El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, reconoció que el régimen desconoce el resultado de las transformaciones en marcha, definidas por las autoridades como el mayor proceso de reformas económicas desde la década de 1960. “No sabemos cuál será el resultado, pero tenemos que hacer algo para cambiar la realidad actual”, afirmó en una entrevista con el programa estadounidense Breaking Points, según informó CiberCuba, sitio de noticias cubano con sede en Miami.

El funcionario sostuvo que la isla atraviesa una modificación profunda de su estructura social y económica, con un papel más amplio para el mercado y las actividades privadas. Las medidas avanzan mientras persisten la inflación, los problemas de abastecimiento, el deterioro de los servicios públicos, la crisis energética y la emigración.

Fernández de Cossío explicó que las autoridades discutieron durante al menos 15 años la aplicación de cambios de este tipo. Según su versión, el régimen esperó condiciones más favorables para avanzar, aunque luego concluyó que ese escenario no llegaría. “Tenemos que hacerlo ahora”, señaló.

El paquete incluye 176 transformaciones para ampliar el espacio privado

En junio de 2026, el régimen aprobó 176 transformaciones económicas que contemplan una mayor flexibilidad para las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como mipymes. El programa también prevé la posible creación de instituciones financieras y casas de cambio privadas, además de inversiones extranjeras relacionadas con actores no estatales.

La iniciativa retoma debates iniciados durante el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), celebrado en 2011. En aquel encuentro se aprobaron los Lineamientos de la Política Económica y Social, que propusieron una actualización del modelo mediante un espacio acotado para formas de gestión no estatales y mecanismos de mercado.

Varias de esas disposiciones tuvieron una aplicación parcial o quedaron pendientes y 15 años después, las autoridades cubanas buscan acelerar la apertura de actividades privadas sin alterar el control político del PCC sobre el proceso.

El dictador Miguel Díaz-Canel rechazó que las medidas representen una transición hacia el capitalismo. Según el político, el objetivo consiste en preservar el sistema socialista mediante instrumentos económicos distintos a los utilizados durante décadas. En julio, afirmó que el país debía avanzar hacia una forma propia de socialismo.

Díaz-Canel admitió inquietudes por los cambios

La expansión del mercado generó cuestionamientos en sectores vinculados a la dictadura. Militantes comunistas, dirigentes juveniles e intelectuales han expresado reparos por el crecimiento de la propiedad privada, la acumulación de capital y la posibilidad de que aumenten las desigualdades sociales.

Díaz-Canel admitió que existen preocupaciones por la concentración de riqueza, el crecimiento del capital privado y los riesgos de corrupción. También mencionó temores sobre una eventual privatización de empresas estatales y sobre el peso que podría adquirir el mercado en la vida económica de la isla.

Fernández de Cossío afirmó que personas con formación y posiciones relevantes en Cuba observan el proceso con preocupación. No obstante, señaló que, a su juicio, esos sectores comprenden que buscan responder a una realidad económica cada vez más compleja.

El viceministro presentó la supuesta apertura como una vía para modificar la situación interna y anticipó normas adicionales para dar mayor previsibilidad a los negocios. Además, sostuvo que las dificultades para ejecutar las reformas estuvieron condicionadas en parte por la política de Estados Unidos hacia la isla.

La dictadura cubana insiste en que las transformaciones económicas no responden a exigencias de Washington, sino a la necesidad de afrontar la crisis interna. Mientras prepara nueva legislación, el régimen mantiene abierta la principal incógnita sobre las reformas: cuál será el resultado de una apertura económica que promete ampliar el sector privado pero bajo la supervisión del Partico Comunista.

Nicaragua atraviesa la etapa final de un proceso de desmantelamiento electoral que, según análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), se consolidó mediante fraude, violencia política, control institucional y manipulación del padrón desde 2008. La reciente declaración de Daniel Ortega de que no habrá más elecciones representa, en esta lectura, la culminación de años de violaciones sistemáticas al derecho ciudadano de elegir a sus gobernantes.

El deterioro no comenzó con el anuncio del 19 de julio, cuando Ortega afirmó públicamente que enviaría reformas para eliminar los comicios. La pérdida de condiciones electorales competitivas se remonta a los pactos políticos e institucionales que facilitaron el retorno del Frente Sandinista al poder en 2007 y permitieron al oficialismo consolidar influencia sobre el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Corte Suprema de Justicia y otros poderes del Estado.

El pacto Ortega-Alemán de 2000 marcó un punto de inflexión. Además de reducir el porcentaje de votos necesario para ganar la Presidencia en primera vuelta, abrió la puerta a un reparto de cargos en instituciones clave. Ortega volvió al Ejecutivo con un porcentaje mínimo de votos y con magistrados afines en organismos decisivos para la administración electoral y la interpretación constitucional.

Las elecciones municipales de 2008 fueron, de acuerdo con el análisis de la revista Perspectivas publicado por el CETCAM, el primer gran ensayo de control electoral bajo el nuevo gobierno. Aquellos comicios estuvieron señalados por denuncias de fraude, falta de transparencia y una fuerte violencia política contra opositores y ciudadanos que exigían resultados verificables. Grupos de choque vinculados al oficialismo participaron en agresiones e intimidaciones, mientras las autoridades electorales fueron cuestionadas por la ausencia de garantías y mecanismos independientes de observación.

Desde entonces, las irregularidades dejaron de limitarse a las mesas de votación y al conteo de boletas. El sistema fue incorporando mecanismos más amplios de control: manipulación del padrón electoral, obstáculos para la inscripción de votantes, uso de recursos estatales, presión sobre empleados públicos, compra de votos, amenazas y cancelación de personerías jurídicas de partidos opositores.

Los datos del proyecto V-Dem reflejan ese retroceso. Nicaragua pasó de un indicador de transparencia electoral de 0.65 en 1990 a 0.14 en 2025, en una escala donde 1 representa el mayor nivel de transparencia. El indicador incluye la ausencia de fraude, irregularidades sistemáticas, intimidación gubernamental contra la oposición, compra de votos y violencia electoral, prácticas documentadas repetidamente en el país desde 2008.

La ruta autoritaria se profundizó en los procesos posteriores. En 2011, Ortega logró reelegirse tras una resolución judicial que dejó sin efecto la prohibición constitucional de reelección presidencial continua. Más tarde, la reforma constitucional de 2014 eliminó formalmente esa restricción y suprimió el balotaje. Para entonces, el oficialismo ya había avanzado en el control de alcaldías y del Poder Legislativo.

Las elecciones municipales de 2012 confirmaron nuevas modalidades de fraude desde el aparato electoral, junto con el uso partidario de recursos públicos y la violencia contra sectores críticos. En 2016, la designación de Rosario Murillo, esposa de Ortega, como vicepresidenta formalizó la dimensión dinástica del proyecto político.

El proceso electoral de 2021 evidenció el cierre casi total de la competencia. En medio de la crisis iniciada por las protestas de 2018, el régimen encarceló a siete aspirantes presidenciales opositores y a numerosos dirigentes sociales y políticos. También canceló la personería jurídica de organizaciones partidarias y forzó al exilio a cientos de personas. Sin opciones reales en la boleta y bajo un ambiente de vigilancia y temor, la abstención fue masiva.

Entre 2024 y 2025, nuevas reformas constitucionales concentraron aún más el poder en la Presidencia, crearon dos copresidencias y limitaron la postulación de personas consideradas “traidoras a la patria”. La anunciada extensión de los períodos de autoridades públicas a siete años renovables terminaría de anular cualquier posibilidad de alternancia.

Para CETCAM, el fin formal de las elecciones no constituye un hecho aislado, sino el último paso de una estrategia sostenida durante casi dos décadas: sustituir el voto libre por un sistema de control, amenazas y obediencia política.

Las 30 personas afectadas por una intoxicación alimentaria en Pedro Betancourt, Matanzas, recibieron el alta médica tras haber consumido platos elaborados en un negocio privado del poblado. El episodio ocurrió en una provincia que ya registraba brotes de hepatitis y enfermedades gastrointestinales, en un país donde los apagones dificultan la conservación segura de alimentos.

Los pacientes llegaron el viernes de forma masiva al policlínico local con vómitos, diarreas y decaimiento. La Dirección General de Salud de Matanzas informó que desde el sábado permanecían en sus hogares y en buen estado de salud, sin casos graves ni fallecimientos, según una publicación de CiberCuba.

El establecimiento había preparado arroz amarillo con embutidos y pollo en salsa, los dos alimentos vinculados al brote. Especialistas del Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología provincial iniciaron una investigación para establecer las causas exactas de la intoxicación.

Once pacientes, trasladados a hospitales de mayor complejidad

El policlínico de Pedro Betancourt atendió a 30 personas y derivó a 11 pacientes a otros centros: ocho niños fueron trasladados al Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño y tres adultos, al Hospital de Jovellanos.

Una comunicación difundida el sábado contabilizaba al menos 22 niños y siete adultos afectados. De ese grupo, ocho menores y tres mayores habían sido remitidos para atención especializada, mientras el resto permanecía bajo observación, informó EFE.

Los estudios sobre los alimentos demorarán al menos cinco días porque incluyen cultivos para identificar el origen de la intoxicación. Hasta que concluyan esos análisis, las autoridades no determinaron qué agente provocó los síntomas.

El antecedente más reciente de intoxicación alimentaria masiva en Cuba ocurrió a finales de agosto en Santiago de Cuba, donde 52 personas requirieron atención médica y 18 fueron hospitalizadas. El año anterior, una joven de 25 años y una niña de cinco murieron en La Habana tras consumir alimentos cocinados con sal de nitro en lugar de sal común.

Apagones y fallas de refrigeración, agravantes del brote

La situación sanitaria de Matanzas ya había sido calificada como compleja por los brotes activos de hepatitis y trastornos gastrointestinales. A comienzos de septiembre, la Embajada de Estados Unidos en La Habana alertó sobre un aumento de enfermedades diarreicas en todo el país y vinculó el problema al deterioro de las redes de agua y energía. La representación diplomática identificó patógenos como E. coli, norovirus y Shigella.

Los apagones prolongados comprometen la cadena de frío de los alimentos perecederos y elevan el riesgo de contaminación, en particular en establecimientos privados de gastronomía.

La escasez de productos básicos y los altos precios también llevan a parte de la población a adquirir alimentos en el mercado informal o en comercios locales afectados por las interrupciones de refrigeración. Cuba atraviesa una crisis energética desde 2024, con cortes eléctricos que afectan también a hospitales, la recolección de residuos y otros servicios.

La Dirección de Salud de Matanzas recomendó mantener estrictas medidas de higiene durante la elaboración y el consumo de alimentos, y acudir de inmediato a un centro sanitario ante síntomas como vómitos o diarrea.

La foto de ocasión fue tomada el 20 de septiembre de 1984 en el Salón Blanco de la Casa Rosada y muestra a Raúl Alfonsín con expresión reconcentrada y a Ernesto Sábato con los ojos ocultos detrás de un par de anteojos de cristales oscuros y su sempiterno gesto adusto grabado en el rostro. En la imagen, el escritor le entrega al presidente los dos volúmenes que contienen el informe elaborado por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), un organismo creado por el propio mandatario para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. La democracia recién recuperada en la Argentina tenía menos de un año de vida y el clima político de entusiasmo que reinaba en el país no estaba exento de temores. El contenido del informe reflejaba la naturaleza espeluznante de la barbarie de la dictadura: documentaba, a través de miles de testimonios recogidos durante meses, la existencia de 340 centros clandestinos de detención y 8961 casos de desapariciones. Y era apenas la punta del iceberg de las consecuencias del plan sistemático de desaparición de personas que habían organizado y perpetrado las Fuerzas Armadas en un pasado demasiado reciente.

El radical Raúl Alfonsín había llegado a la presidencia el 10 de diciembre del año anterior, tras ganar unas elecciones en cuya campaña la propuesta de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en la represión ilegal perpetrada por los militares había dividido las aguas entre los dos partidos históricos del país: mientras el candidato de la UCR prometía investigarlos a fondo y juzgar a los responsables, el postulante del peronismo, el ex presidente provisional Ítalo Argentino Luder, sostenía que la “ley de autoamnistía” promulgada por la dictadura poco antes de retirarse tenía validez legal y que era imposible volver atrás en el asunto. En otras palabras, que los represores quedarían impunes.

La conformación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas que Alfonsín había creado por decreto apenas cinco días después de asumida la presidencia, reflejaba también esa partición con un dato clave: entre sus integrantes no había un solo representante del peronismo, porque el partido se había negado a participar de ella. La Conadep estaba integrada, entre otros, por la madre de un desaparecido, Graciela Fernández Meijide; por el obispo Jaime de Nevares, que se había enfrentado a una jerarquía eclesiástica colaboradora de la dictadura; por un rabino, Marshall Meyer, y por un pastor evangélico, Carlos Gattinoni-, ambos luchadores por los derechos humanos; por dos académicos muy prestigiosos como Gregorio Klimovsky e Hilario Fernández Long; y por la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, que desde Radio Continental se había atrevido a denunciar los crímenes de los dictadores.

La presidencia de la Comisión había quedado en manos del escritor Ernesto Sábato, quien poco después de asumir Jorge Videla aceptó participar de un almuerzo con el dictador pero que luego se convirtió en un fuerte opositor. Por un tiempo había participado también el cardiocirujano René Favaloro, quien renunció porque se opuso a que esa comisión no recibiera las denuncias de los crímenes de la Triple A cometidos durante el gobierno de Juan Perón y, sobre todo, de María Estela Martínez de Perón. Había además cuatro militantes radicales: el filósofo Eduardo Rabossi y los diputados Horacio Huarte, Santiago López y Hugo Piucill.

La contradicción peronista

La negativa del peronismo a integrar la Conadep encerraba también una paradoja, porque un número muy importante de militantes del movimiento creado por Juan Domingo Perón había sufrido la salvaje persecución de la dictadura, muchos habían sido encarcelados, otros debieron partir al exilio y miles estaban desaparecidos. Las razones que los distintos sectores del partido esgrimían para no participar también eran diversas. No había respuestas simples para explicar la posición, compartida – aunque por motivos diferentes – por el amplio abanico de posiciones que tenía el justicialismo.

Dos días antes de la creación de la Comisión, el martes 13 de diciembre, Alfonsín había firmado otro decreto, el 157, que promovía la acción penal no solo contra las juntas militares que gobernaron el país desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, sino contra “las cúpulas de las organizaciones guerrilleras” que actuaron “desde el 25 de mayo de 1973”. Eso significaba que Mario Firmenich y otros dirigentes montoneros, así como Enrique Gorriarán Merlo, dirigente del PRT-ERP, tendrían pedido de captura en forma inmediata. Ese decreto materializaba la llamada “teoría de los dos demonios” con la cual el líder radical pretendía posicionarse lejos de la violencia política de los años precedentes. La izquierda del movimiento - representada en Intransigencia y Movilización Peronista desde fines de 1982 - denunció la política de Derechos Humanos como una maniobra del nuevo gobierno.

El panorama se complejizaba más todavía porque si la Conadep provocaba el rechazo de la izquierda peronista, a la derecha del movimiento justicialista le costaba mucho más digerirla. Ítalo Luder, que había sido presidente interino entre septiembre y octubre de 1975 por “el pedido de licencia” de la viuda de Perón, era el firmante de los “decretos de aniquilamiento” de las organizaciones armadas, convertidos en el prólogo del golpe de Estado de 1976. El ala derecha del peronismo también cargaba con la responsabilidad del accionar de la Triple A y de otros grupos parapoliciales que habían actuado protegidos por el gobierno para eliminar adversarios, promover el exilio de opositores y aterrorizar a la población. La propia Conadep, en su informe final, consignó que cientos de personas habían sido asesinadas por la Triple A y otros grupos parapoliciales, como la Concentración Nacional Universitaria (CNU), responsable de más de cien asesinatos en La Plata y Mar del Plata.

Para 1983 la situación interna en el justicialismo había cambiado y los diferentes sectores del peronismo que se habían enfrentado de manera sangrienta en primera mitad de la década de los ’70 habían encontrado un punto en común cuando la dictadura se embarcó en la guerra de Malvinas. La recuperación de las islas era una reivindicación histórica de todo el país y una bandera fuerte para el peronismo. Por eso, en los febriles y vertiginosos meses de abril a junio de 1982, las diferencias internas que hasta entonces lo habían dividido se apaciguaron. Desde vertientes irreconciliables se compartía sin embargo la idea de la “unidad de los combatientes por la Patria”, una denominación que acercaba posiciones entre la derecha de Guardia de Hierro, no pocos dirigentes montoneros y también muchos militares de rangos intermedios que luego fueron líderes carapintadas.

El miedo y el Nunca más

Además de las posiciones divergentes de los dos partidos mayoritarios frente a la investigación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas hubo otro elemento que significó una suerte de límite para su accionar. La teoría de los dos demonios, que equiparaba el accionar de las organizaciones político-militares del peronismo y la izquierda con el terrorismo de Estado perpetrado por la dictadura, hizo que muchos posibles denunciantes prefirieran no presentarse, mientras que otros lo hicieron tomando muchos recaudos y no sin desconfianza.

En ese contexto difícil, los organismos de derechos humanos, la mayoría de ellos integrados por familiares directos de los desaparecidos, aportaron todos los datos que habían registrado en años de resistencia. En eso hicieron punta las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, que para entonces habían hecho conocer al mundo los crímenes de la dictadura. Sin embargo, cuando los sobrevivientes y los familiares de los desaparecidos iban a la sede del teatro San Martín, donde funcionaba la comisión, a concretar las denuncias, omitían la pertenencia política de las víctimas, la mayoría enrolados o simpatizantes de organizaciones revolucionarias. Lo hacían no solo por la persistencia del terror reinante – no se descartaba por entonces que las Fuerzas Armadas intentaran volver a atentar contra la democracia - sino por el decreto del 13 de diciembre que ordenaba enjuiciar a militantes montoneros o del PRT-ERP. Existía el temor que una denuncia de violación de derechos humanos terminara siendo un búmeran que permitiera iniciar causas penales a las víctimas.

Con el correr del tiempo, la política de derechos humanos de Alfonsín, sin aliados, cedió ante las presiones militares, que llegaron a su punto más alto con los dos primeros levantamientos de los “carapintadas”. Como resultado, el gobierno radical presentó y logró hacer aprobar las llamadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que garantizaron la impunidad de la enorme mayoría de los participantes del plan sistemático de represión ilegal y significaron un claro y penoso retroceso en materia de derechos humanos.

Sería entonces el peronismo – el mismo partido que se había negado a integrar la Conadep –, ahora desde el gobierno, el encargado de retomar el camino institucional de la Memoria, la Verdad y la Justicia en la Argentina. Por iniciativa de Néstor Kirchner, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron derogadas en agosto de 2003 por el Congreso Nacional y dos años más tarde, el 14 de junio de 2005, la Corte Suprema las declaró inconstitucionales.

Publicado en 1984 con el título Nunca más, el informe de la Conadep se convirtió en un testimonio escalofriante de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura. La primera edición, de Eudeba, fue de 40 mil ejemplares y se agotó la misma noche de su salida a las librerías. La editorial universitaria hizo cinco nuevas ediciones en solo un mes y las ventas superaron los cien mil. Al año siguiente, la investigación de la Comisión sirvió de base para que el fiscal Julio César Strassera y su equipo de colaboradores seleccionaran los testigos que presentaron en el histórico juicio a las juntas militares.

En el patio de una vivienda de El Cajama, una comunidad del municipio habanero de La Lisa, Yoandra Casalis y Manuel González encontraron una vía doméstica para enfrentar la escasez de alimentos: convirtieron un terreno cubierto de maleza en un huerto que aporta alimentos a su mesa y a familias vecinas.

Cada tarde, al volver de sus trabajos, la pareja atiende los cultivos. En el espacio producen plátanos, ajíes, cebollinos, guanábana, chirimoya, anón, fruta bomba, calabaza y cerezas. Una parte se destina al consumo del hogar y otra llega a residentes del edificio y de la zona que necesitan alimentos frescos.

“El patio lo tenemos mucho mejor”, contó Casalis a la agencia Xinhua. Antes, dijo, el terreno estaba cubierto por hierbas altas. Ahora, la familia obtiene cebollín y cilantro para preparar sus comidas, una reducción de gastos que adquiere valor ante el deterioro del poder de compra de los hogares cubanos.

Un patio que reduce gastos y abastece a los vecinos

El huerto no surgió sobre tierra fértil. Manuel González explicó que el suelo contenía rellenos procedentes de obras de construcción. Para comenzar a sembrar, trasladó tierra y materia orgánica hasta el patio. Con el tiempo, la parcela empezó a dar resultados y se convirtió en un apoyo para la economía familiar.

La experiencia refleja una respuesta cotidiana de muchos cubanos ante la falta de productos y los altos precios. Los patios, balcones, parcelas y espacios compartidos se transformaron en fuentes de vegetales, condimentos y frutas que permiten complementar una dieta cada vez más difícil de sostener con los ingresos disponibles. González distribuye parte de la cosecha entre los apartamentos del edificio donde vive.

La agricultura urbana, suburbana y familiar comenzó a desarrollarse en Cuba a fines de 1987. El programa busca aprovechar terrenos en ciudades y periferias para producir alimentos cerca de los consumidores. Según el reporte de Xinhua, existen más de 1 millón de patios y parcelas vinculados a esa iniciativa en la isla.

Datos oficiales citados por la agencia indican que esos espacios pueden alcanzar 20 kilogramos de material vegetal utilizable por metro cuadrado al año, sin químicos sintéticos. En algunas de las principales ciudades, las fincas urbanas aportan una parte de los vegetales frescos que llegan a la población.

La crisis alimentaria obliga a modificar hábitos de consumo

El recurso a la siembra doméstica ocurre en un escenario de restricciones que afecta a la mayor parte de la población. Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) señaló que ocho de cada diez cubanos dejaron de consumir al menos una de las comidas diarias durante los seis meses previos a su publicación, debido a la falta de dinero o de alimentos.

La situación alcanza con mayor fuerza a las personas mayores. El estudio indicó que nueve de cada diez cubanos de más de 61 años se habían saltado el desayuno, el almuerzo o la cena en ese período. Solo el 19% de los encuestados afirmó que no había tenido que omitir ninguna comida.

El sondeo realizado en 79 municipios mostró que el 63% de los hogares consultados declaró dificultades para comprar bienes esenciales y el 68% informó ingresos mensuales inferiores a 20,001 pesos cubanos. El observatorio estimó que esa suma se ubicaba por debajo de su cálculo de subsistencia para un hogar de tres integrantes.

La pérdida de valor del peso cubano, la inflación, la escasez de productos básicos y las limitaciones de la canasta subsidiada han empujado a las familias a ajustar sus consumos. En ese contexto, cultivar condimentos, frutas o vegetales en casa evita algunas compras y aporta variedad a una alimentación marcada por la incertidumbre.

El 94% de los encuestados vive en extrema pobreza

Otro informe del OCDH, difundido recientemente, estimó que el 94% de los cubanos vive en extrema pobreza, según los estándares utilizados por la entidad. El documento se elaboró a partir de 1,318 entrevistas realizadas en julio a residentes de la isla.

Los apagones encabezaron la lista de problemas que los encuestados consideraron urgentes, seguidos por la crisis alimentaria y el costo de vida. También aparecieron la situación sanitaria, los salarios, la inseguridad, el deterioro de las viviendas y las dificultades de acceso a medicamentos.

Para familias como la de Casalis y González, el patio funciona como una reserva alimentaria de pequeña escala. La pareja no depende por completo de la cosecha, pero el cultivo de cebollín, cilantro, calabaza o fruta bomba permite reducir la necesidad de acudir al mercado y, en ocasiones, compartir alimentos con quienes viven cerca.

El huerto de La Lisa muestra una práctica extendida en barrios cubanos: aprovechar cualquier superficie disponible para producir una parte de lo que falta en la mesa. En una economía donde la capacidad de compra se redujo para amplios sectores, la tierra detrás de una casa puede convertirse en una herramienta de subsistencia para los cubanos.

La dictadura de Somoza fue nefasta para Nicaragua. La transición posterior Sandinista dejó en el debe muchos aspectos sociales y políticos que eran necesarios para la libertad del país. Todo ello parecía quedar atrás con la victoria electoral de Violeta Chamorro en 1990. Varios factores contribuyeron a ello, incluido el poderoso movimiento democratizador en Nicaragua y otros países. La inestabilidad positiva que sacudió la región en la década de 1980 y que llevo al fin de las dictaduras regionales dio una dimensión internacional a la democracia, a la justicia y a los derechos humanos. En esa época se afirmaron fenómenos como la pérdida de poder dictatorial ya sea interna o internacionalmente, lo que llevo que a través de elecciones y un creciente interés entre las masas —especialmente los jóvenes— por el cambio político la democracia ganara terreno rápidamente. Así como la década de 1970 estuvo marcada por la represión y la violencia, la década siguiente mostro a Latinoamérica inmersa en una verdadera revolución democratizadora. De todas maneras Nicaragua nunca terminó de democratizarse completamente dado algunas instituciones jamás fueron asimiladas por la democracia, por ejemplo, el ejército siguió siendo el ejército de un partido y no una institución de la democracia.

Los revolucionarios democratizadores de esa época eligieron a liderazgos moderados de políticos con profundas convicciones democráticas y demostraron al mundo que defendiendo las ideas en un marco de pluralidad se era capaz de implementarlas sin tener que jugar al todo o nada. Si bien la revolución democratizadora triunfó por completo durante esa década, los conceptos de responsabilidad y derechos humanos -memoria, verdad, justicia- tuvieron que esperar en las esferas social y política de varios países. La excepción a esto fue el juzgamiento de la junta dictatorial en Argentina. El impacto de esta fuerza democratizadora (me niego a llamarla “ola”) fue absoluta, tambien Ortega entregó el poder en el final de la guerra fría tras perder una elección, la propia guerra fría fue víctima de la fuerza democratizadora cuando la misma llegó a la URSS y a Europa del Este.

Un movimiento revolucionario democratizador como el de los 80s no surge únicamente de las acciones de uno o más líderes; más bien, los liderazgos simplemente dan forma clara a las ideas y aspiraciones de la gente que prevalecen en un momento dado. La generación que luchó contra las dictaduras no necesitó un líder designado que la guiara, ello ocurrió porque presenció y sufrió directamente la persecución, las desigualdades, las injusticias y las destructivas condiciones de vida cotidianas impuestas por los regímenes. Quedó demostrado tambien que, si incluso la democracia era derrotada por una represión militar, el riesgo de su resurgimiento persistía y era cada vez más fuerte, y terminaría imponiéndose en prácticamente cualquier contexto. Salvo que la represión misma y la profundidad de la crisis/fracaso económica y social terminaran aplastando la positividad del contexto como sucedió en Cuba. Es la fórmula que luego aplicaron Ortega y Maduro.

Pero tiempo después empezó la des-transición. En abril 2018 los nicaragüenses salieron a la calle para protestar por una reforma fiscal, pero fundamentalmente a protestar contra el Gobierno, sentían que necesitaban un cambio. En aquel entonces, los acontecimientos en Nicaragua se percibían como el colapso de la transición democrática, una predicción que el gobierno nicaragüense había respaldado con actuaciones de contenido autoritario durante mucho tiempo. Sin embargo, el gobierno no creía que esto conduciría al surgimiento de nuevas estructuras políticas o soluciones de compromiso, pero luego todo el proceso fue encaminándose hacia una lógica de todo o nada que como siempre ocurre terminó en mucha nada para todos. No hay forma de no sentirse decepcionado por el proceso y como el mismo fue patológicamente cayendo en el peor de los abismos, una dimensión tiránica de muy poco interés para la comunidad internacional a pesar de la ardua militancia opositora nicaragüense.

Si hay algo que es fácil es repartir culpas al respecto, porque hay culpabilidad de sobra, pero esto no lleva a ningún lado como quedó demostrado en el mismo 2018, 2019, 2020 hasta que el monologo de la dictadura oscureció completamente a Nicaragua. A mí me toco tambien, como era de izquierda y venia de un grupo político que había tenido mucha hermandad ideológica con el sandinismo, así fue como se creyó que en algún momento podía poner esa hermandad ideológica por encima de los principios de Democracia y Derechos Humanos, a pesar de que mi enfrentamiento con las otras dos dictaduras hemisféricas demostraba exactamente lo contrario. Los resultados que obtuvimos se fueron rápidamente por el drenaje: la instalación de dos mesas de diálogo y la liberación a comienzos de 2020 de 320 presos políticos (trabajo en el terreno de Luis Rosadilla) que no perdieron su nacionalidad, ni se tuvieron que ir del país. La represión y la confrontación se llevaron muy pronto todo eso. Y prácticamente allí terminó toda posibilidad institucional de trabajar por un proceso electoral libre, justo y transparente.

Se debe reconocer algo positivo, no hay nicaragüense opositor al régimen que haya abandonado la lucha. Todos siguieron luchando, aunque algunos más por el poder que por la democracia, quizás sintiendo que una cosa llevaba a la otra, pero esto nunca funciona así.

Aun así, un amplio sector de la clase política también quería pensar que el proceso tenía cierta continuidad electoral a pesar de que a esa altura no había ningún motivo para creer en esa posibilidad ya que los patrones autoritarios iban avanzando aceleradamente hacia la dictadura tiránica que terminó instalándose. Un grupo que compartía la visión de participación electoral viajo a Managua. Todos fueron presos. Y muchos más también.

Daniel Ortega, convencido de que estaba luchando por su vida, entendió que, para mantener su credibilidad interna, la de su base de poder, tenía que hacer purgas hacia adentro y hacia afuera y que estas ideas de represión necesitaban una ejecución exhaustiva. Se conoció entonces hasta donde estaba dispuesto a llegar Daniel como violador de Derechos Humanos en Nicaragua, prácticamente no había límites.

El Sandinismo no perduró, aunque el nombre se mantuvo prácticamente sin logica alguna en el Gobierno. Sus miembros habían o no abandonado la ideología antes o después del período de represión, pero lo que era seguro es que muchos habían abandonado a Ortega o al Gobierno o a ambos. La bandera Sandinista seguía como símbolo, pero, así como en los 70s y 80s era símbolo de lucha contra una dictadura se transformó en el símbolo de una dictadura.

Una dictadura encarnada por Daniel Ortega, un hombre tan versado en represión como en frialdad para ejercerla, y a Rosario Murillo, una líder más extravagante que Ortega, pero más firme aun a la hora de la represión interna y externa. En última instancia, han sido ellos quienes traicionaron de peor manera los ideales y sustituyeron los descensos en popularidad con una mayor violencia a la hora de las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Esta influencia de la cadena de mando represiva creció lenta pero constantemente, alcanzando picos demenciales en que prácticamente todo lo que existía socialmente se transformó en una amenaza para el régimen.

En 2026 especialmente luego del 3 de enero cuando Estados Unidos se lleva a Maduro, los nicaragüenses pensaron que lo mismo iba a pasar con Ortega-Murillo en forma inmediata. Posiblemente si esto hubiera ocurrido se hubiera fortalecido el caso de EUA como defensor de la democracia en el hemisferio. No obstante, la flota instalada en el Caribe se marchó para Irán sin ulteriores presiones ni en Cuba ni en Nicaragua.

Pero, así como en los 80s había una fuerza democratizadora expansiva, en la actualidad la democracia sufre por las dictaduras no resueltas y por la erosión que padece en los paises que aún no son dictaduras. En un clima como el actual de declive cívico, así como de erosión de la ética y de los valores observado en diversas democracias, surge un marcado deterioro que está llevando a paises y gobiernos en la dirección contraria; la situación es de opresión destructiva de la democracia y de futilidad sistémica deplorable. Todo ello simplemente refleja la desaprobación pública de políticas ineficaces, y/o refleja cómo las instituciones se transforman en opresoras y manipulan sus propias dinámicas de ineficiencia.

Pero ¿qué significa esto realmente para la democracia en Nicaragua? Simplemente quiere decir que el contexto general no es favorable, ni desde las dinámicas políticas internas ni internacionales ni las sociales. Así como en los 80s había enorme presión regional y subregional para forzar la democracia (Ortega tenia los puertos minados, los aviones pasándole arriba del país, un contexto subregional hostil, un movimiento guerrillero interno-es decir el libro completo de prácticas de la guerra fría-) al presente prácticamente no existe nada de esto.

Nunca podemos admitir que es imposible la democratización del país, aun cuando los análisis políticos a menudo tienen dificultades para ofrecer una perspectiva positiva, debemos siempre tener presente el “síndrome Maduro” y es que, de una u otra manera, toda situación puede cambiar en un momento debido a errores inducidos por el círculo cercano, así como errores propios no forzados, o necesidades de coyuntura nacional o internacional. No ocurre en automático y hay que trabajar mucho cada solución posible, pero a partir de allí se pueden lograr resultados positivos al respecto. Siempre sostuvimos que la justicia era la solución para la Venezuela de Maduro y la justicia tendrá que definitivamente jugar un papel en la solución para la Nicaragua de Ortega.

Luis Almagro/Instituto CASLA

El 17 de septiembre de 1980, el exdictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle murió en un atentado con lanza cohetes en Asunción, Paraguay, más de un año después de huir de Nicaragua tras el derrumbe de la dinastía familiar que gobernó el país durante 42 años.

La caída del régimen se había consumado el 17 de julio de 1979, cuando Somoza Debayle renunció a la Presidencia y partió al exilio en un avión privado rumbo a Miami. Llevó consigo los féretros de su padre y de su hermano, mientras dejó el poder de forma provisional en manos de Francisco Urcuyo Maliaños.

Urcuyo Maliaños intentó prolongar el régimen, pero abandonó Nicaragua un día después ante el avance de la guerrilla. El 19 de julio, las fuerzas del Frente Sandinista de Liberación Nacional entraron en Managua y establecieron la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.

La ofensiva sandinista y el aislamiento de la Guardia Nacional

La insurrección que desplazó a Somoza Debayle fue encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuyas tres facciones se unificaron a comienzos de 1979. En mayo de ese año inició la denominada Ofensiva Final, con la que tomó el control de gran parte del territorio nacional y aisló militarmente a la Guardia Nacional en Managua.

El régimen también perdió el respaldo político y militar de Estados Unidos, su principal aliado histórico. La decisión estuvo vinculada con la política de derechos humanos del presidente Jimmy Carter, mientras la Organización de Estados Americanos presionaba para forzar la renuncia del dictador.

El asesinato del periodista opositor Pedro Joaquín Chamorro en 1978 profundizó el rechazo social al gobierno. La burguesía empresarial, la Iglesia católica y sectores de la población civil se sumaron a huelgas y protestas contra la dinastía.

La familia Somoza había ejercido el poder en Nicaragua entre 1937 y 1979. Su salida puso fin a una estructura política sostenida durante más de cuatro décadas mediante la represión y el despojo, según la caracterización del proceso que acompañó el triunfo de la insurrección armada.

El ataque en una avenida de Asunción

Poco después de las 10:00 del 17 de septiembre de 1980, Somoza Debayle circulaba por la avenida Generalísimo Franco, actualmente avenida España, en Asunción. Viajaba en un Mercedes Benz junto con su chofer, César Gallardo, y su asesor financiero estadounidense, Jou Baittiner.

Un comando revolucionario interceptó el vehículo y empleó armamento táctico para neutralizar la seguridad del exdictador. Los tres ocupantes murieron de forma instantánea durante la operación.

Entre los integrantes del grupo se encontraban el comandante argentino Enrique Haroldo Gorriarán Merlo y Hugo Alfredo Irurzún, conocido como Capitán Santiago. La acción fue atribuida a combatientes del movimiento revolucionario internacionalista.

El atentado golpeó a la dictadura paraguaya de Alfredo Stroessner, que mantenía bajo protección a Somoza Debayle durante su exilio. La operación desarticuló los dispositivos de seguridad dispuestos para resguardar al antiguo gobernante nicaragüense.

La muerte de Somoza Debayle en Paraguay cerró el ciclo de la dinastía que había perdido el poder en Nicaragua el año anterior. Para sectores de la memoria colectiva nicaragüense, el ataque representó la culminación de una lucha popular por la libertad, la soberanía y la dignidad nacional.

Estados Unidos envió otros 700 kits de alimentos y 700 paquetes de higiene a Cuba, como parte de la asistencia canalizada por la Iglesia católica para familias con situación de vulnerabilidad en la provincia de Cienfuegos.

El cargamento llegó este jueves al aeropuerto internacional Abel Santamaría, en la ciudad de Santa Clara, y quedó bajo la coordinación de la diócesis que abarca Cienfuegos y el municipio de Trinidad, en la provincia de Sancti Spíritus. La organización Cáritas Cuba informó que los suministros se distribuirán de forma inmediata en Lajas y las comunidades vinculadas a esa parroquia.

Según informó la agencia EFE, el padre Manel Homar Toboso, vicario general de la diócesis de Cienfuegos y Trinidad, recibió el vuelo junto con la directora de Cáritas diocesana, Ana Isabel Palenque Guillemí.

Distribución prioritaria a hogares con inseguridad alimentaria y sin acceso al agua

Palenque Guillemí explicó que la Parroquia de Lajas organizará la entrega de los productos entre las familias que ya fueron identificadas por los voluntarios de Cáritas parroquial. La selección contempla a hogares que afrontan inseguridad alimentaria y problemas para acceder al agua.

La entidad católica señaló que el relevamiento toma en cuenta condiciones específicas de vulnerabilidad. Entre los grupos priorizados figuran los adultos mayores de 60 años, las personas con discapacidad o encamadas, las mujeres embarazadas o en período de lactancia y los menores de 5 años.

Los 700 kits de alimentos y los 700 paquetes de artículos de higiene forman parte de una operación de mayor alcance que se gestiona a través de la Iglesia católica cubana.

El programa dispone de USD 60 millones procedentes de un fondo humanitario de USD 100 millones que la Administración del presidente Donald Trump ofreció para Cuba en mayo.

La ayuda tiene como destino distintas zonas de la isla y no se limita a la provincia de Cienfuegos. La Embajada de Estados Unidos en Cuba indicó el miércoles que prevé nuevos arribos durante las próximas semanas para Camagüey, Ciego de Ávila, Matanzas y Pinar del Río.

Nuevos envíos previstos para Camagüey, Ciego de Ávila, Matanzas y Pinar del Río

El uso de la red de Cáritas permite que la ayuda se distribuya mediante estructuras parroquiales y equipos de voluntarios ya presentes en las comunidades. La organización tiene a su cargo la identificación de los beneficiarios y la entrega de los insumos en los territorios seleccionados.

El nuevo envío se produjo en un contexto de tensión diplomática entre Estados Unidos y Cuba. Washington ha incrementado la presión sobre el Gobierno cubano para que adopte reformas económicas y políticas, mientras La Habana cuestiona las medidas impuestas por la Casa Blanca y sus consecuencias sobre la población.

EFE señaló que Estados Unidos aplica desde enero un bloqueo petrolero que, según la agencia, agravó la crisis que enfrenta la economía cubana. En mayo, además, el Gobierno estadounidense reforzó sanciones contra sectores considerados vitales para la economía de la isla.

Esas decisiones se suman a una situación marcada por dificultades en el abastecimiento de productos básicos, problemas en el suministro de agua y una persistente escasez de alimentos y bienes de higiene en distintos puntos del país. En ese escenario, los nuevos paquetes estarán destinados a familias previamente registradas por las parroquias de Cienfuegos.

La Embajada estadounidense no precisó en su anuncio las fechas de los próximos vuelos ni el volumen de los cargamentos previstos para las otras provincias. Cáritas Cuba tampoco informó aún cuántas familias recibirán la ayuda que llegó este jueves ni el cronograma completo de distribución en Lajas y sus comunidades.

Su nación es ahora una potencia nuclear de facto. Su economía crece al ritmo más rápido en años. Fue cortejado por los líderes de China, Rusia y Estados Unidos.

Kim Jong-un, el dictador norcoreano, surgió como un inesperado ganador de la era “pospandémica”. Y su nueva fortaleza descansa sobre la explotación sistemática de su propio pueblo, activamente facilitada por Moscú y Pekín.

Al suministrar tropas y municiones para la guerra de Rusia en Ucrania, se estima que Kim está recaudando miles de millones de dólares. Rusia le paga a Pyongyang con tecnología militar avanzada y bienes esenciales como harina, cerdo y petróleo, productos que su régimen puede luego revender en el país con ganancias.

Pero el costo humano es alarmante, tanto para los norcoreanos que están en su país como para los que están en el extranjero.

Miles de soldados norcoreanos fueron asesinados o heridos en campos de batalla lejanos.

“Tiemblo mientras espero los informes diarios, preguntándome cuántos soldados se perdieron, si sufrieron pérdidas imprudentes en la búsqueda de valentía, si sucumbieron al miedo o cayeron prisioneros del enemigo”, escribió un joven jefe de pelotón norcoreano en su diario antes de morir también él en combate.

Miles más de norcoreanos trabajan detrás de las líneas del frente, en fábricas de drones militares, reparan ciudades dañadas por la guerra y construyen apartamentos en toda Rusia para cumplir con cuotas de ingresos fijadas por el gobierno de Kim.

Con Moscú haciendo la vista gorda para evadir las sanciones, muchos entran a Rusia con visas de estudiante pero nunca ven un aula, sino que duermen en contenedores de carga y soportan turnos de 14 horas con apenas días de descanso.

Más cerca de casa, China importa abiertamente carbón norcoreano en violación de las sanciones de las Naciones Unidas, según indican imágenes satelitales. Los desertores afirman que el mineral es extraído por trabajadores atrapados en trabajo forzado en el centro y el norte de Corea del Norte.

Incluso la mayor exportación oficial de Corea del Norte —productos capilares como pelucas y pestañas postizas, que no están sujetos a sanciones de la ONU— tiene orígenes brutales.

Gran parte de esa mercancía se produce en campos de trabajo, donde los reclusos deben cumplir cuotas diarias y, según los sobrevivientes, arriesgan la inanición si no lo logran. La ganancia para Pyongyang fue de USD 188 millones en ventas a China solo en 2024, según datos aduaneros chinos.

Sobre el papel, Corea del Norte es un Estado socialista, con prestaciones gratuitas para sus ciudadanos. En realidad, es un régimen de cuotas, en el que todos deben contribuir a una economía en las sombras que sostiene el estilo de vida extravagante de Kim y sus ambiciones militares: cenas lujosas, autos blindados, yates de lujo, complejos turísticos costeros y misiles nucleares.

“Corea del Norte afirma ser un país libre de impuestos donde todo es gratis”, dijo Ryu Hyeon-woo, quien era embajador interino en Kuwait cuando desertó. “En realidad, su sistema sobrevive ordeñando a su pueblo”.

La economía de Corea del Norte creció más del 3% en cada uno de los últimos tres años, según el banco central de Corea del Sur, una reversión drástica respecto de su contracción durante la pandemia.

Para descubrir los métodos que impulsan este cambio, The New York Times habló con decenas de desertores norcoreanos, investigadores de derechos humanos y analistas geopolíticos.

Los fabricantes de pelucas

Lo primero que Baek Hye-ok dijo haber notado en el campo de trabajo de Chongori, en el noreste de Corea del Norte, fue el olor.

Una celda no más grande que un garaje para dos autos albergaba a más de 100 mujeres. Los guardias, incapaces de soportar el hedor de los cuerpos sin lavar, ordenaban a las reclusas arrodillarse a tres metros de distancia cuando eran convocadas. Chinches caían en los tazones de gachas.

“No lo escupías porque tu vida dependía de ello”, recordó Baek años después en Seúl. “Nunca olvidas el olor nauseabundo cuando una chinche revienta entre tus dientes”.

El trabajo comenzaba al amanecer. Mujeres jóvenes con buena vista cosían pelucas y pestañas postizas. Camiones entregaban materias primas etiquetadas en chino y partían con productos terminados. Los funcionarios de la prisión decían a las reclusas que los envíos iban a China a través de la cercana ciudad de Rason, señaló Baek.

“Tu vida dependía de cumplir tu cuota”, aseguró. “Si fallabas, te golpeaban y te recortaban la ración”.

En entrevistas separadas, Baek y Lee Young-ju, otra ex reclusa que desertó y ahora vive en Seúl, afirmaron que aproximadamente una de cada diez reclusas moría cada año.

Eran reemplazadas rápidamente por nuevas llegadas, muchas de las cuales habían sido capturadas mientras buscaban comida al otro lado de la frontera en China porque no tenían suficiente para comer en casa.

Otras eran castigadas por ver series surcoreanas de contrabando. Algunas reclusas estaban tan desesperadas que comían gusanos de cadáveres. Lee pasó tres años en el campo de trabajo, mientras que Baek cumplió dos años en dos períodos.

“El lugar era un infierno viviente”, dijo Lee.

Las élites

Pocos pueden escapar de las cuotas, según los desertores.

Los aldeanos rastrillan las colinas en busca de bayas destinadas a China. Los escolares proveen pieles de conejo para los guantes de los soldados. Las plantas de tractores operan líneas dobles: maquinaria agrícola en una, tanques en la otra.

Las élites financian estatuas bañadas en oro del padre y del abuelo de Kim, y mantienen el mausoleo de Pyongyang donde yacen sus cuerpos embalsamados. El ejército de 1,3 millones de efectivos —el cuarto más grande del mundo— funciona además como mano de obra gratuita, enviada a sitios de construcción.

La búsqueda de ingresos se extiende al extranjero.

Diplomáticos contrabandean cigarros cubanos y cuernos de rinoceronte africano dentro de valijas diplomáticas para recaudar “fondos de lealtad” para Kim, o para satisfacer el gusto de su familia por el cangrejo real ruso, los dulces árabes y las plumas Montblanc con punta de oro, dijo Ryu, yerno del ex jefe de la Oficina 39 del gobernante Partido de los Trabajadores, que administra los fondos secretos de Kim.

Incluso la Oficina General de Reconocimiento —la principal agencia de inteligencia de Corea del Norte— opera como un negocio adicional. En un momento, dirigía restaurantes y un escuadrón de 19 hackers y trabajadores informáticos desde los Emiratos Árabes Unidos, dijo Ryu. Robaban criptomonedas o usaban identidades robadas para conseguir trabajos de programación freelance.

Pyongyang selecciona a jóvenes estudiantes dotados en matemáticas y ciencias, y los entrena desde temprana edad para convertirse en ingenieros de software o hackers. Luego los despliega en China, Rusia y Medio Oriente, donde ayudan a llenar las arcas del régimen mientras viven en dormitorios y son vigilados por la policía secreta.

Solo en los primeros cuatro meses de este año, representaron el 76% de todas las criptomonedas robadas en el mundo, según TRM Labs, una empresa de análisis.

Ryu Hyeon-woo afirmó que un operador bancario norcoreano llamado Sim Hyon Sop fue central en el lavado de las ganancias de estos trabajadores en Medio Oriente. La red de lavado de dinero con sede en los Emiratos Árabes Unidos dirigida por Sim y sus socios chinos también fue citada en documentos judiciales de Estados Unidos y en un informe de sanciones del Departamento del Tesoro.

Los mineros

El padre de Son Myong-hwa trabajó bajo tierra en minas de hierro hasta que una enfermedad pulmonar le costó la vida a los 59 años. Pasaba días enteros en la oscuridad sofocante del pozo, especialmente cuando las autoridades aumentaban las cuotas de producción. Cuando Son llegaba con las viandas, él y sus compañeros estaban tan cubiertos de polvo que “solo sus ojos y dientes brillaban blancos cuando sonreían”, dijo.

Las minas sirven como vertedero para quienes son considerados de la clase más baja, incluidos los prisioneros de guerra surcoreanos de la década de 1950 y sus descendientes, entre ellos el padre y los hermanos de Son.

Jeong Sun-nam, cuyo padre y hermanos trabajaron mayormente en minas de hierro, dijo que su padre sobrevivió a tres accidentes de explosión subterránea. Cuando las explosiones destrozaban los pozos, recordó, las esposas de los mineros arañaban los escombros con las manos desnudas hasta que sus dedos sangraban.

“Los minerales de Corea del Norte están manchados de sangre”, dijo Jeong, quien, al igual que Son, logró desertar a Corea del Sur.

Las exportaciones de carbón y mineral de hierro fueron durante mucho tiempo un salvavidas económico, aunque las sanciones de la ONU comenzaron a estrangular el comercio hace aproximadamente una década.

Sin embargo, el contrabando prosperó, con barcos que apagan sus transpondedores de rastreo e intercambian carga ilícita en mar abierto. Imágenes satelitales analizadas el año pasado por el Open Source Center, con sede en Londres, identificaron seis buques reincidentes que transportaban carbón y mineral de hierro norcoreanos a puertos chinos.

Ahora incluso la apariencia de secreto está desapareciendo, especialmente después de que Rusia y China desmantelaran en 2024 el panel de la ONU que supervisaba el cumplimiento de las sanciones.

Un informe de julio de la Alianza de Ciudadanos por los Derechos Humanos de Corea del Norte, una organización sin fines de lucro con sede en Seúl, encontró que las visitas de grandes buques de carga a Nampo, la principal terminal de carbón y petróleo de Corea del Norte, se habían quintuplicado desde 2019.

Los buques en la lista negra ya no se esconden en las sombras, sino que, según el informe, atracan “abiertamente” en terminales chinas.

Los “estudiantes”

Lee Eun-pyong era sargento en la Oficina de Orientación 131 de Corea del Norte, la agencia responsable de la construcción, la seguridad y la minería de uranio para el programa nuclear del país.

En 2017 recibió la orden de ir a Rusia y ganar dinero para el régimen. Dijo que él y 33 de sus camaradas fueron aclamados como “guerreros de vanguardia de la construcción del poder nuclear del país”.

Sus días en Moscú comenzaban a las 7 de la mañana y se extendían hasta pasada la medianoche, dijo. Los hombres dormían en los pisos polvorientos de edificios inconclusos o se apiñaban en contenedores de carga, persiguiendo una cuota de ingresos mensual obligatoria de USD 600.

Sobre el papel, estaba inscripto en el Instituto Europeo Justo, una universidad de Moscú, pero lo pusieron a trabajar colocando ladrillos, fabricando losas de concreto y enlucido de paredes.

“Ni siquiera sabíamos dónde quedaba la escuela”, recordó, tras desertar a Corea del Sur.

Bajo Kim, exportar trabajadores se convirtió en un negocio paralelo para casi todas las agencias estatales. Se estima que 100.000 trabajadores norcoreanos permanecen en China, desafiando un plazo de repatriación de la ONU establecido en 2019.

Rusia emitió más de 36.000 visas de entrada a norcoreanos el año pasado, un salto de cuatro veces respecto de 2024, casi todas por motivos educativos, según datos del gobierno ruso.

La Alianza de Ciudadanos y el Centro de Base de Datos por los Derechos Humanos de Corea del Norte, otra organización sin fines de lucro con sede en Seúl, afirman que Pyongyang conspiró con escuelas rusas como el Colegio Sodeistvie de Moscú para disfrazar el trabajo de los trabajadores en sitios de construcción y fábricas de costura y procesamiento de carne como “pasantías” y sus salarios como “becas”.

Los trabajadores migrantes

Hoy, las agencias de personal rusas anuncian abiertamente trabajadores norcoreanos para turnos largos en fábricas textiles, restaurantes y granjas. Los anuncios de empleo buscan activamente intérpretes de coreano.

Un alcalde ruso dijo que la demanda de trabajadores norcoreanos —que “trabajan como robots”— era tan alta que su ciudad no podía pagarlos como barrenderos.

“Garantizamos disciplina: los empleados trabajan estrictamente según el horario, sin pausas para fumar ni ausencias”, dice el anuncio de una agencia de personal. Otro listado en el área de Moscú ofrecía 40 mujeres norcoreanas para contratar, exigiendo que cualquier futuro empleador las alojara juntas, una condición que sus supervisores norcoreanos exigen para evitar deserciones.

Una investigación de la organización sin fines de lucro holandesa Global Rights Compliance encontró que los trabajadores norcoreanos en Rusia promedian jornadas de 14 horas, y algunos reciben solo dos días libres al año. Viven bajo la vigilancia sofocante de agentes de seguridad enviados desde Pyongyang.

Tres ex trabajadores, entrevistados por separado por The Times, recordaron que lo más doloroso era ver a compañeros de Uzbekistán, Kirguistán y Armenia llamar libremente a sus familias mientras ellos no podían.

Para sobrevivir, los norcoreanos rebuscaban en contenedores de basura ropa descartada, dijeron. Cuando un trabajador era enviado de vuelta a casa, otros le entregaban cartas para sus familias, con el dinero que habían logrado ahorrar —generalmente un billete de USD 20 — guardado dentro. Dado a que, el dólar estadounidense es la moneda más codiciada en Corea del Norte.

Durante la pandemia, Pyongyang aumentó las cuotas y ordenó a los trabajadores en Rusia que siguieran trabajando, citando la propia tensión económica del Estado, según un trabajador norcoreano que huyó de Rusia a Corea del Sur en 2022.

Un hombre, dijo, fue escoltado fuera de sus sitios de trabajo exactamente una vez en cinco años, para comprar regalos para su familia el día antes de finalmente regresar a casa.

“No éramos más que animales de tiro”, dijo el trabajador, quien pidió ser identificado solo por su apellido, Han.

Los soldados del campo de batalla

El año pasado, tropas ucranianas encontraron a un oficial norcoreano muerto en la región rusa de Kursk. Documentos recuperados de su cuerpo revelaron la difícil situación que enfrentan los aproximadamente 16.000 soldados norcoreanos que Kim envió a Rusia: eran, esencialmente, carne de cañón. La inteligencia surcoreana estima que hasta 2.000 murieron.

Los documentos —obtenidos por la Human Rights Foundation, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York— detallaban planes de despliegue, instrucciones y experiencias de batalla de las tropas norcoreanas.

Un documento de dos páginas señalaba que algunas tropas norcoreanas enfrentaron “una lluvia de fuego de artillería enemiga y drones suicidas que se agolpaban como una nube de avispones”.

Cuando los soldados caían, sus camaradas a menudo se apresuraban a rescatarlos, sin tener en cuenta el fuego enemigo y sufriendo más bajas. Los vehículos de evacuación rusos tardaban rutinariamente más de 10 horas en llegar a los heridos.

“Debido al fracaso en evacuar a los heridos a tiempo”, indicaba un documento, “los combatientes fueron sacrificados durante la evacuación”.

El relato contrasta fuertemente con la narrativa oficial en Corea del Norte, que glorifica a los caídos como mártires y afirma que muchos eligieron detonar granadas de mano antes que arriesgarse a ser capturados mientras estaban heridos.

El diario del jefe de pelotón caído reveló el costo humano de esa presión. Fuerzas especiales ucranianas recuperaron el diario del soldado muerto y lo compartieron con la Human Rights Foundation, donde fue revisado por un miembro del personal que era desertor norcoreano.

En sus páginas, el oficial aludía a su lucha entre el deber de demostrar “valentía sin igual en las batallas” para “la mayor alegría y satisfacción de la patria y el partido”, y un temor privado de que su ambición terminara costándole la vida a sus hombres.

En diciembre de 2024, escribió una última oración por sus camaradas caídos. Ese mismo mes, le escribió a su “princesa” en casa, y dejó una promesa por si no regresaba.

Si moría, escribió, “me convertiré en una mariposa y te encontraré”.

© The New York Times 2026

El condado de Miami-Dade revocó la licencia fiscal local de Lux Sky Cargo, una empresa de envíos de automóviles y mercancías desde Miami hacia Cuba, tras recibir información de agencias federales sobre sus presuntos vínculos comerciales con una entidad sancionada por Estados Unidos.

La decisión fue anunciada por el recolector de impuestos del condado, Dariel Fernández, quien sostuvo que la compañía tenía negocios con ENETEC S.A., empresa incluida el 11 de julio en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro.

Según la información remitida a las autoridades locales, ENETEC mantiene vínculos con la dictadura cubana y desarrolla actividades de comercio mayorista de combustibles y lubricantes. La medida contra Lux Sky Cargo se suma a otras acciones adoptadas en el sur de Florida contra negocios que mantienen o intentan establecer relaciones comerciales con entidades de la isla.

“No vamos a mirar hacia otro lado cuando la información indique que una empresa podría estar operando en violación de la ley o haciendo negocios con entidades sancionadas vinculadas a la dictadura comunista y socialista de Cuba”, afirmó Fernández en un comunicado.

Traslados de vehículos y mercancías desde el sur de Florida

Lux Sky Cargo promocionaba en sus redes sociales servicios de transporte de vehículos y mercancías desde el sur de Florida hacia Cuba. Entre sus anuncios, la firma aseguraba contar con autorización para enviar “cualquier camión” a la isla.

La compañía también ofrecía el traslado de automóviles de marcas de lujo. El precio habitual anunciado para ese servicio era de USD 4,500 por vehículo.

La revocación de la licencia fiscal impide a la empresa continuar con sus operaciones bajo la autorización local del condado de Miami. No se difundieron detalles sobre eventuales investigaciones federales adicionales ni sobre una respuesta de Lux Sky Cargo a la medida anunciada por la oficina de Fernández.

La decisión se produjo en un contexto de endurecimiento de las sanciones de la administración de Donald Trump contra empresas y entidades que, según Washington, tienen nexos con el régimen de La Habana.

Antecedentes de Miami-Dade contra negocios con Cuba

El pasado 5 de junio concluyó el período de gracia concedido por las autoridades estadounidenses a compañías extranjeras con presencia en Cuba para interrumpir sus vínculos comerciales con la isla antes de exponerse a represalias. La política formó parte de la presión de Washington sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel y la familia del dictador Raúl Castro.

Durante junio, EnviosCuba.com, una de las plataformas utilizadas por cubanos residentes en Estados Unidos para enviar alimentos y productos básicos a la isla, suspendió sus operaciones. Ese mismo mes, el condado de Miami-Dade retiró la licencia fiscal local a Vanguard Energy, una empresa que buscaba exportar 250,000 barriles de combustible a Cuba.

Fernández había informado en febrero que su oficina emitió casi 4,000 avisos de cumplimiento a negocios que podrían realizar actividades comerciales relacionadas con el Gobierno cubano. El funcionario sostuvo entonces que el objetivo era revisar posibles incumplimientos de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

La comunidad cubana del sur de Florida, una de las mayores diásporas de la isla fuera de Cuba, ha sido un factor decisivo en la presión política local contra negocios que operan con entidades cubanas sancionadas. Las autoridades de Miami-Dade han utilizado las licencias fiscales y comerciales como una herramienta para actuar ante remisiones de organismos federales.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó este miércoles que la situación de los derechos humanos en Nicaragua es “totalmente indefendible” por la concentración de poder en el régimen y en el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La advertencia coincidió con la difusión de un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), que examinó el período comprendido entre el 15 de junio de 2025 y el 15 de junio de 2026. El documento describe un proceso de captura de las instituciones estatales por parte de la dictadura y denuncia el uso sistemático del poder contra las voces disidentes.

Türk sostuvo que el debilitamiento de los controles institucionales dejó a gran parte de la población sin mecanismos efectivos para reclamar ante vulneraciones de derechos. El informe también indicó que el espacio para la participación política y cívica independiente es cada vez más limitado.

“Ya casi no queda nada que cerrar”, declaró el alto comisionado al referirse a las restricciones sobre organizaciones de la sociedad civil. Según la Acnudh, este año fueron disueltas otras cuatro entidades, con lo cual la cifra de organizaciones cerradas de forma arbitraria desde 2018 ascendió a 5,539.

La ONU pidió liberar a los detenidos arbitrariamente

El informe identifica a la detención arbitraria como uno de los mecanismos empleados contra opositores, activistas y críticos. Al cierre del período analizado, organizaciones civiles contabilizaban al menos 46 personas privadas de libertad. La oficina de la ONU también registró ocho casos de desaparición forzada que seguían sin resolverse y cuatro muertes bajo custodia estatal.

Ante ese panorama, Türk reclamó al régimen de Nicaragua la liberación inmediata de todas las personas detenidas de manera arbitraria. También pidió al Estado que revierta las medidas que restringen las libertades públicas y retome la cooperación con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos.

La Acnudh señaló además que en los últimos 12 meses se produjo el cierre de otro medio de comunicación. Desde las protestas masivas de 2018, al menos 56 medios fueron clausurados, según los datos reunidos por la oficina de Naciones Unidas.

El documento remarca que la concentración política se consolidó en los poderes del Estado, las municipalidades y los consejos regionales de la costa caribeña. Para la ONU, esa estructura redujo de hecho el pluralismo democrático y limitó las vías de participación de sectores ajenos al oficialismo.

La OEA reclamó una respuesta regional tras el veto electoral

El nuevo pronunciamiento de Naciones Unidas se produjo días después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) exhortara a los países de la región a coordinar una respuesta frente a las decisiones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que restringen la competencia electoral.

El secretario general del organismo, Albert Ramdin, calificó como “absolutamente inaceptable” la exclusión de sectores opositores de los próximos comicios. La Asamblea Nacional, dominada por el FSLN, aprobó una disposición que impide postularse a las personas consideradas “traidores a la patria”.

Ramdin propuso convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres tras la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para finales de septiembre. El objetivo sería acordar una posición conjunta que combine presión diplomática y una posible vía de diálogo con Managua.

Nicaragua formalizó su salida de la OEA en noviembre de 2023, tras años de tensiones con el organismo. La relación se deterioró a partir de la represión de las protestas de 2018, que dejaron al menos 300 muertos, según datos de Naciones Unidas.

La ayuda humanitaria financiada por Estados Unidos llegará en las próximas semanas a cinco provincias de Cuba, después de que la embajada estadounidense en La Habana coordinara con Cáritas Cuba la distribución de alimentos, productos de higiene y otros suministros destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

El anuncio incluye a Camagüey, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Matanzas y Pinar del Río. La misión diplomática de Washington informó este miércoles que el encargado de negocios, Mike Hammer, se reunió con la directora de Cáritas Cuba, Carmen María Nodal Martínez, y con integrantes de su equipo para avanzar con la logística de los próximos envíos.

La asistencia forma parte de un programa anunciado por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que contempla USD 100 millones en ayuda humanitaria directa para el pueblo cubano. El Departamento de Estado señaló en mayo que los recursos se canalizarían a través de la Iglesia Católica y de organizaciones humanitarias independientes.

Cáritas Cuba, con presencia en cinco provincias para la próxima distribución

Cáritas Cuba informó que ya realizó actividades de organización en Lugareño, un poblado de la provincia de Camagüey. Personal y voluntarios de la entidad participaron en un taller de orientación sobre la distribución de los donativos y el vínculo con los beneficiarios.

La organización explicó que el equipo de Formación Institucional de Cáritas Camagüey brindó pautas para garantizar una entrega ordenada. El mensaje difundido en redes sociales hizo referencia a criterios de respeto, sensibilidad, amor y espiritualidad durante el contacto con las familias que recibirán la asistencia.

La reunión entre Hammer y Nodal Martínez tuvo como objetivo preparar la llegada de nuevos cargamentos y definir los mecanismos de reparto en las cinco provincias. La embajada no precisó el volumen de los suministros previstos ni la cantidad de personas que podrán acceder a los módulos.

La distribución se apoyará en la estructura territorial de Cáritas, que mantiene presencia en diócesis y comunidades parroquiales de varias zonas de la isla. Esa red ya intervino en el primer envío de ayuda estadounidense que llegó la semana pasada a Santa Clara.

Un primer cargamento llevó 700 módulos a Santa Clara

El cargamento recibido en la ciudad de Santa Clara contenía 700 módulos de alimentos y artículos de higiene para familias en situación de vulnerabilidad. La Diócesis Católica de Santa Clara y Cáritas Diocesana quedaron a cargo de la entrega directa en las comunidades parroquiales de Quemado de Güines y Rancho Veloz.

Cada módulo incluyó arroz, frijoles, aceite, azúcar, espaguetis, sardinas y atún. También contenía jabones, crema y cepillos dentales, tabletas para potabilizar agua, almohadillas sanitarias, recipientes y lámparas recargables.

Según informó EFE, agencia de noticias española, Washington busca que los donativos lleguen a los destinatarios mediante canales ajenos a las estructuras estatales cubanas.

Sanciones y restricciones petroleras, el contexto del programa

El programa de asistencia se produce mientras Estados Unidos mantiene una política de presión sobre el Gobierno de Cuba. Desde enero, la Administración Trump reclama reformas económicas y políticas en la isla.

Como parte de esa estrategia, Estados Unidos impuso restricciones sobre el suministro de petróleo hacia Cuba y reforzó sanciones contra sectores de la economía del país, según EFE. Estas medidas coinciden con una crisis económica que afecta a la población cubana y que se expresa en dificultades de abastecimiento, deterioro de servicios y escasez de productos básicos.

La llegada de los nuevos módulos a Camagüey, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Matanzas y Pinar del Río dependerá de la coordinación que Cáritas Cuba realiza con las estructuras locales de la Iglesia Católica y sus equipos de voluntarios.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo este miércoles al opositor nicaragüense Denis Javier Palacios Hernández, uno de los 222 presos políticos expulsados de Nicaragua en febrero de 2023 y privados de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Palacios Hernández, de 38 años, fue arrestado en Virginia cuando se dirigía a su empleo en una empresa dedicada a la comercialización de pollo, según informó el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex).

El colectivo, que reúne a opositores que estuvieron detenidos en el marco de la crisis política nicaragüense, indicó que Palacios cuenta con un permiso de trabajo vigente y tiene un proceso de asilo en trámite en Estados Unidos.

“El señor Palacios es un buen ciudadano. No ha cometido delito y debería ser liberado a lo inmediato, dejando que pueda continuar su proceso de asilo en paz”, expresó el Grex en una declaración citada por la agencia EFE.

Detención y expulsión de Nicaragua en 2023

Denis Javier Palacios Hernández fue detenido el 23 de julio de 2019. Permaneció encarcelado hasta el 9 de febrero de 2023, cuando el régimen de Nicaragua liberó a 222 presos políticos y los trasladó en un avión hacia Estados Unidos.

Entre los liberados había dirigentes opositores, aspirantes presidenciales, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, empresarios y antiguos diplomáticos. Tras la expulsión, las autoridades nicaragüenses los declararon “traidores a la patria”, los despojaron de su nacionalidad y les retiraron sus derechos políticos.

Palacios llegó a territorio estadounidense con el aval del Departamento de Estado, como parte de la operación que permitió la recepción de los excarcelados. El arresto de este miércoles plantea interrogantes sobre su situación migratoria, pese a que su solicitud de protección internacional continúa bajo análisis.

El Grex remarcó que el opositor es soltero, no tiene hijos y carece de antecedentes delictivos. La organización reclamó su liberación para que pueda continuar el proceso de asilo sin permanecer bajo custodia migratoria.

Arresto del periodista Luis Galeano en Orlando

La detención de Palacios se conoció dos días después del arresto de Luis Galeano, periodista nicaragüense y director del programa de análisis y debate Café con Voz, crítico del Gobierno de Managua.

Galeano, de 48 años, fue detenido el lunes en Orlando, Florida, mientras trabajaba como conductor de Uber, de acuerdo con el testimonio de su esposa, Deykell Santamaría. El comunicador también fue desnacionalizado por las autoridades nicaragüenses.

Según Santamaría, el periodista será llevado a un centro de detención para migrantes y tiene una audiencia prevista para el 2 de octubre. No se difundieron detalles oficiales sobre los argumentos migratorios que motivaron su arresto.

Los dos casos involucran a nicaragüenses que fueron expulsados de su país y recibidos en Estados Unidos tras su excarcelación.

La crisis política nicaragüense desde 2018

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, cuando una serie de protestas contra el Gobierno de Ortega derivó en una respuesta represiva de las autoridades. Desde entonces, decenas de dirigentes opositores, periodistas, sacerdotes, activistas y defensores de derechos humanos abandonaron el país o fueron encarcelados.

La situación se profundizó antes de las elecciones generales de noviembre de 2021. Ortega, de 80 años, obtuvo un quinto mandato, el cuarto consecutivo, en unos comicios celebrados mientras varios de sus principales rivales estaban presos.

Posteriormente, una parte de esos detenidos fue expulsada del país, mientras otros permanecieron en prisión o enfrentaron procesos judiciales. El régimen sostuvo que los opositores participaron en acciones para desestabilizar al Estado, una acusación que los críticos de Ortega rechazan.

Emilce Moler tiene 67 años y hace 51, en 1975, fue a una marcha para exigir que se implementara el boleto estudiantil en La Plata, la ciudad en la que vivía y en la que cursaba los estudios secundarios en el Bachillerato de Bellas Artes. No recuerda nada en particular de esa marcha que, como tantas otras por esos años, terminó en represión por parte de las fuerzas de seguridad. No se acuerda ni qué tenía puesto ni con quién fue; sí que estaba “de la mitad de los manifestantes para atrás”.

“No me acuerdo de nada en especial de ese día porque marchábamos mucho, por cosas muy distintas. Marchábamos cuando cesanteaban trabajadores en las fábricas, para acompañar a las universidades en sus movilizaciones y para sostener las tomas que se hacían en distintas escuelas de La Plata. Nosotros éramos militantes políticos. Queríamos mucho más que el boleto estudiantil: queríamos cambiar el mundo”, le cuenta Emilce a Infobae.

En 1975, cuando marchó por las calles de la capital bonaerense para exigir la implementación del boleto estudiantil, Moler integraba la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). La escuela en la que estudiaba era una de las tres secundarias que aún hoy dependen de la Universidad Nacional de La Plata.

El 17 de septiembre de 1976, cuando un grupo de tareas tomó por asalto su casa familiar, Emilce tenía 17 años y seguía militando en la UES. Se identificaron como integrantes del Ejército y, como Emilce era de contextura demasiado chiquita, se confundieron y estuvieron a punto de llevarse a su hermana.

Pero se llevaron a Emilce: la secuestraron en el marco de lo que la propia dictadura llamó “La Noche de los Lápices”, un operativo feroz contra diez estudiantes secundarios. Seis de ellos aún están desaparecidos. Emilce es una de las cuatro sobrevivientes.

Una noche, cinco secuestros

El operativo ilegal de secuestro de diez estudiantes secundarios de La Plata en el marco de lo que las propias fuerzas de seguridad llamaron “La Noche de los Lápices” se produjo entre el 8 y el 21 de septiembre de 1976. El 16 de septiembre, hace exactamente medio siglo, se condensó la gran mayoría de la actividad de los grupos de tareas.

Ese día secuestraron a María Claudia Falcone, Francisco “Pancho” López Muntaner, María Clara Ciocchini -que era de Bahía Blanca y se había mudado a La Plata-, Horacio Ungaro y Daniel Racero. Gustavo Calotti había sido el primero en ser privado de su libertad, el 8 de septiembre. Claudio de Acha fue secuestrado el 15 de septiembre, Emilce Moler y Patricia Miranda, el 17, Pablo Díaz, el 21. Todos eran estudiantes secundarios. La mayoría, como Emilce, militaban en la UES e iban a colegios que dependían de la UNLP. Pablo lo hacía en la Juventud Guevarista (PRT-ERP). Patricia no formaba parte de ninguna agrupación.

Los secuestros, así como los traslados a distintos centros clandestinos de detención, la tortura y la desaparición forzada fueron a manos de quienes operaban en el llamado “Circuito Camps”, en el que Ramón Camps y Miguel Ángel Etchecolatz tenían las voces de mando.

Los secuestros fueron como muchos otros: irrumpieron patotas que golpearon a sus “blancos” y también a sus familias, destruyeron a su paso lo que se les ocurrió destruir y robaron lo que se les dio la gana. Cercaban la manzana de cada operativo, en algunos casos desplegaban más de una decena de autos, encapuchaban a quien se iban a llevar y lo arrastraban hasta un auto.

Desde ahí, el destino era algún centro clandestino de detención. El Pozo de Arana fue el primero al que los trasladaron. Después, algunos -tal como le pasó a Emilce- fueron a parar al Pozo de Quilmes y a la Comisaría de Valentín Alsina; otros, al Pozo de Banfield.

El Batallón 601 de Inteligencia del Ejército fue el que ordenó los secuestros de los diez adolescentes, en los que intervinieron tanto el Ejército como grupos de tareas de la Policía bonaerense. Uno de los brazos ejecutores de las órdenes de Camps y Etchecolatz era el comisario Luis Héctor Vides, “El Lobo”. Los diez estudiantes secuestrados, que tenían entre 16 y 18 años en esa casi primavera de 1976, habían sido catalogados, según documentación de inteligencia, como personas “de peligrosidad mínima”.

Esos diez estudiantes son, hasta el día de hoy, tal vez las historias más visibles de cómo la dictadura desplegó su máquina ilegal de secuestrar, torturar, violar y desaparecer ante quienes iban a escuelas secundarias y universidades: según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), uno de cada cinco desaparecidos eran estudiantes. Más del 43% tenían entre 16 y 25 años.

La historia del boleto estudiantil

“Ya en 1975 estábamos en medio de una militancia muy comprometida, y a la vez teníamos que tener mucho cuidado. No íbamos alegremente por la calle porque ya operaba la Triple A, y en particular el Comando Nacionalista Universitario atacaba y mataba a mansalva a compañeros”, recuerda Emilce, y suma: “Lo que cayó en los secuestros de 1976 fue la UES de La Plata; ese fue el blanco al que atacaron”.

Después de unos cuatro meses en la clandestinidad, Emilce fue trasladada a la cárcel de Devoto. Si bien sus familiares pasaron a saber dónde estaba, no podían verse sino a través de un vidrio, no tenía acceso a un abogado ni a un proceso judicial legal, no podía prácticamente hacer actividad física ni manual, ni tampoco leer.

En abril de 1978 le otorgaron la llamada “libertad vigilada”. “Eso implicaba que no podía volver a La Plata porque me consideraban ‘peligrosa’. Me instalé en Mar del Plata, a donde se habían trasladado mis padres. No te podías mover de la ciudad ni estar con más de cinco personas. En cualquier momento la SIDE tocaba el timbre de tu casa, y una vez por semana tenías que presentarte en la comisaría”. Desde que la secuestraron hasta que le levantaron el régimen de libertad vigilada en 1979, pasaron tres años de la vida de Emilce Moler.

Los cuatro sobrevivientes de la Noche de los Lápices fueron Moler, Pablo Díaz, Gustavo Calotti y Patricia Miranda. En 1985, Pablo Díaz dio su testimonio ante el tribunal del Juicio a las Juntas. Contó cómo lo habían secuestrado, cómo y cuánto lo habían torturado, el infierno al que había sido reducida su existencia. Durante su testimonio, en el que detalló cómo era el día a día en el Pozo de Banfield, Díaz sostuvo: “Muchas personas detenidas en ese momento eran apolíticas, como por ejemplo un grupo de estudiantes secundarios que pedían reducción en el precio del boleto de transporte”.

“Hubo testimonios en los primeros tiempos post dictadura que fueron muy estremecedores y sirvieron para que toda la sociedad se enterara de cómo operaba el aparato represor. Uno fue el de Adriana Calvo de Laborde, que contó su parto arriba de un auto de un grupo de tareas. Otro fue el de Pablo, que contó cómo los grupos de tareas se metían con pibes de 16, 17, 18 años, cómo les aplicaban una tortura bestial. Pablo mencionó en su testimonio la lucha por el boleto estudiantil y eso cristalizó para siempre como una característica asociada a quienes habíamos sido secuestrados durante la Noche de los Lápices”, describe Emilce.

