En medio de un clima de tensión creciente por el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas y de críticas por parte de la oposición sobre el rumbo de la economía, el presidente Javier Milei mantuvo esta tarde una nueva reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, en la antesala del envío de importantes proyectos que el oficialismo buscará impulsar en el Congreso en las próximas semanas.

Según pudo confirmar Infobae, la convocatoria original se hizo para que el mandatario nacional pudiera explicar frente a los legisladores las razones por las cuales cree que la administración va por buen camino y rechazar una vez más los argumentos de falta de consumo o caída de la actividad.

Si bien se preveía que entre los temas que se trataran estuviera también la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado con el histórico enfrentamiento con el Reino Unido por la posesión del archipiélago, finalmente no hubo menciones sobre este tema.

Tampoco se conversó sobre el Presupuesto 2027, que incluirá las partidas destinadas a reforzar el gasto en Defensa y que se enviará este martes, pero no será presentado por Milei, como circuló en algún momento.

“Lo raro fue cuando lo presentó él, y eso fue porque se trataba del primero en décadas que tenía equilibrio fiscal, pero nunca estuvo en mente que volviera a ir al Congreso”, aclaran en la cúpula libertaria.

El encuentro se realizó en el Salón Héroes de Malvinas, el mismo espacio que la administración libertaria suele utilizar para este tipo de encuentros con sus legisladores antes de discusiones clave en el recinto.

Como la vez anterior, los invitados llegaron a Balcarce 50 cerca de media hora antes de lo previsto, lo cual fue un pedido de los organizadores para poder acomodarlos bien, teniendo en cuenta que son más de 100 personas.

Del acto participan la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los jefes del bloque del oficialismo en ese recinto, Gabriel Bornoroni, y en el Senado, Patricia Bullrich; el vocero, Adrián Ravier, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

De hecho, la funcionaria fue la primera en tomar la palabra, ya que durante unos 30 minutos quedó como oradora principal mientras todos esperaban la llegada del Presidente, que se demoró por cuestiones de agenda y entró al salón recién a las 15:30, entre los aplausos de la multitud.

“Su mensaje fue más polítio, básicamente nos pidió, aunque sin nombrar casos puntuales, que dejemos de criticar a los aliados o a aquellos con los que potencialmente podemos llegar a tener un acuerdo electoral”, reveló uno de los asistentes de la jornada.

En este sentido, si bien remarcó que no fue un cuestionamiento para alguien en particular, sostuvo que “la idea fue bastante clara y todos entendieron de quiénes estaba hablando”.

“Vos no podés sentarte a negociar con el gobernador de Jujuy o el de Salta para solicitarles que apoyen una reforma y que después salga uno de los tuyos a decirles narcotraficantes. No dio ese ejemplo ella, pero es eso”, agregó.

En este sentido, la secretaria general insistió con que la “dejen construir políticamente” y remarcó que “siempre se puede discutir o plantear temas de gestión para diferenciarse, pero eso no significa salir a insultar a un dirigente que después puede terminar estando con vos”.

Por su parte, como en oportunidades anteriores, el Presidente utilizó esta reunión para explicarles a los diputados y senadores los fundamentos de las iniciativas en danza y pedirles mayor exposición pública para defender el rumbo de su gestión.

“Nos enseñó cómo es que se va construyendo la mentira, pero hizo hincapié en que cuando uno tiene los datos, es muy fácil retrucar lo que se dice en los medios o lo que dice la oposición”, señaló otro de los invitados.

Una de las primeras en retirarse fue Patricia Vázquez, quien lo hizo cerca de las 17:30, cuando Milei todavía estaba hablando, porque tenía un compromiso en el partido bonaerense de Morón.

Poco después le siguieron Ezequiel Atauche y Joaquín Benegas Lynch, quienes coincidieron en que el mandatario no habló del tema Malvinas ni tampoco del Presupuesto 2027.

”El Presidente hizo un resumen detallado, punto por punto, de cómo está en este momento cada uno de los indicadores de la economía. Nos detalló la macro en profundidad durante tres horas”, precisó a Infobae otro de los asistentes.

Como estaba previsto, la charla incluyó referencias al libro La economía en una lección, del economista y periodista Henry Hazlitt, que Milei ya les entregó a sus legisladores en encuentros previos y que suele citar en sus discursos.

A la salida, el director de Realizaciones Audiovisuales, Santiago Oría, aprovechó para regalarles a todos los diputados y senadores un conjunto de libros publicados por el “Círculo de pensamiento liberal”, una institución que él mismo lidera.

Los textos se titulan “Manual de logros: dos años que cambiaron la Argentina”, y repasa las principales medidas tomadas por la actual gestión en los inicios; “Periodismo y república en la era Milei”, con críticas a los medios, y “Memorias de las décadas perdidas: un racconto de la tragedia kirchnerista”, que cuestiona a las anteriores administraciones.

El encuentro se da horas después de que el mandatario encabezara una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en la que también se analizó la agenda vinculada con Malvinas y los próximos pasos del Gobierno en el Congreso.

Aquella reunión, que comenzó a las 10:00, contó con la participación de los principales ministros del Poder Ejecutivo y marcó el inicio de una jornada con fuerte actividad política y legislativa para la administración libertaria.

Más tarde, solamente los diputados fueron invitados a otra reunión, esta vez en el local que La Libertad Avanza inauguró recientemente en el barrio porteño de San Telmo, donde se espera la presencia de Karina Milei.

Cuando el establecimiento se abrió, únicamente los visitaron aquellos dirigentes que tienen una banca por la provincia de Buenos Aires, ya que en el establecimiento trabaja la estructura bonaerense del espacio,

Por esta razón, la funcionaria quiso ahora que lo conozcan los otros legisladores y aprovechará para seguir hablando de las reformas: “No va a ser una cena, es un encuentro como cualquier otro, en el que puede ser que hable ella”, señalaron los organizadores.

El informe llegó a esta conclusión luego de cruzar dos fuentes oficiales: los registros de aportes de campaña presentados ante la ONPE y las planillas oficiales del Congreso correspondientes al cierre de agosto. El contraste permitió identificar al menos una decena de casos en los que personas que contribuyeron a las campañas de determinados candidatos terminaron ocupando puestos de confianza en sus despachos una vez que estos llegaron al Parlamento, según la unidad de investigación de Latina Noticias.

Los cargos incluyen asesores, técnicos y auxiliares, con remuneraciones que, en algunos casos, superan los 14.000 soles mensuales. Frente a los cuestionamientos sobre un eventual conflicto ético o favoritismo en el uso de recursos públicos, los legisladores consultados defendieron las contrataciones y aseguraron que sus trabajadores fueron seleccionados por su perfil profesional, experiencia, capacidad o confianza.

Diputado Jesús Pérez contrató a un aportante por S/5.800

Uno de los primeros casos expuestos por Punto Final fue el del diputado por Apurímac Jesús Pérez Alccahuamán, de Juntos por el Perú. El legislador, de 38 años, es presentado en el reportaje como uno de los líderes de la Federación de las Comunidades Indígenas Mineras de Apurímac y como una de las caras vinculadas a la minería informal en la Cámara de Diputados.

Pérez también integra la Comisión de Energía y Minas y, entre sus propuestas, busca la ampliación y expansión del REINFO. El parlamentario confirmó que José Gabriel Mendoza Salazar trabaja actualmente en su despacho como técnico. “Claro, es un técnico en mi despacho”, respondió Pérez cuando fue consultado por el periodista.

De acuerdo con la información presentada en el reportaje, Mendoza Salazar tiene un sueldo de 5.800 soles. Los registros de la ONPE muestran que realizó aportes por 5.226 soles a la campaña de quien actualmente ocupa un escaño como diputado. El dinero fue entregado en cuatro armadas.

Durante la entrevista, el legislador fue consultado inicialmente sobre si Mendoza había aportado a su campaña. Pérez respondió: “No”. Sin embargo, ante la precisión del periodista de que el aporte figuraba registrado en el sistema de la ONPE, finalmente reconoció: “No, ha, ha aportado, claro”.

El reportero le preguntó entonces si consideraba que podía existir una falta ética al contratar a alguien que había aportado a su campaña y darle un puesto de trabajo en el Congreso.

“Mmm, no. Yo para contratar a alguien veo desenvolvimiento”, contestó el diputado. Cuando se le pidió explicar qué desenvolvimiento había observado en Mendoza, respondió: “Claro, es una persona idónea de Apurímac, se desenvuelve y está acá”. El propio trabajador fue consultado sobre su aporte y confirmó que había entregado 5.200 soles durante la campaña. “Por supuesto, de forma voluntaria”, indicó.

También reconoció que venía colaborando con el actual diputado: “Eh, yo vengo, eh, colaborando, cooperando con él, sí”. Al ser consultado sobre si había trabajado anteriormente con Pérez en otro estamento político, respondió que no. Entonces surgió otra interrogante: ¿Cómo pudo el diputado conocer su desenvolvimiento profesional? Pérez respondió que Mendoza es un líder y destacó su trayectoria.

“Porque es un líder, es un líder, es un gran líder, como usted lo puede investigar, un apurimeño. Ahora lo va usted a ver. Es un gran líder”, afirmó. Y ante el cuestionamiento sobre la relación entre el aporte y la posterior contratación, sostuvo: “Cada cosa se separa. No podemos mezclar papas con camotes”.

Diputado Javier Cipriani niega que aporte haya motivado contratación

Otro de los casos corresponde al diputado por Lima Metropolitana de Renovación Popular, Javier Cipriani Zorr. El legislador contrató como asesor principal al abogado Jaime Augusto Vargas Montenegro, quien recibe un sueldo de más de 14.000 soles.

Según los registros de la ONPE citados en la investigación, Vargas Montenegro aportó 4.590 soles a la campaña de Cipriani. El diputado defendió la designación y aseguró que Vargas cumple con las exigencias del puesto.

“Él es un abogado, eh, y curiosamente cumple todas las expectativas que tiene el cargo para ser mi asesor principal. Pero sobre todo es una persona que tiene mi confianza”, manifestó. Cipriani sostuvo que su relación con Vargas se fortaleció porque se hicieron amigos y negó que el aporte haya sido determinante para contratarlo.

“Yo, en base a aportar a mi campaña, no es que por eso lo he contratado. Yo no sabía que había aportado, fíjate”, aseguró. Incluso contó que, tras ser informado de la existencia del aporte, tuvo que preguntarle directamente a Vargas si había contribuido a su campaña.

“Entonces, sí ha aportado, mira, ve, yo no sabía. Eso no significa que como aportó, entonces le doy un trabajo. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra”, afirmó. Cuando se le preguntó si consideraba que podía verse mal contratar a una persona que aportó dinero a su campaña, respondió: “Cuatro mil soles no, la verdad que no”.

Vargas Montenegro también rechazó cualquier irregularidad y sostuvo: “No hay nada que ocultar, todo ha sido transparente y, y las cifras son públicas”. El abogado, además, explicó que su relación con Cipriani era anterior a la actual contratación.

“No, lo que ocurre es que lo siguiente, es que hay que ver la foto completa. Claro, efectivamente, él desconocía, porque yo no soy un aportante, eh, digamos, estos, este, que, un, un simple aportante. Yo he sido su representante. Yo, eh, he sido su representante legal”, señaló.

Diputado Jair Manrique y las 50 cajas de preservativos para su campaña

La investigación también puso bajo la lupa al diputado Jair Manrique Olivera, de Ahora Nación, quien recientemente adquirió notoriedad por una disputa relacionada con oficinas en el Parlamento.

Manrique, representante de Lima Metropolitana, es uno de los integrantes más jóvenes de la nueva Cámara de Diputados. En su despacho contrató como técnico a José Miguel Escalante Llanos, bachiller en Ingeniería, con un sueldo de 8.300 soles. Según la información presentada, Escalante aportó 2.050 soles a la campaña: 1.800 soles bajo el concepto de asesorías y otros 250 soles en especies.

El aporte en especies fue uno de los aspectos que más llamó la atención. En el reportaje se indicó que se trató de preservativos utilizados para la estrategia de campaña denominada “Ponte el casco”. “Él aportó en especies, ¿no? Preservativos”, se señaló durante el informe.

Manrique explicó que Escalante es una persona capaz y destacó su formación profesional. “Es una persona, eh, muy capaz. Es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Es una persona formidable y también, va, que conoce bastante de política”, afirmó.

Escalante no aceptó una entrevista para el reportaje. Sin embargo, desde el despacho del diputado se enviaron recibos que acreditaban, según la investigación, sus aportes a la campaña, incluyendo 50 cajas de preservativos para la estrategia “Ponte el casco”.

Diputada Jessica Navas contrató a aportante de S/6.300

La lista también incluye a la diputada por Ucayali de Fuerza Popular, Jessica Navas. Según la investigación, Navas contrató en su despacho a Salomón Maceo Rivera como asesor dos, con un sueldo superior a 12.000 soles. Los registros citados por Punto Final señalan que Maceo aportó 6.300 soles a la campaña de Navas.

El caso fue incluido dentro del grupo de parlamentarios cuyos despachos tienen actualmente entre su personal a personas que realizaron aportes durante sus campañas electorales. Durante el reportaje también intervino Rubén Siguairo, técnico del senador Edgar Mancha, quien explicó que los aportes voluntarios son habituales durante las campañas.

“En la campaña hay muchas personas que sí aportan, ¿no? Hacen aportes voluntarios y eso es lo que se declara ante la ONPE y lo hace el contador”, manifestó. Cuando se le preguntó si conocía que una de las personas había aportado a la campaña, insistió en que las colaboraciones forman parte de la dinámica electoral.

“Mira, todas las personas, inclusive del, del, del grupo humano de un, de un candidato, ¿no?, hacen colaboraciones voluntarias. Eso se da siempre, ¿no? En toda campaña”, sostuvo.

Exfuncionario del Congreso advierte sobre capacidad de trabajadores

El debate no quedó únicamente en las explicaciones de los parlamentarios. El reportaje recogió también la opinión del ex oficial mayor del Congreso César Delgado Guembes, quien consideró que el problema debe analizarse desde la perspectiva de la gestión parlamentaria.

Delgado recordó cómo funcionaba el Parlamento antes de la expansión de los equipos de asesores. “Hasta el año 1988, ningún diputado y ningún senador necesitaba a nadie, porque ellos mismos redactaban sus pedidos, sus mociones, sus proyectos y hacían sus dictámenes”, señaló.

Para el exfuncionario, la discusión principal está en establecer criterios adecuados para seleccionar al personal que trabaja directamente con los parlamentarios. “Y para mí el principal problema es un problema de gestión. Las personas deben ser contratadas porque tienen competencias específicas en el desempeño de funciones legislativas o de control político”, sostuvo.

Otros diputados también contrataron a personas que aportaron a sus campañas

La investigación continuó con otros casos registrados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Uno de ellos es el diputado por Cajamarca de Juntos por el Perú, Gabriel González Delgado, quien contrató como asesor dos a Reiniero Vilca Aquino. Según el reportaje, Vilca aportó 10.800 soles en especies durante la campaña.

Consultado sobre el aporte, explicó que correspondió a una camioneta que le prestó al candidato durante determinados días. “No es en aporte en efectivo, es la camioneta que me prestó en días, no en meses cerrados, sino en días”, explicó. Sobre su posterior contratación, sostuvo que la decisión estuvo relacionada con sus capacidades.

“El cargo de confianza está por su capacidad. O sea, yo en ningún momento he tenido un arreglo, una conversación”, afirmó. Otro caso corresponde al diputado por Áncash de Ahora Nación, José Marcelo, quien tiene como técnico a Rommel Poma Vivar. El trabajador aportó 4.300 soles en especies a la campaña.

“Ha sido contratado por su perfil profesional. Es un economista, tiene más, más de veinte años de trayectoria y que el hecho de que haya aportado, eso no, no tiene nada de ilegal”, manifestó.

También aparece el diputado por Puno de Juntos por el Perú, César Tito Rojas, quien contrató como auxiliar a Juan Carlos Maraza, quien aportó 1.800 soles entre efectivo y especies. Tito Rojas explicó que Maraza actualmente trabaja apoyando al despacho y destacó su experiencia profesional.

“No, él está ahora apoyando acá en el despacho, como muchos hermanos de Puno. Y yo creo que él tiene cierta experiencia como abogado y está apoyando en contestar, por ejemplo, algunas demandas, pedidos, que se tiene también de la misma región de Puno”, señaló.

Senador Serafín Luján tiene como auxiliar a un aportante

El reportaje también encontró casos similares en el Senado. Uno de ellos corresponde al senador por Huánuco de Juntos por el Perú, Serafín Andrés Luján.

Durante la investigación fue entrevistado Leonardo Jesús Martínez, quien confirmó haber aportado a la campaña del senador y actualmente trabajar en su despacho. Al ser consultado sobre cómo realizó el aporte, respondió: “Eh, con material”.

El reportaje señaló que Martínez aportó 2.900 soles a la campaña y actualmente se desempeña como auxiliar. Cuando se le preguntó si consideraba que podía verse mal que un aportante terminara trabajando en el despacho del candidato al que apoyó, Luján respondió que no había analizado la situación de esa manera.

“Bueno, no le he visto ese tema por ese lado. Yo simplemente le contraté como técnico, ¿no? O sea, por su lado, mmm, técnico, es profesional, ¿no? No por tema de favoritismo o nada”, declaró.

Senador Edgar Mancha contrató a dos de sus aportantes

Otro de los senadores mencionados en la investigación es Edgar Mancha Pineda, representante de Puno por Renovación Popular. Según Punto Final, Mancha contrató a Rubén Mamani como técnico y a Clinton Holguín Vilca como asistente. Ambos habían realizado aportes a su campaña. El senador reconoció la relación y explicó que se trata de personas con las que mantiene una relación previa.

“Sí, son amigos que aportaron una suma simbólica, ¿no? Claro que sí, este, son buenos profesionales también, que trabajaron conmigo en la ciudad de Puno”, afirmó.

Mancha aseguró que la contratación respondió al perfil profesional de cada persona. “Lo que yo he, sobre todo, evaluado es el perfil para cada uno de los puestos”, señaló. Rubén Siguairo, técnico del senador, también defendió su incorporación al despacho y explicó que ya había trabajado anteriormente con Mancha.

“Yo con el doctor Edgar anteriormente hemos trabajado y conocen la capacidad en cuanto a mis conocimientos”, sostuvo. Siguairo detalló su preparación profesional: “Soy licenciado en Turismo, también soy bachiller, soy magíster en lo que es en cuanto lo que es la gestión pública, también estudios de doctorado, lo que es, eh, la universidad, ¿no? En cuanto a Derecho”.

Y concluyó que el conocimiento previo de sus capacidades fue uno de los motivos por los que recibió la invitación para participar en el despacho.

Una propuesta para que un niño, niña o adolescente sea reasignado a otra familia en un plazo máximo de 15 días, cuando los solicitantes decidan terminar la convivencia, fue incorporada a las consultas del proyecto de ley 570, que reforma el régimen de adopciones en Panamá.

La iniciativa fue presentada por Roderick Burgos, de la Fundación Pro-Familia, durante una mesa técnica de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, presidida por la diputada Olga Paulette Thomas. El planteamiento busca evitar que el menor permanezca sin una alternativa familiar definida.

La modificación propone considerar como “devolución” la decisión voluntaria de los solicitantes de poner fin a la convivencia con el menor que les fue entregado, tanto durante el acogimiento preadoptivo como después de constituida la adopción. Ante esa situación, la reasignación deberá efectuarse dentro del plazo establecido.

El término no supone que el cambio de familia pueda ejecutarse de manera automática. La propuesta deberá precisar desde cuándo comienzan a contarse los 15 días, qué autoridad determinará la nueva asignación y cuáles evaluaciones acompañarán al menor.

También deberá establecer cómo operará el procedimiento cuando la adopción ya sea definitiva.

El proyecto 570, presentado por los diputados Manuel Cheng Peñalba y Janine Prado, se encuentra en la etapa final de consultas con los sectores involucrados. Una vez concluida esta fase, el equipo asesor revisará las modificaciones y preparará un informe para la discusión en primer debate, según la Asamblea Nacional.

La propuesta de reasignación introduce un plazo concreto ante una situación que puede provocar una nueva ruptura emocional en menores previamente separados de su entorno familiar. Su aplicación requeriría combinar la rapidez administrativa con evaluaciones que garanticen la seguridad, compatibilidad y estabilidad de la siguiente familia seleccionada.

El objetivo es impedir que la interrupción de una convivencia derive en una permanencia prolongada dentro del sistema de protección. Sin embargo, una segunda asignación también exige acompañamiento psicológico y seguimiento institucional, debido a que el menor puede enfrentar sentimientos de rechazo, pérdida de confianza o temor a otro abandono.

La reforma contempla, además, que antes de avanzar hacia una adopción se priorice la permanencia o el retorno del menor con familiares aptos. Solamente después de agotar las alternativas dentro de su entorno familiar correspondería aplicar otras medidas de protección, incluida su integración a una familia adoptiva.

Entre los cambios discutidos figura la activación de la atención psicosocial durante las primeras 24 horas posteriores al ingreso del menor al sistema y la apertura del expediente dentro de las siguientes 72 horas. El procedimiento incluiría la identificación de familiares que puedan asumir responsablemente su cuidado.

La investigación psicosocial inicial tendría un plazo máximo de 30 días hábiles e incluiría la elaboración del árbol familiar, apoyada con información del Registro Civil. Si aparece un pariente apto, las instituciones deberán valorar programas de reunificación o fortalecimiento, siempre que esa alternativa proteja el interés superior del menor.

Cuando no exista una opción familiar viable, la autoridad dispondría de tres días hábiles para presentar la solicitud correspondiente ante el tribunal competente. Las extensiones de la investigación solamente podrían concederse de forma justificada, con el propósito de evitar que la búsqueda familiar se convierta en una demora indefinida.

La propuesta también establece periodos para la evaluación de los aspirantes y la asignación. La valoración preadoptiva tendría una duración máxima de dos meses, mientras la decisión sobre la idoneidad debería emitirse en cinco días hábiles. Posteriormente, el acogimiento preadoptivo se desarrollaría durante 30 días calendario.

La selección correspondería al Comité de Asignación Familiar, que se reuniría cada 15 días y deberá tomar sus decisiones con base en las necesidades y características particulares de cada menor, no en las preferencias de los adultos. La reforma también procura preservar el vínculo entre hermanos durante el proceso de adopción.

Las familias acogentes que hayan cuidado a un menor durante más de un año podrían postularse como adoptantes y recibir consideración prioritaria, siempre que cumplan los requisitos legales y exista una declaratoria de adoptabilidad. Esta posibilidad busca reconocer relaciones estables sin convertir el acogimiento temporal en un acceso automático a la adopción definitiva.

El debate sobre los 15 días incorpora ahora uno de los momentos más delicados del proceso: qué ocurre cuando fracasa la convivencia con la familia seleccionada. La versión definitiva deberá equilibrar la necesidad de una respuesta rápida con garantías suficientes para que la nueva asignación no produzca otra separación perjudicial para el menor.

En declaraciones a radio Mitre, el legislador planteó que “confundir una beca con un subsidio” es “de burro o de mala persona”, y advirtió que “son cosas diferentes”.

Todo surgió cuando Hartfield, vicepresidente segundo de la comisión de Deportes, dio un breve discurso y se retiró de la sesión informativa. Entre sus frases, afirmó: “Entendemos que pueden estar pasando por momentos difíciles, y eso se entiende. Lamentablemente, vivir de subsidios puede tener sus costos, como pagar la energía por un valor menor que el que vale”.

En ese marco, la tensión escaló mientras se producía el intercambio después de que le recordaran que recibió una beca estatal cuando vivía en el CeNARD.

“La beca me la dieron y compartí habitación con Agustín Calleri y Guillermo Coria, ese era el nivel de esas becas”, dijo Hartfield, al mencionar la asistencia que recibieron otros deportistas destacados de la disciplina. Además, aseguró que que ese tipo de ayuda “sigue” vigente y que desde el Ministerio de Capital Humano “seguimos haciendo cosas desde el Estado para cuidar a los más desprotegidos”.

“Un subsidio es algo completamente diferente -continuó-. Lo que expliqué es que el subsidio a la luz nos llevó a todos indiscriminadamente a pagar el 10% del costo de la energía, y eso nos provocó que seamos un país importador de energía por 7.000 millones de dólares. Y todo eso es lo que estamos reconstruyendo para quizá exportar 30.000 millones de dólares en energía de acá a unos años”.

“Muchas veces la manera de operar es traer causas nobles y pegar fuertísimo cuando lo que estamos haciendo es reconstruir un país que quedó destrozado en 2023″, fustigó Hartfield.

La sesión en la Cámara de Diputados

Durante la sesión, representantes de clubes y otras instituciones deportivas del martes pasado, expusieron sus dificultades y el impacto del recorte de partidas.

Quien hizo el comentario crítico más fuerte fue el diputado de Tierra del Fuego Jorge Araujo Hernández, de Unión por la Patria, lo cuestionó por haberse ido antes de escuchar las respuestas y lanzó: “Tiró la piedra y escapó”. En ese marco recordó que Hartfield “fue becado por el CENARD” a los 16 años en 1995: “Vivió de esa beca del Estado durante varios años y hoy lo tenemos parado en la vereda de enfrente, tratando de destruir todo, como los clubes de barrio”.

En su réplica radial, Hartfield aseguró que recibió “una andana de puteadas” (sic) aunque “por suerte fue solo del kirchnerismo, que opera siempre de la misma manera”. Y lamentó que le dijeran que “huía como una rata”, ya que se tuvo que ausentar ante la situación de que “la comisión había arrancado un poco más tarde y nos teníamos que ir” a otra reunión parlamentaria. “Me enteré por Youtube, no pude responder nada”, dijo.

Lo cierto es que, pese a los comentarios que recibió sobre un presunto doble discurso sobre la asistencia al Estado, el diputado de La Libertad Avanza volvió a rechazar que aumenten los fondos para subsidiar a los clubes de barrio, y cuestionó la iniciativa legislativa en ese sentido de la legisladora Natalia Zaracho, de Unión por la Patria.

“Hay una diputada que presentó un proyecto de armar una tarjeta club para darle $600.000 por mes a todos los clubes de barrio. ¿Por qué $600.000 no $6.000.000? O sea, si total, ¿quién lo paga? Bueno, todo eso lo terminó siempre pagando la emisión monetaria, con lo que terminó generando más pobreza. Y eso es lo que justamente con mucho esfuerzo estamos tratando de revertir”, concluyó.

El oficialismo sufrió un traspié este miércoles en la Cámara de Diputados cuando la oposición logró imponer un cronograma para dictaminar antes de fin de mes los proyectos sobre endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad. Al término de la sesión, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo una serie de reuniones con Martín Menem, funcionarios de Desregulación y un grupo reducido de legisladores de La Libertad Avanza.

Fuentes libertarias señalaron que la visita de la hermana del Presidente no estuvo vinculada con la derrota legislativa sino que buscó fortalecer los vínculos con el bloque, discutir sobre la agenda legislativa del oficialismo y analizar la actualidad en los diferentes distritos. Algunos de los diputados que tuvieron su mano a mano con “El Jefe” fueron Gabriel Bornoroni, Romina Diez, Sebastián Pareja, Carlos Zapata, Manuel Quintar y Federico Tournier.

“Ella viene una vez por mes para monitorear el avance de la agenda legislativa”, explicaron fuentes oficiales que desligaron su presencia de la derrota de este mediodía.

Luego la Secretaria General también se reunió con el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el Secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. Según pudo saber Infobae, allí también conversaron sobre la agenda legislativa, entre otros proyectos, el de reforma del mercado de capitales.

El próximo lunes todos los miembros del bloque visitarán la Casa Rosada para un encuentro con el presidente Javier Milei donde conocerán de primera mano detalles sobre los proyectos sobre Malvinas y el Presupuesto 2026. También revisarán el libro “La economía en una lección”, de Henry Hazlitt, que el mandatario les obsequió en el último encuentro.

La reunión de Karina Milei con legisladores comenzó inmediatamente después de la sesión en la cual la oposición logró imponer un cronograma de trabajo para que las comisiones de la Cámara de Diputados traten los proyectos de ley sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. El esquema prevé que la propuesta sobre discapacidad se dictamine el miércoles 23 y las iniciativas sobre mora, el martes 29. Con los textos listos para ir al recinto, la oposición prevé que convocará a una sesión especial con ambos temas en la primera semana de octubre.

Los debates comenzarán la semana que viene. Las comisiones de Defensa del Consumidor y Finanzas harán dos encuentros plenarios de carácter informativo el 15 y el 22 de septiembre. Por su parte, las comisiones de Presupuesto y Discapacidad harán lo propio el miércoles 16, allí los libertarios adelantaron que presentarán un proyecto “superador” para “salir de la emergencia”.

Hasta el momento, tanto opositores duros como bloques aliados aseguran que no conocen ningún detalle de la propuesta libertaria. Desde el peronismo aseguran que cualquier propuesta “superadora” será bienvenida pero desconfían del oficialismo. En ese sentido, recuerdan que Milei vetó la ley de Emergencia en Discapacidad, luego sancionó la ley pero dejó su aplicación en suspenso por falta de fondos y luego la aplicó a medias cuando fue obligado por la Justicia.

“Si realmente quisieran aplicar la ley, lo más fácil es tener la Emergencia que te otorga mayor discrecionalidad para reasignar partidas. Nosotros queremos ver qué es lo que mandan, y si es ‘superador’ lo apoyaremos”, explicó un diputado de Unión por la Patria.

En cuanto a los proyectos sobre endeudamiento, los libertarios festejaron que ninguno tendrá giro a la comisión de Presupuesto, por lo tanto no tendrán costo fiscal.

Por su parte, la oposición deberá encarar un arduo trabajo para unificar cerca de 50 propuestas. Solamente el bloque peronista presentó más de veinte iniciativas. Ante la consulta de Infobae, desde la bancada que conduce Germán Martínez adelantaron que ya tienen dos textos trabajados que recopilan las principales propuestas. Aunque todavía no empezaron a buscar consensos con otros espacios.

En términos generales, adelantaron que no se perdonarán deudas ni se usarán fondos públicos para rescatar a los deudores. En cambio, se propondrán mecanismos para reestructurar las obligaciones existentes como extender los períodos de gracia, imponer topes a los intereses o establecer cuotas máximas en relación con los salarios de los deudores.

Los principales bloques de la oposición confían en tener apoyo de sobra para alcanzar el quórum y avanzar hoy en la Cámara de Diputados con dos temas incómodos para la Casa Rosada: los proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.

La convocatoria encendió luces de alarma en el Gobierno porque nuevamente deja en evidencia que algunos gobernadores, que hasta hace poco eran considerados aliados confiables, vuelven a dar muestras de autonomía en temas sensibles que pueden generarles un costo electoral.

En las horas previas, el “poroteo” opositor arrojaba al menos 134 presentes (se necesitan 129 para tener quórum) entre los que se destacaban Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el MID y algunos monobloques como el de Natalia de la Sota y el de Marcela Pagano.

Sin embargo, en la Casa Rosada seguían con más preocupación el apoyo de los bloques donde influyen directamente los gobernadores, como Elijo Catamarca (Raúl Jalil), Provincias Unidas (Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro), Primero San Luis (Claudio Poggi), La Neuquinidad (Rolando Figueroa) y Argentina Federal (Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua).

Durante los últimos meses se acumularon cerca de 50 proyectos de diferentes bancadas para abordar los niveles récord de mora y la oposición aún está lejos de alcanzar un texto que sintetice las propuestas de todos los espacios. Ante este panorama, en la sesión de hoy solo buscarán aprobar un emplazamiento a dos comisiones para ponerle un límite de tiempo al debate.

Según pudo saber Infobae, el cronograma tentativo incluiría dos reuniones de debate y un plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor el miércoles 29 de septiembre para dictaminar y dejar algún texto listo para discutir en el recinto. “Hay 50 proyectos y necesitamos por lo menos dos semanas para trabajar seriamente”, detallaron. Si bien el oficialismo accedió la semana pasada a dar inicio al tratamiento de los proyectos en la comisión de Finanzas, la oposición desconfía y prevé que los libertarios recurrirán a alguna maniobra para dilatar el debate.

“¿Quién nos da la certeza de que van a cumplir con el compromiso de dictaminar antes de fin de mes si todas las señales que dieron desde el Gobierno son que no están de acuerdo con buscar una solución para este problema?”, sintetizó una diputada de Unión por la Patria.

Los proyectos de la oposición abarcan una amplia batería de propuestas para abordar la problemática como refinanciación obligatoria para deudas de hasta tres Canastas Básicas Totales, quita de los intereses punitorios acumulados, planes de pago de hasta 36 meses y topes a las tasas de refinanciación. Ante la consulta de Infobae, fuentes “dialoguistas” señalaron que existe un acuerdo transversal para no impulsar ningún proyecto que tenga costo fiscal para el Estado. De esta forma, apuestan a dejar al Gobierno sin argumentos para un eventual veto de la ley.

En paralelo, la oposición también emplazará hoy a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto para avanzar con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad que vence a fin de año.

La Emergencia en Discapacidad que se aprobó el año pasado, y que el Gobierno tuvo que implementar por orden de la Justicia, creó una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, dispuso un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores (hogares, escuelas, centros de día, transportistas), con condonación de intereses y multas, y refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. A su vez, estableció una actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según el índice de movilidad. Este era uno de los principales reclamos de las familias ya que los prestadores habían dejado de brindar servicios básicos como transporte o escuelas especiales debido a que los aranceles habían quedado congelados.

El proyecto opositor, que lleva las firmas de Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal), apunta a extender la facultad que autoriza al Jefe de Gabinete a hacer las modificaciones presupuestarias necesarias “sin reducir los créditos de la finalidad Servicios Sociales”. “Esa es la fuente de financiamiento de la ley, y así lo resolvió la Justicia Federal”, aclararon en los fundamentos del proyecto.

La semana pasada, diputados de La Libertad Avanza dejaron trascender que estaban trabajando en un proyecto propio que sería “superador” de la Emergencia en Discapacidad y que permitiría sumar el apoyo de los bloques aliados y los gobernadores. Sin embargo, ante la consulta de Infobae, desde el oficialismo se limitaron a decir que los equipos técnicos estaban “trabajando en el tema” pero no adelantaron ningún detalle de la propuesta.

Con los dictámenes, la oposición quedaría en condiciones de convocar a otra sesión especial para mediados de octubre para avanzar con la media sanción de ambas iniciativas.

El proyecto del Gobierno sobre Malvinas llegaría al Congreso entre el miércoles y el jueves, y se verá entonces cuánto profundiza o amplía la ley original, del 2011. El trámite arrancará formalmente con el giro del texto a dos o tres comisiones y, en la previa, asoman los recelos de opositores y algunos dialoguistas sobre las atribuciones legales del anunciado Consejo de Seguridad Nacional. Se verá también si la iniciativa altera el tablero como espera Olivos. Por el momento, no modificó sustancialmente el clima de disputa y el foco sigue puesto en la prueba planteada para este miércoles en Diputados, con temario impulsado por la oposición y operaciones libertarias para voltear la convocatoria.

La sesión del miércoles no fue convocada para discutir un proyecto específico sino para impulsar el trámite de dos temas: la morosidad por endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en el área de discapacidad. La intención de los promotores de esta movida es módica en términos prácticos pero fuerte como pulseada política: se trata de emplazar a las comisiones para que avancen sin vueltas con el tratamiento de iniciativas concretas en esos dos terrenos. En espejo, la reacción del oficialismo expone lo mismo sobre el significado político de la cita. Con un agregado: la competencia en el círculo de poder violeta, que remite otra vez a Malvinas.

La movida que marcó un giro llamativo de Javier Milei en esta materia es considerada en medios oficialistas como un paso efectivo para imponer temario político –“recuperar iniciativa”, según la fórmula repetida desde los meses del caso Adorni-, lo cual tendría que tener traducción directa en el Congreso. Es decir, debería consolidar el mecanismo de alianzas con socios y dialoguistas, especialmente los alineados con gobernadores.

La jugada fue motorizada por Santiago Caputo: se le atribuye la idea y el mensaje por cadena nacional. La estructura del asesor presidencial lo vive como un enorme éxito, oxígeno para reconquistar espacio en el circuito más cerrado de Olivos. Ese capital venía sufriendo recortes a manos de Karina Milei. Y ahora, para la secretaria General y hermana del Presidente sería significativo hacer caer la sesión de Diputados impulsada por sectores de la oposición. Si lo logra, podría traducirlo como la coronación, rápida, de una ficha propia en la disputa doméstica. En eso trabajan Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y Diego Santilli.

Todo empezó en Diputados, hace dos semanas, con una apuesta opositora en la sesión que aprobó los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la segunda entrega de Inocencia Fiscal. La oposición midió en el recinto qué respaldo podría tener el impulso al tratamiento de morosidad y discapacidad. Sumó 133 votos. Por supuesto, no esperaba alcanzar la mayoría especial necesaria para avanzar con tal propuesta en ese momento. Pudo mostrar número, apretado, para intentar una sesión especial: cuatro más que el quórum.

En estas horas, el oficialismo trabaja intensamente para restar un puñado de diputados y dejar a la cita sin los 129 necesarios para sesionar. En la oposición ven complicado el panorama, aunque destacan que al momento de votar en la sesión de hace quince días no se encontraban en el recinto cinco o seis legisladores que apoyan la movida de este miércoles. Se verá cómo juegan algunos gobernadores y sus representantes.

El oficialismo busca frustrar la convocatoria, que apunta a imponer un plenario de comisiones para resolver el tema de morosidad. Suman más de cincuenta los proyectos presentados, que en conjunto -si se pretendiera habilitar a todos- incluirían el pase a siete u ocho comisiones. Si se unifican criterios, alcanzaría con una reunión conjunta de tres: Defensa de Usuarios, Presupuesto y Hacienda y, tal vez, Finanzas. La respuesta libertaria fue hasta ahora una convocatoria parcial, para tratar de enfriar el tema o, según la mirada opositora, empantanarlo.

En paralelo -y en rigor, después- LLA se entusiasmó con el efecto que esperan para el proyecto de reforma y ampliación de la ley 26.659, impulsada por Pino Solanas y promulgada por CFK hace quince años. Se trata básicamente de sanciones para empresas que avancen con proyectos petroleros en áreas de Malvinas. El texto, esperan en el Congreso, llegaría entre el miércoles y el jueves. Faltaría ajustar algunos detalles, más allá de que se abordado este martes, en una nueva reunión de la “mesa política”. El análisis de la letra de la iniciativa definirá seguramente los apoyos y la velocidad del trámite.

Formalmente, el proyecto debería ser girado a unas pocas comisiones: Defensa y Relaciones Exteriores, seguramente. Y tal vez, Asuntos Constitucionales, según la definición de las atribuciones que sean planteadas para el Consejo de Seguridad Nacional. En su mensaje por cadena nacional, Milei dijo que solicitará al Congreso que le otorgue a ese organismo “las facultades necesarias” para su tarea. Por ahora, resulta un interrogante el alcance de tales “facultades”.

Pero más allá del trámite específico, el Gobierno espera que el tema Malvinas opere de manera más amplia, como elemento político para afirmar sus alianzas y acotar el manejo y las chances de los espacios opositores. Por ahora, fuera de las señales de apoyo al giro presidencial en este terreno, no parece que se extienda y produzca por sí solo un alineamiento automático de todo el espectro de socios y dialoguistas.

En todo caso, la convocatoria a la sesión de mañana en Diputados es un test impulsado por la oposición, con suma inicial de algunos provinciales y también legisladores que responden a gobernadores “amigos” de la Casa Rosada. Pero asoman además pruebas con sello libertario, como la reforma electoral y, en particular, la eliminación de las PASO. Un temario amplio e intenso.

“Aunque sea el peor gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien. Bienvenido el cambio de 180 grados de Milei que pasó de soquete colonizado a recuperar la posición histórica de la Argentina”. Los posteos del diputado Juan Grabois tras los anuncios del presidente Javier Milei sobre Malvinas resumen la actitud de los sectores de la oposición dura y dialoguista en el Congreso, que se mostró abierta a debatir los proyectos de ley anunciados por la Casa Rosada pero desconfía de las verdaderas intenciones de los libertarios.

El jueves, a través de una cadena nacional, el Presidente presentó un paquete de medidas ante lo que definió como un “peligro claro y urgente” para la soberanía argentina: el avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum a 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas.

Milei anunció que firmaría un decreto para agilizar los procedimientos sancionatorios ya previstos en la ley 26.659 contra empresas, accionistas, directivos y proveedores vinculados a la extracción de hidrocarburos sin autorización argentina, con la posibilidad de inhabilitarlos para operar en el país y someterlos a juicios en ausencia. También adelantó el envío al Congreso de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que endurece esas sanciones, las extiende a otras actividades económicas en las islas -como pesca, turismo y ganadería ovina- y crea un Consejo de Seguridad Nacional que articulará a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía para proteger infraestructura crítica y los espacios aeroespacial y marítimo del país.

Como parte del mismo anuncio, Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, con la aceleración de la construcción de la base naval integrada de Tierra del Fuego como prioridad, a la que definió como un futuro “polo logístico” estratégico en el Atlántico sur.

Desde el peronismo remarcan que la ley para sancionar a las empresas que explotan recursos naturales sin autorización argentina ya existe desde 2011 y que las obras de la base naval integrada de Tierra del Fuego comenzaron en 2002. En esa línea, denunciaron que no hubo un interés real del Gobierno de aplicar la ley y que durante tres años se “paralizaron” los trabajos en Ushuaia.

Pero a pesar de todo, fuentes del peronismo consultadas por Infobae ratificaron su predisposición a debatir los proyectos de ley que envía la Casa Rosada. “Si efectivamente quieren trabajar estos temas en clave de consenso, todo se tiene que discutir en los ámbitos institucionales. Tenemos propuestas y proyectos para aportar al debate”, dijo el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. Aunque también adelantaron que no compartirán ninguna iniciativa que implique la injerencia de Estados Unidos ni el uso compartido de la futura base con las fuerzas armadas norteamericanas.

Por otro lado, ante el pedido de Milei al Congreso para que le dé al futuro Consejo de Seguridad Nacional las “facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales, o no estatales que amenacen nuestra seguridad nacional”, desde la Coalición Cívica advirtieron que existe un “límite innegociable”.

“No hay lugar para facultades delegadas ni para superpoderes. La ‘unidad’ para defender la soberanía argentina no requiere que ningún gobierno, cualquiera sea su signo político, ni el Presidente ni sus funcionarios, concentren más poder por fuera de la Constitución”, detalló el “lilito” Maximiliano Ferraro.

Más allá de los futuros debates sobre proyectos de ley. Los anuncios de Milei sirvieron como disparador para otros reclamos. Por ejemplo, el radical disidente Pablo Juliano pidió que el Gobierno convoque al Consejo Nacional de Malvinas, creado por la Ley 27.558 (lleva más de 2 años sin funcionar), dé marcha atrás con la venta de los predios de la Armada en Ushuaia y con el vaciamiento operativo de la Base Aeronaval Punta Indio y restituya el financiamiento específico del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF), que se eliminó en el Presupuesto 2026.

Asimismo, desde la oposición no dejaron pasar la oportunidad para señalar algunas contradicciones en el discurso oficialista, como la caída en las partidas presupuestarias destinadas a la defensa nacional. En concreto, explicaron que el gasto en 2020 era del 0,63% del PBI, mientras que ahora ronda el 0,28% del PBI.

Según pudo saber Infobae, los proyectos del Poder Ejecutivo llegarían al Congreso recién a mediados de la semana que viene.

La Libertad Avanza abrió este miércoles en la Cámara de Diputados el debate de los proyectos opositores sobre morosidad y prórroga de la emergencia en discapacidad. Los diputados del oficialismo anunciaron cronogramas de trabajo sobre ambas temáticas y se comprometieron a firmar dictámenes antes de fin de mes. De esta forma, buscan vaciar la sesión convocada por la oposición para la semana que viene.

“La sesión de la oposición iba a ser para emplazar a las comisiones y obligarlas a dictaminar. Pero nosotros ahora ya nos comprometimos a hacerlo, por lo que la sesión ya no tiene ningún sentido”, explicó a Infobae una de las diputadas libertarias encargadas de trabajar los consensos con los bloques aliados.

Además, los libertarios dejaron trascender que trabajan en un proyecto propio sobre discapacidad que reemplazará a la Emergencia que la oposición busca prorrogar por un año. “Va a ser algo mucho mejor, aparte lo vamos a dejar por ley”, explicaron. Sin embargo, no adelantaron ningún detalle de la iniciativa. Solo aclararon que contaban con el visto bueno de la Casa Rosada.

El oficialismo convocó hoy a las comisiones de Finanzas y Discapacidad para tratar decenas de proyectos sobre morosidad y discapacidad luego de que quedara en evidencia en el recinto que la oposición contaba con votos suficientes para impulsar una sesión especial y emplazar a las comisiones y así obligarlos a debatir ambos temas. Los libertarios reconocieron que la decisión de fijar un cronograma tiene como objetivo “no dejarle la iniciativa a la oposición”.

“Asimismo, ratificamos nuestro compromiso ineludible con el rumbo económico de la gestión del presidente Javier Milei: bajo ninguna circunstancia permitiremos el avance de proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal o interfieran en los contratos entre privados”, aclararon posteriormente a través de un comunicado.

La Emergencia en Discapacidad que la oposición busca prorrogar por un año creó una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, dispuso un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores (hogares, escuelas, centros de día, transportistas), con condonación de intereses y multas, y refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. A su vez, estableció una actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según el índice de movilidad. Este era uno de los principales reclamos de las familias ya que los prestadores habían dejado de brindar servicios básicos como transporte o escuelas especiales debido a que los aranceles habían quedado congelados.

El proyecto opositor, que lleva las firmas de Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal), apunta a extender la facultad que autoriza al Jefe de Gabinete a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias sin reducir los créditos de la finalidad Servicios Sociales”. “Esa es la fuente de financiamiento de la ley, y así lo resolvió la Justicia Federal”, aclararon en los fundamentos del proyecto.

Al inicio de la reunión de comisión, su presidente Gerardo Huesen (LLA) anunció que el miércoles 16 de septiembre se realizará otra reunión informativa con invitados de los bloques y el miércoles 23 comenzaría el debate entre diputados donde se podría eventualmente llegar a un dictamen. Además, se comprometió a “simplificar” el giro a las comisiones para dejar un texto listo para ir al recinto.

El principal expositor fue el Secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, quien previamente había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y sobreprecios.

“Ese tema no depende de nosotros, depende de ustedes. Nosotros estamos cumpliendo la ley”, respondió el funcionario cuando le consultaron si tenían previsto prorrogar la Emergencia en Discapacidad.

El fallo de la Justicia Federal

Por otro lado, los libertarios festejaron un fallo de la Cámara Federal de San Martín que consideró cumplida por parte del Estado la sentencia que ordenaba la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad 27.793.

El tribunal señaló que el Gobierno reglamentó la norma mediante el Decreto 84/2026 y aplicó actualizaciones en los aranceles de prestaciones para personas con discapacidad: entre 29,73% y 35,43% para octubre, noviembre y diciembre de 2025; 5,78% para enero y febrero de 2026; y 2,90% para marzo. También tuvo en cuenta la actualización de la Asignación Mensual Estímulo para trabajadores de talleres protegidos. Para el tribunal, esas medidas acreditaron la implementación exigida en el amparo.

“Es importante mencionar que a través las resoluciones 02/2025 (29/10/2025) –conjunta-, 340/2026 (27/02/2026) y 13/2026 (27/03/2026) se aumentaron los valores de los aranceles del Nomenclador de Prestaciones para Personas con Discapacidad, en porcentajes que iban desde el 29,73% y 35,43% a octubre, noviembre y diciembre de 2025 según la Modalidad y Categoría, mientras que en enero y febrero de 2026 se actualizaron en un 5,78% y finalmente en marzo del corriente año en 2,90%; lo que verifica la existencia de medidas concretas tendientes a la implementación de la normativa reglamentada, que permite tener por cumplido el mandato impuesto en la sentencia de grado”, dice la sentencia.

Cabe aclarar que el fallo no resolvió que todos los reclamos económicos derivados de la emergencia estuvieran saldados. La parte demandante cuestionaba, entre otros puntos, la falta de compensación por períodos anteriores y la suficiencia de los aumentos. Pero la Cámara entendió que esas discusiones excedían la ejecución de esta sentencia colectiva, cuyo objeto era garantizar la aplicación de la ley.

La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados comenzará este miércoles a las 16 a debatir un proyecto de la oposición para prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad que el Congreso aprobó el año pasado. Por primera vez el principal funcionario del área, Alejandro Vilches, contestará preguntas. También lo acompañarán el subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, Esteban Giler, y el subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, ⁠Gianfranco Scigliano.

Antes de ocupar el cargo de secretario Nacional de Discapacidad, Vilches había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025, luego de la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y sobreprecios.

En julio de 2025, distintos bloques de la oposición lograron aprobar la ley 27.793 que declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero prorrogable por otro año. Luego el presidente Javier Milei vetó la norma alegando que no podía cumplirse sin romper el orden fiscal, pero el Congreso logró juntar dos tercios de los votos en ambas Cámaras para poder insistir con el proyecto.

El Gobierno perdió la batalla política pero mediante un decreto dejó en suspenso la ejecución de la ley hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incluyera las partidas necesarias en el presupuesto nacional. Sin embargo, finalmente la Justicia intervino y ordenó la inmediata aplicación de la ley, tal cual había sido aprobada.

La normativa creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, disponía un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores (hogares, escuelas, centros de día, transportistas), con condonación de intereses y multas, y refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. A su vez, establecía una actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según el índice de movilidad. Este era uno de los principales reclamos de las familias ya que los prestadores habían dejado de brindar servicios básicos como transporte o escuelas especiales debido a que los aranceles habían quedado congelados.

Ahora la oposición impulsa una ley para hacer efectiva la prórroga por un año que estaba contemplada en el proyecto original. El proyecto, que lleva las firmas de Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal), busca extender la facultad que autoriza al Jefe de Gabinete a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias sin reducir los créditos de la finalidad Servicios Sociales”. “Esa es la fuente de financiamiento de la ley, y así lo resolvió la Justicia Federal”, aclaran.

En ese sentido, exponen como principal argumento la reticencia del gobierno nacional a aplicar la normativa. “La ley 27.793 tuvo, en los hechos, una fracción mínima de la vigencia real que el Congreso quiso darle. Un veto, una traba en la promulgación, un intento de derogación presupuestaria, dos años de litigio y una intimación judicial mediante. Cada una de esas etapas fue tiempo perdido para las personas con discapacidad, y ese tiempo perdido es lo que la prórroga viene a recuperar”, señalaron.

La oposición también reclamó que organizaciones civiles puedan participar de la audiencia pero el oficialismo argumentó que esa posibilidad quedará abierta para futuras reuniones de la comisión. Desde la oposición aseguran que se trata de una maniobra para estirar la discusión, por eso mantienen la convocatoria a sesión para el 9 de septiembre en la que planean emplazar a las comisiones para obligarlas a dictaminar el proyecto en una fecha determinada.

A diferencia de lo que ocurrió en 2025, La Libertad Avanza ahora cuenta con más de un tercio del recinto por lo que un eventual veto del presidente Milei no podrá ser revertido por la oposición. “No importa, hay que ver si están dispuestos a pagar el costo político otra vez cuando ya se acercan las elecciones”, opinó un diputado dialoguista.

El Congreso de Guatemala cerró el 1 de septiembre sin debatir ni votar de urgencia nacional una iniciativa que planteaba suspender durante seis meses impuestos a los combustibles y otorgar un aporte temporal al diésel. La falta de quórum interrumpió la sesión cuando la moción impulsada por el bloque Vamos estaba próxima a someterse al pleno.

La propuesta buscaba responder al incremento de los precios de las gasolinas y el diésel, que también ha generado cuestionamientos por su efecto sobre la canasta básica. Durante la jornada, varios legisladores criticaron la ausencia de medidas tras el fin del subsidio anterior y en medio de dos días consecutivos de bloqueos de carreteras en distintas zonas del país.

La discusión legislativa también abordó la sequía vinculada a la variabilidad climática y los riesgos para la seguridad alimentaria de millones de familias. Ninguno de los dos asuntos logró avances concretos en la plenaria.

La iniciativa oficialista sigue pendiente de dictamen

La bancada oficialista presentó el 27 de julio una propuesta de subsidio respaldada por el Ejecutivo. Sus impulsores fueron los diputados José Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala, pero el proyecto fue remitido a una comisión y aún no cuenta con dictamen.

La iniciativa encontró resistencias entre legisladores oficialistas, aliados y opositores. Parte de los cuestionamientos se concentró en el manejo de los Q2 mil millones (USD 260 millones) que fueron autorizados para un subsidio previo a los combustibles.

Autoridades de los ministerios de Finanzas Públicas, Economía y Energía y Minas se reunieron con jefes de bloque para defender la propuesta gubernamental. Según expusieron, eliminar gravámenes a los combustibles podría tener efectos contraproducentes. Los diputados reclamaron mayor transparencia sobre el destino de los recursos utilizados en el programa anterior.

La diputada Sonia Gutiérrez, del bloque Winaq, cuestionó la respuesta del Ejecutivo y exhortó al Legislativo a construir una agenda nacional. “La inoperancia del gobierno salta a la vista”, afirmó durante la sesión.

Por su parte, Marleny Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), reconoció la falta de acción del Legislativo. “Llevamos más de un mes que se terminó el subsidio y no hemos hecho nada como Congreso, el bolsillo de nuestra gente ya no aguanta”, sostuvo.

Vamos propuso eliminar el IDP y el IVA de las gasolinas

El jefe del bloque Vamos, Allan Rodríguez, intentó modificar el orden del día para conocer de urgencia nacional la iniciativa 6810, denominada Ley de Protección Económica al Consumidor de Combustible.

El proyecto contempla la exoneración por seis meses del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la importación, compra y venta de gasolina regular y superior.

También plantea un apoyo social de Q12 (USD 1.55) por galón de diésel destinado a productos para comercialización y consumo dentro del territorio guatemalteco. El fondo previsto asciende a Q1 mil 750 millones (USD 227 millones).

La propuesta incluye modificaciones al Presupuesto General de la Nación por Q424 millones (USD 55 millones), con recortes a varias carteras, y una readecuación presupuestaria por Q1 mil 326 millones (USD 172 millones). Rodríguez sostuvo que los recursos disponibles debían dirigirse a aliviar el impacto económico para los consumidores.

El tablero marcó 73 diputados y la sesión fue levantada

Cuando la moción estaba cerca de la votación, el presidente del Congreso, Luis Contreras, solicitó comprobar el quórum. Minutos después, el tablero electrónico registró la presencia de 73 diputados y la sesión quedó levantada.

Contreras atribuyó parte de los retrasos a la baja asistencia y a las discusiones prolongadas sobre otros proyectos. Indicó que buscará priorizar las iniciativas en tercer debate durante las próximas sesiones.

La siguiente plenaria fue convocada para el jueves 3 de septiembre y estará centrada en la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto. El debate sobre subsidios, exoneraciones u otras medidas frente al alza de los combustibles quedó postergado por otra semana.

Continúan los bloqueos

En tanto, los bloqueos continúan activos. A las 20 horas aún se reportaban siete a nivel nacional, según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), aunque los manifestantes aseguran que están en 11 lugares.

Mientras que los transportistas continúan con la amenaza de rodear el Palacio Legislativo hasta que sus demandas sean atendidas.

Esta situación ha generado la molestia de miles de personas que se han visto afectadas para acudir a sus destinos. Mientras que los sectores empresariales comienzan a reportar pérdidas millonarias.

El endeudamiento familiar viene escalando en los renglones de la agenda pública. El oficialismo lo registra y trata de bajarle el tono argumentando que es una cuestión entre privados que no requiere respuesta del Estado. Resulta difícil frente al elevado nivel de mora, pero con ese objetivo trabaja el oficialismo. Es el caso de Diputados, donde busca desarmar el intento opositor de instalar el debate en el recinto. El problema es que el tema creció mediáticamente y parece desbordar el límite de los cruces políticos: la Iglesia acaba de sumar su voz, en tono de reclamo doblemente significativo para el Gobierno.

El oficialismo, por momentos, queda enredado en su propio juego. Combina la expectativa sobre una baja de los registros de mora -en el ámbito bancario y en el circuito no estrictamente financiero- y la intención de restarle trascendencia. En junio, el incumplimiento mostró un leve declive, que en medios libertarios buscaron mostrar como un cambio de tendencia, pero en julio mostró un repunte según cálculos en base a datos oficiales. Pasó de 12,77% a 12,99%. En las últimas horas, desde el Gobierno se deja trascender que agosto cerraría en baja. Se verá cómo evolucionan los números, pero asoma limitada la idea de clausurar el tema de ese modo.

Por lo pronto, un foco se lo llevó el Congreso por iniciativa opositora, la semana pasada, cuando la LLA exponía números cómodos para avanzar con la segunda entrega de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Quedó claro que los acuerdos son proyecto por proyecto, porque algunos dialoguistas -y más bien aliados- expusieron su margen de espacio propio. Dieron apoyo para facilitar los objetivos violetas y, a la vez, algunos acompañaron la votación para plantear el tema del endeudamiento familiar.

Estaba claro que ese ensayo los iba a exponer muy lejos de la mayoría especial para tratar en el recinto las iniciativas sobre morosidad, que se cuentan de a decenas, pero la intención de los promotores era testear si había chances de impulsar después una sesión especial. Sumaron 133 votos, es decir, cuatro por encima de las 129 presencias para garantizar quórum. Y lo que se abrió de inmediato fue la operación del oficialismo para revertir ese cuadro, es decir, restarle al menos unos pocos apoyos para desvanecer el movimiento.

Las autoridades libertarias decidieron repetir en Diputados lo hecho cuando la orden desde Olivos era bloquear la ofensiva sobre Manuel Adorni. El entonces jefe de Gabinete arrastraba tres meses de deterioro -con costo generalizado para el Presidente, Karina Milei y el Gobierno en general- y enfrentaba la posibilidad cierta de una interpelación. La oposición avanzaba en esa línea y hasta socios de LLA apuntaban en la misma dirección. Se había planteado una sesión para emplazar al tratamiento en comisiones, pero el oficialismo citó a una de las comisiones para restarle sustento a la movida. Sumó el acompañamiento del PRO, el radicalismo oficial y coronó su contraofensiva: hizo fracasar la sesión del 23 de junio. El Senado exhibía un panorama más difícil. Finalmente, el 27 de ese mes Adorni presentó su renuncia.

