daños provocados por el ingreso del agua.

Filtraciones y goteras también afectan al Senado de la República

Las lluvias no solo impactaron al Congreso capitalino. El edificio del Senado de la República también registró filtraciones y goteras en distintas áreas.

De acuerdo con reportes difundidos por el periodista Manuel López San Martín, personal de mantenimiento y Protección Civil colocó cubetas y herramientas para evitar mayores afectaciones al mobiliario y a las actividades dentro del recinto legislativo.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron techos con filtraciones constantes mientras trabajadores intentaban desalojar el agua acumulada.

Asimismo, el estacionamiento de la Secretaría de Gobernación quedó completamente inundado tras las intensas lluvias registradas esta tarde en la zona centro de la CDMX.

Centro Histórico de CDMX queda bajo el agua tras tormenta

Las precipitaciones también generaron inundaciones y severos encharcamientos en varias calles del Centro Histórico.

Uno de los puntos más afectados fue la calle República de Uruguay, donde el agua ingresó a plazas comerciales y negocios, afectando a comerciantes y peatones.

Además, autoridades reportaron inundaciones frente al Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central, donde el tránsito vehicular y peatonal quedó prácticamente paralizado debido al nivel del agua.

Otro de los puntos críticos se registró en Paseo de la Reforma, entre Flores Magón y Eje 1 Norte, donde el agua cubrió banquetas, camellones y complicó la circulación de automovilistas, motociclistas y ciclistas.

Activan Alertas Roja, Naranja y Amarilla por lluvias intensas

Ante la intensidad de las tormentas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó diversas alertas meteorológicas en la capital.

La Alerta Roja se emitió para la alcaldía Gustavo A. Madero debido al riesgo elevado de inundaciones y afectaciones en zonas habitacionales.

Mientras tanto, la Alerta Naranja permaneció vigente en alcaldías como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tláhuac por lluvias fuertes, caída de granizo y rachas de viento.

También se activó Alerta Amarilla en Coyoacán, Iztacalco, Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco y otras demarcaciones por la persistencia de lluvias intensas durante la tarde y noche.

Las autoridades señalaron que el drenaje en varias zonas fue rebasado debido a la acumulación de agua y la saturación del suelo.

Cablebús, Metro y vialidades registran afectaciones por tormenta

Las condiciones meteorológicas también afectaron al transporte público y la movilidad en la Zona Metropolitana.

La Línea 3 del Cablebús Línea 3 realizó el desembarque de usuarios debido a la presencia de tormenta eléctrica en la zona.

En tanto, el Sistema de Transporte Colectivo Metro reportó marcha lenta en varias líneas por las lluvias, además de un corte de energía en la Línea 9 tras la caída de un paraguas en las vías.

Las lluvias también provocaron caos vial en Calzada Zaragoza, Reforma, Circuito Interior e Insurgentes, así como afectaciones en municipios mexiquenses como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza.

Puntos afectados por las lluvias en CDMX y Edomex

• Inundación en el sótano del Congreso de la CDMX
• Filtraciones y goteras en el Senado
• Encharcamientos en República de Uruguay
• Inundación frente a Bellas Artes y Alameda Central
• Afectaciones en Paseo de la Reforma
• Desembarque en Línea 3 del Cablebús
• Marcha lenta en líneas del Metro CDMX
• Caos vial en Calzada Zaragoza y Circuito Interior
• Alertas Roja, Naranja y Amarilla activadas en varias alcaldías
• Riesgo de granizo y tormentas eléctricas durante la noche

El oficialismo y sus aliados consiguieron este martes el dictamen de mayoría para el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes -Patent Cooperation Treaty (PCT)- en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El proyecto quedó listo para su debate en el recinto y La Libertad Avanza lo incluirá en el temario de la sesión prevista para el 20 de mayo, junto con el proyecto de Ley Hojarasca y la reducción de subsidios por Zonas Frías.

El Tratado de Patentes permite a inventores y empresas presentar una única solicitud internacional de patente, lo que simplifica la búsqueda de resguardo legal en múltiples jurisdicciones. La solicitud presentada bajo el PCT surte el mismo efecto jurídico que si se hubiera presentado una solicitud en cada uno de los 158 Estados miembros adheridos.

La adhesión al PCT es uno de los requisitos del acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

“Todos nuestros socios comerciales celebran nuestra integración y nos plantean que Argentina tiene que respetar las reglas que tiene el mundo. Es necesario el alineamiento de Argentina con los estándares internacionales de propiedad intelectual. Lo que se hace con el PCT es que tengamos una solicitud única, una mesa de entrada común con los 158 estados partes. Un inventor argentino en lugar de tener que ir peregrinando por 158 oficinas diferentes ahora tendrá la posibilidad de hacer una sola solicitud para todo el mundo”, detalló el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace.

El Gobierno había intentado avanzar hace un mes con el Tratado de Patentes pero terminó suspendiendo una reunión de comisión por presión de los laboratorios. Este sector, con fuerte poder de lobby, reclamaba que se deje “en reserva” el capítulo 2 del tratado porque significa que una patente registrada tiene vigencia por 20 años en todos los países miembros.

Finalmente, por la “voluntad de ampliar consensos”, el oficialismo aceptó dejar en reserva el Capítulo 2. “Ha habido una preocupación de los laboratorios locales”, reconoció el secretario Cacace, y luego argumentó que otros países, como Estados Unidos, firmaron inicialmente el tratado dejando “en reserva” el Capítulo 2. “Pero todos los países que hicieron esta reserva luego la han levantado, menos Uruguay”, detalló.

Los laboratorios nacionales habían planteado su rechazo bajo el argumento de que el PCT facilitaría los monopolios extranjeros, encarecería los medicamentos y vulneraría la soberanía sanitaria del país.

En concreto, advirtieron sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo 2 para patentar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes (sin aportar mejoras terapéuticas reales) para extender artificialmente los monopolios por 20 años y bloquear la competencia.

Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perderá soberanía porque los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad.

Finalmente, advirtieron que la implementación del tratado podría llevar a la destrucción del mercado de genéricos y biosimilares. Dado que la industria farmacéutica argentina basa gran parte de su negocio en la réplica legítima y producción de genéricos competitivos, sostienen que el Capítulo 2 trabaría estos desarrollos, limitando el acceso de la población a remedios más económicos.

“¿Con este tratado van a bajar los medicamentos? ¿Cómo no vino ningún funcionario del Ministerio de Salud?”, se preguntó el diputado peronista Agustín Rossi. Desde el peronismo firmaron un dictamen de rechazo porque consideraron que “el apuro” del oficialismo obedece meramente al intento de sellar el acuerdo comercial con Estados Unidos que será perjudicial para la Argentina.

“Es la diferencia entre lo ideal y lo posible. Este tratado -con la reserva- es lo posible. Es mejor que salga esto y no que nos quedemos afuera del tratado por otros 50 años”, explicaron desde el oficialismo

El oficialismo planea convocar a una sesión para el próximo 20 de mayo junto con el proyecto de Ley Hojarasca, que tiene como objetivo eliminar 70 leyes que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales, y a una iniciativa para reducir las zonas incluídas en el régimen de Zonas Frías.

La cuestión de la relación entre el todo y sus partes es un tema de apasionado interés en ontología, esto es, en el orden del ser. Aún manteniendo sus respectivas individualidades, la parte y el todo participan en sus propiedades, lo que permite explicar, por ejemplo y nada menos, la naturaleza social y política del individuo humano.

Pero esto no es así en todas las disciplinas. En materia legislativa, y vamos al punto, el todo es la ley y sus partes los distintos artículos, estos se encuentren o no reunidos en capítulos, títulos o numerales especiales.

Precisamente lo que tiene naturaleza y efectos de ley es el artículo, mientras que el capítulo solo sirve para una distribución racional de los artículos, ayudando así a la intelección e interpretación de la ley.

Por eso una misma ley puede regular materias absolutamente diversas, distribuidas o no en capítulos diferentes, en definitiva, a gusto del legislador quien puede ser, en esto, más o menos lógico claro.

Por ello en materia legislativa, el todo de una ley sólo expresa una unidad formal, cuya utilización depende de diversas razones, entre ellas las de estrategias legislativas (políticas) por parte del Ejecutivo y/o del Congreso. La ley, en el sentido antes expresado, es el acto jurídico formalmente unitario que el Congreso aprueba como proyecto y que el Presidente hace vigente como tal mediante el decreto de promulgación (sin perjuicio de las alternativas de aprobación total o parcial y la insistencia por parte del Congreso, además de la promulgación tácita).

En la definición anterior he querido destacar el carácter formalmente unitario de la ley (y, por ende, de su proyecto) cualquiera sea su contenido, es decir ya sea que en su articulado trate de peras, naranjas, elefantes, y buques submarinos, con o sin distribución en capítulos. Y esto es así aun cuando el legislador haya querido auto restringirse, como ocurre con el caso del art. 20 de la ley 24156, de Administración Financiera, que prohíbe la inclusión en la “ley de leyes” de disposiciones ajenas al presupuesto en sí mismo, lo que podría muy bien ser “desobedecido” por la ley presupuestaria del ejercicio de que se trate: ley posterior desplaza a la anterior.

De esta manera un mismo proyecto legislativo, como un todo, puede contener partes con diversidad de contenidos que solo se vinculen entre sí por tal razón: integrar un mismo todo formal. El art. 81 de la Constitución es muy claro al distinguir el todo del proyecto, que debe ser aprobado o desechado por la Cámara correspondiente en tanto que totalidad unitaria: “Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año”. En cambio, continúa la norma, “(S)i el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora…” vuelve a la Cámara de origen, la que podrá aprobar las adiciones o correcciones por mayoría absoluta de los presentes, o insistir en el texto original con igual mayoría que la lograda en la revisora.

No es posible confundir la parte con el todo, esto es uno o varios artículos con el proyecto como unidad, que sólo puede ser aprobado o desechado “en general”, lo que en el lenguaje parlamentario quiere decir en su totalidad. Recordemos que “general” significa lo “común a todos los individuos que constituyen un todo, o a muchos objetos, aunque sean de naturaleza diferente” (RAE). Pero esta aprobación como un todo (es el término que utiliza el art. 81 CN: “totalmente”, adverbio de modo que indica “en su totalidad”) no implica la aprobación de cada artículo del proyecto, los que podrán sufrir “adiciones o correcciones” en el momento de su tratamiento “en particular” (término que el constituyente emplea en el art. 79 CN) es decir, la discusión de cada una de sus partes o artículos.

Obviamente será una “adición o corrección” el rechazo entero de un “Capítulo” del proyecto, en tanto que el Capítulo es, como vimos, una mera identificación metodológica de los artículos, que son las verdaderas y únicas “partes” del proyecto susceptibles de sufrir “adiciones o correcciones”. Lo que en este supuesto se rechaza, estrictamente, son los artículos que integran el Capítulo, pero no éste que en sí mismo no es una categoría legal (en la realidad, el operador jurídico -juez, abogado- no aplica el Capítulo X de la ley Y, sino los artículos agrupados en tal Capítulo). Estas modificaciones parciales al proyecto hasta podrían ser realizadas por la Cámara revisora antes de la aprobación en general , de manera que esta última, por lógica, incluirá el nuevo texto adicionado o corregido.

La diferencia es importante. Si el proyecto es rechazado totalmente (en general) por la Cámara revisora (o antes, por la Cámara de origen) no podrá ser vuelto a tratar en el mismo año legislativo. En cambio, si lo rechazado o modificado son partes del proyecto (uno o varios artículos, cualquiera sea su sistematización) esto podrá ser consentido por la Cámara de origen o bien, insistida su redacción original por esta última con las mayorías que la norma indica.

Confundir al todo con las partes, y viceversa, parecería una grave lesión a la lógica, además de su contradicción con la letra misma de la Constitución Nacional.

El oficialismo busca mostrarse activo en la Cámara de Diputados para contrarrestar los movimientos de la oposición, que por estos días intenta conseguir los votos para avanzar con una interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Mientras que la oposición ya convocó a una sesión el próximo jueves 14 de mayo, que será apenas un primer paso dado que deberá emplazar a las comisiones que controlan los libertarios para obligarlos a tratar los proyectos de interpelación, el oficialismo planea hacer lo propio el miércoles 20 con un temario que incluirá la adhesión Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) -en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos-, la denominada Ley Hojarasca y la reducción de subsidios por zonas frías.

Durante el último mes la actividad parlamentaria estuvo casi paralizada por el escándalo de Adorni. El jefe de Gabinete brindó su informe de gestión el miércoles pasado y allí aseguró que puede explicar su patrimonio y adelantó que brindará todos los detalles necesarios a la Justicia.

Los libertarios esperaban que su presentación en Diputados pusiera punto final a la discusión pero las recientes revelaciones de la Justicia, por ejemplo las refacciones por USD 245 mil que habría hecho en su casa del country Indio Cuá, le suministraron a la oposición el combustible necesario para mantener el tema en el centro de la agenda.

Hasta el momento sólo el proyecto de ley Hojarasca tiene dictamen de mayoría y está listo para ir al recinto. Esta iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, tiene como objetivo eliminar 70 leyes que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales.

Para llegar a un consenso, los libertarios decidieron dejar afuera del proyecto los puntos más resistidos por la oposición como la derogación de exenciones fiscales para cooperativas, la eliminación de la credencial de libre circulación para legisladores nacionales y los recortes del aporte estatal para la Federación Argentina de Municipios.

Por otro lado, fuentes oficiales adelantaron a Infobae que este martes intentarán llevarse el dictamen del Tratado de Patentes para dejar el proyecto listo para el recinto. Funcionarios del Ministerio de Desregulación irán a evacuar dudas de los aliados al plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General.

El Gobierno había intentado avanzar hace un mes con el Tratado de Patentes pero terminó suspendiendo una reunión de comisión por presión de los laboratorios. Este sector, con fuerte poder de lobby, reclamaba que se deje “en reserva” el capítulo 2 del tratado porque significa que una patente registrada tiene vigencia por 20 años en todos los países miembros.

Actualmente, producir medicamentos genéricos o biosimilares permite reducir drásticamente los costos. Por otro lado, los laboratorios extranjeros plantean que sin protección de patentes no hay incentivo para investigar.

La diagonal para destrabar la negociación será efectivamente dejar en reserva el capítulo 2 pero este cambio extenderá el trámite legislativo, ya que el texto tendrá que volver a pasar por el Senado.

Por último, el Gobierno envió a Diputados un proyecto para modificar el régimen de zonas frías para reducir los subsidios al gas. A partir de la nueva iniciativa sólo mantendría la bonificación del 50% los hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna.

En cambio, quedarán excluidas las zonas que se sumaron en 2022. Este cambio impactará en 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe, 1 en Tucumán. En estas localidades sólo podrán acceder al beneficio aquellos consumidores -se toma por medidor- que tengan como ingresos menos de tres canastas básicas.

El oficialismo deberá encarar una negociación complicada con aliados eventuales, como los gobernadores de Mendoza, Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba y Santa Fe, que aprobarán aumentos de tarifas en sus territorios. La medida es especialmente antipática dado que está comenzando el invierno.

Si logra avanzar con la sesión del 20, el oficialismo no solo podrá retomar la iniciativa sino también mostrar a la oposición que tiene los votos para bloquear una eventual interpelación de Adorni.

En busca de lograr un avance en uno de los tratados que la administración de Javier Milei acordó con su par de los Estados Unidos, el oficialismo impulsa este martes la aprobación del proyecto que habilitaría la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria de la Cámara de Diputados, programado para las 15 en el Anexo “C” del Congreso.

El llamado al plenario llega fuera del plazo de adhesión al acuerdo, que era el pasado 30 de abril, pero el lobby local hizo que el Gobierno se enfrentara a diferentes complicaciones.

Según confiaron fuentes de la Casa Rosada, para el plenario de comisiones asistirán funcionarios del equipo del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. “Vamos a ir por si hace falta despejar alguna duda”, señalaron desde la cartera del ministro.

Es por eso que mientras los operadores locales establecían contactos en los diferentes bloques, la Cancillería mantuvo negociaciones diplomáticas para que no se cayera el acuerdo.

En este contexto, Estados Unidos retiró a la Argentina de su “Priority Watch List”, la lista que señala a los países con observaciones en materia de propiedad intelectual, con lo que puso fin a una permanencia de una década.

Con la intención de dictaminar —lo que ocurriría el mismo martes—, el bloque oficialista plantea una modificación central al proyecto: la adhesión de Argentina al PCT quedará “con reserva del Capítulo II”.

Este cambio también generará que su aprobación lleve más tiempo, porque significa que el proyecto de ley deberá volver al Senado de la Nación, cámara que inició su tratamiento y que ya le dio media sanción.

El Capítulo II, que es el que genera controversia con la industria local, en especial la farmacéutica, habilita el examen preliminar internacional sobre la patentabilidad de las invenciones, proceso que genera diferencias entre los sectores involucrados.

Argentina es uno de los últimos países de la región que aún no se sumó al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

La excepción del Capítulo II surge a partir de presiones de los laboratorios nacionales y empresas productoras de semillas, que han manifestado reparos sobre el tratado. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) subrayó que muchos países han optado antes por esta reserva: “Estados Unidos, Suiza, Francia, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Liechtenstein, Corea del Sur, España y Grecia ingresaron al PCT adhiriendo solamente al Capítulo I, para luego, más adelante, adherir al Capítulo II”.

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) envió una misiva a la Cámara de Diputados en la que expuso su apoyo a la incorporación del Capítulo II, argumentando que permite “proporcionar una evaluación técnica-jurídica más robusta en una etapa temprana del proceso internacional”.

La adhesión argentina con reserva del Capítulo II permitirá integrarse de manera parcial al sistema internacional de patentes, con margen de maniobra para eventuales flexibilizaciones futuras, según lo estipulado por el propio tratado.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) establece que cualquier patente registrada por un integrante del acuerdo obtiene validez automática por 20 años en el resto de los países adheridos. Esta característica simplifica los procedimientos y evita la duplicación de trámites en múltiples jurisdicciones.

Para los desarrolladores y empresas innovadoras argentinas, según fuentes del Gobierno nacional consultadas por el sitio especializado parlamentario.com, la adhesión al tratado eliminaría numerosas trabas administrativas. “Actualmente deben iniciar el trámite de patentamiento desde el exterior, por no contar el país con una oficina receptora”, precisan, y remarcan que la integración al sistema PCT acelerará los plazos, disminuirá la burocracia y reducirá los costos en los procesos de protección de la propiedad intelectual.

La crisis política que se desató a raíz de las denuncias contra Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito no le da respiro al Gobierno. Este jueves, diputados de la oposición convocaron formalmente a una sesión para el próximo 14 de mayo en la que se tratarán los cuatro proyectos que impulsan la interpelación del Jefe de Gabinete para que brinde explicaciones sobre sus viajes y su patrimonio.

El objetivo real de la sesión es emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para que dictaminen los proyectos de interpelación contra Adorni. Ambas comisiones están controladas por La Libertad Avanza y sin el emplazamiento la oposición no puede obligarlas a tratar los pedidos de interpelación.

Conseguir que las iniciativas tengan dictamen es fundamental ya que sin ese paso reglamentario la oposición necesitaría una mayoría agravada de dos tercios para poder tratar los proyectos “sobre tablas”, es decir, sin pasar por las comisiones correspondientes.

La interpelación es una instancia previa en la que el ministro coordinador deberá responder preguntas de forma exhaustiva y en caso de no evacuar todas las dudas, se abre la posibilidad de avanzar con una moción de censura.

La moción de censura es un mecanismo parlamentario regulado en el artículo 101 de la Constitución Nacional que permite a la Cámara de Diputados expresar su desaprobación respecto a la gestión del jefe de Gabinete. Originalmente fue pensada como una “válvula de escape” ante una crisis política grave que permita frenar posibles abusos, errores o desvíos en la gestión sin descabezar el Poder Ejecutivo. Para que la moción prospere, debe ser aprobada por mayoría absoluta (129 votos). Si luego ambas Cámaras aprueban la remoción, el ministro afectado debe presentar su renuncia.

Cabe destacar que esto no ha ocurrido nunca desde la reforma constitucional de 1994 y el propio Adorni denunció que representaría un claro intento de desestabilización contra el Gobierno.

La bancadas de Unión por la Patria -que no firmó el pedido de sesión y asegura que no fue consultada-, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas ya hicieron públicas sus intenciones de echar a Adorni por la vía parlamentaria. A estos se suman un puñado de legisladores entre los que se destaca la ex libertaria Marcela Pagano, quien incluso denunció penalmente a Adorni. Pero estos espacios todavía deberán sumar una veintena de votos si quieren remover al jefe de Gabinete y, ante ese escenario, los gobernadores una vez más actuarán como el fiel de la balanza.

Por el momento, los mandatarios provinciales especulan con los tiempos y envían señales ambiguas. La jefa del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, pidió la renuncia de Adorni pero confirmó que los legisladores que responden al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no impulsarán la moción de censura.

“Yo no creo que los diputados lo tengamos que destituir. Adorni se tiene que ir solo. Adorni tiene que renunciar por varios motivos. Primero, para hacerle un bien al gobierno que él dice defender”, dijo a la radio provincial “Punto a Punto (90.7 FM)”.

En la misma línea, los diputados de Córdoba que responden al gobernador Martín Llaryora, que también integran el bloque Provincias Unidas, también argumentan que la situación de Adorni debe resolverla la Justicia.

Además, otros espacios como Independencia, que controla el gobernador Osvaldo Jaldo, Elijo Catamarca, vinculado a Raúl Jalil, e Innovación Federal, donde pisan fuerte Gustavo Sáenz y Carlos Rovira, no han mostrado ninguna intención de jugar a fondo contra la Casa Rosada.

De hecho, varios mandatarios provinciales almorzaron con el ministro del Interior Diego Santilli en el marco de la gira que encabezó la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei por San Juan.

“Van a quedar expustos los gobernadores y los republicanos intermitentes”, ironizaba un diputados en referencia a los bloques del PRO y la UCR, aliados del Gobierno

“A esta altura, con el daño que le está haciendo al Gobierno, creo que le terminamos haciendo un favor a Milei si removemos a Adorni, así no lo va a tener que echar él”, concluyó otro de los diputados que lo denunció penalmente.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade presentó este martes un descargo formal ante la Justicia Federal tras la denuncia de espionaje ilegal que hizo el Ministerio de Seguridad en su contra a raíz de sus declaraciones en la Cámara de Diputados sobre algunas actividades que habría realizado Bettina Julieta Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante el informe de gestión que brindó el ministro coordinador el miércoles pasado en el Congreso de la Nación, Tailhade denunció que la mujer de Adorni utilizó desde el inicio de la gestión un vehículo oficial y tres equipos de custodia de la Policía Federal. Según sus dichos, estos fueron utilizados para actividades de estricta índole personal, como llevar a los hijos al colegio o concurrir a un bar del barrio de Palermo.

“Su esposa usa esta custodia para ir a la manicura, para llevar a sus hijos al colegio, o para ir, reiteradas veces, a la ‘Ferneteria’, un bar de moda que está en la calle Serrano, en el barrio de Palermo. A las cuatro de la mañana la policía la tiene que esperar y volver a llevarla a su casa”, dijo el diputado de Unión por la Patria, quien se desempeñó como director de Contrainteligencia de la AFI durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.

En la denuncia, presentada por la directora de acciones jurídicas de la cartera de Seguridad, Mariana Venesio, y por el subsecretario legal, Diego Goldman, el Gobierno señala que “es motivo de preocupación que un miembro del Congreso exponga públicamente, en el recinto y ante la ciudadanía, los quehaceres privados del cónyuge de uno de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”.

Y agregaron: “Resulta especialmente delicado que el diputado refiera conocer con precisión el desempeño y la logística funcional de la custodia eventualmente a cargo de la seguridad del Jefe de Gabinete y su familia”.

En su descargo, al que accedió Infobae, el diputado kirchnerista calificó la denuncia como “un mamarracho” y un “verdadero bochorno institucional” que tiene por objetivo “desviar la atención de la opinión pública cuando se encuentra sumergido en crisis políticas o económicas”.

En esa línea, rechazó in totum la denuncia y el encuadre penal de los hechos al subrayar que la información provino de sitios y situaciones públicas -incluyendo establecimientos comerciales, un colegio y un bar en el barrio de Palermo- y que su intervención se alimentó además de mensajes y observaciones de vecinos y ciudadanos.

“Al tratarse de lugares públicos, la presencia de una mujer en un auto oficial, con dos guardaespaldas visibles, no pasa desapercibida. Y si se trata de la esposa de un funcionario público conocido por todos, repudiado por un sector importante de la sociedad que no comparte las políticas de su gobierno y particularmente el estilo arrogante y soberbio de Adorni, no es muy difícil conjeturar que mucha gente está interesada en que personas públicas como yo, dado mi alto perfil, conozcan estas cuestiones”, explicó.

Por otro lado, señaló que la denuncia entra en contradicción con la garantía constitucional consagrada en el artículo 68 de la Constitución Nacional, que dispone que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”.

“Eso no es ‘inteligencia’ en sentido legal: es control público, y se nutre de información de fuentes abiertas y observaciones directas de ciudadanos que circulan por la calle Serrano, en Palermo, a las que cualquier habitante de la Nación puede acceder sin necesidad de técnica clandestina alguna”, planteó.

Además, el diputado Tailhade pidió a la fiscalía un conjunto de medidas probatorias orientadas a determinar si la esposa de Adorni recibió custodia oficial de la Policía Federal y si se destinaron vehículos y agentes públicos para fines particulares o recreativos desde el 10 de diciembre de 2023. Solicitó informes oficiales sobre la cantidad de agentes asignados, la justificación administrativa y el protocolo aplicable, además del acceso a libros de novedades y partes de servicio.

También requirió la evaluación de grabaciones de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la calle Serrano y zonas adyacentes del barrio de Palermo, entre las 22:00 y las 05:00, así como imágenes del local gastronómico “La Fernetería”. Según explicó, el objetivo sería documentar la utilización de la custodia policial y la concurrencia de la funcionaria a los establecimientos señalados.

Pasó Manuel Adorni por el Congreso de la Nación y, aunque el oficialismo entiende que tuvo una especie de triunfo porque el Jefe de Gabinete “respondió todo”, la oposición hace una lectura diferente y define los próximos pasos a seguir en el Palacio Legislativo.

En varias publicaciones anteriores este medio explicó que los referentes de la oposición en Diputados vienen conversando sobre los pasos a seguir y cómo había sido la estrategia para llegar a la sesión con el Jefe de Gabinete. Ahora comienza otra parte de ese plan integral.

En los próximos días comenzará un intercambio con el fin de armar un temario que les permita a los bloques de la oposición avanzar rumbo al hemiciclo.

“Ahora viene la parte tres que es la de juntar proyectos e intereses para poder ir al recinto y avanzar en una agenda en común. Y vamos a ir por los temas que nos interesan a todos y que sabemos que el Gobierno no lo va a hacer que es la agenda social”, explicó uno de los diputados que negocia esa agenda.

En diferentes despachos del Congreso de la Nación se está trabajando en una sesión para emplazar a diferentes comisiones, por lo que se están “peinando” proyectos y diputados para sumar votos. “Como lo que necesitas es tener 129 diputados para el quórum y para votar los emplazamientos lo que estamos viendo son los proyectos que le interesan a algunos legisladores que son necesarios para alcanzar el número. Nosotros vamos a trabajar sobre un tema que junta voluntades como el endeudamiento de las personas, pero quizás hay que sumar otros proyectos como la emergencia climática en algunas provincias o ficha limpia que empujan otros sectores y los llevas al recinto para poder emplazar a las comisiones que manejan los libertarios”.

El hilo conductor en los diferentes bloques de la oposición es la agenda social, que entienden que crece sobre la base de la aparición de casos de corrupción. “La agenda social se retroalimenta de la agenda de corrupción porque la gente que no puede llegar a fin de mes observa como mientras la está pasando para el culo estos tipos están de joda, viajando a todos lados”.

El eje central de esta estrategia pasará por la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia —presidida por el peronista y sindicalista Hugo Yasky— que tiene una veintena de proyectos que proponen medidas en busca de dar una solución al crecimiento de las deudas y la morosidad de las familias.

“Lo que está claro es que la oposición tiene en mente tomar la agenda social y tratar de articular.” El avance de la iniciativa no está garantizado porque el oficialismo y sus aliados son mayoría en la comisión; por eso la oposición busca que el deterioro de la imagen del Gobierno, junto a la intención de empezar a diferenciarse de LLA, sirva para conseguir alguna firma más. La comisión tiene 31 integrantes donde LLA tiene 13, UP 11, Provincias Unidas 2, PRO 2, UCR 1, Coalición Cívica 1 e Innovación Federal 1.

El otro punto es que el oficialismo giró estos proyectos a Presupuesto y Hacienda, donde el oficialismo muestra una gran fortaleza en el número y que la oposición deberá emplazar para poder avanzar.

En medio de esto, desde las provincias hay algunos movimientos que ilustran la situación. Un ejemplo es lo que sucedió en Santa Fe. La administración de Maximiliano Pullaro presentó el Plan de Protección de los Ingresos, con medidas para desendeudar a trabajadores privados y públicos, autónomos y jubilados cuyos salarios se ven afectados por descuentos derivados de créditos.

La ex vicegobernadora de Pullaro es la diputada Gisella Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas, que tiene 18 miembros. Además, la santafesina es del PRO de la provincia que, aunque tiene algunos desencuentros con los amarillos nacionales, mantiene los puentes.