Después de que Díaz declarara, los hechos ocurridos en septiembre de 1976 se convirtieron primero en un libro que, en apenas un año, se reimprimió diez veces, y también en la película La noche de los lápices, dirigida por Héctor Olivera y construida a partir del testimonio de Pablo.

“En esos primeros años de la democracia era muy difícil hablar de la militancia. La sociedad prestaba atención a los testimonios de lo que consideraba una ‘víctima inocente’. Creo que a partir del testimonio de Pablo, del libro y de la película es que la Noche de los Lápices se convirtió en un símbolo trágico de cómo operaba la dictadura”, analiza Moler.

“Claro que peleamos por el boleto estudiantil, pero peleábamos por mucho más, éramos militantes, creíamos en que había que cambiar todo el sistema. A mí no me vinieron a buscar porque había ido a la marcha por el boleto estudiantil. Vinieron a buscar a estudiantes que militábamos. Lo que quiero decir es que no está demostrada la relación de causalidad entre la marcha por el boleto y nuestros secuestros”, explica Emilce.

“La historia del boleto estudiantil es lo que cristalizó a partir del testimonio de Pablo en un momento en el que todavía era muy difícil hablar de nuestras militancias y en el que lo que más necesitabas era que te creyeran todo lo que había pasado en los centros clandestinos de detención, que para muchos era increíble por su ferocidad. Finalmente, son ellos, los militares, los que nunca explicaron por qué nos detenían. Son ellos los que deberían dar esa explicación”, reflexiona Emilce, que es profesora de Matemática y doctora en Bioingeniería.

Cómo hablar en el presente

María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Daniel Racero y Claudio de Acha permanecen desaparecidos. Este miércoles, a medio siglo de los secuestros que en los que la dictadura los “chupó” para siempre, habrá distintos actos para recordarlos: uno será en donde funcionó el Pozo de Banfield; otro, en La Plata.

“Cincuenta años es muchísimo tiempo para un chico de 17. Para ese chico, algo que pasó hace medio siglo no es la historia reciente sino algo completamente ajeno a su vida cotidiana. El gran desafío es cómo enseñamos no sólo los hechos históricos sino los procesos históricos. Para eso hay que tender puentes entre el pasado y el presente, explicando en qué se parecían esos momentos con la actualidad. Y hay que explicarlo no a través de frases hechas o eslóganes, sino de argumentaciones profundas: es algo a contrapelo de la actualidad, en la que las noticias ya son viejas a los diez minutos”, describe Emilce.

“Lo más importante para mí siempre es marcar que quien secuestró, torturó y desapareció fue el Estado. Muchas veces, por relativismos o negacionismos, los chicos terminan entendiendo que los setenta fueron civiles contra civiles. Y no: el Estado pergeñó un plan represivo sistemático que nadie, ningún civil, merece. Hayas hecho lo que hayas hecho, porque para eso el Estado de derecho tiene previstas otras herramientas”, reflexiona Emilce.

Y suma: “No hay que buscar racionalidad en cómo se implementó ese plan sistemático en cada caso. Primero, porque los torturadores no podían estar seguros de quién iba a sobrevivir y quién iba a morir después de una semana de tortura. Y después, porque hay quienes, por pertenecer a determinada familia, no resistía ninguna lógica que fueran secuestrados. Todo apuntaba a que serían liberados y hasta hoy están desaparecidos. Nadie sabe por qué sobrevivimos los que sobrevivimos ni por qué están desaparecidos los que están desaparecidos. Esa explicación sólo la pueden dar los perpetradores”.

Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final primero y los indultos del menemismo después frenaron el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Circuito Camps. Cuando se reanudaron los juicios, ya en este siglo, Camps y Etchecolatz fueron imputados como los máximos responsables. Hubo, además, diez condenas a prisión perpetua a otros ejecutores de los secuestros, torturas, violaciones y desapariciones.

La Plata, una ciudad históricamente estudiantil, fue el escenario más visible de cómo el terror de la dictadura impactó en quienes atravesaban la escuela secundaria. Pero no fue el único: según registros de la Conadep, hubo 232 adolescentes desaparecidos en la Argentina.

Era sobrino de Juan Manuel de Rosas y escribió sobre él sin piedad ni reverencia. Lucio V. Mansilla, militar, escritor y periodista, hijo de Agustina Rozas —la hermana de Juan Manuel—, publicó Rozas, un ensayo histórico que reeditó El Ateneo y que sigue siendo uno de los retratos más perturbadores que se hayan escrito sobre el poder en la Argentina: ni apología ni condena. Pero sí una fina disección.

En el título, Mansilla recupera la forma de escribir el apellido que era original: Rozas. En su juventud, Juan Manuel se pelea con su padre y cambia esa letra. Mansilla cuenta que el joven dejó un papel: “Dejo todo lo que no es mío, Juan Manuel de Rosas”. Este, dice, “fue su primer acto de rebelión contra toda otra autoridad que no fuera su voluntad. Y de ahí que en lo sucesivo se firmara como no debía, puesto que su verdadero nombre patronímico era Juan Manuel Ortiz de Rozas, Rozas con z y no con s.”

El libro arranca con una advertencia que es ya, en sí misma, una toma de posición: “Este libro no es, no puede ser, no debe ser ni una justificación ni un proceso”. Mansilla escribe desde adentro pero lo hace en 1898, décadas después de que Rosas fuera derrotado en la batalla de Caseros, con la distancia que da el tiempo y la lucidez que da haber sobrevivido a la guerra civil. El resultado es un texto que incomoda por igual a rosistas y antirrosistas, porque su tesis central es que Rosas no fue un fenómeno aislado sino un producto de su sociedad.

Y el pueblo también

La premisa filosófica que organiza el ensayo está formulada en el Prólogo con crudeza: “No hay tiranos, ni en la acepción griega ni en la moderna, sin pueblo a la espalda, pensando como el tirano mismo, sintiendo, anhelando, queriendo como él.”

Mansilla lo desarrolla: “teniendo una alma el dictador, el tirano, el déspota, esa alma debe ser algo así como el trasunto informe de la multitud, siquiera como el reflejo de una clase dirigente que lo rodea; que lo apoya, que lo aclama en lo íntimo”. El tirano, en su lectura, expresa su época. Es su síntoma, no su causa. Esta tesis tenía una fuerza incómoda en el siglo XIX. La tiene aún más hoy.

El retrato psicológico: un hombre sin altruismo

El capítulo II ofrece la caracterización más densa de Rosas antes de llegar al poder. Mansilla lo ve como un self made man de la pampa: minucioso, pertinaz, sobrio, con el instinto del dominio como único horizonte claro. “Ocultando el arcano de su alma, que era dominar”, escribe. Pero lo que hace al retrato verdaderamente excepcional es su precisión sobre las contradicciones internas del personaje:

“Llorará a un perro, y ocultará lágrimas de duelo porque no lo crean débil, humano. Es déspota orgánicamente, y más capaz de perdonar al que le tema que al que le haya desafiado. Cree en Dios y en la iglesia, pero no respeta los altares.”

Pocas frases en la literatura argentina condensan tanto en tan poco espacio. No hay adjetivo de sobra. Hay un diagnóstico.

La madre del dictador: energía sin escrúpulos

Antes de llegar al hijo, Mansilla dedica páginas memorables a doña Agustina López de Osornio, la madre. El retrato que traza es el de una mujer de voluntad descomunal —“había nacido para imponerse y dominar, y se imponía y dominaba”— cuya lógica de poder prefigura la del hijo.

La escena más extrema ocurre cuando la policía se presenta a requisar los caballos de la familia para combatir a Rosas, que estaba en armas. Doña Agustina se niega. La policía insiste. Las puertas caen. Los agentes encuentran los caballos degollados en las caballerizas. El comisario balbucea su nombre. Ella responde con una sola frase, seca y definitiva: “Mire, amigo, y ahora mande usted sacar eso, yo pagaré la multa por tener inmundicias en mi casa; yo, no lo haré.”

De esa mujer, concluye Mansilla, nació Rosas.

El plebiscito del suicidio colectivo

Uno de los momentos más corrosivos del libro es el análisis del voto de 1835, cuando la Legislatura otorgó a Rosas la suma del poder público y el electorado ratificó la decisión. Los números son los que son: 9.330 votos a favor, 4 en contra. Mansilla no puede evitar el estupor y lo transcribe con una tipografía que es en sí misma un comentario: “(!¡)”.

“9.330 voluntades, no había más que consultar, decretaron el suicidio de todo el país ¿en nombre de qué?”, escribe. La pregunta queda sin respuesta. Mansilla la deja abierta adrede.

El diálogo más citado del libro, y el más brutal, ocurre a bordo del Conflict, el barco inglés que llevó a Rosas al exilio en Southampton tras su derrota en Caseros en 1852. Su interlocutor es Jerónimo Costa, uno de sus mejores hombres. Costa le dice: “¡Lástima que no haya sido posible constituir el país!”. Rosas responde: “Nunca pensé en eso”. Costa, atónito, insiste: “¿Y entonces, por qué nos hizo pelear tanto?”. La respuesta es lapidaria:

“Porque sólo así se le puede gobernar a este pueblo.”

La complicidad como modo de vida

El ensayo es también, en varios de sus capítulos, una fenomenología de la colaboración con Rosas. Mansilla estudia a los que “asintieron” y a los que “consintieron”, a los que sirvieron al régimen sin saber exactamente cómo habían llegado hasta ahí. Para explicarlo, recurre a una anécdota sobre el abate Sieyès, a quien Napoleón le preguntó qué había hecho durante el Terror. La respuesta fue: “Vivir”.

“Si todos los hombres entendieran la dignidad personal del mismo modo, menospreciando igualmente la vida, ni los tiranos hallarían servidores”, concluye Mansilla. Y añade, con una precisión que no absuelve a nadie: “El hombre, ante todo, es un animal, y como tal lo que más ama es la vida; agreguemos que el miedo nos hace siempre verla en peligro.”

La confesión desde el exilio: Camila O’Gorman

En 1870, desde Southampton, Rosas escribe una carta en respuesta a preguntas sobre el fusilamiento de Camila O’Gorman —embarazada— y Ladislao, el sacerdote con quien había huido, enamorada. Mansilla la transcribe y la analiza párrafo por párrafo. Lo más revelador no es que Rosas se defienda, sino cómo lo hace: con la tranquilidad de quien nunca consideró que el problema moral existiera.

“Y siendo mía la responsabilidad ordené la ejecución. Mientras presidí el Gobierno de Buenos Aires, encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina, con la suma del poder por la ley, goberné según mi conciencia. Soy, pues, el único responsable de todos mis actos, de mis hechos buenos como de los malos, de mis errores y de mis aciertos.”

Mansilla lo llama “casuismo a la criolla” y observa que Rosas se contradice dentro del mismo párrafo: dice que nadie lo aconsejó y en la oración siguiente relata que el clero le escribió pidiendo un castigo ejemplar.

El terror cotidiano: el sereno que gritaba “muera”

El capítulo IX ofrece uno de los documentos más escalofriantes del libro: la descripción del terror normalizado en Buenos Aires durante los años de la mazorca. Las muertes a la sombra y al mediodía, las casas pintadas de colorado, los niños que insultaban en los recreos usando la terminología del régimen. Y al final de cada jornada, la voz del sereno recorriendo las calles vacías:

“Las doce han dado y nublado, ¡viva la federación, mueran los salvajes unitarios, vivid representación!”

El horror no está en la violencia explícita sino en su rutinización. En que la frase se convirtió en parte del paisaje sonoro de la ciudad, como el canto de los gallos o el ruido del río.

El crimen verdadero

La conclusión de Mansilla sorprende incluso a quien haya seguido todo el argumento. El crimen de Rosas, dictamina en el capítulo final, no fueron sus actos materiales. No los degüellos, no las persecuciones, no los años de terror. Su crimen fue otro: “Su crimen consiste en lo estéril de los efectos de su acción.”

Veinte años de poder absoluto y ninguna obra duradera. Ninguna constitución, ninguna organización nacional, ningún proyecto que sobreviviera a su caída.

Mansilla escribe esto con la severidad de quien conoce el argumento contrario: que las circunstancias no le dieron tiempo, que sus enemigos no lo dejaron construir. Lo descarta: “Lo primero es discutible; lo segundo no queremos discutirlo.” Y cierra con una frase que es también un diagnóstico: “Un pueblo jamás debe depositar la suma del poder público en hombre alguno: es decretar la opresión, aunque ese hombre sea representativo, como Rozas, genuino intérprete de cierto estado de alma de la opinión popular en su momento.”

El sobrino del dictador había escrito, sin proponérselo del todo, un manual sobre cómo las democracias se entregan.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió a las autoridades de Estados Unidos que eviten la deportación del periodista nicaragüense Luis Galeano, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, y que le garanticen acceso a una defensa legal y a un proceso justo.

Galeano, de 48 años, dirige el programa de opinión Café con Voz y vive exiliado en Estados Unidos desde diciembre de 2018. Fue arrestado en Orlando mientras trabajaba como conductor de Uber, según relató su esposa, Deykell Santamaría, al medio nicaragüense 100% Noticias.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, reclamó que las autoridades migratorias contemplen la situación del comunicador antes de adoptar una decisión sobre su permanencia en el país. “La detención de Luis Galeano demanda una respuesta que tome en cuenta su condición de periodista perseguido y exiliado”, sostuvo Manigault.

Los riesgos de la deportación a Nicaragua, según la SIP

La organización regional señaló que una deportación podría exponerlo a los mismos riesgos que provocaron su salida de Nicaragua hace casi ocho años. La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, alertó que su regreso lo dejaría frente a los riesgos de los que escapó.

“Una eventual deportación podría colocarlo frente a los riesgos que precisamente lo obligaron a huir”, expresó Ramos.

Santamaría afirmó que su esposo será trasladado a un centro de detención migratoria bajo gestión del Gobierno de Florida en el condado de Baker, al norte del estado. También indicó que Galeano tiene una audiencia programada para el 2 de octubre.

Hasta el momento, el ICE no informó de forma pública cuáles fueron las razones específicas del arresto. La falta de detalles sobre el caso motivó los pedidos de la SIP para que el periodista pueda contar con representación legal y presentar sus argumentos ante las autoridades migratorias.

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar también intervino tras la detención. La legisladora sostuvo el lunes que Galeano no debe ser enviado a Nicaragua, país gobernado por Daniel Ortega.

“Luis no puede terminar en manos de la misma dictadura que lo persiguió”, manifestó Salazar.

La trayectoria de Galeano y sus antecedentes judiciales en Nicaragua

El periodista abandonó Nicaragua en diciembre de 2018, después de que un juez de Managua ordenara su captura. Un año después, en 2019, presentó una solicitud de asilo en Estados Unidos.

En febrero de 2023, la justicia nicaragüense lo declaró “traidor a la patria” y ordenó retirarle la nacionalidad y sus bienes. La medida alcanzó a otras 93 personas críticas del Gobierno, entre ellas los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

Galeano desarrolló parte de su carrera profesional en el desaparecido periódico El Nuevo Diario. Además, fue redactor de la delegación de la agencia EFE en Nicaragua entre 2004 y 2006.

La SIP ha incluido a Nicaragua entre los países con mayores restricciones a la libertad de prensa en América. En sus informes, la entidad documentó la persecución contra comunicadores independientes, el cierre y la confiscación de medios, así como la salida forzada de periodistas al exilio.

El régimen de Cuba prevé aprobar durante septiembre 17 nuevas legislaciones vinculadas con su programa de liberalización y descentralización económica, un paquete que complementará las 176 reformas anunciadas en junio para intentar reactivar la producción, ampliar el espacio del sector privado y otorgar más atribuciones a los municipios, debido a la grave crisis que vive la isla.

Según informaron medios estatales cubanos, 155 de esas decisiones, equivalentes al 88% del total, ya cuentan con respaldo jurídico. La agenda de septiembre deberá completar normas pendientes para que las reformas puedan aplicarse en áreas consideradas prioritarias por las autoridades, entre ellas el comercio, la agricultura, el turismo y la actividad empresarial.

El primer ministro Manuel Marrero evaluó la puesta en marcha de las medidas ya aprobadas y puso el foco en aquellas destinadas a fortalecer la autonomía municipal, recuperar la producción agropecuaria y modificar las reglas del comercio. El jefe de Gobierno sostuvo que las decisiones forman parte de la estrategia oficial ante la crisis económica que atraviesa la isla.

Marrero afirmó que la dirección del país asigna prioridad a este proceso por su relación con el desarrollo nacional. También advirtió que los resultados dependerán de la capacidad estatal y empresarial para traducir las normas aprobadas en mejoras concretas para la población.

El “éxito” de las reformas, señaló, estará ligado a la aplicación de los cambios y a que sus efectos se reflejen en una “mejoría tangible para la vida”, de acuerdo con el reporte de EFE, agencia española de noticias.

Ampliación del límite de trabajadores y nuevas reglas para empresas privadas

Entre las disposiciones aprobadas durante las últimas semanas figura la autorización para que las empresas privadas puedan superar el límite de 100 trabajadores. La decisión modifica una de las restricciones que regían para las micro, pequeñas y medianas empresas, uno de los sectores que creció en los últimos años dentro de la economía cubana.

El paquete normativo también contempla la contratación directa, la inversión de cubanos residentes en el exterior y el usufructo de tierras por tiempo indeterminado. Estas medidas apuntan a flexibilizar la gestión de recursos, promover la producción y facilitar la participación de actores privados en actividades que durante décadas estuvieron bajo control estatal.

Las autoridades aprobaron además normas para ampliar la apertura en el comercio y el turismo. El alcance concreto no fue detallado, aunque deberán integrarse a la estrategia de reformas económicas iniciada en junio.

Otro de los cambios permite la apertura de cuentas bancarias en moneda extranjera y habilita a empresas privadas a depositar efectivo en divisas. Las firmas también podrán realizar pagos directos al exterior, una posibilidad que busca modificar las condiciones de acceso a proveedores y operaciones internacionales.

La agricultura, entre las prioridades del programa de reformas

Marrero definió las transformaciones destinadas a la agricultura como “uno de los ejes más estratégicos” del programa. En ese sentido, llamó a aumentar la producción en el campo pese a las dificultades materiales y financieras que afectan al país.

La disponibilidad de alimentos figura entre los problemas más visibles para los hogares cubanos, junto con los cortes de electricidad y la escasez de medicamentos. El régimen busca que las nuevas reglas sobre el uso de tierras y la actividad privada ayuden a elevar la oferta local.

El Ministerio de Salud Pública, por su parte, evalúa 36 proyectos para la apertura de farmacias privadas. La iniciativa supondría un cambio en un rubro que el Estado mantuvo centralizado durante décadas y que enfrenta problemas de abastecimiento.

La economía de Cuba acumuló una contracción del 15% entre 2020 y 2025, según los datos citados por EFE. Pronósticos independientes anticipan que la caída podría llegar al 10,3% este año.

El escenario se agravó desde comienzos de 2026 por la política de “máxima presión” de Estados Unidos, que incluye un bloqueo petrolero y sanciones secundarias, según EFE. La isla enfrenta apagones que superan las 20 horas diarias en algunas zonas y una persistente falta de productos básicos.

El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, exiliado y privado de la nacionalidad nicaragüense, afirmó este domingo que los responsables de corrupción, torturas y otros delitos deben responder ante la justicia y sostuvo que la misericordia divina no puede invocarse como argumento para evitar sanciones.

Durante una homilía en una iglesia de Estados Unidos, el religioso, una de las voces más críticas del régimen nicaragüense, reclamó procesos ante tribunales independientes, con garantías de defensa y respeto por el debido proceso.

“Los corruptos, injustos, torturadores y criminales deben enfrentar las consecuencias de sus acciones y rendir cuentas ante la ley”, expresó Báez, según informó la agencia de noticias EFE. “La misericordia de Dios no es excusa para la impunidad de los delincuentes”, añadió.

Báez: el perdón no exime la reparación de las injusticias

El prelado planteó que el perdón no supone desconocer los crímenes ni exigir a las víctimas que olviden lo ocurrido. En ese sentido, señaló que una reconciliación sin justicia puede agravar el daño sufrido por quienes padecieron abusos.

“Hablar de perdón no es negar la justicia, no es pedir impunidad ni sugerir que las víctimas deben olvidar y pasar página”, dijo el obispo auxiliar de Managua, quien dejó el país en 2019 por razones de seguridad, por instrucción del entonces papa Francisco.

Báez advirtió que “una injusticia no reparada socava la convivencia social” y que otorgar perdón sin un proceso de rendición de cuentas no permite cerrar las heridas. Por ese motivo, insistió en que quienes hayan cometido delitos deben comparecer ante autoridades judiciales imparciales.

El religioso también dirigió un mensaje a las víctimas de abusos y persecuciones. Les pidió reclamar justicia sin reproducir prácticas de crueldad o mecanismos contrarios a la ley.

“Al exigir justicia, no podemos volvernos crueles como el siervo de la parábola, ni reproducir los mismos mecanismos ilegales y desalmados de quienes han perpetrado esos crímenes”, manifestó Silvio Báez en su sermón.

Exiliado desde 2019 tras la crisis política de Nicaragua

Báez es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua y una figura relevante dentro de la Iglesia católica nicaragüense. Su salida del país ocurrió en abril de 2019, casi un año después del inicio de la crisis política y social que sacudió a Nicaragua tras las protestas contra el régimen.

Las manifestaciones comenzaron en abril de 2018 y derivaron en una represión denunciada por organismos internacionales, organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores opositores. Desde entonces, el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido objeto de acusaciones por detenciones arbitrarias, persecución política, restricciones a la libertad de expresión y limitaciones a la actividad religiosa.

Ortega, exguerrillero sandinista, gobierna Nicaragua desde 2007. Murillo, su esposa, ejerce la vicepresidencia desde 2017 y ambos copresiden el país, de acuerdo con el modelo institucional establecido por el oficialismo.

La situación política se profundizó luego de las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega obtuvo un nuevo mandato. Los principales aspirantes opositores habían sido detenidos antes de los comicios y, posteriormente, varios de ellos fueron expulsados del territorio nacional, despojados de su nacionalidad y privados de derechos políticos.

El régimen sandinista ha rechazado las acusaciones y ha presentado a sectores de la oposición como parte de intentos de desestabilización. Organizaciones nacionales e internacionales, en cambio, han denunciado violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad.

En un país donde el 82% de los encuestados califica como malo el estado de hospitales y centros de salud, dos de cada tres personas consultadas respaldan una fórmula distinta para la provisión de servicios esenciales. El IX Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), señala que el 66% prefiere que la salud y la educación combinen oferta pública y privada ante la crisis que viven porque el régimen no puede prestarle esos servicios básicos de forma óptima.

El sondeo, realizado entre el 27 de junio y el 29 de julio de 2026, reunió 1,318 entrevistas personales en 79 municipios de todas las provincias cubanas y en el municipio especial Isla de la Juventud. El estudio plantea un escenario en el que las demandas sobre hospitales, escuelas, electricidad, alimentos y medicamentos forman parte de una misma preocupación por las condiciones de vida.

La preferencia por un modelo mixto supera con amplitud a las otras alternativas. Solo el 21% de los consultados prefiere que educación y salud queden exclusivamente bajo gestión pública. El 6% opta por una oferta solo privada; otro 6% no sabe qué alternativa elegir y el 1% no respondió.

La evaluación de la infraestructura de salud es una de las más bajas entre los servicios públicos. El 82% considera malo el estado de hospitales y centros de salud, según los resultados presentados por el OCDH. El 13% lo define como regular, el 3% lo califica de bueno y el 2% no ofrece una respuesta.

Los jóvenes concentran el mayor apoyo a una oferta pública y privada

La distancia entre generaciones aparece como uno de los datos centrales de la encuesta del Observatorio. El 78% de las personas de 18 a 30 años respalda un sistema de salud y educación con participación estatal y privada. Entre los mayores de 70 años, esa proporción baja al 53%.

La posición favorable a una gestión exclusivamente pública sigue el camino opuesto. Solo el 12% de los jóvenes escoge esa modalidad, frente al 35% de las personas de más de 70 años. El informe no indaga en las razones de cada respuesta, aunque la diferencia coincide con una evaluación desfavorable de los servicios e infraestructuras estatales.

La elección de un modelo mixto se abre paso en medio de dificultades que atraviesan la atención sanitaria y el sistema educativo en la isla. Las valoraciones de los encuestados no describen aspectos médicos o pedagógicos, pero sí exponen una percepción extendida sobre el estado físico de los espacios donde se prestan ambos servicios.

Las escuelas reciben una evaluación menos negativa que los hospitales, aunque el resultado conserva una mayoría de opiniones desfavorables. El 56% de los entrevistados afirma que el estado de los centros educativos es malo. El 32% los considera regulares, el 5% expresa una valoración positiva y el 7% no responde o no sabe.

La salud y los medicamentos ocupan el cuarto lugar entre las urgencias

Hospitales y centros de salud se ubican, además, entre los servicios públicos con las peores calificaciones del estudio.

La encuesta permitió a cada persona mencionar hasta tres problemas que deberían abordarse durante los próximos seis meses. La sanidad y el acceso a medicamentos aparecen en el 34% de las respuestas, detrás de los apagones, la crisis alimentaria y el costo de la vida o inflación.

Los cortes eléctricos encabezan la lista, con el 70% de las menciones. La crisis alimentaria ocupa el segundo lugar con el 52%, seguida por el costo de la vida, señalado por el 45%. Los salarios figuran en el 27% de las respuestas y la inseguridad y violencia, en el 24%.

La posición de la salud en esa lista adquiere relieve ante la valoración de los hospitales. La encuesta recoge, a la vez, la presión de otras carencias que inciden sobre los hogares y condicionan la prioridad que cada persona asigna a los servicios médicos.

Los servicios básicos amplían el malestar sobre la infraestructura pública

El estado de hospitales y escuelas forma parte de una evaluación negativa de la infraestructura pública en general. El 95% de los encuestados considera malo el sistema eléctrico, la cifra más alta entre los nueve rubros analizados. La recogida de basura y la gestión de vertederos alcanza 87% de opiniones negativas; internet y telefonía, 86%; y los acueductos y alcantarillado, 84%.

Las carreteras son evaluadas de forma negativa por el 80% de los entrevistados. Las viviendas y edificaciones alcanzan un 74%, mientras que los mercados y las zonas industriales registran un 64%.

El OCDH señala que el 95% de los consultados considera regular o malo el conjunto de las infraestructuras analizadas, frente a apenas un 2% que las califica como buenas. En ese marco, la preferencia por una provisión mixta de educación y salud se combina con reclamos inmediatos por electricidad, alimentos, inflación, atención médica y medicamentos.

Desde que las Fuerzas Armadas de la Argentina desembarcaron en las Islas Malvinas para recuperarlas el 2 de abril de 1982 hasta que firmaron la rendición el 14 de junio de ese mismo año pasaron 73 días. Durante esa guerra murieron 649 militares argentinos, 255 militares británicos y tres isleños civiles.

El reclamo argentino por la soberanía en las islas del Atlántico Sur ha sido más o menos prioritario para los sucesivos gobiernos desde la recuperación democrática, en 1983.

La última gran visibilización global de esa reivindicación ocurrió en el último Mundial, después de que Argentina le ganara la semifinal del campeonato a Inglaterra. Algunos jugadores desplegaron una bandera que había logrado filtrarse desde la tribuna y que decía: “Las Malvinas son argentinas”. La imagen de la bandera dio la vuelta al mundo.

En Chile acaba de publicarse el libro El pacto perfecto. La historia secreta del apoyo de Chile al Reino Unido en la Guerra de las Malvinas / Falklands. Sus autores son los periodistas de investigación trasandinos Daniel Avendaño y Mauricio Palma, que ya publicaron otros tres títulos “a cuatro manos”.

El libro, publicado por Ediciones B en Chile y al que tuvo acceso Infobae, se refiere a las islas y al conflicto como “Malvinas / Falklands” y aclara que se trata de una forma de no posicionarse del lado argentino ni tampoco del británico. A la vez, define sobre el archipiélago: “Pertenece al Reino Unido desde 1833, cuando los ingleses lograron expulsar a los argentinos”.

A lo largo de sus páginas, y a través de acceso a documentación clasificada y a entrevistas con los protagonistas, los autores logran establecer las múltiples vías por las que el gobierno dictatorial encabezado por Augusto Pinochet colaboró con Reino Unido durante el conflicto bélico en las islas, y cómo fue “premiado” por hacerlo.

El contexto era, según describen los autores, el de dos países vecinos que cuatro años antes, en 1978, estuvieron a punto de entrar en guerra por el conflicto del canal del Beagle. Esa tensión, y toda la que se había acumulado a lo largo de distintas disputas fronterizas, estaba latente.

Además, tanto Pinochet como los más altos mandos militares de ese país estaban convencidos de que si Argentina vencía en el Atlántico Sur, iría por más y avanzaría sobre islas chilenas en el Atlántico Sur, y por la instalación de una base naval estratégica en la zona.

Las palabras del dictador argentino Leopoldo Fortunato Galtieri abonaban esa hipótesis. El 2 de abril, ante una Plaza de Mayo eufórica por la recuperación de Malvinas, Galtieri dijo: “Que los chilenos saquen el ejemplo de lo que estamos haciendo ahora, porque después les toca a ellos”.

Según señala El pacto perfecto, la colaboración de Chile para con el Reino Unido fue un secreto a voces a lo largo de varios años, incluso “interceptada” en algunos episodios por los servicios de inteligencia argentinos, pero se volvió completamente visible y pública en 1998.

Fue cuando el ex dictador chileno vivía en Londres y se ordenó su encarcelamiento efectivo, y Margaret Thatcher, que había sido premier británica durante la guerra, hizo público su apoyo al militar chileno sin ocultar los motivos.

En una carta que publicó en los diarios ingleses, la Dama de Hierro aseguró que Chile y Pinochet habían ayudado al Reino Unido durante la Guerra de Malvinas, y que por esa ayuda la contienda había sido “más corta y con menos muertes”. “Hizo tanto para salvar tantas vidas británicas”, escribió Thatcher, que volvió a la escena política para encabezar la campaña por la liberación de Pinochet.

Sus palabras fueron la confirmación “on the record” de esa colaboración sostenida y contundente del país trasandino durante el conflicto armado. ¿Pero cómo fue, concretamente, esa colaboración? Avendaño y Palma detallan las diferentes formas en las que el país vecino de Argentina prestó ayuda a las Fuerzas Armadas y al Gobierno briánico.

Alerta temprana

El libro asegura que a mediados de marzo de 1982, la embajada británica en Santiago de Chile recibió una carpeta enviada por el comandante en jefe de la Armada de ese país, el almirante José Toribio Merino, uno de los grandes protagonistas de la colaboración con el Reino Unido. La carpeta, de carácter ultra secreto, estaba dirigida al agregado de Defensa de esa embajada y contenía una enorme cantidad de documentos obtenidos por los servicios de inteligencia sobre los movimientos de la Armada argentina.

Además, un informe establecía que los marinos chilenos tenían indicios, al menos desde febrero, de que desde Buenos Aires preparaba el desembarco y la recuperación de las islas. Y tenían información sobre el equipamiento de las fuerzas argentinas: habían comprado aviones de ataque a Francia y estaban a la espera de submarinos y destructores que estaban en construcción en Alemania.

Un colaborador desde el minuto cero

El 2 de abril, día en que las tropas argentinas desembarcaron en Malvinas, las máximas autoridades de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido convocaron a una reunión urgente en Londres. Una de las primeras decisiones que se tomaron fue contactar lo más rápido posible a Chile. El país trasandino había adquirido al Reino Unido el buque tanque HMS Tidepool y las autoridades militares británicas querían intentar retenerlo a su disposición mientras durara el enfrentamiento.

En esa misma reunión se decidió que la Cancillería británica debía contactarse con Chile para obtener autorización para el uso de aeródromos en territorio del país en ese entonces gobernado por Pinochet. La Royal Air Force necesitaba de esos espacios para operar sus aeronaves. La reunión no sólo ubicó a Chile como un aliado territorial estratégico, sino como una fuente fundamental de información sobre los movimientos de la Argentina.

Merino, el almirante a cargo de la Armada chilena, no sólo puso a disposición de la Corona británica el buque HMS Tidepool, sino también el HMS Norfolk, que Chile había adquirido a Reino Unido en octubre de 1981. Toda la tripulación chilena, que en ese momento estaba en pleno entrenamiento, fue reemplazada por marinos británicos listos para participar de la guerra. El HMS Tidepool fue vital en el traslado de combustible durante toda la guerra, además de que se usaba para mover helicópteros.

Un documento clasificado enviado por el almirante Merino logró ser interceptado por los servicios de inteligencia argentinos. Ese documento decía: “Los intereses chilenos son de tal magnitud que aconsejan intervenir encubierta o abiertamente según sea necesario para asegurar el éxito británico”.

Las coordenadas para hundir el ARA General Belgrano

Michael Vestey fue un periodista de la BBC que, a lo largo de su carrera, cubrió distintos conflictos bélicos y diplomáticos en todo el mundo. Durante la Guerra de Malvinas, fue enviado a reportear todo lo que pasaba en el Atlántico Sur. Su base de operaciones, cuentan Avendaño y Palma, era la ciudad chilena de Punta Arenas.

Sonó el teléfono de su habitación de hotel. Del otro lado, un militar chileno que se había transformado en una de sus principales fuentes. “Necesito verlo urgente en mi oficina”, le dijo. Vestey, que sospechó que podía ser información importante, fue inmediatamente.

El militar arrancó una hoja de su cuaderno y le entregó un papel que arriba de todo decía “A1” y más abajo, “1 unidad pesada, 2 unidades livianas, 13-1400 hora Zulu. Lat 54 00S, Long 65 40W. Curso evasivo 355°, 18 nudos”. Le pidió que lo hiciera llegar “a su gente”. Cuando Vestey le preguntó si se refería a la BBC, el militar chileno le respondió: “No, a su gobierno”.

La investigación de los periodistas chilenos narra las dudas de Vesley sobre qué hacer con esa información y la decisión final de, efectivamente, transmitirla a autoridades militares. También narra la angustia del periodista de la BBC cuando, horas después, el 2 de mayo, se enteró de que el Reino Unido había torpedeado y hundido el buque ARA General Belgrano.

El ataque, todavía hoy leído por la Argentina como un crimen de guerra por haberse producido fuera de la zona de exclusión establecida por los británicos, produjo 323 muertes: casi la mitad de los argentinos que murieron en la guerra perdieron la vida en ese hundimiento.

Tras el fin de la contienda bélica, Vestey volvió a reunirse con su fuente, esta vez en Londres. Le preguntó si las coordenadas que le había entregado eran la ubicación del ARA General Belgrano. “Puede ser… no lo sé”, respondió el militar chileno.

Además, siempre según El pacto perfecto, los servicios de inteligencia chilenos habrían participado en las escuchas a Héctor Elías Bonzo, comandante del buque, que recibía órdenes de los altos mandos argentinos.

El espionaje chileno para determinar la ubicación del crucero se habría iniciado el 16 de abril: ese día el ARA General Belgrano zarpó desde la base naval de Puerto Belgrano, al sur de la provincia de Buenos Aires. La Fuerza Aérea de Chile, desde Punta Arenas y Puerto Williams, siguió su derrotero desde el aire, con radares. El país trasandino interceptaba mensajes codificados de la Armada argentina y entregaba esa información a Londres.

Ayuda en la tragedia, y también espionaje

El buque chileno Piloto Pardo, una embarcación de la Armada de ese país, participó de las tareas de rescate tras el hundimiento del ARA General Belgrano. La misión concreta era buscar tripulantes del crucero que estuvieran a la deriva en alguna de las balsas en las que se habían auto evacuado en medio de la tragedia.

La orden sorprendió a las autoridades del buque por la histórica tensión entre las fuerzas de Argentina y Chile, pero cumplieron enseguida. Cargaron el Piloto Pardo con suero, plasma y antibióticos y organizaron la nave para que hubiera un espacio para primeros auxilios, una enfermería, una especie de quirófano y hasta una especie de morgue. Los médicos instruyeron a los enfermeros para que dieran prioridad a atender los severos síntomas de congelamiento de los náufragos que fueran rescatados.

En medio de esa tarea de asistencia sanitaria y humanitaria, los pilotos chilenos que trasladaban cuerpos y heridos en helicóptero aprovecharon para tomar fotos del buque hospital Bahía Paraíso, perteneciente a la Armada Argentina, al que trasladaron a los náufragos rescatados. Además de las fotos, tomaron nota del equipamiento moderno y completo de la nave argentina. Las tareas de inteligencia no descansaban.

El espacio aéreo abierto

En plena guerra, señala el libro, “Chile abrió en secreto su espacio aéreo para que el avión británico de vigilancia electrónica Nimrod R-1 realizara una serie de vuelos a gran altura, ‘barriendo’ toda la frontera con Argentina mediante sus sofisticados equipos. La información recogida sería vital para los ingleses”.

El Nimrod R-1 llevaba a cabo, sobre todo, tareas de inteligencia y espionaje, y permitía detectar movimientos de las fuerzas argentinas. Las negociaciones para que se le “habilitara” en secreto ese espacio aéreo empezaron el 5 de abril de 1982, apenas iniciada la guerra.

Una isla para espiar

Chile posee, en medio del Pacífico y a la altura de Catamarca, la Estación Naval San Félix, que depende de la Armada. Es un centro de interceptación de comunicaciones y, como es apenas un peñasco plano de apenas 1,4 kilómetros cuadrados de superficie, es casi como “un portaviones en medio del océano”, según lo definen en su libro Avendaño y Palma.

“En círculos navales chilenos aún circulan algunas fotografías que supuestamente demostrarían el traslado secreto de una treintena de soldados gurkhas tras su paso por la isla San Félix”, sostiene la investigación de ambos periodistas.

La isla atrajo enseguida a las máximas autoridades de la Royal Air Force: el Nimrod podía operar desde allí bajo el máximo secreto, y espiar los movimientos argentinos y también sus comunicaciones, siempre desde el espacio aéreo chileno. Para “esconder” el origen del Nimrod, se pintó toscamente el fuselaje para cubrir insignias de la Royal Air Force.

La “pantalla” diplomática

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile durante 1982 era René Rojas y ordenó que todas las acciones oficiales que se llevaran a cabo en representación de ese país respetaran “estrictamente la neutralidad” que Chile declaraba públicamente.

Mientras tanto, el Palacio de La Moneda se movía sigilosamente para dar todo el apoyo posible al Reino Unido. A los embajadores chilenos en Buenos Aires y en Londres, Sergio Onofre Jarpa y Miguel Alex Schweitzer se les habilitó línea directa para comunicarse con Pinochet.

Schweitzer fue claro con sus asesores militares. Según El pacto perfecto les dijo: “De ahora en adelante, todo lo que hagan no me lo informen. Hagan todo lo que estimen pertinente, pero no me informen y no me pregunten”.

Fronteras abiertas

El pacto perfecto revela que el Palacio de La Moneda, a través de un documento secreto, instruyó a la Policía de investigaciones como al cuerpo de Carabineros para que los ciudadanos británicos pudieran atravesar pasos fronterizos sin que se les pidiera pasaporte. Sólo necesitaban cualquier documento que acreditara su nacionalidad. Según la investigación, más de 1.500 ciudadanos británicos que vivían en Argentina cruzaron la frontera durante la guerra de Malvinas.

Un radar cerca de la frontera e informantes en todos lados

El 5 de mayo de 1982, un presunto equipo de vendedores británicos de artículos tecnológicos viajó desde las cercanías de Londres hasta Santiago de Chile. En realidad, en el viaje había integrantes de la Royal Air Force especializados en la instalación y puesta en funcionamiento de armamento de inteligencia.

Instalaron en el pequeño pueblo chileno de Balmaceda, muy cerca de la frontera con Argentina, el radar Marconi S259. Desde allí, el Reino Unido podía acceder a información sobre los movimientos en la base argentina instalada en Comodoro Rivadavia.

Chile tenía, además, un radar de largo alcance francés, el Thompson-CSF, instalado cerca de la ciudad de Punta Arenas, bien al sur de su territorio. Desde allí podía ver y alertar a las fuerzas británicas sobre los movimientos argentinos que se hacían desde Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia.

Como el aeropuerto de Punta Arenas también sirvió para que se movieran aeronaves británicas, siempre usando un espacio aéreo que en realidad no podían usar, las autoridades chilenas decidieron pintar los ventanales para que la población civil no pudiera ver qué aviones despegaban y aterrizaban.

Además, la Royal Air Force contaba con que la Fuerza Aérea de Chile le informara cada vez que un avión argentino despegaba desde alguna de sus bases aéreas. Eso daba alrededor de 45 minutos de margen para que las fuerzas británicas se prepararan para enfrentar con bombas y misiles los vuelos argentinos.

Los radioaficionados chilenos también apostaban por una victoria británica. No dudaron en entregar información sobre movimientos argentinos cercanos a la frontera, sino que además, cuentan Avendaño y Palma, interferían las radios de los buques argentinos y celebraban la superioridad de fuerza británica. “¡Los van a hacer mierda, argentinos culiaos!”, dijo uno de esos “interventores”.

Hombres a disposición

Fernando Matthei Auebl, el jefe de la Fuerza Aérea chilena durante la guerra, instó a que sus hombres estuvieran a disposición para el conflicto bélico. Según un oficio despachado como urgente, se llamó a servicio activo a treinta suboficiales de esa fuerza, que debían estar disponibles entre el 1º de mayo y el 31 de julio en la Brigada Aérea de Punta Arenas.

Movimiento de tropas para desviar la atención

No sólo la Fuerza Aérea y la Armada de Chile se pusieron a disposición del Reino Unido. El 20 de abril de 1982, el Ejército movilizó tropas hacia la frontera cercana a Río Negro y Neuquén. Fueron más de veinte mil hombres, lo que obligó a la Argentina a mantener también a parte de sus hombres a disposición de cualquier conflicto que se desatara en la cordillera.

Algunos de los integrantes mejor entrenados del Ejército argentino permanecían en esa reserva, mientras que a Malvinas, según dispusieron las Fuerzas Armadas, viajaban los conscriptos que atravesaban en ese entonces la llamada “colimba”, con poquísima formación y un equipamiento absolutamente deficiente.

El alerta sobre la ayuda de Perú a Argentina

La investigación de Avendaño y Palma revela que Chile colaboró también en alertar que Perú estaba ayudando a la Argentina en el marco de la guerra. El 27 de abril de 1982, un documento secreto enviado desde Santiago a Londres advirtió que el embajador chileno en Manila había sido informado por su par argentino respecto de que la Fuerza Aérea de Perú estaba prestando aviones Mirage e incluso pilotos de esas naves para participar del combate.

Un avión por una libra esterlina

A Chile le habían cerrado las puertas globales del equipamiento militar. Es que las reiteradas denuncias por violaciones a los derechos humanos ejercidas durante la dictadura de Pinochet eran un serio problema ante la comunidad internacional para poder comprar material de guerra.

Matthei, el jefe máximo de la Fuerza Aérea, vio en la cooperación con el Reino Unido una posibilidad para equiparse. Como había hecho Merino, su par de la Armada, también instó a Pinochet a colaborar con los británicos.

No se equivocó en sus previsiones: Margaret Thatcher ofreció a Chile un jumbo con seis Hawker Hunter -aviones de ataque- a nada más que una libra esterlina por avión. Además, sumó a la oferta un radar de largo alcance, tres cazabombarderos y misiles antiaéreos.

Matthei negoció además para la Fuerza Aérea de Chile aviones que permitían obtener fotografías de gran precisión desde navegaciones altísimas: eran sofisticadas herramientas de espionaje.

Para sacar pecho, Chile quiso dar a conocer sus nuevas adquisiciones, pero desde el Reino Unido le bajaron el pulgar a tanta publicidad. La guerra estaba en marcha y, decían los británicos -con razón-, que la venta de equipamiento justo en ese momento podía interpretarse como parte de una cercanía que iba mucho más allá de la venta de algunos aviones. Podía interpretarse como la complicidad que efectivamente existía.

Uranio enriquecido para agradecer

Además de venderle aviones, misiles, radares y otros equipamientos a precios irrisorios, el Reino Unido autorizó otra venta a Chile que había vedado antes de la Guerra de Malvinas. Según El pacto perfecto, el ministro de Defensa británico envió una carta el 21 de mayo de 1982 en la que autorizaba otorgar una licencia para la transferencia de uranio enriquecido al país trasandino.

“El gobierno chileno nos ha brindado valiosas instalaciones de apoyo para la vigilancia de aviones (...) una negativa sería incomprensible para los chilenos”, dice la carta del funcionario que recogen Avendaño y Palma. La mismísima Thatcher dio su visto bueno, y así Chile accedió al combustible nuclear para avanzar con investigaciones en un reactor.

Además, el Reino Unido hizo en 1982 y 1983 algo que nunca había hecho antes: abstenerse de instar a la dictadura de Pinochet a restaurar las libertades democráticas en una votación en el marco de las Naciones Unidas.

Un canto que condensa la tensión entre dos países

La Copa América de 2015 se jugó en Chile. Los locales ganaron el certamen por primera vez. En un shopping de la zona de La Serena, en la capital chilena, los hinchas argentinos que habían viajado a alentar a la Selección cantaron:

Chile, decime qué se siente

saber que se te viene el mar.

Te juro que aunque te tape el agua

nunca te vamos a ayudar,

porque vos sos un traidor,

vigilante y botón,

nos vendiste en la guerra por cagón.

Por acá no vengas más,

ojalá te tape el mar,

que te ayuden los ingleses a nadar

Habían pasado 33 años de la guerra en la que el país anfitrión de la Copa había colaborado activamente con el enemigo de los argentinos.

La gestión del régimen de Cuba recibe una evaluación negativa de parte de casi todos los ciudadanos consultados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), organización de la sociedad civil cubana. El IX Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba señala que el 95% de los encuestados desaprueba el desempeño económico y social del Ejecutivo, en un escenario marcado por pobreza, inflación, apagones y falta de alimentos.

El documento también indica que el 84% de los cubanos desconfía de las medidas económicas anunciadas por la dictadura. Ocho de cada diez de los consultados no confía en que esas disposiciones puedan mejorar la grave situación que vive la isla. Solo el 6% espera resultados favorables; el 7% no tiene una posición definida y el 3% no respondió.

El nivel de desconfianza alcanza el 88% entre las personas de 18 a 30 años. Entre quienes tienen de 61 a 70 años, el porcentaje que espera una mejora llega solo al 9%, el nivel más alto entre los grupos etarios.

La encuesta expone una distancia entre la confianza en las políticas públicas y las expectativas personales sobre el futuro. Mientras una amplia mayoría cuestiona la eficacia de las medidas oficiales, el 50% considera posible un cambio favorable para la población durante el segundo semestre de 2026.

La mitad de los encuestados espera una mejora en el corto plazo. El 32% de los entrevistados no espera una evolución favorable durante el semestre siguiente. Otro 15% manifestó no saber qué puede ocurrir y el 3% no respondió.

Las expectativas positivas alcanzan el 56% entre las personas de 18 a 30 años y entre el grupo de 46 a 60 años. Entre los mayores de 70 años, esa cifra baja al 38%, mientras que el 40% anticipa que no habrá cambios positivos.

Según el informe, el 73% calificó la gestión del régimen como muy negativa y el 22% como negativa. Solo el 3% expresó una opinión positiva, mientras que el 2% no respondió. La investigación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) se basó en 1,318 entrevistas realizadas entre el 27 de junio y el 29 de julio de 2026 en 79 municipios, incluido el municipio especial Isla de la Juventud.

El rechazo supera el 90% entre jóvenes, adultos y mayores. La desaprobación atraviesa todos los segmentos de edad. Los porcentajes de evaluación negativa oscilan entre el 92% y el 96%, sin variaciones amplias entre jóvenes, adultos y personas mayores.

Entre los factores que condicionan esa percepción figuran el deterioro de los ingresos, la escasez de alimentos, los problemas de transporte y las deficiencias de los servicios básicos. El informe también registra que el 94% de la población vive en extrema pobreza y que ocho de cada diez personas han debido omitir alguna comida diaria durante los últimos seis meses por falta de dinero, alimentos o ambas causas.

Además, la población encuestada situó los apagones como el principal problema que debe atenderse en estos seis meses. Esa opción obtuvo el 70% de las menciones, seguida por la crisis alimentaria, con 52%, y el costo de vida, con 45%.

Cubanos urgen cambios políticos en la isla

Al consultar por el tipo de transformación deseada, el 77% eligió cambios políticos y económicos de forma simultánea. El 9% planteó reformas limitadas a la economía y el 4% priorizó modificaciones solo en el plano político. El 7% señaló el levantamiento del embargo de Estados Unidos como la principal vía de cambio. Ningún encuestado optó por mantener la situación actual.

La depreciación del peso cubano y la percepción de crisis es otro factor que golpea. El estudio incorpora el comportamiento del tipo de cambio como uno de los elementos que condicionan la vida de los hogares. La depreciación del peso cubano frente al dólar en el mercado no estatal reduce la capacidad de compra de salarios, pensiones y remesas.

El Observatorio calculó la línea de pobreza extrema con la referencia de USD 1.90 diarios por persona utilizada por el Banco Mundial. Para un hogar de tres integrantes en Cuba, ese umbral equivale a 87,210 pesos cubanos mensuales (USD 126.76). Pero el 68% de los hogares cubanos, según el informe, recibe menos de 20,001 pesos al mes (USD 29.07).

La distancia entre los ingresos declarados y el costo de bienes esenciales ayuda a explicar la desconfianza frente a las medidas económicas. Para los encuestados, la recuperación de la capacidad adquisitiva, el acceso a alimentos y la estabilidad eléctrica forman parte de las demandas urgentes que condicionan su evaluación sobre la dictadura cubana.

El Gobierno de Estados Unidos presentó a Cuba una propuesta que contemplaba el suministro de petróleo y la llegada de inversiones al sector energético a cambio de la salida del presidente Miguel Díaz-Canel y la privatización de la estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet), según informó este jueves Miami Herald, diario estadounidense.

El planteamiento no prosperó, pues de acuerdo con el diario estadounidense, La Habana recibió la iniciativa con reservas ante la posibilidad de que el abastecimiento de crudo quedara sujeto a empresas de Estados Unidos. A esa desconfianza se sumaron presiones políticas desde Miami, que también habrían incidido en el desenlace de las conversaciones.

El plan buscaba que inversores estadounidenses asumieran el control del sector petrolero cubano y que Washington obtuviera una posición de influencia sobre una actividad considerada estratégica para la isla. La información surgió de una fuente del medio que afirmó tener conocimiento directo de las negociaciones y pidió mantener el anonimato.

La propuesta habría llegado por medio de emisarios de Estados Unidos a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro. Entre las condiciones figuraba la privatización de Cupet, la compañía estatal que administra la exploración, producción, importación, refinación y distribución de hidrocarburos en el país.

La crisis energética cubana agravó la presión sobre La Habana

Las conversaciones se produjeron durante un período de restricciones para el sistema energético cubano. Según el reporte, la situación se agravó después de la salida del poder en Venezuela del depuesto presidente Nicolás Maduro, tras una operación militar estadounidense en el país sudamericano. Venezuela había sido durante años una fuente central de combustibles para Cuba, cuya generación eléctrica y transporte dependen en gran medida de las importaciones de petróleo.

A esa situación se añadieron las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posible aplicación de aranceles a los países que enviaran crudo a Cuba. La eventual medida redujo aún más las opciones de aprovisionamiento de la isla, de acuerdo con la fuente consultada por el periódico.

En febrero, la Administración Trump autorizó la venta de petróleo estadounidense a entidades privadas cubanas. Para quienes participaron de los contactos, esa decisión fue interpretada como una señal del interés de Washington por abrir un canal comercial y político con actores no estatales del país caribeño.

La propuesta incluía el ingreso de capital privado al sector petrolero

La iniciativa preveía que compañías de Estados Unidos participaran en el negocio de los hidrocarburos, un rubro que permanece bajo control de la dictadura en Cuba. El objetivo era que el capital privado asumiera funciones en una actividad que Cupet concentra desde hace décadas.

El régimen cubano, según el informe, rechazó depender por completo de una firma estadounidense para un insumo esencial. También se evaluó una alternativa que incluía una empresa conjunta con inversores internacionales, aunque esa opción tampoco avanzó.

El proyecto enfrentaba, además, obstáculos jurídicos. ExxonMobil inició acciones legales vinculadas con activos cubanos que fueron confiscados tras la revolución encabezada por Fidel Castro. La situación de Cupet y las posibles reclamaciones sobre bienes nacionalizados complicaron la viabilidad de una eventual reestructuración de la empresa.

El medio Miami Herald comparó el esquema discutido para Cuba con el acuerdo que Washington habría alcanzado con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez. Según el diario, ese entendimiento permitió a Estados Unidos obtener control sobre una parte importante de las reservas de hidrocarburos de Venezuela.

La falta de acuerdo con Cuba dejó sin efecto una propuesta que combinaba asistencia energética, inversiones privadas y exigencias de cambios en la conducción política y económica de la isla.

A lo largo de la historia argentina, distintos “culpables” han sido señalados para explicar los cíclicos fracasos y frustraciones del país. Uno de los momentos fundamentales fue la Acordada de la Corte Suprema del 10 de septiembre de 1930. Sin dudas, uno de los episodios más oscuros de la Argentina. A partir de aquella decisión (cuyo antecedente fue el fallo “Martínez, Baldomero c/ Otero” de 1865) se reforzó una discusión central para nuestro derecho constitucional: la relación entre el poder efectivo y el orden jurídico. En otras palabras, qué ocurre cuando los hechos se apartan del derecho y las instituciones deben responder frente a una situación que ya existe en la realidad.

La Acordada fue una decisión de la Corte Suprema de Justicia dictada pocos días después del golpe de Estado encabezado por el general José Félix Uriburu. El nuevo gobierno de facto disolvió el Congreso y avasalló las autonomías provinciales. Sin embargo, quienes habían tomado el poder necesitaban algún fundamento que permitiera revestir de legalidad el nuevo orden político. Tenían la fuerza, pero necesitaban la legitimidad legal. La Corte reconoció la existencia de una situación de facto y estableció determinados criterios para la validez de los actos de las autoridades surgidas de aquella situación. El golpe marcó el primer quiebre institucional del siglo XX en el país y dio inicio al período conocido como la Década Infame.

Algunas posiciones sostienen que los jueces de la Corte no tenían otra alternativa porque no podían cambiar el curso de la historia o porque si se oponían a legitimar al régimen hubieran sido desplazados de sus cargos para ser reemplazados por otros jueces más adictos al régimen. Lamentablemente, esas posiciones deferentes al uso de la fuerza son las que sobreviven en la actualidad. Hoy vemos muchos funcionarios en diferentes niveles de gobierno que se muestran en contra las políticas oficiales, pero siguen ocupando sus cargos y cobrando sus salarios.

La doctrina de facto puede ser entendida, así, como una expresión de la tensión entre el ser y el deber ser; entre aquello que efectivamente ocurre y aquello que el orden jurídico establece que debería ocurrir; entre aquello que se dice y lo que se hace.

Esta cuestión continúa siendo relevante para nuestra cultura jurídica y política. Implica una lógica de los fines, propia de las situaciones de emergencia, según la cual la necesidad de alcanzar determinados objetivos puede llevar a relativizar la importancia de los procedimientos y límites institucionales. Las distintas experiencias de ruptura del orden constitucional muestran las consecuencias que puede tener esa concepción.

Cuando se analiza la historia argentina, cuesta entender por qué ciertas anomalías institucionales pudieron sostenerse durante tantos años. Y aquí surge un punto interesante: la capacidad (o incapacidad) de muchos profesionales, funcionarios, operadores del derecho, militantes políticos y/o líderes para establecer límites a su propia participación. Albert Camus ya explicaba que un hombre rebelde es quien dice que “no”, pero cuya rebelión va acompañada de la sensación de tener de alguna manera y en alguna parte, razón.

Cuando una persona es convocada a formar parte de un gobierno o de una estructura institucional, no solamente aporta sus conocimientos técnicos: también contribuye, de algún modo, al funcionamiento de esa estructura. Por eso, en determinadas circunstancias, la posibilidad de decir “no” puede constituir una forma de responsabilidad institucional.

La cuestión no pasa por exigir una perfección moral que nadie posee, sino por reconocer que el conocimiento técnico no es suficiente para garantizar un buen desempeño político. Uno puede ser técnicamente intachable y, sin embargo, equivocarse respecto del sentido y las consecuencias de aquello que está contribuyendo a realizar.

Un buen ejemplo es la película Lo que queda del día (1993). En ella se comprende que los liderazgos políticos (en ese caso un diplomático) no deben guiarse por una lógica productivista o gerencial, muy propia del sector privado, sino por una lógica más estratégica, de posicionamiento simbólico y de largo plazo. En esta obra se aprecia cómo un trabajador de aparentes oficios manuales menores hace mucho mejor su trabajo que un importante diplomático pero que carece de carácter moral. Muchos políticos hoy son excelentes administradores, gestores y técnicos, pero hacen mal el trabajo por el cual les pagamos: el trabajo político. Administrar supone hacer las cosas bien; liderar en política supone, además, preguntarse cuáles son las cosas que deben hacerse.

Los límites de la tecnocracia en política han sido trabajados, entre otros, por el profesor de Harvard, Michael Sandel. El conocimiento especializado es indispensable para la gestión pública, pero no puede reemplazar el juicio político acerca de los fines y los límites de la acción estatal.

En este sentido, la discusión sobre la doctrina de facto, las situaciones de emergencia y el uso de los decretos de necesidad y urgencia puede ser pensada desde una misma preocupación: cómo preservar los límites constitucionales frente a la presión que ejerce el poder político para alcanzar determinados objetivos.

El problema, entonces, no es exclusivamente el de un partido, un gobierno o una ideología. Es una cuestión más profunda: qué concepción tenemos acerca de la relación entre poder y derecho. Estos desafíos se vuelven más interesantes con el uso de la inteligencia artificial: aumentan nuestras capacidades técnicas, pero sin formación de carácter moral habrá dificultades.

El verdadero desafío del derecho y la política consiste en impedir que la imposición del poder se convierta en fuente de legitimidad. Muchos creyeron encontrar en el peronismo la causa de todos los males de la Argentina, pero confundieron una causa con una consecuencia. La lógica anti institucional y el culto idolátrico al poder atraviesan a espacios políticos muy diversos. Por eso la misma lógica que estuvo detrás de la Acordada de 1930 reaparece, con distintos rostros, en nuestra política actual. El verdadero enemigo es creer que la fuerza puede sustituir a la razón y que quien puede imponerse tiene, por ese solo hecho, derecho a hacerlo. Es la vieja tesis de Trasímaco frente a Sócrates en La República: la justicia es aquello que conviene al más fuerte. Contra esa idea se construyó el constitucionalismo.

El régimen de Nicaragua, mediante la Asamblea Nacional, aprobó recientemente la creación de la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA), un ente que estará adscrito al Ejército y que controlará los puertos y el transporte acuático. La medida amplía atribuciones de los militares en un momento de disputa política por su lealtad ante un eventual cambio de régimen.

La nueva estructura tendrá autonomía técnica, administrativa y financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio. También recibirá los recursos, vehículos, sistemas informáticos y bienes que usaba la Dirección General de Transporte Acuático vinculada al Ministerio de Transporte e Infraestructura.

Según el portal oficialista el19digital.com, la legislación incorpora el numeral 19 bis al artículo 3 de la Ley 181, Código de Organización Militar, para formalizar que las Fuerzas Armadas ejercerán el control y tutela de la nueva entidad. La iniciativa presentada por la Presidencia sostiene que la medida busca reforzar la coordinación en seguridad y protección de los espacios marítimos, fluviales y lacustres.

La DGTA podrá formular políticas de seguridad para la navegación; dirigir, regular y controlar el desarrollo marítimo nacional; autorizar matrículas y permisos; cancelar rutas y servicios, y supervisar a personas y empresas dedicadas a actividades marítimas. También tendrá facultades sobre tarifas de transporte de carga y pasajeros, además del cobro de matrículas, patentes, permisos de navegación, certificaciones para astilleros y talleres de mantenimiento, y multas previstas por la ley.

Más control para asegurar la fidelidad militar

La ampliación de funciones del Ejército se produce en un momento en que los militares aparecen como un actor en cualquier escenario de continuidad autoritaria o transición en el país. Esto se volvió especialmente visible el 2 de septiembre, durante el 47.º aniversario del Ejército.

Ese día, la Unidad Nacional Azul y Blanco pidió a oficiales y soldados que no usaran las armas contra la población y les planteó que tendrían espacio en una futura democracia. Horas después, el general Julio César Avilés respondió desde el acto oficial con un respaldo a las reformas constitucionales del régimen de Ortega y Murillo y llamó a los militares a mantenerse “leales, firmes, cohesionados y sin dobleces”.

Avilés dijo: “Le decimos a los traidores, vividores y vendepatria, vergüenzas de la nación, que aquí estamos los soldados de la patria”. El jefe militar expresó, en nombre del Consejo Militar, el cuerpo de generales y la Comandancia General, su “firme respaldo” a la reforma constitucional promovida por el régimen.

La oposición también modificó su discurso hacia las Fuerzas Armadas. Juan Sebastián Chamorro, al explicar la propuesta “Nicaragua: Transición Ordenada desde la Dictadura hacia la Democracia”, sostuvo que el Ejército sí tendría un papel en la ecuación de cambio, siempre que se trate de militares no implicados en delitos, violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.

Chamorro afirmó: “Sí, definitivamente. Así lo vemos. Es un factor”. Añadió que las Fuerzas Armadas podrían contribuir a evitar que una salida del régimen desemboque en violencia, narcotráfico, vacío de poder o desintegración institucional.

Avilés rompió la rotación histórica y puede completar 21 años en la jefatura

El principal mecanismo de control construido por Ortega y Murillo tiene nombre propio: Avilés Castillo, comandante en jefe desde el 21 de febrero de 2010. Antes de su permanencia, el Ejército había mantenido relevos regulares de cinco años con Joaquín Cuadra entre 1995 y 2000, Javier Carrión entre 2000 y 2005 y Omar Halleslevens entre 2005 y 2010.

En enero de 2014 fue reformada la Ley 181 y desapareció la prohibición de reelegir al comandante en jefe. Avilés recibió un segundo período entre 2015 y 2020, un tercero entre 2020 y 2025 y un cuarto mandato iniciado en 2025 que se extenderá hasta 2031.

Si completa ese período, habrá dirigido el Ejército durante 21 años consecutivos. En su cuarta juramentación, Rosario Murillo afirmó: “Nos sentimos igualmente orgullosos de contar con la lealtad suprema de un soldado de la patria”.

La consolidación de la cúpula no se limita al comandante. En julio de 2025, La Prensa publicó que Ortega había nombrado al menos 43 generales desde su regreso al poder en 2007, hasta configurar una estructura que el diario describió como un Ejército “enano cabezón”.

En 2025 también se creó el grado de coronel general, situado debajo del general de Ejército. Los primeros ascendidos fueron Bayardo Ramón Rodríguez, jefe del Estado Mayor General, y Marvin Elías Corrales, inspector general, una decisión que permitió promoverlos sin apartarlos de sus cargos y abrió nuevos espacios en la cúspide del escalafón.

Fuentes militares citadas por el diario señalaron que, si continúan las extensiones de mandatos, integrantes centrales del Estado Mayor podrían acercarse a los 80 años antes de dejar definitivamente la cima de la institución. Esa permanencia bloquea la progresión de coroneles, tenientes coroneles y otros oficiales que esperan ascensos.

La oposición busca a los mandos medios del Ejército

De acuerdo con el medio nicaragüense, mientras crecen los mensajes políticos hacia los cuarteles, el régimen acumula incentivos, ascensos y nuevas atribuciones para la cúpula.

Javier Meléndez, analista en asuntos de defensa y seguridad, citado por Infobae, situó el foco en los mandos intermedios a quienes el mensaje opositor debería ofrecer “incentivos profesionales, amnistías condicionadas” y un lugar en el futuro democrático.

Hasta ahora, la Fuerza Naval ha tenido un perfil costero y se dedica al patrullaje, la lucha contra el narcotráfico, la pesca ilegal, la búsqueda y rescate y la vigilancia de aguas jurisdiccionales.

En ese contexto, la entrega de puertos, rutas, permisos y tarifas del transporte acuático a una entidad bajo tutela militar añade una nueva esfera de control a una institución que ya dispone de organización nacional, inteligencia, cadena de mando y despliegue territorial.

El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, advirtió este domingo que callar frente a las dictaduras convierte a los cristianos en cómplices. Sostuvo que permanecer pasivos ante estructuras políticas que destruyen la democracia, restringen la libertad y niegan al pueblo el derecho a decidir su rumbo equivale a no enfrentar el mal cuando se instala en el poder. La reflexión fue publicada desde Miami, según Nicaragua Investiga.

Báez planteó que los pueblos necesitan voces capaces de alertar cuando el poder se corrompe. Según Nicaragua Investiga, afirmó que guardar silencio frente a las injusticias y los abusos autoritarios no puede presentarse como neutralidad, porque supone una forma de complicidad.

En el tramo final de su mensaje, el prelado llamó a la unidad entre quienes buscan la libertad y cuestionó las disputas entre dirigentes que comparten ese objetivo, pero terminan divididos por ideologías, siglas o protagonismo personal. Sostuvo que el acuerdo, incluso dentro de la diversidad, y la oración en común son el camino para que Jesús esté presente entre quienes se reúnen en su nombre.

La figura del centinela en su mensaje

Para explicar esa idea, recurrió a las lecturas dominicales y comparó la tarea de los cristianos con la de los antiguos centinelas de las ciudades amuralladas. Deben mantenerse despiertos y dar la alarma cuando detectan peligro; quien observa el daño y no avisa, dijo, carga con las consecuencias.

Báez sostuvo que denunciar arbitrariedades no es un discurso de odio

El obispo fue explícito al referirse a los regímenes dictatoriales. Señaló que no se puede aceptar en silencio la imposición de estructuras que anulan la democracia y cercenan libertades básicas.

También afirmó que denunciar esas arbitrariedades no constituye un discurso de odio ni un atentado contra la paz. Para Báez, se trata de una exigencia de la fe y del amor al prójimo.

Ese planteo se enlazó con otra de las ideas centrales de su reflexión: los creyentes son “deudores del amor”. Desde esa premisa, sostuvo que nadie puede desentenderse del mal que golpea a otra persona.

El prelado evocó la escena bíblica de Caín cuando preguntó si era o no el guardián de su hermano. Con esa referencia, remarcó que el sufrimiento ajeno impide la indiferencia y obliga a asumir responsabilidad frente a la injusticia.

La corrección fraterna, según el obispo, debe anteceder al resentimiento

Báez sostuvo además que la corrección fraterna debe ejercerse con claridad, respeto y paciencia. Esa práctica, explicó, debe aparecer antes que el resentimiento, el chisme o la condena pública.

La publicación señaló que el religioso cerró su mensaje con una exhortación a evitar las fracturas entre quienes persiguen la libertad. En su planteo, las divisiones internas debilitan una causa compartida cuando quedan atrapadas en disputas de liderazgo o en diferencias de identificación política.

Monseñor Báez adquirió liderazgo moral y notoriedad a partir de las protestas ciudadanas de 2018 en Nicaragua, por su rol de mediador y su denuncia de la represión estatal. Tras recibir amenazas de muerte, se exilió en 2019 por pedido del Papa Francisco y en 2023 fue despojado formalmente de su nacionalidad nicaragüense por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La principal bolsa comercial de Cuba cambiará este año su formato habitual. La 42ª edición de la Feria Internacional de La Habana (Fihav) se realizará de forma virtual del 24 al 26 de noviembre, en medio de la crisis energética, la escasez y las sanciones de Estados Unidos. El único acto presencial será el Foro de Inversiones del 26 de noviembre.

El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, explicó que la decisión respondió al “complejo contexto” que atraviesa el país. Según informó la agencia EFE, el funcionario invitó a las compañías extranjeras con presencia en la isla a participar en la feria y sostuvo que aspiran a conservar una convocatoria internacional.

En las ediciones anteriores, Fihav reunió en promedio a representantes de unos 60 países. En 2025, participaron expositores de 52 naciones, de acuerdo con los organizadores. Pérez-Oliva admitió que algunas empresas podrían desistir de asistir, aunque afirmó que otras podrían sumarse para conocer los cambios regulatorios anunciados por el régimen cubano.

El foro de noviembre será una vitrina para las 176 reformas económicas

La feria será utilizada por el régimen para divulgar las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio, un paquete que busca ampliar ciertas actividades privadas, descentralizar decisiones y modificar las normas que rigen el comercio exterior y la inversión.

Entre las medidas ya publicadas figura el Decreto-Ley 133, que permite la creación de empresas privadas con más de 100 trabajadores. Hasta ahora, el sector no estatal estaba integrado sobre todo por micro, pequeñas y medianas empresas, autorizadas desde 2021.

La norma habilita dos figuras jurídicas: las sociedades de responsabilidad limitada, para emprendimientos con más de un propietario, y las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada, cuando existe un único dueño. También permite abrir sucursales fuera de la provincia de constitución, importar y exportar de forma directa con autorización oficial y asociarse con capital extranjero.

Las compañías podrán establecer los precios de sus bienes y servicios dentro de los límites fijados por el Estado, además de determinar los salarios de sus trabajadores. Las operaciones financieras deberán pasar por cuentas bancarias y, como regla general, las ventas deberán concretarse en pesos cubanos.

El nuevo marco autoriza a ciudadanos cubanos residentes en la isla o en el exterior, además de extranjeros con residencia en el país, a ser propietarios de estas sociedades. Quedarán excluidas las personas con cargos de dirección estatal o gubernamental, deudas pendientes o condenas incompatibles con la actividad empresarial.

La crisis energética y las presiones sobre empresas extranjeras condicionan el encuentro

La convocatoria virtual ocurre tras una nueva escalada de presión de Estados Unidos sobre la economía cubana. Desde enero 2026, la administración del presidente Donald Trump impuso restricciones al abastecimiento de petróleo y amplió las sanciones contra entidades de la isla, medidas que han afectado la disponibilidad de combustible y el funcionamiento de la red eléctrica.

El país, con 9.4 millones de habitantes, enfrenta una crisis económica que combina inflación, apagones prolongados y dificultades para acceder a alimentos y medicamentos. La situación también llevó a las autoridades a cancelar en febrero el Festival del Habano, una cita que atrae a compradores, coleccionistas, representantes comerciales y periodistas especializados.

Por disposición de la dictadura cubana, una iglesia cristiana del municipio de Minas, en la provincia de Camagüey, no puede salir a las calles a repartir desayunos a domicilio para personas vulnerables. Así lo denunció el pastor Juan Carlos Dobal Rodríguez, responsable del programa “Un desayuno con Jesús”, en declaraciones recogidas por el medio independiente CiberCuba.

Según con la publicación, la medida impuesta por la dictadura obliga a los beneficiarios —principalmente adultos mayores y enfermos— a desplazarse hasta el local de la iglesia cada martes a las 8:30 de la mañana para recibir la ayuda. De esta manera, queda restringida la modalidad original del proyecto, que consistía en recorrer las calles para entregar desayunos y un mensaje cristiano directamente en los hogares de quienes más lo necesitan.

El pastor Dobal Rodríguez publicó en sus redes sociales que “los ancianos del hogar esta vez tuvieron que salir de su hogar para participar de este desayuno con Jesús, muchos enfermos tuvieron que trasladarse cuadras para poder llegar a nosotros, pues nos impidieron salir a las calles como se hacía todo este pasado tiempo”.

Las imágenes divulgadas en las redes del pastor muestran a voluntarias identificadas con camisetas religiosas sirviendo bebidas y pan a grupos de adultos mayores bajo techos de zinc. En las camisetas se lee la cita bíblica de Mateo 25: “Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis”.

La pública del pastor subraya que la restricción no responde a una preferencia del grupo religioso, sino a la imposibilidad legal de realizar su labor fuera del templo: “No porque sean nuestros métodos, sino porque se nos impide como iglesia hacer nuestro llamado y trabajo fuera del templo, que es donde se encuentran todas estas personas que necesitan un desayuno y sobre todo el amor de Dios”, explicó Dobal Rodríguez a través de su perfil y citado por CiberCuba.

El caso de Minas se suma a un patrón documentado de restricciones religiosas en la isla, según datos recogidos también por CiberCuba y la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF). La Oficina de Asuntos Religiosos del régimen exige autorización estatal para actividades religiosas y humanitarias fuera del culto regular, incluidas labores de asistencia social en la vía pública.

CiberCuba destaca que este tipo de medidas han ido en aumento durante 2026: en abril, el pastor Rolando Pérez Lora fue arrestado por orar en un espacio público y, en junio, otro pastor fue detenido en Cabaiguán tras una manifestación religiosa pacífica. Además, la Alianza de Cristianos de Cuba documentó cerca de mil violaciones a la libertad religiosa durante 2024, cifra que refleja el control ejercido sobre las comunidades de fe.

A pesar de estos obstáculos, CiberCuba señala que las iglesias cubanas han asumido un papel cada vez más relevante en la asistencia humanitaria frente a la crisis económica y la falta de recursos estatales. En junio, Cáritas Camagüey abrió un comedor para personas en situación de calle en la capital provincial, una labor que contrasta con las restricciones que enfrentan quienes intentan ejercer este tipo de ayuda fuera de los templos.

La prohibición de repartir desayunos directamente en las calles afecta de manera significativa a los beneficiarios más frágiles, quienes ahora deben desplazarse por sus propios medios para recibir la ayuda alimentaria y espiritual que antes llegaba hasta sus puertas. El control estatal sobre las actividades religiosas y humanitarias fuera de los templos, documentado por CiberCuba, continúa generando tensiones entre las iglesias y las autoridades, en un contexto de creciente necesidad social en la isla.

El pastor Dobal Rodríguez concluyó su reflexión en redes sociales, reproducida por CiberCuba, afirmando que “la iglesia en Cuba está tan dentro de este pueblo que no se puede ver de manera superficial”. Y agregó que mantiene su esperanza de poder retomar el trabajo en la calle. “Oramos a Dios para que nuevamente podamos ir por las calles de Minas llevando un desayuno con Jesús a esta comunidad”, escribió.

El régimen de Cuba autorizó la apertura de guarderías privadas, bajo la figura de Casas de Cuidado Infantil, y estableció nuevas obligaciones para los propietarios que alquilen inmuebles a particulares, cooperativas o empresas privadas.

Las disposiciones fueron publicadas este miércoles dos de septiembre en la Gaceta Oficial como parte del paquete de transformaciones económicas y sociales aprobado por las autoridades cubanas en junio. La Resolución 30/2026 del Ministerio de Educación habilita el funcionamiento de centros privados de cuidado infantil. Las personas a cargo deberán completar un curso de capacitación previo y ajustarse a requisitos vinculados con la formación de los niños.

Entre las condiciones fijadas por la norma figura la enseñanza del respeto a los símbolos nacionales y la promoción de valores “acordes a la sociedad”, según el texto difundido por las autoridades. Las Casas de Cuidado Infantil podrán constituirse como una nueva actividad privada dentro de la ampliación del marco legal para el sector no estatal cubano.

