Teodoro Obiang Nguema Mbasogo lleva 46 años gobernando Guinea Ecuatorial sin que nadie lo haya podido sacar del poder. Llegó el 3 de agosto de 1979 con una promesa de libertad. La cumplió solo para él. Y para los suyos.

Al golpe que encabezó contra su propio tío, el dictador Francisco Macías Nguema, lo bautizaron “Golpe de la Libertad”. Macías fue juzgado y fusilado ese mismo año, el 29 de septiembre de 1979, junto a otros seis condenados. Menos de cinco horas después de la sentencia, todos estaban muertos.

Guinea Ecuatorial es el único país soberano de África donde el español es lengua oficial. Esa particularidad tiene una explicación: fue colonia española durante siglos y llegó a formar parte del Virreinato del Río de la Plata hasta la Revolución de Mayo de 1810.

En 1968, un referéndum en el que el 63% de la población votó a favor de la independencia dio origen al nuevo Estado. Meses después se celebraron elecciones y Francisco Macías Nguema se convirtió en el primer presidente. La primavera democrática duró poco.

En 1969, el líder opositor Bonifacio Ondó Edú fue arrestado y asesinado bajo la acusación de haber intentado un golpe de Estado. Macías aprovechó el episodio para consolidar su poder y en 1971 decretó el partido único. Luego se autoproclamó presidente vitalicio, prohibió la educación privada, cerró las escuelas católicas y en 1975 se declaró el “Milagro Único”.

Obiang fue parte de ese gobierno. Ocupó distintos cargos militares y fue alcaide de la prisión de Black Beach, en Malabo, entonces capital del país. Esa prisión es conocida hasta hoy por las torturas y los malos tratos a los detenidos. Cuando derrocó a su tío, Obiang no venía de afuera del sistema: venía del centro mismo del régimen.

Obiang nació el 5 de junio de 1942 en la región continental del país. En 1963 consiguió una beca para formarse en la Academia General Militar de Zaragoza, en el noreste de España. Regresó a Guinea Ecuatorial con una carrera militar que lo llevó hasta el Ministerio de Defensa, desde donde organizó el golpe.

Una vez en el poder, prometió un cambio “radical”. Solo tres años después, en agosto de 1982, reemplazó el gobierno militar por uno civil. En 1986 fundó el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), que desde entonces controla el país sin competencia real.

“La junta militar y el poder ejecutivo tras el golpe de Obiang señalan una continuidad con el pasado”, dijo Ana Lúcia Sá, investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa.

Desde 1979, Obiang ganó todas las elecciones presidenciales con más del 93% de los votos. En 1996 se permitió por primera vez la participación de otros partidos, pero la mayoría de las fuerzas opositoras se retiró antes de los comicios al denunciar fraude e irregularidades. La Unión Europea calificó las elecciones de 2016 como “una oportunidad perdida para la democratización del país” y documentó “incidentes de acoso contra candidatos de la oposición”.

“Guinea Ecuatorial es y sigue siendo una dictadura, pero tiene la apariencia de una democracia por tener elecciones con resultados inverosímiles que siempre le dan la victoria a Obiang”, explicó Omer Freixa, historiador y magíster en Diversidad Cultural, especialista en estudios afroamericanos por la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

El PDGE tolera una llamada “oposición democrática”: un grupo de partidos que, en teoría, compiten pero que suelen presentarse en coalición con el partido gobernante. Solo una formación ejerce una oposición genuina: Convergencia para la Democracia Social (CPDS), liderada por Andrés Esono.

El resto corre otra suerte. En 2023, el gobierno disolvió el partido Ciudadanos por la Innovación (CI). Su líder, Gabriel Nsé Obiang, fue condenado a 29 años de prisión.

Marta Colomer, directora adjunta de campañas para África Occidental y Central de Amnistía Internacional, describió el mecanismo con precisión: “Cualquier persona que intente llevar un discurso contrario al oficial es víctima de detenciones arbitrarias, de torturas o encarcelamientos sin ningún tipo de proceso judicial”.

El activista y defensor de derechos humanos Joaquín Elo Ayeto, miembro del partido opositor Convergencia para la Democracia Social, fue detenido el 25 de febrero de 2019 en su casa de Malabo y trasladado a la Comisaría Central de Policía. Allí lo golpearon con brutalidad y lo colgaron de las manos. La policía quería que confesara una presunta conspiración para matar al presidente. Fue juzgado el 27 de noviembre de ese año por difamar y amenazar a Obiang.

Alfredo Okenve, vicepresidente del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo de Guinea Ecuatorial (CEID), fue detenido el 15 de marzo de 2019 después de que se le prohibiera asistir a la entrega del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos. El 5 de julio de ese año, las autoridades emitieron un decreto que pedía la disolución del CEID.

El Parlamento aprobó en septiembre de 2006 una ley que prohibía la tortura, que entró en vigor en noviembre de ese año. La policía siguió torturando.

Amnistía Internacional documentó casos entre 1988 y 2009 que describen métodos sistemáticos y deliberados. En febrero y marzo de 2009, diez miembros del partido Unión Popular fueron detenidos en las comisarías de Bata y Malabo. Uno de ellos declaró ante el juez de instrucción que lo habían atado al suelo y le ofrecieron dinero para que “confesara”. En otra sesión, la policía le llenó la boca de papel, lo metió en un saco, lo ató, lo colgó y lo golpeó. Nadie fue investigado.

En agosto de 1988, 15 presos fueron liberados tras una vista de clemencia. Entre ellos estaba el preso de conciencia Primo José Esono Mikali, a quien le ataron los brazos y las piernas juntos a la espalda, lo arquearon y lo colgaron del techo con una cuerda. Perdió temporalmente el uso de las extremidades. Los demás presos relataron que los colgaban por los pies, les sumergían la cabeza en un balde de agua sucia hasta semiasfixiarlos y los sometían a descargas eléctricas. A algunos les colocaban una pesada piedra sobre la espalda arqueada.

La represión también alcanzó a la población bubi, el grupo étnico indígena de la isla de Bioko. En 1998, tras ataques contra cuarteles militares en los que murieron tres soldados y varios civiles, decenas de bubis fueron detenidos y torturados para obtener confesiones. A algunos les cortaron partes de las orejas con cuchillas y bayonetas. Las mujeres bubis fueron humilladas públicamente en el patio de la comisaría de Malabo: algunas fueron obligadas a nadar desnudas en el barro delante de otros detenidos y otras sufrieron abusos sexuales. Al menos seis personas murieron tras ser torturadas.

La represión no hizo excepciones con los menores de edad. El 5 de febrero de 2015, durante la Copa Africana de Naciones celebrada en Malabo, las fuerzas de seguridad detuvieron a unos 300 jóvenes, entre ellos decenas de niños y niñas. La mayoría fue arrestada en sus casas por la noche o en calles alejadas del estadio de fútbol.

Los llevaron a la Comisaría Central de Policía de Malabo, donde cada uno recibió entre 20 y 30 latigazos y fue recluido en celdas saturadas y mal ventiladas junto a delincuentes adultos. Algunos fueron liberados solo después de que sus familias pagaran sobornos a la policía. El 13 de febrero, todos comparecieron ante un tribunal y quedaron en libertad sin cargos.

En 1995, empresas estadounidenses descubrieron depósitos de hidrocarburos en las costas de Guinea Ecuatorial. El hallazgo transformó la economía del país de la noche a la mañana.

Guinea Ecuatorial pasó a ser uno de los mayores exportadores de petróleo del continente y alcanzó una renta per cápita de 8.460 dólares en 2021, según el Banco Mundial. En términos estadísticos, es uno de los países más ricos de África. En términos reales, el 70% de su población vive con menos de dos dólares por día. La desigualdad es la regla.

Tutu Alicante, director ejecutivo de la ONG pro derechos humanos EG Justice, dijo: “Ni el petróleo ni la apertura económica han mejorado la situación económica de la población civil”.

La mayor parte de esa riqueza quedó concentrada en el círculo más cercano al gobierno. La dictadura no publica datos de pobreza actualizados. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ubicó al país en el puesto 133 de 193 estados en su Índice de Desarrollo Humano. La esperanza de vida es de 54 años para los hombres y 57 para las mujeres, uno de los índices más bajos del mundo. Más de la mitad de la población no tiene acceso a agua potable, la cifra más baja de todo el continente africano, según la Organización Mundial de la Salud.

El país llegó a ser considerado “demasiado opaco” para ser incluido en el índice global de corrupción de Transparencia Internacional, organización no gubernamental.

Mientras la población carece de agua potable, el hijo del presidente acumula una fortuna que exhibe sin pudor en sus redes sociales.

Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido como “Teodorín”, es, además de hijo del dictador y presidente, vicepresidente de Guinea Ecuatorial y el sucesor más probable de su padre. En 2017, la justicia francesa lo condenó por malversación de fondos públicos y ordenó la incautación de sus activos en ese país: una propiedad en París valuada en más de 120 millones de dólares, palacetes con canillas bañadas en oro, una colección de autos Rolls-Royce y aviones privados. Recibió una condena suspendida de tres años y una multa de 30 millones de euros.

En 2014 ya había entregado a las autoridades de Estados Unidos una mansión en Malibú, una Ferrari y una colección de objetos de Michael Jackson. Y en algún momento encargó un yate valuado en USD 400 millones. Analista coinciden en que Teodorín no tiene aspiraciones de democratizar Guinea Ecuatorial.

El Índice de Democracia 2020 de The Economist, semanario británico, le asignó a Guinea Ecuatorial un valor de 0 (cero) en Proceso Electoral y Pluralismo. El informe Freedom in the World 2020 de Freedom House, organización estadounidense, le otorgó 6 puntos sobre 100, categorizándolo como “No libre”. El Bertelsmann Transformation Index 2020 lo clasificó como “autocracia de línea dura” con un valor de 2.82 sobre 10 en Transformación Política, y advirtió que un cambio de régimen solo podría producirse mediante otro golpe de Estado, dado que no existe oposición con fuerza suficiente para enfrentarse al gobierno.

En el ranking de calidad democrática de The Economist, Guinea Ecuatorial ocupa el puesto 156 de 167 países. Solo Corea del Norte, Afganistán y Myanmar están por debajo.

La comunidad internacional mantiene una relación pragmática con Malabo. Constanza Montaña, licenciada en asuntos internacionales y miembro del Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales, señaló que “Guinea Ecuatorial, a pesar de su régimen autoritario, no tiene la misma relevancia para la comunidad internacional que otras dictaduras como las de Chad, Eritrea o Camerún”. El petróleo explica buena parte de ese silencio. El el régimen se sostiene también gracias a sus vínculos con Estados Unidos, España y China.

En el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas celebrado en mayo de 2019, Guinea Ecuatorial recibió 221 recomendaciones. Aceptó 202 y rechazó 19, entre ellas la ratificación de la Carta Africana sobre la Democracia y el acceso al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Argentina hizo tres recomendaciones: abolir la pena de muerte, investigar las torturas y garantizar la libertad de expresión. Guinea Ecuatorial rechazó esta última.

El exembajador de Estados Unidos en Guinea Ecuatorial, Frank Ruddy, sintetizó en 2008 lo que los índices describen con eufemismos: Obiang es “un asesino, torturador y ladrón”.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que la reforma constitucional que impulsa prohibe la participación de opositores a los que califica como “terroristas y golpistas” en futuras elecciones, decisión que ha generado un amplio rechazo internacional y reacciones de organizaciones y gobiernos, según reportó la agencia EFE. La medida, impulsada desde Managua en coordinación con la Asamblea Nacional, busca modificar la legislación electoral para limitar el acceso de críticos y exiliados al proceso democrático.

En un acto oficial, Ortega explicó que preparan una reforma parcial a la Constitución para impedir que opositores privados de nacionalidad o acusados de traición puedan postularse a cargos públicos. “No tendrán espacio los terroristas, los golpistas” en los próximos comicios, aseguró el mandatario, quien gobierna Nicaragua junto a su esposa Rosario Murillo desde 2007.

De acuerdo con EFE, el mandatario insistió en que las reformas buscan “fortalecer la paz con leyes” y evitar la repetición de conflictos armados en el país.

Durante su intervención, Ortega evocó episodios históricos como la guerra civil de 1856 y la intervención del estadounidense William Walker, señalando que las nuevas restricciones pretenden impedir “que se organicen de nuevo guerras como las de aquel entonces”.

En palabras recogidas por EFE, el líder sandinista sostuvo que la reforma garantizará “que no queden lugares donde los opositores puedan volver a lanzar sus guerras criminales”.

Las autoridades nicaragüenses han retirado la nacionalidad a decenas de opositores y críticos, a quienes acusan de conspiración, traición a la patria o de haber impulsado protestas contra el Gobierno. Según datos reportados por EFE, Nicaragua completó en 2023 su salida formal de la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que dejó al país sin representación en ese organismo regional. La OEA, tras el anuncio de Ortega, informó que analiza convocar a una reunión de ministros de Exteriores para evaluar la situación nicaragüense.

EFE detalló que el Consejo Permanente de la OEA celebrará el 5 de agosto una sesión extraordinaria para debatir una resolución titulada “Convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en Nicaragua”. La respuesta internacional no se hizo esperar gobiernos de Costa Rica, Panamá y Guatemala expresaron su rechazo, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticó abiertamente las declaraciones del mandatario.

En sus declaraciones, Ortega matizó su discurso respecto al pronunciado el pasado 19 de julio, cuando advirtió que “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. Ahora, el presidente nicaragüense sostiene que las reformas permitirán elecciones “con soberanía” y cita como antecedente negativo la época de las invasiones estadounidenses en Nicaragua.

El Gobierno de Ortega enfrenta acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación sistemática de rivales para evitar la competencia en las urnas, según la información de EFE. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y sectores de la comunidad internacional han denunciado la falta de garantías democráticas y la represión contra la disidencia.

Con 80 años, Ortega es el dirigente con más tiempo en el poder en la historia reciente de Nicaragua. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y asumió la presidencia de 1985 a 1990, antes de regresar al cargo en 2007. Su permanencia ha estado marcada por la concentración del poder y la supresión de voces críticas, en un contexto de creciente aislamiento internacional.

La agencia EFE informó que el mandatario defendió la necesidad de “mantener la paz reforzada por las leyes”, subrayando que “no se trata de imponer la paz con estados de sitio o a punta de balazos”, sino de evitar “la conspiración para meter la guerra” que, según su visión, impulsa la oposición.

El futuro político de Nicaragua permanece incierto mientras avanzan las reformas propuestas por el Ejecutivo, que busca consolidar el control sobre el proceso electoral y limitar la participación de adversarios. La comunidad internacional observa con atención la evolución de la situación en el país centroamericano, a la espera de la discusión en la OEA y de eventuales reacciones adicionales de gobiernos y organismos multilaterales.

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) emitió un contundente pronunciamiento en defensa del Estado de derecho, la independencia judicial y la democracia costarricense, en el que expresó su “profunda preocupación” y su “firme rechazo” a las declaraciones realizadas durante el acto oficial del pasado 25 de julio en Nicoya, con motivo del 202 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya.

Mediante un acuerdo aprobado en la sesión ordinaria N.° 7010 del 29 de julio de 2026, el máximo órgano universitario cuestionó las manifestaciones pronunciadas por el expresidente Rodrigo Chaves Robles, en las que planteó ante el público la posibilidad de una dictadura y del cierre del Poder Judicial, al considerar que ese tipo de afirmaciones adquieren una especial gravedad cuando provienen de una alta autoridad del Estado.

La Universidad sostiene que en una democracia consolidada como la costarricense esas expresiones “no pueden ser consideradas una simple provocación ni un recurso retórico”, debido al peso institucional que tienen las palabras emitidas por quienes ejercen funciones públicas.

El Consejo Universitario recordó que la Constitución Política surgió como un pacto social tras la guerra civil de 1948 precisamente para evitar la concentración arbitraria del poder y garantizar un sistema basado en la separación e independencia de los poderes públicos, la supremacía de la ley y la protección de los derechos fundamentales.

En ese contexto, la UCR citó los artículos 3 y 9 de la Constitución Política, los cuales establecen que nadie puede arrogarse la soberanía nacional y que el Gobierno de la República se ejerce mediante poderes distintos e independientes entre sí, principios que —según la institución— constituyen la base del modelo democrático costarricense.

“Las dictaduras no representan una alternativa”

Uno de los apartados más enfáticos del pronunciamiento sostiene que las dictaduras nunca pueden ser consideradas una opción política válida.

“La evidencia histórica es inequívoca: los Estados autoritarios y totalitarios impiden el ejercicio de las más básicas libertades, empezando por la libertad de pensamiento”, señala el documento.

La Universidad argumentó que combatir la corrupción o corregir las deficiencias institucionales no puede hacerse debilitando la democracia, sino mediante reformas que fortalezcan los mecanismos de control, la transparencia y la participación ciudadana.

Asimismo, el Consejo Universitario defendió la autonomía del Poder Judicial y afirmó que contar con un presupuesto sólido ha permitido consolidar una justicia independiente, diferenciando a Costa Rica de otros países de América Latina donde, según indicó, la injerencia política ha debilitado a los tribunales.

El documento reconoce que el sistema judicial requiere reformas para mejorar su funcionamiento, pero sostiene que estas deben responder a criterios técnicos y no a intereses políticos que comprometan su independencia.

Advertencia sobre el debilitamiento institucional

El acuerdo también advierte sobre los riesgos de normalizar discursos que planteen la ruptura del orden constitucional.

Según la UCR, las democracias no desaparecen de manera repentina, sino que suelen deteriorarse progresivamente mediante el debilitamiento de las instituciones y la modificación del lenguaje político.

“Antes de que las instituciones sean debilitadas, suele transformarse el lenguaje que las protege”, señala el texto, que agrega que aceptar como posibles escenarios la clausura de poderes o el autoritarismo puede erosionar los consensos democráticos construidos durante décadas.

Como parte de esa reflexión, el Consejo Universitario recordó antecedentes históricos tanto nacionales como regionales. Mencionó la dictadura de los hermanos Tinoco, ocurrida hace más de un siglo en Costa Rica, así como diversas experiencias autoritarias registradas en América Latina, señalando que esos episodios dejaron profundas consecuencias políticas, sociales y humanas.

Solidaridad con el Poder Judicial

La Universidad manifestó además su solidaridad con el Poder Judicial y con las personas funcionarias cuya labor consiste en garantizar el acceso a la justicia y la protección del Estado de derecho.

El pronunciamiento aclara que respaldar la independencia judicial no implica eximir al sistema de críticas o de eventuales reformas, sino reconocer que ninguna democracia puede subsistir sin instituciones capaces de controlar la constitucionalidad y la legalidad de los actos del poder público.

En esa línea, el Consejo Universitario insistió en que cualquier proceso de modernización del Poder Judicial debe fortalecer sus capacidades sin comprometer su autonomía frente a los demás poderes del Estado.

Llamado al Poder Ejecutivo

Como parte de las conclusiones, el Consejo Universitario hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que rechace “de forma clara e inequívoca” cualquier manifestación que pueda interpretarse como una legitimación de la ruptura del orden constitucional o del debilitamiento de la separación de poderes.

Asimismo, instó a la Presidencia de la República a reafirmar públicamente el compromiso del Gobierno con la Constitución Política, el Estado social y democrático de derecho, la independencia del Poder Judicial y los principios republicanos que sustentan la institucionalidad costarricense.

La Universidad de Costa Rica reiteró que su misión legal incluye la formación de una ciudadanía crítica y la defensa de los valores democráticos, razón por la cual consideró necesario pronunciarse ante lo que calificó como un escenario de especial preocupación institucional.

El acuerdo concluye con un llamado a la ciudadanía a reflexionar sobre el impacto que tienen los discursos emitidos desde el poder político y a preservar los principios constitucionales que, durante más de siete décadas, han sustentado el sistema democrático costarricense.

“Quisiera describirles un brutal incidente ocurrido anoche en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y pedir que los lectores interesados envíen telegramas de protesta al presidente Onganía”, así comenzó la carta escrita por Warren A. Ambrose, profesor de Matemática de la Universidad de Buenos Aires, enviada el 3 de agosto de 1966 al diario estadounidense The New York Times.

Onganía había derrocado al presidente Arturo Illia hacía tan solo un mes y emitió una ley donde se suprimía la autonomía universitaria conquistada con la Reforma de 1918. De esta forma la Universidad de Buenos Aires pasaba a estar bajo la órbita directa del Ministerio de Educación; además de disolver Consejos Superiores y Directivos y obligar a que los decanos y el rector deban responder al Poder Ejecutivo.

Este quiebre institucional hizo que docentes, graduados y estudiantes de varias facultades permanecieran en las universidades para resistir la medida. Una resistencia que derivó en la llamada “Noche de los bastones largos” donde se reprimió de forma feroz a quienes bregaban por la autonomía universitaria.

“Los palitos de abollar ideologías”

Ese 29 de julio, la Guardia de Infantería de la Policía Federal, al mando del general Mario Fonseca ingresó a cinco universidades para golpear, amedrentar y arrestar a quienes solo buscan libertad de acción y pensamiento en la universidad.

Las cifras oficiales hablan de alrededor de 300 heridos y 400 detenidos esa noche, según datos del Estado argentino. Al día siguiente, el matemático estadounidense Warren Ambrose, profesor visitante del MIT en Ciencias Exactas, denunció lo ocurrido en una carta publicada por The New York Times, que se convirtió en uno de los documentos testimoniales más citados sobre el episodio.

Warren describió el momento que vivieron: “Entonces entró la policía. Me han dicho que tuvieron que forzar las puertas, pero lo primero que escuché fueron bombas, que resultaron ser gases lacrimógenos. Al poco tiempo estábamos todos llorando bajo los efectos de los gases. Luego llegaron soldados que nos ordenaron, a los gritos, pasar a una de las aulas grandes, donde nos hizo permanecer de pie, con los brazos en alto, contra una pared. El procedimiento para que hiciéramos eso fue gritarnos y pegarnos con palos. Los golpes se distribuían al azar y yo vi golpear intencionalmente a una mujer; todo esto sin ninguna provocación. Estoy completamente seguro de que ninguno de nosotros estaba armado, nadie ofreció resistencia y todo el mundo (entre quienes me incluyo) estaba asustado y no tenía la menor intención de resistir.”

Y relató: “Estábamos todos de pie contra la pared rodeados por soldados con pistolas, todos gritando brutalmente (evidentemente estimulados por lo que estaban haciendo, se diría que estaban emocionalmente preparados para ejercer violencia sobre nosotros). Luego, a los alaridos, nos agarraron a uno por uno y nos empujaron hacia la salida del edificio. Pero nos hicieron pasar entre una doble fila de soldados, colocados a una distancia de diez pies entre sí, que nos pegaban con palos o culatas de rifles y que nos pateaban rudamente en cualquier parte del cuerpo que pudieran alcanzar. Nos mantuvieron incluso a suficiente distancia uno de otro de modo que cada soldado pudiera golpear a cada uno de nosotros”.

Onganía además inició una campaña de “depuración” en todas las universidades nacionales lo que derivó en que al menos 700 académicos fueran obligados a abandonar sus puestos de trabajo y buscar exilio en el exterior.

Renuncias masivas y fuga de cerebros

El impacto institucional fue inmediato y medible. Según la investigación realizada por la química Silvia Braslavsky y el matemático Raúl Carnota, al cumplirse cincuenta años del episodio, se señaló que en la primera semana de agosto de 1966 se registraron 1.378 renuncias de docentes en la UBA: 391 en Exactas y Naturales, 305 en Filosofía y Letras, 268 en Arquitectura, 180 en Ingeniería y el resto distribuido entre Derecho, Económicas, Medicina, Agronomía, Farmacia, Odontología y los institutos del Rectorado.

Entre quienes dejaron el país figuran nombres centrales de la vida intelectual argentina como el matemático y pionero de la informática Manuel Sadosky, artífice de la llegada de “Clementina”, la primera computadora científica instalada en una universidad latinoamericana.

A él se sumó el meteorólogo Rolando García, quien desarrollaría después la epistemología genética junto a Jean Piaget; el filósofo de la ciencia Gregorio Klimovsky; el historiador Tulio Halperín Donghi; el filósofo y ex rector Risieri Frondizi; la física Mariana Weissmann; y la psiquiatra Telma Reca, entre muchos otros. Sadosky se exilió primero en Montevideo, donde ayudó a fundar el Instituto de Cálculo de la Universidad de la República, y más tarde pasó por Venezuela y España antes de regresar a la Argentina en democracia, en 1983, como primer secretario de Ciencia y Técnica del gobierno de Raúl Alfonsín.

Un símbolo material de este quiebre democrático fue la propia Clementina; la computadora que desde 1961 había puesto a la UBA a la vanguardia regional de la computación científica y quedó desactivada tras la intervención para ser finalmente desmantelada en 1971.

Más allá de las aulas

Una investigación realizada por María Josefina Lamaisón, Santiago Garaño y Luciana Bianco documenta los efectos que la intervención militar tuvo también sobre el propio Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) entre 1966 y 1967, mostrando que la ofensiva contra la comunidad científica excedió el ámbito estrictamente universitario.

Universidades y centros de investigación de Uruguay, Venezuela, México y Estados Unidos recibieron a buena parte de esos investigadores, que continuaron carreras interrumpidas y, en varios casos, contribuyeron a fortalecer sistemas científicos vecinos. El caso de Sadosky en la Universidad de la República uruguaya es el más documentado: replicó allí el modelo del Instituto de Cálculo e impulsó la instalación de una computadora para la investigación local.

Especialistas en la historia de la ciencia argentina describen ese proceso como el inicio de un patrón cíclico de éxodos ligados a persecuciones políticas o crisis económicas impactando en el crecimiento del sistema científico argentino.

“Esta conducta del Gobierno, a mi juicio, va a retrasar seriamente el desarrollo del país, por muchas razones entre las cuales se cuenta el hecho de que muchos de los mejores profesores se van a ir del país”, aseguró Warren en su carta; alertando cómo serían los próximos años para la educación superior e investigación argentina.

Casi sesenta años después, el episodio sigue siendo una referencia obligada en cualquier debate sobre la autonomía universitaria y el financiamiento de la ciencia en la región; y un recordatorio de lo difícil que puede ser reconstruir un sistema científico que se desmantela con violencia en todas sus formas.

El reciente atentado armado contra Marvin Gámez Alaníz, conocido como “Comandante Resorte” y exmiembro de la Resistencia Nicaragüense, ha puesto nuevamente en evidencia la situación de vulnerabilidad que enfrentan los opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo más allá de las fronteras de Nicaragua.

El ataque, perpetrado en la madrugada del 26 de julio de 2026 en Trojes, departamento de El Paraíso, Honduras, dejó a Gámez con siete heridas de bala y a una mujer que lo acompañaba con dos impactos, según reportó el Instituto del Liderazgo de Las Segovias, el medio hondureño HCH y Artículo 66.

Gámez, de 58 años y originario de La Trinidad, Estelí, relató desde su cama en el Hospital Gabriel Alvarado de Danlí que fue emboscado por hombres encapuchados que se movilizaban en dos motocicletas mientras se dirigía a comprar leche.

“Me perforaron siete tiros en toda mi espalda. Y a la compañera que iba conmigo le pegaron dos. Tenemos tiempo ya de ser perseguidos por el régimen de Daniel Ortega”, denunció el excombatiente, quien asegura que desde hace cinco años vive bajo amenaza directa del gobierno nicaragüense.

El ataque ocurrió en una zona rural fronteriza que desde 2018 ha servido de refugio para decenas de nicaragüenses perseguidos por razones políticas, entre ellos antiguos miembros de la Contra. Gámez responsabilizó públicamente al régimen Ortega-Murillo de ordenar el atentado y advirtió que al menos siete de sus antiguos compañeros de armas han sido asesinados en circunstancias similares.

“No solo yo, habemos muchos comandos de la Resistencia en Trojes. Han matado como a siete amigos míos, y yo era el octavo ya. Dios me está dando una oportunidad de vida con siete tiros en mi cuerpo”, sostuvo el excombatiente, citado por HCH y Artículo 66.

El Instituto del Liderazgo de Las Segovias denunció el ataque como un posible “crimen transnacional” y pidió a las autoridades hondureñas abrir una investigación urgente.

La organización señaló que Gámez había sido amenazado previamente por integrantes de organismos de seguridad del municipio nicaragüense de Jalapa, Nueva Segovia, región fronteriza con Honduras.

“Según testimonio este atentado presumiblemente fue operado desde Nicaragua”, alertó Haydee Castillo, directora de la organización, quien también ha sufrido persecución y exilio.

El caso de Marvin Gámez se suma a una lista de atentados y asesinatos de opositores nicaragüenses fuera del país, fenómeno que ha sido documentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas. Este grupo ha advertido sobre prácticas de represión transnacional que incluyen vigilancia, hostigamiento y violencia armada contra nicaragüenses exiliados.

Entre los casos más recientes figura el asesinato de Roberto Samcam, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y crítico del régimen, ocurrido en Costa Rica en junio de 2025, así como los atentados contra Joao Maldonado en territorio costarricense y los homicidios de Rodolfo Rojas Cordero, Santiago Rivera Müller y Jaime Luis Ortega Chavarría en Honduras y Costa Rica.

La situación de vulnerabilidad de Gámez se agrava por la falta de renovación de su permiso de residencia en Honduras, hecho que él mismo denunció tras el atentado.

El excombatiente solicitó protección a las autoridades hondureñas y la intervención de organismos internacionales defensores de derechos humanos para evitar un nuevo ataque.

“Trojes, donde ocurrió el atentado, es una zona fronteriza que durante los últimos años ha servido de refugio para nicaragüenses que huyeron de la persecución política”, destaca el reportaje de Artículo 66.

Pese a la gravedad del ataque, hasta el momento no se conoce públicamente una investigación oficial que determine quiénes fueron los autores materiales o intelectuales.

Los señalamientos hacia el régimen de Nicaragua corresponden a las denuncias de las víctimas y de las organizaciones defensoras de derechos humanos, que insisten en la necesidad de acciones concretas ante lo que consideran una campaña sistemática contra la disidencia nicaragüense en el exilio.

Durante la ronda de preguntas posterior a la presentación del segundo paquete de proyectos de seguridad, la presidenta Laura Fernández aprovechó para responder a cuestionamientos sobre recientes declaraciones del mandatario Rodrigo Chaves, quien durante una actividad en Nicoya el fin de semana consultó al público si temían una eventual dictadura o el cierre del Poder Judicial.

La consulta fue planteada por el periodista de La Nación, quien pidió a la jerarca aclarar el mensaje emitido por el presidente, al considerar que las afirmaciones podían interpretarse como una referencia a la posibilidad de cerrar uno de los poderes de la República.

Fernández comenzó señalando que la conferencia estaba destinada a explicar los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, aunque aseguró que respondería la inquietud porque, según dijo, existen sectores que intentan construir una narrativa de que el Gobierno pretende romper el orden democrático.

“Hay medios como La Nación y gente enemiga del Gobierno que intenta confundir a los costarricenses indicando falsamente que yo tengo aspiraciones de convertirme en una dictadora. Así de ridículos y así de desesperados están los opositores del Gobierno", afirmó.

La mandataria sostuvo que las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo buscan fortalecer la legislación y no asumir competencias de otros poderes de la República. En ese contexto, cuestionó que algunos actores califiquen las propuestas como intentos de controlar al Poder Judicial.

Asimismo, hizo referencia a declaraciones atribuidas al fiscal general, Carlo Díaz, a quien retó nuevamente a presentar un ejemplo concreto en el que, según sus palabras, el Gobierno haya incumplido la Constitución o alguna norma del ordenamiento jurídico.

“Que me dé una sola cosa objetiva donde yo haya violado los principios constitucionales y democráticos de Costa Rica”, manifestó.

Fernández aseguró que su administración ha respetado el marco institucional y afirmó que quienes cuestionan al Gobierno, en realidad, “le tienen pavor al pueblo costarricense” que los eligió mediante el voto.

“La democracia de Costa Rica está más viva que nunca”, expresó, al tiempo que defendió los resultados electorales que dieron representación legislativa al oficialismo y sostuvo que esa es la verdadera expresión de la voluntad popular.

La presidenta también atribuyó el hecho de que el oficialismo no obtuviera una mayoría más amplia en la Asamblea Legislativa a lo que calificó como una campaña de desinformación sobre supuestas intenciones autoritarias del Gobierno.

“¿Por qué no saqué yo treinta y ocho diputados? (...) Por las mentiras que le intentaron meter en la cabeza al pueblo de Costa Rica”, señaló antes de concluir su respuesta.

Responde a sacerdote sobre impuestos e ideología de género

En otra de las consultas, Fernández reaccionó a las declaraciones del sacerdote Jason Víquez, de la diócesis de Tilarán, quien durante los actos de la Anexión del Partido de Nicoya hizo un llamado a respetar la libertad de pensamiento y expresó preocupación por eventuales modificaciones tributarias relacionadas con la canasta básica.

La presidenta aseguró que ya había conversado con el religioso y afirmó que existieron dos interpretaciones erróneas en su intervención.

En primer lugar, indicó que el Gobierno no impulsa nuevos impuestos ni pretende aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sino fortalecer la recaudación de los tributos ya existentes.

“Este gobierno no está formulando nuevos impuestos. Estamos trabajando muy fuerte en cobrar bien los impuestos, pero yo no estoy formulando aumentos en el IVA ni creando impuestos nuevos”, afirmó.

El segundo punto estuvo relacionado con temas de educación y diversidad. Fernández reiteró que mientras permanezca al frente del Ejecutivo no promoverá políticas relacionadas con la denominada “ideología de género” en el sistema educativo.

Como ejemplo, mencionó a su hija de tres años y medio para argumentar que los menores no deberían enfrentarse a discusiones sobre identidad de género en las aulas.

La mandataria también lanzó fuertes críticas contra el Frente Amplio al asegurar que no permitirá que exdiputados de esa agrupación política participen en centros educativos con el objetivo, según dijo, de adoctrinar a estudiantes.

“No voy a consentir que exdiputados del Frente Amplio se metan a las escuelas y se metan a los colegios a pretender lavarle el cerebro a los niños y a los jóvenes para volverlos comunistas”, expresó.

Fernández diferenció entre la promoción del pensamiento crítico y lo que calificó como adoctrinamiento político, e hizo un llamado a revisar el uso de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), al cuestionar la contratación de exlegisladores del Frente Amplio en universidades públicas.

El hombre que convirtió el fuego en castigo gobernó Acragante durante poco más de una década y media, y su nombre quedó grabado en la memoria colectiva del mundo antiguo como sinónimo de crueldad calculada. Fálaris, tirano de la colonia griega ubicada en la costa sur de Sicilia —la actual Agrigento—, reunió en su figura una paradoja de la historia clásica: la de un gobernante que construyó y destruyó con la misma determinación.

Su ascenso al poder, situado hacia 570 a.C., respondió al patrón de los llamados tyrannoi del mundo griego arcaico: hombres que se apoderaban del gobierno fuera de los cauces establecidos, sin legitimidad dinástica ni mandato institucional.

Según recogen Aristóteles y otras fuentes de la Antigüedad, Fálaris habría aprovechado su posición de prestigio durante la construcción de un templo para organizar el golpe que lo llevó al mando de la ciudad.

La palabra tirano no cargaba entonces el peso moral que lleva hoy. En el vocabulario político griego, designaba simplemente a quien ejercía el poder de forma irregular. Pero Fálaris terminaría siendo el caso límite, el que volvió el término sinónimo de barbarie.

Lejos de estancarse en la violencia, su reinado también dejó huellas de administración y urbanismo. Fálaris fortaleció las murallas de Acragante, promovió la construcción de edificios monumentales y mejoró el sistema de suministro de agua.

Bajo su mando, la ciudad comenzó a trazar el camino hacia el esplendor que la convertiría en una de las urbes de la Sicilia griega.

Esa tensión entre el constructor y el verdugo es lo que hace de su figura un motivo de interés persistente.

El toro de bronce y la leyenda

Pero lo que selló su memoria para la posteridad no fue ninguna obra arquitectónica, sino un artefacto. Según relata la revista National Geographic, un escultor ateniense llamado Perilo habría presentado ante Fálaris un toro de bronce de tamaño natural y completamente hueco.

El mecanismo era tan eficiente como brutal: la víctima era encerrada en su interior y el fuego encendido bajo el metal; los gritos del condenado salían transformados, por la disposición de unos tubos internos, en algo que simulaba el mugido de un animal.

La ironía que guardó la leyenda es que Perilo fue el primero en ser introducido en su propia creación. Fálaris, según la tradición, quiso comprobar el funcionamiento del artefacto con el propio inventor.

Lo sacó antes de que muriera, aunque las versiones difieren sobre lo que ocurrió después. El relato tiene la forma perfecta de la justicia poética que tanto gustaba a los autores antiguos, y eso mismo llevó a muchos especialistas a dudar de su literalidad.

La historia del toro aparece en autores como Píndaro, Diodoro Sículo, Polibio, Plutarco y Luciano de Samósata, lo que prueba su circulación extensa en el mundo antiguo. Pero la recurrencia no equivale a veracidad.

Según señala National Geographic, ninguna excavación arqueológica aportó prueba física del artefacto. Los especialistas señalaron que los tiranos derrotados eran blancos frecuentes de la literatura moral y ejemplarizante: exagerar su crueldad servía para convertirlos en advertencia, no en registro.

Aun así, la posibilidad de un núcleo real no queda descartada. Pudo haber existido un objeto ritual, una escultura ligada a prácticas sacrificiales, cuya función original fue distorsionada con el paso de las generaciones.

La caída del tirano

La reputación de Fálaris no dependía únicamente del toro. Fuentes de la Antigüedad lo acusaron también de canibalismo y de la muerte de niños, atribuciones que lo colocaron en el límite extremo de la degradación humana. Aristóteles lo usó como ejemplo de corrupción moral absoluta, y siglos después, el emperador y filósofo Marco Aurelio todavía lo citaba entre las figuras más repulsivas de la historia pasada.

Su caída, según recoge National Geographic, llegó tras unos 16 años de gobierno, de la mano de una revuelta encabezada por un personaje llamado Telémaco. Y el final que la tradición le asignó tiene la simetría que el drama antiguo exigía: Fálaris habría muerto dentro de su propio toro de bronce, quemado vivo como sus víctimas.

En medio de la creciente tensión política en Nicaragua, las declaraciones públicas de cuatro expresidentes de Costa Rica han reforzado la condena internacional al régimen de Daniel Ortega. Los exmandatarios costarricenses calificaron como dictatorial el rumbo que ha tomado el país centroamericano, tras la afirmación de Ortega de que no se celebrarán más elecciones y se cerrará el acceso a los partidos opositores. Según informaron medios como Artículo 66 y La Nación, los líderes costarricenses advirtieron sobre la consolidación de un régimen autoritario en Managua.

Entre las voces se encuentra Laura Chinchilla, quien gobernó Costa Rica entre 2010 y 2014. La exmandataria señaló la manifestación abierta del poder absoluto por parte de Ortega, quien suma casi 20 años al frente de Nicaragua. Chinchilla indicó que “el poder a punta de fraude y represión ya hablaban de su intención de perpetuarse”, según citó Artículo 66. Subrayó la preocupación por la normalidad con que la comunidad internacional acepta este tipo de prácticas, y advirtió sobre el riesgo de que otros líderes de Centroamérica repliquen el modelo autoritario.

Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica entre 2014 y 2018, también se sumó a las críticas en una publicación dirigida desde su cuenta oficial. “Ahora eso le tendrá que quedar claro a todos quienes decían, por oportunismo, pragmatismo o ignorancia, que Nicaragua tiene (y tendrá para siempre según el comandante) el gobierno ‘que su pueblo ha escogido’”, afirmó Solís en declaraciones recogidas por medios costarricenses.

El exmandatario costarricense advirtió, además, que este fenómeno trasciende las fronteras nicaragüenses y refleja la expansión global del autoritarismo, la autocracia y el desprecio por el pluralismo y los valores democráticos y republicanos. “Vivimos tiempos en donde prevalecen los ataques contra los poderes judiciales, los atentados y la deslegitimación permanente de los medios de comunicación y el fanatismo religioso negacionista”, puntualizó Solís.

A este coro de voces se sumó Óscar Arias, presidente de Costa Rica entre 1986 y 1990, y entre 2006 y 2010, quien recordó que Ortega ha cultivado una visión autoritaria desde los años ochenta. Según Arias, la idea de permanecer en el poder sin elecciones ha sido una constante en la estrategia política del mandatario nicaragüense.

La respuesta del gobierno de Costa Rica

La reacción del actual gobierno costarricense fue más mesurada. El expresidente Rodrigo Chaves reiteró que Costa Rica mantiene su compromiso democrático y la celebración de elecciones libres. “Gracias a Dios” Costa Rica es una democracia y siempre habrá elecciones. Dios mediante”, declaró Chaves a medios locales tras una reunión parlamentaria. El partido de Chaves propuso una condena formal contra Ortega en respuesta a las declaraciones recientes de Ortega.

Las condenas en la región

El rechazo internacional a la deriva autoritaria de Nicaragua se expresó en condenas diplomáticas de países de Centroamérica —Costa Rica, Panamá y Guatemala— y de Estados Unidos. En el Caribe, la República Dominicana llamó a consultas a su embajadora en Managua, mientras que Chile, Bolivia y Perú se pronunciaron en términos críticos. Por su parte, el gobierno de Brasil expresó inquietud sobre la situación, aunque con un tono más matizado.

La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, prepara un paquete de reformas que serán presentadas en agosto, con el objetivo de consolidar el control del poder tras dos décadas de presidencia de Ortega. Este escenario ha reforzado la percepción de una crisis política de alcance regional, y alimentó el debate sobre los riesgos del autoritarismo en América Latina.

Diversas organizaciones opositoras nicaragüenses en el exilio advirtieron este jueves sobre el riesgo de consolidación de un “régimen sin elecciones” en Nicaragua, tras la propuesta de la dictadura de Daniel Ortega de eliminar los comicios. En una declaración conjunta, Las organizaciones instaron a la comunidad internacional, la Unión Europea, la OEA y el sistema de Naciones Unidas a no reconocer ni legitimar ninguna medida que suprima el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus autoridades, según informó la agencia EFE.

El pronunciamiento, firmado por la Concertación Democrática Nicaragüense, Unidad Nacional, Unión Democrática Renovadora y otras cinco plataformas, se difundió después de que Ortega, en el aniversario 47 de la revolución sandinista, anunciara que “aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. La declaración sostiene que estas palabras no representan solo un gesto político interno, sino Las organizaciones denunciaron la abolición del derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus gobernantes y advirtieron sobre la consolidación de un régimen sin controles institucionales en Centroamérica.

De acuerdo con EFE, la coalición opositora dirigió su llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), al Consejo Permanente y a la Secretaría General de la ONU, así como a los ministerios de Relaciones Exteriores de América Latina. El objetivo es que se activen y fortalezcan los mecanismos previstos en el sistema interamericano frente a lo que consideran una ruptura del orden democrático.

Los firmantes recordaron que la OEA dispone de instrumentos específicos para responder ante crisis de esta naturaleza. “Su aplicación rigurosa es esencial” para evitar que en el corazón de Centroamérica se consolide un régimen sin elecciones, sin libertades y sin controles institucionales”, expresaron en el documento difundido a medios y recogido por EFE.

Las medidas que reclama la oposición

El comunicado solicita a los gobiernos democráticos y órganos competentes del sistema interamericano que adopten las medidas jurídicas y diplomáticas correspondientes, en consonancia con la Carta Democrática Interamericana. Exhortan a mantener el desconocimiento de cualquier acto orientado a suprimir el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades.

La declaración advierte que la crisis política nicaragüense trasciende el ámbito interno. “La experiencia hemisférica demuestra que cuando el autoritarismo avanza sin una respuesta, aumentan la represión, el exilio, la migración forzada y se deteriora la seguridad democrática regional”. Según los opositores, la normalización de una dictadura permanente en Nicaragua tendría consecuencias directas sobre la estabilidad política, la gobernabilidad y la seguridad de todo el continente.

Entre los efectos señalados figuran un incremento del exilio, nuevas olas migratorias y el debilitamiento del compromiso hemisférico con la democracia y el Estado de derecho. “Defender las elecciones libres en Nicaragua es defender la democracia en las Américas”, subraya la declaración.

La respuesta del régimen de Ortega

La controversia surgió después de que Ortega propusiera suprimir las elecciones, en medio de acusaciones de fraude que han marcado sus mandatos desde 2007. En respuesta, el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, aseguró que sí se celebrarán comicios, aunque bajo un nuevo marco constitucional que, según él, blindaría el proceso ante injerencias extranjeras y “traidores a la patria”.

El documento firmado por las organizaciones opositoras reitera que la crisis nicaragüense constituye un asunto de “legítimo interés hemisférico” y no un problema exclusivamente interno.

Las fuerzas opositoras consideran esencial una respuesta coordinada de la comunidad internacional. “La abolición del derecho al voto en Nicaragua sentaría un precedente para la región”, concluyó la coalición en su declaración, de acuerdo a la información de EFE.

El anuncio de la dictadura de Nicaragua, dirigida por Daniel Ortega, sobre la supresión de elecciones en el país ha generado una ola de rechazos en América Latina. Diversos gobiernos latinoamericanos han manifestado su preocupación por el futuro democrático de la nación centroamericana y han exigido el respeto al derecho fundamental de la ciudadanía a elegir a sus gobernantes. Según reportes de la agencia EFE y otros medios internacionales, las reacciones provienen de países tradicionalmente críticos del régimen y de otros que históricamente han mantenido posiciones más moderadas respecto a la crisis nicaragüense.

El gobierno de Brasil fue uno de los más recientes en pronunciarse. A través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su preocupación ante las declaraciones de Ortega e instó a las autoridades nicaragüenses a garantizar el derecho de la población a participar en comicios libres y transparentes. “La realización de elecciones libres, periódicas, plurales y transparentes constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia, valor con el que el país mantiene un compromiso profundo”, afirmó la cancillería brasileña en un comunicado difundido por EFE. El mensaje incluyó un llamado directo a que el pueblo nicaragüense conserve el derecho a elegir a sus representantes.

Bolivia también se sumó al rechazo, mediante una nota oficial que manifestó “profunda preocupación” por la iniciativa de eliminar los procesos electorales en Nicaragua. Según la Cancillería boliviana, “el pleno ejercicio de los derechos políticos y el respeto a la voluntad soberana de los pueblos constituyen pilares esenciales para fortalecer la institucionalidad democrática, la protección de los derechos humanos y la preservación de la paz y la estabilidad en la región”. El gobierno boliviano exhortó al régimen de Ortega a actuar en estricto apego a los principios democráticos y a los compromisos internacionales asumidos en el marco del Sistema Interamericano.

La respuesta de Chile se produjo en términos similares. El Ministerio de Relaciones Exteriores chileno reafirmó que las elecciones libres y periódicas son fundamentales para la democracia representativa, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana. Además, instó al régimen nicaragüense a garantizar el pleno ejercicio del derecho de su población a elegir a sus gobernantes.

Las condenas de la región

República Dominicana condenó “en los términos más enérgicos” las declaraciones de Ortega. El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano recordó que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, citando el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana.

La Cancillería dominicana calificó de inadmisible que “ningún gobierno” prive a su pueblo de la posibilidad de expresar su voluntad soberana mediante el voto y llamó a las autoridades nicaragüenses a rectificar su postura para garantizar los derechos políticos y libertades fundamentales de la ciudadanía.

La reacción de Guatemala incluyó un rechazo explícito a la supresión de las elecciones y a la eliminación de la alternancia democrática. El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco alertó que “la supresión de los procesos electorales elimina toda posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder, restringe los derechos políticos de la ciudadanía y debilita los principios del Estado de derecho”. Guatemala expresó su solidaridad con el pueblo nicaragüense y exigió el restablecimiento de las garantías democráticas.

Costa Rica también reiteró su “profunda preocupación” por el cierre de espacios cívicos y la restricción de libertades fundamentales en Nicaragua. El gobierno costarricense, que no reconoció el último proceso electoral de 2021 por la falta de garantías, recordó su apoyo constante a elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales en el país vecino. El Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense subrayó que el cierre de espacios cívicos y la persecución contra voces disidentes constituyen un retroceso democrático.

Panamá adoptó una medida diplomática adicional al llamar a consultas a su embajador en Nicaragua. La Cancillería panameña subrayó que “suprimir un derecho fundamental como es el voto representa un fuerte agravio a principios democráticos” y reiteró su llamado a respetar los derechos civiles y políticos de la población nicaragüense.

La respuesta del régimen nicaragüense

La dictadura, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, acusó a países como Guatemala y Chile de injerencismo y defendió la soberanía de sus decisiones políticas e institucionales. En varios comunicados, la Cancillería nicaragüense afirmó que “las decisiones políticas, económicas y de ordenamiento jurídico de nuestros países son propias, dignas y soberanas”.

En respuesta a las críticas internacionales, Managua adoptó un tono marcadamente confrontativo contra los gobiernos que rechazaron el anuncio de Ortega. Ante el pronunciamiento de Guatemala, la cancillería nicaragüense replicó: “Desde antes de Esquipulas, pasando por Esquipulas, y hasta hoy, el mensaje es el mismo: El respeto al derecho ajeno es la paz”.

La reacción fue similar frente a Chile. El régimen de Ortega calificó de “injerencistas” los comentarios de la Cancillería chilena y consideró que se trataba de una intromisión en procesos políticos, jurídicos e institucionales “soberanos y dignos”. “Sabemos que corresponde el más absoluto respeto a los principios de no injerencia y no intervención, en base a las consideraciones que nos debemos tener los Estados, sobre nuestras propias decisiones”, manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

Frente a la nota oficial de Bolivia, que expresó profunda preocupación por la eliminación de elecciones, la cancillería nicaragüense declaró: “Ratificamos que las decisiones políticas, económicas y de ordenamiento jurídico de nuestros países son propias, dignas y soberanas. Nunca nos hemos entrometido en los asuntos propios de otros países, y, asimismo, no nos caracterizamos por discutir el derecho de cada país y cada pueblo a decidir sobre sus caminos en toda circunstancia”.

Las críticas de organismos y de Estados Unidos

A las críticas latinoamericanas se sumaron también pronunciamientos de organismos internacionales y de Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, calificó las declaraciones de Ortega como una muestra de su “verdadera naturaleza autoritaria”.

Años antes de ser secuestrado, en una entrevista, cuando le preguntaron cómo había surgido la idea de su historieta más famosa, Héctor Germán Oesterheld respondió: “El Eternauta comenzó siendo un cuento corto, de apenas 70 cuadros. Luego se transformó en una larga historia, una suerte de adaptación del tema Robinson Crusoe. Me fascinaba la idea de una familia que quedaba sola en el mundo, rodeada de muerte y de un enemigo ignorado e inalcanzable. Pensé en mí mismo, en mi familia, aislados en nuestro chalet y comencé a plantearme preguntas”. No sabía que viviría algo muy parecido en carne propia, como tampoco podía imaginar lo anticipatorio que encerraba una frase que puso en boca del historietista – él mismo – casi al final de la primera parte de El Eternauta después de escuchar el relato de Juan Salvo, el viajero en el tiempo: “Esto significa que la nevada mortal caerá sobre la Tierra en 1963… que, dentro de cuatro años, los Ellos descargarán sobre nosotros su espantosa invasión... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para evitar tanto horror?”.

Con el tiempo, la historia del país le mostrará que, si bien acertó los hechos, erró la fecha de la invasión de los Ellos, que no será 1963 sino 1976. Tampoco Juan Salvo, el Eternauta, le habló a Oesterheld sobre la suerte que correría con la llegada de los Ellos. Quizás porque la fantasía de ningún guion de historieta era capaz de encerrar tanto horror. O tal vez tuvo piedad por su propio creador y por eso no le contó que en su viaje por la eternidad había visto cómo un grupo de tareas lo emboscaba en una calle de una ciudad llamada La Plata; que para ese momento dos de sus hijas ya estarían desaparecidas por una dictadura cuyo terror sistemático era inimaginable; que después de su secuestro, en las mazmorras, sus torturadores le dirían que también mataron a sus otras dos hijas y que entonces no le quedaría ninguna; que también desaparecerían dos de sus yernos; que uno de sus nietos sería apropiado y privado de su identidad, y que otro también, pero sería recuperado.

No le dijo nada de ese infierno personal y familiar en el que lo sumergiría la dictadura de los Ellos uniformados. No le dijo que a él, a Héctor Germán Oesterheld, lo secuestrarían el 27 de abril de 1977, en un futuro oscuro y lejano, en una ciudad llamada La Plata.

Un creador singular

Cuando lo secuestraron, Oesterheld tenía 58 años y era un escritor e historietista consagrado. También, como sus cuatro hijas, era militante de Montoneros y vivía en la clandestinidad. Nacido el 23 de julio de 1919, se recibió muy joven de geólogo, aunque casi no ejerció la profesión, a la que dejó por su verdadera vocación. Empezó escribiendo cuentos infantiles y trabajos de difusión científica, pero a principios de la década de los ’50 se volcó al género que lo haría famoso, la historieta de aventuras, donde como guionista revolucionó el mundo editorial.

Sus creaciones se convertían de inmediato en grandes éxitos: El Sargento Kirk, Ticonderoga y Ernie Pike, con dibujos de Hugo Pratt; El Indio Suárez, junto a Carlos Freixas; Randall the Killer, con Arturo del Castillo; Sherlock Time y Biografía del Che, con Alberto Breccia; Joe Zonda y Rolo, el marciano adoptivo, con Francisco Solano López, que fue también su socio creativo en El Eternauta. “Oesterheld y yo nos conocimos en los ‘50 en Editorial Abril, colaborando en Misterix, que era la revista estrella de la época, con una tirada semanal de 220.000 ejemplares. Héctor era un guionista muy respetado que hacía dos historietas de mucho éxito: El Sargento Kirk, dibujada por Hugo Pratt, y Bull Rocket, que dibujaba yo. Eran dos héroes norteamericanos”, recordó de esos primeros tiempos Francisco Solano López en una entrevista que le hice en 2008.

Entusiasmado por esos éxitos, Oesterheld pensó en tener una editorial propia, con la orientación que él quería darle, con personajes argentinos. Invitó a Hugo Pratt, a Francisco Solano López y a otros dibujantes a acompañarlo en la aventura. En Editorial Frontera nació, por ejemplo, Rolo, el marciano adoptivo, una historieta de ciencia ficción, dibujada por López, cuyo protagonista era el maestro de la escuela, presidente del club del barrio y líder de la barra del café. Salió con el lanzamiento de una de las revistas, Hora Cero, y la catapultó al éxito. En otra de las revistas, llamada Frontera como la editorial, creó otro personaje de ese tipo, Joe Zonda, un “cabecita negra” mendocino, de Chacras de Coria, que había aprendido a hacer de todo por correspondencia, desde armar radios a pilotar aviones.

Estos personajes coexistían en las revistas con héroes de western o con Ernie Pyke, que era un corresponsal de guerra. Oesterheld ofrecía una variedad de propuestas a los lectores, mezclando sus nuevas creaciones bien argentinas con personajes extranjeros de probado éxito. “Eran dos revistas mensuales pero, como la idea andaba muy bien, nos propuso hacer una semanal, para competir con Misterix. Allí, en Hora Cero Semanal, salió por primera vez El Eternauta, con mis dibujos, y al poco tiempo Misterix había bajado de 220.000 a 40.000 ejemplares semanales, el resto lo habíamos capturado nosotros. A mí personalmente, y creo que lo mismo a Héctor, nos divertía mover esos personajes con características típicas de los héroes aventureros, pero con los tics propios de la nacionalidad, de las relaciones y de los dichos argentinos”, me dijo Francisco Solano López en aquella charla.

El héroe eterno y colectivo

Cuando se publicó la primera entrega de El Eternauta, fue un éxito inmediato. Se la promocionaba como “la historia del hombre que viene de regreso del futuro, que lo ha visto todo, la muerte de nuestra generación, el destino final del planeta”. Eran los tiempos de la autodenominada Revolución Libertadora y la historieta, de alguna manera, transmitía cierto clima que se articuló con el de la época. Francisco Solano López siempre sostuvo que ni él ni Oesterheld pensaron esa primera versión de El Eternauta con alguna intencionalidad política. “En todo caso, fue un producto de la casualidad y del inconsciente colectivo que anidaba en nuestras personalidades y se manifestaba en nuestro trabajo y que, a su vez, se encontraba con la sensibilidad y cierta manera de captar el relato que podían tener los jóvenes de la época. Porque la existencia de una dictadura militar, de persecuciones políticas, de resistencia a la interrupción de la democracia permitían esas lecturas”, me explicó.

El Eternauta tendría dos versiones más, una en 1969 y otra en 1976. En ellas el contenido político ya era manifiesto. López volvió a asociarse con Oesterheld para continuar la saga del personaje en 1976. Al dibujante no lo convencía el enfoque, pero igual lo hizo. “Héctor había seguido a sus hijas en su militancia en Montoneros e incluso había integrado el comité ejecutivo del diario Noticias, donde también había publicado una tira diaria, La guerra de los Antartes. Desde esa posición, cuando le ofrecieron hacer la continuación de El Eternauta hizo un eternauta montonero. A mí no me gustaba, lo veía mal. No soportaba a los militares, pero pensaba que en una sociedad estructurada como la argentina la lucha armada no podía tener el mismo resultado que en otros países con estructuras más simples, como Cuba o Nicaragua. El resultado fue catastrófico y lo vemos hoy, a Oesterheld lo asesinaron y nos faltan 30.000 muchachos que serían la base para que todo nos fuera mucho mejor. Pero no están, no existen, los desaparecieron. Los sobrevivientes no alcanzan”, me dijo el dibujante en aquella charla de 2008, poco antes de su muerte.

Una familia destrozada

Para julio de 1977, cuando Héctor Oesterheld estaba viviendo en La Plata en la más absoluta clandestinidad, sus hijas Beatriz y Diana ya habían “perdido” a manos de la dictadura. Beatriz, secuestrada en junio de 1976, cuando tenía 21 años y estaba en una relación amorosa con Carlos “Juan sin Tierra” Della Nave. También Della Nave fue secuestrado tres meses después. “Juan sin Tierra” había colaborado con Rodolfo Walsh en tareas de intercepción de comunicaciones para la Inteligencia de Montoneros.

La segunda hija, Diana Oesterheld, había sido capturada en Tucumán en agosto de 1976 cuando tenía 22 años y estaba embarazada de seis meses. En su libro Los Oesterheld, Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami sostienen que la tuvieron mucho tiempo en Tucumán y que no pueden confirmar lo que algunos sugieren: que la hayan trasladado a Campo de Mayo para parir. Héctor, su padre, supo antes de ser secuestrado que Diana estaba embarazada. El cuerpo de Diana nunca apareció. A su compañero, Raúl Araldi, cuadro montonero, lo mataron en Tucumán. Tenían un hijito de un año, Fernando, que los militares dejaron en la Casa Cuna de esa provincia.

En septiembre de 1976, cuando además de Beatriz habían desaparecido Diana y su compañero, el Ejército allanó la casa de Oesterheld de Beccar. Elsa estaba acompañada de la mujer que hacía las labores domésticas, María Arce García, quien dio testimonio de ese allanamiento. Tanto Elsa como María dijeron que no solo buscaban a Héctor, sino que un oficial dijo a Elsa: “a sus hijas las vamos a matar a todas”.

A Héctor Germán Oesterheld lo “levantó” un grupo de tareas el 27 de julio del año siguiente en una calle de La Plata. Según se pudo reconstruir por testimonios de sobrevivientes, el autor de El Eternauta pasó por los centros clandestino de detención y tortura de Campo de Mayo, El Vesubio y El Sheraton. Su estado de salud se fue deteriorando progresivamente, más aún después de que sus torturadores le contaran, regocijándose, las muertes de sus otras dos hijas.

Estela, la mayor, fue sorprendida por un grupo de tareas el 1° de julio de 1977, intentó escapar y le dispararon. La cargaron herida en una camioneta rumbo al hospital de Adrogué. Su compañero, Raúl “el Vasco” Mórtola, había caído unas horas antes en el mismo operativo. Todo indica que fue fusilado cuando intentaba esconderse en una casa. Oesterheld también supo que la última de las chicas, Marina, fue secuestrada en noviembre de 1977, embarazada de ocho meses, junto a su compañero, Alberto Seindlis.

En su testimonio ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), en 1984, el psicólogo Eduardo Arias dio testimonio de haber compartido cautiverio con el creador de El Eternauta. Fue a fines de diciembre de 1977, cuando Oesterheld llevaba ocho meses en condiciones de prisionero. Arias contó que los guardias les permitieron sacarse las capuchas y les dieron un cigarrillo como regalo de Navidad además de unos minutos para confraternizar y conversar.

Los últimos en verlo con vida fueron los sobrevivientes Javier Casaretto, Arturo Chillida y Juan Carlos Benítez, que habían sido secuestrados a fines de 1977 y permanecieron en El Vesubio hasta mediados de enero de 1978. Los tres coincidieron en que tenía la cabeza vendada y que su salud empeoraba a ojos vista.

La vuelta de Juan Salvo

Los restos de Héctor Germán Oesterheld no han sido recuperados ni identificados. Cuando se cumplen 49 años de su secuestro, el creador de El Eternauta continúa siendo un desaparecido. Con los años, las lecturas políticas se multiplicaron, abonadas también por una frase de Oesterheld que resignificó la historia: “El héroe verdadero de El Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir intimo: el único héroe válido es el héroe ‘en grupo’, nunca el héroe individual, el héroe solo”. A principios de este siglo, incluso se lo “peronizó” caricaturizando al expresidente Néstor Kirchner con el traje que Juan Salvo fabrica para enfrentar a la nevada mortal.

En 2019, al cumplirse el centenario de su nacimiento, Elsa y sus dos nietos, Martín Mórtola Oesterheld y Fernando Araldi, donaron a la Biblioteca Nacional el contenido de una valija con historia. En esa valija, durante años, Elsa guardó – y escondió de la represión dictatorial - cuentos, guiones, microrrelatos, sueltos informativos, apuntes e ideas apenas insinuadas, índices y sumarios, posibles cronogramas de entrega, proyectos (muchos de ellos finalmente sin concretar), algunas frases ininteligibles, textos sin título, sin referencias ni fecha, que Héctor había escrito. Con ellos se realizó la muestra “Palabra de Oesterheld”, donde por primera vez el público pudo verlos.

En abril del año pasado, el estreno de la miniserie de Netflix acercó al personaje creado por Oesterheld a nuevas generaciones de argentinos y lo hizo conocido en todo el mundo. Dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín, la serie conserva mucho del primer guion de El Eternauta y de la personalidad del Juan Salvo original, pero trae la historia a este siglo y le agrega elementos de actualidad.

Para poder filmarla, los productores debieron aceptar las condiciones que pusieron los herederos de Oesterheld y de Solano López para ceder los derechos. Unas condiciones que a él le habrían gustado: que la serie fuera filmada en Buenos Aires, donde transcurre la historia original, y que estuviera hablada en el castellano porteño con el que Oesterheld hacía hablar a sus personajes.

La hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud, escribió François de la Rochefoucauld, moralista francés. Esto es especialmente cierto en política. Los autócratas suelen organizar elecciones ostentosas. Estas pueden ser fraudulentas, como en Rusia o Irán, pero permiten a los gobernantes afirmar que gobiernan por consentimiento popular, lo que les confiere una apariencia de legitimidad tanto a nivel nacional como internacional.

Por lo tanto, es sumamente inusual que el líder de un país que celebra elecciones diga: ¡Basta ya! Sin embargo, eso fue precisamente lo que hizo Daniel Ortega, copresidente de Nicaragua, el 19 de julio. "Aquí no habrá más elecciones", anunció, mientras la atención mundial estaba centrada en la final del Mundial de Fútbol. Se quejó de que los partidos de oposición querían utilizar las elecciones «para tomar el poder», que, en efecto, es el objetivo de las elecciones.

Nicaragua no es un país grande, pero este punto de inflexión retórico es importante. A nivel mundial, la democracia ha estado en retroceso durante aproximadamente dos décadas. El peor deterioro se ha producido en lugares que eran libres o parcialmente libres y que gradualmente se han vuelto menos libres, a medida que líderes sedientos de poder han presionado a los medios de comunicación, socavado los tribunales y perseguido a la oposición. Según Freedom House, una organización de vigilancia, Nicaragua es el segundo país que más ha retrocedido en los últimos 20 años, después de Malí. El Sr. Ortega fue elegido democráticamente en 2006, pero luego se dedicó a desmantelar todas las instituciones que podían desafiarlo. Encarceló a sus rivales. Obligó a los medios de comunicación a elogiar la pésima poesía de su esposa y copresidenta, Rosario Murillo. Aproximadamente una décima parte de la población huyó.

Hasta ahora, sin embargo, el señor Ortega ha permitido elecciones, aunque fraudulentas. En esto se ha comportado como otros aspirantes a autócratas, que manipulan las elecciones en lugar de cancelarlas. Incluso los líderes golpistas suelen decir que celebrarán elecciones “tan pronto como las circunstancias lo permitan”.

Ahora Ortega se ha quitado la máscara, afirma Félix Maradiaga, excandidato presidencial al que se le retiró la ciudadanía y fue deportado, dejando claro lo que sus compañeros se habían visto obligados a ocultar: que no se someterán a la voluntad del pueblo. Presumiblemente, lo ha hecho con la esperanza de que esto no provoque una respuesta contundente de Estados Unidos, país que en su día se preocupó por la democracia en su propio territorio. Si Nicaragua se convierte formalmente en un Estado de partido único y no sufre consecuencias diplomáticas, como parece probable, otros países podrían seguir su ejemplo.

Además, Nicaragua pone de manifiesto dos problemas que probablemente se agravarán con el declive global de la democracia. Primero, los líderes que no pueden ser destituidos envejecerán en el cargo. El Sr. Ortega tiene 80 años. Quizás su deterioro mental haya contribuido a su última declaración polémica. Segundo, está la sucesión. La transferencia pacífica del poder es complicada en una dictadura. El Sr. Ortega quiere que su impopular esposa asuma el poder cuando él muera, y luego su igualmente odioso hijo.

Esta es una combinación tóxica. Los gobernantes vitalicios de edad avanzada rara vez mejoran con el paso de las décadas, y las dinastías impuestas a ciudadanos reacios rara vez son una fórmula para un buen gobierno. Basta con preguntarle al pueblo de Uganda, donde el hijo del dictador de 81 años y jefe del ejército ha amenazado con castrar al principal líder de la oposición. O, dependiendo de dónde vivas, quizás puedas pensar en un ejemplo más cercano.

La diferencia entre amañar elecciones y abolirlas puede parecer trivial, pero no lo es. Mientras los gobernantes finjan respetar las normas democráticas, los disidentes pueden intentar exigirles que cumplan con sus propios estándares declarados y avergonzarlos cuando no lo hagan. Y mientras se celebren elecciones, existe la posibilidad de que el líder autoritario cometa un error de cálculo y pierda. A veces, la voluntad popular prevalece a pesar de las condiciones desiguales, como descubrió Viktor Orbán en Hungría este año, y como lo descubrió el Sr. Ortega cuando unas elecciones libres pusieron fin a su primer mandato en 1990. Por lo tanto, el mundo debería preocuparse por el precedente que se está sentando en Managua. Incluso en las autocracias, los demócratas deberían seguir insistiendo en el más básico de los derechos: elegir a sus propios gobernantes.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

El movimiento opositor Renacer, una agrupación de opositores en el exilio, denunció que la dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha abandonado de forma explícita el sistema democrático tras anunciar que no se realizarán nuevas elecciones generales. Según información difundida por EFE, la organización aseguró que el Ejecutivo dejó de simular la existencia de competencia política y gobierna sin el consentimiento de los ciudadanos.

Durante el 47 aniversario de la revolución sandinista, Daniel Ortega manifestó públicamente que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”. Estas declaraciones, recogidas por EFE, confirmaron la consolidación de un modelo de poder centralizado en la figura de la pareja, que ejercen funciones desde 2007 y 2017 respectivamente. Murillo fue designada copresidenta en febrero de 2025 mediante una cuestionada reforma constitucional.

La agrupación Renacer, integrada por opositores en el exilio, interpretó este anuncio como la culminación de un proceso de concentración absoluta del poder en manos del círculo presidencial. Según el comunicado, el cierre de la vía electoral responde a una serie de reformas institucionales implementadas en 2025, que eliminaron los contrapesos, ampliaron el período presidencial e instauraron la copresidencia y subordinó al Estado a una estructura familiar.

Renacer afirmó: “Mientras él permanezca en el poder, no existen las condiciones mínimas para un proceso democrático. Sin garantías, sin libertades, sin competencia política y con el resultado decidido de antemano, las elecciones dejan de ser un mecanismo de soberanía popular para convertirse en un instrumento de legitimación de la dictadura”, afirmó el movimiento, según consigna la agencia EFE.

Ortega, exguerrillero sandinista de 80 años, mantiene el control del país en medio de acusaciones de fraudes electorales y represión contra la disidencia. Desde su regreso al poder en 2007, el régimen ha enfrentado denuncias por eliminar a la oposición y coartar la libertad de prensa, según lo documenta EFE. El contexto político nicaragüense se caracteriza por la concentración de poder y el uso de reformas para mantener la hegemonía oficialista.

El impacto de la reforma constitucional

La reforma constitucional de febrero de 2025, que oficializó la copresidencia de Murillo, constituyó un punto de inflexión en el andamiaje institucional del país. Según EFE, esta modificación permitió al matrimonio presidencial ejercer un dominio sobre las instituciones estatales y los mecanismos de control.

El grupo opositor en el exilio consideró que, frente a estos hechos, toda expectativa de una transición política basada en elecciones organizadas por el régimen resulta inviable. “La libertad de Nicaragua no será una concesión del régimen, sino el resultado de la determinación de un pueblo organizado que no renunciará a recuperar su República”, consignó Renacer en su declaración, reproducida por EFE.

Reacciones de la sociedad civil y organismos internacionales

Diversos sectores de la sociedad civil y organismos internacionales han expresado preocupación ante el cierre del espacio cívico y la falta de garantías para la participación política en Nicaragua. La Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos han emitido informes sobre la situación de derechos humanos en el país, señalando la ausencia de condiciones para comicios libres y competitivos.

Hasta el momento, la dictadura nicaragüense no ha emitido nuevas declaraciones sobre posibles reformas políticas.

Daniel Ortega declaró este domingo en Managua que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones en las que la oposición dispute el poder.

Lo dijo durante el acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista y cerró la vía electoral hacia los comicios previstos para noviembre de 2027, los primeros bajo la nueva Constitución.

La frase la pronunció ante una multitud durante el acto por el aniversario de la revolución sandinista que en 1979 derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle. “¡Que se olviden! Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, sentenció Ortega.

Desde el exilio, el opositor desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro respondió en un audio enviado a los medios: Ortega “se ha quitado una máscara más, la que no quiere bajo ninguna circunstancia que vuelvan a elecciones en Nicaragua”.

La respuesta del exilio

Chamorro, economista y uno de los siete precandidatos presidenciales que el régimen encarceló antes de los comicios de 2021, fue desterrado en febrero de 2023 junto con otros 221 presos políticos en un vuelo directo a Washington.

El régimen los declaró “traidores a la patria”, los inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos y les quitó la nacionalidad mediante una reforma constitucional aprobada en sesión de emergencia el mismo día de su expulsión, según documentó BBC News Mundo.