El oficialismo busca reproducir ahora la “estrategia Adorni” para frustrar la jugada opositora. Los proyectos sobre morosidad suman alrededor de cincuenta. Muchos de ellos, con giro a la comisión de Finanzas, presidida por el libertario fueguino Santiago Pauli. Tendrá reunión mañana, miércoles, como parte de las fichas movidas desde el despacho de Martín Menem. No está claro cuando sería convocada otra de las comisiones, como Defensa del Consumidor, que también cuenta con iniciativas que le fueron remitidas. Y todo indica que el mismo camino para enfriar el tema, y si es posible congelarlo, seguiría el reclamo de extensión de la emergencia en el área de discapacidad.

La oposición convocó a una sesión especial para el miércoles de la semana que viene. Y apunta a motorizar desde allí un plenario de todas las comisiones que deben intervenir en esta materia, para avanzar efectivamente y marchar después al recinto. El foco se concentra en la actitud que tomen algunos espacios y, sobre todo, gobernadores cuyos diputados apoyaron el impulso del tema. En particular, el interrogante alcanza al tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, al salteño Gustavo Sáenz y al misionero Hugo Passalacqua.

El oficialismo iba cerrando su estrategia cuando surgió un gesto inesperado, una doble señal que desde las filas violetas buscan amortiguar como si se tratara de una declaración sin otras connotaciones. Desde la jerarquía de la Iglesia, le dieron trascendencia al tema en sí mismo -es decir, lo que expondrían los actuales niveles de morosidad en el endeudamiento familiar- y cuestionaron de hecho la posición del Gobierno.

El mensaje estuvo a cargo del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo. En declaraciones radiales, habló de la gravedad del tema, lo vinculó además con otros problemas sociales como la ludopatía -cuestión con debate pendiente en el Congreso- y puso en la mira la falta de criterios claros, razonables, sobre los intereses. Y agregó: “No se puede tener una mirada superficial, ni menos decir: no nos interesa o que se arreglen”.

El Gobierno sostiene como letra discursiva que el tema es una cuestión entre privados. Y que hace exclusivamente al riesgo tomado por quienes se endeudaron. Milei lo sostiene públicamente y, en sus encuentros con ministros y legisladores, dejó en claro que no hay margen para matices. Quizá el diputado Alberto Benegas Lynch fue quien más extremó esa posición: dijo entre otras cosas que hay gente que compró pantallas de TV para ver el Mundial y no quiere pagar las cuotas porque Argentina no logró coronar la final.

Las declaraciones de monseñor Colombo se producen en días marcados por reuniones oficiales para definir cuestiones prácticas de la visita de León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre. Precisamente, el titular del episcopado y el secretario general de la CEA, Raúl Pizarro, fueron recibidos el jueves pasado por el Papa para analizar aspectos del viaje. El contexto no parece ser un dato menor.

Luego de haber mostrado en el recinto de la Cámara de Diputados que contaba con una mayoría suficiente para impulsar una sesión especial, la oposición formalizó este jueves la convocatoria para el miércoles 9 de septiembre para tratar dos temas incómodos para el gobierno de Milei: la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad y la problemática del endeudamiento familiar y los niveles récord de mora.

El pedido de sesión especial lleva las firmas de diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Elijo Catamarca, Argentina Federal, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.

En la última sesión, en la que el oficialismo logró la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, la oposición intentó incluir en el temario proyectos sobre estas cuestiones. En realidad, no fue más que una maniobra para poder determinar la voluntad real de algunos bloques dialoguistas de confrontar con la Casa Rosada, ya que para abrir la orden del día de una sesión se necesita una mayoría especial de tres cuartos de los presentes, algo imposible dado que los libertarios controlan más de un tercio del recinto.

Sin embargo, cuando el tablero mostró que 133 votos positivos (cuatro más del mínimo para llegar al quórum) quedó en claro que era posible construir un consenso lo suficientemente amplio como para convocar por su cuenta a una sesión especial.

“Estos 133 diputados nos permitirán avanzar en este camino al que nos obliga el oficialismo, que es emplazar a las comisiones”, explicó el diputado Germán Martínez en la conferencia de prensa que realizaron en el Salón de los Pasos Perdidos, mientras en el recinto continuaba la sesión.

El presidente del bloque de Unión por la Patria se refería así a la imposibilidad de la oposición de tratar ningún proyecto el mismo 9 de septiembre, ya que no hay textos que cuenten con dictamen de comisión, un requisito casi ineludible para poder debatir un tema en el recinto.

Ante este escenario, la oposición deberá conformarse con emplazar a las comisiones que controlan los libertarios, como la estratégicas Presupuesto y Finanzas, para ponerles un plazo máximo en el que tendrán que dictaminar los proyectos de la oposición. Para esto sólo se necesitan 129 votos positivos.

Los 133 votos positivos los aportaron los bloques Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal - el nuevo bloque de Misiones y Salta-; Elijo Catamarca; el Frente de Izquierda, el MID e Independencia (Tucumán). Si bien en las filas de la oposición reconocen que por presión del Gobierno es probable que algunos diputados pierdan el entusiasmo, confían en que podrán sostener la mayoría. Por ejemplo, destacan que incluso hubo cuatro ausentes que jugarán a su favor: Juan Fernando Brugge de Provincias Unidas; Carlos Daniel Castagneto de Unión por la Patria, Natalia De la Sota, Defendamos Córdoba y Marcela Pagano de Coherencia.

Las decenas de propuestas tienen diferencias respecto al nivel de intervención estatal necesario pero en general incluyen programas de refinanciación, topes para las cuotas en base al nivel de ingresos y mecanismos especiales de mediación.

Por ejemplo, uno de los proyectos presentados por el peronismo, firmado por la diputada Natalia Zaracho y con el respaldo del jefe de bloque Germán Martínez, propone declarar durante dos años la emergencia crediticia de las familias y crear un régimen específico para abordar las deudas acumuladas.

Durante las próximas dos semanas, cada bloque se comprometió a unificar criterios a su interior para luego intentar llegar a un texto de consenso que pueda ser aprobado en el recinto.

En diálogo con Infobae al Regreso, Bornoroni defendió la estrategia parlamentaria que permitió al Gobierno avanzar con sus proyectos y destacó el trabajo de negociación que existe detrás de cada sesión. Al mismo tiempo, cuestionó al peronismo cordobés y planteó la necesidad de construir una alianza amplia para disputar el poder provincial.

“Nosotros venimos trabajando muy bien todos los proyectos que el presidente Milei envió, que entraron por Diputados, los hemos sacado”, sostuvo. Para el diputado, una de las claves está en la búsqueda de consensos con diferentes sectores de la Cámara, incluso entre espacios que no forman parte de la coalición oficialista.

“La firma para que haya sesión es prácticamente de diez bloques distintos”, explicó. Según detalló, el diálogo comienza antes de que los proyectos lleguen al recinto, con negociaciones destinadas a incorporar, modificar o eliminar distintos puntos de las iniciativas. “Se ponen los temas sobre la mesa, los empezamos a dialogar y vemos de qué forma podemos agregar, quitar, sacar y vamos al recinto todos juntos”, señaló.

Bornoroni marcó, sin embargo, un límite en esa estrategia. Aseguró que La Libertad Avanza mantiene conversaciones con distintos bloques, pero excluyó al kirchnerismo y a la izquierda. “Nosotros trabajamos mucho con todos los bloques, no con el kirchnerismo ni la izquierda, porque nos vota todo en contra porque sí”, afirmó.

El avance de los proyectos oficiales en Diputados es, para el jefe de la bancada libertaria, una muestra de que el Gobierno puede sostener su agenda aun sin contar con mayoría propia. Esa capacidad de negociación en el Congreso es también parte del escenario político que La Libertad Avanza pretende trasladar a Córdoba.

Bornoroni y el desafío de LLA en Córdoba

El dirigente ubicó a su provincia como uno de los principales desafíos electorales para el espacio. La Libertad Avanza busca consolidarse allí como una alternativa al peronismo, que gobierna Córdoba desde hace 27 años.

“Los cordobeses ya están cansados de tanto peronismo”, afirmó Bornoroni. En su diagnóstico, la inseguridad y la presión impositiva se encuentran entre las principales preocupaciones de los ciudadanos y forman parte de sus cuestionamientos a la administración provincial.

Uno de los principales blancos de sus críticas es la carga tributaria. Bornoroni apuntó contra la continuidad de Ingresos Brutos y cuestionó el impacto que tiene sobre la actividad económica. “Ingresos brutos es el peor impuesto que tiene la provincia de Córdoba, que la deja en un lugar fuera de competencia con el resto”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó a los distintos gobiernos peronistas que estuvieron al frente de la provincia. “Ningún gobernador de los que fue sucediendo, De la Sota, Schiaretti y Schiaretti, se ocuparon de bajar los impuestos”, afirmó.

Las críticas de Bornoroni a la gestión provincial no se trasladan, según explicó, a la relación institucional entre el Gobierno nacional y el gobernador Martín Llaryora. El diputado destacó el vínculo entre Llaryora y el presidente Javier Milei y diferenció esa relación de su evaluación política de la administración cordobesa.

“El presidente Milei sí le da prioridad a la provincia de Córdoba y tiene una muy buena relación institucional con el gobernador de Córdoba, lo cual nos beneficia a los cordobeses”, afirmó.

Y aclaró: “Una cosa es la relación institucional y después cuando bajás a la provincia y ves la gestión, son carriles distintos y separados”.

Con ese escenario, Bornoroni planteó la necesidad de construir una alianza opositora amplia para competir en Córdoba. Su propuesta incluye al radicalismo, al juecismo y a otros sectores que se encuentren por fuera del peronismo.

“Nosotros nos tenemos que hacer una gran alianza, que esté el radicalismo, que esté el juecismo, que estén todos los que piensan distinto al peronismo y que creen en una Córdoba libre”, sostuvo.

El diputado vinculó esa estrategia con las posibilidades electorales de la oposición y advirtió sobre el riesgo de una competencia fragmentada. “Si vamos divididos, posiblemente no tengamos el resultado más conveniente para ganar”, afirmó.

Bornoroni evitó, de todos modos, involucrarse en las internas de otros espacios. Al ser consultado por Rodrigo de Loredo, lo definió como “un gran referente del radicalismo en la provincia de Córdoba”, aunque aclaró que no pretende intervenir en la disputa interna del radicalismo. “Hoy están en una interna, yo no quisiera meterme, porque si no me meto en otro partido”, explicó.

El dirigente también relató una situación que, según aseguró, generó confusión entre votantes durante una elección en Córdoba. Según su versión, un partido libertario de la provincia fue autorizado por la Justicia Electoral a utilizar los colores de La Libertad Avanza y una tipografía similar.

“Muchísima gente nos llamaba que se había equivocado, cómo hacían para dar vuelta el voto. Ya era tarde”, contó.

La economía, las reglas y el vínculo con Milei

Bornoroni también defendió el rumbo económico del Gobierno y volvió a ubicar el equilibrio fiscal y la reducción de la inflación como los pilares sobre los que debe sostenerse la recuperación.

“El presidente Milei está haciendo un gran trabajo, y hay que empezar a construir una casa por los cimientos: bajando la inflación con equilibrio fiscal”, afirmó.

Para el diputado, la estabilidad económica debe generar las condiciones necesarias para que aumenten las inversiones y se creen nuevos puestos de trabajo. “Mientras más empresas inviertan en Argentina, más puestos de trabajo se generan, y los impuestos no tienen que ser un estorbo para las inversiones”, sostuvo.

La discusión sobre las reglas también apareció al ser consultado sobre el papel del Estado frente a situaciones en las que cambian las condiciones económicas. Bornoroni defendió la educación financiera y consideró importante que quienes toman un crédito conozcan las condiciones que deberán afrontar, pero cuestionó que esas reglas puedan modificarse después.

“Las condiciones son importantes y me gusta esto, que cuando decimos que vamos a ir por este lado, vamos y cumplimos. Y somos todos cumplidores de las condiciones que nosotros mismos ponemos”, planteó.

La misma lógica, según explicó, se aplica al funcionamiento del bloque oficialista y a su relación con el Poder Ejecutivo. Bornoroni detalló que diputados y senadores participan de reuniones con Milei en las que el Presidente plantea los objetivos de cada iniciativa y luego los legisladores definen la estrategia parlamentaria.

“En las charlas que tenemos con el presidente están los diputados y los senadores. El presidente explica el objetivo, vienen las preguntas y después cada uno lleva su estrategia”, señaló.

El jefe del bloque también fue consultado por las diferencias de estilo dentro de La Libertad Avanza, particularmente por algunas declaraciones de Bertie Venegas Lynch que generaron cuestionamientos. Bornoroni defendió al diputado y buscó relativizar las críticas. “Bertie es un amigo mío al cual quiero y respeto mucho”, sostuvo.

Bornoroni también habló sobre su propia llegada a la política. Explicó que decidió involucrarse después de observar durante años a dirigentes que, según su experiencia, recorrían distintas instituciones haciendo promesas que luego no cumplían.

“Yo me metí en la política porque veía políticos que pasaban por las distintas instituciones y te hacían promesas que después no cumplían”, recordó. Su objetivo, afirmó, está vinculado con cumplir las propuestas con las que Milei llegó a la Presidencia. “Yo me estoy dedicando a cumplir lo que el presidente Milei dijo en campaña”, sostuvo.

El diputado también se refirió al clima de tensión que se vivió durante la última sesión de la Cámara baja y reconoció su incomodidad frente a los enfrentamientos personales que se producen dentro del recinto.

“Lo que pasó ayer, todos esos gritos, me cuesta un poco, porque tenés gente que se te viene a la banca a gritar y a decir un montón de barbaridades cuando la Argentina está mirando para que cambie, para que tengamos leyes que estén a la altura”, señaló.

Finalmente, Bornoroni relativizó las diferencias de estilo entre Milei y los demás dirigentes de La Libertad Avanza. Consideró que cada integrante del espacio tiene su propia manera de responder a las críticas y defendió la autenticidad como parte de la identidad del oficialismo.

“El presidente es como es, y cada uno es como es. Y si dicen la verdad, está bueno”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el nivel de exposición también modifica la intensidad de los cuestionamientos que recibe cada dirigente. “Ahora, cuando vos estás en algún nivel y vas subiendo de niveles, te atacan un poco más. Algunos se defienden de una forma, otros de otra forma. Pero yo digo que es por ahí el camino”, concluyó.

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Tras una maratónica sesión en la Cámara de Diputados, en la que también se aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el oficialismo obtuvo la media sanción del proyecto que amplía el régimen de Inocencia Fiscal implementado en diciembre del año pasado. La reforma apuesta a incentivar la formalización de ahorros que actualmente se encuentran fuera del sistema, cerca de USD 179 mil millones que, según los libertarios, podrían volcarse a la inversión para dinamizar la economía.

Tal como señalaron durante la sesión, el objetivo del régimen era establecer “una relación diferente entre el Estado y quienes trabajan, producen, invierten y generan empleo”. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía consideraron que la versión original no había sido exitosa y, por lo tanto, decidieron impulsar una ampliación del universo de personas que puedan adherir y algunas aclaraciones técnicas para reforzar la “seguridad jurídica”.

Al momento de la votación, el proyecto del oficialismo obtuvo 139 votos positivos, 110 en contra y 2 abstenciones. Contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el PRO, parte de Provincias Unidas, el MID, Independencia (Tucumán), Argentina Federal (Salta y Misiones), Producción y Trabajo (San Juan), Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad, Elijo Catamarca y Por Santa Cruz.

La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado explicó que la nueva ley apuesta a “confiar más en el contribuyente y no tomarlo como un sospechoso por el solo hecho de haber protegido su ahorros”. En esa línea, afirmó que “la fiscalización debe perseguir la evasión, pero no puede convertir al contribuyente que cumple en un sospechoso permanente”. También aclaró que si bien se presume la inocencia de los contribuyentes, “no se perdonan los delitos y ni se prohíbe investigar”.

El nuevo proyecto apunta a ampliar el régimen a partir de la eliminación de los topes de ingresos ($1.000 millones) y patrimonio ($10.000 millones) que hasta ahora limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA. Con ese cambio, cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá adherirse al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por un mecanismo de presentación reducida.

Uno de los puntos centrales del proyecto es precisar bajo qué condiciones ARCA puede impugnar una declaración simplificada. La iniciativa establece que el organismo sólo podrá formular observaciones cuando detecte una diferencia de al menos el 15% sobre el “impuesto determinado” —y no sobre el saldo final a pagar, como ocurría antes—. Además, introduce una regla de razonabilidad: no habrá discrepancia significativa si el monto nominal de la diferencia es igual o inferior al 5% del umbral del Régimen Penal Tributario, equivalente a $5.000.000. También se habilita una ventana de subsanación de 15 días hábiles para que el contribuyente rectifique e ingrese el saldo adeudado sin que se configure la causal de impugnación.

Por otro lado, el proyecto estipula que la carga probatoria recae de forma exclusiva sobre ARCA, que solo podrá fundar sus impugnaciones en datos declarados, registros sistémicos o información aportada por terceros. Al mismo tiempo, amplía el bloqueo al uso de presunciones: además de la inoponibilidad del incremento patrimonial no justificado, se veda hasta el 31 de diciembre de 2027 la presunción por depósitos bancarios. Las demás presunciones requerirán respaldo probatorio externo y no podrán sustentar ajustes de forma aislada, lo que reduce la discrecionalidad del organismo recaudador frente a los contribuyentes adheridos.

Además, la reforma incorpora un alivio directo para las pequeñas y medianas empresas. Las MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales tendrán una reducción automática del 25% en determinadas multas formales.

Durante el debate en comisión, La Libertad Avanza acordó con sus aliados excluir de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios del régimen. Los representantes de los tres poderes del Estado que hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública en los últimos cinco años podrán usar el sistema simplificado solo para presentar su declaración jurada y pagar el saldo correspondiente, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a ninguna otra protección tributaria. En cuanto a los dólares no declarados, el proyecto no establece una amnistía general, sino que modifica el marco bajo el cual ARCA podrá investigar el patrimonio, con el objetivo de incentivar la incorporación de esos activos al circuito formal.

Desde la oposición denunciaron que se trata de un blanqueo que será aprovechado por los evasores seriales. “Detrás de la supuesta intención de simplificar la vida y la declaración jurada para los buenos contribuyentes, se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos”, argumentó el diputado Martín Lousteau.

Y agregó: “La verdad que podríamos llamarla ley contra la persecución de evasores seriales, narcos y corruptos. Si quieren otro nombre más corto, ley de facilitación e impunidad de la evasión. Si quieren uno todavía más corto, ley Adorni y Espert”.

Por su parte, el diputado Ariel Rauschenberger (UxP) advirtió el proyecto del Gobierno “se le aproxima a un blanqueo” porque “facilita la incorporación de fondos no declarados al circuito formal y limita la revisión”.

“Nosotros no rechazamos la simplificación tributaria. No rechazamos la incorporación de recursos al circuito formal. No rechazamos la garantía del contribuyente frente a la arbitrariedad del Estado. Sí rechazamos que esos objetivos sean utilizados para justificar menos control, menos trazabilidad y mayores beneficios para quienes poseen mayor capacidad económica”, sintetizó.

El Gobierno logró ratificar el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur

Durante la madrugada, la Cámara de Diputados ratificó el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, luego de que el Senado le diera el visto bueno en mayo de este año. El tratado fue aprobado por una amplia mayoría, con 234 votos afirmativos y solo 4 negativos, consolidando así el respaldo parlamentario a una iniciativa que busca ampliar los mercados de exportación y diversificar las relaciones comerciales del bloque regional.

Con la entrada en vigencia del acuerdo, el 100% de las exportaciones nacionales gozarán de un arancel del 0% en el mercado singapurense. Además, abarcará el comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y contempla medidas específicas para micro, pequeñas y medianas empresas, en línea con los acuerdos de “segunda generación” que exceden la mera cuestión arancelaria.

Durante el debate, el bloque de Unión por la Patria (UxP) confirmó su apoyo a la iniciativa. “La Argentina logra demostrar con esto que hay un camino alternativo, que el camino no es la subordinación, sino una integración en la que se defienda al trabajo y a las PYMES”, sostuvo el diputado Santiago Cafiero.

En línea con esto, el legislador destacó la importancia del acuerdo al señalar que “la idea era poder generar un tratado de segunda generación, que no es únicamente discutir aranceles, sino que lo que se buscó hacer acá es trabajar con otro abordaje y lo logramos”. Por esto, concluyó: “Por eso, vamos a acompañar el día de hoy”.

No obstante, el diputado también planteó la necesidad de avanzar hacia una política de Estado que garantice la cooperación comercial con Brasil. “Debería existir una ley que garantice la permanente colaboración comercial”, reclamó Cafiero, en referencia al quiebre diplomático reciente entre la Argentina y el gobierno de Lula da Silva, que derivó en el retiro de la embajada brasileña en Buenos Aires.

Desde La Libertad Avanza (LLA), el diputado Damián Arabia defendió los beneficios que el acuerdo traerá para la economía argentina y respondió al pedido de Cafiero sobre la relación bilateral: “Nosotros queremos que el Estado de Brasil no tome represalias contra la República y los argentinos”.

Por último, el legislador libertario planteó la necesidad de separar las diferencias ideológicas de la relación comercial y recordó que el Gobierno argentino no tomó represalias tras el apoyo del presidente brasileño al ex candidato Sergio Massa durante la campaña presidencial de 2023.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) también obtuvo la media sanción

La Cámara Baja también otorgó media sanción al proyecto que aprueba la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), con 147 votos a favor y 93 en contra. El debate estuvo marcado por las críticas de la oposición, que advirtió sobre posibles riesgos para la soberanía nacional en materia sanitaria y científica.

Frente a esto, la diputada Juliana Santillán (La Libertad Avanza) defendió la iniciativa y rechazó los cuestionamientos. “Este tratado simplifica el procedimiento; es una herramienta que facilita la presentación de solicitudes de patentes en países, reduciendo los costos, el tiempo y cargas para quienes innovan en la Argentina”, argumentó, y recordó que actualmente 58 países ya forman parte del acuerdo, entre ellos Uruguay, el último en incorporarse.

Nicolás Mayoraz también cuestionó la postura opositora, al considerar que representa una visión “que atrasa al país”. Sostuvo que, con el régimen anterior, los científicos argentinos debían afrontar mayores costos y ceder inventiva para registrar una patente, lo que consideró el verdadero riesgo para la soberanía. Tras otro resultado favorable para el Gobierno, se confirmó que el proyecto ahora pasará al Senado para su tratamiento final.

Luego de semanas de planificar la estrategia y negociar con diferentes aliados, el Gobierno consiguió un primer triunfo parlamentario con la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II, y se encaminaba esta madrugada a obtener el resto de las iniciativas que impulsa, en el marco del objetivo de recuperar la agenda en el Congreso y también de cara a la sociedad.

Antes de la maratónica sesión, fue el propio presidente Javier Milei el que convocó a la Casa Rosada a los legisladores de La Libertad Avanza para explicarles personalmente los argumentos con los que defiende no solo los proyectos de ley, sino también el rumbo general de la economía y de su administración.

El mandatario nacional ya había anticipado un día antes, en la reunión de Gabinete, que no iba a modificar ni un poco el camino de sus políticas, a pesar de las críticas por parte de la oposición.

En ese momento apareció la discusión por el aumento de la morosidad, que en el último tiempo ocupó buena parte del debate público, pero el jefe de Estado insistió con que tomar cualquier medida para solucionar ese problema significaría “hacer populismo“, y no estaba dispuesto a eso.

”Es cierto eso de que hay gente que compró televisores para ver el Mundial, pero hay un montón de factores también. Ha aumentado la posición crediticia del 3 al 12 por ciento, y eso influye. Hay personas que compran en el supermercado con tarjeta de crédito, que lo hacemos todos, y eso cuenta como crédito. Todo eso es lo que pasa y quieren instalar como un conflicto para hacernos quedar como poco sensibles y empáticos”, sostuvo a Infobae una fuente que estuvo en la presentación de Milei y que encarna el discurso oficial.

Al respecto, en la cúpula libertaria remarcan que ”es una cuestión de los privados” y que se generó “por las apuestas, los electrodomésticos, todo un poco”, pero consideran que “no hay ni siquiera que entrar en ese debate, porque es una locura”.

Durante la sesión de este miércoles, la oposición intentó forzar el tratamiento en el recinto de los proyectos sobre morosidad familiar y prórroga de la emergencia en discapacidad.

Aunque la iniciativa no prosperó, obtuvo 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones, por lo que el peronismo demostró que podría reunir el quorum necesarios para obligar a que el texto sea tratado en otra sesión, que podría ser convocada para principios de septiembre.

”Hicieron esa jugada. Sabían que iban a perder, pero lograron 133 votos, por lo que es un empate para ellos, porque podrían pedir un emplazamiento. En las comisiones de Finanzas y Economía hay varios de esos proyectos. Veremos qué es lo que va a pasar, pero podrían”, lamentó un diputado libertario.

A pesar de este tropezón, unas horas más tarde el oficialismo logró una victoria con la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, con 144 votos a favor y 102 en contra, a partir de la cual se prohibió la emisión sin respaldo, una de las principales críticas de Milei hacia las anteriores administraciones.

Esta era una de las medidas más importantes en la agenda del Presidente, que rápidamente salió en las redes sociales a agradecerles a los legisladores que acompañaron la propuesta.

“!!!Es paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!! Ahora a pelearla en el Senado”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Aunque ya tenían desde hace días la confianza de que iba a salir, en la mesa política del Gobierno reconocieron que todo se logró porque “sorpresivamente” convencieron a dirigentes de otros espacios

“Teníamos 136, se nos sumaron los dos del MID; Lourdes Arrieta; el chubutense Jorge “Loma” Ávila; Maximiliano Ferraro, y los cordobeses Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Carolina Basualdo”, destacó uno de los miembros de ese grupo reducido del Poder Ejecutivo.

Las negociaciones con las provincias fueron clave para esto y, de hecho, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que este miércoles estuvo en el Congreso participando de las conversaciones de último minuto, este jueves recibirá a los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Córdoba, Martín Llaryora, y Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Si bien las autoridades nacionales aseguraron que será para conversar sobre “temas de gestión, infraestructura y energía”, durante estos encuentros se habla también sobre las reformas que quiere aprobar Milei en el Congreso.

En los papeles, la Casa Rosada evalúa avanzar con un esquema de refinanciación de deudas vinculadas al costo de la energía eléctrica para grandes usuarios, que beneficiaria a esas provincias.

En esta misma línea, por la tarde ”El Colo” también recibirá a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis para una nueva reunión de la mesa de trabajo con el PRO, que se inauguró a mediados de este mes.

La nueva etapa de cercanía con estos aliados ya dio sus primeros frutos con las victorias en la Cámara de Diputados y este jueves se pondrá nuevamente a prueba en el Senado, donde La Libertad Avanza, de la mano de la ex macrista Patricia Bullrich, buscará aprobar un lote de más de 50 pliegos judiciales y varios convenios internacionales.

Ya en la madrugada se estaba poniendo a consideración en la Cámara baja un tratado que también generaba mucha expectativa, sobre todo en un conjunto importante de inversores, que es el de las patentes (PCT, por sus siglas en inglés).

El proyecto, que llevaba décadas congelado, fue resucitado en los últimos meses por el interés de algunos sectores y todo indicaba que se iba a homologar, aunque debido a algunos cambios tendría que volver al Senado para su sanción definitiva.

“La innovación y el desarrollo tecnológico son componentes centrales para el crecimiento y la competitividad de un país. Contar con un marco que facilite la protección de las inversiones realizadas en estos ámbitos resulta relevante tanto para el sector privado como para el sistema científico- tecnológico y para la capacidad de la Argentina de integrarse a las cadenas globales de innovación y conocimiento”, aseguraron a este medio fuentes del ámbito empresarial que seguían de cerca la votación.

Aunque quienes promueven la adhesión del país a ese régimen reconocen que es difícil saber “aún cómo cuantificar el crecimiento” que traerá incorporarse al PCT, remarcan que es “algo progresivo de acuerdo a la investigación”, pero podría convertir al país “en un actor clave a nivel mundial”.

La Cámara de Diputados aprobó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa clave que necesita el ministro Luis Caputo para intentar remonetizar la economía con los “dólares del colchón”. Si bien la ley ya se encuentra vigente desde el 26 de diciembre de 2025, esta nueva versión busca corregir algunos puntos débiles de la normativa para brindar una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que exterioricen ahorros sin declarar.

Inocencia Fiscal II surge directamente de la insistencia de los contadores a Economía. Los especialistas plantearon que, sin cambios, los argentinos no iban a declarar los dólares que, según proyecciones oficiales, suman USD 170.000 millones fuera del sistema. Luego de meses en los que Caputo se negó a modificar la ley, finalmente recibió a los contadores en el quinto piso del Palacio de Hacienda y acordó el envío de una nueva normativa al Congreso.

El proyecto al que esté miércoles el oficialismo dio media sanción implica cambios importantes respecto a quienes puede acceder al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), cuándo se generan las exclusiones de los contribuyentes y hasta cuándo hay tiempo para sacar los dólares del colchón.

Menos requisitos

Entre los cambios principales, el texto prevé que un universo más amplio de contribuyentes pueda adherir al RSG. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó que con la actual legislación hay contribuyentes que no puede ingresar al régimen porque tuvieron ingresos de más de $1.000 millones o patrimonio de más de $10.000 millones en alguno de los últimos tres años. “Esas personas van a poder adherirse si se aprueba esto, con la salvedad de que los grandes contribuyentes se van a poder adherir solo por el RSG y no por los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal”, comentó.

Domínguez también indicó que la nueva redacción le da mayor seguridad jurídica a aquellas personas que quisieran utilizar fondos no declarados. Esto es porque el proyecto incorpora un nuevo umbral para definir las discrepancias significativas entre lo que informa el contribuyente y los registros del fisco nacional. “Si el fisco nacional detecta una diferencia entre lo declarado por el contribuyente, la información que tiene en sus sistemas o recibido de tercero, si es del 15% más, pero no supera $5 millones, no hay discrepancia significativa”, afirmó. Este umbral, hoy, está fijado en el 15% y genera el riesgo de que contribuyentes que exterioricen montos pequeños queden sujetos a inspecciones por diferencias de poco volumen.

A su vez, si la diferencia supera los $5 millones, el contribuyente tendrá la opción de regularizar su situación hasta 15 días después de recibir la notificación de la determinación de oficio. Así, incluso cuando el fisco detecte una discrepancia significativa, el contribuyente que pague podrá mantener los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal.

Para Mariano Ghirardotti, socio de Ghirardotti & Ghirardotti, el nuevo texto “corrige cosas del anterior” al permitir que cualquier contribuyente menos los grandes y los funcionarios públicos puede recibir los beneficios del RSG. A su vez, que especifica que la discrepancia significativa se calcula sobre impuesto determinado y no sobre el saldo a pagar, lo cual jugaba en contra del contribuyente cumplidor.

Al igual de Domínguez, Ghirardotti subrayó que el proyecto prevé “que se pueden mantener los beneficios obtenidos si se acepta la liquidación administrativa o la determinación de oficio dentro de los 15 días de notificada y se paga el impuesto y sus accesorios. y que si se utilizan dólares del colchón por las vías habilitadas, solo se deben incorporar a la última declaración de Bienes Personales.

La estructura de incentivos se articula con el reclamo de seguridad jurídica para quienes decidan exteriorizar capitales. Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, indicó que con el nuevo proyecto lo que se busca es una mayor seguridad jurídica para que el contribuyente pueda estar tranquilo y depositar los dólares del colchón sin estar temeroso de lo que pueda pasar también”. A partir de un Régimen en donde el contribuyente no debe reportar a ARCA su patrimonio al inicio ni al cierre ni exteriorizar los consumos hechos durante el ejercicio fiscal.

Nuevos plazos

El proyecto también fija una ventana temporal para aprovechar los beneficios del tapón fiscal y la presunción de exactitud, que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027, el último día del actual mandato presidencial. “Si quieren utilizar este tapón fiscal y presunción de exactitud, lo pueden usar hasta esa fecha. Con esto, el Gobierno se juega a que la gente lo use antes de que termine el mandato y así remonetizar la economía”, precisó Domínguez.

El debate deberá continuar en el Senado y adquiere centralidad en un momento en el que el Gobierno necesita de la reactivación de la economía. Con un nueva ley de Inocencia Fiscal que otorgue mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, en el Ministerio de Economía esperan que sean más los contribuyentes que depositen los dólares del colchón en el sistema formal. Y si bien se establece como fecha límite para hacerlo el 31 de diciembre de 2027, todavía esta por verse el ritmo en que se formalizan los ahorros a cerca de un año de la elección presidencial.

El oficialismo logró darle media sanción al proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central para garantizar su independencia del gobierno de turno y prohibir la financiación del Tesoro Nacional con emisión monetaria. Los libertarios festejaron la victoria legislativa porque -aseguran- representa una señal positiva para los mercados que permitirá bajar el riesgo país.

Pasadas las 18, el tablero del recinto arrojó 144 votos positivos, 102 negativos y 9 abstenciones. La Libertad Avanza contó con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, la Coalición Cívica, parte de Provincias Unidas, Argentina Federal (Salta y Misiones), Independencia (Tucumán), Adelante Buenos Aires, Producción y Trabajo, La Neuquinidad y Por Santa Cruz.

El diputado Santiago Pauli fue el encargado de presentar el proyecto del Poder Ejecutivo y comenzó por explicar que el objetivo principal de la reforma es “erradicar permanentemente la posibilidad de que cualquier gobierno emita descontroladamente”.

Según el presidente de la Comisión de Finanzas, la entidad fue utilizada “durante mucho tiempo como una herramienta de saqueo de la política” porque “cada vez que le faltaba plata al Estado se metía mano al Banco Central”. “La consecuencia de esto ha sido y es la inflación y el origen de la inflación ha sido la emisión descontrolada”, resumió.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca garantizar su independencia del Poder Ejecutivo a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos. Tampoco podrá comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario.

La iniciativa de los libertarios apunta a dar marcha atrás con la reforma de la Carta Orgánica que había hecho el kirchnerismo en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Si el Gobierno logra la sanción definitiva en el Senado, el único objetivo será preservar el valor de la moneda.

Por otro lado, se prohíbe la transferencia al Tesoro de ganancias contables o por diferencia de cambio. Los resultados del BCRA deberán destinarse prioritariamente a absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio o cancelar deuda pública. Finalmente, también dispone la eliminación de instrumentos de deuda como las Letras Intransferibles y se actualizan las reglas relativas a la administración y resguardo de las reservas internacionales.

Por el lado de la oposición, las críticas giraron en torno al intento del oficialismo de perpetuar sus principios económicos incluso después de dejar el gobierno. “Nunca estuve de acuerdo con un criterio de rigidez porque pienso que, en primer lugar, antes que la economía, está la política, y el Banco Central tiene que estar subordinado al interés general del país y al rumbo que marque el Poder Ejecutivo Nacional pensando fundamentalmente en el crecimiento y en el desarrollo. Tarea ausente hoy en el Banco Central y en este diseño que se ha planteado”, dijo Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal).

En la misma línea, el diputado Itai Hagman (UxP) planteó que el Congreso “debería estar discutiendo cómo hacer para aliviar la situación de los morosos, pero en lugar de eso estamos discutiendo una reforma que le quita instrumentos al Estado, a través del Banco Central, para resolver estos problemas”.

Entre las reformas también se destaca un cambio en los mecanismos para remover al presidente de la entidad y a los integrantes del directorio, para lo cual se necesitará acreditar una “causal grave” y la aprobación con mayoría de dos tercios en el Senado y la Cámara de Diputados.

“El único objetivo que tiene esta reforma es lograr que las autoridades actuales del Banco Central sigan ejerciendo la política monetaria en los próximos años, independientemente si el Gobierno pierde las elecciones el año que viene”, denunció Agustín Rossi (UxP).

Desde el peronismo también instaron a los bloques aliados a que rechacen el artículo 13, que permite poner las reservas como garantía del endeudamiento externo. Incluso pidieron la votación en particular del artículo en cuestión. Pero el oficialismo avanzó, tras una votación a mano alzada, con la votación por títulos (que incluyen varios artículos).

El artículo en cuestión dice: “Los bienes que integran las reservas son inembargables. El Banco podrá mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior, en oro, en activos financieros líquidos, o en papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera, pudiendo utilizarlos como garantía en operaciones propias de banca central”.

Finalmente, la votación se realizó por títulos: el primero, que contiene el artículo 13, fue aprobado por 138 votos positivos.

La oposición logró anotarse este miércoles una victoria política en la Cámara de Diputados al exhibir que cuenta con mayoría suficiente para impulsar dos debates incómodos para el gobierno de Javier Milei: por un lado, la problemática del endeudamiento familiar y los niveles récord de mora; por otro, la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Al inicio de la sesión en la que el oficialismo busca la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, la oposición pidió dos apartamientos del reglamento para incluir en el temario los proyectos sobre endeudamiento familiar y para extender la emergencia en discapacidad.

La oposición necesitaba una mayoría especial de tres cuartos de los presentes, algo imposible porque los libertarios controlan más de un tercio del recinto. No obstante, al haber obtenido 133 votos confirmaron que lograron construir un consenso lo suficientemente amplio como para convocar por su cuenta a una sesión y conseguir el quórum.

Mientras en el recinto transcurría la sesión, los principales bloques de la oposición dieron una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos para anunciar que llamarán a una sesión el miércoles 9 de septiembre. “Estos 133 diputados nos permitirá avanzar en este camino al que nos obliga el oficialismo, que es emplazar a las comisiones”, dijo el diputado Germán Martínez.

“Es necesario dejar las banderías políticas porque el que está jodido es el argentino de a pie, que no logra llegar a fin de mes. Es cierto, nadie le puso el arma en la cabeza a nadie. Pero si dejás que un gobierno le ponga la soga al cuello a los argentinos, el resto vamos a bajar nuestras banderías partidarias y nos vamos a juntar, y vamos a reunir más votos para que le podamos dar una respuesta al conjunto de los argentinos, que es lo que venimos a hacer hoy acá”, planteó el radical disidente Pablo Juliano.

Los 133 votos positivos los aportaron los bloques Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal - el nuevo bloque de Misiones y Salta-; Elijo Catamarca; el Frente de Izquierda, el MID e Independencia (Tucumán). Además, entre los ausentes podrán sumar cuatro voluntades más: Juan Fernando Brugge de Provincias Unidas; Carlos Daniel Castagneto de Unión por la Patria, Natalia De la Sota, Defendamos Córdoba y Marcela Pagano de Coherencia. De hecho Brugge anunció en la conferencia que también acompañará la convocatoria a la sesión.

En la sesión del 9 de septiembre no se podrán tratar los proyectos porque ninguno cuenta con dictamen de comisión. Pero con 129 votos podrán emplazar a las comisiones que controlan los libertarios, como la estratégica Presupuesto, para obligarlos a poner en debate los proyectos de la oposición.

La postura del oficialismo, expresada tanto por el presidente Milei como por el vocero Ravier, es que se trata de un problema “entre privados” y que el Gobierno no puede intervenir más que intentando que los privados bajen sus tasas de interés. Las tasas de interés fueron desreguladas a través del decreto 70/2023, al inicio de la gestión libertaria.

Justamente por eso la oposición responsabiliza al Gobierno de la situación y exige algún tipo de solución. Las propuestas tienen diferencias respecto al nivel de intervención estatal necesario pero en general incluyen programas de refinanciación, topes para las cuotas en base al nivel de ingresos y mecanismos especiales de mediación.

Por ejemplo, uno de los proyectos presentados por el peronismo, firmado por la diputada Natalia Zaracho y con el respaldo del jefe de bloque Germán Martínez, propone declarar durante dos años la emergencia crediticia de las familias y crear un régimen específico para abordar las deudas acumuladas.

Tras la aprobación del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en Diputados, la oposición le exigió al oficialismo remover un artículo que permite a la autoridad monetaria utilizar las reservas como respaldo para tomar deuda. Sin embargo, el reclamo opositor no prosperó y terminó aprobándose.

En concreto, el artículo 13 de la iniciativa señala que “los bienes que integran las reservas son inembargables. El Banco podrá mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior, en oro, en activos financieros líquidos, o en papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera, pudiendo utilizarlos como garantía en operaciones propias de banca central”.

Este articulado puntual generó cruces entre los diputados de La Libertad Avanza y la oposición. Por parte del peronismo, Cecilia Moreau y Germán Martínez cruzaron al titular de la Cámara Baja, Martín Menem, por este tema. También hubo fuertes críticas de la legisladora Myriam Bregman.

Aunque la votación por título ya se había realizado, el peronismo solicitó que se reabra el debate para permitir una nueva votación específica del apartado 13. Finalmente, la votación se realizó por títulos. El bloque que comprendía los artículos del 1 al 18 fue aprobado con 138 votos a favor, 110 en contra y 7 abstenciones.

De esta manera, si el proyecto se aprueba en el Senado, los cambios propuestos por el Gobierno habilitarían al Banco Central a emplear sus reservas como garantía para obtener financiamiento en los mercados internacionales.

Esta mecánica podría aplicarse, por ejemplo, con un REPO. Se trata de un acuerdo de recompra que constituye una herramienta utilizada por el BCRA en los últimos años para obtener financiamiento en los mercados internacionales a una tasa más baja.

Un REPO con entidades bancarias del exterior implica que un banco o un gobierno transfiere temporalmente activos financieros a una institución extranjera, asumiendo el compromiso de readquirirlos en una fecha y a un precio fijados de antemano.

A principios de julio, el BCRA comunicó la cancelación total de sus operaciones de pase pasivo registradas en su balance, por un valor conjunto de USD 6.000 millones, y la concreción de un nuevo acuerdo por igual monto con diez entidades bancarias internacionales de primer nivel. El nuevo contrato extendió el plazo de vencimiento de estas obligaciones hasta septiembre de 2028, luego de las elecciones presidenciales, desplazando así los compromisos que inicialmente correspondían a 2026 y 2027.

La operación se realizó empleando títulos BONAR disponibles en el portafolio de la entidad monetaria. En la subasta llevada a cabo el 30 de junio, la entidad recibió ofertas por USD 8.250 millones, superando de manera considerable la cantidad licitada. Se detalló que la tasa de interés pactada será equivalente a SOFR-USD más un diferencial de 4 por ciento.

En estas transacciones, quien necesita liquidez entrega instrumentos como bonos soberanos o títulos de deuda a un banco internacional a cambio de dinero en efectivo. El pacto establece que esos activos serán readquiridos tras un período determinado, abonando un importe superior al recibido inicialmente. La diferencia entre ambos valores establece la tasa de interés, que constituye el costo del acceso a los fondos. En la práctica, el Central podría poner las reservas como garantía para tomar esa deuda, según lo que detalla el artículo 13 de la Carta Orgánica aprobada en Diputados.

“Muchas gracias diputados nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!! Ahora a pelearla en el Senado. VLLC!”, escribió el presidente Javier Milei en sus redes sociales luego de la media sanción.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, opinó que hoy se dio “un paso enorme hacia la normalidad”. “Me sumo al agradecimiento de nuestro Presidente a los diputados nacionales que acompañaron el proyecto”, agregó en su cuenta oficial de X.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa propone modificar tanto el rol institucional de la entidad monetaria como sus vínculos con el Tesoro nacional.

“Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!! Ahora a pelearla en el Senado”, escribió esta tarde en X el presidente Javier Milei.

El texto se despliega en seis ejes que abarcan la definición del mandato del organismo, el esquema de remoción de sus autoridades, la relación financiera con el sector público, el régimen de utilidades, el saneamiento de su balance y una serie de actualizaciones operativas vinculadas al manejo de las reservas. En conjunto, apunta a desandar cambios introducidos en 2012 durante la gestión kirchnerista, cuando se amplió el mandato de la entidad y se flexibilizaron los mecanismos de asistencia financiera al Estado.

El mensaje que acompaña al proyecto fija una premisa que atraviesa todo el articulado: la eliminación completa de las vías por las que el BCRA puede financiar al sector público. Ese bloque concentra buena parte del peso político y económico de la reforma.

Fin del financiamiento al Tesoro

El artículo 17 del proyecto deroga el artículo 20 de la Carta Orgánica vigente, que regula los adelantos transitorios que el BCRA otorga al Gobierno nacional. Hasta 2012, esos adelantos tenían un plazo máximo de doce meses y no podían superar el 12% de la base monetaria, con la posibilidad de sumar otro 10% de la recaudación obtenida por el Gobierno en el último año. La reforma de 2012 elevó esos topes e incorporó un adicional del 10% de la recaudación con carácter excepcional, una excepción que en la práctica se aplicó de forma sistemática.

Según los propios fundamentos del proyecto, bajo ese esquema la actual administración pudo haber girado al Tesoro hasta $36.600.000.000.000 por la vía de los adelantos transitorios, una cifra que el mensaje sitúa por encima del 80% de la base monetaria actual.

La derogación no se limita a los adelantos transitorios. El proyecto también prohíbe que el Banco Central otorgue préstamos al Gobierno nacional, a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios. Suma, además, la prohibición de comprar títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario y elimina la facultad del organismo de adelantar fondos para atender servicios de deuda pública.

En el mismo bloque, la iniciativa deroga el concepto de reservas de libre disponibilidad, que había quedado establecido en la ley de convertibilidad de 1991. De acuerdo con el mensaje oficial, ese mecanismo permitió durante dos décadas que el Tesoro accediera a reservas internacionales del BCRA , y dejó como resultado letras intransferibles en el activo del Banco por USD 69.400 millones a abril de 2025.

Saneamiento del balance y letras heredadas

Ligado a ese diagnóstico, el proyecto incluye un régimen transitorio orientado a sanear el balance de la entidad. Establece que, hasta tanto se cancelen por completo las letras intransferibles y los adelantos transitorios que el Estado nacional mantiene con el BCRA, una parte del resultado del ejercicio se pondrá a disposición del Gobierno con ese único fin.

El mismo régimen prorroga de pleno derecho los vencimientos de los adelantos transitorios hasta que queden totalmente cancelados. En el caso de las letras intransferibles, el texto mantiene sus condiciones de emisión originales y lo que en cada oportunidad disponga la ley de presupuesto nacional.

Utilidades bajo un esquema más restrictivo

El cuarto eje del proyecto redefine qué resultados del Central pueden transferirse al Estado como accionista. La nueva redacción establece que sólo se podrán distribuir utilidades realizadas y líquidas, y excluye de manera expresa aquellas que se originen en variaciones del tipo de cambio o en el valor del oro.

La porción del resultado que provenga de esos dos factores pasará a integrar una cuenta de capital del Banco. El resto de los resultados no realizados quedará depositado en una reserva especial, sin posibilidad de giro al Gobierno hasta que efectivamente se concreten.

El nuevo artículo 38 agrega una condición adicional: la reserva general y las demás reservas de resultados deberán equivaler, como mínimo, al 50% del capital del Banco antes de habilitar cualquier transferencia. Y esa transferencia, cuando se autorice, deberá destinarse exclusivamente a la cancelación de deuda pública.

Los fundamentos del proyecto sostienen que, de este modo, se cierra un canal que permitía al BCRA girar al Tesoro, bajo la forma de utilidades, resultados puramente contables generados por la revaluación en pesos de sus activos en dólares cada vez que se depreciaba la moneda nacional. El mensaje describe ese mecanismo como una de las principales debilidades del sistema vigente y señala que fue utilizado por todas las administraciones posteriores a la convertibilidad, incluida la actual gestión de Milei.

Nuevas condiciones para remover a las autoridades

Otro eje del proyecto reformula el gobierno interno del Banco Central y los mecanismos para desplazar a sus autoridades. El artículo 3 fija causales taxativas para la remoción de los integrantes del directorio, entre ellas la falta grave y manifiesta en el ejercicio de sus funciones, que deberá derivar de hechos precisos e inequívocos.

Bajo el nuevo esquema, la remoción requerirá un decreto del Poder Ejecutivo, con aprobación previa de ambas cámaras del Congreso por una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes. El proyecto suprime, en ese proceso, la intervención de una comisión bicameral que había sido incorporada en 2010, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner buscó desplazar de la presidencia del Central a Martín Redrado. También elimina la posibilidad de que el Poder Ejecutivo remueva a un banquero central por decisión propia, sin acreditar la falta grave mencionada.

El texto deroga, además, la participación de un representante del Ministerio de Economía en las reuniones de Directorio del Banco Central, así como la exigencia de que el organismo emita opinión previa sobre el impacto en la balanza de pagos de las operaciones de crédito público externo. El mensaje oficial describe ese último requisito como una traba burocrática sin peso real en las decisiones.

Un mandato único centrado en la inflación

El proyecto redefine, en el artículo 1, la misión del BCRA. La nueva redacción reemplaza al actual artículo 3 de la Carta Orgánica y establece que la misión única, primaria y fundamental de la entidad es preservar el valor de la moneda. Esa fórmula sustituye a la vigente desde la reforma de 2012, que le asigna al BCRA la finalidad de promover, en el marco de las políticas del Gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Los fundamentos del proyecto sostienen que esa multiplicidad de objetivos diluye la responsabilidad del organismo, porque un banco central al que se le encomienda todo no puede ser evaluado por nada. Agregan que la política monetaria solo puede perseguir de manera efectiva la estabilidad de precios, por lo que exigirle metas adicionales implica desconocer limitaciones empíricas básicas del instrumento.

En sintonía con ese cambio, el proyecto retira del directorio la facultad de orientar el crédito hacia las pymes o las economías regionales, con el argumento de que ese tipo de políticas corresponde a una banca de fomento y no a un banco central.

Cambios operativos y en el manejo de reservas

El sexto eje reúne modificaciones de índole operativa. El proyecto habilita al BCRA a operar con títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria, cambiaria, financiera y crediticia, con la exigencia de hacerlo a precios de mercado o, en su defecto, mediante mecanismos técnicos equivalentes, una previsión que no existe en la Carta Orgánica actual.

La iniciativa incorpora también la inembargabilidad de los bienes que integran las reservas y precisa qué activos externos son aptos para su inversión, entre ellos el oro y los activos financieros líquidos, una protección que hasta ahora dependía de la ley de convertibilidad de 1991. El texto habilita, además, el uso de esos activos como garantía en operaciones propias de banca central y excluye a los contratos financieros internacionales que celebre el organismo de una restricción legal que hoy los alcanza.

Por último, el proyecto concentra en el Banco Central la función regulatoria sobre los sistemas de pago y las cámaras liquidadoras y compensadoras, y deroga tanto una regla de intervención cambiaria como otras disposiciones remanentes del régimen de convertibilidad de la década de 1990.

En una sesión que promete ser maratónica -aproximadamente 16 horas- el oficialismo buscará avanzar este miércoles en la Cámara de Diputados con la media sanción de dos proyectos centrales para afianzar la estabilidad económica. Después del duro revés que sufrió en el Senado, con el naufragio de las reformas de la leyes de tierras y de manejo del fuego, los libertarios optaron por abrir el temario a una docena de proyectos de la oposición dialoguista -la mayoría sin costo fiscal- para asegurarse el quórum. Sin embargo, los aliados vienen endurecido sus posturas y hasta las ausencias podrían jugar un rol determinante durante la jornada.

El proyecto más importante para la Casa Rosada, porque sería una clara señal para los mercados, es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para reforzar su independencia del gobierno de turno a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Si esta ley se aprueba, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos. Tampoco podrá comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario.

La iniciativa que impulsa Javier Milei apunta a revertir la reforma de la Carta Orgánica que había hecho el kirchnerismo en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos como promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Ahora el Gobierno pretende que sólo exista uno: preservar el valor de la moneda.

Por otro lado, el oficialismo también promueve un cambio en los mecanismos para remover al presidente de la entidad y a los integrantes del directorio, para lo cual se necesitará acreditar una “causal grave” y la aprobación con mayoría de dos tercios en el Senado y la Cámara de Diputados. Una carta de negociación que, según reconocieron los libertarios, todavía está bajo análisis sería acceder al pedido de las provincias para “federalizar” el directorio del Banco Central a partir de la designación de algunos de sus integrantes “por regiones”.

El segundo punto del temario será la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, aprobado a fines del año pasado, para favorecer la formalización de ahorros que actualmente se encuentran fuera del sistema. Según los cálculos del Gobierno, actualmente hay USD 179 mil millones que podrían volcarse a la inversión para dinamizar la economía. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía consideraron que la versión original no había sido exitosa y, por lo tanto, decidieron impulsar una ampliación del universo de personas que puedan adherir y algunas aclaraciones técnicas para reformar la “seguridad jurídica”. Muchos de los cambios surgieron tras reuniones con estudios contables y expertos tributaristas.

La nueva versión del régimen ya no exigirá como requisito que los contribuyentes no superen ingresos anuales por $1.000 millones y que tengan como patrimonio menos de $10.000 millones. Es decir, quedará abierto para todas las personas humanas sin importar su nivel de ingresos o patrimonio. No obstante, la única excepción serán los Grandes Contribuyentes, que no accederán a las presunciones, efectos liberatorios y otros beneficios previstos por la ley. Además, por presión de los aliados tras es escándalo de Manuel Adorni, se incluirá una cláusula para que funcionarios de los tres poderes del Estado puedan adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias (RGM), pero no así a la exteriorización de los dólares del colchón o los fondos no declarados.

El proyecto también redefine el concepto de “discrepancia significativa” que le permite a ARCA rechazar la declaración de impuestos simplificada. Solo se considerará una discrepancia importante si la diferencia entre lo declarado y lo que detecta la ARCA supera el 15% del impuesto. Y además, si no alcanza el equivalente al 5% del mínimo previsto en la Ley Penal Tributaria (actualmente $5 millones). A su vez, cuando ocurra una objeción, la persona contará con quince días para corregir la situación, pagar la diferencia y conservar los beneficios del régimen.

El tercer proyecto económico que impulsa el Gobierno será la ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés), que permite a inventores y empresas presentar una única solicitud internacional de patente, lo que simplifica la búsqueda de resguardo legal en múltiples jurisdicciones. De esta forma, la solicitud presentada bajo el PCT surte el mismo efecto jurídico que si se hubiera presentado una solicitud en cada uno de los 158 Estados miembros adheridos.

El punto álgido de la negociación había sido la resistencia de los laboratorios nacionales al Capítulo II del Tratado bajo el argumento de que facilitaría los monopolios extranjeros, encarecería los medicamentos y vulneraría la soberanía sanitaria del país. Finalmente el Gobierno accedió a dejarlo “en reserva” y pudo destrabar el dictamen.

Por último, el cuerpo pondrá en debate un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la República de Singapur. En este caso, dado que está involucrado el bloque regional, se espera lograr un amplio consenso.

Luego de los cuatro proyectos de interés para la Casa Rosada llegará el turno de una docena de iniciativas presentadas por los bloques aliados y dialoguistas. Entre ellos se destacan la rebaja del IVA a la fécula de Mandioca -un reclamo de los misioneros-, la declaración de San Juan como cuna de Sarmiento y capital nacional de la Educación, de la provincia de Santa Cruz como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías y de Tucumán como Capital Nacional del Ecoturismo.

El temario también incluirá la declaración de San José de los Cerrillos (Salta) como Capital Nacional del Cerdo Negro, Caá Catí (Corrientes) como Capital Nacional de la Producción Bubalina y San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina cada 9 de Julio. Además se ampliarán las cámaras federales de apelaciones en Tucumán y Mar del Plata. En su mayoría se trata de iniciativas sin costo fiscal pero con valor simbólico o estratégico para los diputados provinciales a nivel local. Con estos gestos, el oficialismo espera sumar apoyos entre los bloques Argentina Federal (Misiones y Salta), Producción y Trabajo (San Juan), Por Santa Cruz, Independencia (Tucumán), Adelante Buenos Aires y Córdoba Federal.

Durante la tarde de este martes, el oficialismo informó una nueva ampliación del temario para sumar la denominada Ley Joaquín, por la trágica muerte de una niño de 12 años que fue aplastado por un arco de fútbol sin amarre en Junín de los Andes.

La iniciativa, que propone reforzar las medidas de seguridad en la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos deportivos de fútbol, hockey, handball, rugby, aros de básquet, postes de red de vóley y juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados, fue originalmente presentada por la diputada peronista Luciana Potenza (Unión por la Patria) y su dictamen fue firmado unánimemente.

“Vamos a ver qué hace el kirchnerismo”, ironizaron fuentes libertarias. En ese sentido, señalaron que la inclusión de este proyecto podría colaborar en el sostenimiento del quórum una vez iniciada la sesión.

En la previa de la sesión, la oposición evaluaba si convenía pedir una ampliación de temario o una moción para emplazar a las comisiones a tratar alguno de los 34 proyectos sobre la problemática del endeudamiento familiar. En caso de llegar a las 129 votos afirmativos, quedaría en evidencia que cuentan con los votos para convocar a una sesión especial en el futuro. Sin embargo, si el tablero muestra que están lejos del quórum, el Gobierno podría capitalizar una nueva señal de debilidad y descoordinación de la oposición.

Luego de las críticas por parte del Ejecutivo, tres diputados retiraron las solicitudes de interpelación contra tres de los 12 ministros del gobierno de BernardoArévalo, que esperan su turno para un juicio político en el Congreso de Guatemala.

La decisión se tomó en medio de una interpelación al titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Abelardo Pinto, la cual lleva ya nueve meses sin lograr ningún avance, por lo que el Ejecutivo ha calificado, incluso, estas citaciones legales como una “extorsión”.

La decisión de retirar las peticiones de antejuicio fue conocida este día en el plano del Legislativo, cuando los diputados fue notificado de que Pablo Cifuentes desistió de interpelar al ministro de Salud, Joaquín Barnoya; Carlos Calderón hizo lo propio con la ministra de Economía,Gabriela García; y José Chic retiró el proceso contra la ministra de Trabajo,Miriam Roquel.

El cambio ocurre dentro de un calendario más amplio: el Congreso había programado 28 procesos contra 12 de los 14 ministros, con audiencias previstas entre el 27 de agosto y el 22 de octubre. La retirada de tres expedientes modifica ese cronograma, pero no cierra el pulso entre el Legislativo y el Ejecutivo.

El Congreso alteró el cronograma de juicios políticos previsto para los próximos meses

Las solicitudes contra García y Barnoya estaban programadas para iniciar este jueves 27 de agosto. El presidente del Congreso, Luis Contreras, informó este lunes que ambas fueron desestimadas.

La decisión deja sin efecto el arranque de esos cuestionamientos esta misma semana. En el caso de Economía, la solicitud había sido presentada por el diputado Carlos Roberto Calderón; en el de Salud, por el congresista Pablo Cifuentes.