La resolución dispone que las cuidadoras tendrán que recibir formación antes de comenzar a trabajar. El Estado mantendrá facultades de supervisión sobre el cumplimiento de las condiciones definidas para este tipo de establecimientos.

Las normas también incluyen cambios para la educación privada fuera del sistema escolar. Los profesores podrán ofrecer clases particulares y repaso, incluso si trabajan en instituciones públicas, siempre que lo hagan fuera de su horario laboral.

Los docentes no podrán emitir títulos o diplomas, utilizar instalaciones estatales ni emplear libros oficiales. Además, deberán ofrecer clases sin costo a niños vulnerables de las comunidades donde desarrollen su actividad.

Nuevas reglas para los alquileres

El nuevo paquete regulatorio también modifica las reglas para los alquileres. Los propietarios podrán arrendar inmuebles a las nuevas sociedades privadas y a las cooperativas, una posibilidad que amplía el uso comercial de viviendas y locales.

A partir de la entrada en vigor de las medidas, los arrendadores deberán llevar un registro de las personas que pernocten en el inmueble y conservar esa información durante cinco años.

Cuando el huésped sea un ciudadano cubano residente en el exterior o un extranjero, el propietario deberá comunicar sus datos de manera directa al Ministerio del Interior.

Las disposiciones se integran en las 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el régimen cubano. El plan incluye cambios en la actividad privada, el comercio exterior, el sector inmobiliario y la organización de las empresas estatales.

La publicación de las medidas ocurrió un día después de que el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera difundiera declaraciones de su viceministro, Carlos Luis Jorge Méndez, quien afirmó que las reformas “van en serio”.

El funcionario aseguró que el plan ya está en marcha y que su implementación busca modificar de forma profunda el funcionamiento de la economía nacional en medio de una crisis que afecta a la isla desde hace seis años.

“Las medidas se encuentran entre las 176 reformas económicas aprobadas en junio. Este es un proceso real. Esto va en serio. Estamos realizando transformaciones que están cambiando profundamente el funcionamiento de la economía nacional”, expresó el viceministro.

La aplicación de ese paquete coincide con un escenario que se agravó desde enero, cuando comenzó el bloqueo petrolero de Estados Unidos, y que sumó desde mayo nuevas sanciones consecutivas con el objetivo de forzar cambios políticos y económicos en Cuba.

El paquete aprobado en junio apunta a descentralizar decisiones económicas, ampliar la autonomía de las empresas estatales, modificar las reglas para el comercio exterior y habilitar una mayor participación privada en distintas actividades, incluida la financiera. Las disposiciones entran en vigor en medio de la crisis económica que atraviesa Cuba desde hace varios años.

El Gobierno del Perú expresó su rechazo a la reforma constitucional aprobada en primera votación por la Asamblea Nacional de Nicaragua y advirtió sobre la perpetuación de la dictadura familiar Ortega-Murillo en el poder. A través de un comunicado oficial, Lima señaló que la iniciativa busca liquidar la institucionalidad democrática del país centroamericano mediante la eliminación de la posibilidad de elecciones libres y la anulación del estado de derecho.

La reforma, impulsada por el copresidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, fue aprobada por unanimidad el 1 de septiembre durante una sesión especial celebrada en la ciudad de León, al noroeste de Managua. El texto prohíbe la participación de partidos opositores en las elecciones y extiende de seis a siete años los mandatos presidenciales, así como los de diputados, alcaldes, magistrados y jefes del Ejército y la Policía. Para entrar en vigor, deberá ratificarse en una segunda legislatura a partir del 18 de enero de 2027.

Perú denuncia violación de la Carta Democrática

El comunicado peruano sostuvo que la medida constituye un atentado contra la legitimidad del ordenamiento legal nicaragüense y viola de forma flagrante la Carta Democrática Interamericana, además de los compromisos internacionales asumidos por Nicaragua en materia de derechos humanos. El texto oficial calificó la iniciativa como “condenable” y afirmó que reafirma la ausencia de condiciones mínimas para la celebración de elecciones libres, justas y competitivas en el país.

“Este nuevo nivel de transgresión a los principios más elementales de la democracia y al derecho del pueblo nicaragüense de vivir en libertad constituye un atentado contra la legitimidad del ordenamiento legal de Nicaragua”, señaló el Gobierno peruano en el documento. La declaración se suma a las críticas de otros países de la región, entre ellos Costa Rica, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil y Uruguay, así como de la Unión Europea.

Denuncia represión sistemática

El Ejecutivo peruano acusó además al aparato estatal nicaragüense de criminalizar de manera sistemática y arbitraria a la oposición democrática que, según el comunicado, lucha por la recuperación de la democracia en el país. La reforma constitucional incorpora en su artículo 47 impedimentos para que “traidores a la patria” ocupen cargos de elección popular o funciones públicas, una categoría que el régimen ha aplicado a más de 450 opositores y críticos desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

Frente a este escenario, el Gobierno del Perú hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, a los órganos de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que activen todos los mecanismos disponibles con el fin de evitar la consolidación de una dictadura en Nicaragua. El pedido se produjo el mismo día en que el secretario general de la OEA, Alberto Ramdin, y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, también expresaron su preocupación por la medida.

El comunicado concluyó con la reafirmación del compromiso peruano con la defensa y promoción de la democracia y los derechos humanos. El Gobierno indicó que se mantendrá al lado del pueblo nicaragüense, de sus presos políticos, de sus exiliados y de todos aquellos que hoy son perseguidos por defender la posibilidad de elecciones libres en el país.

El dirigente opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro advirtió este miércoles que miles de empleos podrían peligrar en Nicaragua si Estados Unidos adopta medidas comerciales luego de pedir a sus socios internacionales que suspendan las operaciones habituales con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El pronunciamiento de Chamorro ocurrió un día después de que la Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo control del sandinismo, aprobara en primera legislatura una reforma constitucional que impide a los considerados “traidores a la patria” postularse a cargos de elección popular y extiende de seis a siete años el período presidencial.

La iniciativa necesita una segunda aprobación de la próxima legislatura, prevista entre el 9 de enero y el 15 de diciembre de 2027, antes de su entrada en vigor. La propuesta forma parte de una serie de cambios institucionales promovidos por el oficialismo, que concentra el poder político en torno a Ortega y Murillo.

Chamorro, quien fue desterrado a Estados Unidos en febrero de 2023 junto con otros 221 presos políticos y luego perdió su nacionalidad y sus bienes, sostuvo que la decisión de eliminar las elecciones competitivas puede impactar sobre la relación económica entre Managua y Washington.

“El tratamiento comercial privilegiado que tiene Nicaragua con Estados Unidos ya está en riesgo por esta acción de eliminar las elecciones”, afirmó el opositor en un audio enviado desde el exilio a medios de comunicación.

Casi la mitad de las exportaciones nicaragüenses tienen como destino a Estados Unidos

El dirigente recordó que casi 50% de las exportaciones de Nicaragua se dirige al mercado estadounidense, por lo que una modificación de las condiciones comerciales podría afectar puestos de trabajo vinculados a sectores exportadores.

Chamorro señaló que el país centroamericano está bajo investigación en virtud de la legislación comercial de Estados Unidos. Según su evaluación, Washington podría establecer aranceles específicos sin necesidad de excluir formalmente a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como DR-Cafta, el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

“El riesgo es que se comiencen a aplicar acciones comerciales que terminen afectando a trabajadores y empresas nicaragüenses”, planteó el opositor. Atribuyó al régimen de Ortega la responsabilidad por un eventual deterioro de los vínculos económicos internacionales.

La advertencia se produjo luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuestionara la reforma votada el martes por el Parlamento nicaragüense. El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que la Asamblea Nacional “socavó la ficción democrática” del país al impulsar cambios que, según afirmó, apuntan a consolidar una “dinastía”.

Marco Rubio pidió a los socios internacionales terminar con las operaciones habituales

En una declaración difundida este miércoles, Rubio pidió a los aliados internacionales de Washington que pongan fin de inmediato a las “operaciones comerciales habituales” con el régimen de Managua. También afirmó que los países que niegan derechos fundamentales a sus ciudadanos no deberían mantener los mismos beneficios económicos y políticos que los gobiernos comprometidos con la paz y la seguridad hemisférica.

La posición estadounidense eleva la presión sobre la administración de Ortega y Murillo, que ya enfrenta sanciones de Washington contra funcionarios e instituciones estatales por denuncias de represión contra la oposición, restricciones a organizaciones civiles y cierre de espacios políticos.

Chamorro consideró que la dictadura nicaragüense calculó que la administración del presidente Donald Trump no respondería con firmeza al anuncio realizado el 19 de julio, cuando Ortega comunicó el fin de las elecciones en el país.

“Ortega pasó una línea roja el 19 de julio”, afirmó. “En vez de retroceder, avanzaron con su reforma constitucional”. El opositor interpretó que la declaración de Rubio muestra que el Ejecutivo estadounidense considera que la eliminación de elecciones tendrá consecuencias para Nicaragua. “La guerra contra la democracia amenaza la estabilidad y la prosperidad”, sostuvo.

La reforma aprobada en primera legislatura excluye de la competencia electoral a quienes sean declarados “traidores a la patria”, una figura utilizada por el oficialismo contra dirigentes opositores, activistas y críticos del régimen. Además, prolonga el mandato presidencial a siete años.

Si la Asamblea Nacional ratifica el texto en 2027, el cambio constitucional entrará en vigor y redefinirá el calendario electoral nicaragüense. La eventual aplicación de medidas comerciales por parte de Estados Unidos podría abrir una nueva etapa de tensión entre Washington y Managua, con efectos sobre la economía de un país cuya relación exportadora con el mercado estadounidense ocupa un lugar central.

Cuba habilitó empresas privadas de más de 100 trabajadores y amplió el marco para cooperativas y trabajadores por cuenta propia

El Consejo de Estado de Cuba publicó este miércoles el Decreto-Ley 133, que habilita la creación de empresas privadas con más de 100 trabajadores. La norma incorpora una nueva figura al sector no estatal, hasta ahora integrado principalmente por las micro, pequeñas y medianas empresas que comenzaron a operar en 2021.

Según informó la agencia de noticias EFE, la disposición fue publicada en la Gaceta Oficial y entrará en vigencia dentro de siete días. Esta forma parte de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por el régimen cubano en junio.

Las nuevas sociedades podrán adoptar dos formas jurídicas. Cuando cuenten con más de un propietario deberán identificarse como sociedades de responsabilidad limitada (SRL). Si pertenecen a una sola persona, se constituirán como sociedades unipersonales de responsabilidad limitada (SURL).

Las sociedades podrán abrir establecimientos en otras provincias

El decreto autoriza a las empresas privadas a instalar sucursales, locales u otros establecimientos secundarios fuera de la provincia donde fueron constituidas. También podrán importar y exportar de forma directa, aunque para ello necesitarán una autorización del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Las compañías tendrán la posibilidad de asociarse con capital extranjero y de fijar sus precios, dentro de las regulaciones y límites establecidos por el Estado. Además, podrán determinar los salarios de sus empleados.

La norma exige que todas las operaciones financieras se canalicen por cuentas bancarias corrientes. Las ventas de bienes y servicios deberán realizarse en pesos cubanos, salvo en las actividades que una legislación específica autorice a operar en divisas.

Antes de la aprobación de una sociedad, sus socios deberán depositar el capital inicial en una cuenta transitoria, según las exigencias del Banco Central de Cuba. También tendrán que acreditar el origen lícito de los fondos.

Cubanos residentes en el exterior podrán ser propietarios

La legislación permite que sean propietarios de estas empresas ciudadanos cubanos residentes en la isla o en el exterior, además de extranjeros con residencia en el país.

Quedarán excluidos quienes ejerzan cargos o funciones de dirección en el Estado y el Gobierno, así como las personas con deudas pendientes o condenas por delitos considerados incompatibles con la actividad empresarial que pretendan desarrollar.

El Decreto-Ley 133 incluye una obligación de responsabilidad social para las empresas, que deberán contribuir con las comunidades donde realicen sus actividades.

Cooperativas y trabajadores por cuenta propia tendrán nuevas reglas

Las cooperativas también podrán extender sus operaciones a otras provincias y realizar importaciones o exportaciones con autorización del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Al igual que las sociedades privadas, deberán operar principalmente en pesos cubanos.

En el caso del trabajo por cuenta propia, la norma limita la colaboración familiar a situaciones puntuales. A la vez, permite que los titulares de una licencia viajen al exterior hasta 3 meses por año natural sin perder su autorización.

Quienes contraten trabajadores deberán bancarizar el pago de los salarios, según las disposiciones difundidas este miércoles.

La publicación de las medidas ocurrió un día después de que el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera difundiera declaraciones de su viceministro, Carlos Luis Jorge Méndez, quien afirmó: “Las reformas van en serio”.

El paquete aprobado en junio apunta a descentralizar decisiones económicas, ampliar la autonomía de las empresas estatales, modificar las reglas para el comercio exterior y habilitar una mayor participación privada en distintas actividades, incluida la financiera. Las disposiciones entran en vigor en medio de la crisis económica que atraviesa Cuba desde hace varios años.

Un relevamiento reciente del Consejo de la Magistratura identificó un total de 916 causas por delitos de lesa humanidad en juzgados federales de primera instancia de todo el país. Del total, 70 expedientes fueron elevados a juicio, en 95 se había dispuesto la convocatoria a declaración indagatoria y en 177 se investiga el delito de supresión de identidad.

Los datos fueron consignados en la Memoria Anual 2025 de la Unidad de Derechos Humanos y Género, incorporada al Dictamen N.º 89/2026, que la Comisión de Administración y Financiera aprobó por unanimidad en agosto y elevó al Plenario junto con el Plan de Trabajo 2026. La comisión, presidida por Santiago Viola, recomendó aprobar ambos documentos.

La Unidad de Derechos Humanos y Género opera en el ámbito del Consejo de la Magistratura y tiene entre sus funciones el seguimiento de las causas por crímenes de lesa humanidad, la asistencia a juzgados y tribunales federales y la preservación y sistematización de documentación y registros audiovisuales de esos procesos. También desarrolla tareas vinculadas con la capacitación en género, la implementación de la Ley Micaela y el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina.

Para realizar el relevamiento sobre esa clase de delitos, el área abarcó los 119 juzgados federales comprendidos dentro de las 16 cámaras federales del país. De ese universo, 54 remitieron información, mientras que los restantes 65 no enviaron datos, informaron que no tenían competencia en la materia o que no tramitaban expedientes de esas características.

A partir de las respuestas recibidas, se contabilizaron 916 causas en trámite. Setenta están elevadas a juicio y en 95 expedientes se convocó a declaración indagatoria. En otros 177 se investiga la supresión de identidad, figura penal que comprende, entre otros supuestos, los casos de personas apropiadas durante la última dictadura cuya identidad fue alterada u ocultada.

Las jurisdicciones con mayor cantidad de expedientes informados fueron las correspondientes a la Cámara Federal de Córdoba, con 239 causas; La Plata, con 127; y Corrientes, con 106. A nivel de primera instancia, los cinco juzgados con mayor volumen fueron el Federal N.º 3 de Córdoba, el Federal N.º 3 de La Plata, el Federal N.º 1 de Córdoba, el Federal de La Rioja y el Federal N.º 1 de Corrientes.

Recursos, personal e infraestructura

El relevamiento también examinó las condiciones materiales en las que tramitan esos procesos. La Unidad solicitó información sobre recursos humanos, infraestructura, equipamiento, conectividad y herramientas informáticas, además de la integración de los juzgados y las dificultades que pudieran afectar el avance de las causas.

En ese marco, el Juzgado Federal N.º 2 de San Martín informó la necesidad de contar con impresoras, escáneres, discos rígidos externos para resguardar información, pendrives, cámaras web y auriculares destinados a las audiencias.

A su vez, en Córdoba, el Juzgado Federal N.º 3 consignó un requerimiento relacionado con una investigación sobre enterramientos clandestinos en La Perla, uno de los principales centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura militar en esa provincia. Para tareas vinculadas con ese expediente se había solicitado un presupuesto de $165.069.625,04.

En la misma jurisdicción, el Juzgado Federal N.º 1 de Córdoba señaló la necesidad de cubrir vacantes y mencionó el volumen de trabajo asociado con causas y megacausas bajo su órbita.

Por otro lado, la memoria incluyó específicamente el expediente de Ingenio La Fronterita, radicado ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Se trata de una causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto y la presunta participación de integrantes de la estructura empresarial del ingenio azucarero en el aparato represivo.

Más de 7.000 horas de audiencias y 200 cuerpos de expedientes digitalizados

Otro de los capítulos de la Memoria Anual 2025 de la Unidad de Derechos Humanos y Género, cuyo dictamen de aprobación fue avalado recientemente por la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura, corresponde al Repositorio Audiovisual de Procesos Judiciales de Delitos de Lesa Humanidad, creado para reunir y preservar registros de los juicios realizados desde el regreso de la democracia.

Al momento de confeccionarse el informe, habían sido procesadas y cargadas 55 causas provenientes de 23 tribunales, que sumaban 7.007 horas de grabación, distribuidas en 4.968 archivos MP4 y un volumen aproximado de 3,11 terabytes.

El procedimiento comienza con la recepción de los archivos originales enviados por los tribunales. Luego se generan copias para su preservación, se organiza y renombra el material, se convierten los videos a formato MP4 y se extrae el audio.

A continuación, la Unidad utiliza herramientas de inteligencia artificial para generar una primera transcripción automática de las audiencias. El texto resultante es sometido posteriormente a una revisión humana antes de su utilización o publicación.

El repositorio incorpora, además, información sobre las causas, las personas imputadas y las víctimas, los delitos investigados, el estado de los debates, las sentencias y otras resoluciones judiciales. El Plan de Trabajo 2026 prevé continuar con la carga del material y gestionar herramientas específicas para agilizar la desgrabación de las audiencias.

Por otra parte, la Unidad informó que durante 2025 también intervino ante un pedido del Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario para preservar y digitalizar documentación correspondiente a las causas conocidas como Feced I, Feced II y Feced III.

Se trata de distintos tramos de una megacausa en la que fueron juzgados crímenes de lesa humanidad cometidos en Rosario, principalmente dentro de un esquema de represión que funcionó en el Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe, utilizado como centro clandestino de detención. Los procesos abarcaron hechos de privaciones ilegales de la libertad, torturas, homicidios, desapariciones y delitos sexuales cometidos contra numerosas víctimas. El nombre de la causa refiere a Agustín Feced, quien estuvo al frente de la estructura durante parte de aquel período.

La Cámara Federal de Casación Penal había ordenado preservar el material probatorio de esas actuaciones mediante su digitalización, guarda y disponibilidad para posteriores consultas. Según informó el tribunal rosarino, el material comprendía más de 200 cuerpos de expedientes y documentación almacenada en aproximadamente seis armarios, y la jurisdicción no contaba con los recursos humanos necesarios para realizar esa tarea.

Personal de la Unidad y de la Dirección General de Tecnología viajó entonces a Rosario para retirar la documentación, que fue trasladada a Comodoro Py para su digitalización y posterior devolución al tribunal de origen.

Género, capacitación y femicidios

La memoria también informa las actividades desarrolladas por el área de género. Durante 2025 se dictaron 16 talleres de “Acceso a la Justicia y Género”, en el marco de la Ley Micaela, que fueron aprobados por 752 agentes del Poder Judicial.

Desde el inicio del programa, en 2019, la Unidad contabilizó 16.267 personas capacitadas, de las cuales 1.126 pertenecían al Consejo de la Magistratura. Además, entre agosto de 2023 y septiembre de 2025 se realizaron 19 instancias del taller “Identidad de Género para la Justicia”, con 2.297 inscriptos y 864 aprobados.

El área también participa en la carga del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires. El registro, administrado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, recopila datos de causas judiciales sobre femicidios, travesticidios y otras muertes violentas de mujeres cis y personas trans.

La tarea se realiza en coordinación con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y otras dependencias judiciales y administrativas.

En Cuba, los cortes de electricidad que pueden extenderse durante más de 20 horas en La Habana y superar las 48 horas en otras provincias alteran la preparación y conservación de alimentos, reducen el transporte disponible y afectan el suministro de agua. A ese escenario se suma una inflación que reduce el poder adquisitivo de los salarios estatales y encarece productos esenciales de una semana a otra.

La red eléctrica del país acumula fallas desde 2024, cuando comenzaron a multiplicarse las averías en plantas termoeléctricas de antigua tecnología soviética. La falta de combustible profundizó el problema y convirtió los apagones prolongados en una parte habitual de la rutina para millones de cubanos.

El periodista independiente Iván García, residente en La Habana y colaborador de Diario de las Américas, diario en español de Estados Unidos, explicó que la incertidumbre sobre los horarios obliga a reorganizar la vida familiar. “Ahora cortan la electricidad a las 6 de la mañana y no sabes cuándo volverá”, afirmó a Miami Herald. Según relató, el servicio puede regresar a la mañana siguiente o durante la madrugada.

Cuando vuelve la luz, los hogares concentran en poco tiempo tareas que antes podían distribuir a lo largo del día. Cocinar, lavar ropa, llenar recipientes con agua, cargar teléfonos celulares y otros dispositivos, además de conservar alimentos, se convierten en actividades urgentes.

La falta de refrigeración obliga a comprar comida para cada día

Los apagones limitan la posibilidad de refrigerar carne, lácteos, huevos y otros productos. Por esa razón, muchas personas compran alimentos para consumir el mismo día, aunque esa alternativa aumenta el gasto y exige recorrer mercados con frecuencia. El problema adquiere otra dimensión en un país donde la oferta es irregular y los precios se modifican de forma constante. García contó que un cartón de pollo importado, que costaba 6,700 pesos cubanos, pasó a valer entre 7,500 y 8,000 pesos en pocos días.

“Los precios suben 1,000 pesos de un día para otro”, señaló el periodista. La variación ocurre en un contexto de menor disponibilidad de combustible, dificultades de abastecimiento y descenso del consumo en comercios privados. El carbón también se encareció porque muchas familias lo usan como reemplazo de las cocinas eléctricas. Una lata cuesta alrededor de 1,000 pesos, según Miami Herald. Quienes consiguen gas licuado enfrentan dificultades similares por la escasez y el costo del producto.

Algunos cubanos reciben desde el exterior paneles solares, baterías y estaciones de energía portátiles. Sin embargo, estos equipos tienen precios superiores a USD 1,000 y resultan inaccesibles para la mayoría de los hogares. Las estaciones EcoFlow, por ejemplo, se convirtieron en un artículo buscado en grupos de compraventa en redes sociales.

La inflación supera el aumento de los ingresos estatales

La Oficina Nacional de Estadística e Información informó una inflación interanual del 20.7% en julio, en comparación con el mismo mes de 2025. El Panel de Inflación de Steve Hanke, profesor de la Universidad Johns Hopkins, calculó una suba mucho mayor, de alrededor del 72% en el mismo período. La diferencia entre ambas estimaciones refleja las dificultades para medir el impacto de los precios en un mercado marcado por la escasez y por la importancia del tipo de cambio informal. Muchos productos de consumo cotidiano se venden fuera de los canales estatales o dependen de importaciones.

El salario mínimo mensual de un trabajador estatal es de 3,210 pesos cubanos, equivalente a menos de cinco dólares (USD 4.76) en el mercado informal de divisas mencionado en la publicación del Miami Herald.

La combinación de apagones, falta de combustible y alzas de precios obliga a las familias a destinar una parte creciente de sus ingresos a resolver necesidades básicas, como cocinar, trasladarse, conseguir agua y comprar alimentos para el consumo inmediato.

La ciudad Ciego de Ávila, en el centro de Cuba, cuenta desde el lunes con un emprendimiento privado que reunirá servicios ópticos, gastronomía y comercio de artículos religiosos, en medio de la crisis económica que atraviesa la isla y de las reformas que ampliaron el margen de acción para las micro, pequeñas y medianas empresas privadas.

La entidad fue constituida como una Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada (SURL) y tendrá sucursales en los municipios de Morón y Ciro Redondo. Su actividad principal será la atención óptica, aunque sumará otros servicios que hasta hace poco enfrentaban mayores restricciones para los actores no estatales.

El emprendimiento surge en un escenario marcado por escasez de bienes básicos, inflación, apagones prolongados y dificultades de acceso a insumos, según informes de medios internacionales y cubanos. Esa situación también afecta a los servicios de salud visual, de acuerdo con José Antonio Herrera Porro, socio principal de Avilea y especialista en Oftalmología.

“Nos percatamos que había mucha debilidad en ese sentido por las condiciones que todos conocemos”, afirmó Herrera Porro a la Agencia Cubana de Noticias (ACN), en alusión a la falta de recursos para responder a la demanda de la población.

Las 176 medidas abrieron nuevas opciones para las mipymes

La apertura de Avilea coincide con la puesta en marcha de parte de las 176 medidas económicas y sociales aprobadas por el régimen cubano en junio. El paquete busca reordenar sectores productivos, facilitar trámites y dar mayor espacio a las formas de gestión no estatal, aunque bajo supervisión oficial y con límites regulatorios.

La medida 26 permite que cooperativas, mipymes y otras formas de gestión no estatal incorporen actividades productivas y de servicios adicionales sin abandonar su objeto social principal. En este caso, la empresa mantendrá la óptica como eje de su operación y añadirá propuestas comerciales y culturales.

Las medidas 19 y 27 también resultaron centrales para el proyecto. La primera reduce requisitos, plazos y trámites vinculados con la creación y funcionamiento de negocios privados. La segunda acorta la lista de actividades vedadas a los actores económicos no estatales.

El régimen de Miguel Díaz-Canel presentó esas disposiciones como una vía para tratar de aumentar la producción, incorporar inversiones y aliviar obstáculos administrativos. Un despacho de UPI sobre la autorización de cadenas privadas de comercios y restaurantes en Cuba señaló que las reformas llegan mientras la isla enfrenta una crisis con desabastecimiento, aumento de precios y fallas en el sistema eléctrico.

El paquete incluye medidas que habilitan una mayor expansión de los negocios privados, como la operación de varias sedes bajo una misma marca y el arrendamiento de espacios estatales. Las nuevas normas prevén cambios en las reglas para las mipymes, el comercio exterior y el sistema financiero.

Servicios ópticos, cafetería y un proyecto para ceremonias religiosas

En el caso de Avilea, el comercio recibirá recetas emitidas por policlínicos y hospitales del Sistema Nacional de Salud. Ofrecerá espejuelos y lentes de contacto personalizados, con asesoramiento para cada cliente, de acuerdo con la información divulgada por ACN.

La empresa también venderá bebidas, refrescos y productos empaquetados para quienes esperen la atención óptica. Sus responsables prevén ampliar esa oferta hacia una cafetería, aunque no precisaron una fecha para esa etapa.

El proyecto incluye la apertura de una tienda de artículos religiosos en la ciudad y gestiones ante el Consejo Provincial de las Artes Escénicas para alquilar el espacio conocido como Palenque Poseído, junto al Teatro Iriondo. Allí planean instalar un salón para ceremonias religiosas, con asesoría cultural y folclórica.

Herrera Porro definió la iniciativa como un negocio con “un abanico de actividades sociales”. La propuesta condensa el nuevo marco que promueven las autoridades: negocios privados con actividades diversas, presencia en varios municipios y uso de locales estatales, dentro de una economía que conserva el control del régimen sobre áreas estratégicas.

La exguerrillera sandinista Ana Julia Guido Ochoa fue elegida este martes como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, un tribunal que, tras la reforma constitucional de 2025, quedó subordinado a la Presidencia, encabezada por los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La Asamblea Nacional designó además a José Manuel Fuerte como vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Ambos fueron postulados por Ortega y Murillo y recibieron el respaldo unánime de los diputados, según informó el presidente del Legislativo, el oficialista Gustavo Porras.

Guido Ochoa fue sancionada por Estados Unidos en 2020

La nueva titular del máximo tribunal nicaragüense fue subdirectora de la Policía Nacional y fiscal general de la República entre 2014 y 2025. Estados Unidos la sancionó en 2020 al acusarla de permitir y beneficiarse de las acciones represivas del Ejecutivo.

El Gobierno de Estados Unidos también sostuvo que, durante su gestión como fiscal, Guido Ochoa creó una unidad especializada para formular acusaciones contra manifestantes y promover procesos judiciales en su contra.

En noviembre pasado, la dirigente sandinista fue elegida magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. En febrero de 2023 recibió la orden Augusto Sandino en su máximo grado. Murillo la describió entonces como una “guerrillera de indudable valentía en toda circunstancia”.

Guido Ochoa reemplazará a Alba Luz Ramos, quien dejó la presidencia de la Corte Suprema de Justicia la semana pasada por razones de salud. Su salida elevó a nueve el número de magistrados que renunciaron en los últimos dos años.

Ramos llevaba casi tres años fuera del cargo pese a seguir como presidenta formal

La renuncia puso fin, al menos en los registros oficiales, a una situación abierta desde octubre de 2023, cuando el asesor presidencial Horacio Rocha la desalojó de su despacho. Desde entonces, la magistrada quedó sin funciones, pero continuó como cabeza formal de la Corte.

De acuerdo con el medio, esa remoción fue parte de una purga impulsada por Rosario Murillo que alcanzó a más de 100 colaboradores cercanos a Ramos, entre ellos su vocero y sus asesores. Después de ese operativo, la magistrada quedó recluida en su vivienda, ubicada en un residencial militar, bajo custodia policial.

La reforma redujo de 16 a 10 el número de magistrados

La Corte Suprema de Justicia quedó integrada por 10 magistrados desde febrero de 2025, luego de una reforma constitucional que redujo de 16 a 10 la cantidad de jueces del alto tribunal. Esa modificación, junto con la Ley Orgánica del Sistema Judicial de la República de Nicaragua, otorgó a los copresidentes la facultad de designar a la presidencia de la Corte Suprema por períodos de seis años.

La nueva ley derogó la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial y estableció la subordinación del Sistema de Justicia a la Presidencia de la República. Según analistas y dirigentes opositores nicaragüenses, los nueve magistrados que renunciaron respondían al excomandante revolucionario Bayardo Arce Castaño y al exjefe de la Seguridad del Estado Lenín Cerna, ambos antiguos asesores de Ortega. Arce fue arrestado e investigado por presunta corrupción.

Los jueces que dejaron sus cargos fueron sustituidos por magistrados identificados con Murillo, según esas mismas fuentes.

Los apagones de hasta 20 horas diarias en La Habana y de más de 48 horas en otras zonas de Cuba agravan la escasez de alimentos, agua, medicamentos y combustible, en un contexto de inflación persistente y pérdida del poder adquisitivo que afecta la vida cotidiana de millones de personas y profundiza la crisis humanitaria en Cuba.

Un médico cubano, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, describió al medio Miami Herald el impacto de los cortes eléctricos en hospitales y hogares. “Pasamos noches enteras sin electricidad, lo que hace imposible dormir; es una experiencia agotadora tanto para los médicos como para los pacientes”, afirmó.

El profesional, que tiene un hijo pequeño, explicó que su familia destina la mayor parte de sus ingresos a la alimentación. Según relató, debe recurrir a préstamos de amigos o vender pertenencias para cubrir los gastos mensuales.

Los médicos del sistema estatal perciben alrededor de 8,500 pesos cubanos mensuales, equivalentes a unos USD 12.50 en el mercado informal de divisas, de acuerdo con el reporte. Esa suma no alcanza para comprar productos básicos como un cartón de huevos, cuyo precio ronda los 6,000 pesos, o una botella de aceite de cocina, que puede costar 5,000 pesos.

Hospitales y hogares de ancianos enfrentan falta de medicamentos y alimentos

El médico consultado afirmó que los centros sanitarios padecen faltantes de fármacos para pacientes con enfermedades crónicas, entre ellos hipertensos, diabéticos y personas con cardiopatías. La falta de tratamientos, según su relato, provocó más consultas de urgencia por infartos y accidentes cerebrovasculares. “La sala de urgencias ha quedado solo para explicarle al paciente lo que tiene y lo que puede tratar de conseguir en la calle”, afirmó. También mencionó la ausencia de medicamentos habituales, como analgésicos, antipiréticos, hidrocortisona para pacientes asmáticos y tratamientos para problemas gástricos.

De hecho, el dirigente del régimen cubano Miguel Díaz-Canel reconoció recientemente que el país solo produce o adquiere en el exterior el 30% de los medicamentos básicos que deberían estar disponibles en las farmacias estatales.

El doctor que habló bajo anonimato con el Miami Herald también describió dificultades en hogares maternos y residencias de adultos mayores. Según su testimonio, hay embarazadas internadas por anemia, infecciones y bajo peso que no reciben una alimentación ni tratamientos adecuados. En algunos hogares de ancianos, agregó, hay residentes con desnutrición, anemia y enfermedades de la piel.

Las denuncias difundidas en redes sociales muestran además acumulación de basura, problemas de abastecimiento de agua y deterioro edilicio en hospitales, cementerios y otros servicios públicos.

En Camagüey, el periodista exiliado José Luis Tan Estrada divulgó imágenes de adultos mayores y pacientes en condiciones de extrema precariedad, de acuerdo con el reporte.

Las protestas por agua y electricidad conviven con el temor a represalias

La falta de agua se ha convertido en otro foco de tensión. Aguas de La Habana, la empresa estatal encargada del servicio en la capital, informa de forma habitual cortes provocados por problemas eléctricos en estaciones de bombeo y roturas de tuberías. En distintos barrios se registraron reclamos de vecinos que pasaron semanas o meses sin suministro. Un grupo de mujeres bloqueó una calle de La Habana con cubos y neumáticos después de varias horas sin agua, según un video compartido por el activista y ex preso político Silverio Portal.

Un estudio publicado este mes en la revista Social Science & Medicine vinculó los apagones prolongados en Cuba con síntomas de depresión, ansiedad y estrés.

Además, la falta de descanso, el calor —con temperaturas superiores a 30°C (86°F)— y la imposibilidad de conservar alimentos o acceder a agua agravan la presión sobre los hogares.

Mientras la dictadura pide resistencia y atribuye la situación a las sanciones de Estados Unidos, una parte de la población busca alternativas para emigrar. Para quienes dependen de un salario estatal, ahorrar lo necesario para salir de Cuba aparece como una meta cada vez más distante, destaca el medio estadounidense.

El obispo nicaragüense exiliado Silvio Báez denunció este domingo que la dictadura de Nicaragua utiliza el nombre de Jesús para afianzar su permanencia en el poder, en medio de nuevas reformas constitucionales que buscan marginar a la oposición. Báez, crítico abierto del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, advirtió sobre la manipulación religiosa durante su homilía celebrada en una iglesia de Estados Unidos, según informó la agencia de noticias EFE.

Durante su intervención, Báez acusó a las “dictaduras desgastadas” de escudarse en la religión para justificar su dominio. El obispo, que reside fuera de Nicaragua desde 2019 por razones de seguridad, sostuvo que “las dictaduras desgastadas que se escudan hipócritamente en la religión profanan el nombre de Jesús cuando lo invocan desde el poder y le atribuyen a Él el dominio que ejercen sobre el pueblo, pero jamás hablan de la cruz”. La declaración fue recogida por Agencia EFE y se produce en un contexto de creciente represión política en el país centroamericano.

El religioso, a quien el fallecido papa Francisco solicitó abandonar Nicaragua, señaló que los autócratas “se apropian del nombre de Jesús para legitimar su autoritarismo”, según citó la Agencia EFE. La crítica de Báez coincide con el anuncio de nuevas reformas constitucionales impulsadas por el sandinismo, que buscan endurecer el control político en el país.

La reforma que busca excluir a opositores

El pasado sábado, el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, informó que el Parlamento votará el 21 de septiembre una reforma para excluir de futuras elecciones a los opositores a quienes la dictadura ha retirado la nacionalidad, bajo la acusación de ser “traidores a la patria”. De acuerdo con EFE, la iniciativa forma parte de un paquete de cambios legislativos promovidos por Ortega, quien controla Nicaragua desde 2007.

La reforma deberá ser aprobada en dos legislaturas distintas, la actual y la que comenzará en enero de 2027, para entrar en vigor. Según el calendario modificado por recientes enmiendas constitucionales, las próximas elecciones generales, inicialmente previstas para noviembre de 2026, se realizarían un año más tarde, en noviembre de 2027.

La frase de Ortega sobre las elecciones

Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista el pasado 19 de julio, Ortega declaró en un acto público: “Aquí no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, de acuerdo con lo reportado por EFE. Esta afirmación generó preocupación entre organizaciones internacionales y opositores sobre la continuidad democrática en el país.

El contexto de la crisis en Nicaragua

Las reformas constitucionales y las recientes declaraciones oficiales profundizan la crisis política y social que atraviesa Nicaragua desde 2018. La situación de los opositores desnacionalizados se agrava con la nueva legislación, que les impide participar en los próximos comicios y limita sus derechos civiles. Según la Agencia EFE, la medida afecta a decenas de dirigentes, periodistas, activistas y religiosos críticos con el régimen, quienes han buscado refugio en distintos países tras ser despojados de su ciudadanía.

La Asamblea Nacional de la dictadura en Nicaragua conmemoró el 59° aniversario de la llamada “Gesta heroica de Pancasán”, una derrota militar sufrida por guerrilleros sandinistas en 1967 ante la Guardia Nacional somocista, convertida luego en hito fundacional de la narrativa del régimen sandinista.

El 27 de agosto de 1967, un grupo de combatientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) cayó en una emboscada en las montañas de Pancasán, en el departamento de Matagalpa, al norte del país. En ese enfrentamiento murió Silvio Mayorga Delgado, uno de los fundadores del FSLN, que se habían alzado en armas contra la dictadura somocista. De acuerdo con EFE, los hechos de Pancasán se consideran un hito fundacional para el sandinismo, corriente política que tomó su nombre de Augusto César Sandino, el líder nacionalista que combatió la ocupación militar estadounidense entre 1927 y 1933.

El acto conmemorativo contó con la participación de legisladores y simpatizantes del régimen, quienes ofrecieron flores y realizaron actividades culturales. El diputado sandinista Pedro Haslam expresó durante la sesión plenaria: “Saludamos a los colaboradores históricos de la guerrilla de Pancasán, porque sin ellos y sin ellas no hubiese sido posible que hubiéramos llegado al triunfo de la revolución popular sandinista el 19 de julio de 1979”, según recogió EFE.

Haslam subrayó que la acción de 1967 “dio a conocer que la lucha emprendida por nuestro general Sandino estaba viva y que, con el FSLN a la cabeza del pueblo, estaba dispuesto a alcanzar la victoria popular frente a la nefasta dictadura militar somocista”.

Según el régimen nicaragüense, la generación de jóvenes que cayó en Pancasán “sembró la semilla para la liberación” del país, que se materializó el 19 de julio de 1979. Ese día, tras la caída del régimen somocista, se estableció un gobierno de transición liderado por el Frente Sandinista a través de una Junta de Reconstrucción Nacional, en la que Ortega ejerció como coordinador, según detalló EFE.

El FSLN surgió en 1961 de la mano de Silvio Mayorga Delgado, Carlos Fonseca Amador (jefe de la revolución sandinista), Tomás Borge, Faustino Ruiz y Santos López, quienes perseguían el derrocamiento de la dinastía Somoza que había controlado Nicaragua desde 1937. Todos los fundadores han fallecido, pero la formación política mantiene hasta hoy el control en Nicaragua bajo la dictadura de Ortega, quien cumple 19 años en el poder y enfrenta críticas internacionales por el cierre de los espacios de disidencia y la concentración de poder.

Además ocurre a las puertas de una reforma a la Constitución de Nicaragua en la que la familia Ortega-Murillo quiere impedir la participación de la oposición y perpetuarse en la presidencia.

La conmemoración oficialista de este año

Durante la conmemoración de este año, los simpatizantes del actual régimen participaron en actividades festivas y culturales. La dictadura insiste en que los caídos en Pancasán representan “el origen de la lucha revolucionaria” y sostienen que su sacrificio permitió la posterior instauración de un sistema político distinto al que rigió bajo la familia Somoza.

La efeméride de Pancasán cobra relevancia en la narrativa oficialista, que la presenta como un antecedente clave para el triunfo revolucionario de 1979, según ha consignado EFE.

La activista Lumey Guzmán fue excarcelada en La Habana tras pagar una fianza, pero seguirá sometida a un proceso judicial por desacato después de haber criticado en Facebook a Miguel Díaz-Canel por un apagón de 90 horas en su barrio de Alamar, en medio de una crisis eléctrica que derivó en protestas y nuevas detenciones en Cuba.

El caso se inscribió en un escenario más amplio de represión ligado a los cortes de energía. Según CiberCuba, el 8 de julio la Unión Eléctrica registró un déficit de generación de 2,341 MW, el mayor mencionado para el país, y después de las protestas fueron arrestadas al menos 24 personas en Luyanó el 9 de julio y otras seis en Loma del Chivo, en Guantánamo, el 17 de ese mes.

La excarcelación fue informada por la organización Justicia 11J a partir de una fuente familiar. La activista, una cuentapropista de 44 años residente en Alamar, había sido detenida el 9 de julio y permanecía en prisión preventiva sin juicio.

El arresto y la causa judicial

Su arresto ocurrió después de una transmisión en directo en Facebook en la que expresó su malestar por la falta de electricidad y dirigió insultos al presidente cubano, a su esposa Lis Cuesta y al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez. En ese video dijo: “Este video es para el presidente que dice que Cuba resiste con dignidad. Este video es para el hijo de puta de Bruno que dice que Cuba es una economía. Este video es para Machi que dice que Cuba es luz. Este video es para la gente de la Zona 6 de Alamar, quítense la venda”.

La grabación cerraba con otra consigna: “Ya está bueno de tanto comunismo, abajo la dictadura, patria y vida”.

La respuesta central del caso es esta: Lumey Guzmán Fernández recuperó la libertad bajo fianza, pero el proceso penal no fue archivado y deberá enfrentar los cargos desde su casa. La publicación que informó su liberación subrayó que la salida de prisión no puso fin a la persecución judicial.

Según la organización, “ahora está fuera de prisión, pero sigue sometida a un proceso por ejercer pacíficamente su libertad de expresión y manifestar su descontento ante la situación del país”. La misma ONG sostuvo que “el uso del sistema judicial para perseguir voces disidentes, intimidar a quienes cuestionan al poder y generar miedo entre quienes denuncian la realidad cubana constituye una forma de represión”.

Tras recibir una citación el mismo 9 de julio, Guzmán Fernández fue llevada a la unidad policial de Alamar. Después pasó por la estación de Cojímar, por el centro de detención de la Seguridad del Estado de El Vivac y finalmente fue trasladada el 17 de julio a la prisión femenina de El Guatao.

Durante ese período, familiares denunciaron que estuvo incomunicada durante varios días, sin derecho a fianza y bajo condiciones extremas. La organización también recordó que, ya en prisión, la mujer “había perdido mucho peso y presentaba un deterioro en su estado mental”.

Denuncias sobre presos políticos y cárceles

El cuadro represivo aparece reforzado por otros testimonios recientes. El ex preso político Eider Frómeta Allen, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, dijo en una entrevista con CubaNet que en prisión vio “a muchos presos morir de hambre” y denunció haber sufrido “golpizas, inmovilizaciones, castigos prolongados y otras formas de maltrato” durante casi ocho meses de encierro.

Frómeta relató: “Me negaban la visita, me negaban el teléfono, me enviaban a celda de castigo por tiempos prolongados. Utilizaban métodos de tortura contra mí”. También aseguró que en una prisión de Camagüey fue atado con esposas y cadenas, una práctica que, afirmó, le dejó “secuelas en un hombro”.

El trasfondo estadístico de estas denuncias también fue consignado por la publicación. Prisoners Defenders cerró julio de 2026 con 1,327 presos políticos documentados en Cuba, con 36 nuevas incorporaciones ese mes, 15 de ellas vinculadas de forma directa a protestas ciudadanas. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos contabilizó casi dos mil acciones represivas en el primer semestre de 2026, entre ellas 257 detenciones arbitrarias.

La primera designada presidencial de Honduras, María Antonieta Mejía, describió a Nicaragua como un “modelo fracasado” y criticó con dureza el modelo político bajo el mando de Daniel Ortega, en una entrevista con Juan Cruz Castiñeiras y difundida por la Gran Confederación Opositora Nicaragüense.

Mejía, quien ocupa un cargo equivalente al de vicepresidenta en su país, sostuvo que la situación nicaragüense representa un ejemplo de las consecuencias de gobiernos de izquierda radical en la región centroamericana.

Según la dirigente hondureña, Honduras ha servido de “referéndum” para la región durante los últimos cuatro años ante lo que calificó como una amenaza a la democracia por parte de partidos políticos de izquierda radical.

“El pueblo hondureño se dio cuenta de todas las arbitrariedades que comete la izquierda radical con tal de destruir las democracias para enclaustrarse en el poder y violentar todos los derechos y garantías constitucionales”, afirmó Mejía, en declaraciones recogidas por la organización opositora.

A juicio de Mejía, los modelos políticos implementados en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua han fracasado. “Hay lecciones aprendidas, copia de modelos fracasados, como el caso de Nicaragua, que lo tenemos como país hermano, vecino, y lamentamos que esta situación se esté desbordando”, indicó.

La funcionaria agregó que “todavía hay un pueblo que no conoce la realidad, que no sabe que vivir en democracia es lo mejor”.

Consultada sobre las relaciones bilaterales entre Honduras y Nicaragua, la designada presidencial aclaró que ambos países mantienen relaciones diplomáticas con los estados de la región.

No obstante, subrayó que los vínculos entre dirigentes de izquierda, como el “clan Zelaya” (en referencia al expresidente hondureño Manuel Zelaya) y el “clan Ortega”, se basan en afinidades ideológicas más que en resultados concretos. “¿Qué deja de experiencia esas relaciones? Absolutamente nada, porque cuando tenés un Estado fracasado, ustedes pueden ver en Nicaragua: se reprime la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de culto, la libertad de absolutamente todo el pueblo nicaragüense”, puntualizó.

Mejía señaló que mantener relaciones diplomáticas con gobiernos autoritarios implica el riesgo de avalar, por acción u omisión, ciertas actuaciones. “Honduras se ha mantenido al margen de este tipo de actuaciones.

Lo seguimos señalando y cuestionando como partido de derecha, de que las democracias deben sobrevivir a pesar del disenso que haya entre partidos políticos”, aseveró.

Para la funcionaria, el pueblo nicaragüense “tiene que despertar” y seguir el ejemplo de movilización social visto en Venezuela y Cuba. “Para que su nación se vuelva grande, próspera, pero con la libertad que producen las democracias: libres, soberanas, pero sobre todo con independencia y autonomía”, manifestó.

Respecto al papel del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Mejía consideró que no sería adecuado expulsar a Honduras del organismo por su postura democrática, pero sí a Nicaragua, por las constantes violaciones a los principios democráticos.

“Cuando los Estados nos unimos por respetar la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, también respetamos la posición del pueblo nicaragüense, que ha decidido seguir con el mandato de Ortega.

Pero Honduras se posiciona como un país referéndum: cuando el pueblo se une, ninguna clase política puede ser privilegiada en las urnas”, explicó.

La dirigente hondureña hizo hincapié en la necesidad de que los países de derecha en América Latina y el mundo eleven la voz “para que las democracias se sigan fomentando y no se sigan liquidando”.

En su opinión, “la izquierda radical busca liquidar la democracia; para ellos, la democracia es un talón de Aquiles, porque la prosperidad viene con el desarrollo y de la mano con la democracia”.

Sobre la posibilidad de una intervención militar extranjera en Nicaragua, Mejía sostuvo que el cambio debe provenir del propio pueblo nicaragüense. “Nosotros, como países de la región, deseamos vivir siempre en democracia y que el país vecino también pueda tener de referéndum, que cuando una sociedad despierta debería cambiar sus gobernantes y sus políticos”, apuntó.

Añadió que la movilización social es clave. “Si no es el pueblo nicaragüense que sale a la calle a manifestar su inconformismo, definitivamente que como Estados miembros de diferentes instancias no vamos a poder hacer (nada)”, destacó.

La entrevista, difundida a través de las redes sociales de la Gran Confederación Opositora Nicaragüense, refuerza la postura crítica de la dirigencia hondureña hacia la situación política en Nicaragua y los modelos de izquierda radical en la región.

La reciente reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, ha encendido las alertas de expertos en derechos humanos y analistas políticos, quienes advierten que la medida podría acarrear graves consecuencias políticas, diplomáticas y económicas para el país.

La modificación, impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, establece que ninguna ley, reglamento o normativa emitida por otro Estado u organismo internacional tendrá efectos jurídicos en Nicaragua si, a juicio del Gobierno, afecta la independencia, la soberanía o la paz nacional, según se describe en la cobertura de Artículo 66.

Para Álvaro Leiva, defensor de derechos humanos, y Héctor Mairena, abogado y preso político desterrado, la reforma representa una estrategia de blindaje político y jurídico que busca proteger al régimen de futuras acciones internacionales.

Leiva sostiene que el objetivo principal es evitar la aplicación de leyes extranjeras y disposiciones internacionales que puedan derivar en responsabilidades por violaciones de derechos humanos documentadas en los últimos años. “La dictadura Ortega-Murillo busca una sola cosa con esta reforma: blindar su impunidad”, afirmó Leiva, citado por Artículo 66.

Leiva advierte que el régimen intenta utilizar el concepto de soberanía como argumento para desconocer resoluciones internacionales y deslegitimar las críticas de otros países y organismos multilaterales. Según su análisis, la reforma permitirá al Gobierno presentar cualquier señalamiento externo como una supuesta agresión contra Nicaragua, lo que podría servir de justificación para medidas internas como detenciones arbitrarias, desnacionalizaciones y confiscaciones.

“El régimen Ortega-Murillo utiliza la ‘defensa de la soberanía’ como escudo narrativo, no como argumento jurídico”, añadió el defensor de derechos humanos.

Mairena coincide en que el propósito de la reforma es eminentemente político, pues busca dotar al régimen de un blindaje teórico frente a la aplicación de leyes o medidas internacionales.

Recordó que en una reforma anterior ya se habían eliminado referencias constitucionales a compromisos internacionales, como el reconocimiento de la Convención contra la Tortura.

Repercusiones en el aislamiento internacional

El abogado Héctor Mairena advierte que la nueva reforma podría profundizar el aislamiento internacional de Nicaragua y complicar aún más sus relaciones diplomáticas, así como el acceso a financiamiento y cooperación internacional.

Considera que se trata de una acción de tipo político que pretende blindar a los responsables de crímenes de lesa humanidad y que aísla aún más al país de sus compromisos internacionales, “específicamente en el terreno de los Derechos Humanos”, según declaraciones recogidas por Artículo 66.

Leiva agrega que las medidas internacionales acumuladas en las últimas décadas han reducido el margen de maniobra del régimen, aunque no han logrado modificar su conducta interna.

Menciona que las sanciones individuales y sectoriales, las restricciones financieras y las resoluciones de organismos multilaterales han afectado el acceso de Nicaragua a financiamiento, cooperación y legitimidad diplomática. “Cada resolución internacional se convierte en una pieza más del cerco que limita la capacidad del Estado de actuar sin consecuencias externas”, afirma Leiva.

Una respuesta directa a la OEA

La reforma constitucional fue aprobada días después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) avalara una resolución promovida por Estados Unidos, orientada a convocar a una reunión de cancilleres para analizar posibles acciones frente a la situación en Nicaragua.

Para Leiva, aunque las resoluciones de la OEA no modifican de inmediato las decisiones del régimen dentro del país, sí tienen efectos en el ámbito internacional, ya que “cada resolución es un registro oficial que queda en la historia diplomática del continente”.

Estas decisiones, según el defensor de derechos humanos, pueden incidir en las relaciones bilaterales, la cooperación, el acceso a financiamiento y la percepción de riesgo político y económico. Mairena advierte que la comunidad internacional podría pasar de las declaraciones a la adopción de medidas más contundentes contra el régimen de Ortega-Murillo.

“Creo que estamos en un momento en que la comunidad internacional está diciendo basta y pasará de las declaraciones a las acciones y las medidas”, concluyó Mairena en declaraciones recogidas por Artículo 66.

En suma, la reforma constitucional nicaragüense ha sido interpretada por expertos como un intento del régimen de blindarse frente al escrutinio y las consecuencias del derecho internacional, lo que podría agudizar el aislamiento del país y tener efectos duraderos en su posición internacional.

Luisa Valenzuela atiende enseguida. Estaba esperando el llamado. Son las once de la mañana de un lunes que amaneció gastado y ella sigue en la cama. “Por fiaca”, dice. Tiene 87 años y tiempo de sobra. Mira el cielo desde la ventana de su casa, en el Bajo Belgrano, y algo en la forma de las nubes la lleva a 1978, a la madrugada en que escribió la nouvelle o cuento largo —“debió haber sido de madrugada, cuando esas epifanías me ocurren”— que abre este libro que acaba de reeditar Marea: Cambio de armas.

“No le asombra para nada el hecho de estar sin memoria, de sentirse totalmente desnuda de recuerdos”, comienza el relato. Es una mujer, “la llamada Laura”, que no sabe por qué está en un departamento, con otra mujer, que la cuida, con un hombre, que es coronel, que le habla, la besa, la asiente. Poco a poco ocurre la desnaturalización y ahí empieza a asomar un pedazo de la verdad: que “la llamada Laura” no es Laura, que fue guerrillera, que fue secuestrada y torturada, y que esto sigue ahora.

¿También una metáfora de esta sociedad, a esta época? “A ella la están empastillando y de alguna extraña manera a nosotros también: nos están empastillando con las redes sociales, con toda esta cosa siniestra de las granjas de bots que mueven a la opinión pública. En esa época mucha gente vivía adormecida: te decían que no sabían nada y estaban matando gente al lado. Y después siempre aparece. Como en el final de esa novela. El retorno de lo reprimido: es el gran problema nuestro”, asegura.

En marzo del 76, cuando se dio el Golpe de Estado, Luisa trabajaba en la revista Crisis, y era ahí, en aquella redacción, cuando a veces abría algún diario de tirada masiva y leía noticias como que “el subversivo detenido anoche portaba un arma calibre 38 y un ejemplar de la revista Crisis”. En 1978 escribió Cambio de armas y decidió guardarlo en un cajón hasta que cuatro años después —ya exiliada en Estados Unidos— el sello de Hanover Ediciones del Norte lo publicó junto a cuatro cuentos más.

La editorial Marea acaba de publicar ese libro ampliado: a los originales de aquel volumen (“Cambio de armas”, “Cuarta versión”, “La palabra asesino”, “Ceremonias de rechazo” y “De noche soy tu caballo”) se le suman cinco más, todos escritos durante la dictadura. Marea, Interzona y Factotum están publicando la Biblioteca Luisa Valenzuela. “En principio, va a ser toda mi obra, pero yo creo que no van a llegar nunca: porque es mucho y porque estoy produciendo cosas nuevas”, dice ahora, en diálogo con Infobae Cultura.

—En la “Nota del Editor” de Cambio de armas se lee que lo que tu literatura tiene para decirnos linda con lo inagotable. Cada época lee diferente el pasado. Pero, ¿cómo es con esta?

—Eso me da un poco de escalofríos, te confieso, porque de golpe hay cosas que fueron premonitorias. Cuando estaba escribiendo pensaba que era una distopía total y de golpe estamos viendo el cenit de estas distopías y de estas incoherencias que, más que incoherencias, son cosas muy perversas. Es raro cómo uno pesca cosas que están en el aire sin querer, sin darse cuenta.

—¿Qué poder de incidencia le queda hoy a la literatura?

—Yo creo que lo sigue teniendo pero desde otro lugar. Ahora hay una especie de ruptura, otra tendencia de la literatura. Tenemos que leer desde el lugar del desciframiento, de ver qué se dice más allá de las palabras, que es lo que tiene la buena literatura: lo que te está diciendo más allá de la intención de la persona que escribe, eso que está metido en el lenguaje cuando lo estás trabajando muy a conciencia, muy a profundidad. Es el lenguaje el que te va diciendo que eso es lo que te están permitiendo: lecturas instantáneas donde no tenés que interpretar nada. Lo importante es la interpretación.

—Y está la literatura política y también la literatura que, sin ser estrictamente política, habilita interpretaciones políticas. En tu caso, ¿es algo que te interesa deliberadamente?

—No la produzco con esa conciencia. Es la necesidad de contar, pero más que de contar, de entendernos. Entonces, evidentemente estás en relación con lo inmediato, con lo que pasa, pero no es una cosa para distraerte, porque hay una necesidad de derivar un sentido. Es una necesidad muy interior, no es algo que me propongo voluntariamente. Nace desde esa necesidad. Por eso yo sufría tanto cuando no estaba escribiendo. Me acuerdo cuando estaba Nueva York, tenía mil cosas, enseñaba, daba conferencias, discutíamos la censura, teníamos seminarios sobre el miedo, trabajamos muchísimo. Y sentía que no estaba escribiendo porque no estaba haciendo ficción. La ficción es el lugar donde podés destapar cosas. Y eso es mucho más tenaz que el lugar de la reflexión y de los ensayos. Yo llego a zonas con la ficción que no llego reflexionando.

Luisa Valenzuela nació en 1938. Su madre, Luisa Mercedes Levinson, no solo era una autora de renombre, también hizo de su casa un lugar donde confluían autores y artistas. Con Borges, por ejemplo, escribieron a cuatro manos el relato “La hermana de Eloísa”. Eso fue en 1954 y Luisa, que apenas tenía 16, transformó ese ambiente en algo propio, y enseguida empezó a publicar textos en la prensa local. Se casó con un marino francés, se mudó a París y allá publicó su primera novela: Hay que sonreír.

En el año 61 volvió a Buenos Aires y entró a trabajar, primero en el diario La Nación, después en la revista Crisis. Vinieron los premios, las becas y finalmente el exilio. Entre sus novelas: El gato eficaz, Cola de lagartija, La travesía y Novela negra con argentinos. Entre sus libros de cuentos: Aquí pasan cosas raras, Simetrías y Donde viven las águilas. En 2017 dio el discurso inaugural de la Feria del Libro de Buenos Aires y habló de “recuperar el rol de los intelectuales” en los tiempos de la “posverdad”.

Ahora, con el teléfono en la oreja, Luisa no saca la vista de la ventana. Su casa es una fábrica abandonada que convirtió en hogar. Tiene un jardín que cuida con esmero y un estudio lleno de máscaras y libros al que llama galpón. “Mis días no son regulares, no soy metódica, pero a esta altura de mi vida son bastante tranquilos. Salgo, camino, vengo, a veces escribo, leo, veo amigos. Lo que hace todo el mundo”, dice. Las cosas cambian cuando se embarca en la escritura: “Ahí me agarra un ritmo interior especial”.

“Escribo sin mapa: empiezo y no sé a dónde va la cosa, cómo va a terminar. No sé cuál es el desenlace real, el nudo de la historia, lo tengo que ir buscando”, cuenta. Tal es así que cuando van a reeditar alguno de sus libros se pone a navegar en su archivo y aparece mucho material: textos guardados, relatos perdidos, finales descartados. Así fue como de la novela El mañana salió otro libro: Carta de navegación para El Mañana. “Con La travesía, que va a salir en octubre, estoy haciendo una cosa parecida”, revela.

—¿Son buenos tiempos para la literatura, para escribir, para leer?

—Desgraciadamente no, pero todo tiempo tendría que ser bueno, porque es un tiempo que se hace uno. El tiempo es una cosa personal: si vos te dejás distraer con todo lo que te tiran, esos anzuelos para llevarte a otro lado, para convencerte de otras cosas, todos esos odios que están circulando, todas esas desagradables historias, entonces no tenés tiempo de nada. Yo también me dejo distraer mucho con los Instagram esos horribles y divertidísimos que hacen. Ahí vas perdiendo el tiempo. Es una lucha interior para reservarte un tiempo. Al fin y al cabo, lo único que tenés en la vida es algún cachito de tiempo; eso es gratis. También es cierto que si tenés tres empleos para poder llegar a fin de mes, el tiempo se te acorta tremendamente. Pero justamente lo que no quieren los grandes poderes es que tengas tiempo para reflexionar, para hacer tus cosas, para ver la verdad.

—En ese contexto vale la defensa de la literatura, ¿no?

—Claro. Con la buena literatura entendés lo que te están diciendo por encima de las palabras vanas con que te tratan de endulzar o putear de la peor manera, porque, ¡Dios mío!, estamos en un mundo donde nos dicen cosas tan atroces.

—Una de las discusiones con la inteligencia artificial es si la literatura es o no un último bastión humano de reflexión, de sensibilidad.

—Y sobre todo de llegar a ese punto de lo inefable, ese punto donde trascendés una pequeña frontera imposible, donde llegás a puntos inesperados... Cuando estás trabajando y dejando que el lenguaje circule a través tuyo, es el lenguaje el que va haciendo su obra, contando su historia, la historia que querés contar, pero llevada por un ritmo, por una respiración. Las palabras que van surgiendo están diciendo mucho más de lo que uno cree que están diciendo. Ahí es donde la buena lectura te hace entender lo que está subyacente en las normas y las cosas horribles que te dicen los discursos políticos.

La conversación queda en el aire aún cuando cortamos. Son segundos, apenas, cuando aparece un mensaje: “Me quedé con algo”, comienza el audio. “De nuevo tenemos que pedir, como en el Mayo del 68 francés, la imaginación al poder. Por eso me parece tan lindo esto de los Gandalf que fueron a escracharlo a Peter Thiel”, comenta sobre la singular manifestación cosplay frente a la mansión del multimillonario tecnológico en Palermo. ”Volver a ese mundo donde para ver más allá de lo que te quieren inculcar".

“No hay que dejarse llevar por la imaginación perversa de este tipo que está contra los pañuelitos verdes”, dice sobre Javier Milei. “Si no vemos esto desde un lugar creativo, nos come”, y concluye con algo que vio en un reel de Instagram: “Las hormigas, que son muchísimas, votaron al insecticida porque odiaban a las cucarachas. El insecticida ganó, murieron las cucarachas, las hormigas, los mosquitos que habían votado en blanco y las moscas que no habían ido a votar. Murieron todos. Es una buena fábula, ¿no?”

El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, advirtió sobre los riesgos que enfrentan las instituciones religiosas bajo regímenes de corte totalitario, como el de Nicaragua, al denunciar que “los poderes totalitarios pueden amenazar, espiar, encarcelar y exiliar a miembros de la Iglesia, pero no podrán vencerla si mantiene su fidelidad y no deja que el miedo apague su voz profética”. Estas declaraciones fueron recogidas por diversos medios internacionales y se produjeron durante una reflexión dominical emitida desde el exilio en Estados Unidos.

Según informó 100% Noticias, Báez sostuvo que la mayor amenaza para la Iglesia no proviene de la persecución externa, sino del miedo interno que puede debilitarla, desfigurarla y silenciar su capacidad de denuncia frente a la injusticia. “Pueden intentar doblegarnos, pero no tendrán éxito si la Iglesia mantiene su integridad y no cede al temor”, explicó el obispo, quien reside fuera de Nicaragua desde 2019 tras recibir amenazas directas del régimen.

Durante su mensaje, Báez planteó que los regímenes totalitarios buscan apropiarse de la Iglesia para ponerla al servicio de sus intereses políticos y, en ese contexto, enumeró acciones concretas como la intimidación, el espionaje, el encarcelamiento y el exilio de sus miembros. Sin embargo, enfatizó que, “por dura que sea la persecución, quienes creemos en la justicia y la dignidad humana confiamos en que esas fuerzas no tendrán la última palabra”.

El obispo, considerado una de las voces más críticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, subrayó que la respuesta de la Iglesia debe nacer de su capacidad de resistencia y de una identidad que no dependa solamente de títulos o fórmulas aprendidas, sino de una relación viva y comprometida con sus principios. En palabras recogidas por 100% Noticias, Báez remarcó: “Lo esencial es vivir de acuerdo con los valores fundamentales, sostener la denuncia ante cualquier forma de abuso de poder y no permitir que la represión silencie el mensaje de justicia”.

Durante su homilía, el obispo citó un pasaje del evangelio de Mateo y lo vinculó con la situación actual de la Iglesia en contextos de persecución. Recordó que en el relato evangélico, Jesús pregunta a sus discípulos quién dicen que es él, y explicó que esa interpelación sigue vigente para cualquier comunidad que pretenda mantenerse fiel a sus convicciones. Para Báez, la verdadera prueba no está en la persecución exterior, sino en la capacidad de la Iglesia de responder de forma personal y coherente al desafío de la represión.

La reflexión de Silvio Báez también abordó el papel de la fe como sustento en medio de la adversidad. Según publicó 100% Noticias, el obispo señaló que el fundamento de la Iglesia no se encuentra en estructuras humanas, sino en una convicción profunda que impulsa a sus miembros a defender los derechos y la dignidad de las personas, incluso en circunstancias adversas. “La Iglesia puede ser calumniada, odiada y perseguida cuando defiende la vida y la justicia, pero ese sufrimiento no significa derrota, sino fidelidad a su misión”, afirmó.

En otro tramo de su mensaje, Báez advirtió sobre la pretensión de los regímenes autoritarios de utilizar a la Iglesia como instrumento de legitimación y control social. “Los intentos de manipulación siempre fracasarán cuando la Iglesia se mantiene autónoma y fiel a sus valores esenciales”, declaró. Recalcó que la historia de la Iglesia está marcada por episodios de persecución y resistencia, y que su supervivencia depende de la capacidad de no dejarse intimidar ni absorber por el poder político.

El cierre de su intervención retomó el silencio que Jesús pide a sus discípulos en el evangelio, interpretándolo como una invitación a la reflexión personal sobre el sentido y la misión de la Iglesia en contextos de hostilidad. “La pregunta fundamental sigue siendo quién es Jesús para cada uno y qué significa pertenecer a una comunidad que, en muchos lugares, es calumniada y perseguida”, concluyó.

Las declaraciones de Silvio Báez se enmarcan en un contexto de creciente presión sobre la Iglesia católica en Nicaragua, donde varios líderes religiosos han denunciado hostigamiento, detenciones arbitrarias y restricciones a las actividades pastorales. Diferentes organizaciones de derechos humanos han documentado incidentes que afectan la libertad religiosa y la integridad de los miembros de la Iglesia, mientras crecen las denuncias sobre intentos de cooptación institucional por parte del régimen.

La reciente aprobación de una reunión consultiva de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), respaldada por 29 países miembros, marca un punto de inflexión en la postura de la región frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, según el análisis de especialistas consultados por el medio Artículo 66. Esta convocatoria, que todavía no cuenta con una fecha ni agenda definida, se interpreta como una clara señal de cambio y posicionamiento regional, superando incluso la presión internacional generada durante las protestas cívicas de 2018.

El exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields Yescas, declaró a Artículo 66 que “se puede esperar una presión como nunca antes la ha visto el régimen”, haciendo referencia tanto a posibles decisiones colectivas como a medidas unilaterales que podrían ser adoptadas por los cancilleres. McFields enfatizó que el contexto político latinoamericano actual, con una mayor presencia de gobiernos de derecha y la influencia de Donald Trump en Estados Unidos, confiere un carácter determinante a cualquier resolución que emane de esta reunión.

En el proceso de votación, Brasil fue el único país que se opuso a la reunión mientras que México optó por la abstención. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, justificó la postura de su gobierno afirmando que la decisión está fundamentada en los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Sheinbaum explicó que, independientemente de la opinión del representante ante la OEA, Alejandro Encinas, su gobierno debía actuar conforme a la Constitución, lo que llevó a la abstención.

Sin embargo, McFields Yescas criticó esta postura desde su cuenta de X (antes Twitter), señalando que México en años anteriores sí intervino activamente en asuntos de otros países, como la defensa del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela en 2017, el asilo a Evo Morales en 2019 y en 2024 al desconocer el resultado electoral en Venezuela.

El diplomático recordó también decisiones históricas del consejo de cancilleres de la OEA, como la expulsión de Cuba en 1962 y la solicitud de renuncia a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979. Según McFields, los 29 votos a favor de la consulta (emitidos el 19 de agosto de 2026) representan apenas el inicio de una serie de acciones que podrían cambiar el rumbo político de Nicaragua. “Cuando venga la historia más adelante va a ser parte del recuerdo de cómo cayó la dictadura, van a ser partes pivotales, lo que vimos ayer nunca se había visto antes con el régimen de Ortega, ni siquiera con las protestas de 2018, lo mejor está por venir”, afirmó.

Por su parte, Félix Maradiaga, presidente de la Ruta del Cambio y ex preso político, manifestó a Artículo 66 que la activación de los artículos 61 a 63 de la Carta de la OEA implica un reconocimiento formal de que la situación en Nicaragua constituye un problema urgente y de interés para todo el hemisferio. “Esa determinación es, en sí misma, significativa. Ahora corresponde elevar el nivel de exigencia”, explicó Maradiaga.

El opositor subrayó que la oposición en el exilio continúa solicitando medidas de presión diplomática contra la dictadura, la cual busca modificar la Constitución Política para eliminar las elecciones libres y prolongar los mandatos presidenciales a siete años. Sin embargo, Maradiaga aclaró que no están llamando a la intervención militar ni al uso de la fuerza, diferenciándose de la acción unilateral que Estados Unidos realizó en enero pasado con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras un bombardeo en Caracas y ciudades cercanas.

“No pedimos intervención ni uso de la fuerza. Pedimos que el hemisferio ejerza la diplomacia en su sentido más noble: proteger el derecho del pueblo nicaragüense a decidir por sí mismo y evitar que una familia sustituya a la soberanía popular”, expresó Maradiaga a Artículo 66.

El dirigente también destacó que han presentado a las cancillerías una propuesta de transición democrática ordenada, pacífica y temporal, que incluye una junta de transición, un proceso constituyente y elecciones en un plazo definido. Señaló que no se trata de un plan cerrado ni exclusivo de un grupo, sino de un punto de partida abierto al diálogo. Maradiaga enfatizó que la OEA, al no ser un estado supranacional, depende de la voluntad de los gobiernos miembros para actuar.

Finalmente, insistió en que la reunión de cancilleres ofrece una oportunidad única para que la crisis nicaragüense sea abordada con un nivel excepcional de responsabilidad hemisférica. “Confiamos en que los cancilleres estarán a la altura de esa responsabilidad histórica”, concluyó Maradiaga ante el mismo medio.

“Fueron hallados 30 cadáveres en Pilar”, titulaba uno de los matutinos de mayor circulación del país bajo una volanta que señalaba: “Repudio del gobierno”. Como era habitual bajo la rígida censura de prensa instaurada por la dictadura, la información que se desarrollaba en una de las páginas interiores se limitaba a reproducir, palabras más o menos, el comunicado oficial del Ministerio del Interior, a cargo del general Albano Harguindeguy. El parte decía que la mañana del viernes 20 de agosto de 1976 “se habían encontrado” restos humanos correspondientes a treinta personas, que “habían sido dinamitados” en el partido de Pilar, al norte bonaerense, a apenas 1.500 metros de un camino de tierra a la altura del kilómetro 64 de la ruta 8. También aseguraba que el gobierno —como a sí misma se llamaba la dictadura— repudiaba “terminantemente este vandálico episodio sólo atribuible a la demencia de grupos irracionales, que con hechos de esta naturaleza pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad del pueblo argentino, así como también crear una imagen negativa del país en el exterior”.

Ninguna de las crónicas publicadas el sábado 21 contaba lo que los pocos curiosos que se atrevieron a acercarse la tarde anterior al descampado ubicado cerca del barrio Fátima, en el municipio de Pilar, pudieron entrever a la distancia. Era una escena macabra: en medio de un gran despliegue de policías, un grupo de personas de civil cargaba cadáveres en los típicos camiones de obras públicas. No pudieron ver mucho más, porque el cerco policial los mantuvo a distancia y no eran tiempos de andar exigiendo que se respetara el derecho a la libre circulación.

Nadie que transcribiera el comunicado podía creer en la versión de que algún grupo guerrillero, como se sostenía allí, hubiera sido responsable del “vandálico episodio”. Sin embargo, en los cinco meses que llevaba la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla, en las redacciones no se chequeaban los partes surgidos de oficinas de la Casa Rosada. Para cualquier ciudadano mínimamente avisado, el relato oficial tampoco tenía el más mínimo asidero, porque ese tipo de ejecuciones masivas no existía —ni había existido nunca— en las prácticas de las ya diezmadas organizaciones guerrilleras; en cambio, tenía todas las características de las masacres típicas de los grupos parapoliciales del terrorismo de Estado.

Con el correr de los días, se amplió un poco la información. Se supo entonces que se trataba de los restos de veinte hombres y diez mujeres, todos con orificios de bala y la gran mayoría con las manos atadas por la espalda con cuerdas. Por entonces, solo cinco de las víctimas fueron identificadas, las otras 25 fueron llevadas al Cementerio de Derqui —el más cercano al lugar— y enterradas como NN.

Solo después de terminada la dictadura, gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, se pudo identificar a la mayoría —no a todos— de los asesinados en lo que hoy se conoce como la Masacre de Fátima. En una tarea que todavía no está terminada —valiéndose de restos óseos y cotejándolos con muestras de sangre de familiares de detenidos desaparecidos— lograron sumar otros veinte nombres a los cinco que se conocieron desde un primer momento. Los veinticinco identificados son Inés Nocetti, Roberto Olivestre, Ramón Vélez, Enrique Agio, Ángel Leiva, María Rosa Lincon, Alberto Comas, Oscar Medina, Conrado Alzogaray, Jorge Argenten, Carlos Pargas, Ricardo Herrera, José Bronzel, Cecilia Podolsky de Bronzel, Susana Pedrini de Bronzel, Haydée Cirullo de Carnaghi, Juan Carlos Pasquarosa, Ernesto Saravia, Norma Frontini, Selma Ocampo, Horacio García Gastelú, Marta Spagnoli de Vera y Juan Carlos Vera. El último en recuperar su identidad fue Oscar Ledesma, en mayo de 2019.

Una “venganza” a sangre fría

Lo que realmente ocurrió en el descampado de Fátima es muy diferente a la versión oficial que dio la dictadura. Las víctimas, en realidad, habían sido sacadas la madrugada de ese viernes del tercer piso del edificio de la Superintendencia de Seguridad (SSF) de la Policía Federal ubicado en Moreno 1417, pleno centro porteño, en la manzana contigua de donde hasta hoy funciona la sede central de esa fuerza de seguridad. Allí habían montado un centro clandestino de detención donde los integrantes del Grupo de Tareas 2 (GT-2) de la Federal torturaban, mataban o, como aquel viernes de agosto, sacaban a prisioneros —algunos de ellos ya asesinados— y terminaban con sus vidas en otros lugares. Esa vez, los asesinos eligieron ese descampado de Pilar.

La primera reconstrucción de los hechos pudo hacerse poco después de la recuperación de la democracia, en el marco del trabajo que realizaba la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) creada por Raúl Alfonsín en diciembre de 1983, cuando algunos sobrevivientes de las mazmorras del GT-2 que habían estado detenidos desaparecidos junto con las víctimas de Fátima se presentaron para ofrecer sus testimonios. El 6 de abril de 1984, algunos integrantes de la Comisión recorrieron la sede de Moreno 1417 junto a los sobrevivientes Alberto Poggi y Graciela Nora María Lara de Poggi, quienes fueron una pieza clave para esclarecer lo que había sucedido en la noche del 19 y la madrugada del 20 de agosto de 1976.