“Más allá del tema y los tiempos, lo que está claro es que la oposición tiene en mente tomar la agenda social y tratar de articular. Nosotros tenemos la orden de trabajar solo sobre lo que el Ejecutivo pide. Empieza un juego matemático de ver si logramos contener a los socios o si ellos los pueden llevar para su lado. Empieza otro Congreso”, reconoció un diputado libertario que suele tener buenas conversaciones con los legisladores del peronismo.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica inició el período 2026-2030 con la elección de Yara Jiménez Fallas como nueva presidenta del Congreso, tras una votación en la que la bancada del Partido Pueblo Soberano consolidó su dominio con 31 votos frente a los 26 obtenidos por la candidata de oposición, Diana Murillo Murillo. Este resultado refleja la correlación de fuerzas que marcará la agenda legislativa, anticipando una dinámica de mayorías claras en las decisiones clave, en medio de fragmentación política y una agenda multipartidista.

En el mismo proceso, la oficialista Esmeralda Britton González fue elegida vicepresidenta con el respaldo unánime de su bancada. Britton, con más de 40 años de experiencia en tecnologías de la información, gestión pública y transformación digital, presidió la Junta de Protección Social (JPS) entre 2018 y 2025, donde destinó recursos a más de 450 organizaciones y 500 programas sociales, según información de Teletica.com. Además, la fracción oficialista destacó su experiencia como ministra de la Mujer y presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, así como su papel en la digitalización de la lotería y en la lucha contra el crimen organizado relacionado con el juego ilegal.

El Partido Pueblo Soberano ocupa la presidencia y la mayoría del Directorio Legislativo

La votación confirmó la hegemonía del Partido Pueblo Soberano no solo en la presidencia del Congreso, sino también en los principales cargos del Directorio Legislativo. Gerald Bogantes Rivera y Reynaldo Arias Mora, ambos oficialistas, fueron electos como primer y segundo secretario, cada uno con los 31 votos de la mayoría oficialista, desplazando las postulaciones de la oposición.

Juan Manuel Quesada, subjefe de fracción oficialista, sostuvo que Jiménez Fallas cuenta con “experiencia en el Banco Central de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Aduanas y la Tesorería Nacional”, además de haber ocupado cargos en despachos ministeriales y en la secretaría general del Consejo de Gobierno bajo la administración de Rodrigo Chaves.

Jiménez Fallas es la quinta mujer en la historia de Costa Rica en presidir el Congreso, sumándose a Rosemary Karpinsky (1986-1987), Rina Contreras (2000-2001), Carolina Hidalgo (2018-2019) y Silvia Hernández (2021-2022). El Congreso actual es el más paritario en 205 años de historia, con la integración de 30 diputadas.

Gerald Bogantes Rivera, licenciado y máster en Derecho, fue director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y asesor legislativo. Por su parte, Reynaldo Arias Mora, con más de 26 años de trayectoria como abogado y notario, mantiene un vínculo destacado con el desarrollo municipal y comercial de Limón.

El bloque de oposición firmó una agenda común y mantuvo la exclusión de reformas que afecten derechos fundamentales

Frente a la mayoría oficialista, 26 diputaciones de los partidos Liberación Nacional, Frente Amplio, Coalición Agenda Ciudadana y Unidad Social Cristiana suscribieron la mañana de este 1 de mayo un pacto legislativo enfocado en promover diálogo, articulación y responsabilidad política en un contexto de alta polarización del debate público.

Entre los principales puntos del acuerdo figuran la defensa del Estado social de derecho, la independencia de los poderes, la lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos humanos. El compromiso incluye fortalecer la educación pública, la salud y la transparencia institucional, así como inmovilizar capitales del crimen organizado mediante la extinción de dominio y reformas a los sistemas judicial y penitenciario.

Claudia Dobles Camargo, jefa de fracción de Agenda Ciudadana, explicó a medios nacionales: “La ciudadanía no quiere confrontación permanente, sino soluciones”, resaltando que la alianza opositora surge de la necesidad de consensos en un electorado dividido. A su vez, Abril Gordienko López, jefa del PUSC, afirmó: “Costa Rica necesita una Asamblea Legislativa que actúe con responsabilidad, respeto y visión de largo plazo para el país”.

El acuerdo establece una hoja de ruta para el periodo 2026-2030 en siete ejes: democracia, seguridad y justicia, desarrollo social, desarrollo económico y competitividad, transparencia y probidad, así como funcionamiento parlamentario.

Limitaciones a las reformas constitucionales y defensa de los contrapesos institucionales

El bloque opositor impuso límites explícitos a la acción política conjunta. Durante una conferencia previa a la elección del Directorio Legislativo, los líderes opositores advirtieron, que no avalarán reformas constitucionales que impliquen recortes de derechos, reducción de garantías sociales ni cambios en el equilibrio de poderes. También rechazarán propuestas que debiliten la Corte Suprema de Justicia, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público o el Tribunal Supremo de Elecciones.

El acuerdo incluye el rechazo a la concentración de poder en el Ejecutivo y a todo debilitamiento de organismos de control. La agenda opositora mantiene el compromiso con la transparencia, la ética y la rendición de cuentas en el sistema democrático.

En materia de políticas públicas, el pacto prioriza alcanzar una inversión en educación equivalente al 8% del producto interno bruto y reforzar la Caja Costarricense de Seguro Social. En el eje ambiental, las bancadas opositoras analizarán alternativas para hacer frente a la crisis derivada del proyecto minero Crucitas en Cutris de San Carlos.

Entre las propuestas, destaca una ley para sancionar a diputados que incumplan con la probidad y la regulación del lobby parlamentario.

Jornada legislativa marcada por movilizaciones sociales y consignas de trabajadores

Mientras se conformaba el nuevo Congreso, miles de ciudadanos participaron en la tradicional marcha del Día Internacional de los Trabajadores en San José. El recorrido, desde el parque de La Merced hasta la Plaza de la Democracia, reunió a sindicatos, estudiantes, pensionados y representantes de partidos políticos que exigieron mejoras en educación, salud y seguridad, así como incrementos salariales, defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social y descongelamiento de las pensiones del magisterio, según reportó Teletica.com.

El Gobierno sigue avanzando en contra de la ley de Emergencia en Discapacidad que se niega a aplicar. Por un lado, avanza en llevar la discusión a la Corte Suprema de Justicia y, por el otro, envió al Congreso un proyecto de ley sobre discapacidad que elimina buena parte de los derechos que tiene el colectivo.

Uno de los puntos que elimina el proyecto del oficialismo es el de los beneficios fiscales para las empresas que llevan adelante una política activa para la inclusión laboral.

Desde la oposición buscan recuperar la agenda social y en ese camino el diputado de Unión por la Patria Cristian Andino presentó un proyecto de ley que busca transformar la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral, y propone que las empresas integren este criterio dentro de sus políticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

La iniciativa, acompañada por Jorge Chica, Nancy Sand, Christian Zulli, Gabriela Pedrali, Pablo Todero y Jorge Araujo Hernández, fue remitida a las comisiones de Legislación del Trabajo, Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.

El texto plantea que el sector privado adopte medidas concretas para garantizar la igualdad de oportunidades laborales, con la integración de la inclusión como un componente estratégico en sus políticas de sostenibilidad.

Según el documento del proyecto, la propuesta abarca a todas las personas jurídicas y humanas que desarrollen actividades económicas en la Argentina, con adaptaciones específicas para micro, pequeñas y medianas empresas. El objetivo central es promover la inserción socio-productiva y la autonomía económica de las personas con discapacidad, con la articulación de incentivos y obligaciones para el sector privado.

Entre las acciones obligatorias para las empresas, se destaca la incorporación progresiva de personas con discapacidad a la plantilla de personal. Además, el proyecto exige la contratación de bienes y servicios a proveedores integrados por personas con discapacidad o que gestionen unidades productivas inclusivas, el apoyo a emprendimientos productivos asociados al sector y el desarrollo de programas comunitarios en las zonas de operación. El documento especifica que las empresas deberán contar con descripciones de puestos accesibles, mecanismos de selección igualitarios y protocolos de accesibilidad, así como medidas preventivas frente al acoso y la discriminación.

El texto del proyecto introduce un régimen de incentivos para las compañías que cumplan con los requisitos. Entre los beneficios se incluye la prioridad en contrataciones con el Estado nacional, acceso preferencial a financiamiento productivo, reducción del 50% en aportes y contribuciones patronales para empleados con discapacidad y la obtención del sello oficial de Empresa Socialmente Responsable e Inclusiva.

El proyecto también garantiza que el acceso al empleo formal no provocará la pérdida de la Pensión No Contributiva por Discapacidad (PNC), una demanda histórica de organizaciones del sector.

La propuesta crea un Registro Nacional de Empresas Socialmente Responsables e Inclusivas, condición necesaria para acceder a los beneficios, y establece un sistema de indicadores para evaluar el cumplimiento, como la cantidad de personas empleadas, condiciones laborales, participación en cadenas de valor inclusivas e impacto social de los programas.

La autoridad de aplicación será definida por el Poder Ejecutivo Nacional, que deberá coordinar con organismos públicos y privados. Además, se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la normativa y dictar regulaciones complementarias.

Los impulsores del proyecto sostienen que la iniciativa “busca transformar el paradigma de la inclusión laboral en la Argentina, pasando de la promoción voluntaria a la responsabilidad compartida y garantizando condiciones de igualdad real en el mercado de trabajo”, según consta en el proyecto de ley que ingresó en las últimas horas en la Cámara de Diputados.

Durante la charla con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, el legislador del Partido Socialista opinó sobre la intervención de Adorni en el Congreso, al advertir que su discurso fue “muy coacheado”, “leído de punta a punta, incluso las explicaciones sobre su crecimiento patrimonial”, y subrayó la ausencia de espontaneidad del funcionario de Milei. “Leyó hasta las chicanas”, expresó.

En la evaluación de Paulón, el Gobierno “no tuvo respuestas ni sobre la gestión ni sobre los temas patrimoniales” del jefe de Gabinete. Sobre ese punto, dijo que Adorni “mintió al menos en dos ocasiones”. La primera, sobre la declaración de bienes: “Cuando dice ‘yo tengo todos mis bienes declarados’, es mentira. En el informe de gestión, sobre 4.700 preguntas, responde 1.900. Cuando se le preguntaba por el tema patrimonial, daba un link a la Oficina Anticorrupción. La declaración jurada rectificatoria de 2024 se presentó fuera de plazo, cuando ya había iniciado la causa por enriquecimiento ilícito. En la original, omitió la casa del country. Entonces, primera mentira: No tenías declarados todos tus bienes”.

Para el legislador del PS, otro punto endeble de la explicación fue la referencia a los contratos que Marcelo Grandio, amigo de Adorni y conductor de TV, que llevó a cabo con la TV Pública. “Segunda mentira: (dijo que) no hay contratos de Marcelo Grandio con la TV Pública. Claro, los contratos son con la empresa. Ayer supimos de la Fiscalía que seis contratos de la empresa de Marcelo Grandio, titular de la factura del viaje a Punta del Este, con Radio y Televisión Argentina (RTA). El último fue en noviembre de 2025. Había un compromiso de la TV Pública de ponerle a disposición hasta ocho personas de peinado y maquillaje para un programa que es un mano a mano”.

Luego, Paulón también cuestionó el relato oficial sobre los pagos de viajes al exterior: “En el famoso viaje a Estados Unidos, el que destapó todo el escándalo, Adorni dijo que pagó de su bolsillo. Pero la fiscal que cierra el caso sobre la mujer de Adorni decía que en realidad se pagó con la tarjeta corporativa de la jefatura de Gabinete”.

“Hay evidencia porque los delitos de este tipo invierten la carga de la prueba. Hasta tanto Adorni no explique en la justicia cómo obtuvo esos ingresos, tenemos que sospechar que es culpable”, concluyó en Infobae en vivo.

El futuro de Adorni y el poder real de Karina Milei

Tras el informe de gestión, Paulón consideró un marcado declive del jefe de Gabinete, al estallar los escándalos de presunta corrupción. “No hay vuelta atrás en términos de la consideración pública. Cada vez que Adorni aparezca en público, le va a costar mucho explicar los temas de su patrimonio y la gestión. Perdió la frescura que tenía como vocero. Era un buen vocero, eso terminó. Hoy no puede ser vocero de nada”, sentenció.

Desde su punto de vista, Paulón consideró que si Javier Milei “pudiera elegir, Karina sería la jefa de Gabinete”, pero no puede ocupar ese lugar porque “el jefe de Gabinete es un fusible y Karina no puede ser fusible”. “Por eso, es la jefa de Gabinete en las sombras desde un cargo institucionalmente más gris, que es la secretaria general de la Presidencia. Ejerce y le delega la firma a Adorni. Cuando dicen el Jefe, no es simbólico, es literal”.

En lo político, el diputado de Provincias Unidas advirtió que, desde el punto de vista de la gestión, la intervención del Gobierno en la Cámara de Diputados tuvo su déficit. “La gente que usa una hora más de su vida para viajar porque el colectivo no viene y no se pagan los subsidios del gasoil, está enojada y con mucha razón”, recordó.

Y remató: “En un momento de debilidad del Gobierno, donde enfrenta desafíos importantes en el tema económico y social, no tiene a alguien que lo explique, que lo justifique y lo defienda. Y el presidente se abraza a ese alguien”.

El episodio del “pochoclo”

Paulón marcó el contraste entre el show y la solemnidad de la sesión parlamentaria. En su opinión, toda la puesta de ayer en el Congreso fue “casi un relanzamiento de la carrera política de Adorni”, donde “nos pedían que llevemos el pochoclo”. “Le llevé al presidente de la Cámara, no me lo aceptó”, reconstruyó.

Respecto del clima en Diputados, Paulón defendió la teatralidad de su intervención con la pochoclera: “Entendí que era una forma de exponer la provocación que había hecho Martín Menem de ‘traigan pochoclo’, lo dijo en todos los medios. En general, cuando llevo un cartel o hago intervenciones, lo hago antes de que empiece la sesión. Cuando la sesión se abre formalmente, todo abajo y nos enfocamos seriamente”. Y el gesto, según reconstruyó, fue bien recibido entre colegas, incluso desde La Libertad Avanza (LLA): “En las horas de la tarde algunos libertarios me dijeron: ‘No me guardaste pochoclo’. Me recriminaron”, contó.

Paulón también aportó detalles del operativo político que acompañó la llegada del jefe de Gabinete al Congreso: “Había 210 militantes, funcionarios y hasta consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires que llevaron para el Adornipalooza (sic) en el inicio”. Y describió la jornada como “una tarde en dos tiempos”, con una primera parte de fuerte expectativa y presencia de toda la cúpula del Gobierno y una segunda marcada por la soledad del funcionario: “Cuando termina Adorni, se plantea un cuarto intermedio y ahí no quedó nadie. Lo dejaron más solo. Quedó el ministro del Interior, Diego Santilli, hasta el final”.

“Los propios funcionarios ven la obligación de rendir cuentas como algo medio burocrático, medio aburrido. Para nosotros es casi la única oportunidad de acceder a información. Cuando viene el funcionario, aprovechamos para preguntar”, concluyó.

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El diputado libertario Roque Fleitas presentó un proyecto para derogar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como método para la elección de candidaturas en Entre Ríos. El legislador es, además, presidente de LLA provincial e incondicional de Karina Milei.

La iniciativa, que ingresó a la Cámara de Diputados el martes por la mañana, está en consonancia con la postura del presidente Javier Milei de borrar las PASO del calendario electoral. El texto prevé que la definición de las listas será un asunto a resolver por cada partido o frente.

La idea de que tampoco se realicen en Entre Ríos era algo que rondaba en la cabeza de dirigentes del entorno estrecho del gobernador Rogelio Frigerio. Pero aún no había cerrado del todo. La columna del armado electoral del mandatario es la UCR. Y se sabe que el deporte favorito de los radicales es la interna. Privarlos de una competencia así podría hacer crujir el frente.

Fuentes de primera línea del oficialismo provincial adelantaron a Infobae que tomarán “con cautela y distancia” la iniciativa de LLA. Un alto funcionario que entra al despacho de Frigerio sin anunciarse puso un plazo para tratar un asunto así: “Octubre”.

A diferencia de lo que pasó en Chaco, otra provincia aliada de la Casa Rosada, en Entre Ríos el movimiento lo concretó LLA por su cuenta. En la tierra del norte, el proyecto para eliminar las PASO lo presentó un libertario, Iván Gyoker, pero con aval del gobernador Leandro Zdero.

Reacciones

La movida de LLA Entre Ríos apuró los tiempos del oficialismo. Y también de la oposición. Fuentes del bloque peronista en Diputados dejaron trascender ante la consulta de Infobae que, casi con seguridad, no acompañarán la derogación de las primarias.

Tras la debacle electoral de 2023 (cuando perdió la gobernación y las principales ciudades) el PJ Entre Ríos se quedó sin conducción. Hoy por hoy, una elección con las garantías de unas PASO es la única alternativa que podría zanjar las disputas internas y terminar con el clima de asamblea permanente en las huestes peronistas.

Algunos dirigentes justicialistas vienen trabajando desde principios de año con la idea de que no habría primarias. Por eso, comenzaron a bocetar la eventualidad de una interna abierta en noviembre de este año. Así, los candidatos quedarían lanzados para el 2027. En la ecuación se considera la posibilidad de que Frigerio adelante los comicios hacia la primera mitad del próximo año.

Qué dice el proyecto

El texto presentado por Fleitas deroga una ley aprobada a principios de siglo y que, con sucesivas modificaciones parciales, perfiló las PASO de Entre Ríos a imagen y semejanza de las nacionales.

Asimismo, ordena que la selección de candidatos a cargos públicos electivos provinciales, municipales y comunales “se regirá por las cartas orgánicas de los partidos políticos, confederaciones y alianzas electorales”. Deberá respetarse “el marco de los principios democráticos y la legislación electoral vigente”, añadió.

Entre los argumentos esgrimidos por el diputado provincial para eliminar las PASO se cuenta que no se cumplieron los objetivos planteados. La idea original era que podrían fortalecer la vida interna de los partidos. En esa línea, debía promover la participación ciudadana y transparentar procesos de selección de candidaturas.

Por otro lado, fundamentó la derogación en que muchas elecciones primarias “carecieron de una competencia real”. Desde que la legislación entró en vigor a comienzos de siglo predominaron las listas únicas o los acuerdos previos, señaló Fleitas.

A continuación, puso sobre la mesa la cuestión económica. En caso de que las elecciones sean desdobladas, todo el proceso electoral, incluidas las primarias, tendría que ser soportado por el Estado provincial. Este esquema “traslada a la sociedad el financiamiento de los procesos internos de cada partido” donde en muchos de los casos “no hay competencia efectiva”, razonó.

El gasto en las PASO “podría ser destinado a atender necesidades urgentes de la población”, postuló luego.

En otro orden, consignó: “La obligatoriedad del sistema configura una injerencia directa en la autonomía de los partidos políticos”.

Por último, enrostró al peronismo que hay antecedentes de legisladores de esa fuerza promoviendo una salida como la que impulsa. La eliminación de este sistema “no implica un retroceso institucional ni una restricción de derechos políticos”, dijo. Por el contrario, se trata de una decisión orientada a “racionalizar el sistema electoral”. Lo que se pretende es “optimizar el uso de los recursos públicos y fortalecer la autonomía de las organizaciones políticas”, concluyó.

Las invitaciones violetas a comprar pochoclo y el video de Javier Milei y sus ministros en apoyo de Manuel Adorni -con música de Rocky- tuvieron muy escaso reflejo en el recinto de Diputados. Ni escándalo, ni épica. El jefe de Gabinete se limitó a no responder las preguntas sobre los temas que lo acompañan y esmerilan desde hace casi dos meses -propiedades y viajes, gastos efectivos o comprometidos-, frente a aliados silenciosos y una oposición más bien prolija, que machacó con el tema, sin réplica. El oficialismo evitó un sacudón que dejara fuera de juego al funcionario. Y la oposición, finalmente, le arrancó una frase que refleja hasta qué punto escaló el tema: “No voy a renunciar”, dijo. Resultado: sigue la serie, con foco en la Justicia e incertidumbre en el Congreso.

Por lo pronto, desde el Gobierno dejaron trascender una módica satisfacción, casi de compromiso, aunque nadie podría suponer que el tema queda agotado y que se abre sin más vueltas el camino para “recuperar la agenda”. En rigor, Milei expuso el desborde declarativo, además de alentar y aplaudir a su funcionario. Volvió a cargar contra los periodistas a la entrada y salida de Diputados, después de dar por “cerrado” el caso. “Chorros, corruptos”, les gritó a los cronistas. Y repitió alguna descalificación parecida unas horas después, al exponer ante empresarios.

Resultó llamativo, además de grave y repudiable, porque casi en paralelo desde el oficialismo se hacía trascender que la presentación de Adorni en Diputados marcaría el inicio de una etapa de mayor exposición, que incluiría la vuelta a conferencias de prensa, desde la semana que viene. Por supuesto, debería revertir la insólita decisión de impedir el trabajo de los periodistas de la Casa Rosada. Del mismo modo, en medios de LLA se insistía con la necesidad propia de reactivar la actividad legislativa y avanzar con sus proyectos.

En esa línea, el primer movimiento sería para votar la Ley Hojarasca, cuyo debate en el recinto fue suspendido la semana pasada por el oficialismo, frente a lo que se imaginaba como un anticipó de los cruces por Adorni. En medios opositores consideran que el proyecto lograría sanción, pero advierten sobre el panorama complejo para las iniciativas más densas del Gobierno, desde la reforma electoral a los intentos para enfrentar el cuadro judicial por la ley de financiamiento universitario. También asoma difícil el camino para los textos sobre discapacidad. Los dos temas alimentan protestas, que en el caso universitario incluye la convocatoria a una nueva marcha nacional para el 12 de mayo.

El trámite de la reforma electoral -que arranca por el Senado- pinta un cuadro difícil de resolver para el oficialismo, según se admite incluso cerca de la presidencia del bloque violeta. Y demandaría un nuevo esfuerzo de negociación. Por lo pronto, desde las filas radicales y del PRO advierten, con mayor o menor énfasis, el rechazo a la derogación lisa y llana de las PASO. Algo parecido transmitieron gobernadores del PJ de buen trato con Olivos. Ya hay planteos además para dividir la propuesta del Ejecutivo y tratar por aparte Ficha Limpia. En cualquier caso, los negociadores del Gobierno -en primer lugar, Diego Santilli- deben atender a los jefes provinciales, complicados y preocupados por la caída de la coparticipación y la baja de la recaudación local.

No es menor lo ocurrido en la presentación de Adorni. Los socios del oficialismo no intervinieron cuando el foco estuvo puesto en las propiedades y los viajes del funcionario, pero algunos legisladores alineados con gobernadores “amigos” sí participaron para insistir con reclamos propios, especialmente vinculados al deterioro de rutas nacionales por falta de obras. Lo dicho: los gobernadores, además, no pasan en general por una buena situación presupuestaria.

Fue una señal un tanto inadvertida sobre el cuadro económico. Por supuesto, hubo defensa del plan del Gobierno por parte de Adorni y cuestionamientos opositores. Pero no fue el centro de atención. En cualquier caso, habla de los otros temas de interés real en materia económica y social, según surge de encuestas variadas, muchas consumidas en despachos de funcionarios y asesores.

De todos modos, el tema de la marcha de la gestión quedó desplazado por el caso del jefe de Gabinete, como era de esperar: la escenificación del respaldo presidencial al funcionario tuvo su punto culminante en Diputados. Inédito. Foto y video con Milei en el centro y la primera línea violeta presente, al igual que en los palcos: ministros, algunos secretarios con Daniel Scioli como cara más conocida, un puñado de senadores, militantes.

Adorni, serio, en algún tramo desafiante y atado siempre al libreto, mantuvo con variaciones la misma letra: que no respondería cuestiones vinculadas con los temas que lo vienen colocando al tope de la agenda desde la segunda semana de marzo. Repitió que lo hará en la Justicia. Se verá cuando le llegue el turno.

Los momentos de tensión fueron pocos y no muy ruidosos. Quizás el más destacado expuso a Martín Menem tratando de marcar autoridad, antes que manejo de la situación. Cruzó y hasta le cerró el micrófono a Pablo Juliano, radical de Provincias Unidas, porque no trataba de “usted” al jefe de Gabinete. Finalmente, la pregunta del legislador fue respondida con la afirmación del funcionario sobre su decisión de no renunciar. Un título, al fin.

De hecho, las miradas se corren hacia la Justicia, por las novedades que pueda exponer el caso y por su impacto en el Congreso, sobre todo cuando el peronismo/K vuelve a alentar la idea de interpelar al jefe de ministros y motorizar una moción de censura. Antes, claro, habría que ver el efecto en la sociedad. Gerardo Pollicita avanzó con distintas medidas de prueba y espera el análisis de especialistas sobre gastos, hipotecas e ingresos.

No es todo. La exposición de respaldo presidencial a su funcionario pareció apuntada especialmente a su núcleo, a su tribuna, por la puesta en escena y por la profundización del mensaje descalificador. Pero los interrogantes con proyección más amplia no tuvieron respuesta. Dicho de otra forma: Adorni y el Gobierno quedaron encerrados en los límites de la lógica política.

En una charla con el equipo integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Gustavo Lazzari, el diputado nacional del bloque Unión por la Patria desmenuzó el desarrollo y las consecuencias de la sesión especial que tuvo como protagonista al jefe de Gabinete Adorni.

Rossi planteó que, lejos de despejar sospechas, la defensa pública del funcionario incrementó la desconfianza sobre su figura: “La sensación que tengo es que están mirando un canal que no es el canal que mira la mayoría de los argentinos”.

El rol de Adorni y la reacción del oficialismo en la Cámara

Rossi diferenció los planos del discurso del jefe de Gabinete: de un lado, la defensa de la gestión; del otro, las respuestas sobre las denuncias personales. “Toda la defensa del jefe de Gabinete fue refugiarse detrás de que estas son causas judiciales. Como es una causa judicial, claramente no voy a hacer ningún tipo de declaración porque está la justicia actuando”, señaló.

Según el diputado, “si alguien tenía dudas, generó más dudas. Porque la defensa fue esconderse detrás de la causa judicial”.

El legislador recalcó la excepcionalidad política de la jornada: “Es la primera vez en la historia desde 1994 que un presidente de la Nación, en este caso el presidente, todo el gobierno, fue a apoyar al jefe de Gabinete”. Rossi recordó su propia experiencia en el cargo: “Yo fui jefe de Gabinete y sabía que entre las múltiples funciones estaba la de defender la gestión, comunicar la gestión y defender al jefe de Gabinete”.

Consultado sobre el clima inusual de la sesión, Rossi reveló: “Nosotros tomamos una decisión como bloque, la charlamos con el resto de los bloques opositores, de estar muy tranquilos. Sabíamos que iba a haber momentos en donde se nos iba a agredir, se nos iba a descalificar”.

Sin embargo, remarcó que la estrategia opositora no fue producto del temor a eventuales acusaciones del oficialismo: “No es que tomamos una actitud de estar tranquilos por lo que nos podían decir, porque la verdad es que nos lo dicen todo el tiempo. Lo que sí creíamos era que no podíamos caer en que esto se convirtiese en un escándalo”.

Sobre el momento más incómodo para el oficialismo, Rossi sostuvo: “El momento que más incómodo lo vi a Adorni fue cuando los compañeros nuestros, Juan Marino, Rodolfo Tailhade y Sabrina Selva, hablaron y especificaron las cuestiones que él no daba respuesta y el cierre de nuestro presidente de bloque, Germán Martínez, que fue un muy buen cierre”.

Moralidad, corrupción y confianza ciudadana

La entrevista puso en primer plano la cuestión de la moralidad como política de Estado, a partir del discurso presidencial del 1 de marzo. Rossi fue contundente: “No parece que este gobierno sea el gobierno que vaya por el camino de la rectitud de los estoicos. Yo no digo que sea un gobierno de corrupción generalizada, pero es un gobierno que tiene corrupción extendida. El presidente con Libra, la hermana del presidente con las coimas en ANDIS, el caso de Adorni, lo que estamos viendo ahora”.

Enumeró casos recientes que comprometen la credibilidad oficialista: “Esta semana, el domingo creo que renunció un funcionario del Ministerio de Economía porque se había olvidado de declarar siete departamentos. El titular del Arca, que teóricamente debe auditar a todos los argentinos para que no haya evasión impositiva y lavado de dinero, está imputado en una causa por lavado de dinero”. Para Rossi, “eso repercute en la totalidad de la política y genera un escenario donde la sociedad termina descreyendo”.

El diputado reconoció la dificultad de restaurar la confianza pública, incluso entre votantes desencantados del oficialismo: “Me encuentro con gente que ha votado a Milei que hoy están desencantada y que te dicen: ‘Son todos iguales’. Es un desafío que la política tiene que registrar, resolver los problemas de la vida diaria y cotidiana de la gente y resolver los abusos de la política en el uso del poder”.

Futuro electoral, unidad y desafíos de gestión

Rossi remarcó la necesidad de un frente opositor amplio y con programa. “Axel Kicillof tiene el derecho ganado a ser candidato a presidente de la Nación. Ganó dos veces la reelección en la provincia de Buenos Aires, es un dirigente conocido en todo el país”, argumentó. Sin embargo, advirtió: “El peronismo debería resolver su candidatura a través de una PASO, en donde podrá haber uno, dos o tres candidatos a presidente y que sean los argentinos los que terminen decidiendo”.