Las acciones promovidas contra los ministros han presionado fuertemente al Ejecutivo, ya que cada martes los funcionarios deben de asistir sin falta al Congreso para esperar el inicio de su juicio político, hecho que ha sido criticado por el presidente guatemalteco.

El mecanismo sigue abierto contra otros ministros y mantiene la tensión con el Ejecutivo

No obstante, la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), específicamente la diputada Teresita de León, hija de la excandidata a la presidencia Sandra Torres, es la que concentra la mayoría de la interpelaciones contra los ministros, seguida por el jefe de bancada José Inés Castillo solicitó específicamente la comparecencia de la ministra de Ambiente, Patricia Orantes.

Uno de los procesos que sigue en curso es el del ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto. Esa interpelación comenzó el 13 de noviembre de 2025, se encuentra en la fase de preguntas adicionales y todavía hay diputados pendientes de participar.

La mayoría de las veces, los procesos se suspenden por falta de quórum. Incluso, el presidente del Congreso afirmó que lo mejor era retirar las peticiones de antejuicio.

La extensión de estos procedimientos alimentó críticas dentro y fuera del Congreso. Sonia Gutiérrez, diputada de Winaq, cuestionó durante la instancia de jefes de bloque que no se hayan alcanzado consensos y señaló que este mecanismo de fiscalización ha sido tergiversado.

El presidente Bernardo Arévalo defendió el derecho del Congreso a fiscalizar, pero cuestionó que el recurso termine afectando la gestión gubernamental. Citado por el medio, también calificó su uso como un “abuso” y puso en duda si las solicitudes buscan frenar el trabajo del Gobierno o se utilizan como herramienta de “presión”.

La salida de tres interpelaciones no desactiva ese enfrentamiento. Lo que deja es una nueva incertidumbre en el Congreso: si otros diputados seguirán el mismo camino y retirarán sus procesos o si mantendrán los cuestionamientos pendientes contra los ministros.

En la antesala de una serie de sesiones clave para el futuro de las reformas que impulsa el Gobierno, el presidente Javier Milei encabezó este martes una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, con el objetivo de coordinar la estrategia legislativa y fortalecer el mensaje oficial de cara a la sociedad.

“Es alguien que explica muy bien las cosas y eso también nos da herramientas a nosotros para hacerlo después, porque cuando entendés de lo que se trata, es más fácil transmitirlo”, aseguró uno de los asistentes a la salida del encuentro.

Según pudo saber Infobae, durante la exposición, que duró casi dos horas, el mandatario nacional defendió los proyectos que tiene en carpeta el Poder Ejecutivo y el rumbo de la economía, y les pidió a los legisladores que hicieran lo mismo en los medios y ante sus pares.

Por esta razón, los invitó también a los ministros de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para que den las precisiones pertinentes sobre sus iniciativas parlamentarias y respondan preguntas de los presentes.

En el evento estuvieron, además, la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara baja, Martín Menem; el secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Tan solo un poco antes, todos ellos se reunieron también en el marco de la mesa política, en la que analizaron durante más de tres horas -pero internamente- la situación en ambos recintos del Congreso.

En esa oportunidad estuvo además la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien regresó más tarde a Balcarce 50 para escuchar las palabras del mandatario nacional, aunque por compromisos de agenda se demoró un poco.

“Fue un muy lindo encuentro, en el que nos habló y también nos dio espacio a nosotros para expresarnos, lo que no es poco. También nos explicó por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos y por qué defendemos lo que defendemos”, señaló a este medio otra de las personas que participó del acto.

Además, el jefe de Estado les reclamó a los invitados que tengan más exposición y que “salgan a desmentir la mentira, que es siempre ajena a los datos”, especialmente en lo que respecta a discusiones como la morosidad.

Esto fue exactamente lo que hizo la diputada Patricia Vázquez, una de las protagonistas de la jornada que frenó ante las cámaras en la puerta de la Casa Rosada y ratificó la postura del Gobierno respecto de ese tema: “Es un problema de los que tomaron deuda“, señaló.

La reunión comenzó con el discurso de Milei, en el que insistió con que su administración no va a modificar el rumbo económico y cuestionó duramente a los “mercados repugnantes”, a los que vinculó con el kirchnerismo.

Posteriormente, fuentes oficiales emitieron un comunicado en el que marcaron que el mandatario “explicó que una de las principales estrategias de la oposición consiste en instalar determinados temas” que son “capaces de generar división en la sociedad y ser utilizados como ejes de confrontación política”.

“Señaló que buscan encapsular distintos segmentos del electorado y convertir situaciones concretas de la economía o de la vida cotidiana en conflictos políticos”, detallaron sobre la exposición.

En este sentido, se refirió a los cuestionamientos sobre la morosidad y sostuvo que “es necesario analizar los datos y las causas detrás de cada situación, sin convertirlas en un problema macroeconómico”.

Asimismo, destacó que “la consistencia de la política fiscal y monetaria y remarcó que la Argentina lleva 27 meses consecutivos de crecimiento”.

Además, compartió conceptos desarrollados en sus últimas exposiciones ante el Council of the Americas y la Bolsa de Comercio de Rosario, vinculados con “los desafíos económicos y políticos que enfrenta el Gobierno”.

Según revelaron a este medio otros presente, además de Milei solamente tomaron la palabra en un momento Martín Menem y Bullrich para aclarar algunas cuestiones vinculadas a la situación en las Cámaras de Diputados y de Senadores, respectivamente.

Antes de retirarse, el Presidente les regaló a todos el libro La economía en una lección, del periodista y filósofo libertario Henry Hazlitt, una de las obras que más cita Milei. Fue una versión que cuenta con el prólogo del él mismo y de Walter Block.

“Nosotros no hablamos pavadas, cuando lo hacemos es siempre desde una ideología, por supuesto, pero con sustento. Eso es lo que le da a nuestras reformas un trasfondo“, agregó un legislador que también asistió.

Tal como había anticipado este medio, el mandatario nacional decidió ponerse una más al frente de la arenga antes de que en el Congreso comiencen a debatirse proyectos como la carta orgánica del Banco Central (BCRA), Inocencia Fiscal II o la ley Hojarasca, que el Poder Ejecutivo considera prioritarios.

Al respecto, uno de los legisladores que este miércoles estará en la votación de la Cámara baja se mostró confiado: “Tenemos los números, va a salir todo. Para eso trabajamos”.

Los invitados comenzaron a llegar a Balcarce 50 poco antes de las 16:30, una hora antes de la cita a la que fueron convocados para escuchar las palabras del líder libertario en el Salón Héroes de Malvinas.

Esto fue un pedido explícito de la cúpula, que les solicitó que arribaran con al menos 45 minutos de margen para organizar el espacio, teniendo en cuenta la cantidad de personas que asistirían.

Los únicos que no pudieron llegar fueron el diputado Sebastián Pareja y el senador Agustín Coto, debido a que estaban participando en es mismo momento de un encuentro de la comisión bicameral de Inteligencia.

En esa sesión informativa también estaba el diputado Gabriel Bornoroni, pero en su caso abandonó el Congreso para dirigirse a la Casa Rosada, ya que tenía el compromiso de ir a la exposición del Presidente por ser el jefe del bloque.

Cuando arribaron, todos los legisladores tuvieron que dejar sus celulares en la entrada, dentro de un sobre con sus respectivos nombres, una medida que ordenó el mandatario para evitar filtraciones.

En Diputados, la bancada liderada por Bornoroni tiene la meta de conseguir este miércoles la media sanción para la mencionada medida del BCRA e Inocencia Fiscal II, que aparecen hoy como las normas que más obsesionan al Presidente.

También se debatirá la ley el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur, Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y la denominada “Ley Joaquín”, una propuesta para prevenir accidentes deportivos que es impulsada por el PRO.

En el Senado, en tanto, Bullrich espera convocar a una sesión para el jueves con la intención de debatir Hojarasca, 60 pliegos judiciales que continúan pendientes y proyectos sobre “zonas frías” y “zonas cálidas”, entre otras cuestiones.

El presidente Javier Milei retomó la agenda en la Casa Rosada el lunes luego de varias semanas en la Quinta de Olivos: frente a su Gabinete, el jefe de Estado ratificó el rumbo económico y descartó cualquier tipo de ayuda para las familias endeudadas. De hecho, para el Poder Ejecutivo no existe una crisis de morosidad, pese a los últimos indicadores récord registrados.

Este martes Milei encabezará una nueva cumbre con diputados y senadores de La Libertad Avanza antes de las sesiones previstas para esta semana en el Congreso de la Nación.

Tal como informó Infobae, el encuentro se realizará este martes a partir de las 17:30 en el Salón Héroes de Malvinas, como ocurrió a mediados de julio pasado, cuando el mandatario nacional presentó el proyecto para la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Se trata de un único acto en el que estarán tanto los integrantes del bloque de diputados como el de senadores, que esta semana buscarán avanzar con varias de las iniciativas que el Poder Ejecutivo tiene en carpeta. A todo esto, a pocos metros y tras la cumbre con los legisladores, en las oficinas del extinto Ministerio del Interior, se juntará la mesa política para definir los pormenores de la estrategia en el Congreso.

Entre los funcionarios que participarán del encuentro con los legisladores estarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Desde el entorno de los funcionarios que asistirán a la cita, celebran que este tipo de convocatorias con la presencia del propio jefe de Estado son “charlas profundas sobre ideas” en las que “se marca un poco el norte” de lo que la cúpula libertaria busca en el Congreso, según precisaron fuentes del espacio.

En la Cámara de Diputados, la bancada liderada por Gabriel Bornoroni tiene como meta conseguir este miércoles la media sanción para la reforma de la Carta Orgánica del BCRA e Inocencia Fiscal II, los dos proyectos que más obsesionan al Presidente. Quienes están detrás de esta tarea confían en que, “a priori, están los votos” para que ambas iniciativas salgan, aunque hay expectativa sobre el comportamiento del PRO, con el que LLA atraviesa una etapa de acercamiento.

Además de esas dos normas, Bornoroni también impulsa la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), aunque este último deberá volver al Senado por haber sufrido modificaciones.

Respecto al segundo encuentro conjunto entre LLA y el PRO, Santilli y los primos Menem coordinan con referentes del partido amarillo una nueva reunión que, al cierre de esta nota, todavía no tenía fecha ni hora confirmada, aunque fuentes del espacio indicaron a Infobae que “lo más probable es que se haga el jueves por la tarde”.

En el Senado, la situación es más compleja. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta, anunció la convocatoria a Labor Parlamentaria para el miércoles con el objetivo de sesionar el jueves. La agenda tentativa incluye la ley Hojarasca, 60 pliegos judiciales pendientes, proyectos sobre zonas frías y cálidas, y la posible discusión de una iniciativa sobre mercado de carbono que implicaría fondos para provincias y privados.

Sin embargo, la resistencia de las bancadas dialoguistas complica el armado. Un referente aliado sintetizó la tensión en declaraciones a Infobae: “Voy a venir igual, pero no soy empleado del Gobierno. Siguen sin entenderlo. Además, ya es más que evidente que los dialoguistas estamos quedando dentro de una interna ajena, con operaciones sin cesar”.

Otro punto de tensión interna es la eliminación de las PASO: en el entorno de Bullrich predomina el pesimismo sobre la viabilidad de reunir los votos necesarios, mientras que sectores cercanos a Karina Milei sostienen que continúan trabajando en la búsqueda de apoyos. Ambas facciones coinciden en que el debate podría celebrarse entre septiembre y octubre.

La ofensiva legislativa se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno para recuperar la iniciativa política. Durante la última reunión de la mesa política, sus integrantes analizaron con preocupación la necesidad de “volver a enamorar” a una porción del electorado que parece haber tomado distancia, con especial atención en la merma de apoyo entre los jóvenes.

Para acompañar cada debate parlamentario, el oficialismo trabaja en la conformación de un “bloque comunicacional” con voceros que expongan los detalles de cada proyecto en medios y cuyas intervenciones sean luego amplificadas en redes sociales. “Va a haber una coordinación mayor a nivel medios y redes. La idea es que haya más voceros oficiales que sean los que muevan en medios el discurso, que esos recortes puedan llevarse a las redes y que la tropa digital lo viralice”, describió un integrante de la mesa política a este medio.

En paralelo, Milei tiene previsto disertar este jueves sobre ética e inteligencia artificial ante alumnos de los últimos años del Colegio ORT, en una de las acciones orientadas a reconectar con el segmento joven.

El oficialismo convocó a una sesión en la Cámara de Diputados el próximo miércoles y el temario dejó en evidencia el renovado interés de la Casa Rosada por congraciarse con los gobernadores dialoguistas, en medio de señales cruzadas que anticipan un distanciamiento.

Si bien el plato fuerte serán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, los libertarios dieron el visto bueno y comprometieron sus votos para aprobar la rebaja del IVA a la fécula de Mandioca -un reclamo de los misioneros-, la declaración de San Juan como cuna de Sarmiento y capital nacional de la Educación, de la provincia de Santa Cruz como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías y de Tucumán como Capital Nacional del Ecoturismo.

Por otro lado, la declaración de San José de los Cerrillos (Salta) como Capital Nacional del Cerdo Negro, Caá Catí (Corrientes) como Capital Nacional de la Producción Bubalina y San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina cada 9 de Julio. También se ampliarán las cámaras federales de apelaciones en Tucumán y Mar del Plata. En su mayoría se trata de iniciativas sin costo fiscal pero con valor simbólico para los diputados provinciales a nivel local.

En esa misma línea, los libertarios también reconocieron que están evaluando un pedido de las provincias para “federalizar” el directorio del Banco Central. La concesión de designar directores “por regiones” para dotar a la entidad de “mayor representatividad” podría ser la llave para garantizar una victoria legislativa.

No es casual que la nueva predisposición del oficialismo a abrir el temario de las sesiones y aceptar cambios en los proyectos ocurra en medio de claras señales de distanciamiento de los bloques que hasta el momento funcionaron como aliados y posibilitaron los principales éxitos legislativos del Gobierno.

La primera señal de alerta fue la reticencia a votar las reformas de la ley de tierras y de la ley de manejo del fuego que desembocó hace dos semanas en un duro revés para los libertarios en el Senado. El endurecimiento fue notorio e incluso llevó a que senadores que meses atrás habían adelantado su apoyo a ambas iniciativas votaran en contra, como el caso de los salteños.

Este martes, los gobernadores del norte exigieron que el ministro de Economía Luis Caputo acordara en persona el nuevo esquema de subsidios eléctricos a las Zonas Cálidas como condición para destrabar la reducción que pretende el gobierno a los subsidios al gas en las Zonas Frías. A diferencia de lo que pasó en Diputados, donde el proyecto ya obtuvo media sanción, las simples promesas de Gobierno no fueron suficientes para las provincias, que reclamaron acciones concretas.

Por otro lado, los gobernadores de Misiones y Salta adelantaron que la semana que viene reorganizarán su bloque de diputados, hoy llamado Innovación Federal, para abandonar la posición de aliados automáticos y empezar a discutir “ley por ley” con la Casa Rosada. A modo de ejemplo, la semana pasada los misioneros exigieron que primero el oficialismo firmara el dictamen de su proyecto para bajar el IVA a la fécula de mandioca a cambio de acompañar, algunas horas más tarde, el dictamen de la reforma del Banco Central.

A su vez, el gobernador misionero Hugo Passalacqua recibió en su provincia a varios referentes del Peronismo Federal: los diputados Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, el intendente Federico Achával y el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos. Las fotos del encuentro fueron ampliamente difundidas y se decodificaron como un gesto de acercamiento con la oposición.

Los gobernadores del norte, donde también tienen un rol preponderante el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, usuales aliados de la Casa Rosada, también dejaron trascender sus intenciones de negociar en grupo junto con misioneros y salteños.

Cerca de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, aseguran que los gobernadores no se pasarán a las filas de la oposición dura porque “comparten el rumbo general” del Gobierno. No obstante, reconocen que la negociación del Presupuesto 2027 será “tensa”, ya que no alcanzará con gestos simbólicos y los reclamos de las provincias se vienen acumulando.

Por otro lado, la reconfiguración de la alianza con los gobernadores se pondrá a prueba a partir del mes que viene, cuando se comience a debatir la eliminación de las PASO. Un objetivo central para allanar el camino hacia la reelección de Milei.

Los diputados del norte habían explicado a Infobae que todavía no habían definido una posición respecto a la eliminación de las primarias y aclararon que seguramente será una decisión “en conjunto” de varios mandatarios.

Por eso aclararon que los dichos del diputado Bernardo Biella, que adelantó este miércoles en LN+ que votará a favor de la eliminación de las PASO porque también acompañó la derogación de las primarias a nivel local cuando fue diputado provincial, eran a título personal y no reflejan un posicionamiento del bloque. “Él es así, hace esas cosas, en otros proyectos ya ha marcado diferencia”, recordaron en referencia a que fue el único de los salteños cercanos a Gustavo Sáenz que votó en contra de la reforma del régimen de Zonas Frías.

Los gobernadores del norte podrían encolumnar unos 15 diputados (4 de Misiones, 3 de Salta, 2 de San Juan, 3 de Catamarca, 3 de Tucumán) fundamentales para el Gobierno a la hora de alcanzar el quórum. Especialmente si se tiene en cuenta que los principales proyectos de este año fueron aprobados con muy poco margen.

Los diputados oficialistas del Partido Pueblo Soberano (PPSO) rechazaron una moción que pretendía habilitar una vía rápida para el proyecto de ley 25.003, iniciativa relacionada con la devolución de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).

La votación terminó con 29 diputados en contra y 22 a favor, una diferencia que permitió al oficialismo bloquear la posibilidad de acelerar el trámite de la propuesta y provocó fuertes cuestionamientos desde las bancadas de oposición.

El debate estuvo marcado principalmente por los señalamientos sobre la posición que mantuvo durante la campaña electoral la presidenta de la República, Laura Fernández, y la decisión que tomó ahora la bancada oficialista frente a una iniciativa para permitir la entrega de los recursos acumulados en el ROP.

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, abrió su intervención precisamente con ese argumento. El legislador sostuvo que la mandataria había expresado durante la campaña su respaldo a la devolución de estos recursos y reclamó al oficialismo cumplir con esa posición.

“Llegó la hora de cumplir, la presidenta Fernández en campaña electoral dijo ‘estoy absolutamente de acuerdo con la devolución del ROP’”, afirmó Ramírez.

El diputado agregó que, desde su perspectiva, “si nosotros ofrecimos una cosa en campaña tenemos la obligación de cumplirla en gobierno”, al considerar que se trata de una promesa que la presidenta habría planteado a los electores.

Oposición acusa contradicciones al oficialismo

La discusión parlamentaria estuvo acompañada por la presencia de personas en las barras del Congreso que se manifestaban a favor de la devolución del ROP. Diputados del PLN y del Frente Amplio (FA) utilizaron esa presencia para reforzar sus argumentos a favor de acelerar la discusión del proyecto.

La diputada frenteamplista Vianey Mora pidió a los legisladores oficialistas “tocarse el corazón” y puso como ejemplo la situación de una adulta mayor que, según relató, podría perder su vivienda por una deuda de ¢3 millones (USD 6,600)

La legisladora también sostuvo que la devolución de estos recursos no pondría en peligro las finanzas, uno de los puntos de discusión entre quienes defienden y quienes cuestionan la posibilidad de entregar anticipadamente los fondos.

Ramírez, por su parte, calificó la devolución del ROP como un derecho que debía cumplirse y la presentó como una “causa de justicia social”.

El jefe de fracción liberacionista afirmó además que existen más de 90,000 personas esperando una respuesta de la Asamblea Legislativa.

Según su argumento, los recursos podrían ser utilizados para atender necesidades concretas de las personas, como financiar operaciones médicas, remodelar una vivienda o resolver otras necesidades económicas. Ramírez también recordó que el propósito original del ROP está relacionado con garantizar una mejor calidad de vida durante la vejez.

Nogui Acosta defiende rechazo y califica propuesta de populista

La defensa de la posición oficialista estuvo a cargo del jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano, Nogui Acosta, quien rechazó los argumentos de la oposición y cuestionó la propuesta de devolución.

Acosta sostuvo una posición centrada en la naturaleza previsional de los recursos y rechazó la idea de que el ROP pueda ser entendido simplemente como un ahorro disponible para ser retirado.

“El hecho de que tengan una cuenta individual no representa que sea un ahorro. Nunca nació como un ahorro, nació como una pensión”, afirmó el diputado.

El legislador también consideró que algunos de los argumentos planteados durante el debate favorecían una visión que, a su criterio, debilitaría el objetivo del régimen.

Acosta llegó incluso a calificar de “populista” la propuesta defendida por sectores de la oposición.

Pero el enfrentamiento no terminó ahí. Parte de la discusión se trasladó directamente a las declaraciones atribuidas a Laura Fernández durante la campaña electoral.

El jefe de fracción oficialista aseguró que la presidenta no prometió entregar el ROP y acusó a los legisladores opositores de poner palabras en boca de la mandataria.

La diputada del PLN Joselyn Sáenz y el legislador del Frente Amplio Antonio Trejos respondieron a Acosta y defendieron que Fernández sí había expresado durante la campaña una posición favorable a la entrega de los recursos.

De esta manera, el debate sobre el ROP terminó convertido también en una disputa política sobre qué fue lo que realmente ofreció la actual presidenta durante la campaña electoral.

El enfrentamiento político entre el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y su antiguo jefe político Carlos Rovira (histórico referente del Frente Renovador de la Concordia) tendrá efectos muy concretos en el Congreso y podría afectar el delicado esquema de alianzas del gobierno de Milei. El miércoles de la semana que viene, en la previa de la sesión donde se debatirán la reforma del BCRA y la Inocencia Fiscal II, el bloque de diputados Innovación Federal dejará de existir para dar lugar a un nuevo espacio que responderá directamente a los mandatarios de Misiones y Salta.

La nueva bancada continuará casi con los mismos integrantes, cuatro diputados de Misiones -Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik- y tres de Salta -Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega-, pero ya no será presidida por Arrúa sino que quedará bajo la conducción de Herrera Ahuad (también ex gobernador). Si bien aclararon que las negociaciones no están cerradas, serán excluidos el puntano Claudio Álvarez y el formoseño Gerardo González, ex libertarios y con buena sintonía con el gobierno nacional. “No nos sirve que vengan a defender cosas de la General Paz para adentro, tienen que defender la agenda federal y regional”, explicaron ante la consulta de Infobae.

A pesar de que los integrantes del bloque seguirán siendo virtualmente los mismos, el principal cambio político radica en su alineamiento total con Passalacqua y Gustavo Saénz, en detrimento de la influencia que supo tener Carlos Rovira, ex gobernador y hombre fuerte de la política misionera. En particular de los diputados Alberto Arrúa y Daniel Vancsik, que eran los más cercanos al fundador del Frente Renovador de la Concordia.

En lo que va del gobierno de Milei, Rovira aportó en más de una oportunidad votos clave para la aprobación de las leyes impulsadas por el oficialismo. En cambio, el nuevo espacio buscará “negociar ley por ley” sin encerrarse en un alineamiento automático con la Casa Rosada. “Ya no vamos a negociar por un ATN, ahora se va a negociar por políticas públicas”, sintetizaron a Infobae desde el nuevo espacio. En esa línea, aclararon que las conversaciones en torno a una eventual eliminación de las PASO “están totalmente abiertas a negociación”, aunque también señalaron que probablemente no será una decisión individual de ningún gobernador, sino un posicionamiento colectivo.

Una primera muestra del impacto que podría tener un reposicionamiento de misioneros y salteños se vio hace dos semanas, cuando su rechazo a votar la Ley de Tierras fue el puntapié inicial del duro revés que sufrieron los libertarios en el Senado. En esa sesión tuvieron que retirar dos capítulos del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Según pudo saber Infobae, la nota formal para conformar el nuevo bloque será enviada a las autoridades de la Cámara de Diputados el próximo miércoles antes del inicio de la sesión convocada por los libertarios y los gobernadores Passalacqua y Sáenz viajarían para participar de la presentación en sociedad. El nuevo espacio aún no tiene nombre definido pero una de las opciones tentativas es Movimiento Por Lo Que Viene, el mismo nombre del flamante espacio de Passalacqua a nivel provincial.

Por otro lado, los misioneros adelantaron que el bloque funcionará de una forma más coordinada con los senadores de su provincia, que ahora también responden al gobernador.

En la Cámara alta el reordenamiento fue un poco más desprolijo ya que tras la ruptura oficial la senadora Sonia Rojas Decut armó el monobloque Movimiento por Misiones, alineado a Passalacqua, mientras que Carlos Arce continuó con el sello Encuentro Misionero, bajo la órbita de Rovira. Sin embargo, a los pocos días Arce fue seducido por el gobernador y anunció que se sumará al bloque de Rojas Decut.

La primera prueba de la nueva lógica de negociación que buscan imponer los misioneros será justamente el próximo miércoles, con la incorporación al temario de la sesión del proyecto para reducir el IVA del 21% al 10,5% a la mandioca. “Es algo que casi no tiene impacto fiscal, le sirve a la economía regional y es un gesto con los aliados”, habían explicado los libertarios cuando apoyaron el dictamen.

El diputado Alfredo Pacheco fue ratificado por unanimidad al frente de la Cámara de Diputados de República Dominicana para el período legislativo 2026-2027, una continuidad que mantiene intacto el bufete directivo y que, según el propio legislador, busca sostener una conducción apoyada en el respeto al disenso, el diálogo y la pluralidad política.

La ratificación se produjo en una sesión celebrada el 16 de agosto de 2026, una fecha que Pacheco vinculó con el 163 aniversario de la Restauración de la República Dominicana. En ese marco, sostuvo que la renovación del equipo directivo coincidió con una jornada “cargada de historia” para el país.

De acuerdo con el portal institucional, Pacheco seguirá acompañado por la misma dirección del período anterior. El bufete directivo quedó integrado por la diputada Dharuelly D’Aza como vicepresidenta y por Eduviges María Bautista Gomera y Julio Emil Durán Rodríguez como secretarios.

La Cámara de Diputados mantuvo sin cambios su dirección para el nuevo período

La elección confirmó a Pacheco en la presidencia de la cámara baja sin modificaciones en la estructura principal de mando. El legislador fue juramentado por el diputado de mayor edad, Miguel Espinal, antes de pronunciar su discurso de toma de posesión.

En esa intervención, el presidente reelecto definió al órgano legislativo como “casa de la democracia, escenario del debate nacional y sobre todo un espacio donde se exprese con legitimidad la pluralidad política de la República Dominicana”. La cita, reproducida por el diario, fijó el tono institucional de su nuevo mandato.

Pacheco también dirigió un reconocimiento a los voceros salientes de los distintos bloques partidarios. Afirmó que el trabajo conjunto con la presidencia durante el último año permitió desarrollar una labor que consideró de gran importancia.

El legislador planteó además cuál será la línea de gestión desde la presidencia de la cámara. Dijo que continuará promoviendo una labor legislativa organizada, transparente, productiva y respetuosa del reglamento, con garantías para que cada diputada y cada diputado expresen sus posiciones y con una orientación hacia resultados.

Pacheco vinculó su reelección con el respeto al debate y la fecha de la Restauración

En uno de los pasajes centrales de su mensaje, Pacheco resumió su visión sobre el funcionamiento democrático del Congreso. “Yo estoy convencido que la democracia se fortalece cuando el disenso se ejerce con respeto y cuando el diálogo se impone por encima de cualquier causa”, afirmó.

Ese planteo apareció como una definición directa sobre el criterio con el que buscará conducir la Cámara de Diputados en el nuevo período. El legislador colocó el intercambio político y el respeto entre posiciones distintas en el centro de su mensaje tras la ratificación. Según la publicación, Pacheco agradeció su nueva elección a la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, al Partido Revolucionario Moderno y al presidente Luis Abinader, a quien mencionó por la confianza depositada en él.

Al referirse al aniversario de la Restauración, sostuvo que la Gesta Restauradora fue “una afirmación de la dignidad nacional” y la decisión de hombres y mujeres que entendieron que el país debía ser libre, independiente y dueño de su destino.

El traspié que sufrió el Gobierno en el Senado, con la caída de la ley de tierras, aumentó la presión sobre el oficialismo en la Cámara de Diputados, donde buscará asegurarse una victoria en la próxima sesión del 26 de agosto para demostrar que el esquema de alianzas políticas que supo construir con bloques dialoguistas y gobernadores sigue intacto. El temario incluirá los proyectos de Inocencia Fiscal II, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un reducción del IVA a la fécula de mandioca, un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

“La única prioridad es la sesión del 26, hasta que no esté cerrada esa sesión, no vamos a empezar a negociar el proyecto de Propiedad Privada”, explicaron desde el bloque violeta, donde ya se empieza a hablar sobre los próximos debates de alto impacto político: el Presupuesto 2027, la eliminación de las PASO, la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos y la reforma del mercado de capitales.

Fuentes del bloque que conduce Gabriel Bornoroni se mostraron confiados de poder conseguir la media sanción de los dos proyectos que más le interesan a la Casa Rosada, la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal y la reforma del BCRA. El camino parece despejado ya que los bloques aliados y algunos gobernadores ya dieron el visto bueno a la hora de firmar los dictámenes de comisión. No obstante, cualquier votación se puede complicar a último momento.

En relación a este punto, los libertarios reconocieron que están evaluando un pedido de las provincias para “federalizar” el directorio del Banco Central. El reclamo de los gobernadores es la designación de directores por regiones para dotar a la entidad de mayor representatividad. Según pudo saber Infobae, el oficialismo estaría evaluando hacer concesiones para garantizar la victoria legislativa.

Tras la sesión del miércoles 26, cerca de Martín Menem anticiparon que el próximo proyecto en entrar será el de reforma del mercado de capitales. Al mismo tiempo, anticipan que la discusión por el Presupuesto 2027, que debe presentarse formalmente el 15 de septiembre, va a ser muy “tensa” por los clásicos reclamos de obras y fondos en la previa del año electoral. El propio presidente Milei “probablemente” presentará el proyecto en el recinto, tal como hizo el año pasado.

En cuanto a la negociación para eliminar las PASO, los libertarios se muestran sin apuro y deslizan que “hay tiempo hasta diciembre”. Confían en que la propuesta de incluir listas de adhesiones (popularmente llamadas colectoras) será suficiente para convencer a todos los gobernadores que no tienen un candidato a presidente que les traccione votos en sus distritos. “Están de acuerdo con el rumbo general”, explicaron. Y también señalaron que “La Libertad Avanza tiene candidatos y votos en todos los distritos” y los “hará valer” en la negociación, ya que la promesa de no poner candidatos competitivos y despejar el camino para la reelección de los gobernadores aliados se perfila como la principal prenda de negociación para voltear las primarias y apuntar a una victoria en primera vuelta.

Durante la próxima semana, el oficialismo terminará de elaborar el temario de la sesión porque todavía no se descarta sumar algún otro proyecto de los bloques aliados como el PRO o Provincias Unidas, siempre y cuando no implique costos fiscales significativos. Esa fue la recomendación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que continúa incansablemente con sus reuniones con mandatarios provinciales para recibir reclamos, coordinar agendas y sumar votos a las iniciativas de la Casa Rosada.

La derrota parcial en el Senado con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tuvo consecuencias inmediatas dentro del Gobierno.

Este martes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reunió a la mesa política en la Casa Rosada con una novedad: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue convocado por primera vez como invitado al encuentro. El mensaje fue directo: de ahora en más, todas sus iniciativas deberán pasar por ese filtro antes de llegar al Congreso.

La sesión del jueves pasado en la Cámara alta dejó una herida difícil de disimular. Para evitar el naufragio completo del proyecto impulsado por Sturzenegger, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, debió retirar del texto dos capítulos centrales: el que modificaba la ley de Tierras —que habilitaba la compra de campos por parte de extranjeros sin los límites actuales— y el que alteraba el régimen de Manejo del Fuego. “Las leyes con miles de temas no van más, trae problemas”, señalaron desde el Gobierno. Lo que quedó en pie fue una versión recortada a tres ejes: restricciones a la expropiación estatal, aceleración de desalojos y digitalización del Registro de la Propiedad Inmueble. Dentro del oficialismo, el episodio fue leído como una derrota con media sanción de por medio.

El cuestionamiento interno apuntó a un problema de método: el proyecto de reforma de la ley de Tierras se redactó sin pasar por ningún análisis político previo. “El coloso” lo filtró y lo publicó en la red social X sin avisar a los legisladores. La queja se extendió también al decreto 690/2026, con el que Sturzenegger intentó desregular los servicios de practicaje y pilotaje en los puertos, y que derivó en un paro con pérdidas millonarias para el sector.

La reunión del martes, que se extendió por casi tres horas, sirvió para reordenar el calendario parlamentario y establecer una nueva jerarquía de prioridades.

La reunión del martes, que se extendió por casi tres horas, sirvió para reordenar el calendario parlamentario y establecer una nueva jerarquía de prioridades.

En ese sentido, el Gobierno definió que no quiere más ruido parlamentario y estableció sus prioridades: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central —calificada por el presidente Javier Milei como prioridad absoluta— y la nueva versión de Inocencia Fiscal 2 encabezan la lista. El oficialismo obtuvo dictamen esta semana en comisión y apunta a una sesión en Diputados para el 26 de agosto. También se incluyó en el radar la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.

En cuanto a Diputados, en el Senado todo el esfuerzo apuntará a la reforma política con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que el Gobierno aspira a debatir en septiembre, pero que enfrenta resistencias dentro de los bloques aliados. Zonas Frías, con media sanción en Diputados, aguarda turno en el Senado aunque por ahora sin fecha clara. Proyectos como el Súper RIGI, la reforma de Salud Mental, la Ley de Sociedades y el de Ludopatía de La Libertad Avanza permanecen sin fecha de tratamiento.

La reunión con los representantes del PRO apuntó, aunque lo nieguen, a avanzar con la eliminación de las PASO. El problema es que los amarillos solo tienen tres votos en el Senado y con ellos solos no alcanzan. Las conversaciones giraron en torno a cómo sumar al resto, con el esquema de prioridades y los plazos establecidos como marco.

El resto de la agenda legislativa del Gobierno acumula proyectos en espera. La ley de Hojarasca —que modifica o deroga cerca de 70 leyes— vio cómo el Senado desactivó la sesión prevista para este jueves, en la que era el único tema a tratar. Originalmente fijada para el 8 de agosto, esa instancia nunca llegó a concretarse.

Milei salió públicamente a respaldar a su ministro, y el vocero presidencial Adrián Ravier reafirmó en conferencia de prensa que Sturzenegger cuenta “con el respaldo del Presidente y de todo el Gobierno”. Lo que no obtuvo el funcionario fue una foto de respaldo de la mesa política: asistió a la reunión por convocatoria de Karina Milei, no por iniciativa propia. En el encuentro se definió priorizar el proyecto para reformar el mercado de capitales, mientras que las iniciativas aún no ingresadas al Parlamento quedarán para etapas posteriores.

El único engranaje del Gobierno que parece funcionar sin fricciones en el Congreso es el de las designaciones. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que el Poder Ejecutivo envió 203 pliegos judiciales al Senado en un año de gestión, un récord desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994. De ese total, 103 ya fueron aprobados en dos sesiones: 74 el 4 de junio y 29 el 16 de julio.

La diputada nacional Gabriela Luciana Mabel Muñoz (LLA) presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación Argentina un proyecto de ley que propone la sustitución progresiva de ensayos en animales para productos cosméticos mediante la adopción de métodos alternativos con validación científica. La iniciativa, que lleva la firma de otros catorce legisladores, busca alinear al país con las tendencias regulatorias que ya avanzan en distintos países y bloques regionales.

La propuesta se denomina “Ley Nacional de Sustitución Progresiva del Testeo en Animales para Productos Cosméticos: Hacia una Industria Cosmética Libre de Crueldad Animal” y parte de un diagnóstico compartido por organismos científicos y regulatorios a escala global.

Durante décadas, la industria cosmética recurrió a animales vivos para evaluar la seguridad y toxicidad de sus productos, pero el avance de la ciencia abrió paso a alternativas que ofrecen resultados más rápidos, precisos y reproducibles.

El artículo 2° del proyecto establece la prohibición de realizar ensayos en animales para productos cosméticos terminados, sus ingredientes o combinaciones de ingredientes, con una condición expresa: que existan métodos alternativos científicamente validados y reconocidos por la autoridad de aplicación competente.

La norma no plantea una veda absoluta ni desvinculada de la realidad técnica, sino una limitación progresiva atada a la disponibilidad efectiva de esas alternativas.

Bajo esa lógica, el texto define como métodos alternativos a los procedimientos que permitan reemplazar, reducir o refinar el uso de animales. La lista incluye técnicas in vitro, cultivos celulares, bioingeniería de tejidos, modelos computacionales y sistemas predictivos de toxicología computacional avanzada, todos reconocidos por organismos científicos y regulatorios nacionales o internacionales.

Uno de los puntos que la propia iniciativa se encarga de precisar es el alcance de la regulación. La propuesta no restringe la fabricación, importación ni comercialización de productos cosméticos dentro del territorio nacional.

Su campo de acción se circunscribe a las prácticas de experimentación realizadas en el país, lo que, según los fundamentos del texto, evita generar obstáculos innecesarios para la actividad privada y respeta principios de libertad económica y seguridad jurídica.

La estructura institucional de la ley recae sobre una autoridad de aplicación que será determinada por el Poder Ejecutivo Nacional. Ese organismo tendrá a su cargo promover la validación y adopción de métodos alternativos, garantizar la actualización permanente de los estándares científicos, coordinar acciones con universidades, laboratorios y organismos técnicos e impulsar políticas de innovación orientadas al desarrollo de tecnologías libres de crueldad animal. El artículo 6° fija un plazo de 180 días desde la promulgación para que el Ejecutivo reglamente la norma.

Los principios rectores que guían la interpretación y aplicación de la ley, según el artículo 5°, son la innovación tecnológica, la eficiencia regulatoria, la libertad de producción responsable, la competitividad internacional y la reducción progresiva del uso de animales en la industria cosmética. La combinación de esos ejes refleja la estrategia del texto: encuadrar la discusión no solo en términos éticos, sino también en la modernización productiva y la optimización de recursos.

Los fundamentos del proyecto señalan que la Argentina cuenta con capacidad científica y recursos humanos calificados para incorporarse a las nuevas tendencias internacionales en materia de investigación cosmética.

El oficialismo consiguió este miércoles avanzar con el dictamen de mayoría del proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa, que contó con el apoyo del PRO, la UCR, Innovación Federal (Misiones) y Producción y Trabajo (San Juan) quedó lista para debatirse en el recinto el 26 de agosto junto con Inocencia Fiscal II.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca reforzar su independencia del gobierno de turno a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos. Tampoco podrá comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario.

La reforma de la Carta Orgánica que había hecho el kirchnerismo en 2012 amplió los mandatos de la institución e incluyó cuatro nuevos objetivos como promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Ahora el Gobierno apunta a que solo exista uno: preservar el valor de la moneda.

Entre las reformas también se destaca un cambio en los mecanismos para remover al presidente de la entidad y a los integrantes del directorio, para lo cual se necesitará acreditar una “causal grave” y la aprobación con mayoría de dos tercios en el Senado y la Cámara de Diputados.

Este fue uno de los puntos cuestionados por la oposición ya que señalaron que el Gobierno no tuvo que alcanzar esa mayoría para nombrar al actual titular Santiago Bausili. En ese sentido, denunciaron que se trata de una maniobra para blindar a los funcionarios libertarios incluso en el caso de que La Libertad Avanza pierda las próximas elecciones.

Por otro lado, se prohíbe la transferencia al Tesoro de ganancias contables o por diferencia de cambio. Los resultados del BCRA deberán destinarse prioritariamente a absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio o cancelar deuda pública. Finalmente, también dispone la eliminación de instrumentos de deuda como las Letras Intransferibles y se actualizan las reglas relativas a la administración y resguardo de las reservas internacionales.

El plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas comenzó con polémica a raíz de la decisión del oficialismo de convocar a economistas como Miguel Boggiano, Héctor Rubini, Ramiro Castiñeira y Aldo Abram para que expongan en defensa del proyecto oficial.

“Parecen panelista del canal de streaming Carajo. Falta el Gordo Dan que venga a explicar esto. No es serio esto. ¿En calidad de qué están acá hablando sobre el proyecto? Son cuatro amigos del gobierno que no tienen ninguna función pública”, planteó el diputado Itai Hagman.

Pero a esto se sumó la exposición del economista Miguel Boggiano, que atacó a referentes políticos de los bloques aliados. “La inflación que se ha acumulado desde 1935 refleja como distintos gobiernos demócratas, radicales, peronistas, desarrollistas, militares, kirchneristas y macristas utilizaron el BCRA para estafar sistemáticamente a la sociedad argentina hasta destruir por completo el valor de su moneda nacional”, dijo el economista.

Estas palabras generaron enojo en las bancadas del MID, la UCR y del PRO, los primeros incluso anunciaron que no firmarían el dictamen si no había una disculpa del oficialismo.

“No compartimos la primera parte de la exposición cuando se hizo cargo de cuestiones políticas. Les pedimos disculpas a la UCR, el MID y el PRO si se sintieron tocados por alguna posición política”, dijo la libertaria Silvana Giudici, en un intento de poner a salvo la aprobación del dictamen. Pero la polémica luego continuó entre Fernando de Andreis (PRO) y Bertie Benegas Lynch (LLA), quienes se volvieron a cruzar por un supuesto pedido de disculpas que el primero agradeció pero el libertario luego negó.

Finalmente el peronismo terminó retirándose de la reunión, lejos de poder imponer un dictamen de rechazo y enojado con los invitados del oficialismo.

Al final de la reunión, el diputado del MID Eduardo Falcone, anunció que no firmaría el dictamen del oficialismo porque consideró que las disculpas del Giudici y Bengas Lynch fueron insuficientes y “demasiado vagas”.

Por eso el jefe del bloque libertario Gabriel Bornoroni, volvió a pronunciarse en nombre del oficialismo: “No estamos de acuerdo, les pedimos disculpas a los bloques PRO, UCR y MID, porque no compartimos las opiniones vertidas”.

La desaparición de un teléfono institucional y otros equipos de dos despachos parlamentarios ha puesto bajo la lupa los protocolos de seguridad y control de acceso en el nuevo edificio del Congreso. Los hechos se registraron a pocos días de la instalación del nuevo período parlamentario, en un contexto de mudanza e instalaciones incompletas que afectan a varios legisladores.

Denuncia de Raúl Jesús Camargo Porta por pérdida de un celular institucional

El diputado Raúl Jesús Camargo Porta, integrante del Partido Cívico OBRAS, formalizó una denuncia ante el oficial mayor del Congreso tras constatar la falta de un teléfono celular institucional y su cargador, que permanecían en una caja sobre un estante del despacho ubicado en el sótano uno del nuevo edificio parlamentario. Según los documentos presentados, el equipo fue visto por última vez al cierre de la oficina el 31 de julio. El despacho, según el legislador, quedó asegurado por su personal.

Durante los días 1 y 2 de agosto, personal encargado de trabajos de instalación y acondicionamiento entró a distintos ambientes del piso. Camargo Porta sostiene que no autorizó ni recibió información sobre el ingreso de terceros a su despacho y que, al regresar, observó la desaparición del celular y el cargador, mientras otros objetos permanecían en su lugar.

El caso fue reportado a la policía el 3 de agosto, solicitando que se preserven las grabaciones de las cámaras de seguridad, así como los registros de ingreso y salida y cualquier evidencia vinculada con los movimientos en el edificio entre el 31 de julio y el 3 de agosto. El diputado también pidió determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales y reforzar los protocolos de seguridad.

Víctor Eduardo Piñán Mamani, otro despacho afectado

La denuncia de Víctor Eduardo Piñán Mamani, también diputado por el Partido Cívico OBRAS, describe la desaparición de una extensión eléctrica, adaptadores y una caja de vitaminas de su oficina, ubicada en el mismo edificio. En su caso, la oficina fue entregada el 31 de julio sin infraestructura eléctrica suficiente, por lo cual su equipo adquirió con recursos propios los accesorios ahora extraviados.

El 3 de agosto, el personal del despacho encontró la puerta abierta pese a haberla dejado cerrada con llave. La ausencia de la extensión y los adaptadores quedó registrada en la denuncia presentada ante el oficial mayor. El 4 de agosto, mientras una empresa contratista realizaba trabajos de infraestructura eléctrica, desapareció también una caja de vitaminas del escritorio de un asesor.

Piñán Mamani solicitó una investigación administrativa para esclarecer los hechos, mejorar los controles de ingreso de contratistas y terceros, y evaluar la labor de la empresa encargada de las obras en el Congreso.

Cuestionamiento a la seguridad y situación de los despachos parlamentarios

Los incidentes han generado inquietud respecto de los mecanismos de seguridad implementados en los despachos del Congreso, así como del control de acceso y vigilancia en las nuevas instalaciones parlamentarias. Ambos legisladores solicitaron reformas en los protocolos de ingreso, preservación de registros y refuerzo de la vigilancia interna.

El Congreso bicameral, compuesto por la Cámara de Diputados y la de Senadores, inició funciones el 27 de julio. Durante las primeras semanas, los miembros de ambas cámaras han estado instalándose en sus nuevos despachos, muchos de los cuales han sido entregados sin equipamiento completo o con deficiencias en la infraestructura. El proceso de acomodo ha implicado la entrada y salida de personal contratado para labores de acondicionamiento y conectividad, lo que, según los denunciantes, ha dificultado el control efectivo de los bienes y la seguridad dentro de los recintos parlamentarios.

Tras la traumática sesión en el Senado, el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados busca retomar la iniciativa y avanza con la idea de ir al recinto.

Mientras se espera el texto final de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada —que debe enviar la Cámara Alta a la Baja para su posterior giro a las comisiones—, el bloque de LLA buscará conseguir dictamen en las próximas semanas en dos proyectos que desde la Casa Rosada impulsan por considerarlos necesarios y porque quieren retomar la racha ganadora en el Palacio Legislativo.

Según adelantaron fuentes parlamentarias tanto del oficialismo como de la oposición, la intención del bloque que comanda Gabriel Bornoroni es volver a abrir el recinto el próximo miércoles 26 de agosto con un temario que incluya la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la segunda versión de la ley de Inocencia Fiscal.

La duda en este contexto es si en el temario que trabaja La Libertad Avanza aparece el texto de inviolabilidad de la propiedad privada. “Veremos qué acompañamiento tenemos”, deslizó un diputado libertario. “En principio no va a ser para esa sesión, igual esto no implica que pronto comencemos a trabajar para tenerlo listo”, agregó.

En lo que se refiere a los otros dos proyectos de ley que impulsan el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el riesgo que analiza el oficialismo es que se extienda el clima del Senado y que el peronismo logre seguir articulando junto a otras fuerzas. Y hay algunas señales que así lo indican.

“Están buscando recuperar la iniciativa pero el problema es que está creciendo un contexto más difícil para LLA en el Congreso. Lo del jueves en el Senado es un ejemplo de eso y ahora hay que ver cómo lo transitan, porque lo tienen que procesar”, explicó un diputado opositor. “El clima anti coloso —por Federico Sturzenegger y sus proyectos desreguladores— se está extendiendo y ya no solo abarca a los proyectos que surgen desde esa oficina sino a todo”, añadió.

El otro punto por el cual el oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria es que, en los cálculos de la mesa política que se reúne en la Casa Rosada, la aprobación de algunos textos viene retrasada. “Sabemos que el segundo semestre va a ser más difícil. Algunas provincias están acelerando sus procesos electorales y eso complica porque, por un lado, está la estrategia de pintar el país de violeta y, por el otro, salimos a pedirle a esos gobernadores —a quienes les vamos a poner candidatos a competir— que nos acompañen en el Congreso. La discusión de la casta ya no sirve y lo de la alta política no tiene el mismo impacto”, explicó un libertario que hasta ahora no ha tenido discursos grandilocuentes en el recinto.

Por el lado del peronismo ya comenzó la ofensiva, y lo dejó en claro en el Senado. Todas las “tribus” que hoy conviven dentro del espacio y que no logran encontrar un punto de equilibrio que les permita avanzar con una estrategia electoral clara definieron que llegó el momento de tener un eje común en el debate parlamentario.

“Todos trabajaron para hacer caer la ley en el Senado. El que quiera verlo, lo tiene a simple vista en algunos tuits que parecen enigmáticos”, señaló una alta fuente del partido.

La semana próxima no hay llamado a comisiones para dictaminar los proyectos. La Libertad Avanza tiene que asimilar la sesión en el Senado y sopesar los riesgos en Diputados. El Congreso entró de lleno en el último semestre previo a las elecciones de 2027.

El Gobierno se llevó una victoria pírrica esta semana en el Senado al lograr la media sanción de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada pero sin dos capítulos clave: los relacionados con la venta de tierras a extranjeros y los cambios a la ley de manejo del fuego. El traspié legislativo estuvo directamente relacionado al endurecimiento de algunos gobernadores, que ante la visibilidad pública que ganó el tema y la movilización popular, se mostraron reacios a pagar el costo político de acompañar al oficialismo.

En la Cámara de Diputados, donde pronto se debatirán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, y se disputará el segundo round de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la oposición observó con atención el devenir de las negociaciones y mostró un moderado entusiasmo ante algunas señales.

Un referente del bloque peronismo destacó los contactos que entablaron desde Unión por la Patria con casi todos los gobernadores aliados a la Casa Rosada y la buena predisposición que encontraron. “Hubo mucho diálogo, algunos hablaron con Claudio Vidal (Santa Cruz), otros con Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Sáenz (Salta) o Pullaro (Santa Fe), tuvimos distintos resultados, pero este tema nos permitió recuperar cierto nivel de diálogo”, explicó a Infobae.

Y agregó: “La principal señal es que estaban todos los teléfonos abiertos, nadie se cerraba al diálogo”. Desde el peronismo consideran que el fracaso oficialista de la Ley de Tierras dejó en evidencia un cambio táctico de los mandatarios provinciales y cierto hartazgo con los modos de la Casa Rosada.

Es importante destacar que la flexibilización de la Ley de Tierras recibió los primeros golpes de nocaut a principios de semana, cuando los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando “Rolo” Figueroa (Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones) hicieron saber que sus senadores votarían en contra. Luego, otros mandatarios que originalmente habían prometido apoyo, como el salteño Gustavo Sáenz, comenzaron a darse vuelta.

“Hay poca predisposición de los gobernadores a ser arrastrados a temas que claramente son impopulares. Si bien eso no significa que pierdan la idea de colaborar con el Gobierno, sienten que cualquier paso en falso, donde queden descalzados de la opinión pública, puede perjudicar sus chances electorales”, sintetizaron.

Aunque el problema que ven a futuro es que los proyectos en carpeta para ser debatidos en Diputados no generan el mismo nivel de movilización ni acaparan la conversación pública. “Son temas de menor intensidad, lo que pasó en el Senado no es fácilmente repetible”, analizaron.

Ante la consulta de Infobae, entre los bloques del medio, coincidieron con parte del análisis. “Se acercan las elecciones provinciales, todo no va a ser un paseo para el oficialismo como hasta ahora”, explicó un diputado de Provincias Unidas. Pero también recordó que proyectos como la ampliación de la Inocencia Fiscal vienen atados con promesas oficialistas de aumentar los fondos coparticipables que reciben las provincias.

Por otro lado, las turbulencias internas en un bloque aliado también podría tener efectos inesperados. En el Senado, el bloque misionero terminó dividido en dos: un monobloque integrado por la senadora Sonia Rojas Decut, que manifestó su lealtad política al gobernador Hugo Passalacqua, y otro monobloque conformado por Carlos Arce, que se referencia en el líder del Frente Renovador de la Concordia Carlos Rovira.

La disputa interna entre Passalacqua y Rovira por el momento no tendrá efectos concretos en Diputados, donde los cuatro integrantes de Innovación Federal no sufrirán rupturas. “No se dividirá… por ahora”, aclararon desde la bancada. Sin embargo, esta pelea es seguida atentamente por los libertarios, ya que los votos de Innovación Federal resultaron fundamentales en más de una oportunidad.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) cuestionó la reforma que permitirá a los diputados gestionar y fiscalizar proyectos en sus circuitos electorales, al advertir que la modificación del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional desvirtúa las funciones constitucionales de los legisladores y abre espacios para discrecionalidad y posibles prácticas clientelistas en la asignación de obras públicas.

La reacción del gremio empresarial surge después de que, durante el segundo debate de las reformas al reglamento legislativo, se aprobara una propuesta presentada por el diputado Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM), partido que respaldó la candidatura presidencial de José Raúl Mulino.

El cambio establece que los diputados podrán gestionar y fiscalizar programas y proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los electores de sus respectivos circuitos.

La disposición incluye proyectos relacionados con carreteras, puentes, cajones, infraestructura vial, alcantarillado, electrificación, educación, deporte, turismo, agua potable y caminos de producción.

Aunque las obras serían ejecutadas por las instituciones correspondientes, el texto señala que los diputados podrán gestionarlas, impulsarlas y fiscalizar su desarrollo en las comunidades que representan.

El artículo también incorpora un elemento que ha generado cuestionamientos: establece que se garantizará una inversión mínima dentro del Presupuesto General del Estado para la ejecución de esos proyectos.

Además, los funcionarios asignados a los despachos legislativos deberán apoyar a los diputados en las tareas de gestión, impulso y fiscalización de las iniciativas destinadas a sus circuitos electorales.

Para APEDE, estas atribuciones exceden el papel que debería desempeñar el Legislativo. El gremio sostuvo que Panamá necesita una Asamblea dedicada a legislar, fiscalizar la gestión pública y ejercer un balance efectivo frente a los demás órganos del Estado, dentro de las competencias establecidas por la Constitución y respetando la separación de poderes.

El organismo empresarial cuestionó además que, en lugar de concentrarse en fortalecer el Código de Ética y Conducta, hacer cumplir estrictamente las normas de asistencia, eliminar privilegios injustificados y elevar los estándares de rendición de cuentas, la reforma termine atribuyendo a los legisladores funciones vinculadas con la ejecución y seguimiento de proyectos públicos.

APEDE considera que ese esquema desnaturaliza el papel para el cual fueron electos los diputados y representa un riesgo para la institucionalidad, debido a que podría aumentar la discrecionalidad en la selección y gestión de obras.

Esas responsabilidades, señaló, corresponden al Órgano Ejecutivo y a los gobiernos locales dentro de procesos estructurados de planificación y desarrollo.

La discusión revive además el antecedente de las denominadas partidas circuitales, fondos públicos que durante años estuvieron asociados a los diputados para atender proyectos, ayudas y necesidades dentro de sus comunidades.

Su utilización fue fuertemente cuestionada por la falta de controles, discrecionalidad y denuncias sobre el manejo irregular de recursos públicos.

Las partidas circuitales terminaron desapareciendo formalmente, pero posteriormente surgieron cuestionamientos sobre el uso de recursos de la descentralización destinados a juntas comunales y municipios, particularmente por transferencias extraordinarias que fueron señaladas como una forma de “descentralización paralela”.

Ese esquema también quedó bajo investigaciones y auditorías por la utilización de fondos públicos en diferentes gobiernos locales.

Precisamente ese antecedente alimentó las críticas dentro de la propia Asamblea. La diputada independiente Janine Prado, de la bancada Vamos, advirtió que la modificación abre nuevamente la puerta a prácticas similares. “¿Diputados gestionando proyectos? Solo les falta revivir las partidas circuitales”, cuestionó durante la discusión de la propuesta.

El diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, también rechazó la modificación y adelantó que, si finalmente se convierte en ley, presentará una demanda de inconstitucionalidad.

Cedeño sostiene que la gestión de obras y proyectos no forma parte de las funciones constitucionales de los diputados y cuestionó además la forma en que la disposición fue introducida en el debate.

Camacho, por su parte, defendió la iniciativa argumentando que los diputados representan constitucionalmente a los electores de sus circuitos. Citó el artículo 150 de la Constitución y sostuvo que gestionar proyectos forma parte de una labor que los legisladores ya realizan. También afirmó que la disposición no representa el regreso de las antiguas partidas circuitales.

La diferencia central es que, según el texto aprobado, los diputados no ejecutarían directamente las obras ni administrarían necesariamente los recursos, pues esa responsabilidad permanecería en las instituciones correspondientes.

Sin embargo, la norma no desarrolla con precisión cómo se determinará la inversión mínima, cuáles serán los procedimientos para presentar proyectos ni qué controles regirán la intervención de los diputados.

Ese vacío es precisamente uno de los puntos que podría generar mayor controversia. APEDE recordó que la experiencia panameña con la confusión de responsabilidades entre instituciones ha debilitado mecanismos de control y afectado la transparencia, además de crear condiciones que pueden favorecer prácticas clientelistas que el país ha intentado superar.

El gremio pidió que cualquier modificación al funcionamiento de la Asamblea tenga como objetivo fortalecer su capacidad de legislar con independencia, fiscalizar con rigor y representar a los ciudadanos con transparencia.

A juicio de APEDE, mantener claramente delimitadas las competencias institucionales resulta indispensable para preservar el Estado de Derecho, la separación de poderes y la confianza de los panameños en sus instituciones.

La Cámara de Diputados comenzó este miércoles a debatir formalmente el proyecto del oficialismo para reformar la Carta Orgánica del Banco Central para dotarlo de mayor independencia. La presentación de la iniciativa estuvo a cargo del presidente de la entidad monetaria, Santiago Bausili, y su vice Vladimir Werning. “Lo que proponemos son elementos que existen en la gran mayoría de las cartas orgánicas de los bancos centrales de los países que ya fueron exitosos en combatir la inflación”, explicó Bausili.

Luego de esta primera reunión informativa, en la que los funcionarios contestaron preguntas de los bloques, el oficialismo apunta a realizar un nuevo plenario durante la semana que viene para firmar el dictamen y dejar listo el proyecto para debatirlo en el recinto el miércoles 19, junto con la ampliación de la Inocencia Fiscal.

A diferencia de lo que ocurre con el proyecto de Inocencia Fiscal II, que recibió críticas de los aliados respecto a la posibilidad de que funcionarios puedan adherir al régimen simplificado de Ganancias (como hizo Manuel Adorni en plena investigación por enriquecimiento ilícito), la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central cuenta con apoyo mayoritario entre los bloques aliados y dialoguistas.

Tal como explicaron los funcionarios, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca reforzar su independencia del gobierno de turno a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos.

La reforma de la Carta Orgánica que hizo el kirchnerismo en 2012 amplió los mandatos de la institución e incluyó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Pero ahora el Gobierno apunta a que solo exista uno: preservar el valor de la moneda.