En efecto, ese matrimonio había compartido su estadía con Daniel Hopen, sociólogo y exdirigente del PRT-ERP, quien les relató detalles que no pudo contar nunca porque Hopen no recuperó la libertad y es un detenido desaparecido. Ellos confirmaron que los veinte hombres y las diez mujeres que fueron dinamitados a las 4.30 del 20 de agosto estaban en Moreno 1417.

A eso se sumó la declaración del ex cabo primero de la Federal Armando Víctor Luchina, quien reconoció haber sido parte del operativo. Luchina dijo que estaba presente cuando uno de los oficiales a cargo “contó hasta treinta”, en referencia a la cantidad de personas subidas a un camión que estaba en el playón del edificio. “Algunos estaban envueltos en frazadas”, en referencia a que los vejámenes y torturas los habían dejado inconscientes o muertos. Brindó también los nombres de quienes estaban a cargo: los oficiales Carlos Gallone, Juan Carlos Lapuyole y Miguel Timarchi. En su declaración ante la Conadep, el suboficial confirmó lo que se se suponía desde el primer momento: que la masacre era “una represalia” por el atentado realizado por un comando montonero el mediodía del 2 de julio de aquel 1976 en el comedor del edificio de Moreno 1417 que costó la vida de 23 policías.

Otros testimonios recibidos por la Conadep revelaron que la Masacre de Fátima no fue el único hecho de venganza perpetrado con los desaparecidos en las entrañas de la sede de la jefatura de la Federal. Varios sobrevivientes contaron que unos cincuenta miembros de Montoneros detenidos ilegalmente fueron asesinados entre el 3 y el 7 de julio, “como respuesta” al atentado realizado por esa organización.

Un policía famoso

Entre los ejecutores de la masacre señalados por el cabo primero Luchina resaltó el nombre del oficial Carlos Gallone, porque había sido protagonista de un episodio ocurrido un año antes de la recuperación de la democracia. En octubre de 1982 la dictadura estaba en franca retirada, pero pretendía seguir manteniendo su ya desgastada imagen. El jueves 5, cuando los organismos de Derechos Humanos se aprestaban a ingresar a la Plaza de Mayo en la Marcha por la Vida, la Policía Federal intentó impedirlo. Uno de los uniformados —alto, de físico intimidante— puso el cuerpo delante de las Madres y cuando una de ellas, Susana Leguía, lo increpó, el policía la atrajo hacia su pecho para neutralizarla.

Los reporteros gráficos Marcelo Ranea, de la agencia DyN, y Jorge Sánchez, de la estatal Télam, dispararon sus cámaras y tomaron varias fotos de la escena. Una de ellas, tomada por Ranea, fue portada de uno de los diarios del día siguiente, que la ancló con el título “Pacífica concentración en el centro”. Las tomas de Sánchez nunca fueron publicadas. En ese momento, prácticamente a las puertas de la recuperación de la democracia con las elecciones del 30 de ese mismo mes, la escena fue mostrada como un “abrazo” que simbolizaba la “reconciliación de los argentinos”. Eso hizo que la imagen fuera reproducida por muchos medios del exterior. “La fotografía tuvo inmediata trascendencia mediática y se utilizó para sostener una supuesta política de reconciliación entre las organizaciones de derechos humanos y las fuerzas represivas que, en los hechos, jamás existió”, escribió en un análisis la investigadora fotográfica Cora Gamarnik.

La verdad era muy diferente a la que se trataba de instalar con esa lectura idílica de la imagen. Se veía claramente en una de las fotos tomadas por Sánchez, que la dictadura impidió publicar. En la captura del reportero gráfico de Télam, además del supuesto “abrazo” se veía como otra Madre, Nora Cortiñas, increpaba al policía que trataba de impedirles el paso. Recién el año pasado, Sánchez la compartió con un texto que decía: “Esta imagen la comparto hoy después que fue censurada en aquel mismo día por el presidente de la agencia Télam, el coronel (Rafael) De Piano cuando, detrás de su escritorio, sin mediar diálogo se escuchó con voz de mando: ‘Esto de acá no tiene que salir publicado por su bien y retírese’”. Sánchez fue secuestrado dos días después y fue sometido a intimidaciones, maltratos físicos y verbales hasta que lo liberaron horas más tarde.

Lo que nadie sabía el día de esa marcha —ni las dos Madres de Plaza de Mayo ni los fotógrafos— era que el protagonista del falso abrazo a la Madre Susana Leguía era uno de los perpetradores de la Masacre de Fátima. La declaración de Luchina fue, en ese sentido, una revelación.

Los juicios demorados

En julio de 2008, tras un juicio de primera instancia, el Tribunal Oral Federal 5 condenó a prisión perpetua a los comisarios Carlos Gallone y Juan Carlos Lapuyole por los homicidios de las treinta víctimas de Pilar. Lapuyule era el director de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) en tanto que Gallone era el jefe de la Brigada de la SSF. A su vez, el TOF 5 absolvió al comisario Miguel Timarchi, “por insuficiencia de pruebas”. Esa decisión produjo consternación entre los familiares de las víctimas ya que había datos suficientes como para confirmar que Timarchi estaba en el playón donde subieron a las víctimas en la madrugada del 20 de agosto. El propio suboficial Luchina lo había advertido a la Conadep en 1984.

En cuanto a Albano Harguindeguy, pese a su rol central en la dictadura, logró sortear todas las acusaciones públicas sobre su rol en la represión clandestina. En Paraná se abrió una causa caratulada “Harguindeguy, Albano Eduardo y otros”. Aunque algunos de los acusados en ese expediente fueron condenados el 27 de diciembre de 2012, el ex ministro del Interior de la dictadura no llegó a escuchar la sentencia. Murió el 29 de octubre de ese año.

Carlos Gallone, el policía de la foto, murió por Covid en mayo de 2021 cuando cumplía prisión domiciliaria debido a una insuficiencia respiratoria. El 22 de agosto de 2022, al cumplirse un nuevo aniversario de la Masacre de Fátima, se señalizó como Sitio de la Memoria el lugar donde 46 años antes, un grupo de tareas del Estado terrorista se cobró la vida de treinta detenidos desaparecidos en un criminal acto de venganza.

La CIA sabía la verdad

Desclasificado hace pocos años, el cable secreto IN019953 de la Agencia Central de Inteligencia enviado desde Buenos Aires a Washington pocos días después de los hechos no dejaba dudas sobre quiénes habían perpetrado la Masacre de Fátima. Estaba titulado “Responsabilidad de la Policía Federal por asesinar a las treinta personas cuyos cuerpos aparecieron el 20 de agosto de 1976” y en su texto señalaba que “los niveles operativos de la Policía Federal Argentina fueron responsables de matar a los treinta individuos tanto en represalia por el asesinato del general Actis como a modo de advertencia a la izquierda extremista para que no participe en otros actos de violencia durante el periodo del 22 de agosto”, aniversario de los fusilamientos de Trelew.

El telegrama también informaba que el dictador Jorge Rafael Videla se había enojado por el daño que el episodio hacía a la imagen del país: “La objeción de Videla no se refiere a que las 30 personas, que supuestamente estaban involucradas con los montoneros, fueran asesinadas, sino a la aparición pública de los cuerpos”. Y agregaba: “Videla está de acuerdo en que se debería matar a los subversivos, pero que el asunto en su conjunto se tendría que manejar discretamente”.

La dictadura de Nicaragua impulsa una reforma constitucional para eliminar las elecciones presidenciales y ampliar el control del régimen sobre el Estado, según un informe del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) divulgado en Costa Rica. La iniciativa formaliza el giro autoritario anunciado por Daniel Ortega el 19 de julio.

De acuerdo con lo recopilado por la agencia EFE, el detonante de esta ofensiva política ocurrió cuando Ortega anunció públicamente que Nicaragua no volvería a celebrar elecciones presidenciales. El mandatario, quien gobierna desde 2007, afirmó que enviaría un paquete de reformas a la Asamblea Nacional para formalizar su decisión. Poco después, el presidente del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, confirmó la presentación de una iniciativa para reformar la Constitución y suprimir de manera definitiva la posibilidad de unos comicios “justos, competitivos y transparentes”, según describe el informe difundido por el Cetcam.

El paquete de reformas incluye la extensión del período presidencial a 7 años renovables, aplicable a más de 7,000 cargos públicos, entre ellos los puestos de elección popular, la cúpula del Ejército y la Policía. Además, la Presidencia quedaría por encima de todos los poderes del Estado, así como de los gobiernos municipales y regionales.

La nota de EFE detalló que entre 2024 y 2025, la pareja presidencial profundizó su estrategia de control institucional al crear dos copresidencias y restringir el derecho de los ciudadanos a postularse a cargos públicos si las autoridades los consideran “traidores a la patria”.

El informe de Cetcam subraya que Ortega y Murillo han eliminado progresivamente los últimos vestigios de democracia en Nicaragua, entre ellos el derecho fundamental de elegir a los gobernantes. Para el Cetcam, “la comunidad internacional, especialmente el hemisferio americano, tiene una responsabilidad: respaldar decididamente los esfuerzos de toda la sociedad nicaragüense para restablecer la democracia o asumir lo que le corresponde por haber permitido que una nueva dictadura familiar se instalara en América”.

El régimen se radicaliza, señala Cetcam

La respuesta internacional no se ha hecho esperar. Tanto la Organización de los Estados Americanos (OEA) como la Unión Europea han expresado su preocupación. Según EFE, Estados Unidos ha sido uno de los países más activos, solicitando la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para abordar la situación nicaragüense.

El informe del Cetcam destaca que la radicalización del régimen en Nicaragua representa un desafío para los movimientos prodemocracia en el exilio, y clarifica el rumbo de su incidencia internacional. Para estas organizaciones, las reformas impulsadas por Ortega y Murillo constituyen un obstáculo y una señal de que el margen para la acción interna se ha reducido al mínimo.

Cómo se consolidó el poder de Ortega y Murillo

Desde 2017, Rosario Murillo ejerce como copresidenta junto a Daniel Ortega, tras ocupar primero la vicepresidencia. Ambos concentran el poder político y administrativo en el país centroamericano, lo que, según el Cetcam, culmina el proceso de supresión de los derechos ciudadanos y el pluralismo político. “La eliminación de las elecciones es mucho más grave porque sienta un precedente para Latinoamérica y para el resto del mundo”, advierte el informe, citado por EFE.

Nicaragua recordó este 15 de agosto los 3 años de la confiscación de la Universidad Centroamericana, ordenada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2023. Según reseña Centroamérica 360, el caso se inscribió en una ofensiva que, desde 2018, cerró 27 universidades y afectó a cerca de 40,000 estudiantes.

La Universidad Centroamericana, conocida como UCA, fue despojada de sus bienes por una resolución notificada el 15 de agosto de 2023. El oficio fue emitido por el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, a cargo de la jueza Gloria María Saavedra Corrales.

La orden dispuso la incautación de todos los bienes inmuebles y muebles de la universidad, además de sus cuentas bancarias y productos financieros, a favor del Estado de Nicaragua.

Pero esa orden no llegó de manera aislada. El régimen ya había congelado las cuentas bancarias de la universidad a través de la Superintendencia de Bancos, inmovilizado todas sus propiedades a petición de la Procuraduría General de la República e inhabilitado el Centro de Mediación de justicia de esa casa de estudios por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Además, antes de eso, la Universidad Centroamericana había sido excluida del 6% del presupuesto estatal destinado por la Constitución a las universidades. También se le negó la acreditación que otorgan el Consejo Nacional de Universidades, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación y el Ministerio de Gobernación.

La resolución judicial ordenó ejecutar la incautación total de bienes de la UCA

Por ello, el documento también instruyó al Registro Público de la Propiedad, la Superintendencia de Bancos, la Dirección Nacional de Registros, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República a aplicar las acciones necesarias para concretar la confiscación.

La intervención no se limitó al campus universitario. La Policía desalojó también la residencia de los sacerdotes jesuitas, propiedad de la Compañía de Jesús, y no les permitió retirar sus pertenencias.

Después de ese operativo, los religiosos abandonaron el país en medio de amenazas de captura y de un aumento del hostigamiento contra la Iglesia católica.

En su último comunicado oficial, la UCA rechazó los señalamientos del Gobierno, que la acusó de operar como un supuesto centro de terrorismo. La institución sostuvo: “Las anteriores medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”.

La universidad reafirmó además su compromiso con la educación superior y agradeció el respaldo de estudiantes, docentes, personal administrativo y de la sociedad nicaragüense. Al mismo tiempo, anunció la suspensión de todas sus actividades académicas y administrativas hasta que existieran condiciones para retomarlas.

Un día después, el Estado canceló la autorización de funcionamiento y creó otra universidad

Al día siguiente de la confiscación, el Consejo Nacional de Universidades canceló oficialmente la autorización de funcionamiento de la UCA. En paralelo, creó la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro para asumir la continuidad académica de los estudiantes.

El régimen nombró como nuevas autoridades de esa institución a Alejandro Enrique Genet Cruz, rector; a Luz Marina Ortiz Narváez, vicerrectora, y a Moisés Ignacio Palacios, secretario general.

Con este caso de la UCA, ya sumaban 27 las universidades a las que el régimen canceló y confiscó sus bienes desde diciembre de 2021, incluidas siete de origen extranjero. La ofensiva contra la Universidad Centroamericana también anticipaba su transformación forzada.

La publicación centroamericana ubicó la confiscación en el deterioro de las relaciones entre el régimen de Ortega y la Iglesia católica tras las protestas de abril de 2018. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos denunciaron detenciones de sacerdotes, expulsiones, congelamiento de cuentas bancarias y confiscación de bienes e instituciones religiosas.

La difusión de una entrevista en video del obispo emérito Juan Abelardo Mata por canales estatales de Nicaragua fue presentada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como una “prueba de vida” tras su detención el 29 de junio. La falta de una verificación independiente mantiene las dudas sobre su paradero y estado.

Durante la entrevista, el periodista Adolfo Pastrán Arancibia conversa con Mata en una vivienda cuyo entorno es descrito en detalle. El obispo relata su rutina diaria, centrada en la oración, la lectura, el cultivo de plantas y la apicultura. “Estoy bien, sí, gracias a Dios, me siento bien”, dice en un fragmento del video. También menciona recibir la visita ocasional de familiares, especialmente de su hermano, y su preferencia por la vida en silencio y el recogimiento.

El periodista menciona en cámara que “monseñor Juan Abelardo Mata está dedicado a la oración, a la lectura y también mucho tiempo dedica a las plantas”. En la charla, Mata también recuerda su relación con el cardenal Miguel Obando y Bravo y comparte varias anécdotas de su vida eclesiástica.

La grabación ha circulado en redes sociales bajo control del régimen, tras semanas de especulaciones sobre el estado y paradero de Mata, quien fue arrestado después de solicitar públicamente oraciones por la Iglesia católica en Nicaragua.

Un día antes de la difusión de la entrevista que el régimen maneja como “prueba de vida”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ampliar las medidas provisionales en favor del obispo, advirtiendo sobre “el riesgo extremo, urgente e irreparable” que enfrenta el religioso debido a su edad y condiciones de salud.

El Ministerio del Interior informó el 4 de julio que el obispo había sido trasladado a su casa, luego de que Estados Unidos exigiera su liberación “inmediata e incondicional”. Sin embargo, la CIDH subrayó que, desde su detención, Mata habría permanecido bajo un régimen de “casa por cárcel”, y que no existe información independiente que permita verificar su estado.

El organismo advirtió que la falta de transparencia “reviste especial gravedad” y que, antes de esto, ya había otorgado medidas cautelares a favor de Mata en 2021 por actos de hostigamiento, amenazas de muerte, agresiones y restricciones en su contra.

Medidas internacionales y antecedentes del caso

En su más reciente solicitud, la CIDH incluyó a cuatro personas del círculo cercano del obispo dentro del caso denominado Asunto Juan Sebastián Chamorro y otras personas respecto a Nicaragua, un expediente que documenta la persecución política contra opositores al régimen de Ortega y Murillo en los últimos ocho años.

Según el informe Fe bajo fuego de la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, al menos 261 religiosos, incluido la Conferencia Episcopal de Nicaragua, han sido desterrados o forzados al exilio desde 2018, en el marco de una represión que abarca vigilancia, restricciones al culto, detenciones arbitrarias y confiscación de bienes.

La agencia EFE reportó que la dictadura de Nicaragua ha ignorado reiteradas solicitudes internacionales de protección y transparencia en estos casos. Las medidas provisionales ordenadas por la Corte IDH tienen carácter obligatorio y buscan evitar daños irreparables y obligan a los Estados a tomar acciones concretas para resguardar la vida y los derechos de las personas en situación de riesgo.

El obispo Silvio Báez llamó a conservar la rebeldía espiritual frente a “los gritos altaneros del dictador que se cree eterno”, al interpretar el evangelio de este domingo como una invitación a seguir caminando con fe en medio de la opresión, la incertidumbre y los intentos de imponer una “normalidad forzada”.

En su reflexión, el prelado vinculó el pasaje de Jesús caminando sobre las aguas con la situación de los pueblos sometidos al miedo, el cansancio y los retrocesos tras esfuerzos fallidos por lograr un cambio social. Allí situó una de sus definiciones más directas: no hay que caer en el desánimo ni perder la capacidad de soñar con “una sociedad justa y libre”.

Báez partió del relato de Mateo 14,22-31. Recordó que Jesús pidió a los discípulos subir a la barca para dirigirse a la otra orilla del lago de Galilea, y que durante la noche la embarcación fue sacudida por grandes olas a causa de un viento contrario.

A partir de esa escena, explicó que la barca representa la existencia humana y también a la Iglesia. Según su lectura, la vida transcurre como una navegación en alta mar, expuesta a obstáculos, incertidumbres y fuerzas que impiden avanzar.

La barca aparece como imagen de la Iglesia frente a poderes autoritarios

El obispo sostuvo que esa pequeña y frágil embarcación es “sobre todo” una imagen de la Iglesia en la historia. Describió a la institución como una comunidad que atraviesa los retos de cada época e intenta ser fiel a Jesús y al Evangelio.

En esa línea, afirmó que la Iglesia también navega entre “las aguas agitadas de poderes autoritarios y represivos” que la persiguen y la agreden porque no toleran la verdad de Dios que anuncia. Para Báez, el evangelio enseña que en la barca de la vida y en la barca de la Iglesia no se navega en soledad, porque Jesús “está siempre con nosotros”.

El prelado citó además la promesa del Evangelio de Mateo 28,20: “Yo estoy con ustedes, todos los días hasta el fin del mundo”. Con esa referencia, presentó a Jesús como quien protege, cuida y preserva a la Iglesia del peligro mientras la guía con su amor.

Más adelante retomó el momento en que Jesús aparece de noche caminando sobre el mar y acercándose a los discípulos. Señaló que, en la Biblia, el mar simboliza fuerzas hostiles y oscuras que amenazan la vida, por lo que caminar sobre esas aguas expresa el poder de Jesús sobre el mal y la muerte.

Báez vinculó el miedo de Pedro con la parálisis social y espiritual

Báez subrayó las palabras de Jesús a los discípulos: “Tranquilícense y no teman. Soy yo”. A su juicio, ese mensaje debe escucharse “en el corazón” cada vez que todo parece perdido, porque antes de ser invocado Jesús ya está al lado de quienes sufren para darles confianza, fortaleza y esperanza.

También se detuvo en la petición de Pedro: “Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua”. Para el obispo, la respuesta de Jesús, “Ven”, repite el llamado inicial al seguimiento, pero ahora en medio de la oscuridad, las olas y una fe todavía incompleta.

Desde esa escena extrajo una exhortación concreta: Jesús llama a caminar no solo en los momentos claros y alegres, sino también en la duda, la crisis y la incertidumbre. Añadió que ese paso no admite la parálisis del miedo ni el refugio en “falsas prudencias o egoísmos solapados”, aunque el avance sea lento y se dé en pequeños pasos cada día.

Al trasladar esa lectura al plano colectivo, afirmó que también los pueblos están llamados a caminar en sus momentos más dolorosos. Mencionó un futuro incierto, mucho sufrimiento, cansancio e intimidación ante “los gritos altaneros del dictador que se cree eterno”, además del desánimo provocado por tantos esfuerzos fallidos para alcanzar un cambio social.

Para Báez, esa etapa debe entenderse como “los dolores de parto de una nueva sociedad”. Por eso pidió conservar la rebeldía espiritual, no acostumbrarse a la normalidad forzada que quiere imponer el opresor y mantener viva la capacidad de imaginar una comunidad justa y libre.

El obispo definió la fe como riesgo, lucha y confianza en medio de la noche

El religioso recordó que Pedro llegó a bajar de la barca y caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. A partir de ese episodio definió la fe como la decisión de dejar las comodidades que hacen sentir protegido a alguien y asumir el riesgo de vivir y luchar aun con dudas, en medio de la noche.

Luego remarcó el punto de quiebre del relato: Pedro “al ver la violencia del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse”. Su explicación fue tajante: no tuvo miedo porque se hundía, sino que se hundió porque tuvo miedo.

Según el obispo, ese mecanismo se repite cuando la mirada queda fijada solo en las dificultades y se olvida a Jesús. Dijo que el miedo agranda los problemas, encierra, vuelve vulnerables a las personas y puede hundirlas “en las aguas”.

En ese tramo citó también el grito de Pedro: “¡Señor, sálvame!”. Lo definió como una súplica breve que lo dice todo y sostuvo que hay situaciones en las que clamar así en la oración no solo es lo único posible, sino también lo más humano y razonable.

La escena concluye, recordó, con Jesús tendiendo la mano, agarrándolo y preguntándole: “Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?”. Báez interpretó esa mano como la del pastor que guía y protege, la del amigo que consuela y comprende, y la de Dios que no abandona y salva cuando alguien se hunde en “el torbellino de aguas caudalosas”.

En el cierre de su reflexión, el obispo afirmó que todos son como Pedro: hombres y mujeres de poca fe en quienes conviven la confianza y la duda. Aun así, sostuvo que existe una certeza: el Señor ama, acompaña y puede ser motivo de confianza permanente, incluso frente a vientos y tempestades.

Nicaragua, la tierra de lagos y volcanes, vive hoy sumida en el miedo bajo la autocracia matrimonial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El país, que una vez luchó por liberarse de la opresión, enfrenta ahora un régimen que utiliza la violencia, la persecución de sus antiguos aliados y el desmantelamiento de las instituciones para perpetuarse en el poder absoluto.

La información recogida por DW Español, menciona que la dictadura convirtió al país en el único Estado soberano con dos presidentes, persiguió a antiguos aliados sandinistas y cerró el sistema político con exilios, encarcelamientos y retiro de nacionalidad a disidentes.

En el último tramo de ese proceso, la pareja presidencial extendió su control sobre el territorio y los recursos. En octubre de 2025 entregó 62 mil hectáreas adicionales a la empresa china Thomas Metal, que ya operaba casi 200 mil hectáreas para extracción minera, mientras ocho firmas chinas recibieron concesiones sobre más de 565 mil hectáreas en el Pacífico Norte y el Caribe, según la publicación nicaragüense Confidencial Digital.

La escritora Gioconda Belli, exmilitante sandinista y luego perseguida por el régimen, describió el alcance de la represión en términos personales y legales: “Nos han mandado al exilio, nos han quitado la nacionalidad, nos han confiscado todo, nuestras casas, hasta la pensión de jubilación”.

Añadió que en el país hay “detenciones ilegales, sin ninguna presencia de la ley, sin debido proceso”.

El ascenso de Ortega se apoyó en la crisis del somocismo y en la promesa de cambio social

Para entender el recorrido de Ortega, el punto de partida que reconstruye el medio está en el terremoto de Managua del 24 de diciembre de 1972.

El sismo, de 6.2 en la escala de Richter, destruyó el centro de la capital: el 75 % de las viviendas y edificios de esa zona se derrumbó, los incendios se prolongaron hasta el 6 de enero de 1973 y se habló de más de 10 mil muertos y casi 20 mil heridos.

La devastación quedó bajo una dictadura iniciada en 1937, cuando Anastasio Somoza García formalizó su toma del poder tras un golpe de Estado. Después gobernaron sus hijos, Luis Somoza Debayle y luego Anastasio Somoza Debayle, que asumió el control del reparto de la ayuda tras el terremoto.

Cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional llegó al poder en 1979, impulsó un programa de transformación social inmediato. Entre sus iniciativas más recordadas estuvieron la campaña de alfabetización, que llevó a jóvenes de zonas urbanas al campo para enseñar a leer y escribir, y las campañas de vacunación que, según el reporte, mejoraron las condiciones sanitarias y redujeron la distancia entre el mundo urbano y el rural.

Ese ciclo derivó luego en una negociación de paz y en elecciones libres en 1990. Contra las expectativas sandinistas, Violeta Barrios de Chamorro ganó con 54 % de los votos al frente de la Unión Nacional Opositora.

Belli mencionó que Ortega reconoció la derrota con “el mejor discurso de su vida”, pero poco después anunció: “Vamos a gobernar desde abajo”. Para la escritora, ese viraje marcó el inicio de una estrategia destinada a socavar al nuevo gobierno y a reintroducir la violencia como herramienta política.

La vuelta al poder en 2007 abrió el desmantelamiento de los contrapesos

Durante el gobierno de Chamorro se anularon expropiaciones sandinistas, se terminó la censura a la prensa y avanzó la democratización, aunque también se eliminaron programas sociales y la enseñanza básica gratuita. Entre 1990 y 2007, el analfabetismo subió del 13 al 22 %, de acuerdo con el relato difundido por DW Español.

Belli situó después el desgaste de la derecha en la presidencia de Arnoldo Alemán, a quien definió como “un tipo nefasto” y vinculó con una “orgía de corrupción”. Esa erosión política, sumada a la división opositora, facilitó el regreso de Ortega en las presidenciales de 2006.

Desde 2007, el dirigente sandinista avanzó sobre los poderes del Estado. Según el medio, fue atrayendo a diputados de la Asamblea Nacional mediante sobornos o amenazas, desactivó el Poder Legislativo, reemplazó a jueces que lo desafiaban y sometió también al Consejo Supremo Electoral.

Belli sostuvo que Ortega impugnó la Constitución para volver a presentarse y que pudo hacerlo porque ya controlaba el organismo electoral y había colocado a sus leales en puestos decisivos. A partir de allí se aprobaron medidas que, según la escritora, fueron “lesivas para el país y para la población”.

El financiamiento político de esa etapa recibió un apoyo decisivo desde Venezuela. El gobierno de Hugo Chávez suministró petróleo barato que Managua revendía a precio de mercado, lo que permitió restablecer programas sociales; pero cuando la crisis venezolana se agravó desde 2014 y se redujo ese flujo, las finanzas públicas nicaragüenses entraron en dificultades.

La represión de 2018 dejó cientos de muertos y más de 100 mil exiliados

La crisis estalló en 2018, cuando el régimen elevó las contribuciones al Seguro Social e impuso un gravamen del 5 % sobre las pensiones de jubilación. La protesta comenzó con jubilados y jóvenes, y Belli relató que grupos ligados a la Juventud Sandinista agredieron a manifestantes con palos y piedras, escenas que se difundieron por teléfonos móviles y multiplicaron la indignación.

Una historiadora citada por el reportaje contó que vio en Managua a estudiantes que salían a la calle aun sabiendo el riesgo que corrían. También advirtió una comparación creciente entre Ortega y Somoza, como si una nueva generación se pensara a sí misma luchando contra una dictadura de signo distinto, pero con reflejos similares.

La respuesta estatal fue todavía más dura. Otra voz citada por el medio afirmó que el régimen envió a la policía y a supuestos simpatizantes que golpeaban a los manifestantes con cadenas y barras de hierro, en un contexto de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas; añadió que Human Rights Watch denunció reportes de violencia sexual, arrancamiento de uñas y descargas eléctricas contra detenidos.

La represión de 2018 dejó entre 350 y 500 muertos, cerca de 2 mil heridos y otros tantos detenidos. Desde entonces, los exiliados nicaragüenses superan los 100 mil, mientras quienes siguen en el país enfrentan vigilancia barrial, persecución y cárcel por cualquier disidencia.

Ni siquiera figuras históricas del sandinismo quedaron a salvo. Humberto Ortega, hermano del presidente y pieza clave en su ascenso en 1979, fue puesto bajo arresto domiciliario en 2024 después de llamarlo dictador; Sergio Ramírez, vicepresidente entre 1985 y 1990, fue acusado en 2021 de incitación al odio y en 2023 perdió la nacionalidad junto con Belli y otros cientos de opositores.

En paralelo, Murillo reforzó su posición ante los problemas de salud de Ortega. Para 2025 ya se había convertido en copresidenta y jefa suprema de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, mientras la fortuna personal atribuida a la pareja por distintos medios y economistas superaba los USD 2,500 millones.

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo lleva 46 años gobernando Guinea Ecuatorial sin que nadie lo haya podido sacar del poder. Llegó el 3 de agosto de 1979 con una promesa de libertad. La cumplió solo para él. Y para los suyos.

Al golpe que encabezó contra su propio tío, el dictador Francisco Macías Nguema, lo bautizaron “Golpe de la Libertad”. Macías fue juzgado y fusilado ese mismo año, el 29 de septiembre de 1979, junto a otros seis condenados. Menos de cinco horas después de la sentencia, todos estaban muertos.

Guinea Ecuatorial es el único país soberano de África donde el español es lengua oficial. Esa particularidad tiene una explicación: fue colonia española durante siglos y llegó a formar parte del Virreinato del Río de la Plata hasta la Revolución de Mayo de 1810.

En 1968, un referéndum en el que el 63% de la población votó a favor de la independencia dio origen al nuevo Estado. Meses después se celebraron elecciones y Francisco Macías Nguema se convirtió en el primer presidente. La primavera democrática duró poco.

En 1969, el líder opositor Bonifacio Ondó Edú fue arrestado y asesinado bajo la acusación de haber intentado un golpe de Estado. Macías aprovechó el episodio para consolidar su poder y en 1971 decretó el partido único. Luego se autoproclamó presidente vitalicio, prohibió la educación privada, cerró las escuelas católicas y en 1975 se declaró el “Milagro Único”.

Obiang fue parte de ese gobierno. Ocupó distintos cargos militares y fue alcaide de la prisión de Black Beach, en Malabo, entonces capital del país. Esa prisión es conocida hasta hoy por las torturas y los malos tratos a los detenidos. Cuando derrocó a su tío, Obiang no venía de afuera del sistema: venía del centro mismo del régimen.

Obiang nació el 5 de junio de 1942 en la región continental del país. En 1963 consiguió una beca para formarse en la Academia General Militar de Zaragoza, en el noreste de España. Regresó a Guinea Ecuatorial con una carrera militar que lo llevó hasta el Ministerio de Defensa, desde donde organizó el golpe.

Una vez en el poder, prometió un cambio “radical”. Solo tres años después, en agosto de 1982, reemplazó el gobierno militar por uno civil. En 1986 fundó el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), que desde entonces controla el país sin competencia real.

“La junta militar y el poder ejecutivo tras el golpe de Obiang señalan una continuidad con el pasado”, dijo Ana Lúcia Sá, investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa.

Desde 1979, Obiang ganó todas las elecciones presidenciales con más del 93% de los votos. En 1996 se permitió por primera vez la participación de otros partidos, pero la mayoría de las fuerzas opositoras se retiró antes de los comicios al denunciar fraude e irregularidades. La Unión Europea calificó las elecciones de 2016 como “una oportunidad perdida para la democratización del país” y documentó “incidentes de acoso contra candidatos de la oposición”.

“Guinea Ecuatorial es y sigue siendo una dictadura, pero tiene la apariencia de una democracia por tener elecciones con resultados inverosímiles que siempre le dan la victoria a Obiang”, explicó Omer Freixa, historiador y magíster en Diversidad Cultural, especialista en estudios afroamericanos por la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

El PDGE tolera una llamada “oposición democrática”: un grupo de partidos que, en teoría, compiten pero que suelen presentarse en coalición con el partido gobernante. Solo una formación ejerce una oposición genuina: Convergencia para la Democracia Social (CPDS), liderada por Andrés Esono.

El resto corre otra suerte. En 2023, el gobierno disolvió el partido Ciudadanos por la Innovación (CI). Su líder, Gabriel Nsé Obiang, fue condenado a 29 años de prisión.

Marta Colomer, directora adjunta de campañas para África Occidental y Central de Amnistía Internacional, describió el mecanismo con precisión: “Cualquier persona que intente llevar un discurso contrario al oficial es víctima de detenciones arbitrarias, de torturas o encarcelamientos sin ningún tipo de proceso judicial”.

El activista y defensor de derechos humanos Joaquín Elo Ayeto, miembro del partido opositor Convergencia para la Democracia Social, fue detenido el 25 de febrero de 2019 en su casa de Malabo y trasladado a la Comisaría Central de Policía. Allí lo golpearon con brutalidad y lo colgaron de las manos. La policía quería que confesara una presunta conspiración para matar al presidente. Fue juzgado el 27 de noviembre de ese año por difamar y amenazar a Obiang.

Alfredo Okenve, vicepresidente del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo de Guinea Ecuatorial (CEID), fue detenido el 15 de marzo de 2019 después de que se le prohibiera asistir a la entrega del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos. El 5 de julio de ese año, las autoridades emitieron un decreto que pedía la disolución del CEID.

El Parlamento aprobó en septiembre de 2006 una ley que prohibía la tortura, que entró en vigor en noviembre de ese año. La policía siguió torturando.

Amnistía Internacional documentó casos entre 1988 y 2009 que describen métodos sistemáticos y deliberados. En febrero y marzo de 2009, diez miembros del partido Unión Popular fueron detenidos en las comisarías de Bata y Malabo. Uno de ellos declaró ante el juez de instrucción que lo habían atado al suelo y le ofrecieron dinero para que “confesara”. En otra sesión, la policía le llenó la boca de papel, lo metió en un saco, lo ató, lo colgó y lo golpeó. Nadie fue investigado.

En agosto de 1988, 15 presos fueron liberados tras una vista de clemencia. Entre ellos estaba el preso de conciencia Primo José Esono Mikali, a quien le ataron los brazos y las piernas juntos a la espalda, lo arquearon y lo colgaron del techo con una cuerda. Perdió temporalmente el uso de las extremidades. Los demás presos relataron que los colgaban por los pies, les sumergían la cabeza en un balde de agua sucia hasta semiasfixiarlos y los sometían a descargas eléctricas. A algunos les colocaban una pesada piedra sobre la espalda arqueada.

La represión también alcanzó a la población bubi, el grupo étnico indígena de la isla de Bioko. En 1998, tras ataques contra cuarteles militares en los que murieron tres soldados y varios civiles, decenas de bubis fueron detenidos y torturados para obtener confesiones. A algunos les cortaron partes de las orejas con cuchillas y bayonetas. Las mujeres bubis fueron humilladas públicamente en el patio de la comisaría de Malabo: algunas fueron obligadas a nadar desnudas en el barro delante de otros detenidos y otras sufrieron abusos sexuales. Al menos seis personas murieron tras ser torturadas.

La represión no hizo excepciones con los menores de edad. El 5 de febrero de 2015, durante la Copa Africana de Naciones celebrada en Malabo, las fuerzas de seguridad detuvieron a unos 300 jóvenes, entre ellos decenas de niños y niñas. La mayoría fue arrestada en sus casas por la noche o en calles alejadas del estadio de fútbol.

Los llevaron a la Comisaría Central de Policía de Malabo, donde cada uno recibió entre 20 y 30 latigazos y fue recluido en celdas saturadas y mal ventiladas junto a delincuentes adultos. Algunos fueron liberados solo después de que sus familias pagaran sobornos a la policía. El 13 de febrero, todos comparecieron ante un tribunal y quedaron en libertad sin cargos.

En 1995, empresas estadounidenses descubrieron depósitos de hidrocarburos en las costas de Guinea Ecuatorial. El hallazgo transformó la economía del país de la noche a la mañana.

Guinea Ecuatorial pasó a ser uno de los mayores exportadores de petróleo del continente y alcanzó una renta per cápita de 8.460 dólares en 2021, según el Banco Mundial. En términos estadísticos, es uno de los países más ricos de África. En términos reales, el 70% de su población vive con menos de dos dólares por día. La desigualdad es la regla.

Tutu Alicante, director ejecutivo de la ONG pro derechos humanos EG Justice, dijo: “Ni el petróleo ni la apertura económica han mejorado la situación económica de la población civil”.

La mayor parte de esa riqueza quedó concentrada en el círculo más cercano al gobierno. La dictadura no publica datos de pobreza actualizados. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ubicó al país en el puesto 133 de 193 estados en su Índice de Desarrollo Humano. La esperanza de vida es de 54 años para los hombres y 57 para las mujeres, uno de los índices más bajos del mundo. Más de la mitad de la población no tiene acceso a agua potable, la cifra más baja de todo el continente africano, según la Organización Mundial de la Salud.

El país llegó a ser considerado “demasiado opaco” para ser incluido en el índice global de corrupción de Transparencia Internacional, organización no gubernamental.

Mientras la población carece de agua potable, el hijo del presidente acumula una fortuna que exhibe sin pudor en sus redes sociales.

Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido como “Teodorín”, es, además de hijo del dictador y presidente, vicepresidente de Guinea Ecuatorial y el sucesor más probable de su padre. En 2017, la justicia francesa lo condenó por malversación de fondos públicos y ordenó la incautación de sus activos en ese país: una propiedad en París valuada en más de 120 millones de dólares, palacetes con canillas bañadas en oro, una colección de autos Rolls-Royce y aviones privados. Recibió una condena suspendida de tres años y una multa de 30 millones de euros.

En 2014 ya había entregado a las autoridades de Estados Unidos una mansión en Malibú, una Ferrari y una colección de objetos de Michael Jackson. Y en algún momento encargó un yate valuado en USD 400 millones. Analista coinciden en que Teodorín no tiene aspiraciones de democratizar Guinea Ecuatorial.

El Índice de Democracia 2020 de The Economist, semanario británico, le asignó a Guinea Ecuatorial un valor de 0 (cero) en Proceso Electoral y Pluralismo. El informe Freedom in the World 2020 de Freedom House, organización estadounidense, le otorgó 6 puntos sobre 100, categorizándolo como “No libre”. El Bertelsmann Transformation Index 2020 lo clasificó como “autocracia de línea dura” con un valor de 2.82 sobre 10 en Transformación Política, y advirtió que un cambio de régimen solo podría producirse mediante otro golpe de Estado, dado que no existe oposición con fuerza suficiente para enfrentarse al gobierno.

En el ranking de calidad democrática de The Economist, Guinea Ecuatorial ocupa el puesto 156 de 167 países. Solo Corea del Norte, Afganistán y Myanmar están por debajo.

La comunidad internacional mantiene una relación pragmática con Malabo. Constanza Montaña, licenciada en asuntos internacionales y miembro del Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales, señaló que “Guinea Ecuatorial, a pesar de su régimen autoritario, no tiene la misma relevancia para la comunidad internacional que otras dictaduras como las de Chad, Eritrea o Camerún”. El petróleo explica buena parte de ese silencio. El el régimen se sostiene también gracias a sus vínculos con Estados Unidos, España y China.

En el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas celebrado en mayo de 2019, Guinea Ecuatorial recibió 221 recomendaciones. Aceptó 202 y rechazó 19, entre ellas la ratificación de la Carta Africana sobre la Democracia y el acceso al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Argentina hizo tres recomendaciones: abolir la pena de muerte, investigar las torturas y garantizar la libertad de expresión. Guinea Ecuatorial rechazó esta última.

El exembajador de Estados Unidos en Guinea Ecuatorial, Frank Ruddy, sintetizó en 2008 lo que los índices describen con eufemismos: Obiang es “un asesino, torturador y ladrón”.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que la reforma constitucional que impulsa prohibe la participación de opositores a los que califica como “terroristas y golpistas” en futuras elecciones, decisión que ha generado un amplio rechazo internacional y reacciones de organizaciones y gobiernos, según reportó la agencia EFE. La medida, impulsada desde Managua en coordinación con la Asamblea Nacional, busca modificar la legislación electoral para limitar el acceso de críticos y exiliados al proceso democrático.

En un acto oficial, Ortega explicó que preparan una reforma parcial a la Constitución para impedir que opositores privados de nacionalidad o acusados de traición puedan postularse a cargos públicos. “No tendrán espacio los terroristas, los golpistas” en los próximos comicios, aseguró el mandatario, quien gobierna Nicaragua junto a su esposa Rosario Murillo desde 2007.

De acuerdo con EFE, el mandatario insistió en que las reformas buscan “fortalecer la paz con leyes” y evitar la repetición de conflictos armados en el país.

Durante su intervención, Ortega evocó episodios históricos como la guerra civil de 1856 y la intervención del estadounidense William Walker, señalando que las nuevas restricciones pretenden impedir “que se organicen de nuevo guerras como las de aquel entonces”.

En palabras recogidas por EFE, el líder sandinista sostuvo que la reforma garantizará “que no queden lugares donde los opositores puedan volver a lanzar sus guerras criminales”.

Las autoridades nicaragüenses han retirado la nacionalidad a decenas de opositores y críticos, a quienes acusan de conspiración, traición a la patria o de haber impulsado protestas contra el Gobierno. Según datos reportados por EFE, Nicaragua completó en 2023 su salida formal de la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que dejó al país sin representación en ese organismo regional. La OEA, tras el anuncio de Ortega, informó que analiza convocar a una reunión de ministros de Exteriores para evaluar la situación nicaragüense.

EFE detalló que el Consejo Permanente de la OEA celebrará el 5 de agosto una sesión extraordinaria para debatir una resolución titulada “Convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en Nicaragua”. La respuesta internacional no se hizo esperar gobiernos de Costa Rica, Panamá y Guatemala expresaron su rechazo, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticó abiertamente las declaraciones del mandatario.

En sus declaraciones, Ortega matizó su discurso respecto al pronunciado el pasado 19 de julio, cuando advirtió que “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. Ahora, el presidente nicaragüense sostiene que las reformas permitirán elecciones “con soberanía” y cita como antecedente negativo la época de las invasiones estadounidenses en Nicaragua.

El Gobierno de Ortega enfrenta acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación sistemática de rivales para evitar la competencia en las urnas, según la información de EFE. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y sectores de la comunidad internacional han denunciado la falta de garantías democráticas y la represión contra la disidencia.

Con 80 años, Ortega es el dirigente con más tiempo en el poder en la historia reciente de Nicaragua. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y asumió la presidencia de 1985 a 1990, antes de regresar al cargo en 2007. Su permanencia ha estado marcada por la concentración del poder y la supresión de voces críticas, en un contexto de creciente aislamiento internacional.

La agencia EFE informó que el mandatario defendió la necesidad de “mantener la paz reforzada por las leyes”, subrayando que “no se trata de imponer la paz con estados de sitio o a punta de balazos”, sino de evitar “la conspiración para meter la guerra” que, según su visión, impulsa la oposición.

El futuro político de Nicaragua permanece incierto mientras avanzan las reformas propuestas por el Ejecutivo, que busca consolidar el control sobre el proceso electoral y limitar la participación de adversarios. La comunidad internacional observa con atención la evolución de la situación en el país centroamericano, a la espera de la discusión en la OEA y de eventuales reacciones adicionales de gobiernos y organismos multilaterales.

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) emitió un contundente pronunciamiento en defensa del Estado de derecho, la independencia judicial y la democracia costarricense, en el que expresó su “profunda preocupación” y su “firme rechazo” a las declaraciones realizadas durante el acto oficial del pasado 25 de julio en Nicoya, con motivo del 202 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya.

Mediante un acuerdo aprobado en la sesión ordinaria N.° 7010 del 29 de julio de 2026, el máximo órgano universitario cuestionó las manifestaciones pronunciadas por el expresidente Rodrigo Chaves Robles, en las que planteó ante el público la posibilidad de una dictadura y del cierre del Poder Judicial, al considerar que ese tipo de afirmaciones adquieren una especial gravedad cuando provienen de una alta autoridad del Estado.

La Universidad sostiene que en una democracia consolidada como la costarricense esas expresiones “no pueden ser consideradas una simple provocación ni un recurso retórico”, debido al peso institucional que tienen las palabras emitidas por quienes ejercen funciones públicas.

El Consejo Universitario recordó que la Constitución Política surgió como un pacto social tras la guerra civil de 1948 precisamente para evitar la concentración arbitraria del poder y garantizar un sistema basado en la separación e independencia de los poderes públicos, la supremacía de la ley y la protección de los derechos fundamentales.

En ese contexto, la UCR citó los artículos 3 y 9 de la Constitución Política, los cuales establecen que nadie puede arrogarse la soberanía nacional y que el Gobierno de la República se ejerce mediante poderes distintos e independientes entre sí, principios que —según la institución— constituyen la base del modelo democrático costarricense.

“Las dictaduras no representan una alternativa”

Uno de los apartados más enfáticos del pronunciamiento sostiene que las dictaduras nunca pueden ser consideradas una opción política válida.

“La evidencia histórica es inequívoca: los Estados autoritarios y totalitarios impiden el ejercicio de las más básicas libertades, empezando por la libertad de pensamiento”, señala el documento.

La Universidad argumentó que combatir la corrupción o corregir las deficiencias institucionales no puede hacerse debilitando la democracia, sino mediante reformas que fortalezcan los mecanismos de control, la transparencia y la participación ciudadana.

Asimismo, el Consejo Universitario defendió la autonomía del Poder Judicial y afirmó que contar con un presupuesto sólido ha permitido consolidar una justicia independiente, diferenciando a Costa Rica de otros países de América Latina donde, según indicó, la injerencia política ha debilitado a los tribunales.

El documento reconoce que el sistema judicial requiere reformas para mejorar su funcionamiento, pero sostiene que estas deben responder a criterios técnicos y no a intereses políticos que comprometan su independencia.

Advertencia sobre el debilitamiento institucional

El acuerdo también advierte sobre los riesgos de normalizar discursos que planteen la ruptura del orden constitucional.

Según la UCR, las democracias no desaparecen de manera repentina, sino que suelen deteriorarse progresivamente mediante el debilitamiento de las instituciones y la modificación del lenguaje político.

“Antes de que las instituciones sean debilitadas, suele transformarse el lenguaje que las protege”, señala el texto, que agrega que aceptar como posibles escenarios la clausura de poderes o el autoritarismo puede erosionar los consensos democráticos construidos durante décadas.

Como parte de esa reflexión, el Consejo Universitario recordó antecedentes históricos tanto nacionales como regionales. Mencionó la dictadura de los hermanos Tinoco, ocurrida hace más de un siglo en Costa Rica, así como diversas experiencias autoritarias registradas en América Latina, señalando que esos episodios dejaron profundas consecuencias políticas, sociales y humanas.

Solidaridad con el Poder Judicial

La Universidad manifestó además su solidaridad con el Poder Judicial y con las personas funcionarias cuya labor consiste en garantizar el acceso a la justicia y la protección del Estado de derecho.

El pronunciamiento aclara que respaldar la independencia judicial no implica eximir al sistema de críticas o de eventuales reformas, sino reconocer que ninguna democracia puede subsistir sin instituciones capaces de controlar la constitucionalidad y la legalidad de los actos del poder público.

En esa línea, el Consejo Universitario insistió en que cualquier proceso de modernización del Poder Judicial debe fortalecer sus capacidades sin comprometer su autonomía frente a los demás poderes del Estado.

Llamado al Poder Ejecutivo

Como parte de las conclusiones, el Consejo Universitario hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que rechace “de forma clara e inequívoca” cualquier manifestación que pueda interpretarse como una legitimación de la ruptura del orden constitucional o del debilitamiento de la separación de poderes.

Asimismo, instó a la Presidencia de la República a reafirmar públicamente el compromiso del Gobierno con la Constitución Política, el Estado social y democrático de derecho, la independencia del Poder Judicial y los principios republicanos que sustentan la institucionalidad costarricense.

La Universidad de Costa Rica reiteró que su misión legal incluye la formación de una ciudadanía crítica y la defensa de los valores democráticos, razón por la cual consideró necesario pronunciarse ante lo que calificó como un escenario de especial preocupación institucional.

El acuerdo concluye con un llamado a la ciudadanía a reflexionar sobre el impacto que tienen los discursos emitidos desde el poder político y a preservar los principios constitucionales que, durante más de siete décadas, han sustentado el sistema democrático costarricense.

“Quisiera describirles un brutal incidente ocurrido anoche en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y pedir que los lectores interesados envíen telegramas de protesta al presidente Onganía”, así comenzó la carta escrita por Warren A. Ambrose, profesor de Matemática de la Universidad de Buenos Aires, enviada el 3 de agosto de 1966 al diario estadounidense The New York Times.

Onganía había derrocado al presidente Arturo Illia hacía tan solo un mes y emitió una ley donde se suprimía la autonomía universitaria conquistada con la Reforma de 1918. De esta forma la Universidad de Buenos Aires pasaba a estar bajo la órbita directa del Ministerio de Educación; además de disolver Consejos Superiores y Directivos y obligar a que los decanos y el rector deban responder al Poder Ejecutivo.

Este quiebre institucional hizo que docentes, graduados y estudiantes de varias facultades permanecieran en las universidades para resistir la medida. Una resistencia que derivó en la llamada “Noche de los bastones largos” donde se reprimió de forma feroz a quienes bregaban por la autonomía universitaria.

“Los palitos de abollar ideologías”

Ese 29 de julio, la Guardia de Infantería de la Policía Federal, al mando del general Mario Fonseca ingresó a cinco universidades para golpear, amedrentar y arrestar a quienes solo buscan libertad de acción y pensamiento en la universidad.

Las cifras oficiales hablan de alrededor de 300 heridos y 400 detenidos esa noche, según datos del Estado argentino. Al día siguiente, el matemático estadounidense Warren Ambrose, profesor visitante del MIT en Ciencias Exactas, denunció lo ocurrido en una carta publicada por The New York Times, que se convirtió en uno de los documentos testimoniales más citados sobre el episodio.

Warren describió el momento que vivieron: “Entonces entró la policía. Me han dicho que tuvieron que forzar las puertas, pero lo primero que escuché fueron bombas, que resultaron ser gases lacrimógenos. Al poco tiempo estábamos todos llorando bajo los efectos de los gases. Luego llegaron soldados que nos ordenaron, a los gritos, pasar a una de las aulas grandes, donde nos hizo permanecer de pie, con los brazos en alto, contra una pared. El procedimiento para que hiciéramos eso fue gritarnos y pegarnos con palos. Los golpes se distribuían al azar y yo vi golpear intencionalmente a una mujer; todo esto sin ninguna provocación. Estoy completamente seguro de que ninguno de nosotros estaba armado, nadie ofreció resistencia y todo el mundo (entre quienes me incluyo) estaba asustado y no tenía la menor intención de resistir.”

Y relató: “Estábamos todos de pie contra la pared rodeados por soldados con pistolas, todos gritando brutalmente (evidentemente estimulados por lo que estaban haciendo, se diría que estaban emocionalmente preparados para ejercer violencia sobre nosotros). Luego, a los alaridos, nos agarraron a uno por uno y nos empujaron hacia la salida del edificio. Pero nos hicieron pasar entre una doble fila de soldados, colocados a una distancia de diez pies entre sí, que nos pegaban con palos o culatas de rifles y que nos pateaban rudamente en cualquier parte del cuerpo que pudieran alcanzar. Nos mantuvieron incluso a suficiente distancia uno de otro de modo que cada soldado pudiera golpear a cada uno de nosotros”.

Onganía además inició una campaña de “depuración” en todas las universidades nacionales lo que derivó en que al menos 700 académicos fueran obligados a abandonar sus puestos de trabajo y buscar exilio en el exterior.

Renuncias masivas y fuga de cerebros

El impacto institucional fue inmediato y medible. Según la investigación realizada por la química Silvia Braslavsky y el matemático Raúl Carnota, al cumplirse cincuenta años del episodio, se señaló que en la primera semana de agosto de 1966 se registraron 1.378 renuncias de docentes en la UBA: 391 en Exactas y Naturales, 305 en Filosofía y Letras, 268 en Arquitectura, 180 en Ingeniería y el resto distribuido entre Derecho, Económicas, Medicina, Agronomía, Farmacia, Odontología y los institutos del Rectorado.

Entre quienes dejaron el país figuran nombres centrales de la vida intelectual argentina como el matemático y pionero de la informática Manuel Sadosky, artífice de la llegada de “Clementina”, la primera computadora científica instalada en una universidad latinoamericana.

A él se sumó el meteorólogo Rolando García, quien desarrollaría después la epistemología genética junto a Jean Piaget; el filósofo de la ciencia Gregorio Klimovsky; el historiador Tulio Halperín Donghi; el filósofo y ex rector Risieri Frondizi; la física Mariana Weissmann; y la psiquiatra Telma Reca, entre muchos otros. Sadosky se exilió primero en Montevideo, donde ayudó a fundar el Instituto de Cálculo de la Universidad de la República, y más tarde pasó por Venezuela y España antes de regresar a la Argentina en democracia, en 1983, como primer secretario de Ciencia y Técnica del gobierno de Raúl Alfonsín.

Un símbolo material de este quiebre democrático fue la propia Clementina; la computadora que desde 1961 había puesto a la UBA a la vanguardia regional de la computación científica y quedó desactivada tras la intervención para ser finalmente desmantelada en 1971.

Más allá de las aulas

Una investigación realizada por María Josefina Lamaisón, Santiago Garaño y Luciana Bianco documenta los efectos que la intervención militar tuvo también sobre el propio Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) entre 1966 y 1967, mostrando que la ofensiva contra la comunidad científica excedió el ámbito estrictamente universitario.

Universidades y centros de investigación de Uruguay, Venezuela, México y Estados Unidos recibieron a buena parte de esos investigadores, que continuaron carreras interrumpidas y, en varios casos, contribuyeron a fortalecer sistemas científicos vecinos. El caso de Sadosky en la Universidad de la República uruguaya es el más documentado: replicó allí el modelo del Instituto de Cálculo e impulsó la instalación de una computadora para la investigación local.

Especialistas en la historia de la ciencia argentina describen ese proceso como el inicio de un patrón cíclico de éxodos ligados a persecuciones políticas o crisis económicas impactando en el crecimiento del sistema científico argentino.

“Esta conducta del Gobierno, a mi juicio, va a retrasar seriamente el desarrollo del país, por muchas razones entre las cuales se cuenta el hecho de que muchos de los mejores profesores se van a ir del país”, aseguró Warren en su carta; alertando cómo serían los próximos años para la educación superior e investigación argentina.

Casi sesenta años después, el episodio sigue siendo una referencia obligada en cualquier debate sobre la autonomía universitaria y el financiamiento de la ciencia en la región; y un recordatorio de lo difícil que puede ser reconstruir un sistema científico que se desmantela con violencia en todas sus formas.

El reciente atentado armado contra Marvin Gámez Alaníz, conocido como “Comandante Resorte” y exmiembro de la Resistencia Nicaragüense, ha puesto nuevamente en evidencia la situación de vulnerabilidad que enfrentan los opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo más allá de las fronteras de Nicaragua.

El ataque, perpetrado en la madrugada del 26 de julio de 2026 en Trojes, departamento de El Paraíso, Honduras, dejó a Gámez con siete heridas de bala y a una mujer que lo acompañaba con dos impactos, según reportó el Instituto del Liderazgo de Las Segovias, el medio hondureño HCH y Artículo 66.

Gámez, de 58 años y originario de La Trinidad, Estelí, relató desde su cama en el Hospital Gabriel Alvarado de Danlí que fue emboscado por hombres encapuchados que se movilizaban en dos motocicletas mientras se dirigía a comprar leche.

“Me perforaron siete tiros en toda mi espalda. Y a la compañera que iba conmigo le pegaron dos. Tenemos tiempo ya de ser perseguidos por el régimen de Daniel Ortega”, denunció el excombatiente, quien asegura que desde hace cinco años vive bajo amenaza directa del gobierno nicaragüense.

El ataque ocurrió en una zona rural fronteriza que desde 2018 ha servido de refugio para decenas de nicaragüenses perseguidos por razones políticas, entre ellos antiguos miembros de la Contra. Gámez responsabilizó públicamente al régimen Ortega-Murillo de ordenar el atentado y advirtió que al menos siete de sus antiguos compañeros de armas han sido asesinados en circunstancias similares.

“No solo yo, habemos muchos comandos de la Resistencia en Trojes. Han matado como a siete amigos míos, y yo era el octavo ya. Dios me está dando una oportunidad de vida con siete tiros en mi cuerpo”, sostuvo el excombatiente, citado por HCH y Artículo 66.

El Instituto del Liderazgo de Las Segovias denunció el ataque como un posible “crimen transnacional” y pidió a las autoridades hondureñas abrir una investigación urgente.

La organización señaló que Gámez había sido amenazado previamente por integrantes de organismos de seguridad del municipio nicaragüense de Jalapa, Nueva Segovia, región fronteriza con Honduras.

“Según testimonio este atentado presumiblemente fue operado desde Nicaragua”, alertó Haydee Castillo, directora de la organización, quien también ha sufrido persecución y exilio.

El caso de Marvin Gámez se suma a una lista de atentados y asesinatos de opositores nicaragüenses fuera del país, fenómeno que ha sido documentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas. Este grupo ha advertido sobre prácticas de represión transnacional que incluyen vigilancia, hostigamiento y violencia armada contra nicaragüenses exiliados.

Entre los casos más recientes figura el asesinato de Roberto Samcam, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y crítico del régimen, ocurrido en Costa Rica en junio de 2025, así como los atentados contra Joao Maldonado en territorio costarricense y los homicidios de Rodolfo Rojas Cordero, Santiago Rivera Müller y Jaime Luis Ortega Chavarría en Honduras y Costa Rica.

La situación de vulnerabilidad de Gámez se agrava por la falta de renovación de su permiso de residencia en Honduras, hecho que él mismo denunció tras el atentado.

El excombatiente solicitó protección a las autoridades hondureñas y la intervención de organismos internacionales defensores de derechos humanos para evitar un nuevo ataque.

“Trojes, donde ocurrió el atentado, es una zona fronteriza que durante los últimos años ha servido de refugio para nicaragüenses que huyeron de la persecución política”, destaca el reportaje de Artículo 66.

Pese a la gravedad del ataque, hasta el momento no se conoce públicamente una investigación oficial que determine quiénes fueron los autores materiales o intelectuales.

Los señalamientos hacia el régimen de Nicaragua corresponden a las denuncias de las víctimas y de las organizaciones defensoras de derechos humanos, que insisten en la necesidad de acciones concretas ante lo que consideran una campaña sistemática contra la disidencia nicaragüense en el exilio.

Durante la ronda de preguntas posterior a la presentación del segundo paquete de proyectos de seguridad, la presidenta Laura Fernández aprovechó para responder a cuestionamientos sobre recientes declaraciones del mandatario Rodrigo Chaves, quien durante una actividad en Nicoya el fin de semana consultó al público si temían una eventual dictadura o el cierre del Poder Judicial.

La consulta fue planteada por el periodista de La Nación, quien pidió a la jerarca aclarar el mensaje emitido por el presidente, al considerar que las afirmaciones podían interpretarse como una referencia a la posibilidad de cerrar uno de los poderes de la República.

Fernández comenzó señalando que la conferencia estaba destinada a explicar los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, aunque aseguró que respondería la inquietud porque, según dijo, existen sectores que intentan construir una narrativa de que el Gobierno pretende romper el orden democrático.

“Hay medios como La Nación y gente enemiga del Gobierno que intenta confundir a los costarricenses indicando falsamente que yo tengo aspiraciones de convertirme en una dictadora. Así de ridículos y así de desesperados están los opositores del Gobierno", afirmó.

La mandataria sostuvo que las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo buscan fortalecer la legislación y no asumir competencias de otros poderes de la República. En ese contexto, cuestionó que algunos actores califiquen las propuestas como intentos de controlar al Poder Judicial.

Asimismo, hizo referencia a declaraciones atribuidas al fiscal general, Carlo Díaz, a quien retó nuevamente a presentar un ejemplo concreto en el que, según sus palabras, el Gobierno haya incumplido la Constitución o alguna norma del ordenamiento jurídico.

“Que me dé una sola cosa objetiva donde yo haya violado los principios constitucionales y democráticos de Costa Rica”, manifestó.

Fernández aseguró que su administración ha respetado el marco institucional y afirmó que quienes cuestionan al Gobierno, en realidad, “le tienen pavor al pueblo costarricense” que los eligió mediante el voto.

“La democracia de Costa Rica está más viva que nunca”, expresó, al tiempo que defendió los resultados electorales que dieron representación legislativa al oficialismo y sostuvo que esa es la verdadera expresión de la voluntad popular.

La presidenta también atribuyó el hecho de que el oficialismo no obtuviera una mayoría más amplia en la Asamblea Legislativa a lo que calificó como una campaña de desinformación sobre supuestas intenciones autoritarias del Gobierno.

“¿Por qué no saqué yo treinta y ocho diputados? (...) Por las mentiras que le intentaron meter en la cabeza al pueblo de Costa Rica”, señaló antes de concluir su respuesta.

Responde a sacerdote sobre impuestos e ideología de género

En otra de las consultas, Fernández reaccionó a las declaraciones del sacerdote Jason Víquez, de la diócesis de Tilarán, quien durante los actos de la Anexión del Partido de Nicoya hizo un llamado a respetar la libertad de pensamiento y expresó preocupación por eventuales modificaciones tributarias relacionadas con la canasta básica.

La presidenta aseguró que ya había conversado con el religioso y afirmó que existieron dos interpretaciones erróneas en su intervención.

En primer lugar, indicó que el Gobierno no impulsa nuevos impuestos ni pretende aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sino fortalecer la recaudación de los tributos ya existentes.

“Este gobierno no está formulando nuevos impuestos. Estamos trabajando muy fuerte en cobrar bien los impuestos, pero yo no estoy formulando aumentos en el IVA ni creando impuestos nuevos”, afirmó.

El segundo punto estuvo relacionado con temas de educación y diversidad. Fernández reiteró que mientras permanezca al frente del Ejecutivo no promoverá políticas relacionadas con la denominada “ideología de género” en el sistema educativo.

Como ejemplo, mencionó a su hija de tres años y medio para argumentar que los menores no deberían enfrentarse a discusiones sobre identidad de género en las aulas.

La mandataria también lanzó fuertes críticas contra el Frente Amplio al asegurar que no permitirá que exdiputados de esa agrupación política participen en centros educativos con el objetivo, según dijo, de adoctrinar a estudiantes.

“No voy a consentir que exdiputados del Frente Amplio se metan a las escuelas y se metan a los colegios a pretender lavarle el cerebro a los niños y a los jóvenes para volverlos comunistas”, expresó.

Fernández diferenció entre la promoción del pensamiento crítico y lo que calificó como adoctrinamiento político, e hizo un llamado a revisar el uso de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), al cuestionar la contratación de exlegisladores del Frente Amplio en universidades públicas.

El hombre que convirtió el fuego en castigo gobernó Acragante durante poco más de una década y media, y su nombre quedó grabado en la memoria colectiva del mundo antiguo como sinónimo de crueldad calculada. Fálaris, tirano de la colonia griega ubicada en la costa sur de Sicilia —la actual Agrigento—, reunió en su figura una paradoja de la historia clásica: la de un gobernante que construyó y destruyó con la misma determinación.

Su ascenso al poder, situado hacia 570 a.C., respondió al patrón de los llamados tyrannoi del mundo griego arcaico: hombres que se apoderaban del gobierno fuera de los cauces establecidos, sin legitimidad dinástica ni mandato institucional.

Según recogen Aristóteles y otras fuentes de la Antigüedad, Fálaris habría aprovechado su posición de prestigio durante la construcción de un templo para organizar el golpe que lo llevó al mando de la ciudad.

La palabra tirano no cargaba entonces el peso moral que lleva hoy. En el vocabulario político griego, designaba simplemente a quien ejercía el poder de forma irregular. Pero Fálaris terminaría siendo el caso límite, el que volvió el término sinónimo de barbarie.

Lejos de estancarse en la violencia, su reinado también dejó huellas de administración y urbanismo. Fálaris fortaleció las murallas de Acragante, promovió la construcción de edificios monumentales y mejoró el sistema de suministro de agua.

Bajo su mando, la ciudad comenzó a trazar el camino hacia el esplendor que la convertiría en una de las urbes de la Sicilia griega.

Esa tensión entre el constructor y el verdugo es lo que hace de su figura un motivo de interés persistente.

El toro de bronce y la leyenda

Pero lo que selló su memoria para la posteridad no fue ninguna obra arquitectónica, sino un artefacto. Según relata la revista National Geographic, un escultor ateniense llamado Perilo habría presentado ante Fálaris un toro de bronce de tamaño natural y completamente hueco.

El mecanismo era tan eficiente como brutal: la víctima era encerrada en su interior y el fuego encendido bajo el metal; los gritos del condenado salían transformados, por la disposición de unos tubos internos, en algo que simulaba el mugido de un animal.

La ironía que guardó la leyenda es que Perilo fue el primero en ser introducido en su propia creación. Fálaris, según la tradición, quiso comprobar el funcionamiento del artefacto con el propio inventor.

Lo sacó antes de que muriera, aunque las versiones difieren sobre lo que ocurrió después. El relato tiene la forma perfecta de la justicia poética que tanto gustaba a los autores antiguos, y eso mismo llevó a muchos especialistas a dudar de su literalidad.

La historia del toro aparece en autores como Píndaro, Diodoro Sículo, Polibio, Plutarco y Luciano de Samósata, lo que prueba su circulación extensa en el mundo antiguo. Pero la recurrencia no equivale a veracidad.

Según señala National Geographic, ninguna excavación arqueológica aportó prueba física del artefacto. Los especialistas señalaron que los tiranos derrotados eran blancos frecuentes de la literatura moral y ejemplarizante: exagerar su crueldad servía para convertirlos en advertencia, no en registro.

Aun así, la posibilidad de un núcleo real no queda descartada. Pudo haber existido un objeto ritual, una escultura ligada a prácticas sacrificiales, cuya función original fue distorsionada con el paso de las generaciones.

La caída del tirano

La reputación de Fálaris no dependía únicamente del toro. Fuentes de la Antigüedad lo acusaron también de canibalismo y de la muerte de niños, atribuciones que lo colocaron en el límite extremo de la degradación humana. Aristóteles lo usó como ejemplo de corrupción moral absoluta, y siglos después, el emperador y filósofo Marco Aurelio todavía lo citaba entre las figuras más repulsivas de la historia pasada.

Su caída, según recoge National Geographic, llegó tras unos 16 años de gobierno, de la mano de una revuelta encabezada por un personaje llamado Telémaco. Y el final que la tradición le asignó tiene la simetría que el drama antiguo exigía: Fálaris habría muerto dentro de su propio toro de bronce, quemado vivo como sus víctimas.

En medio de la creciente tensión política en Nicaragua, las declaraciones públicas de cuatro expresidentes de Costa Rica han reforzado la condena internacional al régimen de Daniel Ortega. Los exmandatarios costarricenses calificaron como dictatorial el rumbo que ha tomado el país centroamericano, tras la afirmación de Ortega de que no se celebrarán más elecciones y se cerrará el acceso a los partidos opositores. Según informaron medios como Artículo 66 y La Nación, los líderes costarricenses advirtieron sobre la consolidación de un régimen autoritario en Managua.

Entre las voces se encuentra Laura Chinchilla, quien gobernó Costa Rica entre 2010 y 2014. La exmandataria señaló la manifestación abierta del poder absoluto por parte de Ortega, quien suma casi 20 años al frente de Nicaragua. Chinchilla indicó que “el poder a punta de fraude y represión ya hablaban de su intención de perpetuarse”, según citó Artículo 66. Subrayó la preocupación por la normalidad con que la comunidad internacional acepta este tipo de prácticas, y advirtió sobre el riesgo de que otros líderes de Centroamérica repliquen el modelo autoritario.

Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica entre 2014 y 2018, también se sumó a las críticas en una publicación dirigida desde su cuenta oficial. “Ahora eso le tendrá que quedar claro a todos quienes decían, por oportunismo, pragmatismo o ignorancia, que Nicaragua tiene (y tendrá para siempre según el comandante) el gobierno ‘que su pueblo ha escogido’”, afirmó Solís en declaraciones recogidas por medios costarricenses.

El exmandatario costarricense advirtió, además, que este fenómeno trasciende las fronteras nicaragüenses y refleja la expansión global del autoritarismo, la autocracia y el desprecio por el pluralismo y los valores democráticos y republicanos. “Vivimos tiempos en donde prevalecen los ataques contra los poderes judiciales, los atentados y la deslegitimación permanente de los medios de comunicación y el fanatismo religioso negacionista”, puntualizó Solís.

A este coro de voces se sumó Óscar Arias, presidente de Costa Rica entre 1986 y 1990, y entre 2006 y 2010, quien recordó que Ortega ha cultivado una visión autoritaria desde los años ochenta. Según Arias, la idea de permanecer en el poder sin elecciones ha sido una constante en la estrategia política del mandatario nicaragüense.

La respuesta del gobierno de Costa Rica

La reacción del actual gobierno costarricense fue más mesurada. El expresidente Rodrigo Chaves reiteró que Costa Rica mantiene su compromiso democrático y la celebración de elecciones libres. “Gracias a Dios” Costa Rica es una democracia y siempre habrá elecciones. Dios mediante”, declaró Chaves a medios locales tras una reunión parlamentaria. El partido de Chaves propuso una condena formal contra Ortega en respuesta a las declaraciones recientes de Ortega.

Las condenas en la región

El rechazo internacional a la deriva autoritaria de Nicaragua se expresó en condenas diplomáticas de países de Centroamérica —Costa Rica, Panamá y Guatemala— y de Estados Unidos. En el Caribe, la República Dominicana llamó a consultas a su embajadora en Managua, mientras que Chile, Bolivia y Perú se pronunciaron en términos críticos. Por su parte, el gobierno de Brasil expresó inquietud sobre la situación, aunque con un tono más matizado.

La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, prepara un paquete de reformas que serán presentadas en agosto, con el objetivo de consolidar el control del poder tras dos décadas de presidencia de Ortega. Este escenario ha reforzado la percepción de una crisis política de alcance regional, y alimentó el debate sobre los riesgos del autoritarismo en América Latina.

Diversas organizaciones opositoras nicaragüenses en el exilio advirtieron este jueves sobre el riesgo de consolidación de un “régimen sin elecciones” en Nicaragua, tras la propuesta de la dictadura de Daniel Ortega de eliminar los comicios. En una declaración conjunta, Las organizaciones instaron a la comunidad internacional, la Unión Europea, la OEA y el sistema de Naciones Unidas a no reconocer ni legitimar ninguna medida que suprima el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus autoridades, según informó la agencia EFE.

El pronunciamiento, firmado por la Concertación Democrática Nicaragüense, Unidad Nacional, Unión Democrática Renovadora y otras cinco plataformas, se difundió después de que Ortega, en el aniversario 47 de la revolución sandinista, anunciara que “aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. La declaración sostiene que estas palabras no representan solo un gesto político interno, sino Las organizaciones denunciaron la abolición del derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus gobernantes y advirtieron sobre la consolidación de un régimen sin controles institucionales en Centroamérica.

De acuerdo con EFE, la coalición opositora dirigió su llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), al Consejo Permanente y a la Secretaría General de la ONU, así como a los ministerios de Relaciones Exteriores de América Latina. El objetivo es que se activen y fortalezcan los mecanismos previstos en el sistema interamericano frente a lo que consideran una ruptura del orden democrático.

Los firmantes recordaron que la OEA dispone de instrumentos específicos para responder ante crisis de esta naturaleza. “Su aplicación rigurosa es esencial” para evitar que en el corazón de Centroamérica se consolide un régimen sin elecciones, sin libertades y sin controles institucionales”, expresaron en el documento difundido a medios y recogido por EFE.

Las medidas que reclama la oposición

El comunicado solicita a los gobiernos democráticos y órganos competentes del sistema interamericano que adopten las medidas jurídicas y diplomáticas correspondientes, en consonancia con la Carta Democrática Interamericana. Exhortan a mantener el desconocimiento de cualquier acto orientado a suprimir el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades.

La declaración advierte que la crisis política nicaragüense trasciende el ámbito interno. “La experiencia hemisférica demuestra que cuando el autoritarismo avanza sin una respuesta, aumentan la represión, el exilio, la migración forzada y se deteriora la seguridad democrática regional”. Según los opositores, la normalización de una dictadura permanente en Nicaragua tendría consecuencias directas sobre la estabilidad política, la gobernabilidad y la seguridad de todo el continente.

Entre los efectos señalados figuran un incremento del exilio, nuevas olas migratorias y el debilitamiento del compromiso hemisférico con la democracia y el Estado de derecho. “Defender las elecciones libres en Nicaragua es defender la democracia en las Américas”, subraya la declaración.

La respuesta del régimen de Ortega

La controversia surgió después de que Ortega propusiera suprimir las elecciones, en medio de acusaciones de fraude que han marcado sus mandatos desde 2007. En respuesta, el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, aseguró que sí se celebrarán comicios, aunque bajo un nuevo marco constitucional que, según él, blindaría el proceso ante injerencias extranjeras y “traidores a la patria”.

El documento firmado por las organizaciones opositoras reitera que la crisis nicaragüense constituye un asunto de “legítimo interés hemisférico” y no un problema exclusivamente interno.

Las fuerzas opositoras consideran esencial una respuesta coordinada de la comunidad internacional. “La abolición del derecho al voto en Nicaragua sentaría un precedente para la región”, concluyó la coalición en su declaración, de acuerdo a la información de EFE.

El anuncio de la dictadura de Nicaragua, dirigida por Daniel Ortega, sobre la supresión de elecciones en el país ha generado una ola de rechazos en América Latina. Diversos gobiernos latinoamericanos han manifestado su preocupación por el futuro democrático de la nación centroamericana y han exigido el respeto al derecho fundamental de la ciudadanía a elegir a sus gobernantes. Según reportes de la agencia EFE y otros medios internacionales, las reacciones provienen de países tradicionalmente críticos del régimen y de otros que históricamente han mantenido posiciones más moderadas respecto a la crisis nicaragüense.

El gobierno de Brasil fue uno de los más recientes en pronunciarse. A través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su preocupación ante las declaraciones de Ortega e instó a las autoridades nicaragüenses a garantizar el derecho de la población a participar en comicios libres y transparentes. “La realización de elecciones libres, periódicas, plurales y transparentes constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia, valor con el que el país mantiene un compromiso profundo”, afirmó la cancillería brasileña en un comunicado difundido por EFE. El mensaje incluyó un llamado directo a que el pueblo nicaragüense conserve el derecho a elegir a sus representantes.

Bolivia también se sumó al rechazo, mediante una nota oficial que manifestó “profunda preocupación” por la iniciativa de eliminar los procesos electorales en Nicaragua. Según la Cancillería boliviana, “el pleno ejercicio de los derechos políticos y el respeto a la voluntad soberana de los pueblos constituyen pilares esenciales para fortalecer la institucionalidad democrática, la protección de los derechos humanos y la preservación de la paz y la estabilidad en la región”. El gobierno boliviano exhortó al régimen de Ortega a actuar en estricto apego a los principios democráticos y a los compromisos internacionales asumidos en el marco del Sistema Interamericano.