Sobre la amplitud del armado opositor, Rossi consideró: “Yo creo que nosotros tenemos que construir un frente lo más amplio posible. Un frente que vaya desde los arrepentidos del PRO hasta la izquierda”. Y justificó: “Lo peor que le puede suceder a la Argentina son cuatro años más de Milei”.

El diputado aportó datos duros sobre el presente: “No quiero 52% de pobres, 67% de pobreza infanto-juvenil, 211,4% de inflación y 19% de inversión privada con respecto al producto. Muchos de los que cuestionan a Milei, además de cómo lo cuestionamos los periodistas todos los días, son responsables de la Argentina que hizo que Milei hoy sea presidente”.

En relación a la problemática habitacional, Rossi explicó: “Para resolver el problema del déficit habitacional en la Argentina se necesitan construir 100 mil viviendas por año durante diez años”. Debatió también sobre el componente impositivo en la construcción y el efecto sobre el acceso al crédito: “La vivienda es la actividad de la construcción que mayor cantidad de mano de obra genera, entre tres y cuatro en forma directa por cada vivienda que se realiza”.

La conversación cerró con una reflexión sobre la experiencia en política: “Claramente hay pasado. Si yo soy un dirigente que tiene 66 años, obviamente que tengo pasado. El que no tiene pasado es el que recién empieza”.

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El respaldo político al jefe de Gabinete fue contundente. Manuel Adorni presentó su informe de gestión en la Cámara de Diputados ante la atenta mirada del presidente Javier Milei y de la secretaria general Karina Milei.

El ministro coordinador ingresó al recinto pasadas las 10.40 y en los palcos ya estaba ubicada la plana mayor del gobierno nacional. Junto a Javier y Karina Milei se ubicaron en el palco central el ministro de Economía Luis Caputo, su par de Capital Humano Sandra Pettovello y el canciller Pablo Quirno.

Milei entró en el recinto mientras se entonaba el himno nacional y fue ovacionado. “¡Presidente, presidente!”, coreó la militancia que se ubicó en los balcones del segundo piso y los propios diputados de La Libertad Avanza.

Unos minutos antes, cuando ingresaba por la escalera que accede a los palcos, una persona increpó al Presidente y le preguntó si Adorni era corrupto. “¡Corruptos son ustedes!”, gritó Milei mientras se alejaba en medio de un fuerte operativo de seguridad.

La oposición recibió con frialdad al Presidente. Pero la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman aprovechó la entrada del mandatario para increparlo a los gritos que cumpla con la ley de financiamiento universitario. Los libertarios actuaron como si no la hubieran escuchado.

Cuando Adorni fue invitado a entrar al recinto, el diputado Nicolás del Caño le gritó “deslomado”, lo que desató una ovación con aplausos por parte de los libertarios.

Por su parte, el socialista Esteban Paulón aportó una cuota de ironía al sentarse en su banca con un paquete de pochoclos. Fue una referencia a los dichos del presidente de la Cámara de Diputados que había advertido que la sesión sería “picante” y recomendó “comprar pochoclos”.

Los diputados de la oposición guardaron silencio durante la exposición del Jefe de Gabinete; de hecho, la mayoría se dedicó a conversar con algún compañero de bancada o mirar la pantalla del celular. Por su parte, los aliados del PRO y la UCR sostuvieron el gesto sobrio y evitaron aplaudir los logros económicos que enumeró Adorni.

En los palcos, a la derecha del Presidente se sentaron los ministros del Interior Diego Santilli, de Desregulación Federico Sturzenegger, la senadora Patricia Bullrich y el asesor Santiago Caputo. A la izquierda del mandatario, estuvieron la titular de Seguridad Alejandra Monteoliva y el flamante ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. También escucharon a Adorni la secretaria legal y técnica María Ibarzabal Murphy, el ministro de Salud Mario Lugones y el subsecretario de Gestión Institucional Lule Menem.

Entre las figuras destacadas también se pudo ver al hermano de Adorni, Francisco, junto a su compañero de bancada en la Legislatura bonaerense Oscar Liberman.

El jefe de Gabinete aprovechó su exposición inicial para destacar algunas variables macroeconómicas como la baja de la inflación, la estabilidad del dólar y las inversiones en sectores clave, como minería y energía. También evitó las referencias directas a las denuncias sobre su patrimonio o sobre los viajes al exterior.

El aplauso más fuerte se desencadenó cuando Adorni señaló que la ex presidenta Cristina Kirchner fue condenada por corrupción en el marco de la causa Vialidad. El peronismo mantuvo silencio y, tal como se acordó en la previa de la sesión, evitó “entrar en el juego del Gobierno”. “Nosotros queremos que responda”, sintetizaron desde Unión por la Patria.

No obstante, el que no pudo resistir la tentación de “chicanear” a Adorni fue el diputado Aldo Leiva, quien en medio del discurso se acercó al estrado para entregarle en mano al funcionario unos volantes que rezaban “Todo muy claro, menos las explicaciones”. La libertaria Lilia Lemoine se apuró a echar al legislador peronista.

Luego Milei protagonizó otro intercambio con los diputados del Frente de Izquierda cuando Adorni mencionó el conflicto bélico en Gaza. “Cómplice del genocidio”, le gritó Romina del Pla. Pero el Presidente contestó saludando con una sonrisa y hasta puso las manos en forma de corazón.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue contundente y afirmó que no pensaba renunciar. Si bien pidió que el informe de gestión no se convierta en un juicio público, aseguró sin matices que no había cometido ningún delito, que podía explicar su patrimonio y que pagó sus viajes familiares de su bolsillo. Ahora la palabra final la tendrá la Justicia.

Bajo la atenta mirada del presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y todos los ministros del Gabinete, que fueron a mostrar su apoyo, Adorni cerró la primera parte de su presentación con tono desafiante. “Todas las cuestiones que son parte de una causa judicial en curso deben ser resueltas en ese ámbito”, dijo. Y remató: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”.

Las explicaciones del jefe de Gabinete -que leyó sus palabras durante toda la jornada- llevaron tranquilidad a la bancada libertaria, donde la estrategia oficial de exponer al funcionario generaba mucha preocupación. “Fue muy bueno el discurso, muy contundente, lo que se necesitaba”, analizó un diputado de La Libertad Avanza ante la consulta de Infobae.

Al mismo tiempo, haber abordado de frente los cuestionamientos sobre su patrimonio le quitó tensión a la sesión ya que la oposición anticipaba que el funcionario iba a negarse a hablar sobre las denuncias. Por eso esperaban poder arrinconarlo al momento de las preguntas. “La estrategia fue generar muchas expectativas y que después no pase nada, dio todas las explicaciones y fue un éxito”, opinaron cerca de Martín Menem.

“En realidad no contestó nada y todavía hay muchas dudas sobre su patrimonio, por ejemplo no explicó de dónde salen los fondos para pagar viajes o devolver tantos préstamos. También había dicho que nunca se había tomado vacaciones y ahora dijo que los pasajes los pagó de su bolsillo”, se quejaba un diputado de la oposición. En las filas del peronismo se mostraron optimistas tras la sesión porque consideraron que “dejaron en evidencia” que Adorni no podía contestar con ningún detalles las preguntas sobre sus propiedades.

Adorni habló durante más de una hora de los principales logros económicos del gobierno nacional, como la baja de la inflación, la eliminación del déficit y el fin de los piquetes. Pero el foco siempre se mantuvo en los cuestionamientos en su contra.

Al referirse al viaje que hizo su esposa junto con la comitiva oficial a Estados Unidos, el jefe de Gabinete aseguró que no se violó ningún procedimiento oficial y que fue una decisión “discrecional” de Presidencia, conforme al Decreto 713/16. En esa línea, afirmó que “no hubo ningún gasto de viáticos, alojamiento, comida, o de cualquier tipo de parte del Estado Nacional y que no existió incumplimiento en su invitación”.

También aseguró que pagó de su bolsillo sus viajes familiares al exterior. “No se trataron de viajes financiados por terceros en el marco del Decreto 1179/2016, ni de obsequios de ningún tipo”, detalló.

Por otro lado, si bien no habló del origen de los fondos ni de los préstamos que recibió, Adorni explicó que todos sus bienes serán consignados en su declaración jurada, para la cual no se ha vencido el plazo de presentación. Sobre ese punto también adelantó que presentará toda la documentación pertinente a la Justicia.

La primera parte del informe transcurrió sin mayores sobresaltos, a excepción de algunos ocasionales intercambios de chicanas con los diputados del Frente de Izquierda. Uno de los cruces se produjo cuando Adorni mencionó el conflicto bélico en Gaza. “Cómplice del genocidio”, le gritó Romina del Pla a Milei. Pero el Presidente simplemente contestó saludando con una sonrisa y hasta puso las manos en forma de corazón. En otro momento, los acusó de defender ideas (comunismo) que causaron “más de 150 millones de muertes”.

No obstante, a Milei sí se lo vio más enojado en los pasillos del Palacio Legislativo. Cuando salía de la oficina de Menem para dirigirse al palco al inicio de la jornada, un periodista le preguntó si Adorni era corrupto. Sin frenar y sin mirarlos, el Presidente gritó: “Ustedes son corruptos”.

Cuando se retiraba, la situación se repitió. Al ser consultado si las explicaciones de Adorni habían sido suficientes, Milei arremetió: “Es más que suficiente, el caso está cerrado, chorros, corruptos”.

El clima de la sesión se distendió aún más cuando el presidente Milei y los miembros del gabinete se retiraron. Solo quedó el ministro de Interior Diego Santilli sentado solo en un palco por algunas horas más.

Al momento de las preguntas y respuestas, los bloques más chicos se concentraron en la situación económica. Pero igualmente continuaron los dardos contra Adorni. “No voy a renunciar, de hecho, estoy acá dando la cara”, desafió ante el planteo de que otros funcionarios ante denuncias similares habían sido eyectados de la gestión. Además, apuntó directamente contra el kirchnerismo: “Ustedes no tienen derecho a pedirle explicaciones judiciales a nadie”.

El jefe de Gabinete aprovechó los cuartos intermedios que se pidieron después de cada tanda de preguntas para ordenar junto a su equipo las respuestas. Siempre leyó y en pocas ocasiones se apartó del guión elaborado por sus asesores.

“Si no le traían todas las cosas que le dieron para leer, no podría haber contestado ninguna pregunta. Eso es muy grave”, protestó el peronista Germán Martínez. En definitiva, el ministro coordinados logró manejar los tiempos de la sesión, no pronunció ninguna frase desafortunada y salió indemne de la interpelación “blue” que había preparado la oposición.

El diputado en cuestión era Sergio Palazzo, quien integra el bloque de Unión por la Patria, y es el Secretario General de la Asociación Bancaria. En medio de su disertación en la Cámara Baja en el marco de las preguntas que se le realizan al ministro coordinador, lanzó un crudo comentario para el oficialismo por las interrupciones que se generaron.

“Son numerosas las interrupciones. ¿Le puedo decir a los terian que se autoperciben leones que se callen un poquito si es tan amable? Gracias, presidente", dijo Palazzo. Sus dichos incluso llegaron a dibujar una pequeña mueca en la cara del titular de la Cámara de Diputado, Martín Menem.

Sin embargo, el presidente de la Cámara tuvo un cruce previo con otro diputado, en este caso el representante de Provincias Unidas, Pablo Juliano. Todo comenzó en medio de una de las interpelaciones que realizaba el legislador contra el jefe de Gabinete.

Allí, Juliano comenzó: “Recién lo acabo de escuchar decir que el resultado del año pasado también tenía que ver con el caso de las preguntas. Usted en el 2016 le decía a Vidal y la aplaudía, que no entendía la diferencia entre lo público y lo privado, pero ahora viene y nos deja los mismos argumentos de la casta que dijo que venía a terminar”.

Y siguió: “Nos vinieron a decir que venían a terminar con la casta y nos metieron en un ajuste en donde vos ahora estás haciendo contorsionismo con tus propios números y obligás a que la Argentina haga contorsionismo para subirse al bondi después de haber trabajado. Eso es lo que vos representás acá. Hiciste bajar a todo tu gobierno”.

Automáticamente, Menem lo cruzó y le pidió que se dirija de “usted” al jefe de Gabinete, ya que “es lo que corresponde” antes de que continúe con la interpelación.

“Es el apellido, no lo estoy tratando de chanta y me estoy quedando corto. Mire, presidente, yo estoy hablando con muchísimo respeto”, fue la respuesta de Juliano que acusó una nueva interrupción por parte del bloque libertario. Menem continuó: “Le pido que se dirija con respeto, pero es de usted”.

Y el diputado replicó: “Pero a ver, si a mí me dicen Juliano, yo soy Juliano, él es Adorni. ¿Cuál es el problema de eso? Respeto le faltaron a la gente, ustedes. Adorni, le faltaste el respeto a la gente cuando desde el momento uno". Seguido de esto, el presidente de la Cámara tomó nuevamente la palabra y apuntó: “Le voy a interrumpir el uso de la palabra si no se dirige de usted al jefe de Gabinete. Se lo digo de nuevo, diputado, por favor se lo pido. Lo acabo de advertir”.

Tras la continuidad de las palabras de Juliano, Menem apuntó: “Diríjase de usted, diputado, es lo que corresponde. Son las formas de la honorable Cámara de Diputados de la Nación. Se lo trata de usted al jefe de gabinete y a todos los ministros. No está en una cancha de fútbol, diputado. Es la Cámara de Diputados de la Nación".

Sin embargo, ante un nuevo comentario en el que no aplicó el pedido del presidente de la Cámara, Menem le cortó el micrófono al legislador y dijo: “No me falta el respeto a mí, a la presidencia, a la gente que está viendo esta sesión. Diríjase de usted. Última vez que se lo digo”.

Manuel Adorni está a horas de dar el primer Informe de Gestión desde que es Jefe de Gabinete de Ministros. La sesión ya estaba establecida en el calendario meses antes, pero las casualidades de la vida hicieron que el funcionario no la pudiera cancelar ante los primeros reveses mediáticos debido a que estas presentaciones tienen raigambre constitucional. Así, será un acontecimiento ineludible que lo someterá al escrutinio público por primera vez desde aquella conferencia de prensa en Casa Rosada realizada un mes atrás.

El 29 de abril aparece en el calendario como una fecha clave desde el momento mismo en el que Adorni quedó en el centro de la tormenta a partir de las diferentes revelaciones mediáticas y judiciales. Desde entonces se espera que hable en público, algo que evitó por un largo tiempo.

Adorni le confesó este martes por la mañana a un interlocutor que sintió el rigor y el paso de estas semanas. De todas maneras, avisó que no está nervioso por la sesión de hoy. “Estoy cansado, pero no tengo nervios. Va a estar bueno lo de Diputados”, confiesa ante su fuero íntimo.

La Jefatura de Gabinete enviará un archivo con las más de 2.100 respuestas sobre las consultas de los diputados nacionales, que son el resultante de un proceso de filtrado y aglomeración de las 4.800 preguntas originales que se habían hecho. Aquello fue comandado por los equipos técnicos que Adorni tiene en su área, quienes, a su vez, lo coordinaron con los demás ministerios y organismos estatales.

Hay respuestas relativas a la gestión, mas no sobre la situación judicial o patrimonial del funcionario. Esta misma filosofía se replicará este miércoles cuando los diputados de los diferentes bloques seguramente lo aborden sobre esa cuestión. “Vamos a tratar de hablar sobre cuestiones de gestión, solamente. Lo demás se dirá que es un tema judicializado. No va a correr el riesgo de decir algo que después pueda llegar a ser utilizado en su contra”, comenta una figura del Gobierno que conversó con Adorni por estos días.

La sesión por el informe de gestión va a comenzar a las 10.30 horas de hoy. Esta se dividirá en tres partes: una discurso inicial de Adorni, un extensísimo bloque de preguntas y respuestas entre los bloques opositores y Adorni; y un último apartado de cierre que será hecho por el bloque de La Libertad Avanza.

Adorni ya ensayó la primera parte de la sesión este lunes en el Congreso. La parte del Palacio por la que transitó estuvo bajo un estricto operativo de seguridad que se ocupó de resguardar los movimientos del jefe de Gabinete sin ser grabado ni visto. Practicó algo más de media hora en el pleno del recinto y luego se reunió brevemente con Martín Menem, una de las figuras del Gobierno con las que más habló por estas semanas, ya que tendrá la responsabilidad institucional de liderar una sesión que se prevé caótica.

“Va a ser un discurso institucional de un poco más de una hora. Se va a hacer foco en logros económicos y en la estabilidad macro. También en las reformas que ya se hicieron y en las pendientes”, avisan en su círculo chico.

Arriba en las gradas tendrá un apoyo inusitado: estarán presentes el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y todos los ministros y funcionarios de la cúpula de la Casa Rosada. “Yo no recuerdo haber visto un despliegue así en todas las décadas que llevo en el Congreso”, confesaba un trabajador del recinto.

A esto se le sumará la búsqueda de una épica y una fuerza de choque que estará corporizada en la masa militante que ya está apalabrada para ocupar los palcos del hemiciclo. Eso es algo que está confirmado, aunque es una incógnita si irán Las Fuerzas del Cielo: la cámara baja es un territorio comandado por los Menem, con quienes el vínculo no es particularmente fluido.

La semana pasada Infobae adelantó que Adorni tendrá un as bajo la manga: hacer, si quiere, la “gran Francos”. Es decir, abandonar el recinto si es que se siente agraviado por los diputados opositores. Es por ese motivo que los estrategas libertarios dejaron últimos en el cronograma de preguntas a quienes integran el bloque de Unión por la Patria. “Si se pasan de vivos se quedan sin preguntar”, avisa un colaborador libertario.

Después de hacer una pasada por el Congreso este lunes por la mañana, Adorni fue a la Casa de Gobierno a reunirse con la mesa política y repasar la agenda en materia legislativa. Se trató brevemente el asunto de la sesión: les transmitió que estaba tranquilo y quedaron en que se verían el miércoles en Casa Rosada para partir juntos en caravana para el Congreso.

El ministro coordinador eligió tener un martes con una agenda más liviana. Se limitó a tener a estar durante la mañana en El Talar para hacer una quema de una incautación masiva de drogas junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y luego canceló todo para tener unas últimas horas para repasar antes de la noche.

No es menor que el oficialismo se haya encargado de hacer todos estos preparativos antes de la sesión. Incluso, Adorni ni siquiera sabe si irá a la actividad que Presidencia estaría preparando para que Milei aterrice en el portaaviones estadounidense USS Nimitz. Lo “estresa” pensar en la posibilidad de que un avión baje en una superficie como esa, confiesa.

“Ahora mismo solo está enfocado en que salga todo bien”, marca una persona que conversa con Adorni prácticamente todos los días. No son inocentes: saben que una mala performance no lo ayudaría a su sobrevida como funcionario. Aunque hay matices según el funcionario al que se le consulte, los hermanos Milei son rotundos: no está en discusión su continuidad. Pero primero debe producirse el show de mañana. “Compren pochoclos”, avisó Martín Menem semanas atrás.

El 1° de marzo y con la Asamblea Legislativa de testigo, el presidente Javier Milei vaticinó un año reformista compuesto por "nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales", que perseguían la intención de “rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina“. Sin embargo, a casi dos meses de aquella promesa, el Poder Ejecutivo se topó con algunos inconvenientes que demoraron los deseos del mandatario.

“Sacamos varios dictámenes. Tampoco es fácil armar una sesión. Somos 95 y los otros 34 requieren su esfuerzo”, planteó un legislador ante Infobae en referencia al esquema de apoyos en la Cámara de Diputados. “Uno se plantea objetivos o ideales a los que aspira, pero la realidad es compleja y no siempre se llega con todo. Cada reforma desde su concepción hasta su implementación implica un proceso largo y lleno de complicaciones”, sintetizó otra fuente libertaria en sintonía.

Desde el anuncio a la fecha, el Congreso solo trató -y aprobó- las modificaciones en la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, con 137 votos a favor y 111 en contra, tras la media sanción obtenida en el Senado durante el período de extraordinarias. A la sesión le sucedió el envío de varios proyectos, algunos que acumulan críticas de la oposición y los aliados como lo es la reforma electoral, y otros cuyos apoyos aún están en estudio.

“Glaciares nos llevó más tiempo del que queríamos, pero era importante sacarlo. Era muy difícil tratar otros temas en paralelo. Ahora viene el informe de Adorni y se nos despeja un poco para meter una segunda tanda”, graficó un integrante del oficialismo a este medio.

En estos casi dos meses, la administración libertaria debió afrontar una serie de sucesos que iniciaron la reedición de las diferencias internas entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, atenuadas durante el receso veraniego y la irrupción de la polémica que gira en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, producto de sus viajes y la adquisición de sus propiedades.

Asimismo, varios interlocutores del espacio admiten que los ruidos internos “complejizan” la situación, y otros tantos añaden el agravante de no contar con mayoría automática en ninguna de las cámaras, lo que obliga a revisar de manera individual cada voto y demora los tiempos. “La interna influye. En lo personal, me tiene un poco harto”, se expidió otra voz del ecosistema violeta.

Al respecto, uno de los integrantes de la mesa política rechazó que haya demoras en los plazos y habló de una decena de iniciativas “en estudio” que podrían accionarse en los próximos meses. “Tenemos 10 proyectos en estudio. No hay demora”, sentenció.

Casi a contramano, otro integrante del selecto grupo designado por Milei atribuyó la quietud a lo que definió como “la dinámica misma”, y expuso además un nuevo elemento marcado por el intenso cronograma de viajes legislativos convocado por las diferentes entidades. “Hay diversos factores que van desde la Argentina Week hasta los viajes de diputados propios y aliados organizados por RAP y AMCHAM en medio del período ordinario”, sostuvo ante este medio una voz del Gabinete.

En la administración libertaria se esperanzan con la reactivación de la actividad legislativa pasado el informe de gestión del jefe de Gabinete previsto para este miércoles 29 de abril al que asistirá el mandatario, pero además el grueso de los ministros. “Veremos cómo sale, calculo que se destraba post informe. Deberíamos poder sesionar hasta el Mundial”, afirmó un legislador a este medio.

Los planes diseñados por la Casa Rosada son ambiciosos e incluyen el envío al Senado de la Reforma Electoral, la Ley de Propiedad Privada, que modifica seis leyes; los cambios en la Ley de Salud Mental; el proyecto de Fraude de Pensiones por Invalidez; el que habilita un acuerdo de pago a los bonistas por el default del 2001; un abultado número de pliegos de jueces y diplomáticos; y la ley de Falsas Denuncias de la senadora Carolina Losada.

Mientras en Diputados esperan tratar la ley de Hojarasca, la adaptación de Financiamiento Universitario y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, uno de los tratados internacionales más importantes en la materia.

Luego de semanas complejas para la Casa Rosada, marcadas por los ruidos económicos, los sucesivos capítulos de la interna y la polémica de Adorni, los bloques aliados parecen plantarse con más fuerza y no esconden las diferencias. No sorprende que tanto el PRO, la Unión Cívica Radical, como gobernadores aliados de la tallada de Osvaldo Jaldo (Tucumán) hayan opuesto resistencia a los deseos del Ejecutivo de eliminar las PASO. Meses atrás, el escenario era otro.

En Balcarce 50 no solo buscan retomar la actividad en el Congreso para cumplir con la hoja de ruta trazada por Milei, quien aseguró tener al menos 10 proyectos por cartera, sino que intentan recuperar la fortaleza política que les permita volver a hacer frente a los reclamos de la oposición y acortar la distancia de los aliados.

En medio de los primeros frenos visibles al combo de leyes que envió la administración libertaria y el descarte de sesiones pre diagramadas, tanto en Diputados como en el Senado, la Cámara alta aprovechará los próximos días para continuar con su senda de “trabajo regular” y activará, durante la tarde de mañana, un puñado de comisiones bicamerales que, sin embargo, no incluye la más jugosa de todas: la de Inteligencia.

La primera de todas, a las 14, será la de “Control de los Fondos de La Seguridad Social”, donde oficialismo y dialoguistas tendrán mayoría cómoda. Aparecen allí, como referentes mileístas, el senador Bruno Olivera Lucero (San Juan) y el diputado Lisandro Almirón (Corrientes), entre otros.

Una hora más tarde quedará conformada y con autoridades la “Permanente de La Defensoría del Pueblo”. El año pasado, esta bicameral aceleró en modo flash el mecanismo para el concurso del nuevo defensor. Para tener una referencia, el mismo actúa con plena independencia y autonomía, y su misión es la protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones públicas. Es decir, un representante colectivo.

Eduardo Mondino fue el último Defensor del Pueblo votado con dos tercios por Diputados y el Senado. Es un cargo que precisa mayoría especial en el Congreso. Dejó el sitial en 2009 y, desde entonces, no se avanzó con su reemplazo. Todo un desafío para los legisladores que aterrizarán, de manera inminente, a la bicameral.

Atención especial acaparará la “Mixta Revisora de Cuentas”, desde las 16. Es el enlace predilecto con la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo de control externo -a posteriori- de los gastos del estado. Dos detalles por el lado de la Cámara alta: quien consiguió una butaca fue el senador Guillermo Andrada, reciente ex kirchnerista y -de nuevo- peronista full time, de no aparecer otra voltereta. Es el delegado del gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, y forma parte de Consenso Federal, que suma tres de 72 votos.

Hasta diciembre pasado comandó el diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto, que se hizo cargo de un engorroso trabajo nunca realizado por gestiones anteriores –había expedientes de la época de Mauricio Macri y Alberto Fernández- y dejó a la bicameral más cercana a los tiempos actuales. Esto implica una mayor lupa hacia los períodos 2024 y 2025, de Javier Milei.

Lo que ahora analiza el oficialismo es, con las adhesiones que cuenta, ubicar en la presidencia al exjefe libertario en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy). De avanzar mañana será la primera vez, después de un par de años, que todo el cuerpo de la AGN –Diputados y Senado aprobaron a sus representantes en los últimos meses- y la bicameral en cuestión se hallen con luz verde.

A las 17.30 de este martes se conformará otra traumática: la del Defensor del Niño. En 2025, la mayoría de eventos relacionados con este –delicado- tema derivaron en papelones mayúsculos. Primero, por la ex titular del organismo, Marisa Graham, que modificó por resolución interna para atornillarse al cargo. Esto fue adelantado por Infobae durante el penúltimo período estival. Luego, la comisión “encontró” una propuesta que, para nacer, tuvo el sorpresivo viraje de una macrista y legisladora bonaerense electa por La Libertad Avanza, que se unió al cristinismo y dialoguistas. Terminó con una postulante relacionada con la gestión bonaerense de Axel Kicillof. Prosperó en un solo recinto.

La gran incógnita que resta es la de Inteligencia. Allí, como contó semanas atrás este medio, Consenso Federal ligaría un premio de oro: aparece la jujeña Carolina Moisés. Olvidó rápido los reclamos por la condena contra Cristina Kirchner, quien desde antes de su prisión domiciliaria forzó la intervención del sello en dicha provincia para reventarlo y cederlo a La Cámpora. Los resultados fueron estrepitosos y un -para nada inocente- regalo a la UCR local, a la que tanto rechazan. Una butaca en esta bicameral asegura, además de las reuniones secretas, apostillas diversas y contactos, una medalla especial: es la única de todo el Congreso con presupuesto reservado.

Con el cierre del plazo de autopostulación este domingo 26 de abril, el Congreso Nacional inicia una etapa decisiva para seleccionar a los nuevos funcionarios que integrarán el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), dos organismos clave para la organización, supervisión y resolución de conflictos en materia electoral.

El proceso cobra especial relevancia porque las autoridades electas desempeñarán un papel central en la preparación y desarrollo de los futuros procesos electorales, y en la garantía de transparencia, legalidad y confianza ciudadana en los resultados.

La comisión especial legislativa designada por el Congreso Nacional revisará cada uno de los expedientes presentados por los aspirantes, lo que implica verificar el cumplimiento de requisitos legales, evaluar la trayectoria profesional y validar la documentación entregada.

Extienden plazo

Para ampliar la participación y evitar la exclusión por errores administrativos, se habilitó un periodo adicional de 48 horas para la subsanación de documentos. Este plazo permite que quienes ya hayan presentado su postulación corrijan inconsistencias o completen requisitos pendientes hasta el martes 28 de abril.

Las autoridades remarcaron que este beneficio no incluye a quienes no entregaron ningún documento dentro del plazo original, estableciendo así un límite preciso entre la flexibilidad administrativa y el cumplimiento de las normas.

Finalizada esta etapa, el proceso pasará a audiencias públicas previstas para el miércoles y jueves de la próxima semana. En estas audiencias, los diputados conocerán directamente a los aspirantes para evaluar sus propuestas, capacidades y criterios sobre temas electorales, además de examinar su independencia respecto a intereses partidarios.

Después, la comisión legislativa elaborará un informe que servirá de base para la elección en el pleno del Congreso Nacional. Para ser electos, los candidatos necesitan el respaldo de al menos 86 diputados, lo que exige acuerdos entre las diferentes bancadas políticas.

Funcionarios electorales

El diputado liberal Alberto Cruz destacó la necesidad de priorizar perfiles que ofrezcan imparcialidad y profesionalismo. Si bien reconoció que todas las fuerzas políticas pueden proponer candidatos, insistió en que la independencia respecto de las estructuras partidarias es esencial para prevenir conflictos futuros.

El debate por la integración de estos organismos refleja también las tensiones políticas entre partidos, sobre todo en cuanto a la participación de representantes del partido Libertad y Refundación (Libre). Desde el Partido Liberal manifestaron apertura, pero condicionada a que los aspirantes cumplan criterios definidos de autonomía.