“Hoy la carta orgánica tiene más de un objetivo y nuestra propuesta es que tenga solo uno: preservar el valor de la moneda. El segundo elemento es eliminar el financiamiento al Tesoro. El artículo 20 establece cómo se distribuyen los adelantos transitorios. Es una herramienta que surgió como resultado de la crisis del 2001, pero resultó ser lo más permanente. El tercer elemento es la restricción de las utilidades. Se atacan dos frentes: primero para que solo puedan ser utilizadas para pagar deuda, y segundo que se distribuyan sólo utilidades líquidas y realizadas, que no sean solo asientos contables. El cuarto punto tiene que ver con la gobernanza: proponemos, en línea con lo que hay en la mayoría de las cartas orgánicas del mundo, una combinación para la remoción que incluya al Ejecutivo y al Congreso para preservar de las presiones políticas cuando exista un conflicto de interés”, sintetizó Bausili.

Los principales cuestionamientos de la oposición dialoguista giraron en torno a la mayoría agravada de dos tercios del Senado y la Cámara de Diputados para remover al presidente de la entidad y a los miembros del directorio.

Desde Unión por la Patria, que rechaza de plano el proyecto oficialista, insistieron en los problemas que podría generar un divergencia ideológica entre las autoridades del Banco Central y el Ministerio de Economía. “Ustedes después de hacer durante dos años que el Banco Central sea un ministerio más del Gabinete, nos vienen a decir que hay que separar todo. ¿No ven el problema de tener una desconexión de la política del banco central y la política económica que define un gobierno?”, planteó Itai Hagman.

“La coordinación es muy valiosa. Pero cuando aparece la imposición de financiar al Tesoro eso limita la capacidad del Central de definir su política monetaria de manera independiente”, contestó el titular del BCRA.

Por su parte, la la diputada de UxP Victoria Tolosa Paz sostuvo que la modificación impulsada por el Gobierno responde a un compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional y no a una necesidad de la economía argentina. En ese sentido, remarcó que la actual Carta Orgánica no impide llevar adelante la política monetaria del oficialismo y advirtió que eliminar objetivos vinculados al desarrollo económico, la producción y el empleo profundizará la recesión. “Un Banco Central no puede limitarse únicamente a la estabilidad monetaria cuando la Argentina atraviesa graves problemas de producción, crecimiento, industria y desigualdad”, señaló.

Silvana Giudici fue la encargada de responder a los cuestionamientos del kirchnerismo y destacó que el gobierno de Milei se autolimitó dos veces. La primera al no prorrogar las facultades delegadas que se habían aprobado en el marco de la Ley Bases, y la segunda, con esta Carta Orgánica “restrictiva” que le impedirá emitir sin respaldo y financiar al Tesoro.

“No mientan, no digan que quieren que el Central no esté limitado ante la eventualidad de una emergencia, la quieren para gastarsela toda, favoreciendo a los amigos circunstanciales”, los increpó la diputada bullrichista. También recordó la “situación insostenible” que generó el gobierno de Alberto Fernández hacia el final de su gestión con el “Plan Platita” y la “emisión descontrolada”.

Finalmente, ante la pregunta del peronista Sergio Palazzo, dirigente de La Bancaria, sobre dónde está depositado el oro de las reservas, Bausili fue esquivo: “En los estados financieros de 2023, 2024 y 2025, que fueron auditados por tres niveles, consta que todo el oro está donde tiene que estar, que es en las reservas internacionales del BCRA. SI los lingotes físicos están en un sótano de la calle Reconquista o están depositados en el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) eso ya es una función de la gerencia de reservas del BCRA. Así como el BCRA no divulga las operaciones que hace, porque promueve que el mercado ‘tradee’ en contra del Central, tampoco se detalla dónde se reservan estas posiciones en oro”, señaló.

Representantes de La Libertad Avanza se reunieron este martes con los bloques aliados y dialoguistas en la Cámara de Diputados para comenzar a diagramar un cronograma de trabajo para tratar los proyectos de Inocencia Fiscal II y reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El oficialismo apunta a sesionar el miércoles 19 pero esta fecha todavía no es definitiva. “Este miércoles, cuando comience el debate en comisión, vamos a tener un panorama más claro”, explicaron desde la bancada violeta, dejando abierta la posibilidad de abrir el recinto el miércoles 26.

El encuentro comenzó con presentaciones técnicas a cargo de funcionarios del Poder Ejecutivo y del Banco Central, que explicaron los detalles de los proyectos y contestaron preguntas. Estuvieron el titular del BCRA, Santiago Bausili, y dos de los directores de la entidad, Martín Vauthier y Marcelo Griffi.

Por su parte, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, expusieron sobre Inocencia Fiscal. Según reveló uno de los diputados presentes, “hubo muchas preguntas técnicas sobre la Inocencia Fiscal”.

Entre los presentes estuvieron los diputados Gabriel Bornoroni (LLA), Nicolás Mayoraz (LLA), Silvana Giudici (LLA), Santiago Pauli (LLA), Laura Rodríguez Machado (LLA), Javier Sánchez Wrba (PRO), Karina Maureira (La Neuquinidad), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Pamela Verasay (UCR), Lisandro Nieri (UCR), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nancy Viviana Picón Martínez (Producción y Trabajo), Sebastián Noblega (Elijo Catamarca), Karina Banfi (Adelante Bs As), Oscar Zago (MID) y Alberto Arrua (Innovación Federal).

Según pudo reconstruir Infobae, el punto que genera mayores cuestionamientos entre los aliados y los dialoguistas es la posibilidad de que funcionarios o personas políticamente expuestas puedan adherir al régimen simplificado de Ganancias, en el marco de la Inocencia Fiscal. Eso fue justamente lo que hizo el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, en medio de las investigación judicial en su contra por enriquecimiento ilícito.

“Seguramente se va a hacer algo para clarificar sobre ese punto”, adelantó un diputado aliado.

El tratamiento de ambas leyes comenzará este miércoles en dos reuniones informativas a las 10.30 (Inocencia Fiscal) y a las 15 (Banco Central) en la que también expondrán funcionarios del Poder Ejecutivo y del BCRA. El cronograma tentativo incluye reuniones durante la semana siguiente para dictaminar y finalmente una sesión el 19. Este plan le dejará margen al oficialismo para esperar a que el Senado avance con la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada -se tratará este jueves- para darle sanción definitiva el miércoles 26. Esto despejará un poco la agenda para abocarse de lleno a las negociaciones del Presupuesto 2027, que comenzarán a mediados de septiembre.

Tal como adelantó Infobae, los libertarios planean abrir el temario de las sesiones para incluir propuestas de los aliados para robustecer los consensos. Según explicaron, aún no se definió cuáles serán porque todavía cada bloque debe trabajar para asegurarse los votos en las comisiones. “El oficialismo va a acompañar, pero primero se tienen que poner de acuerdo entre ellos, el compromiso es llevar una agenda conjunta”, explicaron desde el bloque LLA.

Entre la batería de proyectos en carpeta, el PRO podrán especial énfasis en el proyecto del diputado Javier Sánchez Wrba para permitir la siembra en las tierras ociosas al costado de las rutas nacionales y otra iniciativa para combatir el vandalismo rural (cuatrerismo). En tanto, Provincias Unidas impulsará el proyecto de la santafesina Gisela Scaglia para ampliar la competencia provincial en materia de estupefacientes. Por su parte, el oficialismo retomará el trabajo sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, que ya tiene media sanción del Senado.

¿Qué proponen los proyectos?

La nueva versión del régimen de Inocencia Fiscal ya no exigirá como requisito que los contribuyentes no superen ingresos anuales por $1.000 millones y que tengan como patrimonio menos de $10.000 millones. Es decir, el régimen quedará abierto para todas las personas humanas sin importar su nivel de ingresos o patrimonio. No obstante, la única excepción serán los Grandes Contribuyentes, que no accederán a las presunciones, efectos liberatorios y otros beneficios previstos por la ley.

Por otro lado, se redefine el concepto de “discrepancia significativa” que le permite a ARCA rechazar la declaración de impuestos simplificada. Solo se considerará una discrepancia importante si la diferencia entre lo declarado y lo que detecta la ARCA supera el 15% del impuesto. Y además, si no alcanza el equivalente al 5% del mínimo previsto en la Ley Penal Tributaria (actualmente $5 millones). A su vez, cuando ocurra una objeción, la persona contará con quince días para corregir la situación, pagar la diferencia y conservar los beneficios del régimen.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca reforzar su independencia del gobierno de turno a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos.

La reforma de la Carta Orgánica que hizo el kirchnerismo en 2012 amplió los mandatos de la institución e incluyó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Ahora el Gobierno apunta a que solo exista uno: preservar el valor de la moneda.

El Tribunal de Mayor Riesgo D en Guatemala, presidido por el juez Fredy Aguilar, dictó este lunes sentencia condenatoria contra tres exdiputados del Congreso de Guatemala, luego de hallarlos culpables del delito de tráfico de influencias en el caso conocido como “Asalto al Ministerio de Salud”.

Según el demostraron las investigaciones del Ministerio Público (MP), los exlegisladores utilizaron su posición para incidir de manera irregular en nombramientos dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

La decisión fue tomada por unanimidad, en una causa que se originó en 2019, luego de que la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), en conjunto con Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en ese entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, revelara que, durante la gestión de Jorge Villavicencio, durante la administración de Otto Pérez Molina, se consolidó una estructura de corrupción en el Ministerio de Salud.

Durante el fallo, el Tribunal informó que la exdiputada Aracely Chavarría Cabrera recibió una condena de 7 años y 11 meses de prisión inconmutable por tráfico de influencias en forma continuada.

Mientras que el excongresista Humberto Leonel Sosa Mendoza, fue imputado con 3 años y 9 meses de prisión conmutables mediante el pago de Q100 diarios por cada día no cumplido.

Finalmente, el exparlamentario Ronald Arango Ordóñez fue sentenciado a 7 años y 4 meses de prisión, también de cumplimiento inconmutable.

A los tres condenados se les estableció la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos durante la vigencia de la pena.

La resolución, dictada por unanimidad, establece que los tres excongresistas actuaron de manera coordinada para gestionar plazas laborales como favores políticos dentro del ministerio.

El tribunal rechazó un incidente presentado por el abogado Alejandro Arriaza, defensor de Arango Ordóñez, en el que alegaba problemas en la redacción de la acusación. Según los jueces, ese planteamiento debió formularse en la fase intermedia del proceso.

Arango Ordóñez no sólo es exdiputado, también es hijo del exprocurador de los Derechos Humanos, Julio Arango Escobar, quien estuvo de 1997 a 2002, mandato que abarcó la parte final del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen y la primera mitad de Alfonso Portillo. Su gestión estuvo marcada por señalamientos de uso de fondos institucionales para fines políticos.

Estructura criminal y antecedentes del caso

La investigación, impulsada por la FECI y la CICIG, documentó la existencia de una estructura criminal en el MSPAS entre 2012 y 2014. Esta red, aparentemente dirigida por Jorge Villavicencio se articuló en tres ejes:

• Cobro de comisiones en obras públicas: Se exigieron porcentajes ilícitos a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción y remodelación de hospitales y centros de salud.
• Adquisiciones irregulares: Se detectaron pagos ilegales a proveedores de insumos médicos y servicios de publicidad.
• Tráfico de plazas: Se crearon o asignaron más de 450 contrataciones como pago de favores políticos, cuotas semanales y plazas fantasma.

Según la acusación, los exdiputados utilizaban su influencia para condicionar la asignación de cargos a personas cercanas, muchas veces sin cumplir con los requisitos establecidos por ley.

Las investigaciones de la FECI y la CICIG revelaron que la red operó bajo el amparo de altos funcionarios y legisladores, lo que permitió el establecimiento de mecanismos de corrupción sostenida en el tiempo. El proceso judicial por el caso “Asalto al Ministerio de Salud” continúa con líneas abiertas respecto a otros actores investigados.

Con el sonar de las bocinas y rodeados por conductores de taxis que realizaron una manifestación, los diputados jefes de bloques sostuvieron una reunión en el Congreso de Guatemala para buscar acuerdos relacionados con una posible solución al alza de los combustibles, derivado de las presiones internacionales por la guerra en Medio Oriente.

La reunión contó con la presencia de Erwin Barrios, ministro de Energía y Minas; Erick Echeverría, Intendente de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); Elizabeth Ugalde, viceministra de Economía, y Walter Figueroa, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas, quienes expusieron la iniciativa de ley para otorgar un subsidio a los combustibles.

La propuesta el Ejecutivo consiste en subsidiar el galón de combustibles con un aporte de Q12 (USD 1.53) al diésel, y de Q3 (USD 0.38) al galón de gasolina Regular, quedando excluida la gasolina Súper.

Quieren eliminar impuestos

No obstante, tanto la Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala (Asotax) que realizaron su caravana desde las 8 de la mañana de este lunes 3 de agosto, hasta diputados de oposición como Allan Rodríguez, rechazan el subsidio y a cambio exigen la eliminación de los impuestos.

La percepción de los taxistas es que el Ejecutivo no ha realizado ninguna acción real para evitar el incremento a los combustibles, pese al subsidio que ya se otorgó y que estuvo vigente entre mayo y julio de 2026.

A decir de los opositores, el aporte económico sólo beneficia a los importadores y distribuidores de la gasolina y el diésel, pero no llega directamente a los consumidores

Exigen exoneración de impuestos

La propuesta de los diputados contrarios al Gobierno y de los pilotos de taxis es eliminar los impuestos a la Distribución de Petróleo (IDP) y al Valor Agregado (IVA), así como los aranceles de importación.

Según ellos, esta medida contribuirá directamente a los consumidores, pues se tendrá certeza y transparencia del descuento que se realizará por galón de combustible.

Sin embargo, el resultado real, por lo menos, en el caso del diésel, sería inferior a la propuesta de otorgar un subsidio. De aplicarse la exigencia de los taxistas y de algunos diputados, el impacto sería el siguiente:

• Gasolina Súper: Reducción de Q4.70 (IDP) + Q0.56 (IVA asociado) = Q5.26 por galón (USD 0.67)
• Gasolina Regular: Reducción de Q4.60 (IDP) + Q0.55 (IVA asociado) = Q5.15 por galón (USD 0.66)
• Diésel: Reducción de Q1.30 (IDP) + Q0.16 (IVA asociado) = Q1.46 por galón (USD 0.19)

Desde el Ejecutivo, ministros y funcionarios han evidenciado esta situación, pero los opositores insisten en exigir la eliminación de los tributos.

No está en agenda

Ante la falta de acuerdos en el Congreso, la Junta Directiva decidió no incluir ninguna iniciativa relacionada a los combustibles en la agenda de temas que se conocerán durante la sesión plenaria de mañana martes 4 de agosto.

“Los diputados no están convencidos con lo que los funcionarios expresaron verbalmente. No hay mucho que se pueda hacer... Algunos dicen que la población no está de acuerdo con el subsidio, pero eliminar impuestos es un problema, aquí algo se va a perder", afirmó el presidente del Congreso guatemalteco, Luis Contreras en declaraciones a la prensa.

En su lugar, los diputados le apuestan a terminar de conocer en tercer debate y redacción final la iniciativa que reforma la Ley General del Sistema Portuario, así como otros temas como la elección de dos Magistrados Titulares para la Corte de Apelaciones que concluirán el período constitucional 2024-2029.

No obstante, Contreras no descartó que se presente alguna moción privilegiada que modifique el orden del día y, si hay consensos, se conozca lo relacionado al incremento de combustibles.

A quince meses de las elecciones, Javier Milei acaba de abrir la campaña oficialista con un compacto de consignas. El paquete de proyectos encabezado por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el DNU sobre política migratoria -con el pretexto de enfrentar una “campaña antiargentina”- describen el ensayo inicial: vuelta al dañado discurso “anticasta” y un toque de nacionalismo a explotar sin miramientos. Un conjunto que, a la vez, reproduce el intento de ganar los primeros renglones de la agenda política, más allá de internas, con la necesidad de salir del empantanamiento en el Congreso y de correr el foco de la economía.

No es poco, como está a la vista, lo que proyecta como prueba para el oficialismo. De entrada, expone lo lejos que quedaron las especulaciones que se hacían trascender desde el propio Gobierno sobre un posible cambio de humor social. Se especulaba con una mezcla de hechos ajenos y propios, es decir, el Mundial y el reacomodamiento de gestión, después de la salida de Manuel Adorni y el reemplazo por Diego Santilli. El Presidente acaba de dejar un mensaje también en este terreno: ratificó su gesto hacia el caído funcionario y lo hizo en los umbrales del reinicio de la actividad judicial, que podría reponer el tema.

Es probable que el Gobierno haya advertido el desvanecimiento de la referida idea sobre el clima postmundialista, acompañado por una serie de datos económicos al menos preocupantes -actividad general, consumo- apenas pasada la difusión del índice inflacionario a la baja en junio. Puede que no se haya tratado de pasos alineados de manera planificada, pero resultó evidente el hilván electoral que unió el DNU mencionado y la cadena nacional sobre el proyecto para el Banco Central.

En el inicio de la semana, Milei había producido una fuerte carga de descalificaciones contra Lula da Silva que sacudió la relación diplomática con Brasil. Ese pico de tensión se fue atenuando, aunque tuvo una estribación para la narrativa local. El Presidente ya había empezado a escribir otro capítulo, con la peor letra dejada por el Mundial, la de la “campaña” externa contra el país. Dijo que Brasil era uno de los principales motores de esa movida internacional -en rigor, lamentables declaraciones de algunas figuras del espectáculo y expresiones en algunos medios y redes- y, como a la pasada, incluyó en la misma línea a México, que le respondió con prudencia pero de manera expresa.

El hilo fue retomado sin demora. El Gobierno dispuso un DNU para modificar la ley de Migraciones: medidas apuntadas a extranjeros que expresen mensajes de odio contra argentinos o directamente contra el país. Podría impedir ingresos o decidir expulsiones. Por supuesto, antes que debatir sobre la puerta que podría abrir un texto de esta naturaleza -impreciso-, los cuestionamientos hicieron centro en el dictado de un decreto de esta naturaleza sin que existan condiciones excepcionales que lo justifiquen. Tema para el Congreso y posiblemente para la Justicia. Tal vez lo que haya interesado es el título en los medios.

Se verá cómo sigue y si hay debate o si la norma queda al costado del camino por algún recurso judicial. De todas maneras, es un elemento asociado a lo que dentro del oficialismo suelen mencionar como “batalla cultural” y que, de hecho, asoma como una pincelada de inicio de campaña para el plan reeleccionista. Más preciso resultó el mensaje presidencial sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El oficialismo se entusiasma con las chances de la iniciativa en el Congreso. Antes, más allá de ese trámite y de las consideraciones de fondo sobre el texto, Milei se encargó de retomar el discurso de batalla política.

El Presidente estuvo acompañado por el equipo económico y político: Luis Caputo, Santiago Bausili, Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem, Patricia Bullrich, entre otros. Y más allá de la postal esperable, buscó darle de entrada un sentido fundacional al proyecto, algo que no es novedoso en el oficialismo ni resulta original en política.

Dijo que las reformas impulsadas por el Gobierno son las “más importantes de los últimos 91 años”. De hecho, tomó el tiempo transcurrido desde la creación del Banco Central, pero le dio un giro más amplio. Forzó un común denominador para casi un siglo, que incluye gobiernos democráticos y dictaduras, gestiones conservadoras, populistas de diferente sello, progresistas, regresivas. Milei busca mostrarse también así como algo nuevo, que da vuelta la historia. Lo dicho: pretensión fundacional.

Atado a ese giro, retomó el discurso “anticasta”, dañado en más de dos años de gestión por diferentes razones y no sólo por el caso Adorni. Milei dijo entre otras cosas que el proyecto sobre el Banco Central “viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar la alta política”. Lo repitió en otros párrafos de su mensaje, hablando de estafa o robo, siempre como juego del poder político.

El Presidente trató de colocarse así como ajeno a “la” política y refundador nacional. Hubo, además, un tercer elemento que completó el tono de campaña: la confrontación con Cristina Fernández de Kirchner. Apuntó contra Mercedes Marcó del Pont y dijo que junto a CFK le “robaron” al Banco Central unos 10.000 millones de dólares. Se supone que aludió al endeudamiento. Y resultó claro que no buscaba discutir enfoques, sino sumar una pincelada de campaña.

El proyecto en cuestión ya fue enviado a Diputados. Se suma unos días después de haber sido girada la segunda entrega de Inocencia Fiscal, un complemento especialmente reclamado por Economía. El Senado no recibió nuevas iniciativas. Tiene bastante con su acumulado: inviolabilidad de la propiedad privada, reforma electoral, recorte de subsidios al gas en zonas frías, RIGI II, etiquetado frontal, entre otras.

La primera y repetida prueba será la semana que viene con propiedad privada. Lleva varios fracasos del oficialismo y no está claro aún si tiene número, en especial para el punto de la venta de tierras a personas o empresas extranjeras. Existen reparos de algunos dialoguistas como la UCR. Y nadie desconoce la crítica particularmente dura de la Iglesia Católica, por intermedio de la Pastoral Social.

El Gobierno necesita revertir el cuadro de demoras y hasta de freno a sus proyectos. Durante meses, ese estancamiento fue atribuido a las tensiones y malestar generados por el caso Adorni. El tema, al menos en ese plano, no cuenta ahora. Las negociaciones consideradas cruciales, con gobernadores y espacios aliados, mezclan cada vez más recursos y planes electorales. El paso del tiempo pudo haber modificado aquel paño de juego, pero suma cartas costosas.

No ayudan las internas, las del círculo más cercano a Olivos y las del Congreso. La serie suma en estas horas el áspero cruce entre Santilli y Victoria Villarruel. Más allá de las aclaraciones hechas desde el oficialismo -hubo apuro por transmitir que no se trata de algo planificado, y definitivo-, suma el ingrediente institucional a la cocina libertaria. No es normal que un jefe de Gabinete le sugiera que renuncie a la vicepresidenta.

La cadena nacional que encabezó el presidente Milei dejó en claro que en el segundo semestre el Gobierno pretende retomar el control de la agenda del Congreso con una batería de proyectos de alto impacto político. El martes de la semana que viene el titular de la Cámara baja, Martín Menem, se reunirá con los jefes de bloques aliados y dialoguistas para negociar un cronograma de trabajo. Las prioridades son la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la Inocencia Fiscal II y la Inviolabilidad de la Propiedad Privada (actualmente en el Senado). Pero según explicaron fuentes de La Libertad Avanza, la idea es incluir en los temarios de las próximas sesiones algunos proyectos de la oposición para fortalecer los consensos.

Si bien es una práctica habitual en el Congreso, los libertarios no mostraron en la primera mitad del año demasiado interés en dejar prosperar las iniciativas del PRO, la UCR, Provincias Unidas y otros bloques provinciales en la Cámara de Diputados. En contraste, Patricia Bullrich dio recientemente algunas señales a los aliados: en la última sesión aprobó la declaración de Tucumán como capital simbólica, una iniciativa de las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, y prevé incluir el proyecto sobre falsas denuncias en casos de violencia de género de la radical Carolina Losada. Son proyectos sin costo para el Gobierno pero ayudan a aceitar las relaciones.

Ante la consulta de Infobae, desde el PRO ratificaron las prioridades que le comunicaron al oficialismo hace dos meses, entre las que se destacan proyectos para reformar el Código Penal, como el agravamiento de las penas para homicidios de menores de 18 años en ocasión de robo y para el asesinato de policías, y la Ficha Limpia. También buscan avanzar con una nueva ley de desalojos y de combate a las usurpaciones de tierras; una reforma del sistema de financiamiento de los partidos políticos y un proyecto que permita sembrar en las tierras ociosas al costado de las rutas nacionales. El listado se completa con iniciativas para combatir el vandalismo rural y el grooming, implementar inhibidores de señales de celulares e internet en las cárceles y para prevenir el suicidio adolescentes.

“Nosotros tenemos por práctica no dar quórum en sesiones donde no firmamos la convocatoria, por lo que creemos que el oficialismo va a tener que incluir temas nuestros y de otros bloques si quiere tratar los proyectos que anunció Milei. Algo van a tener que negociar”, explicó un diputado amarillo.

Desde el radicalismo explicaron que recién a principios de la semana que viene definirán como bloque sus prioridades legislativas. Pero uno de los proyectos que está en carpeta propone la devolución del IVA a las compras de extranjeros para fomentar el sector turístico. No obstante desde el bloque reconocieron que es probable que la principal moneda de negociación sean las obras de infraestructura que formarán parte de la discusión del Presupuesto 2027, un tema mucho más importante para los gobernadores, que tienen fuerte ascendencia sobre la bancada.

Por su parte, el ecléctico bloque Provincias Unidas también impulsa el tratamiento de Ficha Limpia y suma algunos proyectos para favorecer el desendeudamiento de las Pymes. En el caso de los diputados de Santa Fe en particular, han presentado proyectos para ampliar la competencia provincial en materia de estupefacientes. Mientras que los de Córdoba, varios de los cuales responden directamente al gobernador Martín Llaryora, sostienen su reclamo de reformar la ley de biocombustibles para aumentar el porcentaje de bioetanol y biodiesel en los combustibles. Además, al tratarse de provincias productoras, tanto cordobeses como santafesinos reclaman la baja de las retenciones. “Son reclamos históricos”, explicaron, aunque reconocieron que tienen pocas chances de ser aceptados por el oficialismo.

El próximo martes por la tarde, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibirá a los jefes de bloques aliados para comenzar a diseñar una ingeniería política que permita dejar a todos conformes.

Los libertarios apuestan a conseguir la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central antes de que termine agosto, para poder empezar a negociar el Presupuesto 2027 desde una posición de fuerza. Tal como indica la ley de administración financiera, el Gobierno debe enviar el proyecto de Presupuesto el 15 de septiembre.

El próximo miércoles a la mañana también comenzará formalmente el tratamiento de un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal del proyecto de ampliación del régimen de Inocencia Fiscal.

El presidente Javier Milei anunció formalmente este jueves a través de una cadena nacional que enviará al Congreso un proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central para dotarlo de mayor autonomía. El Presidente también anunció otra iniciativa, denominada “Grillete Fiscal”, que “apagará” (shutdown) parte del Estado si el resultado fiscal es deficitario durante varios meses consecutivos, y adelantó reformas estructurales en el mercado de capitales y el régimen de seguros.

Según señalaron fuentes de La Libertad Avanza a Infobae, todas estas iniciativas ingresarán al Congreso por la Cámara de Diputados. El oficialismo ya planea una o dos sesiones durante el mes de agosto en las que se tratarán la ampliación de la Inocencia Fiscal, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que enfrenta un futuro incierto en el Senado por las dudas de bloques y gobernadores aliados a apoyar la ley que elimina los límites para la venta de tierras a extranjeros.

En tanto que el flamante proyecto de Grillete Fiscal y las reformas del mercado de capitales y los seguros quedarán para “más adelante”. “Estos proyectos tienen una secuencia, pero están todos interconectadas”, explicó Milei durante la cadena nacional.

“Pueden ser dos sesiones, el 19 y el 26 de agosto, o una mega sesión, pero todo va a depender de lo que pase la semana que viene en el Senado (el jueves se debatirá la Inviolabilidad de la Propiedad Privada)”, explicaron desde bloque oficialista en Diputados. De hecho, este martes el titular de la Cámara baja, Martín Menem, se reunirá con jefes de bloques dialoguistas para negociar el cronograma legislativo y también para abrir el juego a que los aliados incluyan proyectos propios en las próximas sesiones.

“La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política. La inflación acumulada desde 1935, cuando se creó el BCRA, es una cifra de 20 dígitos. Más de 12 trillones por ciento de inflación”, dijo Milei para defender su proyecto.

En principio, la idea de dotar al Banco Central de una mayor autonomía goza de cierto consenso entre los bloques aliados, lo que facilitará la negociación para el Gobierno. Tanto el PRO, como la UCR y la Coalición Cívica han presentado proyectos en el pasado, durante gobiernos peronistas, para ponerle un límite a la financiación del Tesoro vía emisión monetaria (algunos todavía tienen estado parlamentario).

“Celebro el anuncio del Presidente sobre la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Desde 2022 vengo insistiendo en este camino y presenté un proyecto que aborda exactamente estos puntos. Hoy el Gobierno avanza en la dirección correcta: fortalecer reglas para dar previsibilidad”, publicó el radical Lisandro Nieri, cercano al gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

Sin embargo, todos los consultados por este medio aclararon que primero debían leer la letra chica del proyecto y hasta adelantaron algunas críticas en base al discurso de Milei. “Milei propone mayorías agravadas de dos tercios para la remoción de los miembros del directorio, pero no exige esa misma mayoría, u otra calificada, para su designación”, el diputado Maximiliano Ferraro, de la CC. Según explicó el propio Milei, se necesitarán dos tercios del Senado y de Diputados para el desplazamiento del presidente de la entidad y de los miembros del directorio, lo cual tornará extremadamente difícil su remoción tras un cambio de gobierno. No obstante, el Gobierno actual no tuvo que reunir ese amplio consenso político para designar a Santiago Bausili.

“Lo que quiere es dejar a sus funcionarios amigos más allá de su mandato, sin el mínimo intento de construir los consensos necesarios para eso”, argumentó el presidente de la Coalición Cívica a nivel nacional. Por otro lado, propuso completar la reforma de Milei con otras iniciativas: “No alcanza solo con reformar la Carta Orgánica si no se le ponen límites a los DNU y se modifica la Ley 26.122. De lo contrario, cualquier gobierno, actual o futuro, podrá revertir estos cambios con la sola firma del Presidente y sus ministros, tal como se ha hecho antes para intervenir el Banco Central o disponer de sus reservas. Si realmente quieren blindar la independencia del BCRA, hay que limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo y fortalecer la capacidad del Congreso para declarar la invalidez y/o nulidad de los DNU”.

Ante la consulta de Infobae, desde el bloque Provincias Unidas señalaron que es probable que la iniciativa del Gobierno tenga un apoyo mayoritario. Aunque en el ecléctico bloque donde pisan fuertes los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) también aclararon que esperarán a conocer la letra chica del borrador.

Con esta base de apoyos, si el oficialismo logra sostener su alianza estratégica con los gobernadores de Tucumán, Catamarca, Salta, Misiones, San Juan, Santa Cruz y Neuquén, o con al menos la mitad de ellos, tendrá el camino despejado para la media sanción en Diputados.

El Congreso de Guatemala aprobó este miércoles 29 de julio una reforma a la ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) que elimina ese tributo para las viviendas, pero mantiene el cobro para inmuebles comerciales, abriendo un nuevo frente por el impacto que puede tener en las finanzas municipales.

La votación salió adelante con 121 votos a favor, 25 en contra y 14 diputados ausentes. Ahora, el decreto será remitido al presidente Bernardo Arévalo quien deberá decidir si lo mantiene o lo veta.

La reforma suprime el cobro del Impuesto Único sobre Inmuebles para los bienes destinados a vivienda, de uso residencial y mixto. Para los inmuebles de uso comercial, la norma fija una tarifa diferenciada de 3, 6 y 9 por millar, de acuerdo con el valor inscrito del bien.

El pleno conoció la iniciativa mediante una moción privilegiada, pese a que la agenda de la sesión incluía más de 18 propuestas. Los diputados aprobaron primero las reformas en tercer debate y después discutieron varias enmiendas, en una jornada que se prolongó por más de una hora.

El cambio final dejó una escala para inmuebles comerciales

La redacción inicial planteaba que las viviendas residenciales y de uso mixto pagarán cero por millar.

En un cambio de última hora, los diputados aprobaron con 111 votos un cobro escalonado, pero dejó intacta la exención total para vivienda, alterando únicamente el mecanismo de cobro para propiedades comerciales.

Durante la discusión también aparecieron posturas enfrentadas sobre el sentido del impuesto. Algunos legisladores defendieron la reforma con el argumento de que el IUSI grava la propiedad del bien sin medir la capacidad económica real del contribuyente, presume que todos los propietarios pueden pagar y aplica el mismo cobro a situaciones distintas, lo que a su juicio puede generar desigualdad y afectar bienes esenciales como la vivienda.

El debate enfrentó alivio tributario y temor por los ingresos municipales

La discusión no quedó limitada al pleno. Los alcaldes y diputados chocaron por los efectos de una reducción drástica o la eliminación del impuesto, ya que autoridades municipales advirtieron que una medida de ese tipo afectaría de forma directa los ingresos destinados a servicios, infraestructura y funcionamiento de las comunas.

La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) sostuvo que la ley necesita actualizarse después de casi 30 años de vigencia, pero alertó que eliminar el tributo podría comprometer las finanzas de las municipalidades. Esa advertencia se sumó a las críticas de sectores que consideran que el cambio reducirá una fuente clave de financiamiento local.

Durante las horas previas a la votación, hubo intentos de construir consensos entre bloques con posiciones divididas. Algunos promovían una rebaja del pago y otros buscaban su eliminación completa para vivienda.

“La autonomía municipal carece de sentido sin autonomía financiera”, sentenció la ANAM, a través de un comunicado con el pretendió disuadir a los diputados.

Los alcaldes manifestaron que no es una casualidad que los municipios que tenían un mayor ingreso de IUSI eran aquellos con mayor inversión en obra pública. No obstante, los diputados hicieron caso omiso.

El Congreso de Guatemala aprobó este miércoles una prórroga que extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos, una decisión que modifica de forma temporal el plazo que vencía el 31 de julio y que abre un margen adicional para los contribuyentes que aún no han cumplido con esta obligación.

Según cifras de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), actualizadas al 28 de julio, la recaudación del tributo llegaba a Q1 mil 125,47 millones, el 75,28 % de la meta de Q1 mil 495,13 millones fijada para 2026. Los datos también mostraban que 4,70 millones de vehículos ya habían pagado, equivalentes al 69,35 % del parque vehicular sujeto al impuesto.

El bloque pendiente incluía 2,08 millones de vehículos, es decir el 30,65 % del total gravado. La ampliación del plazo permitirá que esos propietarios regularicen el pago sin multa, de acuerdo con la información difundida por el medio.

La medida quedó aprobada con 127 votos a favor y cuatro en contra. El decreto será remitido al Organismo Ejecutivo para su sanción y posterior publicación en el Diario de Centro América antes de entrar en vigor.

El decreto modifica de forma temporal la ley que fijaba el vencimiento el 31 de julio

La decisión legislativa se formalizó en el Decreto 19-2026, aprobado durante una sesión plenaria extraordinaria. La norma altera temporalmente lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 70-94, Ley del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos terrestres, marítimos y aéreos, que establece un período de pago del uno de enero al 31 de julio de cada año.

Durante esa sesión, el diputado de la bancada Valor, Elmer Palencia, presentó una moción para que se conociera la iniciativa que ampliaba el plazo del impuesto. El punto llegó al pleno cuando faltaban dos días para el vencimiento original.

La prórroga responde a dos propuestas discutidas en el Legislativo. Una de ellas, impulsada por la bancada Todos, proponía trasladar la fecha límite al último día hábil de noviembre de 2026.

La otra, presentada por la bancada Vamos, planteaba extender el pago hasta el 31 de diciembre de 2026 y suspender durante ese período el cobro de multas, recargos e intereses. El Congreso terminó aprobando la ampliación hasta finales de año.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, calificó como un logro lo alcanzado en el Congreso, argumentando que las personas que aún no han pagado el tributo, puedan tener un margen de varios meses para hacerlo.

La jornada legislativa también incluyó el IUSI y el registro de veteranos militares

En la misma sesión extraordinaria, los diputados conocieron otros proyectos de ley. Entre ellos figuró la iniciativa 1598, correspondiente a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles, para su aprobación en tercer debate.

Durante la jornada también fue aprobada una reforma al artículo 7 del Decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral. Esa modificación amplía el plazo para el registro de veteranos militares.

La nueva fecha para el Impuesto sobre Circulación de Vehículos significa que los propietarios podrán cancelar ese tributo hasta el 31 de diciembre de 2026, en lugar del límite previsto inicialmente para el 31 de julio. El cambio alcanza a quienes todavía no habían realizado el pago al cierre de julio.

La elección de la primera Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el período anual de sesiones 2026-2027 dejó una escena que concentró la atención durante el desarrollo de la sesión. Varios congresistas decidieron mostrar públicamente sus cédulas luego de emitir su voto, pese a la advertencia formulada desde la presidencia de la Junta Preparatoria sobre el carácter secreto del sufragio.

La situación se produjo mientras los 130 legisladores participaban en la elección mediante voto por cédula. Cada exposición del voto generó reacciones dentro del hemiciclo y obligó a la presidenta de la Junta Preparatoria, Cecilia Chacón, a intervenir en más de una ocasión.

El episodio se desarrolló antes del conteo oficial de los votos y en medio de la disputa entre las dos listas que buscaban conducir la Cámara de Diputados durante el nuevo período parlamentario.

Tras finalizar la votación y el escrutinio correspondiente, la Lista 1, integrada por Óscar Reto Otero, Analí Márquez Huanca, Harvey Colchado Huamán y José Yataco Torrealba, obtuvo la mayoría de votos y fue elegida como la nueva Mesa Directiva.

Congresistas exhibieron sus cédulas durante la votación

Antes de iniciar el proceso, Cecilia Chacón recordó que la elección se realizaría mediante voto secreto y dirigió una advertencia a los legisladores.

“De conformidad al artículo 87, inciso c, del Reglamento de Cámara de Diputados, el voto por cédula es secreto. Cualquier infracción es pasible de una acusación constitucional”, expresó la presidenta de la Junta Preparatoria antes de que los diputados comenzaran a depositar sus cédulas en el ánfora.

Sin embargo, la advertencia no modificó la conducta de varios parlamentarios. Conforme avanzó el llamado de los congresistas, algunos levantaron la cédula marcada frente a las cámaras y al resto de sus colegas antes de regresar a sus escaños.

Cada vez que un legislador mostró su cédula, desde distintos sectores del hemiciclo surgieron aplausos de sus compañeros. La reacción se repitió durante buena parte del proceso de votación, mientras continuaba el llamado de los congresistas por orden de lista.

La respuesta dentro del recinto contrastó con la posición de la presidencia de la sesión. Cecilia Chacón reiteró su exhortación para respetar el carácter secreto del sufragio, aunque varios diputados continuaron exhibiendo su voto después de depositar la cédula..

Debate sobre el alcance del reglamento

La advertencia formulada por la presidenta de la Junta Preparatoria abrió un debate sobre el contenido del artículo 87, inciso c, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La disposición señala: “Por cédulas. En las votaciones secretas, cada diputado recibe una cédula en la que expresa su voto y la deposita en el ánfora”. El texto describe el mecanismo utilizado para las votaciones secretas.

Durante la sesión también surgieron cuestionamientos sobre el alcance de esa norma. Las observaciones indicaron que el artículo no menciona sanciones, no establece una prohibición expresa para mostrar la cédula una vez marcada y tampoco regula una acusación constitucional por esa conducta. Asimismo, se señaló que una eventual infracción relacionada con el voto secreto corresponde al ámbito reglamentario parlamentario y no al procedimiento de acusación constitucional previsto para infracciones a la Constitución o delitos de función.

Lista de los que mostaron su voto

• Alayza Maccera
• Aguirre Ramos
• Alvaron de la Cruz
• Ambrosio Domínguez
• Giannina Avendaño Vilca
• Jessica Benítez Barrionuevo
• Freshman Buitrón Martínez
• Cahuaza Mitrivire
• Cabrera Nieto
• Castrejón Fernández
• Chipana Condori
• Colchado Huamani
• Duarte Patiño de Pezet
• Espinoza Huillca
• Eusebio Padilla
• Fernández González
• Flores Valdizán
• García Hubyi
• Gonzales Delgado
• Gonzales Polar
• Guevara Ramírez
• Guillén Valencia
• Hancco Hancco
• Hirache Pizarro
• Holguín Aguirre
• Holguín Loayza
• Huamán Cornejo
• Huilca Flores
• Isla Rojas
• Jibaja Ramos
• Lavado Valdivia
• Jackelin Jerez
• López Letona
• Manay Pillaca
• Manrique Olivera
• Marcelo Salazar
• Márquez Huanca
• Masco Cáceres
• Medina Stein
• Meneses Crispín
• Molina Soto
• Muedas Valdiece
• Palomino Casavilca
• Palomino Pacheco
• Paredes Navarro
• Peña Córdova
• Peralta Jorpa
• Pérez Alccahuamán
• Pérez Mallqui
• Pérez Quispe
• Piñán Mamani
• Poma Huamaní
• Prado Vallejos
• Reto Otero
• Santana Vera
• Soto Villanueva
• Sonco Villanueva
• Soto Ferrari
• Sulca Castillo
• Tapullima Insapillo
• Tito Rojas
• Valqui Calderón
• Varas Seguin
• Villanueva Calderón
• Yataco Torrealva
• Zunini Yerren
• Fernández de la Torre

El propio Vásquez protagonizó uno de los momentos más comentados de la ceremonia: antes de tomar juramento, sufrió una caída al piso cuando se dirigía al estrado, aunque fue atendido de inmediato por el personal y sus compañeros. Una vez repuesto, juró con una dedicatoria explícita: “Por Dios, la patria, por mi familia, la memoria de mis señores padres y por la memoria del mejor presidente que le dio el Perú, Alberto Fujimori. Sí, juro”.

Torres fue el primero en tomar juramento, seguido por Fernando Rospigliosi y Alejandro Muñante, los otros dos integrantes de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, todos de Fuerza Popular. A partir de allí, los senadores fueron llamados en orden alfabético.

Juramentos con carga política en ambos extremos

La ceremonia expuso, desde el primer momento, la polarización que atraviesa la nueva cámara. Varios senadores de izquierda convirtieron su turno en una declaración política. Iber Maraví Olarte, de Juntos por el Perú, juró “por la libertad del presidente Pedro Castillo, por una nueva Constitución y por justicia a las víctimas del sur”. En la misma línea, Bernardo Quito Sarmiento arengó: “Por los mártires del sur, por los mártires del Tambo, contra las leyes pro crimen, pro impunidad, por la libertad de Pedro Castillo, por una nueva Constitución y darle todo el poder al pueblo”, y se negó a tomarse la foto oficial con los integrantes de la Mesa Directiva.

José Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo, juró por su tierra natal y “por la libertad del presidente Pedro Castillo”.

En el otro extremo, Martha Chávez, de Fuerza Popular, dedicó su juramento “por la memoria del ingeniero Alberto Fujimori, el mejor presidente de la historia del Perú”. Karla Schaefer Cuculiza, también de Fuerza Popular, juró “por la memoria de Grau, por el legado de amor al prójimo de mi madre y Luisa María Cuculiza”, mientras que Martha Moyano Delgado lo hizo “por María Elena Moyano y el presidente Alberto Fujimori”.

Desde Ahora Nación, Mirtha Vásquez tomó distancia de ese discurso y juró “por la lucha contra la impunidad, por la justicia y la memoria de las víctimas de la dictadura de los 90 y de los últimos gobiernos autoritarios”, y añadió un compromiso por la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres.

El resto de los 60 senadores

Entre los juramentos con contenido territorial y gremial, Joaquín Yauri, de Juntos por el Perú, juró “por el desarrollo de mi Huancavelica, por no más pueblos olvidados ni postergados y un Perú con mayor equidad”. Silvana Robles Araujo, también de Juntos por el Perú, lo hizo “por los pueblos originarios, los hombres y mujeres indígenas que entregaron su vida por legarnos una patria libre y a la memoria de Juan Santos Atahualpa”. Saúl Armacanqui Morales, de la misma bancada, sintetizó su compromiso en una sola frase: “Porque solo el pueblo salvará al pueblo”.

La abogada penalista Katherine Ampuero, de Renovación Popular —quien obtuvo notoriedad pública tras su designación como procuradora pública ad hoc en las investigaciones del caso Lava Jato en el Perú en 2017—, juró “por Dios, por mi patria y mis valores de justicia y lucha contra la corrupción”.

Jaime Delgado Zegarra lo hizo “por mi leal y apasionada defensa de los derechos ciudadanos y de los consumidores”. Alejandro Aguinaga, médico personal del expresidente Alberto Fujimori y excongresista en el periodo 2021-2026, también tomó juramento como senador de Fuerza Popular.

La elección de los presidentes y vicepresidentes de ambas cámaras está programada para el domingo 26 de julio. Las listas de candidatos podrán presentarse hasta el sábado 25.

Miguel Torres declara constituido el nuevo senado de la República tras la juramentación de los 60 representantes de la cámara.

Joaquín Yauri, de Juntos por el Perú, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por el desarrollo de mi Huancavelica, por no más pueblos olvidados ni postergados y un Perú con mayor equidad”

Rafael Yamashiro Oré, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Wilfredo Verano Saravia, de Juntos por el Perú, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Héctor Ventura Ángel, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

/peru/2026/07/24/por-la-libertad-del-presidente-pedro-castillo-asi-fue-la-juramentacion-como-senador-de-jose-mercedes-castillo-hermano-del-exmandatario/

Jorge Velásquez Portocarrero, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Miguel Angel Velásquez, de Renovación Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Absalón Vásquez, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

El ahora senador, previo a la juramentación, sufrió un tropiezo y cayó al piso, pero rápidamente fue atendido por el personal y compañeros cercanos.

“Por Dios, la patria, por mi familia, la memoria de mis señores padres y por la memoria del mejor presidente que le dio el Perú, Alberto Fujimori. Sí, juro”, dijo en su juramento

Mirtha Vásquez, del partido Ahora Nación, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por la lucha contra la impunidad, por la justicia y la memoria de las víctimas de la dictadura de los 90 y de los últimos gobiernos autoritarios. Por la eliminación de la discriminación de la violencia contra las mujeres. Sí juro”

Juana Ticona Cohaila, del Partido Obras, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Segundo Leocadio Tapia Bernal, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Karla Schaefer Cuculiza, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senadora para el periodo 2026-2031.

“Por la memoria de Grau, por el legado de amor al prójimo de mi madre y Luisa María Cuculiza. Sí, juro”.

Jacques Salomón Rodrich Ackerman, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Silvana Emperatriz Robles Araujo, de Juntos por el Perú, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por los pueblos originarios, los hombres y mujres indígenas que entregaron su vida por legarnos una patria libre y a la memoria de Juan Santos Atahualpa. Sí, juro”.

Bernardo Jaime Quito Sarmiento, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por los mártires del sur, por los mártires del Tambo, contra las leyes pro crimen, pro impunidad, por la libertad de Pedro Castillo, por una nueva Constitución y darle todo el poder al pueblo”, arengó Quito quien se negó a tomarse la foto oficial con los integrantes de la Mesa Directiva

Percy Herbert Osorio Palpan, de Juntos por el Perú, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Víctor Manuel Noriega Reátegui, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Martha Moyano Delgado, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por María Elena Moyano y el presidente Alberto Fujimori. Sí, juro”

Edyson Morales Ramírez, de Juntos por el Perú, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por los Amautas José Carlos Mariátegui, José María Arguedas; por las víctimas del asesinato de la derecha. Sí, Juro”

Marco Miyashiro Arashiro, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Carlos Fernando Mesía Ramírez, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Elard Melgar Valdez, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Susana Flor de María Matute Charún, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Iber Maraví Olarte, de Juntos por el Perú, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por la libertad del presidente Pedro Castillo, por una nueva Constitución y por justicia a las víctimas del sur. Sí, prometo”, dijo en su discurso de juramentación.

Estanislao Mancha Pineda, de Renovación Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Ruth Luque, por Ahora Nación, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Alfonso López Chau, excandidato presidencial, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Patricia Juárez, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

David Jiménez Heredia, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Milagros Jáuregui Martínez, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por la vida, por la familia, mi señor todo poderoso y por los más indefensos y necesitados del Perú. Sí, prometo”, juramentó.

Patricia Iturregui, del Partido del Buen Gobierno, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por mi familia, el medioambiente saludable, la prosperidad de la Amazonía, los derechos humanos. Sí, juro”, sostuvo

Jorge Gavidia Rodríguez, del Partido del Buen Gobierno, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Como biólogo, el desarrollo rural y la innovación. Sí, juro”, sostuvo en su juramento

Walter Francisco Gago Rodríguez, del partido Obras, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Juver Flores Suárez, del Partido del Buen Gobierno, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Victor Flores Ruiz, senador de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Agripina Flores Córdova, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Flavio Figalo Rivadeneira, del partido del Buen Gobierno, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por mi familia, en especial por mis nietos, por la justicia, la paz y los derechos humanos. Sí, juro”, sostuvo en su juramentación

Jaime Delgado Zegarra, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031. “Por mi leal y apasionada defensa de los derechos ciudadanos y de los consumidores. Sí, juro”, dijo en su toma de juramento

Juan Carlos del Aguila, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Victor Cutipa Ccama, de Juntos por el Perú, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

José Chipana, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031. “Por el pueblo, la clase trabajadora, el campesinado y el magisterio. Sí, prometo”.

Martha Chávez, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por la memoria de mis padres que me inculcaron sus valores, por la memoria del ingeniero Alberto Fujimori, el mejor presidente de la historia del Perú”, dijo en su juramento.

Nilsa Chacón Trujillo, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

Hugo Ccahuana Aymachoque, de Juntos por el Perú, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031.

“Por la patria, por el amor a mi departamento de Madre de Dios, por la reivindicación de los pueblos amazónicos, por los luchadores sociales y por la justicia de su causa. Sí, juro”, dijo en su juramentación

José Castillo Terrones, hermano de Pedro Castillo, juramenta como senador para el periodo 2026-2031.

Castillo Terrones juró por su tierra natal y por “la libertad del presidente Pedró Castillo. Si, juro”.

Francisco Giampietri, de Renovación Popular, juramentó como nuevo senador para el periodo 2026-2031

Carlos David Caballero León, juramentó como nuevo senador para el periodo 2026-2031

Nora Bonifaz Carmona, juramentó como nuevo senador para el periodo 2026-2031. “Si, prometo”,

Daniel Barragán Coloma, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031

César Astudillo, de Fuerza Popular, juramenta como nuevo senador para el periodo 2026-2031

Roger Astucuri juramenta como senador para el periodo 2026-2031.

Saúl Armacanqui Morales, de Juntos por el Perú, juramenta como senador para el periodo 2026-2031.

“Porque solo el pueblo salvará al pueblo. Sí, juro”, dijo el senador en su juramentación

José Arista Arbildo, juramenta como senador para el periodo 2026-2031. “Por el Perú y Amazonas. Sí, juro”, dijo

Serafín Andrés Luján, de Juntos por el Perú, juramenta como senador para el periodo 2026-2031.

“Por mis hermanos agricultores, por las cuencas cocaleras del Perú. Sí, juro”, sostuvo en su juramentación

Katherine Ampuero, de Renovación Popular, juramenta como senadora para el periodo 2026-2031.

“Por Dios, por mi patria y mis valores de justicia y luchacontra la corrupción, sí juro”, dijo la jurista.

Ampuero es una abogada y jurista peruana, especializada en derecho penal y gestión pública. Obtuvo notoriedad pública luego de su designación como Procuradora Pública Ad Hoc encargada de las investigaciones relacionadas con el caso Lava Jato en Perú en el año 2017.

Lourdes Alcorta también juramenta como nueva integrante del Senado para el periodp 2026-2031

Alejandro Aguinaga juramenta como nuevo senador para el periodi 2026-2031. El también médico personal de Alberto Fujimori también ejerci+o como congresista en el periodo 2021-2026

Miguel Torres, Fernando Rospigliosi y Alejandro Muñante son los integrantes de la Mesa Directiva del Senado

Alejandro Muñante es el tercer senador en juramentar en lo que será el inicio del nuevo Congreso Bicameral

Fernando Rospigliosi es otro integrante de Fuerza Popular que juramenta como senador en el nuevo Congreso Bicameral

Miguel Torres, de Fuerza Popular fue el primer senador en juramentar en el nuevo Congreso Bicameral

La ceremonia de juramentación de los senadores electos comenzó a las 11 de la mañana, bajo la conducción de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.

La presidencia de esta instancia recae en Miguel Torres, representante de Fuerza Popular. El acto protocolar reúne a los nuevos integrantes del Senado, quienes cumplen con el proceso de toma de juramento de acuerdo con el reglamento establecido por la institución parlamentaria.

La Junta Preparatoria quedó instalada

El presidente de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, Miguel Ángel Torres, declaró instalada la Junta Preparatoria y en sesión permanente. Además, anunció que la juramentación e incorporación de los senadores se realizará a las 11:00 a. m., mientras que la de los diputados tendrá lugar a las 4:00 p. m.

Último mensaje del Congreso unicameral

El Congreso de Perú informó que emitió su último mensaje como parlamento unicameral. Anunció el inicio de la cobertura sobre los preparativos para instalar el nuevo Congreso bicameral, dirigido por la Junta Preparatoria. Con esto, el Parlamento peruano retoma la bicameralidad tras más de 30 años.

Senadores y diputados prestan juramento en sesiones separadas

El Reglamento del Congreso establece que la incorporación formal de los legisladores se realiza por separado en cada cámara. La sesión de juramentación de los senadores electos comienza a las 11:00 horas en el hemiciclo del Senado y permanece bajo la conducción de Miguel Torres Morales.

Más tarde, a las 16:00 horas, corresponde la juramentación de los diputados electos en el hemiciclo del Congreso. Esta ceremonia está dirigida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, presidida por Cecilia Chacón de Vettori.

El procedimiento contempla que los integrantes de cada cámara ocupen sus respectivos lugares para prestar juramento en orden alfabético, conforme a las disposiciones reglamentarias. Finalizado este acto, los titulares de ambas Mesas Directivas declaran formalmente constituido el Senado y la Cámara de Diputados, además de convocar para el domingo 26 la elección de las Mesas Directivas correspondientes al Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

El Congreso retoma el sistema bicameral

Con el inicio de funciones previsto para el 28 de julio, el Parlamento pasa a una estructura integrada por 190 legisladores: 130 diputados y 60 senadores. Según la información difundida por Latina Noticias, esta distribución asigna responsabilidades distintas a cada cámara dentro del procedimiento legislativo.

La Cámara de Diputados concentra el inicio del trámite de los proyectos de ley. En ese espacio se presentan las iniciativas, se desarrollan los debates y se aprueban los textos antes de su envío al Senado.

El Senado recibe posteriormente esas propuestas para revisarlas antes de una decisión definitiva. Este mecanismo incorpora una segunda instancia de evaluación dentro del proceso de elaboración de las normas.

Organización y funciones de las dos cámaras

El Senado funciona en un ambiente distinto dentro del Palacio Legislativo, en el espacio que anteriormente ocupaba la sala Raúl Porras Barrenechea. Según la información difundida, el ingreso permanece restringido al personal autorizado, mientras que las sesiones se transmiten mediante cámaras robóticas.

La cámara alta contará con siete comisiones ordinarias que reunirán varios sectores en una misma instancia de trabajo. También funcionarán comisiones específicas dedicadas a ética, inteligencia y procedimientos especiales.

Por su parte, la Cámara de Diputados desarrolla sus actividades en el hemiciclo principal del Congreso. Este grupo parlamentario dispone de catorce comisiones ordinarias y concentra el debate inicial de las propuestas legislativas, además del control político sobre el Poder Ejecutivo.

Entre sus atribuciones figura la presentación de proyectos de ley, la fiscalización y la posibilidad de interpelar o censurar ministros. En esos procedimientos, la decisión corresponde únicamente a la Cámara de Diputados.

El funcionamiento del nuevo Congreso incorpora recursos tecnológicos para las sesiones y los procesos de votación. Cada escaño dispone de tablets destinadas al registro de asistencia y a la emisión del voto, además de equipos que permiten la participación en sesiones remotas.

La reorganización parlamentaria también modifica las reglas para las bancadas. Los congresistas que decidan abandonar su agrupación política solo podrán incorporarse a un grupo mixto o cambiar de bancada una única vez durante todo el periodo parlamentario.

Las disposiciones también establecen restricciones para quienes opten por ese cambio, entre ellas la imposibilidad de postular a la Mesa Directiva durante un periodo determinado y la obligación de renunciar al partido político con el que resultaron elegidos. Estas medidas forman parte de las normas previstas para el funcionamiento del Congreso bicameral que inicia actividades desde hoy.

El gobierno de Javier Milei anunció recientemente una agenda legislativa con fuerte impronta económica para el segundo semestre. Este viernes ingresó por mesa de entrada de la Cámara de Diputados la reforma del régimen de Inocencia Fiscal y para las próximas semanas se espera la llegada del proyecto para garantizar la independencia del Banco Central (BCRA).

Los libertarios aclaran que el cronograma todavía no está definido pero apuntan a convocar a una sesión especial para finales de agosto. Esto le daría margen al Senado para avanzar con otro proyecto de alto impacto político: el de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye la flexibilización de las restricciones para la venta de tierras a extranjeros.

El tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada sufrió un nuevo revés la semana pasada, cuando Patricia Bullrich se vio obligada a llamar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto por falta de apoyo de los aliados. No obstante, la jefa del bloque de senadores de LLA se reunió este jueves con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para analizar los cambios que el oficialismo está dispuesto a aceptar para conseguir los votos. Si los tres proyectos, Inocencia fiscal, BCRA y Propiedad Privada, coinciden en el temario, la jornada legislativa inevitablemente será maratónica.

El texto definitivo de la ley de inocencia fiscal, que comenzará a discutirse en las próximas semanas en las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, que presiden respectivamente los libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, propone varios cambios significativos al régimen que el Gobierno sancionó en diciembre pasado.

La nueva versión del régimen de Inocencia Fiscal ya no exigirá como requisito que los contribuyentes no superen ingresos anuales por $1.000 millones y que tengan como patrimonio menos de $10.000 millones. Es decir, el régimen quedará abierto para todas las personas humanas sin importar su nivel de ingresos o patrimonio. No obstante, la única excepción serán los Grandes Contribuyentes, que no accederán a las presunciones, efectos liberatorios y otros beneficios previstos por la ley.

Por otro lado, se redefine el concepto de “discrepancia significativa” que le permite a ARCA rechazar la declaración de impuestos simplificada. Solo se considerará una discrepancia importante si la diferencia entre lo declarado y lo que detecta la ARCA supera el 15% del impuesto. Y además, si no alcanza el equivalente al 5% del mínimo previsto en la Ley Penal Tributaria (actualmente $5 millones). A su vez, cuando ocurra una objeción, la persona contará con quince días para corregir la situación, pagar la diferencia y conservar los beneficios del régimen.

La principal polémica girará en torno a la posibilidad de que funcionarios y otras personas políticamente expuestas adhieran al régimen, tal como ocurrió con Manuel Adorni, quien presentó su Declaración Simplificada de Ganancias en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito. De hecho, diputados de Unión por la Patria y Provincias Unidas ya presentaron proyectos propios para excluir a funcionarios y políticos.