Para el opositor, el anuncio de Ortega no es una sorpresa sino la confirmación de una convicción que el mandatario ha sostenido durante años: que los partidos políticos “dividen a las sociedades”.

“Probablemente lo que está pensando Ortega es en un sistema de designaciones internas, como ocurre en China, donde los funcionarios son escogidos dentro del propio partido”, interpretó Chamorro en declaraciones recogidas por El País.

Chamorro también sostuvo que Ortega “se ha envalentonado” frente a Estados Unidos y “se atrevió a decir lo que siempre ha pensado: no someterse a elecciones, aún así sea robándoselas".

Qué implica el anuncio

El analista político en el exilio Eliseo Núñez planteó una lectura del anuncio, citada por El País: “Ortega juega a los hechos consumados. Si en algún momento las presiones lo obligan a negociar, ya no partirá del punto de que en Nicaragua existen elecciones que deben ser libres y competitivas. Ahora el punto de partida será que simplemente no hay elecciones”.

El abogado opositor Juan Diego Barberena, cuyo título profesional fue cancelado recientemente por el régimen, afirmó a El País que lo novedoso “no es que las elecciones dejen de ser libres”, sino que Ortega anuncia que “ni siquiera las elecciones fraudulentas, las pantomimas que organizaban, van a realizarse”. Para Barberena, el mensaje apunta a “la perpetuación del poder de forma dinástica".

Para concretar el cierre electoral, Ortega anunció que trabajará con la Asamblea Nacional para aprobar leyes que “pongan un muro, un bloque” a cualquier partido que pretenda llegar al Gobierno por la vía electoral.

El sistema político bajo Ortega

Ortega, de 80 años, acumula el poder en Nicaragua desde 2007. Las elecciones presidenciales de 2021 ilustran el sistema que ahora formaliza: todos los precandidatos con posibilidades reales fueron encarcelados antes de los comicios y el binomio Ortega-Murillo se adjudicó el 75.92% de los votos.

Estados Unidos calificó aquellos comicios de “pantomima”; otros gobiernos y organismos internacionales desconocieron su legitimidad.

Desde 2017, Ortega gobierna junto a su esposa Rosario Murillo, quien era vicepresidenta y fue designada copresidenta en febrero de 2025 mediante una reforma constitucional que, según expertos de la ONU citados por medios brasileños, dio “un golpe final al Estado de derecho” en el país.

La misma reforma eliminó los límites de mandato, extendió el período presidencial a seis años, subordinó el poder judicial y legislativo al ejecutivo y legalizó los grupos paramilitares que en 2018 fueron señalados de matar a más de 350 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La presión internacional y la crisis

La crisis política nicaragüense comenzó en abril de 2018, cuando protestas contra una reforma al sistema de seguridad social desembocaron en una represión que dejó más de 300 muertos, según la ONU. El régimen la calificó de intento de golpe patrocinado por Washington.

Desde entonces, Estados Unidos ha impuesto sanciones financieras contra decenas de funcionarios y entidades vinculadas al poder. En marzo pasado, el Departamento de Estado declaró que su estrategia busca restaurar el Estado de derecho y propiciar “un cambio de comportamiento”, sin descartar nuevas sanciones.

“Todas las opciones siguen sobre la mesa”, advirtió un portavoz, según El País.

Chamorro interpretó el desafío de Ortega como una reacción directa a esa presión internacional: el mandatario está respondiendo a las demandas opositoras y a la comunidad occidental, que exigen la vía democrática como única salida a la crisis. “Y es por ello que Ortega dice: no”, concluyó el opositor desde el exilio.

El dictador Daniel Ortega declaró que en Nicaragua no volverá a haber elecciones para que la oposición no acceda al poder. Ortega lo dijo durante un acto en Managua por el 47 aniversario de la revolución sandinista y anticipó que impulsará leyes para impedir cualquier intento opositor de gobernar.

Durante el acto, Ortega sostuvo que en Nicaragua no se celebrarán más elecciones que puedan abrir la puerta a que la oposición llegue al poder. “Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, expresó ante sus simpatizantes.

Minutos antes, de manera tirana señaló que la sangre derramada en las protestas de 2018 fue una lucha de la policía orteguista, jóvenes y voluntarios “para evitar un golpe de estado”.

Desde 2007, Nicaragua está bajo el régimen de Ortega, presidente desde 2007, exguerrillero sandinista de 80 años. Desde 2017 comparte el control con su esposa, Rosario Murillo, quien fue designada copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo.

Las nuevas medidas contra la oposición

En su discurso, Ortega apuntó contra los opositores exiliados, a quienes calificó de “agazapados” y acusó de buscar el poder para su propio beneficio económico.

También afirmó que trabajará junto a la Asamblea Nacional y con otras organizaciones afines para desarrollar leyes que impidan cualquier intento de la oposición de acceder al poder. “Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las organizaciones correspondientes las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis (EE.UU.), no podrán”, señaló Ortega.

La reforma constitucional

En febrero de 2025, el régimen de Ortega puso en marcha una reforma a la Constitución Política de Nicaragua. La medida eliminó el sistema de equilibrio de poderes y otorgó el control del Estado a Ortega y Murillo, lo que recibió críticas de la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, el Parlamento Europeo y sectores de la oposición nicaragüense, constata EFE.

La enmienda constitucional extendió el período presidencial de cinco a seis años, creó la figura de “copresidenta”, dispuso que el Ejecutivo coordine los demás órganos del Estado —que ya no son considerados poderes independientes— y legalizó la apatridia.

De acuerdo con el calendario electoral previo a la reforma, Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. Con las modificaciones constitucionales, el período presidencial se amplió y, en teoría, los comicios tendrían lugar en noviembre de 2027.

La acusación de Estados Unidos contra Murillo

En enero de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Rosario Murillo de haber creado el cargo de “copresidenta” sin que existiera un proceso electoral, sin mandato y sin legitimidad, expone la agencia EFE.

Las autoridades estadounidenses sostuvieron que Murillo sabía que no podría ganar en un proceso limpio y transparente. También señalaron que tanto Murillo como Ortega han negado a la población nicaragüense el derecho a elegir democráticamente a sus gobernantes y advirtieron que el poder basado en la represión y la manipulación constitucional no refleja la voluntad del pueblo nicaragüense.

Félix Maradiaga sostuvo que Nicaragua atraviesa una ventana de oportunidad para salir de la dictadura de Daniel Ortega, aunque advirtió que ese margen depende de la presión internacional, de las fracturas internas del régimen y de la capacidad opositora para articular una estrategia común frente a un sistema que, según describió, pasó del autoritarismo competitivo a un cierre total tras las protestas de 2018.

En una entrevista con Canal Antigua, el opositor, analista político y autor de Nicaragua: la ventana entreabierta afirmó que el exilio debe dejar de leerse como una derrota y convertirse en una plataforma de acción política. En ese marco, aseguró que uno de cada cinco nicaragüenses vive desplazado fuera del país y que esa diáspora puede funcionar como una red para internacionalizar la denuncia sobre la situación interna.

Maradiaga presentó a Nicaragua como un caso que ya no afecta solo a su población, sino al conjunto de Centroamérica. Su argumento es que el régimen de Ortega opera en alianza con Rusia, el Partido Comunista de China e Irán, mientras el campo democrático actúa de manera fragmentada.

El exilio, las alianzas del régimen y la presión internacional

El dirigente opositor planteó que la comunidad internacional es una de las variables decisivas para cualquier transición. A su juicio, la principal ventaja de Ortega fue moverse durante años fuera del foco geopolítico, pese a que, según dijo, convirtió a Nicaragua en una plataforma de inteligencia y espionaje ruso y en un punto de tráfico de personas.

Maradiaga también vinculó la coyuntura actual con factores internos del poder. Señaló que Ortega supera los 80 años y que la variable biológica, junto con posibles fisuras dentro del oficialismo, influye sobre los escenarios futuros. Añadió que el mandatario no logró consolidar un heredero aceptado dentro del sandinismo y que eso abre una contradicción para las fuerzas armadas y para la propia estructura partidaria.

Según explicó al medio, ese cuadro convive con una “resistencia silenciosa” dentro del país. Mencionó la persecución religiosa, la organización clandestina, el trabajo de periodistas que informan desde el exilio y la persistencia de redes sociales y comunitarias que, pese al cerco estatal, mantienen activa la oposición social.

En su descripción del desmontaje institucional, resumió tres mecanismos centrales: el control del poder judicial, la destrucción de los partidos de oposición y la subordinación del poder económico. A eso sumó el control de la prensa, el uso de grupos paramilitares y la corrupción como piezas del mismo esquema.

Puso como ejemplo una medida reciente: el 10 de julio, al menos 2.000 abogados fueron despojados de sus protocolos, sellos y licencias, de acuerdo con lo que relató en la entrevista. Para Maradiaga, ese episodio forma parte de una estrategia de casi dos décadas para capturar la justicia y eliminar cualquier resguardo del Estado de derecho.

Una economía que crece apoyada en remesas y expulsión

Maradiaga cuestionó la lectura de los indicadores macroeconómicos como prueba de normalidad. Dijo que, según el Banco Central de Nicaragua, el país creció más del 4%, mientras el Banco Mundial estimó 3,8%, pero sostuvo que esa expansión no refleja una economía sana.

Su explicación es que una parte sustancial del funcionamiento económico descansa en la salida forzada de población y en el envío de dinero desde el exterior. Afirmó que las remesas representan al menos 30% del PIB y que en el último año sumaron casi USD 5,800 millones, una cifra que atribuyó a estadísticas del banco central.

El opositor agregó que la estructura económica también se sostiene en el extractivismo minero y en la devastación de bosques. Desde esa perspectiva, sostuvo que una transición política exigiría también reconstruir el mercado, restablecer el respeto a la propiedad privada y permitir que la actividad económica funcione sin interferencia arbitraria del Estado.

En ese punto, insistió en que salir de Ortega no equivaldría por sí solo a desmontar el sistema. Su advertencia fue que el país necesita recuperar no solo libertades cívicas, sino también condiciones básicas para el trabajo por cuenta propia, la protección patrimonial y la propiedad intelectual.

El riesgo de un “orteguismo sin Ortega”

Maradiaga describió como el escenario más delicado la continuidad del régimen sin su actual jefe. Lo definió como un posible “orteguismo sin Ortega”: una transferencia del poder hacia Rosario Murillo, Laureano Ortega u otras figuras del círculo oficialista, incluso bajo fórmulas de copresidencia.

Según su análisis, la muerte o incapacidad de un líder no implica necesariamente la caída del sistema. Para sostener esa idea comparó el caso nicaragüense con la continuidad del poder en Cuba tras Fidel Castro y con Venezuela después de Hugo Chávez.

También afirmó que Ortega regresó al poder en 2006 favorecido por la división de las fuerzas democráticas. Recordó que ganó con 38% de los votos, mientras 62% eligió otras opciones, y sostuvo que hoy ya no conserva ese respaldo. En su estimación, el oficialismo podría moverse entre 18% y 20%, aunque esa cifra fue presentada como cálculo político suyo y no como dato de un estudio.

Sobre la Iglesia católica, dijo que el régimen la percibe como la última voz con autoridad moral capaz de cuestionar al poder. En ese contexto, señaló que en Nicaragua se cerraron más de 5,000 organizaciones no gubernamentales, más de 25 universidades y se expulsó a la Cruz Roja Internacional, a Naciones Unidas, a la OEA y a varias misiones diplomáticas.

Maradiaga extendió esa descripción a otras confesiones religiosas. Afirmó que, además del hostigamiento a obispos católicos como Rolando Álvarez y Silvio José Báez, también existe persecución contra iglesias protestantes y contra la Iglesia morava.

La oposición, la juventud y el sistema regional

El autor de Nicaragua: la ventana entreabierta afirmó que el país sigue teniendo una posibilidad real de cambio, pero condicionada a una mayor coordinación entre actores opositores. Dijo que esa unidad debe incluir a ciudadanos que alguna vez votaron por el sandinismo y que no participaron en crímenes ni abusos.

Al hablar de las nuevas generaciones, recordó que las protestas de abril de 2018 surgieron de la rebelión estudiantil. Para él, ese antecedente prueba que años de propaganda oficial no lograron desactivar la demanda de libertad entre jóvenes, trabajadores y sectores populares.

También pidió revisar el lugar de Nicaragua en el entramado regional. Sostuvo que el país no debería seguir dentro del Sistema de la Integración Centroamericana ni acceder a instancias como el Banco Centroamericano de Integración Económica o el Parlamento Centroamericano mientras mantenga, según dijo, incumplimientos con la OEA y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Como señal de respaldo externo, mencionó una declaración reciente del Parlamento Europeo impulsada por fuerzas liberales, verdes, populares y de otros espacios, que calificó al régimen como ilícito e ilegítimo y reclamó revisar la relación de asociación con Europa. También dijo que la oposición nicaragüense mantuvo reuniones en Washington, Bruselas, Ginebra y Madrid para presentar una hoja de ruta de transición democrática.

La Embajada de Estados Unidos en Managua advirtió sobre la posibilidad de interrupciones y riesgos para los ciudadanos estadounidenses durante las celebraciones del feriado nacional del 19 de julio en Nicaragua. Esta fecha, reconocida como día festivo gubernamental, suele estar acompañada de marchas y concentraciones masivas en Managua y otras ciudades del país, lo que podría aumentar la probabilidad de incidentes entre civiles y fuerzas de seguridad.

Según informó la Embajada de Estados Unidos, se prevé que la semana del 19 de julio registre una alta presencia de manifestaciones y bloqueos en las principales vías de la capital y otros puntos del territorio nicaragüense. El organismo diplomático señaló que, aunque se espera que las actividades sean pacíficas, recomienda actuar con prudencia, evitar grandes aglomeraciones y mantener un estado de alerta permanente. “No fotografíe ni grabe en video a la policía, personal militar, marchas o manifestaciones. Hacerlo puede atraer la atención no deseada de las autoridades y anteriormente ha resultado en la detención o confiscación de dispositivos”, advirtió la sede diplomática.

Las recomendaciones incluyen evitar cualquier tipo de participación en manifestaciones, ya que los extranjeros, incluidos los ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense-nicaragüense, pueden enfrentar arrestos o expulsiones si son identificados en protestas. La Embajada de Estados Unidos recordó que el gobierno de Nicaragua puede tratar a quienes tengan doble nacionalidad solo como nicaragüenses, lo que limitaría el acceso consular ante una detención.

El aviso subraya la importancia de no intentar cruzar grupos masivos o barricadas, así como de contar con suministros suficientes de alimentos y agua ante posibles interrupciones. Además, se recomienda revisar la vigencia del pasaporte, que debe tener al menos seis meses antes de expirar, y mantenerse informado a través de los medios locales.

La alerta también menciona que condiciones similares podrían repetirse en Managua entre el 1 y el 10 de agosto, durante las festividades de Santo Domingo, el santo patrono de la ciudad. En ese periodo se esperan eventos religiosos y civiles, con la consecuente presencia de multitudes y operativos de seguridad.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, Nicaragua mantiene un Aviso de Viaje de Nivel 3, que aconseja reconsiderar los viajes al país debido a la posibilidad de aplicación arbitraria de las leyes, limitaciones en la atención médica y el riesgo de confiscaciones o detenciones injustas. “Aconsejamos a todos los ciudadanos estadounidenses reconsiderar viajar a Nicaragua”, reiteró la representación diplomática.

Vale recordar que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo limitó las actividades deportivas masivas de esa fecha, o sea la final del Mundial de Fútbol 2026, para evitar aglomeraciones durante la celebración del aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista. Mientras, el sector de bares y restaurantes permanece en vilo.

Para obtener más información, la Embajada recomienda a los ciudadanos estadounidenses utilizar su navegador de servicios consulares, comunicarse telefónicamente en caso de emergencia y suscribirse al Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés). Los canales oficiales en WhatsApp, Facebook y X también ofrecen actualizaciones constantes sobre la situación en el país.

El 30 de junio, participé en una reunión de líderes de la oposición democrática nicaragüense organizada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington, D.C.

Las luchas del pueblo nicaragüense son personales para mí. Fui expulsado de Nicaragua en 2016 por la dictadura Ortega-Murillo mientras realizaba un viaje de investigación en el país.

También he trabajado con la oposición democrática de Venezuela en su lucha contra el régimen chavista. Esa experiencia me deja escéptico sobre las perspectivas a corto plazo para restaurar la democracia en cualquiera de los dos países.

Un historial de represión y riesgo estratégico

El caso de la oposición es tanto moral como estratégicamente convincente. Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y grupos de derechos humanos han documentado las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses por parte del régimen Ortega-Murillo y su derecho democrático a la autodeterminación.

Estas incluyen el asesinato, encarcelamiento y tortura de cientos de personas tras las protestas de 2018, el secuestro de las elecciones de 2021, la criminalización de partidos de oposición y de más de 1,500 organizaciones no gubernamentales, la expulsión de disidentes, y el despojo de su ciudadanía y propiedades.

El régimen también ha dado refugio a líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y ha ofrecido asilo a funcionarios de izquierda acusados de corrupción, incluidos los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

Desde un punto de vista estratégico, Nicaragua se ha convertido en uno de los principales anfitriones de adversarios de Estados Unidos en la región.

Ha recibido tropas rusas en repetidas ocasiones desde el regreso de Ortega al poder en 2007, junto con bombarderos rusos con capacidad nuclear y con instalaciones de comunicaciones espaciales y de entrenamiento policial. Empresas chinas han emprendido proyectos opacos de construcción y minería, incluidos en el puerto de Corinto y el aeropuerto de Punta Huete, sitios que podrían servir a las fuerzas armadas chinas en tiempos de guerra.

La ocupación por Nicaragua en 2010 de territorio en disputa a lo largo del río San Juan y su recepción de fuerzas rusas han sido señaladas repetidamente como amenazas por vecinos, incluida Costa Rica.

Estos riesgos coinciden estrechamente con las prioridades establecidas por la administración Trump en su nueva Estrategia de Seguridad Nacional y Estrategia de Defensa Nacional, que sitúan a Nicaragua dentro del enfoque de la "Gran Norteamérica" promovido por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Los supuestos vínculos del régimen con el crimen organizado y su antecedente de albergar a líderes terroristas lo hacen relevante para el enfoque de la administración en el narcoterrorismo.

Lo mismo ocurre con su papel en facilitar el tránsito de más de 700,000 migrantes hacia Estados Unidos, incluidos los ingresos que recaudó de los vuelos de migrantes haitianos.

Por qué el momento no es propicio

A pesar de estos peligros, las condiciones en Nicaragua, como en Venezuela, aún no son adecuadas para una transición democrática.

Prácticamente toda la oposición organizada, desde la Iglesia Católica hasta la sociedad civil y los líderes políticos, ha sido criminalizada, torturada, expulsada o forzada al exilio.

Las fuerzas de seguridad y el ejército, junto con las élites empresariales que sobreviven, están ellas mismas implicadas en la corrupción del régimen y en las violaciones a los derechos humanos.

Para muchos integrantes del régimen, una transición democrática que pudiera exponerlos a un enjuiciamiento parece más peligrosa que la continuación de la dictadura.

La próxima elección en Nicaragua está programada para 2027, pero la oposición aún no se ha unificado ni ha construido la base institucional necesaria para presentar una alternativa creíble.

Una abertura estrecha

La posibilidad más interesante de cambio es la transición generacional en curso, de Daniel Ortega y Rosario Murillo a sus hijos, especialmente Laureano Ortega, a medida que la salud de ambos líderes envejecidos se deteriora.

Algunos miembros de la oposición nicaragüense sostienen que sandinistas marginados por esta sucesión podrían provocar una división dentro del sandinismo, una que la oposición podría aprovechar si logra construir unidad y cultivar lazos con internos del régimen descontentos.

Para ello, argumentan, sería necesario ponerse de acuerdo en un programa limitado de transición democrática, entablar contactos discretos con sandinistas desilusionados y otras figuras del régimen, y ofrecer garantías de que los funcionarios que apoyen una transferencia pacífica de poder no enfrentarán el mismo trato que aquellos responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Por qué la presión externa podría no ser suficiente

Un apoyo externo decisivo sigue siendo improbable en el corto plazo. Europa ha ofrecido declaraciones y sanciones, pero no está en posición de actuar de manera decisiva si se produce una apertura política tras las elecciones de 2027.

En Washington, otras prioridades, incluido Venezuela, Medio Oriente y Cuba, podrían retrasar la atención sostenida a Nicaragua, aunque el país encaje perfectamente en las preocupaciones estratégicas declaradas por la administración.

Estados Unidos podría ampliar las sanciones existentes, potencialmente apuntando a Ortega personalmente, o tomar medidas para expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio de América Central.

Un observador bien ubicado sugirió, en declaraciones extraoficiales, que Washington podría intentar cooptar a Laureano Ortega, tolerando su consolidación del poder y enriquecimiento a cambio de cooperación y acceso empresarial, una estrategia que sería similar a la adoptada con Delcy Rodríguez en Venezuela.

Como en Venezuela, un acuerdo pragmático de este tipo probablemente dejaría sin resolver la ilegitimidad y corrupción subyacentes del régimen, además de su acogida a actores extranjeros hostiles.

Una acción más decisiva de Estados Unidos es poco probable antes de que Washington resuelva desafíos más urgentes en Irán, Venezuela y Cuba. Las elecciones de medio término de noviembre añaden aún más incertidumbre: un Congreso más empático y el deseo de la administración de lograr una victoria en política hemisférica podrían aumentar la importancia de Nicaragua, mientras que la reticencia a abrir un nuevo frente antes de las elecciones podría igualmente relegarla en la agenda.

El sufrimiento del pueblo nicaragüense es inmediato. La amenaza que representa el régimen Ortega-Murillo para sus vecinos y los intereses estratégicos de Estados Unidos es real.

Pero por ahora, el mejor curso de acción de la oposición es construir unidad con los desertores sandinistas actuales y futuros, profundizar las coaliciones internacionales y la concienciación pública, y prepararse para el momento en que las condiciones internas e internacionales se alineen para una acción decisiva y unida que restore la democracia nicaragüense y ponga fin al papel del país como punto de apoyo para los rivales de Estados Unidos en el hemisferio.

R. Evan Ellis es investigador principal no residente en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Su libro más reciente, China Engages Latin America: Distorting Development and Democracy, ha sido publicado por Palgrave Macmillan. Las opiniones expresadas son únicamente las del autor.

Organizaciones opositoras nicaragüenses en el exilio pidieron a España que no invite a la dictadura de Nicaragua a la XXX Cumbre Iberoamericana, prevista para el 4 y 5 de noviembre de 2026 en Madrid. El reclamo fue enviado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una carta difundida por EFE y confirmada por 100% Noticias.

Los firmantes sostuvieron que la presencia de representantes de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo supondría la legitimación internacional de “un régimen señalado por graves violaciones a los derechos humanos y el quiebre del orden democrático en Nicaragua”. La carta fue respaldada por más de una decena de agrupaciones.

Entre los firmantes figuran la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Unión Democrática Renovadora, la Articulación Feminista de Nicaragua, la Fundación Puentes para el Desarrollo en Centroamérica y el Movimiento Autónomo de Mujeres.

Los opositores expresaron su “sorpresa y preocupación” tras conocerse la reciente reunión entre Albares y el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada. Según EFE, recordaron que la situación en Nicaragua sigue marcada por “graves violaciones a los derechos humanos, la liquidación de todos los espacios democráticos y de las libertades de los nicaragüenses”, hechos denunciados por organismos internacionales.

Como respaldo a sus reclamos, citaron el informe más reciente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentado en junio de 2026. “En junio de 2026, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) expresó su preocupación por la escalada de la represión política en nuestro país, subrayando especialmente el uso de la violencia sexual y de género como arma política, así como su consternación por las muertes de presos políticos bajo custodia del Estado y por el número de víctimas de la desaparición forzada”.

También recordaron que el Parlamento Europeo recomendó recientemente “iniciar acciones penales contra la dictadura de Nicaragua por los crímenes de lesa humanidad cometidos”. Sumaron además la declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobada a finales de junio en Panamá, en la que manifestó una “profunda preocupación” por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país y la erosión de la separación de poderes.

La referencia al conflicto con España

La carta también denunció la expulsión arbitraria del embajador y del primer secretario de la Embajada de España en Managua, junto con varios cooperantes españoles, registrada en enero de este año. Según EFE, las autoridades nicaragüenses confiscaron los equipos de trabajo y las pertenencias personales de los diplomáticos y cooperantes expulsados.

Para los movimientos opositores, excluir a la delegación oficial de Nicaragua de la próxima Cumbre Iberoamericana sería una medida coherente con los principios democráticos y el respeto a los derechos fundamentales, además de una señal de respaldo a las víctimas de la represión y a la sociedad civil nicaragüense.

Los firmantes apelaron al compromiso histórico de España con la democracia y los derechos humanos, y advirtieron que “no contribuir a la legitimación internacional de un régimen que continúa ignorando sus obligaciones internacionales” aportaría al aislamiento diplomático del régimen de Ortega y Murillo.

La decisión pendiente del Gobierno español

La XXX Cumbre Iberoamericana reunirá a jefes de Estado y representantes de 22 países de América Latina, España y Portugal. La decisión sobre la participación o exclusión de la delegación nicaragüense quedará en manos del Ejecutivo español, que hasta el momento no se pronunció oficialmente sobre el pedido, según EFE y 100% Noticias.

La detención del obispo emérito de Estelí, Juan Abelardo Mata Guevara, el 29 de junio de 2026, coincide con nuevas denuncias sobre la represión contra la Iglesia Católica en Nicaragua. El ex Encargado de Negocios de Estados Unidos en Managua, Kevin O’Reilly, en su columna de opinión, describe una dinámica de control y hostigamiento estatal que se profundiza desde hace años.

Según Kevin O’Reilly, ex Encargado de Negocios de Estados Unidos en Managua, la detención de Mata confirma que el régimen no tolera la disidencia ni la independencia de la Iglesia Católica. La dictadura nicaragüense “ha dejado claro que no tolera ni la disidencia ni el pensamiento independiente; que vive con miedo de todas las actividades sociales que no puede cooptar o controlar; y que teme sobre todo la independencia de las iglesias, particularmente la Iglesia Católica”. O’Reilly subraya que la acción policial ocurrió cuando Mata, de ochenta años, se encontraba en una clínica de Estelí para un chequeo médico relacionado con su marcapasos.

Tras ser trasladado a la prisión El Chipote, en Managua, fue liberado y nuevamente detenido menos de 24 horas después. Hasta ahora, existen versiones que sitúan al obispo bajo arresto domiciliario en Tisma, su ciudad natal, aunque la “censura impide confirmar esta información”.

Juan Abelardo Mata Guevara fue obispo auxiliar de Managua y obispo de Estelí. O’Reilly recuerda que Mata fue designado en 1988 como obispo auxiliar de Managua por el papa Juan Pablo II y en 1990 como obispo de Estelí. Al cumplir 75 años, presentó su renuncia en julio de 2021, en conformidad con el derecho canónico. Ese mismo día, el papa Francisco designó al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, como administrador apostólico de Estelí.

Cómo se extendió la persecución a otros religiosos

La persecución no se limita a un solo nombre: alcanza a obispos, sacerdotes, seminaristas, miembros de órdenes religiosas, medios católicos y fieles vigilados en sus parroquias. El análisis de O’Reilly detalla que Rolando Álvarez fue puesto bajo arresto domiciliario en 2022, encarcelado en 2023 y expulsado de Nicaragua en enero de 2024.

Meses después, el Vaticano nombró como encargado de la diócesis de Estelí al padre Frutos Valle Salmerón, quien también fue confinado por las autoridades en el Seminario Mayor de Managua. “Las funciones pastorales básicas de la Iglesia continúan, pero limitadas bajo la atenta y represiva mirada del aparato policial de la dictadura”, resume O’Reilly.

Otros prelados, como Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua; Isidoro Mora Ortega, obispo de Siuna; y Carlos Herrera, obispo de Jinotega, viven hoy en el exilio junto a decenas de sacerdotes, seminaristas y miembros de órdenes religiosas.

Según el exdiplomático, el motivo de la reciente detención estaría vinculado con declaraciones de Mata durante una misa el fin de semana del 28 de junio, cuando pidió oraciones por la “Iglesia perseguida” y por Álvarez y Valle Salmerón.

“Unas autoridades políticas que tuvieran más confianza en su proyecto político, o cualquier confianza en absoluto, no perderían los nervios de manera tan dramática cuando un prelado jubilado dice en voz alta, aunque de manera breve, lo que millones de nicaragüenses sienten en sus corazones todos los días”, escribe el diplomático.

Según el boletín, “llega mucho más allá de la Iglesia Católica y se extiende a todos los aspectos de la vida social: iglesias evangélicas, organizaciones sociales, instituciones benéficas, instituciones educativas desde escuelas primarias hasta las universidades; el Estado intenta imponer su voluntad sobre todas ellas”. O’Reilly advierte que tolerar este nivel de control “es tolerar la destrucción de cada aspecto de la sociedad civil, o su desaparición en la clandestinidad”.

Quién es Kevin O’Reilly

O’Reilly fue Encargado de Negocios en Managua. Kevin O’Reilly y su análisis circula en medios internacionales y plataformas especializadas. Desde su experiencia, sostiene que la situación nicaragüense “vive a la sombra de lo que ocurre en Venezuela y Cuba, pero cuando la dictadura caiga en crisis, los efectos se expandirán rápidamente desde Managua, con consecuencias más allá de Nicaragua”.

Esta historia podría empezar con la llegada de Vicenta Orrego y Julio Ramírez, un matrimonio paraguayo que buscó refugio en la Argentina a comienzos de 1970 después de huir de la dictadura de Alfredo Stroessner, al conurbano bonaerense. Se instalaron en Bernal Oeste, en el partido de Quilmes. Vicenta atendía un almacén; Julio, albañil, trabajaba en la construcción. Se hicieron una casa, tuvieron tres hijos: Carlos, que nació en 1971; María, en 1972; y Mariano, en 1974. Julio participaba activamente de la Sociedad de Fomento del barrio y consiguió que instalaran el agua corriente. Vicenta colaboraba con sacerdotes para el Tercer Mundo y organizaba actividades para los niños. Eran felices. Hasta que en 1974 se llevaron preso a Julio “por posesión de propaganda subversiva”. Le dieron tres años de cárcel. Se quedaría seis.

“Todo nuestro camino al infierno se inicia ahí”.

La que habla es María Ramírez, la hija del medio. A quien habla es a Mónica Szurmuk, docente e investigadora de Conicet y autora de Malmö. Una historia argentina, un libro que gira sobre su testimonio y recupera un caso poco explorado del terrorismo de Estado, el de los niños que fueron víctimas del Hogar Casa de Belén, un sitio siniestro donde llevaron a hijos de desaparecidos.

Esta historia podría empezar con la que Mónica Szurmuk escogió como escena inicial de su relato: “El vecino de enfrente la vio salir. Menudita, con el bebé en brazos, un trapo blanco en la mano. Se estaba entregando.

Antes, había pedido un alto al fuego y había apoyado un colchón en la ventana para sacar a los otros chicos: María, de cuatro años, y Carlos, de cinco. Carlos estaba sangrando: lo había rozado una bala.

Vicenta los abrazó y les dijo que siempre estuvieran juntos. A Mariano, lo alzó.

Salió en camisón. Había brisa y mucha neblina.

Le dispararon en la cabeza.

Cayó junto al bebé. Uno de ellos apartó el cuerpito del nene con una patada. Después se acercó y lanzó una ráfaga de ametralladora sobre la madre. ‘Juan Carlos, volteé a una’, gritó satisfecho. Había matado a Vicenta Orrego Mesa delante de sus tres hijos”.

Podría empezar con el momento en que la autora conoce a María Ramírez personalmente, cuarenta y siete años después del asesinato de su madre, en el aeropuerto de Copenhague. De donde partirán juntas en dirección a Malmö, la ciudad sueca en la que vive Ramírez, la que le da nombre al libro.

O con las condenas emitidas en 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, que dictó prisión perpetua para el exministro bonaerense Jaime Lamont Smart, para el excomisario y jefe del centro clandestino de detención Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk, y para los expolicías bonaerenses Armando Antonio Calabró, Rubén Oscar Chávez, Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli y José Augusto López, por homicidios agravados. Y cinco años de prisión a quien era secretaria judicial, mano derecha de la jueza ya fallecida Marta Delia Pons, que disponía el encierro y la retención de los menores en el Hogar Casa de Belén, “por el ocultamiento y la alteración de la identidad de los hermanos María Ester, Carlos Alberto y Mariano Alejandro Ramírez”. Confinados entre 1977 y 1983 en ese recinto ubicado en Banfield por disposición del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, después del asesinato de su madre, mientras su padre cumplía condena como preso político.

O con María ya en Växjö, la ciudad de Suecia a la que se fueron cuando su padre pudo rescatarlos de ese infierno —y donde aún viven Julio y sus hermanos—, la primera vez que se vio ante un lienzo en blanco, después de que por recomendación de su terapeuta se anotara en un curso de pintura y el docente le diera un espejo y una consigna que la enfrentó consigo misma: pintar un autorretrato. Cuando, como si le hubieran ofrecido una sesión de exorcismo, María purgó su historia por primera vez.

O con la foto de ella junto a sus hermanos de pequeños, donde se los ve emponchados para combatir el frío del invierno. La misma que María tiene colgada en su casa, en el cuarto en el que pinta. La que debe haber sido la última antes de que mataran a su madre, antes de que se los llevaran al Hogar Casa de Belén, los privaran de su familia y los marcaran para siempre. La foto que es, también, tapa del libro.

O con el instante en el que los tres hermanos Ramírez llegaron al Hogar Casa de Belén. A María “le sacaron los aritos de oro y la ropa que le había elegido su mamá. A ella y a sus hermanos les dijeron que, desde ese momento, tenían que llamar ‘mamá’ a Dominga Vera y ‘papá’ a Manuel Maciel” —escribe Szurmuk—. Era la pareja a cargo de la casa en la que vivieron entre trece y quince niños judicializados. Cinco de ellos víctimas directas del terrorismo de Estado: la policía y los militares habían desaparecido o asesinado a sus padres.

Todos los comienzos son posibles. Todos construyen Malmö. Una historia argentina, en la que Mónica Szurmuk expone los pedazos y presenta, siguiendo tres líneas siempre fragmentadas, una imagen, un testimonio, una denuncia de lo vivido por los hermanos Ramírez (y por otros niños) durante la represión dictatorial. Y también el camino que anduvo para narrarla (los años de investigación académica, las conversaciones con sus protagonistas, el encuentro con María en Suecia, lo que le sucedía en el proceso), y algunos recortes de lecturas que la ayudaron a escribir.

“No me gustaba la comida. Me castigaban y me hacían ir a comer con los perros. Me sacaban al patio y tenía que comer en el patio, en el plato de los perros. Era un asco. Pero hasta los perros me parecían más humanos que la gente”.

La voz es de una mujer. No es la de María, pero la recrea: es un corto de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que narra su historia. El relato, se explica abajo, es reconstruido a partir de la información de la causa judicial. La pieza tiene una animación delicada e impactante y se titula: El día que perdimos el habla. Hogar de Belén, episodio I.

“Llegamos el 14 de marzo de 1977”. Sigue. “Mientras dormíamos la policía y el Ejército entraban a casa, en Lomas de Zamora. Mataron a mi mamá, Vicenta Orrego Mesa, y a dos compañeros de militancia de ella. Mis hermanos y yo teníamos dos, cuatro y cinco años de edad. Una semana más tarde nos llevaron al Hogar de Belén, un hogar de menores que dependía del arzobispado de Banfield. Dominga Vera y Manuel Maciel eran los directores. Así entramos al infierno”.

“Supe de la existencia de la Casa de Belén por Clara, una de mis mejores amigas del colegio”, reconstruye Mónica Szurmuk en Malmö. “Sus padres, que eran feligreses en la parroquia, se entusiasmaron con la propuesta del cura de abrir una casa de guarda que complementara al Hogar Pereyra y fueron parte del grupo fundador. ‘Los chicos van a vivir con una familia’, me contó Clara en una hora libre. ‘Va a ser hermoso’”.

Mónica Szurmuk vivía en el barrio en el que funcionaba el Hogar de Belén y supo de él desde el comienzo.

—Este hogar es fundado por la iglesia de la zona, y yo tenía una compañera cuya familia iba a misa a esta iglesia —cuenta la autora en diálogo con Infobae—. Por eso estaban enterados de este lugar que, en ese momento, parecía una buena idea porque, a diferencia del orfanato del barrio (porque había un orfanato que de hecho sigue funcionando) donde los niños están en una situación más institucional, la propuesta era que los chicos se iban a criar en una familia; numerosa pero una familia. Que no iban a vivir en una institución si no en un chalecito de barrio, que iban a ir caminando a la escuela parroquial, que iban a ir caminando al club de barrio. Lo que pasa es que las personas que ponen a cargo de esta casa, el que era la figura paterna, era un tipo que sus propios hijos dicen que ya era violento con ellos. O sea que ponen a criar a estos niños a un hombre muy violento, con conexiones con gente muy violenta. Desde el primer día los chicos son maltratados, son abusados. Y además hay otra gente que tiene acceso a la casa y a los chicos. Entonces María es abusada no solo por el apropiador y por su hijo, sino por otros hombres que entran y tienen relaciones con la familia. No sé ni siquiera cómo decirlo. Desde el principio, esta casa está signada por una cosa terrible.

“Nadie recuerda exactamente cuándo Dominga Vera, Manuel Maciel y sus tres hijos, Patricia, Sandra y Jorge, llegaron a vivir a la casa de Pueyrredón 1547, donde aún funciona el Hogar Casa de Belén”, escribe Szurmuk en Malmö. “Nadie sabe quién los eligió para que fueran padres sustitutos. Muchos sospechan que fue idea del cura, que conocía a Manuel porque lo había contratado para que hiciera algunos trabajos de albañilería. Manuel ya tenía una historia de violencia. Según su hija Sandra era “bruto a más no poder”.

“Los castigos en la Casa de Belén”, enlista la autora en el texto:

“Comidas en silencio obligado

Comidas junto a los perros

Insultos

Palizas

Golpizas con garrotes, cinturones, maderas

Manoseos

Violaciones

Obligación a dar sexo oral

Hundimiento de la cara en el inodoro

Amenazas con armas”.

“Durante siete años sufrimos abusos sexuales, humillaciones, maltratos de parte de los Maciel y de otras personas con permiso de ellos —habla en primera persona la voz que encarna la de María en el corto sobre el caso—. Siempre todo era tenso y violento. No podíamos hablar entre nosotros. Tampoco jugar. Mi hermano Mariano, el más chico, dejó de hacerlo: se quedó sin habla. Para ocultarnos nos cambiaron el apellido y nos mintieron: nos decían que papá y mamá nos habían abandonado para que nos olvidáramos de ellos”.

Carlos, María y Mariano vivieron ahí desde 1977 hasta 1983.

Mónica Szurmuk era una adolescente cuando la dictadura. Había crecido en el barrio y madurado inquietudes respecto a lo que había ocurrido en ese sitio.

—Cuando empecé a atar cabos fui a hablar con las Abuelas [de Plaza de Mayo], todavía en dictadura, pensando que me iban a decir “no, ese lugar no tiene nada que ver”. Y ellas ya sabían del caso, ya conocían el lugar, se habían entrevistado con la jueza de menores que estaba a cargo de estos chicos, que los había internado ahí —recuerda.

Tiempo después, ya devenida investigadora, comenzó a indagar en el Hogar de Belén como parte de un proyecto en el que trabajaba dentro de la Universidad Nacional de San Martín, que a la vez forma parte de una red internacional que aborda temas de educación, justicia y memoria.

—Tenemos un grupo que trabaja en secundarias públicas con un proyecto que se llama Cartografías íntimas en comunidad y propone recorridos por sitios de memoria en Lomas de Zamora que luego son tramitados, repensados a través de obras artísticas. Los chicos hacen un recorrido y luego hacen murales, hacen un taller de archivo, talleres de podcast, de fotografía, de escritura creativa. Yo estaba involucrada en esto y además venía leyendo los expedientes judiciales. Entrevisté a fiscales, a los psicólogos del Cels y a las abogadas que acompañaron el caso al principio. Cuando fue el juicio, que finalmente se realizó en 2022 y 2023, empecé a tener mucho más interés en escribir sobre este caso. Hice un taller en Anfibia con Sonia Budassi sobre migración y escribí sobre María, que es un poco la protagonista del libro. De los tres hermanos, ella ha sido siempre la que ha hablado con los medios, la que ha participado de eventos públicos y además es pintora: ha traído sus cuadros y los ha exhibido acá. Y digo traído porque la familia sigue viviendo en Suecia. Entonces el nombre del libro, que es Malmö, tiene que ver con la ciudad donde vive, donde ella construyó su vida adulta. Yo entrevisté a María allá.

Fragmento a fragmento, esos de los que se compone el libro a pedido específico de la autora —que se noten— ella reconstruyó el devenir de los hermanos Ramírez. En especial, de María.

—Apenas el padre se entera del asesinato de su mujer, él empieza a hacer gestiones desde la cárcel. Llama a la familia, que es paraguaya, y le pide a la hermana y a la madre que vengan a reclamar a los chicos —cuenta—. Ellas vienen inmediatamente y se instalan en la zona donde tenía potestad la jueza y piden la guarda. No se las dan. El padre de los chicos, que estaba como preso legal, es liberado en 1980. Como él era paraguayo, no se le permite quedarse en el país, se le da la opción de ser deportado a Paraguay, pero por la historia misma que lo trajo a su exilio argentino no podía volver a su país y consigue refugio político en Suecia. Desde Suecia, con el apoyo de organizaciones internacionales como Amnesty, la Cruz Roja y luego con el apoyo del Cels, empieza a reclamar la tenencia de los chicos y los recibe recién en 1983. Es la última decisión de la Corte Suprema en dictadura. Él se reencuentra con los chicos en diciembre de 1983, cuando ya había asumido Alfonsín.

Militares y policías, en nombre del Estado, apresaron a su padre, asesinaron a su madre, los arrancaron de su familia, les cambiaron el apellido, los vejaron de todas las formas posibles, les negaron todo contacto con su abuela y su tía que no dejaron de clamar por ellos.

—La tía, en algún momento que en la casa hay un evento y está abierta, logra entrar y acercarse a uno de los chicos y decirle que es la madrina —cuenta Szurmuk—. Es una familia que siempre sigue reclamando a los chicos y que pasa años sin poder reencontrarse con ellos. Incluso cuando llega la tía de Paraguay, la asistente social que va a visitar la casa recomienda que los chicos sean otorgados a su familia, a la tía con su marido y a la abuela. Y la jueza dice “esa pericia no me sirve”, la cajonea y manda a otra persona. Si no los chicos, en poquitos meses, hubieran podido vivir con su tía.

“Papá estaba preso desde 1974, era un preso político”, dice la voz que encarna la de María en el corto y retoma sus palabras en el juicio. “Un día llamó a su hermana, mi tía Lucila, que vivía en Paraguay, y le pidió que nos buscara. Pero la jueza Marta Delia Pons, del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, le dijo que no tenía dinero para mantenernos y darnos de comer y que nunca iba a recuperarnos. Pasó mucho tiempo. Pero finalmente, por suerte, no tuvo razón”.

“En diciembre de 1983 —narra otra voz, ahora masculina, hacia el final del corto de la Secretaría de Derechos Humanos— Julio Ramírez se reencontró en Suecia con sus tres hijos: Carlos Alberto, María Esther y Alejandro Mariano. El daño que sufrieron ellos y otros niños y niñas en el Hogar de Belén dejó secuelas que perduran hasta el presente. El juicio por los crímenes del Hogar de Belén juzgará hechos cometidos contra nueve víctimas. Hay trece imputados por apropiación y abuso sexual de menores de edad así como por el homicidio de Vicenta Orrego Mesa, José Luis Alvarenga y María Florencia Ruival”.

Según supo Mónica Szurmuk, apenas se lo permitieron, Julio Ramírez viajó a buscar a sus hijos y se los llevó con él, directo a Ezeiza. Y de ahí a Suecia, de donde no regresarían. Crecieron en Värjö, una ciudad pequeña en el sur del país nórdico en la que no había muchos sudamericanos ni vínculo con el pasado. Aún así, no cejaron de reclamar justicia.

Por qué los retuvieron, por qué no se los entregaban a su familia si las personas a su cargo no deseaban criarlos ni protegerlos si no lo contrario, qué buscaban con los niños, por qué querían quedarse con ellos, es una más entre las infinitas sinrazones de los años atroces.

Tampoco la investigadora pudo elaborar alguna explicación posible.

—Es una de las cosas que me quedó muy pendiente. Yo quería tener acceso al legajo personal de la jueza para entender de dónde venía el ensañamiento con estos chicos. Ella, ya después del retorno a la democracia, es entrevistada por Magdalena Ruiz Guiñazú y le dice: “Yo hice todo bien”. “Yo, a los chicos a los que vinieron a buscar, los devolví”. Y es la misma jueza que a las Abuelas de Plaza de Mayo les dice que ella jamás les iba a entregar un chico.

“Todas esas experiencias que uno tuvo en ese tiempo son como las de guerra. La apropiación de nosotros, el cambio de identidad, porque nos cambiaron, quitarnos nuestros padres, el abuso personal y sexual son, como el tráfico de niños, para mí —es mi sentimiento personal— es una exterminación equivalente al genocidio. Y era esto lo que pasaba en ese tiempo. Esta casa era como una cárcel. Y cuando uno escucha cosas en los medios o gente de alto rango que dice que para destruir una nación hay que destruir primero a los niños, entonces estamos muy mal. Hay mucha gente mala todavía y por eso hay que exponerlos. Son cosas que no se borran de la cabeza de uno… adentro. Y cómo uno le comenta a su hijo o a su hija estas cosas… El relato de lo que pasó en este ataque, el 14 de marzo, lo puedo comentar tranquilamente. Pero los abusos y todo eso, es como tragarse una piedra”.

Con acento extranjero y voz oscilante, Carlos Ramírez declaraba en el juicio por los crímenes del Hogar Casa de Belén. Para la fecha en la que se desarrolló el proceso, entre 2022 y 2023, la pareja que estaba a cargo de la casa entonces, los Maciel, ya habían muerto. También el cura al que se le ocurrió la iniciativa de la casa de guarda y los puso allí. También la jueza Marta Delia Pons. Todos terminaron sus vidas con impunidad. De todas formas hubo condenas y condenados.

—Hubo muchísimas condenas —resalta Szurmuk—. Se condenó a todos los imputados, incluso a la secretaria del juzgado que está en arresto domiciliario. Ni la jueza ni el cura llegaron a ser juzgados nunca, pero se condenó a los militares y policías de la Bonaerense que estuvieron involucrados en el asesinato de la madre. Se unieron dos causas para el juicio de dos operativos en marzo del 77 y los que fueron imputados habían participado en los dos. Todos ya estaban presos o en arresto domiciliario por otras causas. Y hay una imputada civil que es la secretaria de la jueza, a la que también se le dio una condena por sustracción de la identidad de un menor de 10 años, repetida en varios casos. Porque se demostró que la secretaria era la mano derecha de la jueza y que estaba presente en todas estas situaciones.

Hoy, María se reencuentra con ella. Con esa historia, la que pudo empezar a contar con un espejo enfrente y un lienzo en blanco que la interrogaba, vuelta libro. Y es otra. La pintura, la familia que formó lejos de la tierra donde tuvo miedo, el juicio, transformaron su experiencia. La convirtieron en algo más.

Una vez que sostuvo un pincel y sacó de sí lo que había dentro, no volvió a soltarlo. Aunque su trabajo principal es la enfermería —cuidar a otros—, también es pintora. En 2024 expuso sus cuadros —que cambiaron de tonos después del juicio— en Buenos Aires, en el edificio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Y en esos días argentinos, otro hito clave: la señalización de la esquina de Nother y Santa Cruz, en Almirante Brown, donde el 14 de marzo de 1977 habían asesinado a su madre, como “esquina por la memoria”. Donde chicos del barrio habían pintado en grandes dimensiones una imagen de uno de sus cuadros: El operativo. Y donde había un espacio en blanco que aguardaba por ella. Ahí María registraría, pincel en mano, la dirección: Nother 5100.

“El juicio de 2023 —narra Szurmuk en su libro— cerró la historia y la puso a María en contacto brutal con ella. Y también le dio paz, nuevos colores para pintar, sueño reparador. Y le devolvió a su mamá”.

El libro la inscribió dentro de un cuadro que ya integraba: el de un pasado que, medio siglo después, sigue buscando justicia.

“Su sola presencia infundía terror. Al monstruo lo conocimos desde chicos, no es que fue un papá dulce y luego se convirtió. Vivimos muchos años conociendo el horror. Y ya en la adolescencia duplicado, el de adentro y el de afuera. Por eso es que nosotros también fuimos víctimas (…) Portar un apellido así es como que te obliga a sostener lo que hizo, y eso no se lo permito más. Aparte, nunca existió un vínculo real con él. Me produjo inconmensurables angustias, huellas de traumas infantiles, a eso se le suma lo que todos nos fuimos enterando sobre su rol criminal en el terrorismo de Estado. Fue la encarnación del mal en todos los ámbitos”, dijo de Miguel Etchecolatz su propia hija cuando decidió cambiar su apellido para dejar de vivir bajo su sangrienta sombra.

Cuando el excomisario Etchecolatz murió, a los 93 años, el sábado 2 de julio de 2022 seguía sin haber dado una sola muestra de arrepentimiento por los crímenes que cometió durante la dictadura. Al contrario, continuaba jactándose de ellos cada vez que debió sentarse en el banquillo de los acusados en los nueve juicios por delitos de lesa humanidad en los que fue condenado a prisión perpetua, en 1986, 2004, 2006, 2014, 2016, 2018, 2020, 2021 y 2022, y que fueron unificadas en una pena única de reclusión perpetua. No solo eso, era evidente que gozaba ocultando la información que podría haber por lo menos aliviado el dolor de las familias de sus víctimas.

El rol de Etchecolatz

Su papel en el aparato del Estado terrorista instalado en la Argentina después del 24 de marzo de 1976 se puede definir en pocas palabras: fue el hombre clave del “Circuito Camps”, montado por el coronel Ramón Camps cuando se hizo cargo de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Como el policía de mayor jerarquía y mano derecha del militar, Etchecolatz se convirtió en el verdadero jefe operativo del aparato represivo bonaerense en el marco del plan sistemático de desaparición de personas perpetrado por la dictadura.

Como tal manejó una red de 29 Centros Clandestinos de Detención y Tortura (CCDyT), la mayoría de ellos ubicados en dependencias de la propia policía bonaerense, en los que estuvieron detenidas ilegalmente –y en muchos casos nunca más aparecieron– miles de personas. Chupaderos como “Arana”, “El Pozo de Banfield”, “El Pozo de Quilmes”, “Comisaría Quinta”, “Puesto Vasco”, “El Sheraton” y el más sofisticado de todos, “La Cacha”, formaron parte de sus dominios.

Por ellos pasaron, entre muchas otras víctimas de la represión ilegal, los estudiantes secuestrados en “La Noche de los Lápices”; el director del diario La Opinión, Jacobo Timerman; los integrantes del Grupo Graiver y el llamado “Grupo de los 7″, los jóvenes militantes detenidos-desaparecidos a quienes el capellán de la Bonaerense, el cura Christian Von Wernich, pretendió hacer colaborar mediante engaños y promesas de libertad.

El siniestro funcionamiento del “Circuito Camps” ha sido reconstruido en detalle por los sobrevivientes en sus declaraciones durante los juicios de lesa humanidad. Una vez secuestradas por los grupos de tareas, a las víctimas se las trasladaba a los diferentes centros clandestinos –podían pasar por varios de ellos– donde eran torturadas e interrogadas, en ocasiones durante meses. Luego se decidía su destino: unas pocas eran liberadas, otras eran desaparecidas y en muchos casos se las asesinaba y luego se fraguaban las circunstancias de sus muertes, haciéndolas pasar como “abatidas en un enfrentamiento”. Para esto último, los médicos de la morgue policial firmaban falsos certificados de defunción que permitían sus enterramientos “legales” como NN en el Cementerio de La Plata y los de otras localidades de la provincia.

Testimonios estremecedores

El genocida Etchecolatz era un confeso admirador del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, pero a diferencia de su ídolo, que manejaba el exterminio desde el cómodo escritorio de su despacho, prefería participar de las torturas y los asesinatos luego de que sus grupos de tareas secuestraran a las víctimas.

Su manera de actuar fue descripta con terrorífica precisión por Jorge Julio López cuando declaró en uno de los juicios del “Circuito Camps”. Frente al tribunal, López relató los tormentos a los que lo había sometido el propio comisario: “Subila, subila un poco más (a la picana) que este gringo que está acá en la parrilla, que este en otro lado donde yo lo picaneé se dio vuelta, porque allá era floja (la picana)’. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, una capucha peluda y de mono. ‘¡Hacete el guapo como te hiciste aquella noche!’, me decía el comisario. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana porque era con batería. Sentía el cosquilleo. ‘Ahora acá vas a sentir’, me decía a mí. Y les pedía a los otros: ‘Prendela directo desde la calle la máquina’”, explicó López a los jueces. “¿Quién le decía esto?”, le preguntó uno de los magistrados a López y el testigo, sin dudar, señaló al excomisario sentado en el banquillo.

En su testimonio, López también contó cómo habían matado a otros dos detenidos en presencia del comisario en el mismo centro clandestino. “A eso de las 11 o 12 de la mañana, aparece Patricia Dell’ Orto toda torturada con el marido. Patricia no respondía, el marido estaba tirado todo lastimado. A ella de un mechón la arrastraron y le sacaron. Sangraba, todos estaban deshechos. Después la ataron a un palenque y la tenían atada enfrente de donde estábamos nosotros. Y al marido lo pateaba Gómez, el jefe, y le decía: ‘Levantate que acá hay muchos muchachos montoneros y les va a dar vergüenza que un jefe sea tan flojito, que esté tirado’”, relató.

Luego de brindar esa declaración ante el tribunal, Jorge Julio López fue desaparecido por segunda vez, ahora en democracia. Lo secuestraron el 18 de septiembre de 2006, cuando salió de su casa para dirigirse al tribunal que ese día iba a dictar una nueva sentencia contra Etchecolatz. Desde un primer momento se sospechó que el ladero de Camps había sido el ideólogo en sombras de ese secuestro. Él mismo se ocupó más adelante de darle cuerpo a esa sospecha. A fines de octubre de 2014, el ex director de Investigaciones de la Bonaerense enfrentaba el tramo final de otro juicio como acusado, frente a un tribunal presidido por Carlos Rozanski, el mismo que lo había condenado después de escuchar el testimonio de López.

Durante ese nuevo proceso judicial el comisario genocida perpetró quizás la mayor burla de las que hizo objeto a los familiares de sus víctimas. En el momento en que se leía la sentencia que lo condenaba a prisión perpetua, tomó un pequeño papel y lo desplegó. Al terminar la lectura del fallo, pretendió entregárselo al Tribunal, pero se lo impidieron. Leo Vaca, un fotógrafo de la agencia Infojus que estaba cubriendo el juicio, hizo foco con su cámara en el papelito y disparó. En el papel, Etchecolatz había escrito, de puño y letra: “Jorge Julio López”. Estaba dando un mensaje siniestro: Yo sé lo que le pasó, pero no se los voy a decir.

El genocida provocador

Otro de los innumerables secretos que el genocida Etchecolatz se llevó a la tumba fue el destino de Clara Anahí, la nieta de Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. En 2011 – tres años antes del episodio del papelito siniestro con el nombre de López –, durante otro juicio, pidió la palabra y aseguró que podía “aportar datos y elementos de prueba sobre el destino de Anahí Mariani”. El anuncio despertó expectativas, pero se trató de otra de sus crueldades. Si alguien podía conocer el destino de la nieta de Chicha era Etchecolatz, que había dirigido personalmente el operativo del 24 de noviembre de 1976 durante el cual la niña, de apenas 3 meses, fue secuestrada tras la muerte de su madre, Diana Teruggi, y de otros cuatro militantes que estaban en la “Casa de los Conejos” de la calle 30 entre 55 y 56 de La Plata.

Se trataba de otra dolorosa burla, porque cuando el tribunal le pidió que aportara esa información, Etchecolatz se negó a seguir declarando. No dijo nada más. “No tengo dudas de que sabe todo porque él estaba ahí arriba del techo de los vecinos con otros policías. Sabía todo lo que pasaba, estuvo ahí junto con Camps arriba del techo, en pleno ataque a la casa, yo sé que sabe, tiene la obligación de saber porque era uno de los jefes. Es de una perversidad tan grande que no me alcanzan las palabras para decir lo que siento en este aspecto. Es como el puñal final que hunden en el corazón de una persona”, dijo una desolada Chicha Mariani después de la audiencia.

La de mostrar que sabía -cómo no saber si él mismo había perpetrado los crímenes – y luego negarse a dar información para torturar, aun estando preso, a los familiares de las víctimas, era una de sus actitudes recurrentes durante los juicios. En uno de los últimos, en 2020, se negó a declarar sobre la suerte corrida por unos quinientos desaparecidos en tres centros clandestinos que estaban bajo su órbita con la excusa de que quienes lo juzgaban no eran los jueces que correspondían. “¿Ante quién voy a declarar? Ustedes no tienen autoridad para actuar. Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento. Hay mucho para declarar de esos acontecimientos que pusieron en peligro a la patria, pero no lo puedo hacer ante ustedes”, los desafió.

No sólo desautorizó a los magistrados, sino que en esa ocasión llegó a burlarse elípticamente de ellos, diciéndoles que gracias a hombres como él estaban vivos: “¿Creen que estarían presentes si hubieran triunfado los idealistas jóvenes que pretendían tomar el poder de las armas? Usted – agregó señalando al presidente del tribunal - sería fusilado por ser integrante de la burguesía judicial y quien les habla fusilado por ser policía. Ustedes procésenme, me van a condenar, eso no me lastima para nada, no siento dolor, sino tristeza de cómo se maneja la Justicia argentina. Dicen que yo maté, usan esa palabra hiriente; y yo no maté, yo batí en combate que es distinto, yo respondí a la agresión con el personal que tenía, murieron muchos de los nuestros y de esos pobres jóvenes equivocados o mal orientados”, dijo.

La última declaración de Etchecolatz antes de su muerte fue el 11 de marzo de 2022, frente al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que lo juzgaba por crímenes en Pozo de Arana. Allí montó un número desplegando un banderín con los colores de la bandera ucraniana y dijo: “Soy víctima de un juicio de venganza y ensañamiento”. Después hizo una insólita comparación entre la resistencia ucraniana a las tropas rusas y el genocidio perpetrado por la dictadura contra quienes, según él, pretendían “instalar el comunismo, como están haciendo en Ucrania”. Y terminó, pomposo y desafiante, con las que serían sus palabras finales en público: “La historia y Dios me absolverán”.

“Un apellido teñido de sangre y horror”

Cuando hizo esa última declaración, hacía años que Miguel Etchecolatz había sido repudiado por su propia hija, horrorizada por la magnitud de los crímenes perpetrados por su padre. En 2014, Mariana Etchecolatz solicitó cambiar su apellido ante un juzgado de Familia de la Ciudad de Buenos Aires. “Debiendo verme confrontada en mi historia casi constantemente y no por propia elección al linde y al deslinde que diferentes personas, con ideas contrarias o no a su accionar horroroso y siniestro pudieran hacer sobre mi persona, como si fuese yo un apéndice de mi padre, y no un sujeto único, autónomo e irrepetible, descentrándome de mi verdadera posición, que es palmariamente contraria a la de ese progenitor y sus acciones (…) Permanentemente cuestionada y habiendo sufrido innumerables dificultades a causa de acarrear el apellido que solicito sea suprimido, resulta su historia repugnante a la suscripta, sinónimo de horror, vergüenza y dolor. No hay ni ha habido nada que nos una, y he decidido con esta solicitud ponerle punto final al gran peso que para mí significa arrastrar un apellido teñido de sangre y horror, ajeno a la constitución de mi persona. Pero además de lo expuesto, mi ideología y mis conductas fueron y son absoluta y decididamente opuestas a las suyas, no existiendo el más mínimo grado de coincidencia con el susodicho. Porque nada emparenta mi ser a este genocida”, escribió en el pedido que presentó al tribunal y le fue concedido.

Los últimos días de junio de 2022, Miguel Etchecolatz fue trasladado desde la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde cumplía su pena de reclusión perpetua, a una clínica de la localidad bonaerense de San Miguel. Allí murió a las 5.30 de la mañana del sábado 2 de julio. Tenía 93 años y hacía mucho tiempo que el jefe operativo del “Circuito Camps” había perdido todo vínculo con su familia cercana. Sus otros hijos también habían logrado cambiar legalmente sus nombres y su exesposa ya no vivía en el país donde el apellido Etchecolatz simboliza como pocos el genocidio perpetrado por la última dictadura.

La utopía, escribió Tomás Moro en 1516 al acuñar una palabra suspendida entre “buen lugar” y “no lugar”, nace con una contradicción que explica por qué tantos intentos de convertirla en realidad terminaron en dictaduras, comunas disfuncionales o sectas sexuales: el ideal social absoluto casi nunca resiste el paso del papel a la vida.

Esa es una de las ideas centrales de The Uses of Utopia de Joad Raymond Wren, en un repaso intelectual sobre la historia del concepto, que sigue la pista de las sociedades perfectas imaginadas en la literatura y observa un patrón persistente: cuando una comunidad pretende ordenar cada aspecto de la vida, la promesa de armonía suele exigir coerción.

El recorrido arranca, como señala la publicación, en Platón y su República, con prescripciones extravagantes como la necesidad de “neutralizar la influencia de los poetas sobre las madres”. Desde allí avanza hacia la isla de Moro, donde “nada es privado” y por eso “los asuntos comunes son observados con empeño”.

La revisión incluye la Nueva Atlántida de Francis Bacon, presentada como una utopía basada en la experimentación científica racional y que pudo haber inspirado a Wakanda en las películas de Black Panther de Marvel.

También aparece El mundo resplandeciente, de la duquesa del siglo XVII Margaret Cavendish, que imagina a su autora como una diosa elegida por un mundo de híbridos humano-animales aficionados a la ciencia. En el siglo XVIII, Sarah Scott imaginó en Millenium Hall una sociedad ideal de mujeres sin hombres, una idea que Charlotte Perkins Gilman retomó durante la Primera Guerra Mundial en Herland.

De ese catálogo emergen varias constantes. Muchas utopías recurren a un narrador transportado por accidente o por medios fantásticos a una nueva tierra, donde recibe largas explicaciones sobre el funcionamiento del sistema.

Otra regularidad es la abolición de la familia, con niños criados en común. En la fantasía de 1888 Mirando atrás, de Edward Bellamy, incluso desaparecen las escuelas de derecho y los abogados, “abolidos aquí como en la mayoría de las utopías”, según resume Wren.

La excepción parcial es Viaje por Icaria, del socialista francés del siglo XIX Étienne Cabet, que permite la existencia de familias, aunque dentro de un comunismo rígidamente regimentado. El problema empezó cuando Cabet intentó trasladar ese modelo al mundo real.

En 1849 fundó en Illinois su propia sociedad modelo, Icaria. A los pocos años, sus habitantes acumulaban posesiones, practicaban “vicios” como la caza y la pesca, juraban, fumaban y bebían alcohol; las mujeres usaban maquillaje, joyas y perfume.

La respuesta de Cabet fue endurecer aún más las normas y exigir para sí la presidencia durante cuatro años en lugar de uno. En esa deriva, el libro encuentra una lección repetida: la utopía siempre amenaza con convertirse en autoridad sin límites.

El libro, sin embargo, tiene una ausencia llamativa en ese recuento: Anarquía, Estado y Utopía, publicado en 1974 por el filósofo político estadounidense Robert Nozick. Allí sostuvo que el único Estado moralmente admisible es uno “mínimo”, dedicado a garantizar derechos de propiedad, seguridad y cumplimiento de contratos.

A partir de esa base, las personas deberían poder crear las formas de asociación que quisieran, siempre que la pertenencia nunca fuera forzada. Para Nozick, la objeción decisiva era que las utopías son coercitivas porque no todos aceptarían libremente sus valores.

“Es útil imaginar a hombres de las cavernas sentados juntos para pensar cuál sería, para siempre, la mejor sociedad posible y luego lanzarse a instaurarla. ¿Ninguna de las razones que los hacen sonreír se aplica a nosotros?”, dice el autor. Esa pregunta funciona como una impugnación directa al impulso de diseñar una vida perfecta para todos.

Buena parte de las utopías del inventario, además, dejan una impresión sombría. En Moving the Mountain, de Gilman, “casi no hay mascotas, porque son un desperdicio”; en Viaje por Icaria, los grabados decorativos contienen información útil en vez de paisajes “inútiles”.

En Una utopía moderna, publicada en 1905 por H. G. Wells, existe una élite samurái que representa la nobleza natural del sistema y cuyos miembros “no deben actuar ni cantar”, ni tampoco jugar o mirar deportes competitivos. La perfección, en estos casos, se parece menos a la libertad que a una disciplina total.

Wren sostiene que las utopías funcionan sobre todo como “máquinas orgánicas para pensar las premisas de nuestro pensamiento”. Bajo esa definición, se acercan a la ciencia ficción, y algunas de hecho pertenecen a ese territorio.

Entre ellas figura la “utopía anarquista” de los años 70 Los desposeídos, de Ursula K. Le Guin. La corriente más popular en las últimas décadas, probablemente, haya sido la serie Culture, de Iain M. Banks, que imagina un comunismo de lujo totalmente automatizado en el espacio, dentro de una sociedad pan-galáctica de humanos mejorados.

Ni siquiera allí todo funciona sin grietas. Esa sociedad ideal se ve alterada por ataques de fanáticos intolerantes, por inteligencias artificiales utilitaristas fuera de control o por artefactos alienígenas demasiado antiguos para ser comprendidos, un detalle que refuerza la idea final del ensayo: la mejor ficción utópica termina siendo, de manera implícita, también antiutópica.

Luego de más de 67 años de terrorismo de Estado, de agresiones e intervenciones a todos los países de las Américas, de expandirse y convertirse en el narcoestado jefe en el siglo 21, de someter al pueblo a la miseria, de perpetrar crímenes comunes y de lesa humanidad, la dictadura de Cuba agoniza sin ninguna condición de gobernabilidad ni posibilidad de sobrevivencia. Son los últimos días de un régimen de delincuencia organizada que no tiene pueblo, que ha perdido su narrativa de revolución, que ha liquidado la economía cubana y que no tiene opciones.

Fidel Castro tomó el poder el 1 de enero de 1959 por las armas, se aferró a él con fusilamientos, torturas, matanzas, desapariciones, presos, exiliados y todo tipo de crímenes bajo narrativa de revolución, con discurso de liberación del pueblo y con promesas de igualdad, prosperidad, independencia y una larga lista de adjetivos que hoy son probadas falacias. Institucionalizó el “terrorismo de Estado” como sistema para detentar impune e indefinidamente el poder, el “antiimperialismo” como mecanismo de sobrevivencia confrontando a Estados Unidos, la “liberación popular” para organizar grupos terroristas y guerrilleros, el “internacionalismo” como justificación de intervención, y la Guerra Fria convirtió a Cuba en la base comunista de la región.

Cuando cayó el Muro de Berlín se protegió creando el “Foro de Sao Paolo” operado y dirigido por Lula da Silva en Brasil, con recursos de los trabajadores que operó luego de desaparición de la Unión Soviética. Durante la Guerra Fría, Cuba era un estado parásito que dependía del sostenimiento soviético, por lo que sin ese soporte la dictadura creó el “periodo especial” para sobrevivir. En última década del siglo pasado Cuba era la única dictadura de los 35 países que conforman las Américas y había reducido sus operaciones de agresión regional por falta de recursos. La previsión de los gobiernos democráticos era que el siglo 21 sería de la democracia plena con la terminación de la dictadura cubana.

El año 1999 Hugo Chavez llegó a la presidencia de Venezuela y de inmediato asistió y empezó el salvataje de la dictadura cubana. Hugo Chávez como socio capitalista malversando el petróleo y la riqueza de Venezuela, Fidel Castro aportando la narrativa revolucionaria y el método criminal de permanecer indefinidamente en el poder y Lula da Silva con el Foro de Sao Paolo encargado de “multiplicar los ejes de confrontación”, conformaron un movimiento populista bolivariano bajo mando de Chávez que terminó llamándose socialismo del siglo 21 o castrochavismo.

El siglo 21 en las Américas resultó siendo el de la expansión de la dictadura de Cuba que instaló su modelo dictatorial en Venezuela con Chavez/Maduro, Bolivia con Morales/Arce, Nicaragua con Ortega/Murillo y Ecuador con Correa. Controló progresivamente casi todos los países de Latinoamérica, instalando gobiernos para dictatoriales, con derrocamientos, elecciones, fraude electoral, terrorismo, financiamiento de campañas y una larga cadena de crímenes. La muy conveniente muerte de Hugo Chávez pasó el mando del grupo criminal y el control de la riqueza venezolana a Castro y la dictadura de Cuba.

El momento más exitoso de la dictadura de Cuba fue la Cumbre de las Américas de Panamá 2015 donde el Presidente de Estados Unidos reconoció al dictador Raul Castro como el líder de hecho de Latinoamérica, procediendo meses después a reponer relaciones bilaterales. Pero la resistencia civil de los pueblos de la región, la visibilidad de las operaciones delictivas del socialismo del siglo 21 vinculadas a la violación de derechos humanos, la conversión de las dictaduras en narcoestados y plataformas de las dictaduras extra hemisféricas como China, Rusia, Irán, las crecientes acciones de “guerra híbrida” contra Estados Unidos y las democracias, identificaron la verdadera naturaleza y peligrosidad de Cuba y sus satélites.

La población de Cuba bajo el castrismo siempre trató de migrar, de escapar de la isla convertida en cárcel. Aunque el control de Venezuela y la expansión de operaciones de narcoterrorismo representaron importantes ingresos, lo fueron para los miembros del régimen.

Hoy las Américas y el mundo conocen en tiempo real la realidad de miseria, degradación, humillación y desesperación del pueblo cubano, y el afán del régimen de falsificar cambios y presentar sofismas de apoyos. La realidad es que el repudio popular contra la dictadura representada por Diaz Canel y Raúl Castro es total, no tienen pueblo; nadie -ni dentro ni fuera de Cuba- cree en la revolución cubana, probada como crimen organizado; el país no tiene economía ni forma de encarar la miseria en su sistema delictivo; y la dictadura no tiene ninguna posibilidad de apoyo, fuente de recursos o inversiones, no tiene opciones.

Con Trump 47, el año 2025 Estados Unidos estableció su “Estrategia de Seguridad Nacional” y empezó operaciones contra la delincuencia organizada trasnacional que detenta el poder político en varios países y territorios de las Américas. Todo conduce a la dictadura de Cuba.

La detención de Nicolas Maduro con el fiasco militar sufrido por fuerzas de la dictadura cubana encargada de la seguridad del capturado, la pérdida de ingresos y petróleo que el desmantelamiento de la narco dictadura de Venezuela representa, y el ultimátum de Estados Unidos al régimen castrista con múltiples señales económicas y políticas, muestran que la fuga de la cúpula dictatorial, su captura, su neutralización, su caída, su rendición o cualquier otra forma de terminación de la dictadura ha llegado.

Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

El Consejo Monetario Centroamericano informó que la inflación interanual de Nicaragua se ubicó en 3.72 % en mayo de 2026, reflejando una desaceleración respecto a los picos observados en años recientes. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), la variación mensual del índice de precios al consumidor (IPC) fue de -0.08 %, posicionando la inflación acumulada en 2.04 % durante los primeros cinco meses del año.

Los datos publicados el 17 de junio por el organismo regional ofrecen una fotografía detallada de la evolución de los precios en un contexto marcado por el control político ejercido por el régimen de Daniel Ortega. Organizaciones internacionales han señalado que el manejo de la economía ocurre bajo una política de alta concentración de poder y restricciones a la transparencia institucional.

La información del INIDE resalta que siete de las doce divisiones que integran la canasta del IPC presentaron variaciones negativas en mayo. Entre estos rubros destacan Alimentos y bebidas no alcohólicas con una disminución de -0.57 %, cuya incidencia fue de -0.221 puntos porcentuales sobre el índice mensual. Otros sectores con caídas relevantes incluyen Bienes y servicios diversos (-0.25 %), Restaurantes y hoteles (-0.15 %), y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0.06 %). En conjunto, estas divisiones restaron 0.262 puntos porcentuales al IPC de mayo.

No obstante, el reporte detalla que el alza de precios en la categoría de Recreación y cultura, con un aumento del 5.65 %, aportó una contribución positiva de 0.168 puntos porcentuales, amortiguando parcialmente la tendencia a la baja observada en otros sectores. La división de Educación, en contraste, no presentó cambios respecto al mes anterior.

La gráfica difundida por el Consejo Monetario Centroamericano permite observar la trayectoria de la variación interanual del IPC desde 2021 hasta 2026. El país experimentó un periodo de inflación elevada, superando el 12 % en 2022, para luego iniciar una tendencia descendente hasta ubicarse en los niveles actuales. La proyección de inflación, representada por líneas punteadas en el informe, muestra un rango estable en torno al 4 % en el año en curso.

Adicionalmente, una segunda imagen proporcionada por el organismo regional exhibe la evolución del IPC general, la variación acumulada desde diciembre anterior, la variación interanual y la mensual, todas correspondientes a datos no ajustados estacionalmente. Se expone estabilidad relativa en las cifras reportadas para 2025, en contraste con años previos marcados por mayor volatilidad.

La inflación subyacente interanual, que excluye los precios más volátiles de la canasta, se ubicó en 3.23 % en mayo, apenas por encima del 3.09 % informado para el mismo mes de 2025. Este comportamiento sugiere una relativa estabilidad en los precios de bienes y servicios básicos, aunque la situación económica de los hogares sigue condicionada por el entorno político y el acceso limitado a información independiente.

La vigilancia de los indicadores macroeconómicos se ha tornado fundamental para entender la dinámica interna de Nicaragua. La evolución del IPC, el comportamiento de divisiones como Alimentos y bebidas no alcohólicas, y las variaciones mensuales, ofrecen señales sobre la capacidad de compra de la población en un país donde las libertades civiles permanecen restringidas.

El Consejo Monetario Centroamericano enfatizó que la comparación interanual revela una inflación menor frente a los registros de 2025, cuando la cifra alcanzaba el 1.29 % en mayo. La inflación acumulada, por su parte, también mostró un incremento respecto al año anterior, situándose en 2.04 % frente al 1.04 % reportado en mayo de 2025.

Silvio Báez afirmó el 14 de junio en Miami que “expulsar a los demonios” también exige denunciar la crueldad y la irracionalidad de las dictaduras, porque ese mandato evangélico, dijo, alcanza tanto la liberación personal como la defensa de la dignidad humana frente a regímenes que imponen miedo, represión y miseria.

El obispo auxiliar de Managua lo planteó durante la homilía de la misa que presidió en la parroquia Santa Agatha, en Florida, Estados Unidos.

Báez, que salió de Nicaragua en 2019 y ahora vive exiliado en esa parroquia estadounidense, habló ante una comunidad en la que se reúnen compatriotas suyos. El religioso fue una de las víctimas de la persecución de la dictadura nicaragüense, que agudizó su ofensiva contra la Iglesia católica en 2018 y la mantiene hasta ahora.

Durante la homilía, el prelado sostuvo que el mandato de “expulsar a los demonios” implica “comprometernos con procesos de liberación, personales y sociales, y ayudar a recuperar su libertad a quienes están atrapados por los ídolos, el miedo o la desesperanza”. Añadió: “Es también denunciar la irracionalidad y la crueldad de los regímenes que atentan contra la dignidad humana y multiplican la miseria de la gente, no pocas veces incluso invocando el nombre de Dios”.

Báez vinculó el Evangelio con pueblos sometidos por regímenes dictatoriales

El obispo nicaragüense centró su reflexión en un pasaje del Evangelio de Mateo en el que Jesús ve a la gente y “se compadeció de ella, porque estaba cansada y abatida, como ovejas sin pastor”. Para Báez, esa imagen conserva plena vigencia en la realidad actual.

“Hoy también hay mucha gente que vive como ovejas sin pastor. Personas tristes, solas, desorientadas, desilusionadas por ídolos engañosos; familias desgarradas por la pobreza, la migración forzada o la violencia; pueblos enteros privados de libertad y de futuro por la guerra o dominados por regímenes dictatoriales que se imponen con el miedo y la represión”, afirmó Báez.

Frente a ese panorama, el religioso sostuvo que la oración constituye “la primera y más urgente respuesta”. Precisó que no la entiende como un reemplazo de la acción, sino como “su raíz y fundamento, haciéndola fecunda y fuerte”.

También dijo que la oración permite entrar “en sintonía con el Señor” y pasar a una acción efectiva. En esa línea, remarcó que “de esta compasión y de esta oración nace la elección de los doce Apóstoles”.

El obispo definió el poder cristiano como servicio y oposición a la opresión

Báez contrapuso el poder que, según su interpretación, Jesús confía a sus discípulos con el poder político y social basado en la coerción. “El poder que Jesús otorga es un poder al servicio de la vida y de la dignidad humana. Es exactamente lo contrario del poder que seduce al mundo, el poder que aplasta, controla, atemoriza y somete”, dijo.

El prelado agregó que ese poder “recibido para servir y no para someter” no terminó con los Apóstoles, sino que “continúa hoy, a través de nosotros”. A partir de esa idea, enumeró tareas que, a su juicio, corresponden a cada miembro de la Iglesia: expulsar demonios, curar a los enfermos, resucitar a los muertos y limpiar a los leprosos.

Sobre la imagen de “resucitar a los muertos”, explicó que significa “devolver la esperanza a quienes ya no esperan nada, ayudándoles a descubrir destellos de la luz de Dios en medio de las noches de la vida”. Añadió que esa misión consiste también en “anunciar sin cansarnos al Dios de la vida”.

En esa misma explicación, Báez vinculó la esperanza cristiana con la resistencia a la opresión política. “Y es también oponernos a los poderes opresores que someten a los pueblos, con la convicción de que Dios acompaña y bendice los esfuerzos realizados en favor de la libertad y la dignidad de las personas”, afirmó.

El obispo dedicó otro tramo de su homilía a la expresión “limpiar a los leprosos”. Según dijo, esa tarea supone “luchar por restituir la dignidad a quienes la sociedad o la religión marginan, mediante gestos de inclusión, solidaridad y diálogo respetuoso”.

Al cierre de la celebración, Báez retomó la idea de la escasez de quienes asumen esa misión. “Los obreros siguen siendo pocos. El Señor sigue buscando hoy a quienes estén dispuestos a prolongar su mirada compasiva en el mundo. Que esa mirada sea la nuestra”, dijo.

El Museo Moderno y el Parque de la Memoria presentan La memoria de la colección: El Moderno en el Parque, con un recorrido por obras del patrimonio histórico del Moderno para revisar, a 50 años del golpe de Estado, cómo el arte argentino respondió a la violencia política, la censura, la persecución y la interrupción del orden democrático durante la última dictadura militar de 1976 a 1983.

La muestra, organizada en cinco núcleos temáticos, concluye con un apartado dedicado al impacto político y afectivo de la transición democrática de 1983 en el campo artístico. Ese tramo final reune obras sobre la restauración de las libertades individuales, la aparición de nuevos espacios de sociabilidad nocturna, la experimentación performática y la libertad gestual en la pintura.

Con curaduría de Nicolás Cuello por el Moderno y Cecilia Nisembaum por el Parque, la exposición reúne obras de la colección pública del museo para reconstruir prácticas artísticas producidas entre mediados de los años sesenta y comienzos de los ochenta. El proyecto propone leer ese período a través de lenguajes diversos que dieron forma a las tensiones de uno de los momentos más traumáticos de la historia argentina.

La exposición responde de manera directa a una pregunta central: qué puede mostrar hoy una colección pública sobre la relación entre arte y dictadura. La respuesta que organiza la muestra es que, además de las formas explícitas de denuncia, hubo artistas que elaboraron una posición crítica frente al autoritarismo mediante la fragmentación de la figura humana, el lenguaje cifrado, la abstracción y las prácticas conceptuales.

El recorrido comienza con obras que, desde comienzos de los años sesenta, exploraron modos de representar el impacto ontológico de la creciente conflictividad política internacional. Ese primer conjunto incluye nuevas figuraciones de lo humano, experimentación con la materialidad pictórica y usos cifrados del lenguaje conceptual para recuperar una sensibilidad histórica marcada por el ascenso de la violencia política.

Otro núcleo se concentra en las relaciones entre juventud, trabajo y organización político-sindical. A partir de esas producciones, la muestra plantea una reflexión sobre el efecto de la persecución ideológica y la desaparición forzada en la desarticulación de la vida laboral, y sobre las consecuencias económicas que dejó la estructura productiva de la última dictadura militar.

Una sala estará dedicada al trabajo de artistas mujeres que recurrieron a la abstracción, la experimentación perceptiva y la exploración de dimensiones espirituales para elaborar de manera indirecta los efectos de la violencia. Esas obras sostienen una memoria sensible de aquello que no podía decirse de forma explícita.

A medida que avanza el recorrido, la exposición se detiene en obras centradas en el uso experimental de la palabra, la escritura y la circulación de imágenes mediáticas para examinar la censura y el control de la libertad de expresión durante y después de la dictadura. En esos trabajos se observan las formas en que los artistas sortearon los límites de lo decible y construyeron espacios de comunicación y resistencia.

La investigación sobre las biografías de artistas que siguieron en actividad durante los años de la dictadura, presentes en el patrimonio del museo, busca abrir nuevos interrogantes sobre las relaciones entre arte y política. La propuesta sostiene que la participación y la denuncia también adoptaron formas indirectas, apoyadas en la experimentación material, los procedimientos abstractos y la opacidad del significado.

Esa perspectiva busca desplazar la asociación tradicional entre arte político y denuncia explícita o representación directa de la conflictividad social. La selección de “La memoria de la colección: El Moderno en el Parque” plantea que el arte también puede asumir una posición crítica, producir conocimiento y trabajar sobre el trauma colectivo desde registros menos evidentes.

La curaduría también pone el foco en la producción de Elda Cerrato, Paulina Berlatzky, Juana Butler, Josefina Quesada, Josefina Mazzaglia, Diana Dowek, Silvia Brewda, Ana Eckell y Marta Minujín. Su incorporación busca revalorizar trayectorias que ocuparon un lugar menos visible en los relatos dominantes de la historia del arte argentino.

La muestra propone una interpretación distinta de esas obras abstractas, perceptivas, espirituales o atravesadas por el secreto, lo oculto y el humor. Leídas desde este marco, esas producciones no aparecen como una evasión de la realidad, sino como parte de las formas complejas con que los artistas respondieron a un contexto de violencia e incertidumbre.

La exposición presenta obras de 40 artistas: Paulina Berlatzky, Oscar Bony, Silvia Brewda, Marcelo Brodsky, Juana Butler, Juan José Cambre, Ricardo Carpani, Ricardo Carreira, Juan Carlos Castagnino, Elda Cerrato, Jorge Demirjian, Mirtha Dermisache, Juana Elena Diz, Diana Dowek, Ana Eckell, Sara Facio, León Ferrari, Norberto Gómez, Carlos Gorriarena, Víctor Grippo, Alberto Heredia, Enio Iommi, Leandro Katz, Carlos Langone, Rómulo Macció, Josefina Mazzaglia, Marta Minujín, Osvaldo Monzo, Luis Felipe Noé, Marie Orensanz, Dulio Pierri, Josefina Quesada, Juan Carlos Romero, Gabriel Salomón, Juan Manuel Sánchez, Alejandro Santamarina, Antonio Seguí, Carlos Ernesto Uría, Edgardo Antonio Vigo y Horacio Zabala.

Florencia Battiti, directora del Parque de la Memoria – Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, y Victoria Noorthoorn, directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, afirmaron en la presentación institucional: “A medio siglo de aquel quiebre institucional, esta alianza reafirma el compromiso de ambas instituciones con la Memoria, la Verdad y la Justicia. Invitamos al público a recorrer esta muestra no solo como una invalorable experiencia estética, sino también, y fundamentalmente, como un acto de ciudadanía”.

“La memoria de la colección: El Moderno en el Parque” integra el eje temático Memoria y futuro de la programación 2026 del Museo Moderno por su 70 aniversario, junto con Oscuridad visible: La larga sombra de la dictadura, que se exhibe actualmente en Spazio Punch, Venecia.

*La memoria de la colección: El Moderno en el Parque, en el Parque de la Memoria, Av. Costanera Rafael Obligado 6745. Inaugura el sábado 13 de junio, a las 12 h, en la Sala PAyS. De lunes a viernes: 10:00 a 18:00 hs y sábados, domingos y feriados: 10:00 a 19:00 hs. Entrada gratuita

Fotos: Museo Moderno / Josefina Tommasi

“Héctor, ¿dónde estás?”. La oscuridad aún persiste, no hay respuesta. La desaparición en Panamá del padre Héctor de Jesús Gallego se desvanece cada vez más, tal como hicieron con él los miembros de la entonces Guardia Nacional que lo secuestraron un 9 de junio de 1971, hace 55 años.

Fue en la región de Santa Fe, provincia de Veraguas, a donde aquella noche llegaron los militares preguntando por Gallego, a quien posteriormente subieron en un auto y trasladaron hacia un lugar hasta ahora desconocido.

Días antes de su desaparición, había sufrido hostigamientos, incluso el incendio de su vivienda.

El sacerdote promovía la organización campesina, en medio de un régimen castrence, que enquistado en el poder desde hacía cuatro años atrás, ya mostraba sus intenciones de convertirse en una dictadura, que a la postre duró 21 años.

Gallego había llegado a Panamá en 1967, motivado por su vocación de servicio y su adhesión a los postulados de la Teología de la Liberación.

Su misión pastoral se centró en la creación de la Cooperativa Esperanza de los Campesinos, desde donde promovió la alfabetización y la autogestión económica en una de las zonas más empobrecidas del país.

Reportes de la época indican que esa tarea le generó rechazo entre los terratenientes y sectores aliados al régimen militar, quienes lo acusaron de comunista y agitador.

Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo metropolitano de Panamá, recordó este domingo el legado de Gallego como uno de los “testimonios más luminosos de compromiso evangélico, solidaridad y defensa de la dignidad humana en la historia reciente” del país.

Durante su homilía, Ulloa Mendieta invitó a la comunidad a hacer memoria de aquel joven sacerdote colombiano que llegó a Panamá para servir a los más humildes y que hizo de las comunidades campesinas de Santa Fe de Veraguas el centro de su misión pastoral.

“En este día no podemos dejar de hacer memoria de un sacerdote cuyo testimonio sigue iluminando la conciencia de nuestra Iglesia y de nuestra patria”, expresó al recordar que el próximo 9 de junio se cumplen 55 años de la desaparición del padre Gallego.

Durante su recordatorio, el arzobispo evocó una de las preguntas que durante décadas ha acompañado la memoria colectiva de los panameños: “Héctor, ¿dónde estás?”.

Una interrogante que surgió tras su desaparición en 1971 y que, según afirmó, continúa resonando en la conciencia nacional.

Sin embargo, señaló que la respuesta se encuentra en el legado que dejó entre los más pobres y excluidos. “Hoy podemos decir que está en la memoria agradecida de los campesinos que aprendieron a descubrir su dignidad; está en el recuerdo de quienes encontraron en él un pastor cercano y valiente; está en la conciencia de una Iglesia que no olvida a quienes entregaron su vida por el Evangelio”, puntualizó.

En 2018, circuló la noticia del hallazgo de restos humanos en el antiguo y hoy desaparecido cuartel militar de Los Pumas de Tocumen, en la afueras de la ciudad capital, volvió a traer el caso del sacerdote a la palestra pública.

No obstante, las pruebas forenses descartaron que correspondieran al sacerdote de origen colombiano, afianzando la incertidumbre sobre el destino final de Gallego.

La Comisión de la Verdad lo incluyó en su lista oficial de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar, que se extendió hasta 1989.

En 1994 las autoridades informaron que tres exagentes de la Guardia Nacional fueron condenados por su complicidad en el crimen, aunque la sentencia no determinó responsabilidades de altos mandos. Uno de los implicados fue capturado 31 años después de ser condenado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó en diciembre de 2025 a las autoridades panameñas por la impunidad en la desaparición forzada del sacerdote Héctor de Jesús Gallego.

El escritor y periodista Arquímedes González sostiene en el libro Exilio bajo fuego, crímenes de la dictadura de Nicaragua, según EFE, que la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no terminó dentro de Nicaragua en 2018, sino que se extendió fuera del país mediante espionaje, acoso, amenazas y ataques contra opositores exiliados.

La investigación reúne los casos de diez nicaragüenses asesinados en Honduras y Costa Rica entre 2019 y 2025, según explicó González a EFE. El autor compiló 24 historias de opositores y críticos que desde 2018 denunciaron vigilancia, hostigamiento y seguimientos fotográficos.

“Exilio bajo fuego es un libro de crónicas periodísticas que rescata los casos de diez nicaragüenses que han sido asesinados tanto en Honduras como en Costa Rica entre 2019 y 2025”, dijo González a EFE. El escritor, periodista y defensor de los derechos humanos afirmó además que la obra documenta “que la represión no se detuvo en Nicaragua” y que “se amplió a nivel internacional”.

Según EFE, el libro de no ficción describe una estructura criminal transnacional que, de acuerdo con González, el régimen sandinista utiliza para vigilar y hostigar a activistas, periodistas y exiliados que buscaron refugio en otros países de la región, e incluso para eliminarlos físicamente.

El libro documenta asesinatos y atentados contra exiliados en Honduras y Costa Rica

La obra registra el asesinato de cinco campesinos opositores en Honduras y de otros cinco disidentes en Costa Rica, según EFE. Entre ellos figura el caso de Roberto Samcam, un mayor retirado del Ejército y crítico de Ortega que fue asesinado hace un año en su casa en San José, después de recibir amenazas de muerte vinculadas a agentes de seguridad nicaragüenses, de acuerdo con EFE.

González dijo a EFE que estas crónicas “rescatan todo el dolor, la persecución, el hostigamiento que ha tenido el exilio” nicaragüense. Añadió que esa represión transnacional también incluye vigilancia, acoso, alertas falsas a Interpol, intentos de extradición y cierres de cuentas bancarias.

Según González, citado por EFE, existe “toda una maquinaria estatal” orientada a reprimir a los nicaragüenses exiliados para que dejen de denunciar las violaciones de derechos humanos que, afirmó, ocurren a diario en Nicaragua. En su investigación, concluye que los principales blancos son periodistas apátridas y exiliados, defensores de derechos humanos, líderes de la sociedad civil y personas que se expresan públicamente en medios de comunicación y redes sociales.

“Ellos son los focos de la represión y lo ejecutan bajo diferentes maneras como el hostigamiento, la vigilancia, la toma de fotos, la persecución, los ataques físicos, o los intentos de extradición”, dijo González a EFE.

González afirma que algunos ataques pudieron prevenirse con investigaciones exhaustivas

El caso que más conmovió al autor fue el de Samcam, según relató a EFE, porque el exmilitar había advertido de antemano lo que ocurría. González dijo que Samcam alertó sobre “el uso de los canales diplomáticos para que vinieran infiltrados y células del régimen a perseguir a exiliados nicaragüenses” en Costa Rica.

El escritor añadió a EFE que Samcam también “fue dando las pistas de quiénes eran sus asesinos”, pero esas señales “no se tomaron en serio a pesar de que él continuamente reveló el trabajo de la dictadura para perseguir a los exiliados”.

Otro caso que, según EFE, impactó a González fue el del disidente Joao Maldonado, que sobrevivió a dos atentados en Costa Rica entre 2021 y 2024. El autor dijo a EFE que Maldonado resistió 13 disparos y lamentó que uno de esos ataques, ocurrido en 2021, no se investigara de forma exhaustiva y que solo ahora se esté acusando a uno de los implicados.

El libro busca que el lector advierta que esos crímenes y atentados se pudieron evitar si en los países donde ocurrieron se hubiera sentado un precedente jurídico, razonó González ante EFE.

Según EFE, el autor presentará la obra en Costa Rica el 12 de junio junto con Claudia Vargas, viuda de Roberto Samcam, y el abogado Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

El reencuentro de Kyle Adler y Ana María Navarrete en Santiago cerró una herida de más de tres décadas y devolvió esperanza a una familia fracturada por la historia de Chile. El joven, que hoy reside en Denver, supo hace pocos años que había sido robado en su infancia y adoptado ilegalmente en Estados Unidos. Tras largas gestiones, Adler abrazó por primera vez a su madre biológica y comenzó a reconstruir los lazos que la dictadura militar cortó de raíz.

La historia de Kyle es solo una pieza de una realidad mucho más amplia. Durante los años 70 y 80, miles de niños en Chile fueron arrancados de sus hogares y enviados lejos de sus familias.

Gracias a la colaboración de organizaciones como Connecting Roots y la tecnología de pruebas de ADN, la verdad salió a la luz. Madre e hijo compartieron una semana que, aunque breve, les permitió recuperar parte del tiempo arrebatado.

Niñez robada bajo la dictadura de Pinochet

Durante la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, operó una red de adopciones ilegales que afectó a sectores vulnerables. Las autoridades chilenas estiman que más de 20.000 menores fueron sustraídos de sus familias, la mayoría de bajos recursos o indígenas, y enviados al extranjero a través de procedimientos irregulares.

Los niños desaparecían en hospitales, consultorios y casas particulares, muchas veces con la complicidad de funcionarios, jueces, médicos y religiosas. El caso de Adler se inserta en este contexto.

Cuando tenía nueve meses, una cuidadora entregó al pequeño a un matrimonio estadounidense con la mediación de un sacerdote local. Ana María Navarrete, su madre, tenía solo 19 años y trabajaba jornadas largas en Coronel, una ciudad pesquera al sur de Santiago.

Al regresar a casa un día, su hijo ya no estaba. “Y ella se los dio”, recordó con dolor Navarrete ante AP News, aún sin obtener justicia por lo sucedido.

Una búsqueda marcada por la identidad y la resiliencia

Kyle Adler creció en un suburbio acomodado de Chicago, sin saber su verdadero origen. Sus padres adoptivos, Mike y Connie Adler, lo criaron con afecto y jamás sospecharon el trasfondo irregular de la adopción, según contó el propio Kyle: “Mis padres no me robaron. No me llamaron Kyle por malicia. Ellos me veían como la persona que querían que yo llegara a ser, y hay mucho amor que pusieron en eso”, expresó en diálogo con AP News.

La muerte de sus padres adoptivos en 2022 lo impulsó a buscar respuestas. Durante años, lidió con una crisis de identidad que lo llevó a terapia y a investigar sus raíces.

En 2017, halló la organización Nos Buscamos y contactó a su fundadora, Constanza Del Rio, quien a los pocos meses corroboró su historia y organizó un primer encuentro virtual con Navarrete.

La confirmación biológica llegó con un kit de ADN proporcionado por MyHeritage y Connecting Roots, aliados en la lucha por la reunificación de familias separadas por adopciones ilegales. La prueba demostró el parentesco y allanó el camino para el ansiado reencuentro en Chile.

El reencuentro y la reconstrucción de una familia

El reencuentro en el aeropuerto de Santiago de Chile fue un momento inolvidable para ambos. Vestidos de blanco, madre e hijo se abrazaron entre lágrimas, mientras las cámaras registraban el instante.

“Estoy tan feliz de conocerlo por fin, se cumplió mi sueño”, declaró Navarrete.

Durante una semana, recorrieron juntos los sitios que marcaron su historia: la playa de Coronel, el hospital donde nació Adler y la casa de donde lo sustrajeron. Recuperaron su acta de nacimiento original y el joven conoció a uno de sus cuatro hermanos. En Miami, antes del viaje, había visto a otra hermana y a una sobrina.

La familia compartió recuerdos, fotografías y objetos significativos. Adler llevó consigo su diploma de graduación y unos zapatitos de bebé que sus padres adoptivos conservaron durante décadas.

Pese a que Kyle no habla español, la tecnología y la ayuda de traductores de Connecting Roots facilitaron la comunicación.

El rol clave de las organizaciones y la tecnología

Organizaciones como Connecting Roots y Nos Buscamos desempeñan un papel central en la búsqueda de justicia y reparación. Estas entidades colaboran con plataformas de genealogía como MyHeritage para ofrecer pruebas de ADN gratuitas a víctimas y familias separadas.

La base de datos digital y el trabajo en red permitieron identificar casos y organizar reencuentros, mientras otras agrupaciones, como Grafting Hope, luchan en tribunales internacionales por los derechos de los afectados.

El fundador de Connecting Roots, Tyler Graf, también hijo adoptivo separado en dictadura, acompañó a Adler en su viaje y sintetizó el objetivo de estas acciones: “Ahora es momento de reparar estas familias y devolverles la posibilidad de saber de dónde vienen”, explicó a AP News.

Herramientas como estas han permitido que cientos de chilenos adopten un rol activo en la búsqueda de sus raíces y en la denuncia de las violaciones cometidas.

El contexto de las adopciones y la deuda pendiente del Estado

Las adopciones ilegales en Chile contaron con la participación de múltiples actores: agencias, funcionarios, jueces, enfermeras y médicos. Según el abogado y activista Jimmy Lippert Thyden González, otro niño robado en dictadura, “era un esfuerzo por erradicar a la clase pobre y a la población indígena”.

Muchas madres nunca volvieron a ver a sus hijos tras la primera consulta médica, ya que el sistema las dejó desamparadas.

A pesar de la magnitud de los crímenes, el Estado chileno no sancionó a los responsables ni implementó políticas integrales de reparación. La mayoría de las familias afectadas siguen esperando justicia.

Las heridas personales y la esperanza de justicia

Para Ana María Navarrete, el reencuentro trajo alegría, pero también revivió el dolor de los años perdidos. “Me tomó tanto tiempo encontrarlo. Y después de pasar una semana juntos, verlo partir es como perderlo de nuevo”, confesó entre lágrimas.

La madre espera que la familia pueda reunirse nuevamente en diciembre y anhela que los responsables reciban castigo: “Quiero justicia. No solo para mí, sino también para él, porque no sé qué vida tuvo”.

Adler, por su parte, busca reconciliar su identidad y superar las heridas del pasado. “No soy solo el hijo que perdiste. Soy el hijo que encontraste y ahora vuelvo a ser tu hijo”, expresó en una frase que resume el sentido de toda la lucha.

En la previa del Mundial 2026, Alberto Conejo Tarantini compartió, en diálogo con Infobae al Amanecer, un episodio que vivió durante la última dictadura militar, cuando se animó a interpelar a Jorge Rafael Videla por la desaparición de compañeros.

Ante la pregunta de si era cierto que alguna vez se le acercaron unos chicos y le pidieron por unos compañeros que estaban desaparecidos para hablar con Videla, el ex hombre de Boca Juniors respondió de manera tajante: “Sí, es verdad”.

El ex futbolista, campeón del mundo en 1978, relató la reacción del dictador: “Me dijo que me ocupara de lo mío y se dio media vuelta. Fue cuando entregaban los premios a las revelaciones del año. Se lo pregunté y me sacó directamente cagando”. Además, añadió: “Me preguntaron por unos chicos que habían desaparecido. Y bueno, después volvieron a aparecer...”.

El costo personal de ese acto fue alto. “Así me costó, después me prohibieron. Después del Mundial estuve prohibido para jugar en Argentina. Yo me tuve que ir porque había quedado libre en ese momento y no podía jugar en Argentina, no me podía quedar. O sea que me tenía que ir del país para seguir jugando”. En ese contexto, Tarantini apuntó además contra el por entonces presidente de Boca, Alberto J. Armando, a quien responsabilizó por su salida del club de la Ribera y su decisión de jugar en el exterior.

“Yo se lo adjudico al presidente de Boca en esos momentos (Armando), a la relación que tenía, que yo me tuve que ir”. Tarantini militó en Boca desde su debut en 1973 hasta que en 1978 emigró al fútbol inglés. Cuando le plantearon si relacionaba a los vínculos militares detrás de su salida forzada, fue tajante: “No lo vinculo, lo digo. Y lo vuelvo a repetir. Me tuve que ir. Quedé libre en Boca y me tuve que ir. Que me haya jugado en contra (el pedido a Videla) me da lo mismo, porque no existían para mí”.

El Conejo graficó el clima que se vivía durante la última dictadura cívico militar: “En esa época veías un auto Falcon y salías corriendo. Fueron momentos que yo pregunté y bueno… pero no me arrepiento de nada”.

Por otra parte, en la previa del Mundial 2026, Tarantini dio su visión sobre el favoritismo del equipo dirigido por Lionel Scaloni y los desafíos que enfrenta el plantel a pocos días del inicio del torneo. El ex deportista señaló que “Argentina es la campeona del mundo. Le tienen que ganar a la selección argentina. Por eso somos los candidatos número uno”, una definición que marca el tono de optimismo y presión que rodea al conjunto albiceleste, según recogió en el programa conformado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

También advirtió sobre los riesgos de caer en la autocomplacencia, recordando experiencias personales con la selección nacional. “Yo creo que tal vez no hay que cometer el error de relajarse un poco. Eso nos pasó a nosotros en el 82. Yo creo que el error más grande que tuvimos fue habernos relajado, creer que íbamos a repetir. Pero la prueba está que todo cambia y hay rivales muy importantes". Y luego, añadió: “Si vos me decís qué rivales a vencer y son los más difíciles, yo creo que España y Francia. Inglaterra también está ahí, o sea que está ahí agazapado, que puede en cualquier momento dar un golpe”, analizó.

Al referirse al presente del equipo nacional, el ex Boca Juniors subrayó la importancia de mantener la competitividad y el nivel mostrado en ciclos previos. “Yo creo que si Argentina sigue de la misma manera, después de haber ganado la Copa del Mundo, después de haber ganado la Copa de América, sigue jugando y sigue demostrando lo que es adentro de la cancha, creo que vamos a estar bien”, afirmó el campeón de 1978.

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el debate sobre la titularidad en el lateral izquierdo. Tarantini puntualizó: “Hoy yo creo que Argentina en ese sentido, el técnico usó muchas variantes, lo de Acuña, después poner mediocampista de ese lado. O sea que vamos a ver, vamos a ver cómo lo analiza, cómo lo pone. Tagliafico ha demostrado durante todo el tiempo que es el titular en ese puesto. Lo que pasa es que se usaron los dos, uno más adelantado, otro con más proyección ofensiva. Y yo creo que Argentina tiene buenos, buenos marcadores de punta”.

La defensa, según el ex futbolista, atraviesa un momento de incertidumbre por las lesiones en el sector derecho. “Lamentablemente ahora del lado derecho hay lesionados, hay jugadores que faltando muy poco tuvieron problemas. Ayer lo del Dibu Martínez, que te agarra y te dice: ‘Jugué con un dedo fracturado’”, relató el campeón mundial, mostrando preocupación por la condición física de los defensores y el arquero titular.

Tarantini también compartió una anécdota personal sobre la final del Mundial 78, que nunca volvió a mirar completa. “Nunca volví a ver la final. Una vez lo quise hacer con mi hijo y me empezó a decir: ‘¿Y por qué esto, y por qué lo otro?’. Y digo: ‘Basta’. Agarramos, apagamos la tele y listo. Me buscaba todos los detalles”, contó.

La comparación entre Rodrigo De Paul y su propia figura en el equipo campeón del 78 también formó parte del diálogo. Al ser consultado sobre el paralelo, por sus personalidades, Tarantini respondió con humor: “Yo era más habilidoso que él (risas). Es un jugador que marca una manera de jugar y de sentir el fútbol que lo ves en la cancha, que tiene el barrio adentro, te empuja, te reta, le habla al árbitro. Está metido los 90 minutos, y no afloja. Argentina tiene un poderío importante”.

Al analizar la dinámica del grupo, Tarantini remarcó la sintonía entre el cuerpo técnico y los futbolistas, trazando un paralelismo con el proceso liderado por César Luis Menotti en 1978. “Yo creo que la relación del entrenador y jugadores es muy parecida a la que teníamos con el Flaco Menotti nosotros”, expresó.

Vale destacar que el plantel albiceleste se instalará el 1 de junio en Kansas, donde tendrá su campamento durante el Mundial. Y antes del debut del 16 de ese mes frente a Argelia, en el Kansas City Stadium, jugará dos partidos amistosos. El sábado 6 de junio enfrentará a Honduras en el estadio Kyle Field, de Texas, y el martes 9 se medirá frente a Islandia en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama.

Como cada 20 de mayo, este miércoles saldrán miles y miles de personas por las calles de Montevideo en una nueva edición de la Marcha del Silencio, que cumple sus 30 años. La fecha recuerda los asesinato del diputado blanco Héctor Gutiérrez Ruiz y del senador frenteamplista Zelmar Michelini, así como de los ex militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, en Buenos Aires. Los crímenes ocurrieron en 1976.

Por las calles de Montevideo se nombrarán los nombres de los desaparecidos de la última dictadura y se escuchará la palabra “presente” cuando se mencione a cada uno de ellos. Este año la cantidad de víctimas de la represión trae una novedad: la cifra se actualizó desde 197 a 205. Los datos surgen de un informe presentado este mes por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) del país.

Hasta el 14 de mayo, el organismo recibió y relevó 326 denuncias de desaparición forzada en el período del terrorismo de Estado, tanto en Uruguay como en el exterior. De este total, 43 son casos aclarados ya sea por el hallazgo de los restos o por la certeza de su paradero. Otras 40 denuncias fueron descartadas por los investigadores.

Hay 243 investigaciones activas, de las cuales 162 son casos que efectivamente están siendo considerados por los investigadores. Existen 81, en tanto, que todavía están siendo analizadas y están en distintas etapa de avance.

Uno a uno, los casos incorporados a la lista de los desaparecidos

Luis Eduardo Bergés García: desapareció en 1982. Fue perseguido por el Servicio de Información de Defensa, que lo tenía fichado por su militancia en la Juventud del Partido Comunista. Estuvo detenido en la Colonia Penal de Viedma, en la provincia argentina de Río Negro. Es uno de los casos activos que se suma a la investigación.

Aldeber Elgart: desapareció en 1977. Vivía en Mar del Plata y militaba en el Partido Comunista argentino y en el Sindicato de Gastronómicos. Es uno de los casos activos que se suma a la investigación.

Antonio Cosimo Vulcano Díaz: desapareció en 1984. Era militante del movimiento guerrillero MLN-Tupamaros. Se exilió a Chile, donde continuó con su militancia. Fue enterrado en una fosa común como un NN, según la información que aportó el Ministerio de Defensa. Es uno de los casos activos que se suma a la investigación.

Modesto Orestes Caballero Osuna: desapareció en 1977. Era militante del Sindicato de la Unión de Tranviarios Automotores-Seccional Sud. Su caso está aclarado: sus restros fueron inhumados en el cementerio de Avellaneda y recuperados e identificados en 2012 por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Ángel Eduardo González Rodríguez: desaparecido en 1975. Era militante del MLN y de la Junta Coordinadora Revolucionaria. Su madre había viajado a Argentina para recuperar a su hijo y también fue secuestrada y desaparecida. Los restos de González Rodríguez fueron recuperados e identificados en 2006.

María Mercedes Hourquebiede Francese: desparecida en 1977. Fue una de los cuatro miembros de su familia que resultaron víctimas de la represión en Argentina. Se la acusaba de dar apoyo y resguardo a militantes de Montoneros. Sus restos fueron recuperados en el Cementerio de Avellaneda e identificados 10 años después.

Eduardo Rosado Galarza: desaparecido en 1984. Fue integrante del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química y luego militante del MLN-Tupamaros. Viajó a El Salvador y participó del conflicto armado en ese país. Sus restos fueron exhumados.

Miguel Ángel Sánchez Rodríguez: desaparecido en 1975. Fue militante del MLN e integrante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue parte del intento de copamiento del Batallón de Arsenales en la Provincia de Buenos Aires. Los servicios de inteligencia estaban en conocimiento de la acción por una infiltración. Más de 60militante fueron asesinados y enterrados en una fosa común.

La extradición y acusación contra Alex Saab, colombiano de 54 años que era uno de los hombres de confianza de Nicolás Maduro en la dictadura venezolana, sigue tomando importancia por las declaraciones que han entregado voceros del Gobierno transicional en ese país.

El 18 de mayo las autoridades en Estados Unidos notificaron a Saab sobre las acusaciones por lavado de dinero, que están relacionadas con un esquema de corrupción que se registró en recorridos de las cajas de alimento Clap en Venezuela.

Se presume que el barranquillero obtuvo contratos millonarios con la dictadura venezolana para el suministro de las cajas y medicinas importadas desde Colombia y México, lo que incluye pagos de sobornos de funcionarios venezolanos.

Saab pasó de ser un diplomático de la dictadura a un colombiano con documentos falsos

Alex Nain Saab Morán nació el 21 de diciembre de 1971 en Barranquilla, Colombia. De origen libanés, Saab se convirtió en una figura importante dentro del régimen venezolano en 2011, cuando firmó un convenio para suministrar partes de casas prefabricadas cuando Nicolás Maduro era canciller. Años más tarde se reveló que el empresario era en realidad el hombre clave dentro de una red de empresas registradas en paraísos fiscales a nombre de terceros, incluyendo su hijo, hermanos y otros aliados, logrando con ello presentar exportaciones ficticias por millones de dólares.

En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por su participación en varios enramados de corrupción, del que participaban miembros del círculo de Nicolás Maduro, en el que fiscales estadounidenses afirmaron se desviaron más de 350 millones de dólares de Venezuela a través de Estados Unidos.

La dictadura de Nicolás Maduro se refería al colombiano como un diplomático, asegurando que sus viajes a Irán eran para comprar alimentos y medicamentos, sumado a que fue nombrado embajador de Venezuela en África cuando se registró su captura en Cabo Verde.

La importancia de Saab en la dictadura era tal que en diciembre de 2023 fue intercambiado por presos políticos. En esa ocasión el régimen emitió un comunicado en el que celebraron el regreso del barranquillero a Venezuela.

“El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela celebra con júbilo la liberación y retornó a su Patria de nuestro diplomático Alex Saab, quien hasta hoy estuvo injustamente secuestrado en una cárcel estadounidense”, fue el comunicado publicado en ese momento.

Dos años y medio después, la situación es totalmente diferente, Saab fue extraditado a Estados Unidos por las autoridades venezolanas, mientras que voceros del Gobierno transicional, a pesar de que eran parte del régimen cuando Saab era funcionario, afirman que se trata de un colombiano que estaba en su país de manera irregular.

“Yo quiero decirle a Venezuela que cualquier decisión que asuma es por un interés, el de Venezuela. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela, pero son asuntos entre Estados Unidos y Alex Saab. El pueblo venezolano puede tener la confianza, el interés primario es Venezuela”, declaró Delcy Rodríguez, presidente (e) de Venezuela.

De la misma forma, Diosdado Cabello, que en la actualidad cumple funciones en el Ministerio del Interior en Venezuela, resaltó que Saab es colombiano.

“Ciudadano colombiano, quiero aclarar, Alex Saab no es venezolano, es de origen colombiano y presentó una cédula venezolana que no es legal, no tiene ningún tipo de sustento dentro del organismo que otorga la cédula de Venezuela”, declaró Cabello, que aseguró que, luego de una investigación con la que se confirmó la nacionalidad de Alex Saab, fue que su país tomó la decisión de enviarlo a Estados Unidos.

“Saquen la cuenta de cuándo comenzó la presencia de Alex Saab en Colombia, con esa cédula tuvo acceso a unas cosas. No hay ningún expediente que certifique que es venezolano, por eso tomamos la decisión de deportarlo de Venezuela”.

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, realizó este martes 28 de abril de 2026 en el Senado un fuerte pronunciamiento en el que denunció una escalada de violencia en el Valle del Cauca y el Cauca, acusando al actual Gobierno de “premeditar” los hechos y de utilizar la inseguridad con fines políticos.

Las declaraciones surgen tras reportes de ataques consecutivos en la región, que han generado inquietud en la opinión pública.

Durante su intervención, Cabal manifestó que “dos días seguidos de una matazón permanente, sin parar en el departamento del Valle del Cauca y en el Cauca. Qué casualidad tan grande, ¿no? Parece que todo fuera premeditado”.

Según la congresista, la responsabilidad recae en el actual Ejecutivo que, a su juicio, habría llegado al poder por medio de fraude electoral y acuerdos con sectores criminales. “Y sí, es premeditado por un gobierno que pactó ganar las elecciones con fraude y con apoyo del Pacto de la Picota. El país debe corregir el rumbo en estas elecciones”, sostuvo.

La senadora del Centro Democrático criticó la reacción de miembros del oficialismo ante los hechos violentos. “Más atroz ver un congresista del Pacto celebrando en una camioneta diciendo que el pueblo no tenía miedo, cuando al pueblo fue el que mataron en esas busetas, en esos colectivos, masacrados por un gobierno que le da estatus a los bandidos más peligrosos que tiene Colombia”, declaró.

Entre sus cuestionamientos, Cabal señaló la falta de acción frente a líderes de organizaciones armadas. “¿Cómo así que no agarran a Calarcá? ¿Cómo así que no agarran a Mordisco? ¿Cómo así que el tal Marlon hace lo que se le da la gana?”, preguntó la congresista.

La parlamentaria también criticó la política exterior del presidente Gustavo Petro, especialmente la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Aseguró que “Petro rompió las relaciones con Israel, con la mentira de que le dolían los muertos de la guerra. No le duelen los muertos de Irán, no ha roto relaciones con Irán, aquí sigue la embajada de Irán abierta. ¡Hipócritas!”

Cabal advirtió que la situación de orden público y seguridad afecta directamente a la población y responsabilizó al Gobierno de “dejar morir al pueblo, que lo único que quería era tranquilidad y seguridad”. Añadió que “ellos no son los dueños de los pobres como se dicen ser. Lo que hacen es empobrecer, arruinar una economía que quiere salir adelante”.

En su intervención, la senadora rememoró cifras del pasado para comparar la situación actual con gobiernos anteriores. “Colombia, durante el gobierno de Álvaro Uribe, pasó de 30 mil muertos a 12 mil”, mencionó, al tiempo que cuestionó la creación de instituciones como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), calificándola como “burocrática, mentirosa y falsaria”.

Según la congresista, la JEP “lo que quiere ahora es que le den más plata pa seguir inventando historias y seguir metiendo preso a la fuerza pública”.

La legisladora instó a los votantes a considerar el rumbo del país en las próximas elecciones. “Ojalá el pueblo colombiano entienda que esas falsas promesas del cambio tienen que corregirse en estas elecciones. Si perdemos la libertad... Duraremos 30, 40 años. Ahí sigue Cuba miserable. Ahí sigue la ciudad de La Habana, donde Juan Manuel Santos fue a hacer su pacto con el diablo”, expresó con vehemencia.

Cabal vinculó el deterioro de la seguridad al proceso de paz negociado en La Habana y a lo que describió como una alianza entre las élites políticas y la antigua guerrilla.

“El pacto de élites, la élite política colombiana que arruinó a las regiones de Colombia y las sigue arruinando, y la élite de las Farc, que de campesinos no tienen nada, son una empresa criminal transnacional”, afirmó.

La senadora advirtió que la violencia actual “es idéntica a la de México” y denunció la fragmentación del control territorial en manos de “cientos de grupos de traquetos”.

Planteó también preguntas sobre el impacto en la fuerza pública: “¿Cuántos miembros de la fuerza pública mueren o quedan sin extremidades? ¿Cuántos terminan presos por la narrativa de una fiscalía cómplice y perversa que le sirve a Gustavo Petro?”

En su cierre, Cabal reiteró su compromiso con la memoria histórica y la defensa de la institucionalidad. “Que la historia los juzgue, porque de mi parte seguiré encargándome de que no la cambien, no la tergiversen, no se inventen posconflicto, posverdad, ni más basura mental”.

Como parte del proceso de desclasificación de archivos históricos de la SIDE que está encarando el Gobierno, este martes se dio a conocer una segunda entrega, compuesta por 17 documentos, en un archivo digitalizado de 1419 páginas. Dentro del material revelado, se encuentra la publicación, en 1978, de un libro escrito por la propia central de inteligencia, en plena dictadura, para denunciar una “campaña de desprestigio” internacional.

Tras una primera entrega en la que se destacaron, entre otras revelaciones, la de los formularios utilizados para censurar libros y películas y cómo se organizaba la oscura Comisión Asesora de Antecedentes de la SIDE en la dictadura, en esta nueva tanda “se incluyeron decretos, informes y resoluciones que permiten profundizar la reconstrucción histórica” durante el período 1946 - 1983, destacó Cristian Auguadra, secretario de Inteligencia del organismo.

Lo más destacado de las nuevas revelaciones es que se hallaron las pruebas de que fue la propia SIDE la que en 1978 se encargó de la producción de Argentina y sus derechos humanos, un libro a través del cual, desde la fachada de la ficticia Asociación Patriótica Argentina, se denunciaba una presunta campaña de desprestigio internacional contra el gobierno militar.

En una guía que acompaña la difusión del material desclasificado, se informó que fueron halladas en el Fondo Documental SIDE dos ediciones del mismo libro, con “ciertas diferencias puntuales” entre ellos, pero con un contenido y formato similar.

La confección de la obra, escrita en castellano, inglés y francés, fue ordenada desde la oficina de Interior como parte del denominado “Operativo Editorial”.

El equipo de investigación del Archivo Histórico halló un Sumario Administrativo gracias al cual “pudo determinar que el Sr. Subsecretario ‘A’ (8-Interior) encomendó a un agente de la SIDE la confección, elaboración, edición y distribución de un libro relacionado con ‘el accionar de la subversión en el mundo y sus implicancias en la República Argentina’, denominado Argentina y sus Derechos Humanos.

Ello “implicó que un agente, bajo un nombre supuesto, integrara una asociación civil denominada Asociación Patriótica Argentina, actuando como secretario de prensa”.

“Para ello, se le brindó documentación personal y tarjetas institucionales. El agente, con esta cobertura, realizó entrevistas y mantuvo correspondencia con ‘familiares de fallecidos por la subversión’, organismos de derechos humanos, personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, imprentas, editoriales, medios de comunicación, dependencias estatales, etc. Según se desprende del sumario, el ‘Operativo Editorial’ tuvo asignada una partida presupuestaria entre 1979 y 1983″, se detalló.

Un mensaje que precede a la primera edición, fechado en septiembre de 1979, asegura que en la publicación “se hallan debidamente documentados los más significativos atentados terroristas que ha padecido la República Argentina desde 1969″ hasta ese momento.

“Se hace referencia también a algunos aspectos de la campaña que desde el exterior se realiza para desprestigiar a nuestro país, campaña que se desarrolla con gran despliegue publicitario; muy oneroso por cierto, pero con deformación maliciosa y mendaz de la actualidad y del pasado reciente”, afirma el texto firmado por “LOS EDITORES”.

El objetivo, según sus palabras, era el de “contrarrestar los injustificados ataques” que llegaban desde el exterior. “El pueblo argentino no merece el agravio que se le infiere”, explicaban.

Finalmente, en ese prólogo advertían a “otras naciones del mundo” sobre “quienes usan el terrorismo para instaurar gobiernos adictos a las ideologías marxistas”.

El oscuro libro: acusaciones, nombres y el gobierno en el lugar de la víctima

Ya en el inicio del libro, aparece un mensaje perturbador: “El producto neto de la venta de este libro será destinado a atender la educación de los huérfanos de padres víctimas de la delincuencia terrorista en la República Argentina".

La obra escrita desde y por la central de inteligencia está dedicada “a los héroes y mártires que ofrendaron el tributo generoso de sus vidas como testimonio de supremo renunciamiento en aras de un irrenunciable ideal de libertad”. Y también “a sus madres, a sus viudas, a sus inocentes huérfanos”.

En ese mismo sentido, el primer contenido informativo es una “lista de civiles asesinados por terroristas”, diferenciados en “políticos”, “empresarios”, “gremialistas”, “periodistas”, “funcionarios”, “diplomáticos”, “abogados”, “empleados”, “dirigentes estudiantiles” y “profesor universitario”.

La nómina no se queda allí, sino que se pone más específica, con las categorías “víctimas de atentados terroristas en lugares públicos”, “subversivos ‘ajusticiados’ por intentar desertar de Montoneros al comprobar el engaño en que habían caído”, “esposas de militares asesinadas junto a sus maridos” y “niños”. En algunos de los casos mencionados, con duras descripciones de las muertes mencionadas, sobre todo de las de los menores de edad.

Siguiendo con los listados de víctimas, luego aparecen las del “Ejército”, la “Marina”, la “Fuerza Aérea”, la “Policía Federal Argentina”, la “Policía de la provincia de Buenos Aires”, “Policía de otras provincias”, “Servicio Penitenciario Federal” y Gendarmería. El total de asesinados mencionados con nombre y apellido en esa primera edición del libro es de 649 -en la segunda, solo figuran los nombres, sin descripciones ni cifras totales-.

El prólogo con el que sigue el libro comienza con una mentira que oculta tanto a los autores reales como sus intenciones: “Indignados, hartos de comprobar cómo cierta prensa extranjera deforma permanentemente la realidad de nuestro país, un importante grupo de ciudadanos nucleados en la Asociación Patriótica Argentina presenta a la opinión pública mundial este documento. Pretendemos que se sepa cuál es la verdadera historia del terrorismo en la Argentina”.

“Generosamente pretendemos transmitir a todos los pueblos hermanos y, en especial, a aquellos que han empezado a sufrir en sus propios suelos la agresión de la subversión marxista internacional, la triste experiencia que nos tocara vivir a los argentinos, gracias a Dios ya superada”, continúa.

El mensaje, en el que ya comienza a vislumbrarse cómo se apunta contra organismos de derechos humanos como la Cruz Roja Internacional y Amnistía Internacional, sigue: “Creemos en la verdad y que ella termine por imponerse a todo, aunque se trate, en lo que a la Argentina respecta, de una insidiosa conjura basada, en la deformación sistemática de los hechos, deformación que es alimentada por los mismos delincuentes terroristas que se pasean por el mundo con sus bolsillos repletos de dólares, luego de haber huido de nuestro país”.

Para los ghost writers de la SIDE, “la falsificación inventada por la propaganda marxista ha producido confusión y cierta agitación internacional”, y apuntaron que “una vez más el imperialismo rojo utilizó su arma psicológica predilecta; la ciencia de la discordia, el arte de la descomposición, la técnica de la mistificación”.

Con citas textuales de Lenin y Mao Tse-Tung, afirmaron: “Todas las bandas terroristas que intentaron hacer estallar nuestro país se jactaron, sin ningún embozo, de su pertenencia ideológica al marxismo-leninismo, como lo continúan haciendo sus órganos clandestinos de propaganda”.

“Por lo tanto, el presente documento que ofrece la Asociación Patriótica Argentina ha sido impreso con el propósito de aportar con crudeza las evidencias de una experiencia similar a las padecidas por los rehenes asesinados en la embajada Saudita de Kartum y las víctimas de la matanza de Múnich y de la masacre del aeropuerto de Lod. Y que, de no conjugarse a tiempo, hubiera finalizado en genocidios como los de Katyn, Auschwitz y Hungría”, compararon sin sonrojarse en el final del prólogo.

Ya oficialmente en el cuerpo del libro, el inicio plantea un panorama referido al “terrorismo en el mundo”, con ejemplos de atentados en otros países y utilizando como eje palabras del papa Paulo VI, con una frase que se refería a ese convulsionado tiempo como la “tempestad de la Historia de la Humanidad”.

Incluyen mapas y hasta una “sinopsis del terrorismo marxista en el mundo”, que comienza en 1920 e incluye, año por año y para cada país latinoamericano, los nombres de las organizaciones que consideraban “movimientos subversivos”. También hay una lista de “organizaciones terroristas que actualmente conmueven al mundo”.

Un breve repaso del “terrorismo en Argentina” comienza contando que “en 1959, los sectores marxistas liderados por John William Cooke en el peronismo ya mantenían directos contactos con Cuba” y el inicio de lo que consideraron el inicio del desarrollo de las organizaciones subversivas armadas en el país.

En la segunda edición, esa “historia terrorista” estaba más desarrollada y culminaba con un listado de “principales responsables (aún prófugos) del genocidio argentino”. Solo mencionaban a políticos y miembros de organizaciones armadas que combatían a la dictadura.

Con un título irónico, el libro prosigue con un “Curso abreviado para destruir la imagen de un país” y los “requisitos a cumplir para preparar una buena campaña de desprestigio de un país”.

Entre esos “requisitos”, los más destacados eran:

• “Saber inventar historias de torturas, violaciones en las más variadas formas, etc.. Cuanta mayor imaginación se tenga más truculenta resultará la historia y más despiadadamente aparecerán agraviados los derechos humanos”.
• “Crear organizaciones de carácter internacional y nacional para que se ocupen de ‘defender’ los derechos humanos. Si ya están creadas, asegurarse su ‘colaboración’”.
• “Lograr un buen apoyo de agencias de noticias y corresponsales extranjeros”.

Para los autores, el objetivo de “los delincuentes subversivos” era “impedir que se concrete el Proceso de Reorganización Nacional” encarado por las Fuerzas Armadas en el país.

En ese sentido, hacían mención, por primera vez en el libro, del aprovechamiento del Mundial de 1978 como “acontecimiento de repercusión internacional para difundir lo más ampliamente posible una imagen negativa del país”, una “imagen que dé sensación de inseguridad, temor y de constantes peligros para el que nos visite como turistas o para quienes estén dispuestos a radicar industrias o invertir capitales en nuestro país”.

Desde la SIDE (encubierta como Asociación Patriótica Argentina) les apuntaron principalmente como responsables de la “campaña de desprestigio” al Comité Internacional de la Cruz Roja, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones.

“El Comité Internacional de la Cruz Roja se ha convertido en un polo aglutinador del ‘frente de familiares de presos’ terroristas, con el fin de acumular fuerzas para lanzar contra Argentina ataques de nivel crecientes bajo el pretexto de denunciar violaciones a los llamados ‘derechos humanos’”, se denuncia en el libro.

Pero fueron más allá: sin el más mínimo cuidado por ocultar los trabajos de inteligencia realizados contra las personas apuntadas, publicaron las fotos y hasta los domicilios en Buenos Aires de los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja Rolf Jenny, Teresa Muñoz y Romaine Tissiere, así como también de varios de sus colaboradores.

“Nunca se supo que Rolf Jenny o Walter Meyer o Teresita Muñoz o Romaine Tissiere o el Comité Internacional de la Cruz Roja o la misma Cruz Roja Argentina se preocuparan por los derechos humanos de las víctimas de la subversión ni por sus huérfanos ni por sus viudas. Ni por sus padres. Ni por sus hogares destrozados”, escribieron en mayúsculas, en un agresivo mensaje.

Desafiaban directamente “a Rolf Jenny y a toda su pandilla”.

El texto creado en la central de inteligencia estatal continuaba describiendo atentados y hasta “ajusticiamientos de terroristas por parte de otros terroristas”.

No siempre en el libro los agentes encubiertos lograron disfrazar su lugar dentro del gobierno, como en este párrafo escrito insólitamente en primera persona: “Así es como nacen y se difunden escalofriantes y tremebundas historias cuya autoría nos adjudican. Así es como surgen las incongruentes movilizaciones en favor de los derechos humanos (únicamente de los terroristas y no de los de las otras personas que ellos asesinan) y contra la imagen de un gobierno que, precisa y ansiosamente, desea asegurarle a su pueblo una sociedad donde el crimen, la violencia, el atropello no formen las bases de la vida diaria; donde la circulación de las balas no sustituya el libre flujo del pensamiento; donde los triunfos electorales no se obtengan a expensas de las ideas, sino a partir de ellas”.

El libro acusa incluso a Naciones Unidas de haberles brindado 3,2 millones de dólares a “terroristas” en calidad de “refugiados”.

“El auge del terrorismo a nivel mundial hace necesario un estudio profundo de cada uno de los problemas tanto en lo que respecta a los derechos humanos como al problema de los refugiados, para no caer ingenuamente en el juego de la subversión marxista-leninista”, acusaban.

Fotos de cadáveres y relatos de terroristas

En un apartado de la obra de la SIDE, se observa una serie de fotografías de cadáveres de víctimas de atentados cometidos por grupos armados. Son imágenes crudas, sin filtro, con el único fin de impactar al lector, de horrorizarlo.

También se incluyen fotos de algunas de las “cárceles del pueblo” de Montoneros, donde mantenían secuestrados, “juzgaban” y ejecutaban a militares y enemigos.

Por otro lado, compartieron el relato de Mario Firmenich y Norma Arrostito del asesinato del Teniente General Pedro Eugenio Aramburu en la revista de Montoneros La causa peronista.

Pero el golpe más bajo de la publicación llega con el nombre “Inocentes criaturas víctimas de la demencial furia homicida de los terroristas argentinos”.

Allí, se cuentan historias de niños muertos en medio de atentados terroristas, como el caso de Juan Eduardo Barrios, de 3 años. “Un niño que aún no había aprendido a deletrear la palabra Patria y mucho menos la palabra Justicia, porque la seguridad, para él, era simplemente la mano de su madre”, lo presentaron.

La mención al “boicot” al Mundial de 1978

“Para llamar la atención del mundo, los terroristas marxistas asesinaron al presidente del Comité Organizador del Mundial 78, General Ornar ACTIS. Este episodio tuvo una sola explicación. Muy clara. Muy directa. El terrorismo subversivo buscó con ese asesinato sumar argumentos negativos a la campaña de desprestigio internacional para la Argentina, tratando de demostrar que en nuestro país se vive un clima de terror e inseguridad. Con ello, obviamente, se persiguió el objetivo de lograr que el país perdiera la condición de sede de tan importante evento deportivo mundial”, se indica.

Si bien el asesinato de Actis fue adjudicado de manera inmediata a Montoneros por la dictadura, la organización armada negó siempre la acusación. Distintas investigaciones posteriores incluso apuntan a un posible enfrentamiento interno en la cúpula militar y que podría haber sido la Armada, con Carlos Alberto Lacoste, la responsable del homicidio.

En el libro, cuentan que “un tiempo después del mencionado asesinato, numerosos funcionarios argentinos y extranjeros de variados niveles comenzaron a recibir una curiosa tarjeta. Se trata de una imitación del logotipo adoptado por los organizadores para identificar el Mundial 78, con agregados que delatan la mano de la subversión. En efecto, las tarjetas, de costosa impresión y a varios colores, llevan leyendas agresivas enmarcando el logotipo con alambre de púas atado. Estas tarjetas preferentemente fueron despachadas desde Italia”.

Luego, al referirse a dirigentes socialistas europeos, como el francés François Miterrand, dejaron mensajes amenazantes tras invitarlos a visitar el país y a no creerles a los “asesinos que se han escapado de nuestro país”: “¡Por amor de Dios! ¡Cuídense...! ¡...no vaya a ser que cualquiera de estos días los secuestren y aparezcan en un camino con el cuerpo acribillado a balazos!“.

También se desarrolla la idea de intentos de boicot a un Congreso Internacional de Cancerología convocado por la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) y al Mundial de Hockey sobre césped que se realizó en el país en 1978, unos meses antes que el de fútbol.

Todo empezó con una canción. Eran las 22.55 del 24 de abril de 1974 cuando la Rádio Emissores Associados de Lisboa puso al aire “E depois do Adeus”, la balada con la que Paulo de Carvalho había representado a Portugal en el Festival de Eurovisión apenas unos días antes. Era, en apariencia, una canción inocua, melancólica, sin nada político para decir.

Pero en distintos cuarteles de todo el país, los soldados del Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) escucharon la canción y supieron que esa era la primera señal. Era la hora de empezar a prepararse. El plan que habían elucubrado durante meses, en la clandestinidad y con el miedo permanente de ser descubiertos, estaba a punto de ponerse en marcha.

Una hora y media después, a las 00.25 del 25 de abril, la Radio Renascença emitió la segunda señal. Esta vez era “Grândola, Vila Morena”, compuesta por el músico José Afonso y prohibida por el régimen gobernante porque en ella se cantaba a la fraternidad entre los hombres y a la importancia de escuchar la voluntad del pueblo.

Era, por todo eso, una canción que el llamado Estado Novo había decidido que los portugueses no podían escuchar. Y sin embargo ahí estaba, sonando en los parlantes de una radio nacional. Para los oficiales del Movimiento de las Fuerzas Armadas fue la confirmación definitiva: había que derrocar a la dictadura que llevaba casi cincuenta años imponiéndose en Portugal.

Medio siglo de censura y represión

El régimen que se autodenominaba Estado Novo (Estado Nuevo) se había instalado en el poder en 1926, cuando un golpe militar interrumpió la Primera República portuguesa. Seis años después, António de Oliveira Salazar, un economista austero y profundamente católico, se convirtió en primer ministro y transformó a Portugal en una dictadura que combinaba el catolicismo conservador, el nacionalismo imperial y la represión sistemática de cualquier disidencia.

Salazar construyó un Estado que controlaba casi todo: la prensa, los sindicatos, la vida cultural, la educación. Creó la PIDE, la Policía Internacional y de Defensa del Estado, una fuerza de seguridad que tenía informantes en todas partes y que usaba la tortura y el encarcelamiento arbitrario como herramientas habituales de gobierno. Quienes se oponían al régimen podían terminar presos, exiliados o desaparecidos. Durante décadas, el terror funcionó.

Pero en 1968 Salazar sufrió un accidente que le provocó un hematoma cerebral y tuvo que dejar el gobierno. Murió dos años después, en 1970. Su sucesor, Marcelo Caetano, llegó con promesas de apertura y modernización que nunca se pusieron en marcha. Los popes del régimen se encargaron de abortar cualquier reforma real: la inercia del Estado Novo y el poder intacto de la PIDE garantizaban que nada cambiara.

Portugal era, a principios de los setenta, el país más pobre de Europa Occidental. El resto del continente atravesaba el boom económico de la posguerra, su clase media crecía. Pero Portugal se quedaba atrás. La emigración era desesperada: cientos de miles de portugueses se habían ido a Francia, a Alemania, a Venezuela, a Canadá, a Estados Unidos. Los que se quedaban lo hacían sin muchas alternativas ni esperanzas. Y padecían, además, una guerra sin fin.

Trece años de guerra que nadie podía ganar

Desde 1961, Portugal combatía en tres frentes africanos al mismo tiempo. En Angola, en Mozambique y en Guinea-Bissau, los movimientos de descolonización que recorrían el continente africano habían prendido también contra el Imperio colonial portugués. El régimen respondió con las Fuerzas Armadas porque consideraba que las colonias eran algo así como un elemento sagrado de la identidad nacional, algo que había que defender a cualquier costo. El problema era que ese costo crecía sin parar.

Portugal destinaba más de la mitad de su producto bruto interno a sostener esas guerras. Mandaba a sus jóvenes a combatir en selvas y desiertos de los que muchos no volvían: más de ocho mil soldados portugueses murieron en los conflictos africanos entre 1961 y 1974.

El malestar dentro del Ejército se fue acumulando en silencio durante años. Los oficiales medios eran los que pagaban el precio más alto: eran enviados constantemente a África, con escasos recursos, en medio de ascensos que el gobierno otorgaba de manera arbitraria y que privilegiaban a los que el régimen consideraba más confiables por sobre los que tenían méritos de campaña.

En febrero de 1974, el general António de Spínola, que había servido en Guinea-Bissau y había visto de cerca la imposibilidad de ganar aquella guerra, publicó un libro que se llamaba Portugal e o futuro (Portugal y el futuro). En el texto, Spínola sostenía con claridad que el país no debía continuar la guerra en África sino buscar una solución política. El régimen lo consideró directamente una herejía. Marcelo Caetano destituyó a Spínola inmediatamente.

Ese error, el de intentar sacar del juego a un general respetado y con enorme influencia en las Fuerzas Armadas, le costaría carísimo al Estado Novo porque terminó por empujar a muchos oficiales que todavía dudaban a acercarse al Movimiento de las Fuerzas Armadas.

Una conspiración en las sombras

El MFA había nacido en secreto en 1973, al principio como una agrupación de oficiales preocupados por cuestiones profesionales: los ascensos injustos, las condiciones de servicio, la exposición permanente al combate sin perspectivas de mejora. Pero rápidamente, a medida que se fueron conociendo, su agenda se fue politizando. La guerra era injusta. El régimen era ilegítimo. Portugal necesitaba cambiar.

En diciembre de 1973 empezaron a planear lo que vendría. La conspiración creció. A fines de 1973, la PIDE ya sabía que algo se estaba gestando dentro del Ejército, pero no pudo frenarlo. El 16 de marzo de 1974 hubo un primer intento: un grupo de oficiales del MFA buscó encabezar la sublevación de un regimiento de infantería en Caldas da Rainha, a noventa kilómetros de Lisboa, para marchar sobre la capital.

El Levantamiento de las Caldas fracasó ese mismo día. El régimen respondió con una ola de espionaje, detenciones y traslados. Lejos de amedrentarlos, ese fracaso convenció a los jefes del MFA de que había que acelerar el proceso. Que no podían darse el lujo de dar tiempo a que el régimen los desarticulara. Decidieron que usarían canciones como señales para poner el plan en acción cuando llegara el momento.

Una noche que cambió a un país

A las 22.55 del 24 de abril de 1974, el periodista João Paulo Diniz leyó la presentación de “E depois do Adeus” en la Rádio Emissores Associados y la canción salió al aire. En cuarteles de Lisboa, Santarém, Oporto, Braga, Faro y otras ciudades, los oficiales del MFA empezaron a moverse en silencio. A las 00.25 del 25 de abril, la Radio Renascença emitió “Grândola, Vila Morena”. Fue la orden definitiva.

A la una de la madrugada, las guarniciones de las principales ciudades del país empezaron a ocupar aeropuertos, aeródromos e instalaciones gubernamentales. Unidades de la marina de guerra tomaron el control de los puertos del Atlántico, de Madeira y de las Azores.

Los “capitanes de abril” —como se conocería después los oficiales del MFA— emitieron llamados radiofónicos pidiendo a la población que se quedara en sus casas y a la policía que no se opusiera a las tropas rebeldes. Nadie acató el primer pedido. Al amanecer, miles de civiles salieron a la calle a mezclarse con los soldados.

A las cuatro de la madrugada, el gobierno de Caetano tomó conocimiento de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Ordenó a sus fuerzas que detuvieran a los rebeldes. Nadie obedeció. A las nueve de la mañana del 25 de abril, el MFA controlaba todos los puntos clave del país. Caetano y su gabinete, incapaces de contener la situación, se refugiaron en el cuartel del barrio del Carmo, en Lisboa.

El capitán Salgueiro Maia, que había salido de Santarém al frente de las fuerzas de la Escuela Práctica de Caballería y había ganado la adhesión de más tropas en el camino, cercó el Carmo con sus tanques y una multitud de manifestantes. A las 14.30 le presentó a Caetano un ultimátum para que se rindiera antes de las 16.00.

Caetano pidió rendirse ante un oficial de alta graduación. Llamaron al general Spínola, el mismo que el régimen había destituido dos meses antes por atreverse a decir que la guerra en África no tenía sentido. A las 19.30 de ese 25 de abril, Marcelo Caetano entregó el poder. Acababan de terminar cuarenta y ocho años de Estado Novo, la dictadura más longeva de la Europa moderna.

Celeste, la chica de los claveles

Nadie los había planeado. Y aún así, los claveles serían el detalle que le daría nombre a una de las revoluciones más recordadas del siglo XX. Aparecieron en escena sin premeditación y se convirtieron en un símbolo. Estuvieron allí porque era temporada de claveles en Portugal y porque una joven llamada Celeste Caeiro los tenía en la mano en el momento indicado.

Celeste era moza y esa mañana había comprado varios ramos de claveles para repartirlos en el restaurante donde trabajaba porque el negocio celebraba su primer aniversario. La revolución ocupando Lisboa canceló el festejo, así que Celeste salió a la calle con las flores que ya no serían para ningún comensal.

En la plaza del Rossio, al inicio del Largo do Carmo, un soldado asomado desde un tanque le pidió un cigarrillo. La joven no tenía cigarrillos pero tenía claveles. Le dio uno. El soldado lo metió en el cañón de su fusil. Sus compañeros vieron el gesto y repitieron la acción: claveles en los fusiles, por toda la ciudad, como el símbolo de que no querían disparar. De que esa revolución no se proponía matar a nadie, sino terminar con la muerte de la guerra.

La PIDE, la policía secreta del régimen, fue la única que resistió. Disparó contra los civiles que se habían concentrado frente a su sede. El único derramamiento de sangre de aquel día histórico fue de parte del régimen dictatorial: cuatro personas murieron. Sus nombres eran João Arruda, Fernando Reis, Fernando Giesteira y José Barneto.

Un año frágil

Los meses que siguieron al 25 de abril fueron caóticos. Portugal vivió una ebullición política sin precedentes: los partidos que habían estado prohibidos salieron a la luz, los sindicatos recuperaron su derecho a existir, los presos políticos fueron liberados, la prensa pudo hablar.

Pero también hubo feroces internas entre las distintas facciones que competían por orientar el rumbo del país: moderados, comunistas, militares con distintas visiones, civiles que querían la democracia y otros que querían algo más radical.

La Junta de Salvación Nacional, liderada por Spínola, gobernó en los primeros meses hasta que nuevas tensiones la desplazaron. Hubo intentos de golpe desde distintos sectores. Se habló de guerra civil. Portugal estuvo, en varios momentos de ese año turbulento, en un equilibrio muy frágil.

En abril de 1975, exactamente un año después de la revolución, Portugal celebró sus primeras elecciones legislativas libres en más de cincuenta años. Participó el 91,7 por ciento del padrón electoral, uno de los porcentajes de participación más altos que registraba el continente europeo en esa época.

En 1976 se aprobó una nueva Constitución que estabilizó la democracia y la volvió irreversible. La constitución de 1976 supuso también la consolidación de las libertades fundamentales que el Estado Novo había negado durante décadas: libertad de expresión, libertad sindical, derecho de huelga, sufragio universal.

El fin de un imperio

La revolución no fue solo el fin de una dictadura, sino también el fin de un imperio. Portugal concedió la independencia a Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental. Más de quinientos años de presencia colonial portuguesa en África y Asia llegaron a su fin.

El régimen que durante décadas había justificado la guerra en África como defensa de la identidad nacional entregó el poder a los pueblos que reclamaban gobernarse a sí mismos. Fue el gesto más contundente de aquella revolución que no disparó ni un tiro.

El 25 de abril es hoy el día más importante del calendario cívico de Portugal. En un siglo XX plagado de golpes que simplemente cambiaron la cara del autoritarismo, la Revolución de los Claveles fue una anomalía extraordinaria.