El analista Germán Cálix explicó: “Este proceso no solo definirá nombres, sino que también pondrá a prueba la capacidad del Congreso para alcanzar consensos y fortalecer la institucionalidad democrática del país”.

En términos prácticos, el CNE se encarga de organizar y administrar los procesos electorales, incluido el registro de partidos y candidatos, la logística de votación y la divulgación de resultados. El TJE, por su lado, tiene la función de resolver disputas y controversias derivadas de los comicios, garantizando el cumplimiento de la ley electoral.

La elección de sus integrantes abarca implicaciones políticas, técnicas y jurídicas, porque el desempeño de estos funcionarios será clave para la estabilidad y credibilidad del sistema electoral hondureño en los próximos años.

Con la culminación de la etapa de postulaciones, Honduras entra en una fase en la que la transparencia del proceso, la calidad de los aspirantes y la voluntad de consenso político serán determinantes para asegurar instituciones sólidas.

Después de la máquina sin parar que significaron las sesiones extraordinarias de diciembre y febrero pasado, el Gobierno libertario se tomó un leve respiro y, en las últimas semanas, envió al Senado un ramillete de leyes y pliegos que pondrán a prueba la política de alianzas de la Casa Rosada y, sobre todo, hasta dónde estará dispuesto a negociar.

Con el correr de los días, desde despachos dialoguistas e incluso algunos oficialistas deslizaron a Infobae que, según el panorama que se pincela, habrá tiempo hasta agosto próximo para avanzar con las iniciativas en cuestión, antes de que el foco de atención se dirija hacia las pre campañas en varias provincias -ni hablar de lo nacional-, que aún especulan sobre cómo confrontará la administración central en diferentes distritos.

“Las cosas van tomando color de a poco en mi lugar, aunque a ritmo constante. Y todo indica que se acelerará. No hay que olvidar que el Ejecutivo decidirá si va a fondo con sus candidatos y el tenor de cada uno. Es decir, si serán postulantes para competir o para ganar. O si habrá alianza entre poder local y nacional. Eso, sin dudas, empezará a afectar los votos. Que hayan sobrado hasta ahora no implica que mañana sigan estando. Y en septiembre entra el Presupuesto y cuesta creer que haya otra cosa en simultáneo discutiéndose, con la trascendencia que la ‘ley de leyes’ acaparará”, reconocieron desde La Libertad Avanza (LLA) a este medio.

En tanto, un senador aliado confió: A veces pienso en el daño que se auto inflinge el Gobierno. A la reforma electoral, para dinamitar las PASO, le meten Ficha Limpia. Después, no cumplen con la norma de discapacidad que ratificó el Congreso para mandar otra, aún sabiendo que muchos que votamos la anterior seguimos en esta Cámara. ¿Alguien hizo esa cuenta? Sí hay que reconocer, y es innegable, que todos estos carriles por ahora se mantienen en calma gracias a quien tienen como jefa“.

La cita no es menor y es una coincidencia cercana a lo unánime según las fuerzas políticas que conviven en el Congreso: la agenda del período estival fue posible gracias a Patricia Bullrich, que se tira de “palomita” para cabecear todas las granadas. “La diferencia con -el presidente de Diputados, Martín- Menem, que encima es el protegido del Gobierno, es que el riojano sólo repite directivas. Y las leyes de los últimos meses no salieron justamente por eso, sino todo lo contrario“.

Ahora, el desafío es mayor para la exministra de Seguridad de Javier Milei. “¿A Patricia le envían todas estas leyes por su capacidad demostrada y para no quemarlo a Menem? Y, si comenzaran a trabarse, ¿le echarán toda la culpa para limarla?“, se oyó, con cierta preocupación, a un legislador libertario. El resto de consultados se dividen entre ”hasta diciembre no habrá inconvenientes" y “mejor que avance todo antes de mitad de año”.

Lo cierto es que Bullrich cuenta, en la actualidad -con las gafas oficialistas y en base a lo ocurrido en las extraordinarias de diciembre y febrero-, con un “piso” de 40 votos y un máximo de 44, que varió según el texto a tratarse en el recinto. Si bien nadie se anima a restar adhesiones a ello, la realidad es que los recientes proyectos parecen no tener los apoyos necesarios. El de la reforma electoral es el más claro. Todo dependerá de los eventuales cambios.

Según un sondeo inicial de Infobae, hay buena predisposición para la de salud mental -cambios necesarios a la vigente, con áreas delicadas-, baja en discapacidad, y promesas de modificaciones en el de propiedad privada. Sobre la última ley, un experimentado soldado dialoguista dijo a este medio: “Querían dictaminar la semana pasada. Casi un delirio, aunque frenaron a tiempo. Se armó, como con la reforma laboral, un canal de propuestas que van y vienen. La previsión es que lleguemos de acá a un mes”.

En paralelo a todo esto, el Senado tiene acomodadas varias audiencias públicas por pliegos judiciales hasta que termine la primera quincena de mayo, y ya suma un puñado de dictámenes listos para armar una sesión -la pensada para el miércoles 29 se bajó días atrás, como contó Infobae-, aunque algunos no convencen. El caso más marcado es el de falsas denuncias, la obsesión de la radical Carolina Losada (Santa Fe). “Rompe el recinto”, insisten desde diversas bancadas.

Durante la noche del jueves pasado, se conoció que el miércoles 29 se conformará la comisión de Salud -16 horas- y que, media hora más tarde, habrá plenario junto a la de Legislación General para analizar el proyecto sobre salud mental. Un regalo para el kirchnerismo: Milei ya dijo que estará presente ese día, en Diputados, para el informe de gestión del inmobiliario jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei envió al Congreso una ambiciosa reforma política que incluye entre sus puntos principales la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en el financiamiento de los partidos políticos y el régimen de Ficha Limpia. La iniciativa puso en alerta tanto a la oposición dura como a algunos habituales aliados de la Casa Rosada ya que entienden que el proyecto está pensado “a la medida” de las necesidades electorales inmediatas del oficialismo.

“Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso. ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre. “SE ACABÓ LA IMPUNIDAD. SE ACABÓ LA JODA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, anunció Milei en las redes sociales.

Entre los opositores más duros interpretaron la iniciativa como un claro intento de evitar que se conforme un gran frente electoral “anti-Milei”. Esta interpretación se basa en que para armar una coalición lo suficientemente amplia que derrote al oficialismo -una idea que enarbolan dirigentes como Axel Kicillof o Miguel Pichetto- es fundamental con una herramienta como las PASO que permite definir candidatos y repartir lugares en las listas en base a parámetros objetivos.

Sin primarias, las negociaciones entre diferentes facciones -como el camporismo y el kicillofismo dentro del peronismo- o entre antiguos adversarios se vuelven mucho más complejas.

Sin embargo, la eliminación de las elecciones primarias también preocupa a eventuales aliados de La Libertad Avanza, como el PRO y la UCR, ya que estos partidos anticipan que sin internas deberán someterse a un acuerdo de cúpulas que los dejará relegados en las listas.

En la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, los referentes de ambos partidos, Cristian Ritondo y Maximiliano Abad, ya se expresaron en el pasado a favor de mantener las Primarias pero con una modificación: que no sean obligatorias y por lo tanto no compitan los frentes electorales que no tienen que definir candidaturas internas.

El principal argumento de la Casa Rosada es el gasto que implica organizar las PASO y el desgaste que implica para los ciudadanos sumar otra fecha electoral al calendario. “La democracia cuesta plata, si nos guiamos únicamente por el criterio del gasto deberíamos terminar con las elecciones y convertirnos en una dictadura o una autocracia”, ironizó un viejo dirigente que supo apoyar las principales iniciativas de Milei durante su primer año de gestión.

“El sistema actual es muy bueno, no tiene fraude. Gracias a este sistema con primarias y financiamiento público de las campañas hasta ganó un tipo como Milei”, recordó y señaló que el verdadero problema del oficialismo es que los efectos negativos del plan económico hicieron que “no haya ambiente reeleccionista”. “El Gobierno está perdiendo la generación de expectativas en la gente”, resumió.

Por otro lado, la oposición anticipa que la reducción del financiamiento público de las campañas, la eliminación de los espacios gratuitos de publicidad y la ampliación de los aportes privados tendrán varias consecuencias inmediatas. Por un lado, una injerencia mucho más fuerte y directa de intereses económicos en el sistema político; por otro lado, el ingreso masivo de capitales provenientes del lavado y fundamentalmente del narcotráfico.

“Si bien el sistema actual de rendición de cuentas tiene muchos problemas y es verdad que en las campañas se utiliza dinero en negro, la eliminación del financiamiento público va a debitilar principalmente a los partido más chicos”, explicaron a Infobae. En esa misma línea, interpretan que la decisión de aumentar los avales y hacer más estrictos los requisitos para mantener la personería jurídica de los partidos (por ejemplo, caducarán los sellos que no se presenten en dos elecciones consecutivas o que saquen menos del 3% en dos elecciones seguidas) va a perjudicar directamente a los partido minoritarios.

La decisión de enviar el proyecto primero al Senado obedece a la intención del Gobierno de negociar principalmente con los gobernadores. De hecho, Gustavo Saénz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) ya se han manifestado en el pasado en contra de las primarias.

Por eso, la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, ya hizo saber que si en Diputados realizan modificaciones al texto, insistirá con la redacción original. El oficialismo optó por el Senado como cámara de origen porque anticipa un escenario mucho más adverso en la Cámara de Diputados, donde los bloques están muy atomizados y los gobernadores tienen menos influencia.

Los gobernadores podrían colaborar con la eliminación de las PASO nacionales ya que si deciden desdoblar las elecciones se regirán por el sistema vigente en cada provincia. Pero sí rechazan la modificación de la Boleta Única de Papel para incluir el casillero de lista completa. De hecho, el Gobierno tuvo que modificar el proyecto de ley en 2024 ya que las provincias no querían incluir el casillero de lista completa para impedir el efecto arrastre de la figura presidencial.

Ahora, el proyecto oficialista habilita que se incluyan los cargos locales, como legisladores o concejales, en caso de simultaneidad con elecciones provinciales. Así permitiría que los gobernadores que vayan en alianza con La Libertad Avanza se beneficien de un posible efecto arrastre de la categoría principal en una elección provincial concurrente con la nacional.

Por último, la inclusión de la Ficha Limpia fue interpretada por la oposición como una maniobra para forzar apoyos. “Incluyeron Ficha Limpia en esta ley omnibus para forzar apoyos y aprobar las leyes que necesitan con el objetivo de allanar el camino a la reelección de Milei, concentrar poder y debilitar cualquier alternativa política, en un contexto de creciente debilidad para el gobierno”, denunció Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Y agregó: “No vamos a aceptar que nos corran con la falsa dicotomía de acompañar este proyecto o ser cómplices de la corrupción”. En los pasillos de la Cámara de Diputados incluso los aliados del PRO señalaban que hay cuatro proyectos sobre Ficha Limpia con estado parlamentario y que si el Gobierno realmente tuviera voluntad de avanzar con el tema podrían haber logrado consenso fácilmente para convocar a una sesión.

Javier Milei será protagonista de un hecho realmente inusual la semana que viene: asistirá a la Cámara de Diputados para acompañar a Manuel Adorni y de ese modo escalará al máximo en la decisión de escenificar el sostenimiento de su funcionario, que arrastra un mes y medio de deterioro en continuado. Es bastante más que un abrazo para la foto. Y expondrá una especie de regla inversa, porque normalmente los jefes de Gabinete deben absorber los daños, cuidar a los presidentes, no al revés.

No es todo. Eso, que en el circuito violeta podría ser celebrado como un singular trazo mileista, opera en la práctica a contramano de los movimientos que viene ensayando el oficialismo para cambiar el clima político o, dicho de otra forma, recuperar terreno con iniciativas que modifiquen el foco de la agenda pública. Un objetivo compartido además con la necesidad de recrear expectativas después de un primer trimestre del año marcado por datos negativos en materia económica.

El efecto del caso Adorni es realmente amplio. El Congreso exhibe un ejemplo claro. Vive una etapa de muy escasa actividad, reflejo de las tensiones generales y, sobre todo, del bloque de la LLA y sus socios. Quedó en suspenso cualquier convocatoria del oficialismo al recinto antes del informe del jefe de Gabinete, el miércoles próximo. El último síntoma fue la postergación del debate sobre la ley Hojarasca, que se suponía casi un trámite.

Se impuso la cautela desde el Gobierno. Y pareció preferible evitar un anticipo de los cruces por el jefe de Gabinete, cuando además circulan dudas y surgen recelos sobre la actitud de aliados, desde integrantes del PRO y la UCR hasta legisladores que responden a gobernadores del PJ “amigos” de Olivos. La oposición dura no intentó avances con la idea de una interpelación. Tal vez consideró mejor el desgaste del funcionario, mientras trata de arreglar sus propios problemas.

La semana aportó además un dato que ilustra la situación del Congreso. El Ejecutivo promulgó la reforma a la ley de Glaciares, que ya fue judicializada. Alcanzó para recordar que fue el único proyecto coronado en casi dos meses. Una señal nada desdeñable, después de un febrero de éxitos legislativos anotados por el Gobierno.

La intención de modificar ese cuadro precipitó el envío del proyecto de reforma electoral, con eje en la eliminación de las PASO, la inclusión de Ficha Limpia y agregados sobre Boleta Unica de Papel y financiamiento de los partidos. Milei buscó exponerlo como una iniciativa “anticasta”, en espejo con el daño causado en el discurso libertario por capítulos como el de Adorni y el de los créditos del Banco Nación.

El primer dato que asomó en el Congreso fue el crujido por la resistencia cruzada de algunos socios del oficialismo. Desde el PRO y la franja radical alineada con el Gobierno hicieron saber que no comparten la derogación lisa y llana de las primarias. Y algunos gobernadores que aporten votos decisivos no se entusiasman con Ficha Limpia.

No está claro cómo evolucionará el proyecto, pero sí que serán necesarias negociaciones amplias, frente a una oposición heterogénea y desordenada -con especial foco en el peronismo/K- que, de todos modos, retomó conversaciones para tratar de coordinar su ofensiva sobre el jefe de Gabinete. Todo es cálculo y tensión en el Congreso. El mileismo le agrega su interna, que no cesa. Y, según trasciende, está molesto con la posición de “plateístas” que podrían adoptar algunos de los socios, en la batalla que imaginan para el recinto.

En rigor, los diputados del Pro, del radicalismo y algunos provinciales frenaron un primer intento de la oposición dura para tratar del tema Adorni -también, el caso $LIBRA- en el debate sobre la modificación a la ley de Glaciares. En ese contexto, el rechazo fue basado en cuestiones reglamentarias. El encuentro de la semana que viene es diferente, en todo sentido.

Por lo pronto, el oficialismo viene trabajando en los ejes de la presentación del jefe de ministros. Y más allá de las reuniones formales -la última cita de la mesa política fue corrida para el lunes-, se trata de una especie de gran ensayo, cuyo eje pasa por las respuestas a las cargas de la oposición. Las versiones que hace circular el Gobierno son vagas, pero ninguna descarta la alternativa de escalar en la pelea -sobre todo, apuntando al kirchnerismo y a “sacar” a alguno de sus representantes- para un final con retirada a los gritos.

En la oposición, los preparativos incluyen la insistencia hacia sus filas para que se imponga el control de las reacciones y de los egos, según se admite en ese circuito. Existe incluso la intención de dividir papeles, como ocurrió cuando fue el turno de Guillermo Francos, antecesor de Adorni. No parece fácil. Al igual que en el frente violeta, corren versiones sobre cartas para volcar el debate.

La atención de todos está puesta en las novedades que pueda producir la causa por enriquecimiento ilícito. Las novedades de los últimos días estuvieron centradas en la compra del departamento de Caballito y lo más ruidoso fue la declaración de Pablo Feijoo, que habló de una deuda “en negro” por 65 mil dólares. La sospecha se extiende no sólo al costo real de la propiedad sino además a los fondos para la adquisición inicial a un ex futbolista. En cambio, la semana que viene los testimonios principales tendrán que ver con la casa en el country de Exaltación de la Cruz. Y no se descarta alguna novedad con los viajes.

Está claro que los días que vienen estarán tomados por el caso del jefe de Gabinete, cuyo efecto -por la extensión temporal y mediática- supera el terreno estrictamente político. En rigor, se combina con la economía. Puede relegar noticias, en una mezcla que incluye desde el anuncio de alguna fuerte inversión petrolera hasta las cifras de caída de la actividad y baja o frío en el consumo. Pero sobre todo, relega el intento discursivo para generar expectativa después de un inicio de año para abajo.

Milei parece haber optado por dejar atrás los ensayos del Gobierno para cambiar el temario. Y más: subió escalones en sus peleas, siempre con elección de enemigos. Afirmó en primera línea al periodismo, combustible para el motor de tuiteros violetas que insultan y otros que presumen de analistas de medios. Resultó notorio también que, en simultáneo con la defensa de Adorni y la confirmación de su asistencia al recinto de Diputados, habló del objetivo de reelección. La alusión al plan para el 2027 quedó en segundo plano. Los títulos -y la repercusión en las redes- dieron mayor trascendencia al gesto de sostenimiento de su funcionario. Eso también habla de clima.

“Se está preparando bien”, aseguran en el entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que en menos de una semana deberá presentarse en la Cámara de Diputados a realizar la sesión por el Informe de Gestión, una tarea que tiene raigambre constitucional y que está obligado a hacer por el cargo que ocupa en la actualidad.

Los días previos a ese acontecimiento están cargados de un morbo particular por los acontecimientos recientes que rodean al ministro coordinador. Hace un mes que comenzó la investigación en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que encabeza el fiscal federal Gerardo Pollicita, que descubrió operatorias de diferentes propiedades que no se le conocían y viajes personales que no habían sido notificados; tanto durante su etapa como vocero presidencial como jefe de Gabinete.

Desde ese entonces, Adorni no volvió a aparecer en conferencias de prensa o a explicar su evolución patrimonial ante los medios de comunicación. Es por ese motivo que diputados de bloques opositores buscan aprovechar la situación para poder hacer una suerte de interpelación sobre los asuntos que el funcionario libertario no quiso explayar en estas semanas.

El jefe de Gabinete está terminando de pulir la estrategia discursiva que utilizará durante la sesión. Su círculo de confianza se compone de funcionarios como el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Sicilia; el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari; y la responsable de la Unidad de Gabinete de Asesores, Aimé “Meme” Vázquez.

Pero la ayuda no se circunscribe a su riñón de asesores legales y comunicacionales, sino que también pivoteó con diferentes alas del oficialismo para arreglar la dinámica que habrá en la sesión. El miércoles se reunieron los equipos del jefe de Gabinete con el del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para preparar la sesión informativa del 29. Acordaron que no habrá reunión de Labor Parlamentaria, aunque terminaron de digitar el cronograma de la presentación.

Infobae accedió al borrador de lo que será la presentación del próximo miércoles, que estará dividida en presentación, ronda de preguntas y respuestas y un cierre.

Adorni ingresará al pleno del recinto a las 10.30 horas de la mañana y tiene previsto dar un discurso de una hora, aproximadamente. En su entorno afirman que la presentación “va a ser seria y principalmente técnica”, utilizando como parámetro la mayoría de las respuestas que habrá respondido a los diputados en su informe escrito, el cual se entregará antes de la sesión.

La regla va a ser mínimo cinco minutos por bloque. Le vamos a dar proporcional a cada uno de ellos”, afirma una fuente libertaria. La secuencialidad será la siguiente: habrá una primera tanda en la que preguntarán 9 bloques menores que podría durar cerca de 50 minutos. Adorni tendrá unos 20 minutos para responder aquellas consultas que se le hagan durante ese bloque.

Luego será el turno del bloque Innovación Federal y de los interbloques Unidos (compuesto por Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal) y Fuerza del Cambio (integrada por PRO, UCR, MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz). El primero tendrá 11 minutos y los otros dos contarán con 20 minutos cada uno. El jefe de Gabinete también tendrá asignado un segmento de 20 minutos para responder las consultas.

El último turno de las preguntas le toca a Unión por la Patria, que tendrá unos 68 minutos para realizar las consultas. Se prevé que este sea la parte más álgida de la sesión. En ese marco, los libertarios no descartan utilizar un recurso que pueda funcionar como válvula para liberar presión o para condicionar las preguntas del peronismo-kirchnerista, según sea el caso. “(Guillermo) Francos se retiró cuando le empezaron a faltar el respeto en una de las presentaciones. No descartaría que pueda pasar lo mismo si no lo dejan hablar o lo insultan. Si se portan bien, van a llegar a poder preguntar. Si no, es posible que la caguen”, confesó un miembro del Gobierno.

Esto remite a lo sucedido en el pasado con el antecesor de Adorni, Guillermo Francos, cuando abandonó abruptamente su informe de gestión en el Senado el 26 de junio de 2025, tras un fuerte cruce con la senadora de Unión por la Patria, Cristina López, quien lo tildó de “mentiroso”. El funcionario se retiró molesto, suspendiendo la sesión informativa, alegando falta de respeto y señalando que no se quedaría si no le creían.

El cierre estará a cargo de La Libertad Avanza, que tiene como jefe de bloque al cordobés Gabriel Bornoroni.

El presidente Javier Milei confirmó que el próximo miércoles concurrirá junto a todos sus ministros al Congreso durante la exposición ante los legisladores. Milei entregó así una nueva muestra de respaldo a su funcionario en medio de las causas judiciales que lo involucran. “Sí, claro que voy a ir a acompañar a Manuel, voy a ir a escuchar a mi jefe de gabinete”, aseguró. En ese marco, el presidente subrayó que Adorni está respondiendo a cada pedido de la Justicia y que se están cumpliendo todos los plazos previstos. “Manuel dará las respuestas que correspondan, está trabajando la Justicia, se están cumpliendo los plazos, y estamos muy tranquilos”, precisó el jefe de Estado.

En tanto, por estos días el funcionario libertario se prepara para presentar por escrito la respuesta a cerca de 2.000 consultas realizadas previamente por diputados nacionales de la oposición, de las cuales casi un centenar abordan específicamente su patrimonio, viajes y la causa por enriquecimiento ilícito que lo involucra.

El gobierno nacional envió al Senado la reforma política anunciada por el presidente Javier Milei y desde los principales bloques opositores, incluso habituales socios del oficialismo, ya comenzaron a dejar trascender su rechazo a los principales puntos del proyecto y cierto malestar con la maniobra de incluir a último momento la Ficha Limpia dentro del paquete.

Ante la consulta de Infobae, tanto desde el PRO como desde la UCR reconocieron que no fueron consultados previamente por el Gobierno. Ambos espacios manifestaron en el pasado su reticencia a la eliminación de las PASO, ya que les quita una herramienta fundamental para avanzar con la conformación de alianzas electorales.

“Las PASO tienen un costo enorme para el Estado y en muchos casos se convirtieron en un trámite vacío. Pero también son un mecanismo de participación ciudadana que no puede descartarse a la ligera”, explicaron desde el partido amarillo. En ese sentido, insistieron con la idea de modificarlas para que por ejemplo no participen los partidos que tienen candidato único, una idea que había sido impulsada en el pasado por María Eugenia Vidal.

Por otro lado, señalaron que este debate tiene que darse con seriedad y no “apurado por la coyuntura electoral”. “El PRO no va a votar nada que no haya analizado en profundidad. Esa es nuestra forma de hacer política: con evidencia, no con urgencia”, sintetizaron.

El caso del PRO es particularmente complejo ya que busca conformar una alianza electoral con La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires pero al mismo tiempo mantiene una disputa descarnada en CABA, donde los libertarios amenazan con arrebatarles su principal fortaleza. “Son muy diferentes las necesidades de un gobernador, como puede ser Frigerio en Entre Ríos, que las de un diputado bonaerense o uno porteño que responde a Jorge Macri”, analizaron.

El referente de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, también adelantó que no está de acuerdo con la eliminación de las primarias. “Este instrumento (las PASO) y el sistema electoral argentino son muy buenos. Siempre han permitido transparencia. El que tenía que ganar la elección la ganaba. Ha perdido el peronismo, ha ganado Macri, ha ganado Milei”, dijo en Infobae a la tarde. Además, advirtió que modificar el mecanismo de primarias abiertas “vuelve al sistema de partidos más cerrado, no hace a la democracia interna”.

Por otro lado, el PRO y la UCR también fueron impulsores del proyecto de Ficha Limpia y no vieron con buenos ojos la decisión de Milei de tratar todo junto. “Hay tres proyectos ya presentados sobre Ficha Limpia, por lo que si hay voluntad de avanzar, tanto en Diputados como en el Senado, se puede hacer por separado. No hay necesidad de traer toda la reforma política”, advirtió un importante referente del PRO. En la misma línea, desde la bancada radical calificaron todo como una simple “maniobra de distracción”.

Entre los diputados más contundentes se destacó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien aseguró que se trata de una “reforma extorsiva y tramposa” que apunta a reducir el pluralismo, limitar la representación y desbalancear la cancha en favor de quienes gobiernan”.

“Incluyeron Ficha Limpia en esta ley ómnibus para forzar apoyos y aprobar las leyes que necesitan con el objetivo de allanar el camino a la reelección de Milei, concentrar poder y debilitar cualquier alternativa política, en un contexto de creciente debilidad para el gobierno”, publicó en sus redes sociales.

Y adelantó su rechazo a toda la iniciativa: “No vamos a aceptar que nos corran con la falsa dicotomía de acompañar este proyecto o ser cómplices de la corrupción. Es una acusación absurda, sobre todo contra quienes llevamos años enfrentando a los corruptos y denunciando que no pueden esconderse detrás de cargos públicos para evitar la justicia”.

En Provincias Unidas aclaran que todavía no unificaron un criterio porque no analizaron en profundidad la letra del proyecto. No obstante, los radicales disidentes y los socialistas que conforman el bloque ya hicieron saber su rechazo a la reforma. Además, la presidenta del bloque Gisela Scaglia fue vicegobernadora de Maximiliano Pullaro en Santa Fe, un distrito pionero en la implementación de las Primarias a nivel provincial.

“No creemos que haya que eliminar las PASO. Es un sistema que se puede mejorar, incluso pensar en que no sean obligatorias, pero eliminarlas no es el camino. Las PASO permiten ordenar la política y que las candidaturas no se definan solo en acuerdos de pocos. Si se plantea modificarlas, también es importante plantear cuál es la alternativa para que los frentes electorales definan a sus candidatos”, explicó uno de los integrantes del bloque y aclaró que esa es la postura predominante en el espacio.

Con dudas y rechazos de habituales aliados, el oficialismo enfrentará un duro proceso para conformar una mayoría en la Cámara de Diputados. “Saben que no tienen los votos para eliminar las PASO, por eso meten Ficha Limpia, para decir que nosotros no queremos la transparencia. O piensan que la ‘culpa honestista’ (sic) hará que se vote todo el paquete”, analizó un diputado de Provincias Unidas.

La reciente solicitud de investigación presentada por la bancada del Frente Amplio y la diputada independiente Kattia Cambronero ante la Contraloría General de la República pone bajo escrutinio el nombramiento interino de Víctor Carvajal Porras, exministro de Agricultura y Ganadería, como director ejecutivo del Sistema de Banca para el Desarrollo. El caso ha generado inquietud en ámbitos parlamentarios por las condiciones legales y éticas del proceso, considerándose que podría haberse incurrido en conflicto de interés, y advirtiendo sobre el impacto que este tipo de procedimientos tiene en la credibilidad de la institucionalidad costarricense, según comunicación oficial de la Fracción Frente Amplio 2022-2026.

Entre los elementos que motivaron la consulta a la Contraloría, figura el dato revelado por el diputado Antonio Ortega: el cargo de director ejecutivo que ocuparía Carvajal conlleva un aumento salarial del 117 % para el funcionario, alcanzando hasta nueve millones de colones mensuales, (USD 17,000) una cifra notablemente superior al salario precedente. Ortega cuestionó que el proceso de selección permitiera que Carvajal participara mientras ocupaba una posición en el Consejo Rector, ente responsable de la designación en disputa.

De acuerdo con la denuncia presentada, el entonces ministro de Agricultura participó como postulante en el proceso de reclutamiento mientras formaba parte del Consejo Rector encargado de decidir sobre ese mismo cargo, lo que el l Frente Amplio califica como posible conflicto de interés. Además, la sustitución realizada también fue cuestionada, ya que la viceministra votó en la sesión decisiva en ausencia del ministro y a favor de quien sería su superior directo, sin respaldo normativo que habilite tal accionar en estos casos. El sector parlamentario sostiene que la funcionaria carecía tanto de base legal como de fundamento ético para intervenir en la designación.

La crítica abarca a la actuación de la ministra de Economía, Patricia Rojas, quien, ante la falta de quórum, defendió el uso del “criterio de urgencia” para proceder con el nombramiento interino. De acuerdo con la Fracción, esto derivó en una decisión “sin quórum”, intensificando los cuestionamientos sobre la legalidad del proceso. Ortega agregó: “Este concurso se ha hecho de manera tan opaca que el mismo Tribunal de Justicia lo detuvo y la Fiscalía abrió una causa por este nombramiento de Carvajal como director interino del Sistema de Banca para el Desarrollo”, según su declaración pública.

El bloque legislativo exige que la investigación determine la regularidad jurídica del procedimiento, la posible existencia de ventajas indebidas para Carvajal, y si sus antecedentes profesionales cumplen con los requisitos del puesto, como la experiencia mínima de cinco años y los conocimientos técnicos estipulados en la normativa vigente. También se insta a la Contraloría a valorar la adecuación de las decisiones del Consejo Rector a los principios de legalidad, transparencia, igualdad y mérito, conforme al oficio presentado a la autoridad fiscalizadora.