En esa línea, el diputado peronista Eduardo Valdés argumentó que “quienes administran recursos del Estado tienen un deber reforzado de transparencia y deben estar sometidos a mayores controles patrimoniales, no a menos”.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del bloque libertario consideraron poco probable que se acepten cambios en este sentido para ampliar los consensos. Se muestran confiados en que los mismos bloques que apoyaron la ley original en diciembre volverán a jugar en tándem con el oficialismo. En aquella oportunidad, se consiguieron 130 votos gracias al apoyo del PRO, la UCR, el MID, los peronistas tucumanos de Independencia, los salteños y misioneros de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los peronistas catamarqueños de Elijo Catamarca, un diputado de Por Santa Cruz.

Por otro lado, los detalles de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central serán presentada por el propio Milei en las próximas semanas. Según anunciaron, el punto central del proyecto será reforzar su independencia del gobierno de turno a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos.

La reforma de la Carta Orgánica que hizo el kirchnerismo en 2012 amplió los mandatos de la institución e incluyó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Ahora el Gobierno apunta a que solo exista uno: preservar el valor de la moneda.

Según la visión de los libertarios, ambos proyectos contribuirán a consolidar la estabilidad financiera ya que permitirán “remonetizar” la economía y ampliar el crédito con dólares que actualmente están fuera del sistema y también ahuyentaría los fantasmas de que próximos gobiernos vuelvan a financiar déficit con emisión monetaria, con el consecuente aumento de la inflación.

Las negociaciones entre las distintas fracciones legislativas comienzan a dar resultados en la discusión del proyecto de ley que pretende atender la extracción ilegal de oro en Crucitas de San Carlos. Luego de semanas de estancamiento, los diputados confirmaron que cerca de 150 mociones de fondo ya fueron retiradas como parte de los acuerdos alcanzados en una mesa de diálogo.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo se encuentra actualmente en la etapa de discusión de mociones de fondo. En total, se habían presentado más de 600 enmiendas, lo que había ralentizado significativamente su avance dentro de la Asamblea Legislativa.

Los legisladores que participan en las negociaciones señalaron que existe un ambiente de mayor apertura entre las bancadas para construir un texto de consenso que permita atender no solo la minería ilegal, sino también los problemas de seguridad y desarrollo que enfrenta la zona norte del país.

El diputado oficialista Nogui Acosta aseguró que el proceso ha evolucionado positivamente y destacó la disposición de las distintas fracciones para ceder en algunos puntos.

“Hay que responderle a los sancarleños, sobre todo a la gente de Crucitas. Hemos logrado incorporar algunas mociones de Liberación Nacional y otras del Frente Amplio. Ya hemos visto la voluntad de las diferentes fracciones retirando mociones y esperamos que la próxima semana podamos empezar a trabajar directamente sobre el proyecto”, afirmó.

Desde el Partido Liberación Nacional también destacaron avances importantes en la negociación. El jefe de fracción, Alvaro Ramírez, informó que su bancada retiró más de 70 mociones, lo que representa alrededor del 40 % de las propuestas que habían presentado al expediente.

Según explicó, la decisión responde al trabajo desarrollado en una mesa de diálogo impulsada por esa fracción, en la que participan representantes de todos los partidos políticos y del Gobierno.

Ramírez indicó que parte de los acuerdos incluye el compromiso del Poder Ejecutivo de convocar un proyecto de ley que tipifique la minería ilegal como un delito vinculado al crimen organizado, además de incorporar varias de las propuestas presentadas por Liberación Nacional al texto que actualmente se negocia.

“Estamos demostrando que existe compromiso con el país y con la zona de San Carlos para resolver este problema de manera integral. También hemos cumplido con los compromisos adquiridos dentro de esa mesa de trabajo”, señaló.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, insistió en que uno de los principales vacíos del proyecto impulsado por el Gobierno es que no aborda con suficiente fuerza el componente de seguridad ni el combate a las estructuras criminales que operan detrás de la extracción ilegal de oro.

El legislador destacó la importancia de que el Ejecutivo haya convocado una iniciativa presentada por su partido para que la minería ilegal pueda ser investigada y perseguida bajo la legislación contra el crimen organizado.

Según Araya, actualmente las autoridades concentran sus esfuerzos en detener a los coligalleros, quienes realizan la extracción de oro de manera artesanal, mientras que las organizaciones que financian y controlan la actividad permanecen fuera del alcance de la justicia.

“Se persigue al coligallero, pero él es la mano de obra barata y descartable. A quienes están detrás comprando el oro y suministrando los insumos prácticamente no se les toca. Revisar este tema como crimen organizado es fundamental”, afirmó.

El diputado también reiteró sus críticas al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, al considerar que la propuesta no resolverá el problema que enfrenta Crucitas.

A juicio del legislador frenteamplista, la iniciativa carece de medidas suficientes para enfrentar la inseguridad que se ha incrementado alrededor de la actividad minera ilegal y no ofrece una respuesta integral para la zona.

Las fracciones coinciden en que todavía quedan mociones por discutir; sin embargo, consideran que el retiro de aproximadamente 150 enmiendas representa un avance significativo para agilizar el trámite legislativo.

Si las negociaciones continúan al ritmo actual, los diputados esperan que durante las próximas semanas el proyecto pueda entrar en una etapa de discusión más expedita y acercarse a su eventual votación en el Plenario Legislativo.

Las ayudas sociales del Congreso Nacional fueron reactivadas desde el pasado mes de mayo bajo un nuevo esquema de funcionamiento que, según las autoridades legislativas, busca garantizar mayor transparencia y control en la administración de los recursos destinados a apoyar proyectos y necesidades de diferentes comunidades del país.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que como parte de este nuevo mecanismo se creará una Unidad de Ayudas Sociales, cuya operación estará regulada mediante una resolución que deberá ser aprobada por la junta directiva del Poder Legislativo.

“Vamos a crear una Unidad de Ayudas Sociales nueva en el Congreso, se va a aprobar una resolución de junta directiva y se va a transparentar esas ayudas que se van a dar”, manifestó Zambrano al referirse al nuevo modelo que se pretende implementar.

De acuerdo con lo explicado por el titular del Legislativo, uno de los principales cambios establecidos en este mecanismo es que los diputados ya no tendrán participación directa en el manejo del dinero destinado a los beneficiarios.

Según Zambrano, los congresistas únicamente actuarán como gestores de las solicitudes, mientras que la administración y entrega de los recursos estarán bajo un procedimiento institucional.

“Por más de cuarenta años se había manejado de manera discrecional. Hoy en el Congreso Nacional se va a iniciar este mecanismo de ayudas sociales para que, a través de las ayudas sociales, el diputado como gestor, sin tocar dinero, las ayudas lleguen a las comunidades”, señaló.

La reactivación de este mecanismo contempla un monto de 100,000 lempiras, recursos que serán destinados a atender diferentes solicitudes y proyectos de carácter social en comunidades del país.

Como parte de los cambios anunciados, el Congreso Nacional informó que se trabajó junto al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en la elaboración de un reglamento interno que establecerá las normas bajo las cuales funcionará el nuevo sistema.

El objetivo de esta normativa es definir mecanismos de control y establecer criterios específicos para la entrega de los recursos, así como procedimientos que permitan realizar un seguimiento de las ayudas otorgadas.

El reglamento también contemplaría mecanismos de rendición de cuentas, con el propósito de fortalecer la fiscalización de los fondos y evitar que estos sean utilizados de manera discrecional.

Según lo informado por las autoridades legislativas, diputados de las bancadas del Partido Nacional y Partido Liberal ya han tenido acceso a este mecanismo de ayudas sociales.

Por ello, la creación de una unidad específica y la aprobación de un reglamento buscan establecer una estructura institucional que permita dar seguimiento a cada solicitud y determinar con mayor claridad cómo se utilizan los recursos públicos.

El Fondo Social del Congreso Nacional es un mecanismo mediante el cual se destinan recursos para financiar proyectos y brindar ayudas en diferentes comunidades del país, a través de gestiones realizadas por diputados.

Durante años, este sistema ha sido objeto de cuestionamientos por parte de diferentes sectores, debido a la forma en que se manejaban los recursos y a la limitada información disponible sobre su ejecución.

La falta de registros públicos detallados también ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del sistema, al existir dificultades para conocer con precisión quiénes recibieron los recursos, qué proyectos fueron financiados y cuál fue el monto ejecutado en cada caso.

Con el nuevo modelo, las autoridades legislativas aseguran que buscan modificar esta dinámica y garantizar que los diputados tengan únicamente una función de gestión, sin intervenir directamente en la administración del dinero.

El reto, ahora, será demostrar que la nueva Unidad de Ayudas Sociales y el reglamento anunciado pueden garantizar una ejecución transparente y verificable de los recursos.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, presentó formalmente este miércoles la reforma del régimen de Inocencia Fiscal que el oficialismo impulsará en el Congreso a partir de agosto con el objetivo de formalizar parte de los USD 170.000 millones de los argentinos que permanecen fuera del circuito legal. Desde la oposición comenzaron a analizar el primer borrador del proyecto y denunciaron que busca premiar a los evasores. Sin embargo, la principal crítica es que los funcionarios públicos puedan adherir al régimen, especialmente tras el escandaloso episodio de Manuel Adorni.

Si bien el Gobierno aprobó la versión vigente del régimen de Inocencia Fiscal apenas en diciembre pasado, ahora buscará hacerle modificaciones porque no cumplió con las expectativas. Expertos tributaristas y asociaciones de contadores señalaron que la ley original expone a los contribuyentes ante un eventual cambio de gestión en 2027. Por eso, el equipo económico trabajó en una serie de modificaciones que apuntan a ampliar el universo de beneficiarios y, al mismo tiempo, otorgar mayores garantías a quienes decidan regularizar su situación patrimonial.

Según Caputo, “el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada”. “Lo que nosotros queremos es que haya mayor inversión y la contracara es el ahorro que está, pero abajo de los colchones. Lo que nosotros necesitamos es que se vuelque al mercado financiero”, explicó el ministro de Economía. No obstante, Caputo no hizo ninguna mención a las tensiones que puede haber por las adhesiones de funcionarios al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) como el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas.

Entre otros puntos, el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal eliminará los topes de ingresos y patrimonio que en la versión anterior se habían fijado en $1.000 millones y $10.000 millones, respectivamente permitiendo así la inclusión de un universo más amplio de personas físicas y jurídicas. Otro aspecto clave es la definición de “discrepancia significativa”, un punto central en la interpretación del alcance del blanqueo y sus efectos tributarios.

La posibilidad de que los funcionarios, sus familiares directos u otras personas políticamente expuestas puedan adherir al Régimen Simplificado de Ganancias en el marco del régimen de Inocencia Fiscal se convirtió en el principal blanco de las críticas de la oposición.

“La nueva ley de “Inocencia fiscal” beneficia a funcionarios y políticos. Otra ley hecha a medida. No solo premian a los grandes evasores, ahora también habilitan un régimen para quienes ejercen la función pública. Los que venían a convertir la moral en política de Estado son, en realidad, profundamente amorales”, planteó Agustín Rossi (Unión por la Patria) en sus redes sociales.

En la misma línea, el diputado Eduardo Valdés argumentó que “quienes administran recursos del Estado tienen un deber reforzado de transparencia y deben estar sometidos a mayores controles patrimoniales, no a menos”. En ese sentido, presentó un proyecto de ley para excluir expresamente a los funcionarios públicos y a las personas políticamente expuestas del régimen de Inocencia Fiscal, al considerar que su aplicación a quienes ejercen funciones públicas resulta incompatible con los principios de transparencia, ética pública y prevención de la corrupción.

Valdés también recordó que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establecen que las Personas Políticamente Expuestas deben estar sometidas a controles reforzados por el mayor riesgo de corrupción asociado al ejercicio de funciones públicas.

Por otro lado, el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, también cuestionó la inclusión de funcionarios públicos. “La primera Inocencia Fiscal la metieron por la ventana en la madrugada del 18 de diciembre. En el recinto pedimos excluir a los funcionarios, pero no quisieron. ¿Qué pasó después? La usaron Adorni, Francos, Sturzenegger, Felipe Núñez y Espert. ¿Creen que el gobierno recapacitó? No. La “Inocencia Fiscal 2” sigue abierta para ellos. La doctrina Adorni sigue vigente: no declarar y evadir todo lo que se pueda”, dijo.

Su compañero de bloque, Esteba Paulón, también presentó un proyecto para excluir a los funcionarios de los beneficios del régimen. “La ley no puede ser un salvavidas para los poderosos”, sintetizó.

En diciembre, cuando se aprobó la primera versión de la Inocencia Fiscal, el oficialismo llegó a los 130 votos gracias al apoyo del PRO, la UCR, el MID, los peronistas tucumanos de Independencia, los salteños y misioneros de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los peronistas catamarqueños de Elijo Catamarca, un diputado de Por Santa Cruz. Un esquema de alianzas que ha logrado sostener a los largo del año en la mayoría de las votaciones importantes.

Con la actividad en el Congreso todavía a media marcha, a pesar de los intentos del oficialismo para impulsar diferentes proyectos, el Gobierno busca distintas alternativas para poder avanzar con las reformas que considera prioritarias, aunque no termina de consensuar una estrategias con los aliados y las negociaciones continúan trabadas en ambas Cámaras del recinto.

La mesa política libertaria se reunió el martes pasado en la Casa Rosada para definir los próximos pasos en materia parlamentaria de cara al 6 de agosto, cuando los legisladores volverán a trabajar tras el receso invernal.

Tal como detalló Infobae, en ese encuentro se acordó que las modificaciones de la Ley de Inocencia Fiscal y de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) serán los primeros objetivos.

Sin embargo, en esa oportunidad ya se habló también de otras dos iniciativas que fueron pensadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y que ya generaron debate interno.

Uno de ellos es un texto que recién se está redactando y que no se envió aún al Congreso, el cual plantea una serie de flexibilizaciones para sectores como farmacias, inmobiliarias y navegación, entre otros.

La discusión surgió porque, uno de los artículos que aparecía en el borrador que circuló en la Cámara de Diputados, establecía otorgarle nuevamente facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para que pueda implementar varios de estos cambios directamente por decreto.

El título X de la norma proponía declarar “la emergencia pública en materia administrativa y de competencia en los mercados por el plazo de seis (6) meses”, período durante el cual el Gobierno iba a tener que, paralelamente, informarle a los legisladores “trimestralmente“ el uso de este permiso constitucional.

Para justificar la aplicación una vez más de esta herramienta, el articulado fija como directrices centrales “eficientizar el funcionamiento de los mercados”, “promover la libre competencia contra toda forma de distorsión” y “favorecer la asignación eficiente de los recursos públicos”.

Asimismo, se ponía como eje ”reducir las obligaciones o cargas que las personas humanas o jurídicas privadas deban cumplir” y a “eliminar las facultades u obligaciones que las normas de rango legal vigentes atribuyan o impongan” a los organismos estatales cuando estas constituyan “restricciones que afecten el desarrollo de actividades económicas en condiciones de libre competencia”.

En el plano operativo, el proyecto facultaba al Ejecutivo a “modificar o derogar las normas de rango legal” que establezcan diversos tipos de trabas regulatorias, tales como “barreras de entrada o de salida” que generen “monopolios, oligopolios o mercados concentrados de manera artificial”.

Del mismo modo, habilitaba la revisión de “regímenes de precios mínimos, máximos, sugeridos o de referencia, bandas de precios o márgenes de utilidad”, y de cualquier “obligación de uso, preferencia o integración de productos, componentes, insumos o servicios de origen nacional, provincial o municipal”, alcanzando inclusive a las “restricciones, autorizaciones, permisos o condicionamientos de cualquier tipo que restrinjan la libre circulación interjurisdiccional de bienes y servicios”.

Sin embargo, cuando se conoció este apartado, las autoridades nacionales se encargaron de aclarar, enfáticamente, que se trata de una idea que estaba totalmente descartada.

“Ni siquiera está cerrado. Aún se están puliendo varios puntos del texto. Se está trabajando mucho con las distintas áreas“, señalaron en el entorno de Sturzenegger.

La posibilidad de tener facultades delegadas, como el Congreso le otorgó en 2024, a través de la ley bases, fue rechazada por el propio presidente Javier Milei, que internamente negó esa chance.

No obstante, los propios aliados, al enterarse del borrador que estaba circulando por la Cámara, habían planteado su malestar al respecto.

“¿Para qué quieren facultades delegadas? Si venían sacando todas las leyes que necesitaban. Ahora se les trabó el Senado, pero los proyectos venían saliendo. Además, ?a dos años y medio de gestión quieren? No, a dos años y medio ya no se les da facultades delegadas”, remarcó el referente de uno de los bloques que más acompaña a La Libertad Avanza.

En cuanto a la ampliación de la inocencia fiscal, el mismo diputado opinó que “antes de lo de Manuel Adorni ya tenía los votos garantizados, pero ahora puede que se les complique“.

Por otra parte, también generó polémica el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, también diseñado por Sturzenegger, que no obtuvo consenso con los otros espacios por, principalmente, el artículo que facilita la venta de tierras a extranjeros.

La jefa de la bancada del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, acordó postergar el tratamiento hasta el 6 de agosto para evitar que todo el texto fuera rechazado.

Así lo explicó la propia ex ministra de Seguridad en la reunión de la mesa política, aunque también lo conversará personalmente con el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado.

La cita ya está establecida para este mismo martes por la tarde y se espera que la senadora plantee que, por lo menos, haya cambios sobre ese punto.

“Es un encuentro interno. El temario básicamente es la propiedad privada, pero es posible que vayan a ver también los otros temas que él tiene en carpeta”, explicó una persona cercana a Bullrich.

El retorno del Congreso bicameral dará inicio en la organización del Poder Legislativo peruano. Como parte de este proceso, la nueva Cámara de Diputados elegirá por primera vez a su Mesa Directiva para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, una elección que definirá a las autoridades encargadas de conducir el funcionamiento de esta nueva instancia parlamentaria.

De acuerdo con información difundida por Andina Noticias, la elección se realizará el domingo 26 de julio, luego de la juramentación e incorporación de los diputados electos que formarán parte del primer Congreso bicameral del país. Este acto previo está programado para el viernes 24 de julio.

La conformación de la nueva Cámara de Diputados comenzará con la incorporación oficial de los legisladores elegidos en las últimas elecciones. Durante esta ceremonia, los diputados prestarán juramento para asumir sus funciones dentro del nuevo esquema bicameral del Congreso de la República.

La elección de la Mesa Directiva no podrá realizarse sin que previamente los parlamentarios hayan sido reconocidos e incorporados formalmente. la primera directiva de la Cámara de Diputados será elegida por los integrantes que asumirán el periodo legislativo 2026-2027.

¿Cómo se elegirá la Mesa Directiva?

Según el reglamento parlamentario, los grupos políticos tendrán la responsabilidad de definir las listas que competirán por dirigir la cámara. Cada fórmula deberá incluir candidatos para los cuatro cargos de conducción: presidencia y las tres vicepresidencias.

El procedimiento electoral estará dirigido por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, que tendrá a su cargo organizar la votación y garantizar que el proceso se desarrolle conforme a las normas establecidas. Durante la jornada, se designará a dos diputados como escrutadores, quienes tendrán la función de supervisar el normal desarrollo de la elección y participar en la revisión de las cédulas de votación.

El proceso contempla las siguientes etapas:

• Los escrutadores firmarán las cédulas de votación antes de que sean distribuidas entre los diputados.
• Los legisladores emitirán su voto de manera individual y secreta, depositando sus cédulas en el ánfora correspondiente.
• Finalizada la votación, se realizará el conteo voto por voto con la participación de los diputados escrutadores.
• El presidente de la Junta Preparatoria dará lectura a cada voto durante el escrutinio.

Para que una lista sea declarada ganadora en la primera votación, deberá obtener más de la mitad de los votos emitidos por los diputados asistentes a la sesión. Si ninguna candidatura alcanza la mayoría requerida, el reglamento establece la realización de una segunda votación entre las dos listas que hayan obtenido la mayor cantidad de votos en la primera ronda; en esta etapa, será proclamada ganadora la fórmula que consiga la mayor votación y sus integrantes asumirán los cargos de la Mesa Directiva.

¿Qué pasa después de la votación?

De acuerdo a la información difundida por Andina Noticias, la lista que obtenga la mayor cantidad de votos en la segunda elección será proclamada como ganadora y sus integrantes asumirán la conducción de la Cámara de Diputados durante el periodo correspondiente.

Tras la proclamación de los resultados, los miembros electos de la Mesa Directiva deberán prestar juramento para ejercer oficialmente sus cargos. El presidente electo de la cámara será el primero en asumir el compromiso ante el titular de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.

Luego, el nuevo presidente tomará juramento a los demás integrantes elegidos para completar la Mesa Directiva. La fórmula establecida será: “Por Dios, por la patria y por la Constitución Política del Perú”; sin embargo, los diputados que lo soliciten podrán prescindir de la invocación religiosa durante este acto.

Instalación de la nueva cámara

Una vez completada la elección y juramentación de la Mesa Directiva, la Cámara de Diputados quedará oficialmente constituida para el periodo 2026-2031. El resultado del proceso será comunicado a las autoridades del Estado, entre ellas el presidente de la República, los titulares del Senado, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y otros organismos públicos.

La nueva Mesa Directiva organizará el funcionamiento interno de la cámara y convocará para el lunes 27 de julio la sesión de instalación de la Cámara de Diputados y del Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.; así comenzará formalmente la etapa del Congreso bicameral en el país.

Una abultada bandeja de proyectos libertarios frenados, y un recinto trabado y con cuarto intermedio vigente -hasta el 6 de agosto- representan el resumen de la desafiante agenda que tendrá el Senado hasta fin de año. Problemas de fondos no habrá ya que los legisladores obtuvieron, justo antes del receso invernal, un nuevo aumento en sus dietas -más de 12 millones de pesos, en bruto- por estar atadas a la paritaria de empleados, tal como resolvieron todos los bloques, sin grieta, en 2024.

Como iniciativa más fresca quedó la de propiedad privada, ya muy manoseada entre los 15 borradores que aparecieron post dictamen. Fue el motivo principal del cuarto intermedio y es uno de los textos que desea -aunque ya se lo desplumaron al oficialismo- el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Hace pocas semanas fue a defender la ley de Sociedades que, por ahora, no muestra guiños concretos desde la oposición dialoguista.

En caso de resolver el embrollo de propiedad privada el 6 de agosto, durante el mismo mes podría ser sancionada la ley denominada “Hojarasca”, que elimina normativas vetustas. De hecho, la misma estaba pensada para dicha jornada, aunque con la posposición del primer proyecto y la dificultad que tiene para avanzar la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich. Todo quedó como una moneda en pleno vuelo. La porteña destinó más energía a otros objetivos personales y noticiables -con irregular éxito- y dejó a su espacio muy expuesto y sin defensa -incluido al propio Javier Milei- en varias ocasiones.

Con otros articulados se comenzó en comisiones con una fuerte promoción y, a los pocos días, quedaron olvidados. Un claro ejemplo fue la remodelación de la ley de salud mental, aunque desde usinas oficialistas deslizaron a Infobae que, tras las vacaciones, empujarían novedades. También lo hicieron con otros temas que aún aguardan respuesta.

El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones hoy sin suficiente amparo. En mayo último disertó la directora de abordaje integral de salud mental, Liliana González, quien aseveró: “Después de 15 años de sancionada la ley, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”.

Por otra parte, iniciativas como ludopatía -todos en guionado silencio- y etiquetado frontal -dinamitar todos los octógonos- ni siquiera son mencionadas. Y días atrás fue girado a tres comisiones -mayor dificultad para hallar aliados y firmar dictamen- el súper RIGI, que ya fue aprobado por la Cámara baja y espera su sanción definitiva.

Mientras que la Casa Rosada ahora pretende que Diputados apure las nuevas modificaciones sobre la inocencia fiscal -increíble que una ley sancionada deba ser cambiada a los pocos meses, lo cual denota el nivel de irresponsabilidad con el que se debaten cuestiones sensibles-, en el Senado se asoman ansiedades por la reforma política. Por fuera del inflado show informativo que se despliega desde Balcarce 50, no hay allí un solo indicio de movimiento y un interés único para suspender -ya no eliminar- las PASO. Y nadie cree que exista alguno no antes de octubre o noviembre.

Para esa época, el Gobierno sueña que la Cámara alta achique las zonas frías -facturas de luz y gas más caras en varios distritos- y ahorrar una millonada para enviar, con holgura de cuentas, el Presupuesto 2027 a Diputados. Esto deberá ocurrir a mitad de septiembre. Un abrir y cerrar los ojos para el ritmo que suele tener el Congreso.

Mientras tanto, el Ejecutivo continúa con la promoción de potenciales articulados para reformar la Carta Orgánica del Banco Central y una eventual normativa relacionada con el shutdown, como en los Estados Unidos, que implica la paralización de áreas de la administración central en caso de que no hubiese acuerdo por la ley de gastos.

De lo que no queda dudas es, más allá de lo voluminosa de la agenda, es que la misma no tendrá luz verde si La Libertad Avanza no ajusta varias de sus tuercas. Entre errores propios -que sin dudar se podrían haber evitado y el lastre -no sirve como excusa- generado por el indefendible exjefe de Gabinete Manuel Adorni, el mileísmo perdió un tiempo más que valioso.

Post receso, los aliados pretenderán aprobar textos propios. La buena predisposición se mantendrá, pero menor margen de acción para el Gobierno, que tendrá que decidir si cede o si, como en 2024 y 2025, busca el choque con toda la oposición. Los articulados ya no interesarán mucho y todo se pesará en la balanza electoral.

El Congreso de Perú continúa con los preparativos para el inicio del nuevo periodo legislativo, marcado por el retorno de la bicameralidad luego de más de 30 años. En las juntas preparatorias, encargadas de organizar la instalación del Parlamento, se aprobaron el cronograma de juramentación de los nuevos senadores y diputados, así como la distribución de curules y despachos parlamentarios.

En entrevista con RPP, el diputado electo del Partido del Buen Gobierno Luis Quispe Candia, quien integra la junta preparatoria por ser uno de los parlamentarios de mayor edad, informó que la jornada del próximo viernes 24 de julio comenzará a las 9:00 de la mañana con la instalación de la Mesa Directiva de las juntas preparatorias.

Posteriormente, a las 11:00 a. m. se realizará la juramentación de los senadores, mientras que a las 3:00 p. m. asumirán formalmente los diputados, cada grupo en su respectivo hemiciclo.

Definieron la distribución de curules y despachos

Quispe Candia indicó que otro de los acuerdos alcanzados en la reunión del 17 de julio fue la asignación de los curules en ambas cámaras y de los despachos parlamentarios que ocupará cada partido político.

“Se ha determinado los despachos que van a ocupar cada partido político y también se ha distribuido los curules. Nos hemos puesto de acuerdo entre todos, de tal forma que estamos satisfechos con la distribución”, afirmó.

Consensos en poco más de una hora

Consultado sobre el tiempo que demandó llegar a un acuerdo, el legislador electo sostuvo que el proceso fue rápido y se desarrolló sin mayores inconvenientes.

Según explicó, la definición de los espacios tomó poco más de una hora, ya que en la junta preparatoria participan representantes de tres partidos políticos, lo que facilitó alcanzar consensos.

Con estas decisiones, el Congreso deja encaminada la instalación de las dos cámaras que conformarán el Parlamento peruano a partir del 28 de julio, cuando se inaugure oficialmente el nuevo periodo legislativo y entre en funciones el sistema bicameral restablecido tras la reforma constitucional.

Sobre las mesas directivas

Con el retorno del sistema bicameral, el Senado y la Cámara de Diputados elegirán por separado a sus respectivas mesas directivas, órganos encargados de conducir los debates, dirigir las sesiones, representar institucionalmente a cada cámara y ordenar el trabajo legislativo durante el primer año del periodo parlamentario 2026-2031. Cada mesa estará integrada por un presidente y tres vicepresidentes, cuyos integrantes serán elegidos por voto secreto de los propios legisladores.

De acuerdo con el cronograma definido por la Junta Preparatoria, la elección de la Mesa Directiva del Senado está prevista para el domingo 26 de julio a las 2:00 p. m., mientras que la Cámara de Diputados hará lo propio ese mismo día a las 6:00 p. m., aunque ambos horarios aún deben ser ratificados oficialmente. Las bancadas tendrán hasta el sábado 25 de julio para presentar sus listas de candidatos ante la Oficialía Mayor, que verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento del Congreso.

Como parte del proceso, la Oficialía Mayor también exhortó a las organizaciones políticas con representación parlamentaria a presentar, el 24 de julio, los reglamentos internos de sus grupos parlamentarios y acreditar a sus portavoces titular y suplente. Este trámite es indispensable, ya que la publicación del reglamento interno constituye un requisito para que una bancada pueda participar en la elección de la Mesa Directiva.

Aunque en los últimos días se daba por descontado que Fuerza Popular impulsaría la candidatura de Miguel Torres para presidir el Senado y Cecilia Chacón para la Cámara de Diputados, mientras Renovación Popular apostaría por Alejandro Muñante y Norma Yarrow, respectivamente, las negociaciones aún no están cerradas. Tampoco se descarta que Juntos por el Perú presente una lista propia si logra reunir el respaldo de otras bancadas de centroizquierda.

Las conversaciones también giran en torno al reparto de las presidencias de las comisiones ordinarias, ya que la bancada que obtiene la Mesa Directiva suele tener mayor influencia para liderar grupos de trabajo estratégicos, como las comisiones de Constitución y Reglamento y Presupuesto y Cuenta General de la República. En ese escenario, tanto Fuerza Popular como Renovación Popular buscan sumar el respaldo del Partido del Buen Gobierno y del Partido Cívico Obras, aunque ambas agrupaciones aún no han definido públicamente si presentarán candidaturas propias o respaldarán alguna alianza.

A principios de año, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei prometió “nueve meses ininterrumpidos de reformas que van a rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”. Si bien los libertarios estuvieron muy lejos de tratar los “90 paquetes de reformas estructurales” que prometió el Presidente, el oficialismo cerró un primer semestre positivo en la arena legislativa, con grandes victorias, como la reforma laboral, y bloqueado casi todos los intentos opositores de controlar la agenda.

La principal victoria política de La Libertad Avanza fue la Ley de Modernización Laboral 27.802, sancionada el 27 de febrero tras una sesión maratónica en el Senado y ratificada luego en Diputados. Esta norma, eje central del programa de gobierno, modificó de manera sustancial las reglas del mercado de trabajo.

La nueva normativa abarató los despidos, introdujo el banco de horas y alivió las cargas empresariales a través de la reducción de aportes y la creación de un fondo de asistencia laboral financiado por los empleadores. Además, la ley eliminó la llamada ultraactividad de los convenios colectivos, priorizando acuerdos por empresa y permitiendo que los convenios sectoriales dejen de tener vigencia si no se renuevan. Otra novedad fue la creación de la figura del trabajador independiente fuera de la ley de contrato laboral, habilitando formas de contratación basadas en servicios puntuales.

Uno de los cambios más debatidos fue la restricción al derecho de huelga en servicios esenciales como salud, educación, transporte, energía y agua, donde ahora debe garantizarse un servicio mínimo del 75%. Para sectores considerados trascendentales, como bancos, minería, industria y comercio electrónico, el piso es del 50%.

Por otro lado, el Gobierno logró avanzar con el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años tras un debate de casi dos décadas. También aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, que le otorgó a las provincias la facultad de establecer criterios propios para determinar qué glaciares y ambientes periglaciares serán preservados, una demanda sostenida por distritos con actividad minera. Mientras la ley original establecía una protección general, la reforma limitó su resguardo a aquellos cuerpos y geoformas que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”.

En tanto, la ley de Inocencia Fiscal, que apunta a sacar “los dólares del colchón”, elevó el umbral de evasión simple a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos. Asimismo modificó el plazo de prescripción del delito, que disminuyó de 5 años a 3 años. Esta es la normativa que el Gobierno buscará reformar nuevamente en la segunda mitad del año para ampliar el universo de contribuyentes que puedan adherir al régimen.

En los últimos dos meses acumuló una seguidilla de victorias con la rectificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la sanción definitiva del acuerdo con un grupo de holdouts (fondos buitres), la media sanción la reforma del régimen de Zonas Frías; de el Super RIGI, que busca fomentar inversiones en las “industrias del futuro” y de la Ley Hojarasca.

Además, tras la sesión del último jueves, el gobierno de Milei acumula más de cien nombramientos judiciales para resolver el profundo problema de juzgados, fiscalías y defensorías vacantes. Según trascendió el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques tiene listos otros 300 pliegos que buscarán aprobación del Senado antes de fin de año.

Sin embargo, a pesar de su exitoso primer semestre, el oficialismo acumula una batería de proyectos de gran impacto político y económico para la segunda mitad del año. Sin lugar a dudas, el de mayor importancia para el Poder Ejecutivo será la reforma política, cuyo punto principal es la eliminación de las elecciones primarias (PASO). Paso que los libertarios consideran fundamental para asegurar la reelección del Presidente.

Esta iniciativa no termina de juntar masa críticas entre gobernadores afines y bloques aliados, algo similar a lo que ocurre que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que contempla mecanismos para agilizar los desalojos, cambios en la ley de manejo del fuego, la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros y modificaciones a la ley de expropiaciones. Su tratamiento se postergó por cuarta vez y el oficialismo ya trabaja en el borrador número 16.

Después de las vacaciones también llegarán al Congreso una batería de iniciativas anunciadas por Milei para garantizar la estabilidad financiera y presupuestaria. A la ampliación de la ley de Inocencia Fiscal se sumarán una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para reforzar su independencia -prohibir el financiamiento del Tesoro- y un mecanismo de “shutdown”, al estilo norteamericano para limitar la capacidad del Estado de gastar por encima de lo presupuestado.

El oficialismo sufrió un anticipado revés este jueves en el Senado de la Nación cuando se vio obligado a posponer el tratamiento de la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada por falta de apoyo de los bloques aliados. El debate se retomará el próximo 6 de agosto, por lo que la agenda parlamentaria tanto en la Cámara alta como en Diputados quedará reducida al mínimo hasta después de las vacaciones de invierno.

En la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem, al oficialismo ya no le quedan proyectos importantes a la espera de ser tratados. En los últimos dos meses logró darle media sanción la reforma del régimen de Zonas Frías; el Super RIGI, que busca fomentar inversiones en las “industrias del futuro” y la Ley Hojarasca; también consiguió la sanción definitiva del pago a un grupo de holdouts (fondos buitres).

Por lo tanto, los diputados libertarios esperaban que lleguen del Senado proyectos como el de inviolabilidad de la propiedad privada, que contempla mecanismos para agilizar los desalojos, cambios en la ley de manejo del fuego, la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros y modificaciones a la ley de expropiaciones; la reforma política, cuyo punto principal es la eliminación de las elecciones primarias (PASO); la modificación de la ley de etiquetado frontal; y la anunciada nueva Ley General de Sociedades, que generó debate a nivel internacional por las denominadas “sociedades automatizadas”.

La jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, reconoció que tuvo que llamar a un cuarto intermedio por falta de acuerdo con los bloques aliados, especialmente en torno a la extranjerización de tierras. Por otro lado, no hay fechas definidas para llevar al recinto el resto de los proyectos, todos quedarán para después de las vacaciones de invierno. Algunos de ellos, como la eliminación de las PASO, también enfrenta rechazo de algunos gobernadores y fuerzas aliadas como el PRO y la UCR.

En un intento de retomar la iniciativa parlamentaria, el propio presidente Milei anunció la semana pasada que enviaría al Congreso una batería de proyectos que apuntan a garantizar la estabilidad financiera y presupuestaria.

Según explicaron a Infobae fuentes oficiales, el próximo lunes podría llegar a Diputados la reforma de la Ley de Innocencia Fiscal y el trabajo en comisión seguramente comenzará recién la semana siguiente.

Con esta nueva versión de la norma, el Gobierno busca ampliar el universo de personas que puedan adherir al régimen. Tal como adelantó Milei, la idea es “volverla universal y más previsible”. Según trascendió, se eliminarán los topes de ingresos y de patrimonio de la ley vigente para que más contribuyentes puedan formalizar ahorros no declarados.

“Lo que estamos enviando ahora es una versión mejorada. La Ley de Inocencia Fiscal es muy importante porque ese ahorro que está debajo de los colchones representa una pérdida de poder de compra para la gente, y al mismo tiempo el país no se beneficia de esos fondos. Ese ahorro debería estar capitalizándose o transformándose en inversión. Los bancos y las ALyCs podrían destinar esos fondos a financiar proyectos de infraestructura y pymes. Es una masa crítica muy importante, porque los números oficiales que maneja el Banco Central indican que hay USD 170.000 millones debajo de los colchones”, había explicado el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por otro lado, Milei también adelantó que pretende reformar la Carta Orgánica del Banco Central para reforzar su independencia. El punto más relevante en términos económicos es la “prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto” del Banco Central hacia el Tesoro. Los adelantos transitorios, que suelen volverse permanentes, son la herramienta crucial utilizada históricamente para que el Banco Central cubra con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos.

La reforma de la Carta Orgánica que hizo el kirchnerismo en 2012 amplió los mandatos de la institución e incluyó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. El Gobierno apunta a que solo exista uno: preservar el valor de la moneda.

Finalmente, Milei explicó que trabajan en un mecanismo de “shutdown”, al estilo norteamericano. Es decir, una herramienta para limitar la capacidad del Estado de gastar por encima de lo presupuestado. “Estamos trabajando también en el armado del ‘shutdown’ del Ejecutivo. Cuando te agotas el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, dijo Milei.

En Estados Unidos, durante un shutdown los organismos públicos deben suspender aquellas actividades que no son consideradas esenciales. Esto puede implicar el cierre temporal de oficinas, la interrupción de programas gubernamentales, la postergación de trámites administrativos y la licencia obligatoria de una parte de los empleados públicos. En contraposición, los servicios calificados como críticos —entre ellos la seguridad, la justicia y la atención de emergencias— continúan operando, ya que se consideran indispensables para el funcionamiento básico del Estado.

Según reconocieron fuentes de LLA, tanto la reforma del BCRA como el proyecto de Shutdown quedarán para agosto, luego del receso invernal.

El Congreso de Costa Rica dio el primer visto bueno al primer presupuesto extraordinario del ejercicio económico 2026, en una votación que volvió a evidenciar la división entre el oficialismo y las bancadas de oposición sobre las prioridades del gasto público.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25,589, fue aprobada en primer debate con 30 votos a favor y 24 en contra, gracias al respaldo de la fracción oficialista.En contraste, las bancadas opositoras rechazaron el proyecto al considerar que desatiende áreas sensibles como la seguridad ciudadana y los programas sociales.

El presupuesto extraordinario es un instrumento que permite al Estado modificar el presupuesto vigente para redistribuir recursos, incorporar nuevos ingresos o atender necesidades específicas que surgen durante el año.

Durante la discusión legislativa, el presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Nogui Acosta, defendió el proyecto y explicó que la principal finalidad de la iniciativa es garantizar la continuidad de programas considerados prioritarios por el Poder Ejecutivo.

Según detalló, una parte importante de los recursos permitirá asegurar el financiamiento del Régimen No Contributivo de Pensiones, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como mantener el pago de las becas Avancemos, administradas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

“Este presupuesto asegura los recursos para las pensiones del Régimen No Contributivo y también permite garantizar los fondos para el IMAS, particularmente las becas Avancemos”, explicó Acosta durante el debate.

Además de esos programas, el proyecto incorpora recursos para impulsar varias iniciativas de inversión pública promovidas por el Gobierno.

Entre ellas figura el financiamiento para el tren eléctrico, fondos destinados a fortalecer la resiliencia agrícola y recursos para la reconstrucción del dique de Coto 47, una obra considerada estratégica para proteger comunidades vulnerables frente a inundaciones en la Zona Sur.

Sin embargo, la oposición sostuvo que el proyecto prioriza inversiones específicas mientras reduce recursos destinados a programas sociales de atención directa.

Durante el debate, la diputada Claudia Dobles criticó que el presupuesto no refleje el discurso del Gobierno sobre la lucha contra la inseguridad.

“Ese presupuesto no prioriza en seguridad, a pesar de que una y otra y otra vez se dice que hay una priorización para mejorar la seguridad”, afirmó.

La legisladora también cuestionó los ajustes planteados para programas dirigidos a la niñez y las familias en condición de vulnerabilidad.

Según señaló, la iniciativa contempla reducciones presupuestarias que afectarían a los CEN-CINAI, al sistema nacional de cuido y a los programas de vivienda de interés social.

“No prioriza ningún tipo de programa social. Lejos de eso, disminuye el presupuesto de los CEN-CINAI y también el destinado a vivienda de interés social”, manifestó durante la discusión.

Para la oposición, esos recortes podrían impactar especialmente a miles de familias encabezadas por mujeres trabajadoras que dependen de los servicios de cuido para poder mantenerse en el mercado laboral.

El Gobierno, por su parte, sostiene que el presupuesto busca atender compromisos financieros impostergables sin comprometer la estabilidad fiscal alcanzada durante los últimos años.

La votación también refleja la correlación de fuerzas que ha caracterizado las primeras semanas de la nueva administración, donde el oficialismo ha logrado sacar adelante varias iniciativas gracias al apoyo de otras fracciones legislativas.

Tras superar el primer debate, el presupuesto extraordinario quedó listo para su discusión definitiva en el Plenario Legislativo.

Si obtiene el respaldo necesario en el segundo debate, los recursos podrán incorporarse oficialmente al presupuesto nacional y comenzar a ejecutarse durante el segundo semestre del 2026.

Javier Milei recibió ayer a legisladores nacionales para explicar detalles de un proyecto que aún no nació y que buscará reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) para modificar los cambios instrumentados por la entonces titular de la entidad, la kirchnerista Mercedes Marcó Del Pont, en 2012. En medio de consultas y opiniones nada trascendentes de varios invitados, el diputado y titular de la comisión de Legislación General de la Cámara baja, Santiago Santurio, realizó una advertencia que llamó la atención al jefe de Estado antes de enviar la iniciativa al Congreso: blindar al INDEC para evitar picardías -en el futuro- desde las administraciones centrales.

Según pudo reconstruir Infobae, las explicaciones del primer mandatario apuntaron, como ya fue informado desde que se conoció la intención de la Casa Rosada de presentar un articulado sobre este tema, restringir al máximo cualquier ventana que encuentre un gobierno de turno para aumentar la base monetaria, más la utilización indiscriminada -bolsillo del payaso- de utilidades y dividendos. Seguido a ello, Milei remarcó la diferencia entre una situación con inflación a la de deflación, que llevaría -según la ley en estudio- a otro tipo de medidas.

A partir de ese momento es cuando Santurio recordó las causas judiciales del kirchnerismo relacionadas con las cifras del INDEC -algunas, en curso- y planteó que sería prudente revisar todo esto ante hipotéticas “subdeclaraciones” de inflación. A diferencia de las “preguntontas” -así califican desde despachos sobre los que hacen uso de la palabra delante del Presidente, en este tipo de cumbres-, el diputado por Buenos Aires recibió un guiño. Todo lo que implique o signifique no emitir dinero, será aplaudido en Balcarce 50.

Tras horas de finalizado el cónclave, el diputado Damián Arabia (La Libertad Avanza-Ciudad de Buenos Aires) señaló a este medio: “La única función será preservar el valor de la moneda de todos los argentinos. Se va a prohibir el financiamiento del Tesoro, tanto de manera indirecta como directa desde el Banco Central, así como restringir utilidades. Además, se va a fortalecer el esquema de gobernanza y a endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para futuras autoridades”.

El convite contó con parte de los principales funcionarios del Ejecutivo, quienes mantendrán este martes una nueva reunión de la denominada “mesa política” con el fin de peinar, entre otras cuestiones, el camino legislativo. Lo cierto es que hay en mente varios proyectos que aún no se materializaron y muchos más que ya se mandaron al Congreso y siguen en ansiosa espera. A diferencia de lo que uno presuponía en marzo último, Diputados se movió más rápido que el Senado y quedó con un sendero más ligero que el que enfrenta ahora la jefa libertaria, Patricia Bullrich, en la Cámara alta.

De hecho, para el jueves al mediodía hay una sesión programada allí. Hay una urgencia oficialista por el pliego judicial para que continúe en vigencia el camarista Víctor Pesino, relacionado con la reforma laboral -si no se aprueba antes de fin de mes, el magistrado se tendrá que jubilar- y la aprobación de la ley de inviolabilidad de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que la oposición dialoguista ya se la desplumó a la propia Bullrich, sin defensa alguna de parte de la porteña.

En las últimas semanas, ya post dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General, aparecieron 13 borradores extra. “Y vamos por la versión 14 para el jueves”, reconocieron anoche desde el oficialismo senatorial. Ya se dinamitó -previo a la firma del despacho- el capítulo relacionado con barrios populares y persisten quejas sobre venta de tierra a extranjeros y el manejo de fuego.

Todo esto podría saldarse, siempre y cuando el pleno logre reunirse pasado mañana. Precisará de 37 sentados. Algunos ya anunciaron que arrancó el receso invernal en sus provincias y quizá no aparezcan. En filas libertarias mantienen, por ahora, la calma. De hecho, de manera preventiva, la semana pasada ya se dejó fijada una sesión para los primeros días de agosto próximo, como una especie de premio consuelo, para que la lupa no esté direccionada ante una potencial caída del encuentro y la clásica acusación a legisladores -a veces, infundada e injusta- en cuanto a que no trabajan. En las preguntas de ayer a Milei, tan solo un diputado logró llamar la atención.

El Gobierno dejó trascender hace dos semanas que la eliminación de las elecciones primarias se había convertido en su principal prioridad y que estaban negociando con los gobernadores la implementación de listas colectoras (o adhesiones) para sumar apoyo legislativo. La propuesta no generó demasiado entusiasmo y hasta el momento ningún mandatario provincial respaldó la idea públicamente. Al contrario, incluso aliados cercanos y voces del oficialismo marcaron su disconformidad.

Según explicaron desde el oficialismo, las listas colectoras o adherentes permitirían que dos fuerzas políticas compitan en algunas categorías pero compartan candidatos en otras. En la práctica, aliados como el PRO, la UCR y las fuerzas provinciales podrían presentar listas propias para diputados y senadores nacionales pero todos llevarían a Javier Milei como candidato a presidente.

Así, los partidos aliados conservarán su identidad partidaria -sin necesidad de conformar una coalición propiamente dicha- y se ahorrarán el problema de encontrar una candidatura presidencial que compita con La Libertad Avanza. “El principal beneficio es que siguen siendo considerados aliados”, explicaron desde el bloque de diputados violeta.

El problema es que la oferta, por ahora, resulta insuficiente. Ningún gobernador salió a respaldar la implementación de las colectoras, incluso a pesar de que sí hubo mandatarios que se mostraron de acuerdo con la eliminación de las PASO, como el catamarqueño Raúl Jalil, el entrerriano Rogelio Frigerio, el correntino Juan Pablo Valdés y el chubutense Nacho Torres.

En cambio, el tucumano Osvaldo Jaldo se mostró categórico al rechazar la eliminación de las PASO, al igual que el jujeño Carlos Sadir, que calificó las primarias como “una buena herramienta”. El propio Nacho Torres, que no defiende las PASO, incluso arrojó un manto de duda sobre la propuesta libertaria. “Yo creo que las colectoras pueden llegar a beneficiar más a la oposición que al oficialismo. Por eso no termino de entender el criterio político”, dijo en una entrevista radial.

En la misma línea, la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, declaró el miércoles pasado al salir de la reunión de Labor Parlamentaria que el sistema de colectoras “no le gusta” y que “deforman el sistema electoral”. Bullrich aclaró que defiende la eliminación de las PASO y el retorno a las internas partidarias pero una vez más le marcó la cancha a la Casa Rosada al explicitar que todavía están lejos de tener los 37 votos necesarios en la Cámara alta.

Por su parte, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, reclamó una discusión más larga y profunda porque la implementación de colectoras podría tener efectos sobre la gobernabilidad por la cantidad de legisladores que responderán directamente al oficialismo. El partido que conduce Mauricio Macri insiste con su proyecto de PAS, primarias no obligatorias.

Todos los consultados por Infobae reconocieron que si bien existen conversaciones para implementar las colectoras, el oficialismo no mostró una propuesta concreta. De hecho, todavía no estaba claro cómo se implementarían en la práctica las colectoras en la Boleta Única de Papel y tampoco estaba definido cuántas listas colectoras se habilitarán para cada candidato presidencial.

Los libertarios aseguran que “todo está abierto a negociación” y aseguran que ya hay consenso respecto a otros puntos de la reforma política como el endurecimiento de los requisitos para sostener la personería jurídica de los partidos, la limitación de los aportes públicos para las campañas y el fortalecimiento de los mecanismos de control sobre los gastos partidarios.

También se entusiasman con la buena sintonía entre la Casa Rosada y varias provincias que quedó plasmada nuevamente en la foto que Milei se sacó con 13 gobernadores en Tucumán, en el marco de los festejos por el 9 de Julio. Son prácticamente los mismos mandatarios que estuvieron presentes en la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete y celebraron su designación.

Keiko Fujimori y Fuerza Popular dio a conocer a los parlamentarios que asumirán el rol de voceros en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para el nuevo Congreso bicameral, marcando el inicio de una etapa en la que la bancada buscará consolidar su presencia en el legislativo.

La elección de los voceros se realizó en el marco de la Jornada de Inducción Parlamentaria, un evento dirigido a los congresistas electos para el periodo en que se reestablece la bicameralidad en el Perú. Patricia Juárez fue designada como vocera titular de la Cámara de Senadores, mientras que Víctor Flores ocupará la vocería alterna. En la Cámara de Diputados, la vocería titular recaerá en Cecilia Chacón, con Arturo Alegría como vocero alterno. Esta decisión se presenta como un paso clave para definir el liderazgo y la estrategia parlamentaria de Fuerza Popular.

Perfil de los voceros en el Senado

Patricia Juárez, abogada y política con amplia experiencia en funciones legislativas y de gestión pública, fue elegida para liderar la vocería de Fuerza Popular en la Cámara de Senadores. Juárez ha ocupado cargos de relevancia en el partido y se ha desempeñado previamente como congresista en legislaturas anteriores. Su designación responde a una trayectoria marcada por la defensa de posiciones conservadoras y por su participación activa en debates sobre reformas constitucionales.

Como vocero alterno, Víctor Flores asume la responsabilidad de representar al partido en ausencia de Juárez. Flores cuenta con experiencia en gestión pública y se ha destacado por su trabajo en comisiones parlamentarias vinculadas a temas de justicia y orden interno. La dupla Juárez-Flores buscará articular la posición de la bancada en los debates clave del Senado.

Vocería en la Cámara de Diputados: un enfoque de continuidad

La Cámara de Diputados de la nueva legislatura contará con la representación titular de Cecilia Chacón, figura histórica del fujimorismo y militante de larga data en Fuerza Popular. Chacón ha sido congresista en varias ocasiones y su perfil se asocia a la defensa de los principios del partido, así como a su capacidad para negociar acuerdos con otras bancadas.

Arturo Alegría ocupará la vocería alterna en Diputados, sumando a la estrategia del grupo su experiencia en organización interna y trabajo territorial. Alegría ha mostrado habilidad en la coordinación con bases partidarias y en la articulación de propuestas legislativas orientadas a la descentralización y la participación ciudadana.

La importancia de la vocería parlamentaria

En el contexto del retorno a la bicameralidad, el rol de los voceros parlamentarios adquiere una dimensión central en la coordinación de la agenda legislativa. Los voceros titulares y alternos actúan como portavoces oficiales de la bancada, canalizan los acuerdos internos y representan las posiciones del partido en las comisiones, el pleno y ante la opinión pública.

La elección de figuras de experiencia en ambos órganos busca garantizar que la bancada de Fuerza Popular mantenga una presencia activa y cohesionada en los principales debates. Las designaciones también reflejan la intención del partido de fortalecer su estructura interna y de proyectar una imagen de unidad y compromiso institucional.

Jornada de Inducción Parlamentaria y contexto político

La selección de voceros ocurrió durante la Jornada de Inducción Parlamentaria, un espacio destinado a la capacitación de los nuevos legisladores en procedimientos, reglamentos y funciones del Congreso bicameral. El restablecimiento de la bicameralidad representa un cambio sustancial en la dinámica política nacional, con nuevos retos para la representación y la construcción de consensos.

El proceso de elección de voceros se caracteriza por la búsqueda de perfiles capaces de articular las demandas del partido con las exigencias del nuevo marco institucional. Fuerza Popular optó por parlamentarios que combinan experiencia previa con capacidad de liderazgo y conocimiento de la agenda legislativa.

Unidad y compromiso en la nueva etapa

La designación de los voceros marca el inicio de una etapa en la que Fuerza Popular aspira a consolidar su posición en el Congreso y a influir en la orientación de las reformas políticas y sociales. Desde la bancada se ha subrayado la importancia de actuar con unidad y responsabilidad en la representación de sus electores.

“Este es un momento clave para el partido, que exige trabajo coordinado y apertura al diálogo”, sostuvo una fuente interna de Fuerza Popular tras la elección de los voceros. La bancada ha manifestado su intención de presentar propuestas legislativas en materia de gobernabilidad, desarrollo económico y fortalecimiento institucional.

Reacciones y expectativas en el Congreso

La elección de Patricia Juárez y Cecilia Chacón ha generado expectativas sobre el papel que desempeñarán en la articulación de consensos al interior del Parlamento. Observadores políticos señalan que la experiencia de ambas permitirá una interlocución eficaz con otras fuerzas políticas y contribuirá a definir la agenda del Congreso en el inicio de su funcionamiento bicameral.

La presencia de Víctor Flores y Arturo Alegría en las vocerías alternas complementa el liderazgo de las titulares, aportando diversidad de perspectivas y capacidades organizativas a la bancada. La composición del equipo de voceros refuerza la estrategia de Fuerza Popular para enfrentar los desafíos legislativos y políticos del nuevo periodo.

Desafíos para la bancada en el Congreso bicameral

El regreso a la bicameralidad plantea desafíos en términos de coordinación entre ambas cámaras, negociación de acuerdos y diseño de políticas públicas. En este escenario, la vocería parlamentaria adquiere un rol estratégico para la proyección del partido y la defensa de sus propuestas.

La bancada de Fuerza Popular se prepara para participar activamente en la definición de las reglas internas del Congreso, la integración de comisiones y la discusión de proyectos prioritarios. Los voceros elegidos tendrán la tarea de conducir la agenda del grupo y representar los intereses del partido ante el pleno y la ciudadanía.

Proyección de Fuerza Popular en el nuevo Congreso

Con la designación de sus voceros, Fuerza Popular inicia una etapa en la que buscará consolidar su presencia legislativa y fortalecer su capacidad de incidencia en los grandes debates nacionales. La bancada apuesta por la experiencia y el liderazgo de sus representantes para ejercer una oposición crítica y constructiva, y para contribuir a la gobernabilidad y la estabilidad institucional.

La nueva etapa legislativa será clave para medir la capacidad de Fuerza Popular de articular propuestas y construir mayorías en un escenario de fragmentación política y alta demanda social. La bancada ha reiterado su compromiso de actuar con responsabilidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones parlamentarias.

Este año, El Salvador ha dado un paso relevante al incorporar a su ordenamiento jurídico la representación legislativa de los salvadoreños residentes en el exterior. Sin embargo, más allá de este gesto normativo y político, las reglas concretas para definir la circunscripción exterior y para integrar efectivamente en la vida parlamentaria a los futuros diputados electos por la diáspora permanecen poco claras y alejadas de estándares internacionales ya consolidados en otras democracias, según un análisis de Acción Ciudadana.

Mediante la reforma del artículo 79 de la Constitución de la República y la modificación del Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos, se crearon seis escaños en la Asamblea Legislativa dedicados a la diáspora, en una nueva circunscripción que restó representantes a San Salvador y La Libertad.

El análisis comparado elaborado por Acción Ciudadana, denominado Representación legislativa de ciudadanos en el exterior, indica que el país no ha estandarizado la circunscripción para la diáspora. De acuerdo con la reforma, el modelo adoptado es híbrido: parte de la ciudadanía en el exterior votará en la circunscripción especial, pero otra parte continuará votando por el departamento que aparece en su DUI, lo que genera distorsiones y una desigualdad de representación.

Según el análisis, en países como Ecuador, República Dominicana, Francia o Italia, el diseño de circunscripciones exteriores es claro: la diáspora vota por regiones o distritos internacionales organizados, agrupando votantes por grandes áreas geográficas y no por departamentos o subdivisiones nacionales. Esta falta de estandarización en El Salvador impide una asignación eficaz de los votos y limita la representatividad de los compatriotas en el extranjero.

El informe indica que debe haber claridad sobre el procedimiento de distribución de escaños. En otros países, la relación entre población migrante y número de escaños asignados es el resultado de cálculos demográficos, aunque muchas veces condicionados también por decisiones políticas. Por ejemplo, en Ecuador, hay un representante por cada 400,000 ciudadanos en el exterior, proporción similar a la de El Salvador, pero en esos países el criterio se explica y se vincula a un modelo normativo específico.

Un vacío señalado en el análisis se encuentra en los requisitos y mecanismos de postulación de candidaturas. Revelando que en la mayoría de países la diáspora puede elegir representantes que demuestran vinculación efectiva con la circunscripción exterior. En Colombia, Ecuador y República Dominicana, por ejemplo, hay exigencias de años mínimos de residencia fuera del país para quienes buscan ser candidatos de la diáspora.

En El Salvador, no existe tal requisito: cualquier candidato nacional, sin importar su grado de experiencia o conexión con la vida en el exterior, puede postularse por la circunscripción 15. Esta situación abre la puerta a que los futuros diputados de la diáspora sean, en realidad, figuras políticas sin arraigo en las comunidades migrantes, restando sentido a su misión de representación.

En cuanto a la integración legislativa, el informe sostiene que no está claro si los representantes de la diáspora podrán participar presencialmente, de manera remota o mediante mecanismos mixtos en las plenarias y comisiones de la Asamblea. Otros parlamentos, como el francés o el ecuatoriano, han regulado la participación virtual y la inclusión plena de la diáspora en las funciones ordinarias, asegurando igualdad de condiciones con los diputados del territorio nacional.

En ese sentido, El Salvador enfrenta el reto de actualizar y perfeccionar su legislación secundaria para que la representación de la diáspora trascienda el simbolismo y sea un canal real y efectivo para la participación política transnacional. Es fundamental estandarizar la circunscripción exterior, establecer mecanismos claros de integración legislativa, y exigir requisitos de residencia o vinculación real para las candidaturas. Así, los salvadoreños en el exterior podrán ejercer plenamente su derecho a elegir y ser representados por quienes realmente conocen y defienden sus intereses en la distancia.