La respuesta de Chile se produjo en términos similares. El Ministerio de Relaciones Exteriores chileno reafirmó que las elecciones libres y periódicas son fundamentales para la democracia representativa, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana. Además, instó al régimen nicaragüense a garantizar el pleno ejercicio del derecho de su población a elegir a sus gobernantes.

Las condenas de la región

República Dominicana condenó “en los términos más enérgicos” las declaraciones de Ortega. El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano recordó que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, citando el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana.

La Cancillería dominicana calificó de inadmisible que “ningún gobierno” prive a su pueblo de la posibilidad de expresar su voluntad soberana mediante el voto y llamó a las autoridades nicaragüenses a rectificar su postura para garantizar los derechos políticos y libertades fundamentales de la ciudadanía.

La reacción de Guatemala incluyó un rechazo explícito a la supresión de las elecciones y a la eliminación de la alternancia democrática. El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco alertó que “la supresión de los procesos electorales elimina toda posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder, restringe los derechos políticos de la ciudadanía y debilita los principios del Estado de derecho”. Guatemala expresó su solidaridad con el pueblo nicaragüense y exigió el restablecimiento de las garantías democráticas.

Costa Rica también reiteró su “profunda preocupación” por el cierre de espacios cívicos y la restricción de libertades fundamentales en Nicaragua. El gobierno costarricense, que no reconoció el último proceso electoral de 2021 por la falta de garantías, recordó su apoyo constante a elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales en el país vecino. El Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense subrayó que el cierre de espacios cívicos y la persecución contra voces disidentes constituyen un retroceso democrático.

Panamá adoptó una medida diplomática adicional al llamar a consultas a su embajador en Nicaragua. La Cancillería panameña subrayó que “suprimir un derecho fundamental como es el voto representa un fuerte agravio a principios democráticos” y reiteró su llamado a respetar los derechos civiles y políticos de la población nicaragüense.

La respuesta del régimen nicaragüense

La dictadura, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, acusó a países como Guatemala y Chile de injerencismo y defendió la soberanía de sus decisiones políticas e institucionales. En varios comunicados, la Cancillería nicaragüense afirmó que “las decisiones políticas, económicas y de ordenamiento jurídico de nuestros países son propias, dignas y soberanas”.

En respuesta a las críticas internacionales, Managua adoptó un tono marcadamente confrontativo contra los gobiernos que rechazaron el anuncio de Ortega. Ante el pronunciamiento de Guatemala, la cancillería nicaragüense replicó: “Desde antes de Esquipulas, pasando por Esquipulas, y hasta hoy, el mensaje es el mismo: El respeto al derecho ajeno es la paz”.

La reacción fue similar frente a Chile. El régimen de Ortega calificó de “injerencistas” los comentarios de la Cancillería chilena y consideró que se trataba de una intromisión en procesos políticos, jurídicos e institucionales “soberanos y dignos”. “Sabemos que corresponde el más absoluto respeto a los principios de no injerencia y no intervención, en base a las consideraciones que nos debemos tener los Estados, sobre nuestras propias decisiones”, manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

Frente a la nota oficial de Bolivia, que expresó profunda preocupación por la eliminación de elecciones, la cancillería nicaragüense declaró: “Ratificamos que las decisiones políticas, económicas y de ordenamiento jurídico de nuestros países son propias, dignas y soberanas. Nunca nos hemos entrometido en los asuntos propios de otros países, y, asimismo, no nos caracterizamos por discutir el derecho de cada país y cada pueblo a decidir sobre sus caminos en toda circunstancia”.

Las críticas de organismos y de Estados Unidos

A las críticas latinoamericanas se sumaron también pronunciamientos de organismos internacionales y de Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, calificó las declaraciones de Ortega como una muestra de su “verdadera naturaleza autoritaria”.

Años antes de ser secuestrado, en una entrevista, cuando le preguntaron cómo había surgido la idea de su historieta más famosa, Héctor Germán Oesterheld respondió: “El Eternauta comenzó siendo un cuento corto, de apenas 70 cuadros. Luego se transformó en una larga historia, una suerte de adaptación del tema Robinson Crusoe. Me fascinaba la idea de una familia que quedaba sola en el mundo, rodeada de muerte y de un enemigo ignorado e inalcanzable. Pensé en mí mismo, en mi familia, aislados en nuestro chalet y comencé a plantearme preguntas”. No sabía que viviría algo muy parecido en carne propia, como tampoco podía imaginar lo anticipatorio que encerraba una frase que puso en boca del historietista – él mismo – casi al final de la primera parte de El Eternauta después de escuchar el relato de Juan Salvo, el viajero en el tiempo: “Esto significa que la nevada mortal caerá sobre la Tierra en 1963… que, dentro de cuatro años, los Ellos descargarán sobre nosotros su espantosa invasión... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para evitar tanto horror?”.

Con el tiempo, la historia del país le mostrará que, si bien acertó los hechos, erró la fecha de la invasión de los Ellos, que no será 1963 sino 1976. Tampoco Juan Salvo, el Eternauta, le habló a Oesterheld sobre la suerte que correría con la llegada de los Ellos. Quizás porque la fantasía de ningún guion de historieta era capaz de encerrar tanto horror. O tal vez tuvo piedad por su propio creador y por eso no le contó que en su viaje por la eternidad había visto cómo un grupo de tareas lo emboscaba en una calle de una ciudad llamada La Plata; que para ese momento dos de sus hijas ya estarían desaparecidas por una dictadura cuyo terror sistemático era inimaginable; que después de su secuestro, en las mazmorras, sus torturadores le dirían que también mataron a sus otras dos hijas y que entonces no le quedaría ninguna; que también desaparecerían dos de sus yernos; que uno de sus nietos sería apropiado y privado de su identidad, y que otro también, pero sería recuperado.

No le dijo nada de ese infierno personal y familiar en el que lo sumergiría la dictadura de los Ellos uniformados. No le dijo que a él, a Héctor Germán Oesterheld, lo secuestrarían el 27 de abril de 1977, en un futuro oscuro y lejano, en una ciudad llamada La Plata.

Un creador singular

Cuando lo secuestraron, Oesterheld tenía 58 años y era un escritor e historietista consagrado. También, como sus cuatro hijas, era militante de Montoneros y vivía en la clandestinidad. Nacido el 23 de julio de 1919, se recibió muy joven de geólogo, aunque casi no ejerció la profesión, a la que dejó por su verdadera vocación. Empezó escribiendo cuentos infantiles y trabajos de difusión científica, pero a principios de la década de los ’50 se volcó al género que lo haría famoso, la historieta de aventuras, donde como guionista revolucionó el mundo editorial.

Sus creaciones se convertían de inmediato en grandes éxitos: El Sargento Kirk, Ticonderoga y Ernie Pike, con dibujos de Hugo Pratt; El Indio Suárez, junto a Carlos Freixas; Randall the Killer, con Arturo del Castillo; Sherlock Time y Biografía del Che, con Alberto Breccia; Joe Zonda y Rolo, el marciano adoptivo, con Francisco Solano López, que fue también su socio creativo en El Eternauta. “Oesterheld y yo nos conocimos en los ‘50 en Editorial Abril, colaborando en Misterix, que era la revista estrella de la época, con una tirada semanal de 220.000 ejemplares. Héctor era un guionista muy respetado que hacía dos historietas de mucho éxito: El Sargento Kirk, dibujada por Hugo Pratt, y Bull Rocket, que dibujaba yo. Eran dos héroes norteamericanos”, recordó de esos primeros tiempos Francisco Solano López en una entrevista que le hice en 2008.

Entusiasmado por esos éxitos, Oesterheld pensó en tener una editorial propia, con la orientación que él quería darle, con personajes argentinos. Invitó a Hugo Pratt, a Francisco Solano López y a otros dibujantes a acompañarlo en la aventura. En Editorial Frontera nació, por ejemplo, Rolo, el marciano adoptivo, una historieta de ciencia ficción, dibujada por López, cuyo protagonista era el maestro de la escuela, presidente del club del barrio y líder de la barra del café. Salió con el lanzamiento de una de las revistas, Hora Cero, y la catapultó al éxito. En otra de las revistas, llamada Frontera como la editorial, creó otro personaje de ese tipo, Joe Zonda, un “cabecita negra” mendocino, de Chacras de Coria, que había aprendido a hacer de todo por correspondencia, desde armar radios a pilotar aviones.

Estos personajes coexistían en las revistas con héroes de western o con Ernie Pyke, que era un corresponsal de guerra. Oesterheld ofrecía una variedad de propuestas a los lectores, mezclando sus nuevas creaciones bien argentinas con personajes extranjeros de probado éxito. “Eran dos revistas mensuales pero, como la idea andaba muy bien, nos propuso hacer una semanal, para competir con Misterix. Allí, en Hora Cero Semanal, salió por primera vez El Eternauta, con mis dibujos, y al poco tiempo Misterix había bajado de 220.000 a 40.000 ejemplares semanales, el resto lo habíamos capturado nosotros. A mí personalmente, y creo que lo mismo a Héctor, nos divertía mover esos personajes con características típicas de los héroes aventureros, pero con los tics propios de la nacionalidad, de las relaciones y de los dichos argentinos”, me dijo Francisco Solano López en aquella charla.

El héroe eterno y colectivo

Cuando se publicó la primera entrega de El Eternauta, fue un éxito inmediato. Se la promocionaba como “la historia del hombre que viene de regreso del futuro, que lo ha visto todo, la muerte de nuestra generación, el destino final del planeta”. Eran los tiempos de la autodenominada Revolución Libertadora y la historieta, de alguna manera, transmitía cierto clima que se articuló con el de la época. Francisco Solano López siempre sostuvo que ni él ni Oesterheld pensaron esa primera versión de El Eternauta con alguna intencionalidad política. “En todo caso, fue un producto de la casualidad y del inconsciente colectivo que anidaba en nuestras personalidades y se manifestaba en nuestro trabajo y que, a su vez, se encontraba con la sensibilidad y cierta manera de captar el relato que podían tener los jóvenes de la época. Porque la existencia de una dictadura militar, de persecuciones políticas, de resistencia a la interrupción de la democracia permitían esas lecturas”, me explicó.

El Eternauta tendría dos versiones más, una en 1969 y otra en 1976. En ellas el contenido político ya era manifiesto. López volvió a asociarse con Oesterheld para continuar la saga del personaje en 1976. Al dibujante no lo convencía el enfoque, pero igual lo hizo. “Héctor había seguido a sus hijas en su militancia en Montoneros e incluso había integrado el comité ejecutivo del diario Noticias, donde también había publicado una tira diaria, La guerra de los Antartes. Desde esa posición, cuando le ofrecieron hacer la continuación de El Eternauta hizo un eternauta montonero. A mí no me gustaba, lo veía mal. No soportaba a los militares, pero pensaba que en una sociedad estructurada como la argentina la lucha armada no podía tener el mismo resultado que en otros países con estructuras más simples, como Cuba o Nicaragua. El resultado fue catastrófico y lo vemos hoy, a Oesterheld lo asesinaron y nos faltan 30.000 muchachos que serían la base para que todo nos fuera mucho mejor. Pero no están, no existen, los desaparecieron. Los sobrevivientes no alcanzan”, me dijo el dibujante en aquella charla de 2008, poco antes de su muerte.

Una familia destrozada

Para julio de 1977, cuando Héctor Oesterheld estaba viviendo en La Plata en la más absoluta clandestinidad, sus hijas Beatriz y Diana ya habían “perdido” a manos de la dictadura. Beatriz, secuestrada en junio de 1976, cuando tenía 21 años y estaba en una relación amorosa con Carlos “Juan sin Tierra” Della Nave. También Della Nave fue secuestrado tres meses después. “Juan sin Tierra” había colaborado con Rodolfo Walsh en tareas de intercepción de comunicaciones para la Inteligencia de Montoneros.

La segunda hija, Diana Oesterheld, había sido capturada en Tucumán en agosto de 1976 cuando tenía 22 años y estaba embarazada de seis meses. En su libro Los Oesterheld, Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami sostienen que la tuvieron mucho tiempo en Tucumán y que no pueden confirmar lo que algunos sugieren: que la hayan trasladado a Campo de Mayo para parir. Héctor, su padre, supo antes de ser secuestrado que Diana estaba embarazada. El cuerpo de Diana nunca apareció. A su compañero, Raúl Araldi, cuadro montonero, lo mataron en Tucumán. Tenían un hijito de un año, Fernando, que los militares dejaron en la Casa Cuna de esa provincia.

En septiembre de 1976, cuando además de Beatriz habían desaparecido Diana y su compañero, el Ejército allanó la casa de Oesterheld de Beccar. Elsa estaba acompañada de la mujer que hacía las labores domésticas, María Arce García, quien dio testimonio de ese allanamiento. Tanto Elsa como María dijeron que no solo buscaban a Héctor, sino que un oficial dijo a Elsa: “a sus hijas las vamos a matar a todas”.

A Héctor Germán Oesterheld lo “levantó” un grupo de tareas el 27 de julio del año siguiente en una calle de La Plata. Según se pudo reconstruir por testimonios de sobrevivientes, el autor de El Eternauta pasó por los centros clandestino de detención y tortura de Campo de Mayo, El Vesubio y El Sheraton. Su estado de salud se fue deteriorando progresivamente, más aún después de que sus torturadores le contaran, regocijándose, las muertes de sus otras dos hijas.

Estela, la mayor, fue sorprendida por un grupo de tareas el 1° de julio de 1977, intentó escapar y le dispararon. La cargaron herida en una camioneta rumbo al hospital de Adrogué. Su compañero, Raúl “el Vasco” Mórtola, había caído unas horas antes en el mismo operativo. Todo indica que fue fusilado cuando intentaba esconderse en una casa. Oesterheld también supo que la última de las chicas, Marina, fue secuestrada en noviembre de 1977, embarazada de ocho meses, junto a su compañero, Alberto Seindlis.

En su testimonio ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), en 1984, el psicólogo Eduardo Arias dio testimonio de haber compartido cautiverio con el creador de El Eternauta. Fue a fines de diciembre de 1977, cuando Oesterheld llevaba ocho meses en condiciones de prisionero. Arias contó que los guardias les permitieron sacarse las capuchas y les dieron un cigarrillo como regalo de Navidad además de unos minutos para confraternizar y conversar.

Los últimos en verlo con vida fueron los sobrevivientes Javier Casaretto, Arturo Chillida y Juan Carlos Benítez, que habían sido secuestrados a fines de 1977 y permanecieron en El Vesubio hasta mediados de enero de 1978. Los tres coincidieron en que tenía la cabeza vendada y que su salud empeoraba a ojos vista.

La vuelta de Juan Salvo

Los restos de Héctor Germán Oesterheld no han sido recuperados ni identificados. Cuando se cumplen 49 años de su secuestro, el creador de El Eternauta continúa siendo un desaparecido. Con los años, las lecturas políticas se multiplicaron, abonadas también por una frase de Oesterheld que resignificó la historia: “El héroe verdadero de El Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir intimo: el único héroe válido es el héroe ‘en grupo’, nunca el héroe individual, el héroe solo”. A principios de este siglo, incluso se lo “peronizó” caricaturizando al expresidente Néstor Kirchner con el traje que Juan Salvo fabrica para enfrentar a la nevada mortal.

En 2019, al cumplirse el centenario de su nacimiento, Elsa y sus dos nietos, Martín Mórtola Oesterheld y Fernando Araldi, donaron a la Biblioteca Nacional el contenido de una valija con historia. En esa valija, durante años, Elsa guardó – y escondió de la represión dictatorial - cuentos, guiones, microrrelatos, sueltos informativos, apuntes e ideas apenas insinuadas, índices y sumarios, posibles cronogramas de entrega, proyectos (muchos de ellos finalmente sin concretar), algunas frases ininteligibles, textos sin título, sin referencias ni fecha, que Héctor había escrito. Con ellos se realizó la muestra “Palabra de Oesterheld”, donde por primera vez el público pudo verlos.

En abril del año pasado, el estreno de la miniserie de Netflix acercó al personaje creado por Oesterheld a nuevas generaciones de argentinos y lo hizo conocido en todo el mundo. Dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín, la serie conserva mucho del primer guion de El Eternauta y de la personalidad del Juan Salvo original, pero trae la historia a este siglo y le agrega elementos de actualidad.

Para poder filmarla, los productores debieron aceptar las condiciones que pusieron los herederos de Oesterheld y de Solano López para ceder los derechos. Unas condiciones que a él le habrían gustado: que la serie fuera filmada en Buenos Aires, donde transcurre la historia original, y que estuviera hablada en el castellano porteño con el que Oesterheld hacía hablar a sus personajes.

La hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud, escribió François de la Rochefoucauld, moralista francés. Esto es especialmente cierto en política. Los autócratas suelen organizar elecciones ostentosas. Estas pueden ser fraudulentas, como en Rusia o Irán, pero permiten a los gobernantes afirmar que gobiernan por consentimiento popular, lo que les confiere una apariencia de legitimidad tanto a nivel nacional como internacional.

Por lo tanto, es sumamente inusual que el líder de un país que celebra elecciones diga: ¡Basta ya! Sin embargo, eso fue precisamente lo que hizo Daniel Ortega, copresidente de Nicaragua, el 19 de julio. "Aquí no habrá más elecciones", anunció, mientras la atención mundial estaba centrada en la final del Mundial de Fútbol. Se quejó de que los partidos de oposición querían utilizar las elecciones «para tomar el poder», que, en efecto, es el objetivo de las elecciones.

Nicaragua no es un país grande, pero este punto de inflexión retórico es importante. A nivel mundial, la democracia ha estado en retroceso durante aproximadamente dos décadas. El peor deterioro se ha producido en lugares que eran libres o parcialmente libres y que gradualmente se han vuelto menos libres, a medida que líderes sedientos de poder han presionado a los medios de comunicación, socavado los tribunales y perseguido a la oposición. Según Freedom House, una organización de vigilancia, Nicaragua es el segundo país que más ha retrocedido en los últimos 20 años, después de Malí. El Sr. Ortega fue elegido democráticamente en 2006, pero luego se dedicó a desmantelar todas las instituciones que podían desafiarlo. Encarceló a sus rivales. Obligó a los medios de comunicación a elogiar la pésima poesía de su esposa y copresidenta, Rosario Murillo. Aproximadamente una décima parte de la población huyó.

Hasta ahora, sin embargo, el señor Ortega ha permitido elecciones, aunque fraudulentas. En esto se ha comportado como otros aspirantes a autócratas, que manipulan las elecciones en lugar de cancelarlas. Incluso los líderes golpistas suelen decir que celebrarán elecciones “tan pronto como las circunstancias lo permitan”.

Ahora Ortega se ha quitado la máscara, afirma Félix Maradiaga, excandidato presidencial al que se le retiró la ciudadanía y fue deportado, dejando claro lo que sus compañeros se habían visto obligados a ocultar: que no se someterán a la voluntad del pueblo. Presumiblemente, lo ha hecho con la esperanza de que esto no provoque una respuesta contundente de Estados Unidos, país que en su día se preocupó por la democracia en su propio territorio. Si Nicaragua se convierte formalmente en un Estado de partido único y no sufre consecuencias diplomáticas, como parece probable, otros países podrían seguir su ejemplo.

Además, Nicaragua pone de manifiesto dos problemas que probablemente se agravarán con el declive global de la democracia. Primero, los líderes que no pueden ser destituidos envejecerán en el cargo. El Sr. Ortega tiene 80 años. Quizás su deterioro mental haya contribuido a su última declaración polémica. Segundo, está la sucesión. La transferencia pacífica del poder es complicada en una dictadura. El Sr. Ortega quiere que su impopular esposa asuma el poder cuando él muera, y luego su igualmente odioso hijo.

Esta es una combinación tóxica. Los gobernantes vitalicios de edad avanzada rara vez mejoran con el paso de las décadas, y las dinastías impuestas a ciudadanos reacios rara vez son una fórmula para un buen gobierno. Basta con preguntarle al pueblo de Uganda, donde el hijo del dictador de 81 años y jefe del ejército ha amenazado con castrar al principal líder de la oposición. O, dependiendo de dónde vivas, quizás puedas pensar en un ejemplo más cercano.

La diferencia entre amañar elecciones y abolirlas puede parecer trivial, pero no lo es. Mientras los gobernantes finjan respetar las normas democráticas, los disidentes pueden intentar exigirles que cumplan con sus propios estándares declarados y avergonzarlos cuando no lo hagan. Y mientras se celebren elecciones, existe la posibilidad de que el líder autoritario cometa un error de cálculo y pierda. A veces, la voluntad popular prevalece a pesar de las condiciones desiguales, como descubrió Viktor Orbán en Hungría este año, y como lo descubrió el Sr. Ortega cuando unas elecciones libres pusieron fin a su primer mandato en 1990. Por lo tanto, el mundo debería preocuparse por el precedente que se está sentando en Managua. Incluso en las autocracias, los demócratas deberían seguir insistiendo en el más básico de los derechos: elegir a sus propios gobernantes.

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El movimiento opositor Renacer, una agrupación de opositores en el exilio, denunció que la dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha abandonado de forma explícita el sistema democrático tras anunciar que no se realizarán nuevas elecciones generales. Según información difundida por EFE, la organización aseguró que el Ejecutivo dejó de simular la existencia de competencia política y gobierna sin el consentimiento de los ciudadanos.

Durante el 47 aniversario de la revolución sandinista, Daniel Ortega manifestó públicamente que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”. Estas declaraciones, recogidas por EFE, confirmaron la consolidación de un modelo de poder centralizado en la figura de la pareja, que ejercen funciones desde 2007 y 2017 respectivamente. Murillo fue designada copresidenta en febrero de 2025 mediante una cuestionada reforma constitucional.

La agrupación Renacer, integrada por opositores en el exilio, interpretó este anuncio como la culminación de un proceso de concentración absoluta del poder en manos del círculo presidencial. Según el comunicado, el cierre de la vía electoral responde a una serie de reformas institucionales implementadas en 2025, que eliminaron los contrapesos, ampliaron el período presidencial e instauraron la copresidencia y subordinó al Estado a una estructura familiar.

Renacer afirmó: “Mientras él permanezca en el poder, no existen las condiciones mínimas para un proceso democrático. Sin garantías, sin libertades, sin competencia política y con el resultado decidido de antemano, las elecciones dejan de ser un mecanismo de soberanía popular para convertirse en un instrumento de legitimación de la dictadura”, afirmó el movimiento, según consigna la agencia EFE.

Ortega, exguerrillero sandinista de 80 años, mantiene el control del país en medio de acusaciones de fraudes electorales y represión contra la disidencia. Desde su regreso al poder en 2007, el régimen ha enfrentado denuncias por eliminar a la oposición y coartar la libertad de prensa, según lo documenta EFE. El contexto político nicaragüense se caracteriza por la concentración de poder y el uso de reformas para mantener la hegemonía oficialista.

El impacto de la reforma constitucional

La reforma constitucional de febrero de 2025, que oficializó la copresidencia de Murillo, constituyó un punto de inflexión en el andamiaje institucional del país. Según EFE, esta modificación permitió al matrimonio presidencial ejercer un dominio sobre las instituciones estatales y los mecanismos de control.

El grupo opositor en el exilio consideró que, frente a estos hechos, toda expectativa de una transición política basada en elecciones organizadas por el régimen resulta inviable. “La libertad de Nicaragua no será una concesión del régimen, sino el resultado de la determinación de un pueblo organizado que no renunciará a recuperar su República”, consignó Renacer en su declaración, reproducida por EFE.

Reacciones de la sociedad civil y organismos internacionales

Diversos sectores de la sociedad civil y organismos internacionales han expresado preocupación ante el cierre del espacio cívico y la falta de garantías para la participación política en Nicaragua. La Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos han emitido informes sobre la situación de derechos humanos en el país, señalando la ausencia de condiciones para comicios libres y competitivos.

Hasta el momento, la dictadura nicaragüense no ha emitido nuevas declaraciones sobre posibles reformas políticas.

Daniel Ortega declaró este domingo en Managua que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones en las que la oposición dispute el poder.

Lo dijo durante el acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista y cerró la vía electoral hacia los comicios previstos para noviembre de 2027, los primeros bajo la nueva Constitución.

La frase la pronunció ante una multitud durante el acto por el aniversario de la revolución sandinista que en 1979 derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle. “¡Que se olviden! Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, sentenció Ortega.

Desde el exilio, el opositor desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro respondió en un audio enviado a los medios: Ortega “se ha quitado una máscara más, la que no quiere bajo ninguna circunstancia que vuelvan a elecciones en Nicaragua”.

La respuesta del exilio

Chamorro, economista y uno de los siete precandidatos presidenciales que el régimen encarceló antes de los comicios de 2021, fue desterrado en febrero de 2023 junto con otros 221 presos políticos en un vuelo directo a Washington.

El régimen los declaró “traidores a la patria”, los inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos y les quitó la nacionalidad mediante una reforma constitucional aprobada en sesión de emergencia el mismo día de su expulsión, según documentó BBC News Mundo.

Para el opositor, el anuncio de Ortega no es una sorpresa sino la confirmación de una convicción que el mandatario ha sostenido durante años: que los partidos políticos “dividen a las sociedades”.

“Probablemente lo que está pensando Ortega es en un sistema de designaciones internas, como ocurre en China, donde los funcionarios son escogidos dentro del propio partido”, interpretó Chamorro en declaraciones recogidas por El País.

Chamorro también sostuvo que Ortega “se ha envalentonado” frente a Estados Unidos y “se atrevió a decir lo que siempre ha pensado: no someterse a elecciones, aún así sea robándoselas".

Qué implica el anuncio

El analista político en el exilio Eliseo Núñez planteó una lectura del anuncio, citada por El País: “Ortega juega a los hechos consumados. Si en algún momento las presiones lo obligan a negociar, ya no partirá del punto de que en Nicaragua existen elecciones que deben ser libres y competitivas. Ahora el punto de partida será que simplemente no hay elecciones”.

El abogado opositor Juan Diego Barberena, cuyo título profesional fue cancelado recientemente por el régimen, afirmó a El País que lo novedoso “no es que las elecciones dejen de ser libres”, sino que Ortega anuncia que “ni siquiera las elecciones fraudulentas, las pantomimas que organizaban, van a realizarse”. Para Barberena, el mensaje apunta a “la perpetuación del poder de forma dinástica".

Para concretar el cierre electoral, Ortega anunció que trabajará con la Asamblea Nacional para aprobar leyes que “pongan un muro, un bloque” a cualquier partido que pretenda llegar al Gobierno por la vía electoral.

El sistema político bajo Ortega

Ortega, de 80 años, acumula el poder en Nicaragua desde 2007. Las elecciones presidenciales de 2021 ilustran el sistema que ahora formaliza: todos los precandidatos con posibilidades reales fueron encarcelados antes de los comicios y el binomio Ortega-Murillo se adjudicó el 75.92% de los votos.

Estados Unidos calificó aquellos comicios de “pantomima”; otros gobiernos y organismos internacionales desconocieron su legitimidad.

Desde 2017, Ortega gobierna junto a su esposa Rosario Murillo, quien era vicepresidenta y fue designada copresidenta en febrero de 2025 mediante una reforma constitucional que, según expertos de la ONU citados por medios brasileños, dio “un golpe final al Estado de derecho” en el país.

La misma reforma eliminó los límites de mandato, extendió el período presidencial a seis años, subordinó el poder judicial y legislativo al ejecutivo y legalizó los grupos paramilitares que en 2018 fueron señalados de matar a más de 350 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La presión internacional y la crisis

La crisis política nicaragüense comenzó en abril de 2018, cuando protestas contra una reforma al sistema de seguridad social desembocaron en una represión que dejó más de 300 muertos, según la ONU. El régimen la calificó de intento de golpe patrocinado por Washington.

Desde entonces, Estados Unidos ha impuesto sanciones financieras contra decenas de funcionarios y entidades vinculadas al poder. En marzo pasado, el Departamento de Estado declaró que su estrategia busca restaurar el Estado de derecho y propiciar “un cambio de comportamiento”, sin descartar nuevas sanciones.

“Todas las opciones siguen sobre la mesa”, advirtió un portavoz, según El País.

Chamorro interpretó el desafío de Ortega como una reacción directa a esa presión internacional: el mandatario está respondiendo a las demandas opositoras y a la comunidad occidental, que exigen la vía democrática como única salida a la crisis. “Y es por ello que Ortega dice: no”, concluyó el opositor desde el exilio.

El dictador Daniel Ortega declaró que en Nicaragua no volverá a haber elecciones para que la oposición no acceda al poder. Ortega lo dijo durante un acto en Managua por el 47 aniversario de la revolución sandinista y anticipó que impulsará leyes para impedir cualquier intento opositor de gobernar.

Durante el acto, Ortega sostuvo que en Nicaragua no se celebrarán más elecciones que puedan abrir la puerta a que la oposición llegue al poder. “Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, expresó ante sus simpatizantes.

Minutos antes, de manera tirana señaló que la sangre derramada en las protestas de 2018 fue una lucha de la policía orteguista, jóvenes y voluntarios “para evitar un golpe de estado”.

Desde 2007, Nicaragua está bajo el régimen de Ortega, presidente desde 2007, exguerrillero sandinista de 80 años. Desde 2017 comparte el control con su esposa, Rosario Murillo, quien fue designada copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo.

Las nuevas medidas contra la oposición

En su discurso, Ortega apuntó contra los opositores exiliados, a quienes calificó de “agazapados” y acusó de buscar el poder para su propio beneficio económico.

También afirmó que trabajará junto a la Asamblea Nacional y con otras organizaciones afines para desarrollar leyes que impidan cualquier intento de la oposición de acceder al poder. “Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las organizaciones correspondientes las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis (EE.UU.), no podrán”, señaló Ortega.

La reforma constitucional

En febrero de 2025, el régimen de Ortega puso en marcha una reforma a la Constitución Política de Nicaragua. La medida eliminó el sistema de equilibrio de poderes y otorgó el control del Estado a Ortega y Murillo, lo que recibió críticas de la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, el Parlamento Europeo y sectores de la oposición nicaragüense, constata EFE.

La enmienda constitucional extendió el período presidencial de cinco a seis años, creó la figura de “copresidenta”, dispuso que el Ejecutivo coordine los demás órganos del Estado —que ya no son considerados poderes independientes— y legalizó la apatridia.

De acuerdo con el calendario electoral previo a la reforma, Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. Con las modificaciones constitucionales, el período presidencial se amplió y, en teoría, los comicios tendrían lugar en noviembre de 2027.

La acusación de Estados Unidos contra Murillo

En enero de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Rosario Murillo de haber creado el cargo de “copresidenta” sin que existiera un proceso electoral, sin mandato y sin legitimidad, expone la agencia EFE.

Las autoridades estadounidenses sostuvieron que Murillo sabía que no podría ganar en un proceso limpio y transparente. También señalaron que tanto Murillo como Ortega han negado a la población nicaragüense el derecho a elegir democráticamente a sus gobernantes y advirtieron que el poder basado en la represión y la manipulación constitucional no refleja la voluntad del pueblo nicaragüense.

Félix Maradiaga sostuvo que Nicaragua atraviesa una ventana de oportunidad para salir de la dictadura de Daniel Ortega, aunque advirtió que ese margen depende de la presión internacional, de las fracturas internas del régimen y de la capacidad opositora para articular una estrategia común frente a un sistema que, según describió, pasó del autoritarismo competitivo a un cierre total tras las protestas de 2018.

En una entrevista con Canal Antigua, el opositor, analista político y autor de Nicaragua: la ventana entreabierta afirmó que el exilio debe dejar de leerse como una derrota y convertirse en una plataforma de acción política. En ese marco, aseguró que uno de cada cinco nicaragüenses vive desplazado fuera del país y que esa diáspora puede funcionar como una red para internacionalizar la denuncia sobre la situación interna.

Maradiaga presentó a Nicaragua como un caso que ya no afecta solo a su población, sino al conjunto de Centroamérica. Su argumento es que el régimen de Ortega opera en alianza con Rusia, el Partido Comunista de China e Irán, mientras el campo democrático actúa de manera fragmentada.

El exilio, las alianzas del régimen y la presión internacional

El dirigente opositor planteó que la comunidad internacional es una de las variables decisivas para cualquier transición. A su juicio, la principal ventaja de Ortega fue moverse durante años fuera del foco geopolítico, pese a que, según dijo, convirtió a Nicaragua en una plataforma de inteligencia y espionaje ruso y en un punto de tráfico de personas.

Maradiaga también vinculó la coyuntura actual con factores internos del poder. Señaló que Ortega supera los 80 años y que la variable biológica, junto con posibles fisuras dentro del oficialismo, influye sobre los escenarios futuros. Añadió que el mandatario no logró consolidar un heredero aceptado dentro del sandinismo y que eso abre una contradicción para las fuerzas armadas y para la propia estructura partidaria.

Según explicó al medio, ese cuadro convive con una “resistencia silenciosa” dentro del país. Mencionó la persecución religiosa, la organización clandestina, el trabajo de periodistas que informan desde el exilio y la persistencia de redes sociales y comunitarias que, pese al cerco estatal, mantienen activa la oposición social.

En su descripción del desmontaje institucional, resumió tres mecanismos centrales: el control del poder judicial, la destrucción de los partidos de oposición y la subordinación del poder económico. A eso sumó el control de la prensa, el uso de grupos paramilitares y la corrupción como piezas del mismo esquema.

Puso como ejemplo una medida reciente: el 10 de julio, al menos 2.000 abogados fueron despojados de sus protocolos, sellos y licencias, de acuerdo con lo que relató en la entrevista. Para Maradiaga, ese episodio forma parte de una estrategia de casi dos décadas para capturar la justicia y eliminar cualquier resguardo del Estado de derecho.

Una economía que crece apoyada en remesas y expulsión

Maradiaga cuestionó la lectura de los indicadores macroeconómicos como prueba de normalidad. Dijo que, según el Banco Central de Nicaragua, el país creció más del 4%, mientras el Banco Mundial estimó 3,8%, pero sostuvo que esa expansión no refleja una economía sana.

Su explicación es que una parte sustancial del funcionamiento económico descansa en la salida forzada de población y en el envío de dinero desde el exterior. Afirmó que las remesas representan al menos 30% del PIB y que en el último año sumaron casi USD 5,800 millones, una cifra que atribuyó a estadísticas del banco central.

El opositor agregó que la estructura económica también se sostiene en el extractivismo minero y en la devastación de bosques. Desde esa perspectiva, sostuvo que una transición política exigiría también reconstruir el mercado, restablecer el respeto a la propiedad privada y permitir que la actividad económica funcione sin interferencia arbitraria del Estado.

En ese punto, insistió en que salir de Ortega no equivaldría por sí solo a desmontar el sistema. Su advertencia fue que el país necesita recuperar no solo libertades cívicas, sino también condiciones básicas para el trabajo por cuenta propia, la protección patrimonial y la propiedad intelectual.

El riesgo de un “orteguismo sin Ortega”

Maradiaga describió como el escenario más delicado la continuidad del régimen sin su actual jefe. Lo definió como un posible “orteguismo sin Ortega”: una transferencia del poder hacia Rosario Murillo, Laureano Ortega u otras figuras del círculo oficialista, incluso bajo fórmulas de copresidencia.

Según su análisis, la muerte o incapacidad de un líder no implica necesariamente la caída del sistema. Para sostener esa idea comparó el caso nicaragüense con la continuidad del poder en Cuba tras Fidel Castro y con Venezuela después de Hugo Chávez.

También afirmó que Ortega regresó al poder en 2006 favorecido por la división de las fuerzas democráticas. Recordó que ganó con 38% de los votos, mientras 62% eligió otras opciones, y sostuvo que hoy ya no conserva ese respaldo. En su estimación, el oficialismo podría moverse entre 18% y 20%, aunque esa cifra fue presentada como cálculo político suyo y no como dato de un estudio.

Sobre la Iglesia católica, dijo que el régimen la percibe como la última voz con autoridad moral capaz de cuestionar al poder. En ese contexto, señaló que en Nicaragua se cerraron más de 5,000 organizaciones no gubernamentales, más de 25 universidades y se expulsó a la Cruz Roja Internacional, a Naciones Unidas, a la OEA y a varias misiones diplomáticas.

Maradiaga extendió esa descripción a otras confesiones religiosas. Afirmó que, además del hostigamiento a obispos católicos como Rolando Álvarez y Silvio José Báez, también existe persecución contra iglesias protestantes y contra la Iglesia morava.

La oposición, la juventud y el sistema regional

El autor de Nicaragua: la ventana entreabierta afirmó que el país sigue teniendo una posibilidad real de cambio, pero condicionada a una mayor coordinación entre actores opositores. Dijo que esa unidad debe incluir a ciudadanos que alguna vez votaron por el sandinismo y que no participaron en crímenes ni abusos.

Al hablar de las nuevas generaciones, recordó que las protestas de abril de 2018 surgieron de la rebelión estudiantil. Para él, ese antecedente prueba que años de propaganda oficial no lograron desactivar la demanda de libertad entre jóvenes, trabajadores y sectores populares.

También pidió revisar el lugar de Nicaragua en el entramado regional. Sostuvo que el país no debería seguir dentro del Sistema de la Integración Centroamericana ni acceder a instancias como el Banco Centroamericano de Integración Económica o el Parlamento Centroamericano mientras mantenga, según dijo, incumplimientos con la OEA y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Como señal de respaldo externo, mencionó una declaración reciente del Parlamento Europeo impulsada por fuerzas liberales, verdes, populares y de otros espacios, que calificó al régimen como ilícito e ilegítimo y reclamó revisar la relación de asociación con Europa. También dijo que la oposición nicaragüense mantuvo reuniones en Washington, Bruselas, Ginebra y Madrid para presentar una hoja de ruta de transición democrática.

La Embajada de Estados Unidos en Managua advirtió sobre la posibilidad de interrupciones y riesgos para los ciudadanos estadounidenses durante las celebraciones del feriado nacional del 19 de julio en Nicaragua. Esta fecha, reconocida como día festivo gubernamental, suele estar acompañada de marchas y concentraciones masivas en Managua y otras ciudades del país, lo que podría aumentar la probabilidad de incidentes entre civiles y fuerzas de seguridad.

Según informó la Embajada de Estados Unidos, se prevé que la semana del 19 de julio registre una alta presencia de manifestaciones y bloqueos en las principales vías de la capital y otros puntos del territorio nicaragüense. El organismo diplomático señaló que, aunque se espera que las actividades sean pacíficas, recomienda actuar con prudencia, evitar grandes aglomeraciones y mantener un estado de alerta permanente. “No fotografíe ni grabe en video a la policía, personal militar, marchas o manifestaciones. Hacerlo puede atraer la atención no deseada de las autoridades y anteriormente ha resultado en la detención o confiscación de dispositivos”, advirtió la sede diplomática.

Las recomendaciones incluyen evitar cualquier tipo de participación en manifestaciones, ya que los extranjeros, incluidos los ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense-nicaragüense, pueden enfrentar arrestos o expulsiones si son identificados en protestas. La Embajada de Estados Unidos recordó que el gobierno de Nicaragua puede tratar a quienes tengan doble nacionalidad solo como nicaragüenses, lo que limitaría el acceso consular ante una detención.

El aviso subraya la importancia de no intentar cruzar grupos masivos o barricadas, así como de contar con suministros suficientes de alimentos y agua ante posibles interrupciones. Además, se recomienda revisar la vigencia del pasaporte, que debe tener al menos seis meses antes de expirar, y mantenerse informado a través de los medios locales.

La alerta también menciona que condiciones similares podrían repetirse en Managua entre el 1 y el 10 de agosto, durante las festividades de Santo Domingo, el santo patrono de la ciudad. En ese periodo se esperan eventos religiosos y civiles, con la consecuente presencia de multitudes y operativos de seguridad.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, Nicaragua mantiene un Aviso de Viaje de Nivel 3, que aconseja reconsiderar los viajes al país debido a la posibilidad de aplicación arbitraria de las leyes, limitaciones en la atención médica y el riesgo de confiscaciones o detenciones injustas. “Aconsejamos a todos los ciudadanos estadounidenses reconsiderar viajar a Nicaragua”, reiteró la representación diplomática.

Vale recordar que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo limitó las actividades deportivas masivas de esa fecha, o sea la final del Mundial de Fútbol 2026, para evitar aglomeraciones durante la celebración del aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista. Mientras, el sector de bares y restaurantes permanece en vilo.

Para obtener más información, la Embajada recomienda a los ciudadanos estadounidenses utilizar su navegador de servicios consulares, comunicarse telefónicamente en caso de emergencia y suscribirse al Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés). Los canales oficiales en WhatsApp, Facebook y X también ofrecen actualizaciones constantes sobre la situación en el país.

El 30 de junio, participé en una reunión de líderes de la oposición democrática nicaragüense organizada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington, D.C.

Las luchas del pueblo nicaragüense son personales para mí. Fui expulsado de Nicaragua en 2016 por la dictadura Ortega-Murillo mientras realizaba un viaje de investigación en el país.

También he trabajado con la oposición democrática de Venezuela en su lucha contra el régimen chavista. Esa experiencia me deja escéptico sobre las perspectivas a corto plazo para restaurar la democracia en cualquiera de los dos países.

Un historial de represión y riesgo estratégico

El caso de la oposición es tanto moral como estratégicamente convincente. Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y grupos de derechos humanos han documentado las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses por parte del régimen Ortega-Murillo y su derecho democrático a la autodeterminación.

Estas incluyen el asesinato, encarcelamiento y tortura de cientos de personas tras las protestas de 2018, el secuestro de las elecciones de 2021, la criminalización de partidos de oposición y de más de 1,500 organizaciones no gubernamentales, la expulsión de disidentes, y el despojo de su ciudadanía y propiedades.

El régimen también ha dado refugio a líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y ha ofrecido asilo a funcionarios de izquierda acusados de corrupción, incluidos los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

Desde un punto de vista estratégico, Nicaragua se ha convertido en uno de los principales anfitriones de adversarios de Estados Unidos en la región.

Ha recibido tropas rusas en repetidas ocasiones desde el regreso de Ortega al poder en 2007, junto con bombarderos rusos con capacidad nuclear y con instalaciones de comunicaciones espaciales y de entrenamiento policial. Empresas chinas han emprendido proyectos opacos de construcción y minería, incluidos en el puerto de Corinto y el aeropuerto de Punta Huete, sitios que podrían servir a las fuerzas armadas chinas en tiempos de guerra.

La ocupación por Nicaragua en 2010 de territorio en disputa a lo largo del río San Juan y su recepción de fuerzas rusas han sido señaladas repetidamente como amenazas por vecinos, incluida Costa Rica.

Estos riesgos coinciden estrechamente con las prioridades establecidas por la administración Trump en su nueva Estrategia de Seguridad Nacional y Estrategia de Defensa Nacional, que sitúan a Nicaragua dentro del enfoque de la "Gran Norteamérica" promovido por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Los supuestos vínculos del régimen con el crimen organizado y su antecedente de albergar a líderes terroristas lo hacen relevante para el enfoque de la administración en el narcoterrorismo.

Lo mismo ocurre con su papel en facilitar el tránsito de más de 700,000 migrantes hacia Estados Unidos, incluidos los ingresos que recaudó de los vuelos de migrantes haitianos.

Por qué el momento no es propicio

A pesar de estos peligros, las condiciones en Nicaragua, como en Venezuela, aún no son adecuadas para una transición democrática.

Prácticamente toda la oposición organizada, desde la Iglesia Católica hasta la sociedad civil y los líderes políticos, ha sido criminalizada, torturada, expulsada o forzada al exilio.

Las fuerzas de seguridad y el ejército, junto con las élites empresariales que sobreviven, están ellas mismas implicadas en la corrupción del régimen y en las violaciones a los derechos humanos.

Para muchos integrantes del régimen, una transición democrática que pudiera exponerlos a un enjuiciamiento parece más peligrosa que la continuación de la dictadura.

La próxima elección en Nicaragua está programada para 2027, pero la oposición aún no se ha unificado ni ha construido la base institucional necesaria para presentar una alternativa creíble.

Una abertura estrecha

La posibilidad más interesante de cambio es la transición generacional en curso, de Daniel Ortega y Rosario Murillo a sus hijos, especialmente Laureano Ortega, a medida que la salud de ambos líderes envejecidos se deteriora.

Algunos miembros de la oposición nicaragüense sostienen que sandinistas marginados por esta sucesión podrían provocar una división dentro del sandinismo, una que la oposición podría aprovechar si logra construir unidad y cultivar lazos con internos del régimen descontentos.

Para ello, argumentan, sería necesario ponerse de acuerdo en un programa limitado de transición democrática, entablar contactos discretos con sandinistas desilusionados y otras figuras del régimen, y ofrecer garantías de que los funcionarios que apoyen una transferencia pacífica de poder no enfrentarán el mismo trato que aquellos responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Por qué la presión externa podría no ser suficiente

Un apoyo externo decisivo sigue siendo improbable en el corto plazo. Europa ha ofrecido declaraciones y sanciones, pero no está en posición de actuar de manera decisiva si se produce una apertura política tras las elecciones de 2027.

En Washington, otras prioridades, incluido Venezuela, Medio Oriente y Cuba, podrían retrasar la atención sostenida a Nicaragua, aunque el país encaje perfectamente en las preocupaciones estratégicas declaradas por la administración.

Estados Unidos podría ampliar las sanciones existentes, potencialmente apuntando a Ortega personalmente, o tomar medidas para expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio de América Central.

Un observador bien ubicado sugirió, en declaraciones extraoficiales, que Washington podría intentar cooptar a Laureano Ortega, tolerando su consolidación del poder y enriquecimiento a cambio de cooperación y acceso empresarial, una estrategia que sería similar a la adoptada con Delcy Rodríguez en Venezuela.

Como en Venezuela, un acuerdo pragmático de este tipo probablemente dejaría sin resolver la ilegitimidad y corrupción subyacentes del régimen, además de su acogida a actores extranjeros hostiles.

Una acción más decisiva de Estados Unidos es poco probable antes de que Washington resuelva desafíos más urgentes en Irán, Venezuela y Cuba. Las elecciones de medio término de noviembre añaden aún más incertidumbre: un Congreso más empático y el deseo de la administración de lograr una victoria en política hemisférica podrían aumentar la importancia de Nicaragua, mientras que la reticencia a abrir un nuevo frente antes de las elecciones podría igualmente relegarla en la agenda.

El sufrimiento del pueblo nicaragüense es inmediato. La amenaza que representa el régimen Ortega-Murillo para sus vecinos y los intereses estratégicos de Estados Unidos es real.

Pero por ahora, el mejor curso de acción de la oposición es construir unidad con los desertores sandinistas actuales y futuros, profundizar las coaliciones internacionales y la concienciación pública, y prepararse para el momento en que las condiciones internas e internacionales se alineen para una acción decisiva y unida que restore la democracia nicaragüense y ponga fin al papel del país como punto de apoyo para los rivales de Estados Unidos en el hemisferio.

R. Evan Ellis es investigador principal no residente en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Su libro más reciente, China Engages Latin America: Distorting Development and Democracy, ha sido publicado por Palgrave Macmillan. Las opiniones expresadas son únicamente las del autor.

Organizaciones opositoras nicaragüenses en el exilio pidieron a España que no invite a la dictadura de Nicaragua a la XXX Cumbre Iberoamericana, prevista para el 4 y 5 de noviembre de 2026 en Madrid. El reclamo fue enviado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una carta difundida por EFE y confirmada por 100% Noticias.

Los firmantes sostuvieron que la presencia de representantes de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo supondría la legitimación internacional de “un régimen señalado por graves violaciones a los derechos humanos y el quiebre del orden democrático en Nicaragua”. La carta fue respaldada por más de una decena de agrupaciones.

Entre los firmantes figuran la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Unión Democrática Renovadora, la Articulación Feminista de Nicaragua, la Fundación Puentes para el Desarrollo en Centroamérica y el Movimiento Autónomo de Mujeres.

Los opositores expresaron su “sorpresa y preocupación” tras conocerse la reciente reunión entre Albares y el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada. Según EFE, recordaron que la situación en Nicaragua sigue marcada por “graves violaciones a los derechos humanos, la liquidación de todos los espacios democráticos y de las libertades de los nicaragüenses”, hechos denunciados por organismos internacionales.

Como respaldo a sus reclamos, citaron el informe más reciente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentado en junio de 2026. “En junio de 2026, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) expresó su preocupación por la escalada de la represión política en nuestro país, subrayando especialmente el uso de la violencia sexual y de género como arma política, así como su consternación por las muertes de presos políticos bajo custodia del Estado y por el número de víctimas de la desaparición forzada”.

También recordaron que el Parlamento Europeo recomendó recientemente “iniciar acciones penales contra la dictadura de Nicaragua por los crímenes de lesa humanidad cometidos”. Sumaron además la declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobada a finales de junio en Panamá, en la que manifestó una “profunda preocupación” por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país y la erosión de la separación de poderes.

La referencia al conflicto con España

La carta también denunció la expulsión arbitraria del embajador y del primer secretario de la Embajada de España en Managua, junto con varios cooperantes españoles, registrada en enero de este año. Según EFE, las autoridades nicaragüenses confiscaron los equipos de trabajo y las pertenencias personales de los diplomáticos y cooperantes expulsados.

Para los movimientos opositores, excluir a la delegación oficial de Nicaragua de la próxima Cumbre Iberoamericana sería una medida coherente con los principios democráticos y el respeto a los derechos fundamentales, además de una señal de respaldo a las víctimas de la represión y a la sociedad civil nicaragüense.

Los firmantes apelaron al compromiso histórico de España con la democracia y los derechos humanos, y advirtieron que “no contribuir a la legitimación internacional de un régimen que continúa ignorando sus obligaciones internacionales” aportaría al aislamiento diplomático del régimen de Ortega y Murillo.

La decisión pendiente del Gobierno español

La XXX Cumbre Iberoamericana reunirá a jefes de Estado y representantes de 22 países de América Latina, España y Portugal. La decisión sobre la participación o exclusión de la delegación nicaragüense quedará en manos del Ejecutivo español, que hasta el momento no se pronunció oficialmente sobre el pedido, según EFE y 100% Noticias.

La detención del obispo emérito de Estelí, Juan Abelardo Mata Guevara, el 29 de junio de 2026, coincide con nuevas denuncias sobre la represión contra la Iglesia Católica en Nicaragua. El ex Encargado de Negocios de Estados Unidos en Managua, Kevin O’Reilly, en su columna de opinión, describe una dinámica de control y hostigamiento estatal que se profundiza desde hace años.

Según Kevin O’Reilly, ex Encargado de Negocios de Estados Unidos en Managua, la detención de Mata confirma que el régimen no tolera la disidencia ni la independencia de la Iglesia Católica. La dictadura nicaragüense “ha dejado claro que no tolera ni la disidencia ni el pensamiento independiente; que vive con miedo de todas las actividades sociales que no puede cooptar o controlar; y que teme sobre todo la independencia de las iglesias, particularmente la Iglesia Católica”. O’Reilly subraya que la acción policial ocurrió cuando Mata, de ochenta años, se encontraba en una clínica de Estelí para un chequeo médico relacionado con su marcapasos.

Tras ser trasladado a la prisión El Chipote, en Managua, fue liberado y nuevamente detenido menos de 24 horas después. Hasta ahora, existen versiones que sitúan al obispo bajo arresto domiciliario en Tisma, su ciudad natal, aunque la “censura impide confirmar esta información”.

Juan Abelardo Mata Guevara fue obispo auxiliar de Managua y obispo de Estelí. O’Reilly recuerda que Mata fue designado en 1988 como obispo auxiliar de Managua por el papa Juan Pablo II y en 1990 como obispo de Estelí. Al cumplir 75 años, presentó su renuncia en julio de 2021, en conformidad con el derecho canónico. Ese mismo día, el papa Francisco designó al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, como administrador apostólico de Estelí.

Cómo se extendió la persecución a otros religiosos

La persecución no se limita a un solo nombre: alcanza a obispos, sacerdotes, seminaristas, miembros de órdenes religiosas, medios católicos y fieles vigilados en sus parroquias. El análisis de O’Reilly detalla que Rolando Álvarez fue puesto bajo arresto domiciliario en 2022, encarcelado en 2023 y expulsado de Nicaragua en enero de 2024.

Meses después, el Vaticano nombró como encargado de la diócesis de Estelí al padre Frutos Valle Salmerón, quien también fue confinado por las autoridades en el Seminario Mayor de Managua. “Las funciones pastorales básicas de la Iglesia continúan, pero limitadas bajo la atenta y represiva mirada del aparato policial de la dictadura”, resume O’Reilly.

Otros prelados, como Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua; Isidoro Mora Ortega, obispo de Siuna; y Carlos Herrera, obispo de Jinotega, viven hoy en el exilio junto a decenas de sacerdotes, seminaristas y miembros de órdenes religiosas.

Según el exdiplomático, el motivo de la reciente detención estaría vinculado con declaraciones de Mata durante una misa el fin de semana del 28 de junio, cuando pidió oraciones por la “Iglesia perseguida” y por Álvarez y Valle Salmerón.

“Unas autoridades políticas que tuvieran más confianza en su proyecto político, o cualquier confianza en absoluto, no perderían los nervios de manera tan dramática cuando un prelado jubilado dice en voz alta, aunque de manera breve, lo que millones de nicaragüenses sienten en sus corazones todos los días”, escribe el diplomático.

Según el boletín, “llega mucho más allá de la Iglesia Católica y se extiende a todos los aspectos de la vida social: iglesias evangélicas, organizaciones sociales, instituciones benéficas, instituciones educativas desde escuelas primarias hasta las universidades; el Estado intenta imponer su voluntad sobre todas ellas”. O’Reilly advierte que tolerar este nivel de control “es tolerar la destrucción de cada aspecto de la sociedad civil, o su desaparición en la clandestinidad”.

Quién es Kevin O’Reilly

O’Reilly fue Encargado de Negocios en Managua. Kevin O’Reilly y su análisis circula en medios internacionales y plataformas especializadas. Desde su experiencia, sostiene que la situación nicaragüense “vive a la sombra de lo que ocurre en Venezuela y Cuba, pero cuando la dictadura caiga en crisis, los efectos se expandirán rápidamente desde Managua, con consecuencias más allá de Nicaragua”.

Esta historia podría empezar con la llegada de Vicenta Orrego y Julio Ramírez, un matrimonio paraguayo que buscó refugio en la Argentina a comienzos de 1970 después de huir de la dictadura de Alfredo Stroessner, al conurbano bonaerense. Se instalaron en Bernal Oeste, en el partido de Quilmes. Vicenta atendía un almacén; Julio, albañil, trabajaba en la construcción. Se hicieron una casa, tuvieron tres hijos: Carlos, que nació en 1971; María, en 1972; y Mariano, en 1974. Julio participaba activamente de la Sociedad de Fomento del barrio y consiguió que instalaran el agua corriente. Vicenta colaboraba con sacerdotes para el Tercer Mundo y organizaba actividades para los niños. Eran felices. Hasta que en 1974 se llevaron preso a Julio “por posesión de propaganda subversiva”. Le dieron tres años de cárcel. Se quedaría seis.

“Todo nuestro camino al infierno se inicia ahí”.

La que habla es María Ramírez, la hija del medio. A quien habla es a Mónica Szurmuk, docente e investigadora de Conicet y autora de Malmö. Una historia argentina, un libro que gira sobre su testimonio y recupera un caso poco explorado del terrorismo de Estado, el de los niños que fueron víctimas del Hogar Casa de Belén, un sitio siniestro donde llevaron a hijos de desaparecidos.

Esta historia podría empezar con la que Mónica Szurmuk escogió como escena inicial de su relato: “El vecino de enfrente la vio salir. Menudita, con el bebé en brazos, un trapo blanco en la mano. Se estaba entregando.

Antes, había pedido un alto al fuego y había apoyado un colchón en la ventana para sacar a los otros chicos: María, de cuatro años, y Carlos, de cinco. Carlos estaba sangrando: lo había rozado una bala.

Vicenta los abrazó y les dijo que siempre estuvieran juntos. A Mariano, lo alzó.

Salió en camisón. Había brisa y mucha neblina.

Le dispararon en la cabeza.

Cayó junto al bebé. Uno de ellos apartó el cuerpito del nene con una patada. Después se acercó y lanzó una ráfaga de ametralladora sobre la madre. ‘Juan Carlos, volteé a una’, gritó satisfecho. Había matado a Vicenta Orrego Mesa delante de sus tres hijos”.

Podría empezar con el momento en que la autora conoce a María Ramírez personalmente, cuarenta y siete años después del asesinato de su madre, en el aeropuerto de Copenhague. De donde partirán juntas en dirección a Malmö, la ciudad sueca en la que vive Ramírez, la que le da nombre al libro.

O con las condenas emitidas en 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, que dictó prisión perpetua para el exministro bonaerense Jaime Lamont Smart, para el excomisario y jefe del centro clandestino de detención Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk, y para los expolicías bonaerenses Armando Antonio Calabró, Rubén Oscar Chávez, Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli y José Augusto López, por homicidios agravados. Y cinco años de prisión a quien era secretaria judicial, mano derecha de la jueza ya fallecida Marta Delia Pons, que disponía el encierro y la retención de los menores en el Hogar Casa de Belén, “por el ocultamiento y la alteración de la identidad de los hermanos María Ester, Carlos Alberto y Mariano Alejandro Ramírez”. Confinados entre 1977 y 1983 en ese recinto ubicado en Banfield por disposición del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, después del asesinato de su madre, mientras su padre cumplía condena como preso político.

O con María ya en Växjö, la ciudad de Suecia a la que se fueron cuando su padre pudo rescatarlos de ese infierno —y donde aún viven Julio y sus hermanos—, la primera vez que se vio ante un lienzo en blanco, después de que por recomendación de su terapeuta se anotara en un curso de pintura y el docente le diera un espejo y una consigna que la enfrentó consigo misma: pintar un autorretrato. Cuando, como si le hubieran ofrecido una sesión de exorcismo, María purgó su historia por primera vez.

O con la foto de ella junto a sus hermanos de pequeños, donde se los ve emponchados para combatir el frío del invierno. La misma que María tiene colgada en su casa, en el cuarto en el que pinta. La que debe haber sido la última antes de que mataran a su madre, antes de que se los llevaran al Hogar Casa de Belén, los privaran de su familia y los marcaran para siempre. La foto que es, también, tapa del libro.

O con el instante en el que los tres hermanos Ramírez llegaron al Hogar Casa de Belén. A María “le sacaron los aritos de oro y la ropa que le había elegido su mamá. A ella y a sus hermanos les dijeron que, desde ese momento, tenían que llamar ‘mamá’ a Dominga Vera y ‘papá’ a Manuel Maciel” —escribe Szurmuk—. Era la pareja a cargo de la casa en la que vivieron entre trece y quince niños judicializados. Cinco de ellos víctimas directas del terrorismo de Estado: la policía y los militares habían desaparecido o asesinado a sus padres.

Todos los comienzos son posibles. Todos construyen Malmö. Una historia argentina, en la que Mónica Szurmuk expone los pedazos y presenta, siguiendo tres líneas siempre fragmentadas, una imagen, un testimonio, una denuncia de lo vivido por los hermanos Ramírez (y por otros niños) durante la represión dictatorial. Y también el camino que anduvo para narrarla (los años de investigación académica, las conversaciones con sus protagonistas, el encuentro con María en Suecia, lo que le sucedía en el proceso), y algunos recortes de lecturas que la ayudaron a escribir.

“No me gustaba la comida. Me castigaban y me hacían ir a comer con los perros. Me sacaban al patio y tenía que comer en el patio, en el plato de los perros. Era un asco. Pero hasta los perros me parecían más humanos que la gente”.

La voz es de una mujer. No es la de María, pero la recrea: es un corto de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que narra su historia. El relato, se explica abajo, es reconstruido a partir de la información de la causa judicial. La pieza tiene una animación delicada e impactante y se titula: El día que perdimos el habla. Hogar de Belén, episodio I.

“Llegamos el 14 de marzo de 1977”. Sigue. “Mientras dormíamos la policía y el Ejército entraban a casa, en Lomas de Zamora. Mataron a mi mamá, Vicenta Orrego Mesa, y a dos compañeros de militancia de ella. Mis hermanos y yo teníamos dos, cuatro y cinco años de edad. Una semana más tarde nos llevaron al Hogar de Belén, un hogar de menores que dependía del arzobispado de Banfield. Dominga Vera y Manuel Maciel eran los directores. Así entramos al infierno”.

“Supe de la existencia de la Casa de Belén por Clara, una de mis mejores amigas del colegio”, reconstruye Mónica Szurmuk en Malmö. “Sus padres, que eran feligreses en la parroquia, se entusiasmaron con la propuesta del cura de abrir una casa de guarda que complementara al Hogar Pereyra y fueron parte del grupo fundador. ‘Los chicos van a vivir con una familia’, me contó Clara en una hora libre. ‘Va a ser hermoso’”.

Mónica Szurmuk vivía en el barrio en el que funcionaba el Hogar de Belén y supo de él desde el comienzo.

—Este hogar es fundado por la iglesia de la zona, y yo tenía una compañera cuya familia iba a misa a esta iglesia —cuenta la autora en diálogo con Infobae—. Por eso estaban enterados de este lugar que, en ese momento, parecía una buena idea porque, a diferencia del orfanato del barrio (porque había un orfanato que de hecho sigue funcionando) donde los niños están en una situación más institucional, la propuesta era que los chicos se iban a criar en una familia; numerosa pero una familia. Que no iban a vivir en una institución si no en un chalecito de barrio, que iban a ir caminando a la escuela parroquial, que iban a ir caminando al club de barrio. Lo que pasa es que las personas que ponen a cargo de esta casa, el que era la figura paterna, era un tipo que sus propios hijos dicen que ya era violento con ellos. O sea que ponen a criar a estos niños a un hombre muy violento, con conexiones con gente muy violenta. Desde el primer día los chicos son maltratados, son abusados. Y además hay otra gente que tiene acceso a la casa y a los chicos. Entonces María es abusada no solo por el apropiador y por su hijo, sino por otros hombres que entran y tienen relaciones con la familia. No sé ni siquiera cómo decirlo. Desde el principio, esta casa está signada por una cosa terrible.

“Nadie recuerda exactamente cuándo Dominga Vera, Manuel Maciel y sus tres hijos, Patricia, Sandra y Jorge, llegaron a vivir a la casa de Pueyrredón 1547, donde aún funciona el Hogar Casa de Belén”, escribe Szurmuk en Malmö. “Nadie sabe quién los eligió para que fueran padres sustitutos. Muchos sospechan que fue idea del cura, que conocía a Manuel porque lo había contratado para que hiciera algunos trabajos de albañilería. Manuel ya tenía una historia de violencia. Según su hija Sandra era “bruto a más no poder”.

“Los castigos en la Casa de Belén”, enlista la autora en el texto:

“Comidas en silencio obligado

Comidas junto a los perros

Insultos

Palizas

Golpizas con garrotes, cinturones, maderas

Manoseos

Violaciones

Obligación a dar sexo oral

Hundimiento de la cara en el inodoro

Amenazas con armas”.

“Durante siete años sufrimos abusos sexuales, humillaciones, maltratos de parte de los Maciel y de otras personas con permiso de ellos —habla en primera persona la voz que encarna la de María en el corto sobre el caso—. Siempre todo era tenso y violento. No podíamos hablar entre nosotros. Tampoco jugar. Mi hermano Mariano, el más chico, dejó de hacerlo: se quedó sin habla. Para ocultarnos nos cambiaron el apellido y nos mintieron: nos decían que papá y mamá nos habían abandonado para que nos olvidáramos de ellos”.

Carlos, María y Mariano vivieron ahí desde 1977 hasta 1983.

Mónica Szurmuk era una adolescente cuando la dictadura. Había crecido en el barrio y madurado inquietudes respecto a lo que había ocurrido en ese sitio.

—Cuando empecé a atar cabos fui a hablar con las Abuelas [de Plaza de Mayo], todavía en dictadura, pensando que me iban a decir “no, ese lugar no tiene nada que ver”. Y ellas ya sabían del caso, ya conocían el lugar, se habían entrevistado con la jueza de menores que estaba a cargo de estos chicos, que los había internado ahí —recuerda.

Tiempo después, ya devenida investigadora, comenzó a indagar en el Hogar de Belén como parte de un proyecto en el que trabajaba dentro de la Universidad Nacional de San Martín, que a la vez forma parte de una red internacional que aborda temas de educación, justicia y memoria.

—Tenemos un grupo que trabaja en secundarias públicas con un proyecto que se llama Cartografías íntimas en comunidad y propone recorridos por sitios de memoria en Lomas de Zamora que luego son tramitados, repensados a través de obras artísticas. Los chicos hacen un recorrido y luego hacen murales, hacen un taller de archivo, talleres de podcast, de fotografía, de escritura creativa. Yo estaba involucrada en esto y además venía leyendo los expedientes judiciales. Entrevisté a fiscales, a los psicólogos del Cels y a las abogadas que acompañaron el caso al principio. Cuando fue el juicio, que finalmente se realizó en 2022 y 2023, empecé a tener mucho más interés en escribir sobre este caso. Hice un taller en Anfibia con Sonia Budassi sobre migración y escribí sobre María, que es un poco la protagonista del libro. De los tres hermanos, ella ha sido siempre la que ha hablado con los medios, la que ha participado de eventos públicos y además es pintora: ha traído sus cuadros y los ha exhibido acá. Y digo traído porque la familia sigue viviendo en Suecia. Entonces el nombre del libro, que es Malmö, tiene que ver con la ciudad donde vive, donde ella construyó su vida adulta. Yo entrevisté a María allá.

Fragmento a fragmento, esos de los que se compone el libro a pedido específico de la autora —que se noten— ella reconstruyó el devenir de los hermanos Ramírez. En especial, de María.

—Apenas el padre se entera del asesinato de su mujer, él empieza a hacer gestiones desde la cárcel. Llama a la familia, que es paraguaya, y le pide a la hermana y a la madre que vengan a reclamar a los chicos —cuenta—. Ellas vienen inmediatamente y se instalan en la zona donde tenía potestad la jueza y piden la guarda. No se las dan. El padre de los chicos, que estaba como preso legal, es liberado en 1980. Como él era paraguayo, no se le permite quedarse en el país, se le da la opción de ser deportado a Paraguay, pero por la historia misma que lo trajo a su exilio argentino no podía volver a su país y consigue refugio político en Suecia. Desde Suecia, con el apoyo de organizaciones internacionales como Amnesty, la Cruz Roja y luego con el apoyo del Cels, empieza a reclamar la tenencia de los chicos y los recibe recién en 1983. Es la última decisión de la Corte Suprema en dictadura. Él se reencuentra con los chicos en diciembre de 1983, cuando ya había asumido Alfonsín.

Militares y policías, en nombre del Estado, apresaron a su padre, asesinaron a su madre, los arrancaron de su familia, les cambiaron el apellido, los vejaron de todas las formas posibles, les negaron todo contacto con su abuela y su tía que no dejaron de clamar por ellos.

—La tía, en algún momento que en la casa hay un evento y está abierta, logra entrar y acercarse a uno de los chicos y decirle que es la madrina —cuenta Szurmuk—. Es una familia que siempre sigue reclamando a los chicos y que pasa años sin poder reencontrarse con ellos. Incluso cuando llega la tía de Paraguay, la asistente social que va a visitar la casa recomienda que los chicos sean otorgados a su familia, a la tía con su marido y a la abuela. Y la jueza dice “esa pericia no me sirve”, la cajonea y manda a otra persona. Si no los chicos, en poquitos meses, hubieran podido vivir con su tía.

“Papá estaba preso desde 1974, era un preso político”, dice la voz que encarna la de María en el corto y retoma sus palabras en el juicio. “Un día llamó a su hermana, mi tía Lucila, que vivía en Paraguay, y le pidió que nos buscara. Pero la jueza Marta Delia Pons, del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, le dijo que no tenía dinero para mantenernos y darnos de comer y que nunca iba a recuperarnos. Pasó mucho tiempo. Pero finalmente, por suerte, no tuvo razón”.

“En diciembre de 1983 —narra otra voz, ahora masculina, hacia el final del corto de la Secretaría de Derechos Humanos— Julio Ramírez se reencontró en Suecia con sus tres hijos: Carlos Alberto, María Esther y Alejandro Mariano. El daño que sufrieron ellos y otros niños y niñas en el Hogar de Belén dejó secuelas que perduran hasta el presente. El juicio por los crímenes del Hogar de Belén juzgará hechos cometidos contra nueve víctimas. Hay trece imputados por apropiación y abuso sexual de menores de edad así como por el homicidio de Vicenta Orrego Mesa, José Luis Alvarenga y María Florencia Ruival”.

Según supo Mónica Szurmuk, apenas se lo permitieron, Julio Ramírez viajó a buscar a sus hijos y se los llevó con él, directo a Ezeiza. Y de ahí a Suecia, de donde no regresarían. Crecieron en Värjö, una ciudad pequeña en el sur del país nórdico en la que no había muchos sudamericanos ni vínculo con el pasado. Aún así, no cejaron de reclamar justicia.

Por qué los retuvieron, por qué no se los entregaban a su familia si las personas a su cargo no deseaban criarlos ni protegerlos si no lo contrario, qué buscaban con los niños, por qué querían quedarse con ellos, es una más entre las infinitas sinrazones de los años atroces.

Tampoco la investigadora pudo elaborar alguna explicación posible.

—Es una de las cosas que me quedó muy pendiente. Yo quería tener acceso al legajo personal de la jueza para entender de dónde venía el ensañamiento con estos chicos. Ella, ya después del retorno a la democracia, es entrevistada por Magdalena Ruiz Guiñazú y le dice: “Yo hice todo bien”. “Yo, a los chicos a los que vinieron a buscar, los devolví”. Y es la misma jueza que a las Abuelas de Plaza de Mayo les dice que ella jamás les iba a entregar un chico.

“Todas esas experiencias que uno tuvo en ese tiempo son como las de guerra. La apropiación de nosotros, el cambio de identidad, porque nos cambiaron, quitarnos nuestros padres, el abuso personal y sexual son, como el tráfico de niños, para mí —es mi sentimiento personal— es una exterminación equivalente al genocidio. Y era esto lo que pasaba en ese tiempo. Esta casa era como una cárcel. Y cuando uno escucha cosas en los medios o gente de alto rango que dice que para destruir una nación hay que destruir primero a los niños, entonces estamos muy mal. Hay mucha gente mala todavía y por eso hay que exponerlos. Son cosas que no se borran de la cabeza de uno… adentro. Y cómo uno le comenta a su hijo o a su hija estas cosas… El relato de lo que pasó en este ataque, el 14 de marzo, lo puedo comentar tranquilamente. Pero los abusos y todo eso, es como tragarse una piedra”.

Con acento extranjero y voz oscilante, Carlos Ramírez declaraba en el juicio por los crímenes del Hogar Casa de Belén. Para la fecha en la que se desarrolló el proceso, entre 2022 y 2023, la pareja que estaba a cargo de la casa entonces, los Maciel, ya habían muerto. También el cura al que se le ocurrió la iniciativa de la casa de guarda y los puso allí. También la jueza Marta Delia Pons. Todos terminaron sus vidas con impunidad. De todas formas hubo condenas y condenados.

—Hubo muchísimas condenas —resalta Szurmuk—. Se condenó a todos los imputados, incluso a la secretaria del juzgado que está en arresto domiciliario. Ni la jueza ni el cura llegaron a ser juzgados nunca, pero se condenó a los militares y policías de la Bonaerense que estuvieron involucrados en el asesinato de la madre. Se unieron dos causas para el juicio de dos operativos en marzo del 77 y los que fueron imputados habían participado en los dos. Todos ya estaban presos o en arresto domiciliario por otras causas. Y hay una imputada civil que es la secretaria de la jueza, a la que también se le dio una condena por sustracción de la identidad de un menor de 10 años, repetida en varios casos. Porque se demostró que la secretaria era la mano derecha de la jueza y que estaba presente en todas estas situaciones.

Hoy, María se reencuentra con ella. Con esa historia, la que pudo empezar a contar con un espejo enfrente y un lienzo en blanco que la interrogaba, vuelta libro. Y es otra. La pintura, la familia que formó lejos de la tierra donde tuvo miedo, el juicio, transformaron su experiencia. La convirtieron en algo más.

Una vez que sostuvo un pincel y sacó de sí lo que había dentro, no volvió a soltarlo. Aunque su trabajo principal es la enfermería —cuidar a otros—, también es pintora. En 2024 expuso sus cuadros —que cambiaron de tonos después del juicio— en Buenos Aires, en el edificio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Y en esos días argentinos, otro hito clave: la señalización de la esquina de Nother y Santa Cruz, en Almirante Brown, donde el 14 de marzo de 1977 habían asesinado a su madre, como “esquina por la memoria”. Donde chicos del barrio habían pintado en grandes dimensiones una imagen de uno de sus cuadros: El operativo. Y donde había un espacio en blanco que aguardaba por ella. Ahí María registraría, pincel en mano, la dirección: Nother 5100.

“El juicio de 2023 —narra Szurmuk en su libro— cerró la historia y la puso a María en contacto brutal con ella. Y también le dio paz, nuevos colores para pintar, sueño reparador. Y le devolvió a su mamá”.

El libro la inscribió dentro de un cuadro que ya integraba: el de un pasado que, medio siglo después, sigue buscando justicia.

“Su sola presencia infundía terror. Al monstruo lo conocimos desde chicos, no es que fue un papá dulce y luego se convirtió. Vivimos muchos años conociendo el horror. Y ya en la adolescencia duplicado, el de adentro y el de afuera. Por eso es que nosotros también fuimos víctimas (…) Portar un apellido así es como que te obliga a sostener lo que hizo, y eso no se lo permito más. Aparte, nunca existió un vínculo real con él. Me produjo inconmensurables angustias, huellas de traumas infantiles, a eso se le suma lo que todos nos fuimos enterando sobre su rol criminal en el terrorismo de Estado. Fue la encarnación del mal en todos los ámbitos”, dijo de Miguel Etchecolatz su propia hija cuando decidió cambiar su apellido para dejar de vivir bajo su sangrienta sombra.

Cuando el excomisario Etchecolatz murió, a los 93 años, el sábado 2 de julio de 2022 seguía sin haber dado una sola muestra de arrepentimiento por los crímenes que cometió durante la dictadura. Al contrario, continuaba jactándose de ellos cada vez que debió sentarse en el banquillo de los acusados en los nueve juicios por delitos de lesa humanidad en los que fue condenado a prisión perpetua, en 1986, 2004, 2006, 2014, 2016, 2018, 2020, 2021 y 2022, y que fueron unificadas en una pena única de reclusión perpetua. No solo eso, era evidente que gozaba ocultando la información que podría haber por lo menos aliviado el dolor de las familias de sus víctimas.

El rol de Etchecolatz

Su papel en el aparato del Estado terrorista instalado en la Argentina después del 24 de marzo de 1976 se puede definir en pocas palabras: fue el hombre clave del “Circuito Camps”, montado por el coronel Ramón Camps cuando se hizo cargo de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Como el policía de mayor jerarquía y mano derecha del militar, Etchecolatz se convirtió en el verdadero jefe operativo del aparato represivo bonaerense en el marco del plan sistemático de desaparición de personas perpetrado por la dictadura.