El procedimiento de nombramiento, bajo cuestionamiento por posibles irregularidades y conflicto de interés

El Frente Amplio, junto a Kattia Cambronero, destaca la necesidad de que los nombramientos en la administración pública costarricense se ajusten de manera estricta a criterios objetivos y transparentes. El partido advierte que casos como este pueden afectar la confianza pública en los organismos estatales y generar dudas sobre la ética en la gestión de designaciones. El pedido a la Contraloría tiene como fin asegurar el respeto a los principios y normas que rigen el funcionamiento del Estado.

La causa, actualmente revisada por el Tribunal de Justicia y la Fiscalía, representa un antecedente en la fiscalización de los procesos de selección en cargos de alto nivel del sector público, según lo manifestado por las bancadas firmantes y la comunicación oficial de la Fracción Frente Amplio.

El oficialismo logró avanzar este martes en la Cámara de Diputados con el dictamen de mayoría del proyecto de Ley Hojarasca, que tiene como objetivo eliminar 70 leyes que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales.

Los planes originales de La Libertad Avanza contemplaban convocar a sesión este miércoles 22, pero las dificultades para asegurar el quórum terminaron por modificar el cronograma. El proyecto es impulsado por Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, podría ser llevado al recinto la semana que viene pero esa posibilidad está atada al clima que se viva en la Cámara ya que el jueves 29 de abril se presentará el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados.

“Con un millón de normas es imposible para un ciudadano saber qué norma le aplican. El primer costo es para el ciudadano. Además, habiendo normas que se superponen o dicen cosas distintas, también se generan problemas en la aplicación. Es un costo para la administración pública. Con este proyecto buscamos comenzar a ordenar esto”, explicó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace.

Algunas normas a derogar rondan lo insólito, como exigir un carnet de mochilero para hacer dedo o inhabilitar a los funcionarios públicos que azoten a alguna persona. Pero la “ley hojarasca” también aprovecha para aportar una cuota de motosierra. Deroga muchas comisiones y entes a cargo del Estado.

En su versión original, proponía eliminar el aporte de fondos estatales para entidades como la Federación Argentina de Municipios, un enclave del peronismo bonaerense, o el Círculo de Legisladores, entre otros. Pero antes de la firma del dictamen, se agregó la palabra “exclusivamente” cuando se refiere al financiamiento de la Federación por parte del Estado Nacional y se excluyó por completo el artículo vinculado al Círculo de Legisladores.

“Por ejemplo se deroga una ley de la época de la dictadura de Lanusse, que regulaba el derecho de reunión. Nadie se animaría a implementarla pero que siga vigente es una deuda. Son leyes con una lógica de control, de una época nefasta, hay que saldar esa deuda y derogarlas de forma explícita aunque no se apliquen”, explicó el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Matías Fariña.

Por su parte, desde la oposición rechazaron algunos de los puntos y pusieron en duda que se trate simplemente de leyes “obsoletas”. Por ejemplo, se opusieron a la eliminación de la ley N° 11.380, que otorga exenciones fiscales a las sociedades cooperativas. Ante este planteo, el propio Cacace anunció que el oficialismo excluiría esta ley del dictamen. La discusión quedará para “más adelante”.

También generó malestar entre los bloques opositores el intento de derogar la ley N° 20.959, que otorga privilegios de libre circulación y estacionamiento a legisladores y funcionarios del Congreso. Para los libertarios el uso de la “oblea” contradice el principio de igualdad ante la ley.

Las leyes que busca derogar el Gobierno en la “ley hojarasca”

• Ley N° 94 (1864). Inhabilitaba por diez años a cualquier autoridad que hiciera azotar a una persona. El motivo de su derogación es que la pena de azotes está prohibida por la Constitución Nacional y resulta anacrónica.
• Ley N° 3.863 (1899). Otorgaba beneficios impositivos a compañías de seguro agrícola y sumaba el seguro agrícola a privilegios de gastos de cosecha. Quedó sin sustento tras la derogación de los artículos pertinentes del Código Civil.
• Ley N° 16.789 (1965). Obligaba a las reparticiones estatales a comprar automóviles nacionales para su uso. Se deroga por ser una traba que impide la eficiencia en el uso de recursos públicos.
• Ley N° 20.400 (1973). Prohibía operaciones mano de obra de personas que no ofrezcan voluntaria y espontáneamente sus servicios. Se considera a esta norma precursora en la lucha contra la trata de personas. Fue superada por legislación posterior en la materia.
• Ley N° 20.843 (1974). Establecía el “padrinazgo presidencial” y la gratuidad de la educación para los ahijados presidenciales. Se deroga por resultar innecesaria, ya que la educación pública gratuita es un beneficio general. La norma reflejaba una costumbre originada en la presidencia de José Figueroa Alcorta.
• Ley N° 21.778 (1978). Facultaba a las empresas estatales a convocar licitaciones y celebrar contratos destinados a la exploración y explotación de hidrocarburos, superados por la Ley N° 17.319 y sus modificaciones.
• Ley N° 22.109 (1979). Habilitaba al Poder Ejecutivo a “disponer el aislamiento de
• enfermos o sospechosos de viruela y sus contactos" y disponía reglas de vacunación. Se deroga al haberse dictado posteriormente una ley de vacunación integral.
• Ley N° 23.678 (1989). Determina fórmulas para liquidar las regalías petroleras a liquidar desde 1989, entre otros extremos. Esta norma dejó de aplicarse.
• Ley N° 24.675 (1996). Refiere a la actuación de los Auxiliares de la Justicia ante la Justicia Nacional. Fue declarada inválida por una acordada de la Corte.
• Ley N° 448 (1871). Otorgaba un premio en metálico al descubridor de minas de carbón. Se deroga por carecer de sentido en un contexto de descarbonización de la economía.
• Ley N° 3.235 (1895). Es una ley sobre adquisición de armamento de fines del siglo XIX. Se volvió completamente obsoleta frente a los mecanismos vigentes.
• Ley N° 16.879 (1965). Concede diversas exenciones impositivas a la industria nacional adjudicataria de licitaciones internacionales para ciertos proyectos eléctricos. Nunca se aplicó.
• Ley N° 18.569 (1970). Regularizaba el uso de la microfilmación en el Ejército. El avance tecnológico la dejó sin efecto.
• Ley N° 19.648 (1972). Declaraba de interés nacional la explotación de carbón y combustibles sólidos. Se deroga por la política de reducción del uso de carbón.
• Ley N° 20.114 (1973). Permitía a la Armada emplear microfilmación. Ya no tiene sentido práctico por el avance digital.
• Ley N° 20.577 (1973). Declaraba de interés nacional las innovaciones en transmisión televisiva, sujetas a aprobación legislativa. Se deroga por inadecuación ante los avances tecnológicos.
• Ley N° 21.895 (1978). Autorizaba las emisiones de televisión a color. Resulta innecesaria por la existencia de un marco normativo moderno en comunicaciones. Y el proyecto lo considera “regresivo y contrario a los principios constitucionales sancionar una ley que permite realizar una actividad que no perjudica a terceros”.
• Ley N° 23.756 (1989). Habilitaba el uso de microfilmación en organismos estatales. El método dejó de usarse.
• Ley N° 23.888 (1990). Encomienda al Poder Ejecutivo la realización de un Censo Técnico Permanente de Infraestructura en localidades urbanas y rurales del país. El censo nunca se hizo.
• Ley N° 14.034 (1951). Imponía pensas de prisión a “argentinos que propiciaran sanciones políticas o económicas contra el Estado”. Se deroga por su carácter persecutorio y por ser contraria a los principios constitucionales.
• Ley N° 18.312 (1969). Creaba el Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel Prensa y Celulosa. Se elimina por limitar la libertad de prensa y expresión.
• Ley N° 19.787 (1972). Esta ley del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse declaraba de interés nacional la difusión de la “música argentina” y le otorgaba beneficios impositivos. Según el proyecto tenía “motivaciones de control sobre la cultura por parte de un gobierno militar”.
• Ley N° 20.120 (1973). Regulaba reuniones en lugares cerrados, imponía avisos y autorizaciones policiales. Obligaba a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso y autoriza a la policía a ingresar para revisar que se cumplan las normas. Se deroga por violar libertades constitucionales.
• Ley N° 20.802 (1974). Establecía el carnet de mochilero de uso obligatorio para los que soliciten ayuda de terceros desplazarse con fines turísticos, lo que habilitaba la detención policial sin causa. Se deroga por violar el derecho a la libre circulación.
• Ley N° 20.959 (1975). Otorgaba privilegios de libre circulación y estacionamiento a legisladores y funcionarios del Congreso. Se deroga por contradecir el principio de igualdad ante la ley.
• Ley N° 20.983 (1975). Obligaba a medios de comunicación estatales a difundir temas turísticos por un mínimo diario de 60 minutos. Se deroga por desuso y por estar regulado por normas posteriores.
• Ley N° 22.875 (1983). Imponía medidas de defensa nacional de dudosa aplicabilidad. Sancionada después de la guerra de Malvinas y basada en las “hipótesis de conflicto” de entonces, se deroga “generar inseguridad jurídica”.
• Ley N° 22.964 (1983). Permitía internar a pacientes con lepra en forma compulsiva. Se deroga por estigmatizar enfermedades y por ser “de corte netamente medieval”.
• Ley N° 14.041 (1951). Permitía la formación de acopio permanente de materiales para la Marina de Guerra. Se deroga por carecer de operatividad y ser una potestad administrativa.
• Ley N° 14.800 (1959). Obligaba a quien demuela una propiedad con salas de teatro a construir un teatro con características similares al inmueble demolido. El proyecto considera que la norma “reduce los incentivos a la instalación de nuevos teatros. El resultado es una pérdida de recursos para la cultura y estructuras edilicias que por años quedan abandonadas, lo cual en algunos casos finalmente requiere la intervención estatal”.
• Ley N° 17.752 (1968). Promueve la construcción, equipamiento y explotación de hoteles nuevos para turismo internacional. Es una ley que desde 1978 no tiene aplicación.
• Ley N° 19.340 (1971). Obliga a los propietarios que interrumpen una construcción a reportar dicha interrupción. El trámite exigía presentar balances, con cuadros
• de pérdidas y ganancias, bienes y deudas. “No tiene razón de ser en la actualidad”.
• Ley N° 19.363 (1971). Permitía sorteos entre compradores de entradas de cine, financiado con un impuesto a las entradas. Se deroga por ineficiencia y porque el costo del sorteo supera el beneficio.
• Ley N° 20.308 (1973). Creaba el Fondo Naval para Actividades Náuticas, con fondos de la Armada, lo que “implica un vehículo para el uso de recursos propios para fines propios”. Se deroga por falta de relevancia y transparencia.
• Ley N° 20.496 (1973). Declaraba de interés nacional el uso de fertilizantes, ya regulado por ley posterior.
• Ley N° 20.876 (1974). Declaraba de interés nacional la apicultura y “prohibía la introducción del capital extranjero en el sector”. Se deroga por haber quedado sin efecto la prohibición y por inutilidad de la ley.
• Ley N° 21.056 (1975). Obliga a empresas de transporte a exhibir material promocional de turismo. Se deroga por imponer costos injustificados al sector privado.
• Ley N° 21.145 (1975). Otorga un privilegio a los artistas de compañías teatrales para viajar y alojarse a un precio reducido en los servicios que presten empresas estatales. Se deroga por la reducción de la oferta estatal y la falta de uso.
• Ley N° 21.159 (1975). Imponía cursos obligatorios de formación turística a empleados públicos. Se deroga por desuso y redundancia.
• Ley N° 22.426 (1981). Regulaba la transferencia de tecnología y marcas extranjeras, exigiendo aprobación estatal. Se deroga por violar la libertad de contratación y comercio.
• Ley N° 22.963 (1983). Exigía autorización oficial para el uso de mapas en etiquetas de productos y otros usos. Se deroga por ser una injerencia excesiva y generar costos innecesarios.
• Ley N° 23.419 (1986). Exigía a empresas públicas y estatales informar al Poder Ejecutivo sobre perforaciones en el subsuelo. Se deroga por resultar redundante y burocrática.
• Ley N° 23.634 (1988). Declara de interés nacional y prioritario cría de conejos y crea la Comisión Nacional de Cunicultura. Se deroga por ser un organismo ineficaz y un gasto innecesario.
• Ley N° 24.057 (1992). Regulaba trámites y organismos hoy disueltos.
• Ley N° 24.127 (1992). Instituía el “Premio Nacional a la Calidad” en el sector privado y la administración pública, financiado con recursos estatales. El proyecto considera que debe derogarse porque “el sector privado no necesita que el Estado lo premie por tener procesos eficientes. En cualquier caso, será el mercado quien lo premie, a mayor eficiencia obtendrá mayores ganancias”.
• Ley N° 24.298 (1994). Creaba el Programa Nacional para la Vinculación con la Comunidad Argentina en el Exterior. Se deroga por ser declamativa y por estar cubierta la función por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Ley N° 24.960 (1998). Instituía el premio “Prevención de las Adicciones” que tiene como finalidad incentivar la participación en la prevención de la drogadependencia. Se deroga porque los organismos de lucha contra las adicciones no requieren una ley para establecer planes u otorgar premios.
• Ley N° 25.750 (2003). Conocida como la “ley de Bienes Culturales”. Restringía la propiedad extranjera en medios de comunicación hasta el 30% de su capital accionario. Se deroga por considerarse inconstitucional y restrictiva de la inversión extranjera.
• Ley N° 26.227 (2007). Creaba el Consejo Federal de la Juventud. Se deroga por superposición de funciones y por ser innecesaria la estructura burocrática.
• Ley N° 26.688 (2011). Declaraba de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos. Se deroga por ser una norma meramente declamativa sin consecuencias prácticas.
• Ley N° 27.171 (2015). Obligaba a la Federación Colombófila Argentina a “constatar el año de nacimiento y la matrícula de las palomas mensajeras de carrera que determine su pertenencia al Registro Nacional de Desarrollo y Potencial Colombófilo”. En suma, obligaba a registrar palomas mensajeras. Se deroga por innecesaria intervención estatal en actividades asociativas privadas.
• Ley N° 20.984 (1975) y Ley N° 24.807 (1997). Creaban organismos para integrantes del sector público financiados con fondos nacionales. Se derogan para eliminar estructuras innecesarias y liberar recursos.
• Ley N° 11.380 (1926). Autorizaba al Banco de la Nación Argentina a ampliar plazos de préstamos a Sociedades Cooperativas, en base en una ley derogada hace 50 años. Se deroga por falta de utilidad y sustento normativo.
• Ley N° 12.307 (1936). Establecía premios a la pintura y literatura, a otorgar por institutos que ya no existen. La competencia corresponde hoy a la Secretaría de Cultura y al Fondo Nacional de las Artes.
• Ley N° 13.521 (1949). Exceptuaba del pago de impuestos a gestiones para obtener excepciones al servicio militar obligatorio, que dejó de existir en 1994, por lo que la gestión carece de objeto.
• Ley N° 14.578 (1958). Creaba el Fondo Especial de Obras y Servicios Públicos, a financiar con recursos de un artículo derogado. Actualmente es un fondo sin recursos.
• Ley N° 17.584 (1967). Creaba el Fondo Nacional Permanente para Estudios de Preinversión, que dejó de existir hace años.
• Ley N° 20.085 (1973). Instituía el “Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas” en Cabo San Antonio. El proyecto nunca superó la etapa de prefactibilidad.
• Ley N° 20.299 (1973). Establecía un régimen de seguros estatales para el comercio exportador ante riesgos no cubiertos por aseguradoras privadas, en un esquema de alta intervención estatal, ya abandonado.
• Ley N° 20.327 (1973). Creaba el organismo Ediciones Culturales Argentinas dependiente de Cultura, que dejó de publicar y cuya función es cubierta por el sector editorial privado.
• Ley N° 20.543 (1973). Otorgaba créditos y beneficios a arrendatarios y aparceros que adquieran predios, beneficios que hace tiempo que o están disponibles.
• Ley N° 20.956 (1975). Encomendaba a Agua y Energía Eléctrica estudios para aprovechar energía mareomotriz en el litoral marítimo. El proyecto nunca avanzó y la empresa ya no existe.
• Ley N° 23.671 (1989). Creaba un Comité de Análisis y Seguimiento para recursos crediticios del tratado con España. Sus funciones corresponden hoy a la Secretaría de Hacienda y el Comité ya no está activo.
• Ley N° 24.731 (1996). Establecía que el Ministerio de Economía debía publicar un informe anual de tecnología industrial. La norma ha dejado de ser operativa.
• Decreto Ley N° 12.795/44. Regulaba la inscripción y exclusión en el Registro de Comerciantes en Granos por la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, organismos que ya no existen y cuyas inhabilitaciones no se aplican.
• Ley N° 20.984 (1975). Crea el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina – “Círculo de Legisladores”-. “Proponemos eliminar el financiamiento por parte del Estado Nacional. Los legisladores que quieran participar y aportar para dicho Círculo podrán seguir haciéndolo con sus propios fondos”, señaló el proyecto.
• Ley N° 24.807 (1997). Crea la Federación Argentina de Municipios. Se propone su modificación para que el financiamiento de dicha Federación no provenga de las arcas del Estado Nacional.

El PRO comenzó a recorrer el lento y largo camino para intentar distanciarse de La Libertad Avanza. Después de dos años en los que fue, primero, el cerebro parlamentario de los libertarios y luego el acompañamiento en las votaciones, empezó a alzar la voz y a criticar el desarrollo del modelo libertario.

En las últimas apariciones públicas de los referentes del partido amarillo, empezaron a marcar diferencias con el avance del modelo libertario. En este proceso, en el que parecen terminarse las veladas de milanesas y entrañas, lo que aún debe definir el macrismo es el momento.

Mauricio Macri iniciará este viernes una serie de recorridas por el interior del país con el objetivo de reposicionar al PRO y consolidar la estrategia federal del partido. La intención es que durante este año el PRO realice 10 de estos eventos en distintos puntos del país. En algunos estará Macri y en otros serán los diferentes referentes del partido quienes los encabezarán, pero el mensaje está claro y así lo expresó uno de ellos a Infobae: “Ya empezamos“.

El sector del PRO acelera su distanciamiento de LLA ante un escenario que, según sus referentes, ya no admite silencios. “Nosotros ya arrancamos. Mauricio en Parque Norte arrancó”, subrayaron, destacando el nuevo rumbo impulsado desde la fundación Pensar y remarcando que “los informes de la fundación empezaron a mostrar las diferencias y Mauricio en Parque Norte lo certificó”, explicó un hombre de la mesa chica del ex presidente.

La preocupación por el rumbo del país atraviesa los análisis internos, especialmente en lo que respecta a la administración pública. “Hay problema de implementación. Le falta gestión y política“, advirtieron, resaltando que factores como la inflación y el riesgo país siguen siendo motivo de debate: “Ahora la diferencia es que no está alcanzando con el ordenamiento macro. Hay una gestión micro que la hacen mal, por eso no baja la inflación y el riesgo país”, explicaron.

Según la visión del espacio, que ya avanza con el eslogan “el paso siguiente”, lo que el PRO busca resaltar es que “proponemos un modelo capitalista no anarco capitalista”, insistiendo en que “el funcionamiento del Estado no puede desentenderse de organismos como la aduana, la ANMAT, el SENASA o la Cancillería“. En este sentido, ponen como ejemplo lo que ocurre con la red vial. ”Lo que no hacen en rutas es criminal, la gente se está matando. Pero, además, hablan del costo y con las rutas todas destrozadas el camión ya sale el doble, el Belgrano Cargas no se mantiene, nos comimos la operación de que Mauricio quería el negocio de la Hidrovía pero ellos no la licitan. No pueden desentenderse de todo“.

Esta ruptura comenzará en la caja de resonancia de la política: el Congreso. Más precisamente, en la Cámara de Diputados de la Nación, donde el apoyo de los 12 diputados del PRO cotiza mucho más que el de los 3 senadores amarillos. El primer paso se verá en la sesión donde se presentará el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Nosotros no vamos a hacer nada. No nos vamos a subir al show que van a proponer los libertarios. Adornis, Andis, $Libra, es todo de ellos, que se hagan cargo”, explica un encumbrado legislador amarillo. “Nosotros no vamos a tirar piedras pero que la cara la ponga Guidici - Silvana Giudici, diputada y secretaria parlamentaria de LLA, ex PRO-. Vamos a estar como en un partido de tenis, mirando para un lado y para el otro“, agregó.

No buscan protagonizar escenas de confrontación innecesaria en el Congreso: “No nos vamos a prestar nunca a que sea una carnicería. Toda esa boludez no corresponde”.

En el partido ya lo tienen decidido, lo que les falta saber es cuándo ese silencio se transformará en una quita de acompañamiento. “La pregunta del timming es cuándo proponemos una alternativa. Eso es lo que estamos analizando”, dijeron, admitiendo que “veníamos trabajando sobre distintas investigaciones. Hace un mes todo cambió”, en relación al caso de posible enriquecimiento ilícito.

Frente a la posibilidad de que en La Libertad Avanza comiencen a notar este cambio, las fuentes consultadas no dudaron en afirmar que “está bien que se den cuenta -LLA- que nos estamos despegando. El maltrato nos lo bancamos mientras nos conviene. Más no. Y eso tiene un costo”, reconocieron.

El Congreso vive días de escasa actividad pero de tensión creciente, con la mirada puesta en el último miércoles de este mes: es el día agendado para el informe de Manuel Adorni en Diputados. Antes, la semana que viene, el oficialismo buscará avanzar en la Cámara baja con la ley de Hojarascas -un proyecto que por sí solo no daría para grandes debates- y algunas actividades de comisión en el Senado. Poco. El tema que inquieta de manera excluyente es la presentación del jefe de Gabinete. El oficialismo se prepara para el combate y deja trascender que apostaría a meter a todos en el “barro” – en especial a referentes kirchneristas, complicados cuando el tema es la corrupción-, lo cual no exculparía a nadie sino que lo igualaría como “casta”.

No la tiene fácil el oficialismo. Tampoco, la oposición, desordenada y heterogénea, con varios legisladores tentados por el protagonismo frente a las cámaras, incluso al punto de episodios muy ruidosos. Acerca de cómo neutralizarlo hablaron a mitad de esta semana representantes de la oposición, es decir, peronistas, integrantes de Provincias Unidas, algunos provinciales. En la vereda violeta, las conversaciones formales pasan por las oficinas de Martín Menem, pero hay otros canales que no esconden los recelos domésticos.

Asoma así una especie de contrapunto de especulaciones cruzadas: planes de máxima que no superan los chequeos iniciales y contraplanes según lo que corra como supuestas estrategias. Con naturalidad, se especula sobre la posibilidad de que el oficialismo escale en la pelea para forzar el abandono del recinto por parte de Adorni y su comitiva. Trasciende sin vueltas que la respuesta opositora sería un inmediato movimiento para tratar de interpelar al funcionario e intentar una moción de censura. Todo está muy abierto.

Faltan sólo once días para la prueba del recinto. Parece poco, pero puede no serlo según lo que ocurra con la casusa principal que enfrenta Adorni -la que apunta a su patrimonio- y también lo que haga el funcionario, que podría darle fin a su silencio -es lo que sugieren algunos tuits propios- frente a la serie de capítulos que suman las investigaciones. Una versión surgida de pliegues del oficialismo dice ahora que podría jugar la carta de una herencia aún no declarada. El sentido común indica bajísima credibilidad a esta altura de los acontecimientos.

Lo del tono de algunos mensajes suyos en X sugiere un giro que por ahora no supera el rango de chicanas menores. Pero no es ajeno a lo que el Gobierno busca terminar de imponerse como estrategia, en especial para el turno de Diputados. Sería un recurso para ver si revierte el cuadro actual. Hasta este momento, no tuvo éxito en los intentos de recuperar peso en el manejo de la agenda pública.

Ese es un dato sensible porque el objetivo de Olivos es regenerar expectativas, después de un primer trimestre malo en materia económica, según la evaluación hecha con la cifra del IPC de marzo (3,4%) a la vista. El problema de las estadísticas es que corren con sus tiempos. Por ejemplo, entre los registros difundidos esta semana sobresalieron el índice de precios al por mayor (también 3,4%, muy por encima del mes anterior) y el número de febrero sobre utilización de la capacidad industrial, que no repunta.

El oficialismo enfrenta así una doble necesidad: ganar peso en el temario -no sólo político- y darle sustento al pedido de “paciencia” hecho por Javier Milei frente a los números negativos de la inflación. La extensión del caso Adorni juega en contra. Las fotos y la difusión de reuniones con el jefe de Gabinete se agotan precisamente por la sucesión. De hecho, desdibujan el sentido de esas actividades: Karina Milei se mostró con el funcionario en una planta de YPF y seguramente pocos recuerdan el motivo formal del viaje. Antes, ya era claro que el paso del tiempo no arreglaría las cosas.

El acompañamiento disciplinado de ministros al respaldo cerrado de Olivos no quedó exento de algunos malestares, que trascendieron por la vía de versiones originadas en el propio oficialismo. Algo similar y quizá mayor, según como se mida, ocurrió entre los socios, más allá de que colaboraron para frenar andanadas opositoras en la reciente sesión de Diputados por la reforma de la ley de Glaciares. En los últimos días, resultó significativa la declaración de Cristian Ritondo cuestionando como “errores” graves algunos pasos del jefe de Gabinete. Para los aliados, no es un lugar cómodo la defensa cerrada de Olivos. Y no lo es para gobernadores, incluidos peronistas “amigos”.

Todo lo que ocurre en territorio violeta es considerado en el contexto dominado por Adorni. Los dichos de Nicolás Márquez por ahora en solitario no constituyen un dato irrelevante: pide la salida del funcionario. Importa, en clave doméstica, el argumento: lo plantea en defensa de Milei, es decir, para evitarle más costos. Las tensiones internas no disminuyen y el punto es si seguirán al menos contenidas ¿La pelea abierta entre Lilia Lemoine y Daniel Parisini/Gordo Dan es un síntoma o apenas un capítulo en redes sociales, territorio sin límites?

Los preparativos para la presentación de Adorni en Diputados sugiere por momentos una lógica similar. Desde el oficialismo señalan que será una jornada dura. La recomendación de “comprar pochoclo” hecha por Martín Menem alude al sentido de espectáculo. La traducción en pasillos legislativos es que podría ser el anticipo -tal vez, el amague- de “carpetazos” contra diputados -especialmente pero no sólo K- frente a cargas sobre el jefe de Gabinete.

Hubo algunos “ensayos” previos que no habrían funcionado bien: en particular, la idea de exponer a legisladores que no presentaron declaraciones juradas. El punto, responden en bloques opositores, es que el período para presentar las declaraciones del 2025 arranca recién el primer día hábil de mayo. Y en lo que hace a quienes incumplieron con la declaración del 2024, el recuento incluye algún nombre destacado de la LLA.

Fuera de esos cruces previos, la especulación más extrema es la referida a un escándalo que termine con Adorni retirándose del recinto. Por otra parte, desde las filas violetas difunden que el Presidente y Karina Milei se harán presentes en un palco. Y que varios ministros acompañarían al jefe de Gabinete, no desde la platea sino en el centro del escenario, como asesores.

En la oposición dura, por si acaso, se produjeron contactos para tratar de acordar al menos un punto: evitar excesos de protagonismo y la confrontación extrema, es decir, no entrar el juego que adjudican al oficialismo.

Las estrategias de los bloques terminarán de ser ajustadas en la semana, con especial atención a los que ocurra con la investigación judicial y la defensa del funcionario. La apuesta a un espectáculo escandaloso, naturalmente, no aclararía nada.

La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa de Costa Rica dio su aval a un crédito por 800 millones de dólares destinado a la construcción del tren rápido de pasajeros, un proyecto que busca mejorar la movilidad y reducir la congestión vial en el Gran Área Metropolitana.

La iniciativa contempla el desarrollo de una línea férrea de aproximadamente 52 kilómetros de longitud, que conectará el cantón de Paraíso con Alajuela, atravesando los principales núcleos urbanos del país. El diseño incluye una vía doble a lo largo del recorrido, lo que permitiría un flujo continuo y eficiente de trenes en ambas direcciones.

El proyecto ferroviario prevé la construcción de 26 nuevas estaciones, así como la adquisición de 28 trenes modernos. Además, contempla la reconstrucción de 29 puentes ferroviarios y mejoras en estaciones ya existentes como Atlántico, Pacífico, Heredia y Cartago, con el fin de modernizar la infraestructura actual.

Dentro de las características técnicas también se incluyen sistemas tecnológicos avanzados para el control de operaciones, acceso en estaciones, señalización, comunicación e información al usuario, con estándares que apuntan a un servicio de transporte público más eficiente y seguro.

Durante la discusión en comisión, los diputados manifestaron su respaldo a la iniciativa, destacando su potencial para convertirse en una solución estructural a los problemas de movilidad que enfrenta el país. En ese contexto, se subrayó que el crecimiento urbano y el aumento del parque vehicular han generado una presión sostenida sobre la red vial, provocando congestionamientos recurrentes.

El proyecto es financiado en su mayoría con recursos internacionales. Del total aprobado, 550 millones de dólares provendrán del Banco Centroamericano de Integración Económica, mientras que otros fondos incluyen 178 millones de dólares del Fondo Verde y 250 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones.