“Grândola, Vila Morena” todavía se escucha en Portugal cada 25 de abril. Suena en la radio, en las plazas, en los actos conmemorativos. Y cada vez que suena, el pueblo portugués recuerda lo que significó escucharla por primera vez aquella madrugada de 1974: que la dictadura tenía las horas contadas, que la guerra interminable iba a terminar, que algo que llevaba casi toda una vida pesando sobre el país estaba por fin a punto de romperse.

Distintos expertos en diferentes ocasiones han calificado a Nicaragua como la Corea del Norte de Latinoamérica. En los últimos días, tanto el informe de V-Dem 2026 como el índice de democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist han colocado al país como el más cerrado y autocrático de América, compartiendo el sótano a nivel mundial con regímenes como Myanmar, Corea del Norte y Eritrea.

El Democracy Report 2026 del V-Dem Institute, de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, coloca a Nicaragua en el puesto 175 entre 179 países en el Índice de Democracia Liberal. Su puntuación es de 0.02. En esa tabla solo aparecen peor Myanmar, Corea del Norte y Eritrea, mientras Afganistán queda apenas un escalón arriba o a la par, según el componente que se observe.

El informe V-Dem dice que en Nicaragua Daniel Ortega y el FSLN “socavaron la calidad de las elecciones, abolieron los límites a la reelección presidencial y cerraron o silenciaron a la oposición, a los medios y a las organizaciones civiles”. Añade que la Constitución aprobada en 2025 “cimentó aún más su poder”.

El índice de democracia 2025 de la Unidad de Inteligencia de The Economist, publicado esta semana, llega al mismo foso por otra ruta. Mide el deterioro acumulado desde 2011 hasta 2025. Y ahí Nicaragua aparece como el país que más ha empeorado en democracia en el mundo.

Su puntaje general es de 1.97, dentro de la categoría de “régimen autoritario”, y el desplome se concentra en tres zonas decisivas: procesos electorales y pluralismo, participación política y libertades civiles.

Corea del Norte de América Latina

La politóloga guatemalteca Gloria Álvarez advirtió este desplome desde 2017 cuando bautizó a Nicaragua como “la Corea del Norte de América Latina”.

Álvarez señalaba entonces los riesgos del “absoluto compadrazgo” entre el sector empresarial y el régimen, una sociedad de conveniencia que, a su juicio, bloqueó la aparición de élites con voluntad real de confrontar el poder.

Para Álvarez, Ortega aprendió de sus errores de los años ochenta y dejó de pelearse con todos a la vez. En vez de eso, negoció, cooptó y administró un orden de miedo más silencioso. Lo definió como un “dictador del socialismo del siglo XXI, pero con maestría y doctorado”.

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla reaccionó en términos similares cuando en 2021, Daniel Ortega y Rosario Murillo cerraron cualquier salida electoral a la crisis del país y apresaron a todos los candidatos de oposición y proscribieron los partidos políticos que les podían hacer competencia.

“Cada vez es más claro que Nicaragua es la Corea del Norte de América Latina, si no es que la está superando por creces en un régimen despótico, un régimen cargado también de nepotismo, claramente, y un régimen cada vez más aislado de la comunidad internacional”, expresó en esa ocasión en entrevista a la plataforma Confidencial.

Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, también hizo la comparación con la dictadura asiática en febrero pasado. “Hoy Nicaragua es la Corea del Norte de nuestro hemisferio, el país más represivo que hay en nuestra parte del mundo”, dijo.

Pappier señaló dos fenómenos nuevos incorporados en 2025: la Constitución que legalizó la concentración absoluta del poder en la presidencia compartida de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y la profundización de las denuncias de represión transnacional, incluida la muerte de Roberto Samcam en Costa Rica y los señalamientos del Grupo de Expertos de la ONU sobre acoso y persecución más allá de las fronteras.

Para el nicaragüense Douglas Castro, especialista en Ciencias Políticas, la comparación con Corea del Norte sirve para dimensionar el cierre del espacio cívico, aunque aclara que formalmente Nicaragua sigue celebrando elecciones multipartidistas y por eso algunos índices todavía no la catalogan como autocracia cerrada.

Considera que colocar a Nicaragua en esos listados le genera un sentimiento “positivo”. “Ayudan a darle magnitud real a lo que pasa”, dice. En Europa, agrega, se habla mucho de Viktor Orbán (Hungría) o de Recep Tayyip Erdogan (Turquía) como ejemplos de autoritarismo, pero “ya nos gustaría tener (en Nicaragua) la situación que tienen en Hungría o en Turquía”, ironiza.

Castro sostiene que Nicaragua ha rebasado incluso a otros autoritarismos latinoamericanos como el venezolano antes de 2026 y frente a la Cuba actual. En Cuba menciona a la periodista Yoani Sánchez y a 14ymedio. En Venezuela recuerda que todavía hay periodistas informando desde la calle y organizaciones de derechos humanos como Provea trabajando. En Nicaragua, en cambio, “los medios de comunicación independientes y los organismos de derechos humanos como el Cenidh o la Comisión Permanente de Derechos Humanos fueron pulverizados”.

Define al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como “una dictadura dinástica con vocación totalitaria”. Considera que la dictadura de Nicaragua no es solo un problema de los nicaragüenses sino un peligro “para los vecinos, la región y el mundo” porque los comportamientos autoritarios, si tienen éxito, tienden a replicarse.

En ese mismo sentido, la expresidenta Chinchilla sostiene que la comunidad internacional está llamada a actuar. “Tenemos que tratar de hacer algo nosotros. Sí podemos actuar en apoyo a la sociedad civil nicaragüense incluyendo los medios de comunicación independiente y a todo tipo de organización a la que podamos amparar a través de nuestra voz y a través de algunas gestiones que podamos hacer”.

Ortega-Murillo vs. Kim

Los expertos coinciden en las siguientes comparaciones entre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la dictadura de los Kim, en Corea de Norte:

1. Poder absoluto concentrado en una familia. En ambos casos, el Estado y el gobierno se confunden con una dinastía. En Corea del Norte, la línea Kim ha gobernado por tres generaciones. En Nicaragua, Ortega ha construido un esquema familiar donde Murillo ejerce poder ejecutivo real y se coloca como la heredera del poder mientras los hijos controlan medios, negocios y operadores políticos.

2. Eliminación total de la competencia política. No hay elecciones competitivas. En Nicaragua se cancelan partidos, se inhabilita o encarcela a candidatos y se expulsa a opositores. En Corea del Norte no hay vía institucional para disputar el poder.

3. Estado policial y vigilancia extendida. Ambos regímenes descansan en aparatos de seguridad que penetran la vida cotidiana. En Nicaragua, policía, inteligencia y estructuras parapoliciales vigilan, intimidan y detienen sin garantías. En Corea del Norte, la vigilancia es aún más total, con redes de informantes en barrios y centros de trabajo.

4. Criminalización del disenso. La crítica política se convierte en delito. En Nicaragua, leyes amplias sobre “traición”, “ciberdelitos” o “agentes extranjeros” permiten encarcelar a opositores, periodistas y sacerdotes. En Corea del Norte, cualquier desviación ideológica es castigada con prisión o campos de trabajo.

5. Propaganda omnipresente y culto al liderazgo. La comunicación oficial gira en torno a la figura del líder. Corea del Norte tiene un culto total a la familia Kim. Nicaragua, sin llegar a ese nivel de ritualización, ha construido una narrativa permanente alrededor de Ortega y, sobre todo, Murillo, con mensajes diarios, simbología y control del relato público.

6. Control o destrucción de medios independientes. En Nicaragua se han confiscado redacciones, cerrado radios y forzado al exilio a periodistas. El ecosistema informativo interno quedó prácticamente bajo control oficial. Corea del Norte no permite prensa independiente. En ambos casos, la ciudadanía recibe la versión de la realidad que el régimen quiere dar.

7. Aislamiento internacional progresivo. Corea del Norte es un caso extremo de aislamiento. Nicaragua no llega a ese nivel, pero se mueve en esa dirección: ruptura con organismos, expulsión de misiones internacionales, conflictos con gobiernos democráticos y acercamiento a aliados autoritarios. Es un aislamiento político, aunque no total en lo económico.

8. Uso del exilio como mecanismo de control. Expulsar ciudadanos o empujarlos a irse funciona como válvula de escape y castigo. Nicaragua ha desterrado a opositores, desnacionalizado críticos y provocado olas migratorias. Corea del Norte, en cambio, impide salir; pero cuando alguien escapa, la represalia alcanza a su familia. En ambos casos, el movimiento de personas es un instrumento de poder.

9. Sistema legal subordinado al Ejecutivo. No hay independencia judicial. Los tribunales en Nicaragua actúan alineados con el poder político en casos sensibles. En Corea del Norte, la justicia es abiertamente un brazo del régimen.

10. Economía capturada por el poder político. En Corea del Norte, el Estado controla la economía casi por completo. En Nicaragua existe sector privado, pero con creciente presión, confiscaciones selectivas y privilegios para grupos cercanos al poder.

11. Reescritura de la historia y control de la memoria. Ambos regímenes moldean el pasado para legitimar el presente. En Corea del Norte, la historia oficial es completamente fabricada alrededor de los Kim. En Nicaragua, hay un esfuerzo sistemático por borrar o reinterpretar episodios recientes, como las protestas de 2018.

12. Represión transnacional. Corea del Norte ha perseguido desertores en el extranjero. Nicaragua ha sido señalada por organismos internacionales de operar redes de vigilancia y presión más allá de sus fronteras contra opositores exiliados.

Enriquecimiento familiar

El sociólogo y economista nicaragüense, Oscar René Vargas, sostiene que este diseño de dictadura en Nicaragua, además del poder, busca el enriquecimiento de la familia gobernante.

“El régimen Ortega-Murillo ha logrado acumular una enorme riqueza bajo un esquema que politólogos califican de cleptocrático al borrar la frontera entre el poder público y los negocios privados, le ha permitido a su familia amasar una fortuna calculada en más de US$3,000 millones de dólares durante sus 20 años en el poder (2007-2026) en medio de proyectos inmobiliarios, donaciones, regalos, sobornos, maniobras financieras, lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción. Igualmente, aprovecha el acercamiento con empresarios extranjeros, compañías mineras, madereras y agropecuarias para recibir sobornos en forma de regalos”, señala.

“Nunca en la historia nicaragüenses habíamos visto a una familia expandir su riqueza tan rápidamente. Nunca en la historia nicaragüense tan pocas personas han tenido tanta riqueza y poder. Nunca en la historia nicaragüense había habido niveles tan extremos de desigualdad de ingresos y riqueza, con el 1% superior ahora dueño de más riqueza que el 93% inferior de la población” añade.

Y concluye: “Nicaragua vive bajo un régimen autoritario, cleptocrático, violador de los derechos humanos y mafioso”.

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció en septiembre de 2023 que había comprado el software ‘Bonaparte’, desarrollado por la empresa holandesa Smart Research y que, por ejemplo, ya usaba Interpol para gestionar la primera base de datos mundial que permite identificar a desaparecidos mediante el cotejo internacional de perfiles genéticos con muestras de ADN de personas emparentadas entre sí. El objetivo de España era usar esta herramienta para crear y gestionar su propio “banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura”. La entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, destacó que este sistema “permitirá integrar perfiles de ADN de múltiples laboratorios y realizar búsquedas sistemáticas con restos postmortem procedentes de la exhumación de fosas comunes de personas desaparecidas, y ayudar así en la identificación genética de los restos”.

La Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor de octubre de 2022, establecía la creación de ese banco estatal. Pero tras su compra (’Bonaparte’ costó 289.000 euros), este software durmió durante muchos meses en el cajón de los justos. De hecho, en febrero de 2025, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica preguntó el Ejecutivo la siguiente información: día exacto de comienzo de uso del software, el número de perfiles genéticos de las víctimas recuperadas en fosas comunes del franquismo incluidos y gestionados por dicho software, el número de perfiles genéticos de los potenciales familiares de las víctimas incluidos y gestionados por dicho software, el número de víctimas identificadas por dicho software, y el número de laboratorios genéticos que están participando en la aportación de perfiles genéticos a dicho software.

La asociación no obtuvo respuesta y tuvo que recurrir al Consejo de Transparencia, que estimó su reclamación. En octubre de 2025, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática dio los primeros datos oficiales: entre 2019 y 2025 se han recuperado 8.941 cuerpos de fosas comunes de represaliados por el franquismo. Sin embargo, en los registros oficiales solo constaban 70 identificaciones. Ante estos datos, la asociación que preside Emilio Silva lanzó una campaña desde sus redes sociales pidiendo explicaciones al Gobierno, recordándole que “el objetivo no es exhumar, es identificar desaparecidos”. El Gobierno se defendió diciendo que la baja tasa de identificación respondía a múltiples factores, como la degradación del ADN con el paso del tiempo o la dificultad de localizar descendientes directos.

Ahora, a mediados de marzo, la Secretaría de Estado ha iniciado una nueva licitación para dar un impulso a la base de datos y quiere contratar un servicio de “recogida y procesamiento de muestras bucales para la extracción de perfil genético de familiares de personas desaparecidas durante la guerra de España y la dictadura. Con un presupuesto de 350.000 euros, el objetivo es “la extracción del perfil genético de muestras salivares procedentes de 300 familiares de personas desaparecidas durante la Guerra de España (1936-1939) y la posterior dictadura”, señala la memoria justificativa del contrato. Un portavoz de Memoria Democrática confirma a Infobae que este trabajo “es para el banco de ADN, para que todos los descendientes puedan aportar sus muestras y poder cotejar con los restos exhumados en cualquier lugar de España”.

¿Por qué solo 300?

Son solo 300 perfiles. El mismo portavoz no aclara por qué solo este número, aunque la petición procede de la Dirección General de Atención a las Víctimas (DGAV). El contrato incluye las siguientes prestaciones por parte de la entidad contratista: gestiones para determinar en cada familia el donante genético óptimo; extracción de su perfil genético mediante muestra salival; registro del perfil extraído en el Banco Estatal; y la interpretación de resultados y elaboración de informes trimestrales de identificación.

El número de donantes genéticos a gestionar es de 300, y de cada uno se realizará una doble extracción de material genético (una por cada hisopo), por lo que se realizarán un total de 600 extracciones, duplicándose por tanto el perfil genético de marcadores STRs autosómicos, de cromosoma Y y ADN mitocondrial, se explica en las condiciones técnicas del contrato. Los trabajos durarán dos años. Las pruebas que hay que hacer para cada una de las 600 muestras tendrán un coste unitario de 535 euros. Se ha previsto una prórroga de otros dos años y un 20% de modificaciones presupuestarias, por lo que el coste total de este servicio se puede elevar a los 637.000 euros.

Su victoria en Guadalajara, México, ante los caribeños lo convirtió en el país número 47 clasificado para la máxima cita. El equipo dirigido por Sébastien Desabre celebró con un gol de Fiston Mayele una gesta que revive la historia de 1974: entonces, el país fue pionero como primer representante del África subsahariana y protagonista de una jugada que marcó un antes y un después en la percepción del fútbol africano.

El trasfondo político que marcó su paso por el Mundial

En la edición de 1974, la selección de Zaire enfrentó contextos de tensión política interna y miradas estigmatizantes desde el exterior. Debutó con una derrota por 2-0 ante Escocia; no obstante, el encuentro decisivo fue el segundo partido, cuando cayeron 9-0 ante Yugoslavia, estableciendo la mayor goleada registrada en la historia de los Mundiales.

Este resultado derivó en amenazas directas por parte del régimen de Mobutu Sese Seko, presidente de Zaire en ese momento, que alteraron seriamente el ánimo del plantel.

En el último partido de la fase de grupos, bajo la presión política y con Brasil como rival, ocurrió el episodio que la prensa internacional interpretó durante años como desconocimiento reglamentario. Con la Verdeamarela ganando 3-0 y restando cinco minutos, el defensor Ilunga Mwepu salió de la barrera antes de la ejecución de un tiro libre y despejó el balón con fuerza, una acción que sorprendió y se difundió mundialmente, usada reiteradamente para reforzar estereotipos sobre el fútbol africano.

La verdadera razón del acto de Mwepu era mucho más compleja. Según manifestó el propio jugador a la BBC, tras la derrota frente a Yugoslavia, los futbolistas permanecieron recluidos en el hotel bajo la advertencia de que no debían regresar si la derrota ante Brasil superaba los cuatro goles de diferencia.

El temor a represalias llevó al plantel a adoptar cualquier medida para evitar un marcador más abultado. Así, el despeje de Mwepu fue una acción desesperada y calculada, no una equivocación reglamentaria. “Tras el partido contra Yugoslavia, los guardias del presidente nos encerraron en el hotel y nos avisaron que si perdíamos por más de 4 goles contra Brasil, que mejor no volviéramos a casa“, detalló el futbolista años después, en declaraciones recogidas por Doble Amarilla.

La repercusión fue inmediata: el tiro libre no derivó en gol, y el equipo logró evitar un resultado más amplio, aunque la eliminación era segura. Zaire cerró su participación con tres derrotas, catorce goles en contra y ninguno a favor.

Presión política y construcción mediática: la jugada de Ilunga Mwepu

La escena protagonizada por Mwepu expuso el peso de las presiones políticas y la desigualdad cultural que enfrentaron los futbolistas africanos en los años setenta. Mientras las transmisiones internacionales describían el episodio con humor, la realidad del plantel de Zaire era la amenaza directa de uno de los gobiernos más autoritarios del continente africano en el siglo XX. La ausencia de información sobre estas circunstancias contribuyó a la consolidación de estereotipos y prejuicios en la cobertura mediática de la época.

El equipo llegó a Alemania Federal como campeón de la Copa África, con jugadores competitivos como Kazadi Mwamba, Ndaye Mulamba y el propio Mwepu. Sin embargo, la presión política y la desconfianza internacional limitaron su desempeño y marcaron la interpretación pública de sus acciones.

“El recuerdo de 1974 sigue vigente, pero ahora aparece resignificado: ya no como una anécdota de burla, sino como el reflejo de un contexto complejo donde el fútbol convivía con presiones políticas, desigualdades y falta de comprensión cultural”, detalló el sitio Panenka respecto al contexto en el cual abordaron los africanos la cita mundialista.

Durante décadas, la jugada de Mwepu fue tomada como símbolo de desconocimiento táctico, cuando en realidad fue una reacción al riesgo personal. El hecho muestra cómo factores externos pueden incidir de manera determinante en el desarrollo de un evento deportivo.

Reinterpretación de una historia y oportunidad de cambio

La clasificación de la RD Congo al Mundial 2026 abre la puerta para reinterpretar el pasado y modificar la narrativa en torno a aquel equipo. Hoy, el país acude bajo otra denominación, en un escenario distinto, con la misión de honrar el legado de quienes lo precedieron y tomando distancia de los prejuicios históricos.

Para el equipo actual, la cita mundialista es más que un reto deportivo: supone demostrar el salto futbolístico nacional y reconstruir la memoria colectiva acerca de Zaire 1974.

Así, este Mundial será mucho más que una competencia para el conjunto africano: será la posibilidad de cerrar una herida histórica y cambiar la narrativa de una historia que durante décadas fue mal contada. La historia de Mwepu y sus compañeros, ya no vista desde la burla, aparece hoy como símbolo de resistencia ante la adversidad.

Nació cuatro días antes del regreso de la democracia y se dedica al cine. Tiene un apellido que es una marca en materia de derechos humanos: su padre fue uno de los jueces durante el Juicio a las Juntas y su madre, una asistente social que trabajó en la Justicia en el tema de la restitución de los nietos recuperados. Ese linaje derivó en sensibilidad y empatía por el tema de la dictadura y también en la necesidad personal de registrar y documentar para la memoria colectiva.

Nicolás Gil Lavedra es cineasta, decíamos, y entre sus películas se encuentran Verdades verdaderas (2011), basada en la vida de Estela de Carlotto, Las grietas de Jara (2018, basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro) y Como el mar, protagonizada por Sofía Gala Castiglione y Zoe Hochbaum. En estas semanas, cuando acaban de cumplirse cincuenta años del inicio de la última dictadura militar, Gil Lavedra está presentando y hablando de Traslados, el exitoso documental que dirigió y que luego de estrenarse en 2024 y pasar por varios festivales, ahora puede verse en Prime Video. Se trata de una película que a través de testimonios de sobrevivientes, familiares de desaparecidos, expertos y testigos, más documentos judiciales, reconstrucciones de escenas y trabajo de archivo, analiza un capítulo particularmente siniestro y perturbador del plan de exterminio y desaparición diseñado por los militares: los llamados “vuelos de la muerte”.

Lo que sigue es la transcripción de la conversación que mantuvimos la semana pasada, un día después de la emotiva y multitudinaria marcha del 24 de marzo.

— En un documental como Traslados, la elección de reconstruir escenas es algo muy delicado porque ese recurso está siempre al borde de la maqueta o la caricatura. Y, en este caso, la verdad es que eso no pasa, pero ¿cómo fue que decidieron incluir escenas de reconstrucción y por qué?

— Fue un poco un pedido mío, yo vengo del palo de la ficción. Más allá que mi primera película es la biopic de Estela de Carlotto, muy cercana a un material como Traslados, mi lenguaje cinematográfico tiene que ver con ficción, con contar historias. A mí me convoca Zoe Hochbaum y me dice que quería hacer un material de los vuelos de la muerte porque era un tema que a ella la conmovía mucho desde chica, tiene 24 años. Y lo primero que me dice es que tenía que ser algo pensado para llegar a los jóvenes. Y yo ahí pedí hacer reconstrucciones, sin saber muy bien de qué, pero porque me sentía más cómodo en ese lenguaje. Y después pedí hacer las entrevistas. Porque más allá de que teníamos un gran equipo de investigación con Eduardo Anguita y Daniel Cecchini a la cabeza, y después se sumó María Laura Guembe, me parecía que era importante poder contener yo mismo a los entrevistados y, desde mi lugar de director, darles el espacio y la amorosidad para que ellos puedan contar su historia y hablar de la ausencia. Yo trabajé mucho la idea de la ausencia, pienso un poco en la muestra del fotógrafo Gustavo Germano, que marca esa idea en su trabajo.

— Que es buenísimo.

— Mi ojo cinematográfico me tiraba por darle palabras e imagen a la ausencia. Por eso en cada reconstrucción muestro lo que queda. Lo que más muestro es la Iglesia de la Santa Cruz y ese secuestro. Pero me parecía importante mostrar la taza del bar que queda cuando es chupado alguien que será un desaparecido. O cuando en el caso de Azucena (Villaflor) quedan las compras del almacén tiradas en la vereda, junto con el diario que tenía esa solicitada famosa que habían logrado pagar las Madres. Me sentía más cómodo trabajando el documental desde la ficción, y lo mismo con el archivo, que en la película es, de alguna manera, un personaje más.

— Recién decías: “yo pedí hacer las entrevistas para contener a los entrevistados desde mi lugar como director”. Y te voy a hacer una pregunta delicada: sos el director, sí, pero además tenés un apellido que pesa mucho en este tema. ¿Cuánto es el peso a favor en este caso?

— Pesa a favor, en términos de todo lo bueno que trae ser el hijo de Gil Lavedra en este mundo, y lo digo con mucho orgullo. Más allá de muchas diferencias que puedo tener en este tema y en muchos otros, él es un gran padre y una persona a la que admiro mucho. A su vez, todos somos hijos de alguien, pero a mí lo que me dio ser hijo de mi viejo, y de mi vieja – que es asistente social y fue es una de las primeras en trabajar desde la Justicia en las restituciones de nietos– es que éste era un tema que yo conocía mucho. Por eso, también, a lo mejor, mi primera película fue la de Estela. También me dio un nivel de información y un nivel de empatía —me imagino que les pasa un poco a todos los que trabajamos con este tema—, que elegimos hacerlo por vocación de querer ayudar a una causa y de querer unificar esta grieta estúpida que hay con este tema, al menos. Yo estoy orgulloso de ser hijo de quien soy, de los dos, de la peronista y el radical, pero también por lo que han hecho por nuestra historia. Y siento que nos toca seguir a nosotros ahora, a las nuevas generaciones.

— ¿En qué año naciste, Nico?

— En el 83. Nací cuatro días antes de la democracia: el 6 de diciembre del 83. Era muy chico cuando fue el juicio, también. Mis primeros recuerdos tienen que ver con cómo lo conocían a mi papá en la calle. O de un momento en el que nos cruzamos con Videla en un aeropuerto, en los 90, y mi papá no es que estaba asustado pero sí nos llevó para otro lado. Y, después, verlo a él en el colegio en algún libro de Cívica y que los profesores supieran quién es y todo lo que eso genera. Ayer miraba una entrevista en la que él contaba que tenía 36 años.

— Y cuando haces los números decís: pero era muy joven este señor.

— Es un montón. Y yo, que tengo 42, todo el tiempo me pregunto qué estoy haciendo de mi vida cuando este tipo a los 36 metió tremendo juicio. Y es cierto que, por ahí, para muchos entrevistados que también esté yo en el proyecto, más allá de Anguita, de Zoe, de mucha gente importante, les daba tranquilidad porque sabían que por mi trayectoria iba a tratar el tema seriamente y con mucho respeto, como se merece.

— Ahí volvemos entonces a la película, que tiene reconstrucciones de los hechos, recopilación de testimonios y también investigación, como lo del destino de los aviones. Contame cómo que se fue ensamblando todo esto.

— Mirá, cuando yo me involucro, que fue en febrero del 2023, los investigadores ya venían trabajando hacía un mes y ahí me empiezan a dar muchos textos, muchos libros, entre ellos Skyvan, de Miriam Lewin —ya lo había leído— y El vuelo de Horacio Verbitsky. Y me parecía importante cuando empezamos a perfilar a quiénes íbamos a entrevistar que estuviera Miriam, no sólo por su lugar como ex detenida desaparecida de la ESMA sino que, además, con su investigación me sumaba al policial, que es una estructura que encuentra el documental con lo que tiene que ver con el arma homicida que, de alguna manera, es el avión.

— Claro.

— Yo siempre digo todo lo que está en el documental está publicado, el tema es que no hay nada que lo junte en 90 minutos, lo que lo vuelve mucho más potente. Pero todo lo que nosotros trabajamos en el documental está en causas judiciales y tiene sentencias. Por eso también trabajamos solamente la ESMA y Campo de Mayo, porque son los dos centros clandestinos con sentencias en los vuelos de la muerte. Me parecía que, al ser un documental de investigación, la investigación tenía que ser perfecta. Tenía que ser súper cerrada, no podía dar lugar a que un negacionista dijera: bueno, están opinando, son cosas que se dijeron.

— No, claro: es cosa juzgada.

— Es cosa juzgada, que está en una causa judicial que se juzgó, que se apeló y que se confirmó la sentencia. Y eso para mí era muy importante y para los investigadores también. Todo el tiempo salían hilos de los que uno quería tirar. Y cuando hacía las entrevistas —cada una duraba tres horas—, imaginate la cantidad de material que hay. Yo quería tirar de cosas y después me miraba el guionista o alguien del equipo de investigación y me decían: volvé porque ya te estás metiendo en un terreno que no nos va a sumar. La de Miriam fue la primera entrevista que hice, duró casi cuatro horas y ella fue súper generosa conmigo. Fue muy difícil porque está toda su historia personal. Y ella además había declarado en el Juicio a las Juntas. Y la verdad es que fue increíble cómo también ella le va sumando… Bueno, como también es periodista, explica las cosas muy bien.

— Es muy bueno el relato de Miriam en la película, sí. La edición de las entrevistas está muy bien..

— Sí, sí. Ella tiene un cierre que para mí es impresionante y que tiene que ver primero con por qué sobrevivió, que lo sigo viendo y me parte en cien. Esto de analizar tanto sufrimiento en un por qué, ¿no? Y, después, el acercar esta historia a los jóvenes. Que así como el 1810 es tan lejano para ellos, hoy la dictadura es también así de lejana, pero ella tiene una manera tan didáctica de contarlo.

— ¿Cómo fue ese momento en que Zoe Hochbaum dijo aquello de que quería que el documental fuera visto por la gente joven? ¿Resultó un desafío interesante para vos?

— Mira, que una chica, en ese momento creo que Zoe tenía 22, me dijera que desde los 15 estaba obsesionada con ese tema hizo que yo dijera: bueno, hay que ir por ahí. Si Miriam Lewin cuenta que ella tenía 18 años cuando pasó esto, le va a generar empatía a un joven a la hora de verlo. Y lo mismo con mi papá. Porque por ahí hoy uno los ve y son gente grande pero hace 50 años eran jóvenes, también. Entonces lo que intenté laburar todo el tiempo es la empatía. Que también es algo que yo siento que se perdió. Lograr que, al margen del ritmo, que es necesario para que los jóvenes no se distraigan en el medio en una película, poder trabajar la empatía o la falta de empatía. Porque cuando hablamos de los 90, hablamos de la falta de empatía. Entonces por eso también la idea de cerrar con Estela y su mensaje. Constantemente yo buscaba equilibrar para que quien lo viera sintiera que le podía haber pasado a él, a su hermano, a su mamá. Que, más allá de los partidismos, que siempre están porque todos somos seres políticos, entender que lo que le pasó le podía haber pasado a cualquiera. Que esto no fue una guerra contra una guerrilla, que no fue una guerra. Entender que fue terrorismo de Estado con apoyo cívico-militar. Y con el poder económico, por supuesto. Que los jóvenes la vean, más allá de lo que voten después. Porque pensemos en 1985, una película que hizo un millón de espectadores en el 2023, con muchos jóvenes en la fila.

— Y fue un año antes de que ganara Milei, con mucho voto joven. Es un tema pleno de contradicciones.

— Creo que lo que votan después en el cuarto oscuro tiene que ver con una democracia que no supo dar respuestas y con muchas grietas internas. Una democracia que no supo dar respuestas a lo que la sociedad pide. Y por eso el hartazgo y por eso se va a un extremo, ¿no?

— Es posible pensar también que si sos muy joven y te hablan de algo que quedó lejos en el tiempo y llega un momento en el que hay una sobreabundancia de documentación y de información y de discurso, puede haber hartazgo. Entonces, ¿cómo hacer para que haya una mirada nueva sobre esos mismos temas? Cómo hacer para que todos volvamos a mirar los hechos: secuestraban a la gente, luego se llevaban a los prisioneros, los dormían, los metían en un avión y los tiraban al mar. Todo eso, dicho así, no debería perder nunca contundencia. Y, sin embargo, hay períodos históricos en los que la pierde.

— Yo creo que tiene que ver con que hubo períodos históricos y gobiernos que, más allá de su política de derechos humanos, que era válida y la comparto, siento que hubo momentos en que se podían haber agilizado las sentencias, los procesos judiciales. Si el Estado, como Estado, reparaba realmente a las víctimas y lograba que con el Poder Judicial los juicios se hicieran en uno, dos años, poniendo todos esos recursos para que no se alarguen en el tiempo y no sean por ahí material de más campaña, yo creo que se habría agilizado mucho más y se habría no saneado, porque no es un tema que se vaya a sanear nunca, pero habría evolucionado un poco más. Sí me parece que en los últimos años hubo un hartazgo de la manera en que se contaba siempre lo mismo, ¿no? Y, por eso, también, creo que ahora es nuestra responsabilidad ver cómo encontramos la manera de correr el prisma. Seguir hablando de lo mismo, pero ahora: los vuelos. Y, si te fijás, yo no entro en el tema de la guerrilla. No entro a discutir temas que ya están discutidos. O las torturas, porque para eso está Garage Olimpo. Hay películas que lo grafican, que lo muestran y que si uno las quiere buscar, están. Entonces me parecía importante mostrar todo junto lo que estaba en el aire pero que en lo audiovisual por ahí se había mostrado un poco menos. Porque hay un momento en la película en el que mostramos el traslado y nos van contando todo entre los testigos y (Adolfo) Scilingo y el archivo y la recreación y nos van mostrando lo que eran. Y eso lo vuelve insoportable.

— Es que es insoportable.

— Y lo vuelve insoportable para el cuerpo. Porque una cosa es el nombre “vuelos de la muerte” y otra cosa es escucharlo, verlo y sentirlo en una película. Y desde ese lugar intenté mostrar desde otro prisma algo que está contado, porque no voy a decir que fui el primero, pero el documental por ahí es el más contundente y sin distracciones. Todo el tiempo me distraía con Montoneros, ERP, Isabelita, la Triple A. Todo el tiempo surgían esas cosas en las entrevistas. Pero el tema es: no viene a cuento. Yo quería hablar de terrorismo de Estado y del plan sistemático de desaparición de las personas. Lo de los vuelos de la muerte fue un plan híper eficaz, si nos ponemos a pensar. Porque si aparecieron 70 cuerpos y solo de dos centros hubo dos vuelos semanales y uno semanal durante 6, 7 años, la cantidad de gente que tiraron son miles. Entonces fue eficaz como plan. Yo quería hablar de eso y me parecía que la sociedad se debía una discusión. Hablan del número, discutimos el número, pero nadie dice dónde están. Entonces, si me vas a rebatir los 30.000, decime cuántos fueron y dónde están, dónde los tiraron, dónde los enterraron.

— Pertenezco a la generación de Floreal Avellaneda. O sea, la generación de los hermanos menores de los desaparecidos, digamos. Son muy poquitos los desaparecidos de mi generación, Floreal Avellaneda es uno. Para cualquiera de nosotros siempre fue el: “pude ser yo”. La elección de su caso me imagino que tampoco es inocente, en el sentido de la idea de llegar a los chicos más jóvenes. Volvemos a la empatía.

— Al margen de que ya conocía la historia, hay algo cuando uno escucha el relato de Iris (N. de la R.: la madre del joven asesinado)... A Iris la íbamos a entrevistar y no pudimos, tuvo un tema de salud y no pudo venir y por eso la pusimos después por archivo. Pero hay algo de esa historia que tiene que ver con el límite. Aunque ya sabemos por Abuelas que no hay un límite: que robaron bebés que nacieron en cautiverio y que los daban a cualquiera, a militares, policías, enfermeros, médicos, sociedad civil que estaba apoyándolos. Pero ver el caso de un chico de 15 años, que a la madre la legalizan y la llevan a Devoto y él en cambio aparece totalmente destrozado,…

— Porque fue con saña.

— Ni siquiera militaba. Él era hijo de un sindicalista y no porque milite lo justifico, pero tenía 14 años. A mí me destrozó porque pensar que ese chico apareció en Uruguay, destrozado, y que por una nota en un diario en la que hablaban de un tatuaje la tía pida por exhorto a la Justicia de San Martín y le den las huellas, porque en plena dictadura sucede esto, no es que sucede en democracia, a mí me pareció el límite del horror. Porque ya sabemos lo de los bebés y que había algo de “son hijos de guerrilleros, hay que reformarlos”. Pero a un chico de 14 años, ¿cuál es tu límite? ¿Cuál es tu regodeo frente a esa tortura y frente a eso tan siniestro? Por eso también a mí me parecía importante, cuando hablábamos de los primeros casos de Uruguay, hablar de ese caso. Porque un chico, a la hora de verlo, puede entender que pudo haber sido él y eso lo vuelve mucho más horroroso.

— Antes hablabas y me decías que eras muy chico cuando fue el Juicio a las Juntas y mencionabas a Zoe Hochbaum, que desde los 15 años tenía la obsesión con el tema de los vuelos de la muerte. ¿Para vos el tema era relevante? ¿Era algo en lo que te habías detenido antes de que te convocaran?

— Mira, había leído el libro de Miriam. En algún momento me lo acercaron de la editorial para ver si yo quería hacer algo audiovisual. Me pareció algo buenísimo. Pero después de haber hecho la película de Estela yo también sentí la necesidad de correrme un poco de los derechos humanos porque no es fácil contar estas historias. Al margen del éxito, que es relativo, en una película hay algo anímico, uno pone mucho. Y después cuando vas, compartís las proyecciones, no dejás de hablar de la pérdida, del dolor, de la esperanza, también. Pero cuesta. En algún momento coqueteé con el libro que publicó mi viejo, La hermandad de los astronautas, pero después de 1985 tampoco tenía tanto sentido. Pero era un tema del que no sabía tanto, conocía la investigación de Miriam, pero no sabía la magnitud de lo que después fui descubriendo con lo de Scilingo.

— Por eso, no había sido algo que te resultara particularmente perturbador. Era una forma más de las torturas.

— Era una tortura más; no lo ubicaba en el peso de plan sistemático de exterminio porque descubrir que los vuelos fueron un plan sistemático para mí fue como: ah, no, bueno, hay que hablar de esto y solo de esto porque esto es un montón. Me parecía muy importante ver qué sabía la sociedad. Porque yo creo que, así como en algún momento la sociedad fue sabiendo lo que pasaba, hay otro momento en que la sociedad deja de apoyar a los militares y por eso después de la Guerra de Malvinas también caen. Hay otro momento en el cual la sociedad banca un juicio y después vienen los 90 y la sociedad parece que los sostiene. Pero después, frente a lo que uno va sabiendo, dejan de apoyar eso y viene un presidente que da vuelta las cosas y la sociedad sigue acompañando. Entonces me parece que había que mostrar cómo la sociedad, a medida que va sabiendo más, va apoyando lo que corresponde, que tiene que ver con entender que todos somos víctimas y que necesitamos memoria, verdad y justicia. Se vio en la última marcha. Miles, miles y miles.

— Y muy tranquila.

— Sí, hermosa.

— Fue, así, como un abrazo generalizado.

— Pero es que me parece que este tema necesita ese abrazo. Digo, las Abuelas, las Madres, más allá de los partidismos, que yo entiendo que hay gente que se va a sentir más cercana que otra en las ideologías, este tema necesita unión. Necesita que las Abuelas encuentren los 300 bebés robados. Las Madres necesitan ser reivindicadas. Porque yo siempre digo, uno puede tener muchas diferencias con Hebe (Bonafini) pero el laburo que hicieron las Madres, nacional, internacional, es enorme.

— Más allá de la complejidad de las personas.

— Era algo que también quería trabajar en el documental. Primero, no tener partidismos; que estén los presidentes al menos hasta la época de (Néstor) Kirchner, que es cuando se reabren los juicios, que aparezcan todos con sus bemoles. Y, después, los organismos. Me parecía que Norita (Cortiñas), que en ese momento estaba viva, tenía que estar y que también había que darle lugar a Hebe. Y por más que ya no estaba, hay un archivo hermoso. Fue una necesidad.

— En la película aparece en un lugar destacado Azucena Villaflor de De Vincenti.

— Sí, porque es el caso juzgado de la Iglesia de la Santa Cruz, que es el origen de Madres.

— Tampoco hay forma de saber cómo habría evolucionado el pensamiento, las ideas de tanta gente. Es un gran interrogante que no va a tener respuesta porque los asesinaron.

— Totalmente. Pienso también en (Esther) Ballestrino de Careaga, que habiendo encontrado a su hija igual siguió participando en Madres. Fue una de las fundadoras. Digo, esta cosa de aprender que la lucha es colectiva y que lo que le pasa al otro también me va a afectar a mí. Estamos en un país y en un mundo donde lo individualista está ganando mucho terreno. Entonces también desde el documental teníamos que hablar de lo colectivo. Más allá de las diferencias, había que unir fuerzas. A mí me destrozó Ana María (Careaga) contando que una vez que a ella la liberan y se exilia, su madre siguió y luego desapareció. Una madre que no pudo conocer a sus nietas. Me parece muy doloroso.

— Decías que pediste hacer las entrevistas. ¿Y qué querías que se destacara en cada testimonio? En el resultado final se ve una suerte de formato, una estética.

— Eso también fue surgiendo en la previa, que tenía que ver primero con la cantidad de cámaras. De qué manera las cámaras son medio testigos, porque ellos todos me miran a mí y hay tres cámaras que los van siguiendo. Y hay una en especial, que a mí me gustaba mucho, que está siempre a través de algo. Está a través de un vidrio roto, a través de una ventana de avión, a través de una reja. Y a mí me parecía que eso contaba también lo que ellos hablaban. Entonces, si yo lograba que esas entrevistas fueran humanas, más allá de los datos, de la experiencia de vida o de los periodistas investigadores que por ahí no lo vivieron pero lo pueden contar, si yo lograba que eso fuera humano, la cámara iba a poder captar eso como en una película. Y después hay algo de la estética, del color.

— O la luz.

— La luz. La manera en que eso está fotografiado. Todo está buscado, nada es casual. Lo mismo la música. La música tiene ecos, tiene ruidos. Tiene grilletes. Tiene lo que se escuchaba en esos lugares. El trabajo después de los efectos epeciales. Yo trabajo con unas fotos de la CONADEP del 84 que sacaron de la ESMA en donde los vuelvo a poner en la ESMA actual. Hay ahí un trabajo en donde recorto a las personas que iban mostrando lo que era la ESMA, los espacios, y pude filmar en la ESMA y pude trabajar estas dos capas, que para mí es el pasado en el presente. Hay cuerpos que aparecen y que son identificados ahora.

— ¿Qué te pasó cuando veías las imágenes y escuchabas los testimonios de Scilingo?

— Uf. Bueno, ese fue un tema que surgió al principio. Queríamos entrevistarlo, nos parecía interesante periodísticamente. Se lo llamó, se lo convocó. Se le explicó para qué lo queríamos. Él se negó. Él está preso con prisión domiciliaria en su casa en un pueblo cercano a Madrid, con una tobillera. Y él se negó, lo cual para mí fue de alguna manera un alivio porque teníamos ese archivo. Él lo había dicho ya todo en cámara. Y mi miedo era que ahora él se desdijera como persona mayor, como persona que ya está condenada.

— Era un riesgo.

— Era un riesgo porque en alguna nota él lo hizo desde la cárcel. Entonces me parecía que si saliste en Grondona, saliste en televisión española, saliste con Mirtha Legrand y dijiste todo lo que dijiste y te hiciste cargo de, creo que son 30 personas que él tiró, me parecía que eso había que mostrarlo. Y ahí es donde el archivo también cobra otro sentido. El archivo de los 90 para mí es esto, es un personaje y es mostrar cómo funcionaban los periodistas en esa época. Y de alguna manera eso vuelve ahora porque hay muchos periodistas que trabajan en esa misma línea ahora, en donde justifican cosas. Digo, el silencio que hay entre Scilingo y Grondona para decir por qué está diciendo todas estas cosas ahora y Grondona se queda callado, estás avalando también y estás diciendo que era una guerra cuando el Estado, teniendo todo el poder, nunca puede estar en guerra con una guerrilla de 2.000 personas a quienes podrías haber llevado a la Justicia. Entonces me parece que poder mostrar eso, poder mostrar la liviandad con la que se hablaba en esa época de los indultos o Menem mandando a la gente a confesarse en vez de a la Justicia. Más allá de que en esa época estaban los juicios de la verdad. No nos olvidemos de que hubo sentencias por el robo de bebés, un tema que no estaba juzgado en el Juicio a las Juntas, lo cual permite que después también se abran los demás juicios. Entonces me parecía que mostrar eso era muy importante y darle voz a Scilingo, con todas las diferencias que puedo tener, lo convertía en una persona de adentro que confesaba lo que había hecho, lo mismo que el sargento Ibáñez, que era un conductor de camión. Son personas que han tenido micrófono, pero que después la gente se olvida. Me parecía importante que quedara ese registro.

— Hablabas de entrevistas de tres horas. ¿Hubo alguna de las entrevistas que particularmente te haya resultado tan demoledora que necesitaste parar para no seguir escuchando?

— Mirá, en todas las entrevistas yo tenía que parar cada 15 o 20 minutos, por un tema de las tarjetas.

— Un tema técnico.

— Sí, un tema técnico de cámaras. Y eso a mí me ayudó mucho porque por ejemplo algunas entrevistas fueron muy dolorosas porque ellos se abrían y te contaban lo que habían sufrido. Ana María (Careaga) me contaba sus torturas. Cecilia De Vincenti me contaba lo que sabía que había vivido su madre. Y yo encima después en la película iba a recrear eso, con la responsabilidad que eso significa para después cuando ella lo ve. Y lo mismo con Pérez Esquivel. Todo el tiempo yo tenía que parar porque a mí me destrozaba, Yo no dejo de ser un hijo de la democracia y por más que uno tenga toda esa información, tengo la empatía la tengo. Escuchar a Miriam, más allá de que lo cuenta con esa distancia, a mí me daban ganas de abrazarla cada vez que hablaba. Y por eso también hoy por ahí me siento tan cercano a ella y me siento un amigo ahora. Pero en ese momento no nos conocíamos. Y todo el tiempo yo aprovechaba esos parates no solo para acercarme y ver cómo estaba la persona porque es su vida, es abrir un poco tu corazón. Lo notaba en el detrás de cámara. El silencio y el respeto que había. Pensá que era un equipo grande, porque tres cámaras son dos foquistas, dos o tres camarógrafos, eléctricos, sonidistas. Había un equipo grande. Y el silencio que había era muy contundente. Para mí lo que sucede atrás de cámara con el equipo es lo que le llega después a la gente.

— Recién mencionaste la fortuna de poder contar con recursos para filmar Traslados. Por un lado están los recursos que tienen que ver con la experiencia, por otro lado los recursos técnicos, pero también los recursos económicos. Pudiste hacer esta película porque se juntaron una cantidad de factores y de fondos que colaboraron para que esta película se hiciera del modo en que se hizo. Pero éste es un momento en el que se está discutiendo la falta de apoyo y estímulo por parte del Estado a las industrias culturales. Me gustaría que me dijeras qué pensás de eso, de la función del INCAA y del retiro del apoyo al fomento del cine.

— Estamos viviendo un momento terrible para la industria. Terrible para los compañeros que trabajan en esto. Y yo lo digo desde un lugar de privilegio porque tengo una carrera de 15 años y puedo ir manejándome y ahorrando a medida que voy haciendo cosas. Pero pienso en los técnicos, en los directores, las cabezas de equipo. Cada país tiene su cine, su historia, su identidad, y necesitamos de los recursos y los fondos que nos ayuden a realizar ese cine. Pensemos en Brasil, en Francia, donde la plata sale de la entrada de otras películas. Sale del 10% de las entradas de Spider-Man, de Batman. No es que sale de los impuestos de la gente. Eso es lo que la gente por ahí no ve. Y hoy siento que este gobierno tiene el lema de destruir nuestro cine. De destruir que se cuenten nuestras historias. Porque si hablamos de nosotros y hablamos de nuestro pasado, de los indígenas, de la dictadura, del 1900, no importa de qué época, estamos hablando de educación. Estamos hablando de cultura. Y a los gobiernos de derecha no les interesa eso. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque se dan cuenta de que en general son los mismos poderes económicos que están detrás de las personas que gobiernan y son los que deciden el futuro de todo el país. Pero la situación que se está viviendo es terrible. Lo que considera el INCAA hoy, que por ahí viene sacando algún fondo más en apoyo al cine, son números muy tristes. Ahora sacaron un concurso de seis ficciones que ganan 250.000 dólares. Con eso no pagás una semana de una película de ficción. Hoy una película de ficción debe estar saliendo 2 millones, 2 millones y medio de dólares. Y lo que también pasa es que más allá de que están las plataformas, en el caso de Traslados es una licencia, no es un original de la plataforma, y también pasa que por ahí las plataformas no se involucran demasiado en algunos temas. Un poco lo están haciendo: Netflix está filmando la historia de Azucena Villaflor. Que está buenísimo. O Amazon hizo 1985, que está buenísimo. Pero hay que hacer mucho más. Hay muchísimos directores. Y a mí lo que más me preocupa son los jóvenes, cómo van a pensar sus carreras. De qué va a vivir alguien que ahora está estudiando cine. Qué vas a hacer si el INCAA no te apoya. Tenés Mecenazgo en la Ciudad de Buenos Aires, que es un gran apoyo pero es chico también en términos de lo que necesita una película. Y terminas yendo afuera. Ahora estoy produciendo un documental, nos apoyan más afuera que acá. Los montos que consigo en fondos públicos de Alemania, de Francia, de España, son más grandes que los de Argentina. Y después nuestras películas recorren el mundo. Esta película, que no tuvo el apoyo del INCAA, ganó en un festival en Estados Unidos. Estuvo en San Sebastián. Estuvo en Cannes. Estuvo en Polonia. Está en la televisión en España. También tenemos que pensar en eso. Esta película hoy, que es impensado, está como número 1 de documentales en Amazon y hoy está en el Top 3 de películas, compitiendo contra los tanques americanos en Amazon Argentina. Y eso habla de que hay un interés. Entonces, qué bueno sería que las plataformas o que el Estado pongan plata porque eso genera más trabajo, genera más plata. Y genera educación. Conocer lo que nos pasó es poder vivir el presente. Esto que hablábamos antes, es un pasado que está vivo. Nuestro pasado con los indígenas también está vivo.

— Bueno, eso lo demuestra el interés por Nuestra tierra, la nueva película de Lucrecia Martel, ¿no?

— Bueno, por supuesto. Y es un documental que metió 20.000 personas en dos semanas. Me parece que necesitamos gente, interlocutores inteligentes que se den cuenta. Un gobierno liberal qué hace, proteccionismo. Y este hace todo lo opuesto frente a nuestra industria: la destrozó en estos dos años. Y yo sé que nos vamos a reconvertir. Lo hicimos en el 2001, lo hicimos en los 90. Va a costar un montón pero vamos a seguir. Somos resilientes. Hay que mirar a los países a los que les va bien con su cine como Brasil, que viene con dos películas nominadas al Oscar en los últimos años, Francia que el 80% de las películas que se ven en Francia son francesas. Le ganan a Spider-Man, le ganan a los tanques. Si ahí funcionan y generan plata y hacen que una economía crezca: cómo puede ser que acá hacemos lo contrario. Es desahuciante tener interlocutores que por ahí no analizan los números y los datos sin una mirada apartidaria. Porque para mí hay que sacar lo partidario en la educación, en la cultura. Si querés hablemos de Milei en un documental. No tengo problemas en que el INCAA financie un documental de Milei. Mientras que financie un documental de derechos humanos, de Lucrecia. Digo, tiene que ser justo en ese sentido. La batalla cultural es la ignorancia, es la estupidez. Es que son incultos a la hora de querer generar cultura. Es pobreza mental. Por eso digo, se va a terminar esto de alguna manera. Va a costar levantarnos pero a mí esto que está pasando con el documental, no por mí eh, y no por el documental en sí.

— Pero te genera entusiasmo.

— Más allá del orgullo de que le va bien, me genera mucha esperanza. Que me escriban chicos de 5to año, 4to año, que me hagan preguntas en Instagram porque están haciendo un trabajo de la Facultad o de colegio. Las invitaciones a colegios que estoy recibiendo para hablar con ellos. Me genera como una línea de esperanza en todo este lío que estamos viviendo en el mundo.

.........................

FICHA TÉCNICA “TRASLADOS”

Director: Nicolas Gil Lavedra

Idea Original: Zoe Hochbaum

Guión: Gustavo Gersberg

Producción general: Zoe Hochbaum, Milagros Hadad

Producción Ejecutiva: Lucila Krämer

Producción ejecutiva: Diego Robino, Santiago López Rodríguez, Ramón Cardini

Investigación: Eduardo Anguita, Daniel Cecchini

Producción de archivo: Laura Mattarollo

Dirección segunda unidad: Martin Vilela

Director de fotografía: Paul Aenlle

Directora de arte: Paula Terra

Vestuario: Valentina Casales

Jefe de producción Natasha Gurfinkel, Claudia Gallo

Montaje: Santiago Parysow (SAE)

Sonido directo: Catriel Vildosola (ASA), Martin Porta (ASA)

Música original: Luciano Supervielle, Camila Rodriguez

Tema Musical “Los dinosaurios” Carlos Alberto García - Universal Music Publishing

S.A

Interpretación vocal: Vera Spinetta

Interpretación, Producción y Mastering: Pablo Bursztyn y Guido Moretti Bucello

Supervisor de efectos visuales & motion graphics: Alejandro Valente

Productor de post-producción: Iñaki Dubourg

Supervisión técnica: Iair Michel Attías

Coordinación de Post-Producción: Simón Arnautou

Entrevistados (por orden alfabético):

- Eduardo Anguita

- Martín Balza

- Félix Eduardo Bravo

- Ana María Careaga

- Gustavo Ezequiel Catulo

- Estela de Carlotto

- Nora Cortiñas

- Ricardo Gil Lavedra

- Nora Hochbaum

- Martín Gras

- María Laura Guembe

- Miriam Lewin

- Pablo Llonto

- Adolfo Pérez Esquivel

- Enrique Piñeyro

- Daniel Rafecas

- Maco Somigliana

- Pablo Verna

- Cecilia de Vincenti

Nicaragua está ubicada entre los países más autocráticos del mundo, ocupando el puesto 175 de 179 naciones evaluadas, de acuerdo con el informe Democracy Report 2026 del V-Dem Institute, elaborado por la Universidad de Gotemburgo.

A Nicaragua se le asigna un puntaje de 0.02, lo que la coloca al nivel de Afganistán y apenas por encima de Myanmar, Corea del Norte y Eritrea, países que encabezan la clasificación de los regímenes más cerrados del planeta.

El informe atribuye esta posición a la concentración del poder en el Ejecutivo, la eliminación de contrapesos institucionales, la represión de la oposición y el deterioro sistemático de las libertades civiles. Nicaragua aparece dentro del grupo de autocracias consolidadas, es decir, regímenes donde el poder no enfrenta controles efectivos ni competencia política real.

La medición del V-Dem analiza múltiples dimensiones de la democracia. Entre ellas están la calidad de los procesos electorales, la independencia judicial, el respeto a los derechos civiles, la libertad de expresión, la existencia de sociedad civil autónoma y los mecanismos de control sobre el poder político. Nicaragua registra un deterioro sostenido durante los últimos años.

También identifica al país como parte de la “ola de autocratización” global, concepto que describe un proceso en el que gobiernos concentran poder, debilitan instituciones y restringen libertades. Según el estudio, esta tendencia es actualmente dominante en el mundo. Nicaragua es uno de los casos más extremos dentro de América Latina.

En el plano de las libertades, el documento destaca la caída de la libertad de expresión y el aumento de la autocensura mediática. Esto implica no solo censura directa por parte del Estado, sino también presión estructural sobre periodistas y medios para evitar publicar contenidos que puedan generar represalias.

Otro de los elementos centrales que explica la clasificación es lo que el informe denomina “agrandamiento del poder ejecutivo”. Se trata de un proceso mediante el cual el Ejecutivo acumula facultades, controla instituciones y elimina controles. En Nicaragua, este fenómeno se refleja en el dominio del poder judicial, el control sobre los organismos electorales y la subordinación de otras instituciones del Estado como el Ejército y la Policía.

El informe identifica además la ausencia de un Estado de derecho funcional. Señala que el sistema judicial ha perdido independencia y opera subordinado al poder político. Esto implica que no existen garantías legales efectivas para ciudadanos ni para actores económicos.

El V-Dem Institute es uno de los centros de investigación más reconocidos en el estudio comparado de la democracia. Su base de datos incluye indicadores construidos a partir de evaluaciones de expertos en todo el mundo y es utilizada por organismos internacionales, gobiernos y centros académicos.

La metodología del V-Dem es considerada una de las más completas en la medición de sistemas políticos, porque no reduce la democracia a elecciones, sino que incorpora dimensiones institucionales y de derechos.

En el caso de Nicaragua, el informe concluye que el país ya no puede ser considerado un régimen híbrido ni en transición. Es clasificado como una autocracia consolidada. Esto implica que las instituciones democráticas han sido desmanteladas de forma estructural.

Las razones específicas que llevaron a Nicaragua a este nivel incluyen la eliminación de límites a la reelección presidencial, el deterioro de la calidad electoral, la represión o silenciamiento de la oposición, el cierre de medios de comunicación y la restricción de organizaciones de la sociedad civil.

V-Dem Institute también señala que el país ha experimentado una caída significativa en su puntuación democrática durante la última década. Este descenso es estadísticamente relevante y lo ubica entre los casos más severos de deterioro institucional a nivel global.

“Esta es la tragedia a la que nos ha llevado la dictadura”, reaccionó el opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro. Señaló que Nicaragua es uno de los países que más ha retrocedido en materia democrática después de haber experimentado una transición.

“Otro elemento que resalta el estudio de V-Dem es que Nicaragua ha sido uno de los países que más deterioro democrático han sufrido en el mundo, después de haber recobrado la democracia. En 2005 el índice de democracia era de .4 y ha bajado a 0.01 en el 2025. Estamos en el sótano”, lamentó Chamorro.

El deterioro democrático de Nicaragua se remonta al retorno al poder de Daniel Ortega en enero de 2007. En ese momento, el país venía de una transición iniciada en 1990, cuando Violeta Barrios de Chamorro ganó las elecciones y puso fin al primer período sandinista.

Durante los primeros años tras su regreso, Ortega impulsó reformas que le permitieron consolidar poder. Se debilitó la independencia institucional y se inició un proceso de control sobre el sistema electoral y judicial. Esto sentó las bases del modelo actual.

El deterioro se profundizó con la eliminación de los límites a la reelección y el control absoluto de las instituciones. A partir de ese momento, el sistema político dejó de ser competitivo. Las elecciones continuaron realizándose, pero sin condiciones de equidad ni garantías para la oposición.

El punto de quiebre ocurrió en 2018, cuando protestas masivas fueron reprimidas por el Estado. Este evento marcó una radicalización del modelo político. Desde entonces, se intensificaron las restricciones a la sociedad civil, la persecución a opositores y el cierre de medios independientes.

En los años siguientes, el régimen consolidó un sistema de control total. Se cancelaron organizaciones, se confiscaron bienes y se establecieron mecanismos de vigilancia y control social. Las reformas legales y constitucionales reforzaron esta estructura.

El informe también ubica a Nicaragua junto a otros países considerados altamente autocráticos:

• Afganistán, bajo el régimen talibán, es una teocracia autoritaria. No existen elecciones ni pluralismo político. Las normas religiosas sustituyen al sistema democrático y restringen derechos básicos, especialmente de las mujeres.
• Myanmar es una dictadura militar. Tras el golpe de Estado de 2021, el Ejército eliminó el gobierno civil, anuló elecciones y gobierna mediante represión directa y control territorial.
• Corea del Norte es un régimen totalitario. El Estado controla completamente la vida política, económica y social. No existe oposición y la información está totalmente restringida. El poder se mantiene en una estructura dinástica.
• Eritrea es un Estado altamente militarizado. No hay elecciones desde su independencia y no existe una Constitución plenamente operativa. La sociedad civil y la prensa independiente están prácticamente ausentes.
• Turkmenistán, que también figura entre los regímenes más cerrados, es un sistema personalista. El poder gira en torno al presidente, con culto a la personalidad y control total de la información.

En todos estos casos, el denominador común es la ausencia de competencia política, la inexistencia de contrapesos institucionales y la restricción severa de las libertades fundamentales.

El informe del V-Dem concluye que Nicaragua se encuentra en el nivel más bajo de calidad democrática dentro de América Latina, lo que lo convierte en una excepción en una región donde aún predominan los sistemas democráticos.

La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma significativa que otorga a la Procuraduría General de Justicia la administración de todo el patrimonio y los bienes municipales. La modificación a la Ley Orgánica de la Procuraduría, adoptada por unanimidad, transforma la gestión local bajo el argumento de fortalecer la eficiencia administrativa estatal, según informó EFE.

Con esta medida, la representante legal del Estado asumirá también la gestión de activos, inmuebles, derechos y recursos que hasta ahora pertenecían tanto a la Carrera Administrativa Municipal como a la Dirección General vinculada, integrándolos formalmente al dominio público.

Entre los cambios más destacados introducidos por esta reforma figura la obligación para los 153 municipios de Nicaragua de aportar el 2 % del monto total de sus planillas al Instituto Nacional Técnico y Tecnológico (Inatec). De acuerdo con lo aprobado por la Asamblea, la finalidad es “fortalecer las capacidades técnicas de las y los servidores públicos municipales”. Este nuevo trasvase económico va emparejado con la derogación integral de la anterior Ley de Carrera Administrativa Municipal y su Reglamento, lo que modifica de raíz el marco legal vigente hasta la fecha.

Para el personal afectado por la eliminación de la Carrera Administrativa Municipal, la enmienda establece que quienes no eran considerados trabajadores formales de las municipalidades pasarán a integrar la nómina de la Procuraduría General de Justicia. Se aseguró que tales incorporaciones respetarán los derechos adquiridos, la antigüedad y los beneficios conforme a lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, conforme detalla la reforma reproducida por EFE sobre la dictadura centroamericana.

La explicación oficial sostiene que la enmienda fue pensada para “garantizar la eficiencia y eficacia de la administración municipal en el ejercicio de sus competencias”. Los legisladores, según recoge EFE, subrayaron que la reforma refuerza el papel de la Procuraduría en la defensa de “las conquistas del pueblo nicaragüense en relación con las obligaciones y responsabilidades de las municipalidades y de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, en beneficio de sus pobladores”. Además, la nueva normativa impulsa la creación de un sistema de administración de recursos humanos en las autoridades locales que garantice “la gestión y ejecución de políticas públicas municipales eficientes, eficaces y transparentes”.

De este modo, la Procuraduría General de Justicia se convierte en administradora directa de los bienes municipales, los activos y el personal transferido, eliminando el régimen anterior y centralizando la estructura sobre la que se gestionan los recursos en los 153 municipios del país.

La Procuraduría General de Justicia incluirá al Ministerio Público, los órganos de la Procuraduría General de la República y otros entes con funciones afines. Esta integración busca proteger el patrimonio nacional tanto del Estado como del pueblo nicaragüense, según el texto legal.

La norma comenzará a ser aplicada en Nicaragua después de que la Asamblea Nacional la apruebe en segunda legislatura y se publique oficialmente en La Gaceta, Diario Oficial.

Otras medidas

La Asamblea aprobó este en enero una reforma constitucional que determina que los ciudadanos nicaragüenses pierden su nacionalidad al adquirir otra, de acuerdo con información publicada por el Legislativo a través del Canal Parlamentario.

Con la modificación, el artículo 25 de la Constitución establece: «la nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad». El artículo 23 también fue ajustado para indicar que «las y los extranjeros pueden ser nacionalizados, previa renuncia a su nacionalidad originaria». El Parlamento concretó la medida en Segunda Legislatura y definitiva, cumpliendo el procedimiento requerido.

La reforma había sido aprobada inicialmente el 16 de mayo de 2025 en Primera Legislatura, y este miércoles se completó la votación final, según información del Canal Parlamentario. La medida ha generado críticas entre la oposición en el exilio.

La Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados rechazó la proposición no de ley presentada por el Partido Popular (PP) y respaldada únicamente por Vox, cuyo objetivo consistía en que el Gobierno español promoviese la condena internacional del régimen cubano y denunciase las violaciones a los derechos humanos en la isla. De acuerdo con la información recogida por el medio, la propuesta sumó 17 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones, lo que provocó que no prosperara en la comisión parlamentaria.

Tal como indicó el medio, la iniciativa planteada por el PP buscaba instar al Ejecutivo a que en "todos los foros de los que España forma parte" se impulsara una condena unánime al gobierno cubano, haciendo especial hincapié en la represión que sufren las mujeres en el país caribeño. Durante el debate, la diputada popular Silvia Franco sostuvo que “Cuba no es ningún mito revolucionario, es una dictadura opresora, la más longeva de América Latina, un régimen que ha eliminado el pluralismo político, que reprime sistemáticamente la disidencia y que ha condenado con su modelo económico fracasado a generaciones de cubanos a la escasez, a la pobreza estructural y a la migración forzosa”, según detalló el medio.

Franco argumentó que la iniciativa también pretendía demostrar “la capacidad del Congreso de los Diputados para llamar dictadura a una dictadura y víctima a una víctima”, además de denunciar la persecución que padecen las mujeres en la isla. Reclamó coherencia al Gobierno y cuestionó que no se puede “hablar de feminismo en Madrid” y “mirar hacia otro lado” cuando “las mujeres golpeadas, difamadas, llevan la bandera cubana”. Según publicó la fuente, esta intervención formó parte de la defensa de la postura del PP que, finalmente, quedó aislado junto a Vox en la votación.

Desde el PSOE, el diputado David Serrada respondió al PP señalando que al principal partido de la oposición, “le importa entre poco y nada la situación de los Derechos Humanos en Cuba”, y afirmó que la intención real del PP era condicionar posicionamientos políticos en torno a la situación de la isla, relató el medio. Serrada indicó: “Por supuesto que nos preocupa la situación en Cuba, por supuesto que defendemos los Derechos Humanos y de manera muy especial los derechos de las mujeres en cualquier lugar del mundo”. Rechazó que su partido utilice los derechos humanos como “arma arrojadiza o coartada política”, sostuvo que la propuesta del PP resultaba vacía y criticó que no incluía ninguna medida nueva ni mecanismos eficaces para mejorar la situación de los ciudadanos cubanos.

Por parte de Sumar, el portavoz Francisco Sierra Caballero criticó la posición del PP y acusó tanto a este partido como a Vox de alinearse con “el tirano de la Casa Blanca”. Según reportó la fuente, Sierra alertó sobre la necesidad de denunciar las amenazas de Estados Unidos contra Cuba, citando el agravamiento de la situación humanitaria en la isla a raíz del “bloqueo energético y el asedio petrolero” que se habrían traducido en apagones masivos.

El debate también incluyó referencias a la presencia de Pablo Iglesias en Cuba. Silvia Franco y Francisco José Alcaraz, portavoz de Vox, cuestionaron el viaje de una flotilla de solidaridad integrada por Iglesias y otras figuras. Franco calificó de incongruente que la izquierda española se refiera al gobierno cubano como un “faro moral” y señaló que sus miembros organizan misiones humanitarias desde hoteles de lujo, pero no dedican tiempo, dijo, a denunciar la represión ejercida, recoge el medio. Alcaraz, por su parte, mencionó que Iglesias se aloja en hoteles donde el costo diario equivale al sueldo de dos años de un cubano y denunció que quienes participan en esa flotilla se han reunido “con los opresores, con los dictadores”, según divulgó la fuente original. Las declaraciones de Iglesias incluyeron imágenes con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, difundidas a través de redes sociales, lo que fue objeto de nuevas críticas por parte de los portavoces del PP y Vox.

El rechazo a la proposición del PP por parte de los grupos parlamentarios PSOE y Sumar mostró la división entre las posiciones políticas respecto a la política exterior española sobre Cuba, la valoración de la situación de los derechos humanos en la isla y la postura ante las acciones del Gobierno de Estados Unidos y su embargo. El medio indica que los partidos en la comisión esgrimieron diferentes argumentos para justificar sus votos, desde la necesidad de medidas eficaces para mejorar la situación de la población cubana hasta la interpretación de la iniciativa como un uso político de la cuestión cubana.

La votación cerró con el resultado adverso para el PP y Vox, que no lograron recabar apoyos suficientes para que el Congreso inste al Gobierno a liderar una condena internacional contra el régimen cubano y denuncie, especialmente, la represión hacia las mujeres. El debate también subrayó la utilización de la situación en Cuba como elemento de confrontación política interna, según reflejó la cobertura del medio.

Quienes nacimos después de 1983 tendemos a vivir la democracia como si fuera el estado natural de las cosas, cuando en realidad es una construcción histórica, conflictiva y fŕagil. Crecimos creyendo que votar, opinar, protestar o debatir sobre política en público son hechos normales, cuando en realidad son conquistas que obtuvimos porque hubo quienes lucharon por garantizar esos derechos.

Aunque mi generación, nacida a principios de los 90, no vivió el terrorismo de Estado, sí vivió sus consecuencias: la búsqueda de bebés robados, el reclamo por memoria, verdad y justicia, y las secuelas económicas, sociales y culturales de la dictadura cívico-militar. Quizá el resabio más naturalizado de ese período atroz se resume en una frase: “preocupate solo por vos, no opines ni te metas en política”.

Involucrarse en política, en otras palabras, preocuparse por el Otro, es una acción democrática. Tener memoria no significa anclarse en el pasado. Significa ser consciente de lo que sucedió para reconocer a tiempo todo lo que no queremos que ocurra nunca más. Me refiero al robo de la identidad, la privación ilegítima de la libertad, la tortura, la intolerancia hacia quien piensa distinto y, también, a la imposición de un modelo económico que favorece a una minoría a través de la fuerza.

Quienes nacimos en democracia no elegimos lo que heredamos, pero sí elegimos qué hacer con eso. En tiempos donde el debate público se caracteriza por el insulto y los discursos de odio, defender la democracia implica un compromiso que excede la responsabilidad de votar cada dos años. Consiste fundamentalmente en cuidar la palabra pública, en aceptar el disenso y en comprender que quien piensa distinto no es un enemigo a exterminar.

Pero, además de estos principios elementales, como sociedad debemos comprender que la única manera de preservar el orden democratico es fortalecerlo. Y eso significa incluir a los excluidos, atender y resolver las demandas de los marginados y, en definitiva, establecer un orden colectivo fundamentado en la igualdad y la justicia social.

A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, recordar lo que sucedió el 24 de marzo de 1976 no es una efeméride. Es producir conciencia democrática. Hoy, como sociedad tenemos el desafío de ponerle un límite a la degradación de la democracia que se expresa en la retórica de la intolerancia y en la indiferencia del “sálvese quien pueda”. Para eso hay que reconocer que nacer en democracia es una herencia histórica, pero vivir en democracia, en cambio, es una decisión colectiva de todos los días.

El automovilismo nacional tuvo uno de sus hitos en plena dictadura militar y fue cuando un grupo de pilotos y dirigentes del Turismo Carretera lograron la autofiscalización. Fue un cambio clave en un momento delicado de la popular categoría. Esta es la historia de un episodio bisagra y de uno de los caudillos que encabezó ese cambio, Octavio Justo Suárez.

“El Gordo”, como se lo llamaba de forma cariñosa a Suárez, corría con un Dodge y su acompañante era su hermano, Pedro. Los “Hermanos Suárez”, como se los conoció durante los años setenta y primer lustro de los ochenta, son emblemas teceístas por sus éxitos arriba del auto, ya que pelearon campeonatos y en 1973 estuvieron cerca del alcanzar el título. Sin embargo, también se destacaron abajo del coche por su amor por el TC y vocación dirigencial que llevó a que la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) diera el paso más importante de su historia.

Como pasa hoy, a fines de los años setenta la ACTC estaba en conflicto con el Automóvil Club Argentino (ACA), que por entonces aún era el ente rector de las carreras del TC. A principios de 1979 el tema llegó a su punto más álgido y los pilotos teceístas (también eran dirigentes) plantearon una ruptura, ya que luego de la última carrera el 24 de febrero, con el triunfo de Norberto Rossone (Ford), se produjo una pausa de tres meses. Ahí Octavio encabezó la revolución que marcó una nueva era en la divisional que cumplirá 90 años en 2027.

Suárez fue presidente de la ACTC entre 1974 y 1984. Llegó a encabezar la reunión en el edificio del Estado Mayor Conjunto del Ejército para pedir la autofiscalización de la ACTC y que los dejen correr en ruta. Para llegar a ese punto hubo varias gestiones previas hasta que un día un grupo de militares lo fue a buscar a su taller. Para conocer detalles de esa época, Infobae habló con Cristian Suárez, hijo de Pedro y sobrino de Octavio.

“Fue una patriada la autofiscalización lograda por mi tío, que en ese momento era el presidente, acompañado por un montón de gente y de colegas que lo apoyaron. Él creyó que el TC era una categoría bien nacional que el ACA la quería hacer desaparecer. Ellos se aferraron al TC y se abrieron del ACA”, afirma.