El infartante partido de la Selección argentina y el feriado por el 9 de Julio demoraron la reunión de la mesa política y pospusieron al menos una semana la sesión prevista en el Senado. En la Cámara de Diputados, donde el oficialismo ya no tiene proyectos importantes en carpeta, esperan definiciones del Poder Ejecutivo y la llegada de las iniciativas que primero deben sortear la Cámara alta, como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la reforma política (eliminación de las PASO).

La reunión que habitualmente encabeza Karina Milei estaba prevista para el martes a las 13. Sin embargo, el encuentro contra Egipto por los octavos de final del Mundial hizo que se reprogramara para este miércoles. Será la primera cumbre política de la que participarán el nuevo vocero presidencial, Adrian Ravier, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Según dejaron trascender, la Secretaria General de la Presidencia analizará junto al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada violeta en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Gestión Institucional, Lule Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo, y el viceministro de Gabinete, Ignacio Devitt, los avances en las negociaciones con las provincias para eliminar o suspender las elecciones primarias (PASO).

También se delineará una hoja de ruta legislativa que incluirá una sesión en el Senado el jueves que viene. Los libertarios apuntan a darle media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, ratificar la Ley Hojarasca (ya pasó por Diputados) y aprobar otra tanda de pliegos judiciales. Entre estos últimos se destaca el del Víctor Pesino, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que bajó la cautelar que frenaba la reforma laboral, quien el 27 de julio cumple 75 años y debe ser ratificado antes para poder seguir ejerciendo durante otros cinco años.

Para tal fin, Bullrich y los jefes de resto de los bloques realizarán también este miércoles la reunión de Labor Parlamentaria para ultimar los detalles de la sesión del jueves 16.

La semana pasada el presidente Milei le comunicó a sus legisladores que las prioridades de la Casa Rosada son la sanción definitiva del nuevo régimen de Zonas Frías, la eliminación de las PASO y los cambios a la ley de Inocencia Fiscal. Pero las tres iniciativas representan un desafío para la dupla Santilli-Bullrich por las reticencias de los aliados.

Las modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal no ingresaron formalmente al Congreso y además el escándalo de Manuel Adorni, que recurrió al régimen simplificado de Ganancias, enfrió cualquier inclinación de la oposición a colaborar con la ampliación de beneficiarios que pretende el Gobierno. En el caso de Zonas Frías, algunos gobernadores y referentes del radicalismo se niegan a pagar el costo político de dejar amplias zonas del país sin el subsidio al gas en pleno invierno y las negociaciones parece estancadas. Por último, la eliminación de las PASO a cambio de la inclusión de listas colectoras tampoco convence a los aliados. El PRO y la UCR no muestran ningún apuro y le exigen a la Casa Rosada conocer la letra chica de la reforma.

Es por eso que el jefe de Gabinete concentra sus esfuerzos en negociar con los gobernadores aliados. Este martes recibió un guiño de Catamarca, cuando Raúl Jalil ratificó su rechazo a las primarias: “Hace mucho que vengo opinando que las PASO no le sirven a la sociedad. Es una encuesta muy cara. No fortalecen a los partidos políticos”.

Por su partes, desde la oposición dura tampoco logran construir mayorías para avanzar con una agenda legislativa propia y todo parece indicar que la actividad se retomará recién en agosto, tras el receso invernal.

Desde el peronismo, por ejemplo, se presentaron varios proyectos relacionados con el aumento de la morosidad y el endeudamiento familiar. Entre otros puntos, proponen la suspensión temporal de intereses, la regulación puntual del anatocismo (cobrar intereses sobre intereses vencidos), la creación de un organismo estatal para resolver la situación de morosidad y un procedimiento cuasi-judicial de conciliación. Hasta el momento, todos los intentos de poner el tema en debate fueron infructuosos.

Todos hablan del tema pero nadie conoce los detalles. La implementación de listas colectoras como moneda de cambio para eliminar o suspender las elecciones primarias (PASO) se convirtió en un tema de discusión más candente en el Congreso. Sin embargo, tanto los libertarios como los aliados y los opositores duros reconocen que por ahora solo pueden hacer “especulaciones en el aire”.

No existe un proyecto concreto y ninguno de los principales interlocutores parlamentarios de la Casa Rosada reconoce haber visto algún modelo de cómo quedaría la Boleta Única de Papel con colectoras. En los despachos del oficialismo aseguran que “hay varios bocetos dando vuelta” pero aclaran que nada es definitivo porque “todo está en discusión”.

Incluso reconocen que la suspensión de las PASO incluiría acuerdos electorales para no competir -o competir con candidatos de baja intensidad- en las provincias donde los gobernadores aliados pretendan reelegir. Ese punto no será parte del texto del proyecto de reforma política pero tendrá un peso determinante en la negociación.

Las listas colectoras podrían representar una alternativa atractiva para algunos gobernadores y partidos aliados -como el PRO y la UCR- ya que les permitiría competir con listas propias en algunas categorías, como diputados nacionales y gobernador- pero “colgados” de la candidatura presidencial de Javier Milei. Así el Presidente se garantizaría los votos para la reelección y los mandatarios provinciales podrían evitarse el problema de encontrar otro candidato a presidente competitivo.

Obviamente, para que el esquema funcione, las provincias aliadas deberán abandonar sus intenciones de desdoblar y adelantar las elecciones locales para separar la discusión del debate nacional. “También se podría analizar la posibilidad de que las elecciones sean simultáneas y concurrentes”, explicaron. Es decir, elecciones el mismo día, con dos urnas diferentes.

“Y los que no tienen gobernadores, como en el caso de la UCR bonaerense, tienen para ganar el hecho de seguir siendo aliados. Y más adelante podrán negociar otras cosas”, simplificó un libertario.

Luego de que trascendieran los planes del oficialismo, desde la oposición dura denunciaron que se trata de una simple maniobra para “someter y encolumnar toda disidencia”.

“Nada más casta que en cada elección cambiar las reglas de juego. Nada más casta que volver a las colectoras para que un candidato a presidente tenga muchos candidatos a diputados. Nada más casta que volver a las viejas artimañas del siglo XX y pulverizar el espíritu con el que sancionamos la Boleta Única de Papel, que en la cabeza de Karina Milei va a tener una extensión horizontal de metros”, resumió el radical disidente de Provincias Unidas, Pablo Juliano.

Desde el peronismo denuncian que La Libertad Avanza sólo pretende quitarles una herramienta básica para dirimir sus diferencias internas, que hoy parecen cada vez más profundas y podrían derivar en una ruptura definitiva entre cristinistas y kicillofistas.

Pero ese mismo punto también genera dudas en la oposición. “Si el objetivo es complicarle la resolución de la interna al peronismo, ¿por qué se apuran tanto? Tendrían que suspender las PASO en diciembre para darle menos tiempo a organizarse. Si lo hacen en agosto, como se dice, el peronismo va a tener varios meses para organizar internas abiertas como supo hacer en el pasado”, explicó un referente radical.

Además, señalaban que también sería un error político asumir que Javier Milei será un candidato presidencial que traccionar votos para otras fuerzas un año antes de la elección. “¿Qué pasa si en seis meses se ‘manca’ y empieza a medir mal? Se están apurando”, analizaron ante la consulta de Infobae.

Este viernes el jefe de Gabinete recibió su primer revés público. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que controla tres votos clave en la Cámara de Diputados y dos en el Senado, aseguró que está “en contra de eliminar las PASO”.

“Hemos sido muy claros. Y reitero, para que nadie se equivoque: estamos en contra de sacar las PASO, nosotros estamos en contra de eliminar las PASO. Ya lo hemos dicho, y para que a todos los medios les quede claro cuál es la posición del bloque Independencia, y que lo que hemos dicho la vez pasada no lo hemos cambiado hoy bajo ningún punto de vista”, dijo a los medios provinciales

Y agregó: “La verdad, no conozco el proyecto, todas son versiones mediáticas, pero todavía ni el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, ni ningún funcionario nacional, nos ha mostrado ningún tipo de proyecto ni nos ha concretado cuál es la propuesta en general”.

Dado que se trata de una ley electoral, el proyecto de reforma política tendrá que ser aprobado con mayoría absoluta (la mitad más uno) en ambas Cámaras: 129 en Diputados y 37 en el Senado. Por lo que no contar con los votos de los tucumanos complica el panorama del oficialismo.

Por otro lado, los aliados dudan sobre cómo quedaría la Boleta Única de Papel con más columnas, porque se perdería uno de los objetivos originarios, que era simplificar el procedimiento. “¿Cómo van a quedar las Boletas en PBA o Santa Fe si hay tres colectoras por cada fuerza? ¿Qué va a decir la Justicia Electoral?”, se preguntaban en la bancada radical.

Santilli dedicará las próximas semanas a continuar dialogando con los gobernadores. El primero fue Ignacio Torres, que se entrevistó con el jefe de Gabinete este jueves en Casa Rosada. Se llevó bajo el brazo el visto bueno del Gobierno para que Chubut pida un préstamo al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para la realización de obras para asegurar el abastecimiento de agua potable en la Cuenca del Río Senguer.

El Gobierno transita por tiempos en donde se consolidan dinámicas de poder en su interior. Con la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se puso al frente de la mesa política fue automáticamente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien convocó a una próxima reunión para el martes que viene, la primera después del recambio en la cúpula del Gobierno.

“Karina fue quien la convocó”, confirmó uno de los integrantes de la mesa política, la cual es el mecanismo que encontró el oficialismo para hacer un seguimiento de la gestión -tanto en el Gobierno como en el plano legislativo- y coordinar las políticas y reformas que impulsa la Casa Rosada. Tras la salida de Adorni, quien era el que comandaba y convocaba estos encuentros, quien se colocó como su reemplazante en el liderazgo de los mismos fue la hermana presidencial.

Además de Karina, la mesa finalmente quedará compuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el subsecretario de Asuntos Gubernamentales y armador nacional de La Libertad Avanza, Lule Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; y, por primera vez, será incorporado en estos encuentros el secretario de Comunicacíon y Prensa, Fabián Fernández. También estará el ministro de Economía, Luis Caputo, que es un asistente habitual en estos encuentros.

La incorporación de Fernández a este esquema corresponde a una decisión consensuada en la cúpula del Gobierno pero que tiene a la secretaria general como principal impulsora. En rigor, Adorni venía a representar la pata comunicacional del karinismo en ese esquema; ya que Caputo es independiente de esa esfera y responde directamente al presidente Javier Milei. Es el nuevo secretario de Comunicación quien ahora viene a ocupar ese rol.

Tal y como adelantó Infobae, el martes próximo será la primera vez que esta mesa se reúna sin Adorni. “Ese va a ser el principal cambio, pero después se van a hablar de los mismos temas de siempre”, afirma un funcionario que participará de esa cumbre.

La agenda de reformas que impulsa el Gobierno

El oficialismo definió tres prioridades legislativas para los próximos meses: la reforma política —que incluye la eliminación de las PASO—, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. La definición surgió de una reunión en Casa Rosada entre Javier Milei, Karina Milei y los legisladores de La Libertad Avanza, donde la secretaria general de la Presidencia bajó la línea sobre el rumbo parlamentario del espacio. El Presidente también adelantó allí que está trabajando con el equipo de Luis Caputo y de Federico Sturzenegger en un proyecto que modifique la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El problema central es que el oficialismo no cuenta por ahora con los votos necesarios para avanzar en ninguno de los tres frentes ya anunciados. El régimen de Zona Fría, que ya tiene media sanción de Diputados, enfrenta resistencias en el Senado: radicales divididos, gobernadores reticentes y el PRO a la expectativa. La eliminación de las PASO tampoco genera consenso en la oposición dialoguista, aunque ayer emergió la posibilidad de una alternativa mediante colectoras. Y las modificaciones a Inocencia Fiscal ni siquiera ingresaron formalmente al Congreso, por lo que no hay conversaciones entre bloques al respecto.

En el Senado la agenda parece más inmediata. La Libertad Avanza y sus aliados dialoguistas —UCR, PRO y bloques provinciales— apuntan a sesionar el miércoles 8 de julio en el Senado incluye la ley de propiedad privada, un lote de pliegos judiciales ya dictaminados y, en caso de que los tiempos lo permitan, el tratamiento de ascensos diplomáticos pendientes desde el inicio de la gestión. La ley “Hojarasca”, que elimina normas obsoletas y ya tiene media sanción de Diputados, quedó al filo del temario y podría no entrar.

La ley de propiedad privada llegó a este punto tras un largo proceso de negociación: el texto original fue recortado por los bloques dialoguistas, se intercambiaron al menos una docena de borradores y aún hay senadores que cuestionan la versión final. Uno de los puntos más polémicos fue la venta de tierras a extranjeros; el último texto conocido prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros y de empresas con participación estatal foránea, salvo autorización provincial y del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, nada está garantizado.

Aun así, en la mesa política admiten que la reforma más importante que se debatirá en ese lugar será la reforma electoral. El gobierno de Milei está negociando con gobernadores consiste en suspender —no eliminar definitivamente— las PASO a nivel nacional, a cambio de incorporar un sistema de listas colectoras en el marco de la Boleta Única de Papel. El mecanismo permitiría que distintas fuerzas compitan por separado en algunas categorías pero “enganchen” sus listas debajo de la boleta presidencial de Milei, sin necesidad de sellar alianzas formales. Así, el PRO, la UCR y los partidos provinciales podrían preservar su identidad y sus bloques legislativos, mientras los gobernadores aliados aprovecharían la “tracción” electoral del presidente para fortalecer sus propias candidaturas locales. El objetivo político real, según el artículo, no es el ahorro fiscal sino privar a la oposición de una herramienta para ordenar sus internas y depurar candidatos competitivos.

Las negociaciones, encabezadas por el jefe de Gabinete Diego Santilli, aún están lejos de cerrarse. La reforma política requiere mayoría absoluta en el Senado —37 votos—, y las diez bancas de la UCR son determinantes: sin el radicalismo, la iniciativa no prospera. Desde ese partido advierten que un acuerdo de ese tipo debería pasar por la Convención Nacional y no resolverse entre unos pocos gobernadores. En la oposición, en tanto, señalan que el Gobierno todavía no presentó un texto concreto ni definió cuántas colectoras se habilitarían. “Nadie vio nada concreto, por ahora es un globo de ensayo”, resumió un senador consultado por Infobae. Las novedades difícilmente lleguen antes del receso de invierno, por lo que el debate en los recintos, en el mejor de los casos, se daría en agosto.

Tras la renuncia de Manuel Adorni, cuyo escándalo patrimonial alteró durante más de dos meses el normal funcionamiento del Congreso, el gobierno de Javier Milei busca dar vuelta la página y ya dejó en claro que su nueva prioridad máxima en el Congreso es la eliminación de las PASO. Así lo anunció el propio Presidente en el encuentro con legisladores del miércoles en Casa Rosada y lo confirmó el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la reunión que mantuvo ese mismo día con Patricia Bullrich y bloques aliados en el Senado.

Santilli, que desde hace semanas sostiene una incansable agenda de encuentros con gobernadores, pidió más tiempo para juntar voluntades. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, las nuevas rondas de negociación incluirán una oferta concreta a los mandatarios provinciales para suspender (no eliminarlas definitivamente) las elecciones primarias a nivel nacional: la incorporación de colectoras.

Las listas colectoras no son una novedad en Argentina. Se trata de un sistema que permite que dos fuerzas políticas compitan en algunas categorías pero vayan juntas en otra. Por ejemplo, en 2011 Cristina Kirchner sumó votos para su candidatura presidencial con dos listas colectoras que competían entre sí en la categoría para gobernador en la provincia de Buenos Aires. Una estuvo encabezada por Daniel Scioli (PJ) y otra por Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro).

Si bien los libertarios aclaran que no se trata de colectoras propiamente dichas ni tampoco de una nueva versión de la Ley de Lemas, ya que la nueva modalidad se implementaría en el marco de la Boleta Única de Papel, la finalidad es la misma: Milei podrá sumar votos para su reelección sin necesidad de sellar alianzas formales con otros partidos, como el PRO y la UCR. Además, estas fuerzas podrán preservar su identidad, sus propios bloques en la Cámara de Diputados y, en el caso de los gobernadores aliados, tendrán la posibilidad de “enganchar” sus listas locales debajo de la boleta presidencial de Javier Milei, un candidato que les garantizará “tracción” de votos, algo especialmente útil para fuerzas que no tienen un candidato presidencial potente.

El Gobierno justificará esta decisión bajo el paradigma del ahorro y también a partir de cierta saturación de la ciudadanía con la sucesión de elecciones. Sin embargo, el objetivo real no es fiscalista sino político. Le arrebatará a la oposición una herramienta clave para ordenar sus internas y depurar a los candidatos más competitivos. Especialmente teniendo en cuenta el fuerte enfrentamiento interno del peronismo, donde kicillofistas, cristinistas, massistas y peronistas “federales” parece cada vez más lejos de llegar a listas de unidad.

Las colectoras permitirán cierto margen de competencia pero, a diferencia de las PASO, no terminarán con la integración de una única lista. Cada espacio preservará su fuerza.

Además, fuentes con diálogo con gobernadores reconocen que las negociaciones también incluyen la posibilidad de poner candidatos de baja intensidad en las provincias gobernadas por aliados. “Le permiten al gobernador reelegir y mantener diputados propios a cambio de la reelección de Milei, puede ser suficiente para que algunos acuerden”, reconoció un referente de la UCR.

Más allá de todo, en la oposición aclaran que todavía faltan muchos detalles, porque el Gobierno no tiene definido cómo quedaría el modelo de Boleta Única con todas las colectoras. Ni siquiera se sabe cuántas colectoras se habilitarán. “Nadie vio nada concreto, por ahora es un globo de ensayo”, explicó a Infobae un senador que tendrá un voto clave.

En la misma línea, sectores del radicalismo advierten que este acuerdo sólo tendría sentido si el partido centenario va con Milei como candidato a Presidente. “Pero eso lo va a definir la Convención Nacional, no lo van a resolver cuatro gobernadores. ¿Qué pasa si en seis meses Milei pierde apoyo social?”, analizaban.

El acuerdo del radicalismo no es un tema menor. La reforma política necesitará mayoría absoluta de los votos en el Senado (37 votos) por lo que las diez bancas de la UCR son fundamentales. “Si el acuerdo no contiene a la UCR, no se va a poder aprobar en el Senado”, reconocen los libertarios. Aunque agregan que “si sale en el Senado, sale en Diputados”.

“Quiero hacer un llamado de atención y apelar a varios gobernadores: cuidado con eliminar una herramienta que puede contribuir a ordenar el sistema político y garantizar una competencia más abierta”, advirtió Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Por lo pronto, resulta poco probable que haya novedades en las próximas dos semanas y luego el Congreso entrará en el receso de invierno. La discusión podría llegar a los recintos, en el mejor de los casos, en agosto.

La conversación comenzó a partir de un contenido que circuló en redes sociales, donde distintos jóvenes confundían al expresidente con figuras como Guillermo Francella o Juan Domingo Perón. “Se lo mandé a un radical y me dijo: ‘Ya lo había visto y me quiero morir’. ¿Por qué? Porque confundieron a Raúl Alfonsín con Francella y con Perón”, relató Maia Jastreblansky. Si bien aclaró que el video no necesariamente refleja el nivel de conocimiento de toda la sociedad, consideró que expone una pérdida de referencia sobre la historia del radicalismo.

Ese diagnóstico derivó rápidamente en el conflicto político que hoy divide a la UCR. En Diputados conviven dos espacios surgidos del radicalismo: Democracia para Siempre, encabezado por Pablo Juliano y cercano a Martín Lousteau, y el bloque que conserva formalmente el nombre Unión Cívica Radical, alineado con gobernadores como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero. “Hoy lo que trasciende es el conflicto y se están peleando por el sello del partido, por la marca, por la UCR”, resumió Jastreblansky.

La tensión se profundizó luego de que un sector de los diputados radicales acompañara al Gobierno en votaciones sensibles, entre ellas la relacionada con el financiamiento universitario. Diego Iglesias recordó que la defensa de la universidad pública forma parte de la tradición histórica del partido y sostuvo que ese posicionamiento explica las críticas que recibieron esos legisladores.

El enfrentamiento también se trasladó al recinto. Durante una sesión, Pablo Juliano acusó al sector enfrentado de apropiarse de la identidad partidaria. “Qué gran ocurrencia afanarse el logo de la Unión Cívica Radical la misma semana que conocemos esa actitud de algunos que se hacen llamar dirigentes. No son dirigentes, son delincuentes. Tratémoslo como delincuentes”, afirmó. El conflicto derivó además en una presentación formal ante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para reclamar que ese bloque deje de utilizar el nombre de la UCR por considerar que ya no representa los valores históricos del partido.

El debate también abordó el desafío que enfrentan las estructuras partidarias en una política cada vez más atravesada por liderazgos personales. Maia Jastreblansky destacó que la conducción nacional, encabezada por Leandro Chiarella, busca impulsar una renovación generacional apoyándose en la gestión de los intendentes radicales y en una mayor presencia de la militancia juvenil.

Sin embargo, Tomás Trapé planteó que el problema excede al radicalismo. “Me da la sensación de que lo que se rompió fueron los intermediarios. Hoy la identificación es con una persona, no con el partido”, señaló. En la misma línea, Paula Guardia Bourdin se preguntó cuál es hoy el sentido de pertenecer a una estructura partidaria cuando los votantes se identifican cada vez más con liderazgos individuales que con organizaciones políticas.

En ese contexto, Ricardo Alfonsín vinculó la crisis actual con un cambio de rumbo que, a su juicio, comenzó hace una década. “La Unión Cívica Radical, desde el año 2015, no ha hecho otra cosa que transgredir ese sistema de ideas y representar sectores que no son los que nosotros nacimos para representar. En pocas palabras, se corrió a la derecha”, afirmó.

Para el exdiputado e hijo del expresidente, la discusión por el sello partidario es apenas la consecuencia de una transformación mucho más profunda. “Esto no es la Unión Cívica Radical. Esta es una herramienta electoral que está defendiendo ideas que nada tienen que ver con la Unión Cívica Radical”, sostuvo, antes de remarcar que un partido político “es, además de una herramienta electoral, un conjunto de ideas, de principios y de valores que se traducen en programas de gobierno y determinan la representación social”.

Con ese diagnóstico, Alfonsín relativizó la posibilidad de una reconstrucción inmediata de la fuerza, aunque expresó su deseo de que exista un espacio que vuelva a defender esos principios. “Aspiro a que alguna institución, ojalá sea la misma, aunque esto me parece bastante difícil por lo menos en el corto plazo, pelee por este conjunto de valores”, dijo.

Sobre el final de la entrevista también se refirió a la intención del Gobierno de eliminar las PASO y sostuvo que la iniciativa responde a una lógica electoral. Según planteó, el oficialismo entiende que unas primarias abiertas favorecerían la articulación de la oposición, mientras que su eliminación aumentaría la fragmentación. “El Gobierno está muy preocupado por eliminar las PASO porque cree que si hay PASO va a perder las elecciones. Si no hay PASO, es posible que se fragmente la oposición”, concluyó.

Con la disputa por el sello todavía abierta, el debate dejó al descubierto una discusión que trasciende el nombre de un bloque legislativo: quién representa hoy al radicalismo y si la UCR conserva la identidad política que la convirtió en una de las fuerzas centrales de la democracia argentina.

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El flamante jefe de gabinete, Diego Santilli, ya encontró el primer escollo de su gestión en el Congreso de la Nación que le implicó un cambio en los tiempos que tenía pensados en la Casa Rosada.

Ayer el funcionario mantuvo una reunión con el grupo de 44 senadores conformado por integrantes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y el resto de los bloques provinciales. La intención del encuentro fue avanzar con el proyecto de modificación a la ley de zonas frías y reforma política. Sin embargo, el funcionario nacional se encontró con que ninguna de las dos leyes tenían los votos necesarios y fue así que lanzó la frase que marcará el ritmo del Palacio Legislativo para las próximas.

“Nos pidió 15 días para poder organizar la discusión”, reconoció un legislador del oficialismo. “Son dos semanas para hacer una ronda de negociaciones con los gobernadores para poder destrabar los temas”, agregó.

De esta manera Santilli debutó en el mundo parlamentario como Jefe de Gabinete no con una derrota pero sí con un cronograma más extenso en el tiempo porque se encontró con un escenario más complejo.

“Los radicales no te votan zona fría y los gobernadores tampoco la reforma electoral”, agregó la misma fuente que estuvo presente en la reunión. “No hay acuerdo en ninguno de los temas y las llaves para todos están en los gobernadores, tanto es así que zona fría es poco probable que tenga una definición antes de septiembre“.

Un ejemplo de esto es lo que finalmente se definió como la próxima sesión en la Cámara Alta. Ayer al mediodía desde el despacho de la senadora Patricia Bullrich hacían saber que si Victoria Villarruel no llamaba a labor parlamentaria iban a pedir una sesión para el miércoles 8 de julio. “Queremos darle dinamismo luego de los conflictos que tuvimos por el tema Adorni”.

Pero esto se cayó por varias razones. Y a pesar de que Villarruel citó a Labor para el 8 de julio a las 12 del mediodía, la jefa del bloque del PRO se enteró que no iba a contar con los tucumanos por el acto del 9 de Julio en esa provincia. A la celebración asistirá el Presidente Javier Milei y de la Vicepresidenta Victoria Villarruel -no necesariamente compartiendo el mismo espacio-. Sumado al pedido de mayor plazo del Jefe de Gabinete, decidieron avanzar con la intención de tener una sesión el próximo 16 de julio.

En la Cámara de Diputados el escenario para estirar los plazos es más simple. No hay un temario establecido para el corto plazo porque, aunque se espera que las modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal ingresen por la cámara que preside el libertario Martín Menem, el propio debate de la misma en comisión cumpliría con los plazos que solicitan desde la Casa Rosada para tener conversaciones sin nada que haga “ruido”. en el medio.

El otro punto que todos miran es el receso de vacaciones de invierno. Aunque en el mundo libertario desde que asumieron en el Gobierno nacional buscan imponer la lógica de se trabaja sin vacaciones, el resto de los trabajadores del Palacio Legislativo sí quieren tenerlas por lo que se espera que a partir del 20 de julio el Poder Legislativo entre en un receso de invierno.

“No podes no darle las vacaciones a los trabajadores. Además, si no tenemos lo que venga del Senado o no ingresa ningún proyecto de parte del Ejecutivo, no tenemos una agenda que apurar ni trabajar. En el escenario de hoy, no hay apuro por nada de parte nuestra”, señaló un diputado de LLA que forma parte de la mesa chica en la Cámara Baja.

A menos de un mes del inicio del nuevo Congreso bicameral, las negociaciones para definir las presidencias del Senado y la Cámara de Diputados avanzan en medio de reservas y contactos cruzados. El futuro reparto de comisiones ordinarias y la conformación de las mesas directivas se han convertido en el eje central de las conversaciones, en un contexto marcado por la fragmentación política y la necesidad de articular mayorías estables. Según se explicó en un informe de Canal N, el proceso de definición no solo determinará la conducción de cada cámara, sino que también establecerá las reglas para la distribución de espacios de poder dentro del nuevo esquema legislativo.

La clave de las negociaciones reside en la asignación de las comisiones ordinarias, que en esta legislatura se reducen a 16 en Diputados y 6 en el Senado. El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, explicó para Canal N que la disminución de comisiones complica los acuerdos políticos, ya que los espacios de negociación se han acotado respecto al diseño anterior. Según el análisis de Cevasco, la disputa se concentra en cómo se repartirá ese poder limitado y en la capacidad de las bancadas para alcanzar consensos que les permitan incidir en la agenda parlamentaria desde posiciones estratégicas.

Cuatro listas en juego y el peso de Fuerza Popular

En este escenario, se perfilan hasta cuatro listas para competir por el control de las mesas directivas: dos en la Cámara de Diputados y dos en el Senado. De acuerdo con cálculos internos, la presidencia de Diputados podría recaer en un representante del espectro de izquierda, mientras que el Senado quedaría en manos de una agrupación de centro o derecha, aunque se descarta a Fuerza Popular para ese puesto específico.

Fuerza Popular, con 41 diputados y 22 senadores, se posiciona como la bancada más numerosa del próximo Parlamento. Arturo Alegría, diputado electo por ese partido, sostuvo que la magnitud de su bancada convierte a la agrupación en “pieza decisiva” en ambas cámaras, aunque reconoció que no alcanza la mayoría por sí sola.

“Lo que sabemos es que hay que tender puentes. No hay manera de que las cosas caminen si no dialogamos con diferentes bancadas que nos permitan conseguir la mayoría”, declaró Alegría en diálogo con la prensa. Según el legislador, será indispensable buscar acuerdos con fuerzas de centro, ya que una alianza exclusiva con Renovación Popular no resultaría suficiente para conformar mayoría.

El propio Alegría señaló que aún no existe una decisión interna sobre la eventual postulación de Fuerza Popular a las presidencias de Senado o Diputados. Planteó, además, que quien asuma una presidencia deberá contar con experiencia previa, debido a que la implementación del sistema bicameral exigirá conocimiento técnico del procedimiento parlamentario desde el inicio de la legislatura.

Renovación Popular y Buen Gobierno exploran alianzas

La bancada de Renovación Popular, que dispondrá de 15 diputados y 8 senadores, prepara su propia estrategia de acercamientos. Alejandro Muñante, senador electo, indicó que el partido iniciará reuniones formales con otras fuerzas en los próximos días. Explicó que, aunque no hay diálogos oficiales, ya ha sostenido conversaciones informales con integrantes de Fuerza Popular sobre la conformación de la Junta Preparatoria del Senado.

Muñante integrará dicha Junta por ser el senador de menor edad, acompañado por Miguel Torres, el más votado, y Fernando Rospigliosi, el de mayor edad, ambos de Fuerza Popular. Este trío tendrá a su cargo la apertura formal del nuevo Parlamento, la convocatoria y juramentación de los legisladores, así como la organización de la sesión que elegirá la Mesa Directiva. Las funciones de la Junta Preparatoria se extenderán entre el 15 y el 26 de julio, con sesiones previstas entre el 22 y el 26 del mismo mes.

En cuanto al Partido del Buen Gobierno, que contará con 7 senadores y 18 diputados, las conversaciones formales para alianzas apenas comienzan. Un diputado electo de esa agrupación, que solicitó anonimato, explicó que los primeros acercamientos tendrán lugar una vez que culminen la elaboración de sus proyectos estratégicos para la legislatura. La organización interna del partido ya registra avances: en una reciente reunión, se acordó designar a Óscar Reto como vocero político en Diputados y a Flavio Figallo como vocero en el Senado.

Figallo confirmó a un canal de televisión local la existencia de “pequeños acercamientos” con otras agrupaciones, aunque aclaró que aún no se han formalizado acuerdos. Desde la bancada, no descartan postular a alguna de las mesas directivas, dependiendo del curso de las negociaciones.

Ahora Nación y las conversaciones cruzadas

El bloque de Ahora Nación, con 4 senadores y 10 diputados, también busca articular una lista propia para la Mesa Directiva. Mirtha Vásquez, senadora electa, describió que la agrupación mantiene diálogos abiertos con otras bancadas, sin definiciones cerradas hasta el momento. De estos contactos podría surgir una candidatura alternativa a la que impulse la derecha parlamentaria. “Por el momento nada definido”, aseguró Vásquez.

En paralelo, se han intensificado los contactos entre figuras de diferentes partidos. Fuentes parlamentarias informaron que el excandidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se reunió recientemente con Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras. Circuló la versión de una posible participación de Jorge Nieto en esos encuentros, aunque el propio dirigente desmintió esa información. Ante la pregunta sobre un posible encuentro futuro con Sánchez, Nieto respondió: “Ni descarto ni encarto”.

Para José Cevasco, la etapa de conversaciones tendrá un impacto decisivo en la dinámica del nuevo Congreso, debido a que la reducción de comisiones incrementa el valor político de cada acuerdo alcanzado. “Sí va a haber grandes conversaciones sobre el tema de la distribución de las presidencias de comisiones ordinarias porque, de acuerdo con los nuevos reglamentos, van a ser mucho menos. En la Cámara de Diputados se han reducido a 16 y en el Senado a 6. Hay menos espacios para negociar. Ahí se verá la capacidad de negociación política”, afirmó el exoficial mayor.

Un Congreso fragmentado ante el reto de construir mayorías

El proceso de instalación del Congreso bicameral pone a prueba la habilidad de las bancadas para buscar consensos en un escenario carente de mayorías absolutas. La fragmentación política obliga a articular alianzas flexibles, donde cada voto adquiere un peso determinante para la conformación de mesas directivas y la distribución de comisiones.

Las próximas semanas serán decisivas para definir el equilibrio de fuerzas en el Parlamento y marcarán el inicio de una legislatura en la que la negociación será el eje central de la actividad legislativa.

Este 1 de junio de 2026 se cumple una semana de los terremotos que han provocado la muerte de más de 2 mil personas en Venezuela, ante la emergencia, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un acuerdo para que diputados y senadores donen un día de salario, recurso económico que será destinado a la ayuda de la ciudadanía afectada.

Durante la sesión de este miércoles, la asamblea guardó un minuto de silencio en memoria de las 2 mil 295 personas fallecidas; por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, precisó que “quienes deseen donar un día de dieta deberán dar a conocer eso a las autoridades de la Cámara para efectos administrativos correspondientes”.

La mesa de acopio, que ya funciona en la Cámara de Diputados, tendrá su réplica en el Senado en los próximos días, luego de la aprobación de la Comisión Permanente para recolectar víveres dirigidos a la población de Venezuela.

Ante el Pleno, la senadora morenista recordó el panorama al que se enfrentan las y los venezolanos a unos días de que la tragedia azotara al país, misma que supera los 12 mil damnificados.

Esto es lo que se podría recaudar tras el acuerdo del Congreso

Conforme a la legislación vigente, un diputado federal gana al día 2 mil 663 pesos, remuneración que se les otorga bajo el nombre de “dieta”. San Lázaro está conformado por 500 legisladores lo que significaría un total de un millón 316 mil 666 pesos.

Por otro lado, un senador tiene una percepción diaria de 4 mil 430 pesos, en la Cámara Alta legislan 128 senadores, por lo que, la suma podría quedar en 567 mil 040 pesos.

A una semana de los terremotos en Venezuela

A una semana de los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela -el primero de magnitud 7.2, y, el segundo de 7.5-, el balance oficial asciende a 2 mil 295 muertos, 11 mil 267 heridos y 12 mil 841 damnificados.

Las cifras, presentadas este miércoles por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, representan un incremento respecto al reporte del martes, cuando el régimen registraba mil 943 fallecidos y 10 mil 571 heridos. Las réplicas continúan, aunque Rodríguez aseguró que su frecuencia e intensidad disminuyen.

El sistema de salud acumula 17 mil 026 pacientes atendidos desde el inicio de la emergencia en hospitales, centros de triaje y puestos sanitarios desplegados en las zonas afectadas. De ese total, 4 mil 565 personas requirieron hospitalización; 13 mil 942 ya fueron dadas de alta.

Para quienes perdieron sus viviendas, el chavismo mantiene 25 campamentos temporales operativos: 13 en La Guaira, 8 en Caracas y el resto distribuidos entre Miranda, Carabobo y Yaracuy.

La magnitud del desastre empieza a medirse también en términos económicos. Una estimación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) , elaborada con herramientas satelitales, calcula pérdidas en viviendas, infraestructura y activos económicos por alrededor de 6 mil 700 millones de dólares.

Mientras tanto, equipos venezolanos trabajan junto a especialistas de decenas de países en la búsqueda de posibles sobrevivientes, en particular en el estado de La Guaira, donde el colapso de edificios dejó cientos de personas bajo los escombros.

Lo que se perfilaba como un “súper martes” en la Cámara de Diputados nunca llegó a concretarse. La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete echó por tierra los planes de la oposición de votar una interpelación -con una eventual moción de censura- y las reuniones de comisión convocadas para tal fin se cancelaron.

La salida del funcionario investigado por enriquecimiento ilícito también sirvió para distender la relación con los aliados, que había llegado a un punto de máxima tensión el viernes pasado cuando Mauricio Macri anunció en un acto que el PRO había decidido avanzar contra Adorni en ambas Cámaras. “Mantener a Adorni destruye la confianza que permite el cambio”, advirtió el presidente del partido amarillo. La UCR, por su lado, también había dejado trascender que jugaría en tándem con los amarillos, porque ya no tenía margen de maniobra para evitar una confrontación con la Casa Rosada.

Sin el affaire Adorni acaparando la agenda, los libertarios se entusiasman con retomar la buena racha legislativa, cuyas últimas victorias fueron la media sanción del Súper RIGI para fomentar inversiones en las “industrias del futuro” y la aprobación definitiva del pago a un grupo de holdouts (fondos buitres). Ahora deben esperar al Senado, donde se ha formado un verdadero “cuellos de botella”.

En la Cámara alta se esperan novedades respecto a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada (agilización de desalojos, cambios en la ley de manejo del fuego, eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros y modificaciones a la ley de expropiaciones), la nueva ley de discapacidad, la reforma las leyes de salud mental y de etiquetado frontal, la Ley General de Sociedades (que generó debate a nivel internacional por las denominadas “sociedades automatizadas”) y la sanción definitiva de los proyectos que ya pasaron por Diputados, como Hojarasca, Zonas Frías y Súper RIGI. Pero el verdadero plato fuerte sigue siendo la reforma política, que incluye la eliminación de las PASO.

“Que no te sorprenda que el Colorado arranque con un gol”, advertían en el bloque violeta respecto a las posibilidades de Santilli de destrabar la suspensión de las PASO. Eso sí, “suspensión”, porque la eliminación de las primarias al parecer ya habría quedado descartada por falta de consenso.

En esa línea, destacaban que la presencia de 14 gobernadores en la ceremonia de jura como jefe de Gabinete representa un buen augurio para avanzar con la reforma política. Allí estuvieron Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdez (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolo Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Martín Llaryora (Córdoba). Una masa crítica que, en caso de estar alineada con el oficialismo, dejaría el camino despejado para la reforma política.

Una de las alternativas que Santilli puso sobre esa mesa de negociación es la incorporación de “colectoras”. Un mecanismo electoral que permitiría a los gobernadores tener listas propias para diputados y senadores nacionales pero adheridas a la candidatura presidencial de Milei. Al mismo tiempo, los acuerdos podrían incluir candidatos violetas con baja potencia electoral que faciliten la reelección de los oficialismos provinciales.

Las prioridades legislativas de la Casa Rosada terminarán de tomar forma este miércoles por la mañana en la reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza convocada por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Después de los chispazos con Patricia Bullrich, la hermana presidencial parece decidida a tomar más protagonismo en el Congreso y ya dio los primeros pasos para reordenar a la tropa propia: ya se sumó a los grupos de WhatsApp de diputados y senadores violetas para monitorear de cerca el pulso legislativo.

Como en otros momentos de fuerte tensión dentro del partido, el presidente Javier Milei se pondrá al frente de la discusión para tratar de poner orden en el equipo y dar vuelta la página, esta vez tras la salida de Manuel Adorni del Gobierno y con el objetivo de recuperar el control de la agenda en el Congreso.

Luego de meses de polémicas y cruces por la situación del ahora ex jefe de Gabinete, finalmente el mandatario nacional aceptó la renuncia del funcionario y nombró en ese lugar a Diego Santilli, un dirigente de amplia trayectoria política y con buenos vínculos con las provincias, diputados, senadores y, sobre todo, el PRO.

Aunque hay un cierto malestar en el oficialismo por los intentos de Mauricio Macri de adjudicarse como un triunfo la designación del “Colo”, también prima la necesidad de reconstruir la confianza con uno de los principales aliados parlamentarios.

Es que, durante el tiempo en el que se sostuvo a Adorni, una de las principales críticas que se le hacían a Milei, incluso miembros de la cúpula libertaria, era que la gestión estaba paralizada, tanto en lo administrativo como en cuanto a la sanción de leyes.

El Poder Ejecutivo tenía previsto ir a un ritmo de cerca de 10 reformas por mes, meta que quedó muy lejos cuando denunciaron al entonces jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

Cómo consecuencia del debate en torno al funcionario, el oficialismo no pudo ni siquiera terminar de aprobar el tratado de patentes, Hojarasca, el Súper RIGI, la inviolabilidad de la propiedad privada, el nuevo Código Penal o la eliminación de las PASO, todos proyectos que se plantearon a comienzos de este año.

Ahora de que Adorni no está más en el medio, el Presidente quiere retomar estas iniciativas, pero sabe que para eso debe reordenar al equipo y dar un mensaje de aliento.

Por este motivo decidió ponerse él mismo al frente de la reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza a la que había convocado la secretaria general, Karina Milei.

El encuentro se llevará adelante a partir de las 9:30 en el salón Héroes de Malvinas, en la planta baja de la Casa Rosada, y participarán todos los integrantes del bloque en ambas Cámaras.

Será también la presentación formal de Santilli como jefe de Gabinete y de Ignacio Devitt, como su Vice, con quienes los legisladores, de todas formas, ya conversaban.

La hermana del mandatario nacional busca estar más presente en la diaria parlamentaria y es por eso que, además de llamar a este cónclave, también fue agregada a los grupos de WhatsApp que tenían los representantes en el Congreso.

“Estoy segura de que va a ser una reunión muy positiva, de trabajo, para fortalecer la agenda legislativa del Gobierno, coordinar los próximos desafíos y compartir los objetivos de gestión para esta etapa“, consideró ante Infobae una de las senadoras oficialistas.

En este sentido, la dirigente aseguró que el Presidente “mantiene un diálogo permanente con todos para seguir impulsando las reformas que los argentinos votaron y que el país necesita”.

“Hay un compromiso muy claro de todo el bloque para acompañar ese rumbo y avanzar en las transformaciones que requiere el país”, agregó.

En el lugar estará, por ejemplo, la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, que fue una de las referentes del espacio más críticas de Adorni.

La ex ministra de Seguridad tuvo declaraciones públicas muy fuertes en contra del funcionario, pero ahora irá a la Casa Rosada para escuchar las órdenes de los Milei.

No es la primera vez que el Presidente decide interceder personalmente ante un conflicto interno: ya a finales del 2023, cuando había varios legisladores molestos por una falta de liderazgo claro y amenazaban con romper, el entonces mandatario electo los juntó en el hotel donde se estaba hospedando para alinearlos, en ese momento con la ayuda de Guillermo Francos.

Más cerca en el tiempo, recibió a propios y aliados en la Quinta de Olivos poco antes de que se votaran los vetos a la moratoria previsional, el aumento a los jubilados y la emergencia en discapacidad.

En noviembre último, también en el salón Héroes de Malvinas, antes conocido como Pueblos Originarios, recibió a 100 legisladores de La Libertad Avanza para explicar el Presupuesto que se iba a tratar por esa fecha en el Congreso.

Para esta ocasión, y para estar cerca de la gestión en las primeras horas de Santilli como jefe de Gabinete, tuvo que suspender un viaje que tenía previsto a Asunción, Paraguay, donde se realizó la cumbre del Mercosur.

También es probable que suspenda su visita a los Estados Unidos, según pudo saber este medio, debido a que su par norteamericano, Donald Trump, todavía no confirmó ningún acto con mandatarios extranjeros con motivo de los 250 años de la independencia de ese país.

Durante esa gira, Milei iba a participar además de la Conferencia de Sun Valley, en Idaho, un evento que reúne a los empresarios más importantes del mundo.

El problema es que el encuentro finalmente se realizará del 9 al 13 de julio, pero el mandatario quiere estar el 8 en Tucumán para la vigilia del aniversario de la independencia argentina.

En este contexto, la única actividad que estaba planificada originalmente y que sigue en pie es la llegada de la Fragata Libertad al puerto de Nueva York, también para celebrar la emancipación estadounidense.

Sin embargo, el canciller, Pablo Quirno, consideró que no era razón suficiente como para organizarle un viaje al Presidente y, en su lugar, le pidió al embajador ante la Washington, Alec Oxenford, que representa a la Nación en ese festejo.

Así las cosas, a menos de que Trump retome la idea de hacer un brindis con invitados extranjeros en la Casa Blanca, lo más seguro es que Milei no viajará a los Estados Unidos en el corto plazo.

A pocos días del comienzo de las vacaciones de invierno, una diputada del PRO presentó un proyecto para eliminar las dos semanas de receso en la Legislatura de Mendoza. La iniciativa abrió un debate sobre el régimen de trabajo de los legisladores y los períodos de descanso, que la autora calificó como un “privilegio”.

La legisladora que impulsó la propuesta es Cintia Gómez, quien sostuvo que algunos diputados asumieron sus bancas en mayo, trabajaron apenas dos meses y ahora ya cuentan con dos semanas de descanso. La suspensión de las actividades está prevista desde el 6 hasta el 22 de julio.

“Lo mismo ocurre con los que asumen en noviembre, y a fines de diciembre ya tiene 30 días de vacaciones. Un privado debe tener más de 10 años de antigüedad para tener las mismas vacaciones”, comparó Gómez, en declaraciones a Diario Uno. La iniciativa propone la continuidad de las actividades de ambas Cámaras.

La diputada aseguró que la iniciativa cuenta con el respaldo del PRO, aunque reconoció que todavía no fue debatida con el resto de los legisladores.

Desde Cambia Mendoza, en cambio, cuestionaron el proyecto y lo calificaron de “populista”. Además, defendieron el funcionamiento de la Legislatura provincial al sostener que es una de las que más sesiona en el país.

“Más allá de que el periodo ordinario empieza el 1 de mayo, nosotros sesionamos del 1 de febrero al 31 de diciembre, salvo en estas dos semanas que son de receso del personal administrativo, entre ellos los taquígrafos que son necesarios para sesionar”, advirtieron.

Según reconstruyeron medios locales, el receso de invierno de la Legislatura fue acordado en paritarias con el personal administrativo. En ese marco, los legisladores que rechazan la propuesta sostienen que, sin esos trabajadores, no es posible realizar sesiones ni reuniones de comisión.

Gómez, sin embargo, consideró que la actividad legislativa podría mantenerse mediante reemplazos del personal: “Yo no pretendo vulnerar los derechos laborales de nadie, lo que digo es que eso de que no hay personal se puede coordinar con reemplazos como ocurre con otras instituciones que siguen funcionando. ¿Cómo hacen los hospitales o las fuerzas de seguridad para funcionar en vacaciones?“.

El proyecto

El texto, al que accedió Infobae, ingresó a la Legislatura provincial este lunes 29 de junio. De acuerdo con el documento, la diputada Gómez argumentó que “las instituciones públicas deben evolucionar junto con la sociedad mendocina a la que representan” y que cada época “exige revisar aquellas prácticas que, aunque hayan sido adecuadas en otro momento, hoy pueden resultar distantes de la realidad”.

La legisladora opinó que “la realidad y los problemas de Mendoza no se detienen durante el mes de julio”. En ese sentido, sentenció: “Las preocupaciones de las familias continúan presentes, los desafíos vinculados al empleo, la educación, la salud, la seguridad, la producción y el desarrollo económico siguen requiriendo atención y respuestas por parte de las Cámaras y sus legisladores”.

También señaló que los municipios, las instituciones y los sectores productivos tampoco interrumpen sus actividades durante ese período: “La continuidad de la actividad parlamentaria durante el mes de julio constituye una oportunidad para fortalecer el vínculo entre el mendocino y sus representantes”.

En el documento, Gómez destacó que los legisladores provinciales elegidos en las elecciones de medio término asumen sus funciones el 1° de mayo y, apenas dos meses después, ingresan en el período de receso. Asimismo, adelantó que el proyecto de ley “no busca afectar derechos laborales ni desconocer la tarea que realizan los trabajadores legislativos”.

“Cuanto más cercana sea la política a la realidad cotidiana de las personas, más fuerte será el vínculo de confianza sobre el cual se sostiene la democracia”, planteó.

Mientras el Gobierno comienza a reordenarse, el presidente Javier Milei canceló su viaje a Paraguay para concentrarse en la gestión y decidió sumarse a la reunión con senadores y diputados de La Libertad Avanza en la Casa Rosada.

De acuerdo con lo que confirmaron a Infobae fuentes de su entorno, el mandatario nacional optó por participar él mismo del cónclave, en un nuevo gesto para ordenar al equipo y plantear las metas a futuro.

El encuentro está convocado para el próximo miércoles a la mañana y, hasta esta confirmación, iba a estar encabezado por el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su vice, Ignacio Devitt.

El líder libertario le tomará juramento un día antes a su nuevo ministro coordinador, que viene a reemplazar a Manuel Adorni tras su salida el último fin de semana, en medio de presiones internas por la polémica sobre su patrimonio.

El oficialismo busca dejar atrás las diferencias que generaron dentro del espacio la situación del ahora ex funcionario y es por eso que se convocó a los legisladores a Balcarce 50, con el objetivo de pasar página y fijar las metas de cara al futuro.

Recientemente, Milei canceló su viaje a Paraguay, donde iba a ser parte, en las afueras de la ciudad de Asunción, de la cumbre del Mercosur, en la que se van a debatir los tratados internacionales.

Sin embargo, según adelantaron en su entorno, optó por no moverse de Buenos Aires para “trabajar, junto con el nuevo jefe de Gabinete y los ministros, en temas de gestión y en la preparación del acto de jura de Santilli, previsto para las 17:30 del martes”.

Finalmente, la Argentina será representada en esa mesa por el canciller, Pablo Quirno, que ya se encuentra en el país vecino.

Hasta el momento, los referentes del oficialismo que ya confirmaron que estarán en la reunión con diputados y senadores son, además de Santilli y Devitt, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que fue quien hizo la convocatoria; el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Incluso la jefa del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich, será de la partida, en un gesto de acercamiento luego de algunas diferencias con el resto de la cúpula por Adorni.

El intercambio se dará a partir de las 9.30 en el Salón Héroes de Malvinas y será una única con todo el grupo de legisladores de La Libertad Avanza.

La secretaria general fue agregada en las últimas horas a los dos grupos de WhatsApp en los que están los miembros del bloque de cada Cámara, para tener mayor control de la estrategia parlamentaria.

La última vez que los integrantes del Congreso fueron a la Casa Rosada fue hace tan solo unos días, cuando Karina Milei los recibió para intentar conseguir un último apoyo al entonces jefe de Gabinete, que enfrentaba los intentos de la oposición para removerlo a través de una moción de censura.

En aquella oportunidad, a pesar de que había sido invitada, Bullrich se ausentó con el pretexto de que debía trabajar en las negociaciones para la sesión que se preveía para el 2 de julio.

Fue la propia ex ministra de Seguridad la que le escribió a Devitt para pedirle que le transmita a la secretaria general que en el recinto nadie quería escuchar a Adorni.

Pocas horas después, el todavía funcionario les comunicó a los senadores que estaban en ese instante con él que había decidido dar de baja el informe de gestión que previamente anunció.

Fue uno de los últimos golpes que recibió el jefe de Gabinete, quien para el viernes siguiente ya tenía lista la carta de renuncia que se hizo pública el sábado pasado.

“Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas. Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados a usted y a la Secretaria General de la Presidencia", escribió Adorni en su mensaje final, destinado a los hermanos Milei.

Este lunes, Santilli ya comenzó a planificar la estructura de la Jefatura de Gabinete bajo su mando y tiene pendiente una reunión con Devitt para ultimar detalles.

El martes, en tanto, poco antes de jurar en el cargo, recibirá a su antecesor para dar inicio al demorado proceso de transición y hacer la tradicional foto protocolar.

Según informó Latina Noticias, el próximo Parlamento también muestra una composición marcada por el regreso de un reducido grupo de congresistas reelectos, la incorporación de exfuncionarios del propio Legislativo y la presencia de autoridades con experiencia en gobiernos locales y regionales. Además, evidencia diferencias en la trayectoria política y el perfil de los representantes que ocuparán escaños en ambas cámaras.

De los 88 congresistas que intentaron mantenerse en el Parlamento, únicamente 22 lograron la reelección. La mayor parte de ellos pertenece a Fuerza Popular, que consiguió siete diputados y siete senadores reelectos. También obtuvieron nuevos mandatos representantes de Renovación Popular y Juntos por el Perú.

Declararon investigaciones

De acuerdo con información difundida por Latina Noticias, 16 legisladores electos trabajaban hasta enero de este año como funcionarios del Congreso. En total, 13 ocuparán una curul en la Cámara de Diputados y tres en el Senado. La mayor parte de estos exservidores parlamentarios pertenece a Fuerza Popular, seguida por Renovación Popular y Juntos por el Perú.

En cuanto a los antecedentes declarados, el reporte señala que 12 integrantes del nuevo Congreso registraron procesos judiciales relacionados con violencia familiar o pago de alimentos.

Diputados investigados:

• César Vidaurre (Loreto) – Fuerza Popular.
• Carlos Zegarra (Ica) – Fuerza Popular.
• Segundo Ticlla (Cajamarca) – Fuerza Popular.
• Javier Castro (Lambayeque) – Fuerza Popular.
• Herald Sonco (Puno) – Ahora Nación.

Senadores investigados:

• Percy Osorio (Pasco) – Juntos por el Perú.
• Hugo Ccahuana (Madre de Dios) – Juntos por el Perú.
• Andrés Ramos (Apurímac) – Juntos por el Perú.
• Carlos Mesía (Representación Nacional) – Fuerza Popular.
• Jorge Velásquez (Ucayali) – Fuerza Popular.
• Estanislao Mancha (Representación Nacional) – Renovación Popular.
• Jorge Gavidia (Representación Nacional) – Partido del Buen Gobierno.

Experiencia política y perfil del nuevo Parlamento

Varios de los legisladores electos ya habían ocupado cargos públicos antes de llegar al Congreso. En total, 14 diputados y ocho senadores fueron previamente regidores distritales o provinciales, mientras que otros ejercieron como alcaldes o gobernadores regionales, lo que refleja una presencia importante de autoridades con experiencia en la gestión pública.

Respecto al perfil etario, el Senado tendrá como integrante de mayor edad a Fernando Rospigliosi, de 79 años, mientras que en la Cámara de Diputados el parlamentario de mayor edad será Luis Quispe, de 77 años. En el otro extremo se encuentran Alejandro Muñante, el senador más joven, y Romina Uribe, diputada del Partido del Buen Gobierno, quien con 28 años será la legisladora de menor edad del nuevo Congreso.

Con esta composición, el Parlamento bicameral iniciará funciones en julio con representantes que combinan experiencia legislativa, trayectoria en la administración pública y autoridades provenientes de distintos niveles de gobierno. Al mismo tiempo, la presencia de legisladores con antecedentes judiciales en materia familiar vuelve a poner en debate los perfiles de quienes integrarán el nuevo Poder Legislativo.

Con las credenciales , otorgadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los diputados diputados electos para el periodo 2026-2031 están habilitados para juramentar al cargo ante el Congreso bicameral que se instalará el 27 de julio.

La Cámara de Diputados del próximo Parlamento estará integrada por 41 diputados de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 del Partido del Buen Gobierno, 15 de Renovación Popular, 14 del Partido Cívico Obras, y 10 de Ahora Nación.

Los presentes en la ceremonia hacen un minuto de silencio por las más de 500 víctimas que dejó el doble terremoto en Venezuela ocurrido el pasado miércoles

Sigue en vivo todas las incidencias de la entrega de credenciales a diputados

Proceso de selección y criterios de representación

Los nuevos diputados han sido elegidos bajo dos modalidades: 28 por distrito electoral múltiple y 102 en forma proporcional al número de electores de cada circunscripción. Este sistema busca garantizar una representación equitativa de la diversidad regional y poblacional del Perú.

De acuerdo con información proporcionada por el Jurado Nacional de Elecciones, la asignación de escaños responde estrictamente a la cantidad de votantes registrados en cada distrito, lo que permite que regiones con mayor densidad poblacional cuenten con más representantes en la Cámara Baja. En total, 130 parlamentarios integrarán la Cámara de Diputados, que volverá a funcionar tras varios años de vigencia del sistema unicameral.

Detalles del acto protocolar en Miraflores

La ceremonia de entrega de credenciales se desarrollará en el auditorio del Colegio Médico del Perú. Según el cronograma oficial del Jurado Nacional de Elecciones, el acto comenzará a las 11:00 y contará con la presencia de las máximas autoridades electorales, así como de familiares y representantes de los nuevos legisladores.

Durante esta jornada, cada diputado electo recibirá el documento que lo acredita formalmente como miembro de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2031. Este trámite es indispensable para participar en la sesión inaugural y en la posterior juramentación, prevista en el calendario legislativo nacional.

Bicameralidad: estructura y funciones diferenciadas

La reinstauración del sistema bicameral dota al Parlamento de una estructura compuesta por Senado y Cámara de Diputados, con funciones diferenciadas. Mientras los senadores, que recibieron sus credenciales el jueves, tendrán atribuciones enfocadas en la revisión y sanción definitiva de leyes, los diputados desempeñarán un papel fundamental en la presentación y debate de proyectos normativos, así como en la fiscalización del Ejecutivo.

El Congreso bicameral permitirá, de acuerdo con lo señalado por el JNE, una mayor especialización en la labor legislativa. Cada cámara contará con comisiones y dinámicas propias, orientadas a optimizar el proceso de formación de leyes y el control político.

Composición regional y relevancia política

La distribución de escaños refleja la heterogeneidad del electorado peruano. Lima, como la circunscripción más poblada, concentra una proporción significativa de diputados, mientras que regiones como Arequipa, La Libertad y Piura también tendrán representación destacada. En total, 28 escaños han sido asignados por distrito electoral múltiple y 102 de manera proporcional al padrón de electores, lo que asegura la pluralidad de voces y enfoques en la agenda parlamentaria.

El proceso de acreditación y la posterior asunción de funciones de los diputados representan un paso clave para la consolidación del nuevo sistema legislativo. La expectativa ciudadana gira en torno a la capacidad del renovado Congreso para dar respuestas a los principales desafíos del país en los próximos cinco años.

Próximos pasos tras la entrega de credenciales

Superada la etapa de entrega de credenciales, los diputados deberán presentarse en la sede legislativa para la sesión de instalación y la jura de sus cargos. Este procedimiento, estipulado en el reglamento interno del Congreso, constituye el acto formal de inicio de la labor parlamentaria.

Según el cronograma oficial, la juramentación de los nuevos parlamentarios se llevará a cabo en los próximos días, abriendo así el periodo ordinario de sesiones para el ciclo 2026-2031. La conformación de las comisiones y la elección de la mesa directiva figuran entre las primeras tareas institucionales de la flamante Cámara de Diputados, tras el retorno de la bicameralidad en el sistema político peruano.