Como tal manejó una red de 29 Centros Clandestinos de Detención y Tortura (CCDyT), la mayoría de ellos ubicados en dependencias de la propia policía bonaerense, en los que estuvieron detenidas ilegalmente –y en muchos casos nunca más aparecieron– miles de personas. Chupaderos como “Arana”, “El Pozo de Banfield”, “El Pozo de Quilmes”, “Comisaría Quinta”, “Puesto Vasco”, “El Sheraton” y el más sofisticado de todos, “La Cacha”, formaron parte de sus dominios.

Por ellos pasaron, entre muchas otras víctimas de la represión ilegal, los estudiantes secuestrados en “La Noche de los Lápices”; el director del diario La Opinión, Jacobo Timerman; los integrantes del Grupo Graiver y el llamado “Grupo de los 7″, los jóvenes militantes detenidos-desaparecidos a quienes el capellán de la Bonaerense, el cura Christian Von Wernich, pretendió hacer colaborar mediante engaños y promesas de libertad.

El siniestro funcionamiento del “Circuito Camps” ha sido reconstruido en detalle por los sobrevivientes en sus declaraciones durante los juicios de lesa humanidad. Una vez secuestradas por los grupos de tareas, a las víctimas se las trasladaba a los diferentes centros clandestinos –podían pasar por varios de ellos– donde eran torturadas e interrogadas, en ocasiones durante meses. Luego se decidía su destino: unas pocas eran liberadas, otras eran desaparecidas y en muchos casos se las asesinaba y luego se fraguaban las circunstancias de sus muertes, haciéndolas pasar como “abatidas en un enfrentamiento”. Para esto último, los médicos de la morgue policial firmaban falsos certificados de defunción que permitían sus enterramientos “legales” como NN en el Cementerio de La Plata y los de otras localidades de la provincia.

Testimonios estremecedores

El genocida Etchecolatz era un confeso admirador del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, pero a diferencia de su ídolo, que manejaba el exterminio desde el cómodo escritorio de su despacho, prefería participar de las torturas y los asesinatos luego de que sus grupos de tareas secuestraran a las víctimas.

Su manera de actuar fue descripta con terrorífica precisión por Jorge Julio López cuando declaró en uno de los juicios del “Circuito Camps”. Frente al tribunal, López relató los tormentos a los que lo había sometido el propio comisario: “Subila, subila un poco más (a la picana) que este gringo que está acá en la parrilla, que este en otro lado donde yo lo picaneé se dio vuelta, porque allá era floja (la picana)’. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, una capucha peluda y de mono. ‘¡Hacete el guapo como te hiciste aquella noche!’, me decía el comisario. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana porque era con batería. Sentía el cosquilleo. ‘Ahora acá vas a sentir’, me decía a mí. Y les pedía a los otros: ‘Prendela directo desde la calle la máquina’”, explicó López a los jueces. “¿Quién le decía esto?”, le preguntó uno de los magistrados a López y el testigo, sin dudar, señaló al excomisario sentado en el banquillo.

En su testimonio, López también contó cómo habían matado a otros dos detenidos en presencia del comisario en el mismo centro clandestino. “A eso de las 11 o 12 de la mañana, aparece Patricia Dell’ Orto toda torturada con el marido. Patricia no respondía, el marido estaba tirado todo lastimado. A ella de un mechón la arrastraron y le sacaron. Sangraba, todos estaban deshechos. Después la ataron a un palenque y la tenían atada enfrente de donde estábamos nosotros. Y al marido lo pateaba Gómez, el jefe, y le decía: ‘Levantate que acá hay muchos muchachos montoneros y les va a dar vergüenza que un jefe sea tan flojito, que esté tirado’”, relató.

Luego de brindar esa declaración ante el tribunal, Jorge Julio López fue desaparecido por segunda vez, ahora en democracia. Lo secuestraron el 18 de septiembre de 2006, cuando salió de su casa para dirigirse al tribunal que ese día iba a dictar una nueva sentencia contra Etchecolatz. Desde un primer momento se sospechó que el ladero de Camps había sido el ideólogo en sombras de ese secuestro. Él mismo se ocupó más adelante de darle cuerpo a esa sospecha. A fines de octubre de 2014, el ex director de Investigaciones de la Bonaerense enfrentaba el tramo final de otro juicio como acusado, frente a un tribunal presidido por Carlos Rozanski, el mismo que lo había condenado después de escuchar el testimonio de López.

Durante ese nuevo proceso judicial el comisario genocida perpetró quizás la mayor burla de las que hizo objeto a los familiares de sus víctimas. En el momento en que se leía la sentencia que lo condenaba a prisión perpetua, tomó un pequeño papel y lo desplegó. Al terminar la lectura del fallo, pretendió entregárselo al Tribunal, pero se lo impidieron. Leo Vaca, un fotógrafo de la agencia Infojus que estaba cubriendo el juicio, hizo foco con su cámara en el papelito y disparó. En el papel, Etchecolatz había escrito, de puño y letra: “Jorge Julio López”. Estaba dando un mensaje siniestro: Yo sé lo que le pasó, pero no se los voy a decir.

El genocida provocador

Otro de los innumerables secretos que el genocida Etchecolatz se llevó a la tumba fue el destino de Clara Anahí, la nieta de Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. En 2011 – tres años antes del episodio del papelito siniestro con el nombre de López –, durante otro juicio, pidió la palabra y aseguró que podía “aportar datos y elementos de prueba sobre el destino de Anahí Mariani”. El anuncio despertó expectativas, pero se trató de otra de sus crueldades. Si alguien podía conocer el destino de la nieta de Chicha era Etchecolatz, que había dirigido personalmente el operativo del 24 de noviembre de 1976 durante el cual la niña, de apenas 3 meses, fue secuestrada tras la muerte de su madre, Diana Teruggi, y de otros cuatro militantes que estaban en la “Casa de los Conejos” de la calle 30 entre 55 y 56 de La Plata.

Se trataba de otra dolorosa burla, porque cuando el tribunal le pidió que aportara esa información, Etchecolatz se negó a seguir declarando. No dijo nada más. “No tengo dudas de que sabe todo porque él estaba ahí arriba del techo de los vecinos con otros policías. Sabía todo lo que pasaba, estuvo ahí junto con Camps arriba del techo, en pleno ataque a la casa, yo sé que sabe, tiene la obligación de saber porque era uno de los jefes. Es de una perversidad tan grande que no me alcanzan las palabras para decir lo que siento en este aspecto. Es como el puñal final que hunden en el corazón de una persona”, dijo una desolada Chicha Mariani después de la audiencia.

La de mostrar que sabía -cómo no saber si él mismo había perpetrado los crímenes – y luego negarse a dar información para torturar, aun estando preso, a los familiares de las víctimas, era una de sus actitudes recurrentes durante los juicios. En uno de los últimos, en 2020, se negó a declarar sobre la suerte corrida por unos quinientos desaparecidos en tres centros clandestinos que estaban bajo su órbita con la excusa de que quienes lo juzgaban no eran los jueces que correspondían. “¿Ante quién voy a declarar? Ustedes no tienen autoridad para actuar. Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento. Hay mucho para declarar de esos acontecimientos que pusieron en peligro a la patria, pero no lo puedo hacer ante ustedes”, los desafió.

No sólo desautorizó a los magistrados, sino que en esa ocasión llegó a burlarse elípticamente de ellos, diciéndoles que gracias a hombres como él estaban vivos: “¿Creen que estarían presentes si hubieran triunfado los idealistas jóvenes que pretendían tomar el poder de las armas? Usted – agregó señalando al presidente del tribunal - sería fusilado por ser integrante de la burguesía judicial y quien les habla fusilado por ser policía. Ustedes procésenme, me van a condenar, eso no me lastima para nada, no siento dolor, sino tristeza de cómo se maneja la Justicia argentina. Dicen que yo maté, usan esa palabra hiriente; y yo no maté, yo batí en combate que es distinto, yo respondí a la agresión con el personal que tenía, murieron muchos de los nuestros y de esos pobres jóvenes equivocados o mal orientados”, dijo.

La última declaración de Etchecolatz antes de su muerte fue el 11 de marzo de 2022, frente al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que lo juzgaba por crímenes en Pozo de Arana. Allí montó un número desplegando un banderín con los colores de la bandera ucraniana y dijo: “Soy víctima de un juicio de venganza y ensañamiento”. Después hizo una insólita comparación entre la resistencia ucraniana a las tropas rusas y el genocidio perpetrado por la dictadura contra quienes, según él, pretendían “instalar el comunismo, como están haciendo en Ucrania”. Y terminó, pomposo y desafiante, con las que serían sus palabras finales en público: “La historia y Dios me absolverán”.

“Un apellido teñido de sangre y horror”

Cuando hizo esa última declaración, hacía años que Miguel Etchecolatz había sido repudiado por su propia hija, horrorizada por la magnitud de los crímenes perpetrados por su padre. En 2014, Mariana Etchecolatz solicitó cambiar su apellido ante un juzgado de Familia de la Ciudad de Buenos Aires. “Debiendo verme confrontada en mi historia casi constantemente y no por propia elección al linde y al deslinde que diferentes personas, con ideas contrarias o no a su accionar horroroso y siniestro pudieran hacer sobre mi persona, como si fuese yo un apéndice de mi padre, y no un sujeto único, autónomo e irrepetible, descentrándome de mi verdadera posición, que es palmariamente contraria a la de ese progenitor y sus acciones (…) Permanentemente cuestionada y habiendo sufrido innumerables dificultades a causa de acarrear el apellido que solicito sea suprimido, resulta su historia repugnante a la suscripta, sinónimo de horror, vergüenza y dolor. No hay ni ha habido nada que nos una, y he decidido con esta solicitud ponerle punto final al gran peso que para mí significa arrastrar un apellido teñido de sangre y horror, ajeno a la constitución de mi persona. Pero además de lo expuesto, mi ideología y mis conductas fueron y son absoluta y decididamente opuestas a las suyas, no existiendo el más mínimo grado de coincidencia con el susodicho. Porque nada emparenta mi ser a este genocida”, escribió en el pedido que presentó al tribunal y le fue concedido.

Los últimos días de junio de 2022, Miguel Etchecolatz fue trasladado desde la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde cumplía su pena de reclusión perpetua, a una clínica de la localidad bonaerense de San Miguel. Allí murió a las 5.30 de la mañana del sábado 2 de julio. Tenía 93 años y hacía mucho tiempo que el jefe operativo del “Circuito Camps” había perdido todo vínculo con su familia cercana. Sus otros hijos también habían logrado cambiar legalmente sus nombres y su exesposa ya no vivía en el país donde el apellido Etchecolatz simboliza como pocos el genocidio perpetrado por la última dictadura.

La utopía, escribió Tomás Moro en 1516 al acuñar una palabra suspendida entre “buen lugar” y “no lugar”, nace con una contradicción que explica por qué tantos intentos de convertirla en realidad terminaron en dictaduras, comunas disfuncionales o sectas sexuales: el ideal social absoluto casi nunca resiste el paso del papel a la vida.

Esa es una de las ideas centrales de The Uses of Utopia de Joad Raymond Wren, en un repaso intelectual sobre la historia del concepto, que sigue la pista de las sociedades perfectas imaginadas en la literatura y observa un patrón persistente: cuando una comunidad pretende ordenar cada aspecto de la vida, la promesa de armonía suele exigir coerción.

El recorrido arranca, como señala la publicación, en Platón y su República, con prescripciones extravagantes como la necesidad de “neutralizar la influencia de los poetas sobre las madres”. Desde allí avanza hacia la isla de Moro, donde “nada es privado” y por eso “los asuntos comunes son observados con empeño”.

La revisión incluye la Nueva Atlántida de Francis Bacon, presentada como una utopía basada en la experimentación científica racional y que pudo haber inspirado a Wakanda en las películas de Black Panther de Marvel.

También aparece El mundo resplandeciente, de la duquesa del siglo XVII Margaret Cavendish, que imagina a su autora como una diosa elegida por un mundo de híbridos humano-animales aficionados a la ciencia. En el siglo XVIII, Sarah Scott imaginó en Millenium Hall una sociedad ideal de mujeres sin hombres, una idea que Charlotte Perkins Gilman retomó durante la Primera Guerra Mundial en Herland.

De ese catálogo emergen varias constantes. Muchas utopías recurren a un narrador transportado por accidente o por medios fantásticos a una nueva tierra, donde recibe largas explicaciones sobre el funcionamiento del sistema.

Otra regularidad es la abolición de la familia, con niños criados en común. En la fantasía de 1888 Mirando atrás, de Edward Bellamy, incluso desaparecen las escuelas de derecho y los abogados, “abolidos aquí como en la mayoría de las utopías”, según resume Wren.

La excepción parcial es Viaje por Icaria, del socialista francés del siglo XIX Étienne Cabet, que permite la existencia de familias, aunque dentro de un comunismo rígidamente regimentado. El problema empezó cuando Cabet intentó trasladar ese modelo al mundo real.

En 1849 fundó en Illinois su propia sociedad modelo, Icaria. A los pocos años, sus habitantes acumulaban posesiones, practicaban “vicios” como la caza y la pesca, juraban, fumaban y bebían alcohol; las mujeres usaban maquillaje, joyas y perfume.

La respuesta de Cabet fue endurecer aún más las normas y exigir para sí la presidencia durante cuatro años en lugar de uno. En esa deriva, el libro encuentra una lección repetida: la utopía siempre amenaza con convertirse en autoridad sin límites.

El libro, sin embargo, tiene una ausencia llamativa en ese recuento: Anarquía, Estado y Utopía, publicado en 1974 por el filósofo político estadounidense Robert Nozick. Allí sostuvo que el único Estado moralmente admisible es uno “mínimo”, dedicado a garantizar derechos de propiedad, seguridad y cumplimiento de contratos.

A partir de esa base, las personas deberían poder crear las formas de asociación que quisieran, siempre que la pertenencia nunca fuera forzada. Para Nozick, la objeción decisiva era que las utopías son coercitivas porque no todos aceptarían libremente sus valores.

“Es útil imaginar a hombres de las cavernas sentados juntos para pensar cuál sería, para siempre, la mejor sociedad posible y luego lanzarse a instaurarla. ¿Ninguna de las razones que los hacen sonreír se aplica a nosotros?”, dice el autor. Esa pregunta funciona como una impugnación directa al impulso de diseñar una vida perfecta para todos.

Buena parte de las utopías del inventario, además, dejan una impresión sombría. En Moving the Mountain, de Gilman, “casi no hay mascotas, porque son un desperdicio”; en Viaje por Icaria, los grabados decorativos contienen información útil en vez de paisajes “inútiles”.

En Una utopía moderna, publicada en 1905 por H. G. Wells, existe una élite samurái que representa la nobleza natural del sistema y cuyos miembros “no deben actuar ni cantar”, ni tampoco jugar o mirar deportes competitivos. La perfección, en estos casos, se parece menos a la libertad que a una disciplina total.

Wren sostiene que las utopías funcionan sobre todo como “máquinas orgánicas para pensar las premisas de nuestro pensamiento”. Bajo esa definición, se acercan a la ciencia ficción, y algunas de hecho pertenecen a ese territorio.

Entre ellas figura la “utopía anarquista” de los años 70 Los desposeídos, de Ursula K. Le Guin. La corriente más popular en las últimas décadas, probablemente, haya sido la serie Culture, de Iain M. Banks, que imagina un comunismo de lujo totalmente automatizado en el espacio, dentro de una sociedad pan-galáctica de humanos mejorados.

Ni siquiera allí todo funciona sin grietas. Esa sociedad ideal se ve alterada por ataques de fanáticos intolerantes, por inteligencias artificiales utilitaristas fuera de control o por artefactos alienígenas demasiado antiguos para ser comprendidos, un detalle que refuerza la idea final del ensayo: la mejor ficción utópica termina siendo, de manera implícita, también antiutópica.

Luego de más de 67 años de terrorismo de Estado, de agresiones e intervenciones a todos los países de las Américas, de expandirse y convertirse en el narcoestado jefe en el siglo 21, de someter al pueblo a la miseria, de perpetrar crímenes comunes y de lesa humanidad, la dictadura de Cuba agoniza sin ninguna condición de gobernabilidad ni posibilidad de sobrevivencia. Son los últimos días de un régimen de delincuencia organizada que no tiene pueblo, que ha perdido su narrativa de revolución, que ha liquidado la economía cubana y que no tiene opciones.

Fidel Castro tomó el poder el 1 de enero de 1959 por las armas, se aferró a él con fusilamientos, torturas, matanzas, desapariciones, presos, exiliados y todo tipo de crímenes bajo narrativa de revolución, con discurso de liberación del pueblo y con promesas de igualdad, prosperidad, independencia y una larga lista de adjetivos que hoy son probadas falacias. Institucionalizó el “terrorismo de Estado” como sistema para detentar impune e indefinidamente el poder, el “antiimperialismo” como mecanismo de sobrevivencia confrontando a Estados Unidos, la “liberación popular” para organizar grupos terroristas y guerrilleros, el “internacionalismo” como justificación de intervención, y la Guerra Fria convirtió a Cuba en la base comunista de la región.

Cuando cayó el Muro de Berlín se protegió creando el “Foro de Sao Paolo” operado y dirigido por Lula da Silva en Brasil, con recursos de los trabajadores que operó luego de desaparición de la Unión Soviética. Durante la Guerra Fría, Cuba era un estado parásito que dependía del sostenimiento soviético, por lo que sin ese soporte la dictadura creó el “periodo especial” para sobrevivir. En última década del siglo pasado Cuba era la única dictadura de los 35 países que conforman las Américas y había reducido sus operaciones de agresión regional por falta de recursos. La previsión de los gobiernos democráticos era que el siglo 21 sería de la democracia plena con la terminación de la dictadura cubana.

El año 1999 Hugo Chavez llegó a la presidencia de Venezuela y de inmediato asistió y empezó el salvataje de la dictadura cubana. Hugo Chávez como socio capitalista malversando el petróleo y la riqueza de Venezuela, Fidel Castro aportando la narrativa revolucionaria y el método criminal de permanecer indefinidamente en el poder y Lula da Silva con el Foro de Sao Paolo encargado de “multiplicar los ejes de confrontación”, conformaron un movimiento populista bolivariano bajo mando de Chávez que terminó llamándose socialismo del siglo 21 o castrochavismo.

El siglo 21 en las Américas resultó siendo el de la expansión de la dictadura de Cuba que instaló su modelo dictatorial en Venezuela con Chavez/Maduro, Bolivia con Morales/Arce, Nicaragua con Ortega/Murillo y Ecuador con Correa. Controló progresivamente casi todos los países de Latinoamérica, instalando gobiernos para dictatoriales, con derrocamientos, elecciones, fraude electoral, terrorismo, financiamiento de campañas y una larga cadena de crímenes. La muy conveniente muerte de Hugo Chávez pasó el mando del grupo criminal y el control de la riqueza venezolana a Castro y la dictadura de Cuba.

El momento más exitoso de la dictadura de Cuba fue la Cumbre de las Américas de Panamá 2015 donde el Presidente de Estados Unidos reconoció al dictador Raul Castro como el líder de hecho de Latinoamérica, procediendo meses después a reponer relaciones bilaterales. Pero la resistencia civil de los pueblos de la región, la visibilidad de las operaciones delictivas del socialismo del siglo 21 vinculadas a la violación de derechos humanos, la conversión de las dictaduras en narcoestados y plataformas de las dictaduras extra hemisféricas como China, Rusia, Irán, las crecientes acciones de “guerra híbrida” contra Estados Unidos y las democracias, identificaron la verdadera naturaleza y peligrosidad de Cuba y sus satélites.

La población de Cuba bajo el castrismo siempre trató de migrar, de escapar de la isla convertida en cárcel. Aunque el control de Venezuela y la expansión de operaciones de narcoterrorismo representaron importantes ingresos, lo fueron para los miembros del régimen.

Hoy las Américas y el mundo conocen en tiempo real la realidad de miseria, degradación, humillación y desesperación del pueblo cubano, y el afán del régimen de falsificar cambios y presentar sofismas de apoyos. La realidad es que el repudio popular contra la dictadura representada por Diaz Canel y Raúl Castro es total, no tienen pueblo; nadie -ni dentro ni fuera de Cuba- cree en la revolución cubana, probada como crimen organizado; el país no tiene economía ni forma de encarar la miseria en su sistema delictivo; y la dictadura no tiene ninguna posibilidad de apoyo, fuente de recursos o inversiones, no tiene opciones.

Con Trump 47, el año 2025 Estados Unidos estableció su “Estrategia de Seguridad Nacional” y empezó operaciones contra la delincuencia organizada trasnacional que detenta el poder político en varios países y territorios de las Américas. Todo conduce a la dictadura de Cuba.

La detención de Nicolas Maduro con el fiasco militar sufrido por fuerzas de la dictadura cubana encargada de la seguridad del capturado, la pérdida de ingresos y petróleo que el desmantelamiento de la narco dictadura de Venezuela representa, y el ultimátum de Estados Unidos al régimen castrista con múltiples señales económicas y políticas, muestran que la fuga de la cúpula dictatorial, su captura, su neutralización, su caída, su rendición o cualquier otra forma de terminación de la dictadura ha llegado.

Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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El Consejo Monetario Centroamericano informó que la inflación interanual de Nicaragua se ubicó en 3.72 % en mayo de 2026, reflejando una desaceleración respecto a los picos observados en años recientes. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), la variación mensual del índice de precios al consumidor (IPC) fue de -0.08 %, posicionando la inflación acumulada en 2.04 % durante los primeros cinco meses del año.

Los datos publicados el 17 de junio por el organismo regional ofrecen una fotografía detallada de la evolución de los precios en un contexto marcado por el control político ejercido por el régimen de Daniel Ortega. Organizaciones internacionales han señalado que el manejo de la economía ocurre bajo una política de alta concentración de poder y restricciones a la transparencia institucional.

La información del INIDE resalta que siete de las doce divisiones que integran la canasta del IPC presentaron variaciones negativas en mayo. Entre estos rubros destacan Alimentos y bebidas no alcohólicas con una disminución de -0.57 %, cuya incidencia fue de -0.221 puntos porcentuales sobre el índice mensual. Otros sectores con caídas relevantes incluyen Bienes y servicios diversos (-0.25 %), Restaurantes y hoteles (-0.15 %), y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0.06 %). En conjunto, estas divisiones restaron 0.262 puntos porcentuales al IPC de mayo.

No obstante, el reporte detalla que el alza de precios en la categoría de Recreación y cultura, con un aumento del 5.65 %, aportó una contribución positiva de 0.168 puntos porcentuales, amortiguando parcialmente la tendencia a la baja observada en otros sectores. La división de Educación, en contraste, no presentó cambios respecto al mes anterior.

La gráfica difundida por el Consejo Monetario Centroamericano permite observar la trayectoria de la variación interanual del IPC desde 2021 hasta 2026. El país experimentó un periodo de inflación elevada, superando el 12 % en 2022, para luego iniciar una tendencia descendente hasta ubicarse en los niveles actuales. La proyección de inflación, representada por líneas punteadas en el informe, muestra un rango estable en torno al 4 % en el año en curso.

Adicionalmente, una segunda imagen proporcionada por el organismo regional exhibe la evolución del IPC general, la variación acumulada desde diciembre anterior, la variación interanual y la mensual, todas correspondientes a datos no ajustados estacionalmente. Se expone estabilidad relativa en las cifras reportadas para 2025, en contraste con años previos marcados por mayor volatilidad.

La inflación subyacente interanual, que excluye los precios más volátiles de la canasta, se ubicó en 3.23 % en mayo, apenas por encima del 3.09 % informado para el mismo mes de 2025. Este comportamiento sugiere una relativa estabilidad en los precios de bienes y servicios básicos, aunque la situación económica de los hogares sigue condicionada por el entorno político y el acceso limitado a información independiente.

La vigilancia de los indicadores macroeconómicos se ha tornado fundamental para entender la dinámica interna de Nicaragua. La evolución del IPC, el comportamiento de divisiones como Alimentos y bebidas no alcohólicas, y las variaciones mensuales, ofrecen señales sobre la capacidad de compra de la población en un país donde las libertades civiles permanecen restringidas.

El Consejo Monetario Centroamericano enfatizó que la comparación interanual revela una inflación menor frente a los registros de 2025, cuando la cifra alcanzaba el 1.29 % en mayo. La inflación acumulada, por su parte, también mostró un incremento respecto al año anterior, situándose en 2.04 % frente al 1.04 % reportado en mayo de 2025.

Silvio Báez afirmó el 14 de junio en Miami que “expulsar a los demonios” también exige denunciar la crueldad y la irracionalidad de las dictaduras, porque ese mandato evangélico, dijo, alcanza tanto la liberación personal como la defensa de la dignidad humana frente a regímenes que imponen miedo, represión y miseria.

El obispo auxiliar de Managua lo planteó durante la homilía de la misa que presidió en la parroquia Santa Agatha, en Florida, Estados Unidos.

Báez, que salió de Nicaragua en 2019 y ahora vive exiliado en esa parroquia estadounidense, habló ante una comunidad en la que se reúnen compatriotas suyos. El religioso fue una de las víctimas de la persecución de la dictadura nicaragüense, que agudizó su ofensiva contra la Iglesia católica en 2018 y la mantiene hasta ahora.

Durante la homilía, el prelado sostuvo que el mandato de “expulsar a los demonios” implica “comprometernos con procesos de liberación, personales y sociales, y ayudar a recuperar su libertad a quienes están atrapados por los ídolos, el miedo o la desesperanza”. Añadió: “Es también denunciar la irracionalidad y la crueldad de los regímenes que atentan contra la dignidad humana y multiplican la miseria de la gente, no pocas veces incluso invocando el nombre de Dios”.

Báez vinculó el Evangelio con pueblos sometidos por regímenes dictatoriales

El obispo nicaragüense centró su reflexión en un pasaje del Evangelio de Mateo en el que Jesús ve a la gente y “se compadeció de ella, porque estaba cansada y abatida, como ovejas sin pastor”. Para Báez, esa imagen conserva plena vigencia en la realidad actual.

“Hoy también hay mucha gente que vive como ovejas sin pastor. Personas tristes, solas, desorientadas, desilusionadas por ídolos engañosos; familias desgarradas por la pobreza, la migración forzada o la violencia; pueblos enteros privados de libertad y de futuro por la guerra o dominados por regímenes dictatoriales que se imponen con el miedo y la represión”, afirmó Báez.

Frente a ese panorama, el religioso sostuvo que la oración constituye “la primera y más urgente respuesta”. Precisó que no la entiende como un reemplazo de la acción, sino como “su raíz y fundamento, haciéndola fecunda y fuerte”.

También dijo que la oración permite entrar “en sintonía con el Señor” y pasar a una acción efectiva. En esa línea, remarcó que “de esta compasión y de esta oración nace la elección de los doce Apóstoles”.

El obispo definió el poder cristiano como servicio y oposición a la opresión

Báez contrapuso el poder que, según su interpretación, Jesús confía a sus discípulos con el poder político y social basado en la coerción. “El poder que Jesús otorga es un poder al servicio de la vida y de la dignidad humana. Es exactamente lo contrario del poder que seduce al mundo, el poder que aplasta, controla, atemoriza y somete”, dijo.

El prelado agregó que ese poder “recibido para servir y no para someter” no terminó con los Apóstoles, sino que “continúa hoy, a través de nosotros”. A partir de esa idea, enumeró tareas que, a su juicio, corresponden a cada miembro de la Iglesia: expulsar demonios, curar a los enfermos, resucitar a los muertos y limpiar a los leprosos.

Sobre la imagen de “resucitar a los muertos”, explicó que significa “devolver la esperanza a quienes ya no esperan nada, ayudándoles a descubrir destellos de la luz de Dios en medio de las noches de la vida”. Añadió que esa misión consiste también en “anunciar sin cansarnos al Dios de la vida”.

En esa misma explicación, Báez vinculó la esperanza cristiana con la resistencia a la opresión política. “Y es también oponernos a los poderes opresores que someten a los pueblos, con la convicción de que Dios acompaña y bendice los esfuerzos realizados en favor de la libertad y la dignidad de las personas”, afirmó.

El obispo dedicó otro tramo de su homilía a la expresión “limpiar a los leprosos”. Según dijo, esa tarea supone “luchar por restituir la dignidad a quienes la sociedad o la religión marginan, mediante gestos de inclusión, solidaridad y diálogo respetuoso”.

Al cierre de la celebración, Báez retomó la idea de la escasez de quienes asumen esa misión. “Los obreros siguen siendo pocos. El Señor sigue buscando hoy a quienes estén dispuestos a prolongar su mirada compasiva en el mundo. Que esa mirada sea la nuestra”, dijo.

El Museo Moderno y el Parque de la Memoria presentan La memoria de la colección: El Moderno en el Parque, con un recorrido por obras del patrimonio histórico del Moderno para revisar, a 50 años del golpe de Estado, cómo el arte argentino respondió a la violencia política, la censura, la persecución y la interrupción del orden democrático durante la última dictadura militar de 1976 a 1983.

La muestra, organizada en cinco núcleos temáticos, concluye con un apartado dedicado al impacto político y afectivo de la transición democrática de 1983 en el campo artístico. Ese tramo final reune obras sobre la restauración de las libertades individuales, la aparición de nuevos espacios de sociabilidad nocturna, la experimentación performática y la libertad gestual en la pintura.

Con curaduría de Nicolás Cuello por el Moderno y Cecilia Nisembaum por el Parque, la exposición reúne obras de la colección pública del museo para reconstruir prácticas artísticas producidas entre mediados de los años sesenta y comienzos de los ochenta. El proyecto propone leer ese período a través de lenguajes diversos que dieron forma a las tensiones de uno de los momentos más traumáticos de la historia argentina.

La exposición responde de manera directa a una pregunta central: qué puede mostrar hoy una colección pública sobre la relación entre arte y dictadura. La respuesta que organiza la muestra es que, además de las formas explícitas de denuncia, hubo artistas que elaboraron una posición crítica frente al autoritarismo mediante la fragmentación de la figura humana, el lenguaje cifrado, la abstracción y las prácticas conceptuales.

El recorrido comienza con obras que, desde comienzos de los años sesenta, exploraron modos de representar el impacto ontológico de la creciente conflictividad política internacional. Ese primer conjunto incluye nuevas figuraciones de lo humano, experimentación con la materialidad pictórica y usos cifrados del lenguaje conceptual para recuperar una sensibilidad histórica marcada por el ascenso de la violencia política.

Otro núcleo se concentra en las relaciones entre juventud, trabajo y organización político-sindical. A partir de esas producciones, la muestra plantea una reflexión sobre el efecto de la persecución ideológica y la desaparición forzada en la desarticulación de la vida laboral, y sobre las consecuencias económicas que dejó la estructura productiva de la última dictadura militar.

Una sala estará dedicada al trabajo de artistas mujeres que recurrieron a la abstracción, la experimentación perceptiva y la exploración de dimensiones espirituales para elaborar de manera indirecta los efectos de la violencia. Esas obras sostienen una memoria sensible de aquello que no podía decirse de forma explícita.

A medida que avanza el recorrido, la exposición se detiene en obras centradas en el uso experimental de la palabra, la escritura y la circulación de imágenes mediáticas para examinar la censura y el control de la libertad de expresión durante y después de la dictadura. En esos trabajos se observan las formas en que los artistas sortearon los límites de lo decible y construyeron espacios de comunicación y resistencia.

La investigación sobre las biografías de artistas que siguieron en actividad durante los años de la dictadura, presentes en el patrimonio del museo, busca abrir nuevos interrogantes sobre las relaciones entre arte y política. La propuesta sostiene que la participación y la denuncia también adoptaron formas indirectas, apoyadas en la experimentación material, los procedimientos abstractos y la opacidad del significado.

Esa perspectiva busca desplazar la asociación tradicional entre arte político y denuncia explícita o representación directa de la conflictividad social. La selección de “La memoria de la colección: El Moderno en el Parque” plantea que el arte también puede asumir una posición crítica, producir conocimiento y trabajar sobre el trauma colectivo desde registros menos evidentes.

La curaduría también pone el foco en la producción de Elda Cerrato, Paulina Berlatzky, Juana Butler, Josefina Quesada, Josefina Mazzaglia, Diana Dowek, Silvia Brewda, Ana Eckell y Marta Minujín. Su incorporación busca revalorizar trayectorias que ocuparon un lugar menos visible en los relatos dominantes de la historia del arte argentino.

La muestra propone una interpretación distinta de esas obras abstractas, perceptivas, espirituales o atravesadas por el secreto, lo oculto y el humor. Leídas desde este marco, esas producciones no aparecen como una evasión de la realidad, sino como parte de las formas complejas con que los artistas respondieron a un contexto de violencia e incertidumbre.

La exposición presenta obras de 40 artistas: Paulina Berlatzky, Oscar Bony, Silvia Brewda, Marcelo Brodsky, Juana Butler, Juan José Cambre, Ricardo Carpani, Ricardo Carreira, Juan Carlos Castagnino, Elda Cerrato, Jorge Demirjian, Mirtha Dermisache, Juana Elena Diz, Diana Dowek, Ana Eckell, Sara Facio, León Ferrari, Norberto Gómez, Carlos Gorriarena, Víctor Grippo, Alberto Heredia, Enio Iommi, Leandro Katz, Carlos Langone, Rómulo Macció, Josefina Mazzaglia, Marta Minujín, Osvaldo Monzo, Luis Felipe Noé, Marie Orensanz, Dulio Pierri, Josefina Quesada, Juan Carlos Romero, Gabriel Salomón, Juan Manuel Sánchez, Alejandro Santamarina, Antonio Seguí, Carlos Ernesto Uría, Edgardo Antonio Vigo y Horacio Zabala.

Florencia Battiti, directora del Parque de la Memoria – Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, y Victoria Noorthoorn, directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, afirmaron en la presentación institucional: “A medio siglo de aquel quiebre institucional, esta alianza reafirma el compromiso de ambas instituciones con la Memoria, la Verdad y la Justicia. Invitamos al público a recorrer esta muestra no solo como una invalorable experiencia estética, sino también, y fundamentalmente, como un acto de ciudadanía”.

“La memoria de la colección: El Moderno en el Parque” integra el eje temático Memoria y futuro de la programación 2026 del Museo Moderno por su 70 aniversario, junto con Oscuridad visible: La larga sombra de la dictadura, que se exhibe actualmente en Spazio Punch, Venecia.

*La memoria de la colección: El Moderno en el Parque, en el Parque de la Memoria, Av. Costanera Rafael Obligado 6745. Inaugura el sábado 13 de junio, a las 12 h, en la Sala PAyS. De lunes a viernes: 10:00 a 18:00 hs y sábados, domingos y feriados: 10:00 a 19:00 hs. Entrada gratuita

Fotos: Museo Moderno / Josefina Tommasi

“Héctor, ¿dónde estás?”. La oscuridad aún persiste, no hay respuesta. La desaparición en Panamá del padre Héctor de Jesús Gallego se desvanece cada vez más, tal como hicieron con él los miembros de la entonces Guardia Nacional que lo secuestraron un 9 de junio de 1971, hace 55 años.

Fue en la región de Santa Fe, provincia de Veraguas, a donde aquella noche llegaron los militares preguntando por Gallego, a quien posteriormente subieron en un auto y trasladaron hacia un lugar hasta ahora desconocido.

Días antes de su desaparición, había sufrido hostigamientos, incluso el incendio de su vivienda.

El sacerdote promovía la organización campesina, en medio de un régimen castrence, que enquistado en el poder desde hacía cuatro años atrás, ya mostraba sus intenciones de convertirse en una dictadura, que a la postre duró 21 años.

Gallego había llegado a Panamá en 1967, motivado por su vocación de servicio y su adhesión a los postulados de la Teología de la Liberación.

Su misión pastoral se centró en la creación de la Cooperativa Esperanza de los Campesinos, desde donde promovió la alfabetización y la autogestión económica en una de las zonas más empobrecidas del país.

Reportes de la época indican que esa tarea le generó rechazo entre los terratenientes y sectores aliados al régimen militar, quienes lo acusaron de comunista y agitador.

Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo metropolitano de Panamá, recordó este domingo el legado de Gallego como uno de los “testimonios más luminosos de compromiso evangélico, solidaridad y defensa de la dignidad humana en la historia reciente” del país.

Durante su homilía, Ulloa Mendieta invitó a la comunidad a hacer memoria de aquel joven sacerdote colombiano que llegó a Panamá para servir a los más humildes y que hizo de las comunidades campesinas de Santa Fe de Veraguas el centro de su misión pastoral.

“En este día no podemos dejar de hacer memoria de un sacerdote cuyo testimonio sigue iluminando la conciencia de nuestra Iglesia y de nuestra patria”, expresó al recordar que el próximo 9 de junio se cumplen 55 años de la desaparición del padre Gallego.

Durante su recordatorio, el arzobispo evocó una de las preguntas que durante décadas ha acompañado la memoria colectiva de los panameños: “Héctor, ¿dónde estás?”.

Una interrogante que surgió tras su desaparición en 1971 y que, según afirmó, continúa resonando en la conciencia nacional.

Sin embargo, señaló que la respuesta se encuentra en el legado que dejó entre los más pobres y excluidos. “Hoy podemos decir que está en la memoria agradecida de los campesinos que aprendieron a descubrir su dignidad; está en el recuerdo de quienes encontraron en él un pastor cercano y valiente; está en la conciencia de una Iglesia que no olvida a quienes entregaron su vida por el Evangelio”, puntualizó.

En 2018, circuló la noticia del hallazgo de restos humanos en el antiguo y hoy desaparecido cuartel militar de Los Pumas de Tocumen, en la afueras de la ciudad capital, volvió a traer el caso del sacerdote a la palestra pública.

No obstante, las pruebas forenses descartaron que correspondieran al sacerdote de origen colombiano, afianzando la incertidumbre sobre el destino final de Gallego.

La Comisión de la Verdad lo incluyó en su lista oficial de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar, que se extendió hasta 1989.

En 1994 las autoridades informaron que tres exagentes de la Guardia Nacional fueron condenados por su complicidad en el crimen, aunque la sentencia no determinó responsabilidades de altos mandos. Uno de los implicados fue capturado 31 años después de ser condenado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó en diciembre de 2025 a las autoridades panameñas por la impunidad en la desaparición forzada del sacerdote Héctor de Jesús Gallego.

El escritor y periodista Arquímedes González sostiene en el libro Exilio bajo fuego, crímenes de la dictadura de Nicaragua, según EFE, que la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no terminó dentro de Nicaragua en 2018, sino que se extendió fuera del país mediante espionaje, acoso, amenazas y ataques contra opositores exiliados.

La investigación reúne los casos de diez nicaragüenses asesinados en Honduras y Costa Rica entre 2019 y 2025, según explicó González a EFE. El autor compiló 24 historias de opositores y críticos que desde 2018 denunciaron vigilancia, hostigamiento y seguimientos fotográficos.

“Exilio bajo fuego es un libro de crónicas periodísticas que rescata los casos de diez nicaragüenses que han sido asesinados tanto en Honduras como en Costa Rica entre 2019 y 2025”, dijo González a EFE. El escritor, periodista y defensor de los derechos humanos afirmó además que la obra documenta “que la represión no se detuvo en Nicaragua” y que “se amplió a nivel internacional”.

Según EFE, el libro de no ficción describe una estructura criminal transnacional que, de acuerdo con González, el régimen sandinista utiliza para vigilar y hostigar a activistas, periodistas y exiliados que buscaron refugio en otros países de la región, e incluso para eliminarlos físicamente.

El libro documenta asesinatos y atentados contra exiliados en Honduras y Costa Rica

La obra registra el asesinato de cinco campesinos opositores en Honduras y de otros cinco disidentes en Costa Rica, según EFE. Entre ellos figura el caso de Roberto Samcam, un mayor retirado del Ejército y crítico de Ortega que fue asesinado hace un año en su casa en San José, después de recibir amenazas de muerte vinculadas a agentes de seguridad nicaragüenses, de acuerdo con EFE.

González dijo a EFE que estas crónicas “rescatan todo el dolor, la persecución, el hostigamiento que ha tenido el exilio” nicaragüense. Añadió que esa represión transnacional también incluye vigilancia, acoso, alertas falsas a Interpol, intentos de extradición y cierres de cuentas bancarias.

Según González, citado por EFE, existe “toda una maquinaria estatal” orientada a reprimir a los nicaragüenses exiliados para que dejen de denunciar las violaciones de derechos humanos que, afirmó, ocurren a diario en Nicaragua. En su investigación, concluye que los principales blancos son periodistas apátridas y exiliados, defensores de derechos humanos, líderes de la sociedad civil y personas que se expresan públicamente en medios de comunicación y redes sociales.

“Ellos son los focos de la represión y lo ejecutan bajo diferentes maneras como el hostigamiento, la vigilancia, la toma de fotos, la persecución, los ataques físicos, o los intentos de extradición”, dijo González a EFE.

González afirma que algunos ataques pudieron prevenirse con investigaciones exhaustivas

El caso que más conmovió al autor fue el de Samcam, según relató a EFE, porque el exmilitar había advertido de antemano lo que ocurría. González dijo que Samcam alertó sobre “el uso de los canales diplomáticos para que vinieran infiltrados y células del régimen a perseguir a exiliados nicaragüenses” en Costa Rica.

El escritor añadió a EFE que Samcam también “fue dando las pistas de quiénes eran sus asesinos”, pero esas señales “no se tomaron en serio a pesar de que él continuamente reveló el trabajo de la dictadura para perseguir a los exiliados”.

Otro caso que, según EFE, impactó a González fue el del disidente Joao Maldonado, que sobrevivió a dos atentados en Costa Rica entre 2021 y 2024. El autor dijo a EFE que Maldonado resistió 13 disparos y lamentó que uno de esos ataques, ocurrido en 2021, no se investigara de forma exhaustiva y que solo ahora se esté acusando a uno de los implicados.

El libro busca que el lector advierta que esos crímenes y atentados se pudieron evitar si en los países donde ocurrieron se hubiera sentado un precedente jurídico, razonó González ante EFE.

Según EFE, el autor presentará la obra en Costa Rica el 12 de junio junto con Claudia Vargas, viuda de Roberto Samcam, y el abogado Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

El reencuentro de Kyle Adler y Ana María Navarrete en Santiago cerró una herida de más de tres décadas y devolvió esperanza a una familia fracturada por la historia de Chile. El joven, que hoy reside en Denver, supo hace pocos años que había sido robado en su infancia y adoptado ilegalmente en Estados Unidos. Tras largas gestiones, Adler abrazó por primera vez a su madre biológica y comenzó a reconstruir los lazos que la dictadura militar cortó de raíz.

La historia de Kyle es solo una pieza de una realidad mucho más amplia. Durante los años 70 y 80, miles de niños en Chile fueron arrancados de sus hogares y enviados lejos de sus familias.

Gracias a la colaboración de organizaciones como Connecting Roots y la tecnología de pruebas de ADN, la verdad salió a la luz. Madre e hijo compartieron una semana que, aunque breve, les permitió recuperar parte del tiempo arrebatado.

Niñez robada bajo la dictadura de Pinochet

Durante la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, operó una red de adopciones ilegales que afectó a sectores vulnerables. Las autoridades chilenas estiman que más de 20.000 menores fueron sustraídos de sus familias, la mayoría de bajos recursos o indígenas, y enviados al extranjero a través de procedimientos irregulares.

Los niños desaparecían en hospitales, consultorios y casas particulares, muchas veces con la complicidad de funcionarios, jueces, médicos y religiosas. El caso de Adler se inserta en este contexto.

Cuando tenía nueve meses, una cuidadora entregó al pequeño a un matrimonio estadounidense con la mediación de un sacerdote local. Ana María Navarrete, su madre, tenía solo 19 años y trabajaba jornadas largas en Coronel, una ciudad pesquera al sur de Santiago.

Al regresar a casa un día, su hijo ya no estaba. “Y ella se los dio”, recordó con dolor Navarrete ante AP News, aún sin obtener justicia por lo sucedido.

Una búsqueda marcada por la identidad y la resiliencia

Kyle Adler creció en un suburbio acomodado de Chicago, sin saber su verdadero origen. Sus padres adoptivos, Mike y Connie Adler, lo criaron con afecto y jamás sospecharon el trasfondo irregular de la adopción, según contó el propio Kyle: “Mis padres no me robaron. No me llamaron Kyle por malicia. Ellos me veían como la persona que querían que yo llegara a ser, y hay mucho amor que pusieron en eso”, expresó en diálogo con AP News.

La muerte de sus padres adoptivos en 2022 lo impulsó a buscar respuestas. Durante años, lidió con una crisis de identidad que lo llevó a terapia y a investigar sus raíces.

En 2017, halló la organización Nos Buscamos y contactó a su fundadora, Constanza Del Rio, quien a los pocos meses corroboró su historia y organizó un primer encuentro virtual con Navarrete.

La confirmación biológica llegó con un kit de ADN proporcionado por MyHeritage y Connecting Roots, aliados en la lucha por la reunificación de familias separadas por adopciones ilegales. La prueba demostró el parentesco y allanó el camino para el ansiado reencuentro en Chile.

El reencuentro y la reconstrucción de una familia

El reencuentro en el aeropuerto de Santiago de Chile fue un momento inolvidable para ambos. Vestidos de blanco, madre e hijo se abrazaron entre lágrimas, mientras las cámaras registraban el instante.

“Estoy tan feliz de conocerlo por fin, se cumplió mi sueño”, declaró Navarrete.

Durante una semana, recorrieron juntos los sitios que marcaron su historia: la playa de Coronel, el hospital donde nació Adler y la casa de donde lo sustrajeron. Recuperaron su acta de nacimiento original y el joven conoció a uno de sus cuatro hermanos. En Miami, antes del viaje, había visto a otra hermana y a una sobrina.

La familia compartió recuerdos, fotografías y objetos significativos. Adler llevó consigo su diploma de graduación y unos zapatitos de bebé que sus padres adoptivos conservaron durante décadas.

Pese a que Kyle no habla español, la tecnología y la ayuda de traductores de Connecting Roots facilitaron la comunicación.

El rol clave de las organizaciones y la tecnología

Organizaciones como Connecting Roots y Nos Buscamos desempeñan un papel central en la búsqueda de justicia y reparación. Estas entidades colaboran con plataformas de genealogía como MyHeritage para ofrecer pruebas de ADN gratuitas a víctimas y familias separadas.

La base de datos digital y el trabajo en red permitieron identificar casos y organizar reencuentros, mientras otras agrupaciones, como Grafting Hope, luchan en tribunales internacionales por los derechos de los afectados.

El fundador de Connecting Roots, Tyler Graf, también hijo adoptivo separado en dictadura, acompañó a Adler en su viaje y sintetizó el objetivo de estas acciones: “Ahora es momento de reparar estas familias y devolverles la posibilidad de saber de dónde vienen”, explicó a AP News.

Herramientas como estas han permitido que cientos de chilenos adopten un rol activo en la búsqueda de sus raíces y en la denuncia de las violaciones cometidas.

El contexto de las adopciones y la deuda pendiente del Estado

Las adopciones ilegales en Chile contaron con la participación de múltiples actores: agencias, funcionarios, jueces, enfermeras y médicos. Según el abogado y activista Jimmy Lippert Thyden González, otro niño robado en dictadura, “era un esfuerzo por erradicar a la clase pobre y a la población indígena”.

Muchas madres nunca volvieron a ver a sus hijos tras la primera consulta médica, ya que el sistema las dejó desamparadas.

A pesar de la magnitud de los crímenes, el Estado chileno no sancionó a los responsables ni implementó políticas integrales de reparación. La mayoría de las familias afectadas siguen esperando justicia.

Las heridas personales y la esperanza de justicia

Para Ana María Navarrete, el reencuentro trajo alegría, pero también revivió el dolor de los años perdidos. “Me tomó tanto tiempo encontrarlo. Y después de pasar una semana juntos, verlo partir es como perderlo de nuevo”, confesó entre lágrimas.

La madre espera que la familia pueda reunirse nuevamente en diciembre y anhela que los responsables reciban castigo: “Quiero justicia. No solo para mí, sino también para él, porque no sé qué vida tuvo”.

Adler, por su parte, busca reconciliar su identidad y superar las heridas del pasado. “No soy solo el hijo que perdiste. Soy el hijo que encontraste y ahora vuelvo a ser tu hijo”, expresó en una frase que resume el sentido de toda la lucha.

En la previa del Mundial 2026, Alberto Conejo Tarantini compartió, en diálogo con Infobae al Amanecer, un episodio que vivió durante la última dictadura militar, cuando se animó a interpelar a Jorge Rafael Videla por la desaparición de compañeros.

Ante la pregunta de si era cierto que alguna vez se le acercaron unos chicos y le pidieron por unos compañeros que estaban desaparecidos para hablar con Videla, el ex hombre de Boca Juniors respondió de manera tajante: “Sí, es verdad”.

El ex futbolista, campeón del mundo en 1978, relató la reacción del dictador: “Me dijo que me ocupara de lo mío y se dio media vuelta. Fue cuando entregaban los premios a las revelaciones del año. Se lo pregunté y me sacó directamente cagando”. Además, añadió: “Me preguntaron por unos chicos que habían desaparecido. Y bueno, después volvieron a aparecer...”.

El costo personal de ese acto fue alto. “Así me costó, después me prohibieron. Después del Mundial estuve prohibido para jugar en Argentina. Yo me tuve que ir porque había quedado libre en ese momento y no podía jugar en Argentina, no me podía quedar. O sea que me tenía que ir del país para seguir jugando”. En ese contexto, Tarantini apuntó además contra el por entonces presidente de Boca, Alberto J. Armando, a quien responsabilizó por su salida del club de la Ribera y su decisión de jugar en el exterior.

“Yo se lo adjudico al presidente de Boca en esos momentos (Armando), a la relación que tenía, que yo me tuve que ir”. Tarantini militó en Boca desde su debut en 1973 hasta que en 1978 emigró al fútbol inglés. Cuando le plantearon si relacionaba a los vínculos militares detrás de su salida forzada, fue tajante: “No lo vinculo, lo digo. Y lo vuelvo a repetir. Me tuve que ir. Quedé libre en Boca y me tuve que ir. Que me haya jugado en contra (el pedido a Videla) me da lo mismo, porque no existían para mí”.

El Conejo graficó el clima que se vivía durante la última dictadura cívico militar: “En esa época veías un auto Falcon y salías corriendo. Fueron momentos que yo pregunté y bueno… pero no me arrepiento de nada”.

Por otra parte, en la previa del Mundial 2026, Tarantini dio su visión sobre el favoritismo del equipo dirigido por Lionel Scaloni y los desafíos que enfrenta el plantel a pocos días del inicio del torneo. El ex deportista señaló que “Argentina es la campeona del mundo. Le tienen que ganar a la selección argentina. Por eso somos los candidatos número uno”, una definición que marca el tono de optimismo y presión que rodea al conjunto albiceleste, según recogió en el programa conformado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

También advirtió sobre los riesgos de caer en la autocomplacencia, recordando experiencias personales con la selección nacional. “Yo creo que tal vez no hay que cometer el error de relajarse un poco. Eso nos pasó a nosotros en el 82. Yo creo que el error más grande que tuvimos fue habernos relajado, creer que íbamos a repetir. Pero la prueba está que todo cambia y hay rivales muy importantes". Y luego, añadió: “Si vos me decís qué rivales a vencer y son los más difíciles, yo creo que España y Francia. Inglaterra también está ahí, o sea que está ahí agazapado, que puede en cualquier momento dar un golpe”, analizó.

Al referirse al presente del equipo nacional, el ex Boca Juniors subrayó la importancia de mantener la competitividad y el nivel mostrado en ciclos previos. “Yo creo que si Argentina sigue de la misma manera, después de haber ganado la Copa del Mundo, después de haber ganado la Copa de América, sigue jugando y sigue demostrando lo que es adentro de la cancha, creo que vamos a estar bien”, afirmó el campeón de 1978.

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el debate sobre la titularidad en el lateral izquierdo. Tarantini puntualizó: “Hoy yo creo que Argentina en ese sentido, el técnico usó muchas variantes, lo de Acuña, después poner mediocampista de ese lado. O sea que vamos a ver, vamos a ver cómo lo analiza, cómo lo pone. Tagliafico ha demostrado durante todo el tiempo que es el titular en ese puesto. Lo que pasa es que se usaron los dos, uno más adelantado, otro con más proyección ofensiva. Y yo creo que Argentina tiene buenos, buenos marcadores de punta”.

La defensa, según el ex futbolista, atraviesa un momento de incertidumbre por las lesiones en el sector derecho. “Lamentablemente ahora del lado derecho hay lesionados, hay jugadores que faltando muy poco tuvieron problemas. Ayer lo del Dibu Martínez, que te agarra y te dice: ‘Jugué con un dedo fracturado’”, relató el campeón mundial, mostrando preocupación por la condición física de los defensores y el arquero titular.

Tarantini también compartió una anécdota personal sobre la final del Mundial 78, que nunca volvió a mirar completa. “Nunca volví a ver la final. Una vez lo quise hacer con mi hijo y me empezó a decir: ‘¿Y por qué esto, y por qué lo otro?’. Y digo: ‘Basta’. Agarramos, apagamos la tele y listo. Me buscaba todos los detalles”, contó.

La comparación entre Rodrigo De Paul y su propia figura en el equipo campeón del 78 también formó parte del diálogo. Al ser consultado sobre el paralelo, por sus personalidades, Tarantini respondió con humor: “Yo era más habilidoso que él (risas). Es un jugador que marca una manera de jugar y de sentir el fútbol que lo ves en la cancha, que tiene el barrio adentro, te empuja, te reta, le habla al árbitro. Está metido los 90 minutos, y no afloja. Argentina tiene un poderío importante”.

Al analizar la dinámica del grupo, Tarantini remarcó la sintonía entre el cuerpo técnico y los futbolistas, trazando un paralelismo con el proceso liderado por César Luis Menotti en 1978. “Yo creo que la relación del entrenador y jugadores es muy parecida a la que teníamos con el Flaco Menotti nosotros”, expresó.

Vale destacar que el plantel albiceleste se instalará el 1 de junio en Kansas, donde tendrá su campamento durante el Mundial. Y antes del debut del 16 de ese mes frente a Argelia, en el Kansas City Stadium, jugará dos partidos amistosos. El sábado 6 de junio enfrentará a Honduras en el estadio Kyle Field, de Texas, y el martes 9 se medirá frente a Islandia en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama.

Como cada 20 de mayo, este miércoles saldrán miles y miles de personas por las calles de Montevideo en una nueva edición de la Marcha del Silencio, que cumple sus 30 años. La fecha recuerda los asesinato del diputado blanco Héctor Gutiérrez Ruiz y del senador frenteamplista Zelmar Michelini, así como de los ex militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, en Buenos Aires. Los crímenes ocurrieron en 1976.

Por las calles de Montevideo se nombrarán los nombres de los desaparecidos de la última dictadura y se escuchará la palabra “presente” cuando se mencione a cada uno de ellos. Este año la cantidad de víctimas de la represión trae una novedad: la cifra se actualizó desde 197 a 205. Los datos surgen de un informe presentado este mes por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) del país.

Hasta el 14 de mayo, el organismo recibió y relevó 326 denuncias de desaparición forzada en el período del terrorismo de Estado, tanto en Uruguay como en el exterior. De este total, 43 son casos aclarados ya sea por el hallazgo de los restos o por la certeza de su paradero. Otras 40 denuncias fueron descartadas por los investigadores.

Hay 243 investigaciones activas, de las cuales 162 son casos que efectivamente están siendo considerados por los investigadores. Existen 81, en tanto, que todavía están siendo analizadas y están en distintas etapa de avance.

Uno a uno, los casos incorporados a la lista de los desaparecidos

Luis Eduardo Bergés García: desapareció en 1982. Fue perseguido por el Servicio de Información de Defensa, que lo tenía fichado por su militancia en la Juventud del Partido Comunista. Estuvo detenido en la Colonia Penal de Viedma, en la provincia argentina de Río Negro. Es uno de los casos activos que se suma a la investigación.

Aldeber Elgart: desapareció en 1977. Vivía en Mar del Plata y militaba en el Partido Comunista argentino y en el Sindicato de Gastronómicos. Es uno de los casos activos que se suma a la investigación.

Antonio Cosimo Vulcano Díaz: desapareció en 1984. Era militante del movimiento guerrillero MLN-Tupamaros. Se exilió a Chile, donde continuó con su militancia. Fue enterrado en una fosa común como un NN, según la información que aportó el Ministerio de Defensa. Es uno de los casos activos que se suma a la investigación.

Modesto Orestes Caballero Osuna: desapareció en 1977. Era militante del Sindicato de la Unión de Tranviarios Automotores-Seccional Sud. Su caso está aclarado: sus restros fueron inhumados en el cementerio de Avellaneda y recuperados e identificados en 2012 por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Ángel Eduardo González Rodríguez: desaparecido en 1975. Era militante del MLN y de la Junta Coordinadora Revolucionaria. Su madre había viajado a Argentina para recuperar a su hijo y también fue secuestrada y desaparecida. Los restos de González Rodríguez fueron recuperados e identificados en 2006.

María Mercedes Hourquebiede Francese: desparecida en 1977. Fue una de los cuatro miembros de su familia que resultaron víctimas de la represión en Argentina. Se la acusaba de dar apoyo y resguardo a militantes de Montoneros. Sus restos fueron recuperados en el Cementerio de Avellaneda e identificados 10 años después.

Eduardo Rosado Galarza: desaparecido en 1984. Fue integrante del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química y luego militante del MLN-Tupamaros. Viajó a El Salvador y participó del conflicto armado en ese país. Sus restos fueron exhumados.

Miguel Ángel Sánchez Rodríguez: desaparecido en 1975. Fue militante del MLN e integrante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue parte del intento de copamiento del Batallón de Arsenales en la Provincia de Buenos Aires. Los servicios de inteligencia estaban en conocimiento de la acción por una infiltración. Más de 60militante fueron asesinados y enterrados en una fosa común.

La extradición y acusación contra Alex Saab, colombiano de 54 años que era uno de los hombres de confianza de Nicolás Maduro en la dictadura venezolana, sigue tomando importancia por las declaraciones que han entregado voceros del Gobierno transicional en ese país.

El 18 de mayo las autoridades en Estados Unidos notificaron a Saab sobre las acusaciones por lavado de dinero, que están relacionadas con un esquema de corrupción que se registró en recorridos de las cajas de alimento Clap en Venezuela.

Se presume que el barranquillero obtuvo contratos millonarios con la dictadura venezolana para el suministro de las cajas y medicinas importadas desde Colombia y México, lo que incluye pagos de sobornos de funcionarios venezolanos.

Saab pasó de ser un diplomático de la dictadura a un colombiano con documentos falsos

Alex Nain Saab Morán nació el 21 de diciembre de 1971 en Barranquilla, Colombia. De origen libanés, Saab se convirtió en una figura importante dentro del régimen venezolano en 2011, cuando firmó un convenio para suministrar partes de casas prefabricadas cuando Nicolás Maduro era canciller. Años más tarde se reveló que el empresario era en realidad el hombre clave dentro de una red de empresas registradas en paraísos fiscales a nombre de terceros, incluyendo su hijo, hermanos y otros aliados, logrando con ello presentar exportaciones ficticias por millones de dólares.

En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por su participación en varios enramados de corrupción, del que participaban miembros del círculo de Nicolás Maduro, en el que fiscales estadounidenses afirmaron se desviaron más de 350 millones de dólares de Venezuela a través de Estados Unidos.

La dictadura de Nicolás Maduro se refería al colombiano como un diplomático, asegurando que sus viajes a Irán eran para comprar alimentos y medicamentos, sumado a que fue nombrado embajador de Venezuela en África cuando se registró su captura en Cabo Verde.

La importancia de Saab en la dictadura era tal que en diciembre de 2023 fue intercambiado por presos políticos. En esa ocasión el régimen emitió un comunicado en el que celebraron el regreso del barranquillero a Venezuela.

“El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela celebra con júbilo la liberación y retornó a su Patria de nuestro diplomático Alex Saab, quien hasta hoy estuvo injustamente secuestrado en una cárcel estadounidense”, fue el comunicado publicado en ese momento.

Dos años y medio después, la situación es totalmente diferente, Saab fue extraditado a Estados Unidos por las autoridades venezolanas, mientras que voceros del Gobierno transicional, a pesar de que eran parte del régimen cuando Saab era funcionario, afirman que se trata de un colombiano que estaba en su país de manera irregular.

“Yo quiero decirle a Venezuela que cualquier decisión que asuma es por un interés, el de Venezuela. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela, pero son asuntos entre Estados Unidos y Alex Saab. El pueblo venezolano puede tener la confianza, el interés primario es Venezuela”, declaró Delcy Rodríguez, presidente (e) de Venezuela.

De la misma forma, Diosdado Cabello, que en la actualidad cumple funciones en el Ministerio del Interior en Venezuela, resaltó que Saab es colombiano.

“Ciudadano colombiano, quiero aclarar, Alex Saab no es venezolano, es de origen colombiano y presentó una cédula venezolana que no es legal, no tiene ningún tipo de sustento dentro del organismo que otorga la cédula de Venezuela”, declaró Cabello, que aseguró que, luego de una investigación con la que se confirmó la nacionalidad de Alex Saab, fue que su país tomó la decisión de enviarlo a Estados Unidos.

“Saquen la cuenta de cuándo comenzó la presencia de Alex Saab en Colombia, con esa cédula tuvo acceso a unas cosas. No hay ningún expediente que certifique que es venezolano, por eso tomamos la decisión de deportarlo de Venezuela”.

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, realizó este martes 28 de abril de 2026 en el Senado un fuerte pronunciamiento en el que denunció una escalada de violencia en el Valle del Cauca y el Cauca, acusando al actual Gobierno de “premeditar” los hechos y de utilizar la inseguridad con fines políticos.

Las declaraciones surgen tras reportes de ataques consecutivos en la región, que han generado inquietud en la opinión pública.

Durante su intervención, Cabal manifestó que “dos días seguidos de una matazón permanente, sin parar en el departamento del Valle del Cauca y en el Cauca. Qué casualidad tan grande, ¿no? Parece que todo fuera premeditado”.

Según la congresista, la responsabilidad recae en el actual Ejecutivo que, a su juicio, habría llegado al poder por medio de fraude electoral y acuerdos con sectores criminales. “Y sí, es premeditado por un gobierno que pactó ganar las elecciones con fraude y con apoyo del Pacto de la Picota. El país debe corregir el rumbo en estas elecciones”, sostuvo.

La senadora del Centro Democrático criticó la reacción de miembros del oficialismo ante los hechos violentos. “Más atroz ver un congresista del Pacto celebrando en una camioneta diciendo que el pueblo no tenía miedo, cuando al pueblo fue el que mataron en esas busetas, en esos colectivos, masacrados por un gobierno que le da estatus a los bandidos más peligrosos que tiene Colombia”, declaró.

Entre sus cuestionamientos, Cabal señaló la falta de acción frente a líderes de organizaciones armadas. “¿Cómo así que no agarran a Calarcá? ¿Cómo así que no agarran a Mordisco? ¿Cómo así que el tal Marlon hace lo que se le da la gana?”, preguntó la congresista.

La parlamentaria también criticó la política exterior del presidente Gustavo Petro, especialmente la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Aseguró que “Petro rompió las relaciones con Israel, con la mentira de que le dolían los muertos de la guerra. No le duelen los muertos de Irán, no ha roto relaciones con Irán, aquí sigue la embajada de Irán abierta. ¡Hipócritas!”

Cabal advirtió que la situación de orden público y seguridad afecta directamente a la población y responsabilizó al Gobierno de “dejar morir al pueblo, que lo único que quería era tranquilidad y seguridad”. Añadió que “ellos no son los dueños de los pobres como se dicen ser. Lo que hacen es empobrecer, arruinar una economía que quiere salir adelante”.

En su intervención, la senadora rememoró cifras del pasado para comparar la situación actual con gobiernos anteriores. “Colombia, durante el gobierno de Álvaro Uribe, pasó de 30 mil muertos a 12 mil”, mencionó, al tiempo que cuestionó la creación de instituciones como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), calificándola como “burocrática, mentirosa y falsaria”.

Según la congresista, la JEP “lo que quiere ahora es que le den más plata pa seguir inventando historias y seguir metiendo preso a la fuerza pública”.

La legisladora instó a los votantes a considerar el rumbo del país en las próximas elecciones. “Ojalá el pueblo colombiano entienda que esas falsas promesas del cambio tienen que corregirse en estas elecciones. Si perdemos la libertad... Duraremos 30, 40 años. Ahí sigue Cuba miserable. Ahí sigue la ciudad de La Habana, donde Juan Manuel Santos fue a hacer su pacto con el diablo”, expresó con vehemencia.

Cabal vinculó el deterioro de la seguridad al proceso de paz negociado en La Habana y a lo que describió como una alianza entre las élites políticas y la antigua guerrilla.

“El pacto de élites, la élite política colombiana que arruinó a las regiones de Colombia y las sigue arruinando, y la élite de las Farc, que de campesinos no tienen nada, son una empresa criminal transnacional”, afirmó.

La senadora advirtió que la violencia actual “es idéntica a la de México” y denunció la fragmentación del control territorial en manos de “cientos de grupos de traquetos”.

Planteó también preguntas sobre el impacto en la fuerza pública: “¿Cuántos miembros de la fuerza pública mueren o quedan sin extremidades? ¿Cuántos terminan presos por la narrativa de una fiscalía cómplice y perversa que le sirve a Gustavo Petro?”

En su cierre, Cabal reiteró su compromiso con la memoria histórica y la defensa de la institucionalidad. “Que la historia los juzgue, porque de mi parte seguiré encargándome de que no la cambien, no la tergiversen, no se inventen posconflicto, posverdad, ni más basura mental”.

Como parte del proceso de desclasificación de archivos históricos de la SIDE que está encarando el Gobierno, este martes se dio a conocer una segunda entrega, compuesta por 17 documentos, en un archivo digitalizado de 1419 páginas. Dentro del material revelado, se encuentra la publicación, en 1978, de un libro escrito por la propia central de inteligencia, en plena dictadura, para denunciar una “campaña de desprestigio” internacional.

Tras una primera entrega en la que se destacaron, entre otras revelaciones, la de los formularios utilizados para censurar libros y películas y cómo se organizaba la oscura Comisión Asesora de Antecedentes de la SIDE en la dictadura, en esta nueva tanda “se incluyeron decretos, informes y resoluciones que permiten profundizar la reconstrucción histórica” durante el período 1946 - 1983, destacó Cristian Auguadra, secretario de Inteligencia del organismo.

Lo más destacado de las nuevas revelaciones es que se hallaron las pruebas de que fue la propia SIDE la que en 1978 se encargó de la producción de Argentina y sus derechos humanos, un libro a través del cual, desde la fachada de la ficticia Asociación Patriótica Argentina, se denunciaba una presunta campaña de desprestigio internacional contra el gobierno militar.

En una guía que acompaña la difusión del material desclasificado, se informó que fueron halladas en el Fondo Documental SIDE dos ediciones del mismo libro, con “ciertas diferencias puntuales” entre ellos, pero con un contenido y formato similar.

La confección de la obra, escrita en castellano, inglés y francés, fue ordenada desde la oficina de Interior como parte del denominado “Operativo Editorial”.

El equipo de investigación del Archivo Histórico halló un Sumario Administrativo gracias al cual “pudo determinar que el Sr. Subsecretario ‘A’ (8-Interior) encomendó a un agente de la SIDE la confección, elaboración, edición y distribución de un libro relacionado con ‘el accionar de la subversión en el mundo y sus implicancias en la República Argentina’, denominado Argentina y sus Derechos Humanos.

Ello “implicó que un agente, bajo un nombre supuesto, integrara una asociación civil denominada Asociación Patriótica Argentina, actuando como secretario de prensa”.

“Para ello, se le brindó documentación personal y tarjetas institucionales. El agente, con esta cobertura, realizó entrevistas y mantuvo correspondencia con ‘familiares de fallecidos por la subversión’, organismos de derechos humanos, personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, imprentas, editoriales, medios de comunicación, dependencias estatales, etc. Según se desprende del sumario, el ‘Operativo Editorial’ tuvo asignada una partida presupuestaria entre 1979 y 1983″, se detalló.

Un mensaje que precede a la primera edición, fechado en septiembre de 1979, asegura que en la publicación “se hallan debidamente documentados los más significativos atentados terroristas que ha padecido la República Argentina desde 1969″ hasta ese momento.

“Se hace referencia también a algunos aspectos de la campaña que desde el exterior se realiza para desprestigiar a nuestro país, campaña que se desarrolla con gran despliegue publicitario; muy oneroso por cierto, pero con deformación maliciosa y mendaz de la actualidad y del pasado reciente”, afirma el texto firmado por “LOS EDITORES”.

El objetivo, según sus palabras, era el de “contrarrestar los injustificados ataques” que llegaban desde el exterior. “El pueblo argentino no merece el agravio que se le infiere”, explicaban.

Finalmente, en ese prólogo advertían a “otras naciones del mundo” sobre “quienes usan el terrorismo para instaurar gobiernos adictos a las ideologías marxistas”.

El oscuro libro: acusaciones, nombres y el gobierno en el lugar de la víctima

Ya en el inicio del libro, aparece un mensaje perturbador: “El producto neto de la venta de este libro será destinado a atender la educación de los huérfanos de padres víctimas de la delincuencia terrorista en la República Argentina".

La obra escrita desde y por la central de inteligencia está dedicada “a los héroes y mártires que ofrendaron el tributo generoso de sus vidas como testimonio de supremo renunciamiento en aras de un irrenunciable ideal de libertad”. Y también “a sus madres, a sus viudas, a sus inocentes huérfanos”.

En ese mismo sentido, el primer contenido informativo es una “lista de civiles asesinados por terroristas”, diferenciados en “políticos”, “empresarios”, “gremialistas”, “periodistas”, “funcionarios”, “diplomáticos”, “abogados”, “empleados”, “dirigentes estudiantiles” y “profesor universitario”.

La nómina no se queda allí, sino que se pone más específica, con las categorías “víctimas de atentados terroristas en lugares públicos”, “subversivos ‘ajusticiados’ por intentar desertar de Montoneros al comprobar el engaño en que habían caído”, “esposas de militares asesinadas junto a sus maridos” y “niños”. En algunos de los casos mencionados, con duras descripciones de las muertes mencionadas, sobre todo de las de los menores de edad.

Siguiendo con los listados de víctimas, luego aparecen las del “Ejército”, la “Marina”, la “Fuerza Aérea”, la “Policía Federal Argentina”, la “Policía de la provincia de Buenos Aires”, “Policía de otras provincias”, “Servicio Penitenciario Federal” y Gendarmería. El total de asesinados mencionados con nombre y apellido en esa primera edición del libro es de 649 -en la segunda, solo figuran los nombres, sin descripciones ni cifras totales-.

El prólogo con el que sigue el libro comienza con una mentira que oculta tanto a los autores reales como sus intenciones: “Indignados, hartos de comprobar cómo cierta prensa extranjera deforma permanentemente la realidad de nuestro país, un importante grupo de ciudadanos nucleados en la Asociación Patriótica Argentina presenta a la opinión pública mundial este documento. Pretendemos que se sepa cuál es la verdadera historia del terrorismo en la Argentina”.

“Generosamente pretendemos transmitir a todos los pueblos hermanos y, en especial, a aquellos que han empezado a sufrir en sus propios suelos la agresión de la subversión marxista internacional, la triste experiencia que nos tocara vivir a los argentinos, gracias a Dios ya superada”, continúa.

El mensaje, en el que ya comienza a vislumbrarse cómo se apunta contra organismos de derechos humanos como la Cruz Roja Internacional y Amnistía Internacional, sigue: “Creemos en la verdad y que ella termine por imponerse a todo, aunque se trate, en lo que a la Argentina respecta, de una insidiosa conjura basada, en la deformación sistemática de los hechos, deformación que es alimentada por los mismos delincuentes terroristas que se pasean por el mundo con sus bolsillos repletos de dólares, luego de haber huido de nuestro país”.

Para los ghost writers de la SIDE, “la falsificación inventada por la propaganda marxista ha producido confusión y cierta agitación internacional”, y apuntaron que “una vez más el imperialismo rojo utilizó su arma psicológica predilecta; la ciencia de la discordia, el arte de la descomposición, la técnica de la mistificación”.

Con citas textuales de Lenin y Mao Tse-Tung, afirmaron: “Todas las bandas terroristas que intentaron hacer estallar nuestro país se jactaron, sin ningún embozo, de su pertenencia ideológica al marxismo-leninismo, como lo continúan haciendo sus órganos clandestinos de propaganda”.

“Por lo tanto, el presente documento que ofrece la Asociación Patriótica Argentina ha sido impreso con el propósito de aportar con crudeza las evidencias de una experiencia similar a las padecidas por los rehenes asesinados en la embajada Saudita de Kartum y las víctimas de la matanza de Múnich y de la masacre del aeropuerto de Lod. Y que, de no conjugarse a tiempo, hubiera finalizado en genocidios como los de Katyn, Auschwitz y Hungría”, compararon sin sonrojarse en el final del prólogo.

Ya oficialmente en el cuerpo del libro, el inicio plantea un panorama referido al “terrorismo en el mundo”, con ejemplos de atentados en otros países y utilizando como eje palabras del papa Paulo VI, con una frase que se refería a ese convulsionado tiempo como la “tempestad de la Historia de la Humanidad”.

Incluyen mapas y hasta una “sinopsis del terrorismo marxista en el mundo”, que comienza en 1920 e incluye, año por año y para cada país latinoamericano, los nombres de las organizaciones que consideraban “movimientos subversivos”. También hay una lista de “organizaciones terroristas que actualmente conmueven al mundo”.

Un breve repaso del “terrorismo en Argentina” comienza contando que “en 1959, los sectores marxistas liderados por John William Cooke en el peronismo ya mantenían directos contactos con Cuba” y el inicio de lo que consideraron el inicio del desarrollo de las organizaciones subversivas armadas en el país.

En la segunda edición, esa “historia terrorista” estaba más desarrollada y culminaba con un listado de “principales responsables (aún prófugos) del genocidio argentino”. Solo mencionaban a políticos y miembros de organizaciones armadas que combatían a la dictadura.

Con un título irónico, el libro prosigue con un “Curso abreviado para destruir la imagen de un país” y los “requisitos a cumplir para preparar una buena campaña de desprestigio de un país”.

Entre esos “requisitos”, los más destacados eran:

• “Saber inventar historias de torturas, violaciones en las más variadas formas, etc.. Cuanta mayor imaginación se tenga más truculenta resultará la historia y más despiadadamente aparecerán agraviados los derechos humanos”.
• “Crear organizaciones de carácter internacional y nacional para que se ocupen de ‘defender’ los derechos humanos. Si ya están creadas, asegurarse su ‘colaboración’”.
• “Lograr un buen apoyo de agencias de noticias y corresponsales extranjeros”.

Para los autores, el objetivo de “los delincuentes subversivos” era “impedir que se concrete el Proceso de Reorganización Nacional” encarado por las Fuerzas Armadas en el país.