Ante esa pausa de tres meses a inicios de 1979 y sumados a los antecedes del conflicto con el ACA, Suárez tomó una decisión: “Fue en pleno proceso militar cuando mi tío se puso firme y dijo ‘yo quiero seguir corriendo y autofiscalizarme’. Fue una idea que se llevó en ese momento a los militares y le dieron la derecha. Ahí empezaron en el ‘79 con nueve autos en la primera carrera en Buenos Aires y arrancó el TC con la autofiscalización”, subraya Cristian.

Los Suárez son de Banfield y Cristian aún conserva el taller de su tío. En aquella época el gobernador bonaerense era el General Ibérico Saint-Jean (estuvo en ese cargo entre 1976 y 1981) y lograron llegar a él. “Nosotros teníamos un vecino que era cabo. Un día mi tío le dijo: ‘Mirá, quiero hablar con Saint-Jean por esto, por esto, por esto, ¿no me hacés una reunión?’”.

Octavio llegó a Saint-Jean y tuvo “reuniones periódicamente”, recuerda su sobrino, que apunta “obviamente que los muchachos del ACA no estaban conformes”. Luego de un tiempo se logró una reunión en el edificio del Estado Mayor Conjunto del Ejército, donde Suárez mantuvo un cónclave cargado de tensión durante 12 horas debido a que fueron investigados antes de avanzar en el pedido para poder autofiscalizarse y poder hacer las carreras en ruta.

“Un día vinieron los militares a buscarlo a mi tío, que estaba trabajando en su taller, ya que vivía al lado. Subió con el mameluco y le dijo al militar que estaba a cargo ‘dejame lavar las manos’, y se fue para allá. Estuvieron doce horas. Eso nos lo cuenta mi papá, que mi tío lo llamó y le dijo: ‘Mirá que me están llevando para allá, cualquier cosa estate atento por si quedamos en cana’. Mi tío fue con su cupé Torino y lo escoltaron”, relata Cristian.

Octavio fue acompañado por otros dos referentes de la ACTC, Héctor “Laucha” Ríos y Rubén Gil Bicella. Mientras que su hermano, Pedro, también fue y esperó afuera en su auto. El clima no fue el mejor debido a que “en ese momento los militares pensaban que mi tío era un infiltrado y que no era del automovilismo”, cuenta su sobrino. En esa reunión también estuvo Saint-Jean y una vez que lo presentó a Suárez comenzó una investigación sobre él y sus acompañantes. “Mi tío era un tipo muy derecho, muy honesto y de contextura grande. Agarró y les dijo a los militares ‘acá no hay nada, solamente automovilismo’. Luego de esa frase el tema se calmó un poco y también porque terminaron de investigarlos y no les encontraron nada. Sí, me contaron que la pasaron mal porque si bien no los llevaron detenidos, esperar a que te investiguen y estar frente a dos generales durante tantas horas en esa época era complicado”, agrega.

El punto vital de ese cónclave fue que Suárez, Ríos y Gil Bicella lograron demostrar que su intención estaba fuera de la política o del contexto del país y sólo querían organizar las carreras de TC y comenzar a autofiscalizarse. Recibieron la aprobación para seguir adelante y luego Octavio siguió el nexo con Saint-Jean para poder hacer las competencias en ruta en la provincia de Buenos Aires.

“Mi tío hablaba de frente y era un tipo que siempre le cayó bien a Saint-Jean, que lo ha llevado en el auto de carrera de acompañante cuando se inauguró la ruta 11 (NdR: en 1979 se estrenó la traza asfaltada)”, cuenta Cristian. “Él tenía un objetivo que era salvar al TC, no había otra cosa atrás y los militares se dieron cuenta de eso en la reunión. Incluso, recuerdo de chico haber estado en asados en Campo de Mayo donde me llevaban mi papá y mi tío”.

Cabe destacar que los hermanos Suárez hacían todo a pulmón y los ayudaba el apoyo de las publicidades que tenían en su Dodge. “Ellos primeros fueron colectiveros y llegaron a tener su línea de colectivos, la 299, que va de Lanús a Banfield. Después tuvieron una agencia de autos, pero mi tío en su taller estaba dedicado pura y exclusivamente a armar su auto y a la ACTC”.

Una vez que lograron el permiso para la autofiscalización, el 20 de mayo de 1979 y con solo nueve autos en uno de sus peores momento histórico, el TC corrió su primera carrera sin tener al ACA como ente rector. Fue en el Autódromo de Buenos Aires y la competencia la ganó Héctor Luis Gradassi, con uno de los Ford Falcon oficiales. El panorama no fue alentador en ese inicio, pero luego el parque mejoró.

Volvieron a correr a la ruta y usaron un colectivo para transportar a las personas que iban a trabajar como los cronómetros, ya que en dichas competencias ganaba el que mejor tiempo tenía y no el que llegaba primero. Para hacer el reconocimiento de los circuitos semipermanentes usaban la cupé Torino de Octavio, cuyo motor Tornado estaba potenciado y se la prestaba a otros colegas. “Roberto Mouras, Emiliano Satriano y Oscar Castellano hacían hoja de ruta con ese coche para que no haya ventaja deportiva”, destaca Cristian.

El TC se recuperó y el año del despegue definitivo fue 1982, con varias carreras en ruta en territorio bonaerense. Esa temporada fue campeón Jorge Martínez Boero, con Ford. Octavio dio pelea, pero puso mucha energía en la organización de las carreras que iban más allá de lo deportivo y apuntaron a lo solidario. “Mi tío era muy sano. El tipo iba a la carrera de Tandil, por contar un ejemplo, y le decía al muchacho que organizaba la carrera: ”Bueno, nosotros le vamos a dar la carrera de TC. Les vamos a cobrar 12.000 pesos la entrada’. Pero solía pedir que lo lleven al hospital de Tandil a ver al director y le preguntaba ‘¿qué le falta?’ El médico le respondía ‘un tomógrafo’. Y mi tío le decía al organizador local: “Bueno, vamos a hacer una cosa: de los 12.000 pesos, guarden 2.000 para comprar el tomógrafo. Si en tres carreras usted no tiene comprado el tomógrafo con la plata que yo le dejo, no viene nunca más el TC acá”.

También en Tandil, Octavio sufrió un trágico accidente el 23 de septiembre de 1984. Su Dodge tuvo una serie de tumbos, terminó envuelto en llamas y Suárez quedó atrapado dentro del coche y murió en el acto. “Mi papá no lo acompañó en esa carrera porque tuvo un problema en el oído y el médico le dijo: ‘Pedro, bajate que te toca hacer un estudio’. Después de ganar en La Banda, Santiago del Estero, se bajó y en la carrera de Tandil se mató mi tío. Gajes del oficio, como decía el Flaco Traverso: ‘En el auto de carrera te subís, pero no sabés si te bajás caminando o te bajan en un cajón’”.

En el 30° aniversario de la partida de Octavio se hizo un homenaje en Tandil y Cristian evoca un episodio que lo marcó: “Estaban todos los muchachos, sale un hombre grande de traje y me dice ‘muchacho, ¿le puedo hablar?’. ‘Sí’, le digo. ‘Ahora estoy jubilado, pero yo soy el médico que en su momento le dijo a Octavio que necesitábamos un tomógrafo en el hospital de Tandil’. Hoy me acuerdo y se me pone la piel de gallina”.

Es tal el idilio por Octavio en Tandil, que años más tarde su auto fue enterrado en el lugar de su accidente. Ahí también hay un monumento. Cristian, junto a amigos, armaron una réplica del auto que fue donada al Museo Fangio. “Ahora nosotros estamos haciendo otro auto con muchas cosas originales que habían quedado en el taller de mí tío”.

Octavio y Pedro Suárez no fueron campeones de TC, pero lograron algo más importante: hicieron mucho por la categoría en uno de sus momentos más críticos y en plena dictadura. Además, junto con otros caudillos lideraron un cambio histórico que le permitió a la ACTC ser fiscalizadora de carreras de autos. A 47 años de aquel cambio institucional, hoy vive un presente con un promedio de 50/60 autos en cada fecha y se encamina a cumplir 90 años.

Agradecimientos:

Alejandro de Brito

Sebastián Elías

Meses antes de la irrupción de la Junta Militar se canceló el Gran Premio de Fórmula 1 por temas económicos, ya que el Automóvil Club Argentino (ACA) no pudo terminar de conseguir el presupuesto para solventar el evento. En esa época nuestro país era sede de la apertura del calendario. Cuatro días después de la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas, el domingo 28 de marzo, Carlos Alberto Reutemann, que por aquel entonces llevaba a cabo sus últimas carreras con Brabham, abandonó tras un toque del italiano Vittorio Brambilla (March) en Long Beach (Estados Unidos) manejando un BT44 B con motor Alfa Romeo. Aquella fue una mala temporada para el santafesino, donde su mejor resultado fue un cuarto puesto en Jarama, España, el 2 de mayo.

La Máxima volvió en 1977 y se extremaron las medidas de seguridad. Ver a los soldados entre los pilotos o al borde de la pista fueron imágenes habituales. En esa competencia se dio el triunfo del sorprendente Wolf conducido por Jody Scheckter. Lo escoltaron José Carlos Pace, con Brabham y el propio Lole Reutemann, en su segunda carrera con Ferrari tras el debut en Italia 1976, cuando fue convocado para reemplazar a Niki Lauda, quien se accidentó en Nürburgring (1/8), pero volvió a correr 40 días después.

Al año siguiente la televisación de la carrera fue a color y Argentina Televisora Color (ATC) hizo un ensayo con uno de sus nuevos móviles para el Mundial de Fútbol 1978. Debido a ése evento, la carrera de F1 fue una prueba de fuego en cuanto a la seguridad y hasta algunos afirman que hubo una amenaza de bomba en el Autódromo. El empresario Eduardo Ramírez es el manager que llevó Esteban Tuero y Gastón Mazzacane a la F1. En el programa Historia de Campeones, Ramírez contó detalles de la tensión que se vivió en el GP de 1978. “Esa carrera fue la que tuvo el mayor operativo de seguridad por un posible atentado de un grupo comando brasileño. El túnel que pasa por debajo de la recta principal lo tapearon para evitar que pongan un explosivo justo por debajo de los autos de carrera. Hasta colocaron una pequeña batería antiaérea en la zona de la curva del Ombú. Hubo mucho personal uniformado y de civil. Si había un atentado en la F1, se perdía el Mundial y se iba a hacer en Brasil”, recordó. “En un momento del fin de semana le explotó el extintor del Lotus de Mario Andretti y un montón de uniformados rodearon el auto. La tensión fue total”. Además, en esa edición hubo un particular episodio, ya que una hilera de efectivos militares prohibió la presencia de fotógrafos en el viejo podio ubicado en el Palco José Froilán González, donde solo las promotoras acompañaron a los pilotos. Las primeras fotos fueron con los pilotos de espaldas y luego, ante el encendido reclamo de los fotógrafos, lograron inmortalizar el momento con los corredores de frente.

En tanto que el automovilismo criollo pudo sobrevivir a la situación. Fueron tiempos complicados con varias restricciones en particular para la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) de poder organizar competencias en la ruta. No obstante, sus dirigentes se las arreglaron para poder hacerlas. El 14 de marzo Héctor Gradassi ganó con su Ford del equipo oficial en Buenos Aires. Tras la llegada del gobierno de facto hubo un paréntesis y el 25 de abril volvió la acción cuando Carlos Marincovich venció con su Chevrolet en la Vuelta de 25 de Mayo. Luego llegó el hito de Roberto José Mouras con sus seis victorias seguidas (récord todavía imbatible) a bordo de su “7 de Oro”, tal como se la conoció a la cupé Chevy preparada por Jorge Pedersoli y Omar Wilke. Sin embargo, el Toro no pudo batir a Pirín Gradassi quien se alzó con su cuarto título.

Hace medio siglo ya era hostil el clima entre la ACTC y el Automóvil Club Argentino (ACA), que por entonces seguía fiscalizando las carreras de la popular categoría. En ese momento, la relación entre el organismo del ACA para regir la actividad que era la CADAD (Confederación Argentina de Automovilismo Deportivo) y la ACTC, era insostenible lo que generó la demora en el inicio del campeonato en 1979. Esto derivó en la autofiscalización del TC. “Cuando en 1979 comenzamos a fiscalizar nuestras carreras era todo un tema pedir permiso a las autoridades oficiales para poder correr en ruta… En plena dictadura llevamos a cabo esa clase de carreras”, le contó a CORSA Héctor Eduardo Ríos, integrante de la ACTC. El Laucha, como se lo conoció, fue uno de los abanderados junto a los hermanos Octavio y Pedro Suárez (piloto y acompañante) para conseguir la independencia fiscalizadora para la ACTC que nació con una carrera en el Autódromo de Buenos Aires el domingo 20 de mayo de 1979. El recordado acompañante de Carlos Alberto Pairetti amplió sus conceptos en una entrevista con Solo TC en la que indicó “eran tiempos difíciles en los que tuvimos que enfrentarnos a los militares y al ACA, porque nos paraban las carreras… A mi taller llegaron a ir dos Falcon a buscarme y tanto a mí como a Octavio (Suárez) nos revolvieron toda la casa. Ellos se creían que éramos subversivos, pero a nosotros lo único que nos movilizaba era el Turismo Carretera y queríamos que haya carreras”, recordó Ríos.

El Laucha también relató los detalles de una reunión con Albano Harguindeguy, ministro del interior del gobierno de facto, para poder plasmar la autofiscalización y continuar con la actividad. “Tuvimos que ir a La Plata a hablar con el General Ramón Camps, que era el jefe de la Policía Bonaerense, y nos apuntaban con ametralladoras. Estuvimos reunidos por más de 1 hora. Ellos hablaron los primeros 15 minutos y nos dijeron que hacíamos carreras cuatreras, que matábamos gente en cada competencia… Pero después nos tocó a nosotros y le explicamos por qué queríamos autofiscalizarnos. Terminaron dándonos el permiso y nos dijeron: ‘muchachos a correr y a portarse bien, porque tenemos una celda VIP en Devoto para ustedes y para el ACA’”.

“Nos cuestionaban porque íbamos a ser juez y parte, pero yo me ponía el buzo de competición y me olvidaba de la parte dirigencial, como lo hacían todos los miembros de Comisión Directiva. Dejábamos todo en manos de los Comisarios Deportivos…”, concluyó el Laucha.

El TC sumó otro episodio particular y fue a las 21.00 horas del jueves 12 de junio de 1980, cuando dos de sus pilotos fueron detenidos, según informó la edición 733 de la revista CORSA. Fue en el intento de la largada simbólica de su viejo edificio en Bogotá 166, en el barrio porteño de Caballito, cuando bajo una noche lluviosa quisieron hacer una largada simbólica del Gran Premio Unión Cuatro Provincias y se lo impidió un operativo policial. Los efectivos les pidieron a los pilotos la documentación que acredite la titularidad de los autos. Roberto Monllor y Carmelo Palazzo fueron liberados el 15 de junio. El inicio de la carrera se postergó y una semana más tarde se disputó. Ganó Francisco Espinoza y logró el título de la temporada 1979/1980, cortando una sequía de 12 años para Chevrolet.

Otra historia que marcó aquellos años y que también estuvo vinculada al TC fue el nacimiento del TC 2000. En la década del setenta, la ACTC habilitó a los coches medianos con motores de dos litros de cilindrada. Corrían contra los autos con impulsores de tres litros como el Ford Falcon, la cupé Chevy de Chevrolet, el Dodge GTX y el Torino. Convivieron hasta el 18 de febrero de 1978 en una de las carreras nocturnas para no ganadores en el Autódromo de Buenos Aires. Esa noche José Miguel Pontoriero venció con un Dodge 1500 y la ACTC optó no darle más lugar a los autos de 2.000 cm3. Aquella decisión promovió un cambio histórico: tras la negativa de la ACTC, Pontoriero y otros usuarios de los coches con motores de dos litros se juntaron y fueron a pedirle al ACA que los fiscalice en una nueva categoría para su segmento. En 1979 realizaron un Torneo Presentación de cuatro fechas que lo ganó Osvaldo “Cocho” López (Peugeot 504). En ese génesis del Turismo Competición 2000 también corrieron -entre otros- Juan María Traverso (Ford Taunus), Jorge Omar del Río (Dodge 1500), Ángel Antonio Salomita (Dodge 1500), Miguel Ángel Parodi (Dodge 1500) y Carlos Crocco (Fiat 125).

Volviendo a marzo de 1976, Jorge Spinetto (Fiat 128) y Esteban Fernandino (Fiat 1500) comenzaron a hilvanar sus títulos en la Clase 3 y 4 del Turismo Nacional, respectivamente. Mientras que la todavía pujante Fórmula 1 Mecánica Argentina no había empezado su campeonato. Su primera carrera fue el 14 de mayo en el escenario porteño, con victoria de quien resultó campeón en aquella temporada, el uruguayo José Pedro Passadore con un Pianetto-Dodge. Esta categoría con autos de F1 fabricados en el país tuvo su última temporada regular en 1980.

En cuanto a eventos internacionales en nuestro país, la F1 corrió hasta 1981. En 1978 Argentina fue clave para el Gran Premio de la América del Sur, una carrera de Rally de 28.592 kilómetros, más larga que el por entonces flamante París-Dakar. En 1980 se corrió el Rally Codasur, que fue válido por el Campeonato Mundial y resultó la primera de las 39 ediciones del certamen ecuménico en Argentina. Mientras que el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad también corrió en Buenos Aires en 1981 y 1982, con sus divisiones 125 cm3, 250 cm3, 350 cm3 y 500 cm3 (actual MotoGP).

En aquellos años el Lole Reutemann ratificó su condición de ser uno de los mejores pilotos del mundo y en 1981 fue subcampeón de la F1. Su última carrera fue el 21 de marzo de 1982 en Brasil, donde abandonó y siete días más tarde anunció su retiro: “La F1 se terminó para mí, que pase el que sigue”, dijo el santafesino en CORSA. Todo indicaba que el sucesor sería Oscar Rubén Larrauri, que en agosto de ese año logró de forma anticipada el título en la Fórmula 3 Europea, pero Poppy no pudo conseguir el presupuesto necesario (unos 300.000 dólares) para poder correr en Ligier o ATS, en un contexto delicado de Argentina luego de la Guerra de Malvinas. Cabe recordar que durante el conflicto bélico con Gran Bretaña, el automovilismo argentino fue solidario y organizó carreras para recaudar dinero destinado al Fondo Patriótico, pero el dinero nunca llegó a los soldados. Además, la guerra también complicó a los pilotos argentinos que corrieron en Inglaterra.

En octubre de aquel año se dio otro hito y fue el nacimiento de la Fórmula 2 Codasur, una categoría creada por pilotos argentinos, uruguayos y brasileños, cuya primera carrera fue en octubre en Taruma y venció Miguel Ángel Guerra. El 18 de diciembre de 1982 la flamante divisional corrió en Buenos Aires y tuvo emisarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un momento de transición en Argentina hacia el retorno de la Democracia.

Fueron ocho temporadas en la que el automovilismo argentino siguió adelante en medio de la dictadura. Los motores no se apagaron gracias al trabajo de la dirigencia, el compromiso de los pilotos, equipos y la pasión del público que –como siempre- pese a cualquier contexto histórico acompañó desde la tribuna, al otro lado del alambrado o a la vera de la ruta.

Agradecimiento: Alejandro de Brito

“Es inminente el final. Todo está dicho”. Caía la tarde del martes 23 de marzo de 1976. Todavía eran tiempos de importantes ediciones vespertinas de los diarios. La tapa de La Razón dejaba en claro lo que estaba por venir. Los rumores de un posible golpe de estado habían comenzado el año anterior y se aceleraron a partir de marzo. El endeble gobierno que encabezaba María Estela Martínez de Perón estiraba su letanía, en medio de una agobiante crisis política, económica y social. Su derrocamiento fue una realidad en las primeras horas del miércoles 24, comenzando allí otra era de terror. Todos los estamentos quedaron conmocionados hasta lo indecible, pero ¿qué pasaba con el fútbol argentino? ¿Se detuvo la actividad o todo siguió como si nada estuviese ocurriendo?

El golpe de estado de marzo del ‘76. Se están cumpliendo 50 años de una fecha dolorosa. Sin embargo, el fútbol siguió de manera casi normal, con el guiño de la Junta Militar. Apenas asumidos, dieron a conocer a la población una serie de comunicados, donde se establecían las nuevas reglas que tendrían vigencia en el país. Se detalló que quedaban suspendidos todo tipo de espectáculos y transmisiones, con una excepción. En el comunicado número 23, se dejó expresamente aclarado que se iba a poder ver en directo, como estaba pautado, el partido de la selección nacional ante Polonia en la ciudad de Chorzów.

Mientras la edición de La Razón con su concluyente titular se distribuía en todo el territorio argentino en la tarde del martes 23, el público iba llegando con normalidad al estadio Monumental, donde River Plate recibía al débil Portuguesa de Venezuela. En diálogo con Infobae, la Pepona Reinaldi, titular aquella noche, recordó lo vivido: “Habíamos ganado un partido importante, porque con esa victoria quedamos a un paso de la clasificación a la siguiente ronda. Marqué un tanto en cada arco y parecía ser una noche normal para cualquier futbolista. Terminamos cerca de las 23 horas. Nos cambiamos y cumplimos con la rutina de ir a comer con algunos compañeros a uno de los carritos de la Costanera, cerca del estadio. En el trayecto, no se presentía nada en particular por las calles. Concluyó la cena tipo a las 2 de la madrugada y cuando quisimos salir, fue imposible porque ya estaban apostados los tanques y el ejército, que no te dejaban mover para ningún lado. Fue una situación que nos sorprendió y tomamos conocimiento que se había producido el golpe. Debimos quedarnos allí aproximadamente una hora más”.

Eran horas importantes, también, para la selección argentina. César Luis Menotti había asumido en octubre del ‘74, llevando adelante un proyecto serio, con el gran objetivo del Mundial ‘78. El domingo 14, había partido la delegación hacia Europa del Este, para afrontar la primera gira de su ciclo por el exterior. El viaje insumió más de 50 horas cubriendo Buenos Aires - Las Palmas - Madrid - París - Zurich (aquí se hizo un descanso en un hotel) - Varsovia - Moscú - Kiev.

Para la mayoría de los integrantes, era su primera vez en el viejo continente, llenándose de asombro y vértigo a cada paso. Y también de sorpresas, como nos contó Jorge Olguín: “Para mí era como estar viviendo un sueño, porque era difícil pensar que podía estar en la Selección y más hacerlo en una gira de esas características. Muchas cosas se hicieron mal, a las apuradas y entre ellas, mi visa, que estaba a nombre de Asad, otro compañero. Apenas llegamos a Moscú, me detuvieron los soldados que te revisaban en la aduana. Por medio de señas, meneaban la cabeza y con los dedos me hacían “dos y tres, dos y tres”. Obviamente no entendía nada, ni las señas ni el idioma. El dos era porque en la visa había dos nombres, Julio Asad, y en el pasaporte, tres: Jorge Mario Olguín. Todo el plantel pasó y a mí me dejaron solo sentado en un banquito como en las películas (risas). La historia se soluciona cuando llegó gente de la embajada y pude sumarme al resto hacia Kiev”.

El fin de semana anterior al golpe, se desarrolló la 8° fecha del Metropolitano, con algunos resultados sorprendentes, como el 3-1 de Quilmes ante River en el sur, la goleada de Huracán, el mejor equipo hasta allí del torneo, sobre Ferro por 5-1, y la sufrida victoria de Boca frente al recién ascendido San Telmo en la Bombonera por 2-1, con gol de García Cambón, en el tramo final del match.

El sábado 20, por la mañana, pudo verse por televisión en directo, algo que no era habitual, el encuentro frente a la Unión Soviética. Fue una mueca de felicidad, en medio del caos y la incertidumbre que azotaban a la sociedad. Argentina se impuso por 1-0 con gol de Mario Kempes, en la que fue una de las mejores actuaciones en la carrera del Loco Gatti, como él mismo rememoró: “Contra la Unión Soviética en Kiev las hice todas. Para entonarme, tomé un poco de whisky y el Flaco Menotti lo sabía. Yo tenía una botellita al lado del poste y cada tanto tomaba un traguito para motivarme y por el frío tremendo que hacía. Como ese partido, no habrá ninguno igual”.

A contramano de lo que ocurre en la actualidad, donde cada presentación del equipo nacional en cualquier punto del planeta es seguida por muchos periodistas, en aquella gira, apenas un puñado de colegas estuvieron presentes. Uno de ellos fue Fernando Niembro, a cargo de los relatos para Canal 7: “Ese partido quedó en la historia por muchos motivos, empezando por el clima: había 10 grados bajo cero y teníamos la seguridad que no se iba a disputar, porque la capa de nieve que tenía el campo de juego era de un metro. Llegué allí varias horas antes y el que era el intendente del estadio, por intermedio del embajador que hacía la traducción, me dijo: ‘Quédese tranquilo, porque a la hora de comenzar, todo va a estar perfecto’. Y así fue, porque con turbinas de avión, tiraron la nieve hacia los costados. Durante el transcurso del encuentro, comenzó a nevar. Al concluir, los periodistas fuimos a los vestuarios como era rutina y los jugadores estaban ateridos de frío, solo consumiendo el agua que habían llevado los utileros, hasta que de pronto, se abrieron las puertas y aparecieron mozos de guantes blancos portando bandejas de plata con té caliente”.

La alegría inmensa del plantel y de todos los futboleros por un éxito tan trascendente, contrastaba con lo que se vivía en el país. donde los diarios daban a conocer, día tras día, las cifras de muertes y asesinatos. En las portadas del martes 23, ya se hacía mención al final anunciado, señalando que los diputados y senadores, habían pasado por el Congreso a retirar sus pertenencias. Lo tradicional en los lamentablemente frecuentes golpes de estado de esos tiempos.

Ajenos a todo eso, ya instalados en Polonia, los muchachos de la Selección se preparaban para el cruce ante la selección local, pautado para el 24 de marzo. Así fue la vivencia de Niembro: “La noche anterior al partido, nos enteramos del golpe de estado, a través del José María Muñoz, que era quien nos informaba en forma permanente. Mi padre tenía actividad política en ese momento como asesor en el Ministerio de Trabajo. Yo quería tener datos, ya que, obviamente, la información de lo que ocurría en Argentina no abundaba. Llegué al estadio con varias horas de anticipación, me instalé en la cabina y Enrique Macaya Márquez, desde Buenos Aires, me dijo: ‘Fernando: el partido finalmente se va a televisar en directo’. Era la primera vez que iba a relatar. Era dificilísimo conseguir una comunicación telefónica con nuestro país, pero al terminar el cotejo, logré hablar con mis padres, que me confirmaron que estaban bien y me ampliaron un poco los detalles de lo que se estaba viviendo. Pensamos que la gira se iba a suspender, pero siguió tal como estaba programada”.

En el mismo sentido van los recuerdos de Héctor Scotta, quien era parte del plantel, luego de su sensacional temporada ‘75, donde batió todos los récords de nuestro fútbol al convertir 60 goles con la camiseta de San Lorenzo: “Me acuerdo que estábamos cenando y vinieron Menotti y el presidente de la delegación para contarnos que había habido un golpe militar y que Videla había afirmado que la Selección debía seguir su curso y terminar la gira. Sinceramente, estábamos todos asustados, porque no sabíamos que estaba ocurriendo realmente en el país. Ese día enfrentamos a Polonia y tuve la suerte de hacer un lindo gol tras una asistencia de Leopoldo Luque, pero no tuve ni tiempo de festejar, porque automáticamente Menotti me reemplazó por Houseman, que convirtió el segundo y ganamos 2-1”.

La población ya se encontraba bajo el control de la Junta Militar, como señaló el primer comunicado. Luego fueron llegando más, como el número 22, que anunciaba la suspensión para ese día de los espectáculos públicos, en cines, teatros y actividades deportivas. Y el 23, se refería al fútbol: “Se pone en conocimiento público que se ha exceptuado de la transmisión por cadena nacional de radio y televisión, la propalación programada para el día de la fecha del partido de fútbol que sostendrán las selecciones nacionales de Argentina y Polonia”. Y así fue: las marchas militares y comunicados que inundaban la televisión, se detuvieron a las 13:30 cuando comenzó el encuentro.

La Selección continuó con el periplo tal como estaba programado. El sábado 27 cayó ante Hungría en Budapest 2-0, el martes 30 perdió 2-1 con el Herta Berlín y concluyó con un empate en cero frente al Sevilla en esa ciudad, el jueves 1 de abril. La actividad del fútbol en el país no se detuvo, ni tuvo ningún cambio, porque en la noche del jueves 25, Estudiantes goleó a Portuguesa 3-0 y un día más tarde comenzó una nueva fecha del Metropolitano, con el triunfo de River sobre Temperley 2-0.

Y uno concluye que la pelota no se detuvo, pese a la situación brutal que se desataba en cada rincón del país. La Junta Militar, pese a cierta reticencia inicial, enseguida detectó que era conveniente seguir adelante con la organización de Argentina ‘78. Se había hecho muy poco, y por ello se motorizaron obras faraónicas para tener todo listo para disputar la Copa del Mundo. Esa que fue utilizada, pero que también le brindó una alegría enorme al pueblo futbolero, que saldó la vieja deuda de salir campeón y sentirse el mejor del planeta, gracias a un equipo que sentó las bases de su convicción, en la histórica gira de marzo del ‘76.

“Arrepentite, porque ves que te equivocaste. Te equivocaste, hiciste el mal, pero ahora también podés arrepentirte. Porque si no, ¿cómo vas a vivir y cómo vas a morir con estas masacres en tu corazón?”.

Eso quería decirle. Eso pensaba la francesa Genevieve Jeanningros, monja como su tía Léonie Duquet, quien fue detenida desaparecida, ferozmente torturada y arrojada viva al mar en un vuelo de la muerte, cuando vio a Alfredo Astiz en los tribunales argentinos en el año 2010. El gobierno de Néstor Kirchner había anulado las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que le habían permitido la impunidad. Los juicios por crímenes de lesa humanidad brotaban en tierra fértil por todo el país.

Para ese momento Astiz ya había sido condenado a cadena perpetua en Europa. En Francia, en un juicio en ausencia en 1990, por el secuestro y el asesinato de Alice Domon y Léonie Duquet —caso conocido internacionalmente como el de “las monjas francesas”—. En Roma, en 2008, donde fue sentenciado junto a Jorge Eduardo “el Tigre” Acosta, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Vañek y Héctor Antonio Febres, por la desaparición, tortura y muerte de tres inmigrantes calabreses —Ángela María Aieta, Susanna y Giovanni Pegoraro—. Luego recibiría más cadenas perpetuas nacionales y populares: en la Megacausa ESMA y en la denominada ESMA III. Durante el primero de estos procesos Genevieve, que ya había testificado en el juicio en Roma, lo vio.

—Lo que más me sorprendió es que cuando habló Astiz dijo que había hecho todo eso para defender a la Argentina, creía que había salvado a la Argentina. Yo me decía: “¿Pero qué has salvado? Has masacrado a tanta gente”. Luego, yo rezaba (porque nosotros estábamos detrás de un cristal, ellos estaban delante y lo veía bien). Rezaba porque me hubiera gustado cruzar mi mirada con la suya. También me hubiera gustado encontrarme con él a solas pero no se podía. Y entonces, tres veces, tres o cuatro, se giró y me miró fijamente a los ojos. Nuestros ojos se encontraron... Él sabía que yo estaba allí porque la prensa había dicho que estaba presente la sobrina monja de Léonie Duquet. Entonces enseguida me fijó la mirada. Era fría. Tenía una mirada helada.

***

—¡Betty, nos llevan!

Eran cerca de las ocho de la noche del 8 de diciembre de 1977. Un grupo de familiares de detenidos-desaparecidos conversaba en la puerta de la Iglesia de la Santa Cruz, ubicada en la calle Estados Unidos, en el barrio porteño de San Cristóbal. Habían ido a reunir firmas para una solicitada en la que pedían por sus seres queridos que iban a publicar dos días después en el diario La Nación. Entre ellos estaban dos de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco. También la monja francesa Alice Domon, compañera de Léonie Duquet: ambas venían de la misma región, “eran hermanas de la misma comunidad, pero también amigas” —dice Genevieve—. Ambas participaban de las vueltas a la Pirámide de Mayo con las Madres que habían nacido, paridas por esos hijos desaparecidos, hacía unos meses, ese año. Y, a veces, también se daban cita con ellas y otros familiares en la Santa Cruz: iban a misa y luego se reunían en el templo, donde les concedían un espacio al resguardo de los ojos cazadores de los militares que prohibían las reuniones grupales. Allí estaban a salvo. Eso creían.

—A ellas les daba tristeza ver a esas mujeres que habían perdido a sus hijos y no sabían dónde estaban. Porque si un hijo muere es muy doloroso… pero tienes su cuerpo, lo entierras, le das sepultura. Pero entonces estaba Astiz, que se hacía pasar por el hermano de uno de los desaparecidos. Y había una de las madres, no recuerdo cuál, a quien ese chico joven le recordaba a su hijo y ella se había enternecido con él. Las demás también porque, al fin y al cabo, los chicos desaparecidos tenían la edad de Astiz en aquel entonces —recuerda.

Entre las Madres de Plaza de Mayo y los familiares de desaparecidos, fingiendo ser Gustavo Niño, se había infiltrado el capitán de la Marina, Alfredo Astiz. Aquella noche había marcado con un abrazo a las personas que iban a ser secuestradas.

—Alrededor de las ocho nos fuimos retirando, para ir por la calle Estados Unidos. Y cuando no habíamos dado más de diez pasos vi a la señora de Cerruti que levantaba los brazos, la habían puesto contra la pared y me dijo, me llamó por mi nombre: ¡Betty, nos llevan! (...). Pude ver, al girar mi vista hacia la izquierda, que había un hombre armado con una pistola ametralladora. A mí me dio la sensación de que habían sido golpeadas, posiblemente en el estómago, porque no gritaban. Solamente sentí a la señora de Careaga que decía “Por qué”. “Por qué”, dijo dos veces, muy bajito.

Así narró Beatriz Aicardi de Neuhaus, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, durante el Juicio a las Juntas de 1985, el secuestro en la Iglesia de la Santa Cruz, del que fue testigo.

Pero la operación que tenía por objetivo al grupo que se reunía en el templo no terminó ahí. Dos días después, el 10 de diciembre, los miembros del abominable grupo de tareas 3.3 que funcionaba en la ESMA, y del cual Astiz era parte, fueron por aquellas personas que el infiltrado había marcado pero ese día no se encontraban en la iglesia. Se llevaron a la principal impulsora de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de Devicenti, cuando salía de su casa a comprar La Nación para ver la solicitada que habían publicado por los desaparecidos, y a Léonie Duquet.

—Léonie estaba en Ramos Mejía, en la parroquia en la que se alojaba —cuenta Genevieve—. Era una casita con una pequeña habitación y como no había párroco le habían ofrecido quedarse allí. Fueron a su casa y se la llevaron diciendo: “Tu compañera, Alice, está en el hospital, te llevamos con ella”. Pero no era verdad.

En la solicitada publicada aquel día, entre las firmas recabadas, aparecía el nombre que los había conducido al infierno: Gustavo Niño. Durante muchos años las agrupaciones de familiares pedirían por él como uno más entre los desaparecidos.

***

Léonie Duquet —a quien también llamaban “Renée”— había llegado a la Argentina casi tres décadas antes del golpe, en 1949. Había nacido en la aldea campesina La Chenalotte, en una zona montañosa de Francia cerca de la frontera con Suiza, y se había unido de joven a la Congregación de las Misiones Extranjeras de París, que la había enviado al país del fin del mundo.

—Tengo pocos recuerdos de ella porque se fue en el 49 y yo tenía seis años, pero recuerdo que cuando venía a casa jugaba conmigo y con mi hermano. Todavía me veo a mí misma, teníamos la casa con las ventanas bastante bajas, saltábamos desde ahí al jardín y con ella era todo un juego. Era precioso. En 1949 ingresó en las Hermanas de Misión Extranjera de París y una de las fundadoras era argentina; entonces, si bien se dedicaban principalmente a la zona de Oriente, soñaba con llevar una comunidad a su país. Así es como se fueron —recuerda su sobrina, quien también se hizo monja siguiendo a su tía y porque su madre, fervientemente creyente, le había inculcado el amor por Jesús.

Una vez en Argentina, Léonie Duquet se radicó en Hurlingham y en Morón. “Su sueño siempre fue estar con los más pobres”, asegura Genevieve.

Mientras buscaba su lugar en el país austral, trabajó en una clínica y formó parte de un grupo liderado por el sacerdote Ismael Calcagno, primo político de Jorge Rafael Videla. Léonie Duquet tuvo el gusto con el futuro dictador de joven: ella se desempeñaba en una comunidad donde había personas con discapacidad entre las que estaba —la vida y sus paradojas— Alejandro Videla, el hijo mayor del militar. Había nacido en 1951 y padecía retraso madurativo, por lo que estuvo internado en la entonces Colonia Montes de Oca —institución de salud mental y discapacidad intelectual que actualmente es el Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo— en el partido de Luján. Videla lo mantenía prácticamente oculto. Alrededor de 1955 Alejandro fue cuidado por Léonie Duquet, que dictaba catequesis a personas con necesidades particulares.

También desarrolló diferentes tareas y colaboró con la comunidad mapuche en Neuquén, con enfermos de lepra y con Cáritas. Cuando irrumpió el golpe de Estado estaba instalada en el Gran Buenos Aires. Trabajaba en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Castelar y brindaba catequesis en Ramos Mejía, donde se estableció.

“Callarse hoy sería cobarde”, solía decir ante su actitud plantada frente a la defensa de los derechos humanos a partir del 24 de marzo de 1976. ​

***

“Buscá, tenemos que encontrarla. ¿Dónde está?”.

La madre de Genevieve estaba desesperada. Las noticias de Argentina no demoraron en cruzar el océano y después de la desaparición del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz Francia se empezaba a preguntar por Alice Domon y Léonie Duquet.

—Mamá no se tranquilizaba. Yo tengo un hermano, mi hermano mayor, Michelle, que estaba muy comprometido con los sindicatos y recopilaba muchos artículos de la prensa. Entonces mi mamá le pedía que buscara. Él tiene metros y metros de recortes de periódicos de ese período, lo que salía en Francia sobre Argentina. Francia había empezado a reclamar por eso es que desaparecieron enseguida. Porque ya se estaba creando un problema: el gobierno francés quería saber. Entonces montaron esta puesta en escena con los Montoneros para decir que habían sido ellos quienes las habían secuestrado, lo cual no era cierto.

Las doce personas que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz fueron llevadas al centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Ante el inminente escándalo internacional que tenía a Francia erizado a la espera de una respuesta argentina, Emilio Massera decidió montar una pantomima y simular que las monjas habían sido secuestradas por Montoneros. Obligaron, bajo tortura, a Alice Domon a escribir una carta dirigida a su superiora en la congregación a la que pertenecían en la que afirmaba que habían sido secuestradas por una organización opositora a la dictadura de Videla. Para completar el envío les tomaron una foto en la que Alice y Léonie están sentadas delante de una bandera de Montoneros. En la imagen, capturada en el subsuelo del Casino de Oficiales de la ESMA, ambas aparecen con signos de tortura. Eso se envió a la prensa francesa.

El 15 de diciembre de 1977 el diario La Nación publicó un artículo titulado “Vivas y con buena salud”. En él se informaba que la Madre Superiora de la congregación había dicho, desde Francia, que las hermanas Léonie y Alice estaban detenidas pero “vivas y con buena salud”. Aclaraba, además, que la información provenía del Nuncio Apostólico en la Argentina.​

Para la verdad todavía faltaba. Pero después de finalizada la dictadura, cuando los sobrevivientes comenzaron a declarar para el informe Nunca Más, comenzó a dibujarse.

“Cayeron alrededor de diez o doce familiares, entre ellos la hermana francesa Alice Domon. Más tarde fue llevada también a la ESMA la hermana Rennée Duquet, de la misma congregación religiosa que la hermana Alice. A la hermana Renée la alojaron en ‘Capuchita’. Las hermanas Alice y Renée fueron salvajemente torturadas, especialmente la primera. La conducta de ellas fue admirable. Hasta en sus peores momentos de dolor, la hermana Alice que estaba en ‘Capucha’ preguntaba por la suerte de sus compañeros y, en el colmo de la ironía, en forma particular por el ‘muchachito rubio’, que no era otro que el Teniente de Fragata Astiz (quien se había infiltrado en el grupo haciéndose pasar por familiar de un desaparecido)”. “Las hermanas Alice y Renée fueron ‘trasladadas’ y, junto con ellas, los familiares secuestrados en la misma circunstancia”. (Testimonio de Lisandro Raúl Cubas, ex detenido-desaparecido).

Las vieron con vida, en la ESMA, hasta mediados de diciembre.

***

El 20 de diciembre de 1977 el mar arrastró a la playa, a la altura del balneario de Santa Teresita, lo que no le pertenecía: cadáveres que le habían sido arrojados días antes. “Choque contra objetos duros desde gran altura”, era la causa de la muerte registrada por los médicos policiales que examinaron los cuerpos. Sin más, fueron enterrados como NN en el cementerio de la ciudad de General Lavalle. Ahí esperarían casi tres décadas hasta revelar su identidad gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

—Su cuerpo fue enterrado en una fosa común junto con los que habían aparecido en la playa de Santa Teresita. De esto nos enteramos después, en 2005. En 2003 Néstor Kirchner llegó al Gobierno y quiso que se reabrieran las fosas comunes. Entonces vinieron los antropólogos forenses que hicieron muchas investigaciones y abrieron esta tumba. Porque había habido algunas madres que quizá tenían dudas sobre esta aparición, que fue a pocos días de la desaparición, en la playa. El que era el responsable de los antropólogos forenses nos dijo: “Yo soy ateo, pero para mí fue un milagro”, porque era más fácil identificarlas ya que eran personas adultas. La mayoría [de los desaparecidos] eran jóvenes, y allí: mi tía tenía 61 años, las otras madres tenían entre 50 y 55 —dice Genevieve.

Fue entonces cuando el EAAF le pidió a Michelle, su hermano, que se sacara sangre para contrastar el ADN con los restos encontrados.

—Un día lo llamaron porque el ADN era un 99,98 % igual al fragmento de huesos que habían encontrado allí. Y como Scilingo había explicado esto de los vuelos de la muerte, cuando hizo una declaración, enseguida se resolvió. Cuando fuimos a ver a los antropólogos, habían colocado la bandera argentina sobre una mesa y habían reconstituido el cuerpo, el esqueleto. Y entonces decían: “Mirá, aquí, son fracturas que sufrieron cuando fueron arrojadas desde el avión al mar”, porque los huesos se destrozaban.

***

El funeral fue el 25 de septiembre de 2005, en Buenos Aires. El Gobierno francés quería repatriar los restos pero la familia se opuso.

—Normalmente las monjas, cuando morimos, somos enterradas allí donde fallecemos. Pero además dijeron: “Ella dio la vida junto a sus amigas y tiene que estar con ellas”.

Genevieve no quería asistir al funeral: tenía miedo de que la sobrepasara la emoción, y algo de pudor porque sentía que había seguido los sucesos desde lejos. Lo que no hizo fue quedarse callada frente a la institución a la que le había prometido y le entregaba su vida, así como lo había hecho su tía.

—Sufrí por la desaparición de mi tía, pero también sufrí por el silencio de la Iglesia. Y me dije: esto tengo que decirlo. Y entonces, era en septiembre el funeral, en octubre el cardenal Bergoglio vino a Roma para el sínodo de los obispos. Y le escribí; pero todavía estaba enojada así que no escribí una carta amable. Le dije que no entendía la postura de la Iglesia; que el Evangelio es para todos, pero sobre todo para los pobres. Se la llevé al Vaticano, ya que estaba allí para el sínodo, y le había puesto mi número de teléfono. Y esa misma noche me llamó. Cuando respondí empecé a pensar: “¿Pero qué he hecho? ¡Le grité a un cardenal, cómo se me ocurre!”. Y entonces me dijo: “Gracias por su carta. Quería decirle que, de todos modos, habíamos dado la autorización para enterrarlas en la Iglesia de la Santa Cruz. Y pensaba que con eso bastaba”. Le dije que no, porque todavía estaba enfadada, no bastaba: “La gente ha sufrido demasiado. Y ustedes tienen que estar presentes en estas ocasiones, cuando se pueda” —Genevieve evoca el diálogo con quien se tranformaría en un gran amigo—. Hubo un momento de silencio, luego me dijo: “Gracias, hermana, así es como se habla entre hermanos y hermanas”. “Pero no quisiera que pensaran que esto me era indiferente, porque tenía una gran amiga, Esther Careaga, que desapareció con su tía. Siempre he seguido esta historia desde cero”.

***

—Quien ha perdido a alguien siempre espera que vuelva, hasta que no te dicen que está muerto —asegura Genevieve—. Y nosotros esperábamos siempre.

Y aún así, en los tribunales de 2010, mirándolo fijo tras un cristal, rezaba por ese que había sido un joven “rubito” de ojos azules, en el que las madres veían a sus hijos. Ese que había sido su condena.

“Arrepentite”. “Porque si no, ¿cómo vas a vivir y cómo vas a morir con estas masacres en tu corazón?”.

El escritor, periodista, historiador, apasionado militante de izquierda, perseguido por la Triple A y forzado al exilio Osvaldo Bayer publicó una columna en el diario Página/12 en diciembre de 2005 sobre Juan Jaime Cesio en la que decía: “El coronel argentino Juan Jaime Cesio fue descalificado por falta gravísima al honor con accesoria de pérdida del uso del grado, título y uniforme, por la dictadura militar de la desaparición de personas”.

“El héroe, en la Argentina, es el culpable. El dictador de manos manchadas de sangre es el juez”, explicó el autor de La Patagonia Rebelde.

Las palabras de Bayer sirven para introducir el nombre de Cesio, quien por oponerse al terrorismo de Estado de la dictadura de 1976 fue castigado. La drástica sanción castrense se fundamentó en que Cesio acompañó a las Madres de Plaza de Mayo en una de sus históricas marchas.

Asimismo, el militar declaró de manera abierta durante los años de plomo que diversas bandas integradas por militares habían usurpado el gobierno nacional con “el mendaz propósito de combatir a la subversión interna, cometieron delitos aberrantes, tales como el secuestro, la tortura y el asesinato de miles de personas”.

Por denunciar públicamente la desaparición sistemática de ciudadanos, el aparato represivo estatal le inició un severo sumario interno bajo la repudiable figura de “deshonor e indecoro militar”.

Tras un viciado proceso disciplinario, el Superior Tribunal de Honor del Ejército le impuso, el 7 de noviembre de 1983, la máxima sanción de la fuerza. la más grave de las sanciones previstas: la descalificación por falta gravísima al honor, con la accesoria de pérdida y privación de su grado, título y uniforme. Esa condena de por vida fue ratificada mediante el decreto 3146 del 30 de noviembre de aquel mismo año, a escasos diez días de la asunción del gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Los tribunales castrenses de la época esgrimieron por escrito que el coronel privilegiaba equivocadamente su condición de ciudadano por sobre su condición militar.

Sin embargo, la implacable persecución contra ese oficial de la Nación había comenzado mucho antes de la instauración de la dictadura. Durante el año 1973, Cesio se desempeñaba como secretario general del Ejército Argentino bajo el mando directo del Comandante en Jefe del Ejército general Jorge Raúl Carcagno.

Fue precisamente en esa gestión castrense cuando el general Carcagno denunció ante la décima Conferencia de los Ejércitos Americanos los peligrosos postulados de la Doctrina de la Seguridad Nacional, orientada exclusivamente a la represión interna.

Por su impecable foja de servicios, Cesio fue propuesto formalmente por la Junta Superior de Calificaciones para su ascenso al generalato en los años 1973 y 1974. No obstante, durante el último gobierno de Juan Domingo Perón, su carrera militar sufrió un freno definitivo.

El entonces ministro de Bienestar Social y monje negro del gobierno, José López Rega, bloqueó de manera personal su ascenso en las respectivas comisiones del Congreso de la Nación. El falso argumento utilizado burocráticamente para trabar su promoción consistió en acusarlo de ser un comunista que había participado activamente en las revueltas del Mayo francés de 1968, a pesar de que los registros migratorios marcaban que Cesio recién había visitado París a partir del año 1971.

Ante estas presiones gubernamentales, el oficial fue pasado a retiro obligatorio en 1975. Posteriormente, la dictadura de facto se encargó de promover a los oficiales que habían sido postergados junto a él.

Tras ser apartado injustamente de las filas castrenses y despojado de su rango, Juan Jaime Cesio tuvo que rearmar su vida en el ámbito civil. Trabajó profesionalmente como gerente de seguridad de la empresa estatal YPF, y se desempeñó como estrecho asesor en temas vinculados a la defensa nacional junto al histórico dirigente Oscar Alende. Asimismo, el ex uniformado encontró ocupación prestando servicios como corrector de estilo literario en varias publicaciones de la época. En ese contexto, llegó a redactar e imprimir un libro de su autoría titulado “La cocina del cuartel”. Sobre esa obra en particular, el propio militar detalló años más tarde que contenía amables tintes de humor y un capítulo entero dedicado a describir para qué sirven verdaderamente los militares en una sociedad moderna, logrando vender alrededor de mil ejemplares. En paralelo a esto, fundó el Centro de Militares por la Democracia (CEMIDA) de forma conjunta con su compañero de armas, el coronel Horacio Ballester.

Durante los años posteriores al restablecimiento del orden constitucional en el país, los sucesivos gobiernos ignoraron por completo su situación legal. Las gestiones presidenciales, los ministros de Defensa de turno y los legisladores nacionales mandaron archivar sistemáticamente en los despachos ministeriales los diversos pedidos de revisión de su expediente.

Cesio llegó a enviarle una misiva formal al ex presidente Carlos Menem, quien jamás le brindó una respuesta institucional. Ante esa inacción deliberada por parte del Estado, el militar se encargó de mantener vivo su justo reclamo de manera inclaudicable.

El propio oficial narró ante la prensa nacional que, cada vez que se producía un recambio de autoridades en las cúpulas militares, se presentaba pacientemente portando una nueva nota escrita mediante la cual solicitaba que por fin se hiciera estricta justicia con su caso.

El 23 de marzo de 2006 se produjo el acto oficial que finalmente dispuso la restitución definitiva de su grado militar. Las complejas gestiones que culminaron de manera exitosa en esa medida reparatoria comenzaron a fines de 2005. El proceso burocrático tomó un impulso notorio luego de que la entonces ministra de Defensa de la Nación, Nilda Garré, invitara de manera oficial al coronel a participar del cóctel de fin de año de su ministerio.

El largo y tedioso proceso administrativo encontró su resolución el 3 de marzo de 2006, cuando el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general Roberto Bendini, firmó la disposición que dejó sin efecto la sanción y levantó la prohibición del uso del uniforme. La disposición fue avalada y ratificada por Garré el 6 de marzo de aquel mismo año.

Al ser debidamente notificado de la restitución de sus laureles, el militar expresó públicamente sus profundas sensaciones frente a los medios de comunicación. “Estoy realmente abrumado porque, después de tanto tiempo, no lo esperaba. Es absolutamente emotivo”, confesó el oficial ante la prensa, mostrándose visiblemente conmovido por la situación.

Con innegable franqueza, el protagonista de la jornada dimensionó el peso de todo el tiempo transcurrido en el ostracismo burocrático, afirmando: “He tenido que esperar treinta años para que se hiciera esto”. Asimismo, a lo largo de aquel día, Cesio no dudó en calificar a la infamante sanción impuesta originalmente por la dictadura como una lisa y llana “estúpida medida” en su contra, destacando que siempre aguardó el momento idóneo en el que se hiciera estricta justicia. Para la ceremonia de desagravio institucional, la dependencia oficial de sastrería del Ejército le confeccionó un uniforme reglamentario nuevo a su exacta medida, prenda que le fue obsequiada de manera personal por el propio general Bendini. “Ayer me mandaron de la sastrería militar mi uniforme y me lo volveré a poner esta tarde”, relató con indisimulable y justo orgullo el coronel.

El acto reparatorio impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional se llevó a cabo el jueves 23 de marzo de 2006, exactamente a las 18, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Ese día estuvieron allí funcionarios gubernamentales, legisladores, organismos defensores de los derechos humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. El entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, pronunció un discurso dotado de una trascendental carga histórica.

Durante esa ceremonia, el Estado argentino no solo restituyó íntegramente los honores militares a Juan Jaime Cesio, sino que el presidente de la República anunció formalmente el envío al Senado de la Nación del pliego correspondiente para concretar su postergado ascenso extraordinario al grado de general de brigada. En ese mismo marco institucional, también se procedió a oficializar el ascenso post mortem del coronel Martín Rico, un uniformado que había sido asesinado por la organización terrorista Triple A en marzo de 1975, luego de investigar y señalar de forma explícita a José López Rega como el máximo responsable de dicha estructura criminal amparada desde el poder.

Aquel día Kirchner aseguró que se estaba llevando adelante un acontecimiento fundamental que superaba ampliamente las barreras de un simple trámite administrativo. “Estamos produciendo un acto que la democracia, el Gobierno y el pueblo se debían a sí mismos”, afirmó Kirchner . Luego señaló: “Sin rencor, con memoria, estamos haciendo un acto de la más estricta y pura justicia”. El presidente argumentó que resultaba completamente imperioso dejar atrás los eufemismos del pasado y comenzar a poner decididamente las cosas de la historia en su justo lugar.

Kirchner recordó que a Cesio se le había reprochado burocráticamente el imperdonable hecho de haber privilegiado su condición de ciudadano por sobre su condición de militar. Ante esta evidente aberración jurídica y moral, Kirchner cuestionó la falsa premisa corporativa que insinuaba que ser un integrante activo de la milicia significaba abandonar obligatoriamente la calidad ciudadana, sosteniendo que la recuperación y el resguardo de la ciudadanía resulta siempre un aspecto absolutamente fundamental en la vida democrática de cualquier nación.

En directa referencia al sentido de la restitución gubernamental en curso, el jefe de Estado pronunció palabras sumamente contundentes: “Debemos hacer esto para que en la Argentina no pueda ya decirse que el héroe es condenado y el dictador con las manos manchadas de sangre resulta juez”.

El ex presidente miró al militar y le dijo: “Querido coronel Cesio, futuro general de la Nación, muchos de los de mi generación que hoy estamos y de los que no están, que en muchas cosas pensábamos igual, siempre, desde hace más de treinta años, pudimos conocer su honorabilidad, su amor a la democracia, su amor a la verdad, el concepto y la filosofía que quería de las instituciones armadas y de su querido Ejército, al cual entregó su vida, su pasión por esta Argentina”.

Hacia la conclusión definitiva del histórico acto en la sede del gobierno nacional, el máximo mandatario aprovechó el enorme peso de la ocasión para pedir sinceras disculpas en representación del Estado. Kirchner remarcó ante los presentes que, después de tantas horas infortunadas y dolorosas que el militar debió atravesar en abrumadora soledad, las instituciones de la República trataban finalmente de devolverlo al lugar de prestigio que en las páginas de la historia de la Patria le correspondía detentar. Asimismo, subrayó a viva voz que las fuerzas armadas nacionales se prestigiarían de manera indiscutible ante el mundo entero al lograr contar nuevamente en sus filas con la inobjetable presencia de generales honorables como Juan Jaime Cesio y Martín Rico. El presidente argentino indicó que la emotiva ceremonia encerraba para el seno de la sociedad civil la imprescindible noticia de que los argentinos no habían perdido de modo definitivo la elemental capacidad humana de distinguir de manera nítida entre el bien y el mal, como así tampoco de diferenciar claramente entre lo que es honorable y lo que representa una deshonra.

Para concluir la jornada de reparación, Kirchner formuló un llamado inclaudicable a destruir para siempre los oscuros códigos del silencio corporativo instaurados en el ámbito castrense, asegurando que únicamente con verdad, con memoria activa y con castigo a los culpables se lograrían echar las bases sólidas para construir un país mucho más justo y equitativo. Cesio fue ascendido a general de brigada un mes más tarde de la ceremonia. Cesio murió el 23 de diciembre de 2017 a los 91 años. Murió con el grado militar que le correspondía.

La reciente desclasificación y publicación de archivos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) del período 1973-1983 reveló detalles operativos hasta ahora desconocidos del organismo en una época marcada a fuego y sangre por la violencia estatal y la resistencia de grupos armados. En ese contexto, un documento Estrictamente Secreto y Confidencial (ESC) de 1982 trajo a la luz los métodos utilizados para censurar libros y películas durante la última dictadura militar.

La Resolución “ESC” N° 72/82 de la SIDE, fechada el 31 de enero de 1982, estableció la readecuación de la estructura y la modificación de las “normas de asesoramiento ideológico” que la central de inteligencia le proporcionaba a la Aduana, que tenía la última palabra para la ejecución de la censura.

Había sido en 1973, durante la última presidencia de Juan Domingo Perón, que se le asignó a la Aduana “la responsabilidad de control de todo tipo de literatura cuya finalidad fuese la difusión de ideologías contrarias a los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional a los efectos de su prohibición de ingreso al país”.

En ese mismo momento, se le asignó “a la Secretaría de Inteligencia de Estado la función de asesoramiento técnico mediante el análisis de contenido ideológico de las publicaciones a fin de que la Aduana determine el encuadramiento correspondiente a las prohibiciones sobre circulación”.

Tras varias adecuaciones y modificaciones en los procedimientos previos que de momento no fueron dados a conocer, en las últimas horas se reveló el documento de 1982 ya mencionado que brinda los detalles precisos de cómo se ejercía la censura de los materiales.

El trabajo era llevado a cabo por la División Asesoría Literaria, dependiente de la Dirección Comunicación Social, inmersa a su vez en el Departamento Medios de Comunicación Social. La tarea era la de analizar el contenido del material remitido por la Administración Nacional de Aduanas, así como integrar el Consejo Honorario del Ente de Calificación Cinematográfico, “emitiendo opinión sobre aspectos que pueden atentar contra la Seguridad Nacional”. Además, se debía “mantener actualizada la biblioteca ideológica” de la SIDE.

Para el estudio de las publicaciones había un sistema establecido con un sinfín de precisiones y formularios elaborados a tal fin. Se había armado también un Esquema de Caracterización Ideológica, que definía “sintéticamente los aspectos más significativos de las corrientes ideológicas seleccionadas para el fin propuesto”.

Esas ideologías estaban divididas en tres grandes ejes:

• El marxismo-leninismo, incluyendo la versión ortodoxa (Moscú) y las restantes subvariantes (castrismo, maoísmo, trotskismo, stanilismo, etc.).
• Los regímenes o doctrinas que, como el anarquismo, el nazismo, o el fascismo sustentan la utilización de la violencia, la abolición de libertades, etc.
• Las corrientes progresistas católicas (Tercermundismo).

A partir del análisis del material, los encargados de realizarlo debían emitir su juicio, cuyo resultado sería:

• No aparecen evidencias de que se trate de difundir con finalidad propagandística ideologías objetables.
• Difunde con finalidad propagandística la ideología: marxista-leninista, o cualquiera de sus variantes (ortodoxa-trotskista-stalinista-castrista-chinoísta, tercermundista, etc.); anarquista; o nazi-fascista.

Los formularios utilizados contaban con espacios a llenar con datos de los autores, las editoriales y las imprentas, así como de los dueños de las mismas.

En cuanto a las obras, había que diferenciar sus temáticas y los públicos a los que se dirigían. De autores, editoriales e imprentas, se marcaban sus antecedentes. Podía no haberlos, pero si los había, debía detallarse si eran “favorables” o “desfavorables” y redactar una síntesis.

Luego, se efectuaba el análisis ideológico. Una vez reseñado el tema de la obra literaria o cinematográfica, se marcaba con un sí o un no si la misma poseía “contenido ideológico”. El siguiente paso era indicar “referencias conceptuales en relación al Esquema de Caracterización Ideológica”.

Mediante cuadros para marcar las opciones correctas, había que señalar a cuál ideología de las ya diferenciadas anteriormente pertenecía el material. En un siguiente esquema, lo que se especificaba era a cuál variante de cada una de esas ideologías adherían y si el contenido era de naturaleza “científico-pedagógica”, “propagandística” o “crítica”.

“Se expresará en un breve juicio fundado, resultante de la conjunción de los aspectos formales, antecedentes y análisis de contenido del presente formulario, a fin de fundamentar el término de evaluación a proponer”, se indicaba en el instructivo con respecto a cómo redactar la conclusión del informe.

En un segundo apéndice, se detallan, ideología por ideología, características de cada una de las ideologías a perseguir, con las concepciones generales de cada una respecto de los conceptos de “economía”, “propiedad privada”, “familia”, “justicia”, “educación”, “política”, “estado”, “bien común”, “autoridad-poder”, “concepción de Dios”, “relación hombre-Dios”, “diálogo personal”.

Incluso, al final de las descripciones, había una aclaración: “Esta caracterización del Progresismo-Católico no será utilizada dentro de los términos de difusión. Cuando exista inequívoca similitud con el marxismo, se la conceptuará en esta ideología”.

El servicio de análisis de los materiales era entendido por el Gobierno como un “asesoramiento técnico en materia ideológica” de la SIDE a la Administración Nacional de Aduanas, tal como se puede leer en una resolución del organismo de inteligencia del 4 de febrero de 1982. En la misma, por ejemplo, a menos de una semana de la resolución anterior y sus correspondientes instructivos, fue que se incluyó directamente al tercermundismo dentro de las ideologías marxistas.

Marisú Hernández tenía 21 años el 28 de enero de 1977. Ese día le cerraron la librería en la que trabajaba toda la familia. Fue un año entero la clausura, hasta diciembre. Libros subversivos, dijeron. A la Librería Hernández la fundaron Damián Carlos Hernández y Emilce García en 1956. Trabajaban ahí sus tres hijas; Marisú es la más chica. Primero estuvo en Corrientes 1580 y en 1973 se mudaron adonde está hoy. Aquel día del 77 los militares se llevaron 7800 libros. Dos meses después volvieron por más.

Fue una denuncia anónima. Los milicos volvieron porque se enteraron que la librería tenía un depósito lleno de estantes. Cuando entraron no podían creer la cantidad de libros. Libros subversivos. “Este año decidimos exhibirlos de frente, en un sector especial donde la gente los pueda ver. Y en otra mesa pusimos todos los libros sobre derechos humanos, juicios, desaparecidos, madres, abuelas, nietos. Los vamos rotando por la cantidad de material que se ha editado del 83 a esta parte”, cuenta Marisú.

Marx, Lenin, Mao, Trotski, Perón, Evita, Ho Chi Minh, Marcuse, Sartre, Fidel Castro, David Viñas, Spilimbergo, Kautsky, Gregorio Selser, David Rapaport, Noé Jitrik, Bernard Dort son algunos de los tantos nombres que figuran entre los libros prohibidos.

Las cosas no volvieron a ser igual. Ese día se llevaron a Eduardo Mora, cuñado de Marisú, y lo largaron en seis meses. Sus padres, los fundadores de la librería, se exiliaron en Uruguay. “Lo ocurrido hace 49 años en la librería y 50 años en todo el país fue una cosa planeada: no solamente desaparecieron gente, robaron niños, mataron y secuestraron, también fueron hacia la cultura, hacia la educación, hacia la formación de la gente. Esto también le pasó a editoriales como Centro Editor y a librerías como Trilce”.

Hernández, que está cumpliendo setenta años, es una librería que, en palabras de Marisú, “siempre tuvo una línea, una conducta, una posición”: “Por más que tenemos material plural, siempre nos dedicamos más temas como historia, política, sociología, psicología, educación. La gente que viene a esta librería en parte saben a qué vienen, qué quieren, qué buscan. Contar la historia de la librería ha movilizado a mucha gente que estuvo acá, o que compraba acá, incluso muchos se enteraron así”.

Marisú Hernández salva vidas y lee libros, ¿o salva libros y lee vidas? Todas las mañanas está en la gran librería familiar —trabajan ahí sus hermanas, su hija, sus sobrinos—, patrimonio nacional, en Corrientes 1436, y algunas tardes atiende pacientes en su consultorio: es médica clínica. Hasta 2001 fue al revés: se dedicaba fundamentalmente a la medicina y cuando podía iba a la librería. Pero la balanza pesó más de un lado. Hoy sigue con los pies en los dos charcos: salva vidas y lee libros, ¿o salva libros y lee vidas?

“Otras librerías tendrán otra impronta, pero nosotros, a pesar de lo que nos pasó, no modificamos una línea, una conducta, una postura”, dice la librera y piensa cómo esa historia y este nuevo aniversario del golpe de Estado tensiona con el presente y hace ecos con las políticas de Javier Milei y La Libertad Avanza. “Lo que está haciendo este gobierno desde que tomó el poder es tratar sacar todo lo que sea cultura. Es bien sabido todo lo que ha hecho con cantantes, con películas, con desfinanciar el cine”.

“Esto lo dijo en lo personal: este gobierno tiene una actitud muy similar a lo que ocurrió antes. Sabemos bajo qué gobierno estamos actualmente”, sostiene.

Marisú sigue creyendo en los libros. Pero reconoce que es un artefacto a destiempo. “La mayor potencia del libro fue en los años setenta cuando la gente joven y no tan joven sabían que la única manera de poder entender un montón de cosas era leyendo. Para mí el libro tiene un lugar preponderante ahora, que es para formarse, y lo va a tener siempre. Me refiero al libro en papel, no a leer en la computadora. Uno puede salir del apuro con un e-book, pero al libro no lo van a reemplazar... El libro es irreemplazable”.

(Fotos: Adrián Escandar)

El Gobierno anunció este jueves que desclasificará y publicará un conjunto de documentos históricos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) correspondientes al período 1973-1983, el cual abarca la última presidencia de Juan Domingo Perón, la sucesión tras su muerte de su esposa, Isabel Martínez, y la última dictadura militar.

La tarea es llevada a cabo por la propia SIDE, tras el requerimiento del presidente de la Nación, Javier Milei.

Según se informó, la medida forma parte de un proceso integral que contempla la publicación, conservación y posterior traspaso del material al Archivo General de la Nación.

Se detalló que en la primera etapa “se publicará un conjunto de 26 documentos oficiales, distribuidos en 492 páginas, junto con la Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos de la SIDE, elaborada para facilitar la comprensión del material por parte de la ciudadanía, investigadores y comunicadores”.

En cuanto a la naturaleza de la documentación, que fue “organizada en carpetas temáticas, conforme a criterios de relevancia histórica e institucional”, se indicó que se incluyen “resoluciones, informes, memorandos, circulares y directivas producidas entre el 1 de enero de 1973 y el 10 de diciembre de 1983″.

Desde la SIDE resaltaron que lo que se busca es “fortalecer la institucionalidad del Sistema de Inteligencia Nacional y su vínculo responsable con la sociedad”.

“La desclasificación de archivos previamente secretos constituye un acto de carácter ético, político y social que contribuye a consolidar la confianza pública, legitimar el rol del Estado y aportar información relevante en un contexto donde la desinformación y las interpretaciones erróneas afectan la comprensión del pasado reciente”, expresaron desde el organismo en un comunicado.

Además, esperan que la guía “pueda facilitar el trabajo de historiadores, comunicadores e investigadores que tengan interés en los documentos que la acompañan”.

Finalmente, se informó que la documentación será difundida en las cuentas de redes sociales de la Secretaría de Inteligencia. Ya se puede acceder a la primera tanda de documentación en Argentina.gob.ar.

En cuanto a la guía puesta a disposición de la ciudadanía, la misma, para facilitar su entendimiento, cuenta con una línea de tiempo en la cual se puede apreciar la fecha original de cada uno de los documentos.

El material fue dividido en tres carpetas:

1. Carpeta 1 – Orgánicas, misiones y funciones de la SIDE.
2. Carpeta 2 – Normativa Interna.
3. Carpeta 3 – Comisión Asesora de Antecedentes.

La guía brinda un resumen de la historia del organismo encargado de la inteligencia en el país, desde la creación de la Coordinación de Informaciones de la Presidencia de la Nación (CIDE) en 1946, durante la primera presidencia de Juan Domingo perón.

Entre el material ya difundido, por ejemplo, se observa el Glosario Anexo a la Resolución “S” N° 1047/77. En el mismo, se detallan las “actividades especiales de inteligencia”, las “actividades especiales de contrainteligencia”, las “operaciones sicológicas secretas” y el “registro de personas y organizaciones”.

Se llamaba “operaciones sicológicas secretas” en 1977 a la “ejecución de la acción sicológica subrepticia que debe desarrollar la Secretaría en concordancia con la orientación de la SIP en lo interno y Ministerio de Relaciones Exteriores en lo externo, ateniéndose a las Directivas del Comando en Jefe del Ejército en lo referente a la lucha contra la subversión, con la finalidad de lograr efectos o motivaciones que coadyuven al logro de los propios objetivos y a su vez perturben, neutralicen o destruyan el desarrollo de las actividades del enemigo u oponente”.

En ese mismo año, las tareas de la Subsecretaría de Inteligencia de Estado “A” incluían, entre otras cosas, el “registro de personas y organizaciones nacionales y extranjeras residentes en el país” y la “investigación de personas, organizaciones y medios de comunicación social que operan en el ámbito”.

La Subsecretaría de Inteligencia de Estado “B”, por su parte, realizaba tareas similares pero en el extranjero.

En el organigrama de 1979 de la SIDE se observa, en la Dirección de Contrainteligencia, cómo el Departamento Contrasubversión estaba dividido en las divisiones “Marxismo”, “Otras ideologías”, “Organizaciones terroristas” y “Antecedentes”.

La también difundida Circular N° 3/76, por su parte, tuvo como objetivo “Orientar sobre la verdadera misión de la SIDE y órganos integrantes de la misma”. Aclara que “la misión de la SIDE es únicamente Informativa y no Operativa” y que “en consecuencia las Delegaciones Regionales deberán otorgar todo tipo y la más amplia colaboración a los Comandos Militares, pero sólo en el orden Informativo y/o de Inteligencia, dejando el aspecto Operacional o Represivo a cargo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad”.

En el mismo sentido, la Directiva “ESC” N° 1/80, cuatro años más tarde y firmada por el coronel Carlos Alberto Tepedino, subsecretario de Inteligencia de Estado “A”, recordaba que la “Secretaría de Inteligencia de Estado, especialmente en lo que hace a la lucha contra la subversión, no ejerce poderes policiales ni de represión de acuerdo a las facultades que le otorgan las leyes”.

Otro de los documentos revelados, del 13 de agosto de 1973, es el que resolvió la creación de la “Comisión Asesora de la Central Nacional de Inteligencia”, que tendría “a su cargo el estudio de los antecedentes ideológicos marxistas de personas, entidades, organizaciones, físicas o de existencia ideal, publicaciones y medios de difusión”.

Dos años más tarde, la Resolución N° 120/75 modificó el funcionamiento de la Comisión Asesora y la fórmula de calificación ideológica, “para contemplar aquellos casos de personas que demuestren, con su posterior accionar, un cambio en su postura marxista”.

De esa manera, y a partir de ese momento, la Comisión comenzó a calificar a las personas y entidades de la siguiente manera:

1. “Sin antecedentes ideológicos marxistas”.
2. “Los antecedentes que registra no permiten considerarlo desfavorablemente, desde el punto de vista ideológico marxista”.
3. “Registra algunos antecedentes ideológicos marxistas, pero los mismos no son suficientes, a juicio de esta Secretaría, para que se constituyan en un elemento insalvable para su nombramiento, promoción, otorgamiento de beca, etc.“.
4. “Registra antecedentes ideológicos marxistas, que hacen aconsejable su no ingreso y/o permanencia en la Administración Pública, no se le proporcione colaboración, sea auspiciado por el Estado, etc.”.