La Cámara baja es el territorio de influencia política por excelencia de Karina Milei, que controla los movimientos legislativos a través de su mano derecha, Martín Menem. Pero a pesar de que su poder allí está blindado, últimamente “el jefe” se encarga de regar especialmente las relaciones con sus soldados. Hace dos semanas, los invitó a cenar a un restaurante de sushi y charló con varios, uno a uno. Y ayer volvió a mostrarse cerca de la tropa propia, para acariciarles el lomo y asegurarse de que el desconcierto por Adorni no los aleje de más. Pero más que nada, para escenificar su poder y mostrar que ella manda.

Lo hizo luego de resultar como la “perdedora” en el juego de distribución de poder en el Gobierno. Particularmente, a partir de los cambios en el esquema de comunicación, que favorecieron a Santiago Caputo.

A diferencia de otras ocasiones en las que presenció buena parte de la sesión, esta vez llegó más tarde, y su visita fue más corta de lo habitual.

En la Cámara la recibió Shariff Menem, porque Martín se encontraba en el recinto, en plena sesión. Después vio a su mano derecha y consejero político en su despacho, junto al joven sobrino y asesor del riojano. Y a la reunión se sumó también Diego Santilli, luego arrobado cuidadosamente por el Presidente cuando resaltó la foto de Karina con todos los diputados.

Karina Milei suele visitar la Cámara cuando hay un triunfo libertario. Pero en general se limita a observar y luego a saludar desde los palcos. Esta vez, además, montó una imagen grupal -y se ubicó a sí misma en el centro- con todos los diputados violetas, sonrientes y triunfales todos, incluida ella. Además, se tomó varias selfies con los legisladores, que se encargaron de publicarlas luego, en sus redes sociales, con los arrobas de rigor a la cuenta oficial de la hermana del Presidente.

La visita ocurrió después de la media sanción al SuperRigi y el acuerdo con los holdouts. ”Karina fue a capitalizar el triunfo como jefa del espacio que es”, dijeron sus adeptos. Aunque en una dependencia del propio Gobierno lamentaron la imagen con sonrisas en pleno caso Adorni: “Festejamos que frenamos a la propia Constitución con artilugios que permiten nuestras propias leyes”, deslizó un funcionario.

Mientras tanto, en el campamento libertario de Santiago Caputo, que tiene escasos representantes en la bancada, sintieron un familiar amargor en la boca, provocado por la falta de reconocimiento a las gestiones de su líder para que prosperen los mencionados proyectos de ley. Aunque a diferencia de otras veces, esta no les dolió tanto: están envalentonados con el nuevo diseño de la comunicación del Gobierno, que había quedado descabezada desde que Adorni cayó en desgracia pública y donde volvió a ganar injerencia Caputo.

De todas formas, en el entorno del asesor no creen que esa influencia perdure. “Seguramente pase lo de siempre: Santiago los recibe, los entrena, arma todo para que funcione y después se lleva el mérito ella”, deslizaron en las Fuerzas del Cielo. Y pusieron como ejemplo el caso de Diego Santilli en el Ministerio del Interior.

La gran sugerente ausencia de visita de Karina fue la de Manuel Adorni, que no estuvo presente ni físicamente ni en la voz de la Secretaria General. Y si bien desde el entorno del ex periodista aseguraban ayer que está convencido de que aún tiene el apoyo pleno de los Milei, en el Gobierno y sus satélites, insisten hace dos semanas con la hipótesis de que “el Jefe” ya empezó a “soltarlo”. Incluso, aseguran, Karina Milei empezó a deslizárselo sin demasiadas sutilezas a gente de su confianza.

El jefe de Gabinete había intentado recuperar su prestigio a través de las conferencias de prensa —de hecho, hasta el viernes de la semana pasada planeaba retomar ese formato—. Días después, el Gobierno anunció que lo reemplazaba en el rol de vocero el diputado Adrián Ravier.

Como dato adicional, Milei no nombró al jefe de Gabinete en su presentación en la cena de Fundación Faro, aunque el ministro coordinador sí estuvo en el evento sentado junto a Karina Milei. Algunos dicen que Adorni se iría durante el Mundial. Otros son más específicos y aseguran que podría ocurrir la semana que viene.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inició la distribución oficial de credenciales a los legisladores electos para el periodo parlamentario 2026-2031. Tras culminar el procesamiento de actas y la resolución de impugnaciones, el máximo organismo electoral formaliza el llamado a quienes integrarán el retorno a la bicameralidad en el Congreso de la República.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú proclamó oficialmente a los 60 asírantes que integrarán la Cámara de Senadores para el periodo 2026-2031. El nuevo Senado, que se instalará el 27 de julio, quedó conformado por representantes de varias organizaciones políticas, distribuidos de la siguiente manera:

Fuerza Popular (22 escaños)

Miguel Torres

Martha Chávez

Fernando Rospigliosi

Patricia Juárez

Martha Moyano

César Astudillo

Carlos Mesía

Marco Miyashiro

Elard Melgar

Jacques Rodrich

Rafael Yamashiro

Nilza Chacón

Víctor Flores

Alejandro Aguinaga

Karla Schaefer

Héctor Ventura

Segundo Tapia

José Arista

Juan Carlos del Águila

Víctor Noriega

Jorge Velásquez

David Jiménez

Juntos por el Perú (14 escaños)

José Castillo

Silvana Robles

Jaime Quito

Saúl Armacanqui

Iber Maraví

Serafín Luján

Percy Osorio

Joaquín Yauri

Humberto Morales

Andrés Ramos

Wilfredo Verano

Hugo Ccahuana

Moisés Chipana

Víctor Cutipa

Renovación Popular (8 escaños)

Rafael López Aliaga

Alejandro Muñante

Katherine Ampuero

Lourdes Alcorta

Estanislao Mancha

Francisco Calisto

Milagros Aguayo

Miguel Velásquez

Partido del Buen Gobierno (7 escaños)

Flavio Figallo

Patricia Iturregui

Susana Matute

Carlos Caballero

Jorge Gavidia

Nora Bonifaz

Juver Flores

Partido Cívico Obras (5 escaños)

Daniel Barragán

Agripina Flores

Walter Gago

Roger Astucuri

Juana Ticona

Ahora Nación (4 escaños)

Alfonso López Chau

Jaime Delgado

Ruth Luque

Mirtha Vásquez

Ellos son los nuevos miembros del Parlamento Andino

Fuerza Popular

Titular: Luis Fernando Galarreta Velarde

Suplentes:

- Rosario de las Nieves Guevara Badillo

- Pedro Carlos Casanova Saavedra

Juntos por el Perú

Titular: Paul Percy Fernández Bravo

Suplentes:

- Rosario del Carmen Mori Isuisa

- Jorge Eusebio Manco Zaconetti

Partido del Buen Gobierno

Titular: Marcio Marino Bendezú Echevarría

Suplentes:

- Pamela Erika Osorio Espinoza

- María Luisa Ñáñez Millones

Renovación Popular

Titular: Maali Olga Betty del Pomar Saettone

Suplentes:

- Guillermo Humberto Valdivieso Méndez

- Leoncio Carlos Merino Durán

Partido Cívico Obras

Titular: Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino

Suplentes:

- Ernesto Raúl León Díaz

- Constantino Loa Ortiz

Momento en el que Rafael López Aliaga es llamado al estrado para recibir su credencial, pero no se encuentra. El excandidato presidencial había anticipado que rechazará el nombramiento de senador, para presentarse a las elecciones municipales por Lima

Sigue en vivo la entrega de credenciales a senadores del JNE

Relator del JNE menciona uno a uno los nombres de los 60 senadores elegidos que conformarán el nuevo congreso bicameral

Con un discurso de bienvenida, Roberto Burneo da inicio al acto oficial de la entrega de credenciales a senadores y parlamentarios andinos

En conferencia de prensa, el titular del JNE responde a los cuestionamientos sobre la entrega de credenciales a representantes electos con procesos judiciales pendientes, como es el caso del senador electo Fernando Rospigliosi. Burneo enfatiza que el organismo electoral se rige por la norma, la cual requiere una sentencia firme o consentida para inhabilitar a una autoridad.

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ofrece una conferencia de prensa sobre la ceremonia de entrega de credenciales a los senadores y representantes del Parlamento Andino electos. Además, detalla el cronograma para la proclamación final de resultados y el inicio del proceso para las próximas elecciones regionales y municipales.

José María Balcázar llega a la ceremonia de entrega de credenciales del JNE en Miraflores

Jorge Nieto Montesinos, excandidato presidencial, llega al Colegio Médico para la entrega de credenciales

Ceremonias se trasladan a Miraflores por dos fechas consecutivas

El Pleno del tribunal electoral, liderado por su presidente Roberto Burneo Bermejo, encabeza los actos protocolares en el auditorio del Colegio Médico del Perú, ubicado en el distrito de Miraflores. La pauta institucional dividió los eventos en dos jornadas sucesivas que iniciarán desde las 11:00 horas, con estrictos controles de acceso y cobertura de prensa.

La distribución de espacios responde a las necesidades técnicas y operativas del nuevo diseño del Legislativo. El despliegue logístico del JNE en esta locación miraflorina busca agilizar los accesos de las futuras bancadas y representantes internacionales que acudirán a presenciar la instalación legal del Poder Legislativo peruano.

Senadores electos reciben su acreditación oficial hoy jueves

La primera jornada está reservada exclusivamente para los integrantes de la cámara alta. Un total de 60 senadores proclamados recibirán el documento que formaliza su retorno a las funciones de control y legislación de mayor jerarquía. De este grupo, 30 corresponden al distrito único nacional y los otros 30 representan a los distritos electorales múltiples del interior del país.

Junto a los miembros de la cámara alta, los cinco parlamentarios andinos titulares y sus respectivos suplentes también acudirán a recibir sus credenciales de manos del colegiado electoral. Este grupo asume la responsabilidad de la representación geopolítica del Perú ante los órganos del sistema de integración regional durante los próximos cinco años.

Cámara de Diputados: 130 legisladores citados para el viernes

El viernes corresponderá el turno a los elegidos para la Cámara de Diputados, conformada por 130 parlamentarios que ganaron una curul en la pasada contienda en las urnas. La distribución de estas plazas legislativas agrupa a 28 representantes elegidos por distritos múltiples y 102 escaños asignados de forma estrictamente proporcional a la población electoral de cada región.

La entrega del título oficial a los diputados consolida la conformación final del sistema bicameral. Este bloque representa el núcleo de la iniciativa legislativa y la fiscalización directa en las diversas provincias del territorio nacional, completando así la arquitectura estatal del nuevo Congreso de la República del Perú.

Pleno del JNE ratifica legitimidad de los resultados electorales

El acto de entrega de credenciales toma como base legal estricta el acta de proclamación de resultados, un documento técnico y jurídico que fue suscrito por el Pleno del organismo electoral tras resolver las actas observadas y los recursos impugnatorios correspondientes a cada región.

El magistrado y presidente del organismo, Roberto Burneo Bermejo, destacó el respeto irrestricto al voto ciudadano emitido en los comicios de abril. Con la entrega de estas credenciales, las agrupaciones políticas adquieren plena responsabilidad para articular los acuerdos de gobernabilidad necesarios que requiere el país a puertas de la transferencia de funciones.

Nuevo Congreso 2026-2031 queda listo para el proceso de juramentación

La posesión de la credencial oficial funciona como el requisito administrativo definitivo para que los parlamentarios electos inicien el proceso de instalación de la Junta Preparatoria. A partir de este momento, los representantes están plenamente facultados para coordinar la mesa de acreditación interna directa en las oficinas del Poder Legislativo.

Los reportes institucionales confirman que la juramentación oficial del cargo se desarrollará en las semanas previas al 28 de julio, fecha en la que se instalará formalmente el periodo anual de sesiones. El inicio de la gestión legislativa coincidirá con la asunción del nuevo gobierno del Poder Ejecutivo.

Desafíos de la bicameralidad marcan la agenda de los nuevos representantes

El retorno al esquema de dos cámaras legislativas plantea retos operativos inmediatos para el grupo de parlamentarios elegidos para el periodo 2026-2031. Varios de los senadores que acuden a recoger su acreditación señalaron la necesidad de priorizar reformas de fondo en el reglamento del Congreso para adecuar los flujos de las comisiones de trabajo.

El nuevo modelo de Senado y Cámara de Diputados busca elevar el filtro de calidad de las leyes aprobadas y restituir el equilibrio de poderes. El debate inmediato girará en torno a la distribución de las oficinas congresales y el presupuesto asignado para el correcto funcionamiento administrativo de ambas instancias del aparato estatal.

Bancadas parlamentarias inician negociaciones internas en Lima

La concentración de figuras políticas en el distrito de Miraflores sirve como escenario para los primeros acercamientos multipartidarios con miras a la gobernabilidad. Con las credenciales del JNE en mano, las agrupaciones políticas con representación nacional aceleran el debate para consolidar las coordinaciones de los bloques o bancadas parlamentarias oficiales.

Los temas de debate prioritarios para el mes de julio incluyen la reactivación económica del país y las reformas en el ámbito de la seguridad ciudadana. Los líderes de las agrupaciones con mayor número de curules buscan tender puentes con los representantes de las regiones para asegurar los votos necesarios en la elección de la directiva del parlamento.

Organizaciones de la sociedad civil exigen transparencia en funciones

Diferentes colectivos sociales y veedores ciudadanos se pronunciaron respecto a la entrega de credenciales, instando al nuevo Congreso bicameral a mantener los estándares éticos que demanda el electorado. La publicación oficial de los perfiles y las declaraciones juradas de intereses se mantiene bajo constante revisión pública tras la proclamación de escaños.

El periodo que se inicia este año enfrentará el escrutinio de la opinión pública respecto a la lucha contra la corrupción y el manejo transparente de las partidas de gasto. La ciudadanía espera que el restablecimiento del Senado marque un cambio significativo en la producción de normas de alcance nacional y la fiscalización del gasto público en el Perú.

Durante la conversación con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro y Cecilia Boufflet, Martínez expuso su rechazo a la nueva normativa aprobada el miércoles, que busca impulsar inversiones de más de USD 1.000 millones en “industrias del futuro” como inteligencia artificial, minería de frontera y energías renovables.

El diputado nacional reiteró que los beneficios impositivos del régimen son inéditos para las empresas tecnológicas. “En ningún lugar está esa baja de Ganancias del 35% en el RIGI, al 15% en el Super RIGI. En ningún lugar se dan las contribuciones patronales al 10% como en el Super RIGI. En ningún lugar estamos yendo a jurisdicción extranjera para resolver conflictos”, precisó.

Por eso, Martínez solo se trata de avanzar en un “enclave colonial”, que garantiza a la inversión 30 años de condiciones favorables de explotación. “No hay proyecto de país alrededor de Milei. Es una cantidad de premios a distintos sectores corporativos para ver si mueven el amperímetro de inversión que no se mueve”, sostuvo.

Y se preguntó: “¿Dónde está la estabilidad jurídica de los jubilados dentro de treinta años con el Super RIGI? ¿Dónde está la estabilidad jurídica de la industria que no va a poder vender lo que hoy produce? ¿Dónde está la estabilidad jurídica de los científicos?”.

Sospechas de corrupción

Según su mirada, el oficialismo está logrando aprobar estas leyes con el apoyo de sus aliados y seguir con la agenda legislativa, a pesar de los escándalos de corrupción, donde estaba previsto que el Congreso discuta la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Nunca el caso Adorni trabó la agenda parlamentaria del Congreso”, afirmó, y subrayó que “en el medio del escándalo Adorni, dictaminaron el acuerdo con los holdouts y dictaminaron el Super RIGI en Diputados”. “Adorni tensiona los acuerdos políticos, pero no los rompe con los aliados”, afirmó, al negar que las iniciativas legislativas se habían trabado con el estallido por presunto caso de enriquecimiento ilícito.

En ese marco, Martínez agregó que el Gobierno aún consigue votos a partir de “una periferia de alianza” con votos “que tiene el Gobierno” y “lo logra sostener”. Y atribuyó que las victorias legislativas, y el respaldo de bloques dialoguistas provinciales, se deben a que “aprietan a las provincias” desde el Poder Ejecutivo para aprobar o no los proyectos de RIGI. “Si no venís, no te apruebo tal proyecto. Si no firmás tal ley, no te apruebo el RIGI de tu provincia”, ejemplificó. Y remarcó que “algun días se analizará el proceso de evaluación del RIGI” y su “potencial corrupción”.

Asimismo, insistió en que ratifican sus críticas a este tipo de regímenes con incentivos y facilidades. Ahora bien, alertó que aún con el apoyo que obtuvieron de los aliados, “había mucha más expectativa en el RIGI y eso no está pasando”. “No hay un barril de petróleo o de gas que este saliendo en el RIGI”, ejemplificó.

Críticas al modelo y la alterntiva posible

Martínez remarcó que el peronismo mantiene una postura crítica frente al RIGI y su nueva versión, al poner como ejemplo la inversión de la planta de Sidersa, en el municipio bonaerense de San Nicolás.

“Sidersa está en ese plan del RIGI. Nadie le garantiza a Sidersa que va a poder vender su producción para lo que se necesite de infraestructura vinculado a los proyectos del Super RIGI”, contrastó, al advertir sobre la presunta trampa de las “condiciones de mercado” para los proveedores locales:

“Cuando vas en condiciones de mercado, ¿qué hacés con China? Estamos subsidiando un proyecto productivo de acero verde en San Nicolás y al mismo tiempo no le permitimos que ese insumo vaya como componente nacional al Super RIGI”.

Interrogado sobre la alternativa peronista, y qué tipo de iniciativas para inversiones están interesados en impulsar, el legislador planteó pensar “un sistema y un régimen de inversiones que piense el desarrollo nacional en otro sentido distinto al del RIGI y Super RIGI”.

En ese marco, resaltó la necesidad de “un régimen de inversiones claro, previsible, con compromisos y condiciones, como la participación de la industria con generación de puestos de trabajo, incorporación de ciencia y tecnología, y recuperación de la soberanía en términos jurídicos”.

“Nosotros necesitamos una situación general que obviamente permita la llegada de inversiones, pero que nosotros le demos una planificación. Tenemos que recuperar una sana idea de planificación que no es dirigismo. Planificar es una cosa, dirigir es otra”, concluyó.

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La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI, que obtuvo media sanción con el respaldo del oficialismo y sus aliados. La iniciativa, que ahora pasa al Senado, apunta a atraer proyectos de al menos USD 1.000 millones en sectores que el Gobierno denomina “industrias del futuro”, como inteligencia artificial, data centers, fabricación de baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas y desarrollos vinculados a la cadena de valor del uranio.

El régimen amplía y modifica los alcances del RIGI vigente, que desde su creación orienta los incentivos a sectores tradicionales como minería, petróleo, gas, energía e infraestructura. La nueva propuesta, en cambio, concentra los beneficios en actividades consideradas inéditas a escala comercial en el país, con el objetivo declarado de modificar la estructura productiva nacional e incorporar tecnología de punta. Para acceder al régimen, los proyectos deberán comprometer al menos el 20% de la inversión total en los primeros dos años.

Entre los principales beneficios fiscales, el Súper RIGI reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% —nivel que establece el RIGI— al 15%, incorpora un sistema de amortización acelerada, permite deducir quebrantos sin límite temporal y fija una alícuota del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

Por otro lado, el régimen garantiza arancel cero para importaciones y retenciones cero a las exportaciones, establece un tope del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe tasas municipales sobre ventas. Como el RIGI, contempla estabilidad regulatoria por 30 años.

Principales diferencias entre el RIGI y el Súper RIGI

• Sector de aplicación:
• • El RIGI se dirige a sectores tradicionales como minería, petróleo, gas, energía e infraestructura.
  • El Súper RIGI está orientado exclusivamente a “nuevas actividades económicas” (tecnología, infraestructura digital, inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, baterías de litio, energías renovables y data centers).
• Monto mínimo de inversión:
• • En el RIGI, el umbral oscila entre US$200 y US$600 millones según el sector.
  • En el Súper RIGI, el mínimo es de US$1.000 millones por proyecto.
• Requisito de ejecución:
• • El RIGI exige pisos de inversión inicial según el sector.
  • El Súper RIGI demanda que el 20% del monto comprometido se invierta en los primeros dos años.
• Beneficios fiscales:
• • El RIGI fija una alícuota del 25% para el Impuesto a las Ganancias.
  • El Súper RIGI la baja al 15%.
  • Se incorpora amortización acelerada (60% el primer año, 20% el segundo y 20% el tercero).
  • Permite deducir quebrantos sin límite de tiempo y transferirlos a terceros luego de cinco años.
  • Reduce la carga sobre dividendos y utilidades.
• Incentivos aduaneros y tributarios:
• • El Súper RIGI garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones.
• Presión tributaria local:
• • El RIGI exige un piso mínimo de contratación de proveedores locales (20% de la inversión).
  • El Súper RIGI elimina este requisito y prohíbe imponer compras locales en condiciones menos favorables que las de mercado.
  • Tope del 0,5% para Ingresos Brutos y prohibición de tasas municipales sobre ventas.
• Reglas cambiarias:
• • Ambos regímenes otorgan libre disponibilidad progresiva de divisas por exportaciones: 20% el primer año, 40% el segundo, 100% el tercero.
• Estabilidad normativa:
• • Ambos esquemas contemplan una estabilidad regulatoria de 30 años.

Las claves del Súper RIGI

Como se mencionó, el enfoque sectorial del Súper RIGI refleja una estrategia de transformación productiva. Mientras que la versión anterior del RIGI priorizaba actividades tradicionales como minería, petróleo, gas, energía e infraestructura, la nueva propuesta dirige los incentivos a sectores considerados inéditos en el país desde la perspectiva oficial. Entre ellos se destacan los data centers para inteligencia artificial, la fabricación de paneles solares, turbinas eólicas y la industrialización de recursos como baterías de litio o el refinado de cobre, en lugar de limitarse a la exportación de materias primas.

Respecto a los requisitos de inversión, el nuevo régimen fija un piso único de USD 1.000 millones por proyecto, a diferencia de los montos mínimos de entre USD 200 y USD 600 millones que establecía el esquema anterior según la actividad. Además, las compañías deberán desembolsar al menos el 20% de esa suma durante los primeros dos años de su adhesión.

En materia de beneficios fiscales, el proyecto reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% al 15%, con una baja considerable frente al régimen vigente. El sistema de amortización se vuelve más acelerado: permite aplicar el 60% en el primer año y 20% en cada uno de los dos siguientes. También habilita la deducción ilimitada de quebrantos y su transferencia a terceros después de cinco años, junto con alivios en la carga sobre dividendos y utilidades distribuidas.

En cuanto al IVA, se mantiene el uso de Certificados de Crédito Fiscal para inversiones y se suma la alternativa de transferir los saldos si la devolución supera los tres meses. El marco normativo asegura arancel cero para importaciones relacionadas con la producción y elimina las retenciones a las exportaciones, corrigiendo las indefiniciones existentes en la reglamentación anterior.

En el plano impositivo local, el texto impone un máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y veta la aplicación de tasas municipales calculadas sobre ventas. Estas disposiciones buscan reducir la presión fiscal en los niveles subnacionales y ofrecer mayor previsibilidad para quienes buscan instalar nuevos emprendimientos.

El régimen original imponía la obligación de contratar proveedores locales por al menos el 20% de la inversión en bienes y obras, siempre que existiese oferta competitiva. El Súper RIGI elimina ese requisito y establece que no podrán imponerse compras locales en condiciones menos favorables que las de mercado. Esta modificación ha generado debate entre las provincias y las empresas nacionales proveedoras.

En lo referido al acceso a divisas, se mantiene el esquema de disponibilidad progresiva para exportaciones: 20% en el primer año, 40% en el segundo y acceso total en el tercero. A esto se suman exenciones completas de derechos de importación y exportación, beneficios respecto al impuesto a los débitos y créditos bancarios y una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales asociadas a la creación de empleo.

El régimen garantiza estabilidad regulatoria por 30 años y prevé mecanismos internacionales para resolver disputas entre los inversores y el Estado argentino, a fin de asegurar un escenario jurídico estable a largo plazo.

Actualmente, 45 empresas de 11 países participan en el régimen vigente, con Argentina a la cabeza (11 firmas), seguida por Canadá y China (cinco cada una), Reino Unido y Suiza (tres cada una). Este escenario muestra el interés extranjero en los beneficios fiscales y normativos disponibles.

El Súper RIGI, apunta a acelerar la llegada de inversiones extranjeras. El acceso a arancel cero para importaciones vinculadas a la producción y la eliminación de retenciones a las exportaciones buscan brindar certezas regulatorias y favorecer proyectos de gran escala. El límite a Ingresos Brutos y la prohibición de tasas municipales sobre ventas procuran disminuir la presión tributaria local y fortalecer la previsibilidad del entorno de negocios.

Tomado por el caso de Manuel Adorni, que se mantiene en agenda a pesar de sus intentos, el oficialismo enfrentará este jueves la segunda prueba de la estrategia para ganar tiempo en el Congreso. Después de haber demorado el tema en Diputados, llega el turno del Senado. El cuadro no es idéntico. El Gobierno exprimió al máximo la relación con sus aliados, pero en el Cámara alta juega además, y se verá hasta qué punto, la interna y su impacto entre los socios, molestos algunos por el desmanejo violeta sobre la presencia del jefe de Gabinete, que viene postergando su informe de gestión desde el mes pasado.

El Gobierno busca oxígeno legislativo, con dos objetivos después de una larga temporada de estancamiento: correr el foco sostenido sobre Adorni y avanzar con algunas de las iniciativas del Ejecutivo. El martes, logró frustrar en Diputados la sesión motorizada por la oposición dura: lo hizo en base a negociaciones con aliados que, la semana próxima, podrían buscar algún resultado en comisiones para amortiguar críticas y darle sustento a su posición. Un día después, llegó la votación de demorados proyectos propios: pago a bonistas y súper RIGI.

El oficialismo celebró esta especie de refresco, resultado de tratativas que, como era de esperar, superan las conversaciones en los despachos del Congreso. Otra vez, debió estar activo Diego Santilli, con colaboración de Economía, para conversar con gobernadores. De manera visible y reservada, el despliegue para proteger al jefe de Gabinete y comprometer apoyo a leyes incluyó a jefes locales de la UCR, del PRO, del peronismo negociador y provinciales.

La salida para el caso Adorni, en Diputados, fue mostrar la convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para tratar las propuestas de interpelación. La bancada de Cristian Ritondo tomó esa citación como argumento para no dar quórum el martes y, de ese modo, mostrar distancia con la jugada opositora, que fue calificada como show K. En menor medida, fue la explicación difundida desde el bloque oficial de la UCR.

El punto es qué va a pasar entonces el martes que viene, día agendado para la reunión de comisión. Para los más críticos, sería una formalidad con el objetivo de estirar lo más posible el tratamiento del tema en el recinto. Ayer mismo, antes de tratar el acuerdo con un par de holdouts, Maximiliano Ferraro propuso emplazar a la comisión para que dictamine sobre la interpelación. Es decir, que no sea pura dilación. El planteo fue acompañado por legisladores del PRO, el MID, provinciales, peronistas alineados con un par de gobernadores. Se impuso, aunque sin lograr la mayoría especial requerida. ¿Una señal?

En las filas de la oposición más dura, destacan que en realidad debería ser convocada también otra comisión (Peticiones y Poderes). Y consideran que el apoyo a la iniciativa del legislador de la CC sería sólo una movida para tratar de “salvar” la imagen después de haber colaborado con LLA para dejar al recinto sin quórum, un día antes. Esa decisión había dejado en situación incómoda al PRO y la UCR, al menos en términos de exposición pública. Habían producido declaraciones muy duras, reclamando que el Gobierno le diera salida al jefe de Gabinete. De manera informal y al igual que otros dialoguistas, buscaban que Olivos se hiciera cargo y descomprimiera al Congreso. No fue esa la respuesta de Javier Milei.

El foco pasó al Senado, cuya agenda incluía el tratamiento del pedido de interpelación, este jueves, sin paso previo. Además, incluía para una semana después el informe de Adorni. La interna libertaria ya jugaba en ese tablero y volvió a anotar un capítulo de tensiones entre Patricia Bullrich y Karina Milei, expresada otra vez por el jefe de los ministros. Eso, sin contar los recelos con Victoria Villarruel y la desconfianza por los manejos con el peronismo.

Parecía que todo se iba a limitar, aunque no fuera poco, a un intercambio de señales, alimento del microclima político. Adorni, con aval presencial de Karina Milei, recibió en tandas a la mayoría de los senadores de LLA, con la pretensión repetida de exponer sostenimiento doméstico. Y Bullrich, como ya había dejado trascender, eludió la cita. No estaba en los cálculos previos el cruce por el informe de gestión previsto para el 2 de julio.

La jefa del bloque libertario dio un giro notable, en apenas una semana, para frenar el tratamiento de la interpelación al jefe de Gabinete. En principio, se había impuesto el criterio impulsado por el peronismo para aprobar esa propuesta en el recinto con mayoría absoluta -la mitad más uno de los miembros de la Cámara-, pero Bullrich cambió esa línea y junto a aliados impuso el criterio según el cual debería contar con el respaldo de dos tercios de los votos si no cuenta con dictamen. Así quedó escrito en al Acta de Labor Parlamentaria del martes último.

Ese papel, dicho de otra forma, expone que al oficialismo le alcanzaría con un tercio de votos para bloquear el tratamiento en el recinto, lo que significaría que inicie el camino de las comisiones. Los cálculos que circulan en medios del Senado indican que difícilmente LLA no consiga ese piso, más allá del malestar que recorre a socios y bloques que en general acompañan los pedidos del Gobierno.

Con ese cortinado de fondo, un interrogante surge de posición del PRO -de escaso peso numérico en la Cámara alta-, que decidió impulsar un planteo de interpelación en el recinto. ¿Es una posición aislada o un síntoma de enojo más amplio con los manejos del oficialismo? Ese clima resultó nutrido por el capítulo más reciente de la interna libertaria: el cruce entre Bullrich y Adorni por el informe de gestión.

Como un paso para restarle foco al funcionario -y mostrar nuevamente dominio de territorio-, la jefa del bloque de LLA manejó casi al mismo tiempo la decisión de bajar la presencia de Adorni en el Senado. Esa fecha, la del 2 de julio, había sido fijada por el jefe de los ministros, a pesar de los reclamos opositores y el fastidio en las propias filas por el largo retardo para cumplir con lo que marca la Constitución. Debía haber sido en mayo.

Cuando, a pesar de todo, parecía superado este capítulo, Adorni tuiteó que él mantenía su “disposición” a presentarse en el Senado. El punto es qué sucede si alguien plantea el tema, este jueves, en el inicio de la sesión y lo hace, por ejemplo, como una moción. Otra inquietud sin respuesta cierta. El interés está puesto en esos puntos y, lejos, aparece el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

El oficialismo logró este miércoles la media sanción en la Cámara de Diputados del denominado Super RIGI, un nuevo régimen para fomentar las inversiones de más de USD 1.000 millones en “industrias del futuro” que todavía no se han desarrollado en el país.

La votación cerró de forma más ajustada de lo anticipado por los libertarios. Fueron 130 votos afirmativos y 106 negativos. La Libertad Avanza sumó el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo (San Juan), La Neuquinidad, Independencia (Tucumán), Por Santa Cruz e Innovación Federal (Misiones y Salta).

En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota. Los diputados de Elijo Catamarca, habituales aliados del Gobierno, se abstuvieron.

El Super RIGI busca incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en industrias y tecnologías de frontera. La categoría es bastante amplia e incluye desde la fabricación de baterías de litio o autos eléctricos, a desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y hasta proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.

Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios, cambiarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

Además, garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.

La semana pasada el oficialismo hizo algunas concesiones a los bloques aliados para destrabar el dictamen de comisión. Por ejemplo, se incorporó una cláusula que establece que las inversiones en I+D vinculadas al proyecto se computan por el doble de su valor al momento de calcular el monto mínimo de inversión exigido. Sin embargo, esta ponderación especial no puede superar el 20% del monto mínimo de inversión. El excedente se computará a valor nominal.

Por otro lado, se incluyó la obligación de presentar un plan para el desarrollo de proveedores locales, debiendo comprometer un porcentaje no menor al 20% del monto total de adquisiciones de bienes y servicios durante la ejecución del proyecto. Siempre y cuando “la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.

También se exigirá que los proyectos de inversión cuenten con un informe técnico que demuestre que no comprometen la sustentabilidad de los recursos naturales ni la capacidad de la infraestructura de la zona de influencia, considerando su impacto ambiental y social.

El encargado de presentar el proyecto por parte del oficialismo fue Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto. “Son incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y seguridad para las industrias del futuro. Son cuatro conceptos que los países civilizados ya tienen incorporados y por eso les va cómo les va. Porque venimos de ser cavernícolas, necesitamos hacer una ley para proteger los derechos de propiedad. Al capital no se lo combate porque nos lleva a la peor pesadilla de la pobreza, es lo que ha pasado. El capital no tiene patria, competimos con otros mercados, y el capital va donde hay seguridad jurídica, donde no hay políticos como ustedes”, planteó.

Desde la oposición, las principales críticas giraron en torno a los recursos que el Estado dejará de percibir para beneficiar a grandes compañías que -según su visión- no necesitan semejantes incentivos. A su vez, denunciaron que la Argentina perderá soberanía al permitir que las empresas que se acojan al régimen elijan en qué tribunales internacionales se deben resolver todas las eventuales controversias.

“Argentina necesita inversiones, pero nadie les pide tanto. Lo que no necesita es regalar soberanía, resignar desarrollo y convertir a nuestras provincias en simples territorios de extracción al servicio de intereses externos. Votamos en contra del llamado ‘Súper RIGI’ porque parte de una idea equivocada: creer que el desarrollo ocurre por generación espontánea. Cavernícola no es pedir inversiones. Cavernícola es creer que el desarrollo ocurre por generación espontánea. Los países que crecieron atrajeron capitales, pero también exigieron empleo, innovación, transferencia tecnológica y desarrollo de proveedores locales”, advirtió Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria.

En la misma línea, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica denunció que se trata de una “ley con nombre y apellido, a partir del nombre propio de Peter Thiel, pero también de otros que representan esta matriz política, ideológica y geopolítica”.

Martín Lousteau, que llegó sobre el final de la sesión por la muerte de su padre, también calificó como excesivos los beneficios que el RIGI ofrece a los inversores. “Estas iniciativas incluidas el Súper RIGI buscan escindir al capital más desatado de cualquier tipo de control. Y eso incluye bajarle los impuestos, darle una estabilidad que nadie más tiene, la posibilidad de litigar afuera, el acceso a recursos, poder tener tierras propias, acallar a la sociedad civil, tener una reforma laboral, mermar la capacidad del ARCA, tener blanqueos permanentes, como es la Inocencia fiscal. ¿Cuál es el contraste con todo esto? Jubilaciones que bajan, no hay plata para la discapacidad, no hay plata para los docentes, no hay plata para el Garrahan, no hay plata para las universidades, no hay plata para los hospitales universitarios, no hay plata para las rutas”, argumentó.

Al final de la sesión, mientras se votaban los artículos del proyecto en particular, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se ubicó en el palco central del primer piso junto con Sharif Menem. La oposición la recibió con un cántico: “¿Dónde está, Adorni dónde está? ¿Adorni dónde está? ¿Adorni dónde está?“.

¿Qué beneficios obtienen los proyectos incluidos en el Super RIGI?

• Impuesto a las Ganancias reducido al 15% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos.
• Amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura.
• Deducción de quebrantos sin límite temporal.
• Alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
• Certificados de Crédito Fiscal para cancelar IVA sobre inversiones en activos computables.
• Exención de derechos de importación y exportación para los bienes del plan de inversión y productos obtenidos bajo el proyecto.
• Contribuciones patronales reducidas: alícuota única del 10% para nuevas relaciones laborales generadas a partir de la adhesión.
• Libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación: 20%, 40% y 100% a lo largo de tres años desde la primera exportación.
• Sin obligación de ingresar ni liquidar divisas correspondientes a aportes de capital, financiamiento y servicios vinculados al proyecto.
• Estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria durante 30 años desde la adhesión.
• Plena disponibilidad sobre los productos del proyecto, protección contra actos confiscatorios o expropiatorios y acceso irrestricto a la justicia.
• Posibilidad de someter controversias con el Estado Nacional a arbitraje internacional.
• Compatibilidad con otros regímenes promocionales, siempre que los incentivos no sean de la misma naturaleza y no se superpongan.
• Transferencia libre de acciones, cuotas o participaciones sociales del VPU sin autorización previa.
• Exención de restricciones, prohibiciones o cupos para importar y exportar los bienes necesarios para el proyecto.
• Los incentivos pueden ser utilizados exclusivamente respecto del proyecto adherido y no para otras actividades.

El PRO presentó este miércoles un proyecto de resolución para que Manuel Adorni se presente en la Cámara de Senadores el próximo 2 de julio y pueda ser interpelado por el recinto. La iniciativa se conoció después de que el mismo bloque en Diputados no dio el quórum ayer para la interpelación del jefe de Gabinete.

De acuerdo al escrito al que tuvo acceso Infobae, el partido amarillo convocó a Adorni para el mismo día que estaba pensada la presentación de su informe ante la Cámara Alta. Sin embargo, esta vez el objetivo es que pueda ser interpelado, “a efectos de considerar una moción de censura o remoción”.

La intención es que el ex vocero “brinde las explicaciones e informes correspondientes sobre la evolución de su patrimonio, en función de las omisiones e inconsistencias que han surgido entre sus declaraciones juradas presentadas, las falsedades reconocidas, sus declaraciones en la Cámara de Diputados de la Nación y sus manifestaciones públicas”, según detalla la iniciativa.

En tanto, en las consideraciones, el jefe de bloque del PRO, Martín Goerling Lara, señaló que la citación “no debe interpretarse bajo ninguna circunstancia como una maniobra de obstrucción política o una adopción de posturas ajenas a nuestra identidad partidaria”.

Y agregó: “Representa una oportunidad institucional indispensable para que el funcionario aclare las contradicciones señaladas, disipe cualquier sospecha y ratifique la vigencia de los principios éticos que deben regir a esta gestión”.

“Nuestra fuerza política ha nacido y se ha consolidado bajo la premisa irrenunciable del respeto absoluto a la República, la transparencia en la gestión del Estado y la rendición de cuentas permanente ante la ciudadanía”, sumó.

Sin embargo, esta postura entra en contradicción con lo que ocurrió este martes en la Cámara de Diputados cuando la oposición intentó avanzar con una sesión para pedir la interpelación de Adorni. A pesar de las críticas contra el ministro coordinador, los bloques del PRO, la UCR y los partidos provinciales afines al Poder Ejecutivo decidieron no bajar al recinto como parte de un acuerdo con Martín Menem.

Para frenar la embestida contra Adorni los libertarios tuvieron que ceder, aunque lo hicieron a medias. Convocaron para la semana que viene a la comisión de Asuntos Constitucionales donde comenzará el debate de la posible interpelación. Sin embargo, aún no se oficializó ninguna convocatoria para la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, la otra instancia que debe atravesar el dictamen.

Tanto el PRO como la UCR argumentaron que el objetivo original de la sesión era emplazar a las comisiones para tratar la interpelación de Adorni. Por lo tanto, dado que el oficialismo habilitó el tratamiento en comisión, señalaron que la sesión de este martes “dejó de tener sentido”.

Hoy el jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, en diálogo con Radio Mitre, explicó el motivo de la ausencia y dijo: “Lo que hay que aclarar es que la sesión de ayer no era una sesión para remover a Adorni ni para sacar la interpelación. Ese es un camino legislativo que es mucho más largo". A su juicio, el debate no tenía efecto práctico y solo buscaba montar “un show” que impulsaba el kirchnerismo.

“La sesión de ayer era para emplazar, para obligar a la Comisión que trate los proyectos que buscan la interpelación, la censura, la moción, los informes”, apuntó el diputado nacional, quien sostuvo que ese paso ya había quedado resuelto antes del debate.

“El día lunes, en algo que hablamos el fin de semana, la Comisión llamó para reunión para el martes 30 para tratar los mismos proyectos. Por lo tanto, la sesión de ayer quedaba sin efecto”, enfatizó el referente de PRO en el Congreso.

Además, el dirigente insistió en que el encuentro no agregaba nada al trámite legislativo. “Lo único que se buscaba en la sesión de ayer era obligar a la Comisión y la Comisión ya estaba llamada. Era montarnos a un show que había armado el kirchnerismo”.

A todo esto, el Senado esperaba a Adorni para que brinde su informe de gestión el próximo 2 de julio. Sin embargo, Patricia Bullrich dijo que se suspendía y continuó con la interna que se vive en Casa Rosada tras el escándalo por la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

La titular del bloque libertario en el Senado se encargó de anunciar que Adorni no iría el 2 de julio a presentar su informe de gestión. En su entorno precisaron que lo hizo porque “no tiene sentido que se exponga a una carnicería”, pero, tan solo dos horas después, el propio Adorni publicó en X que estaba a disposición de asistir a la Cámara alta.

La imprevista decisión de suspender el informe generó suspicacias porque fue el propio funcionario el que, hace tan solo 12 días, el 11 de junio, había anunciado por redes sociales que iría a la Cámara alta a responder preguntas.

Sin embargo, quienes lo rodean argumentan que fueron los legisladores de la oposición -y algunos aliados- los que expresaron que no les interesaba que se hiciera el informe de gestión. ”Manuel no cancela nada, está siempre a disposición. Son ellos los que no lo quieren escuchar, pero cuando lo soliciten, va a estar“, remarcan.

Los idas y vueltas se dan en medio de una interna entre ambos dirigentes. Bullrich fue la única miembro del Gobierno que criticó abiertamente los gastos que Adorni no puede justificar y por los que está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Tras haber logrado bloquear el intento opositor de interpelar a Manuel Adorni, el oficialismo buscará retomar la agenda en la Cámara de Diputados. El temario de la sesión convocada para este miércoles a las 12 incluye la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), el pago a los acreedores que mantienen títulos de la deuda defaulteada del 2001 y una serie de convenios internacionales.

Ayer los habituales aliados del oficialismo no bajaron a dar quórum como parte de un acuerdo con Martín Menem, quien habilitó el debate en comisión de todos los pedidos para interpelar al jefe de Gabinete. Según pudo saber Infobae, la negociación incluyó que estos mismos aliados se comprometan a impulsar la agenda oficialista, tal como hicieron durante el debate de los proyectos en comisión.

El Super RIGI tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las denominadas “industrias del futuro”. La categoría es bastante amplia e incluye desde la fabricación de baterías de litio o autos eléctricos, a desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y hasta proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.

Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

También garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.

En la bancada libertaria se muestran confiados de contar con los votos suficientes para llegar al quórum y también para aprobar ambos proyectos. Durante el debate en comisión, el oficialismo sumó el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia (Tucumán), Por Santa Cruz y Producción y Trabajo (San Juan), por lo que debería tener al menos 130 votos garantizados.

Para destrabar el dictamen el oficialismo hizo algunas concesiones. A pedido de los bloques aliados se incorporó una cláusula que establece que las inversiones en I+D vinculadas al proyecto se computan por el doble de su valor al momento de calcular el monto mínimo de inversión exigido. Sin embargo, esta ponderación especial no puede superar el 20% del monto mínimo de inversión. El excedente se computará a valor nominal.

Por otro lado, se incluyó la obligación de presentar un plan para el desarrollo de proveedores locales, debiendo comprometer un porcentaje no menor al 20% del monto total de adquisiciones de bienes y servicios durante la ejecución del proyecto. Siempre y cuando “la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.

También se exigirá que los proyectos de inversión cuenten con un informe técnico que demuestre que no comprometen la sustentabilidad de los recursos naturales ni la capacidad de la infraestructura de la zona de influencia, considerando su impacto ambiental y social.

Por otro lado, el segundo tema en orden de importancia para la Casa Rosada será la autorización para ejecutar un plan de pago a dos holdouts que mantienen títulos de la deuda defaulteada del 2001.

La iniciativa, que fue aprobada en el Senado por 40 votos positivos contra 22 negativos, tiene que ser aprobada antes del 30 de junio, que es el último plazo fijado en el entendimiento. Producto de este acuerdo de conciliación entre las partes alcanzado en la Justicia norteamericana, que incluye una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%, se definió que el Estado argentino deberá abonar USD 67 millones a la firma “Bainbridge Ltd.” y USD 104 millones al grupo de holdouts encabezado por “Attestor Value Master Fund LP.”, lo que hace a un total de USD 171 millones.

Ambos fondos integran el grupo de los últimos holdouts con reclamos activos que no adhirieron a los canjes de deuda que se ejecutaron tras el default (cesación de pagos) declarado a fines de 2001. La ratificación parlamentaria del acuerdo permitirá dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

La sesión de este miércoles tendrá otra particularidad: será la última del diputado pampeano Adrián Ravier, que fue designado como nuevo vocero presidencial a raíz del escándalo que involucra a Manuel Adorni.

En el oficialismo evaluaban diferentes posibilidades porque si Ravier renunciara antes de la sesión, no podría aportar al quórum, y en el oficialismo aseguran que “los números están muy justos”. Por lo tanto, no descartaban que el flamante vocero siga siendo diputado hasta la aprobación de todos los proyectos del temario.

Aunque falta un año para las elecciones a gubernaturas y otros cargos públicos, las “corcholatas” de Morena ya comenzaron a destaparse y esta semana algunos legisladores solicitaron licencia al Congreso de la Unión, un requisito indispensable para poder realizar el registro y contender en el proceso interno de los partidos de la alianza oficialista.

Estos son las y los legisladores que solicitaron licencia

Este 23 de junio, otros 11 perfiles se lanzaron por el permiso que pondrá pausa a sus actividades en el Senado de la República o la Cámara de Diputados, anteponiendo sus intereses políticos antes que el encargo que les fue conferido en las elecciones de 2024.

Las y los diputados que solicitaron licencia, son:

• Julia Arcelia Olguín Serna, buscará la gubernatura de Zacatecas
• Gilberto Herrera Ruiz, se registrará para Veracruz
• Gricelda Valencia de la Mora, disputará la candidatura de Colima
• José Narro Céspedes, quien también irá por Zacatecas
• Daniel Campos Plancarte
• Ernesto Núñez Aguilar, legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que competirá por Michoacán

Mientras que la bancada de Morena en la Cámara Alta también le abre el paso a los suplentes, quedando con licencia al cargo:

• Nora Ruvalcaba Gámez, irá por Aguascalientes
• Ana Lilia Rivera Rivera, se postulará por Tlaxcala
• Reyna Celeste Ascencio Ortega, contenderá por Michoacán
• Beatriz Robles Gutiérrez, quien buscará la candidatura por Querétaro
• Verónica Díaz Robles, también se registrará por Zacatecas

Así va el registro de Morena para la contienda interna

El registro de Morena para las internas comenzó el día lunes 22 de junio con la inscripción de aspirantes a las coordinaciones estatales en defensa de la Transformación y la soberanía nacional. En el primer día acudieron de manera presencial candidatos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

Día 1 — Lunes 22 de junio

• Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez, Salma Luévano Luna, Genny Janeth López Valenzuela y Ricardo Rodríguez Vargas.
• Baja California: Joel Anselmo Jiménez Vega, Armando Ayala Robles, Alfredo Álvarez Cárdenas, Jorge Ramos Hernández, Ismael Burgueño Ruiz, Fernando Jorge Castro Trenti, Monserrat Caballero Ramírez, Evangelina Moreno Guerra, Julieta Ramírez Padilla y Jesús Alejandro Ruiz Uribe.
• Baja California Sur: Christian Agúndez Gómez, Manuel Alejandro Cota Cárdenas, José Saúl González Núñez y Milena Paola Quiroga Romero.
• Campeche: Gerardo Sánchez y Carlos Enrique Ucán Yam.

Día 2 — Martes 23 de junio

El segundo día sumó 22 aspirantes de tres estados. Guerrero concentró el mayor número de registros con 16 candidatos.

• Chihuahua: Andrea Chávez Treviño, Cruz Pérez Cuéllar y Luis Carlos Arrieta Lavenant.
• Colima: Rosa María Bayardo Cabrera, Gricelda Valencia de la Mora y Joel Padilla Peña.
• Guerrero: Rogelio Ortega Martínez, Iván Hernández Díaz, José Ojeda Jiménez, Karen Castrejón Trujillo, Genaro Vázquez Flores, Zeferino Gómez Valdovinos, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Esthela Damián Peralta, Marcial Rodríguez Saldaña, Aidé Ibáñez Castro, Abelina López Rodríguez, Victoriano Wences Real, Beatriz Mojica Morga, Alberto López Rosas, Rubén Cayetano y María Guadalupe Eguiluz Bautista.

Cabe destacar que a parte de la licencia, Morena, PT y PVEM, han instaurado la regla de “no hablar mal de los contrincantes”, por lo que los partidos podrían dejar fuera a quienes incumplan alguno de estos lineamientos establecidos.

Luego de la sesión que no se llevó a cabo este jueves en la Cámara de Diputados, donde la oposición buscaba lograr la interpelación a Manuel Adorni, el PRO sacó un comunicado en el que explicó la decisión de no dar el quórum y plegarse al oficialismo.

En el escrito que publicó la cuenta del bloque amarillo en la Cámara Baja titulado "Convocada la comisión, se termina el show“, señalaron que la sesión ”no buscaba remover a Adorni” y agregaron: “La sesión de hoy no buscaba remover a Adorni: su único objetivo era forzar la Comisión de Asuntos Constitucionales a tratar los expedientes de interpelación, censura y remoción”.

“Fue el PRO, junto al resto del interbloque Fuerza del Cambio, quien logró que esa comisión se convocara por su propia iniciativa para el martes 30 de junio, con todos esos expedientes en temario. La sesión quedó sin objeto”, continuó.

Y lanzaron: “No nos sumamos a operaciones del kirchnerismo y sectores que prefieren el show mediático al resultado concreto”.

En tanto, remarcaron: “Nuestra postura no cambia: los argentinos llevan años apostando a una transformación real y ese esfuerzo merece cuidado. Seguir generando ruido innecesario, contradicciones evitables y escándalos que desgastan la gestión no es una opción. El cambio se defiende con hechos”.

Este martes estaba convocada la sesión por la oposición para avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que finalmente fracasó. Si bien los bloques aliados del Gobierno se han mostrado críticos con el jefe de Gabinete -investigado por irregularidades en su declaración patrimonial-, el PRO, la UCR y bloques provinciales afines decidieron no bajar al recinto como parte de un acuerdo con Martín Menem.

Para frenar la embestida contra Adorni los libertarios tuvieron que ceder, aunque lo hicieron a medias. Convocaron para la semana que viene a la comisión de Asuntos Constitucionales donde comenzará el debate de la posible interpelación. Sin embargo, aún no se oficializó ninguna convocatoria para la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, la otra instancia que debe atravesar el dictamen.

Tanto el PRO como la UCR argumentaron que el objetivo original de la sesión era emplazar a las comisiones para tratar la interpelación de Adorni. Por lo tanto, dado que el oficialismo habilitó el tratamiento en comisión, señalaron que la sesión de este martes “dejó de tener sentido”.

Los libertarios en Diputados habían logrado así ganar por lo menos dos semanas, pero finalmente el jefe de Gabinete no irá al Senado para la presentación de su informe de gestión que estaba prevista para el próximo 2 de julio.

La imprevista decisión generó suspicacias porque fue el propio Adorni el que, hace tan solo 12 días, el 11 de junio, anunció por redes sociales que iría a la Cámara alta a responder preguntas.

Los motivos de la suspensión no están claros. Infobae consultó tanto en el entorno de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, como del ministro coordinador y las respuestas varían. Por el lado de la senadora explican que fue ella quien le pidió a Adorni que no fuera al Senado porque “no tiene sentido que se exponga a una carnicería”. Sin embargo, quienes rodean al funcionario argumentan que no hubo preguntas de los bloques y los plazos vencieron.

Además, la decisión se da en medio de una interna entre ambos dirigentes. Bullrich fue la única miembro del Gobierno que criticó abiertamente los gastos que Adorni no puede justificar y por los que está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Como contrapartida, hoy hubo reuniones son senadores en la Casa Rosada que las encabezó Adorni y la ex ministra de Seguridad decidió no asistir. En el Ejecutivo se encargaron de aclarar que los legisladores que fueron “pertenecen a La Libertad Avanza y no son de nadie”.

La sesión convocada por la oposición para avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fracasó este martes por falta de quórum en la Cámara de Diputados. Si bien los bloques aliados del Gobierno se han mostrado críticos con el jefe de Gabinete -investigado por irregularidades en su declaración patrimonial-, el PRO, la UCR y bloques provinciales afines decidieron no bajar al recinto como parte de un acuerdo con Martín Menem.

Para frenar la embestida contra Adorni los libertarios tuvieron que ceder, aunque lo hicieron a medias. Convocaron para la semana que viene a la comisión de Asuntos Constitucionales donde comenzará el debate de la posible interpelación. Sin embargo, aún no se oficializó ninguna convocatoria para la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, la otra instancia que debe atravesar el dictamen.

Los libertarios lograron así ganar por lo menos dos semanas. Por lo que el foco volvió a quedar en el Senado: Manuel Adorni ya se comprometió a presentarse el 2 de julio para dar su informe de gestión y allí también tendrá que contestar preguntas de la oposición sobre su patrimonio.

Tanto el PRO como la UCR argumentaron que el objetivo original de la sesión era emplazar a las comisiones para tratar la interpelación de Adorni. Por lo tanto, dado que el oficialismo habilitó el tratamiento en comisión, señalaron que la sesión de este martes “dejó de tener sentido”.

Sin embargo, existe una disputa reglamentaria que aún no se resolvió. Parte de la oposición planeta que el artículo 101 de la Constitución “tiene carácter operativo”, por lo que un pedido de interpelación no debería pasar por comisión. En esa línea, amenazaban con votar la interpelación contra Adorni este mismo martes por mayoría absoluta (la mitad más uno).

En cambio, los libertarios argumentaron que como cualquier ley, el pedido de interpelación debe pasar primero por comisión para obtener dictámen o ser aprobado “sobre tablas” (sin dictamen) con una mayoría de dos tercios (algo imposible de alcanzar para la oposición).

“A lo largo de la historia el Congreso siempre entendió que el artículo 101 de la Constitución no era operativo, por eso hay una docena de proyectos presentados para reglamentar su funcionamiento. Los antecedentes están de nuestro lado”, señaló el diputado libertario que preside la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz.

El acuerdo al que llegaron Menem y los bloques aliados estuvo impulsado por estos últimos, que no querían verse forzados a defender a Adorni ante la opinión pública, pero tampoco querían participar de una jugada impulsada por el kirchnerismo. La decisión de habilitar el debate en comisión no lo blinda a Adorni pero le permite a los aliados tomar distancia de los sectores más duros.

Al mismo tiempo, el oficialismo buscó correr el foco de la discusión pública de la figura de Adorni para no trabar la agenda parlamentaria. De hecho, mañana La Libertad Avanza convocó a una sesión especial en la que se tratarán el denominado Súper RIGI para fomentar las inversiones de hasta USD 1.000 millones en las industrias del futuro y el pago a un grupo de Holdouts. Ambas iniciativas tienen consenso con los aliados para ser aprobados.

La sesión fracasó con 117 presentes (se necesitan 129). Bajaron al recinto los diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica, bajaron al recinto los radicales disidentes de Provincias Unidas y los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora. También estuvieron presentes un diputado salteño de Innovación Federal, dos diputados de Elijo Catamarca, y otros integrantes de espacios minoritarios como Miguel Pichetto, Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Karina Banfi.

Los que decidieron no dar quórum fueron el PRO, la UCR, el MID, Independencia (Tucuman), la mayor parte de Innovación Federal (Misiones y Salta), La Neuquinidad, Producción y Trabajo (San Juan) y el sector de Provincias Unidas que responde al gobernador Maximiliano Pullaro.

“Ustedes (la UCR) están condenando a la Argentina a una crisis institucional. Ustedes que creen que pueden hacerles pensar por un instante a la sociedad que les garpa sostener a Adorni. No hay problema, la sentencia más importante ya la carga sobre sus espaldas, y la sentencia la tiene la gente, que es un corrupto, que mintió a la gente, que nos mintió al Congreso“, protestó el radical disidente Pablo Juliano.

En la misma línea, el socialista Esteban Paulón, desafió: “Han ganado algunos días, no para que Adorni acomode los números porque ya lo intentó y no pudo. Quizá haya que esperar algunos días, pero ya va a llegar. Porque el propio Milei sabe que Adorni es un “clavo” que no puede seguir arrastrando”.

La paralización es total. La falta de definición sobre el futuro de Manuel Adorni y su continuidad o no como Jefe de Gabinete dejó a los bloques parlamentarios de La Libertad Avanza en un estado de parálisis total y sin una brújula que les permita entender el camino a seguir.

En el Senado de la Nación el oficialismo llegó a un acuerdo con la oposición y logró postergar una semana la sesión. A cambio, no va a discutir el tratamiento y habilitaría los dos tercios para tratar sobre tablas el llamado a interpelación al funcionario nacional investigado por enriquecimiento ilícito.

La intención del bloque que conduce Patricia Bullrich —no sin cierta tensión con algunos de los propios, como Nadia Márquez— es avanzar con un temario propio que incluye pliegos de Cancillería y del Poder Judicial. Además, buscará darle media sanción al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley Hojarasca y varios convenios internacionales.

“Si no avanzamos hacia algún lado con Adorni no podemos avanzar con ningún otro tema. Está todo frenado”, reconoció un senador libertario. “Estamos esperando directrices de la Casa Rosada”, agregó.

Este punto es fundamental para entender el estado de situación de los legisladores libertarios. A los bloques en varias oportunidades les explicaron que su rol es el de acompañar los proyectos del Ejecutivo -tanto en Diputados como en el Senado- y seguir a rajatabla la estrategia que surja del interior de Balcarce 50.

“Vamos a ver en estos días, estamos viendo si vamos solo con holdouts o sumamos otros temas”, dijo una alta fuente libertaria de Diputados.

La espera tiene que ver con que la mesa política no se reúne hasta la semana siguiente y en el Congreso aguardan definiciones de ese encuentro. Con Martín Menem ya de regreso de su viaje por Israel desde este jueves, están todos los miembros de ese gabinete político que conforman junto a Lule Menem, Manuel Adorni, Patricia Bullrich, Ignacio Devitt y Karina Milei.