Adicionalmente, para la ejecución de la obra será necesario llevar a cabo aproximadamente 145 expropiaciones, cuyo costo se estima en 24 millones de dólares. Estos recursos serán asumidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

El tren rápido de pasajeros forma parte de los proyectos estratégicos planteados para modernizar el transporte público en Costa Rica, particularmente en el Gran Área Metropolitana, donde se concentra la mayor parte de la población y la actividad económica del país.

De acuerdo con los argumentos expuestos en la comisión, la iniciativa permitiría reducir significativamente los tiempos de traslado, ofrecer una alternativa al uso del vehículo particular y contribuir a mejorar la competitividad del país. Asimismo, se destacó su impacto potencial en la calidad de vida de los habitantes, al disminuir las horas invertidas en desplazamientos diarios.

El proyecto también responde a la necesidad de contar con un sistema de transporte colectivo más eficiente, en un contexto donde muchos usuarios enfrentan limitaciones para acceder a opciones cercanas a sus lugares de trabajo o estudio, lo que incrementa la dependencia del automóvil.

Otro de los elementos señalados durante el análisis es la particular configuración geográfica del país, donde varios centros de provincia se ubican a distancias relativamente cortas entre sí. Esta condición ha sido considerada como una oportunidad para implementar un sistema ferroviario que conecte puntos estratégicos en un radio reducido, facilitando el traslado de miles de personas diariamente.

Con el aval de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el proyecto avanza ahora a la etapa de discusión en el Plenario Legislativo, donde los diputados deberán decidir en definitiva sobre la aprobación del financiamiento.

La iniciativa del tren rápido de pasajeros se perfila como una de las inversiones más relevantes en infraestructura de transporte en el país en los últimos años, en medio de un debate sobre las soluciones necesarias para enfrentar la congestión vial y mejorar la movilidad urbana.

La controversia en torno al juicio político contra funcionarios electorales marcó un nuevo capítulo en Honduras este jueves, cuando diputados del partido Libertad y Refundación irrumpieron la sesión del Congreso Nacional con protestas que paralizaron temporalmente la lectura del informe final del proceso.

El procedimiento, que aborda acusaciones por supuesta obstrucción al proceso electoral de 2025, ha profundizado la polarización política en el país, anticipando consecuencias de gran alcance para la legitimidad de las instituciones electorales y el futuro inmediato de la democracia hondureña.

La tensión se hizo notar cuando, alrededor de las 14:00, la junta directiva dio inicio a la presentación oficial del documento, como uno de los puntos centrales de la agenda legislativa.

Destacando la magnitud del evento, el informe final que examina la conducta de altos funcionarios, entre ellos Marlon Ochoa, consejero suspendido del Consejo Nacional Electoral, y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral Mario Morazán, se extiende a 184 páginas e integra testimonios y pruebas recogidos durante la investigación.

Horas después de iniciada la sesión, legisladores de Libre emplearon pancartas con leyendas como “juicio político es fraude” y “no a la dictadura”, además de silbatos que dificultaron la lectura del informe e intensificaron la tensión en el hemiciclo. La directiva del Congreso enfrentó repetidos llamados al orden mientras el debate se tornaba cada vez más áspero.

El informe en discusión presenta cargos formales contra Ochoa, el magistrado suplente Mario Morazán, y los suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, a quienes se acusa de obstaculizar el proceso electoral de 2025.

Este señalamiento ha producido rechazos tanto en ámbitos políticos como ciudadanos, en especial tras la denuncia pública realizada por el diputado de Libre, Marco Ramiro Lobo. Según Lobo, Ochoa habría salido del país junto a su familia por haber recibido amenazas de muerte, lo que agrega una capa de incertidumbre respecto a la celebración de audiencias de defensa y plantea el escenario de una votación en ausencia.

El magistrado Mario Morazán declaró que aún no había decidido si acudiría a la audiencia. Fundamentó su duda en que no ha recibido el informe técnico que respalda la posible destitución, limitando, en su opinión, su derecho a una defensa plena.

El procedimiento establece que los funcionarios acusados pueden ejercer su defensa antes de la decisión definitiva. No obstante, al cierre de la jornada, se desconocía si todos los señalados comparecerían ante el pleno.

En caso de incomparecencia, la normativa permite que el hemiciclo avance hacia la votación tras la lectura íntegra del informe. Para la destitución de los implicados, se exige una mayoría calificada de 86 votos; el plenario ya demostró capacidad de construir consensos significativos cuando aprobó el inicio del proceso el 9 de abril con 91 votos a favor.

Directamente, durante la jornada de este jueves en el Congreso Nacional, diputados de Libre interrumpieron la lectura del informe del juicio político con manifestaciones y consignas, expresando su rechazo a las acusaciones contra funcionarios electorales, entre ellos Marlon Ochoa, quien habría salido del país tras recibir amenazas.

El pleno deberá decidir, tras escuchar o no la defensa de los acusados, si avanza hacia la destitución mediante una votación que requiere al menos 86 votos, en un procedimiento que exhibe la polarización y las tensiones institucionales de Honduras.

La comisión especial parlamentaria recomendó la destitución luego de evaluar los materiales probatorios. A su vez, la bancada de Libre cuestionó abiertamente la legitimidad del juicio, calificándolo como una “herramienta de persecución política”.

Desde la oposición, en cambio, persiste el argumento de que el proceso constituye un ejercicio necesario de control para garantizar la transparencia del proceso electoral, previsto para 2025.

De los resultados de este proceso dependen tanto la reconfiguración del aparato electoral hondureño como el equilibrio interno del Congreso Nacional, junto con la percepción pública sobre la legitimidad democrática y la independencia de poderes en el país.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se prepara para brindar su informe de gestión el próximo 29 de abril en la Cámara de Diputados. El ministro coordinador deberá contestar por escrito más de 4800 preguntas sobre el rumbo del gobierno que ya fueron remitidas por todos los bloques; sin embargo, toda la atención estará puesta en las denuncias por enriquecimiento ilícito.

A dos semanas de la visita del jefe de Gabinete, desde la oposición advierten que será fundamental “estar ordenados” para no ser “funcionales al Gobierno”.

“La estrategia de los libertarios requiere que parte de la oposición pise el palito. Ellos van a venir a embarrar la cancha y a hacer circo. No hay que entrar en provocaciones ni darle pie para que todo se pudra y se vaya”, explicó un diputado “dialoguista” que adelantó que a partir de la semana que viene buscará entablar conversaciones con los bloques más “duros” para establecer una suerte de “código de comportamiento”.

Según explicaron desde un sector de la oposición, lo ideal sería replicar la estrategia que implementaron cuando el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue interpelado en Diputados sobre el caso de la criptomoneda $Libra. “Esa vez hablaron los que más habían trabajado sobre el tema, con preguntas muy puntuales. Acá tenemos que dejar que Adorni conteste para que quede en evidencia. Menos es más”, detallaron.

Las investigaciones respecto al patrimonio de Adorni comenzaron a partir del viaje de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, a Estados Unidos junto con la comitiva presidencial pero luego se extendieron a una viaje en avión privado a Uruguay y dos propiedades adquiridas después de haber asumido como funcionario público. A esto se suma que el fiscal federal Gerardo Pollicita corroboró hoy que Adorni pasó un Año Nuevo junto a su familia en Aruba, una paradisíaca isla del Caribe. Viajó en primera clase -según entiende la Justicia- con la aerolínea Latam, acompañado por su esposa y sus dos hijos, y los pagos se hicieron en efectivo.

Desde la oposición entienden que “no hay forma de que Adorni venga con los papeles en orden para explicar su patrimonio” por lo que la única estrategia posible es “hacer circo y embarrar la cancha”. “Ya lo adelantaron Menem y Lemoine”, advirtieron.

Se referían a las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, que en una exposición ante el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que la sesión informativa va a ser “picante” e invitó a los interesados a “comprar pochoclos”.

De hecho, los dialoguistas aseguran tener información de que los libertarios ya están trabajando para denunciar incongruencias patrimoniales en las declaraciones juradas de algunos referentes opositores.

Coincidentemente, este martes desde el oficialismo dejaron trascender que el 21% de los legisladores no presentó en tiempo y forma su declaración jurada anual. Asimismo, tampoco la presentaron el 46% de los diputados que terminaron sus mandatos en diciembre.

“Por eso es importante que hagan de voceros diputados a los que no los puedan correr. Hay que entender que tenemos al Jefe de Gabinete contra la cuerdas”, sintetizaron desde la oposición.

Por otro lado, la incógnita que aún persiste es qué pasará si antes del 29 la Justicia avanza con el procesamiento de Adorni a raíz de las declaraciones testimoniales de su escribana Adriana Nechevenko o de las mujeres que le habrían prestado el dinero para comprar el departamento en el barrio de Caballito, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas.

“En ese caso no sé qué pasaría. Sería terrible que venga a dar el informe de gestión estando procesado”, concluyeron.

El Gobierno encadenó un discurso de Javier Milei y varias declaraciones de Luis Caputo -antes y después del nuevo visto bueno del FMI- para tratar de amortiguar los números negativos de la economía, con la inflación como punto destacado pero no único. Se trata de un intento de recrear expectativas, lo cual es un dato político en sí mismo como señal de clima. En ese registro, impacta al revés la sucesión de novedades sobre el caso de Manuel Adorni. El oficialismo no tiene en claro qué podría añadir la causa hasta el 29 de este mes: para ese día está agendado el informe del funcionario en Diputados. Y por lo pronto, la estrategia defensiva apuntaría a una batalla “en el barro”.

El informe sobre la inflación de marzo marcó el punto de mayor impacto en un mal primer trimestre del año, según la propia evaluación del Gobierno. Restan aún algunos datos sobre consumo y actividad industrial, que vienen anotando números a la baja. Pero sin dudas, el IPC resulta un dato mayor. Y eso motivó el despliegue del ministro de Economía y el discurso presidencial en el encuentro de la AmCham. Un gesto realista, aunque con ratificación enfática de su política y señalamientos de causas fuera de la política oficial. El hecho significativo, y repetido en pocos días, fue el pedido de “paciencia”.

No solo pesa el IPC de marzo (3,4%), sino además que el índice lleva diez meses en alza y en un trimestre (9,4%) consumió prácticamente todo lo establecido en el Presupuesto 2026 (10,1%). Los dichos de estas horas exponen la línea básica de comunicación que ya se viene imponiendo en el oficialismo: admitir un arranque de año realmente malo, pero con promesa de recuperación a partir de abril: “desinflación”, con mejora de ingresos y recuperación de consumo. Es lo que repiten voceros formales e informales.

El presidente le agregó su propia pincelada, al decir que le “repugna” la inflación. Prometió que se “va a derrumbar” a partir de abril. Y Caputo dijo que “los próximos dieciocho meses serán los mejores de las últimas décadas”. El final del lapso coincide prácticamente con las elecciones del año que viene. De todas maneras, antes que pronósticos electorales -el ministro ya repitió el suyo con tono de campaña y ante audiencias empresariales-, lo que siguen de cerca analistas y funcionarios son los indicadores de imagen y preocupaciones sociales.

La mayoría de los relevamientos indican que los temas económicos (empleo, inflación, ingresos) encabezan la lista y se imponen sobre otros como inseguridad o corrupción. Sin embargo, el tema del jefe de Gabinete ya registra peso propio en las encuestas. Y la cuestión de fondo es cuánto le agregan este tipo de casos al malestar de origen económico, el más gravitante.

Desde hace un mes largo, la consecuencia notoria de la investigación sobre el patrimonio de Adorni es para Olivos la imposibilidad de cambiar el foco de la agenda pública. Los repetidos gestos de respaldo al funcionario quedan limitados a la lógica de poder, con el añadido del silencio del vocero. Resulta difícil generar hechos propios y de impacto más o menos duradero. Es algo que se nota especialmente en el Congreso.

Por el momento, no está prevista una aceleración de proyectos del Ejecutivo para apurar debates en el recinto. Circulan algunos títulos y existen movimientos en comisión. Tampoco la oposición se muestra muy activa: mantiene la mira en el jefe de Gabinete, aunque ya mostró diferencias prácticas. Siguen latentes las intenciones de interpelación, que parecen dilatadas para después de la presencia de Adorni en Diputados.

Se verá, pero no es sencillo para la oposición. Antes que nada, debería forzar el primer paso del tratamiento en comisión. El cálculo de algunos espacios incluye, aunque con cautela, el repaso de los intentos -también apuntados a Karina Milei- durante la reciente sesión por la reforma de la ley de Glaciares. No le alcanzó, como era previsible por la exigencia de una mayoría especial, pero al menos una iniciativa quedó a cuatro votos del quorum.

En dos semanas, Adorni deberá exponerse al dar su primer informe de gestión. Está claro cuál será el tema dominante. Y todas las versiones y especulaciones en la Cámara baja giran en torno del contraataque que prepara el oficialismo. El lunes, Martín Menem aprovechó una cita con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para afirmar que será una sesión “picante”. Y recomendó “comprar pochoclo”. Por supuesto, adjudicó tal clima de pelea a la intención opositora de “llevar al Gobierno al barro”.

No sería solo una cuestión de la oposición dura. La estrategia oficialista estaría jugada a generar ese tipo de espectáculo. La fórmula es conocida: responder con acusaciones a la carga opositora. No es secreto para nadie en el Congreso que, además de las respuestas a las preguntas y críticas sobre la gestión, se están buscando “antecedentes” o “denuncias” sobre los legisladores que podrían destacarse en la ofensiva sobre el jefe de Gabinete. El problema del barro es que iguala en lugar de marcar diferencias.

Los días de elaboración de la respuesta del oficialismo no transcurren al margen de las novedades sobre el caso Adorni. Los trascendidos que surgen desde Comodoro Py indican que las declaraciones de las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas no despejaron las sospechas sobre la operación del departamento de la calle Miró. Al contrario, alimentarían inconsistencias sobre la compra inicial al ex futbolista Hugo Morales y la posterior venta a Adorni y su esposa. No se trataría solo de la hipoteca sin intereses, sino del origen de los fondos y los costos de la reforma integral de la propiedad, en relación con el precio declarado para escriturar. Las fotos del estado inicial del departamento y de los ambientes remodelados son contundentes.

La mira de la investigación judicial está puesta en la evolución del patrimonio del funcionario. Y en la relación con sus ingresos. Una cuenta a la que se agregan el pago parcial de la hipoteca sobre la propiedad de la calle Asamblea, la diferencia para adquirir la casa en el country de Exaltación de la Cruz y los arreglos posteriores. Se suma también la confirmación del viaje con su familia a Aruba. Los pasajes, pagados en dólares y en efectivo, ocupan el primer renglón de los gastos de esas vacaciones, a las que habría que añadir la estadía en general.

La causa tiene por delante un listado amplio de citaciones impulsadas por Gerardo Pollicita, además del levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, solicitado por el fiscal y ordenado por Ariel Lijo. Todo, cruzado por versiones inquietantes sobre el frente judicial a partir de la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro. En resumen, un cuadro complejo, cuando se trata no solo de imponer agenda sino, además, de recrear expectativas.

A casi un año de su resonante naufragio en el Senado, diputados de la oposición buscan reflotar el debate de Ficha Limpia, el proyecto que impide a las personas condenadas por corrupción presentarse como candidatos a cargos electivos.

Este martes, la presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, presentó una nueva versión de la iniciativa que casi se convierte en ley en mayo del año pasado. El proyecto, que también lleva las firmas de María Inés Zigarán, Carolina Basualdo y José Nuñez, propone modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para impedir el acceso a cargos electivos a personas con condenas confirmadas por corrupción, fraude contra el Estado, lavado de activos, abuso, trata de personas, delitos vinculados al narcotráfico, contra la vida, la integridad física y el orden constitucional, entre otros.

La propuesta de la diputada cercana al gobernador Maximiliano Pullaro (Santa Fe) también contempla la imposibilidad de postularse para quienes figuren como deudores alimentarios. Esta ampliación extiende el criterio de responsabilidad pública más allá del ámbito penal, incorporando el incumplimiento de obligaciones alimentarias como causal de inelegibilidad. La iniciativa replica el modelo ya vigente en Santa Fe, donde la normativa fue incorporada a la constitución provincial.

Según detalla el texto, la inhabilitación se aplicará cuando exista condena confirmada por tribunal de alzada, aun si la sentencia no está firme, y se mantendrá durante el tiempo que dure la pena y hasta diez años después de su cumplimiento. Además, la Justicia Nacional Electoral tendrá la responsabilidad de verificar que los candidatos cumplan estos requisitos al momento de oficializar las postulaciones. Por su parte, el Registro Nacional de Reincidencia llevará un registro público y actualizado de las sentencias alcanzadas por la ley.

Gisela Scaglia sostuvo que “la Argentina necesita reglas más claras para recuperar la confianza” y resaltó el antecedente de Santa Fe, donde primero se sancionó como ley y después se incorporó a la Constitución Provincial “como política de Estado”. “Eso demuestra que se puede, ahora le toca a la Argentina”, dijo. Según la diputada, “en este tema no hay grises, las instituciones se defienden con reglas claras y la política tiene que dar el ejemplo”.

Desde Provincias Unidas argumentan que en una democracia representativa quienes aspiren a ejercer cargos públicos no solo deben reunir condiciones legales, sino “demostrar un compromiso inequívoco con la legalidad y la integridad institucional”.

En los fundamentos, el proyecto explica que el derecho a ser elegido no es absoluto y puede ser razonablemente restringido cuando está en juego la idoneidad para la función pública. En esa línea, cita antecedentes internacionales, como la Ley de Ficha Limpa en Brasil y regulaciones similares en Italia y España, como respaldo a la legitimidad de este tipo de restricciones.

Durante la última década hubo varios intentos de aprobar una ley de Ficha Limpia. Sus principales impulsores fueron el PRO, la Coalición Cívica y un sector de la UCR.

En 2024, una versión del proyecto impulsada por el PRO obtuvo dictamen de comisión, pero en dos oportunidades naufragó su debate en la Cámara de Diputados por falta de quórum. Por aquel entonces, el núcleo libertario decía no estar de acuerdo con la iniciativa. Sin embargo, a fines de ese año Milei decidió redactar su propia versión junto al entonces ministro Luis Petri y el abogado Alejandro Fargosi, la cual obtuvo media sanción en Diputados.

En el Senado el proyecto obtuvo 36 votos afirmativos y 35 negativos, por lo que no llegó a la mayoría absoluta necesaria (37) para ser sancionado, en medio de las especulaciones por una postulación de Cristina Kirchner, ya que para ese entonces la Corte Suprema de Justicia no había ratificado la condena en su contra.

Una vez consumado el rechazo, desde La Libertad Avanza (LLA) no ahorraron críticas. En un tuit marcaron que “mientras el kirchnerismo operaba para garantizar la impunidad de sus jefes, un sector del PRO operaba apresurado para intentar anotarse una victoria política antes de la elección”.

Por su parte, el PRO denunció que todo había sido una maniobra del Gobierno. Los macristas aseguraban que los dos senadores misioneros que cambiaron su voto a último momento y terminaron de inclinar la balanza habían sido, hasta el momento, aliados del oficialismo. En esa línea, denunciaban que la Casa Rosada no quería que salga la ley para que CFK fuera candidata y beneficiarse electoralmente de la polarización.

El portal de la ONPE mantiene una plataforma en línea que permite a los ciudadanos monitorear en tiempo real el conteo de votos para cada candidato y partido. Aunque los datos difundidos son preliminares, la tendencia confirma la relevancia de los partidos tradicionales y nuevas agrupaciones en la configuración de las cámaras de Diputados y Senadores.

La autoridad electoral actualizará los resultados conforme avance el procesamiento de actas y se resuelvan eventuales impugnaciones.

Senadores Lima Metropolitana al 61.738 % de actas contabilizadas

Con el 61.738 % de actas contabilizadas para senadores en Lima Metropolitana, de un total de 26.368

Renovación Popular registra 20.538 %

Partido del Buen Gobierno 16.698 %

Fuerza Popular 15.337 %

Ahora Nación obtiene 8.735 %

Partido Cívico Obras alcanza 8.294 %

Partido País para Todos 6.751 %

Primero la Gente suma 4.752 %

El 0.121 % de actas fue enviado al JEE y el 38.141 % permanece pendiente de contabilización.

Senadores nacional al 23.878 % de actas contabilizadas

Resultados con el 23.878 % de actas contabilizadas para senadores a nivel nacional, de un total de 92.766.

Renovación Popular obtiene el 17.460 %

Fuerza Popular alcanza el 14.770 %

Partido del Buen Gobierno suma el 14.160 %

Ahora Nación registra el 8.738 %

Partido Cívico Obras presenta el 7.959 %

Partido País para Todos logra el 6.430 %

Juntos por el Perú obtiene el 4.933 %.

El 0.140 % de actas ha sido enviado al JEE y el 75.982 % permanece pendiente de contabilización.

Diputados Lima Metropolitana al 51.392 % de actas contabilizadas

Con el 51.392 % de actas contabilizadas para diputados en Lima Metropolitana, de un total de 26.368, estos son los resultados:

Renovación Popular encabeza los resultados con 19.339 %

Partido del Buen Gobierno con 15.000 %

Fuerza Popular con 13.839 %

Ahora Nación – AN alcanza 9.234 %

Partido Cívico Obras obtiene 7.435 %

Partido País para Todos registra 6.115 %

Primero la Gente suma 4.335 %.

El 0.046 % de actas ha sido enviado al JEE, mientras que el 48.562 % de actas permanece pendiente.

Senadores Lima Metropolitana al 53.516 % de actas contabilizadas

Con el 53.516 % de actas contabilizadas para senadores en Lima Metropolitana, de un total de 26.368, estos son los resultados:

Renovación Popular lidera con 20.909 %

Partido del Buen Gobierno con 16.874 %

Fuerza Popular con 15.133 %

Ahora Nación – AN registra 8.725 %

Partido Cívico Obras alcanza 8.176

Partido País para Todos obtiene 6.675 %

Primero la Gente suma 4.795 %.

El 0.027 % de actas ha sido remitido al JEE, mientras que el 46.457 % de actas permanece pendiente de contabilización.

Senado nacional al 18.329 % de actas contabilizadas

El avance del conteo para el Senado nacional muestra que, con el 18.329 % de actas contabilizadas de un total de 92.766, Renovación popular mantiene el liderazgo en las votyaciones.

Renovación Popular:18.309 %

Partido del Buen Gobierno: 14.617 %

Fuerza Popular: 14.616 %

Ahora Nación: 8.699 %

Partido Cívico Obras: 7.715 %

Partido País para Todos: 6.415 %

Primero la Gente: 4.715 %

/peru/2026/04/13/resultados-de-la-onpe-en-vivo-como-revisar-los-votos-de-tu-candidato-al-congreso/

Senado nacional al 13.342 % de actas contabilizadas

Con el 13.342 % de actas contabilizadas a nivel nacional, Renovación Popular encabeza la votación para el Senado, seguido por el Partido del Buen Gobierno y Fuerza Popular.

Renovación Popular: 19.046 % votos válidos / 15.278 % votos emitidos

Partido del Buen Gobierno: 14.989 % votos válidos / 12.024 % votos emitidos

Fuerza Popular: 14.465 % votos válidos / 11.603 % votos emitidos

Ahora Nación – AN: 8.659 % votos válidos / 6.946 % votos emitidos

Partido Cívico Obras: 7.486 % votos válidos / 6.005 % votos emitidos

Partido País para Todos: 6.404 % votos válidos / 5.137 % votos emitidos

Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso: 4.820 % votos válidos / 3.867 % votos emitidos

Senado por Lima Metropolitana al 31.9%

Con el 31.917 % de actas contabilizadas en Lima Metropolitana, Renovación Popular lidera la votación para el Senado, seguido por el Partido del Buen Gobierno y Fuerza Popular.

Renovación Popular: 21.839 % votos válidos / 16.817 % votos emitidos

Partido del Buen Gobierno: 17.232 % votos válidos / 13.270 % votos emitidos

Fuerza Popular: 14.734 % votos válidos / 11.346 % votos emitidos

Ahora Nación – AN: 8.673 % votos válidos / 6.679 % votos emitidos

Partido Cívico Obras: 7.885 % votos válidos / 6.072 % votos emitidos

Partido País para Todos: 6.484 % votos válidos / 4.993 % votos emitidos

Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso: 4.896 % votos válidos / 3.771 % votos emitidos

Resultados preliminares del Senado al 11 %

Con el 11.063 % de actas contabilizadas, Renovación Popular se mantiene como el partido más votado para el Senado, seguido por el Partido del Buen Gobierno y Fuerza Popular.

Renovación Popular: 19.416 % votos válidos / 15.612 % votos emitidos

Partido del Buen Gobierno: 15.156 % votos válidos / 12.187 % votos emitidos

Fuerza Popular: 14.357 % votos válidos / 11.544 % votos emitidos

Ahora Nación – AN: 8.616 % votos válidos / 6.928 % votos emitidos

Partido Cívico Obras: 7.351 % votos válidos / 5.911 % votos emitidos

Partido País para Todos: 6.378 % votos válidos / 5.128 % votos emitidos

Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso: 4.879 % votos válidos / 3.923 % votos emitidos

Proyección de conformación del Senado según Datum

Según el conteo rápido de Datum al 67.5 %, Fuerza Popular tendría la mayor representación en el Senado, seguida por Juntos por el Perú y Buen Gobierno.

Fuerza Popular: 22 curules

Juntos por el Perú: 10 curules

Buen Gobierno: 8 curules

Renovación Popular: 8 curules

Ahora Nación: 6 curules

Obras: 6 curules

Resultados preliminares para el Senado nacional

Con el 8.636 % de actas contabilizadas, Renovación Popular lidera los resultados para la Cámara de Senadores, seguido por el Partido del Buen Gobierno y Fuerza Popular. A continuación, los porcentajes de votos válidos y emitidos por cada partido:

Renovación Popular: 19.691 % válidos / 15.856 % emitidos

Partido del Buen Gobierno: 15.268 % válidos / 12.294 % emitidos

Fuerza Popular: 14.319 % válidos / 11.530 % emitidos

Ahora Nación – AN: 8.555 % válidos / 6.889 % emitidos

Partido Cívico Obras: 7.276 % válidos / 5.859 % emitidos

Partido País para Todos: 6.365 % válidos / 5.126 % emitidos

Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso: 4.888 % válidos / 3.936 % emitidos

Tercer avance oficial del Senado nacional: 0,019% de actas contabilizadas

Con el 0,019% de actas contabilizadas hasta las 22:51 del 12 de abril, Renovación Popular amplía su ventaja en el conteo oficial para la Cámara de Senadores en el distrito electoral único nacional. El Partido del Buen Gobierno mantiene el segundo lugar, seguido por Fuerza Popular. Luego aparecen Ahora Nación, Partido Cívico Obras, Partido País para Todos y Primero la Gente. El reporte sigue siendo preliminar, con la mayoría de actas aún pendientes de procesamiento.

Proyección de la conformación del Senado según Datum

Según los resultados de boca de urna de la encuestadora Datum para América Televisión, el Senado estaría conformado por 60 escaños distribuidos de la siguiente manera: Fuerza Popular obtendría 41 escaños, Juntos por el Perú 22, Renovación Popular 20, Buen Gobierno 18, Obras 18 y Ahora Nación 10. Esta proyección refleja una amplia mayoría para Fuerza Popular frente al resto de las fuerzas políticas.

Renovación Popular mantiene ventaja en el segundo reporte oficial del Senado nacional

En la segunda actualización oficial del conteo para la Cámara de Senadores, con 0,012% de actas contabilizadas hasta las 21:06 horas del 12 de abril, Renovación Popular consolida su liderazgo con una ventaja clara sobre el resto de partidos. El Partido del Buen Gobierno se ubica en el segundo lugar, seguido por Fuerza Popular. Más atrás figuran Ahora Nación, el Partido Cívico Obras, Primero la Gente y el Partido País para Todos. El avance sigue siendo preliminar, ya que la gran mayoría de actas permanece pendiente de procesamiento.

JNE amplía horarios y medidas tras retrasos en la distribución de material electoral

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció la ampliación del horario de instalación y votación en mesas afectadas por la falta de material electoral en Lima Metropolitana y dos ciudades de Estados Unidos (Orlando y Patterson). Las mesas podrán instalarse el 13 de abril desde las 7 a. m. hasta las 2 p. m., y la votación se extenderá hasta las 6 p. m., según el huso horario correspondiente. Además, el JNE solicitó facilidades para el uso de locales escolares, refuerzo en la seguridad y apoyo logístico, así como facilidades laborales para los votantes. Se estableció que las prohibiciones de propaganda electoral seguirán vigentes en los lugares donde no se instalaron mesas y se exhortó a no difundir encuestas ni resultados. El organismo garantizó la legalidad e integridad del proceso e instó a la ciudadanía a mantener la calma y la confianza en el sistema electoral.

Primer reporte oficial para el Senado nacional: Renovación Popular encabeza el conteo preliminar

La imagen muestra el primer avance oficial del conteo para la elección de la Cámara de Senadores en el distrito electoral único nacional, con solo 0,005% de actas contabilizadas. Renovación Popular aparece al frente del registro preliminar, seguido por el Partido del Buen Gobierno y Fuerza Popular. Más atrás se ubican el Partido Cívico Obras, Ahora Nación, Primero la Gente y el Partido País para Todos. El informe corresponde a un corte realizado el 12 de abril a las 19:50 horas, cuando la gran mayoría de actas aún permanece pendiente de contabilización.