A partir de 1981, según se reveló a partir de documentos difundidos este jueves, comenzó a jerarquizarse el área de “Comunicación Social” de la Secretaría de Inteligencia de Estado, que pasó de Departamento a Dirección por imperio de la Resolución ESC N° 916/81.

Dentro de esa Dirección Comunicación Social, funcionó el Departamento Medios de Comunicación Social. Algunas de sus tareas más relevantes eran:

• “Producir Inteligencia sobre el contenido de los mensajes que emiten los diferentes medios de Comunicación Social tendiente a determinar los temas sobresalientes, motivaciones, argumentos, caracterización ideológica (política, religiosa, económica, filosófica, etc.), literaria, etc.”.
• “Alimentar el Cuadro Nacional de Situación Psicosocial de la Dirección.
• “Establecer blancos y objetivos psicológicos que puedan surgir del análisis de los medios”.
• “Relevar y actualizar permanentemente el ámbito discográfico”.
• “Estudiar y llevar al día el cuadro de situación de los grupos de interés y de presión que pudieran detectarse en los medios de Comunicación Social”.
• “Adoptar medidas de Contrainteligencia, referidas a las personas, documentación y material, a las instalaciones y a los sistemas técnicos empleados”.

También dentro de esa Dirección se creó el Departamento Actividades Psicológicas, en el que algunas de sus tareas más importantes eran:

• “Ejecutar operaciones secretas que surjan del Plan Anual de Actividades Psicológicas y plantes particulares aprobados por el señor Secretario de Inteligencia de Estado”.
• “Identificar comunicadores llaves, actuales y potenciales, registro y archivo de sus antecedentes”.
• “Determinar las susceptibilidades de los distintos públicos blancos, actuales y potenciales, a los fines de su abordamiento psicológico”.
• “Adoptar medidas de Contrainteligencia, referidas a las personas, documentación y material, a las instalaciones y a los sistemas técnicos empleados”.

Tras décadas de incertidumbre, las familias de los doce desaparecidos en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba, podrán despedir los restos de sus seres queridos.

Días atrás se habían revelado las identidades de los primeros seis: Mario Alberto Nívoli Gauchat, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Óscar Omar Reyes, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, una de las mellizas Carranza Gamberale (Adriana o Cecilia) y Raúl Oscar Ceballos Cantón.

Ahora, el Juzgado Federal N°3 de Córdoba sumó otras cinco identidades, aunque sin revelar el nombre de la sexta, por pedido de la familia que solicitó discreción. La información fue difundida durante una conferencia de prensa realizada este miércoles en el Juzgado Federal 3 de Córdoba.

El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja fue el encargado de anunciar la lista completa, acompañado por familiares, querellas y el equipo de antropólogos que hizo posible la identificación: José Nicolás Brizuela, Sergio Julio Tissera Pizzi, Elsa Mónica O’Kelly Pardo, Carlos Alberto D’Ambra Villares y Alejandro Jorge Monjeau López.

Se trata de personas que fueron secuestradas y torturadas durante la última dictadura militar, y que posteriormente fueron asesinados y enterrados en el predio donde hoy funciona la guarnición militar de La Calera. Todos desaparecieron entre los años 1976 y 1977.

Jorge Valverde Suárez era oriundo de Mendoza y llegó a la provincia para estudiar Derecho. En aquel entonces se desempeñó como delegado de la Federación Universitaria. Fue secuestrado poco después del golpe militar en un puesto de Guardia de la Fuerza Aérea.

Raúl Oscar Ceballos Canton era estudiante de Ingeniería y trabajador de FIAT Materfer, militaba en Montoneros y fue secuestrado en su domicilio de barrio Altamira.

Oscar Reyes, nacido en Banfield y padre de cinco hijos, trabajaba en FIAT y militaba en el Partido Comunista. Fue secuestrado en la vía pública el 18 de octubre de 1977. Ese mismo día fue capturado Ramiro Bustillo, de 27 años, también militante del Partido Comunista, bajo órdenes del entonces comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.

Mario Alberto Nívoli era oriundo de Ucacha y fue secuestrado el 14 de febrero de 1977. Según el relato de su hija, la noticia llegó después de 49 años de búsqueda, cuando el abogado Ramiro Fresneda se comunicó con la familia para confirmar el hallazgo.

José Nicolás Brizuela, nacido en Dean Funes, se había recibido de abogado y trabajaba como obrero. Fue secuestrado el 25 de octubre de 1977 en su propia casa, ubicada en el barrio Residencial América. En tanto, Alejandro Jorge Monjeau, era oriundo de Mar del Plata y estudiaba arquitectura en La Plata. Fue secuestrado el 14 de marzo de 1977, a los 21 años.

Carlos Alberto D’ambra, por su parte, era soltero y profesor de educación física. Lo secuestraron el 20 de noviembre de 1976 en la terminal de buses de la ciudad capital. Tenía 23 años.

En el caso de Adriana y Cecilia Carranza, fueron secuestradas el 5 de mayo de 1976 en la pensión donde vivían en el Barrio General Paz. Tenían 18 años y eran estudiantes de Ciencias de la Comunicación y de la Educación: no es posible establecer a quién pertenecen los restos por ser hermanas mellizas.

Elsa Mónica 0´Kelly Pardo nació en Alto Alberdi y estudiaba arquitectura. Fue secuestrada a los 18 años en su casa del barrio San Vicente. Sergio Julio Tissera tenía dos hijos y era trabajador aeronáutico cuando fue secuestrado el 21 de abril de 1976 en su casa de la capital provincial.

El EAAF realizó trabajos de prospección y excavación arqueológica, encomendados por el Juzgado Federal N°3 de Córdoba y el 26 de septiembre del año pasado, la Justicia Federal confirmó el descubrimiento en La Perla. Esa fue la primera vez que se encontraron evidencias de este tipo casi cinco décadas después de los crímenes cometidos allí entre 1976 y 1977.

La recuperación e identificación de los mismos fue posible a partir de la intervención conjunta del EAAF, el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense de Córdoba y el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los descubrimientos se produjeron en el sector conocido como Loma del Torito, dentro del predio de La Perla, donde los investigadores localizaron fragmentos óseos como fémures y partes de cráneos. En la causa intervino la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Córdoba, con la participación de los auxiliares fiscales María Laura Bazo Queirolo y Facundo Trotta.

El ex centro de detención fue uno de los principales espacios de represión ilegal durante la dictadura. Se estima que allí estuvieron cautivas entre 2.200 y 2.500 personas. El proceso de análisis de los restos estuvo orientado a determinar la antigüedad y posible pertenencia a personas detenidas y desaparecidas en ese período.

El Equipo de Antropología lleva cerca de 20 años de trabajo sistemático en búsqueda de restos que tuvieran relación con los desaparecidos de la dictadura. La estrategia utilizada combinó testimonios, imágenes satelitales, tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging, una herramienta de detección a través de pulsos de luz láser) y análisis de fotos aéreas históricas. Además incorporaron fotografías aéreas de 1979 provistas por el Catastro de la Municipalidad de Córdoba.

“Volvió mi papá”

Durante la conferencia de prensa, hablaron algunos de los familiares de los desaparecidos. Uno de ellos fue el hijo de Brizuela, quien relató: “Yo recuerdo que cuando era chico iba a la plaza San Martin a dar vueltas con las pancartas. Ahora es como decir ‘volvió mi papá’. No tengo que ir más a dar vueltas con una pancarta y sé que ya está con nosotros”.

También brindó su testimonio la hija de Ceballos Cantón, que aseguró que la muestra de ADN fue una “semilla de esperanza” para encontrar a su padre: “Sobre todo para darle una identidad, saber qué está y darle el lugar que merece como persona; no como alguien que no existe o no está. Sí está, sí estuvo presente”.

“A veces me preguntan si cerré las heridas. No, yo quiero que se vea esa sangre. Quiero que esa sangre se vea y que las generaciones futuras estén ahí viendolas. Mi agradecimiento es eterno a los antropólogos forenses, que traen luz entre tanta oscuridad; al juzgado también, pero también decirle al Estado que no se haga el distraído y siga dando los recursos”, continuó el hijo de Valverde Suárez.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) cuestionó la reciente resolución del Tribunal Supremo que obliga a indemnizar a los herederos de Francisco Franco por la pérdida de posesión del Pazo de Meirás, tras haber establecido que la propiedad del inmueble corresponde al Estado. A través de un comunicado, la ARMH manifestó que dicha compensación supone un agravio para las víctimas de la dictadura, dado que plantea, en palabras de la organización, “la humillante situación de tener que indemnizar a través de los presupuestos del Estado a la familia del responsable de una terrible dictadura”. Con este antecedente, la asociación solicita que se adopten medidas legales en contra de los descendientes de Franco y rechaza que reciban cualquier tipo de resarcimiento económico por la utilización de este patrimonio, declarando que el bien pertenecía desde un inicio al Estado.

Según informó Europa Press, la ARMH presentó formalmente ante el Gobierno una reclamación para que inicie procedimientos sancionadores contra la familia Franco, fundamentando que el uso del Pazo de Meirás por parte de los descendientes del dictador percibió un daño a las arcas públicas, dado que durante décadas el Estado no pudo administrar ni aprovechar los recursos de este inmueble. La asociación sostiene que, a pesar de la decisión judicial de reconocer la titularidad estatal, la compensación económica a los sucesores del dictador vulnera el honor de quienes sufrieron represión bajo el régimen franquista.

La posición de la ARMH busca que el Gobierno promueva todas las acciones legales necesarias para que los descendientes de Franco respondan por este uso del Pazo de Meirás, al que califican como una “apropiación indebida” de un bien de carácter público. Según publicó Europa Press, la asociación remarca que los nietos del dictador Francisco Franco no deberían beneficiarse de indemnizaciones argumentando que “han ocupado durante décadas un bien que no era de su propiedad y ellos deberían ser sancionados por la ocupación y el uso de un recurso que no ha podido ser utilizado por el Estado”.

El caso tomó relevancia después de que la Sala Primera del Tribunal Supremo confirmara íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, que determinó el carácter público del Pazo de Meirás. Esta decisión judicial también reconoció que no existió “mala fe” en la posesión del inmueble por parte de los Franco, justificando así la indemnización concedida a la familia por parte del Estado. Frente a ello, la ARMH explicó, tal como consignó Europa Press, que no puede aceptarse la argumentación de buena fe: “Disfruta de una enorme fortuna construida sobre la violencia y la corrupción política, una realidad que impide aceptar el argumento de la sentencia del Tribunal Supremo de que hicieron uso del Pazo de Meirás de buena fe”.

El comunicado de la ARMH solicita que no solo se impulsen sanciones contra los descendientes del dictador, sino que se interpongan los recursos legales necesarios para evitar que la familia perciba indemnización alguna en relación con el Pazo de Meirás. La organización mantiene su criterio de que el uso no autorizado de este inmueble por la familia Franco ha impedido durante largo tiempo el aprovechamiento y puesta en valor del patrimonio por parte de la sociedad a través de las instituciones estatales.

El debate sobre la titularidad y el uso del Pazo de Meirás ha estado presente desde la transición democrática en España. El edificio, que fue residencia estival de Francisco Franco durante el régimen, ha generado distintas controversias legales y sociales respecto a la legitimidad de su posesión por los herederos del dictador. Ahora, tras la confirmación judicial que devuelve la propiedad al Estado, el foco se centra en las posibles acciones legales para asegurar que los recursos públicos no sean destinados a compensar a los Franco, sino que --según expuso la ARMH y replicó Europa Press-- se les sancione por el uso indebido del bien y por los años en que el Estado no pudo ejercer su titularidad.

La reclamación formal que la ARMH presentó ante los organismos oficiales insta al Gobierno a articular “todas las medidas necesarias” para exigir responsabilidad patrimonial a los descendientes de Franco respecto al Pazo de Meirás. Dicha petición, difundida por Europa Press, insiste en los perjuicios económicos generados por la disposición privada del inmueble y defiende la necesidad de reparar no solo el daño material al Estado, sino también el impacto simbólico para las personas afectadas por la dictadura.

El pronunciamiento de la ARMH busca incidir en la toma de decisiones administrativas y judiciales ulteriores, poniendo de manifiesto, una vez más, la compleja relación de la sociedad española con la herencia material y moral del franquismo.

“Se habla de Golpe en todos lados. Realmente el país está harto de vivir sin esperanzas y empieza a pensar en un pronunciamiento militar”. Lo dijo Francisco Manrique, presidente del Partido Federal, en un acto ante empresarios agropecuarios bonaerenses el 13 de marzo de 1976.

Faltaban apenas once días para que las Fuerzas Armadas derrocaran al gobierno de María Estela Martínez de Perón e implementaran su plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición forzada de personas. En las semanas previas a esa toma por asalto del poder, la Argentina estaba convulsionada en lo económico, lo social y lo político, y la convicción de que se acercaba un golpe militar estaba extendida.

En las declaraciones públicas de distintos integrantes de cada una de las Fuerzas Armadas, los más encumbrados y los no tanto, se repetía siempre una palabra: “subversión”. Ese día, uno de los que la pronunció fue el coronel Dardo Argentino Oliva, director del Liceo Militar General San Martín de Campo de Mayo.

En su discurso de inauguración del ciclo lectivo dijo: “La república es conmovida por una crisis que compromete la fe en el país y por ello invocamos la protección de Dios para que nos dé, precisamente, fe en el éxito del cumplimiento de nuestra misión como Ejército que, en conjunto con la Marina y la Fuerza Aérea, ha declarado abierta y decididamente una guerra sin tregua y acérrima al enemigo ideológico que se humedece las manos con la propia sangre de hermanos, medrando en la oscuridad de la subversión artera y del terrorismo, que sólo busca el caos, destruyendo libertades, sepultando tradiciones y pretendiendo convertir en polvo los valores que han constituido los pilares de nuestro sistema de vida y de nuestra nacionalidad”.

Ese mismo día, la Fuerza Aérea anunció a su nuevo jefe de prensa, Luis Nicotra, un comodoro retirado. El acto de oficialización en el cargo fue en la sede del Comando General de esa fuerza y allí se aseguró: “En estos momentos, las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad casi total de la lucha contra la subversión. El pueblo, la ciudadanía toda, necesita conocer cuál es el accionar de las Fuerzas Armadas”. En la conferencia de prensa que se ofreció esa tarde estaban el comandante general de la Fuerza Aérea, Orlando Ramón Agosti, y el jefe del estado mayor general, Omar Graffigna.

Agosti conformaría la primera de las juntas militares que ocuparon el poder desde ese 24 de marzo, junto a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. Graffigna haría lo propio durante el gobierno de la segunda junta, en sociedad con Roberto Viola y Armando Lambruschini. Agosti resultaría condenado como autor de crímenes de lesa humanidad durante el Juicio a las Juntas de 1985. La condena judicial a Graffigna llegaría décadas después, con la reapertura de los juicios. Pero para eso todavía faltaba.

Hacia mediados de marzo de 1976, la debacle económica ocupaba buena parte de la preocupación de los argentinos y de las tapas de los diarios. Eduardo Zalduendo, presidente del Banco Central, volvió de una misión que partió a Estados Unidos en busca de un crédito del FMI con menos dinero del que había ido a buscar. El Fondo aseguró 130 millones de dólares para la Argentina, pero Zalduendo, de acuerdo a lo que había planificado junto al ministro de Economía Emilio Mondelli, había ido con un objetivo de 300 millones de dólares.

“Hemos conseguido lo que fuimos a buscar”, disimuló Zalduendo en sus declaraciones públicas. Mientras tanto, el comentario en las esferas más altas de la política ante ese anuncio era: “Zalduendo hizo lo que pudo”. En medio de esa confirmación con gusto a muy poco, la única actividad oficial que constó en la agenda presidencial de Isabelita fue su asistencia a una misa oficiada en la capilla de la Quinta de Olivos.

Mondelli, que ya había presentado el plan económico que se conocía popularmente con su apellido, ya había advertido para ese entonces que el país podía caer en cesación de pagos. Para ese entonces, el Congreso no había aprobado un Presupuesto para el Estado pero el ministerio a cargo de Mondelli ya había ajustado al alza el déficit previsto para ese año, sobre todo teniendo en cuenta la escalada inflacionaria.

Fue en ese contexto de escalada de precios que distintas seccionales dependientes de la CGT o las 62 Organizaciones empezaron a manifestarse incluso en contra de la conducción principal de esas dos centrales obreras y a hacer escuchar sus reclamos de un incremento salarial ajustado por el costo de vida. Mientras los principales dirigentes gremiales a nivel nacional, empezando por Lorenzo Miguel, de la UOM, hacían saber su apoyo al gobierno peronista, las bases obreras empezaban a votar paros, especialmente los trabajadores de la sanidad y de las industrias automotriz, mecánica y metalúrgica.

Por esos días, Rosario, Neuquén y Córdoba concentraban la mayor cantidad de manifestaciones en busca de ajustes salariales de hasta el 50%. Los gremios que no estaban en absoluto representados ni por la CGT ni por las 62 Organizaciones eran los más radicalizados.

A la vez, la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) llamó a un paro empresario para hacer saber que no eran sólo los trabajadores quienes se oponían al “Plan Mondelli”. A través de un comunicado, hicieron saber que centenares de firmas bonaerenses pondrían en pausa su producción durante una jornada en protesta por los controles de precios y los costos cada vez más disparados.

También emitió un comunicado la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina: llamaban a concentrarse en la Plaza de Mayo el 17 de marzo para “denunciar haberes de hambre ante la enorme carestía que produce la política económica”.

A lo largo de todo el país, la Policía Federal y la Secretaría de Comercio controlaban estrictamente los precios de diversos artículos de primera necesidad. Recorrían los comercios en busca de infractores que cobraran más de lo que estaba permitido y labraban multas a quienes acaparaban stock de esos productos a la espera de un precio que les conviniera más.

El mundo seguía con atención el destino de Suleimán Frangié, el presidente que había sido derrocado en Líbano pero que se negaba a dimitir si no le presentaban una petición firmada por al menos dos tercios de la Cámara de Diputados de su país. Además de esa condición, Frangié ponía otra aún más difícil de lograr: que dimitiera antes el general Aziz Al Ahdab, quien acababa de protagonizar el golpe de Estado en su contra.

Cuba, con Fidel Castro a la cabeza, apuntaba sus críticas más duras al gobierno de Mao Tsé-Tung en China. La primera plana del diario oficial Granma describía a ese régimen como “una verdadera dictadura burocrático-militar” y a la “presunta revolución cultural” como “crueles persecuciones disfrazadas”. China había apoyado recientemente al gobierno militar de Chile, encabezado por Augusto Pinochet, y Cuba reaccionaba a esa toma de posición.

En la costa de la región francesa de Bretaña, después de resistir vientos de hasta 140 kilómetros por hora durante siete semanas, se partió en dos un buque petrolero griego con capacidad para 275.000 toneladas de crudo. No hubo muertos porque la embarcación ya había sido evacuada varias semanas antes de su trágico naufragio.

Pero aunque las noticias sobre el Líbano incluso llegaban a la primera plana de los diarios argentinos, la información más resonante de ese 13 de marzo de 1976 giraba en torno de la profundización de la crisis económica y de una serie de atentados ocurridos en Córdoba.

El más grave destruyó el restorán Rancho Grande y la confitería Stakel de la capital provincial. Las fuerzas de seguridad confirmaron la muerte de dos personas en la confitería, además de comensales de ambos lugares con múltiples lesiones y quemaduras. “Los autores se identificaron como integrantes de una organización extremista”, sostenía el parte policial.

Ese mismo día, cerca de ahí, incendiaron una moto en una estación de servicio y se detonaron bombas molotov en una confitería de una ruta provincial, así como bombas con panfletos en el centro de la ciudad. Dos custodios de uno de los directivos principales de la empresa Perkins fueron asesinados frente a la vivienda del hombre al que debían proteger. “Resultaron ametrallados desde un auto en marcha”, describió la Policía. En una de las rutas de la provincia, siempre según lo comunicado por las fuerzas de seguridad, se arrojó una bomba incendiaria desde una camioneta estanciera contra un colectivo.

En Santa Fe, estalló una bomba incendiaria en la casa de Pedro Domingo Visconti, un gerente de producción de una fábrica de productos de goma. El Ejército informó: “En un procedimiento en Tucumán fue abatido un extremista”. El informe elaborado por esa fuerza describía: “Fue detectado un grupo de aproximadamente tres delincuentes subversivos en los alrededores de Choromoro, 50 kilómetros al norte de San Miguel de Tucumán (...) El grupo de delincuentes intentó eludir la acción de las fuerzas legales. No obstante, fue posible dar muerte a uno de ellos, aún no identificado. Sin bajas en las fuerzas legales”.

Ese mismo día, el presidente de la Cámara de Diputados de Córdoba, Oscar Eduardo Valdez, convocó a una reunión “para debatir el auge de la violencia”. Quería que participaran referentes de los tres poderes de esa provincia y de los organismos de seguridad, e instaba a que se conociera información sobre doce personas que estaban denunciadas como desaparecidas en ese momento en territorio cordobés.

En Buenos Aires, más específicamente en el Hotel Sheraton de Retiro, la Comisión Especial de Prensa de la FIFA se presentó ante los periodistas para dar su impresión sobre cómo avanzaban las obras de infraestructura de cara al Mundial que Argentina alojaría en 1978. Durante esa visita, recorrieron las canchas de River, Vélez y Rosario Central, así como la obra de construcción del Estadio Mundialista de Mar del Plata. Dejaban pendiente para una nueva visita de otra comitiva las obras en Mendoza y Córdoba. Se mostraron satisfechos y aseguraron que, de mantenerse ese ritmo y esa calidad de trabajo, la Argentina podría brindar una Copa del Mundo a la altura de las que se habían organizado en otras sedes.

El Mundial 78 estaba en el horizonte. El Golpe de Estado, también.

Se encontraron uno de los primeros restos óseos humanos en el ex centro clandestino de La Perla. Los fragmentos fueron hallados en septiembre de 2025. En las últimas horas, el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, declaró que identificaron los restos de 12 personas.

El predio está ubicado en la ciudad de Córdoba, Carlos Paz y fue uno de los principales centros clandestinos durante la dictadura. Se especula que mantuvieron en cautiverio entre 2200 y 2500 personas durante el periodo de 1976 hasta fines de 1978.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) llevó adelante tareas de prospección y excavación arqueológica, encomendadas por disposición del juzgado a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, con el objetivo de localizar posibles enterramientos clandestinos.

El proceso de análisis de los restos óseos estuvo orientado a determinar antigüedad y posible pertenencia a personas detenidas y desaparecidas en ese período histórico. La investigación surgió de un convenio de cooperación entre el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense de Córdoba y el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Los restos aparecieron en un sector llamado Loma del Torito, dentro del predio. Los investigadores hallaron un fémur, partes de cráneos y otros huesos. En la causa intervino la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Córdoba, con la participación de los auxiliares fiscales María Laura Bazo Queirolo y Facundo Trotta.

Cómo fue la investigación en el centro clandestino de detención

Los estudios de el EAAF lleva cerca de 20 años de trabajo sistemático en búsqueda de restos vinculados al centro clandestino de detención “La Perla”. La estrategia utilizada combinó testimonios, imágenes satelitales, tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging, una herramienta de detección a través de pulsos de luz láser) y análisis de fotos aéreas históricas.

El hallazgo clave fue posibilitado por la incorporación de fotografías aéreas de 1979 provistas por el Catastro de la Municipalidad de Córdoba y analizadas en conjunto con el Equipo de Geología Forense de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El cruce entre estos registros y el análisis de testimonios acotó aún más las áreas prioritarias para la prospección.

En 2024 se delimitaron 23 rasgos de interés, y durante la intervención en terreno se excavó un sector de unos 10.000 metros cuadrados (1 hectárea). No se recuperaron objetos asociados directamente con el objetivo de la investigación, pero sí quedó documentada la evidencia de actividad antrópica intensa, es decir, modificaciones de suelo atribuibles a la acción humana.

Análisis posteriores de las imágenes de 1979 reforzaron la hipótesis, sustentada en fuentes testimoniales, de movimientos de tierra producidos por exhumaciones de cuerpos con maquinaria previas a la toma de esas imágenes. Según reconstruyó el equipo investigador, esas maniobras habrían dejado huellas superficiales en el terreno, lo que permitió construir una línea de tiempo de los sucesos y valorar los distintos rastros detectados.

La pesquisa no se limitó a la zona original de excavación. Se incorporó un segundo terreno de diez hectáreas por presentar, de acuerdo al análisis geofísico, un nivel de alteración del suelo y una cronología congruente con la hipótesis de enterramientos y posteriores exhumaciones.

El proceso de identificación de los restos óseos continuará con los exámenes y notificaciones formales ya previstas. Una vez completada esta etapa, las autoridades informarán más detalles sobre la identidad de las víctimas correspondientes a estos 12 hallazgos parciales y el posible vínculo con el circuito represivo del predio “La Perla”.

El descubrimiento de los restos óseos

El 26 de septiembre del año pasado, la Justicia Federal confirmó el hallazgo de restos humanos en el ex centro clandestino de detención La Perla, en Malagueño, marcando la primera vez que se encuentran evidencias de este tipo en el sitio casi cinco décadas después de los crímenes cometidos allí durante la última dictadura militar.

El secretario del juzgado, Miguel Ceballos, detalló que los restos fueron hallados durante las primeras jornadas de los 70 días de trabajo proyectados, y destacó el aporte del Ejército, que facilitó las tareas sin poner obstáculos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha expresado la posibilidad de trasladar la sede de las próximas conversaciones de paz en caso de que la situación en Emiratos Árabes Unidos impida su realización, descartando por el momento una cancelación y sugiriendo que países como Suiza y Turquía pueden acoger el encuentro si se presentan dificultades. De acuerdo con las declaraciones recogidas por agencias ucranianas y tal como reportó el medio, Zelenski subrayó la necesidad de mantener el diálogo internacional sobre la guerra en Ucrania, destacando la importancia de las negociaciones previstas entre el 5 y el 8 de marzo en Abu Dabi.

Según informó la agencia, Zelenski contextualizó estas declaraciones refiriéndose a la reciente escalada militar en Oriente Próximo, en la que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques sobre Irán durante el fin de semana. El mandatario ucraniano consideró estos acontecimientos como un indicio para el presidente ruso Vladimir Putin sobre el desenlace de gobiernos autoritarios. En palabras de Zelenski: “Lo que está sucediendo en Irán, creo, es una buena señal para que Putin vea cómo termina una dictadura”. El medio detalló que el líder ucraniano aprovechó este contexto para recalcar lo que percibe como una pérdida de influencia por parte de Moscú en la región, recordando también la actuación de Rusia durante la caída de Bashar al Assad en Siria.

Además, Zelenski sostuvo que Rusia ha dejado de ser un aliado fiable y que la reciente coyuntura en Oriente Próximo vuelve a evidenciar esa fragilidad. “No valen nada como aliados (...) Ya no tienen fuerza”, afirmó el mandatario, según consignó el medio. Esta valoración estuvo acompañada de la preocupación de que el conflicto en Oriente Próximo pueda afectar la asistencia militar y humanitaria que Ucrania recibe de sus aliados occidentales. Zelenski reconoció inquietud ante la posibilidad de que el suministro de defensas aéreas para su país disminuya si la guerra en la región se extiende, aunque enfatizó que, hasta el momento, no se han reportado recortes en los apoyos previstos.

El mandatario aclaró que la iniciativa PURL, el programa de ayuda militar financiado por Europa para la adquisición de material bélico y armas estadounidenses con destino a Ucrania, sigue vigente. “El programa PURL está funcionando (...) y hasta ahora todo marcha según lo previsto”, aseguró Zelenski, según publicó la fuente original. Además, explicó que el gobierno ucraniano mantiene un contacto frecuente con sus socios internacionales, conscientes de la importancia vital que estos suministros representan para la población del país. “Todos comprenden que la vida de los ucranianos dependen de ello”, remarcó.

En cuanto al proceso de paz, la última ronda de negociaciones entre Kiev y Moscú se desarrolló recientemente en la ciudad suiza de Ginebra. Tras ese encuentro, Zelenski informó que se alcanzó un principio de acuerdo en cuestiones humanitarias, incluido el intercambio de prisioneros, así como en ciertos aspectos militares. Sin embargo, todavía persisten desacuerdos profundos sobre temas estratégicos, como la administración de los territorios ocupados por fuerzas rusas y la seguridad en torno a la central nuclear de Zaporiyia. El presidente ucraniano reconoció que estas cuestiones siguen sin resolverse y requieren de nuevas rondas de negociación.

El medio consignó también que Zelenski destacó la disposición de Ucrania para adaptarse a cambios en la sede de las conversaciones de paz si la situación en Emiratos Árabes Unidos llegara a complicarse. Reiteró que Suiza y Turquía han demostrado ser anfitriones eficaces y están dispuestos a ofrecer su territorio para esos encuentros, según ha sucedido en el pasado. Zelenski manifestó que permanece a la espera de la respuesta de los socios involucrados en este proceso y garantizó el apoyo a cualquiera de las propuestas disponibles para facilitar el diálogo.

Durante su intervención con la prensa, el presidente ucraniano insistió en la relevancia de mantener el foco internacional sobre la situación en su país frente a las tensiones globales, como la reciente ofensiva en Irán. Asimismo, planteó la inquietud sobre cómo un aumento de la inestabilidad internacional podría condicionar la atención y los recursos destinados a Ucrania. A pesar de estas preocupaciones, confirmó que ninguna de las partes aliadas ha comunicado la intención de cancelar la próxima ronda de conversaciones.

En sus valoraciones, Zelenski también recordó antecedentes en los que la posición de Rusia como aliado resultó insostenible, refiriéndose tanto a acontecimientos recientes como a situaciones pasadas en Medio Oriente, según publicó el medio. El presidente recalcó la importancia de que la comunidad internacional observe y actúe ante las consecuencias de las dictaduras y reclamó la continuidad del respaldo a Ucrania a pesar de los desafíos que plantea la coyuntura internacional.

El impacto de la muerte de Alí Jamenei se ha extendido más allá de las fronteras de Irán y ha sido destacado por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien mencionó a diversas víctimas del régimen, incluyendo a personas desaparecidas forzadamente, madres en busca de sus seres queridos en recintos de reclusión, presos políticos y opositores ejecutados en lugares públicos, además de mujeres y figuras como Mahsa Amini. Tras décadas de represión, Metsola instó a considerar este acontecimiento como un momento determinante para el futuro político de Irán, señalando la posibilidad de un cambio histórico en el país.

Según informó Europa Press, Metsola expresó en redes sociales que el fallecimiento del líder supremo debería simbolizar el final de las dictaduras en Irán. La presidenta de la Eurocámara sostuvo que, luego de 47 años bajo un sistema autoritario, “debe ser la hora de la libertad” para la población iraní. Agregó que es el momento de “abrir paso a la libertad en nombre de todos aquellos que han sufrido las consecuencias de casi cinco décadas de opresión”. Metsola hizo referencia también al sufrimiento de los niños que han crecido bajo temor, los presos políticos torturados y los ciudadanos que han debido exiliarse. A su vez, recordó a los europeos tomados como rehenes por la Guardia Revolucionaria y a las víctimas del terrorismo apoyado por el régimen, subrayando el papel del gobierno iraní en el entrenamiento y financiamiento de grupos armados responsables de miles de muertes en Medio Oriente y otros lugares durante generaciones recientes.

El medio Europa Press detalló que la dirigente europea pidió la libertad para Teherán y la población iraní y dedicó su mensaje “a todos aquellos para quienes la lucha por la libertad no es política ni una causa célebre sino existencial” y a quienes desean que Irán deje atrás lo que denominó como “oscuridad”.

De manera paralela, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó el fallecimiento de Jamenei y enmarcó la noticia en el contexto de una operación militar estadounidense respaldada por Israel. De acuerdo con Europa Press, Trump comunicó que la muerte del ayatolá se produjo durante ataques que Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado contra el centro de poder iraní en Teherán, con el objetivo formal de propiciar un cambio de régimen. El mandatario precisó que Jamenei “no pudo eludir los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo” gracias a la colaboración con Israel, y que “ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada”, en alusión al resultado de la operación que acabó con la vida del líder supremo, quien sucedió a Ruholá Jomeini tras el establecimiento de la República Islámica.

Según reportó Europa Press, Trump calificó el escenario como una “gran oportunidad” para que el pueblo iraní recupere el control de su país. Dirigiéndose a las fuerzas de seguridad y a los integrantes de la Guardia Revolucionaria, les ofreció la posibilidad de “inmunidad” si deciden rendirse en este momento, instando a un quiebre en la lealtad hacia el régimen.

Estados Unidos e Israel lanzaron de manera conjunta una ofensiva sorpresa caracterizada por cientos de bombardeos, focalizándose especialmente en instalaciones consideradas una amenaza inminente, incluyendo sectores militares y nucleares. Washington declaró que el objetivo principal de la operación era “desmantelar el aparato de seguridad del régimen”, enfocado en la transformación política que implicaría la caída de los ayatolás.

Previo a estos acontecimientos, las autoridades iraníes estaban involucradas en negociaciones con Estados Unidos acerca del programa nuclear del país. Según publicó Europa Press, la ofensiva se produjo de forma inesperada y con la cooperación de Israel, lo que interrumpió dicho proceso de diálogo. El gobierno iraní denunció la ofensiva como una “agresión militar criminal” y argumentó que la misma viola los principios consignados en la Carta de Naciones Unidas. Asimismo, Irán respondió ordenando ataques en represalia contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en distintas naciones de la región del Golfo, incluyendo Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.

Europa Press señaló que la muerte de Jamenei y los acontecimientos asociados han reavivado el debate internacional sobre la situación de derechos humanos en Irán, la proyección del poder de la Guardia Revolucionaria más allá de sus fronteras y el destino de diversas comunidades y opositores perseguidos por el sistema. Metsola enumeró distintos colectivos afectados por el régimen, entre ellos las personas ejecutadas sumariamente, las generaciones desterradas y las víctimas del terrorismo auspiciado por el gobierno iraní. Instó a que el nuevo contexto abra las puertas a una etapa de libertad, enfatizando la necesidad de que la población iraní “disfrute de la luz”.

Las declaraciones de Metsola y Trump exponen la magnitud del contexto que enfrenta Irán tras la muerte de su líder supremo. Mientras en Europa se plantea el momento como una oportunidad para el cambio social y político en el país, en Estados Unidos se destaca el carácter estratégico de la operación conjunta con Israel y su potencial para impulsar una transición en el modelo de gobierno iraní. Según reportes de Europa Press, ese momento es percibido como un posible punto de inflexión luego de casi cincuenta años de régimen autoritario y represión sistemática de los derechos fundamentales, con amplias repercusiones en la sociedad iraní y en las relaciones geopolíticas de la región.

La reunión duró prácticamente dos horas. Eran seis personas intentando construir una balsa salvavidas en la que entrara un país al borde de un naufragio. Fue en la Casa Rosada y la encabezó la presidenta de entonces, María Estela Martínez de Perón. En esa reunión, no obstante, el protagonista era otro: el ministro de Economía, Emilio Mondelli, que había llevado los lineamientos principales de su Plan Económico de Emergencia para ultimar detalles junto a la Presidenta y a sus pares de Trabajo, Justicia y Defensa, Cultura y Educación, e Interior.

Era 27 de febrero de 1976, faltaba menos de un mes para que empezara la dictadura más sangrienta de la historia argentina, e Isabelita dividía su día entre un plan de emergencia y el descanso en la unidad turística presidencial que el peronismo había construido en Chapadmalal. Allí aprovecharía el feriado de Carnaval, entre reuniones y ocio.

Las Fuerzas Armadas, que irrumpirían el orden constitucional apenas algunas semanas después, sostenían un silencio total en público. La postura oficial era mantener “la absoluta prescindencia” de las Fuerzas respecto de otros actores clave en el transcurrir de una crisis que sólo escalaba: los gremios, las cámaras empresarias y los partidos políticos.

Los voceros más encumbrados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea deslizaban a los medios de comunicación que esos cuerpos iban a hacer su “contribución al esfuerzo para llegar a soluciones adecuadas” de la crisis generalizada, sin explicar cómo sería esa contribución.

Pero mientras esa versión se imprimía en los diarios, y se insistía con la idea de la no intervención y la prescindencia de las Fuerzas Armadas, un hombre viajaba a la Base Naval de Puerto Belgrano para discutir con las máximas autoridades de la Armada sobre cuáles serían sus próximos pasos.

Ese hombre era Eduardo Emilio Massera, que poco tiempo después haría de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) su epicentro de construcción de poder y un centro clandestino de detención, tortura y desaparición forzada de personas.

Sangre en la calle, “Tiburón” en el cine

Carlos Argentino Achával y Ángel Ernesto González. Así se llamaban los dos hombres asesinados el 27 de febrero de 1976, según publicó el diario Clarín al día siguiente. Achával integraba la Policía bonaerense y trabajaba en San Nicolás de los Arroyos. De acuerdo a las crónicas, había interrogado a dos sospechosos en la calle y, frente a una actitud que le llamó la atención, paró un taxi y los obligó a que se subieran para trasladarlos a una comisaría.

El taxista contó que, en algún momento del viaje, uno de los dos sospechosos sacó un arma que había escondido en su ropa y mató a Achával. Bajaron del auto, corrieron hasta una camioneta cercana, forzaron la cerradura y se fugaron. A González lo mataron de un balazo en el tórax en Aldo Bonzi, La Matanza. Era empleado de la Fuerza Aérea.

Las Fuerzas Armadas, que insistían con su intención de contribuir a las soluciones y que querían instalar la versión de no intervención, desplegaron a partir del 27 de febrero fuertes operativos en los destinos turísticos en los que se esperaba mayor actividad por el Carnaval. Lo hacían, según hacían saber, para “evitar atentados extremistas”.

Se acercaba el Carnaval -que, en rigor, fue el 1º y 2 de marzo de 1976- porque los diarios publicitaban un gran espectáculo en La Rural para celebrar esa ocasión: prometían equilibristas, shows de motocross, y las presentaciones de Cacho Castaña y Jairo.

Para los futboleros, uno de los planes más atractivos de ese día fue el partido entre Tigre y Los Andes. El equipo de Lomas de Zamora encabezaba el campeonato de la Primera B y visitó al Matador en Victoria. Ese mismo día, Ringo Bonavena ganó una pelea en Reno, Nevada, la ciudad en la que iban a asesinarlo a tiros apenas tres meses después. Ringo venció por puntos Billy Joiner, un veterano estadounidense al que enfrentaba para intentar abrirse un camino hacia una revancha resonante ante Muhammad Alí, que había definido al argentino como “su rival más difícil” tras una pelea en el Madison Square Garden en 1970.

En el cine había para elegir: Los Ángeles, sobre la avenida Corrientes y siempre centrado en el público infantil, proyectaba Dumbo. Pero también estaban en cartelera El Padrino II, una compilación de lo mejor del humor de Buster Keaton, y El gordo de América, un film protagonizado por Jorge Porcel en el que también trabajaban Javier Portales y Leonor Benedetto, entre otros.

Sin embargo, la nota la daba Tiburón, la película que consagró a Steven Spielberg y que llevó a los máximos ejecutivos de Universal, la productora, a definirla como “un éxito absolutamente irrepetible”. Sabían que no iban a volver a recaudar esa plata, pero sabían también que valía la pena volver a apostar a “un coloso basado en el miedo”: empezaron a rodar La leyenda de King Kong.

Los diarios publicaban, en algún recuadrito lo suficientemente visible y lo suficientemente disimulado, la información necesaria para suscribirse por correo a revistas eróticas que prometían traer “las últimas novedades sobre SEXO, con material de las más sofisticadas revistas europeas”.

¿Control o descontrol de precios?

Mientras todo eso pasaba al mismo tiempo, la economía argentina era un tembladeral. Aunque el Plan Económico de Emergencia todavía no estaba formalizado y fue el eje de la reunión en la Casa Rosada, algunas medidas que eran parte de ese programa empezaron a implementarse.

Aquel 27 de febrero la Secretaría de Comercio anunció una profundización en los controles de precios y la suspensión de una medida que permitía a varias empresas proveedoras de, sobre todo, alimentos, liberar todos los precios de sus productos excepto de uno de gama media de cada una de sus líneas de producción. Esa suspensión implicaba que se controlarían todas las gamas de precios.

Se llegó a especular con la posibilidad de que la Policía Federal controlara el cumplimiento del control de precios, que intentaba contener una escalada inflacionaria desbocada. Pero enseguida se descartó esa opción. Esa fijación de precios implicaba aumentos intermensuales de hasta 150%, como ocurría en el caso del pasaje en trenes urbanos y suburbanos, y de entre 60% y 80% en alimentos y bebidas como el tomate enlatado y el vino de mesa. Ese mismo día se anunciaron incrementos en el precio de los combustibles, de la telefonía y del correo: todo eso impactaría en los primeros días de marzo.

Para mayor tensión, el 27 de febrero el Banco Central de la República Argentina estuvo durante horas en una virtual cesación de pagos. Sólo pudo salir de esa situación luego de que el Chase Manhattan Bank y el Credit Lyonnais de Francia desembolsaron dos préstamos cuantiosos. “Esto es crítico si dependemos sólo de la buena voluntad de los prestamistas”, opinaban los analistas financieros ante esa escena.

La deuda externa había empezado a dispararse en 1973 pero desde fines de 1975 ese incremento era exponencial, y Argentina había empezado el año 1976 con reservas negativas por casi 1.200 millones de dólares. Ninguna empresa del Estado tenía margen para comprar insumos importados.

Silencio público

Ese fue el escenario que discutieron Mondelli, Isabelita y sus otros cuatro ministros hacia el mediodía del 27 de febrero. Antes, la Presidenta había recibido a Raúl Bercovich Rodríguez, interventor federal de Córdoba, para interiorizarse sobre la violencia que acechaba en esa provincia mediterránea: prácticamente a diario se conocían noticias sobre muertes. Algunas, según la versión oficial de las fuerzas de seguridad, eran “abatimientos”. Otras, según esa misma mirada, eran “atentados extremistas”.

La Presidenta se reunió con parte de su Gabinete y hacia las 13.30, quince minutos después de que terminara ese encuentro, partió hacia la Quinta de Olivos. A las 16.30 llegó a Aeroparque y a las 17.40 aterrizó en Mar del Plata, donde la recibieron grupos de obreros militantes justicialistas.

Ese 27 de febrero, crecía la versión de que, en medio de su descanso en la unidad turística presidencial, Isabelita recibiría a una cúpula gremial para coordinar acciones de cara a amortiguar los efectos de la crisis económica ante los trabajadores. Se llamaría, se especuló durante todo el día, la “Declaración de Chapadmalal”. En el Congreso, el presidente provisional del Senado, Ítalo Lúder, prometió convocar a la Asamblea Legislativa en pleno para “sesionar y debatir la crisis”, según las propias palabras del funcionario.

Las Fuerzas Armadas insistían en su postura: no pronunciarse públicamente sobre la crisis que se precipitaba y el rol de los distintos actores que la protagonizaban. Mientras tanto, sus altos mandos se reunían para discutir a puertas cerradas cuáles serían sus pasos a seguir. Esos pasos que harían del terrorismo una política de Estado en la Argentina.

La hermana de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, obtuvo un ascenso como directora titular de departamento en el Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, según confirmaron este martes los medios estatales.

De acuerdo con la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), la decisión se tomó durante el congreso quinquenal del partido gobernante en Pyongyang, donde el Comité Central oficializó el nuevo cargo de la funcionaria.

Kim Yo-jong ocupaba hasta ahora el puesto de subdirectora de departamento y su promoción la coloca al frente de uno de los espacios de mayor influencia dentro de la estructura partidaria. El evento, que congregó a miles de miembros de la elite, marcó uno de los pocos momentos en que se permite observar el funcionamiento interno del régimen norcoreano.

El congreso, que se realiza cada cinco años, define las prioridades del Partido de los Trabajadores en áreas clave como la diplomacia y la planificación militar. La cumbre también sirve como escenario para que el líder norcoreano consolide su control sobre la estructura.

Nacida a fines de la década del ochenta, de acuerdo con datos del gobierno surcoreano, Kim Yo-jong es hija de Kim Jong-il y de Ko Yong-hui, quien fue bailarina y tercera pareja conocida del ex mandatario. Tanto ella como su hermano cursaron estudios en Suiza, antes del ascenso de Kim Jong-un tras el fallecimiento de su padre en 2011, y su avance en la jerarquía política se aceleró a partir de ese momento.

La KCNA indicó que se prevé que Kim Jong-un anuncie las próximas etapas del programa nuclear norcoreano en el transcurso del congreso, que continuará durante varios días.

El dictador norcoreano fue reelecto como secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte durante este noveno congreso de la organización. La decisión, adoptada en la cuarta jornada del encuentro, recibió el respaldo unánime de los delegados y formalizó así su control sobre el poder político y militar del país.

El partido calificó el nombramiento como expresión de la “voluntad inquebrantable” de sus miembros y destacó la figura de Kim como el único dirigente capaz de encarnar la fortaleza del Estado.

“La disuasión bélica del país, con las fuerzas nucleares como eje central, ha mejorado radicalmente y nuestro Estado ha avanzado dinámicamente hacia la prosperidad, garantizando así el futuro del país y de su pueblo a pesar de los duros desafíos de la historia”.

El congreso, considerado el máximo órgano de decisión política del régimen, reúne a cerca de 7.000 participantes entre delegados y observadores. Su función es definir las grandes directrices del Estado, que abarcan desde los planes económicos y sociales hasta las prioridades militares.

“El nuevo plan quinquenal se convertirá en una etapa para estabilizar y consolidar nuestra economía y lograr su desarrollo cualitativo gradual”, señaló Kim en un discurso el lunes.

Según información difundida por el partido, la reunión incluyó la revisión de las normas internas de la organización, pero no se detallaron los cambios aprobados.

En la sesión de apertura, Kim Jong-un señaló ante los delegados: “Hoy, nuestro partido se enfrenta a difíciles y urgentes tareas históricas de impulsar la construcción económica y el nivel de vida del pueblo, y de transformar todos los ámbitos de la vida estatal y social lo antes posible”.

Las autoridades del partido adelantaron que el congreso servirá para presentar la siguiente fase del programa nuclear norcoreano y para avanzar en la sofisticación de la disuasión militar.

(Con información de AFP)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de cuatro indígenas nicaragüenses detenidos en el Centro Penitenciario Jorge Navarro, en las afueras de Managua, tras considerar que enfrentan un riesgo grave y urgente para su vida, integridad personal y salud.

Los beneficiarios —Rodrigo Bruno Arcángel, Olvier Bruno Palacios, Evertz Antonio Bruno Palacios y Tony Alberto Bruno Smith— pertenecen a comunidades indígenas del Caribe de Nicaragua y, según la resolución, se encuentran en una situación que podría derivar en daños irreparables.

Las medidas cautelares fueron solicitadas por el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua y la Fundación del Río, que alegaron que los cuatro indígenas, identificados como guardabosques, están expuestos a amenazas de muerte, agresiones, vigilancia constante, restricciones para comunicarse en su idioma y condiciones inadecuadas de detención.

Las organizaciones advirtieron sobre el impacto negativo en su salud física y mental y la falta de atención médica adecuada. La dictadura nicaragüense no proporcionó información a la CIDH sobre el caso.

Estos mismos guardabosques recibieron respaldo internacional, como el de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, que en noviembre condenó su encarcelamiento y denunció que fueron privados de libertad por informar sobre la venta y arriendo ilegal de tierras y la corrupción de las autoridades en territorios indígenas.

En enero de 2023, la Fiscalía nicaragüense acusó a 24 personas, incluidos los beneficiarios, de invadir territorios indígenas y atacar a sus pobladores, imputándoles delitos como crimen organizado, usurpación y aprovechamiento ilegal de recursos naturales.

Según la Fundación del Río, los guardabosques monitoreaban y denunciaban la invasión de “colonos”, la venta ilegal de tierras y las amenazas que enfrentan los territorios indígenas por concesiones mineras y corrupción.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) advirtió que los pueblos indígenas de Nicaragua corren el riesgo de exterminio debido a la constante invasión de sus tierras. Según datos oficiales, los pueblos indígenas y afrodescendientes viven en 304 comunidades distribuidas en 23 territorios, principalmente en las regiones más pobres y apartadas del país.

Por otra parte, el CIDH exigió también el martes al régimen nicaragüense, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, a poner fin de inmediato a las violaciones de derechos humanos y a liberar sin demora a todas las personas detenidas por motivos políticos.

En el comunicado, la institución instó a la comunidad internacional a exigir el cese de la represión y a tomar medidas concretas para restablecer la democracia y el Estado de derecho en el país centroamericano.

El organismo, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), condenó “la persistente represión en Nicaragua, caracterizada por la continuación de detenciones arbitrarias y la privación de libertad por motivos políticos contra cualquier postura percibida como oposición al régimen”. La CIDH advirtió que la situación de derechos humanos en Nicaragua “constituye uno de los casos más graves observados en la región”.

La declaración señala que en Nicaragua “se ha consolidado un régimen autoritario basado en el control, vigilancia y represión contra cualquier persona percibida como opositora, incluso aquellas vinculadas al propio régimen, extendiéndose más allá de las fronteras nacionales”.

El organismo informó que, según datos obtenidos a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), en las últimas semanas se reportó la detención de más de 60 personas por expresar opiniones en redes sociales sobre los recientes acontecimientos en Venezuela.

(Con información de EFE)

El vehículo Toyota Corolla plateado, junto con un Range Rover blanco y un Renault Simbol, fue señalado en redes sociales como uno de los automóviles identificados en el presunto traslado forzoso de Juan Pablo Guanipa en Caracas, situación que ha impulsado peticiones de fe de vida y reclamos de liberación inmediata. Según consignó el medio Europa Press, la denuncia sobre la desaparición de Guanipa se originó horas después de que se hiciera pública su excarcelación, un hecho que intensificó la preocupación entre familiares, aliados políticos y organizaciones opositoras sobre su seguridad y paradero.

El dirigente venezolano, quien había retomado su libertad tras casi nueve meses detenido y un periodo previo de casi once meses en clandestinidad, fue nuevamente objeto de controversia tras su excarcelación. Europa Press detalló que su hijo, Ramón Guanipa, denunció el “secuestro” de su padre a través de un comunicado en la cuenta de la red social X del propio Juan Pablo Guanipa. En ese mensaje, el familiar informó que un grupo de aproximadamente diez personas no identificadas, armadas, interceptaron y se llevaron a Guanipa por la fuerza pocos minutos antes, exigiendo pruebas inmediatas de que permanece con vida y demandando su liberación incondicional.

El partido Primero Justicia, formación política a la que pertenece el exgobernador del Zulia, apoyó la versión difundida por Ramón Guanipa y responsabilizó a las autoridades venezolanas por la integridad física del dirigente. Según publicó Europa Press, el partido atribuyó directamente la situación a los “cuerpos represivos de la dictadura” y celebró un acto conjunto con otros partidos de la oposición para reclamar la intervención de actores internacionales. La organización identificó como presuntos responsables a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, al presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez y al ministro del Interior Diosdado Cabello. Además, reclamó a la comunidad internacional que intervenga para facilitar la liberación de Guanipa y el cese de la persecución contra figuras disidentes.

Europa Press informó que María Corina Machado, figura clave de la oposición venezolana y aliada cercana de Guanipa, reiteró la demanda de liberación inmediata del dirigente y brindó detalles sobre el operativo. Machado indicó que el incidente se produjo en la urbanización Los Chorros de Caracas, donde hombres armados vestidos de civil, distribuidos en cuatro vehículos, ejecutaron la captura violentamente según los testimonios recogidos por la propia dirigente y difundidos por Europa Press. A pesar de exigir la liberación incondicional, Machado evitó en sus declaraciones atribuir responsabilidades directas a las autoridades, una diferencia respecto de Primero Justicia.

La situación de Juan Pablo Guanipa se enmarca en un contexto de tensión política prolongada en Venezuela. Según reportó Europa Press, el excandidato de Primero Justicia para las primarias opositoras de 2023 había sido detenido el 23 de mayo de 2025, en vísperas de los comicios regionales y parlamentarios, bajo los cargos de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. Durante los meses previos a su arresto, la familia de Guanipa denunció su condición de “secuestrado político”, pues el dirigente permaneció oculto desde las elecciones presidenciales de julio de 2024 hasta que finalmente fue capturado por fuerzas del Estado.

El caso de Guanipa no constituye un hecho aislado dentro del entorno familiar y político, ya que Europa Press recordó que su hermano, Pedro Guanipa, quien ejercía la dirección de la alcaldía de Maracaibo, también fue arrestado en septiembre de 2024. Ambas detenciones han sido consideradas por partidos opositores y familiares como parte de una estrategia sistemática para frenar la disidencia mediante la persecución judicial y la privación de libertad.

Ramón Guanipa había celebrado públicamente la excarcelación de su padre pocas horas antes del presunto secuestro, agradeciendo que volviera “en libertad, después de año y medio, diez meses escondido, casi nueve meses detenido”, según citó Europa Press. La liberación, calificada de esperada y celebrada por sectores opositores, ahora abre una nueva etapa de incertidumbre tras la denuncia del nuevo operativo de aprehensión, implicando nuevamente a cuerpos armados no identificados en actos de fuerza contra figuras políticas disidentes.

Los acontecimientos recientes han motivado amplios llamamientos de organizaciones nacionales e internacionales a favor de la protección de los derechos humanos y la liberación de los detenidos por motivos políticos en Venezuela. Según recopiló Europa Press, distintas voces insisten en el riesgo que enfrentan los opositores bajo el actual clima de represión, al señalar casos como el de Juan Pablo y Pedro Guanipa como ejemplo de las dificultades que persisten para el ejercicio de la actividad política y la defensa de la pluralidad.

Mientras persiste la falta de información oficial sobre el paradero exacto de Juan Pablo Guanipa, familiares, aliados y partidos opositores demandan la divulgación urgente de una fe de vida y la intervención tanto de organismos nacionales como internacionales. El medio Europa Press subrayó que la incertidumbre sobre su situación mantiene en vilo a dirigentes, organizaciones y ciudadanos, en un episodio marcado por la denuncia de desapariciones forzosas y la solicitud de respuestas inmediatas de las autoridades responsables.

Faltaban 413 días para que las Fuerzas Armadas derrocaran a María Estela Martínez de Perón -Isabelita- e instalaran la última y más sangrienta dictadura militar de la historia argentina. Pero aunque faltaba más de un año para ese quiebre feroz en la continuidad democrática, el 5 de febrero de 1975 empezó a germinar el funcionamiento terrorista del Estado, que comenzó a desplegar un plan sistemático que implicó secuestros, torturas y desapariciones forzadas. Ese plan terrorista que, ya después del Golpe, se replicaría en buena parte del territorio nacional y se profundizaría.

Todo empezó con un decreto presidencial, el 261/5, que Isabelita firmó justamente el 5 de febrero de 1975, hace exactamente 51 años. La entonces presidenta daba inicio así al llamado “Operativo Independencia”, que autorizaba al Ejército y la Fuerza Aérea a “neutralizar y/o aniquilar” el accionar de “los elementos subversivos” que desplegaban su actividad en la provincia de Tucumán. Así lo especificaba el decreto, que se firmó tras presiones de las Fuerzas para poder justificar lo que llamaban “acciones de gran escala”.

Públicamente, el Gobierno de la viuda de Juan Domingo Perón y las Fuerzas declaraban que el objetivo central de esa operación militar era combatir al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Específicamente a la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez”, que pertenecía al ERP e intentaba instalarse en la selva tucumana y convertir esa instalación en un “foco revolucionario”.

Pero el Operativo Independencia iría mucho más allá de ese foco, y desplegaría toda su fuerza no sólo sobre el ERP -y también un grupo más pequeño de integrantes de la organización Montoneros-, sino sobre obreros, estudiantes, gremialistas y la población civil en general. Era, en concreto, una especie de “laboratorio” en el que se germinó el modus operandi de la dictadura.

El despliegue concreto de fuerzas empezó apenas cuatro días después de que Isabelita firmara el decreto. El 9 de febrero, 1.500 soldados se distribuyeron en una zona de 60 por 40 kilómetros. Tanto el Ejército como la Fuerza Aérea reforzarían esas filas: en total, participaron entre 5.000 y 6.000 durante toda la duración de la operación. El ERP, según documentos militares y testimonios, contaba con entre 100 y 150 combatientes rurales. A la enorme diferencia numérica se le sumaría la de recursos y métodos.

Acdel Vilas, general del Ejército, fue el primer comandante a cargo del operativo y fue claro: no se trataba de un conflicto meramente militar. Para Vilas, la presencia de focos guerrilleros en el monte tucumano era “sólo la manifestación armada del proceso subversivo, y no la más importante”. Bajo esa hipótesis, tanto Vilas como las Fuerzas Armadas y el Ejército justificaron la represión a ámbitos que fueron mucho más allá de esos focos: atacaron ámbitos religiosos, culturales, laborales y sociales.

Antonio Domingo Bussi fue el general que sucedió a Vilas al mando del Operativo Independencia. Se convertiría en la cara de la represión ilegal en Tucumán, provincia que después gobernaría durante la democracia. Durante su tiempo a cargo de la operación decretada por Isabelita, Bussi se ocupó de profundizar un legado heredado de Vilas: bajo la definición de “enemigo” entrarían miles de personas más que quienes eran combatientes armados del ERP. Es que para los militares, la “guerra” a la que se referían y con la que justificaban la represión era, sobre todo, “cultural”.

El Operativo Independencia implicaba que las fuerzas de seguridad estuvieran subordinadas al mando militar y habilitó operaciones de acción psicológica y cívica que implicaban aislar a los integrantes de la guerrilla de la población local. Para lograr eso, los comandantes desplegaron un control avasallante sobre la vida civil: cualquier activista sindical, opositor político o trabajador de los ingenios azucareros podía ser considerado un “objetivo a aniquilar”.

Para llevar a cabo su objetivo, las fuerzas militares montaron los primeros Centros Clandestinos de Detención (CCD) del país, una práctica que sería clave no sólo para el Operativo Independencia sino, después, para el plan sistemático de represión ilegal, tortura y desaparición forzada que ejecutó la dictadura. El más emblemático de los centros del operativo fue la Escuelita de Famaillá, por donde se estima que pasaron algo más de 1.500 personas. En total, se montaron más de cincuenta centros clandestinos de detención en el contexto de esa operación militar.

En los CCD se implementaron métodos de tortura como la picana eléctrica, los enterramientos y también se colgaba a los prisioneros durante días. El secuestro seguido de la desaparición forzada de personas fue mucho más frecuente que las muertes en enfrentamientos armados. Esa era la metodología que desplegaban las Fuerzas Armadas, que por otro lado mantenían todo el tiempo una retórica bélica como discurso oficial.

Aunque el Ejército y la Fuerza Aérea hablaban de “guerra”, los enfrentamientos armados reales fueron muy limitados, y generalmente tan informales que llegaban a considerarse más bien escaramuzas. En mayo de 1975 se produjo el llamado combate de Manchalá: un grupo de soldados conscriptos improvisó la defensa a un puesto de comando.

En octubre de ese mismo año se produjo el combate de Acheral, en el que murieron 15 integrantes del ERP. Para fines de 1975, la capacidad operativa de esa organización armada en el monte tucumano estaba desarticulada por completo. Pero la maquinaria represiva de las Fuerzas Armadas no detuvo su marcha.

Montoneros también operó en Tucumán, pero con una presencia mucho menor a la del Ejército Revolucionario del Pueblo. Con más presencia urbana que rural, Montoneros envió algunos “observadores” al monte e incluso se intentaron algunas acciones conjuntas entre las dos organizaciones armadas, pero la superioridad numérica y de fuego del Estado resultó implacable.

Se estima que murieron entre 300 y 400 militantes de las organizaciones armadas. Unos 25 integrantes de las fuerzas estatales murieron en combate, y en total perdieron la vida alrededor de 70 miembros de esas fuerzas.

El impacto más cruento -y más numérico- del Operativo Independencia fue entre las víctimas que no integraban ninguna de las organizaciones armadas que el Ejército y la Fuerza Aérea buscaban aniquilar, tal como habilitaba el decreto presidencial. Se calcula que el 75% de los secuestrados eran obreros de la industria azucarera, peones rurales y trabajadores de la construcción, y se documentaron 656 desapariciones forzadas durante ese período en Tucumán.

En 2002, se descubrió el llamado Pozo de Vargas, un pozo de agua de casi 40 metros de profundidad en el que, hasta 2023 y gracias al exhaustivo trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, se habían identificado los restos de 119 víctimas del plan sistemático ejecutado por las Fuerzas Armadas. Los testimonios de vecinos de la zona fueron clave para encontrar el sitio. Los restos encontrados, con impactos de bala y fracturas evidentes, dieron cuenta de la brutalidad del operativo.

Casi cuarenta años después de esa operación militar, la Justicia dictó la primera condena específica por las acciones cometidas por el Estado durante el Operativo Independencia, que fueron consideradas delitos de lesa humanidad. Las investigaciones lograron confirmar que se habían cometido secuestros, torturas, delitos sexuales y desapariciones forzadas, todas violaciones a los derechos humanos.

Tal como había empezado a ocurrir en el Juicio a las Juntas de 1985 respecto de los crímenes desplegados a partir del Golpe, los tribunales consideraron que el Operativo Independencia había desplegado un plan sistemático de represión ilegal y delitos de lesa humanidad. Esos meses en Tucumán fueron una especie de “ensayo represivo” de lo que las Fuerzas Armadas serían capaces de hacer cuando desplegaran su plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición forzada de personas a lo largo de toda la Argentina.

En la madrugada del viernes 3 de febrero de 1989, la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay llegó a su fin luego de 35 años. Los hechos de esa noche y las primeras horas del día siguiente marcaron un cambio en la historia política del país y pusieron término al gobierno más longevo de Sudamérica, caracterizado por la represión, la censura y el control absoluto del poder.

Alfredo Stroessner había llegado al poder en 1954 tras un golpe militar. Desde entonces, instauró un régimen sustentado en el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas. El Estado de sitio fue implementado de manera casi permanente desde el inicio de la dictadura hasta 1987, permitiendo la suspensión de garantías constitucionales, la persecución y detención de opositores, y la censura a los medios de comunicación. El Departamento de Investigaciones se convirtió en un símbolo del aparato represivo, donde los opositores eran víctimas de tortura.

Durante su gobierno, Stroessner fue reelecto ocho veces en elecciones sin competencia real. El Partido Colorado era la fuerza política dominante y la única con posibilidades de acceder al poder. Las agrupaciones opositoras estaban proscriptas, y los sindicatos, estudiantes y periodistas eran vigilados y perseguidos. La represión incluía la cárcel, el exilio y la tortura, según testimonios y relatos recogidos por medios extranjeros. Se estima que 20.000 personas fueron torturadas y 423 -sobre todo comunistas y sindicalistas- fueron desaparecidas, según informaría la Comisión Verdad y Justicia de Paraguay en 2008 (año en el que dejó el poder el Partido Colorado, después de 61 años).

La corrupción formó parte de la estructura del régimen. El contrabando, la entrega de favores económicos y políticos y la administración de grandes recursos, como los obtenidos por la construcción de la represa de Itaipú junto a Brasil, eran mecanismos que ayudaban a sostener la red de lealtades. El acceso a cargos públicos y beneficios dependía de la fidelidad al partido y al presidente.

En el plano internacional, la dictadura de Stroessner se alineó con la política anticomunista de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, recibiendo respaldo político y cooperación con otros gobiernos militares de la región. El Paraguay de Stroessner fue parte del Plan Cóndor, por el cual las dictaduras regionales colaboraron entre sí para perseguir a opositores. El 14 de febrero de 1988, casi un año antes del golpe, Stroessner había obtenido el 88 por ciento de los votos en las elecciones que habían sido consideradas amañadas y fraudulentas.

La caída de Stroessner fue resultado de un golpe militar liderado por el general Andrés Rodríguez, considerado uno de sus hombres de confianza. Era la mano derecha de Stroessner en tanto comandante del Ejército y, además, su consuegro. Su hija Marta Rodríguez se había casado con Alfredo “Freddy” Stroessner, el tercer hijo del dictador.

Según se reconstruyó, la conspiración contra Stroessner se gestó en silencio semanas antes. En la noche del 2 de febrero de 1989, Rodríguez y sus colaboradores se reunieron en una vivienda para coordinar los movimientos. La planificación incluyó comunicaciones con otros oficiales y suboficiales, asegurando la participación de un número relevante de unidades y soldados.

Alrededor de la medianoche, comenzó el desplazamiento de tropas. Blindados y soldados se movilizaron hacia puntos estratégicos de Asunción, la capital de Paraguay. El objetivo principal era neutralizar a las fuerzas leales a Stroessner, en especial el Regimiento Escolta Presidencial, donde se encontraba el mandatario. Los primeros enfrentamientos armados se dieron en las inmediaciones del regimiento. Las tropas insurrectas avanzaron y se escucharon disparos de armas automáticas y explosiones en distintos sectores de la ciudad. La población permaneció en sus casas, sin información clara sobre la magnitud del acontecimiento.

El asalto al Regimiento Escolta Presidencial fue decisivo. Los golpistas lograron tomar el control tras intensos tiroteos, mientras que la noticia de la caída de Stroessner comenzó a circular en círculos militares y políticos. Durante la madrugada, Rodríguez y sus aliados aseguraron la ocupación de los principales edificios gubernamentales, así como el control de los medios de comunicación.

Andrés Rodríguez asumió el mando como jefe del gobierno de transición. Las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación quedaron bajo control de los golpistas, quienes utilizaron la radio y la televisión para transmitir comunicados oficiales y mensajes de tranquilidad.

En la madrugada del 3 de febrero, Andrés Rodríguez emitió un comunicado transmitido por radio y televisión, dirigido a la ciudadanía paraguaya. En ese mensaje, Rodríguez anunció la destitución de Stroessner y explicó los motivos del golpe, haciendo referencia al deterioro institucional y al desgaste del régimen. El comunicado fue una especie de llamado a la calma asegurando la protección de la ciudadanía y la convocatoria a una etapa de transición.

A la 1:25 y cada diez minutos se transmitió en Radio Primero de Marzo, la proclama de Andrés Rodríguez. El militar que había derrocado a su consuegro dijo: “Hemos salido de nuestros cuarteles en defensa del honor y la dignidad de las Fuerzas Armadas, por la unificación plena y total del coloradismo en el Gobierno, por la iniciación de la democratización del Paraguay, por el respeto a los derechos humanos, por la defensa de nuestra religión cristiana, católica apostólica romana, eso es todo lo que yo le estoy ofreciendo con el sacrificio del soldado paraguayo a nuestro querido, valiente y noble pueblo paraguayo y espero que los camaradas de las Fuerzas Armadas me acompañen en estas circunstancias, porque estamos defendiendo una causa noble y justa que derivará en beneficio de nuestro heroico y noble pueblo paraguayo. Gracias”.

Las primeras horas del 3 de febrero estuvieron marcadas por enfrentamientos, tensión y expectativa. Stroessner aceptó negociar su rendición después de la pérdida de apoyo militar y político. Fue trasladado bajo custodia y, posteriormente, llevado al aeropuerto, desde donde partió al exilio en Brasil junto a su círculo más cercano.

La noticia del derrocamiento se difundió rápidamente en la capital y el interior del país. El ambiente en las calles de Asunción era de incertidumbre y expectativa, mientras la población aguardaba las declaraciones de la nueva autoridad.

El golpe fue la consecuencia de un proceso de desgaste interno del régimen y de la pérdida de apoyo de sectores clave. Las reuniones secretas entre los conspiradores y la planificación minuciosa permitieron llevar adelante el operativo con rapidez y eficacia. El factor sorpresa y la coordinación de los movimientos militares fueron determinantes para el éxito de la acción.

La caída de Stroessner se produjo en un contexto de tensión y descontento generalizado. El régimen, que había recurrido durante décadas a la represión, la censura y el control absoluto, perdió la capacidad de sostenerse frente a la movilización de sectores militares y políticos descontentos. El derrocamiento fue un hecho de gran impacto en la historia paraguaya y regional, marcando el fin de 35 años de dictadura y el inicio de una nueva etapa política en Paraguay.

Durante la dictadura, Stroessner fue el eje del sistema político y social. El Partido Colorado y las Fuerzas Armadas formaban la base del poder, mientras que la represión, la censura y la corrupción definieron la dinámica del régimen. El control sobre la vida pública era absoluto, y las organizaciones opositoras carecían de espacio de participación real.

El golpe del 3 de febrero de 1989 representó una ruptura con la estructura autoritaria establecida desde 1954. El gobierno de transición encabezado por Rodríguez asumió la responsabilidad de conducir el país hacia un proceso de apertura política, con la promesa de celebrar elecciones libres y garantizar las libertades fundamentales. De hecho, Rodríguez cumplió y llamó a elecciones en menos de un año y en mayo de 1989 se presentó como candidato del Partido Colorado y fue electo presidente.

Durante su mandato Rodríguez derogó la ley marcial, abolió la pena de muerte y legalizó los partidos opositores que habían sido proscriptos por Stroessner.

La dictadura de Stroessner dejó una huella profunda en la vida política y social de Paraguay. El régimen estuvo marcado por la represión, la corrupción y el control absoluto del poder. La caída de Stroessner abrió la posibilidad de iniciar una etapa de cambios y reformas, en la que la sociedad paraguaya buscaría superar las consecuencias de décadas de autoritarismo. El dictador murió a los 93 años en agosto de 2006 en Brasilia, capital de Brasil, donde estuvo exiliado.

Desde el golpe, Paraguay comenzó a andar un camino de transición política, bajo la dirección de un nuevo liderazgo militar que prometió apertura y garantías para la población. La jornada del 3 de febrero de hace 37 años, fue definida por la tensión, el enfrentamiento armado, la incertidumbre y la expectativa social frente a la promesa de un país diferente tras la salida de Stroessner del poder.

Desde que se registró la captura de Nicolás Maduro, en Venezuela se ha mencionado por diferentes aspectos al primogénito del dictador, llamado Nicolás Maduro Guerra, pero más conocido como “Nicolasito”.

En Colombia se ha mencionado que el hijo del dictador podría haber protagonizado reuniones con narcotraficantes en Medellín. Al respecto, el alcalde de la capital antioqueña afirmó que entregará la información pertinente que se descubra al FBI.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por otra parte, en Venezuela se habla de la posibilidad de que “Nicolasito” sea capturado, haciendo que se generen rumores sobre su protección, no solo a nivel de escoltas.

Es por ello que en un informe de Testigo Directo, diferentes expertos hablaron sobre las versiones que afirman que el hijo de Nicolás Maduro usa santería para cuidarse de sus enemigos.

“‘Nicolasito’ haría uso de santería para protegerse de las persecuciones y no terminar en la cárcel como su padre”, es una de las versiones populares que mencionó el medio citado, que entrevistó al parapsicólogo Amir, de nacionalidad venezolana.

“Es fanático de eso (brujería) y está siguiendo la secuencia. Ellos tuvieron claro que el que controlaba la religión y la creencia, tenía el poder”, declaró Amir inicialmente.