“Si abrís el recinto, te meten piñas por todos lados. En el Senado ya saben que Adorni va a una interpelación porque así lo acordaron. Acá —en Diputados— tenemos una luz porque hay un debate respecto a la forma en que se tiene que hacer el trámite parlamentario”, explicó un diputado libertario.

“Pero de todas formas sabemos que el final es el mismo. Además, a esto se le suma que hay sectores del karinismo que no lo defienden. No es lo mismo el posicionamiento de Lemoine que el de Pilar Ramírez o el propio Menem, por ejemplo. Lilia lo defiende, Pilar lo destroza y Menem hace silencio”, agregó ese legislador, que suele participar de los encuentros libertarios.

El debate al que hace referencia tiene que ver con cómo será el trámite parlamentario por el pedido de interpelación al jefe de Gabinete. Mientras el mundo libertario entiende que debe ir a las comisiones, lograr dictamen y volver al recinto para aprobar el pedido, en la oposición señalan que el mismo día que se abra el recinto se vote la interpelación.

“La próxima semana debemos abrir el recinto, reunir a 129 diputados y votar su interpelación con moción de censura y obligar a que Adorni venga al recinto a dar explicaciones sobre su patrimonio, que hasta hoy no ha podido justificar frente a millones de argentinos. No hace falta ni comisiones ni dictámenes, hay que reunir el quorum y votar la interpelación. Luego de ella, se votará si conserva la confianza política necesaria para seguir ocupando el cargo”, dijo Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.

“Todo lo que no se logre antes de mitad de año se comenzará a complicar. Las provincias van a adelantar sus elecciones y sus legisladores van a empezar a jugar otro juego. Todo será más difícil”.

En ese contexto, el escenario parlamentario que los estrategas de La Libertad Avanza se habían imaginado meses atrás empieza a diluirse. En esos despachos la preocupación crece porque entienden que, tras el receso, las dificultades para avanzar con un temario legislativo se multiplicarán.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó oficialmente a los parlamentarios electos que integrarán el nuevo Congreso de la República durante el periodo 2026-2031. La ceremonia se realizó en sesión pública, en la histórica casona del JNE de Jesús María, y fue presidida por el titular del JNE, Roberto Burneo Bermejo, y los miembros que conforman el Pleno del organismo electoral.

La nueva representación estará conformada por 60 senadores, 130 diputados y los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, tras los resultados de la primera vuelta electoral realizada el pasado 12 de abril.

La distribución de escaños estará conformada por seis organizaciones políticas que superaron la valla electoral. Entre las bancadas figuran Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación - AN.

¿Quiénes son los 60 senadores?

El JNE proclamó a los 60 senadores que integrarán la Cámara de Senadores para el periodo 2026-2031, distribuidos entre el distrito nacional único y los distritos regionales.

Fuerza Popular (7)

Miguel Torres, Martha Chávez, Fernando Rospigliosi, Patricia Juárez, Martha Moyano, César Astudillo y Carlos Masías.

Juntos por el Perú (5)

José Mercedes Castillo, Silvana Robles, Jaime Quito Sarmiento, Saúl Armacanqui e Iber Maraví.

Partido del Buen Gobierno (5)

Flavio Figallo, Patria Itúrregui, Susana Matute, Carlos David Caballero y Jorge Octavio Gavidia.

Renovación Popular (5)

Rafael López Aliaga, Alejandro Muñante, Katherine Ampuero, Lourdes Alcorta y Estanislao Mancha Pineda.

Partido Cívico Obras (5)

Daniel Barragán, Agripina María del Pilar Flores, Walter Gagó y Roger Astucuri.

Ahora Nación (4)

Alfonso López Chau, Jaime Delgado, Ruth Luque y Mirtha Vásquez.

Senadores por distrito múltiple

• Amazonas: José Arista (Fuerza Popular)
• Áncash: Nilsa Chacón (Fuerza Popular)
• Apurímac: Andrés Ramos (Juntos por el Perú)
• Arequipa: Juver Flores (Buen Gobierno)
• Ayacucho: Humberto Morales (Juntos por el Perú)
• Cajamarca: Segundo Tapia (Fuerza Popular)
• Callao: Jack Rodrich (Fuerza Popular)
• Cusco: Wilfredo Verano (Juntos por el Perú)
• Huancavelica: Joaquín Yauri (Juntos por el Perú)
• Huánuco: Serafín Luján (Juntos por el Perú)
• Ica: Rafael Yamashiro (Fuerza Popular)
• Junín: David Jiménez (Fuerza Popular)
• La Libertad: Víctor Flores (Fuerza Popular)
• Lambayeque: Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular)
• Lima Metropolitana: Francisco Giampietri (Fuerza Popular), Milagros Jáuregui (Renovación Popular), Marco Miyashiro (Fuerza Popular), Nora Bonifaz (Buen Gobierno)
• Lima Provincias: Hernán Valdez (Fuerza Popular)
• Loreto: Juan Carlos del Águila (Fuerza Popular)
• Madre de Dios: Hugo Cahuana (Juntos por el Perú)
• Moquegua: Víctor Cutipa (Juntos por el Perú)
• Pasco: Percy Osorio (Juntos por el Perú)
• Peruanos en el extranjero: Miguel Velásquez (Renovación Popular)
• Piura: Karla Schaefer (Fuerza Popular)
• Puno: José Chipana (Juntos por el Perú)
• San Martín: Víctor Noriega (Fuerza Popular)
• Tacna: Juana Ticona (Partido Cívico Obras)
• Tumbes: Héctor Ventura (Fuerza Popular)
• Ucayali: Jorge Velásquez (Fuerza Popular)

¿Quiénes son los diputados electos?

La autoridad electoral también proclamó a los 130 diputados que integrarán la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2031, distribuidos por circunscripciones regionales y distritales.

Amazonas

Royser Castro Grandez (Fuerza Popular), Mery Eliana Infantes Castañeda (Fuerza Popular).

Áncash

Luzmila María del Carmen Gamarra Pita (Fuerza Popular), Carlos Alberto Domínguez Herrera (Fuerza Popular), Daniel Varas Seguín (Juntos por el Perú), José Miguel Marcelo Salazar (Ahora Nación), Edgar Alvarón de la Cruz (Obras).

Apurímac

Jesús Pérez Alcahuamán (Juntos por el Perú), Luz Soto Ferrari (Juntos por el Perú).

Arequipa

Edgar González Polar (Buen Gobierno), Gloria Hirache Pizarro (Buen Gobierno), Christian Aranda Vásquez (Renovación Popular), Marleny Arminta Valencia (Ahora Nación), Amalia Palomino Pacheco (Juntos por el Perú), Luis Aurelio Masco Cáceres (Juntos por el Perú).

Ayacucho

Alejandro Manay Pillaca (Juntos por el Perú), Pilar Sulca Castillo (Juntos por el Perú), Freshman Buitron Martínez (Ahora Nación).

Cajamarca

Yenifer Noelia Paredes Navarro (Juntos por el Perú), Gabriel González Delgado (Juntos por el Perú), Jessica Guevara Ramírez (Juntos por el Perú), Luis Ángel Jibaja Ramos (Juntos por el Perú), Juan Villanueva Calderón (Juntos por el Perú), Segundo Ticlla Rafael (Fuerza Popular).

Callao

Auristela Obando Morgan (Fuerza Popular), Ángel Bobadilla Galindo (Fuerza Popular), Carlos Yalta Sotelo (Renovación Popular), Fernando García Huby (Buen Gobierno).

Cusco

Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú), Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), César Holguín Loaiza (Ahora Nación), Edwin Espinoza Huillca (Buen Gobierno), Heber López Letona (Obras).

Huancavelica

Catherin Norma Palomino Casavilca (Juntos por el Perú), Héctor Guillén Valencia (Juntos por el Perú).

Huánuco

Yuli Ambrosio Domínguez (Juntos por el Perú), Marco Flores Valdizán (Juntos por el Perú), Karina Beteta Rubin (Fuerza Popular).

Ica

Mady Yonz Núñez (Renovación Popular), Carlos Alberto Zegarra Sánchez (Fuerza Popular), José Yataco Torrealva (Obras), Lila Prado Vallejos (Buen Gobierno).

Junín

César Muedas Balbiese (Ahora Nación), Marlon Aguirre Ramos (Juntos por el Perú), Ana Patiño Urco (Fuerza Popular), Máximo Peralta Jorpa (Obras), Carmen Duarte Patiño de Pezet (Buen Gobierno).

La Libertad

Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular), Leticia Leiva Baylón (Fuerza Popular), Geanmarco Quezada Castro (Fuerza Popular), Diego Bazán (Renovación Popular), Marino Lavado Valdivia (Juntos por el Perú), Nora Llaque Linares (Buen Gobierno), Demetrio Valqui Calderón (Obras).

Lambayeque

Marvin Palma Mendoza (Fuerza Popular), Javier Alejandro Castro Cruz (Fuerza Popular), Liliana Milagros Takayama (Fuerza Popular), Ernesto Zunini (Juntos por el Perú), Segundo Castrejón Fernández (Buen Gobierno).

Lima Metropolitana

Norma Yarrow Lumbreras, José Isidro Baella Malca, Roxana Rocha Gallegos, Javier Cipriani Thorne, Gustavo Segura Figueroa, Frank Krklec Torres, Paola Isabel Martínez Paitán, Leo Miguel De Paz Lancho, Aldo Antonio Bravo Quispe, Cecilia Isabel Chacón De Vettori, Diethell Columbus, Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Pier Figari Mendoza, Marco Antonio Pacheco Quispe, Pierangeli Daniela Dodero, Flor de Jesús Meza Rivera, Óscar Reto Otero, Nathaly Molina Soto, Luis Quispe Candia, Hilda Fernández La Torre, Jessica Benítez Barrionuevo, Rossana Alayza Macera, Romina Uribe Sáenz, Harvey Colchado Huamaní, Indira Huilca Flores, Bernardino Manrique Olivera, Ángel Meneses Crispín, Jeenny Samanez González, Víctor Piñan Mamani, Andrea Dayna Medina Stein, Raúl Jesús Camargo Porta, Giannina Avendaño Vilca.

Lima Provincias

Gladys Andrade De Álvarez, Alexander Salas Rivera, Arturo Eusebio Padilla, Milagros Karina Santa Vera.

Peruanos en el extranjero

Jorge Zeballos Aponte, Liz Mendoza Bernedo.

Loreto

Nary Pinasco Montenegro, César Vidaurre Floridas, Ana Yuffra Lugo, Azucena Isla Rojas.

Madre de Dios

Jaime Holguín Aguirre, Haydée Poma Huamani.

Moquegua

Graciela Chipana Condori, Nery Fernández Nina.

Pasco

Jhon Valqui Ordóñez, Kim Tami Muñoz.

Piura

César Manuel Revilla Villanueva, Eduardo Enrique Castillo Rivas, Carmela Paucará Paxi, María Silupu Inga, Félix Chang Apuy, Miguel Huamán Cornejo, Enrique Albañil Carmona.

Puno

Jessica Pérez Quispe, César Tito Rojas, Remigio Condori Flores, Helard Sonco Villanueva, Dina Hancco Hancco.

San Martín

lver Peña Córdova, Jacqueline Tapullima Insapillo, Luis Alegría García, Francisco Gatica Vega.

Tacna

Svieta Fernández González, Juan César Cabrera Nieto.

Tumbes

Rafael Celiz Castillo, María Ramos Rosales.

Ucayali

Jessica Navas Sánchez, Jaime Abensur Pinasco, Oswar Cahuaza Mitivire.

¿Quiénes son los parlamentarios andinos?

• Luis Fernando Galarreta Velarde (Fuerza Popular)
• Paul Percy Fernández Bravo (Juntos por el Perú)
• Marcio Marino Bendezu Echevarría (Partido del Buen Gobierno)
• Maali Olga Betty Del Pomar Saettone (Renovación Popular)
• Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino (Partido Cívico Obras)

En una especie de tardío intento de control de daños, Javier Milei resolvió que Manuel Adorni mantenga el cargo de jefe de Gabinete, pero sin el arrastre como vocero presidencial. Se supone que la designación de Adrián Ravier como portavoz busca oxigenar la comunicación oficial y alejarla del caso que daña al Gobierno desde hace más de tres meses, en continuado. Ese objetivo, sin embargo, debe convivir con el sostenimiento del funcionario investigado por su vertiginoso crecimiento patrimonial. Este sábado, la foto de apoyo -un recurso gastado- será en Rosario, mientras persisten versiones sobre un recambio final. Todos los movimientos de Olivos, aunque asomen contradictorios, están marcados por el mismo trazo.

El cambio de vocero fue anunciado por el propio Adorni al final de un encuentro en Olivos. El trascendido sobre la reunión, que se extendió varias horas, repitió la letra del gesto de respaldo, esta vez frenteal virtual plazo que se había dado el Senado para tratar la interpelación al funcionario. El recorte de una de sus funciones anotó el dato nuevo, aunque reiterado como objetivo: correrlo del foco de atención político y público. Nada sencillo después de intentos fallidos.

Por lo pronto, la designación de Ravier alimentó esa consideración -es decir, restarle visibilidad a Adorni y a su caso- y también otra especulación, casi una esperanza para algunos funcionarios: que esta sea la última línea de sostén al jefe de los ministros. En segundo plano aparecieron otras lecturas, vinculadas a la interna en el círculo de Olivos, es decir, entre Karina Milei y Santiago Caputo. En general, tal vez por la gravedad del cuadro, las reacciones posteriores al anuncio sobre el cambio de vocero evitaron ese costado de la historia.

Ravier tiene relación con el Presidente desde mucho antes de llegar a ser diputado violeta por La Pampa. Compartieron el llano, no sin disgustos, que en las redes fueron rápidamente recordados: mensajes con descalificaciones como las que Milei suele utilizar, ahora contra opositores, periodistas o economistas críticos. El legislador llega al Gobierno para ocupar parte del lugar de Adorni, pieza de Karina Milei. Y tiene vínculos con el espacio de Santiago Caputo. Pero lo dicho: por ahora, no tendría relación con los equilibrios o desequilibrios internos.

Antes que nada, la decisión de contar con nuevo vocero busca encarar de otro modo el camino transitado sin éxito desde mediados de marzo: “mostrar gestión”. En sus primeras declaraciones luego del anuncio, Ravier dijo que su objetivo será “comunicar los logros del Gobierno”. Eso está asociado, como concepto, a la visión libertaria sobre el efecto Adorni, entre quienes lo respaldan cerradamente -y más bien atribuyen todo a un motor externo, mediático- y los que preferirían su alejamiento. Creen que opaca o directamente oculta datos positivos de gestión. Sólo esos.

De hecho, Luis Caputo quedó expuesto casi como solitario “vocero” en ese terreno, con acompañamiento de alguna franja de tuiteros violetas. Esas andanadas exponen de algún modo enojos y lamentos por el efecto del caso Adorni, junto a datos del mundo financiero, superávit o desaceleración inflacionaria. Por supuesto, la realidad es bastante más matizada: esos números conviven con informes estadísticos sobre la persistente caída del consumo o la crisis en diferentes rubros de la industria.

Como sea, la incorporación de Ravier llega en el umbral del nuevo gesto de apoyo a Adorni decidido por Olivos. Se trata, otra vez, de una escenificación del respaldo de los ministros y otros funcionarios, convocados especialmente para ir a Rosario, al igual que los jefes legislativos, entre ellos Patricia Bullrich. En cambio, la presencia de Victoria Villarruel necesitó de una diagonal en las invitaciones, por vía provincial. De todos modos, el tema del quiebre entre la vicepresidente y Olivos aparece un escalón por debajo de la tensión mayor de estos días.

Si no hay cambios, será la segunda vez consecutiva en que una celebración patria pierde el sentido propio y queda subordinada al juego doméstico del Gobierno. Antes había sido el 25 de Mayo, de manera visible en el Tedeum y las posteriores imágenes que buscó asegurarse Olivos. También entonces eran postales de respaldo al jefe de Gabinete.

No termina allí la serie. La agenda de los días que vienen expone hasta qué punto el caso Adorni tiñe el terreno político. La mira estará puesta en el Congreso, en una semana marcada además por una nueva gira presidencial.

Diputados enfrenta una doble prueba. Para el martes, está convocada una sesión especial que fue motorizada por la oposición para tratar de iniciar el trámite de la interpelación. Existen dudas sobre el número para lograr quórum. Y eso en buena medida depende hasta ahora de cómo juegan dialoguistas y aliados -amarillos, radicales, provinciales-, en parte por la expectativa que generó el Senado y también de acuerdo con lo que empujen los gobernadores, siempre con negociaciones abiertas por cuestiones de fondos.

A la par, el oficialismo tiene que resolver si realmente sostiene el llamado a la sesión del miércoles, para tratar proyectos que se vienen demorando: la ampliación del RIGI y el aval al acuerdo con holdouts. El compromiso de legisladores para garantizar número suficiente también depende del clima político más amplio y no sólo del repetido objetivo del oficialismo, necesitado de mostrar resultados.

En el Senado, el cuadro es más denso, porque puso a prueba la relación entre LLA y bloques que suelen acompañar sus iniciativas, muchas veces con cambios en los proyectos y en función de tratos más amplios con jefes provinciales. La semana pasada, Bullrich cerró un entendimiento con los jefes de otros espacios en base a dos putos: levantar la sesión programada para tratar el postergado proyecto sobre propiedad privada y fijar el jueves próximo para ir al recinto con el pedido de interpelación a Adorni como primer punto.

Pero antes, el martes, habrá que ver si el mileismo logra frenar por unas semanas la carga sobre el jefe de Gabinete. Se trata de una vuelta de tuerca sobre las mayorías necesarias para tratar ya el tema o tener que pasar antes por comisión. En otras palabras, ganar tiempo. Pero ocurre que, más allá de la tensión que genera esa jugada -y de las negociaciones “reservadas” con aliados-, Adorni debería ir al Senado a principios de julio para dar su informe, muy demorado.

Por supuesto, la repercusión y la persistencia del caso no depende exclusivamente de lo que haga Olivos y de lo que suceda en el Congreso. Las novedades en el frente judicial parecen inagotables. Y nada indica que la sucesión sea cerrada por el penoso capítulo de la compra de colchones y artículos de blanquería, en efectivo y a nombre de una empleada de la Casa Rosada. Más bien, al contrario.

El nombramiento del diputado nacional y economista Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial trajo repercusiones en distintas esferas del oficialismo nacional. La de la senadora Patricia Bullrich no resultó menor, debido a que la salida del futuro funcionario dejará un lugar vacante en la Cámara de Diputados que será llenado por Martín Matzkin, quien fue el primer candidato suplente de la lista de La Libertad Avanza en 2025

Y es que Matzkin es hombre de confianza absoluta de Bullrich y de su entorno, quienes lo apodan como “El Facha”. Trabajó como uno de los principales colaboradores de su campaña presidencial realizada tres años atrás y luego asumió como subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad Nacional, manteniéndose hasta este día, ya que firmará su desvinculación en esa área para poder asumir en la cámara baja.

Con la salida de Ravier a la Vocería Presidencial, el bloque de La Libertad Avanza ya no tiene a alguien que respondía directamente al presidente Javier Milei. En esa ecuación, quien gana a una persona de su más alta confianza es Bullrich, aunque, como todo su nucleo, sigue respondiendo de manera directa a los consensos que arriba el bloque.

Ravier y Matzkin concretarán esa transición en los próximos días. Con este trueque, el círculo de la exministra se extenderá a nueve bancas. Los cinco restantes son Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, Lorena Petrovich, María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda. De estos, solo los últimos dos deben renovar sus bancas el año próximo, por lo que en una eventual negociación de listas para el año próximo el poder relativo de Bullrich se incrementará sustancialmente.

La última incorporación que tuvo “Pato” fue la de Petrovich, quien se incorporó al bloque a partir de que Silvia Lospennato se fuera a la Legislatura porteña, cargo en el que fue elegida en mayo del año pasado en las elecciones de la Ciudad, donde encabezó la lista del PRO. Aun así, la ahora diputada libertaria era la siguiente en la lista sucesoria de la excoalición Juntos por el Cambio.

Si bien la llegada del “Facha” fue festejada en el bullrichismo, las felicitaciones públicas de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado se limitaron a mencionar la llegada de Ravier a la Casa Rosada. El mensaje que envió no pasó desapercibido.

“Muchos éxitos en esta nueva responsabilidad, @AdrianRavier. Un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días", publicó pasadas las dos de la tarde.

No resultó menor al interior del Gobierno la primera parte de la segunda oración del mensaje. El entorno de Bullrich no era el único que opinaba que la comunicación libertaria se había desdibujado fuertemente a raíz de la fuerte presión mediática-política-judicial que rodea al jefe de Gabinete, quien había tratado de poder volver a las conferencias de prensa durante el mes de mayo; pero estas no fueron más que intentos fallidos. En el círculo del ministro coordinador reconocían que reaparecer “era todo costo” y que no había fecha estipulada.

Bullrich comentó en declaraciones ante los medios este miércoles que Milei considera que el jefe de Gabinete “dio una explicación razonable” sobre las acusaciones que pesan en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

La senadora hizo esas declaraciones a la salida del Congreso, tras la reunión de Labor Parlamentaria en la que el oficialismo y sus aliados lograron posponer la sesión prevista para este miércoles. La nueva fecha quedó fijada para el 2 de julio. Allí, la oposición avanzará con un pedido de interpelación para la posible moción de censura contra Adorni.

Manuel Adorni quedó bajo presión del Congreso ante algunos movimientos legislativos que pueden definir su continuidad como jefe de Gabinete: el Senado busca interpelarlo y avanzar hacia una moción de censura, mientras en Diputados la oposición intenta activar proyectos sobre el caso en medio de una disputa clave por los apoyos que aún conserva el funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El primer examen decisivo llegará con la sesión convocada en el Senado, donde el peronismo empuja una interpretación constitucional que le permitiría aprobar el pedido con 37 votos pese a que la iniciativa no tiene despacho de comisión. Si prospera, Adorni deberá presentarse el 2 de julio ante los senadores.

La ofensiva no se explica solo por la investigación sobre sus propiedades y viajes. También pesa su exposición del 29 de abril en la Cámara de Diputados, cuando presentó su primer informe de gestión y, de acuerdo con la oposición, omitió mencionar más de USD 500 mil incorporados en su declaración jurada y atribuidos a operaciones con bitcoin.

En el Congreso, incluso sectores opositores con posiciones más dialoguistas sostienen que el caso ya dejó de ser solo un expediente judicial y se transformó en un problema político para el Gobierno de Javier Milei. A ese diagnóstico suman una acusación adicional: que la Casa Rosada intenta trasladar al Parlamento el costo de una eventual salida del funcionario para luego denunciar que la oposición busca voltear ministros.

La Cámara de Diputados recuperó protagonismo en el caso Adorni y los gobernadores aliados, una vez más, podrán inclinar la balanza a favor o en contra de Milei. Con la postergación de la discusión sobre la interpelación y la moción de censura contra el jefe de Gabinete en el Senado, los bloques aliados deberán definir en Diputados si el próximo martes 23 dan quórum en la sesión especial convocada por la oposición dura para avanzar contra el ministro coordinador.

La convocatoria a esa sesión especial llevaba las firmas de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, gran parte de Provincias Unidas, incluidos los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, que se ha mostrado más distante de la Casa Rosada desde la discusión por Zonas Frías. Por lo tanto, todavía les resta sumar más de una docena de voluntades para llegar al quórum.

El PRO y la UCR han hecho públicas sus críticas contra el jefe de Gabinete y presionan para que renuncie o sea echado. En el Senado algunos de sus representantes adelantaron que votarían a favor de una moción de censura; sin embargo, en la Cámara de Diputados han evitado pronunciamientos concretos respecto a la sesión del próximo martes. “Históricamente no damos quórum en las sesiones que no convocamos nosotros”, explicó un diputado amarillo.

En el bloque que conduce Cristian Ritondo buscan una diagonal para salir de una situación muy incómoda: por un lado, son conscientes del costo político que pagarían si no bajan al recinto, pero por el otro, deben cuidar la alianza electoral con La Libertad Avanza de cara al 2027, especialmente en la provincias de Buenos Aires. “Queremos que reaccionen como Luzu con Florencia Peña”, ironizaba con humor otro diputado, en referencia al despido de la conductora tras la polémica por la salud del padre de Messi.

Los radicales, por su parte, se encuentran en la misma sintonía: no quieren “proteger” a Adorni pero tampoco ven con buenos ojos votar con el kirchnerismo en contra del Gobierno. El límite es finito y el caso del ministro ya ganó peso propio por fuera de los márgenes de la política. El tema está instalado en la sociedad, entre el enojo, la ironía y la pesadumbre. Sobre todo en aquellos que vieron en el gobierno nacional una verdadera opción de cambio.

Por su parte, los bloques que responden directamente a gobernadores aliados juegan al misterio y siguen esperando que la Casa Rosada les ahorre un momento incómodo en el Congreso. No quieren quedar pegados a la situación del Jefe de Gabinete, pero tampoco ser quienes le pongan el pie sobre la cabeza y determinen su destino final. El problema es que, hasta ahora, no han podido hacer las dos cosas al mismo tiempo.

Respuestas como “sin definiciones”, “no se habló en el bloque” o “aun no lo discutimos con el gobernador” se escuchan en boca de legisladores de Innovación Federal (Salta y Misiones), Independencia (Tucumán), Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Por Santa Cruz y La Neuquinidad. Entre todos suman una veintena de votos que podrían sellar la suerte de Manuel Adorni.

“Esto lo tiene que resolver el Poder Ejecutivo o la Justicia. Adorni es un problema de Milei, no nuestro”, explicaron a Infobae cerca del catamarqueño Jalil. En la provincia norteña no hay definiciones contundentes respecto al quórum o la votación de la interpelación, pero existe la sensación de que la Casa Rosada debe resolver la situación cuanto antes, para no obligar a los aliados a quedar en un lugar incómodo que, en definitiva, puede terminar siendo contraproducente para la postura de Balcarce 50.

En la misma sintonía, en el gobierno tucumano, que conduce Osvaldo Jaldo, uno de los peronistas más cercanos a Milei, plantearon que se trata de una cuestión “exclusiva” del Presidente, quien deberá -según su opinión- tomar una decisión. Los dos gobernadores del PJ han marcado, a su forma y con sus maneras, la distancia necesaria para que el Gobierno entienda donde está parado de cara al proceso legislativo que tiene a Adorni en el centro de la escena.

En Salta la postura va en línea con la que tienen en Catamarca y Salta. “El Presidente es el que tiene la facultad de elegir, sacar o poner a sus funcionarios. No es un tema del Congreso. Lo de Adorni es un tema que tiene que resolver el Presidente”, plantearon bien cerca del gobernador Gustavo Sáenz.

En San Juan la señales que surgen son de cautela y favorable para el gobierno nacional. Orrego no jugaría dentro del bloque opositor que está dispuesto a pedir la interpelación de Adorni. En Santa Fe, en tanto, mantuvieron la reserva respecto a la postura sobre el tema. “Es un tema de los legisladores. Nosotros hablamos de los temas que corresponden a la provincia”, indicaron cerca de Maximiliano Pullaro.

En Chubut la postura de Ignacio Torres va de la mano de la que ha marcado el PRO a nivel nacional. Cree que Adorni tiene que renunciar o ser interpelado. Está apostado sobre el ala dura de la oposición. En Entre Ríos no hay una postura pública. Rogelio Frigerio mantiene una relacióno muy cercana la Casa Rosada y no parece ser una opción que juegue en contra de sus pretensiones.

En Córdoba fueron tajantes respecto a la postura que tienen con el tema Adorni “Nuestros diputados se sintieron estafados porque en una reunión institucional el Jefe de Gabinete les mintió en la cara y pidieron su renuncia”, explicaron en el entorno más cercano de Martín Llaryora. Y agregaron: “El gobierno de Córdoba no tiene nada para aportar en ese debate”.

La semana pasada los siete legisladores del peronismo cordobés pidieron la renuncia del ministro coordinador a través de un comunicado conjunto que publicaron en sus redes. Un puñado de días después la postura no se modificó ni una coma. “Le minitieron al Congreso y le mintieron a la gente”, señalaron a Infobae, al tiempo que remarcaron que los cuestionamientos solo están direccionados hacia la situación institucional y política de Adorni. El proceso judicial va por otro camino.

Por otro lado, también existen algunos temores, especialmente en las filas del peronismo, de “sentar un mal precedente” que en el futuro cercano pueda volverse en su contra. En ese sentido, destacaron que nunca en la historia se removió a un jefe de Gabinete vía moción de censura y también exhibieron dudas sobre la discusión reglamentaria en torno a qué mayoría se necesita para echar a Adorni.

Mientras que la mayoría interpretaba que un proyecto de interpelación sin dictamen de comisión requería dos tercios de los votos para prosperar, el acuerdo entre Patricia Bullrich y sus aliados en el Senado favorecería otra posibilidad: que se necesite sólo una mayoría absoluta (la mitad más uno).

Lo cierto es que el Gobierno ha puesto a sus aliados en su lugar de absoluta incomodidad. Porque ninguno de los gobernadores esboza una defensa de Adorni ni de su situación, pero no quieren asumir el papel de verdugos. La gran incógnita es hasta dónde llegará la paciencia.

Todo surgió a partir del momento en que el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió que Grabois pudiera intervenir, pero Benegas Lynch le replicó: “Me anotaste de prepo a Grabois, Germán. Me fijo y no está en la comisión. Yo administro la lista de oradores, déjamelo a mí”.

Desde uno de los sectores de la sala, Grabois irrumpió elevó el tono del pedido: “No te hagas el cancherito. Hablame bien”, exigió, lo que desató la respuesta cortante de Benegas Lynch: “Estoy hablando yo, Grabois. Callate”.

El cruce escaló rápidamente entre interrupciones y reproches. Grabois redobló la apuesta: “Te está pidiendo la palabra para un diputado. No te hagas el cancherito, te queda bastante mal. Sos bastante pelotudo”. La sala respondió con abucheos y Benegas Lynch replicó: “Habla tanto de vos, Juan, como de mí”.

La escena de pugilato verbal tuvo otro episodio durante la comisión, aunque más tarde Benegas Lynch le terminó cediendo la palabra a Grabois. La tensión, lejos de disiparse, se reavivó con ironías y descalificaciones. “Gracias, genio”, introdujo Grabois al tomar la palabra, a lo que Benegas Lynch respondió: “Tratá de elevar un poquito el nivel del Congreso”.

Grabois lanzó: “Si lo elevo al tuyo, va a ser al nivel de una suela... Pero si querés que me apure...”. El presidente de la comisión intentó retomar el control: “Hablá bien, con buenas formas”. Sin embargo, el dirigente del Patria Grande interrumpió: “Callate un poquito la boca y dejame hablar”.

La confrontación personal se trasladó incluso al terreno informal. Benegas Lynch desafió: “Después nos encontramos en la calle, vestido de jean y zapatillas, y me saludas. Y acá te hacés el picante”. Grabois respondió: “Yo ahora estoy vestido de zapatillas y jean. Si querés, nos encontramos ahora en un rato. No tengo problema”.

El acuerdo del Gobierno con los últimos holdouts

Pese a ese desliz anecdótico, La Libertad Avanza (LLA) consiguió el dictamen para dos iniciativas clave: el acuerdo para pagar a los fondos Bainbridge y Attestor, y el denominado “Súper RIGI”, un régimen que prevé incentivos para inversiones superiores a USD 1.000 millones.

Para el caso de los holdouts, a la sesión asistieron el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Ignacio Stampalija. En el inicio del encuentro, Benegas Lynch aclaró que la deuda que se estaba saldando era de poco más de 362 millones de dólares, con amenazas de embargos sobre acciones de YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

En ese marco, apuntó que el acuerdo es con Bainbridge por USD 171 millones y USD 104 millones con Attestor, contra pago de desembolso. Hay urgencia para aprobar el tema, ya que la prórroga del plazo de implementación del acuerdo vence el 30 de junio.

Durante su intervención, Stampalija señaló que “estos acuerdos se relacionan con dos juicios de muchos años, con acreedores que no entraron en ninguno de los canjes que se hicieron”. “Son los últimos grandes grupos de holdouts que quedan. Todos tenían sentencia firme desde hace años y estaban intentando ejecutarlas”, amplió.

Los diputados de Unión por la Patria cuestionaron la falta de detalles sobre “la composición del pago” y solicitaron precisiones acerca de la fuente de financiamiento para cumplir con los acuerdos presentados en la Cámara Baja. Además, señalaron deficiencias en el funcionamiento de la Bicameral de Deuda y formalizaron un dictamen de minoría en rechazo al proyecto.

Desde el oficialismo, la diputada Silvana Giudici (PRO) respondió a una consulta de la oposición sobre las ganancias de los fondos buitre, y apuntó contra el pasado reciente. “¿Cuáles son las pérdidas que tuvimos que afrontar todos los argentinos? Por una política económica que nos llevó a la quiebra, a tener 50% de pobreza y en las puertas de una hiperinflación”, dijo, en apoyo a la firma del dictamen.

El diputado Carlos Castagneto (Unión por la Patria) replicó que el relato de Giudici era incorrecto, subrayando que el conflicto con los holdouts se remonta a 2001, antes del kirchnerismo. En ese marco, añadió que, según declaraciones del ex ministro de Economía de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, el país fue dejado desendeudado, y recordó que en 2016, ese gobierno realizó un pago a los fondos buitre y reinició el vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En ese contexto fue que ocurrió el cruce picante entre Juan Grabois y Benegas Lynch. El legislador de UP enfatizó sobre el origen y cuestionó la responsabilidad de exfuncionarios de ese período. “¿Y quiénes eran importantes funcionarios en 2001 que se fueron en helicóptero, muertos de miedo, mientras nosotros poníamos el cuerpo en la plaza y algunos éramos detenidos? La fracasada de (Patricia) Bullrich y el fracasado de (Federico) Sturzenegger. Y un montón de otros funcionarios que después se pusieron la peluca y se convirtieron en libertarios, y ahora son parte de la casta que nos gobierna”, expresó.

El legislador Itai Hagman planteó que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el acuerdo sería parte de una estrategia gubernamental más amplia para abordar otros litigios pendientes. Hagman consultó a los funcionarios si existió un pedido expreso del FMI para avanzar en este sentido, cuestionamiento que fue negado por el procurador del Tesoro.

Por otra parte, el diputado libertario Adrián Ravier defendió que el acuerdo representa “el cierre de un ciclo nefasto y un mensaje al mundo de que, a partir de ahora, con la presidencia de Javier Milei y su liderazgo, la Argentina paga; la Argentina va a pagar sus compromisos".

En cuanto a los cuestionamientos planteados durante el debate parlamentario, el Frente de Izquierda, representado por Néstor Pitrola, sostuvo: “No vemos ningún ahorro, vemos solo pérdida en esto. ¿Por qué este apuro y esta gran prioridad con este verso del 30% (de quita) y no tenemos el mismo apuro para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario?”.

La agenda legislativa y el caso Adorni

El dictamen sobre los acuerdos con los holdouts reunió 61 firmas y ya cuenta con la aprobación previa del Senado. El Gobierno busca su ratificación en la próxima semana. El “Súper RIGI” sumó 42 avales y comienza su recorrido parlamentario en Diputados.

El oficialismo pretendía controlar la agenda legislativa la semana próxima, priorizando este tipo de proyectos económicos. Sin embargo, la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, amenaza con modificar los planes. La oposición convocó una sesión especial para debatir su interpelación y analizar una posible moción de censura, que termine de eyectarlo en el cargo.

En respuesta a este escenario, los libertarios y sus aliados, entre ellos PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales, ajustan su estrategia parlamentaria. El acompañamiento de estos espacios fue clave para el avance de los dictámenes.

El oficialismo logró este miércoles alzarse con el dictamen de mayoría del proyecto de Super RIGI en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El oficialismo logró el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia (Tucumán), Por Santa Cruz y Producción y Trabajo (San Juan). Prevén convocar a una sesión especial el próximo 24 de junio para tratar este proyecto junto con el pago a los holdouts, que también fue dictaminado hoy.

El Super RIGI tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las denominadas “industrias del futuro”. La categoría es bastante amplia y, según los libertarios, incluye desde la fabricación de baterías de litio o autos eléctricos, a desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y hasta proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.

Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

También garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.

Para lograr la mayoría de las firmas en el plenario de comisión, el oficialismo aceptó varios planteos de los bloques aliados y dialoguistas, principalmente vinculados con la inversión en I+D y la contratación de proveedores locales.

¿Cuáles fueron los cambios introducidos en el dictamen de mayoría?

Incentivos a la Investigación y Desarrollo (I+D)

El dictamen establece que las inversiones en I+D vinculadas al proyecto se computan por el doble de su valor al momento de calcular el monto mínimo de inversión exigido. Sin embargo, esta ponderación especial no puede superar el 20% del monto mínimo de inversión. El excedente se computará a valor nominal.

Plan de Desarrollo de Proveedores Locales

Se incorpora la obligación de presentar un plan para el desarrollo de proveedores locales, debiendo comprometer un porcentaje no menor al 20% del monto total de adquisiciones de bienes y servicios durante la ejecución del proyecto, orientado a proveedores nacionales. Siempre y cuando “la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.

Sustentabilidad de recursos e infraestructura

Se exige que el plan de inversión incluya un informe técnico que demuestre que el proyecto no compromete la sustentabilidad de los recursos naturales ni la capacidad de la infraestructura de la zona de influencia, considerando su impacto ambiental y social.

Rechazo por impacto negativo sustancial

Se incorpora como causal de rechazo la existencia comprobada de un impacto negativo sustancial del proyecto sobre los recursos naturales o la infraestructura local, o que implique un riesgo relevante para la sustentabilidad ambiental o social de la zona.

Registro Público de Proyectos

Se crea un Registro Público de Proyectos del Súper RIGI, de acceso libre. Allí se publicará información relevante sobre los proyectos adheridos y las sanciones aplicadas, con resguardo de información sensible cuando corresponda.

Nuevos Objetivos Prioritarios

Se agregan como objetivos:

• Incentivar el desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas o tecnológicas que contribuyan al crecimiento y consolidación de Nuevas Industrias wen Argentina
• Fomentar la demanda de insumos, servicios o recursos humanos especializados que estimulen el desarrollo de sectores conexos a las Grandes Inversiones en Nuevas Industrias

Parámetros para “Nuevas Actividades

El dictamen define que las “nuevas actividades” deben ser desarrollos industriales, tecnológicos o de servicios vinculados a infraestructura tecnológica o digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional y que no se encuentren desarrollados a escala comercial en el país.

Quedan expresamente excluidos del presente régimen aquellos proyectos cuyo objeto, alcance o ejecución consistan en la ampliación, adecuación, modernización, reconversión, reorganización o reutilización de instalaciones preexistentes.

Además, en el Artículo 4 se agrega que la acreditación de “nuevas actividades económicas” se realizará “conforme a los criterios objetivos y parámetros mensurables que se establezcan en la reglamentación”.

¿Qué beneficios obtienen los proyectos incluidos en el Super RIGI?

• Impuesto a las Ganancias reducido al 15% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos.
• Amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura.
• Deducción de quebrantos sin límite temporal.
• Alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
• Certificados de Crédito Fiscal para cancelar IVA sobre inversiones en activos computables.
• Exención de derechos de importación y exportación para los bienes del plan de inversión y productos obtenidos bajo el proyecto.
• Contribuciones patronales reducidas: alícuota única del 10% para nuevas relaciones laborales generadas a partir de la adhesión.
• Libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación: 20%, 40% y 100% a lo largo de tres años desde la primera exportación.
• Sin obligación de ingresar ni liquidar divisas correspondientes a aportes de capital, financiamiento y servicios vinculados al proyecto.
• Estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria durante 30 años desde la adhesión.
• Plena disponibilidad sobre los productos del proyecto, protección contra actos confiscatorios o expropiatorios y acceso irrestricto a la justicia.
• Posibilidad de someter controversias con el Estado Nacional a arbitraje internacional.
• Compatibilidad con otros regímenes promocionales, siempre que los incentivos no sean de la misma naturaleza y no se superpongan.
• Transferencia libre de acciones, cuotas o participaciones sociales del VPU sin autorización previa.
• Exención de restricciones, prohibiciones o cupos para importar y exportar los bienes necesarios para el proyecto.
• Los incentivos pueden ser utilizados exclusivamente respecto del proyecto adherido y no para otras actividades.

Mauricio Macri coordina desde Estados Unidos, país al que viajó por el Mundial de Fútbol, los próximos pasos del PRO con relación a la crisis política del gobierno de Javier Milei ocasionada por la situación de Manuel Adorni. Antes del debut con triunfo de la selección argentina, siguió de cerca la reunión del bloque en Diputados que convocó Cristian Ritondo en la tarde de este martes y, a la par, comenzó a preparar su desembarco en el interior bonaerense, en el marco del “próximo paso” tour

El ex presidente está en una disyuntiva. No quiere quedar “aliado” al kirchnerismo en una embestida contra el Jefe de Gabinete, sea interpelación o moción de censura, pero tampoco quiere quedar en el rol de avalar al funcionario nacional. Por eso, desde el 13 de junio, cuando presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) e incorporó USD 513.000 no declarados, que atribuyó a inversiones en bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, presiona al Gobierno con una posición que le quita responsabilidad a los bloques parlamentarios: que Adorni renuncie o lo hagan renunciar.

En diputados hay posiciones encontradas. Mientras Ritondo hace equilibrio, hay legisladores con posiciones más duras, y que las hacen públicas. Uno de ellos es Álvaro González, que suele tener un voto crítico con relación a las medidas de LLA, que es cercano a Horacio Rodríguez Larreta, y que permanece en el bloque por su relación con el presidente de a bancada.

González fue explícito, el lunes, al rechazar que el Congreso resuelva lo que considera un problema del Poder Ejecutivo. “¿Por qué le tengo que resolver el problema con la moción de censura, sabiendo que después no la va a tomar?”, planteó en declaraciones a Radio Mitre. Su propuesta es directa: “O renuncia el señor Adorni o le pide la renuncia el presidente. No es ciencia oculta”. Para respaldar esa lógica, González recordó que Macri le advirtió al presidente en el momento de la designación: “Poné a alguien de jefe de Gabinete que te ayude en la gestión. Y pusieron a alguien de su propio riñón político”.

El legislador también rechazó participar de la moción de censura impulsada por el peronismo por razones estrictamente políticas: “No estoy de acuerdo con la moción de censura porque automáticamente te dicen que sos funcional al kirchnerismo”, advirtió. Y agregó que, si el Congreso avanzara con esa herramienta, un jefe de Gabinete censurado quedaría en un “estado vegetativo”: sin capacidad de atraer inversiones, de negociar con organismos internacionales ni de impartir instrucciones a los ministros.

El escenario parlamentario tiene sus propios tiempos. El Senado tiene prevista para el miércoles, a las 18, una reunión de Labor Parlamentaria para definir si habrá sesión el jueves. El peronismo adelantó que pedirá el tratamiento sobre tablas de un proyecto de resolución para interpelar a Adorni el 25 de junio y votar en la misma sesión una moción de censura. Para que eso prospere, necesita los dos tercios de los presentes.

El bloque del Partido Justicialista (PJ) en el Senado suma 21 senadores propios, a los que se sumarían otros bloques afines para llegar a 31 votos, aún a 17 de los dos tercios necesarios. El aval completo del PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR) —13 votos más— sería determinante.

Fuentes de ambos bloques se tomarán las 48 horas previas a la sesión para definir una postura, dado que “hay posiciones divididas”. Un senador radical que aún no definió su voto resumió el dilema: “Es todo muy público”. Desde el peronismo, un senador graficó la presión sobre los aliados del gobierno: “Defender a Adorni es como defender a Kueider”, en referencia al ex senador detenido en Paraguay con 200.000 dólares sin declarar.

A su vez, no hubo definiciones durante la reunión del bloque en Diputados, según señaló un legislador amarillo a este medio. “Quedó todo pendiente a ver qué es lo va a pasar en el Senado, y como están las relaciones con los otros miembros del interbloque. Pero creo que va a ser inevitable acompañar el emplazamiento (citar a Adorni al Congreso). Después vemos cómo sigue”, graficó.

En las últimas horas, el diputado Fernando De Andreis se manifestó en sintonía: “La semana que viene se votaría en principio el emplazamiento para que se conformen las comisiones, y nosotros creemos que se podría llegar a avanzar en ese sentido para que se conformen las distintas comisiones, principalmente la de Asuntos Constitucionales, para avanzar. Ahora, nosotros insistimos en que esto es un problema que tiene el Gobierno y lo debería resolver el Gobierno”. “No descartamos avanzar con la interpelación, pero es algo que seguimos discutiendo”, agregó en radio Rivadavia.

“Hoy le está haciendo mucho daño al cambio en la Argentina. Le está haciendo mucho daño al presidente, le está haciendo mucho daño al Gobierno. Para nosotros, Adorni no tenía las cualidades para ser jefe de Gabinete. Lo ideal que que se vaya hoy, ayer; claramente no debería pasar un día más en el cargo”, amplió.

A su vez, el jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, anticipó: “Si se llega a esa instancia, vamos a acompañar el pedido de censura o remoción de Adorni”.

En ese contexto, y según supo Infobae, el entorno de Macri define los detalles del desembarco del ex presidente en Mar del Plata, el próximo 26 de junio. Macri volverá al país unos días y luego, se prevé, regresará a Estados Unidos Será un acto similar al que ya realizó en Chaco, Corrientes, Santa Fe, Mendoza y Vicente López. “Para mí es con nuevo jefe de Gabinete”, ironizó uno de los dirigentes del PRO que está al tanto de la organización.

La nueva aparición de Macri no es casual. Esta semana se conoció un informe del think tank londinense Chatham House, que advirtió que las denuncias acumuladas sobre Adorni y su admisión de haber subdeclarado impuestos erosionaron la imagen del gobierno como alternativa a la “casta política” que Milei prometió desmantelar. El documento, además, sostiene que la permanencia del funcionario alimenta la percepción de conflictos internos y debilita la posición del presidente ante aliados e inversores.

Mientras el futuro del jefe de Gabinete se define en el Senado, el oficialismo buscará retener a toda costa el control de la agenda legislativa en la Cámara de Diputados para poder asegurar una victoria antes de que termine el Mundial. Convocó para este miércoles, tras el debut mundialista de Argentina, a dos plenarios de comisiones para dictaminar el pago a los Holdouts y el denominado Super RIGI.

Los libertarios planean convocar a una sesión especial el 24 de junio en la que se tratarán ambas iniciativas. El pago a los fondos buitres ya viene con media sanción, en cambio el Super RIGI todavía deberá pasar por el Senado. También habían adelantado que pretendían incluir en el temario la nueva ley de Lobby pero las duras críticas de las asociaciones civiles, sindicatos y cámara empresarias a la redacción del proyecto, sumados a los cuestionamientos de los bloques aliados, dejaron en claro que aún no existe consenso suficiente alrededor de este tema.

A las 12, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Justicia, el oficialismo buscará dictaminar el proyecto que avala un plan de pago a dos “fondos buitre” con los que el gobierno de Javier Milei alcanzó un acuerdo de conciliación económica.

La iniciativa, que fue aprobada en el Senado por 40 votos positivos contra 22 negativos, tiene que ser aprobada antes del 30 de junio, que es el último plazo fijado en el entendimiento. Producto de este acuerdo de conciliación entre las partes alcanzado en la Justicia norteamericana, que incluye una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%, se definió que el Estado argentino deberá abonar USD 67 millones a la firma “Bainbridge Ltd.” y USD 104 millones al grupo de holdouts encabezado por “Attestor Value Master Fund LP.”, lo que hace a un total de USD 171 millones.

Ambos fondos integran el grupo de los últimos holdouts con reclamos activos que no adhirieron a los canjes de deuda que se ejecutaron tras el default (cesación de pagos) declarado a fines de 2001. La ratificación parlamentaria del acuerdo permitirá dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

A las 15 será el turno de la reunión conjunta de Presupuesto, Industrias y Ciencia para abordar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Super RIGI) en industrias “de frontera” tecnológica.

El Super RIGI tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las denominadas “industrias del futuro”. La categoría es bastante amplia e incluye desde la fabricación de baterías de litio o autos eléctricos, a desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y hasta proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.

Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

También garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.

Los aliados habituales del oficialismo, como el PRO, la UCR y los gobernadores del norte, se mostraron favorables a la iniciativa pero plantearon, entre otros puntos, la posibilidad de incluir un mínimo de 20% de contratación de proveedores locales -tal como figura en el RIGI original- para fomentar el desarrollo local y reclamaron una definición más acotada de “industrias del futuro”, algo que el oficialismo se habría comprometido a aclarar durante las sesiones informativas.

Ante la consulta de Infobae, los libertarios se mostraron confiados de contar con las firmas para dictaminar ambos proyectos y convocar a sesión el 24 de junio.

El diputado local del Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí, Tomás Zavala González, respondió a los cuestionamientos surgidos tras la difusión de imágenes en las que aparece portando relojes de alta gama, entre ellos modelos de las marcas Cartier y Rolex, cuyo valor ha sido estimado en cientos de miles de pesos.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el legislador sostuvo que los artículos forman parte de su patrimonio personal y aseguró que fueron adquiridos con recursos obtenidos a lo largo de su trayectoria empresarial, no con ingresos derivados de su cargo como representante popular.

Zavala señaló que cuenta con más de tres décadas de experiencia en actividades empresariales y afirmó que una de las principales áreas en las que ha desarrollado negocios es el autotransporte de servicio público federal.

Relojes de lujo generan cuestionamientos al legislador

Las preguntas dirigidas al diputado surgieron luego de diversas publicaciones periodísticas que identificaron algunos de los accesorios que ha utilizado en eventos públicos y actividades legislativas.

Entre ellos destaca un reloj Cartier Santos con diamantes, así como un Rolex que el propio legislador reconoció portar durante la entrevista.

De acuerdo con reportes especializados citados por distintos medios, algunas de estas piezas podrían alcanzar valores de entre 280,000 y 435,000 pesos, dependiendo de sus características y condiciones de mercado.

Al respecto, Zavala insistió en que la posesión de estos bienes no representa ninguna irregularidad y reiteró que forman parte de un patrimonio construido antes de su llegada al Congreso local.

Tomás Zavala asegura que su patrimonio tiene origen empresarial

Durante la conversación con reporteros, el diputado explicó que su actividad empresarial antecede a su incursión en la política y afirmó que la ciudadanía conoce su trayectoria.

Además, indicó que la información relacionada con sus actividades económicas y patrimoniales se encuentra registrada en las declaraciones que corresponden a los servidores públicos.

Entre los principales puntos expuestos por el legislador destacan:

• Aseguró que cuenta con más de 30 años de actividad empresarial.
• Señaló que uno de sus negocios está relacionado con el transporte de servicio público federal.
• Sostuvo que los relojes fueron adquiridos con recursos propios.
• Rechazó que exista alguna conducta indebida relacionada con la posesión de dichos artículos.
• Afirmó que llegó al cargo mediante el voto ciudadano y que mantiene su labor legislativa enfocada en la representación de su distrito.

Los cuestionamientos también estuvieron relacionados con la discusión sobre los principios de austeridad promovidos por distintos actores políticos en los últimos años, sostuvo que el patrimonio personal de un funcionario debe diferenciarse de los recursos que administra o ejerce en el desempeño de sus funciones.

El legislador también fue cuestionado sobre el hecho de representar a un distrito integrado por municipios que enfrentan distintos retos económicos y sociales.

En respuesta, afirmó que los bienes que posee fueron obtenidos con su trabajo y reiteró que su responsabilidad es atender las demandas de la población que representa.

Transparencia patrimonial en el centro de la discusión

Más allá del valor de los relojes, el tema ha reabierto el debate sobre la transparencia patrimonial y la rendición de cuentas de los representantes populares.

La discusión también ha puesto atención en la forma en que los funcionarios públicos explican el origen de sus bienes y en los mecanismos institucionales disponibles para verificar la información patrimonial de quienes ocupan cargos de elección popular.

Mientras continúan las reacciones en torno al caso, el diputado Tomás Zavala mantiene que los artículos cuestionados forman parte de su patrimonio personal y que fueron adquiridos con ingresos provenientes de sus actividades empresariales.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que llegó al 100% del conteo de actas contabilizadas para la elección de diputados, en el marco de las Elecciones Generales en el Perú. Con ese avance, quedaron consolidados los resultados por circunscripción y el orden de votación de las fuerzas políticas en plazas decisivas como Lima, Arequipa, Callao y Cusco.

El cierre del cómputo permite precisar qué partidos concentraron el mayor respaldo en cada región y quiénes encabezaron la votación preferencial dentro de sus listas. También reabre el foco sobre el siguiente paso del proceso: cómo operará la valla electoral para determinar qué organizaciones podrán acceder a la distribución de escaños en la Cámara de Diputados del nuevo Congreso bicameral.

En paralelo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya había definido los criterios que regirán el acceso a la representación parlamentaria. Para los partidos, el reto no es solo liderar votaciones regionales, sino cumplir con condiciones nacionales y un umbral mínimo de escaños para ingresar al reparto.

Resultados de diputados en Lima, Callao, Cusco y Arequipa: así quedó el mapa electoral

En Lima Metropolitana, Renovación Popular encabezó la votación con 900.584 votos y 18,424% de votos válidos. Le siguieron Partido del Buen Gobierno con 714.935 (14,626%), Fuerza Popular con 705.962 (14,443%), Ahora Nación – AN con 445.124 (9,106%) y Partido Cívico Obras con 378.366 (7,741%).

En Callao, Fuerza Popular se ubicó primero con 87.806 votos y 18,311%. Luego aparecieron Partido del Buen Gobierno con 73.936 (15,419%), Renovación Popular con 71.854 (14,984%), Partido País para Todos con 44.593 (9,299%) y Partido Cívico Obras con 37.052 (7,727%).

En Cusco, el primer lugar fue para Juntos por el Perú con 135.670 votos y 22,155%. Detrás quedaron Ahora Nación – AN con 95.710 (15,629%), Partido Cívico Obras con 74.989 (12,246%), Partido del Buen Gobierno con 52.674 (8,602%) y Fuerza Popular con 26.653 (4,352%).

En Arequipa, el Partido del Buen Gobierno lideró con 140.608 votos y 17,652%. Completaron el listado Juntos por el Perú con 80.591 (10,118%), Ahora Nación – AN con 76.735 (9,634%), Renovación Popular con 74.658 (9,373%) y Partido Cívico Obras con 74.057 (9,297%).

Los candidatos más votados en Lima, Arequipa, Callao y Cusco

En Lima Metropolitana, el candidato más votado fue Harvey Julio Colchado Huamaní, de Ahora Nación (AN), con 143.238 votos, según el reporte de resultados para diputados.

En Callao, la mayor votación individual correspondió a Carlos Alberto Yalta Sotelo, con 12.607 votos.

En Cusco, el candidato más votado fue César Augusto Holguín Loaiza (Ahora Nación), con 27.527 votos.

En Arequipa, el candidato con más respaldo fue Edgar Dember Gonzales Polar, del Partido del Buen Gobierno, con 19.814 votos.

Cómo se aplicará la valla electoral para acceder a la Cámara de Diputados

El Jurado Nacional de Elecciones precisó que, en las elecciones del 12 de abril de 2026, los partidos deberán superar una valla electoral de 5% de los votos válidos a nivel nacional para acceder al reparto de escaños tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Además del porcentaje, el JNE estableció un segundo requisito obligatorio: contar con un mínimo de miembros electos equivalente al 5% del número legal de integrantes de cada cámara. En el caso de la Cámara de Diputados, el umbral fue fijado en siete diputados. Ambas condiciones se evaluarán de manera conjunta y solo los partidos que cumplan las dos podrán participar en la asignación de escaños.

El acuerdo, difundido por el JNE el 15 de marzo de 2026, también aclaró que los requisitos se revisarán por separado en cada cámara. Eso implica que una organización política podría alcanzar la valla para la Cámara de Diputados, pero no para el Senado, y acceder a la distribución de escaños únicamente en la cámara donde cumpla con ambos criterios.

La delegación estaba integrada por diputados nacionales y legisladores porteños del peronismo y la izquierda, así como por dirigentes sindicales. El grupo había llegado al aeropuerto de La Paz el 15 de junio de 2026 con el propósito declarado de relevar la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas contra el presidente Rodrigo Paz. Las autoridades bolivianas les retuvieron los documentos a su arribo, los redirigieron a Santa Cruz de la Sierra y, desde allí, los enviaron de regreso a la Argentina.

La escena captada en el avión refleja la tensión que se vive en Bolivia: de un lado, los sectores que apoyan los bloqueos de caminos impulsados por campesinos del altiplano, cocaleros afines a Evo Morales y obreros sindicalizados; del otro, quienes ven en esas medidas una parálisis que los priva de alimentos, combustible y medicamentos desde hace más de cinco semanas.

El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, confirmó la situación a través de su cuenta en X: “No nos permitieron ingresar a Bolivia. Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina”, escribió. Marino había sostenido que el grupo viajaba en misión humanitaria, categoría que el canciller argentino Pablo Quirno calificó de “autoproclamada”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina confirmó la expulsión mediante un comunicado oficial. Quirno explicó que las autoridades bolivianas “detectaron inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso y las actividades anunciadas públicamente por la delegación”. “En función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas, decidieron no admitir el ingreso”, precisó el funcionario.

El episodio se produjo mientras Bolivia atraviesa una de sus crisis más agudas en años recientes. Los cortes de carretera, concentrados en el altiplano y el valle central de Cochabamba, han provocado desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, con mayor intensidad en La Paz, cuyas vías de acceso permanecen cortadas. Según medios oficiales del Estado, al menos un conductor de transporte pesado murió tras permanecer más de un mes varado, y los choferes han denunciado dos casos adicionales.

Según El Deber, actualmente hay 52 bloqueos de caminos distribuidos por todo Bolivia. 20 se concentran en La Paz, el departamento más afectado. Luego le siguen Cochabamba (13), Oruro (12), Potosí (6) y Santa Cruz (1). El conflicto se desató hace 47 días. Inicialmente expresaba un reclamo por la derogación de la ley de tierras y mejoras salariales para distintos sectores de la actividad económica boliviana, pero las movilizaciones recrudecieron y derivaron en un pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz. Esa es la consigna principal por estos días.

El lunes, una caravana humanitaria impulsada por la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y Cáritas Bolivia partió desde La Paz hacia la carretera internacional que conecta con Chile para llevar alimentos y medicamentos a unos 600 transportistas varados. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió a los manifestantes que permitieran el paso de la misión: “A los movilizados, ser respetuosos del ingreso y tránsito de esta caravana que solamente está buscando paliar las necesidades más básicas de los transportistas”, afirmó, citado por medios locales.