Resultados del flash electoral al Senado en Lima a boca de urna de Ipsos

En la región Lima, el flash electoral de Ipsos muestra que Renovación Popular lidera con 19,2% de los votos para el Senado. Fuerza Popular obtiene 15,8% y el Partido del Buen Gobierno alcanza 15,3%. Obras registra 9,8%, mientras que Ahora Nación suma 8,7%, País para Todos llega a 6,4% y Primero la Gente obtiene 4,1%. El grupo de “otros” partidos reúne 20,7%, lo que evidencia una distribución diversa de las preferencias electorales en Lima.

Resultados del flash electoral al Senado nacional a boca de urna de Ipsos

Según el flash electoral de Ipsos para el Senado nacional, Fuerza Popular lidera con 14,6% de los votos a nivel nacional. Le siguen Juntos por el Perú con 11,5%, el Partido del Buen Gobierno con 10,6% y Obras con 10,5%. Renovación Popular obtiene 10,5%, Ahora Nación 7,8% y País para Todos 6%. El grupo de “otros” partidos suma 28,5%, lo que refleja una fragmentación significativa en la preferencia electoral para el Senado.

Resultados a boca de urna de Ipsos

• Keiko Fujimori (Fuerza Popular): Encabeza el flash electoral con 16,6%, posicionándose como la candidata con mayor respaldo según la encuesta a boca de urna de Ipsos.
• Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): Registra un 12,1% de los votos, ubicándose en el segundo lugar entre los candidatos presentados.
• Ricardo Belmont (Obras): Obtiene 11,8%, situándose en el tercer puesto de la preferencia electoral en este sondeo.
• Rafael López Aliaga (Renovación Popular): Alcanza 11% de los votos a boca de urna, quedando en la cuarta posición.
• Jorge Nieto (Partido con símbolo de sol): Logra un 10,7%, ubicándose en el quinto lugar según los datos difundidos por Ipsos.

Estos resultados corresponden a un flash electoral presidencial difundido por Ipsos, para Latina y Perú 21, en el que se muestran las tendencias iniciales de votación para las elecciones en Perú.

La ONPE aú no emite resultados oficiales. Se espera que lo haga a partir de las 6 p.m.

Elecciones 2026: Resultados para senadores y diputados

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) iniciará la difusión en tiempo real de los resultados correspondientes a la elección de senadores y diputados de las Elecciones Generales 2026, una vez culminado el cierre de mesas a nivel nacional. La publicación de estos datos se realizará a través de sus plataformas oficiales, donde se actualizarán progresivamente las actas procesadas desde los distintos centros de votación del país y del extranjero.

Este proceso electoral marca la implementación del sistema bicameral en el Perú, en el que se eligen representantes para el Senado y la Cámara de Diputados. De acuerdo con información oficial difundida por la ONPE, el conteo de votos se realizará mediante el sistema de cómputo electoral, que permitirá ofrecer avances parciales conforme se validen las actas enviadas por las mesas de sufragio.

Distribución del Senado por organizaciones políticas

La conformación del Senado para el periodo 2026-2031 queda distribuida entre seis organizaciones políticas con representación nacional, según los resultados del proceso electoral.

• Fuerza Popular: 18 senadores
• Renovación Popular: 12 senadores
• País para Todos: 10 senadores
• Juntos por el Perú: 8 senadores
• Buen Gobierno: 7 senadores
• Ahora Nación: 5 senadores

Esta distribución configura un Senado sin mayoría absoluta, con representación fragmentada entre las principales fuerzas políticas, lo que marcará la dinámica de acuerdos en la nueva etapa del Congreso bicameral.

Difusión progresiva

En esta jornada, los ciudadanos participan en una elección simultánea que incluye varias cédulas, lo que incrementa la complejidad del proceso de escrutinio. Por ello, la ONPE ha señalado que los primeros resultados serán de carácter preliminar y estarán sujetos a actualización conforme avance el procesamiento de la información.

Asimismo, el organismo electoral ha precisado que la velocidad de publicación de resultados dependerá del flujo de llegada de actas, especialmente desde zonas rurales o de difícil acceso, donde el traslado del material electoral puede tomar más tiempo. En ese sentido, se espera que durante las primeras horas de la noche se comiencen a perfilar tendencias iniciales en la conformación del nuevo Parlamento.

JNE proclamará resultados

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) será el encargado de proclamar los resultados oficiales una vez concluido el proceso de cómputo y resueltas eventuales observaciones o impugnaciones. Este procedimiento forma parte del marco legal que regula los procesos electorales en el país.

Finalmente, las autoridades electorales han exhortado a la ciudadanía a seguir la información únicamente a través de canales oficiales, con el fin de evitar la difusión de datos no verificados. Los resultados en vivo constituyen reportes preliminares que irán consolidándose a lo largo de las siguientes horas, hasta la emisión del cómputo final.

Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para que los empleadores estén obligados a entregar una copia del contrato de trabajo a sus empleados antes de que estos inicien sus actividades. La propuesta representa un cambio significativo en las relaciones laborales del país, donde millones de trabajadores aún operan sin un documento que respalde su empleo.

El proyecto es impulsado por el diputado Juan Ignacio Zavala, del partido Movimiento Ciudadano (MC), quien señala que, si bien la Ley Federal del Trabajo ya contempla diversas disposiciones sobre los contratos laborales, no existe una obligación explícita para entregar una copia del documento de manera oportuna.

El problema: 17 millones de trabajadores sin contrato escrito

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), actualmente hay 17.1 millones de personas en México que no cuentan con un contrato por escrito. Esta cifra representa el 41% de todos los trabajadores subordinados, es decir, aquellos que tienen un empleador y que deberían contar con un documento que avale su relación laboral.

Para Zavala, la ausencia de esta obligación genera un desequilibrio estructural desde el primer momento de la relación laboral:

“La persona trabajadora presta servicios sin conocer con certeza las condiciones que rigen su empleo”, señala en la exposición de motivos del proyecto.

¿Qué plantea la iniciativa?

La propuesta busca incorporar al artículo 132 de la LFT la obligación de los patrones de entregar el contrato individual de trabajo por escrito y previo al inicio de la prestación de servicios. Cabe destacar que la iniciativa no establece un plazo mínimo previo para la entrega, reconociendo que en algunas ocasiones las contrataciones se realizan de manera urgente.

La medida se alinea con estándares internacionales: en la Unión Europea, la Directiva 2019/1152 ya obliga a los empleadores a proporcionar información esencial sobre la relación laboral antes del inicio de actividades.

¿Qué debe incluir un contrato de trabajo?

La LFT establece que todo contrato individual debe contener, como mínimo:

• Datos personales del trabajador: domicilio, CURP y RFC
• Modalidad de contratación: indefinida, por obra, temporada o capacitación
• Descripción de los servicios a prestar y el lugar donde se realizarán
• Duración de la jornada y días de descanso
• Forma, monto y lugar de pago del salario
• Designación de beneficiarios en caso de fallecimiento

La propia ley aclara que la falta de un contrato escrito no elimina los derechos del trabajador, pero sí imputa la falta de formalidad al patrón.

Un paso hacia la transparencia laboral

Con esta reforma, México avanzaría hacia relaciones laborales más transparentes y equitativas, dando a los trabajadores la posibilidad de conocer y revisar sus condiciones de empleo antes de comprometerse. La iniciativa aún debe recorrer el proceso legislativo para convertirse en ley.

“Esto no es un delito”. Con esa frase, la diputada salteña María Gabriela Flores salió a justificar en estos días que su hijo suele utilizar pasajes oficiales del Congreso para viajar a Buenos Aires. Al parecer, lo hace habitualmente porque estudia derecho en una universidad porteña. Y eso, para la legisladora de LLA, resultaría natural, hasta irreprochable. “No hicimos nada ilegal ni inmoral”, dice Felipe Núñez, uno de los funcionarios del área económica que obtuvo un crédito hipotecario del Banco Nación. En los dos casos, lo de la legalidad y, más, la moralidad está en discusión. Pero aún si todo estuviera en orden, la cuestión de fondo es que la negación de delitos no disimula privilegios. Una fisura en la narrativa libertaria.

El cuadro tiene al menos tres trazos destacados. El primero tiene que ver con el origen de los protagonistas: representantes del oficialismo, cuyo discurso “anticasta” incluía la condena al aprovechamiento del Estado en beneficio propio. El segundo es el contexto: una etapa socialmente dura. Y el tercero, asociado a los dos anteriores: el caso de Manuel Adorni, que desde hace más de un mes domina el temario público y, por extensión, coloca el foco en la utilización del poder.

La diputada Flores no expuso alteración alguna al confirmar en una entrevista que su hijo estudiante viaja con pasajes del Congreso. ¿No la alteró o manejó el momento? La respuesta según cual sea elegida expone matices: la naturalización de una práctica -limitada o menos expuesta con a los años frente a los cuestionamientos, incluso de legisladores- o la hipocresía. Tal vez, las dos cosas, sin medir el malestar que provoca este tipo de hechos.

“Mi hijo estudia abogacía en Buenos Aires. Va y viene”, dijo para darle un sentido de necesidad. La tienen muchos estudiantes que se instalan en esta ciudad o en La Plata, o en alguna otra capital de provincia para hacer una carrera universitaria. Visto así, el caso del hijo de la legisladora no es único, pero sí excepcional: un privilegio, en caso de que encaje con las nomas, o algo peor si viola la ley.

Ese último punto quedó en discusión. La ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública dice en uno de sus primeros artículos que no debe ser utilizado el Estado para “beneficio particular o para el de sus familiares”. Se trata de ética, un campo que debería será atendido de entrada como guía en lugar de buscar interpretaciones que permitan zafar. También pesan los reglamentos de cada Cámara del Congreso. Con todo y más allá de cualquier derivación, nada esconde la cuestión de fondo, es decir, la decisión de colocarse por encima del común de la gente. En esta historia, se trata del provecho de pasajes oficiales. Una especie de gracia en la visión de la diputada.

El tema del cumplimiento o incumplimiento de las normas también surgió apenas trascendió el listado de funcionarios, legisladores y hasta algún tuitero con cargo que obtuvieron créditos de cifras nada menores -algunos, por encima de los 300 mil dólares- en el Banco Nación. Las autoridades del banco y los voceros del oficialismo afirman que todo se hizo cumpliendo con los requisitos de esa línea de préstamos. Hay denuncias de legisladores opositores en la justicia federal. Se verá cómo sigue.

La cuestión de origen de los beneficiarios es muy significativa, en un sentido más impactante que el caso de los pasajes de la diputada. El discurso libertario incluía en lugar destacado el objetivo de cerrar o privatizar al Banco Nación. Pero finalmente, lo que está a la vista son prestamos del banco estatal para “empleados” estatales. En algún caso -al menos uno conocido-, para segunda vivienda. Es una imagen más bien provocativa frente a las necesidades de casa o departamento propio en diferentes franjas de la sociedad.

El listado incluye a diputados de desembarco más o menos reciente -y celebrado- en tierras del oficialismo. El caso de los funcionarios de Economía – Federico Furiase y Felipe Núñez- fue notorio además por el respaldo público que consideró necesario Luis Caputo. La intención, siempre, fue presentar los hechos como intachables o incuestionables. No parece, si la ética pública es entendida como tal, más allá del articulado de la ley específica.

Para completar, este capítulo anotó también algunos renglones de la interna. Sandra Pettovello decidió la salida de su jefe de gabinete, Leandro Massaccesi, apenas trascendió que había conseguido un crédito del Banco Nación. La ministra trató de evitar que su medida fuera interpretada como un cuestionamiento directo a funcionarios del Gobierno por acceder a esa línea de préstamos. Sus voceros hicieron trascender que sintió quebrada la confianza, porque Massaccesi no se lo informó personalmente. Dicen que se habría enterado por la difusión periodística. El ex funcionario recurrió a la frase repetida. “No cometí ningún acto ajeno a la ley”.

Luis Caputo se sintió molesto por la determinación de la jefa de Capital Humano, según circuló en medios violetas. Quedaban en posición incómoda sus funcionarios. Tampoco pasó inadvertido el mensaje de Pettovello sobre la falta de aviso. Difícil imaginar que el trámite del entonces funcionario haya transitado por los canales del público en general, es decir, sin intervención de algún miembro de la conducción del banco al menos para agilizar el tema. El presidente del directorio es Darío Wasserman, esposo de Pilar Ramírez, pieza central de Karina Milei -con quien tiene vínculo propio- en el armado porteño.

El impacto de estos episodios resultó amplificado por el extenso caso Adorni, sobre todo porque se relaciona directamente con la imagen del poder. Y se produce además en un contexto económico preocupante para el Gobierno. De hecho, no con intención autocrítica sino con descarga sobre la oposición dura y el periodismo en general, Javier Milei habló esta semana de “meses duros”, ratificó el rumbo de su gestión y pidió “paciencia”.

El martes que viene será informado el IPC de marzo. Antes que el dato de la inflación, el INDEC publicó esta semana informes con cifras negativas sobre la industria y, menos graves, la construcción. Sin hacer referencia directa, el Presidente dio su mensaje. También lo viene haciendo el ministro Caputo, a su manera. Son días sin vocero presidencial.

La elección de Ángela Russo como nueva Defensora del Pueblo de Panamá quedó formalizada con su publicación en Gaceta Oficial, pero el proceso que la llevó al cargo no estuvo exento de controversia, pese a los 37 votos que obtuvo en el pleno de la Asamblea Nacional.

Su designación se produjo en medio de cuestionamientos sobre el método de escogencia, luego de que el debate legislativo cambiara el curso inicialmente trazado por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, dando paso a un proceso más abierto pero también más disputado.

Aunque Russo fue respaldada por una mayoría de diputados, su nombramiento estuvo rodeado por una disputa procedimental. En un primer momento, la Comisión de Gobierno había remitido al pleno una lista reducida de siete aspirantes, seleccionados entre los 33 postulantes originales al cargo.

Sin embargo, un informe de minoría presentado por un grupo de diputados reabrió el compás y permitió que todos los aspirantes que habían superado el primer filtro y acudido a entrevistas, en total 32 candidatos, quedaran nuevamente habilitados para ser postulados en el pleno.

Ese cambio alteró de manera decisiva la ruta de la elección y dejó en evidencia que la discusión no solo giraba en torno a quién debía ocupar la Defensoría, sino también sobre quién controlaba realmente el proceso de selección.

Los diputados que defendieron el informe de minoría alegaron que hubo una mala interpretación de la nueva ley, y sostuvieron que el pleno, como órgano soberano, debía tener la potestad de escoger entre todos los aspirantes que habían cumplido con la etapa previa, sin quedar atado a una lista cerrada definida por la comisión.

El proceso también estuvo marcado por la retirada de Eduardo Leblanc, quien buscaba reelegirse y que en su momento fue escogido como Defensor del Pueblo con 38 votos en 2021.

Su renuncia fue leída en el pleno antes de las postulaciones, lo que redujo oficialmente de 33 a 32 el número de candidaturas disponibles. Aun así, su salida no desactivó la controversia, porque para ese momento ya estaba planteada la disputa sobre si el pleno debía escoger entre solo siete nombres o entre todos los que habían pasado la fase inicial.

En la votación final, Russo obtuvo 37 votos, superando al abogado Rodrigo García Rodríguez, quien alcanzó 31 respaldos con el apoyo de la coalición integrada por Vamos, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y otros sectores, mientras que la candidatura de Gissel Emiliani Duque no logró consolidarse.

La exmagistrada fue postulada por la diputada Shirley Castañeda, de la bancada Realizando Metas (RM), el mismo movimiento político que llevó al poder al presidente José Raúl Mulino, y contó con el respaldo de sectores de la bancada mixta.

El pleno legislativo defendió el proceso, señalando que actuó bajo su condición de órgano soberano, con la facultad de escoger a la persona más idónea sin limitarse a una lista cerrada. Este argumento se sustentó en la interpretación de la nueva ley de la Defensoría del Pueblo, que amplía el margen de decisión del Legislativo en la designación del titular de la institución.

Russo cuenta con una trayectoria que incluye su último cargo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, posición que ocupó entre 2016 y 2025 tras ser nombrada por el gobierno de Juan Carlos Varela.

Durante ese periodo también fue vicepresidenta de la Corte, presidenta de la Sala Primera de lo Civil y coordinadora de instancias vinculadas al acceso a la justicia y enfoque de género, perfil que fue presentado como una garantía de experiencia en el ámbito judicial y en la defensa de derechos dentro del sistema legal panameño.

La Defensoría del Pueblo es una institución autónoma encargada de proteger los derechos humanos, supervisar la actuación de la administración pública y mediar en conflictos entre el Estado y los ciudadanos.

Con la reciente reforma legal, se le otorgan mayores facultades, incluyendo un poder coactivo reforzado para intervenir en disputas de carácter extrajudicial y exigir respuestas a entidades estatales.

El cargo de Defensor del Pueblo tiene salario de 7 mil dólares mensuales. Además, su gestión será observada de cerca en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor transparencia, independencia y eficacia en la defensa de sus derechos.

La toma de posesión de Ángela Russo está prevista para el lunes 13 de abril de 2026, cuando asumirá formalmente el cargo ante el pleno legislativo.

Con su designación, se convertirá en la novena persona en ocupar la Defensoría del Pueblo desde su creación en 1997, en un momento en el que la institución enfrenta el reto de consolidar su credibilidad en medio de un proceso de elección que, aunque legalmente válido, dejó abiertas interrogantes sobre la forma en que se toman decisiones clave en el país.

El diputado nacional Máximo Kirchner presentó en un proyecto de ley que propone declarar la emergencia pública en materia energética, alimentaria y de insumos productivos críticos en la Argentina. La iniciativa, respaldada por un grupo de legisladores del bloque oficialista, busca que el impacto del aumento internacional del precio del petróleo y otros insumos no se traslade a las tarifas de luz y los alimentos que consumen trabajadores y pequeñas y medianas empresas. Según informaron, el proyecto argumenta que la renta extraordinaria derivada del conflicto bélico en Medio Oriente debe ser destinada a garantizar tarifas sostenibles y reservas para la población.

De acuerdo con la propuesta impulsada por Kirchner, la coyuntura internacional generada por la guerra en Medio Oriente ha provocado un alza en los precios globales de la energía, los alimentos y los fertilizantes, así como disrupciones en la logística y volatilidad financiera. El texto advierte que estos factores comprometen tanto el suministro local como el poder adquisitivo de las familias argentinas y los costos de producción del sector agropecuario. En este marco, el proyecto plantea que el Estado nacional debe ejercer un rol activo para proteger a los sectores más vulnerables y a la economía real.

El documento, que cuenta con la firma de los diputados Emir Félix, Jorge Ávila, Jorge Araujo, Juan Carlos Molina, Ana María Ianni, Pablo Todero, Martín Aveiro, Marcelo Mango, Andrea Freites, José Glinski, Adriana Serquis, Carlos Castagneto y Julia Strada, sostiene que la Argentina afronta una oportunidad histórica como exportador neto de energía. El texto señala que la renta extraordinaria debe ponerse al servicio del pueblo para evitar que los aumentos internacionales se reflejen en la economía doméstica.

Entre los fundamentos, Kirchner señaló durante el debate legislativo por la modificación de la Ley de Glaciares que “en el país de las vacas, cada vez se come menos carne y menos leche. En el país de Vaca Muerta, segunda reserva de shale gas y cuarta de shale oil, los argentinos no pueden cargar nafta, y pronto, al acercarse el invierno, no hay una política que aborde el tema del gas. No solo para la industria, sino para la gente, que si no hay gas, pasa frío en muchos lugares de Argentina”. El legislador también cuestionó iniciativas para modificar la Ley de Zona Fría, que protege a los usuarios de regiones con bajas temperaturas.

El proyecto prevé que el Poder Ejecutivo Nacional reciba instrumentos para mitigar el impacto de la coyuntura internacional. Entre las medidas propuestas se destaca la suspensión de la venta de activos energéticos durante la crisis, la creación de derechos de exportación móviles y especiales sobre el petróleo y la canalización de estos recursos a un fondo anticíclico. Este fondo distribuiría los ingresos en tres destinos principales: subsidios a insumos agropecuarios, estabilización de precios internos de alimentos y acumulación de reservas internacionales.

Una de las medidas sociales incluidas en la propuesta es el refuerzo del 30% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) para asegurar el acceso a alimentos básicos como aceite, pan, leche y carne. “El aceite, pan, leche y carne son derechos, no deben ser considerados mercancías de especulación”, sostiene el texto presentado por Kirchner y sus colegas. El proyecto afirma que la protección de los ingresos y el abastecimiento es una función indelegable del Estado, y rechaza la idea de que la falta de fondos estatales sea un obstáculo, ya que la renta extraordinaria generada por el shock externo permitiría financiar estas políticas.

La propuesta también contempla medidas para evitar que los aumentos de precios internacionales de la energía y los alimentos se trasladen íntegramente a los consumidores argentinos. El texto remarca que cuando sube el petróleo, aumentan fletes, pan y leche, afectando la cadena de costos y el bolsillo de los trabajadores. Por eso, la intervención estatal se presenta como una herramienta para desacoplar los precios internos de los internacionales y evitar que la inflación importada deteriore el poder adquisitivo.

Respecto al sector agropecuario, el proyecto plantea que la renta extraordinaria del petróleo se capte a través de derechos de exportación móviles, que se reduzcan automáticamente cuando los precios internacionales bajen. Parte de estos fondos se destinaría a subsidiar gasoil, fertilizantes y otros insumos críticos para la producción agrícola, con el objetivo de garantizar la continuidad de las campañas y la estabilidad de los precios de los alimentos básicos.

El documento parlamentario enfatiza la necesidad de asegurar el abastecimiento energético, fortalecer la posición externa del país mediante la acumulación de reservas y mantener la capacidad productiva del agro, protegiendo el acceso a fertilizantes y otros insumos esenciales. Según el texto, el Estado actuaría como “colchón” ante la volatilidad de los mercados internacionales, reasignando la renta extraordinaria para proteger a las familias y a la economía real.

La declaración de emergencia propuesta por Kirchner y su grupo de diputados se sustenta en el impacto extraordinario del conflicto internacional sobre los precios y la seguridad de abastecimiento, así como en la necesidad de dotar al Gobierno de herramientas rápidas para responder a escenarios de crisis. El proyecto se encuentra bajo análisis en el Congreso, donde se espera que inicie su debate en comisiones durante las próximas semanas.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves, en sesión plenaria, el proyecto de decreto que autoriza al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a suscribir un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto de hasta USD 501.253.133,00. El proyecto ingresó con dispensa de trámite y recibió el respaldo de 56 votos a favor, lo que permitió su aprobación en el mismo día de su presentación.

Los fondos obtenidos mediante este préstamo serán destinados a financiar el “Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital”, una iniciativa que busca fortalecer y acelerar el aprendizaje en la educación básica a nivel nacional. El programa tiene como propósito central continuar impulsando acciones orientadas al perfeccionamiento de las prácticas pedagógicas y la promoción del uso de tecnología en el sistema educativo. Según lo detallado en documento aprobado, el Gobierno de El Salvador reconoce la importancia de mejorar la calidad y eficiencia del sistema educativo mediante la incorporación de nuevas herramientas digitales y la actualización de los métodos de enseñanza.

El contrato autorizado establece que el monto total de hasta USD 501,2 millones será otorgado bajo la modalidad de financiamiento basado en programas y resultados, en reconocimiento a los avances y esfuerzos realizados por el país en materia educativa. El plazo del préstamo es de hasta veinticinco años, incluyendo un período de gracia de cinco años. La amortización se realizará a través de pagos semestrales consecutivos y, en la medida de lo posible, iguales, hasta la total cancelación del capital.

En cuanto a los intereses, el decreto estipula que se aplicará una tasa de referencia más un margen variable, ajustándose automáticamente cada vez que los desembolsos sean iguales o superiores a USD 50,125.313. Además, se establece el pago de una comisión inicial y una comisión de compromiso, cada una equivalente a un cuarto del uno por ciento (0,25%) del monto total del préstamo y del saldo no desembolsado, respectivamente. Ambas comisiones serán financiadas con los propios fondos del préstamo.

De acuerdo con el articulado del decreto, los recursos provenientes del contrato de préstamo podrán ser utilizados para apoyar acciones estratégicas del Gobierno impulsadas en el ámbito educativo. También se contempla la posibilidad de destinarlos a obligaciones generales del Estado que requieran liquidez y transferencias varias, siempre en coherencia con el objetivo de fortalecer el aprendizaje y la innovación en la educación básica.

Procedimiento legislativo y respaldo

La iniciativa de ley fue remitida a la Asamblea Legislativa por el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, en cumplimiento de instrucciones del presidente de la República. El documento, que ingresó con fecha de 8 de abril de 2026, fue tratado con dispensa de trámite para agilizar su discusión y aprobación, dada la relevancia estratégica del programa para el sistema educativo nacional.

Durante la sesión plenaria, la pieza fue conocida y aprobada con 56 votos a favor, reflejando un amplio respaldo por parte de los diputados presentes. El acuerdo responde al compromiso del Estado salvadoreño de impulsar reformas y acciones orientadas a mejorar la capacidad del país para enfrentar los retos educativos, especialmente en el contexto de la transformación digital y la necesidad de fortalecer la educación básica.

El gobierno de Javier Milei prepara un conjunto de reformas legislativas que abarcan cambios en la justicia, el sistema electoral, el Código Penal y la adhesión a tratados internacionales. Tras la aprobación de la reforma de la ley de Glaciares, el oficialismo prioriza la discusión de nuevos proyectos que no habían podido entrar en la agenda legislativa de las últimas semanas y que tienen ascendencia en la política desreguladora y exterior del Ejecutivo.

En la madrugada de hoy, el Gobierno logró sancionar la modificación sobre la ley de Glaciares y permite ampliar inversiones mineras por 165.000 millones de dólares para la próxima década, según cifras informadas por el ministro de Economía, Luis Caputo. Con esa normativa que beneficia a varias economías regionales, el oficialismo espera una mayor concesión de parte de estas regiones para algunas iniciativas que el oficialismo impulsará en las próximas semanas.

De acuerdo a fuentes inobjetables, la Casa Rosada impulsa en la Cámara de Diputados la votación de la ley de adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), medida considerada estratégica para afianzar el vínculo comercial con Estados Unidos. El compromiso forma parte del acuerdo comercial firmado recientemente entre ambos países y exige la sanción de esta norma antes de fin de abril.

Asimismo, confirmaron que se buscará tratar de manera rápida en comisiones el denominado proyecto “Hojarascas”, elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a derogar más de setenta normas consideradas obsoletas. La intención del oficialismo es eliminar regulaciones y burocracias que generan sobrecostos e ineficiencias para el Estado y los actores económicos.

Esto sería tratado en primer término mientras se buscan afianzar y negociar las adhesiones políticas para una de las iniciativas que más impacto tienen de cara a la campaña electoral del año próximo.

Se trata de la reforma política, que contempla la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el rediseño de la Boleta Única de Papel y nuevas exigencias para la constitución y el financiamiento de los partidos políticos. El borrador de la iniciativa ya se encuentra en su etapa final y que su presentación en el Congreso y podría concretarse en los próximos días.

Diferentes voceros de La Libertad Avanza (LLA) ratificaron su postura que no se optará por proponer una suspensión de las PASO, sino por su eliminación. “Es algo que el electorado legitimó el año pasado y que varios bloques tienen la presión de apoyar pese a que todavía no están convencidos”, afirmó un estratega libertario.

El oficialismo reconoce que, para avanzar con su paquete legislativo, resulta imprescindible negociar apoyos entre aliados y sectores del peronismo. Voceros parlamentarios admiten que la eliminación de las PASO enfrenta resistencias en bloques dialoguistas y que la obtención de votos requerirá un trabajo minucioso en ambas cámaras.

Aunque planea tratarse más adelante, el paquete de reformas incluye, además, un nuevo proyecto de ley que anticipa la futura reforma integral del Código Penal. El Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, presentará una iniciativa que incorpora nuevas figuras delictivas y aumenta penas para delitos existentes, como “viudas negras”, “motochorros”, “salideras”, fraudes piramidales y delitos migratorios. También se contempla la creación de un criterio de interpretación “pro-víctima” y la participación obligatoria de las víctimas en decisiones procesales clave, como la suspensión del juicio a prueba.

Se prevé que la reforma penal incluya penas específicas para la tenencia de armas en cárceles, incremento de castigos por picadas callejeras, endurecimiento de sanciones por maltrato animal y protección especial para menores en casos de abuso sexual y grooming. El proyecto buscará aprobación inmediata de los puntos urgentes y reservará para más adelante la discusión integral del Código Penal, que ya cuenta con propuestas previas elaboradas por comisiones de jueces y fiscales.

En el ámbito judicial, el Senado prevé tratar más de sesenta pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. La sesión prevista para el jueves marcará el inicio del trámite parlamentario de estas designaciones, que incluyen jueces, defensores, fiscales y conjueces.

Entre las figuras incluidas en este paquete inicial se encuentran Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, propuesto para un tribunal oral de Santa Fe, y Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien interviene en la causa conocida como $LIBRA sobre presunta estafa con criptomonedas promocionadas por el propio Milei. Además, destaca la candidatura de María Julia Sosa, secretaria del juzgado federal de Julián Ercolini, postulada a la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de La Plata.

La jornada también incluirá acuerdos diplomáticos y militares, además de la designación de Lucila Crexell como embajadora ante Canadá, un paquete de ascensos militares y nombramientos en el Tribunal de Defensa de la Competencia. En el listado de ascensos militares destaca la promoción del jefe del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich; los vicealmirantes Juan Carlos Romay (Armada) y Marcelo Dalle Nogare (Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas) y otros 80 oficiales de las tres fuerzas armadas. En contraste, el ascenso del subjefe de la Fuerza Aérea, Marcelo Monetto, ha quedado pendiente por falta de votos luego de ser impugnado por un supuesto encubrimiento en una denuncia por abuso sexual.