El parapsicólogo indicó que este tipo de afirmaciones se han hecho desde que Hugo Chávez estaba en el poder; sin embargo, hasta el momento no hay pruebas contundentes sobre el tema.

“En el mandato de Chávez ya se veía eso en la alianza con Cuba, en donde hay culto de eso. La información que me llegó es que se hacen pactos para que el poder se mantenga de una u otra manera”.

Amir puntualizó que el chavismo lo buscaba años atrás para librarse de la oposición. “Nos buscaban a nosotros para quitar a sus enemigos de alguna manera”.

Al respecto, el periodista venezolano David Placer declaró que al interior del chavismo se menciona que algunos miembros de la dictadura usan palería, que son “trabajos” de brujería con huesos humanos.

Placer recordó que durante varios años Maduro Guerra se mostró como una persona alejada de la religión, pero esto ha cambiado recientemente tras la captura de su padre.

“Es muy supersticioso, ha participado de los congresos que ha llamado de la espiritualidad y de las minorías. Habla de religiones nuevas que han sido promovidas por él. Las sospechas caen sobre Nicolás Maduro; llama la atención su vinculación hablando con Dios, ya que sus cercanos afirman que él dice tener encuentros con Dios”.

Actualidad de Nicolás Maduro Guerra

Aunque su nombre circuló en investigaciones judiciales, no se confirmó su detención ni su salida de Venezuela; Maduro Guerra figura de manera activa en la política oficialista de su país.

Recientemente, difundió mensajes llamando a la unidad del movimiento chavista y denunciando supuestas traiciones internas, mientras exhortaba a la militancia a mantenerse movilizada.

No se anunció que asumiera cargos de liderazgo tras la caída de su padre, lo que generó especulaciones sobre su papel en la reestructuración del chavismo y su posible fuga o búsqueda de asilo. Las autoridades venezolanas y los organismos internacionales no ofrecieron detalles sobre su paradero ni sobre su situación legal, y persisten dudas acerca de su implicación en delitos investigados y la magnitud de su influencia política tras el arresto de Nicolás Maduro, que será juzgado en Nueva York por crímenes ligados al tráfico de estupefacientes mediante alianzas con estructuras internacionales.

El líder del Centro Democrático no dudó en calificar a Cabello como “el más peligroso de todos”, al destacar su papel crucial en la estructura de poder de la dictadura que devastó al país vecino, pese a que el Gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, logró la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La crítica de Uribe se centró no solo en el régimen de Nicolás Maduro, sino en las raíces de la crisis venezolana, que él señala como el resultado de la gestión de Hugo Chávez: “Toda esa agresión con la droga, con los peajes a terroristas. No solamente es Maduro, eso empezó con Chávez. Y ha habido un equipo que lo rodea”.

Para el expresidente colombiano, el problema no se resolvería mientras este grupo, al que considera “la tiranía y la crueldad”, siga en el poder. En medio de esta crítica, Álvaro Uribe hizo énfasis en la figura de Cabello, que, según él, continúa siendo una amenaza para la estabilidad de Venezuela y para la región.

Uribe comentó que, aunque le habían dicho que Diosdado Cabello se encontraba “muy calmado”, lo consideraba aún “el más peligroso de todos”. La declaración de Uribe resaltó la percepción que tiene sobre la figura del “número del chavismo”.

“Líbrame, Señor, del Cabello calmado y liso de Diosdado, que del Cabella erizado de Diosdado yo me protejo”, con esta metáfora, el expresidente colombiano comparó al “número dos del chavismo” con una figura temible y agresiva, cuyo control sobre las fuerzas de seguridad del Estado le otorga un poder casi absoluto en la Venezuela actual.

Diosdado Cabello se mantiene como el hombre más poderoso de Venezuela

Cabello, conocido como el rostro más radical del chavismo, sigue siendo el segundo hombre más poderoso en Venezuela, controlando no solo las fuerzas de seguridad, sino influyendo en la política represiva que mantiene el régimen de Maduro.

Su rol como Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, desde agosto de 2024, le permite manejar con absoluta autoridad las fuerzas de seguridad del país, incluidas el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional. A través de esta posición, Cabello controla la represión a la oposición y es responsable de la ejecución de las políticas de persecución y criminalización de quienes desafían al régimen.

La presencia de Cabello en el poder es considerada por muchos como uno de los principales factores que perpetúan la tiranía chavista. Conocido por su uso de grupos armados civiles, los colectivos, el líder no solo controla el aparato de seguridad, sino los medios de comunicación oficiales, a través de su programa de televisión Con el mazo dando. En este espacio, el dirigente chavista construye constantemente una narrativa de defensa del régimen, atacando a los opositores y manteniendo el control ideológico dentro de las bases militares y políticas del chavismo.

Además, desde las entidades de inteligencia de Estados Unidos, se conoce de la estrecha vinculación de Cabello con el crimen organizado, en especial con el Cartel de los Soles, una red de tráfico de drogas que involucra a altos funcionarios del régimen.

Esta relación provocó preocupación internacional, ya que varios organismos, han identificado a Cabello como uno de los principales actores detrás de este oscuro entramado. De hecho, Estados Unidos llegó a ofrecer una recompensa de USD10 millones por información que conduzca a su captura, pero hasta la fecha, Cabello sigue siendo intocable en el aparato de poder chavista.

Para Uribe, la continuidad de Cabello en el poder representa una de las principales amenazas para cualquier intento de transición democrática en Venezuela. Aunque la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero de 2026 podría haber marcado un cambio significativo en la estructura del poder, el expresidente colombiano resaltó que la situación no se resolvería mientras Cabello siga siendo parte integral del régimen.

Durante su discurso en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo se refirió a la denominación de “príncipe de las tinieblas” que Delcy Rodríguez utilizó para calificar a José Luis Rodríguez Zapatero, recordando también los vínculos de confianza entre la dirigente venezolana y Koldo García, exasesor del PSOE, según informó Europa Press. Ante esta referencia, Álvarez de Toledo cuestionó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acerca de la relación que mantiene con la dirigente chavista, utilizando varias posibilidades para describir el rol del ministro en relación a Rodríguez: “acólito”, “aliado”, “adlátere” o “alcahuete”.

Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, dirigió fuertes críticas al gobierno de Pedro Sánchez y su política exterior hacia Venezuela durante la sesión plenaria que abordaba la situación en ese país. Según reportó Europa Press, acusó a Albares de “postrarse” ante Delcy Rodríguez, a quien calificó como “torturadora”. Añadió que el Partido Popular aspira a que Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello sean procesados y encarcelados en la prisión del Helicoide en Venezuela.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, Álvarez de Toledo manifestó que el gobierno español ha actuado para “blanquear” la dictadura venezolana, reprobando el hecho de no calificar públicamente a Nicolás Maduro como dictador. Cuestionó la validez de las acciones diplomáticas españolas, al acusar al Ejecutivo de criticar operaciones internacionales, como la impulsada en su momento por el gobierno de Donald Trump contra Maduro, mientras acaba luego asumiendo los resultados para utilizarlos a su favor. También mencionó como práctica del Ejecutivo la participación en “maniobras sórdidas” desde la embajada de España en Caracas, refiriéndose a supuestos intentos de obstaculizar el mandato popular y democrático venezolano.

La diputada popular diferenció la reacción del gobierno español de la actuación de la administración estadounidense, mencionando que mientras Trump “extrajo de Venezuela al usurpador de la presidencia”, España contribuyó a la salida del presidente legítimo, Edmundo González, estableciéndole condiciones para residir en su territorio. Álvarez de Toledo destacó las cualidades de González, indicando que es una persona a la que identifica con el coraje y el valor, características que, en su opinión, no posee el actual Ejecutivo español.

Europa Press destacó que la portavoz también se refirió extensamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien atribuyó el papel de “gran blanqueador de la dictadura” junto al gobierno de Pedro Sánchez. Según Álvarez de Toledo, tanto Zapatero como el Ejecutivo han recurrido sistemáticamente al diálogo con el chavismo, describiendo ese enfoque como una estrategia para encubrir intenciones y fortalecer al régimen venezolano. Según sus declaraciones, los procedimientos de diálogo han servido para alargar la permanencia del chavismo en el poder, mientras se califica la claudicación como diálogo, la corrupción como discreción y se emplean otros términos para suavizar la percepción sobre la situación en Venezuela.

Durante su intervención, Álvarez de Toledo recordó que representantes de la oposición venezolana han calificado a Zapatero como “vocero de la dictadura” y sostuvo que su implicación en una veintena de procesos de diálogo solo ha contribuido a mantener y reforzar al gobierno chavista, según detalló Europa Press.

La diputada también dirigió reproches a Pedro Sánchez, afirmando que el presidente del Gobierno no felicitó públicamente a María Corina Machado tras la obtención del Premio Nobel de la Paz, algo que —de acuerdo con sus declaraciones— habría supuesto un gesto sencillo y simbólico. Álvarez de Toledo negó la explicación dada por Sánchez, quien expresó que nunca felicita a quienes reciben dicho galardón, y afirmó que existen varios mensajes en redes sociales que prueban lo contrario. Se preguntó si la negativa a felicitar a Machado responde a la intención de no irritar a la “cúpula criminal chavista” y consideró que existen detalles no aclarados que espera sean aclarados por otras figuras del PSOE, como el exministro José Luis Ábalos.

Al margen del asunto venezolano, Álvarez de Toledo intercambió reproches con Gabriel Rufián, portavoz de ERC, aludiendo a los acontecimientos en Cataluña en 2017, y sugiriendo que Rufián actúa desde una posición de falta de autocrítica. Pidió que antes de cuestionar la dignidad de María Corina Machado, reflexione sobre su propia actitud. También respondió al portavoz socialista, Paxti López, confrontándolo sobre el concepto de nación y democracia en el marco del debate político en España.

Europa Press consignó que, dentro del debate, el Partido Popular reiteró su exigencia de responsabilizar penalmente a Nicolás Maduro y a sus principales colaboradores, entre ellos Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, por lo que consideran crímenes contra la población venezolana. Insistieron en que el objetivo es ver a estos dirigentes afrontando proceso judicial y condena en Venezuela.

Durante su intervención de clausura en la XXVIII Interparlamentaria celebrada en el Palexco de A Coruña, Alberto Núñez Feijóo hizo alusión al exilio de alrededor de ocho millones de venezolanos y subrayó que “el trabajo de quienes han luchado tantos años por la libertad de Venezuela no concluirá hasta que todos los presos políticos sean liberados y todos los detenidos regresen a casa”. Según publicó el medio original, el presidente del Partido Popular dirigió duras críticas al Gobierno de España, acusando tanto a Pedro Sánchez como a José Luis Rodríguez Zapatero de actuar connivencia con el régimen de Nicolás Maduro y anticipando que “la historia no les perdonará, la historia les juzgará”.

El acto congregó a cerca de 4.000 personas, de acuerdo con fuentes del Partido Popular citadas por el medio, y en él Feijóo y Alfonso Rueda posaron con una bandera venezolana, en un gesto de apoyo al pueblo de ese país. El líder popular inscribió sus declaraciones en la actual coyuntura venezolana, marcada por el reciente ataque de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro, evento que describió como el posible inicio de una etapa de transición política. “Estamos esperanzados”, sostuvo, al considerar que Venezuela se encuentra ante los inicios de “el fin de una dictadura tramposa, criminal y miserable”.

Según informó el medio, Feijóo advirtió que el proceso de transición no finaliza en una sola jornada y recalcó que la meta es que el pueblo venezolano “recupere el rumbo definitivo de su destino”. El presidente del PP insistió en que la meta del proceso democrático en Venezuela solo se alcanzará una vez se produzca una derrota integral del régimen actual.

Durante su discurso, Núñez Feijóo puso especial énfasis en su señalamiento a Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, a quienes responsabilizó de “callar” y “conchabar” con el régimen de Maduro. “Para todos aquellos que callaron, para todos aquellos que conchabaron y se lucraron del régimen de Maduro, no hay lavado de cara que blanquee tanta suciedad”, expresó, remarcando que ambos líderes socialistas serán juzgados por la historia. Según reportó el medio, Feijóo reiteró que no habrá olvido ni absolución para quienes, en su opinión, toleraron o se beneficiaron del gobierno venezolano.

El dirigente del Partido Popular también cargó contra la política exterior del Gobierno español, caracterizándola de ambigua frente a las dictaduras y selectiva en la defensa de los derechos humanos. “No nos verán con líderes populistas que roban y arruinan a sus países. Siempre estaremos con los demócratas que mejoran sus sociedades. Por desgracia, esta no es la actitud del Gobierno de España”, indicó, tal como detalló el medio. En ese contexto, reprochó al Ejecutivo encabezado por Sánchez por, según sus palabras, mostrar mayor preocupación por el derecho internacional a raíz del ataque estadounidense que por la situación de los derechos humanos en Venezuela.

El medio consignó que el presidente del PP remarcó ese contraste: “Sorprendente, ¿no? ¿Por qué no van a las cárceles venezolanas a hablar de derecho internacional?”, planteó durante su exposición final, dirigiendo la crítica directamente al Gobierno español.

La intervención de Núñez Feijóo se produjo en un contexto de tensión política internacional respecto a Venezuela, siguiendo los recientes acontecimientos que incluyeron la intervención de Estados Unidos y el apresamiento de Maduro, hechos que han generado un debate sobre el futuro democrático en el país sudamericano. El líder popular entendió que el proceso de cambio es complejo y dependerá de la liberación de los presos políticos y del retorno de los exiliados, dando voz a las expectativas del Partido Popular de estar en el inicio de un cambio histórico.

Durante el evento, la referencia a la bandera de Venezuela funcionó como símbolo de respaldo, relacionando la situación interna del país sudamericano con las posturas políticas mantenidas por el PP y su crítica a la gestión internacional del gobierno español. De acuerdo con lo publicado, el discurso buscó marcar distancia respecto al Ejecutivo actual y subrayar una defensa activa de los valores democráticos en la política exterior, especialmente en relación con América Latina.

El medio enfatizó la intención de Feijóo de presentar al Partido Popular como un aliado claro de los sectores democráticos y como un adversario de los gobiernos que, a su juicio, perjudican la libertad y el bienestar ciudadano. Su intervención en A Coruña volvió a poner en el centro del debate político español la relación entre los gobiernos de Sánchez y Zapatero con la administración de Nicolás Maduro y el papel de España en los asuntos internacionales vinculados a los derechos humanos y la democracia.

Al menos 60 nicaragüenses fueron detenidos de forma arbitraria por la Policía Nacional de Nicaragua tras celebrar o manifestar su apoyo en redes sociales a la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses que llevaron adelante una operación en Carcas hace una semana atrás.

Según denunció este viernes el organismo de derechos humanos Monitoreo Azul y Blanco, “esta nueva ola represiva se ejecuta sin orden judicial y se basa únicamente en (... ) comentarios en redes, celebraciones privadas o no repetir la propaganda oficial”.

La organización integrada por activistas nicaragüenses remarcó que las detenciones están motivadas por “expresiones de opinión” contrarias a las opiniones de la dictadura liderada por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Monitoreo Azul y Blanco advirtió que esta nueva ola represiva constituye una “grave violación a los derechos humanos”.

Los arrestos se concentran en los departamentos de Chontales, Matagalpa, Managua, Jinotega, Chinandega, Estelí, Granada, Masaya y en las regiones del Caribe Norte y Sur.

El informe de la organización indica que, de las personas aprehendidas, 49 siguen detenidas “sin información sobre su situación legal”, nueve fueron liberadas tras su arresto y tres estuvieron sujetas a retenciones temporales, sin cargos claros ni acceso a procesos judiciales transparentes.

El organismo también documentó 18 incidentes, entre detenciones colectivas e individuales. Ante este panorama, la organización hizo “un llamado urgente a la comunidad internacional para que preste atención a esta nueva ola represiva en Nicaragua” y exigió la “libertad para todas las personas presas políticas” en el país.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Managua recordó este viernes que, tras el “paso importante” dado por Venezuela al liberar a “un gran número de presos políticos”, en Nicaragua todavía hay “más de 60 personas” que siguen “injustamente detenidas o desaparecidas”, incluyendo pastores, trabajadores religiosos, personas enfermas y ancianos, sin relación con las recientes detenciones. “¡La paz solo es posible con libertad!”, publicó en X.

Según el Confidencial, las detenciones se dieron en el marco de un “estado de alerta” ordenado por Murillo tras la captura de Maduro, que incluye la vigilancia en los barrios y las redes sociales.

Antes del mensaje de la embajada estadounidense, el movimiento opositor Unión Democrática Renovadora (Unamos) recordó en X que “en Nicaragua hay más de 60 personas presas por razones políticas” y exigió su liberación inmediata.

En Venezuela, este viernes se cumplen 24 horas desde que el gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó la excarcelación de un “número importante” de detenidos, en lo que se consideró un gesto de apertura ante la renovada presión de Estados Unidos.

Hasta el momento, el Gobierno venezolano no ha publicado una lista oficial con la cantidad y los nombres de los liberados. Varias ONG y la principal coalición opositora han verificado la excarcelación de entre 8 y 11 personas, frente a los 811 presos políticos que contabiliza la organización Foro Penal.

(Con información de EFE)

La sesión se realizó en un clima de alta tensión diplomática, luego de una incursión militar que culminó con la captura del líder chavista y su traslado a Estados Unidos. Durante su intervención, el embajador peruano enfatizó que el homenaje a las víctimas reafirma el compromiso de la OEA con la dignidad humana y la defensa de los derechos fundamentales en la región.

Postura de Perú sobre crisis en Venezuela

Coronado Molina aprovechó su intervención para reafirmar la postura de Perú frente a la situación política en Venezuela, asegurando que su país mantiene una política exterior basada en el respeto al derecho internacional y los valores democráticos.

“De conformidad con la Carta Democrática Interamericana, el Perú ha sido un defensor constante de la democracia hemisférica y reitera su respaldo a la recuperación del orden democrático en Venezuela mediante una transición pacífica e institucional”, declaró ante los miembros de la OEA.

El diplomático subrayó que esta transición debe ser liderada por los propios venezolanos y fundamentada en la voluntad popular expresada libremente en las urnas, en consonancia con los principios de participación y legitimidad democrática.

Denuncia de ilegitimidad de Nicolás Maduro

En su exposición, el representante peruano reiteró que el gobierno encabezado por Nicolás Maduro ejerció su poder de forma ilegítima y dictatorial. Coronado Molina reafirmó que las elecciones del 28 de julio de 2024 no lo proclamaron como ganador legítimo, y recordó que el Perú reconoce a Edmundo González Urrutia como el vencedor de esos comicios. “El Perú ha sido claro y consistente al denunciar que Nicolás Maduro ha ejercido el poder de manera ilegítima y dictatorial”, afirmó el embajador.

Con este pronunciamiento, el país busca reforzar el rechazo internacional a los intentos de perpetuación en el poder de Maduro y promover una salida institucional a la crisis política venezolana.

Respeto a una transición pacífica e institucional

Perú también enfatizó que cualquier proceso de recuperación democrática debe ser pacífico, institucional y reflejar la voluntad del pueblo venezolano. Durante su intervención, Coronado Molina señaló que la transición debe ser inclusiva y contar con la participación activa de todos los sectores de la sociedad venezolana para garantizar su legitimidad.

“El respaldo de Perú a la recuperación del orden institucional en Venezuela es una política de Estado”, afirmó el diplomático, destacando que su país continuará promoviendo un proceso guiado por principios democráticos y el respeto a los derechos humanos.

Diáspora venezolana

El embajador también recordó la crisis migratoria venezolana, señalando que Perú ha acogido en los últimos años a cerca de un millón y medio de ciudadanos venezolanos que huyeron de la crisis generada bajo el chavismo. Este fenómeno, afirmó, refuerza la necesidad de una estabilidad política, social y económica en la región.

Asimismo, Coronado Molina instó a fortalecer el papel de la OEA como principal foro político para la cooperación regional y sugirió que se reflexione sobre mecanismos para apoyar el retorno voluntario de la diáspora venezolana en el contexto de una eventual transición democrática pacífica.

Beatriz Llaneza, secretaria general del Partido Popular de Asturias, afirmó que el futuro de Venezuela solo puede construirse a partir de un proceso electoral democrático en el que los venezolanos recuperen la paz y la libertad y destacó la necesidad de reconocer el liderazgo de Edmundo González y de María Corina Machado, a quien definió, según reportó Europa Press, como Premio Nobel de la Paz. Llaneza sostuvo que la lucha contra las dictaduras requiere compromiso pleno y señaló que la defensa de la democracia no puede asumirse solo cuando resulta conveniente. Estas declaraciones surgieron en respuesta a las recientes palabras del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, sobre la situación política en Venezuela.

Según informó Europa Press, Barbón calificó al régimen venezolano como una “brutal dictadura”, lo que, para el Partido Popular de Asturias, constituye un posicionamiento tardío y desprovisto de credibilidad. Llaneza remarcó que el secretario general de la FSA-PSOE intenta, con estas manifestaciones, mejorar su imagen personal entre la ciudadanía asturiana. Afirmó que Barbón, integrando un partido que ha colaborado institucionalmente con el gobierno venezolano, nunca elevó una denuncia pública sobre los hechos que ahora critica.

Europa Press detalla que la secretaria general del PP criticó la “tardanza” y el “oportunismo” en la toma de postura del presidente asturiano. A su juicio, Barbón hizo declaraciones sobre Venezuela solo cuando Nicolás Maduro se ha visto debilitado en el poder. Llaneza comparó esta situación con lo que, según su visión, sucedería si Pedro Sánchez dejara el Gobierno de España, insinuando que Barbón solo asociaría entonces la caída con la falta de “seriedad y convivencia” en el ejecutivo nacional.

La representante del PP asturiano acusó a Barbón de haber mantenido silencio durante años en los que, según sus propias palabras, centenares de venezolanos residentes en Asturias se manifestaron para pedir libertad, democracia y justicia en su país. Llaneza recalcó que en todas esas concentraciones, el Partido Popular estuvo representado por dirigentes locales, autonómicos y nacionales, bajo el liderazgo de Álvaro Queipo, pero que nunca participaron miembros del Gobierno autonómico liderado por Barbón. Insistió en que el “silencio” del presidente mientras se celebraban esas movilizaciones revela, en su opinión, falta de compromiso y autenticidad en el apoyo a la causa venezolana.

Además, Europa Press recoge que Llaneza consideró especialmente relevante que Barbón adopte ahora un discurso contundente contra el régimen venezolano, lo que interpreta como un intento por modificar su relato político para obtener un rédito personal. Criticó la pertenencia del presidente a un proyecto político —el PSOE— que, según ella, ha tolerado la situación política de Venezuela, respaldando las gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero con Maduro y renunciando, desde su perspectiva, al liderazgo internacional de España en la defensa de los derechos humanos.

Llaneza añadió que el ejecutivo de Pedro Sánchez mantuvo contactos con Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Maduro, a través del exministro José Luis Ábalos, acuerdos que, según la líder popular asturiana, nunca se han explicado públicamente. Estos hechos salieron a la luz mediática, subraya Europa Press, en los últimos meses y siguen generando controversia en el debate político español.

De acuerdo con Europa Press, la portavoz del Partido Popular en Asturias lamentó que, según sus palabras, Barbón haya “ninguneado, abandonado y traicionado” a las personas procedentes de Venezuela que hoy residen en el Principado, tras huir del país sudamericano por causas vinculadas a represión y privación de derechos. Llaneza insistió en que el uso actual de un tono crítico por parte del presidente asturiano representa, según su visión, una maniobra destinada únicamente a “corregir su relato a conveniencia”.

Finalmente, Llaneza defendió que en Venezuela solo es posible avanzar adoptando un proceso democrático real, que permita la recuperación de las libertades perdidas. Europa Press destaca que la dirigente popular concluyó sus declaraciones subrayando la importancia de que la defensa de la democracia y la libertad no responda a intereses estratégicos, sino a un principio permanente de acción, y que las condenas frente a las dictaduras deben ser firmes, consistentes y ajenas a cálculos políticos momentáneos.

Durante una intervención pública, Adrián Barbón subrayó que el éxodo venezolano recuerda al exilio español provocado por la dictadura de Francisco Franco. Esta comparativa, expuesta tras ser consultado por medios de comunicación sobre la situación actual en Venezuela, sirvió como punto de partida para enfatizar la importancia de defender las normas internacionales ante regímenes autoritarios. Según publicó el medio citado, Barbón manifestó su solidaridad con los millones de personas que han abandonado Venezuela para resguardar sus vidas y evitar la represión, y denunció las restricciones a las libertades en ese país.

De acuerdo con el reporte difundido, el presidente del Principado de Asturias enfatizó la necesidad de asegurar tanto la vigencia como el respeto al derecho internacional, calificándolo como un pilar fundamental que no admite excepciones. En palabras de Barbón, la reciente detención de Nicolás Maduro representa una muestra de la gravedad de la situación política venezolana, que describió como "una brutal dictadura". El medio también consignó que Barbón consideró inaceptable que en Venezuela no se hayan podido examinar ni analizar los resultados de las últimas elecciones presidenciales, subrayando la importancia de llamar a los hechos por su nombre.

El medio detalló que Barbón alertó sobre el riesgo de una “deriva global” si la comunidad internacional, especialmente Europa, no adopta una posición firme frente a los gobiernos autoritarios. Según Barbón, permitir que el poder se ejerza sin contrapesos ni vigilancia internacional puede provocar que “cada uno de los matones que tenga más fuerza va a poder hacer lo que quiera”. En este contexto, reiteró el valor del derecho internacional como instrumento para la protección de los derechos y pidió que su cumplimiento se mantenga inalterable ante cualquier circunstancia.

El dirigente asturiano expresó públicamente su respaldo a la oposición venezolana y describió la situación en Venezuela tras la detención de Maduro como “rocambolesca”. Destacó que, en condiciones marcadas por la falta de transparencia y el mantenimiento del control por parte del gobierno, la comunidad internacional debe permanecer vigilante y dispuesta a responder ante posibles violaciones de los estándares internacionales. Según consignó el medio, insistió en que su postura no varía según el caso, asegurando que seguirá denunciando cualquier tipo de transgresión al derecho internacional, y recordó que ya tuvo una posición similar ante la invasión de Ucrania.

Barbón, en su intervención, mencionó la urgencia de solidarizarse y acompañar tanto a quienes se ven forzados a salir de su país como a quienes continúan luchando desde dentro por condiciones democráticas y justas. La crisis de migración venezolana, comparada por el mandatario regional con el desplazamiento de la ciudadanía española bajo el franquismo, fue utilizada como ejemplo para recalcar que las consecuencias de los regímenes autoritarios trascienden fronteras y afectan de manera directa los principios sobre los que se asienta el orden internacional.

En ese sentido, el presidente autonómico hizo hincapié en que el respeto irrestricto al derecho internacional constituye una garantía ante “cualquier deriva” que pueda poner en peligro los derechos fundamentales y la estabilidad de las sociedades democráticas. El medio señaló que Barbón exhortó a las instituciones europeas y organismos multilaterales a responder con firmeza para frenar posibles abusos de poder y brindar protección a quienes resultan afectados.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, apuntó durante una entrevista que aunque las formas del arresto de Nicolás Maduro podrían no haber cumplido con los estándares habituales del derecho internacional, la eliminación de un dictador del escenario mundial constituye un avance significativo. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el regidor madrileño razonó que más allá de los procedimientos involucrados en la detención, el hecho central sigue siendo la disminución de las figuras autoritarias a nivel global. Además, destacó la necesidad de propiciar una continuidad en los procesos que faciliten la transición democrática en Venezuela, reforzando la consideración de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y enfatizando el papel de María Corina Machado como referente internacional de la resistencia democrática.

Europa Press recogió también la aclaración de Martínez-Almeida respecto a la independencia de criterio entre su partido, el Partido Popular, y la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes). El alcalde precisó que, aunque Faes representa una fundación con alto prestigio dentro del espectro conservador, sus posturas más duras no reflejan necesariamente la línea directriz del PP, que encabeza Alberto Núñez Feijóo. De este modo, subrayó que las posiciones oficiales deben entenderse siempre desde la dirección partidaria, sin confundirse con las de entidades cercanas pero autónomas como Faes.

Sobre la legitimidad de la persecución judicial que afectó a Nicolás Maduro, Martínez-Almeida matizó que tanto Estados Unidos como otros actores del ámbito internacional no reconocían al líder venezolano como presidente, lo que condiciona la interpretación del proceso. Según expresó el alcalde en declaraciones reproducidas por Europa Press, la investigación sobre Maduro en cortes neoyorquinas se centra en acusaciones delictivas concretas, y no en su rol estatal. Al valorar la coyuntura, planteó que la Unión Europea se enfrenta a una oportunidad estratégica para fortalecer la imagen de la democracia liberal, la cual, en su opinión, constituye un mensaje de esperanza ante escenarios de autoritarismo.

En relación con el futuro político venezolano, el alcalde remarcó que la transformación del país no debe orientarse hacia figuras como Delcy Rodríguez. En cambio, resaltó la importancia de atenerse a la voluntad expresada por los ciudadanos venezolanos, quienes, según afirmó, reconocen la legitimidad de Edmundo González Urrutia. Además, subrayó el reconocimiento global que suscita la figura de María Corina Machado, tanto como símbolo moral como por su proyección a nivel internacional. Refiriéndose a la activista y política opositora, Martínez-Almeida declaró: “No es que goce del respeto de los venezolanos, es que goza del respeto mundial”, añadiendo que su distinción como Premio Nobel de la Paz no es fruto del azar, sino reflejo de su trayectoria en defensa de la democracia venezolana frente a la represión prolongada.

Durante la entrevista rebatió también declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigidas a la opositora venezolana. Martínez-Almeida puntualizó que la interpretación de dichos comentarios debe centrarse en la esencia de las mismas y no en su literalidad, recogiendo la apreciación del senador Marco Rubio sobre las limitaciones de la oposición venezolana en el exterior. En este contexto, el alcalde expresó su respeto personal por María Corina Machado y señaló su papel destacado en la articulación de la resistencia política en Venezuela.

El debate sobre Groenlandia también formó parte de la conversación recogida por Europa Press. Martínez-Almeida sostuvo que las manifestaciones de Trump deben analizarse entendiendo la dirección estratégica que busca marcar Estados Unidos, más que su adhesión al texto preciso de sus declaraciones. Planteó que hay un interés explícito de la potencia norteamericana en la región ártica y que Europa debe construir una posición conjunta para salvaguardar la soberanía dinamarquesa dentro de la Unión Europea y de la OTAN. El alcalde defendió la necesidad de fortalecer la seguridad colectiva y la integridad territorial sin menoscabar el marco de cooperación con Estados Unidos.

Martínez-Almeida sugirió que España podría incrementar su nivel de compromiso en la OTAN en el contexto de las tensiones geopolíticas en el Ártico. Según sus palabras difundidas por Europa Press, la aproximación a la cuestión de Groenlandia debe combinar firmeza y flexibilidad, permitiendo la posibilidad de alcanzar acuerdos bilaterales satisfactorios, como ha sucedido en otros ámbitos, incluidos los aranceles. Insistió en que la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca no pueden ser objeto de discusión, reafirmando el compromiso de los países aliados con estos principios.

El alcalde concluyó su intervención señalando la importancia de que Europa, y en particular España, mantengan una postura decidida y estratégica tanto a nivel de política exterior como en lo relativo a los compromisos de seguridad internacional, especialmente ante desafíos como los planteados por Estados Unidos en regiones tan sensibles como el Ártico.

José Luis Martínez-Almeida resaltó que la postura de la fundación Faes sobre la gestión de Estados Unidos en Venezuela no representa a la línea oficial del Partido Popular, y subrayó que la dirección del partido queda marcada por Alberto Núñez Feijóo. Esta diferenciación entre la organización que preside José María Aznar y el principal partido de la oposición en España fue remarcada tras la reciente actuación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, según informó Europa Press.

El alcalde de Madrid valoró que la detención de Maduro, decretada por las autoridades estadounidenses, haya traído como resultado la eliminación de una figura autoritaria en el escenario internacional, a pesar de admitir que el procedimiento no siga los cauces tradicionales ni se alinee necesariamente con el derecho internacional. Martínez-Almeida puntualizó en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, que EE. UU. no reconocía a Maduro como presidente de Venezuela y que la persecución judicial no se basa en su papel como jefe del Estado venezolano, sino en cargos relacionados con narcotráfico procesados en tribunales de Nueva York.

Para el regidor madrileño, el desenlace sobre Maduro representa, desde la óptica de la Unión Europea, una ocasión para afirmar la vigencia de la democracia liberal como alternativa. Martínez-Almeida expresó que esta situación brinda una oportunidad a Europa para sostener el mensaje de esperanza que representa la democracia liberal en el contexto internacional.

Europa Press detalló que Martínez-Almeida insistió en que, si bien los métodos de la operación impulsada desde Estados Unidos no convencen a todos los actores y pueden diferir de los estándares internacionales, la consecuencia tangible es la desaparición de un régimen autoritario. Señaló además que esta dinámica debe continuar y enfocarse en el futuro político de Venezuela, destacando que la senda para ese país latinoamericano no reside en figuras como Delcy Rodríguez, sino en respetar la voluntad popular que, de acuerdo con sus palabras, se manifestó a favor de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y situó a María Corina Machado como símbolo de resistencia moral.

El alcalde de Madrid elogió la trayectoria de María Corina Machado, subrayando que su reconocimiento internacional no es casual, ya que ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz y se ha consolidado como un referente global de la lucha democrática en un país que ha soportado un prolongado periodo de dictadura. Martínez-Almeida resaltó que Machado cuenta no solo con el respeto en Venezuela, sino en el ámbito mundial.

Respecto a las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Machado, Martínez-Almeida manifestó que no comparte el tono empleado por el líder estadounidense para referirse a la dirigente opositora. Matizó, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, que “no es que goce del respeto de los venezolanos, es que goza del respeto mundial”, en referencia a la importancia de su figura en el contexto venezolano y la proyección internacional de su lucha. Añadió que conviene interpretar el fondo de las palabras de Trump más allá de su literalidad, en consonancia con declaraciones previas de figuras como Marco Rubio, quien sugirió que la oposición venezolana carece de acción efectiva desde el exterior.

Por otra parte, en relación con Groenlandia, Martínez-Almeida consideró que las expresiones de Trump deben evaluarse en función de la estrategia global que impulsa Estados Unidos en la región ártica. Analizó que existe un interés directo de la administración estadounidense en ese territorio y que Europa debe trabajar en una postura común para preservar tanto la soberanía de Dinamarca en el ámbito de la Unión Europea y la OTAN como la cooperación transatlántica en el Ártico. Siguiendo lo recogido por Europa Press, insistió en la necesidad de fortalecer la seguridad territorial sin poner en tela de juicio la integridad danesa e instó a España a incrementar su compromiso con la OTAN.

Martínez-Almeida indicó también que, si bien la seguridad y la estabilidad regionales se ven reflejadas en el funcionamiento multilateral de la Alianza Atlántica, España podría contribuir de manera más decidida, según reportó Europa Press. El alcalde animó a las autoridades europeas y españolas a abordar las negociaciones relacionadas con Groenlandia mediante una combinación de firmeza y flexibilidad, recordando que la disposición estadounidense para alcanzar acuerdos ya se ha reflejado en otras cuestiones como los aranceles.

Para concluir su postura sobre Groenlandia, Martínez-Almeida reafirmó la importancia de mantener a la soberanía e integridad territorial de Dinamarca fuera de cualquier posibilidad de negociación y recalcó que cualquier diálogo con Estados Unidos debe preservar estos principios fundamentales.

Enfatizando la oportunidad que se abre para la Unión Europea en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, manifestó que la detención de Nicolás Maduro implica que “hay un dictador menos en el mundo”, aunque reconoció que la manera en la que se produjo la captura “posiblemente no sea la más ortodoxa”. Según publicó Europa Press, Almeida valoró los hechos como una victoria frente al autoritarismo y resaltó la importancia de que los venezolanos puedan decidir libremente su futuro.

Durante una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, el primer edil puntualizó que la actuación para lograr la detención de Maduro “no es la que convence a todos” y que, en su opinión, dichas acciones pueden no ajustarse estrictamente al derecho internacional. Pese a ello, Almeida consideró que el resultado representa un avance para la democracia en el ámbito internacional. Remarcó que el futuro de Venezuela debe pasar por el respeto a la voluntad popular, expresada en la figura de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo según el voto ciudadano, y reconoció a María Corina Machado como un “símbolo de resistencia moral” que, a su juicio, debe ocupar un lugar relevante en el proceso político del país sudamericano.

El regidor madrileño precisó que la persecución de Maduro por parte de Estados Unidos no se basa en el desconocimiento de su legitimidad como gobernante, dado que, según Almeida, “Estados Unidos no había reconocido a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela”. Detalló además que las causas abiertas contra el líder venezolano en tribunales estadounidenses están vinculadas a presuntos delitos de narcotráfico, procesos que se desarrollan en Nueva York, según lo informado por Europa Press.

Al referirse al papel de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes) en el posicionamiento político en torno a estos acontecimientos internacionales, Almeida puntualizó que “Faes no es el PP”, pese a ser “una fundación de referencia”. Subrayó que la línea política del Partido Popular la establece la dirección de la formación, liderada por Alberto Núñez Feijóo, y diferenció dicha orientación de las posturas asumidas por Faes, especialmente respecto a la actitud mostrada por esta fundación hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De acuerdo con Europa Press, Almeida recordó que, aunque Faes mantiene un discurso crítico hacia Trump, la responsabilidad de la estrategia y opiniones oficiales del partido recae exclusivamente en sus órganos de dirección.

En el ámbito europeo, Almeida consideró que la detención del mandatario venezolano representa para la Unión Europea “una oportunidad de ser esa lucecita que dice que la democracia liberal es el mejor mensaje de esperanza que se puede tener en estos momentos”. Según consignó Europa Press, el alcalde de Madrid reiteró la importancia de que la comunidad internacional contribuya a reforzar los cimientos democráticos en regiones donde persisten regímenes autoritarios.

Almeida remarcó la importancia de continuar con el proceso político en Venezuela en aras de consolidar el respeto a la voluntad popular expresada en elecciones y en la participación ciudadana. Añadió que el futuro del país no debe estar ligado a figuras del gobierno actual como Delcy Rodríguez, sino orientarse hacia la representación legítima y el liderazgo de nuevos actores respaldados por el electorado. Según Europa Press, el edil consideró que los cambios políticos en Venezuela requieren el apoyo de las instituciones internacionales para garantizar la estabilidad y la transición democrática.

Por último, el alcalde subrayó que la detención de figuras señaladas como responsables de conductas delictivas debe enmarcarse en la legalidad y la transparencia, en referencia a los procedimientos legales abiertos en Estados Unidos contra Maduro. Insistió en la oportunidad que representa para Europa transmitir a la comunidad internacional el valor de los principios democráticos y el papel de la democracia liberal en la construcción de sociedades justas.

Mientras que en Estados Unidos, Nicolás Maduro deberá afrontar las acusaciones en su contra por corrupción y narcotráfico, en América del Sur se ha vuelto a hablar de la importancia que tiene la frontera entre Colombia y Venezuela para los grupos armados y las rutas del narcotráfico.

Cabe mencionar que a Nicolás Maduro, dictador durante más de una década de Venezuela, se le acusa de permitir que el territorio de su país se convirtiera en el punto clave del envío de drogas en la actualidad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

De hecho, aunque se niega que exista un vínculo entre la dictadura y capos de la región, Noticias Caracol expuso un informe de inteligencia de las autoridades venezolanas en el que se menciona la existencia de hasta 30 pistas clandestinas para el envío de narcóticos en su país.

En los documentos citados se alertó a la dictadura de Maduro sobre la presencia masiva de grupos delincuenciales colombianos en los estados de Zulia y Amazonas, lo que fue pasado por alto por el régimen durante varios años.

El accionar de los grupos armados colombianos en Venezuela también fue resaltado por la Plataforma Periodística para las Américas, que en un informe reveló que el narcotráfico en el Catatumbo colombiano se ha fortalecido gracias a la apertura de nuevas rutas transfronterizas en territorio bolivariano.

En el documento se afirma que el ELN, principal grupo armado en la zona, estaría expulsando a familias de fincas ubicadas junto al río Catatumbo para controlar puntos de carga y descarga de cocaína destinada a mercados internacionales.

De la misma forma, que los decomisos recientes de grandes cantidades de droga demuestran que hay una reactivación de las operaciones y el regreso de carteles internacionales, principalmente de México y Brasil, lo que ha incrementado la violencia y los enfrentamientos entre el ELN y la disidencia del Frente 33 de las Farc.

Al respecto, las autoridades en Colombia han identificado rutas fluviales, terrestres y aéreas que atraviesan la frontera, muchas veces con la colaboración de miembros de la fuerza pública venezolana. El control de estas rutas genera desplazamientos, enfrentamientos y una economía ilegal que afecta gravemente a la población civil de la región.

La importancia de la frontera para el narcotráfico del siglo XXI

En diálogo con Infobae Colombia, el experto en geopolítica, Juan Camilo Ubaque, habló sobre el comportamiento que han tenido los grupos armados colombianos en la zona de la frontera, comenzando por los puntos de conexión.

“El tránsito de estos grupos armados se facilita mediante una red de corredores que conectan la Península de la Guajira, la región del Catatumbo y la cuenca del Orinoco. En la Guajira, la línea divisoria es frágil y prácticamente imperceptible. En el Catatumbo, la red fluvial de la cordillera actúa como un motor de desplazamiento, mientras que en los departamentos de Arauca y Vichada, la vasta sabana impide una delimitación física real”.

Para Ubaque, esta situación ha provocado que la frontera se consolide como la clave de las rutas económicas ilícitas de las estructuras armadas, lo que incluye un flujo migratorio que sigue sin ser detectado en varios aspectos.

“El Frente de Guerra Oriental (ELN) se posiciona como una estructura hegemónica con un epicentro estratégico entre el estado Apure (Venezuela) y el departamento de Arauca (Colombia). Su influencia se extiende por los Llanos Orientales y se adentra en las regiones amazónicas y del Orinoco, donde explota yacimientos mineros ilícitos, principalmente de oro, en el arco amazónico que une al Vichada con el Amazonas bolivariano”.

El experto en geopolítica indicó que la situación actual en la frontera ha hecho que aumente la cantidad de cultivos de hoja de coca, y la presencia de más estructuras de los grupos armados, lo que puede desencadenar en una guerra territorial entre ellos.

“En este corredor, que conecta con el Caribe, hacen presencia unidades como el Frente 6 de Diciembre, el Frente Luciano Ariza y el Frente Gustavo Palmesano. Estas facciones aprovechan la conexión natural de la Serranía del Perijá para articularse con los demás frentes, cerrando así un anillo de control que permite el flujo ininterrumpido de recursos, combatientes y mercancías ilícitas a lo largo de toda la franja fronteriza oriental”, puntualizó.

Los ojos del mundo están puestos en todo lo que se registra en territorio venezolano tras la captura del dictador Nicolás Maduro, que fue presentado ante un juez en Estados Unidos el 5 de enero.

Tras la detención de Maduro, el país será dirigido por Delcy Rodríguez, que, de acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, estará a cargo mientras se consolidan mecanismos para que la democracia sea viable.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Ante la falta de pronunciamientos sobre los posibles cambios que habrá en ese país, agremiaciones y colectivos de diferentes países han pedido que la nueva administración se pronuncie sobre el futuro de los cientos de presos políticos y extranjeros que hay en territorio venezolano.

Familias colombianas protestan en la frontera

Debido a la incertidumbre y falta de respuestas, familiares de 19 ciudadanos colombianos que están presos en Venezuela, adelantaron una protesta pacifica en la frontera entre los dos países, en Cúcuta.

Allegados de los colombianos se plantaron en zonas aledañas al puente internacional Simón Bolívar para exigir que los 19 compatriotas sean liberados, argumentando que fueron retenidos de manera ilegal y en procesos polémicos.

Entre los protestantes está Sandra Castaño, madre de Brandon José Castaño, que lleva más de seis años en una prisión de Venezuela, a pesar de que hace más de siete meses cumplió la condena que recibió en el vecino país.

“Mi hijo fue capturado en Venezuela por andar en la calle. Le sembraron falsos positivos y hoy lo acusan de terrorismo y extorsión, prácticamente el mismo repertorio que les imputan a los extranjeros, incluso a los mismos venezolanos”, denunció la mujer Caracol Radio.

Sandra Castaño se mostró nostálgica al revelar que la fecha de la protesta coincide con el cumpleaños de su hijo, al que desea ver de nuevo. La mujer aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a la nueva administración en Venezuela.

“Hoy es el día más triste de mi vida. Quisiera tener a mi hijo aquí para abrazarlo y protegerlo, pero ha sido muy duro. No se lo deseo a nadie. Pedimos misericordia, que miren hacia las cárceles de Venezuela. Hay muchas personas presas injustamente. Quienes cometieron errores ya pagaron su condena y es injusto que sigan detenidos. Por favor, ayúdennos y déjenlos en libertad”.

Antes de retirarse del puente internacional, las familias colombianas pidieron que el Gobierno nacional intervenga por el regreso de los connacionales a través de la cancillería, denunciando que la comunicación con las entidades del Estado no ha sido recurrente.

Organización internacional pide por los presos políticos en Venezuela

Además de las peticiones por parte de familiares de presos de diferentes nacionalidades que permanecen en Venezuela, la organización Foro Penal solicitó la aprobación de una amnistía general para 863 personas identificadas como presos políticos en dicho país.

Este pedido surge en un contexto donde diversas organizaciones han denunciado la existencia de detenciones por motivos políticos, señalando limitaciones al debido proceso y restricciones a derechos fundamentales.

El Foro Penal argumenta que la amnistía permitiría la liberación inmediata de estas personas y contribuiría a un ambiente propicio para el diálogo político en el país. La lista de presos incluye activistas, militares, estudiantes y ciudadanos vinculados a protestas o manifestaciones opositoras. La situación de los detenidos ha generado preocupación en organismos nacionales e internacionales que han solicitado garantías para la integridad física y el respeto a los derechos humanos. La petición se dirige tanto a las autoridades nacionales como a actores internacionales, con el objetivo de lograr la liberación de quienes consideran privados de libertad por motivos políticos.

Bruselas se opone a la decisión de Donald Trump de que sea Delcy Rodríguez quien se encargue de la transición democrática en Venezuela, siguiendo las ordenes de Estados Unidos. La Comisión Europea ha pedido este lunes que sean los líderes de la oposiciónMaría Corina Machado y Edmundo González, quienes se encarguen de liderar el país después de que Estados Unidos capturase el sábado a Nicolás Maduro.

“Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado”, ha asegurado la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, dirigiéndose así a Washington . Esta es la misma línea que ha defendido este lunes el PP tras declarar que “Delcy Rodríguez carece de legitimidad”.

Los motivos que ha defendido Hipper es que los líderes opositores merecen ser quienes ahora lideren el cambio por “haber luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos”, y por haber liderado en 2024 un movimiento “pacífico” que fue apoyado por “millones de venezolanos que les votaron”.

“Merece la pena recordar que Nicolás Maduro carecía de la legitimidad de un líder elegido democráticamente. Y por tanto los acontecimientos facilitan la oportunidad de una transición democrática liderada por la población de Venezuela”, ha segurado por su parte la portavoz comunitaria Paula Pinho, en declaraciones recogidas por Efe.

Sobre la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busque influir en una transición democrática en Venezuela, Paula Pinho respondió que esa cuestión debería ser respondida por el propio mandatario estadounidense. No obstante, reiteró la postura europea basada en el respeto al derecho internacional y a la Carta de la ONU, principios que la UE ha enfatizado constantemente desde el inicio de la nueva coyuntura política en Venezuela.

En esta línea, la UE emitió una declaración conjunta, apoyada por 26 de los 27 Estados miembros —con la única excepción de Hungría—, en la que se solicitó “moderación a todos los actores” y se insistió en la necesidad de “respetar el Derecho internacional y evitar una escalada”, así como de “asegurar una salida pacífica a la situación”. Esta declaración refleja tanto la unidad como el compromiso de la mayor parte de los países europeos con una resolución pacífica y legal de la crisis venezolana.

En otro ámbito, el interés renovado de Donald Trump por Groenlandia fue abordado por la portavoz Hipper, quien afirmó que la postura de la UE es “seguir defendiendo” los principios de soberanía nacional, integridad territorial, la no violación de las fronteras y el respeto a la Carta de la ONU como valores “universales”. Hipper enfatizó que estos principios adquieren especial relevancia en caso de que se cuestione la integridad territorial de algún Estado miembro de la UE.

Donald Trump apunta a Cuba

Mientras tanto, Donald Trump ya tiene la vista puesta en Cuba. La perspectiva de un inminente cambio en la isla fue planteada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, durante un encuentro con periodistas a bordo del Air Force One, destacó que el país atraviesa un momento de vulnerabilidad económica al haber perdido el respaldo petrolero de Venezuela. Según explicó el mandatario, “Cuba parece que está lista para caer”, subrayando que la economía cubana dependía de manera significativa de los recursos energéticos provenientes del país sudamericano.

Para Trump, el impacto de la crisis venezolana repercute de manera directa en las finanzas cubanas: “Toda su entrada de dinero venía de Venezuela, del petróleo venezolano. Ya no reciben nada de eso”, puntualizó el presidente estadounidense ante los medios. En su análisis, la falta de este sostén ha dejado al gobierno cubano en una situación de debilidad sin precedentes, lo que, en palabras del propio Trump, podría desembocar en el colapso del régimen: “Literalmente Cuba está lista para caer”.

El papel de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela recibió el respaldo de la mayoría de los venezolanos, según recordó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien también resaltó la influencia de María Corina Machado en el proceso democrático venezolano. En declaraciones recogidas por Europa Press, Martínez-Almeida vinculó la reciente captura de Nicolás Maduro con la necesidad de fortalecer la democracia en Venezuela y criticó la respuesta del ejecutivo español ante la situación.

Según informó Europa Press, el regidor madrileño expresó que la detención de Maduro representa “una buena noticia” al considerar que implica la salida de “un dictador menos en el mundo”, pero planteó que la verdadera satisfacción solo sería posible con el establecimiento de un proceso democrático donde “los venezolanos tengan el protagonismo para decidir libremente su futuro”. Martínez-Almeida insistió en que la reacción generalizada ante estos acontecimientos debe basarse no solo en la celebración puntual de la caída de un dirigente, sino en la exigencia de elecciones libres y en el reconocimiento del papel central del pueblo venezolano en la toma de decisiones sobre su destino nacional.

El alcalde detalló que, en julio de 2023, la ciudadanía venezolana expresó su “respaldo mayoritario” a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo del país y destacó el rol de María Corina Machado, a quien definió como “un faro de esperanza para la democracia y los derechos no solo en Venezuela, sino en el mundo” según publicó Europa Press. Martínez-Almeida enfatizó que, durante el mandato de Maduro, se desconoce la voluntad de los venezolanos y se despoja a las figuras opositoras de sus cargos y libertades. El alcalde también subrayó que, al margen de la salida física de María Corina Machado, su liderazgo y mensaje se mantienen vigentes y siguen ejerciendo influencia en la lucha democrática venezolana.

En su valoración personal, Martínez-Almeida atribuyó a Maduro responsabilidades que van desde el liderazgo en redes del narcotráfico hasta el desplazamiento de los legítimos representantes políticos elegidos por la población. El alcalde consideró que el expresidente “usurpó el poder” y subrayó que durante su gestión Venezuela perdió garantías democráticas. “Despojó a Edmundo González Urrutia de su condición de presidente legítimo de Venezuela y obligó a María Corina Machado a ocultarse”, explicó según consignó Europa Press.

En cuanto al papel del Gobierno español, Martínez-Almeida cuestionó la actitud del presidente Pedro Sánchez. El regidor planteó que “tan incompatible resulta condenar a Estados Unidos por su actuación como no haber mantenido una postura clara ante la situación en Venezuela”. Expresó su deseo de que la firmeza demostrada por Sánchez contra las acciones estadounidenses se hubiese replicado frente a las decisiones de Maduro, señalando como insuficientes las acciones diplomáticas españolas. “Solo ha contribuido a prolongar la falta de democracia en Venezuela y facilitar que Maduro permanezca en el poder”, sentenció el alcalde madrileño.

Martínez-Almeida remarcó, según informó Europa Press, la contradicción que detecta en la postura gubernamental española frente a la crisis venezolana. Sostuvo que apoyar la continuación de Maduro en el gobierno y, a la vez, censurar a Estados Unidos es “incompatible”, y responsabilizó directamente a Sánchez de esa dualidad. Aseguró que “la contradicción no está en la postura del Partido Popular, sino en Pedro Sánchez”.

Al referirse a la manifestación realizada frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid para condenar la intervención del país norteamericano, el alcalde reconoció el derecho de todos los ciudadanos a manifestarse en defensa de sus opiniones, destacando que en España existe libertad para tales acciones, a diferencia del contexto venezolano. Sin embargo, realizó observaciones sobre la legitimidad de algunos convocantes, añadiendo, según reportó Europa Press, que quienes participaron “son los mismos que apoyaron a Maduro”. Martínez-Almeida añadió que, si durante años hubiesen protestado frente a la Embajada de Venezuela oponiéndose a las acciones del anterior mandatario, podrían reclamar legitimidad en sus demandas. No obstante, aclaró que no habría asistido a esa manifestación y se distanció públicamente de los organizadores.

Europa Press detalló que el alcalde de Madrid cerró sus declaraciones reiterando su apoyo a una transición que priorice la decisión soberana de los venezolanos y defendió la importancia de mantener una política española más contundente hacia quienes, desde su perspectiva, han vulnerado los procesos democráticos en Venezuela.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puso el foco en la relación de José Luis Rodríguez Zapatero con la aerolínea Plus Ultra, resaltando su encuentro con uno de los directivos de la compañía, Julio Martínez, quien se encuentra detenido por supuesta corrupción, y pidió que el expresidente “dé una rueda de prensa urgente”. A partir de esta inquietud, Ayuso reclamó explicaciones sobre las actividades de Zapatero en Venezuela y su supuesta cooperación con el gobierno de Nicolás Maduro, según consignó Europa Press.

Durante una entrevista transmitida en Antena 3, recogida por Europa Press, Díaz Ayuso cuestionó que Zapatero haya actuado como observador internacional en las recientes elecciones venezolanas y expresó su escepticismo sobre la labor llevada a cabo en ese país. Según la dirigente, es necesario conocer “por qué ha representado al Gobierno de Maduro” y el motivo por el cual ha buscado otorgar legitimidad al régimen “sin dar una sola explicación” acerca de su actuación.

La presidenta madrileña también criticó la postura del gobierno español y de la Unión Europea ante la situación en Venezuela. De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, lamentó el “abandono” del continente hispanoamericano por parte de España y cuestionó que desde la Unión Europea y el Estado español “se enviara al país a lo mejorcito”, una referencia irónica a los supuestos enviados y observadores que respaldaron el proceso electoral.

Ayuso sostuvo que “el único que se ha ido lucrando ha sido Zapatero y tantos otros que fueron a las elecciones a decir que no había nada”. En su intervención, señaló la necesidad de que el exdirigente comparezca ante el Senado, a instancias del Partido Popular, para rendir cuentas sobre su papel en los procesos electorales de Venezuela. Entre los cuestionamientos expuestos figura el hecho de que Zapatero haya hablado “en nombre del Reino de España” en reiteradas ocasiones, sin ofrecer explicaciones al respecto acerca de cuál fue el alcance de sus declaraciones o la naturaleza de su representación.

El medio Europa Press detalló que Ayuso también cuestionó la actuación de Zapatero en Venezuela bajo el argumento de que su labor como observador internacional no incluyó la denuncia de posibles irregularidades. Enfatizó que Zapatero debe explicar cómo justificó no haber advertido nada inusual durante el proceso electoral venezolano, y también interrogó sobre cuál ha sido la fuente de sus ingresos y la relación mantenida con el entorno oficialista en Venezuela.

En sus declaraciones, Ayuso amplió las críticas al contexto social y político venezolano. Describió al país sudamericano como afectado por “hambruna, pobreza y extorsión”, y opinó que tanto el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el movimiento comunista internacional, se limitaron a “dar lecciones” en vez de actuar ante la crisis. Según Europa Press, Ayuso planteó la urgencia de que la comunidad internacional escuche la situación venezolana, resaltando la necesidad de acciones más concretas frente a la emergencia humanitaria y social.

Ayuso contrastó la situación venezolana con la intervención de Estados Unidos en el país. Manifestó que, aunque no todo lo hecho por Estados Unidos resulta satisfactorio, consideró que “estará mejor hoy que ayer y que antes de ayer” si se logra establecer un proceso transparente que conduzca a elecciones libres. Europa Press recogió las palabras de la presidenta madrileña, quien valoró que, en caso de instaurar una democracia real en Venezuela, “nos van a faltar años en la historia para agradecer esta operación, porque lo otro ya lo conocimos y era más miseria”.

Europa Press informó que Ayuso, a lo largo de su intervención, exigió explicaciones detalladas a Zapatero en relación tanto a su presunta cooperación con lo que calificó como “narcoestado” venezolano, como a la supuesta búsqueda de legitimación del régimen de Maduro. Insistió en la necesidad de claridad sobre qué hizo Zapatero durante su estadía en Venezuela, cómo justificó su papel en los comicios y bajo qué motivos habría hablado en representación de España sin haberlo explicado previamente.

Las declaraciones de Ayuso reflejan la polémica que existe en España en torno al papel de figuras políticas como Zapatero en escenarios de crisis internacional, en particular ante procesos electorales cuestionados, como es el caso de las elecciones en Venezuela. La presidenta regional insistió en profundizar la investigación sobre posibles vínculos entre el expresidente español y actores investigados por corrupción, así como exigir transparencia sobre cualquier beneficio o interés relacionado con estos vínculos.

El PP no está de acuerdo con la decisión de Donald Trump de que sea Delcy Rodríguez quien tome el mando, en Venezuela -bajo las instrucciones de Estados Unidos. tras la detención y captura del dictador Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos ha encargado a la vicepresidenta venezolana la reconstrucción y el cambio de régimen. “Es mejor que lo que hay ahora. No puede empeorar”, afirmó el mandatario, que rechazá que la opositora Maria Corinna Machado sea la nueva líder. “Sería muy difícil para ella porque no cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país”, sentenció.

Pero los populares no están de acuerdo con estas palabras. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha insistido en que la transición democrática en Venezuela debe ser liderada por Edmundo González y María Corina Machado, y no por Delcy Rodríguez. Gamarra ha manifestado su desacuerdo con la decisión de Estados Unidos de situar a Delcy Rodríguez al frente de la presidencia del país sudamericano, una medida que, en su opinión, no se corresponde con el mandato salido de las urnas en los últimos comicios, en los que González y Machado habrían obtenido el 70% de los votos.

Durante una entrevista con Cadena Ser, Gamarra ha sostenido que Rodríguez no dispone de “legitimidad democrática para conducir la transición en Venezuela”, ya que, en palabras de la dirigente popular, "Delcy Rodríguez ha sido la mano derecha de Maduro y cómplice de la dictadura y de la represión", cita que ha pronunciado en referencia tanto a la trayectoria política de Rodríguez como al papel que habría desempeñado dentro del régimen chavista en el país. Este posicionamiento del Partido Popular incide en la necesidad de que el proceso de apertura democrática avance de forma “clara”, bajo el liderazgo de los representantes respaldados por la voluntad popular.

Rechazo a Delcy Rodríguez

Gamarra ha subrayado que la etapa que se abre tras la detención de Nicolás Maduro —una acción celebrada por el Partido Popular— debe estar orientada a establecer en Venezuela un sistema político democrático. Para la dirección nacional del PP, este camino no puede estar comandado por Delcy Rodríguez, ya que, como ha reiterado la vicesecretaria, “el futuro de Venezuela no puede ser dirigido por la que ha sido la mano derecha de Maduro durante todos estos años”. Por todo ello, el Partido Popular sostiene que el reconocimiento internacional debe recaer sobre las figuras que, a su juicio, han sido elegidas legítimamente por el electorado venezolano.

En este sentido, el PP mantiene que la transición tiene que sustentarse en la legitimidad otorgada en las urnas a González y Machado, según ha reiterado Gamarra. "Este camino debe estar liderado por aquel al que las urnas proclamaron presidente legítimo en julio de 2024″, ha declarado Gamarra en los micrófonos del Hoy por hoy, remarcando así la posición oficial del partido ante la comunidad internacional.

La dirigente popular ha recordado que el Congreso de los Diputados en España también ha reconocido como legítimo el resultado electoral que designa a Edmundo González como presidente de Venezuela. Según Gamarra, “el PP sigue reconociendo lo que el voto en Venezuela reconoció en julio de 2024: y ese es el resultado que nosotros reconocemos, y que reconoció en España el Congreso de los Diputados: y es que el presidente legítimo de Venezuela es Edmundo González”, ha afirmado.

Una representación del Partido Popular (PP) de Baleares participó en la movilización realizada este domingo en el Passeig del Born, un evento convocado por miembros de la comunidad venezolana residente en las Islas Baleares. Según consignó el PP Baleares en un comunicado de prensa, el objetivo central de la manifestación fue exigir el respeto al resultado de las elecciones celebradas en julio de 2024 en Venezuela, el reconocimiento internacional de Edmundo González como presidente electo, la liberación de los presos políticos y el fin del gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con la información difundida por PP Baleares, la movilización buscó expresar públicamente el apoyo del partido a los ciudadanos venezolanos que residen en la comunidad autónoma, quienes reclamaron una transición política que ponga fin a lo que denominan la “dictadura de Maduro”. El acto contó con la presencia de varios miembros destacados del partido balear, en respaldo a la demanda de que se respete lo expresado en las urnas durante los comicios de 2024 y que se garantice la libertad de los opositores que permanecen encarcelados bajo el gobierno chavista.

“Nos hemos sumado a la movilización convocada por los venezolanos residentes en las islas, porque el PP está a su lado y comparte con ellos el deseo de que la detención de Maduro suponga el final de la dictadura en Venezuela”, manifestó el coordinador general del PP Baleares, Sebastià Sagreras, según informó el PP Baleares. Sagreras subrayó la coincidencia del partido con el objetivo de una transición democrática, reafirmando la necesidad de que el mandato electoral de julio de 2024, que declaró a Edmundo González como presidente electo, sea respetado tanto en el ámbito nacional como internacional.

El comunicado citado recordó, asimismo, que el Congreso de los Diputados y el Parlament balear han impulsado iniciativas dirigidas al reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Según el PP Baleares, estas mociones partieron de propuestas impulsadas por el mismo partido, reforzando la postura institucional de respaldo a la oposición venezolana y la exigencia de que se tutele el proceso democrático en ese país latinoamericano.

Durante la concentración, los representantes del PP subrayaron que Venezuela debe avanzar hacia lo que, en su opinión, reclaman sus ciudadanos: un modelo de país donde predominen “la libertad y la democracia”. Según lo detallado en la nota de prensa recogida por varios medios, el partido balear reiteró su compromiso de apoyo no solo a la comunidad de venezolanos que habita en las Islas Baleares, sino también a la causa de la defensa de valores democráticos y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.

El acto en el Passeig del Born reunió a numerosos venezolanos residentes en la región, quienes corearon consignas en defensa de la democracia, mostraron pancartas con demandas directas a la comunidad internacional y solicitaron la puesta en libertad de activistas y líderes de la oposición detenidos en el marco de la actual crisis política. La manifestación formó parte de una serie de actos de protesta promovidos por diásporas venezolanas en diferentes ciudades europeas, orientados a incrementar la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro después de los resultados electorales de 2024.

La convocatoria abogó también por la participación de instituciones autonómicas y estatales en el reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo. PP Baleares reiteró, a través de sus portavoces, su intención de continuar promoviendo iniciativas en el ámbito legislativo para solicitar que España respalde de forma oficial la voluntad manifestada por el electorado venezolano en las urnas.

Finalmente, la representación del partido boreal reafirmó ante los asistentes su disposición a mantener el apoyo a las actividades de denuncia y sensibilización organizadas por la diáspora venezolana en las islas, en tanto estas promuevan, según su perspectiva, la defensa de los valores democráticos y el respeto a los derechos civiles y políticos en Venezuela.

Miles de ciudadanos venezolanos siguen detenidos en cárceles del país, entre ellos una veintena de nacionales españoles, como consecuencia de lo que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera una falta de acción contundente por parte del Gobierno de España en defensa de los derechos humanos. Según informó Europa Press, Feijóo abordó esta situación en una carta pública titulada “Hacia la plena libertad de Venezuela”, difundida en la red social X, en la que exige una “transición democrática real” en Caracas y responsabiliza al Ejecutivo español de facilitar, con su postura, la permanencia del régimen de Nicolás Maduro.

La misiva de Feijóo, citada por Europa Press, rechaza frontalmente que el futuro de Venezuela se encuentre en manos de Delcy Rodríguez, a quien identificó como “la mano derecha de Maduro en los últimos años”, y define como “cómplice y protagonista de la dictadura, de la corrupción y del saqueo de Venezuela”. El dirigente del PP subrayó que Rodríguez forma parte de “el pasado más oscuro” del país sudamericano, y calificó como inadmisible presentarla como “solución o figura de transición”, recordando que está sancionada tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos debido a “violaciones masivas de derechos humanos”. Según Feijóo, mantener a Rodríguez en la primera línea política supondría “una operación de continuidad del régimen, que el pueblo ya ha rechazado de forma inequívoca en las urnas”.

El líder popular reivindicó la necesidad de impulsar una verdadera transición democrática, incidiendo en que “las dictaduras no se derrocan a medias” y que la recuperación de la libertad en Venezuela demanda “que los venezolanos tengan voz y la capacidad de decidir sobre el rumbo de su país”. Feijóo destacó la reciente detención de Maduro por parte de las autoridades estadounidenses como un “hecho histórico”, señalando que se ha tratado de la derrota de “un mal” que durante años “provocó la ruina de un país rico, la destrucción de sus instituciones y el mayor éxodo de Iberoamérica”. Según consignó Europa Press, el propio Feijóo insistió en que “la apertura de un tiempo nuevo” en Venezuela requiere que la sociedad recupere derechos y oportunidades, con un liderazgo opositor legitimado mediante sufragio.

Feijóo defendió el papel del presidente legítimo, Edmundo González, y de la dirigente María Corina Machado como garantes de una salida “democrática, pacífica y constitucional” a la crisis, en palabras reproducidas por Europa Press. Para el presidente del PP, ambos representan la “vía democrática” que puede llevar a Venezuela hacia una recuperación institucional efectiva. En opinión de Feijóo, solo a partir de la convocatoria de un proceso electoral plenamente libre será posible alcanzar una solución de fondo al conflicto venezolano.

Dentro de su mensaje, Feijóo también dirigió duras críticas al Gobierno español, a quien reclamó firmeza, liderazgo y el uso efectivo de todas las herramientas diplomáticas disponibles ante “la tiranía de Maduro”. Según publicó Europa Press, el líder de la oposición reprochó al Ejecutivo haber “facilitado tiempo y excusas” al régimen venezolano en momentos donde —aseguró— “ambas cosas se le acababan”. Feijóo lamentó “la influencia y el respeto que España ha perdido”, advirtiendo sobre la dificultad de revertir este retroceso en el plano internacional.

El dirigente popular remarcó la importancia de que quienes creen en los valores democráticos en España actúen con el ejemplo que —a su entender— falta en el actual Gobierno. Reclamó atención para la situación de los españoles presos en Venezuela y para la problemática del exilio, cuestiones que relacionó directamente con los “intereses españoles” en el país sudamericano. En su visión, estos intereses se ven afectados “por las amistades peligrosas por parte de la izquierda española”, frase textual recogida en Europa Press, con la que Feijóo señaló vínculos políticos que, en su opinión, condicionan la respuesta ante las autoridades de Maduro.

Feijóo concluyó que su formación permanecerá “firme en la defensa” de los intereses nacionales y de los derechos de los ciudadanos afectados por la situación venezolana. Según Europa Press, el dirigente popular expresó que la libertad de Venezuela constituye una causa que requiere de la conciencia española una postura activa y comprometida. En su carta, subrayó que la colaboración de aliados de Maduro, tanto en España como fuera de ella, representa una “mancha histórica” que será difícil de superar. Todo esto, insistió el presidente del PP, convierte la defensa de los derechos fundamentales y de la libertad en Venezuela en un asunto que trasciende fronteras y que compromete a la comunidad internacional.

“Las únicas dictaduras del mundo son de izquierda, de ultra izquierda, y se apoyan entre ellas”, sostuvo Isabel Díaz Ayuso durante una entrevista para Telemadrid. Al referirse a los recientes acontecimientos en Venezuela, la presidenta de la Comunidad de Madrid destacó que la ciudadanía venezolana ya había pedido un cambio político en las últimas elecciones presidenciales, elecciones que, según recordó, la oposición consideró ganadas aunque el oficialismo no reconoció los resultados. Bajo esta premisa, aludió al apoyo mutuo existente entre regímenes que identificó como de orientación izquierdista. En este contexto, la mandataria autonómica expresó su desaprobación por la respuesta del Ejecutivo central ante el ataque en Caracas y el posterior derrocamiento de Nicolás Maduro.

Según informó el medio Telemadrid y tal como reportó la propia presidenta a través de sus redes sociales, Ayuso criticó específicamente el posicionamiento de Pedro Sánchez respecto a la crisis venezolana. Después de que el presidente del Gobierno español difundiera una carta dirigida a la militancia en la que condenó el ataque perpetrado por las fuerzas estadounidenses sobre Venezuela y defendió el derecho internacional, Díaz Ayuso sostuvo que Sánchez había optado por situarse del lado del “comunismo” al priorizar, según su visión, “la legalidad de un tirano”. En sus palabras difundidas públicamente: “Frente al comunismo o la libertad, Sánchez ha elegido comunismo”.

Telemadrid detalló que este intercambio se produjo tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el sábado informó acerca de una operación militar estadounidense en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Trump aseguró que Estados Unidos “se hará cargo” de la conducción del país sudamericano, abriendo así un nuevo escenario político para la nación petrolera tras años de enfrentamiento entre el oficialismo chavista y sectores opositores apoyados por diversos gobiernos internacionales.

Poco después de conocerse esta acción militar y el desenlace con la detención de Maduro, Sánchez expresó a través de una carta dirigida a las bases de su partido una condena “con rotundidad” a la intervención estadounidense en territorio venezolano, citando el derecho internacional y la importancia de respetar la soberanía de los estados. Esta comunicación del presidente español provocó la inmediata reacción de Ayuso, quien manifestó públicamente su desacuerdo con la postura oficial del Gobierno central.

En su pronunciamiento, la presidenta de la Comunidad de Madrid calificó el día de la caída de Maduro como “histórico” y “único”, crítico con el papel que, a su juicio, ha tenido el Ejecutivo español respecto a la crisis política venezolana. Siempre de acuerdo a lo reportado por Telemadrid, Ayuso señaló que la respuesta del Gobierno de España ha sido insuficiente y acusó al gabinete encabezado por Sánchez de haber mantenido una actitud “siempre tan tibia” frente a lo que definió como “dictadura” en el país sudamericano.

La dirigente madrileña insistió en su valoración sobre el rol del comunismo internacional, considerando que los estados gobernados bajo ese paradigma se respaldaban mutuamente ante episodios de presión externa o frente a demandas democráticas internas. Sostuvo su denuncia en el contexto de la reciente irrupción militar estadounidense, que derivó en la toma del poder por fuerzas ajenas al régimen chavista y reactivó los debates sobre legitimidad, soberanía y formas de transición política.