En ese sentido, hacían mención, por primera vez en el libro, del aprovechamiento del Mundial de 1978 como “acontecimiento de repercusión internacional para difundir lo más ampliamente posible una imagen negativa del país”, una “imagen que dé sensación de inseguridad, temor y de constantes peligros para el que nos visite como turistas o para quienes estén dispuestos a radicar industrias o invertir capitales en nuestro país”.

Desde la SIDE (encubierta como Asociación Patriótica Argentina) les apuntaron principalmente como responsables de la “campaña de desprestigio” al Comité Internacional de la Cruz Roja, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones.

“El Comité Internacional de la Cruz Roja se ha convertido en un polo aglutinador del ‘frente de familiares de presos’ terroristas, con el fin de acumular fuerzas para lanzar contra Argentina ataques de nivel crecientes bajo el pretexto de denunciar violaciones a los llamados ‘derechos humanos’”, se denuncia en el libro.

Pero fueron más allá: sin el más mínimo cuidado por ocultar los trabajos de inteligencia realizados contra las personas apuntadas, publicaron las fotos y hasta los domicilios en Buenos Aires de los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja Rolf Jenny, Teresa Muñoz y Romaine Tissiere, así como también de varios de sus colaboradores.

“Nunca se supo que Rolf Jenny o Walter Meyer o Teresita Muñoz o Romaine Tissiere o el Comité Internacional de la Cruz Roja o la misma Cruz Roja Argentina se preocuparan por los derechos humanos de las víctimas de la subversión ni por sus huérfanos ni por sus viudas. Ni por sus padres. Ni por sus hogares destrozados”, escribieron en mayúsculas, en un agresivo mensaje.

Desafiaban directamente “a Rolf Jenny y a toda su pandilla”.

El texto creado en la central de inteligencia estatal continuaba describiendo atentados y hasta “ajusticiamientos de terroristas por parte de otros terroristas”.

No siempre en el libro los agentes encubiertos lograron disfrazar su lugar dentro del gobierno, como en este párrafo escrito insólitamente en primera persona: “Así es como nacen y se difunden escalofriantes y tremebundas historias cuya autoría nos adjudican. Así es como surgen las incongruentes movilizaciones en favor de los derechos humanos (únicamente de los terroristas y no de los de las otras personas que ellos asesinan) y contra la imagen de un gobierno que, precisa y ansiosamente, desea asegurarle a su pueblo una sociedad donde el crimen, la violencia, el atropello no formen las bases de la vida diaria; donde la circulación de las balas no sustituya el libre flujo del pensamiento; donde los triunfos electorales no se obtengan a expensas de las ideas, sino a partir de ellas”.

El libro acusa incluso a Naciones Unidas de haberles brindado 3,2 millones de dólares a “terroristas” en calidad de “refugiados”.

“El auge del terrorismo a nivel mundial hace necesario un estudio profundo de cada uno de los problemas tanto en lo que respecta a los derechos humanos como al problema de los refugiados, para no caer ingenuamente en el juego de la subversión marxista-leninista”, acusaban.

Fotos de cadáveres y relatos de terroristas

En un apartado de la obra de la SIDE, se observa una serie de fotografías de cadáveres de víctimas de atentados cometidos por grupos armados. Son imágenes crudas, sin filtro, con el único fin de impactar al lector, de horrorizarlo.

También se incluyen fotos de algunas de las “cárceles del pueblo” de Montoneros, donde mantenían secuestrados, “juzgaban” y ejecutaban a militares y enemigos.

Por otro lado, compartieron el relato de Mario Firmenich y Norma Arrostito del asesinato del Teniente General Pedro Eugenio Aramburu en la revista de Montoneros La causa peronista.

Pero el golpe más bajo de la publicación llega con el nombre “Inocentes criaturas víctimas de la demencial furia homicida de los terroristas argentinos”.

Allí, se cuentan historias de niños muertos en medio de atentados terroristas, como el caso de Juan Eduardo Barrios, de 3 años. “Un niño que aún no había aprendido a deletrear la palabra Patria y mucho menos la palabra Justicia, porque la seguridad, para él, era simplemente la mano de su madre”, lo presentaron.

La mención al “boicot” al Mundial de 1978

“Para llamar la atención del mundo, los terroristas marxistas asesinaron al presidente del Comité Organizador del Mundial 78, General Ornar ACTIS. Este episodio tuvo una sola explicación. Muy clara. Muy directa. El terrorismo subversivo buscó con ese asesinato sumar argumentos negativos a la campaña de desprestigio internacional para la Argentina, tratando de demostrar que en nuestro país se vive un clima de terror e inseguridad. Con ello, obviamente, se persiguió el objetivo de lograr que el país perdiera la condición de sede de tan importante evento deportivo mundial”, se indica.

Si bien el asesinato de Actis fue adjudicado de manera inmediata a Montoneros por la dictadura, la organización armada negó siempre la acusación. Distintas investigaciones posteriores incluso apuntan a un posible enfrentamiento interno en la cúpula militar y que podría haber sido la Armada, con Carlos Alberto Lacoste, la responsable del homicidio.

En el libro, cuentan que “un tiempo después del mencionado asesinato, numerosos funcionarios argentinos y extranjeros de variados niveles comenzaron a recibir una curiosa tarjeta. Se trata de una imitación del logotipo adoptado por los organizadores para identificar el Mundial 78, con agregados que delatan la mano de la subversión. En efecto, las tarjetas, de costosa impresión y a varios colores, llevan leyendas agresivas enmarcando el logotipo con alambre de púas atado. Estas tarjetas preferentemente fueron despachadas desde Italia”.

Luego, al referirse a dirigentes socialistas europeos, como el francés François Miterrand, dejaron mensajes amenazantes tras invitarlos a visitar el país y a no creerles a los “asesinos que se han escapado de nuestro país”: “¡Por amor de Dios! ¡Cuídense...! ¡...no vaya a ser que cualquiera de estos días los secuestren y aparezcan en un camino con el cuerpo acribillado a balazos!“.

También se desarrolla la idea de intentos de boicot a un Congreso Internacional de Cancerología convocado por la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) y al Mundial de Hockey sobre césped que se realizó en el país en 1978, unos meses antes que el de fútbol.

Todo empezó con una canción. Eran las 22.55 del 24 de abril de 1974 cuando la Rádio Emissores Associados de Lisboa puso al aire “E depois do Adeus”, la balada con la que Paulo de Carvalho había representado a Portugal en el Festival de Eurovisión apenas unos días antes. Era, en apariencia, una canción inocua, melancólica, sin nada político para decir.

Pero en distintos cuarteles de todo el país, los soldados del Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) escucharon la canción y supieron que esa era la primera señal. Era la hora de empezar a prepararse. El plan que habían elucubrado durante meses, en la clandestinidad y con el miedo permanente de ser descubiertos, estaba a punto de ponerse en marcha.

Una hora y media después, a las 00.25 del 25 de abril, la Radio Renascença emitió la segunda señal. Esta vez era “Grândola, Vila Morena”, compuesta por el músico José Afonso y prohibida por el régimen gobernante porque en ella se cantaba a la fraternidad entre los hombres y a la importancia de escuchar la voluntad del pueblo.

Era, por todo eso, una canción que el llamado Estado Novo había decidido que los portugueses no podían escuchar. Y sin embargo ahí estaba, sonando en los parlantes de una radio nacional. Para los oficiales del Movimiento de las Fuerzas Armadas fue la confirmación definitiva: había que derrocar a la dictadura que llevaba casi cincuenta años imponiéndose en Portugal.

Medio siglo de censura y represión

El régimen que se autodenominaba Estado Novo (Estado Nuevo) se había instalado en el poder en 1926, cuando un golpe militar interrumpió la Primera República portuguesa. Seis años después, António de Oliveira Salazar, un economista austero y profundamente católico, se convirtió en primer ministro y transformó a Portugal en una dictadura que combinaba el catolicismo conservador, el nacionalismo imperial y la represión sistemática de cualquier disidencia.

Salazar construyó un Estado que controlaba casi todo: la prensa, los sindicatos, la vida cultural, la educación. Creó la PIDE, la Policía Internacional y de Defensa del Estado, una fuerza de seguridad que tenía informantes en todas partes y que usaba la tortura y el encarcelamiento arbitrario como herramientas habituales de gobierno. Quienes se oponían al régimen podían terminar presos, exiliados o desaparecidos. Durante décadas, el terror funcionó.

Pero en 1968 Salazar sufrió un accidente que le provocó un hematoma cerebral y tuvo que dejar el gobierno. Murió dos años después, en 1970. Su sucesor, Marcelo Caetano, llegó con promesas de apertura y modernización que nunca se pusieron en marcha. Los popes del régimen se encargaron de abortar cualquier reforma real: la inercia del Estado Novo y el poder intacto de la PIDE garantizaban que nada cambiara.

Portugal era, a principios de los setenta, el país más pobre de Europa Occidental. El resto del continente atravesaba el boom económico de la posguerra, su clase media crecía. Pero Portugal se quedaba atrás. La emigración era desesperada: cientos de miles de portugueses se habían ido a Francia, a Alemania, a Venezuela, a Canadá, a Estados Unidos. Los que se quedaban lo hacían sin muchas alternativas ni esperanzas. Y padecían, además, una guerra sin fin.

Trece años de guerra que nadie podía ganar

Desde 1961, Portugal combatía en tres frentes africanos al mismo tiempo. En Angola, en Mozambique y en Guinea-Bissau, los movimientos de descolonización que recorrían el continente africano habían prendido también contra el Imperio colonial portugués. El régimen respondió con las Fuerzas Armadas porque consideraba que las colonias eran algo así como un elemento sagrado de la identidad nacional, algo que había que defender a cualquier costo. El problema era que ese costo crecía sin parar.

Portugal destinaba más de la mitad de su producto bruto interno a sostener esas guerras. Mandaba a sus jóvenes a combatir en selvas y desiertos de los que muchos no volvían: más de ocho mil soldados portugueses murieron en los conflictos africanos entre 1961 y 1974.

El malestar dentro del Ejército se fue acumulando en silencio durante años. Los oficiales medios eran los que pagaban el precio más alto: eran enviados constantemente a África, con escasos recursos, en medio de ascensos que el gobierno otorgaba de manera arbitraria y que privilegiaban a los que el régimen consideraba más confiables por sobre los que tenían méritos de campaña.

En febrero de 1974, el general António de Spínola, que había servido en Guinea-Bissau y había visto de cerca la imposibilidad de ganar aquella guerra, publicó un libro que se llamaba Portugal e o futuro (Portugal y el futuro). En el texto, Spínola sostenía con claridad que el país no debía continuar la guerra en África sino buscar una solución política. El régimen lo consideró directamente una herejía. Marcelo Caetano destituyó a Spínola inmediatamente.

Ese error, el de intentar sacar del juego a un general respetado y con enorme influencia en las Fuerzas Armadas, le costaría carísimo al Estado Novo porque terminó por empujar a muchos oficiales que todavía dudaban a acercarse al Movimiento de las Fuerzas Armadas.

Una conspiración en las sombras

El MFA había nacido en secreto en 1973, al principio como una agrupación de oficiales preocupados por cuestiones profesionales: los ascensos injustos, las condiciones de servicio, la exposición permanente al combate sin perspectivas de mejora. Pero rápidamente, a medida que se fueron conociendo, su agenda se fue politizando. La guerra era injusta. El régimen era ilegítimo. Portugal necesitaba cambiar.

En diciembre de 1973 empezaron a planear lo que vendría. La conspiración creció. A fines de 1973, la PIDE ya sabía que algo se estaba gestando dentro del Ejército, pero no pudo frenarlo. El 16 de marzo de 1974 hubo un primer intento: un grupo de oficiales del MFA buscó encabezar la sublevación de un regimiento de infantería en Caldas da Rainha, a noventa kilómetros de Lisboa, para marchar sobre la capital.

El Levantamiento de las Caldas fracasó ese mismo día. El régimen respondió con una ola de espionaje, detenciones y traslados. Lejos de amedrentarlos, ese fracaso convenció a los jefes del MFA de que había que acelerar el proceso. Que no podían darse el lujo de dar tiempo a que el régimen los desarticulara. Decidieron que usarían canciones como señales para poner el plan en acción cuando llegara el momento.

Una noche que cambió a un país

A las 22.55 del 24 de abril de 1974, el periodista João Paulo Diniz leyó la presentación de “E depois do Adeus” en la Rádio Emissores Associados y la canción salió al aire. En cuarteles de Lisboa, Santarém, Oporto, Braga, Faro y otras ciudades, los oficiales del MFA empezaron a moverse en silencio. A las 00.25 del 25 de abril, la Radio Renascença emitió “Grândola, Vila Morena”. Fue la orden definitiva.

A la una de la madrugada, las guarniciones de las principales ciudades del país empezaron a ocupar aeropuertos, aeródromos e instalaciones gubernamentales. Unidades de la marina de guerra tomaron el control de los puertos del Atlántico, de Madeira y de las Azores.

Los “capitanes de abril” —como se conocería después los oficiales del MFA— emitieron llamados radiofónicos pidiendo a la población que se quedara en sus casas y a la policía que no se opusiera a las tropas rebeldes. Nadie acató el primer pedido. Al amanecer, miles de civiles salieron a la calle a mezclarse con los soldados.

A las cuatro de la madrugada, el gobierno de Caetano tomó conocimiento de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Ordenó a sus fuerzas que detuvieran a los rebeldes. Nadie obedeció. A las nueve de la mañana del 25 de abril, el MFA controlaba todos los puntos clave del país. Caetano y su gabinete, incapaces de contener la situación, se refugiaron en el cuartel del barrio del Carmo, en Lisboa.

El capitán Salgueiro Maia, que había salido de Santarém al frente de las fuerzas de la Escuela Práctica de Caballería y había ganado la adhesión de más tropas en el camino, cercó el Carmo con sus tanques y una multitud de manifestantes. A las 14.30 le presentó a Caetano un ultimátum para que se rindiera antes de las 16.00.

Caetano pidió rendirse ante un oficial de alta graduación. Llamaron al general Spínola, el mismo que el régimen había destituido dos meses antes por atreverse a decir que la guerra en África no tenía sentido. A las 19.30 de ese 25 de abril, Marcelo Caetano entregó el poder. Acababan de terminar cuarenta y ocho años de Estado Novo, la dictadura más longeva de la Europa moderna.

Celeste, la chica de los claveles

Nadie los había planeado. Y aún así, los claveles serían el detalle que le daría nombre a una de las revoluciones más recordadas del siglo XX. Aparecieron en escena sin premeditación y se convirtieron en un símbolo. Estuvieron allí porque era temporada de claveles en Portugal y porque una joven llamada Celeste Caeiro los tenía en la mano en el momento indicado.

Celeste era moza y esa mañana había comprado varios ramos de claveles para repartirlos en el restaurante donde trabajaba porque el negocio celebraba su primer aniversario. La revolución ocupando Lisboa canceló el festejo, así que Celeste salió a la calle con las flores que ya no serían para ningún comensal.

En la plaza del Rossio, al inicio del Largo do Carmo, un soldado asomado desde un tanque le pidió un cigarrillo. La joven no tenía cigarrillos pero tenía claveles. Le dio uno. El soldado lo metió en el cañón de su fusil. Sus compañeros vieron el gesto y repitieron la acción: claveles en los fusiles, por toda la ciudad, como el símbolo de que no querían disparar. De que esa revolución no se proponía matar a nadie, sino terminar con la muerte de la guerra.

La PIDE, la policía secreta del régimen, fue la única que resistió. Disparó contra los civiles que se habían concentrado frente a su sede. El único derramamiento de sangre de aquel día histórico fue de parte del régimen dictatorial: cuatro personas murieron. Sus nombres eran João Arruda, Fernando Reis, Fernando Giesteira y José Barneto.

Un año frágil

Los meses que siguieron al 25 de abril fueron caóticos. Portugal vivió una ebullición política sin precedentes: los partidos que habían estado prohibidos salieron a la luz, los sindicatos recuperaron su derecho a existir, los presos políticos fueron liberados, la prensa pudo hablar.

Pero también hubo feroces internas entre las distintas facciones que competían por orientar el rumbo del país: moderados, comunistas, militares con distintas visiones, civiles que querían la democracia y otros que querían algo más radical.

La Junta de Salvación Nacional, liderada por Spínola, gobernó en los primeros meses hasta que nuevas tensiones la desplazaron. Hubo intentos de golpe desde distintos sectores. Se habló de guerra civil. Portugal estuvo, en varios momentos de ese año turbulento, en un equilibrio muy frágil.

En abril de 1975, exactamente un año después de la revolución, Portugal celebró sus primeras elecciones legislativas libres en más de cincuenta años. Participó el 91,7 por ciento del padrón electoral, uno de los porcentajes de participación más altos que registraba el continente europeo en esa época.

En 1976 se aprobó una nueva Constitución que estabilizó la democracia y la volvió irreversible. La constitución de 1976 supuso también la consolidación de las libertades fundamentales que el Estado Novo había negado durante décadas: libertad de expresión, libertad sindical, derecho de huelga, sufragio universal.

El fin de un imperio

La revolución no fue solo el fin de una dictadura, sino también el fin de un imperio. Portugal concedió la independencia a Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental. Más de quinientos años de presencia colonial portuguesa en África y Asia llegaron a su fin.

El régimen que durante décadas había justificado la guerra en África como defensa de la identidad nacional entregó el poder a los pueblos que reclamaban gobernarse a sí mismos. Fue el gesto más contundente de aquella revolución que no disparó ni un tiro.

El 25 de abril es hoy el día más importante del calendario cívico de Portugal. En un siglo XX plagado de golpes que simplemente cambiaron la cara del autoritarismo, la Revolución de los Claveles fue una anomalía extraordinaria.

“Grândola, Vila Morena” todavía se escucha en Portugal cada 25 de abril. Suena en la radio, en las plazas, en los actos conmemorativos. Y cada vez que suena, el pueblo portugués recuerda lo que significó escucharla por primera vez aquella madrugada de 1974: que la dictadura tenía las horas contadas, que la guerra interminable iba a terminar, que algo que llevaba casi toda una vida pesando sobre el país estaba por fin a punto de romperse.

Distintos expertos en diferentes ocasiones han calificado a Nicaragua como la Corea del Norte de Latinoamérica. En los últimos días, tanto el informe de V-Dem 2026 como el índice de democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist han colocado al país como el más cerrado y autocrático de América, compartiendo el sótano a nivel mundial con regímenes como Myanmar, Corea del Norte y Eritrea.

El Democracy Report 2026 del V-Dem Institute, de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, coloca a Nicaragua en el puesto 175 entre 179 países en el Índice de Democracia Liberal. Su puntuación es de 0.02. En esa tabla solo aparecen peor Myanmar, Corea del Norte y Eritrea, mientras Afganistán queda apenas un escalón arriba o a la par, según el componente que se observe.

El informe V-Dem dice que en Nicaragua Daniel Ortega y el FSLN “socavaron la calidad de las elecciones, abolieron los límites a la reelección presidencial y cerraron o silenciaron a la oposición, a los medios y a las organizaciones civiles”. Añade que la Constitución aprobada en 2025 “cimentó aún más su poder”.

El índice de democracia 2025 de la Unidad de Inteligencia de The Economist, publicado esta semana, llega al mismo foso por otra ruta. Mide el deterioro acumulado desde 2011 hasta 2025. Y ahí Nicaragua aparece como el país que más ha empeorado en democracia en el mundo.

Su puntaje general es de 1.97, dentro de la categoría de “régimen autoritario”, y el desplome se concentra en tres zonas decisivas: procesos electorales y pluralismo, participación política y libertades civiles.

Corea del Norte de América Latina

La politóloga guatemalteca Gloria Álvarez advirtió este desplome desde 2017 cuando bautizó a Nicaragua como “la Corea del Norte de América Latina”.

Álvarez señalaba entonces los riesgos del “absoluto compadrazgo” entre el sector empresarial y el régimen, una sociedad de conveniencia que, a su juicio, bloqueó la aparición de élites con voluntad real de confrontar el poder.

Para Álvarez, Ortega aprendió de sus errores de los años ochenta y dejó de pelearse con todos a la vez. En vez de eso, negoció, cooptó y administró un orden de miedo más silencioso. Lo definió como un “dictador del socialismo del siglo XXI, pero con maestría y doctorado”.

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla reaccionó en términos similares cuando en 2021, Daniel Ortega y Rosario Murillo cerraron cualquier salida electoral a la crisis del país y apresaron a todos los candidatos de oposición y proscribieron los partidos políticos que les podían hacer competencia.

“Cada vez es más claro que Nicaragua es la Corea del Norte de América Latina, si no es que la está superando por creces en un régimen despótico, un régimen cargado también de nepotismo, claramente, y un régimen cada vez más aislado de la comunidad internacional”, expresó en esa ocasión en entrevista a la plataforma Confidencial.

Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, también hizo la comparación con la dictadura asiática en febrero pasado. “Hoy Nicaragua es la Corea del Norte de nuestro hemisferio, el país más represivo que hay en nuestra parte del mundo”, dijo.

Pappier señaló dos fenómenos nuevos incorporados en 2025: la Constitución que legalizó la concentración absoluta del poder en la presidencia compartida de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y la profundización de las denuncias de represión transnacional, incluida la muerte de Roberto Samcam en Costa Rica y los señalamientos del Grupo de Expertos de la ONU sobre acoso y persecución más allá de las fronteras.

Para el nicaragüense Douglas Castro, especialista en Ciencias Políticas, la comparación con Corea del Norte sirve para dimensionar el cierre del espacio cívico, aunque aclara que formalmente Nicaragua sigue celebrando elecciones multipartidistas y por eso algunos índices todavía no la catalogan como autocracia cerrada.

Considera que colocar a Nicaragua en esos listados le genera un sentimiento “positivo”. “Ayudan a darle magnitud real a lo que pasa”, dice. En Europa, agrega, se habla mucho de Viktor Orbán (Hungría) o de Recep Tayyip Erdogan (Turquía) como ejemplos de autoritarismo, pero “ya nos gustaría tener (en Nicaragua) la situación que tienen en Hungría o en Turquía”, ironiza.

Castro sostiene que Nicaragua ha rebasado incluso a otros autoritarismos latinoamericanos como el venezolano antes de 2026 y frente a la Cuba actual. En Cuba menciona a la periodista Yoani Sánchez y a 14ymedio. En Venezuela recuerda que todavía hay periodistas informando desde la calle y organizaciones de derechos humanos como Provea trabajando. En Nicaragua, en cambio, “los medios de comunicación independientes y los organismos de derechos humanos como el Cenidh o la Comisión Permanente de Derechos Humanos fueron pulverizados”.

Define al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como “una dictadura dinástica con vocación totalitaria”. Considera que la dictadura de Nicaragua no es solo un problema de los nicaragüenses sino un peligro “para los vecinos, la región y el mundo” porque los comportamientos autoritarios, si tienen éxito, tienden a replicarse.

En ese mismo sentido, la expresidenta Chinchilla sostiene que la comunidad internacional está llamada a actuar. “Tenemos que tratar de hacer algo nosotros. Sí podemos actuar en apoyo a la sociedad civil nicaragüense incluyendo los medios de comunicación independiente y a todo tipo de organización a la que podamos amparar a través de nuestra voz y a través de algunas gestiones que podamos hacer”.

Ortega-Murillo vs. Kim

Los expertos coinciden en las siguientes comparaciones entre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la dictadura de los Kim, en Corea de Norte:

1. Poder absoluto concentrado en una familia. En ambos casos, el Estado y el gobierno se confunden con una dinastía. En Corea del Norte, la línea Kim ha gobernado por tres generaciones. En Nicaragua, Ortega ha construido un esquema familiar donde Murillo ejerce poder ejecutivo real y se coloca como la heredera del poder mientras los hijos controlan medios, negocios y operadores políticos.

2. Eliminación total de la competencia política. No hay elecciones competitivas. En Nicaragua se cancelan partidos, se inhabilita o encarcela a candidatos y se expulsa a opositores. En Corea del Norte no hay vía institucional para disputar el poder.

3. Estado policial y vigilancia extendida. Ambos regímenes descansan en aparatos de seguridad que penetran la vida cotidiana. En Nicaragua, policía, inteligencia y estructuras parapoliciales vigilan, intimidan y detienen sin garantías. En Corea del Norte, la vigilancia es aún más total, con redes de informantes en barrios y centros de trabajo.

4. Criminalización del disenso. La crítica política se convierte en delito. En Nicaragua, leyes amplias sobre “traición”, “ciberdelitos” o “agentes extranjeros” permiten encarcelar a opositores, periodistas y sacerdotes. En Corea del Norte, cualquier desviación ideológica es castigada con prisión o campos de trabajo.

5. Propaganda omnipresente y culto al liderazgo. La comunicación oficial gira en torno a la figura del líder. Corea del Norte tiene un culto total a la familia Kim. Nicaragua, sin llegar a ese nivel de ritualización, ha construido una narrativa permanente alrededor de Ortega y, sobre todo, Murillo, con mensajes diarios, simbología y control del relato público.

6. Control o destrucción de medios independientes. En Nicaragua se han confiscado redacciones, cerrado radios y forzado al exilio a periodistas. El ecosistema informativo interno quedó prácticamente bajo control oficial. Corea del Norte no permite prensa independiente. En ambos casos, la ciudadanía recibe la versión de la realidad que el régimen quiere dar.

7. Aislamiento internacional progresivo. Corea del Norte es un caso extremo de aislamiento. Nicaragua no llega a ese nivel, pero se mueve en esa dirección: ruptura con organismos, expulsión de misiones internacionales, conflictos con gobiernos democráticos y acercamiento a aliados autoritarios. Es un aislamiento político, aunque no total en lo económico.

8. Uso del exilio como mecanismo de control. Expulsar ciudadanos o empujarlos a irse funciona como válvula de escape y castigo. Nicaragua ha desterrado a opositores, desnacionalizado críticos y provocado olas migratorias. Corea del Norte, en cambio, impide salir; pero cuando alguien escapa, la represalia alcanza a su familia. En ambos casos, el movimiento de personas es un instrumento de poder.

9. Sistema legal subordinado al Ejecutivo. No hay independencia judicial. Los tribunales en Nicaragua actúan alineados con el poder político en casos sensibles. En Corea del Norte, la justicia es abiertamente un brazo del régimen.

10. Economía capturada por el poder político. En Corea del Norte, el Estado controla la economía casi por completo. En Nicaragua existe sector privado, pero con creciente presión, confiscaciones selectivas y privilegios para grupos cercanos al poder.

11. Reescritura de la historia y control de la memoria. Ambos regímenes moldean el pasado para legitimar el presente. En Corea del Norte, la historia oficial es completamente fabricada alrededor de los Kim. En Nicaragua, hay un esfuerzo sistemático por borrar o reinterpretar episodios recientes, como las protestas de 2018.

12. Represión transnacional. Corea del Norte ha perseguido desertores en el extranjero. Nicaragua ha sido señalada por organismos internacionales de operar redes de vigilancia y presión más allá de sus fronteras contra opositores exiliados.

Enriquecimiento familiar

El sociólogo y economista nicaragüense, Oscar René Vargas, sostiene que este diseño de dictadura en Nicaragua, además del poder, busca el enriquecimiento de la familia gobernante.

“El régimen Ortega-Murillo ha logrado acumular una enorme riqueza bajo un esquema que politólogos califican de cleptocrático al borrar la frontera entre el poder público y los negocios privados, le ha permitido a su familia amasar una fortuna calculada en más de US$3,000 millones de dólares durante sus 20 años en el poder (2007-2026) en medio de proyectos inmobiliarios, donaciones, regalos, sobornos, maniobras financieras, lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción. Igualmente, aprovecha el acercamiento con empresarios extranjeros, compañías mineras, madereras y agropecuarias para recibir sobornos en forma de regalos”, señala.

“Nunca en la historia nicaragüenses habíamos visto a una familia expandir su riqueza tan rápidamente. Nunca en la historia nicaragüense tan pocas personas han tenido tanta riqueza y poder. Nunca en la historia nicaragüense había habido niveles tan extremos de desigualdad de ingresos y riqueza, con el 1% superior ahora dueño de más riqueza que el 93% inferior de la población” añade.

Y concluye: “Nicaragua vive bajo un régimen autoritario, cleptocrático, violador de los derechos humanos y mafioso”.

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció en septiembre de 2023 que había comprado el software ‘Bonaparte’, desarrollado por la empresa holandesa Smart Research y que, por ejemplo, ya usaba Interpol para gestionar la primera base de datos mundial que permite identificar a desaparecidos mediante el cotejo internacional de perfiles genéticos con muestras de ADN de personas emparentadas entre sí. El objetivo de España era usar esta herramienta para crear y gestionar su propio “banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura”. La entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, destacó que este sistema “permitirá integrar perfiles de ADN de múltiples laboratorios y realizar búsquedas sistemáticas con restos postmortem procedentes de la exhumación de fosas comunes de personas desaparecidas, y ayudar así en la identificación genética de los restos”.

La Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor de octubre de 2022, establecía la creación de ese banco estatal. Pero tras su compra (’Bonaparte’ costó 289.000 euros), este software durmió durante muchos meses en el cajón de los justos. De hecho, en febrero de 2025, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica preguntó el Ejecutivo la siguiente información: día exacto de comienzo de uso del software, el número de perfiles genéticos de las víctimas recuperadas en fosas comunes del franquismo incluidos y gestionados por dicho software, el número de perfiles genéticos de los potenciales familiares de las víctimas incluidos y gestionados por dicho software, el número de víctimas identificadas por dicho software, y el número de laboratorios genéticos que están participando en la aportación de perfiles genéticos a dicho software.

La asociación no obtuvo respuesta y tuvo que recurrir al Consejo de Transparencia, que estimó su reclamación. En octubre de 2025, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática dio los primeros datos oficiales: entre 2019 y 2025 se han recuperado 8.941 cuerpos de fosas comunes de represaliados por el franquismo. Sin embargo, en los registros oficiales solo constaban 70 identificaciones. Ante estos datos, la asociación que preside Emilio Silva lanzó una campaña desde sus redes sociales pidiendo explicaciones al Gobierno, recordándole que “el objetivo no es exhumar, es identificar desaparecidos”. El Gobierno se defendió diciendo que la baja tasa de identificación respondía a múltiples factores, como la degradación del ADN con el paso del tiempo o la dificultad de localizar descendientes directos.

Ahora, a mediados de marzo, la Secretaría de Estado ha iniciado una nueva licitación para dar un impulso a la base de datos y quiere contratar un servicio de “recogida y procesamiento de muestras bucales para la extracción de perfil genético de familiares de personas desaparecidas durante la guerra de España y la dictadura. Con un presupuesto de 350.000 euros, el objetivo es “la extracción del perfil genético de muestras salivares procedentes de 300 familiares de personas desaparecidas durante la Guerra de España (1936-1939) y la posterior dictadura”, señala la memoria justificativa del contrato. Un portavoz de Memoria Democrática confirma a Infobae que este trabajo “es para el banco de ADN, para que todos los descendientes puedan aportar sus muestras y poder cotejar con los restos exhumados en cualquier lugar de España”.

¿Por qué solo 300?

Son solo 300 perfiles. El mismo portavoz no aclara por qué solo este número, aunque la petición procede de la Dirección General de Atención a las Víctimas (DGAV). El contrato incluye las siguientes prestaciones por parte de la entidad contratista: gestiones para determinar en cada familia el donante genético óptimo; extracción de su perfil genético mediante muestra salival; registro del perfil extraído en el Banco Estatal; y la interpretación de resultados y elaboración de informes trimestrales de identificación.

El número de donantes genéticos a gestionar es de 300, y de cada uno se realizará una doble extracción de material genético (una por cada hisopo), por lo que se realizarán un total de 600 extracciones, duplicándose por tanto el perfil genético de marcadores STRs autosómicos, de cromosoma Y y ADN mitocondrial, se explica en las condiciones técnicas del contrato. Los trabajos durarán dos años. Las pruebas que hay que hacer para cada una de las 600 muestras tendrán un coste unitario de 535 euros. Se ha previsto una prórroga de otros dos años y un 20% de modificaciones presupuestarias, por lo que el coste total de este servicio se puede elevar a los 637.000 euros.

Su victoria en Guadalajara, México, ante los caribeños lo convirtió en el país número 47 clasificado para la máxima cita. El equipo dirigido por Sébastien Desabre celebró con un gol de Fiston Mayele una gesta que revive la historia de 1974: entonces, el país fue pionero como primer representante del África subsahariana y protagonista de una jugada que marcó un antes y un después en la percepción del fútbol africano.

El trasfondo político que marcó su paso por el Mundial

En la edición de 1974, la selección de Zaire enfrentó contextos de tensión política interna y miradas estigmatizantes desde el exterior. Debutó con una derrota por 2-0 ante Escocia; no obstante, el encuentro decisivo fue el segundo partido, cuando cayeron 9-0 ante Yugoslavia, estableciendo la mayor goleada registrada en la historia de los Mundiales.

Este resultado derivó en amenazas directas por parte del régimen de Mobutu Sese Seko, presidente de Zaire en ese momento, que alteraron seriamente el ánimo del plantel.

En el último partido de la fase de grupos, bajo la presión política y con Brasil como rival, ocurrió el episodio que la prensa internacional interpretó durante años como desconocimiento reglamentario. Con la Verdeamarela ganando 3-0 y restando cinco minutos, el defensor Ilunga Mwepu salió de la barrera antes de la ejecución de un tiro libre y despejó el balón con fuerza, una acción que sorprendió y se difundió mundialmente, usada reiteradamente para reforzar estereotipos sobre el fútbol africano.

La verdadera razón del acto de Mwepu era mucho más compleja. Según manifestó el propio jugador a la BBC, tras la derrota frente a Yugoslavia, los futbolistas permanecieron recluidos en el hotel bajo la advertencia de que no debían regresar si la derrota ante Brasil superaba los cuatro goles de diferencia.

El temor a represalias llevó al plantel a adoptar cualquier medida para evitar un marcador más abultado. Así, el despeje de Mwepu fue una acción desesperada y calculada, no una equivocación reglamentaria. “Tras el partido contra Yugoslavia, los guardias del presidente nos encerraron en el hotel y nos avisaron que si perdíamos por más de 4 goles contra Brasil, que mejor no volviéramos a casa“, detalló el futbolista años después, en declaraciones recogidas por Doble Amarilla.

La repercusión fue inmediata: el tiro libre no derivó en gol, y el equipo logró evitar un resultado más amplio, aunque la eliminación era segura. Zaire cerró su participación con tres derrotas, catorce goles en contra y ninguno a favor.

Presión política y construcción mediática: la jugada de Ilunga Mwepu

La escena protagonizada por Mwepu expuso el peso de las presiones políticas y la desigualdad cultural que enfrentaron los futbolistas africanos en los años setenta. Mientras las transmisiones internacionales describían el episodio con humor, la realidad del plantel de Zaire era la amenaza directa de uno de los gobiernos más autoritarios del continente africano en el siglo XX. La ausencia de información sobre estas circunstancias contribuyó a la consolidación de estereotipos y prejuicios en la cobertura mediática de la época.

El equipo llegó a Alemania Federal como campeón de la Copa África, con jugadores competitivos como Kazadi Mwamba, Ndaye Mulamba y el propio Mwepu. Sin embargo, la presión política y la desconfianza internacional limitaron su desempeño y marcaron la interpretación pública de sus acciones.

“El recuerdo de 1974 sigue vigente, pero ahora aparece resignificado: ya no como una anécdota de burla, sino como el reflejo de un contexto complejo donde el fútbol convivía con presiones políticas, desigualdades y falta de comprensión cultural”, detalló el sitio Panenka respecto al contexto en el cual abordaron los africanos la cita mundialista.

Durante décadas, la jugada de Mwepu fue tomada como símbolo de desconocimiento táctico, cuando en realidad fue una reacción al riesgo personal. El hecho muestra cómo factores externos pueden incidir de manera determinante en el desarrollo de un evento deportivo.

Reinterpretación de una historia y oportunidad de cambio

La clasificación de la RD Congo al Mundial 2026 abre la puerta para reinterpretar el pasado y modificar la narrativa en torno a aquel equipo. Hoy, el país acude bajo otra denominación, en un escenario distinto, con la misión de honrar el legado de quienes lo precedieron y tomando distancia de los prejuicios históricos.

Para el equipo actual, la cita mundialista es más que un reto deportivo: supone demostrar el salto futbolístico nacional y reconstruir la memoria colectiva acerca de Zaire 1974.

Así, este Mundial será mucho más que una competencia para el conjunto africano: será la posibilidad de cerrar una herida histórica y cambiar la narrativa de una historia que durante décadas fue mal contada. La historia de Mwepu y sus compañeros, ya no vista desde la burla, aparece hoy como símbolo de resistencia ante la adversidad.

Nació cuatro días antes del regreso de la democracia y se dedica al cine. Tiene un apellido que es una marca en materia de derechos humanos: su padre fue uno de los jueces durante el Juicio a las Juntas y su madre, una asistente social que trabajó en la Justicia en el tema de la restitución de los nietos recuperados. Ese linaje derivó en sensibilidad y empatía por el tema de la dictadura y también en la necesidad personal de registrar y documentar para la memoria colectiva.

Nicolás Gil Lavedra es cineasta, decíamos, y entre sus películas se encuentran Verdades verdaderas (2011), basada en la vida de Estela de Carlotto, Las grietas de Jara (2018, basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro) y Como el mar, protagonizada por Sofía Gala Castiglione y Zoe Hochbaum. En estas semanas, cuando acaban de cumplirse cincuenta años del inicio de la última dictadura militar, Gil Lavedra está presentando y hablando de Traslados, el exitoso documental que dirigió y que luego de estrenarse en 2024 y pasar por varios festivales, ahora puede verse en Prime Video. Se trata de una película que a través de testimonios de sobrevivientes, familiares de desaparecidos, expertos y testigos, más documentos judiciales, reconstrucciones de escenas y trabajo de archivo, analiza un capítulo particularmente siniestro y perturbador del plan de exterminio y desaparición diseñado por los militares: los llamados “vuelos de la muerte”.

Lo que sigue es la transcripción de la conversación que mantuvimos la semana pasada, un día después de la emotiva y multitudinaria marcha del 24 de marzo.

— En un documental como Traslados, la elección de reconstruir escenas es algo muy delicado porque ese recurso está siempre al borde de la maqueta o la caricatura. Y, en este caso, la verdad es que eso no pasa, pero ¿cómo fue que decidieron incluir escenas de reconstrucción y por qué?

— Fue un poco un pedido mío, yo vengo del palo de la ficción. Más allá que mi primera película es la biopic de Estela de Carlotto, muy cercana a un material como Traslados, mi lenguaje cinematográfico tiene que ver con ficción, con contar historias. A mí me convoca Zoe Hochbaum y me dice que quería hacer un material de los vuelos de la muerte porque era un tema que a ella la conmovía mucho desde chica, tiene 24 años. Y lo primero que me dice es que tenía que ser algo pensado para llegar a los jóvenes. Y yo ahí pedí hacer reconstrucciones, sin saber muy bien de qué, pero porque me sentía más cómodo en ese lenguaje. Y después pedí hacer las entrevistas. Porque más allá de que teníamos un gran equipo de investigación con Eduardo Anguita y Daniel Cecchini a la cabeza, y después se sumó María Laura Guembe, me parecía que era importante poder contener yo mismo a los entrevistados y, desde mi lugar de director, darles el espacio y la amorosidad para que ellos puedan contar su historia y hablar de la ausencia. Yo trabajé mucho la idea de la ausencia, pienso un poco en la muestra del fotógrafo Gustavo Germano, que marca esa idea en su trabajo.

— Que es buenísimo.

— Mi ojo cinematográfico me tiraba por darle palabras e imagen a la ausencia. Por eso en cada reconstrucción muestro lo que queda. Lo que más muestro es la Iglesia de la Santa Cruz y ese secuestro. Pero me parecía importante mostrar la taza del bar que queda cuando es chupado alguien que será un desaparecido. O cuando en el caso de Azucena (Villaflor) quedan las compras del almacén tiradas en la vereda, junto con el diario que tenía esa solicitada famosa que habían logrado pagar las Madres. Me sentía más cómodo trabajando el documental desde la ficción, y lo mismo con el archivo, que en la película es, de alguna manera, un personaje más.

— Recién decías: “yo pedí hacer las entrevistas para contener a los entrevistados desde mi lugar como director”. Y te voy a hacer una pregunta delicada: sos el director, sí, pero además tenés un apellido que pesa mucho en este tema. ¿Cuánto es el peso a favor en este caso?

— Pesa a favor, en términos de todo lo bueno que trae ser el hijo de Gil Lavedra en este mundo, y lo digo con mucho orgullo. Más allá de muchas diferencias que puedo tener en este tema y en muchos otros, él es un gran padre y una persona a la que admiro mucho. A su vez, todos somos hijos de alguien, pero a mí lo que me dio ser hijo de mi viejo, y de mi vieja – que es asistente social y fue es una de las primeras en trabajar desde la Justicia en las restituciones de nietos– es que éste era un tema que yo conocía mucho. Por eso, también, a lo mejor, mi primera película fue la de Estela. También me dio un nivel de información y un nivel de empatía —me imagino que les pasa un poco a todos los que trabajamos con este tema—, que elegimos hacerlo por vocación de querer ayudar a una causa y de querer unificar esta grieta estúpida que hay con este tema, al menos. Yo estoy orgulloso de ser hijo de quien soy, de los dos, de la peronista y el radical, pero también por lo que han hecho por nuestra historia. Y siento que nos toca seguir a nosotros ahora, a las nuevas generaciones.

— ¿En qué año naciste, Nico?

— En el 83. Nací cuatro días antes de la democracia: el 6 de diciembre del 83. Era muy chico cuando fue el juicio, también. Mis primeros recuerdos tienen que ver con cómo lo conocían a mi papá en la calle. O de un momento en el que nos cruzamos con Videla en un aeropuerto, en los 90, y mi papá no es que estaba asustado pero sí nos llevó para otro lado. Y, después, verlo a él en el colegio en algún libro de Cívica y que los profesores supieran quién es y todo lo que eso genera. Ayer miraba una entrevista en la que él contaba que tenía 36 años.

— Y cuando haces los números decís: pero era muy joven este señor.

— Es un montón. Y yo, que tengo 42, todo el tiempo me pregunto qué estoy haciendo de mi vida cuando este tipo a los 36 metió tremendo juicio. Y es cierto que, por ahí, para muchos entrevistados que también esté yo en el proyecto, más allá de Anguita, de Zoe, de mucha gente importante, les daba tranquilidad porque sabían que por mi trayectoria iba a tratar el tema seriamente y con mucho respeto, como se merece.

— Ahí volvemos entonces a la película, que tiene reconstrucciones de los hechos, recopilación de testimonios y también investigación, como lo del destino de los aviones. Contame cómo que se fue ensamblando todo esto.

— Mirá, cuando yo me involucro, que fue en febrero del 2023, los investigadores ya venían trabajando hacía un mes y ahí me empiezan a dar muchos textos, muchos libros, entre ellos Skyvan, de Miriam Lewin —ya lo había leído— y El vuelo de Horacio Verbitsky. Y me parecía importante cuando empezamos a perfilar a quiénes íbamos a entrevistar que estuviera Miriam, no sólo por su lugar como ex detenida desaparecida de la ESMA sino que, además, con su investigación me sumaba al policial, que es una estructura que encuentra el documental con lo que tiene que ver con el arma homicida que, de alguna manera, es el avión.

— Claro.

— Yo siempre digo todo lo que está en el documental está publicado, el tema es que no hay nada que lo junte en 90 minutos, lo que lo vuelve mucho más potente. Pero todo lo que nosotros trabajamos en el documental está en causas judiciales y tiene sentencias. Por eso también trabajamos solamente la ESMA y Campo de Mayo, porque son los dos centros clandestinos con sentencias en los vuelos de la muerte. Me parecía que, al ser un documental de investigación, la investigación tenía que ser perfecta. Tenía que ser súper cerrada, no podía dar lugar a que un negacionista dijera: bueno, están opinando, son cosas que se dijeron.

— No, claro: es cosa juzgada.

— Es cosa juzgada, que está en una causa judicial que se juzgó, que se apeló y que se confirmó la sentencia. Y eso para mí era muy importante y para los investigadores también. Todo el tiempo salían hilos de los que uno quería tirar. Y cuando hacía las entrevistas —cada una duraba tres horas—, imaginate la cantidad de material que hay. Yo quería tirar de cosas y después me miraba el guionista o alguien del equipo de investigación y me decían: volvé porque ya te estás metiendo en un terreno que no nos va a sumar. La de Miriam fue la primera entrevista que hice, duró casi cuatro horas y ella fue súper generosa conmigo. Fue muy difícil porque está toda su historia personal. Y ella además había declarado en el Juicio a las Juntas. Y la verdad es que fue increíble cómo también ella le va sumando… Bueno, como también es periodista, explica las cosas muy bien.

— Es muy bueno el relato de Miriam en la película, sí. La edición de las entrevistas está muy bien..

— Sí, sí. Ella tiene un cierre que para mí es impresionante y que tiene que ver primero con por qué sobrevivió, que lo sigo viendo y me parte en cien. Esto de analizar tanto sufrimiento en un por qué, ¿no? Y, después, el acercar esta historia a los jóvenes. Que así como el 1810 es tan lejano para ellos, hoy la dictadura es también así de lejana, pero ella tiene una manera tan didáctica de contarlo.

— ¿Cómo fue ese momento en que Zoe Hochbaum dijo aquello de que quería que el documental fuera visto por la gente joven? ¿Resultó un desafío interesante para vos?

— Mira, que una chica, en ese momento creo que Zoe tenía 22, me dijera que desde los 15 estaba obsesionada con ese tema hizo que yo dijera: bueno, hay que ir por ahí. Si Miriam Lewin cuenta que ella tenía 18 años cuando pasó esto, le va a generar empatía a un joven a la hora de verlo. Y lo mismo con mi papá. Porque por ahí hoy uno los ve y son gente grande pero hace 50 años eran jóvenes, también. Entonces lo que intenté laburar todo el tiempo es la empatía. Que también es algo que yo siento que se perdió. Lograr que, al margen del ritmo, que es necesario para que los jóvenes no se distraigan en el medio en una película, poder trabajar la empatía o la falta de empatía. Porque cuando hablamos de los 90, hablamos de la falta de empatía. Entonces por eso también la idea de cerrar con Estela y su mensaje. Constantemente yo buscaba equilibrar para que quien lo viera sintiera que le podía haber pasado a él, a su hermano, a su mamá. Que, más allá de los partidismos, que siempre están porque todos somos seres políticos, entender que lo que le pasó le podía haber pasado a cualquiera. Que esto no fue una guerra contra una guerrilla, que no fue una guerra. Entender que fue terrorismo de Estado con apoyo cívico-militar. Y con el poder económico, por supuesto. Que los jóvenes la vean, más allá de lo que voten después. Porque pensemos en 1985, una película que hizo un millón de espectadores en el 2023, con muchos jóvenes en la fila.

— Y fue un año antes de que ganara Milei, con mucho voto joven. Es un tema pleno de contradicciones.

— Creo que lo que votan después en el cuarto oscuro tiene que ver con una democracia que no supo dar respuestas y con muchas grietas internas. Una democracia que no supo dar respuestas a lo que la sociedad pide. Y por eso el hartazgo y por eso se va a un extremo, ¿no?

— Es posible pensar también que si sos muy joven y te hablan de algo que quedó lejos en el tiempo y llega un momento en el que hay una sobreabundancia de documentación y de información y de discurso, puede haber hartazgo. Entonces, ¿cómo hacer para que haya una mirada nueva sobre esos mismos temas? Cómo hacer para que todos volvamos a mirar los hechos: secuestraban a la gente, luego se llevaban a los prisioneros, los dormían, los metían en un avión y los tiraban al mar. Todo eso, dicho así, no debería perder nunca contundencia. Y, sin embargo, hay períodos históricos en los que la pierde.

— Yo creo que tiene que ver con que hubo períodos históricos y gobiernos que, más allá de su política de derechos humanos, que era válida y la comparto, siento que hubo momentos en que se podían haber agilizado las sentencias, los procesos judiciales. Si el Estado, como Estado, reparaba realmente a las víctimas y lograba que con el Poder Judicial los juicios se hicieran en uno, dos años, poniendo todos esos recursos para que no se alarguen en el tiempo y no sean por ahí material de más campaña, yo creo que se habría agilizado mucho más y se habría no saneado, porque no es un tema que se vaya a sanear nunca, pero habría evolucionado un poco más. Sí me parece que en los últimos años hubo un hartazgo de la manera en que se contaba siempre lo mismo, ¿no? Y, por eso, también, creo que ahora es nuestra responsabilidad ver cómo encontramos la manera de correr el prisma. Seguir hablando de lo mismo, pero ahora: los vuelos. Y, si te fijás, yo no entro en el tema de la guerrilla. No entro a discutir temas que ya están discutidos. O las torturas, porque para eso está Garage Olimpo. Hay películas que lo grafican, que lo muestran y que si uno las quiere buscar, están. Entonces me parecía importante mostrar todo junto lo que estaba en el aire pero que en lo audiovisual por ahí se había mostrado un poco menos. Porque hay un momento en la película en el que mostramos el traslado y nos van contando todo entre los testigos y (Adolfo) Scilingo y el archivo y la recreación y nos van mostrando lo que eran. Y eso lo vuelve insoportable.

— Es que es insoportable.

— Y lo vuelve insoportable para el cuerpo. Porque una cosa es el nombre “vuelos de la muerte” y otra cosa es escucharlo, verlo y sentirlo en una película. Y desde ese lugar intenté mostrar desde otro prisma algo que está contado, porque no voy a decir que fui el primero, pero el documental por ahí es el más contundente y sin distracciones. Todo el tiempo me distraía con Montoneros, ERP, Isabelita, la Triple A. Todo el tiempo surgían esas cosas en las entrevistas. Pero el tema es: no viene a cuento. Yo quería hablar de terrorismo de Estado y del plan sistemático de desaparición de las personas. Lo de los vuelos de la muerte fue un plan híper eficaz, si nos ponemos a pensar. Porque si aparecieron 70 cuerpos y solo de dos centros hubo dos vuelos semanales y uno semanal durante 6, 7 años, la cantidad de gente que tiraron son miles. Entonces fue eficaz como plan. Yo quería hablar de eso y me parecía que la sociedad se debía una discusión. Hablan del número, discutimos el número, pero nadie dice dónde están. Entonces, si me vas a rebatir los 30.000, decime cuántos fueron y dónde están, dónde los tiraron, dónde los enterraron.

— Pertenezco a la generación de Floreal Avellaneda. O sea, la generación de los hermanos menores de los desaparecidos, digamos. Son muy poquitos los desaparecidos de mi generación, Floreal Avellaneda es uno. Para cualquiera de nosotros siempre fue el: “pude ser yo”. La elección de su caso me imagino que tampoco es inocente, en el sentido de la idea de llegar a los chicos más jóvenes. Volvemos a la empatía.

— Al margen de que ya conocía la historia, hay algo cuando uno escucha el relato de Iris (N. de la R.: la madre del joven asesinado)... A Iris la íbamos a entrevistar y no pudimos, tuvo un tema de salud y no pudo venir y por eso la pusimos después por archivo. Pero hay algo de esa historia que tiene que ver con el límite. Aunque ya sabemos por Abuelas que no hay un límite: que robaron bebés que nacieron en cautiverio y que los daban a cualquiera, a militares, policías, enfermeros, médicos, sociedad civil que estaba apoyándolos. Pero ver el caso de un chico de 15 años, que a la madre la legalizan y la llevan a Devoto y él en cambio aparece totalmente destrozado,…

— Porque fue con saña.

— Ni siquiera militaba. Él era hijo de un sindicalista y no porque milite lo justifico, pero tenía 14 años. A mí me destrozó porque pensar que ese chico apareció en Uruguay, destrozado, y que por una nota en un diario en la que hablaban de un tatuaje la tía pida por exhorto a la Justicia de San Martín y le den las huellas, porque en plena dictadura sucede esto, no es que sucede en democracia, a mí me pareció el límite del horror. Porque ya sabemos lo de los bebés y que había algo de “son hijos de guerrilleros, hay que reformarlos”. Pero a un chico de 14 años, ¿cuál es tu límite? ¿Cuál es tu regodeo frente a esa tortura y frente a eso tan siniestro? Por eso también a mí me parecía importante, cuando hablábamos de los primeros casos de Uruguay, hablar de ese caso. Porque un chico, a la hora de verlo, puede entender que pudo haber sido él y eso lo vuelve mucho más horroroso.

— Antes hablabas y me decías que eras muy chico cuando fue el Juicio a las Juntas y mencionabas a Zoe Hochbaum, que desde los 15 años tenía la obsesión con el tema de los vuelos de la muerte. ¿Para vos el tema era relevante? ¿Era algo en lo que te habías detenido antes de que te convocaran?

— Mira, había leído el libro de Miriam. En algún momento me lo acercaron de la editorial para ver si yo quería hacer algo audiovisual. Me pareció algo buenísimo. Pero después de haber hecho la película de Estela yo también sentí la necesidad de correrme un poco de los derechos humanos porque no es fácil contar estas historias. Al margen del éxito, que es relativo, en una película hay algo anímico, uno pone mucho. Y después cuando vas, compartís las proyecciones, no dejás de hablar de la pérdida, del dolor, de la esperanza, también. Pero cuesta. En algún momento coqueteé con el libro que publicó mi viejo, La hermandad de los astronautas, pero después de 1985 tampoco tenía tanto sentido. Pero era un tema del que no sabía tanto, conocía la investigación de Miriam, pero no sabía la magnitud de lo que después fui descubriendo con lo de Scilingo.

— Por eso, no había sido algo que te resultara particularmente perturbador. Era una forma más de las torturas.

— Era una tortura más; no lo ubicaba en el peso de plan sistemático de exterminio porque descubrir que los vuelos fueron un plan sistemático para mí fue como: ah, no, bueno, hay que hablar de esto y solo de esto porque esto es un montón. Me parecía muy importante ver qué sabía la sociedad. Porque yo creo que, así como en algún momento la sociedad fue sabiendo lo que pasaba, hay otro momento en que la sociedad deja de apoyar a los militares y por eso después de la Guerra de Malvinas también caen. Hay otro momento en el cual la sociedad banca un juicio y después vienen los 90 y la sociedad parece que los sostiene. Pero después, frente a lo que uno va sabiendo, dejan de apoyar eso y viene un presidente que da vuelta las cosas y la sociedad sigue acompañando. Entonces me parece que había que mostrar cómo la sociedad, a medida que va sabiendo más, va apoyando lo que corresponde, que tiene que ver con entender que todos somos víctimas y que necesitamos memoria, verdad y justicia. Se vio en la última marcha. Miles, miles y miles.

— Y muy tranquila.

— Sí, hermosa.

— Fue, así, como un abrazo generalizado.

— Pero es que me parece que este tema necesita ese abrazo. Digo, las Abuelas, las Madres, más allá de los partidismos, que yo entiendo que hay gente que se va a sentir más cercana que otra en las ideologías, este tema necesita unión. Necesita que las Abuelas encuentren los 300 bebés robados. Las Madres necesitan ser reivindicadas. Porque yo siempre digo, uno puede tener muchas diferencias con Hebe (Bonafini) pero el laburo que hicieron las Madres, nacional, internacional, es enorme.

— Más allá de la complejidad de las personas.

— Era algo que también quería trabajar en el documental. Primero, no tener partidismos; que estén los presidentes al menos hasta la época de (Néstor) Kirchner, que es cuando se reabren los juicios, que aparezcan todos con sus bemoles. Y, después, los organismos. Me parecía que Norita (Cortiñas), que en ese momento estaba viva, tenía que estar y que también había que darle lugar a Hebe. Y por más que ya no estaba, hay un archivo hermoso. Fue una necesidad.

— En la película aparece en un lugar destacado Azucena Villaflor de De Vincenti.

— Sí, porque es el caso juzgado de la Iglesia de la Santa Cruz, que es el origen de Madres.

— Tampoco hay forma de saber cómo habría evolucionado el pensamiento, las ideas de tanta gente. Es un gran interrogante que no va a tener respuesta porque los asesinaron.

— Totalmente. Pienso también en (Esther) Ballestrino de Careaga, que habiendo encontrado a su hija igual siguió participando en Madres. Fue una de las fundadoras. Digo, esta cosa de aprender que la lucha es colectiva y que lo que le pasa al otro también me va a afectar a mí. Estamos en un país y en un mundo donde lo individualista está ganando mucho terreno. Entonces también desde el documental teníamos que hablar de lo colectivo. Más allá de las diferencias, había que unir fuerzas. A mí me destrozó Ana María (Careaga) contando que una vez que a ella la liberan y se exilia, su madre siguió y luego desapareció. Una madre que no pudo conocer a sus nietas. Me parece muy doloroso.

— Decías que pediste hacer las entrevistas. ¿Y qué querías que se destacara en cada testimonio? En el resultado final se ve una suerte de formato, una estética.

— Eso también fue surgiendo en la previa, que tenía que ver primero con la cantidad de cámaras. De qué manera las cámaras son medio testigos, porque ellos todos me miran a mí y hay tres cámaras que los van siguiendo. Y hay una en especial, que a mí me gustaba mucho, que está siempre a través de algo. Está a través de un vidrio roto, a través de una ventana de avión, a través de una reja. Y a mí me parecía que eso contaba también lo que ellos hablaban. Entonces, si yo lograba que esas entrevistas fueran humanas, más allá de los datos, de la experiencia de vida o de los periodistas investigadores que por ahí no lo vivieron pero lo pueden contar, si yo lograba que eso fuera humano, la cámara iba a poder captar eso como en una película. Y después hay algo de la estética, del color.

— O la luz.

— La luz. La manera en que eso está fotografiado. Todo está buscado, nada es casual. Lo mismo la música. La música tiene ecos, tiene ruidos. Tiene grilletes. Tiene lo que se escuchaba en esos lugares. El trabajo después de los efectos epeciales. Yo trabajo con unas fotos de la CONADEP del 84 que sacaron de la ESMA en donde los vuelvo a poner en la ESMA actual. Hay ahí un trabajo en donde recorto a las personas que iban mostrando lo que era la ESMA, los espacios, y pude filmar en la ESMA y pude trabajar estas dos capas, que para mí es el pasado en el presente. Hay cuerpos que aparecen y que son identificados ahora.

— ¿Qué te pasó cuando veías las imágenes y escuchabas los testimonios de Scilingo?

— Uf. Bueno, ese fue un tema que surgió al principio. Queríamos entrevistarlo, nos parecía interesante periodísticamente. Se lo llamó, se lo convocó. Se le explicó para qué lo queríamos. Él se negó. Él está preso con prisión domiciliaria en su casa en un pueblo cercano a Madrid, con una tobillera. Y él se negó, lo cual para mí fue de alguna manera un alivio porque teníamos ese archivo. Él lo había dicho ya todo en cámara. Y mi miedo era que ahora él se desdijera como persona mayor, como persona que ya está condenada.

— Era un riesgo.

— Era un riesgo porque en alguna nota él lo hizo desde la cárcel. Entonces me parecía que si saliste en Grondona, saliste en televisión española, saliste con Mirtha Legrand y dijiste todo lo que dijiste y te hiciste cargo de, creo que son 30 personas que él tiró, me parecía que eso había que mostrarlo. Y ahí es donde el archivo también cobra otro sentido. El archivo de los 90 para mí es esto, es un personaje y es mostrar cómo funcionaban los periodistas en esa época. Y de alguna manera eso vuelve ahora porque hay muchos periodistas que trabajan en esa misma línea ahora, en donde justifican cosas. Digo, el silencio que hay entre Scilingo y Grondona para decir por qué está diciendo todas estas cosas ahora y Grondona se queda callado, estás avalando también y estás diciendo que era una guerra cuando el Estado, teniendo todo el poder, nunca puede estar en guerra con una guerrilla de 2.000 personas a quienes podrías haber llevado a la Justicia. Entonces me parece que poder mostrar eso, poder mostrar la liviandad con la que se hablaba en esa época de los indultos o Menem mandando a la gente a confesarse en vez de a la Justicia. Más allá de que en esa época estaban los juicios de la verdad. No nos olvidemos de que hubo sentencias por el robo de bebés, un tema que no estaba juzgado en el Juicio a las Juntas, lo cual permite que después también se abran los demás juicios. Entonces me parecía que mostrar eso era muy importante y darle voz a Scilingo, con todas las diferencias que puedo tener, lo convertía en una persona de adentro que confesaba lo que había hecho, lo mismo que el sargento Ibáñez, que era un conductor de camión. Son personas que han tenido micrófono, pero que después la gente se olvida. Me parecía importante que quedara ese registro.

— Hablabas de entrevistas de tres horas. ¿Hubo alguna de las entrevistas que particularmente te haya resultado tan demoledora que necesitaste parar para no seguir escuchando?

— Mirá, en todas las entrevistas yo tenía que parar cada 15 o 20 minutos, por un tema de las tarjetas.

— Un tema técnico.

— Sí, un tema técnico de cámaras. Y eso a mí me ayudó mucho porque por ejemplo algunas entrevistas fueron muy dolorosas porque ellos se abrían y te contaban lo que habían sufrido. Ana María (Careaga) me contaba sus torturas. Cecilia De Vincenti me contaba lo que sabía que había vivido su madre. Y yo encima después en la película iba a recrear eso, con la responsabilidad que eso significa para después cuando ella lo ve. Y lo mismo con Pérez Esquivel. Todo el tiempo yo tenía que parar porque a mí me destrozaba, Yo no dejo de ser un hijo de la democracia y por más que uno tenga toda esa información, tengo la empatía la tengo. Escuchar a Miriam, más allá de que lo cuenta con esa distancia, a mí me daban ganas de abrazarla cada vez que hablaba. Y por eso también hoy por ahí me siento tan cercano a ella y me siento un amigo ahora. Pero en ese momento no nos conocíamos. Y todo el tiempo yo aprovechaba esos parates no solo para acercarme y ver cómo estaba la persona porque es su vida, es abrir un poco tu corazón. Lo notaba en el detrás de cámara. El silencio y el respeto que había. Pensá que era un equipo grande, porque tres cámaras son dos foquistas, dos o tres camarógrafos, eléctricos, sonidistas. Había un equipo grande. Y el silencio que había era muy contundente. Para mí lo que sucede atrás de cámara con el equipo es lo que le llega después a la gente.

— Recién mencionaste la fortuna de poder contar con recursos para filmar Traslados. Por un lado están los recursos que tienen que ver con la experiencia, por otro lado los recursos técnicos, pero también los recursos económicos. Pudiste hacer esta película porque se juntaron una cantidad de factores y de fondos que colaboraron para que esta película se hiciera del modo en que se hizo. Pero éste es un momento en el que se está discutiendo la falta de apoyo y estímulo por parte del Estado a las industrias culturales. Me gustaría que me dijeras qué pensás de eso, de la función del INCAA y del retiro del apoyo al fomento del cine.

— Estamos viviendo un momento terrible para la industria. Terrible para los compañeros que trabajan en esto. Y yo lo digo desde un lugar de privilegio porque tengo una carrera de 15 años y puedo ir manejándome y ahorrando a medida que voy haciendo cosas. Pero pienso en los técnicos, en los directores, las cabezas de equipo. Cada país tiene su cine, su historia, su identidad, y necesitamos de los recursos y los fondos que nos ayuden a realizar ese cine. Pensemos en Brasil, en Francia, donde la plata sale de la entrada de otras películas. Sale del 10% de las entradas de Spider-Man, de Batman. No es que sale de los impuestos de la gente. Eso es lo que la gente por ahí no ve. Y hoy siento que este gobierno tiene el lema de destruir nuestro cine. De destruir que se cuenten nuestras historias. Porque si hablamos de nosotros y hablamos de nuestro pasado, de los indígenas, de la dictadura, del 1900, no importa de qué época, estamos hablando de educación. Estamos hablando de cultura. Y a los gobiernos de derecha no les interesa eso. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque se dan cuenta de que en general son los mismos poderes económicos que están detrás de las personas que gobiernan y son los que deciden el futuro de todo el país. Pero la situación que se está viviendo es terrible. Lo que considera el INCAA hoy, que por ahí viene sacando algún fondo más en apoyo al cine, son números muy tristes. Ahora sacaron un concurso de seis ficciones que ganan 250.000 dólares. Con eso no pagás una semana de una película de ficción. Hoy una película de ficción debe estar saliendo 2 millones, 2 millones y medio de dólares. Y lo que también pasa es que más allá de que están las plataformas, en el caso de Traslados es una licencia, no es un original de la plataforma, y también pasa que por ahí las plataformas no se involucran demasiado en algunos temas. Un poco lo están haciendo: Netflix está filmando la historia de Azucena Villaflor. Que está buenísimo. O Amazon hizo 1985, que está buenísimo. Pero hay que hacer mucho más. Hay muchísimos directores. Y a mí lo que más me preocupa son los jóvenes, cómo van a pensar sus carreras. De qué va a vivir alguien que ahora está estudiando cine. Qué vas a hacer si el INCAA no te apoya. Tenés Mecenazgo en la Ciudad de Buenos Aires, que es un gran apoyo pero es chico también en términos de lo que necesita una película. Y terminas yendo afuera. Ahora estoy produciendo un documental, nos apoyan más afuera que acá. Los montos que consigo en fondos públicos de Alemania, de Francia, de España, son más grandes que los de Argentina. Y después nuestras películas recorren el mundo. Esta película, que no tuvo el apoyo del INCAA, ganó en un festival en Estados Unidos. Estuvo en San Sebastián. Estuvo en Cannes. Estuvo en Polonia. Está en la televisión en España. También tenemos que pensar en eso. Esta película hoy, que es impensado, está como número 1 de documentales en Amazon y hoy está en el Top 3 de películas, compitiendo contra los tanques americanos en Amazon Argentina. Y eso habla de que hay un interés. Entonces, qué bueno sería que las plataformas o que el Estado pongan plata porque eso genera más trabajo, genera más plata. Y genera educación. Conocer lo que nos pasó es poder vivir el presente. Esto que hablábamos antes, es un pasado que está vivo. Nuestro pasado con los indígenas también está vivo.

— Bueno, eso lo demuestra el interés por Nuestra tierra, la nueva película de Lucrecia Martel, ¿no?

— Bueno, por supuesto. Y es un documental que metió 20.000 personas en dos semanas. Me parece que necesitamos gente, interlocutores inteligentes que se den cuenta. Un gobierno liberal qué hace, proteccionismo. Y este hace todo lo opuesto frente a nuestra industria: la destrozó en estos dos años. Y yo sé que nos vamos a reconvertir. Lo hicimos en el 2001, lo hicimos en los 90. Va a costar un montón pero vamos a seguir. Somos resilientes. Hay que mirar a los países a los que les va bien con su cine como Brasil, que viene con dos películas nominadas al Oscar en los últimos años, Francia que el 80% de las películas que se ven en Francia son francesas. Le ganan a Spider-Man, le ganan a los tanques. Si ahí funcionan y generan plata y hacen que una economía crezca: cómo puede ser que acá hacemos lo contrario. Es desahuciante tener interlocutores que por ahí no analizan los números y los datos sin una mirada apartidaria. Porque para mí hay que sacar lo partidario en la educación, en la cultura. Si querés hablemos de Milei en un documental. No tengo problemas en que el INCAA financie un documental de Milei. Mientras que financie un documental de derechos humanos, de Lucrecia. Digo, tiene que ser justo en ese sentido. La batalla cultural es la ignorancia, es la estupidez. Es que son incultos a la hora de querer generar cultura. Es pobreza mental. Por eso digo, se va a terminar esto de alguna manera. Va a costar levantarnos pero a mí esto que está pasando con el documental, no por mí eh, y no por el documental en sí.

— Pero te genera entusiasmo.

— Más allá del orgullo de que le va bien, me genera mucha esperanza. Que me escriban chicos de 5to año, 4to año, que me hagan preguntas en Instagram porque están haciendo un trabajo de la Facultad o de colegio. Las invitaciones a colegios que estoy recibiendo para hablar con ellos. Me genera como una línea de esperanza en todo este lío que estamos viviendo en el mundo.

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FICHA TÉCNICA “TRASLADOS”

Director: Nicolas Gil Lavedra

Idea Original: Zoe Hochbaum

Guión: Gustavo Gersberg

Producción general: Zoe Hochbaum, Milagros Hadad

Producción Ejecutiva: Lucila Krämer

Producción ejecutiva: Diego Robino, Santiago López Rodríguez, Ramón Cardini

Investigación: Eduardo Anguita, Daniel Cecchini

Producción de archivo: Laura Mattarollo

Dirección segunda unidad: Martin Vilela

Director de fotografía: Paul Aenlle

Directora de arte: Paula Terra

Vestuario: Valentina Casales

Jefe de producción Natasha Gurfinkel, Claudia Gallo

Montaje: Santiago Parysow (SAE)

Sonido directo: Catriel Vildosola (ASA), Martin Porta (ASA)

Música original: Luciano Supervielle, Camila Rodriguez

Tema Musical “Los dinosaurios” Carlos Alberto García - Universal Music Publishing

S.A

Interpretación vocal: Vera Spinetta

Interpretación, Producción y Mastering: Pablo Bursztyn y Guido Moretti Bucello

Supervisor de efectos visuales & motion graphics: Alejandro Valente

Productor de post-producción: Iñaki Dubourg

Supervisión técnica: Iair Michel Attías

Coordinación de Post-Producción: Simón Arnautou

Entrevistados (por orden alfabético):

- Eduardo Anguita

- Martín Balza

- Félix Eduardo Bravo

- Ana María Careaga

- Gustavo Ezequiel Catulo

- Estela de Carlotto

- Nora Cortiñas

- Ricardo Gil Lavedra

- Nora Hochbaum

- Martín Gras

- María Laura Guembe

- Miriam Lewin

- Pablo Llonto

- Adolfo Pérez Esquivel

- Enrique Piñeyro

- Daniel Rafecas

- Maco Somigliana

- Pablo Verna

- Cecilia de Vincenti

Nicaragua está ubicada entre los países más autocráticos del mundo, ocupando el puesto 175 de 179 naciones evaluadas, de acuerdo con el informe Democracy Report 2026 del V-Dem Institute, elaborado por la Universidad de Gotemburgo.

A Nicaragua se le asigna un puntaje de 0.02, lo que la coloca al nivel de Afganistán y apenas por encima de Myanmar, Corea del Norte y Eritrea, países que encabezan la clasificación de los regímenes más cerrados del planeta.

El informe atribuye esta posición a la concentración del poder en el Ejecutivo, la eliminación de contrapesos institucionales, la represión de la oposición y el deterioro sistemático de las libertades civiles. Nicaragua aparece dentro del grupo de autocracias consolidadas, es decir, regímenes donde el poder no enfrenta controles efectivos ni competencia política real.

La medición del V-Dem analiza múltiples dimensiones de la democracia. Entre ellas están la calidad de los procesos electorales, la independencia judicial, el respeto a los derechos civiles, la libertad de expresión, la existencia de sociedad civil autónoma y los mecanismos de control sobre el poder político. Nicaragua registra un deterioro sostenido durante los últimos años.

También identifica al país como parte de la “ola de autocratización” global, concepto que describe un proceso en el que gobiernos concentran poder, debilitan instituciones y restringen libertades. Según el estudio, esta tendencia es actualmente dominante en el mundo. Nicaragua es uno de los casos más extremos dentro de América Latina.

En el plano de las libertades, el documento destaca la caída de la libertad de expresión y el aumento de la autocensura mediática. Esto implica no solo censura directa por parte del Estado, sino también presión estructural sobre periodistas y medios para evitar publicar contenidos que puedan generar represalias.

Otro de los elementos centrales que explica la clasificación es lo que el informe denomina “agrandamiento del poder ejecutivo”. Se trata de un proceso mediante el cual el Ejecutivo acumula facultades, controla instituciones y elimina controles. En Nicaragua, este fenómeno se refleja en el dominio del poder judicial, el control sobre los organismos electorales y la subordinación de otras instituciones del Estado como el Ejército y la Policía.

El informe identifica además la ausencia de un Estado de derecho funcional. Señala que el sistema judicial ha perdido independencia y opera subordinado al poder político. Esto implica que no existen garantías legales efectivas para ciudadanos ni para actores económicos.

El V-Dem Institute es uno de los centros de investigación más reconocidos en el estudio comparado de la democracia. Su base de datos incluye indicadores construidos a partir de evaluaciones de expertos en todo el mundo y es utilizada por organismos internacionales, gobiernos y centros académicos.

La metodología del V-Dem es considerada una de las más completas en la medición de sistemas políticos, porque no reduce la democracia a elecciones, sino que incorpora dimensiones institucionales y de derechos.

En el caso de Nicaragua, el informe concluye que el país ya no puede ser considerado un régimen híbrido ni en transición. Es clasificado como una autocracia consolidada. Esto implica que las instituciones democráticas han sido desmanteladas de forma estructural.

Las razones específicas que llevaron a Nicaragua a este nivel incluyen la eliminación de límites a la reelección presidencial, el deterioro de la calidad electoral, la represión o silenciamiento de la oposición, el cierre de medios de comunicación y la restricción de organizaciones de la sociedad civil.

V-Dem Institute también señala que el país ha experimentado una caída significativa en su puntuación democrática durante la última década. Este descenso es estadísticamente relevante y lo ubica entre los casos más severos de deterioro institucional a nivel global.

“Esta es la tragedia a la que nos ha llevado la dictadura”, reaccionó el opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro. Señaló que Nicaragua es uno de los países que más ha retrocedido en materia democrática después de haber experimentado una transición.

“Otro elemento que resalta el estudio de V-Dem es que Nicaragua ha sido uno de los países que más deterioro democrático han sufrido en el mundo, después de haber recobrado la democracia. En 2005 el índice de democracia era de .4 y ha bajado a 0.01 en el 2025. Estamos en el sótano”, lamentó Chamorro.

El deterioro democrático de Nicaragua se remonta al retorno al poder de Daniel Ortega en enero de 2007. En ese momento, el país venía de una transición iniciada en 1990, cuando Violeta Barrios de Chamorro ganó las elecciones y puso fin al primer período sandinista.

Durante los primeros años tras su regreso, Ortega impulsó reformas que le permitieron consolidar poder. Se debilitó la independencia institucional y se inició un proceso de control sobre el sistema electoral y judicial. Esto sentó las bases del modelo actual.

El deterioro se profundizó con la eliminación de los límites a la reelección y el control absoluto de las instituciones. A partir de ese momento, el sistema político dejó de ser competitivo. Las elecciones continuaron realizándose, pero sin condiciones de equidad ni garantías para la oposición.

El punto de quiebre ocurrió en 2018, cuando protestas masivas fueron reprimidas por el Estado. Este evento marcó una radicalización del modelo político. Desde entonces, se intensificaron las restricciones a la sociedad civil, la persecución a opositores y el cierre de medios independientes.

En los años siguientes, el régimen consolidó un sistema de control total. Se cancelaron organizaciones, se confiscaron bienes y se establecieron mecanismos de vigilancia y control social. Las reformas legales y constitucionales reforzaron esta estructura.