A la espera de la presentación formal de los proyectos, no se descarta que la semana que viene se reúna la mesa política encabezada por Manuel Adorni, Karina Milei, Santiago Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Eduardo Menem e Ignacio Devitt.

Con 137 votos a favor, la reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada en la sesión de la Cámara de Diputados tras horas de debate. Minutos después, el presidente publicó un comunicado oficial donde destacó que dicha modificación permitirá “garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias” para el uso de sus recursos.

Durante la madrugada, Javier Milei festejó la victoria a través de sus redes sociales y por medio de un comunicado de Oficina de Presidencia destacó que “celebra la sanción de la Cámara de Diputados y la aprobación definitiva del Congreso de la Nación al proyecto de adecuación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que impulsa la precisión de la norma vigente a fin de garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos”.

“Esta reforma histórica aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, permitiendo, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley”, explicó.

La Oficina del Presidente también informó: “La redacción original era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger. Eso llevaba a conclusiones contrarias al artículo 41 de la Constitución (utilización racional de los recursos naturales) y al dominio originario de las provincias (artículo 124)”.

El comunicado subrayó que “al eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso”, el nuevo marco normativo apunta a compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico. El Gobierno también enfatizó que la modificación “reafirma que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos”.

En otro apartado del mensaje, el mandatario planteó: “Los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empeñados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder. Las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo”.

Reforma de la Ley de Glaciares

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, estableció un marco de protección para los glaciares y el ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce en Argentina. La norma prohibió actividades extractivas de alto impacto en estas áreas y ordenó la elaboración de un inventario nacional de glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Desde su aprobación, la legislación generó controversias entre sectores ambientalistas y gobiernos provinciales, que reclamaban mayor autonomía en la gestión de sus recursos naturales.

Durante la sesión en la Cámara de Diputados, la reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, tras casi 12 horas de debate. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo nacional y vinculado a los objetivos del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), recibió el respaldo de los bloques aliados al oficialismo y fue acompañado de una fuerte presencia de funcionarios nacionales y provinciales.

Durante el debate hubo fuertes oposiciones de legisladores de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, quienes alertaron sobre el riesgo de avance de la minería en zonas sensibles y denunciaron una supuesta entrega de recursos estratégicos. El mensaje oficial de la Oficina del Presidente también incluyó un reconocimiento expreso del presidente Javier Milei a los legisladores y gobernadores que acompañaron la iniciativa, así como a los equipos técnicos que participaron en la redacción de la reforma.

Por otro lado, el Gobierno sostuvo que, a partir de la promulgación de la reforma, Argentina recupera un modelo de “verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos”. Según el comunicado, el proceso de elaboración y debate se extendió durante un año, con la intervención de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, la Secretaría Coordinadora de Minería y Energía y la Secretaría de Minería.

La reciente sanción de la reforma de la Ley de Glaciares marca un antes y un después en la discusión sobre la protección de estas zonas y de las áreas periglaciares en el país.

Hasta el momento, la Ley 26.639 regulaba la preservación de estos cuerpos de hielo considerados reservas estratégicas de recursos hídricos. Tras conseguir 137 votos a favor y obtener 111 en contra mas tres abstenciones, el oficialismo avanzó con la modificación que ya contaba con la media sanción del Senado. De esta manera, fue girada al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Uno de los principales cambios aprobados gira en torno a otorgarle un mayor margen a las provincias para definir sus propios criterios de protección, en respuesta a los reclamos de distritos con desarrollo minero.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, estableció los presupuestos mínimos para la protección de estos bloques de hielo naturales. La norma original los definió como bienes públicos, destinados a la conservación del agua para consumo, la recarga de cuencas hidrográficas, la protección de la biodiversidad, el desarrollo de actividades científicas y el turismo. Además, extendió su alcance a las áreas periglaciares, es decir, los suelos congelados que cumplen un papel relevante en la regulación del recurso hídrico.

Ahora, se introdujo un cambio en el enfoque la protección legal sobre las zonas zonas periglaciares y los llamados Glaciares de Escombros (GdE), áreas en las que se concentran reservas clave de agua y que coinciden, en muchos casos, con territorios de alto potencial para la actividad minera.

Mientras que la normativa anterior establecía una protección amplia, el proyecto sancionado esta madrugada plantea limitarla únicamente a aquellos que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”. Esto implica que solo las áreas que sean consideradas estratégicas para el recurso hídrico quedarían bajo resguardo estricto.

En consecuencia, el texto habilita la posibilidad de autorizar actividades productivas y extractivas en zonas que la ley original protegía de manera general. Este cambio generó cuestionamientos de expertos y organizaciones ambientales, que advierten sobre los riesgos de permitir intervenciones en regiones fundamentales para la seguridad de los reservocios de agua dulce del país.

Por su parte, el Ejecutivo argumentó que la reforma ordenará el marco normativo, eliminará interpretaciones arbitrarias y fortalecerá el federalismo ambiental, permitiendo que las provincias asuman mayor protagonismo en la gestión de sus recursos.

Principales puntos de la modificación de la Ley de Glaciares

• Alcance de la protección: la reforma redefine el objeto protegido, limitando la protección a aquellos glaciares y ambientes periglaciales que cumplan “funciones hídricas” específicas, cuya verificación queda en manos de cada provincia.
• Desplazamiento del control científico nacional: el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), que antes tenía el rol central y científico en la identificación de glaciares, pasa a un rol registral. “El Inventario será de ‘ineludible consulta y consideración’ por parte de las provincias sin que ello implique disminución de las atribuciones provinciales”. Además, se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al registro del inventario.
• Fragmentación y discrecionalidad: la reforma permite que cada provincia aplique criterios propios para determinar qué proteger, en lugar de aplicar estándares científicos homogéneos y mínimos para todo el país.
• Principio precautorio: mientras se aplica el principio precautorio, todos los glaciares y las formaciones periglaciares que aparecen en el Inventario Nacional de Glaciares van a estar protegidos por esta ley. Esto se mantendrá así hasta que la autoridad ambiental compruebe que alguno de ellos no cumple con las funciones indicadas en el primer párrafo del artículo 3°. En el momento en que la autoridad confirme que un glaciar o una geoforma periglacial del inventario no cumple con esas funciones, ese sitio dejará de estar protegido específicamente por esta norma, aunque seguirá bajo la protección general de la Ley General del Ambiente y otras leyes vigentes.
• Cambio del sistema de prohibiciones: se pasa de un régimen de prohibiciones generales a un sistema donde la evaluación de impacto ambiental, caso por caso y en manos provinciales, definirá qué actividades se pueden autorizar.
• Enfoque preventivo: la reforma transforma la protección estructural y preventiva de los glaciares y su ambiente en una protección condicional y revisable.
• Evaluación de impacto ambiental: todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.

El país se encamina hacia un proceso electoral que redefinirá la estructura del poder legislativo. La convocatoria a las Elecciones Generales de 2026 no solo implica la elección de nuevas autoridades, también introduce un cambio institucional que modifica la forma en que se elaboran y aprueban las leyes.

El retorno a un Congreso dividido en dos cámaras plantea una dinámica distinta en la toma de decisiones. Este esquema, ausente durante más de tres décadas, reorganiza funciones, espacios y procedimientos dentro del Parlamento. La medida responde a la intención de establecer un sistema con mayor revisión normativa y control político.

A partir del 28 de julio de 2026, el nuevo Congreso iniciará funciones con una distribución que separa el trabajo legislativo en dos niveles. Esta configuración implica cambios tanto en la infraestructura como en la operatividad interna del Parlamento, según la información difundida por Latina Noticias.

Un Congreso dividido en dos cámaras

El nuevo modelo legislativo estará compuesto por 190 parlamentarios: 130 diputados y 60 senadores. Cada grupo asumirá funciones específicas dentro del proceso de formación de leyes. La Cámara de Diputados tendrá a su cargo el inicio del trabajo legislativo, mientras que el Senado cumplirá un rol de revisión.

Las propuestas de ley se originarán en la Cámara de Diputados. En ese espacio se debatirán iniciativas, se aprobarán proyectos y se discutirán también mociones de control político. Luego de esta etapa, los textos pasarán al Senado, donde se evaluará su contenido antes de una eventual aprobación final.

Según el material informativo, este sistema busca introducir una segunda instancia de análisis que permita revisar con mayor detalle las normas. La intención es reducir errores y fortalecer la calidad de las decisiones legislativas.

Nuevos espacios y restricciones en el Senado

El Senado funcionará en una sala distinta dentro del Congreso, en el lugar que antes ocupaba la sala Raúl Porras Barrenechea. Este espacio tendrá acceso restringido. Solo ingresará personal autorizado, sin presencia directa de público ni de prensa.

Las sesiones se transmitirán mediante cámaras robóticas, lo que marca una diferencia frente al esquema actual. La conducción recaerá en una Mesa Directiva compuesta por un presidente y tres vicepresidentes, con posibilidad de ampliar ese número.

En cuanto al trabajo interno, el Senado contará con siete comisiones ordinarias. Cada una abarcará varios sectores. Por ejemplo, una comisión podrá incluir economía, medio ambiente y defensa del consumidor. Otra agrupará salud, educación, cultura, mujer y desarrollo social.

Además, se establecerán comisiones específicas como ética, inteligencia y procedimientos especiales. Estas instancias evaluarán aspectos particulares del funcionamiento parlamentario.

Diputados

La Cámara de Diputados operará en el hemiciclo principal del Congreso. En ese espacio se concentrará el debate político y la elaboración inicial de leyes. Este grupo contará con catorce comisiones ordinarias, número menor al actual, lo que obligará a combinar temas en cada comisión.

Entre sus funciones destaca la presentación de proyectos de ley, el debate legislativo y la aprobación de normas. También tendrá un papel central en el control al Poder Ejecutivo. Podrá interpelar y censurar a ministros, además de realizar labores de fiscalización.

Solo en casos de interpelación y censura, la decisión final recaerá en esta cámara, lo que refuerza su peso en el equilibrio político.

Cambios en votación y organización parlamentaria

El nuevo Congreso incorporará herramientas tecnológicas en su funcionamiento. Cada escaño contará con tablets para el registro de asistencia y votación. También se habilitarán dispositivos móviles para sesiones remotas, lo que permitirá mayor flexibilidad en el desarrollo de debates.

Otro cambio relevante se relaciona con la organización de bancadas. Los parlamentarios que decidan abandonar su grupo tendrán opciones limitadas. Podrán integrarse a un grupo mixto, con menores atribuciones, o cambiar de bancada una sola vez durante todo su periodo.

En ese caso, no podrán postular a la Mesa Directiva durante un tiempo determinado y deberán renunciar al partido político de origen. Esta medida busca reducir el cambio constante de agrupaciones dentro del Congreso.

Requisitos y representación

Para postular a la Cámara de Diputados, la Constitución establece condiciones específicas. El candidato debe ser peruano de nacimiento, tener al menos 25 años y contar con derecho a voto. La elección se realizará por circunscripciones electorales, lo que busca garantizar representación territorial.

En contraste, los senadores asumirán un rol más enfocado en la revisión técnica de las leyes. Esta diferencia define la lógica del sistema bicameral, donde una cámara propone y la otra evalúa.

El proceso electoral del 12 de abril de 2026 definirá a los representantes que integrarán este nuevo esquema. La instalación del Congreso coincidirá con el inicio del próximo gobierno, lo que marcará el inicio de una etapa distinta en la política nacional.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate los proyectos de ley fusionados que buscan ampliar los beneficios económicos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá, una iniciativa que reabre el debate sobre el equilibrio entre protección social y sostenibilidad del sector privado.

La propuesta, impulsada por varios diputados, plantea modificar y ampliar la Ley 6 de 1987, que ya establece descuentos obligatorios para este grupo poblacional.

Actualmente, los jubilados —mujeres desde los 57 años y hombres desde los 62— tienen acceso a rebajas que van desde 15% hasta 50% en servicios como transporte, restaurantes, hoteles, servicios médicos y medicamentos, entre otros.

Sin embargo, el documento base del proyecto revela que estos beneficios se consideran insuficientes frente al aumento del costo de vida, especialmente en rubros críticos como alimentos y salud. Según la exposición de motivos del proyecto, más de 200,000 jubilados reciben ingresos por debajo de la canasta básica, lo que limita su acceso efectivo a estos descuentos.

Entre los beneficios vigentes para jubilados y pensionados en Panamá destacan descuentos de 20% en medicamentos, 15% en servicios de hospitales y clínicas privadas, 25% en restaurantes y 15% en establecimientos de comida rápida con franquicia.

En transporte, la ley contempla 30% en autobuses interurbanos, trenes, lanchas y barcos, y 25% en pasajes aéreos. También se reconocen rebajas en servicios públicos, como 25% en electricidad, agua y telefonía residencial, bajo condiciones y topes establecidos por la norma.

En alimentos, los beneficios están más concentrados en el consumo en restaurantes o fondas, pero no existe una política directa de descuento amplio en supermercados.

Los proyectos fusionados buscan profundizar y ampliar el esquema vigente de beneficios, incorporando nuevos rubros y elevando varios de los descuentos actuales. Entre los cambios propuestos figura un descuento de 40% en medicamentos, así como una rebaja de 40% en insumos, dispositivos y otros productos para la salud e higiene humana.

La iniciativa también refuerza los beneficios en servicios financieros, al plantear reducciones en tasas de interés, cargos, comisiones y seguros aplicados a préstamos personales, comerciales, hipotecarios y tarjetas de crédito.

Además, se incluyen descuentos de hasta 50% en servicios como internet, televisión por cable y licencias, así como rebajas en vestimenta, calzado y productos básicos, lo que en la práctica amplía el impacto directo en el gasto diario de los jubilados.

También se refuerzan beneficios en transporte, turismo y recreación, con descuentos que alcanzan el 35% en boletos aéreos y 50% en hoteles.

El punto crítico no está en los beneficios en sí, sino en cómo se financian. La legislación vigente establece que estos descuentos son deducibles como crédito fiscal del impuesto sobre la renta, es decir, en teoría el Estado compensa a los comercios.

Sin embargo, el sector privado ha reiterado que ese reconocimiento no se da con rapidez ni claridad, generando un impacto directo en su flujo de caja.

Este es precisamente el foco del conflicto actual. Comerciantes y pequeñas empresas advierten que un aumento en los descuentos obligatorios sin un mecanismo eficiente de compensación podría traducirse en pérdidas operativas, especialmente en sectores con márgenes estrechos como farmacias, restaurantes y comercio minorista.

Ante este escenario, la comisión legislativa decidió citar al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Ingresos, con el objetivo de analizar la viabilidad fiscal del proyecto y atender las inquietudes del sector empresarial. La medida refleja que el debate ya no es solo social, sino técnico y fiscal.

Desde el punto de vista político, los diputados defienden la iniciativa como un acto de justicia social, argumentando que los jubilados han quedado rezagados frente al aumento de precios.

También plantean sanciones para las empresas que incumplan los descuentos, con multas que pueden alcanzar los $10,000, lo que añade presión al sector privado.

El dilema es claro: mientras el proyecto busca mejorar el poder adquisitivo de más de 300,000 jubilados, también introduce riesgos sobre la operatividad de miles de negocios, especialmente si el Estado no garantiza la devolución o compensación de los montos otorgados en descuentos.

En términos económicos, el impacto dependerá de dos variables clave: la capacidad fiscal del Estado para absorber estos beneficios y la velocidad con la que se reconozcan los créditos fiscales a las empresas. Sin estos elementos, el sistema podría generar distorsiones, trasladando costos indirectos a precios o reduciendo la oferta de servicios.

La discusión apenas comienza. Con la aprobación en primer debate, el proyecto avanza, pero queda pendiente el análisis técnico que definirá si Panamá puede sostener un esquema más amplio de beneficios sin afectar la dinámica del sector privado.

El oficialismo obtuvo el despacho de comisión para tratar hoy, desde las 15, la modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional con miras a los proyectos que podrían ingresar a través del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI).

Ayer, en el plenario de comisión, el oficialismo presentó a dos gobernadores, varios ministros de minería y funcionarios nacionales de la Secretaría de Minería. Esto generó la mayoría de las quejas de la oposición, que manifestó su desacuerdo porque las presidencias de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales transformaron el plenario en un evento vinculado a la minería y, además, criticaron que el proyecto no haya sido girado a la comisión específica del área, como solicitaron distintos bloques.

Más allá de los cuestionamientos, en La Libertad Avanza sabían que tenían el número necesario para avanzar. “Para obtener el despacho de comisión, LLA necesitaba 18 firmas en Asuntos Constitucionales, que cuenta con 35 miembros, y 16 en Recursos Naturales, integrada por 31 diputados”. Durante el debate y mientras los funcionarios respondían consultas, ya habían sumado 19 y 18 firmas respectivamente.

El desenlace del debate también parece definido. Así lo entienden en LLA, que pidió una sesión especial 24 horas antes de obtener el dictamen, confiando en que disponen del respaldo suficiente para aprobar la reforma esta tarde-noche.

Al analizar el conteo de votos que manejan los jefes del bloque libertario, los números aparecen holgados. Sin aceptar cambios a la norma, que ya cuenta con media sanción del Senado, el oficialismo asegura entre 130 y 134 respaldos propios y de aliados históricos, además del apoyo de varios representantes de provincias mineras.

LLA cuenta con 95 diputados y sus socios habituales —PRO, MID, UCR y bloques provinciales— suman entre 20 y 25 más. A este grupo se sumarían legisladores de las provincias mineras del bloque Innovación Federal, que son 9, junto a los peronistas de Independencia y Elijo Corrientes.

Además, los libertarios calculan respaldos dentro de Unión por la Patria. “Teniendo en cuenta lo sucedido en el Senado, creemos que sumamos a Jorge Chica y Cristian Andino, de San Juan, y Claudia Palladino, de Catamarca”, explicó un diputado libertario que lleva la lista de nombres en su celular. El acompañamiento de estos tres diputados de UP se fundamenta en que los exgobernadores Sergio Uñac y Lucía Corpacci —San Juan y Corrientes respectivamente— votaron a favor de la reforma en la Cámara alta.

Marchas e interpelaciones

El recinto y las calles serán escenario de la jornada. Se prevé que mañana, desde el mediodía, diferentes sectores se concentren frente al Congreso para manifestarse. Como todos los miércoles, los jubilados intentarán rodear el Palacio Legislativo; en simultáneo, la UTT realizará un “verdurazo” y habrá una radio abierta conjunta con jubilados. Para las 17 está prevista una movilización nacional de organizaciones ambientalistas que, en la Ciudad de Buenos Aires, partirá desde Av. de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso.

Dentro del recinto, la oposición buscará avanzar con un pedido de interpelación al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La intención es emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Reglamentos —ambas presididas por La Libertad Avanza— para tratar los proyectos de interpelación al funcionario, quien aún no dio explicaciones sobre el aumento de su patrimonio.

La clave para este planteo parece estar en el PRO y sus 12 diputados. Desde el oficialismo confían en que sus socios parlamentarios no acompañarán la solicitud opositora. Desde los bloques que impulsan la interpelación esperan que algunos representantes del PRO “se paren y se vayan, como dice el ‘lilito’ Maximiliano Ferraro, que no sean republicanos intermitentes y apoyen que podamos tener la discusión al menos, sino esto realmente es una escribanía”.

En la antesala del debate en la Cámara de Diputados por la reforma de la Ley de Glaciares, el avance de proyectos mineros y definiciones judiciales recientes volvieron a poner en primer plano una discusión histórica del sector.

Este miércoles, el oficialismo buscará impulsar cambios en la norma que regula la protección de glaciares y áreas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos. El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone otorgar mayor margen a las provincias para definir los criterios de preservación, en línea con los reclamos de provincias con desarrollo minero.

Uno de los puntos más sensibles es justamente el alcance de la protección sobre las zonas periglaciares, donde se concentran reservas clave de agua pero que, al mismo tiempo, coinciden con áreas de alto potencial minero.

En ese marco, el uso del agua es uno de los ejes centrales del debate. Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), sostienen que las modificaciones propuestas no afectan la protección del recurso hídrico y que la ley vigente ya permite operar sin comprometer las reservas de agua. A su vez, destacan que la actividad representa apenas el 1% del consumo total del recurso en el país, es decir, 1 de cada 100 litros disponibles.

La entidad sostiene además que los volúmenes utilizados por operaciones mineras son comparables con los de otras actividades productivas. Como referencia, comparó con otros consumos e indicó que la elaboración de una botella de vino (750 ml) requiere 650 litros de agua; una barra de chocolate (100 gramos), 1.700 litros; y una jarra de café (750 ml), 840 litros.

Inversiones en juego

La discusión se da en un escenario económico en el que el Gobierno busca atraer inversiones en sectores estratégicos, entre ellos la minería, clave para la generación de divisas. Al mismo tiempo, el esquema vigente establece controles sobre el uso del agua a través de concesiones, auditorías e instancias de sanción, un esquema que podría modificarse si prospera la iniciativa en el Congreso.

Inversiones confirmadas

Durante la Argentina Week, que se llevó a cabo en marzo en Nueva York, la minera canadiense First Quantum Minerals ratificó ante el canciller Pablo Quirno la decisión de avanzar en el proyecto Taca-Taca, un yacimiento de cobre considerado entre los diez más grandes del mundo sin explotar.

La inversión inicial estimada para la planta es de USD 4.200 millones, con una capacidad de procesamiento de 40 millones de toneladas anuales, según reveló la propia empresa y la Corporación Financiera Internacional (IFC). El plan prevé alcanzar una producción de 291.000 toneladas de cobre anuales durante la primera década y sostener actividad por 35 años.

Durante la etapa de construcción de Taca-Taca, se proyecta la creación de hasta 4.000 empleos, cifra que descenderá a 2.000 puestos directos e indirectos en la fase operativa.

A su vez, para sumar atractivo al mercado internacional y fortalecer las condiciones de financiamiento, el proyecto se comprometió a alinearse con los criterios de sostenibilidad ambiental y social establecidos por IFC, lo cual busca posicionar a la Argentina como destino competitivo para inversiones mineras a largo plazo.

La Argentina posee la cuarta mayor reserva de cobre y la tercera de litio a nivel global, dos minerales esenciales para la electrificación y las nuevas cadenas de suministro energéticas. El desarrollo de grandes proyectos, bajo estándares internacionales y acuerdos de sostenibilidad, se perfila como eje clave para diversificar las exportaciones y consolidar infraestructura.

El peso de la actividad también se refleja en las proyecciones; según estimaciones privadas, la minería argentina podría multiplicar sus envíos en la próxima década y superar los USD 40.000 millones anuales hacia 2035, apalancada en nuevos proyectos, mayores inversiones y un escenario global de alta demanda por minerales críticos.

Fallo de la Corte de Catamarca

En vísperas del debate parlamentario, la Corte de Justicia de Catamarca resolvió recientemente levantar la medida cautelar que pesaba sobre la cuenca del Río Los Patos tras casi cuatro meses de parálisis. El fallo se produjo luego de la entrega del Estudio de Gestión e Impacto Ambiental Acumulativo (EGIA), que concluyó que no existe “daño ambiental provocado” por la actividad minera actual en la zona.

Con el levantamiento de la cautelar, el Gobierno de Catamarca quedó habilitado a otorgar nuevas concesiones mineras en el departamento de Antofagasta de la Sierra, una de las áreas más delicadas por la coexistencia de reservas hídricas y potencial minero. El litigio había comenzado en marzo de 2024 frente a la demanda de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, que denunció la ausencia de estudios ambientales integrales para la extracción de litio y otros minerales en el salar del Hombre Muerto.

El uso del agua en la minería

CAEM remarcó que la minería ocupa el 1% del consumo local de agua y que la enorme mayoría se recicla dentro de los ciclos industriales, sin consumos netos definitivos. El agua en esta industria se utiliza en diversas etapas: procesamiento, transporte de minerales, riego de caminos, refrigeración, limpieza y protección ambiental mediante el control de polvo y temperatura, tanto en superficie como en minería subterránea.

Las operaciones mineras se abastecen principalmente de aguas subterráneas, arroyos, ríos, lagos y fuentes marinas, bajo estricta concesión otorgada por la autoridad provincial o nacional.

De acuerdo con la regulación actual, ninguna empresa puede superar el límite fijado y existen procedimientos de inspección y auditoría, con la posibilidad de sanciones o quita de concesión en situaciones de incumplimiento. Este esquema busca garantizar un equilibrio sectorial, priorizando los usos de acuerdo a un régimen de permisos que involucra a todas las actividades económicas.

En el comienzo de un nuevo periodo ordinario, durante el cual pretenden aprobar varias reformas para retomar la agenda de la gestión, el Gobierno abre un inesperado debate en el Congreso sobre el uso de los autos oficiales para diputados y senadores, lo que ya motivó el enojo en algunos bloques e, incluso, entre miembros del propio oficialismo.

La medida en cuestión está incluida en el proyecto de ley “Hojarasca”, que fue enviado recientemente para su tratamiento y redactado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que venía trabajando en el texto desde el 2024.

El paquete de iniciativas apunta, en general, a derogar cerca de 70 normas que la gestión libertaria considera obsoletas o incluso absurbas, pero que técnicamente siguen vigentes porque nunca se eliminaron.

Sin embargo, uno de los puntos que generó polémica fue la propuesta de dar de baja los beneficios que se les otorgaron a los legisladores nacionales, así como a secretarios y prosecretarios parlamentarios, para la libre circulación y estacionamiento de sus vehículos con credenciales especiales.

Al respecto, en su presentación, el funcionario sostuvo que este es “uno de los ejemplos más claros de privilegio” en la legislación argentina actual, por lo que debería dejar de regir.

Aunque el proyecto ya está en manos de las autoridades de la Cámara de Diputados, el oficialismo optó por postergar su discusión para priorizar, en cambio, la modificación a la ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado.

De todas formas, esta sería la próxima reforma a analizar y se prevé una única reunión de la comisión de Legislación General -donde debe obtener dictamen para avanzar-, a la cual podría asistir el mismo Sturzenegger para defenderla.

Aunque en La Libertad Avanza apuntan a que sea solamente un encuentro de carácter informativo, hay quienes reconocen que el texto podría sufrir en esta etapa algunos cambios, principalmente, en lo que respecta a las obleas de circulación de los vehículos oficiales.

“Son estas pelotudeces de gente que es diputada y llega a la Ciudad de Buenos Aires y, como no tiene agenda, va del hotel al Congreso y del Congreso al hotel, porque solo levanta la mano. Y no logra saber para qué sirve en su laburo. Yo tengo mi oblea. Uso mi auto y me salva poder llegar puntual a las reuniones”, remarcó un integrante de la oposición dialoguista.

Durante estos días, referentes de distintos bloques se expresaron en contra de la iniciativa y se quejaron de que el recorte los afecte solamente a ellos y no a los funcionarios nacionales.

Alguno inculso sostuvo, durante una conversación en uno de los pasillos del recinto, “que primero dejen el chofer Sturzenegger, Cacace y Faríña (Alejandro y Maximiliano, respectivamente, ambos secretarios dentro de la cartera de Desregulación)”.

“No para de hacer desastres, el ministro. Fue el que metió el artículo (de las licencias por enfermedad) en la reforma laboral, yo creo que ya está agotado. Ya fracasó con Mauricio Macri. Ahora va por nuestros autos, ¿para qué? ¿Por qué no se ocupan mejor de todos los problemas que tiene el Gobierno con Manuel Adorni y con los creditos bancarios?“, protestó un legislador que supo ser aliado, pero que hoy está alejado de la Casa Rosada.

En esta misma línea, aunque de manera menos combativa y más pragmática, otros espacios señalan que derogar este beneficio podría ser una mala decisión, ya que entienden que perjudicaría a la actividad democrática, dificultando el trabajo de los parlamentarios.

Para defender esta postura, dan el ejemplo de un diputado del PRO que meses atrás, cuando se estaba debatiendo la reforma laboral, no llegó a tiempo para dar quórum -algo por lo que el oficialismo trabajó arduamente-, ya que no estaba en su vehículo protocolar.

En esa oportunidad, el integrante de la bancada amarilla tuvo que viajar en una moto, que no contaba con la mencionada oblea, y la Policía lo demoró en una de las calles aledañas al Congreso, en el marco de los cortes de tránsito por la manifestación que protagonizaron grupos de izquierda y la oposición ese día.

En La Libertad Avanza, en tanto, reconocen que este artículo en particular de “Hojarasca” generó mucha polémica, pero por el momento no hay intenciones de quitarlo: “Sí, es verdad, está difícil este tema, pero vamos a insistir”, advierten.

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno indica que “el término ‘privilegio’ deriva del latín privus (propio) y legalis (ley), es decir, una ley sancionada no para la totalidad de los ciudadanos, sino para ‘uno mismo’”.

Para el Ejecutivo, “hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática, y contraria al principio de igualdad ante la ley establecido por el ya citado artículo 16 de la Constitución Nacional”.

La ley en cuestión, la N° 20.959, otorga desde 1975 a los integrantes del Congreso el derecho a utilizar una “credencial personal e intransferible que los habilita para la libre circulación y el libre estacionamiento”.

El proyecto sostiene que esta prerrogativa “no puede sostenerse en un contexto donde se pretende fortalecer la transparencia y la equidad en el ejercicio de la función pública”.