Telemadrid apuntó en su informe que Isabel Díaz Ayuso también resaltó la importancia de reconocer las demandas democráticas del pueblo venezolano. Recordó que en los últimos comicios presidenciales, la mayoría del electorado expresó la voluntad de cambio y que, a pesar de la reivindicación de triunfo por parte de la oposición, la administración de Maduro no admitió esos resultados. En ese sentido, se posicionó en defensa de procesos electorales libres y manifestó su apoyo a los sectores venezolanos contrarios al régimen destituido.

La reacción de Ayuso se suma así al debate político en España sobre la actitud del Gobierno ante crisis internacionales que implican regímenes acusados de autoritarismo, y llega en un contexto en el que la comunidad internacional mantiene posiciones divididas frente a la legitimidad y las vías para abordar situaciones similares en otros países. La presidenta madrileña situó la cuestión venezolana como un ejemplo más de los vínculos existentes entre gobiernos de izquierda y cuestionó de forma directa las prioridades y criterios del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, reiterando la necesidad de una postura más firme en defensa de los valores democráticos y de rechazo a los regímenes que describe como “dictaduras de izquierda”.

La polémica entre ambos líderes políticos, documentada por Telemadrid, se produce en un escenario de fuerte polarización respecto al modo en que España y otros países europeos deben participar en la resolución de conflictos internacionales y ante el debate sobre la legitimidad de las intervenciones extranjeras para posibilitar procesos de cambio político en países como Venezuela.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiha, abordó públicamente la situación en Venezuela y justificó el respaldo ucraniano a la causa opositora contra el régimen de Nicolás Maduro, identificando serias violaciones a los derechos humanos y la ausencia de democracia bajo su gobierno. En declaraciones reproducidas por el medio Europa Press, Sibiha manifestó que “el pueblo de Venezuela debe tener la oportunidad de una vida normal, con seguridad, prosperidad y dignidad humana”, y aseguró que Ucrania mantendrá su apoyo al derecho de la población venezolana a vivir en libertad y con respeto a sus derechos fundamentales. Este planteamiento se dio luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro tras una intervención militar en Caracas, hecho que generó respuestas en la comunidad internacional.

En el marco de este escenario, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, al ser consultado sobre la operación militar que destituyó a Maduro, refirió que Estados Unidos “sabe cómo tratar a los dictadores”. De acuerdo con Europa Press, Zelenski efectuó estas declaraciones a la prensa después de reunirse en Kiev con asesores de seguridad nacional de diferentes países europeos. Entre los representantes estaban enviados de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Canadá, Países Bajos, Suecia, Noruega, Dinamarca, así como de organismos internacionales como la OTAN, el Consejo Europeo y la Comisión Europea.

La reunión, según detalló Europa Press, formó parte de los esfuerzos de la llamada coalición de países voluntarios por contribuir a la paz en Ucrania, y sirvió también para reforzar el respaldo internacional a la democracia en otros escenarios, como el venezolano. Durante este encuentro, la reacción internacional ante el cambio de poder en Caracas ocupó un lugar destacado en la agenda y motivó nuevas manifestaciones de solidaridad con quienes promueven reformas democráticas.

Según informó Europa Press, el Ejecutivo ucraniano formalizó previamente su posición al afirmar que Venezuela requiere “una oportunidad de libertad” y que la comunidad internacional debe acompañar al pueblo venezolano en su aspiración a una vida sin opresión. Sibiha, al remarcar la postura de Kiev, sostuvo que Ucrania apoya “el derecho de las naciones a vivir libremente, libres de dictadura, opresión y violaciones de derechos humanos”. Esta postura también se fundamentó en la costumbre diplomática de Ucrania de no reconocer la legitimidad de Maduro tras las últimas elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024, que han sido señaladas por distintos gobiernos y organismos como fraudulentas y marcadas por violencia contra los manifestantes.

El medio Europa Press consignó que Sibiha indicó que “el régimen de Maduro ha violado todos esos principios” al referirse a las acusaciones de crímenes, abuso de poder, restricciones a libertades básicas, manipulación de resultados electorales y debilidad del estado de derecho en Venezuela. Según el canciller ucraniano, organismos de derechos humanos y gobiernos democráticos han expuesto estos hechos y exigido respuestas ante la crisis humanitaria y política.

Europa Press añadió que Ucrania se ha mantenido atenta a los acontecimientos posteriores al derrocamiento de Maduro, insistiendo en que todas las acciones deben respetar los principios del derecho internacional y priorizar el interés de la sociedad venezolana. Sibiha resaltó la importancia de respaldar a todos los actores, tanto estatales como de la sociedad civil, que contribuyan a la protección de la vida y a la promoción de los derechos esenciales en el país sudamericano.

La respuesta internacional frente a la crisis en Venezuela también influyó en los posicionamientos de países europeos y aliados que, según publicó Europa Press, intensificaron su apoyo tanto a la búsqueda de alternativas democráticas en Venezuela como a la causa ucraniana frente al conflicto con Rusia. Las alianzas políticas y los intercambios multilaterales reflejados en la reunión celebrada en Kiev evidenciaron un fortalecimiento de los compromisos entre los gobiernos occidentales en temas de derechos humanos y defensa del sistema democrático.

De acuerdo con el reporte de Europa Press, Zelenski vinculó los acontecimientos en Venezuela con la manera en que Estados Unidos y sus aliados abordan situaciones de regímenes autoritarios, señalando que existen precedentes y capacidades para enfrentar a líderes que se mantienen en el poder al margen de la legalidad y la legitimidad internacional. La afirmación de Zelenski sobre que “Estados Unidos sabe cómo tratar a los dictadores” se interpretó como un mensaje a las potencias aliadas en el contexto de la dinámica internacional surgida tras el derrocamiento de Maduro.

En la misma línea, Europa Press recopiló expresiones de agradecimiento por parte de las autoridades ucranianas a los gobiernos, instituciones y organizaciones humanitarias que responden a crisis políticas graves con acciones para salvaguardar los derechos humanos y avanzar hacia restauraciones democráticas. Sibiha concluyó el pronunciamiento público remarcando que “gracias a todos los que en el mundo ayudan a proteger la vida”.

El contexto regional latinoamericano atraviesa transformaciones a raíz de la intervención militar que puso fin al liderazgo de Maduro, un evento que también repercute en la agenda de aliados europeos y de Estados Unidos, según destacó Europa Press. Los posicionamientos recientes de Ucrania y de los países representados en Kiev ponen en evidencia la solidaridad entre naciones que enfrentan desafíos similares en sus procesos políticos internos y en la defensa del orden jurídico internacional.

En la madrugada del 3 de enero, en Venezuela, se registró la captura del dictador Nicolás Maduro tras un ataque por parte de autoridades de Estados Unidos, que han provocado diferentes reacciones en el mundo.

Además de los calificativos a favor y en contra del operativo militar, a nivel global ha llamado la atención que, precisamente, un 3 de enero, pero de 1990, se había registrado una intervención similar en Panamá para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En esa ocasión, en medio del ataque, el panameño decidió entregarse y de manera inmediata fue extraditado a Estados Unidos, en donde afrontó un juicio por varios crímenes, la mayoría por sus nexos con narcotraficantes de la época, la mayoría de Colombia.

En el caso de Nicolás Maduro, también será juzgado por su vínculo con estructuras criminales ligadas al envío de narcóticos a Estados Unidos, que hace parte de las similitudes entre la caída de dos dictaduras con una diferencia de 36 años.

Los capos terminaron exponiendo a los dictadores

En 1990, cuando se registró la captura de Noriega, fue clave la participación de Carlos Lehder, colombo-alemán que fundó el cartel de Medellín junto con otros capos, entre ellos Pablo Escobar.

Tras convertirse en el primer narcotraficante en ser extraditado a Estados Unidos, en 1987, Lehder fue condenado a dos cadenas perpetuas y todo parecía indicar que pasaría el resto de su vida en una celda; sin embargo, ese fue el motivo por el que el oriundo de Armenia decidió aceptar colaborar con las autoridades y revelas los secretos que tenía sobre Noriega.

En sus declaraciones, Lehder confirmó que los capos colombianos tenían negocios con Manuel Antonio Noriega, dictador de Panamá durante los 80, y que este convirtió al país centroamericano en una base clandestina por la que se sacaba la droga del Caribe

Gracias a la información entregada por Lehder, el dictador panameño fue capturado en 1989, condenado a 30 años de prisión en 1992 y estuvo en varias prisiones de Estados Unidos, Francia y su país natal, en donde falleció en 2017.

Más de 30 años después, Lehder recuperó su libertad y volvió a Colombia tras pasar un tiempo prolongado en Alemania, en su regreso habló para El Colombiano y confirmó que fue la persona que entregó a Noriega.

“Testificar contra Noriega fue mi boleto para recobrar la libertad”, reconoció el oriundo de Armenia, que aseguró que pidió permiso al líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar, para actuar en nombre propio y proteger acuerdos internos; sin embargo, familiares del antioqueño desmintieron esta versión.

Todos estos aspectos fueron recordados cuando comenzaron a ejecutarse las operaciones encubiertas en Venezuela, que fueron comandadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), puesto que se afirmó que se trataba de la misma estrategia que utilizó Estados Unidos antes de la caída de Noriega.

Además de presencia militar, la caída de Maduro también incluyó el testimonio de un capo, que en este caso fue Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo” Guzmán, que en agosto de 2025 declaró ante un tribunal del país norteamericano.

Aunque no se ha conocido el testimonio específico que protagonizó el “chapito”, luego de que terminó la declaración, diferentes medios en Estados Unidos filtraron que el nombre de Nicolás Maduro fue uno de los más importantes que mencionó el criminal mexicano.

Desde ese momento, Donald Trump reafirmó su postura sobre la importancia del dictador venezolano en el tráfico de drogas en la región, asegurando que Maduro es el cabecilla del cartel de los Soles, siendo el motivo principal por el que se registró la operación militar que terminó con la captura del sudamericano en el inicio del 2026.

La crisis venezolana suma un nuevo capítulo tras conocerse que Nicolás Maduro se encuentra bajo custodia de Estados Unidos y será trasladado a ese país para enfrentar cargos de narcoterrorismo y posesión de armas. En este escenario, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se pronunció sobre la intervención estadounidense, defendiendo su papel en el desenlace y criticando la postura del Gobierno central español, según publicó el medio Telemadrid.

Ayuso calificó como un “día histórico” y un “momento único” el desenlace de la operación estadounidense que resultó en la captura del mandatario venezolano. Tal como detalló Telemadrid, la líder autonómica acusó al Ejecutivo nacional de haber sido “siempre tan tibio” ante lo que caracterizó como una dictadura en Venezuela. Recordó que el pueblo venezolano expresó su deseo de cambio en las últimas elecciones presidenciales, durante las cuales la oposición se adjudicó la victoria aunque el oficialismo no la reconoció.

Durante la entrevista con Telemadrid, Díaz Ayuso subrayó que, conforme avanzaban los hechos más relevantes para la “liberación” del pueblo venezolano, el Gobierno de España no mostró una presencia activa. Señaló también que tanto el expresidente como diversos miembros del Ejecutivo “deben ofrecer explicaciones” respecto a sus actuaciones en la política exterior hacia Venezuela. La presidenta autonómica extendió sus críticas a las relaciones que determinados sectores del Ejecutivo central habrían mantenido con gobiernos considerados autoritarios, afirmación que apoyó al mencionar “amistades con las dictaduras”.

El contexto de la caída de Maduro, explicó Ayuso según consignó Telemadrid, ocurre después de un amplio periodo de éxodo forzado, episodios de extorsión y denuncias de torturas atribuidas al régimen. La dirigente madrileña destacó que la retirada de Maduro se relaciona con las acusaciones por narcotráfico presentadas por la Fiscalía estadounidense.

Frente a la expectativa sobre el desarrollo político de Venezuela, Díaz Ayuso manifestó que comparte la visión de que Estados Unidos lidere la transición. En palabras reproducidas por Telemadrid, Ayuso señaló que Washington está tomando cartas en el asunto para facilitar la salida del poder del régimen venezolano, argumentando que este podría negarse a una transición pacífica. El presidente Donald Trump, según reportó el mismo medio, declaró que su país “controlará Venezuela para garantizar una transición”.

Consultada respecto a la acogida de migrantes venezolanos, Isabel Díaz Ayuso resaltó que la Comunidad de Madrid se ha constituido como destino principal para quienes buscan exiliarse. Destacó que, de los cientos de miles de venezolanos que han llegado a España en los años recientes, casi la mitad eligieron establecerse en la región. Según reseñó Telemadrid, la presidenta reivindicó esta realidad para contraponer el accionar de la Comunidad de Madrid al del Ejecutivo central, al cual acusó de falta de una política clara frente a la crisis venezolana.

Díaz Ayuso aludió además a episodios concretos que cuestionan la política del Gobierno hacia Venezuela, como el paso de la vicepresidenta Delcy Rodríguez por el aeropuerto madrileño de Barajas y la influencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según afirmó, estos hechos evidencian una posición de “rehén” por parte del Gobierno frente a actores relevantes del chavismo y sus aliados internacionales, según lo reseñado por Telemadrid.

En un mensaje final, la presidenta madrileña dirigió palabras de apoyo a los venezolanos presentes en la Puerta del Sol, ratificando que la capital es un espacio de acogida y libertad para quienes reivindican derechos fundamentales. Subrayó que Madrid ofrece un entorno propicio para mantener viva la defensa de la democracia y expresó su deseo de que Venezuela logre recuperar la prosperidad tras este proceso que definió como irreversible.

El operativo en territorio venezolano ejecutado durante las últimas horas por fuerzas estadounidenses cerró con la detención de Nicolás Maduro, tal como confirmó públicamente el presidente Trump y fue citado por Telemadrid. La Fiscalía estadounidense ya anunció que Maduro llegará a territorio estadounidense para ser procesado por cargos relacionados con actividades de narcotráfico y posesión de armas, marcando así un nuevo giro en la situación política de Venezuela y reforzando —en palabras de Ayuso y según reportó Telemadrid— la responsabilidad internacional de la gestión de la transición.

Las declaraciones del presidente argentino Javier Milei hicieron énfasis en las relaciones internacionales y los mecanismos de financiamiento asociados al gobierno de Nicolás Maduro. El presidente argentino denunció que el mandatario venezolano había “fortalecido vínculos con Irán y Hezbolá, brindado apoyo logístico al grupo Hamás y a la guerrilla en Colombia”, apuntando además que estos supuestos respaldos contaban con recursos provenientes del narcotráfico, específicamente “a través del Cártel de los Soles”, una organización que el actual gobierno argentino designó como grupo terrorista en agosto de 2023. De acuerdo con la oficina presidencial argentina, la caída del dirigente venezolano representa, según sus palabras, “un avance decisivo contra el narcoterrorismo”, con la expectativa de que abra una etapa donde “el pueblo venezolano recupere la democracia, el imperio de la ley y los derechos humanos”.

Según informó el medio Europa Press, Javier Milei celebró este sábado la detención de Nicolás Maduro y lo calificó como “la captura del dictador venezolano”. En un comunicado oficial, el mandatario argentino destacó que el gobierno encabezado por Maduro ha representado “el mayor enemigo de la libertad en el continente”, asignándole un rol comparable al desempeñado por Cuba durante la década de los años setenta, cuando, según Milei, el régimen cubano “exportaba el comunismo y el terrorismo a toda la región”.

El comunicado difundido por la presidencia argentina no solo abordó el impacto regional del gobierno venezolano, sino que también señaló estrategias empleadas para influir en otros países. Milei sostuvo que el gobierno de Maduro “ha empleado estrategias de infiltración en varios países del continente mediante ataques de migración masiva”. Además, acusó a la administración venezolana de tejer alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales calificadas como progresistas, a las que responsabilizó de colaborar en la promoción de “la izquierda radical a nivel mundial”.

El presidente argentino subrayó que los ingresos generados por el narcotráfico, vinculados al denominado Cártel de los Soles, financian las actividades atribuidas a la estructura comandada por Maduro. Milei recordó que el actual gobierno argentino declaró a esta organización como grupo terrorista el 26 de agosto, reforzando con ello la visión de su gabinete sobre los riesgos asociados a la continuidad de dicho régimen en Venezuela.

El respaldo a los sectores opositores venezolanos fue otro de los ejes centrales del pronunciamiento oficial. Milei brindó su apoyo explícito a María Corina Machado y Edmundo González, refiriéndose a ellos como “dirigentes legítimos” de Venezuela. El mandatario manifestó su confianza en que el proceso iniciado con la detención contribuya a “abrir una etapa que permita a los venezolanos recuperar plenamente la democracia y el respeto a los derechos humanos”. El comunicado también recoge el llamado del presidente argentino al fin de la “opresión ejercida durante años por el régimen autoritario socialista que encabezaba Maduro”.

Tras conocer la noticia de la detención, Javier Milei reaccionó en redes sociales utilizando su característica consigna: “¡Viva la libertad, carajo!”, y difundió la noticia de la captura de Maduro junto a un mensaje celebrando el avance de la libertad en la región. El video que acompañó su publicación corresponde a su intervención en la pasada cumbre de países del Mercosur, celebrada en Brasil. Durante esa cita, celebrada el 20 de diciembre en Foz de Iguazú, Milei elogió la presión ejercida por Estados Unidos y el expresidente Donald Trump destinada a “liberar al pueblo venezolano”. Sostuvo además que “el tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado”, e instó a los demás gobiernos a legislar y pronunciarse contra lo que denominó el “experimento autoritario” venezolano.

Según consignó Europa Press, el mandatario argentino caracterizó al gobierno de Maduro como “una dictadura atroz e inhumana” que, bajo su punto de vista, “extiende una sombra oscura sobre la región”. Milei advirtió que la permanencia de este tipo de regímenes podría tener consecuencias para todos los países del continente. “Este peligro no puede seguir existiendo en el continente, o nos terminará arrastrando a todos consigo”, declaró en el comunicado.

A través de los mensajes oficiales y sus intervenciones públicas, Javier Milei ha puesto en primer plano la situación política y de derechos humanos en Venezuela, enfatizando la necesidad de una respuesta regional coordinada ante fenómenos que, según el gobierno argentino, no se limitan a las fronteras venezolanas.

Tal como publicó el medio, Anasagasti vinculó esta percepción colectiva al contexto político venezolano, al calificar el sistema de su país natal como “una dictadura”. El político vasco sostuvo que no se puede tratar igual a un régimen autoritario que a un gobierno democrático, remarcando la especificidad de Venezuela frente a otros escenarios internacionales. En sus palabras: “Sería intolerable si a un gobierno democrático una potencia internacional le invadiera, pero esto no es un gobierno democrático”.

De acuerdo con detalló el medio, Anasagasti valoró que tanto los ataques estadounidenses en Venezuela como la detención del presidente Nicolás Maduro representan novedades significativas al iniciar el año. Consideró el arresto como “la mejor noticia para empezar el año”, argumento que justificó con la posibilidad de abrir un proceso que facilite la solución de los problemas estructurales en Venezuela.

El político, que subrayó su origen venezolano, manifestó que atraviesa estos días “con mucha expectación” y esperanza en la apertura de una transición política pacífica. Según consignó el medio, enfatizó su deseo de que Venezuela logre una transición democrática sin el despliegue de violencia. Al referirse tanto al presente como al futuro inmediato de su país natal, recalcó: “La violencia no está justificada, pero tampoco la dictadura está justificada”.

El medio informó además que Iñaki Anasagasti calificó a Maduro como “un dictador cruel” y aseveró que el arresto abre la puerta para abordar los problemas que enfrenta la sociedad venezolana. Expresó su satisfacción personal ante los acontecimientos actuales y reiteró que es “la mejor noticia para empezar el año” dada la dimensión del exilio venezolano, que asciende a nueve millones de personas fuera del país.

La realidad de los migrantes venezolanos en España, especialmente en Euskadi y otras comunidades limítrofes, refleja las implicancias de la situación política en Venezuela para quienes debieron abandonar su país. Según detalló el medio, este grupo de migrantes reacciona con optimismo a la posibilidad de cambios en Venezuela tras la detención de su antiguo presidente.

Anasagasti concluyó que se siente aliviado y optimista ante la eventual apertura de una etapa democrática en Venezuela, frente a lo que considera el fin de un periodo de dictadura que marcó a millones de ciudadanos, muchos de los cuales buscan mejores oportunidades lejos de su patria.

Las declaraciones de Paco Núñez en la red social ‘X’ incluyeron un reconocimiento a los venezolanos exiliados y a los líderes opositores que, según sus palabras, encarnan la alternativa hacia la democracia. El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha expresó su respaldo total a “la Venezuela libre y a la alternativa que representan Edmundo González y María Corina Machado” y defendió que “solo la democracia traerá la paz y el futuro que Venezuela merece”. Al compartir este mensaje, Núñez hizo referencia a los actos de denuncia del régimen de Nicolás Maduro y a las manifestaciones de apoyo organizadas en los últimos años junto a venezolanos fuera de su país.

Según publicó Europa Press, Núñez afirmó que tras un largo periodo de dictadura, represión, asesinatos, torturas, hambre y un éxodo masivo de ciudadanos, Venezuela afronta una nueva etapa caracterizada por un clima de esperanza. El líder castellanomanchego destacó el cambio de contexto en el país sudamericano, marcado por lo que consideró como una de las noticias más relevantes en los últimos años: la caída del régimen de Maduro. Núñez vinculó esta transición a un proceso orientado hacia la libertad, subrayando la necesidad de que se respeten los resultados electorales y el liderazgo de quienes vencieron en las urnas.

El dirigente autonómico aseguró que el Partido Popular lleva años alertando internacionalmente sobre las condiciones de vida bajo el régimen de Maduro, señalando que durante ese tiempo han trabajado desde la oposición para dar visibilidad a la situación del pueblo venezolano. Núñez defendió su labor manifestándose “junto a los venezolanos en el exilio por la libertad”, según reportó Europa Press, y criticó el “silencio cómplice” y los apoyos manifestados por algunos dirigentes españoles a la administración chavista.

Europa Press detalló que para el presidente regional del PP, Venezuela demanda “una transición democrática y un futuro en libertad”. Núñez remarcó la importancia de que el relevo político y social esté liderado por quienes obtuvieron la victoria en los comicios más recientes, entre los que citó a Edmundo González y María Corina Machado, considerados referentes de la alternativa democrática. Reiteró su apoyo a los procesos democráticos y a los actores políticos opositores, insistiendo en que la única vía para restaurar la paz y la prosperidad en Venezuela pasa por una transición genuina hacia la democracia.

En su mensaje en‘X’, Núñez abordó también la crisis humanitaria sufrida durante los últimos años por la población venezolana, apuntando que “tras años de asesinatos, torturas y el éxodo de millones de venezolanos, se abre un tiempo de esperanza”. Según informa Europa Press, el político regional puso de relieve tanto la magnitud del sufrimiento como la necesidad de establecer mecanismos que permitan garantizar los derechos fundamentales, el bienestar y la seguridad de la ciudadanía.

Durante sus declaraciones públicas, el dirigente del PP de Castilla-La Mancha insistió en que la comunidad internacional y las fuerzas políticas españolas deben permanecer alertas ante cualquier intento de bloquear el proceso de transición. Núñez destacó el papel por desempeñar de los partidos democráticos españoles en la defensa del Estado de derecho, al tiempo que animó a respaldar las aspiraciones de la sociedad venezolana por recuperar las instituciones y avanzar hacia la reconciliación nacional. De acuerdo con Europa Press, el presidente del PP regional concluyó su intervención expresando que “con prudencia y esperanza” apoya plenamente los esfuerzos que se están haciendo para “abrir una etapa de esperanza” en Venezuela después de los años de crisis y represión.

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que los acontecimientos recientes permiten identificar con claridad a quienes simpatizan con regímenes dictatoriales, tras conocerse la detención de Nicolás Maduro por las autoridades estadounidenses. De acuerdo con la información dada a conocer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la operación que terminó con la captura del mandatario venezolano se llevó a cabo durante la noche en territorio de Venezuela. A raíz de este suceso, la Fiscalía estadounidense confirmó que someterá a Maduro a proceso judicial por acusaciones de narcoterrorismo y tenencia ilícita de armas, detalló el medio.

Según publicó la agencia, Díaz-Pache recalcó en sus intervenciones que considera a Maduro no como un presidente, sino como un "dictador que robó las elecciones al pueblo venezolano", además de calificarlo como "líder de un cartel del narcotráfico y el crimen organizado". Estas declaraciones fueron difundidas a través del perfil oficial del portavoz en la red social X, plataforma donde también se refirió al momento como “un gran día para Venezuela”.

El medio informó que el portavoz incidió en la relevancia política de lo sucedido, describiendo el escenario como una “oportunidad” para reconocer públicamente a quienes apoyan gobiernos autoritarios, a juicio del dirigente regional del Partido Popular. Las opiniones de Díaz-Pache se integraron a un contexto en el que distintas figuras políticas de Madrid manifestaron respaldo al cambio político en Venezuela y a la oposición de ese país.

Tal como publicó la agencia, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, expresó públicamente su satisfacción por la caída del régimen de Maduro. A su vez, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital española, trasladó su apoyo directo a María Corina Machado, dirigente de la oposición venezolana. Ambos líderes coincidieron en su respaldo a quienes representan alternativas democráticas en el contexto político de Venezuela.

El medio reportó que la acción de Estados Unidos contra Maduro se concretó mediante una operación nocturna cuyo desarrollo no fue detallado en profundidad, pero que culminó con el traslado del mandatario venezolano ante la justicia norteamericana. Posteriormente, la Fiscalía de ese país notificó que los cargos presentados incluyen narcoterrorismo y posesión de armamento, marcando así el inicio de un proceso legal que tendrá lugar bajo jurisdicción estadounidense.

En el ámbito internacional, según informó el medio, los pronunciamientos de políticos madrileños reflejan la relevancia que tiene el desenlace de la situación venezolana para actores políticos exteriores, quienes han mostrado su respaldo explícito a la oposición del país sudamericano y su rechazo a figuras que, según sus declaraciones, consideran asociadas a prácticas antidemocráticas y delictivas. La detención de Maduro ha sido interpretada, en consecuencia, como un suceso determinante no solo para la política interna de Venezuela, sino para quienes siguen de cerca la situación desde el extranjero, informaron fuentes oficiales al medio.

Las autoridades de las Islas Baleares han reiterado su disposición a mantener una comunicación constante con los venezolanos que residen en la región, a raíz de las últimas acciones militares de Estados Unidos en Venezuela. Tras el anuncio oficial del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a la captura de Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, la presidenta balear Marga Prohens aseguró que el Gobierno autonómico sigue detalladamente la evolución de los acontecimientos y reitera su respaldo a la comunidad venezolana que vive en las islas.

De acuerdo con Europa Press, el mensaje fue difundido a través de la red social X y en él la presidenta Prohens manifestó que el Ejecutivo balear se encuentra atento al desarrollo de la situación venezolana y ha puesto todos sus recursos a disposición de los venezolanos residentes en Baleares. “Estamos en contacto y a disposición de los venezolanos residentes en las Islas”, declaró la mandataria autonómica, expresando cercanía con quienes mantienen vínculos con el país sudamericano en una jornada marcada por la tensión internacional.

Según publicó Europa Press, Prohens subrayó la posición oficial de las autoridades baleares de actuar con prudencia frente a la incertidumbre que atraviesa Venezuela tras los recientes ataques de Estados Unidos sobre la capital Caracas y otras localidades de Miranda, Aragua y La Guaira. Además, la presidenta del Govern destacó el sentimiento compartido de “anhelo de que esto sea el fin de la dictadura criminal que les ha privado de sus derechos y libertades”. Este deseo, añadió, está vinculado a la esperanza de una transición hacia un proceso democrático que restituya los derechos perdidos en los últimos años.

El medio Europa Press detalló que el Gobierno venezolano denunció lo que caracterizó como una serie de ataques aéreos realizados por fuerzas estadounidenses durante la madrugada contra varias zonas de la capital y estados aledaños, calificando lo ocurrido como una agresión militar de gran gravedad tanto sobre el territorio como sobre la población civil y militar venezolana. De acuerdo con esa fuente, los bombardeos se dirigieron a distintos puntos de Caracas así como a áreas de Miranda, Aragua y La Guaira.

Por su parte, el presidente Donald Trump informó, por medio de un mensaje en Truth Social y según consignó Europa Press, que el Ejército de los Estados Unidos logró la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro junto a la primera dama Cilia Flores durante la operación militar. Trump adelantó que ampliará los detalles sobre dichas acciones en una comparecencia pública prevista para las 17:00 (hora peninsular española) desde su residencia en Palm Beach, Florida.

El medio Europa Press consignó también que estas acciones han generado reacciones inmediatas entre la comunidad internacional y en territorios como Baleares con una nutrida presencia de venezolanos. Ante el impacto de la situación, la presidenta Prohens reiteró el compromiso del Govern balear de acompañar a los ciudadanos venezolanos residentes en la comunidad autónoma y de adoptar una postura de seguimiento riguroso de los acontecimientos. Prohens remarcó la importancia de mantener la “prudencia” en un contexto que describe como incierto y complicado tanto para los residentes venezolanos en las islas como para sus familias y allegados en su país de origen.

En las declaraciones recogidas por Europa Press, la mandataria enfatizó la disposición del Govern balear a ser un canal de asistencia y apoyo ante cualquier eventualidad que pueda repercutir en la situación personal y familiar de los venezolanos que integran la sociedad balear. Del mismo modo, reiteró su deseo de que el desenlace de las acciones militares posibilite una transición que derive en la recuperación de las libertades ciudadanas y los derechos fundamentales de la población venezolana.

La información difundida señala que el operativo militar estadounidense, sumado al anuncio del presidente Trump sobre la captura de Maduro y Flores, marca un punto de inflexión con efectos inmediatos sobre la comunidad venezolana en el exterior. La presión internacional y las respuestas desde distintas regiones de Europa, como en Baleares, reflejan la magnitud de la situación y el interés de las administraciones en prestar acompañamiento a sus residentes originarios de Venezuela.

La jornada viene marcada por un estado de seguimiento activo, de contacto permanente y de llamada a la cautela, mientras se espera que la comparecencia pública del presidente estadounidense aporte detalles adicionales acerca de los acontecimientos registrados durante la madrugada en Venezuela.

Carlos Díaz-Pache, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, expresó que la reciente detención de Nicolás Maduro representa no solo un hecho trascendental para Venezuela, sino una coyuntura que permite identificar el posicionamiento de diferentes actores políticos ante los regímenes autoritarios. Según informó el medio, el dirigente popular señaló que el arresto de Maduro supone "una oportunidad para detectar a quienes les gustan las dictaduras siempre que sean de los suyos".

Tal como reportó la fuente, Díaz-Pache calificó públicamente a Nicolás Maduro como "dictador" y "líder de un cartel del narcotráfico y el crimen organizado", afirmando que el actual mandatario venezolano "robó las elecciones al pueblo venezolano". El dirigente compartió este mensaje a través de su cuenta oficial en la red social X, refiriéndose al impacto de la operación estadounidense, que, según aseguró el presidente estadounidense Donald Trump, concluyó con la detención de Maduro en suelo venezolano durante la madrugada.

El Partido Popular no fue la única voz de la oposición española que reaccionó de forma inmediata ante la detención de Maduro. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, celebró la caída del régimen en Venezuela y destacó la importancia del hecho en tanto cambio político. Ayuso, junto al alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, trasladó su respaldo público a María Corina Machado, dirigente opositora venezolana. Ambos funcionarios mostraron apoyo a quienes lideran la oposición en Venezuela en un contexto que consideran transformador para el país latinoamericano, indicó la fuente.

Según detalló el medio, la operación en la que fue capturado Maduro fue realizada por fuerzas estadounidenses, decisión que fue anunciada formalmente por el presidente Donald Trump. La operación culminó en territorio venezolano, contexto que le da un carácter internacional a la actuación de Estados Unidos en su política hacia Venezuela. La Fiscalía de ese país ha anunciado que Maduro enfrentará cargos por narcoterrorismo y posesión de armas, e iniciará un proceso judicial en Estados Unidos tras su detención, según consignó la fuente.

La reacción de la oposición española evidencia la visión adoptada por determinados sectores políticos europeos sobre la situación en Venezuela, poniendo el acento en la legitimidad democrática y la vinculación de Maduro con tramas delictivas. La noticia también introduce el debate sobre el apoyo a las figuras de la oposición venezolana y las implicancias para los gobiernos y partidos que hayan mantenido relaciones con el régimen de Maduro, tal como indica el contenido publicado por el medio consignado.

El arresto de Maduro por parte de las autoridades estadounidenses abre un nuevo escenario judicial y político caracterizado por acusaciones de narcoterrorismo y posesión de armas, enmarcándose además en la colaboración internacional contra el crimen organizado, según precisa la información publicada. De igual manera, el desarrollo de la situación podría repercutir en las relaciones internacionales de España, así como en la opinión pública española sobre los vínculos entre partidos políticos nacionales y el anterior gobierno venezolano.

Las repercusiones del suceso continúan generando reacciones tanto en el ámbito político como en sectores sociales, y mantienen a la dirigente opositora María Corina Machado como figura central de la oposición venezolana. El apoyo manifestado por representantes españoles desde Madrid se suma a las declaraciones internacionales derivadas de la operación en la que se produjo la captura del expresidente venezolano, concluyó el medio.

El expresidente argentino Mauricio Macri se pronunció este sábado sobre la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, a quien calificó como “dictador que se creía eterno”. Macri, uno de los principales críticos de Caracas en la región, afirmó que “durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice”.

Macri sostuvo que siempre respaldó a “sus presidentes electos” y denunció “el fraude”, además de manifestar su apoyo a María Corina Machado, a quien describió como “la gran luchadora por la libertad de Venezuela”.

“Hoy celebro la detención de Nicolás Maduro, y ver llegar a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno”, señaló Mauricio Macri. El exmandatario expresó su deseo de que “el orden democrático pueda restablecerse de inmediato”.

Macri concluyó su declaración con un mensaje de esperanza: “Se inicia una época nueva: Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura”.

En medio de una madrugada marcada por explosiones, sobrevuelos y cortes de luz en Caracas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el dictador Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela junto a su esposa. La noticia, confirmada a través de un mensaje en la red Truth Social, detalló que “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, según escribió Trump, quien anunció también la realización de una conferencia de prensa en Mar-a-Lago para ampliar los detalles de la operación.

Consultado por The New York Times desde Mar-a-Lago, Trump calificó la acción como “una operación brillante”, agregando que “ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos” involucrados en el despliegue. Mientras tanto, los reportes locales y las plataformas sociales comenzaron a registrar, desde las 02:00 hora local (06:00 GMT), el inicio de un operativo a gran escala sobre Caracas, con fuertes explosiones y el ruido persistente de aviones volando bajo. Según los usuarios, los bombardeos habrían alcanzado instalaciones estratégicas como La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras residentes de la capital documentaron el avance de columnas de humo que se elevaban desde distintos puntos de la ciudad.

En videos difundidos en redes sociales, se observaron helicópteros Chinook sobrevolando Caracas durante una noche de intensos cortes de electricidad. Las imágenes mostraron también a cientos de vehículos intentando escapar del área en conflicto, mientras agentes del régimen de Maduro detenían a civiles en las calles. Otros testimonios recogidos por AFP reflejaron la magnitud del impacto: una pensionada de 67 años relató que “las ventanas retumbaron, me escondí en un cuarto sin ventanas”, tras escuchar explosiones en las inmediaciones de Fuerte Tiuna. Emmanuel Parabavis, residente de El Valle, describió que el sonido “era como una ametralladora, como en defensa contra los bombarderos” y que “se escuchan muchas detonaciones y disparos”.

El régimen de Maduro, por su parte, denunció en cadena nacional lo que calificó como una “gravísima agresión militar” y declaró el estado de excepción a raíz de las explosiones en Caracas. A través de un comunicado difundido en la televisión estatal, las autoridades chavistas rechazaron y denunciaron ante la comunidad internacional la acción estadounidense, calificándola como “una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”. El texto advirtió que la agresión “amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”.

En respuesta a la crisis, Maduro anunció la declaración del “estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”, según comunicó el régimen en cadena nacional. Mientras tanto, en la frontera, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el despliegue de fuerzas militares tras los operativos estadounidenses, manifestando en la red X que estas acciones constituyen una “agresión a la soberanía” de América Latina y advirtiendo sobre consecuencias humanitarias. Petro sostuvo que la resolución de la crisis debe darse mediante el “diálogo”, aunque recalcó el despliegue de la fuerza pública en una zona donde operan diversos grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico.

La operación militar sobre Venezuela se produce tras semanas de escalada, en las que Trump había advertido que los días de Maduro “están contados” y había anunciado la destrucción de una zona de atraque utilizada por embarcaciones vinculadas al narcotráfico en Venezuela, constituyendo el primer accionar terrestre estadounidense contra ese país. El contexto de las acciones se enmarca en las acusaciones y la imputación formal por narcoterrorismo que pesan sobre Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes enfrentan cargos de conspiración vinculada al narcotráfico internacional y tenencia de armamento, según confirmó la fiscal general de Estados Unidos.

La madrugada del sábado, los bombardeos estadounidenses impactaron objetivos militares como Fuerte Tiuna, la base aérea La Carlota, la Escuela de Oficiales de La Guaira y la terminal aérea de Higuerote, según reportes citados por Infobae. Las autoridades venezolanas instaron a la movilización popular contra lo que consideran una agresión extranjera, mientras los canales oficiales afirmaron que el país “está en completa calma”, según declaraciones del ministro del Interior, respaldadas por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López.

A pesar del mensaje oficialista, la situación en Caracas y otras regiones afectadas permanecía tensa ante la disrupción del mando, el estado de excepción y la incertidumbre generada por la captura de Maduro. El episodio representa una escalada inédita y abre un escenario de alta volatilidad en América Latina, con reportes de “niebla de guerra” y una ventana crítica de las próximas 48 a 72 horas, según análisis recogidos por Infobae.

Según detalló Europa Press, López Miras ha expresado que sigue de cerca los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela, trasladando su apoyo a quienes, dijo, “durante años han sufrido la dictadura de Maduro, un opresor que ha ignorado el resultado de las urnas”. Además, López Miras recordó que tanto España en su conjunto como la Región de Murcia en particular acogen a miles de ciudadanos venezolanos, muchos de los cuales, señaló, “saben lo que es perder la libertad”.

Europa Press consignó que el mandatario regional manifestó una expectativa clara de que la situación pueda cambiar. López Miras afirmó tener “la sincera esperanza de que, a partir de hoy, la recuperen”, en referencia a los anhelos de libertad de la sociedad venezolana. El presidente murciano subrayó el exilio que han experimentado numerosos venezolanos, quienes han abandonado su país ante el contexto político y humanitario que describe como dictatorial bajo el mandato de Nicolás Maduro.

A través de sus publicaciones, López Miras se unió simbólicamente a las voces que solicitan un cambio en Venezuela y manifestaron su deseo de un retorno a la democracia y al respeto de la voluntad popular. El medio Europa Press reportó que sus declaraciones reflejan una posición de apoyo y solidaridad con la comunidad venezolana tanto a nivel local como internacional.

Según informó Europa Press, el mensaje del presidente de la Región de Murcia fue difundido coincidiendo con momentos de especial atención internacional hacia la situación venezolana. Las palabras de López Miras ponen énfasis en el carácter prolongado del mandato de Maduro y en la situación de aquellos que han emigrado debido a la crisis, señalando un reconocimiento de las consecuencias sociales y personales derivadas de la crisis política venezolana.

La reiteración de su respaldo a la comunidad venezolana en Murcia y en España, junto con la condena al gobierno de Maduro, destaca el interés de López Miras por visibilizar las dificultades que enfrenta parte de la diáspora venezolana, según especificó Europa Press. Las declaraciones recogidas por este medio reflejaron la preocupación de autoridades regionales por la coyuntura política y humanitaria de un país del que proceden miles de personas actualmente residentes en España.

El Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata le puso fecha al juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de Molinos Río de La Plata durante la última dictadura, por los que será juzgado el ex directivo de la empresa Emilio Jorge Parodi. El debate oral y público iniciará el 23 de abril de 2026, a las 12 horas.

La resolución judicial firmada por la jueza María Noel Costa ordenó que las audiencias se realicen de manera virtual a través de la plataforma Zoom, con audiencias todos los jueves de forma semanal, “garantizando el derecho de defensa y la exhibición del material probatorio por medios digitales”.

Emilio Parodi, detenido desde julio de 2023, enfrentará cargos por privación ilegal de la libertad. Según la documentación incorporada a la causa, el imputado ocupó el cargo de gerente de Recursos Humanos y Asuntos Públicos en la compañía alimenticia -por entonces administrada por Bunge y Born- entre diciembre de 1974 y abril de 1991. En su perfil profesional, el acusado detalló que tuvo responsabilidad total sobre la gestión del personal en Molinos y sus empresas integradas durante ese período.

La acusación estará a cargo de los fiscales Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira. Además, participarán diversas querellas que representan a las víctimas y sus familiares. Entre estos se encuentran el abogado Pablo Llonto, en representación de Analía Adriana Fernández; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y sindicatos del gremio del aceite.

La investigación abarca casos de desaparición forzada y secuestros de 26 obreros y personas allegadas. Se ventilarán los hechos que sufrieron las víctimas identificadas como Francisco Fernández, Santos Ojeda, Roberto José Rivolta Bonino, Ricardo Avelino Almaraz, los hermanos Juan Carlos y José Jacinto Pasquarrosa, y Avelino Antenor Freitas.

En relación con los hermanos Pasquarrosa, se sumó al expediente el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense que confirmó la identificación de sus restos.

En el juicio se debatirá la participación necesaria de Emilio Parodi en los delitos de lesa humanidad, bajo la hipótesis de que su posición le permitía el control y monitoreo de la planta laboral en momentos donde se ejecutaban los operativos represivos.

La investigación sugiere que existió un esquema de colaboración entre la directiva empresarial y las fuerzas de seguridad para desarticular la organización gremial.

El tribunal aceptó una extensa lista de testigos para el debate. Entre las personas citadas a declarar figuran sobrevivientes y familiares, también se incorporarán testimonios de personas ya fallecidas mediante la lectura de sus declaraciones previas.

Para el desarrollo del juicio, se admitió una gran cantidad de documentos históricos y archivos de inteligencia. Se analizarán legajos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que contienen fichas personales y seguimientos a trabajadores por su actividad gremial o política. Estos archivos incluyen referencias a la “infiltración de izquierda” en el establecimiento fabril y antecedentes sobre delegados sindicales.

Asimismo, se incorporaron como prueba los libros de actas de asambleas y del directorio de la empresa correspondientes al período 1975-1983. También se sumaron informes contables, balances generales y documentación secuestrada durante allanamientos realizados en las oficinas comerciales de la firma en Victoria y en el predio de Avellaneda.

Finalmente, el tribunal determinó que se solicite al Ministerio de Defensa la remisión de directivas y planes del Ejército relacionados con la “lucha contra la subversión” en el ámbito fabril durante la década de 1970. También se requirió información a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sobre documentos que mencionen al imputado o a la empresa en relación con los operativos represivos.

Tras conocerse la fecha de inicio del juicio, la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón emitió un comunicado en el que consideraron la llegada a esta instancia como “un logro de la lucha de muchos años de las y los familiares de trabajadores aceiteros detenidos-desaparecidos de Molinos Avellaneda junto a los sobrevivientes”.

“Sin embargo, desde la Federación y el Sindicato Aceitero de Capital y Gran Buenos Aires pedimos en agosto de 2023 que sean citados a indagatoria otros dieciséis jefes y personal jerárquico de la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata, que también fueron acusados de tener responsabilidad en el secuestro de los obreros”, recordaron. Parodi será el único acusado en este juicio.

La vocera parlamentaria del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Maribel Vaquero, remarcó la ausencia de referencias al reconocimiento de la nación vasca y catalana en el reciente mensaje navideño del rey Felipe VI. Según informó Europa Press, durante unas declaraciones realizadas en San Sebastián, Vaquero subrayó que este tipo de omisión se repite con frecuencia en las alocuciones reales y que representa una cuestión pendiente en la relación del Estado con las comunidades históricas.

De acuerdo con Europa Press, Vaquero señaló que, si bien el monarca mencionó que han transcurrido cinco décadas desde la muerte de Francisco Franco, omitió abordar episodios no esclarecidos relacionados con el final de la dictadura y la transición democrática, así como sucesos posteriores que, según la portavoz, requieren una revisión exhaustiva para garantizar la transparencia. La diputada del PNV insistió en que la ausencia de un reconocimiento explícito hacia las naciones vasca y catalana marca un distanciamiento simbólico en el panorama institucional español.

En sus declaraciones, la portavoz jeltzale recordó que su formación ha pedido en varias ocasiones la desclasificación de todos los documentos que arrojen luz sobre los acontecimientos del final de la dictadura franquista y la transición, así como sobre hechos posteriores como el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Vaquero sostuvo que resulta indispensable aprobar una nueva Ley de Secretos Oficiales que permita conocer en profundidad esos hechos y terminar con la opacidad vigente desde 1968, año en que fue aprobada la legislación vigente en materia de confidencialidad por el régimen franquista, reportó Europa Press.

Durante su intervención, Vaquero citó casos específicos cuyo esclarecimiento considera imprescindible: el caso Zabalza, el caso Aldama, los sucesos del 3 de marzo y la intentona golpista de 1981. Para la portavoz, la verdad acerca de estos episodios permanece oculta, y criticó que la actual normativa impida acceder a archivos indispensables para el ejercicio de la memoria y la justicia. Señaló que uno de los principios fundamentales de cualquier democracia es, a su juicio, el conocimiento pleno de la verdad para evitar la repetición de episodios traumáticos.

En cuanto a las lenguas cooficiales, Vaquero manifestó que el mensaje del rey evitó pronunciarse acerca de las críticas y los ataques sufridos por el euskera a lo largo del último año. Europa Press consignó que la portavoz reivindicó la importancia de que el jefe de Estado emita gestos explícitos de apoyo y respeto hacia el euskera como lengua propia de una de las comunidades históricas. Consideró que la omisión adquiere especial relevancia en un contexto en el que el idioma vasco, según sus palabras, ha recibido una presión significativa.

Al analizar el contenido del discurso real, Vaquero puso de relieve que el monarca optó por resaltar únicamente la efeméride de los cincuenta años transcurridos desde la muerte de Franco, sin aludir a los aspectos más controvertidos ni a las demandas de transparencia. Subrayó que el mantenimiento de normativas heredadas de la dictadura dificulta el acceso a documentos fundamentales para reconstruir episodios determinantes de la historia reciente del Estado, como la dictadura, la transición y los eventos más oscuros del periodo posterior.

Según relató Europa Press, la portavoz nacionalista subrayó que, para construir un sistema donde el diálogo y el respeto institucional sean pilares sólidos, resulta imprescindible avanzar en el esclarecimiento de los hechos históricos sin restricciones documentales. Propuso que la derogación de la ley de secretos oficiales de 1968 y la elaboración de una nueva normativa sobre acceso a la información son pasos ineludibles, no solo desde una perspectiva jurídica, sino también como salvaguarda de los valores democráticos y la memoria de las comunidades afectadas por la represión.

Vaquero insistió en que el reconocimiento a la nación vasca y a la lengua euskera debe ocupar un lugar destacado en el mensaje institucional de la máxima figura del Estado, más aún, remarcó, debido a los ataques documentados que el idioma ha experimentado en el último ejercicio. Finalmente, la diputada concluyó que las ausencias detectadas en el mensaje del rey constituyen "asuntos que nos importan mucho como pueblo" y reiteró la demanda de una mayor sensibilidad y compromiso institucional respecto a la diversidad cultural y lingüística.

Durante la emisión del tradicional mensaje de Navidad del rey Felipe VI, el discurso del monarca evitó mencionar de manera explícita la dictadura franquista, un hecho que para sectores políticos como Podemos representa una omisión significativa en el relato histórico español. Según lo reportado por diversos medios y difundido por la propia dirigente de Podemos, Ione Belarra, la falta de referencias directas al régimen franquista despertó críticas públicas, especialmente desde sectores de la izquierda que consideran imprescindible este reconocimiento para comprender la actualidad política del país.

De acuerdo con lo publicado por el medio, Ione Belarra, líder de Podemos, expresó en la red social X que el mensaje del rey Felipe VI “se sube a la ola del discurso antipolítico en una intervención plagada de lugares comunes”. Belarra sostuvo además: “El nieto político de Franco se resiste a mencionar la dictadura y habla de ella como si fuera un fenómeno meteorológico. La desmemoria es el principal motor de la ultraderecha hoy”. Estas declaraciones se difundieron minutos después de que el jefe de Estado concluyera su alocución desde el Palacio Real, en la que apeló al diálogo y la ejemplaridad en las funciones públicas, sin aludir al franquismo de manera directa.

El medio informó que el mensaje navideño de Felipe VI se centró en insistir en la necesidad de mantener la convivencia democrática y preservarla como uno de los grandes valores alcanzados por los españoles. El monarca destacó el papel de la Transición como etapa positiva tras la muerte de Franco y recordó el cincuenta aniversario de este proceso, así como el ingreso de España en la Unión Europea el 1 de enero de 1986. Estos episodios históricos se destacaron como ejemplo de la capacidad del país para superar retos y avanzar.

El rey volvió a advertir sobre el “hastío” social ante la elevada tensión política y la pérdida de confianza ciudadana hacia las instituciones, un malestar que en su opinión resulta propicio para el avance de corrientes consideradas extremistas, radicales o populistas. Según consignó el medio, Felipe VI dirigió un llamado específico a la clase política española, instándola al diálogo, respeto a las opiniones divergentes y ejemplaridad en el ejercicio de sus responsabilidades.

La postura del monarca, según detalló el medio, recupera argumentos ya expresados en otros mensajes navideños, como en los años 2015 y 2022, donde se reiteraron advertencias sobre el descontento social y las consecuencias del desgaste institucional. En esta ocasión, el rey quiso subrayar la importancia de superar las divisiones políticas y sociales para seguir garantizando la convivencia democrática que ha marcado la historia reciente de España.

En contraste, la interpretación de Belarra amplifica la controversia en torno al discurso al considerar que el monarca, al omitir referencias al régimen franquista, contribuye con una narrativa afín a posiciones de ultraderecha. Para la secretaria general de Podemos, la memoria histórica resulta clave en el combate a discursos que, en su visión, alimentan la desafección política y el auge de posturas extremas. Según recogió el medio, la publicación de Belarra en la red social X volvió a situar en el debate público la cuestión de cómo las instituciones y sus representantes abordan el pasado reciente.

La intervención del rey, transmitida por cadena nacional desde el Palacio Real, incluyó un llamado a los ciudadanos para preservar la unidad y la confianza en las posibilidades actuales y futuras del país. Felipe VI insistió en la idea de que la superación de desafíos ha sido una constante en la historia española, ejemplificando con los pactos y acuerdos que posibilitaron tanto la transición democrática como la integración europea.

Según publicó el medio, la reacción de dirigentes políticos como Belarra subraya la persistencia de divisiones en torno a la memoria histórica y al papel de la monarquía en la construcción del relato nacional. El contraste entre el énfasis institucional del rey en la convivencia democrática y la demanda de reconocimiento explícito de la dictadura por parte de sectores como Podemos sigue marcando el debate político en España, especialmente en fechas simbólicas como la Navidad, cuando el discurso del jefe del Estado adquiere una relevancia especial en la agenda pública y mediática.

¿Es Cuba el nuevo Haití? En 1959 no era el país más desarrollado de Iberoamérica (lo era Argentina), pero sin duda estaba en los primeros lugares. Sin embargo, a fines de 2025 las múltiples crisis adquieren una semejanza que remite a Haití. Después de 66 años, Cuba no es solo la dictadura madre de la región con tal ahogamiento de libertades mínimas que poco se parece a la tradicional dictadura militar o personalista que tanto ha abundado en la historia latinoamericana, sino que recuerda, hasta en el predominio familiar a Corea del Norte.

Con Haití se parecen en población y en la importancia del envío de dinero a familiares desde el extranjero, aunque Cuba lo supera en la cantidad de población que en las últimas décadas ha considerado tan insoportables las condiciones que ha decidido emigrar como último recurso, aunque no ha habido terremotos destructores como tampoco el país ha sido tomado por bandas delincuenciales. Sin embargo, es el gobierno el que en Cuba le causa más daño a la población que el prácticamente inexistente en Puerto Príncipe, además que, con problemas, en Haití ha habido algunas veces elecciones competitivas lo que desde 1959 no ha ocurrido en Cuba. De hecho, el martes 2 de este diciembre, el gobierno haitiano aprobó un decreto que permitirá convocar a elecciones generales después de años sin autoridades electas por la ciudadanía, debido a la violencia.

La información disponible muestra una ventaja clara para Cuba que con la actual crisis no se está notando, toda vez que el Producto Bruto era y sigue siendo superior para La Habana al igual que el gasto en educación o salud, con diferencias mayores en Capital Humano, importación-exportación, porcentaje de población vacunada, menor tasa de homicidios o mayor expectativa de vida.

A pesar de todas esas ventajas para Cuba, la crisis actual parece repercutir a todo nivel, ya que es económica, financiera, poblacional por la constante emigración que deja mucho adulto mayor y pocos jóvenes; a la vez sanitaria, de transporte, servicios básicos como electricidad o agua en la ruina, falta de suministros mínimos en hospitales o en el sistema educacional, además de existir una crisis generalizada de fe en el modelo, semejante a lo que ocurrió en el colapso comunista en Europa del este ya que el partido comunista parece haber perdido la convicción que alguna vez se atribuyeron a sí mismos que solo ellos podían gobernar, ya que simplemente no saben qué hacer. A lo anterior se agrega algo nuevo, en el extranjero parece que crecientemente se pierde el apoyo que alguna vez tuvieron en Latinoamérica, Europa y hasta en sectores de izquierda del partido Demócrata en EE. UU., y que hoy parece limitarse a las otras dictaduras de la región como Venezuela y Nicaragua, aunque parece que por poco tiempo más en el primer caso. Ya perdieron Bolivia.

Todo apunta e indica que el problema de fondo, por si alguna duda había, tiene relación con una ineficiencia generalizada de la dictadura y la crisis de un modelo impuesto a la fuerza a los cubanos, además de la total falta de democracia. Los signos de la crisis son tantos que la decadencia cubana parece apuntar a un empobrecimiento continuo y generalizado, un proceso de “favelización”, fundamentalmente provocado desde el gobierno. Y algo más, parecerse a Haití tiene otra diferencia, ya que nunca los Duvalier hablaron de ser portadores de la luz como tampoco que representaban al “hombre nuevo”, a diferencia de la superioridad moral en virtud de la cual los dictadores cubanos se atribuyeron ser ejemplo de una sociedad mejor.

Es tal el desplome moral, que ni siquiera la falsificación constante de estadísticas es hoy creída por una población aplastada por la carencia tradicional de bienes de consumo además de haberse agregado enfermedades que se creían desaparecidas, pero que ahora atacan cual plaga bíblica, y por un colapso tal en hospitales que hasta dolencias relativamente normales pueden ser mortales por falta de suministros básicos, que hacen que ni siquiera el tradicional humor cubano tenga paciencia, destruyéndose el mito de la isla como “potencia sanitaria”.

Por todo lo anterior, y por la incapacidad del régimen de entregar mínimas esperanzas de solución, todo apunta a un creciente parecido con Haití y sus problemas sin solución, dejando como camino único, algo que se ha dificultado en EE. UU. con las nuevas políticas de migración, y es intentar llegar por todos los medios posibles a ese territorio, aunque ello lleve a arriesgar la vida en un mar infectado de tiburones, con un agregado que ha recogido la prensa en los lugares de destino, ahora también llegan colaboradores de la dictadura, tales como funcionarios de gobierno, jueces, represores jubilados, todos buscando reunirse con familiares, otro signo de colapso.

A ello se agrega, la notable diferencia, la intolerable y creciente desigualdad entre la “nomenklatura”, aquellos privilegiados que están en el gobierno y disfrutan del poder, en comparación con los ciudadanos comunes y corrientes, con el agregado que hoy el discurso de los “triunfos” en el tránsito del socialismo al comunismo ha desaparecido, ante la realidad que el poder se comparte entre la gerontocracia de los Raúl Castro y los Ramiro Valdés con una realidad, donde el poder político ha transitado a quienes tienen además el poder económico, es decir, un grupo de oficiales y altos mandos de las fuerzas armadas, que al parecer prefieren sacar el dinero del país y depositarlo afuera para mantener el nivel de vida personal y familiar, incluyendo el hecho que el petróleo que llega de México y Venezuela, en algunos casos es revendido en vez de usarlo para apremiantes necesidades de gente cada vez más pobre, que en general sobrevive gracias a lo enviado por familiares en el extranjero.

El régimen se ve tan lleno de problemas y falto de divisas, que está implementando una nueva tasa de cambio flotante que se ajusta a diario para ayudar a quienes se estime que son “actores claves”, tasa de cambio que se anuncia como “competitiva”. Por si alguna duda había de la importancia del dólar, la dictadura ha tenido que oficializar la dolarización parcial de la economía, con un nuevo esquema que prioriza los sectores exportadores, reconociendo a la vez la escasez de liquidez, la caída del PIB y la mentira de un embargo inexistente, ya que simplemente hoy no tienen los dólares para comprar, salvo, al parecer el consumo suntuario de los privilegiados, y el castigo a quienes no tienen dólares para acceder ni a las tiendas que venden lo que no hay en el comercio como tampoco a los hoteles para turistas extranjeros.

Hoy, ya casi todo sale a la luz, debido a que hasta los habituales simpatizantes en organismos internacionales no pueden desmentir las imágenes que los propios cubanos están subiendo a las redes sociales. Más aún, hasta la prensa internacional ahora informa que el régimen camufló ayuda que era necesaria para combatir las epidemias de chikunguña y dengue, transformándola en un pedido para el huracán Melissa, ya que mentía diciendo que todo estaba controlado, debiendo solicitar por la vía indicada, grandes cantidades de larvicidas e insecticidas en una lista enviada a embajadas y agencias de la ONU, en vez de aceptar que lo que los mosquitos diseminaban, superaba en decenas de miles de casos lo reconocido públicamente. La lista solicitada y encubierta por el huracán fue enviada 17 días antes que se calificara lo que ocurría como “epidemia”, causando, por lo tanto, víctimas innecesarias.

Hoy, Cuba figura en el listado de países de la región que, según la CEPAL de la ONU, su economía ha “decrecido” de forma incontenible, además de tener “inflación crónica”, en una sociedad donde el salario promedio equivale a unos pocos dólares, por debajo de quizás cualquier otro país de la región. El régimen cubano sigue falsificando las estadísticas, pero con los apagones y la crisis sanitaria, simplemente nadie les cree en el propio país, reforzando el hecho que más que se parece a Corea del Norte, en el sentido de la total falta de elecciones competitivas o tener voz, por marginal que sea, en medios de comunicaciones nacionales.

En Cuba, la crisis actual es responsabilidad de una élite de origen militar que también controla al partido a través de su fuerte presencia en organismos estatales y en el comité central. La duda es si es terminal, en un país, donde, aunque no haya todavía manifestaciones masivas, sin duda, a partir del 11 de julio de 2021 es una nación donde se ha perdido el miedo, a reclamar, protestar e identificar a la variedad caribeña de comunismo creada por Fidel Castro como el culpable.

No hay duda de que el colapso generalizado, la falta de soluciones, y la existencia de una crisis que se manifiesta a múltiples niveles coincide con la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 de EE. UU., que en sus 33 páginas hace un reconocimiento de que es lo que está pretendiendo hacer y conseguir la potencia. Al respecto, con claridad aparecen definiciones geopolíticas tales como su alejamiento de Europa y un renovado interés en el hemisferio occidental y Latinoamérica, a través de la reaparición de la Doctrina Monroe a través de lo que se llama el “Corolario Trump”, expresado en la operación “Lanza del Sur”, ya que ese documento dota de contexto al despliegue de la flota en el Caribe, a la forma que se está actuando frente a Maduro y la dictadura venezolana como también la política frente a la inmigración ilegal y el ingreso de drogas a territorio estadounidense.

¿Significa lo anterior, que después de Caracas viene Cuba?

La verdad es que al menos yo no lo creo, además que todo parece indicar que la flota busca intimidar más que invadir, a no ser que sean ataques puntuales de entrada y salida, pero el objetivo sigue siendo que después de Maduro, el poder sea entregado a quienes ganaron la elección del año pasado, los gobernantes legítimos, la dupla de Edmundo González y María Corina Machado. Por ahora, EE. UU. busca más bien intimidar y presionar para que sean los propios militares venezolanos los que entreguen a Maduro, aunque sea para cobrar la millonaria recompensa. Sin embargo, estimo que a esta estrategia le falta algo que solo EE. UU. puede proporcionar y para lo cual se necesita que la oposición a Maduro se defina al respecto, ya que bastaría que la democracia firme los tratados internacionales de derechos humanos para que militares y policías que cometieron crímenes, estos sean considerados de lesa humanidad, imprescriptibles y no sujetos a indulto, problema que ha estado presente en varias de las transiciones a la democracia en la región.

Por otra parte, creo que en relación con Cuba sigue predominando en Washington un temor a que la caída de la dictadura genere una situación tal, que no puedan evitar la llegada de cientos de miles de refugiados desde la isla a Miami, ya que todavía predominan imágenes de aquellos que fueron transportados el siglo pasado por sus familiares, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses, en barcos privados que llegaron a buscarlos a Mariel.

En todo caso, mi impresión es que, si hay un fin de la dictadura castrista, por sus características especiales de ahogo de todo espacio para la oposición, por menor y marginal que sea, no va a ser la transición tradicional que ha tenido lugar en la región, ni siquiera la venezolana, ya que se carece de un gobierno legitimado en una elección reciente, sino que creo que va a ser un reventón semejante a la Rumania de Nicolae Ceausescu, que quizás tenga un origen similar al acto masivo convocado por el propio régimen, donde la multitud reaccionó en contra del propio dictador, culminando todo en un intento de huida, y el posterior derrocamiento y ejecución del dictador y su esposa en Navidad por parte de militares.

¿Cumplirá un rol semejante el ejército cubano? Lo dudo. En Venezuela los generales integran el Cartel de los Soles, y en Cuba, son o parte del Comité Central o manejan las inversiones y las divisas al igual que las inversiones extranjeras, por lo que hay también corrupción. Por lo demás, Cuba ha sido no solo la dictadura original que inició y aún hoy maneja la guerra híbrida contra la democracia en países iberoamericanos como también contra EE. UU. Latinoamérica sufrió la guerrilla en los 60 como también la alianza entre Lula y Chávez creó el Foro de Sao Paulo para que sobreviviera la revolución cubana en condiciones del periodo especial de los 90. Venezuela sigue siendo dominada por La Habana, ya que aún hoy las decisiones importantes son desde allí tomadas.

Por lo demás, hay evidencia que, en el tema de la droga, la participación cubana se retrotrae a los 80 y 90, en el vínculo que estableció el Cartel de Medellín con Fidel y Raúl Castro, como también los tuvo en Panamá con el sandinismo, además de la conocida relación con Manuel Antonio Noriega, capturado en la invasión a Panamá en 1989.

El rol de la isla está relatado por quien estableció esa relación entre Pablo Escobar y los hermanos Castro, el ex narcotraficante Carlos Lehder, narrado en su libro, “Vida y muerte del cartel de Medellín”, hechos que por lo demás le costaron la vida al coronel Tony de la Guardia, a quien la dictadura cubana fusiló en julio de 1989, acusado de “narco”, aunque todo indica que fue un juicio arbitrario.

En todo caso, la reciente publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional 2025, da a entender que hoy EE. UU. está disponible por vez primera desde la instalación de misiles soviéticos en los 60, para una actitud más agresiva hacia la dictadura, toda vez que los acuerdos posteriores al retiro de esos misiles consagraron el principio que Washington no haría nada para derrocar al régimen de La Habana.

Hasta ahora, ya que esa Estrategia marca un cambio de EE. UU. en relación no solo a las drogas, sino además a la protección de su propio territorio como también frente a las dictaduras venezolana y cubana, aunque por ahora no se consulta la intervención militar, pero sí máximo apremio para que colapsen desde adentro.

Esta posición de EE. UU. coincide con un cambio de gran importancia en Latinoamérica, donde se registra un indudable giro hacia la derecha, reflejado en elecciones de Argentina, Ecuador, Chile, Honduras y otros países, que indudablemente va a tener un impacto en relación a las dictaduras, cuyo aislamiento será reforzado si hay victorias de la derecha el próximo año en Colombia y Brasil, permaneciendo México como excepción, aunque seguramente los carteles que controlan buena parte de ese país van a recibir fuertes presiones.

Ello coincide con otras dos situaciones que tienen relación específica con Cuba, toda vez que la decadencia total que vive ese país es diferente a crisis pasadas, en el sentido que es total en su dramatismo, por lo que la primera situación es tanto política como ideológica, toda vez que el respaldo a esa revolución comienza a ser incómodo para quienes fueron siempre defensores automáticos, como la izquierda latinoamericana o el socialismo español. Sin embargo, algo falta todavía, ya que sigue siendo así para generaciones más antiguas como Lula, pero los nuevos líderes del progresismo tampoco rompen todavía con la revolución cubana, tal como lo ejemplifica el chileno Boric quien se ha distanciado de Maduro, pero de su boca no ha salido todavía crítica alguna para La Habana (aunque tiene abundantes descalificaciones para la Nobel María Corina Machado). Falta todavía, pero el proceso ya se inició, ya que a esos sectores les va a ser difícil criticar a gobiernos democráticos y al mismo tiempo defender lo que sigue ocurriendo en la isla.

El segundo elemento tiene que ver con el colapso económico y no solo su pésima gestión, sino también que ahora la dictadura parece incapaz de adaptarse a un escenario de realidades internacionales cambiantes. En el pasado, fueron capaces de sobrevivir al fin de la ex URSS, pero ahora no parecen demostrar capacidad de acomodo, por lo que se incrementa su vulnerabilidad.

Ejemplo de ello es lo que ocurre con la incompetencia demostrada por el Grupo de Administración Empresarial S. A. (GAESA), cuyo modelo de gestión cuasi militar, controlando más del 70% de la economía y el 95% de las finanzas nacionales, muestra una centralización que jamás poseyó ninguna de las abundantes dictaduras militares que predominaron en el siglo XX en la región. Por lo tanto, el empobrecimiento de la población tiene un responsable que no solo tiene las características de la nomenklatura del partido único, sino que aparece claramente como una nueva oligarquía, otra razón para la defensa cada vez más difícil de una revolución que devino en oligarquía militar.

A diferencia de China y al igual que Corea del Norte, el modelo impide la existencia de un verdadero sector privado, además que Cuba no paga lo que debe, más la caída del turismo y el lastre que significa una deuda externa impagable no han hecho sino profundizar la crisis, todo lo cual ha aumentado el foso que separa al régimen de la sociedad. Si a eso se le suma la pérdida del miedo que se nota en las calles, todo ayuda a que la actual situación no parezca pasajera sino estructural, de casi imposible superación.

Para el exilio, la tarea parece ser entender el proceso de transición inédito que puede vivir Cuba, comprender para apoyar de la mejor manera a las nuevas generaciones que parecen movilizarse en búsqueda de la libertad como concepto emancipador individual, y prepararse para cuán difícil será reconstruir Cuba después del daño que se le ha hecho, con todas las ambigüedades y claroscuros que pueden aparecer en la etapa posdictatorial.

@israelzipper

Máster y Dr. (PhD) en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó que aún queda trabajo pendiente para asegurar que la sociedad española comprenda plenamente la gravedad del régimen franquista y su impacto en la historia reciente. Según informó el medio, Álvarez centró su intervención en la importancia de la memoria histórica durante la ceremonia de entrega de los Premios Anastasio de Gracia, organizada por la Fundación Manuel Fernández 'Lito'. En este contexto, el líder sindical expresó que, a pesar de haber transcurrido cincuenta años desde la muerte de Francisco Franco, en España persiste el reto de transmitir a las nuevas generaciones el significado de la dictadura y el valor de las libertades actuales.

De acuerdo con el medio, Pepe Álvarez dedicó parte de su discurso a valorar el vídeo difundido recientemente por Juan Carlos I, en el que el exmonarca reivindicaba su papel en la transición y pedía apoyo para el actual rey Felipe VI. Sobre este contenido, Álvarez respondió de manera tajante: "Él no es ejemplo de nada en nuestro país. Eso sin lugar a dudas", refiriéndose a la figura de Juan Carlos I. Esta declaración fue recogida por el medio en el marco de un acto que también contó con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El medio detalló que la crítica realizada por Álvarez se enfocó principalmente en cuestionar la legitimidad moral del rey emérito para reclamar reconocimiento sobre el proceso de transición y el papel de la monarquía, en momentos en que continúan los debates sobre la memoria democrática en España. Juan Carlos I, en su mensaje, había solicitado reconocimiento para los esfuerzos realizados por la monarquía y expresó una petición de apoyo para el actual monarca: "respaldo para el Rey Felipe VI en su duro trabajo de unir a los españoles", según consignó el medio.

Pepe Álvarez, según reportó el medio, marcó distancia respecto a esa solicitud y defendió la importancia de recordar que los logros democráticos y los derechos sociales actuales no surgieron de concesiones de las instituciones tradicionales, sino como resultado de la movilización social y la recuperación de la democracia posterior al franquismo. El dirigente subrayó que resulta fundamental valorar esos avances desde la perspectiva de una sociedad que atravesó un proceso de transición que implicó la conquista de libertades y derechos tras un largo periodo de dictadura.

Tal como publicó el medio, el secretario general de UGT vinculó la falta de conciencia histórica en parte de la juventud española con el riesgo de desvalorizar los logros actuales en materia de libertades y convivencia democrática. Álvarez insistió en que la sociedad debe trabajar para que las nuevas generaciones comprendan la magnitud de lo que representó la dictadura y el esfuerzo colectivo realizado para alcanzar la situación democrática presente.

El discurso de Álvarez, según consignó el medio, incluyó además un llamado a fortalecer el respeto y la aceptación de la diversidad de opiniones como elementos imprescindibles para la convivencia. El sindicalista remarcó: “O nos reconocemos y nos queremos como somos cada uno, desde su perspectiva, desde su manera de pensar, pero respetando al vecino, o va a ser muy difícil la convivencia en nuestro país”. Esta apelación al respeto mutuo y a la pluralidad se presentó como parte central de su defensa de los valores democráticos.

La ceremonia en la que se produjeron estas declaraciones sirvió también como escenario para la entrega de reconocimientos por parte de la Fundación Manuel Fernández 'Lito', y reunió a diversas figuras de la vida pública, entre las que se encontraba el presidente Pedro Sánchez. Según informó el medio, el acto reflejó la importancia de los debates en torno a la memoria histórica, la transición y el papel de la monarquía, elementos que ocuparon un lugar destacado tanto en las intervenciones como en los reconocimientos entregados.

Dentro de este marco, Pepe Álvarez subrayó la obligación de mantener viva la memoria sobre el pasado dictatorial, insistiendo en que solo a través del conocimiento y la valoración de la historia se pueden preservar y fortalecer los fundamentos democráticos de España. El dirigente sindical concluyó su participación, recogida por el medio, recordando que la aceptación de la diversidad y el respeto al otro constituyen la base para la continuidad de un proyecto democrático.