El informe también ubica a Nicaragua junto a otros países considerados altamente autocráticos:

• Afganistán, bajo el régimen talibán, es una teocracia autoritaria. No existen elecciones ni pluralismo político. Las normas religiosas sustituyen al sistema democrático y restringen derechos básicos, especialmente de las mujeres.
• Myanmar es una dictadura militar. Tras el golpe de Estado de 2021, el Ejército eliminó el gobierno civil, anuló elecciones y gobierna mediante represión directa y control territorial.
• Corea del Norte es un régimen totalitario. El Estado controla completamente la vida política, económica y social. No existe oposición y la información está totalmente restringida. El poder se mantiene en una estructura dinástica.
• Eritrea es un Estado altamente militarizado. No hay elecciones desde su independencia y no existe una Constitución plenamente operativa. La sociedad civil y la prensa independiente están prácticamente ausentes.
• Turkmenistán, que también figura entre los regímenes más cerrados, es un sistema personalista. El poder gira en torno al presidente, con culto a la personalidad y control total de la información.

En todos estos casos, el denominador común es la ausencia de competencia política, la inexistencia de contrapesos institucionales y la restricción severa de las libertades fundamentales.

El informe del V-Dem concluye que Nicaragua se encuentra en el nivel más bajo de calidad democrática dentro de América Latina, lo que lo convierte en una excepción en una región donde aún predominan los sistemas democráticos.

La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma significativa que otorga a la Procuraduría General de Justicia la administración de todo el patrimonio y los bienes municipales. La modificación a la Ley Orgánica de la Procuraduría, adoptada por unanimidad, transforma la gestión local bajo el argumento de fortalecer la eficiencia administrativa estatal, según informó EFE.

Con esta medida, la representante legal del Estado asumirá también la gestión de activos, inmuebles, derechos y recursos que hasta ahora pertenecían tanto a la Carrera Administrativa Municipal como a la Dirección General vinculada, integrándolos formalmente al dominio público.

Entre los cambios más destacados introducidos por esta reforma figura la obligación para los 153 municipios de Nicaragua de aportar el 2 % del monto total de sus planillas al Instituto Nacional Técnico y Tecnológico (Inatec). De acuerdo con lo aprobado por la Asamblea, la finalidad es “fortalecer las capacidades técnicas de las y los servidores públicos municipales”. Este nuevo trasvase económico va emparejado con la derogación integral de la anterior Ley de Carrera Administrativa Municipal y su Reglamento, lo que modifica de raíz el marco legal vigente hasta la fecha.

Para el personal afectado por la eliminación de la Carrera Administrativa Municipal, la enmienda establece que quienes no eran considerados trabajadores formales de las municipalidades pasarán a integrar la nómina de la Procuraduría General de Justicia. Se aseguró que tales incorporaciones respetarán los derechos adquiridos, la antigüedad y los beneficios conforme a lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, conforme detalla la reforma reproducida por EFE sobre la dictadura centroamericana.

La explicación oficial sostiene que la enmienda fue pensada para “garantizar la eficiencia y eficacia de la administración municipal en el ejercicio de sus competencias”. Los legisladores, según recoge EFE, subrayaron que la reforma refuerza el papel de la Procuraduría en la defensa de “las conquistas del pueblo nicaragüense en relación con las obligaciones y responsabilidades de las municipalidades y de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, en beneficio de sus pobladores”. Además, la nueva normativa impulsa la creación de un sistema de administración de recursos humanos en las autoridades locales que garantice “la gestión y ejecución de políticas públicas municipales eficientes, eficaces y transparentes”.

De este modo, la Procuraduría General de Justicia se convierte en administradora directa de los bienes municipales, los activos y el personal transferido, eliminando el régimen anterior y centralizando la estructura sobre la que se gestionan los recursos en los 153 municipios del país.

La Procuraduría General de Justicia incluirá al Ministerio Público, los órganos de la Procuraduría General de la República y otros entes con funciones afines. Esta integración busca proteger el patrimonio nacional tanto del Estado como del pueblo nicaragüense, según el texto legal.

La norma comenzará a ser aplicada en Nicaragua después de que la Asamblea Nacional la apruebe en segunda legislatura y se publique oficialmente en La Gaceta, Diario Oficial.

Otras medidas

La Asamblea aprobó este en enero una reforma constitucional que determina que los ciudadanos nicaragüenses pierden su nacionalidad al adquirir otra, de acuerdo con información publicada por el Legislativo a través del Canal Parlamentario.

Con la modificación, el artículo 25 de la Constitución establece: «la nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad». El artículo 23 también fue ajustado para indicar que «las y los extranjeros pueden ser nacionalizados, previa renuncia a su nacionalidad originaria». El Parlamento concretó la medida en Segunda Legislatura y definitiva, cumpliendo el procedimiento requerido.

La reforma había sido aprobada inicialmente el 16 de mayo de 2025 en Primera Legislatura, y este miércoles se completó la votación final, según información del Canal Parlamentario. La medida ha generado críticas entre la oposición en el exilio.

La Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados rechazó la proposición no de ley presentada por el Partido Popular (PP) y respaldada únicamente por Vox, cuyo objetivo consistía en que el Gobierno español promoviese la condena internacional del régimen cubano y denunciase las violaciones a los derechos humanos en la isla. De acuerdo con la información recogida por el medio, la propuesta sumó 17 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones, lo que provocó que no prosperara en la comisión parlamentaria.

Tal como indicó el medio, la iniciativa planteada por el PP buscaba instar al Ejecutivo a que en "todos los foros de los que España forma parte" se impulsara una condena unánime al gobierno cubano, haciendo especial hincapié en la represión que sufren las mujeres en el país caribeño. Durante el debate, la diputada popular Silvia Franco sostuvo que “Cuba no es ningún mito revolucionario, es una dictadura opresora, la más longeva de América Latina, un régimen que ha eliminado el pluralismo político, que reprime sistemáticamente la disidencia y que ha condenado con su modelo económico fracasado a generaciones de cubanos a la escasez, a la pobreza estructural y a la migración forzosa”, según detalló el medio.

Franco argumentó que la iniciativa también pretendía demostrar “la capacidad del Congreso de los Diputados para llamar dictadura a una dictadura y víctima a una víctima”, además de denunciar la persecución que padecen las mujeres en la isla. Reclamó coherencia al Gobierno y cuestionó que no se puede “hablar de feminismo en Madrid” y “mirar hacia otro lado” cuando “las mujeres golpeadas, difamadas, llevan la bandera cubana”. Según publicó la fuente, esta intervención formó parte de la defensa de la postura del PP que, finalmente, quedó aislado junto a Vox en la votación.

Desde el PSOE, el diputado David Serrada respondió al PP señalando que al principal partido de la oposición, “le importa entre poco y nada la situación de los Derechos Humanos en Cuba”, y afirmó que la intención real del PP era condicionar posicionamientos políticos en torno a la situación de la isla, relató el medio. Serrada indicó: “Por supuesto que nos preocupa la situación en Cuba, por supuesto que defendemos los Derechos Humanos y de manera muy especial los derechos de las mujeres en cualquier lugar del mundo”. Rechazó que su partido utilice los derechos humanos como “arma arrojadiza o coartada política”, sostuvo que la propuesta del PP resultaba vacía y criticó que no incluía ninguna medida nueva ni mecanismos eficaces para mejorar la situación de los ciudadanos cubanos.

Por parte de Sumar, el portavoz Francisco Sierra Caballero criticó la posición del PP y acusó tanto a este partido como a Vox de alinearse con “el tirano de la Casa Blanca”. Según reportó la fuente, Sierra alertó sobre la necesidad de denunciar las amenazas de Estados Unidos contra Cuba, citando el agravamiento de la situación humanitaria en la isla a raíz del “bloqueo energético y el asedio petrolero” que se habrían traducido en apagones masivos.

El debate también incluyó referencias a la presencia de Pablo Iglesias en Cuba. Silvia Franco y Francisco José Alcaraz, portavoz de Vox, cuestionaron el viaje de una flotilla de solidaridad integrada por Iglesias y otras figuras. Franco calificó de incongruente que la izquierda española se refiera al gobierno cubano como un “faro moral” y señaló que sus miembros organizan misiones humanitarias desde hoteles de lujo, pero no dedican tiempo, dijo, a denunciar la represión ejercida, recoge el medio. Alcaraz, por su parte, mencionó que Iglesias se aloja en hoteles donde el costo diario equivale al sueldo de dos años de un cubano y denunció que quienes participan en esa flotilla se han reunido “con los opresores, con los dictadores”, según divulgó la fuente original. Las declaraciones de Iglesias incluyeron imágenes con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, difundidas a través de redes sociales, lo que fue objeto de nuevas críticas por parte de los portavoces del PP y Vox.

El rechazo a la proposición del PP por parte de los grupos parlamentarios PSOE y Sumar mostró la división entre las posiciones políticas respecto a la política exterior española sobre Cuba, la valoración de la situación de los derechos humanos en la isla y la postura ante las acciones del Gobierno de Estados Unidos y su embargo. El medio indica que los partidos en la comisión esgrimieron diferentes argumentos para justificar sus votos, desde la necesidad de medidas eficaces para mejorar la situación de la población cubana hasta la interpretación de la iniciativa como un uso político de la cuestión cubana.

La votación cerró con el resultado adverso para el PP y Vox, que no lograron recabar apoyos suficientes para que el Congreso inste al Gobierno a liderar una condena internacional contra el régimen cubano y denuncie, especialmente, la represión hacia las mujeres. El debate también subrayó la utilización de la situación en Cuba como elemento de confrontación política interna, según reflejó la cobertura del medio.

Quienes nacimos después de 1983 tendemos a vivir la democracia como si fuera el estado natural de las cosas, cuando en realidad es una construcción histórica, conflictiva y fŕagil. Crecimos creyendo que votar, opinar, protestar o debatir sobre política en público son hechos normales, cuando en realidad son conquistas que obtuvimos porque hubo quienes lucharon por garantizar esos derechos.

Aunque mi generación, nacida a principios de los 90, no vivió el terrorismo de Estado, sí vivió sus consecuencias: la búsqueda de bebés robados, el reclamo por memoria, verdad y justicia, y las secuelas económicas, sociales y culturales de la dictadura cívico-militar. Quizá el resabio más naturalizado de ese período atroz se resume en una frase: “preocupate solo por vos, no opines ni te metas en política”.

Involucrarse en política, en otras palabras, preocuparse por el Otro, es una acción democrática. Tener memoria no significa anclarse en el pasado. Significa ser consciente de lo que sucedió para reconocer a tiempo todo lo que no queremos que ocurra nunca más. Me refiero al robo de la identidad, la privación ilegítima de la libertad, la tortura, la intolerancia hacia quien piensa distinto y, también, a la imposición de un modelo económico que favorece a una minoría a través de la fuerza.

Quienes nacimos en democracia no elegimos lo que heredamos, pero sí elegimos qué hacer con eso. En tiempos donde el debate público se caracteriza por el insulto y los discursos de odio, defender la democracia implica un compromiso que excede la responsabilidad de votar cada dos años. Consiste fundamentalmente en cuidar la palabra pública, en aceptar el disenso y en comprender que quien piensa distinto no es un enemigo a exterminar.

Pero, además de estos principios elementales, como sociedad debemos comprender que la única manera de preservar el orden democratico es fortalecerlo. Y eso significa incluir a los excluidos, atender y resolver las demandas de los marginados y, en definitiva, establecer un orden colectivo fundamentado en la igualdad y la justicia social.

A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, recordar lo que sucedió el 24 de marzo de 1976 no es una efeméride. Es producir conciencia democrática. Hoy, como sociedad tenemos el desafío de ponerle un límite a la degradación de la democracia que se expresa en la retórica de la intolerancia y en la indiferencia del “sálvese quien pueda”. Para eso hay que reconocer que nacer en democracia es una herencia histórica, pero vivir en democracia, en cambio, es una decisión colectiva de todos los días.

El automovilismo nacional tuvo uno de sus hitos en plena dictadura militar y fue cuando un grupo de pilotos y dirigentes del Turismo Carretera lograron la autofiscalización. Fue un cambio clave en un momento delicado de la popular categoría. Esta es la historia de un episodio bisagra y de uno de los caudillos que encabezó ese cambio, Octavio Justo Suárez.

“El Gordo”, como se lo llamaba de forma cariñosa a Suárez, corría con un Dodge y su acompañante era su hermano, Pedro. Los “Hermanos Suárez”, como se los conoció durante los años setenta y primer lustro de los ochenta, son emblemas teceístas por sus éxitos arriba del auto, ya que pelearon campeonatos y en 1973 estuvieron cerca del alcanzar el título. Sin embargo, también se destacaron abajo del coche por su amor por el TC y vocación dirigencial que llevó a que la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) diera el paso más importante de su historia.

Como pasa hoy, a fines de los años setenta la ACTC estaba en conflicto con el Automóvil Club Argentino (ACA), que por entonces aún era el ente rector de las carreras del TC. A principios de 1979 el tema llegó a su punto más álgido y los pilotos teceístas (también eran dirigentes) plantearon una ruptura, ya que luego de la última carrera el 24 de febrero, con el triunfo de Norberto Rossone (Ford), se produjo una pausa de tres meses. Ahí Octavio encabezó la revolución que marcó una nueva era en la divisional que cumplirá 90 años en 2027.

Suárez fue presidente de la ACTC entre 1974 y 1984. Llegó a encabezar la reunión en el edificio del Estado Mayor Conjunto del Ejército para pedir la autofiscalización de la ACTC y que los dejen correr en ruta. Para llegar a ese punto hubo varias gestiones previas hasta que un día un grupo de militares lo fue a buscar a su taller. Para conocer detalles de esa época, Infobae habló con Cristian Suárez, hijo de Pedro y sobrino de Octavio.

“Fue una patriada la autofiscalización lograda por mi tío, que en ese momento era el presidente, acompañado por un montón de gente y de colegas que lo apoyaron. Él creyó que el TC era una categoría bien nacional que el ACA la quería hacer desaparecer. Ellos se aferraron al TC y se abrieron del ACA”, afirma.

Ante esa pausa de tres meses a inicios de 1979 y sumados a los antecedes del conflicto con el ACA, Suárez tomó una decisión: “Fue en pleno proceso militar cuando mi tío se puso firme y dijo ‘yo quiero seguir corriendo y autofiscalizarme’. Fue una idea que se llevó en ese momento a los militares y le dieron la derecha. Ahí empezaron en el ‘79 con nueve autos en la primera carrera en Buenos Aires y arrancó el TC con la autofiscalización”, subraya Cristian.

Los Suárez son de Banfield y Cristian aún conserva el taller de su tío. En aquella época el gobernador bonaerense era el General Ibérico Saint-Jean (estuvo en ese cargo entre 1976 y 1981) y lograron llegar a él. “Nosotros teníamos un vecino que era cabo. Un día mi tío le dijo: ‘Mirá, quiero hablar con Saint-Jean por esto, por esto, por esto, ¿no me hacés una reunión?’”.

Octavio llegó a Saint-Jean y tuvo “reuniones periódicamente”, recuerda su sobrino, que apunta “obviamente que los muchachos del ACA no estaban conformes”. Luego de un tiempo se logró una reunión en el edificio del Estado Mayor Conjunto del Ejército, donde Suárez mantuvo un cónclave cargado de tensión durante 12 horas debido a que fueron investigados antes de avanzar en el pedido para poder autofiscalizarse y poder hacer las carreras en ruta.

“Un día vinieron los militares a buscarlo a mi tío, que estaba trabajando en su taller, ya que vivía al lado. Subió con el mameluco y le dijo al militar que estaba a cargo ‘dejame lavar las manos’, y se fue para allá. Estuvieron doce horas. Eso nos lo cuenta mi papá, que mi tío lo llamó y le dijo: ‘Mirá que me están llevando para allá, cualquier cosa estate atento por si quedamos en cana’. Mi tío fue con su cupé Torino y lo escoltaron”, relata Cristian.

Octavio fue acompañado por otros dos referentes de la ACTC, Héctor “Laucha” Ríos y Rubén Gil Bicella. Mientras que su hermano, Pedro, también fue y esperó afuera en su auto. El clima no fue el mejor debido a que “en ese momento los militares pensaban que mi tío era un infiltrado y que no era del automovilismo”, cuenta su sobrino. En esa reunión también estuvo Saint-Jean y una vez que lo presentó a Suárez comenzó una investigación sobre él y sus acompañantes. “Mi tío era un tipo muy derecho, muy honesto y de contextura grande. Agarró y les dijo a los militares ‘acá no hay nada, solamente automovilismo’. Luego de esa frase el tema se calmó un poco y también porque terminaron de investigarlos y no les encontraron nada. Sí, me contaron que la pasaron mal porque si bien no los llevaron detenidos, esperar a que te investiguen y estar frente a dos generales durante tantas horas en esa época era complicado”, agrega.

El punto vital de ese cónclave fue que Suárez, Ríos y Gil Bicella lograron demostrar que su intención estaba fuera de la política o del contexto del país y sólo querían organizar las carreras de TC y comenzar a autofiscalizarse. Recibieron la aprobación para seguir adelante y luego Octavio siguió el nexo con Saint-Jean para poder hacer las competencias en ruta en la provincia de Buenos Aires.

“Mi tío hablaba de frente y era un tipo que siempre le cayó bien a Saint-Jean, que lo ha llevado en el auto de carrera de acompañante cuando se inauguró la ruta 11 (NdR: en 1979 se estrenó la traza asfaltada)”, cuenta Cristian. “Él tenía un objetivo que era salvar al TC, no había otra cosa atrás y los militares se dieron cuenta de eso en la reunión. Incluso, recuerdo de chico haber estado en asados en Campo de Mayo donde me llevaban mi papá y mi tío”.

Cabe destacar que los hermanos Suárez hacían todo a pulmón y los ayudaba el apoyo de las publicidades que tenían en su Dodge. “Ellos primeros fueron colectiveros y llegaron a tener su línea de colectivos, la 299, que va de Lanús a Banfield. Después tuvieron una agencia de autos, pero mi tío en su taller estaba dedicado pura y exclusivamente a armar su auto y a la ACTC”.

Una vez que lograron el permiso para la autofiscalización, el 20 de mayo de 1979 y con solo nueve autos en uno de sus peores momento histórico, el TC corrió su primera carrera sin tener al ACA como ente rector. Fue en el Autódromo de Buenos Aires y la competencia la ganó Héctor Luis Gradassi, con uno de los Ford Falcon oficiales. El panorama no fue alentador en ese inicio, pero luego el parque mejoró.

Volvieron a correr a la ruta y usaron un colectivo para transportar a las personas que iban a trabajar como los cronómetros, ya que en dichas competencias ganaba el que mejor tiempo tenía y no el que llegaba primero. Para hacer el reconocimiento de los circuitos semipermanentes usaban la cupé Torino de Octavio, cuyo motor Tornado estaba potenciado y se la prestaba a otros colegas. “Roberto Mouras, Emiliano Satriano y Oscar Castellano hacían hoja de ruta con ese coche para que no haya ventaja deportiva”, destaca Cristian.

El TC se recuperó y el año del despegue definitivo fue 1982, con varias carreras en ruta en territorio bonaerense. Esa temporada fue campeón Jorge Martínez Boero, con Ford. Octavio dio pelea, pero puso mucha energía en la organización de las carreras que iban más allá de lo deportivo y apuntaron a lo solidario. “Mi tío era muy sano. El tipo iba a la carrera de Tandil, por contar un ejemplo, y le decía al muchacho que organizaba la carrera: ”Bueno, nosotros le vamos a dar la carrera de TC. Les vamos a cobrar 12.000 pesos la entrada’. Pero solía pedir que lo lleven al hospital de Tandil a ver al director y le preguntaba ‘¿qué le falta?’ El médico le respondía ‘un tomógrafo’. Y mi tío le decía al organizador local: “Bueno, vamos a hacer una cosa: de los 12.000 pesos, guarden 2.000 para comprar el tomógrafo. Si en tres carreras usted no tiene comprado el tomógrafo con la plata que yo le dejo, no viene nunca más el TC acá”.

También en Tandil, Octavio sufrió un trágico accidente el 23 de septiembre de 1984. Su Dodge tuvo una serie de tumbos, terminó envuelto en llamas y Suárez quedó atrapado dentro del coche y murió en el acto. “Mi papá no lo acompañó en esa carrera porque tuvo un problema en el oído y el médico le dijo: ‘Pedro, bajate que te toca hacer un estudio’. Después de ganar en La Banda, Santiago del Estero, se bajó y en la carrera de Tandil se mató mi tío. Gajes del oficio, como decía el Flaco Traverso: ‘En el auto de carrera te subís, pero no sabés si te bajás caminando o te bajan en un cajón’”.

En el 30° aniversario de la partida de Octavio se hizo un homenaje en Tandil y Cristian evoca un episodio que lo marcó: “Estaban todos los muchachos, sale un hombre grande de traje y me dice ‘muchacho, ¿le puedo hablar?’. ‘Sí’, le digo. ‘Ahora estoy jubilado, pero yo soy el médico que en su momento le dijo a Octavio que necesitábamos un tomógrafo en el hospital de Tandil’. Hoy me acuerdo y se me pone la piel de gallina”.

Es tal el idilio por Octavio en Tandil, que años más tarde su auto fue enterrado en el lugar de su accidente. Ahí también hay un monumento. Cristian, junto a amigos, armaron una réplica del auto que fue donada al Museo Fangio. “Ahora nosotros estamos haciendo otro auto con muchas cosas originales que habían quedado en el taller de mí tío”.

Octavio y Pedro Suárez no fueron campeones de TC, pero lograron algo más importante: hicieron mucho por la categoría en uno de sus momentos más críticos y en plena dictadura. Además, junto con otros caudillos lideraron un cambio histórico que le permitió a la ACTC ser fiscalizadora de carreras de autos. A 47 años de aquel cambio institucional, hoy vive un presente con un promedio de 50/60 autos en cada fecha y se encamina a cumplir 90 años.

Agradecimientos:

Alejandro de Brito

Sebastián Elías

Meses antes de la irrupción de la Junta Militar se canceló el Gran Premio de Fórmula 1 por temas económicos, ya que el Automóvil Club Argentino (ACA) no pudo terminar de conseguir el presupuesto para solventar el evento. En esa época nuestro país era sede de la apertura del calendario. Cuatro días después de la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas, el domingo 28 de marzo, Carlos Alberto Reutemann, que por aquel entonces llevaba a cabo sus últimas carreras con Brabham, abandonó tras un toque del italiano Vittorio Brambilla (March) en Long Beach (Estados Unidos) manejando un BT44 B con motor Alfa Romeo. Aquella fue una mala temporada para el santafesino, donde su mejor resultado fue un cuarto puesto en Jarama, España, el 2 de mayo.

La Máxima volvió en 1977 y se extremaron las medidas de seguridad. Ver a los soldados entre los pilotos o al borde de la pista fueron imágenes habituales. En esa competencia se dio el triunfo del sorprendente Wolf conducido por Jody Scheckter. Lo escoltaron José Carlos Pace, con Brabham y el propio Lole Reutemann, en su segunda carrera con Ferrari tras el debut en Italia 1976, cuando fue convocado para reemplazar a Niki Lauda, quien se accidentó en Nürburgring (1/8), pero volvió a correr 40 días después.

Al año siguiente la televisación de la carrera fue a color y Argentina Televisora Color (ATC) hizo un ensayo con uno de sus nuevos móviles para el Mundial de Fútbol 1978. Debido a ése evento, la carrera de F1 fue una prueba de fuego en cuanto a la seguridad y hasta algunos afirman que hubo una amenaza de bomba en el Autódromo. El empresario Eduardo Ramírez es el manager que llevó Esteban Tuero y Gastón Mazzacane a la F1. En el programa Historia de Campeones, Ramírez contó detalles de la tensión que se vivió en el GP de 1978. “Esa carrera fue la que tuvo el mayor operativo de seguridad por un posible atentado de un grupo comando brasileño. El túnel que pasa por debajo de la recta principal lo tapearon para evitar que pongan un explosivo justo por debajo de los autos de carrera. Hasta colocaron una pequeña batería antiaérea en la zona de la curva del Ombú. Hubo mucho personal uniformado y de civil. Si había un atentado en la F1, se perdía el Mundial y se iba a hacer en Brasil”, recordó. “En un momento del fin de semana le explotó el extintor del Lotus de Mario Andretti y un montón de uniformados rodearon el auto. La tensión fue total”. Además, en esa edición hubo un particular episodio, ya que una hilera de efectivos militares prohibió la presencia de fotógrafos en el viejo podio ubicado en el Palco José Froilán González, donde solo las promotoras acompañaron a los pilotos. Las primeras fotos fueron con los pilotos de espaldas y luego, ante el encendido reclamo de los fotógrafos, lograron inmortalizar el momento con los corredores de frente.

En tanto que el automovilismo criollo pudo sobrevivir a la situación. Fueron tiempos complicados con varias restricciones en particular para la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) de poder organizar competencias en la ruta. No obstante, sus dirigentes se las arreglaron para poder hacerlas. El 14 de marzo Héctor Gradassi ganó con su Ford del equipo oficial en Buenos Aires. Tras la llegada del gobierno de facto hubo un paréntesis y el 25 de abril volvió la acción cuando Carlos Marincovich venció con su Chevrolet en la Vuelta de 25 de Mayo. Luego llegó el hito de Roberto José Mouras con sus seis victorias seguidas (récord todavía imbatible) a bordo de su “7 de Oro”, tal como se la conoció a la cupé Chevy preparada por Jorge Pedersoli y Omar Wilke. Sin embargo, el Toro no pudo batir a Pirín Gradassi quien se alzó con su cuarto título.

Hace medio siglo ya era hostil el clima entre la ACTC y el Automóvil Club Argentino (ACA), que por entonces seguía fiscalizando las carreras de la popular categoría. En ese momento, la relación entre el organismo del ACA para regir la actividad que era la CADAD (Confederación Argentina de Automovilismo Deportivo) y la ACTC, era insostenible lo que generó la demora en el inicio del campeonato en 1979. Esto derivó en la autofiscalización del TC. “Cuando en 1979 comenzamos a fiscalizar nuestras carreras era todo un tema pedir permiso a las autoridades oficiales para poder correr en ruta… En plena dictadura llevamos a cabo esa clase de carreras”, le contó a CORSA Héctor Eduardo Ríos, integrante de la ACTC. El Laucha, como se lo conoció, fue uno de los abanderados junto a los hermanos Octavio y Pedro Suárez (piloto y acompañante) para conseguir la independencia fiscalizadora para la ACTC que nació con una carrera en el Autódromo de Buenos Aires el domingo 20 de mayo de 1979. El recordado acompañante de Carlos Alberto Pairetti amplió sus conceptos en una entrevista con Solo TC en la que indicó “eran tiempos difíciles en los que tuvimos que enfrentarnos a los militares y al ACA, porque nos paraban las carreras… A mi taller llegaron a ir dos Falcon a buscarme y tanto a mí como a Octavio (Suárez) nos revolvieron toda la casa. Ellos se creían que éramos subversivos, pero a nosotros lo único que nos movilizaba era el Turismo Carretera y queríamos que haya carreras”, recordó Ríos.

El Laucha también relató los detalles de una reunión con Albano Harguindeguy, ministro del interior del gobierno de facto, para poder plasmar la autofiscalización y continuar con la actividad. “Tuvimos que ir a La Plata a hablar con el General Ramón Camps, que era el jefe de la Policía Bonaerense, y nos apuntaban con ametralladoras. Estuvimos reunidos por más de 1 hora. Ellos hablaron los primeros 15 minutos y nos dijeron que hacíamos carreras cuatreras, que matábamos gente en cada competencia… Pero después nos tocó a nosotros y le explicamos por qué queríamos autofiscalizarnos. Terminaron dándonos el permiso y nos dijeron: ‘muchachos a correr y a portarse bien, porque tenemos una celda VIP en Devoto para ustedes y para el ACA’”.

“Nos cuestionaban porque íbamos a ser juez y parte, pero yo me ponía el buzo de competición y me olvidaba de la parte dirigencial, como lo hacían todos los miembros de Comisión Directiva. Dejábamos todo en manos de los Comisarios Deportivos…”, concluyó el Laucha.

El TC sumó otro episodio particular y fue a las 21.00 horas del jueves 12 de junio de 1980, cuando dos de sus pilotos fueron detenidos, según informó la edición 733 de la revista CORSA. Fue en el intento de la largada simbólica de su viejo edificio en Bogotá 166, en el barrio porteño de Caballito, cuando bajo una noche lluviosa quisieron hacer una largada simbólica del Gran Premio Unión Cuatro Provincias y se lo impidió un operativo policial. Los efectivos les pidieron a los pilotos la documentación que acredite la titularidad de los autos. Roberto Monllor y Carmelo Palazzo fueron liberados el 15 de junio. El inicio de la carrera se postergó y una semana más tarde se disputó. Ganó Francisco Espinoza y logró el título de la temporada 1979/1980, cortando una sequía de 12 años para Chevrolet.

Otra historia que marcó aquellos años y que también estuvo vinculada al TC fue el nacimiento del TC 2000. En la década del setenta, la ACTC habilitó a los coches medianos con motores de dos litros de cilindrada. Corrían contra los autos con impulsores de tres litros como el Ford Falcon, la cupé Chevy de Chevrolet, el Dodge GTX y el Torino. Convivieron hasta el 18 de febrero de 1978 en una de las carreras nocturnas para no ganadores en el Autódromo de Buenos Aires. Esa noche José Miguel Pontoriero venció con un Dodge 1500 y la ACTC optó no darle más lugar a los autos de 2.000 cm3. Aquella decisión promovió un cambio histórico: tras la negativa de la ACTC, Pontoriero y otros usuarios de los coches con motores de dos litros se juntaron y fueron a pedirle al ACA que los fiscalice en una nueva categoría para su segmento. En 1979 realizaron un Torneo Presentación de cuatro fechas que lo ganó Osvaldo “Cocho” López (Peugeot 504). En ese génesis del Turismo Competición 2000 también corrieron -entre otros- Juan María Traverso (Ford Taunus), Jorge Omar del Río (Dodge 1500), Ángel Antonio Salomita (Dodge 1500), Miguel Ángel Parodi (Dodge 1500) y Carlos Crocco (Fiat 125).

Volviendo a marzo de 1976, Jorge Spinetto (Fiat 128) y Esteban Fernandino (Fiat 1500) comenzaron a hilvanar sus títulos en la Clase 3 y 4 del Turismo Nacional, respectivamente. Mientras que la todavía pujante Fórmula 1 Mecánica Argentina no había empezado su campeonato. Su primera carrera fue el 14 de mayo en el escenario porteño, con victoria de quien resultó campeón en aquella temporada, el uruguayo José Pedro Passadore con un Pianetto-Dodge. Esta categoría con autos de F1 fabricados en el país tuvo su última temporada regular en 1980.

En cuanto a eventos internacionales en nuestro país, la F1 corrió hasta 1981. En 1978 Argentina fue clave para el Gran Premio de la América del Sur, una carrera de Rally de 28.592 kilómetros, más larga que el por entonces flamante París-Dakar. En 1980 se corrió el Rally Codasur, que fue válido por el Campeonato Mundial y resultó la primera de las 39 ediciones del certamen ecuménico en Argentina. Mientras que el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad también corrió en Buenos Aires en 1981 y 1982, con sus divisiones 125 cm3, 250 cm3, 350 cm3 y 500 cm3 (actual MotoGP).

En aquellos años el Lole Reutemann ratificó su condición de ser uno de los mejores pilotos del mundo y en 1981 fue subcampeón de la F1. Su última carrera fue el 21 de marzo de 1982 en Brasil, donde abandonó y siete días más tarde anunció su retiro: “La F1 se terminó para mí, que pase el que sigue”, dijo el santafesino en CORSA. Todo indicaba que el sucesor sería Oscar Rubén Larrauri, que en agosto de ese año logró de forma anticipada el título en la Fórmula 3 Europea, pero Poppy no pudo conseguir el presupuesto necesario (unos 300.000 dólares) para poder correr en Ligier o ATS, en un contexto delicado de Argentina luego de la Guerra de Malvinas. Cabe recordar que durante el conflicto bélico con Gran Bretaña, el automovilismo argentino fue solidario y organizó carreras para recaudar dinero destinado al Fondo Patriótico, pero el dinero nunca llegó a los soldados. Además, la guerra también complicó a los pilotos argentinos que corrieron en Inglaterra.

En octubre de aquel año se dio otro hito y fue el nacimiento de la Fórmula 2 Codasur, una categoría creada por pilotos argentinos, uruguayos y brasileños, cuya primera carrera fue en octubre en Taruma y venció Miguel Ángel Guerra. El 18 de diciembre de 1982 la flamante divisional corrió en Buenos Aires y tuvo emisarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un momento de transición en Argentina hacia el retorno de la Democracia.

Fueron ocho temporadas en la que el automovilismo argentino siguió adelante en medio de la dictadura. Los motores no se apagaron gracias al trabajo de la dirigencia, el compromiso de los pilotos, equipos y la pasión del público que –como siempre- pese a cualquier contexto histórico acompañó desde la tribuna, al otro lado del alambrado o a la vera de la ruta.

Agradecimiento: Alejandro de Brito

“Es inminente el final. Todo está dicho”. Caía la tarde del martes 23 de marzo de 1976. Todavía eran tiempos de importantes ediciones vespertinas de los diarios. La tapa de La Razón dejaba en claro lo que estaba por venir. Los rumores de un posible golpe de estado habían comenzado el año anterior y se aceleraron a partir de marzo. El endeble gobierno que encabezaba María Estela Martínez de Perón estiraba su letanía, en medio de una agobiante crisis política, económica y social. Su derrocamiento fue una realidad en las primeras horas del miércoles 24, comenzando allí otra era de terror. Todos los estamentos quedaron conmocionados hasta lo indecible, pero ¿qué pasaba con el fútbol argentino? ¿Se detuvo la actividad o todo siguió como si nada estuviese ocurriendo?

El golpe de estado de marzo del ‘76. Se están cumpliendo 50 años de una fecha dolorosa. Sin embargo, el fútbol siguió de manera casi normal, con el guiño de la Junta Militar. Apenas asumidos, dieron a conocer a la población una serie de comunicados, donde se establecían las nuevas reglas que tendrían vigencia en el país. Se detalló que quedaban suspendidos todo tipo de espectáculos y transmisiones, con una excepción. En el comunicado número 23, se dejó expresamente aclarado que se iba a poder ver en directo, como estaba pautado, el partido de la selección nacional ante Polonia en la ciudad de Chorzów.

Mientras la edición de La Razón con su concluyente titular se distribuía en todo el territorio argentino en la tarde del martes 23, el público iba llegando con normalidad al estadio Monumental, donde River Plate recibía al débil Portuguesa de Venezuela. En diálogo con Infobae, la Pepona Reinaldi, titular aquella noche, recordó lo vivido: “Habíamos ganado un partido importante, porque con esa victoria quedamos a un paso de la clasificación a la siguiente ronda. Marqué un tanto en cada arco y parecía ser una noche normal para cualquier futbolista. Terminamos cerca de las 23 horas. Nos cambiamos y cumplimos con la rutina de ir a comer con algunos compañeros a uno de los carritos de la Costanera, cerca del estadio. En el trayecto, no se presentía nada en particular por las calles. Concluyó la cena tipo a las 2 de la madrugada y cuando quisimos salir, fue imposible porque ya estaban apostados los tanques y el ejército, que no te dejaban mover para ningún lado. Fue una situación que nos sorprendió y tomamos conocimiento que se había producido el golpe. Debimos quedarnos allí aproximadamente una hora más”.

Eran horas importantes, también, para la selección argentina. César Luis Menotti había asumido en octubre del ‘74, llevando adelante un proyecto serio, con el gran objetivo del Mundial ‘78. El domingo 14, había partido la delegación hacia Europa del Este, para afrontar la primera gira de su ciclo por el exterior. El viaje insumió más de 50 horas cubriendo Buenos Aires - Las Palmas - Madrid - París - Zurich (aquí se hizo un descanso en un hotel) - Varsovia - Moscú - Kiev.

Para la mayoría de los integrantes, era su primera vez en el viejo continente, llenándose de asombro y vértigo a cada paso. Y también de sorpresas, como nos contó Jorge Olguín: “Para mí era como estar viviendo un sueño, porque era difícil pensar que podía estar en la Selección y más hacerlo en una gira de esas características. Muchas cosas se hicieron mal, a las apuradas y entre ellas, mi visa, que estaba a nombre de Asad, otro compañero. Apenas llegamos a Moscú, me detuvieron los soldados que te revisaban en la aduana. Por medio de señas, meneaban la cabeza y con los dedos me hacían “dos y tres, dos y tres”. Obviamente no entendía nada, ni las señas ni el idioma. El dos era porque en la visa había dos nombres, Julio Asad, y en el pasaporte, tres: Jorge Mario Olguín. Todo el plantel pasó y a mí me dejaron solo sentado en un banquito como en las películas (risas). La historia se soluciona cuando llegó gente de la embajada y pude sumarme al resto hacia Kiev”.

El fin de semana anterior al golpe, se desarrolló la 8° fecha del Metropolitano, con algunos resultados sorprendentes, como el 3-1 de Quilmes ante River en el sur, la goleada de Huracán, el mejor equipo hasta allí del torneo, sobre Ferro por 5-1, y la sufrida victoria de Boca frente al recién ascendido San Telmo en la Bombonera por 2-1, con gol de García Cambón, en el tramo final del match.

El sábado 20, por la mañana, pudo verse por televisión en directo, algo que no era habitual, el encuentro frente a la Unión Soviética. Fue una mueca de felicidad, en medio del caos y la incertidumbre que azotaban a la sociedad. Argentina se impuso por 1-0 con gol de Mario Kempes, en la que fue una de las mejores actuaciones en la carrera del Loco Gatti, como él mismo rememoró: “Contra la Unión Soviética en Kiev las hice todas. Para entonarme, tomé un poco de whisky y el Flaco Menotti lo sabía. Yo tenía una botellita al lado del poste y cada tanto tomaba un traguito para motivarme y por el frío tremendo que hacía. Como ese partido, no habrá ninguno igual”.

A contramano de lo que ocurre en la actualidad, donde cada presentación del equipo nacional en cualquier punto del planeta es seguida por muchos periodistas, en aquella gira, apenas un puñado de colegas estuvieron presentes. Uno de ellos fue Fernando Niembro, a cargo de los relatos para Canal 7: “Ese partido quedó en la historia por muchos motivos, empezando por el clima: había 10 grados bajo cero y teníamos la seguridad que no se iba a disputar, porque la capa de nieve que tenía el campo de juego era de un metro. Llegué allí varias horas antes y el que era el intendente del estadio, por intermedio del embajador que hacía la traducción, me dijo: ‘Quédese tranquilo, porque a la hora de comenzar, todo va a estar perfecto’. Y así fue, porque con turbinas de avión, tiraron la nieve hacia los costados. Durante el transcurso del encuentro, comenzó a nevar. Al concluir, los periodistas fuimos a los vestuarios como era rutina y los jugadores estaban ateridos de frío, solo consumiendo el agua que habían llevado los utileros, hasta que de pronto, se abrieron las puertas y aparecieron mozos de guantes blancos portando bandejas de plata con té caliente”.

La alegría inmensa del plantel y de todos los futboleros por un éxito tan trascendente, contrastaba con lo que se vivía en el país. donde los diarios daban a conocer, día tras día, las cifras de muertes y asesinatos. En las portadas del martes 23, ya se hacía mención al final anunciado, señalando que los diputados y senadores, habían pasado por el Congreso a retirar sus pertenencias. Lo tradicional en los lamentablemente frecuentes golpes de estado de esos tiempos.

Ajenos a todo eso, ya instalados en Polonia, los muchachos de la Selección se preparaban para el cruce ante la selección local, pautado para el 24 de marzo. Así fue la vivencia de Niembro: “La noche anterior al partido, nos enteramos del golpe de estado, a través del José María Muñoz, que era quien nos informaba en forma permanente. Mi padre tenía actividad política en ese momento como asesor en el Ministerio de Trabajo. Yo quería tener datos, ya que, obviamente, la información de lo que ocurría en Argentina no abundaba. Llegué al estadio con varias horas de anticipación, me instalé en la cabina y Enrique Macaya Márquez, desde Buenos Aires, me dijo: ‘Fernando: el partido finalmente se va a televisar en directo’. Era la primera vez que iba a relatar. Era dificilísimo conseguir una comunicación telefónica con nuestro país, pero al terminar el cotejo, logré hablar con mis padres, que me confirmaron que estaban bien y me ampliaron un poco los detalles de lo que se estaba viviendo. Pensamos que la gira se iba a suspender, pero siguió tal como estaba programada”.

En el mismo sentido van los recuerdos de Héctor Scotta, quien era parte del plantel, luego de su sensacional temporada ‘75, donde batió todos los récords de nuestro fútbol al convertir 60 goles con la camiseta de San Lorenzo: “Me acuerdo que estábamos cenando y vinieron Menotti y el presidente de la delegación para contarnos que había habido un golpe militar y que Videla había afirmado que la Selección debía seguir su curso y terminar la gira. Sinceramente, estábamos todos asustados, porque no sabíamos que estaba ocurriendo realmente en el país. Ese día enfrentamos a Polonia y tuve la suerte de hacer un lindo gol tras una asistencia de Leopoldo Luque, pero no tuve ni tiempo de festejar, porque automáticamente Menotti me reemplazó por Houseman, que convirtió el segundo y ganamos 2-1”.

La población ya se encontraba bajo el control de la Junta Militar, como señaló el primer comunicado. Luego fueron llegando más, como el número 22, que anunciaba la suspensión para ese día de los espectáculos públicos, en cines, teatros y actividades deportivas. Y el 23, se refería al fútbol: “Se pone en conocimiento público que se ha exceptuado de la transmisión por cadena nacional de radio y televisión, la propalación programada para el día de la fecha del partido de fútbol que sostendrán las selecciones nacionales de Argentina y Polonia”. Y así fue: las marchas militares y comunicados que inundaban la televisión, se detuvieron a las 13:30 cuando comenzó el encuentro.

La Selección continuó con el periplo tal como estaba programado. El sábado 27 cayó ante Hungría en Budapest 2-0, el martes 30 perdió 2-1 con el Herta Berlín y concluyó con un empate en cero frente al Sevilla en esa ciudad, el jueves 1 de abril. La actividad del fútbol en el país no se detuvo, ni tuvo ningún cambio, porque en la noche del jueves 25, Estudiantes goleó a Portuguesa 3-0 y un día más tarde comenzó una nueva fecha del Metropolitano, con el triunfo de River sobre Temperley 2-0.

Y uno concluye que la pelota no se detuvo, pese a la situación brutal que se desataba en cada rincón del país. La Junta Militar, pese a cierta reticencia inicial, enseguida detectó que era conveniente seguir adelante con la organización de Argentina ‘78. Se había hecho muy poco, y por ello se motorizaron obras faraónicas para tener todo listo para disputar la Copa del Mundo. Esa que fue utilizada, pero que también le brindó una alegría enorme al pueblo futbolero, que saldó la vieja deuda de salir campeón y sentirse el mejor del planeta, gracias a un equipo que sentó las bases de su convicción, en la histórica gira de marzo del ‘76.

“Arrepentite, porque ves que te equivocaste. Te equivocaste, hiciste el mal, pero ahora también podés arrepentirte. Porque si no, ¿cómo vas a vivir y cómo vas a morir con estas masacres en tu corazón?”.

Eso quería decirle. Eso pensaba la francesa Genevieve Jeanningros, monja como su tía Léonie Duquet, quien fue detenida desaparecida, ferozmente torturada y arrojada viva al mar en un vuelo de la muerte, cuando vio a Alfredo Astiz en los tribunales argentinos en el año 2010. El gobierno de Néstor Kirchner había anulado las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que le habían permitido la impunidad. Los juicios por crímenes de lesa humanidad brotaban en tierra fértil por todo el país.

Para ese momento Astiz ya había sido condenado a cadena perpetua en Europa. En Francia, en un juicio en ausencia en 1990, por el secuestro y el asesinato de Alice Domon y Léonie Duquet —caso conocido internacionalmente como el de “las monjas francesas”—. En Roma, en 2008, donde fue sentenciado junto a Jorge Eduardo “el Tigre” Acosta, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Vañek y Héctor Antonio Febres, por la desaparición, tortura y muerte de tres inmigrantes calabreses —Ángela María Aieta, Susanna y Giovanni Pegoraro—. Luego recibiría más cadenas perpetuas nacionales y populares: en la Megacausa ESMA y en la denominada ESMA III. Durante el primero de estos procesos Genevieve, que ya había testificado en el juicio en Roma, lo vio.

—Lo que más me sorprendió es que cuando habló Astiz dijo que había hecho todo eso para defender a la Argentina, creía que había salvado a la Argentina. Yo me decía: “¿Pero qué has salvado? Has masacrado a tanta gente”. Luego, yo rezaba (porque nosotros estábamos detrás de un cristal, ellos estaban delante y lo veía bien). Rezaba porque me hubiera gustado cruzar mi mirada con la suya. También me hubiera gustado encontrarme con él a solas pero no se podía. Y entonces, tres veces, tres o cuatro, se giró y me miró fijamente a los ojos. Nuestros ojos se encontraron... Él sabía que yo estaba allí porque la prensa había dicho que estaba presente la sobrina monja de Léonie Duquet. Entonces enseguida me fijó la mirada. Era fría. Tenía una mirada helada.

***

—¡Betty, nos llevan!

Eran cerca de las ocho de la noche del 8 de diciembre de 1977. Un grupo de familiares de detenidos-desaparecidos conversaba en la puerta de la Iglesia de la Santa Cruz, ubicada en la calle Estados Unidos, en el barrio porteño de San Cristóbal. Habían ido a reunir firmas para una solicitada en la que pedían por sus seres queridos que iban a publicar dos días después en el diario La Nación. Entre ellos estaban dos de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco. También la monja francesa Alice Domon, compañera de Léonie Duquet: ambas venían de la misma región, “eran hermanas de la misma comunidad, pero también amigas” —dice Genevieve—. Ambas participaban de las vueltas a la Pirámide de Mayo con las Madres que habían nacido, paridas por esos hijos desaparecidos, hacía unos meses, ese año. Y, a veces, también se daban cita con ellas y otros familiares en la Santa Cruz: iban a misa y luego se reunían en el templo, donde les concedían un espacio al resguardo de los ojos cazadores de los militares que prohibían las reuniones grupales. Allí estaban a salvo. Eso creían.

—A ellas les daba tristeza ver a esas mujeres que habían perdido a sus hijos y no sabían dónde estaban. Porque si un hijo muere es muy doloroso… pero tienes su cuerpo, lo entierras, le das sepultura. Pero entonces estaba Astiz, que se hacía pasar por el hermano de uno de los desaparecidos. Y había una de las madres, no recuerdo cuál, a quien ese chico joven le recordaba a su hijo y ella se había enternecido con él. Las demás también porque, al fin y al cabo, los chicos desaparecidos tenían la edad de Astiz en aquel entonces —recuerda.

Entre las Madres de Plaza de Mayo y los familiares de desaparecidos, fingiendo ser Gustavo Niño, se había infiltrado el capitán de la Marina, Alfredo Astiz. Aquella noche había marcado con un abrazo a las personas que iban a ser secuestradas.

—Alrededor de las ocho nos fuimos retirando, para ir por la calle Estados Unidos. Y cuando no habíamos dado más de diez pasos vi a la señora de Cerruti que levantaba los brazos, la habían puesto contra la pared y me dijo, me llamó por mi nombre: ¡Betty, nos llevan! (...). Pude ver, al girar mi vista hacia la izquierda, que había un hombre armado con una pistola ametralladora. A mí me dio la sensación de que habían sido golpeadas, posiblemente en el estómago, porque no gritaban. Solamente sentí a la señora de Careaga que decía “Por qué”. “Por qué”, dijo dos veces, muy bajito.

Así narró Beatriz Aicardi de Neuhaus, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, durante el Juicio a las Juntas de 1985, el secuestro en la Iglesia de la Santa Cruz, del que fue testigo.

Pero la operación que tenía por objetivo al grupo que se reunía en el templo no terminó ahí. Dos días después, el 10 de diciembre, los miembros del abominable grupo de tareas 3.3 que funcionaba en la ESMA, y del cual Astiz era parte, fueron por aquellas personas que el infiltrado había marcado pero ese día no se encontraban en la iglesia. Se llevaron a la principal impulsora de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de Devicenti, cuando salía de su casa a comprar La Nación para ver la solicitada que habían publicado por los desaparecidos, y a Léonie Duquet.

—Léonie estaba en Ramos Mejía, en la parroquia en la que se alojaba —cuenta Genevieve—. Era una casita con una pequeña habitación y como no había párroco le habían ofrecido quedarse allí. Fueron a su casa y se la llevaron diciendo: “Tu compañera, Alice, está en el hospital, te llevamos con ella”. Pero no era verdad.

En la solicitada publicada aquel día, entre las firmas recabadas, aparecía el nombre que los había conducido al infierno: Gustavo Niño. Durante muchos años las agrupaciones de familiares pedirían por él como uno más entre los desaparecidos.

***

Léonie Duquet —a quien también llamaban “Renée”— había llegado a la Argentina casi tres décadas antes del golpe, en 1949. Había nacido en la aldea campesina La Chenalotte, en una zona montañosa de Francia cerca de la frontera con Suiza, y se había unido de joven a la Congregación de las Misiones Extranjeras de París, que la había enviado al país del fin del mundo.

—Tengo pocos recuerdos de ella porque se fue en el 49 y yo tenía seis años, pero recuerdo que cuando venía a casa jugaba conmigo y con mi hermano. Todavía me veo a mí misma, teníamos la casa con las ventanas bastante bajas, saltábamos desde ahí al jardín y con ella era todo un juego. Era precioso. En 1949 ingresó en las Hermanas de Misión Extranjera de París y una de las fundadoras era argentina; entonces, si bien se dedicaban principalmente a la zona de Oriente, soñaba con llevar una comunidad a su país. Así es como se fueron —recuerda su sobrina, quien también se hizo monja siguiendo a su tía y porque su madre, fervientemente creyente, le había inculcado el amor por Jesús.

Una vez en Argentina, Léonie Duquet se radicó en Hurlingham y en Morón. “Su sueño siempre fue estar con los más pobres”, asegura Genevieve.

Mientras buscaba su lugar en el país austral, trabajó en una clínica y formó parte de un grupo liderado por el sacerdote Ismael Calcagno, primo político de Jorge Rafael Videla. Léonie Duquet tuvo el gusto con el futuro dictador de joven: ella se desempeñaba en una comunidad donde había personas con discapacidad entre las que estaba —la vida y sus paradojas— Alejandro Videla, el hijo mayor del militar. Había nacido en 1951 y padecía retraso madurativo, por lo que estuvo internado en la entonces Colonia Montes de Oca —institución de salud mental y discapacidad intelectual que actualmente es el Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo— en el partido de Luján. Videla lo mantenía prácticamente oculto. Alrededor de 1955 Alejandro fue cuidado por Léonie Duquet, que dictaba catequesis a personas con necesidades particulares.

También desarrolló diferentes tareas y colaboró con la comunidad mapuche en Neuquén, con enfermos de lepra y con Cáritas. Cuando irrumpió el golpe de Estado estaba instalada en el Gran Buenos Aires. Trabajaba en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Castelar y brindaba catequesis en Ramos Mejía, donde se estableció.

“Callarse hoy sería cobarde”, solía decir ante su actitud plantada frente a la defensa de los derechos humanos a partir del 24 de marzo de 1976. ​

***

“Buscá, tenemos que encontrarla. ¿Dónde está?”.

La madre de Genevieve estaba desesperada. Las noticias de Argentina no demoraron en cruzar el océano y después de la desaparición del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz Francia se empezaba a preguntar por Alice Domon y Léonie Duquet.

—Mamá no se tranquilizaba. Yo tengo un hermano, mi hermano mayor, Michelle, que estaba muy comprometido con los sindicatos y recopilaba muchos artículos de la prensa. Entonces mi mamá le pedía que buscara. Él tiene metros y metros de recortes de periódicos de ese período, lo que salía en Francia sobre Argentina. Francia había empezado a reclamar por eso es que desaparecieron enseguida. Porque ya se estaba creando un problema: el gobierno francés quería saber. Entonces montaron esta puesta en escena con los Montoneros para decir que habían sido ellos quienes las habían secuestrado, lo cual no era cierto.

Las doce personas que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz fueron llevadas al centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Ante el inminente escándalo internacional que tenía a Francia erizado a la espera de una respuesta argentina, Emilio Massera decidió montar una pantomima y simular que las monjas habían sido secuestradas por Montoneros. Obligaron, bajo tortura, a Alice Domon a escribir una carta dirigida a su superiora en la congregación a la que pertenecían en la que afirmaba que habían sido secuestradas por una organización opositora a la dictadura de Videla. Para completar el envío les tomaron una foto en la que Alice y Léonie están sentadas delante de una bandera de Montoneros. En la imagen, capturada en el subsuelo del Casino de Oficiales de la ESMA, ambas aparecen con signos de tortura. Eso se envió a la prensa francesa.

El 15 de diciembre de 1977 el diario La Nación publicó un artículo titulado “Vivas y con buena salud”. En él se informaba que la Madre Superiora de la congregación había dicho, desde Francia, que las hermanas Léonie y Alice estaban detenidas pero “vivas y con buena salud”. Aclaraba, además, que la información provenía del Nuncio Apostólico en la Argentina.​

Para la verdad todavía faltaba. Pero después de finalizada la dictadura, cuando los sobrevivientes comenzaron a declarar para el informe Nunca Más, comenzó a dibujarse.

“Cayeron alrededor de diez o doce familiares, entre ellos la hermana francesa Alice Domon. Más tarde fue llevada también a la ESMA la hermana Rennée Duquet, de la misma congregación religiosa que la hermana Alice. A la hermana Renée la alojaron en ‘Capuchita’. Las hermanas Alice y Renée fueron salvajemente torturadas, especialmente la primera. La conducta de ellas fue admirable. Hasta en sus peores momentos de dolor, la hermana Alice que estaba en ‘Capucha’ preguntaba por la suerte de sus compañeros y, en el colmo de la ironía, en forma particular por el ‘muchachito rubio’, que no era otro que el Teniente de Fragata Astiz (quien se había infiltrado en el grupo haciéndose pasar por familiar de un desaparecido)”. “Las hermanas Alice y Renée fueron ‘trasladadas’ y, junto con ellas, los familiares secuestrados en la misma circunstancia”. (Testimonio de Lisandro Raúl Cubas, ex detenido-desaparecido).

Las vieron con vida, en la ESMA, hasta mediados de diciembre.

***

El 20 de diciembre de 1977 el mar arrastró a la playa, a la altura del balneario de Santa Teresita, lo que no le pertenecía: cadáveres que le habían sido arrojados días antes. “Choque contra objetos duros desde gran altura”, era la causa de la muerte registrada por los médicos policiales que examinaron los cuerpos. Sin más, fueron enterrados como NN en el cementerio de la ciudad de General Lavalle. Ahí esperarían casi tres décadas hasta revelar su identidad gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

—Su cuerpo fue enterrado en una fosa común junto con los que habían aparecido en la playa de Santa Teresita. De esto nos enteramos después, en 2005. En 2003 Néstor Kirchner llegó al Gobierno y quiso que se reabrieran las fosas comunes. Entonces vinieron los antropólogos forenses que hicieron muchas investigaciones y abrieron esta tumba. Porque había habido algunas madres que quizá tenían dudas sobre esta aparición, que fue a pocos días de la desaparición, en la playa. El que era el responsable de los antropólogos forenses nos dijo: “Yo soy ateo, pero para mí fue un milagro”, porque era más fácil identificarlas ya que eran personas adultas. La mayoría [de los desaparecidos] eran jóvenes, y allí: mi tía tenía 61 años, las otras madres tenían entre 50 y 55 —dice Genevieve.

Fue entonces cuando el EAAF le pidió a Michelle, su hermano, que se sacara sangre para contrastar el ADN con los restos encontrados.

—Un día lo llamaron porque el ADN era un 99,98 % igual al fragmento de huesos que habían encontrado allí. Y como Scilingo había explicado esto de los vuelos de la muerte, cuando hizo una declaración, enseguida se resolvió. Cuando fuimos a ver a los antropólogos, habían colocado la bandera argentina sobre una mesa y habían reconstituido el cuerpo, el esqueleto. Y entonces decían: “Mirá, aquí, son fracturas que sufrieron cuando fueron arrojadas desde el avión al mar”, porque los huesos se destrozaban.

***

El funeral fue el 25 de septiembre de 2005, en Buenos Aires. El Gobierno francés quería repatriar los restos pero la familia se opuso.

—Normalmente las monjas, cuando morimos, somos enterradas allí donde fallecemos. Pero además dijeron: “Ella dio la vida junto a sus amigas y tiene que estar con ellas”.

Genevieve no quería asistir al funeral: tenía miedo de que la sobrepasara la emoción, y algo de pudor porque sentía que había seguido los sucesos desde lejos. Lo que no hizo fue quedarse callada frente a la institución a la que le había prometido y le entregaba su vida, así como lo había hecho su tía.

—Sufrí por la desaparición de mi tía, pero también sufrí por el silencio de la Iglesia. Y me dije: esto tengo que decirlo. Y entonces, era en septiembre el funeral, en octubre el cardenal Bergoglio vino a Roma para el sínodo de los obispos. Y le escribí; pero todavía estaba enojada así que no escribí una carta amable. Le dije que no entendía la postura de la Iglesia; que el Evangelio es para todos, pero sobre todo para los pobres. Se la llevé al Vaticano, ya que estaba allí para el sínodo, y le había puesto mi número de teléfono. Y esa misma noche me llamó. Cuando respondí empecé a pensar: “¿Pero qué he hecho? ¡Le grité a un cardenal, cómo se me ocurre!”. Y entonces me dijo: “Gracias por su carta. Quería decirle que, de todos modos, habíamos dado la autorización para enterrarlas en la Iglesia de la Santa Cruz. Y pensaba que con eso bastaba”. Le dije que no, porque todavía estaba enfadada, no bastaba: “La gente ha sufrido demasiado. Y ustedes tienen que estar presentes en estas ocasiones, cuando se pueda” —Genevieve evoca el diálogo con quien se tranformaría en un gran amigo—. Hubo un momento de silencio, luego me dijo: “Gracias, hermana, así es como se habla entre hermanos y hermanas”. “Pero no quisiera que pensaran que esto me era indiferente, porque tenía una gran amiga, Esther Careaga, que desapareció con su tía. Siempre he seguido esta historia desde cero”.

***

—Quien ha perdido a alguien siempre espera que vuelva, hasta que no te dicen que está muerto —asegura Genevieve—. Y nosotros esperábamos siempre.

Y aún así, en los tribunales de 2010, mirándolo fijo tras un cristal, rezaba por ese que había sido un joven “rubito” de ojos azules, en el que las madres veían a sus hijos. Ese que había sido su condena.

“Arrepentite”. “Porque si no, ¿cómo vas a vivir y cómo vas a morir con estas masacres en tu corazón?”.

El escritor, periodista, historiador, apasionado militante de izquierda, perseguido por la Triple A y forzado al exilio Osvaldo Bayer publicó una columna en el diario Página/12 en diciembre de 2005 sobre Juan Jaime Cesio en la que decía: “El coronel argentino Juan Jaime Cesio fue descalificado por falta gravísima al honor con accesoria de pérdida del uso del grado, título y uniforme, por la dictadura militar de la desaparición de personas”.

“El héroe, en la Argentina, es el culpable. El dictador de manos manchadas de sangre es el juez”, explicó el autor de La Patagonia Rebelde.

Las palabras de Bayer sirven para introducir el nombre de Cesio, quien por oponerse al terrorismo de Estado de la dictadura de 1976 fue castigado. La drástica sanción castrense se fundamentó en que Cesio acompañó a las Madres de Plaza de Mayo en una de sus históricas marchas.

Asimismo, el militar declaró de manera abierta durante los años de plomo que diversas bandas integradas por militares habían usurpado el gobierno nacional con “el mendaz propósito de combatir a la subversión interna, cometieron delitos aberrantes, tales como el secuestro, la tortura y el asesinato de miles de personas”.

Por denunciar públicamente la desaparición sistemática de ciudadanos, el aparato represivo estatal le inició un severo sumario interno bajo la repudiable figura de “deshonor e indecoro militar”.

Tras un viciado proceso disciplinario, el Superior Tribunal de Honor del Ejército le impuso, el 7 de noviembre de 1983, la máxima sanción de la fuerza. la más grave de las sanciones previstas: la descalificación por falta gravísima al honor, con la accesoria de pérdida y privación de su grado, título y uniforme. Esa condena de por vida fue ratificada mediante el decreto 3146 del 30 de noviembre de aquel mismo año, a escasos diez días de la asunción del gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Los tribunales castrenses de la época esgrimieron por escrito que el coronel privilegiaba equivocadamente su condición de ciudadano por sobre su condición militar.

Sin embargo, la implacable persecución contra ese oficial de la Nación había comenzado mucho antes de la instauración de la dictadura. Durante el año 1973, Cesio se desempeñaba como secretario general del Ejército Argentino bajo el mando directo del Comandante en Jefe del Ejército general Jorge Raúl Carcagno.

Fue precisamente en esa gestión castrense cuando el general Carcagno denunció ante la décima Conferencia de los Ejércitos Americanos los peligrosos postulados de la Doctrina de la Seguridad Nacional, orientada exclusivamente a la represión interna.

Por su impecable foja de servicios, Cesio fue propuesto formalmente por la Junta Superior de Calificaciones para su ascenso al generalato en los años 1973 y 1974. No obstante, durante el último gobierno de Juan Domingo Perón, su carrera militar sufrió un freno definitivo.

El entonces ministro de Bienestar Social y monje negro del gobierno, José López Rega, bloqueó de manera personal su ascenso en las respectivas comisiones del Congreso de la Nación. El falso argumento utilizado burocráticamente para trabar su promoción consistió en acusarlo de ser un comunista que había participado activamente en las revueltas del Mayo francés de 1968, a pesar de que los registros migratorios marcaban que Cesio recién había visitado París a partir del año 1971.

Ante estas presiones gubernamentales, el oficial fue pasado a retiro obligatorio en 1975. Posteriormente, la dictadura de facto se encargó de promover a los oficiales que habían sido postergados junto a él.

Tras ser apartado injustamente de las filas castrenses y despojado de su rango, Juan Jaime Cesio tuvo que rearmar su vida en el ámbito civil. Trabajó profesionalmente como gerente de seguridad de la empresa estatal YPF, y se desempeñó como estrecho asesor en temas vinculados a la defensa nacional junto al histórico dirigente Oscar Alende. Asimismo, el ex uniformado encontró ocupación prestando servicios como corrector de estilo literario en varias publicaciones de la época. En ese contexto, llegó a redactar e imprimir un libro de su autoría titulado “La cocina del cuartel”. Sobre esa obra en particular, el propio militar detalló años más tarde que contenía amables tintes de humor y un capítulo entero dedicado a describir para qué sirven verdaderamente los militares en una sociedad moderna, logrando vender alrededor de mil ejemplares. En paralelo a esto, fundó el Centro de Militares por la Democracia (CEMIDA) de forma conjunta con su compañero de armas, el coronel Horacio Ballester.

Durante los años posteriores al restablecimiento del orden constitucional en el país, los sucesivos gobiernos ignoraron por completo su situación legal. Las gestiones presidenciales, los ministros de Defensa de turno y los legisladores nacionales mandaron archivar sistemáticamente en los despachos ministeriales los diversos pedidos de revisión de su expediente.

Cesio llegó a enviarle una misiva formal al ex presidente Carlos Menem, quien jamás le brindó una respuesta institucional. Ante esa inacción deliberada por parte del Estado, el militar se encargó de mantener vivo su justo reclamo de manera inclaudicable.

El propio oficial narró ante la prensa nacional que, cada vez que se producía un recambio de autoridades en las cúpulas militares, se presentaba pacientemente portando una nueva nota escrita mediante la cual solicitaba que por fin se hiciera estricta justicia con su caso.

El 23 de marzo de 2006 se produjo el acto oficial que finalmente dispuso la restitución definitiva de su grado militar. Las complejas gestiones que culminaron de manera exitosa en esa medida reparatoria comenzaron a fines de 2005. El proceso burocrático tomó un impulso notorio luego de que la entonces ministra de Defensa de la Nación, Nilda Garré, invitara de manera oficial al coronel a participar del cóctel de fin de año de su ministerio.

El largo y tedioso proceso administrativo encontró su resolución el 3 de marzo de 2006, cuando el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general Roberto Bendini, firmó la disposición que dejó sin efecto la sanción y levantó la prohibición del uso del uniforme. La disposición fue avalada y ratificada por Garré el 6 de marzo de aquel mismo año.

Al ser debidamente notificado de la restitución de sus laureles, el militar expresó públicamente sus profundas sensaciones frente a los medios de comunicación. “Estoy realmente abrumado porque, después de tanto tiempo, no lo esperaba. Es absolutamente emotivo”, confesó el oficial ante la prensa, mostrándose visiblemente conmovido por la situación.

Con innegable franqueza, el protagonista de la jornada dimensionó el peso de todo el tiempo transcurrido en el ostracismo burocrático, afirmando: “He tenido que esperar treinta años para que se hiciera esto”. Asimismo, a lo largo de aquel día, Cesio no dudó en calificar a la infamante sanción impuesta originalmente por la dictadura como una lisa y llana “estúpida medida” en su contra, destacando que siempre aguardó el momento idóneo en el que se hiciera estricta justicia. Para la ceremonia de desagravio institucional, la dependencia oficial de sastrería del Ejército le confeccionó un uniforme reglamentario nuevo a su exacta medida, prenda que le fue obsequiada de manera personal por el propio general Bendini. “Ayer me mandaron de la sastrería militar mi uniforme y me lo volveré a poner esta tarde”, relató con indisimulable y justo orgullo el coronel.

El acto reparatorio impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional se llevó a cabo el jueves 23 de marzo de 2006, exactamente a las 18, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Ese día estuvieron allí funcionarios gubernamentales, legisladores, organismos defensores de los derechos humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. El entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, pronunció un discurso dotado de una trascendental carga histórica.

Durante esa ceremonia, el Estado argentino no solo restituyó íntegramente los honores militares a Juan Jaime Cesio, sino que el presidente de la República anunció formalmente el envío al Senado de la Nación del pliego correspondiente para concretar su postergado ascenso extraordinario al grado de general de brigada. En ese mismo marco institucional, también se procedió a oficializar el ascenso post mortem del coronel Martín Rico, un uniformado que había sido asesinado por la organización terrorista Triple A en marzo de 1975, luego de investigar y señalar de forma explícita a José López Rega como el máximo responsable de dicha estructura criminal amparada desde el poder.

Aquel día Kirchner aseguró que se estaba llevando adelante un acontecimiento fundamental que superaba ampliamente las barreras de un simple trámite administrativo. “Estamos produciendo un acto que la democracia, el Gobierno y el pueblo se debían a sí mismos”, afirmó Kirchner . Luego señaló: “Sin rencor, con memoria, estamos haciendo un acto de la más estricta y pura justicia”. El presidente argumentó que resultaba completamente imperioso dejar atrás los eufemismos del pasado y comenzar a poner decididamente las cosas de la historia en su justo lugar.

Kirchner recordó que a Cesio se le había reprochado burocráticamente el imperdonable hecho de haber privilegiado su condición de ciudadano por sobre su condición de militar. Ante esta evidente aberración jurídica y moral, Kirchner cuestionó la falsa premisa corporativa que insinuaba que ser un integrante activo de la milicia significaba abandonar obligatoriamente la calidad ciudadana, sosteniendo que la recuperación y el resguardo de la ciudadanía resulta siempre un aspecto absolutamente fundamental en la vida democrática de cualquier nación.

En directa referencia al sentido de la restitución gubernamental en curso, el jefe de Estado pronunció palabras sumamente contundentes: “Debemos hacer esto para que en la Argentina no pueda ya decirse que el héroe es condenado y el dictador con las manos manchadas de sangre resulta juez”.

El ex presidente miró al militar y le dijo: “Querido coronel Cesio, futuro general de la Nación, muchos de los de mi generación que hoy estamos y de los que no están, que en muchas cosas pensábamos igual, siempre, desde hace más de treinta años, pudimos conocer su honorabilidad, su amor a la democracia, su amor a la verdad, el concepto y la filosofía que quería de las instituciones armadas y de su querido Ejército, al cual entregó su vida, su pasión por esta Argentina”.

Hacia la conclusión definitiva del histórico acto en la sede del gobierno nacional, el máximo mandatario aprovechó el enorme peso de la ocasión para pedir sinceras disculpas en representación del Estado. Kirchner remarcó ante los presentes que, después de tantas horas infortunadas y dolorosas que el militar debió atravesar en abrumadora soledad, las instituciones de la República trataban finalmente de devolverlo al lugar de prestigio que en las páginas de la historia de la Patria le correspondía detentar. Asimismo, subrayó a viva voz que las fuerzas armadas nacionales se prestigiarían de manera indiscutible ante el mundo entero al lograr contar nuevamente en sus filas con la inobjetable presencia de generales honorables como Juan Jaime Cesio y Martín Rico. El presidente argentino indicó que la emotiva ceremonia encerraba para el seno de la sociedad civil la imprescindible noticia de que los argentinos no habían perdido de modo definitivo la elemental capacidad humana de distinguir de manera nítida entre el bien y el mal, como así tampoco de diferenciar claramente entre lo que es honorable y lo que representa una deshonra.

Para concluir la jornada de reparación, Kirchner formuló un llamado inclaudicable a destruir para siempre los oscuros códigos del silencio corporativo instaurados en el ámbito castrense, asegurando que únicamente con verdad, con memoria activa y con castigo a los culpables se lograrían echar las bases sólidas para construir un país mucho más justo y equitativo. Cesio fue ascendido a general de brigada un mes más tarde de la ceremonia. Cesio murió el 23 de diciembre de 2017 a los 91 años. Murió con el grado militar que le correspondía.

La reciente desclasificación y publicación de archivos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) del período 1973-1983 reveló detalles operativos hasta ahora desconocidos del organismo en una época marcada a fuego y sangre por la violencia estatal y la resistencia de grupos armados. En ese contexto, un documento Estrictamente Secreto y Confidencial (ESC) de 1982 trajo a la luz los métodos utilizados para censurar libros y películas durante la última dictadura militar.

La Resolución “ESC” N° 72/82 de la SIDE, fechada el 31 de enero de 1982, estableció la readecuación de la estructura y la modificación de las “normas de asesoramiento ideológico” que la central de inteligencia le proporcionaba a la Aduana, que tenía la última palabra para la ejecución de la censura.

Había sido en 1973, durante la última presidencia de Juan Domingo Perón, que se le asignó a la Aduana “la responsabilidad de control de todo tipo de literatura cuya finalidad fuese la difusión de ideologías contrarias a los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional a los efectos de su prohibición de ingreso al país”.

En ese mismo momento, se le asignó “a la Secretaría de Inteligencia de Estado la función de asesoramiento técnico mediante el análisis de contenido ideológico de las publicaciones a fin de que la Aduana determine el encuadramiento correspondiente a las prohibiciones sobre circulación”.

Tras varias adecuaciones y modificaciones en los procedimientos previos que de momento no fueron dados a conocer, en las últimas horas se reveló el documento de 1982 ya mencionado que brinda los detalles precisos de cómo se ejercía la censura de los materiales.

El trabajo era llevado a cabo por la División Asesoría Literaria, dependiente de la Dirección Comunicación Social, inmersa a su vez en el Departamento Medios de Comunicación Social. La tarea era la de analizar el contenido del material remitido por la Administración Nacional de Aduanas, así como integrar el Consejo Honorario del Ente de Calificación Cinematográfico, “emitiendo opinión sobre aspectos que pueden atentar contra la Seguridad Nacional”. Además, se debía “mantener actualizada la biblioteca ideológica” de la SIDE.

Para el estudio de las publicaciones había un sistema establecido con un sinfín de precisiones y formularios elaborados a tal fin. Se había armado también un Esquema de Caracterización Ideológica, que definía “sintéticamente los aspectos más significativos de las corrientes ideológicas seleccionadas para el fin propuesto”.

Esas ideologías estaban divididas en tres grandes ejes:

• El marxismo-leninismo, incluyendo la versión ortodoxa (Moscú) y las restantes subvariantes (castrismo, maoísmo, trotskismo, stanilismo, etc.).
• Los regímenes o doctrinas que, como el anarquismo, el nazismo, o el fascismo sustentan la utilización de la violencia, la abolición de libertades, etc.
• Las corrientes progresistas católicas (Tercermundismo).

A partir del análisis del material, los encargados de realizarlo debían emitir su juicio, cuyo resultado sería:

• No aparecen evidencias de que se trate de difundir con finalidad propagandística ideologías objetables.
• Difunde con finalidad propagandística la ideología: marxista-leninista, o cualquiera de sus variantes (ortodoxa-trotskista-stalinista-castrista-chinoísta, tercermundista, etc.); anarquista; o nazi-fascista.

Los formularios utilizados contaban con espacios a llenar con datos de los autores, las editoriales y las imprentas, así como de los dueños de las mismas.

En cuanto a las obras, había que diferenciar sus temáticas y los públicos a los que se dirigían. De autores, editoriales e imprentas, se marcaban sus antecedentes. Podía no haberlos, pero si los había, debía detallarse si eran “favorables” o “desfavorables” y redactar una síntesis.

Luego, se efectuaba el análisis ideológico. Una vez reseñado el tema de la obra literaria o cinematográfica, se marcaba con un sí o un no si la misma poseía “contenido ideológico”. El siguiente paso era indicar “referencias conceptuales en relación al Esquema de Caracterización Ideológica”.

Mediante cuadros para marcar las opciones correctas, había que señalar a cuál ideología de las ya diferenciadas anteriormente pertenecía el material. En un siguiente esquema, lo que se especificaba era a cuál variante de cada una de esas ideologías adherían y si el contenido era de naturaleza “científico-pedagógica”, “propagandística” o “crítica”.

“Se expresará en un breve juicio fundado, resultante de la conjunción de los aspectos formales, antecedentes y análisis de contenido del presente formulario, a fin de fundamentar el término de evaluación a proponer”, se indicaba en el instructivo con respecto a cómo redactar la conclusión del informe.

En un segundo apéndice, se detallan, ideología por ideología, características de cada una de las ideologías a perseguir, con las concepciones generales de cada una respecto de los conceptos de “economía”, “propiedad privada”, “familia”, “justicia”, “educación”, “política”, “estado”, “bien común”, “autoridad-poder”, “concepción de Dios”, “relación hombre-Dios”, “diálogo personal”.

Incluso, al final de las descripciones, había una aclaración: “Esta caracterización del Progresismo-Católico no será utilizada dentro de los términos de difusión. Cuando exista inequívoca similitud con el marxismo, se la conceptuará en esta ideología”.

El servicio de análisis de los materiales era entendido por el Gobierno como un “asesoramiento técnico en materia ideológica” de la SIDE a la Administración Nacional de Aduanas, tal como se puede leer en una resolución del organismo de inteligencia del 4 de febrero de 1982. En la misma, por ejemplo, a menos de una semana de la resolución anterior y sus correspondientes instructivos, fue que se incluyó directamente al tercermundismo dentro de las ideologías marxistas.