La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, realizó este martes 28 de abril de 2026 en el Senado un fuerte pronunciamiento en el que denunció una escalada de violencia en el Valle del Cauca y el Cauca, acusando al actual Gobierno de “premeditar” los hechos y de utilizar la inseguridad con fines políticos.

Las declaraciones surgen tras reportes de ataques consecutivos en la región, que han generado inquietud en la opinión pública.

Durante su intervención, Cabal manifestó que “dos días seguidos de una matazón permanente, sin parar en el departamento del Valle del Cauca y en el Cauca. Qué casualidad tan grande, ¿no? Parece que todo fuera premeditado”.

Según la congresista, la responsabilidad recae en el actual Ejecutivo que, a su juicio, habría llegado al poder por medio de fraude electoral y acuerdos con sectores criminales. “Y sí, es premeditado por un gobierno que pactó ganar las elecciones con fraude y con apoyo del Pacto de la Picota. El país debe corregir el rumbo en estas elecciones”, sostuvo.

La senadora del Centro Democrático criticó la reacción de miembros del oficialismo ante los hechos violentos. “Más atroz ver un congresista del Pacto celebrando en una camioneta diciendo que el pueblo no tenía miedo, cuando al pueblo fue el que mataron en esas busetas, en esos colectivos, masacrados por un gobierno que le da estatus a los bandidos más peligrosos que tiene Colombia”, declaró.

Entre sus cuestionamientos, Cabal señaló la falta de acción frente a líderes de organizaciones armadas. “¿Cómo así que no agarran a Calarcá? ¿Cómo así que no agarran a Mordisco? ¿Cómo así que el tal Marlon hace lo que se le da la gana?”, preguntó la congresista.

La parlamentaria también criticó la política exterior del presidente Gustavo Petro, especialmente la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Aseguró que “Petro rompió las relaciones con Israel, con la mentira de que le dolían los muertos de la guerra. No le duelen los muertos de Irán, no ha roto relaciones con Irán, aquí sigue la embajada de Irán abierta. ¡Hipócritas!”

Cabal advirtió que la situación de orden público y seguridad afecta directamente a la población y responsabilizó al Gobierno de “dejar morir al pueblo, que lo único que quería era tranquilidad y seguridad”. Añadió que “ellos no son los dueños de los pobres como se dicen ser. Lo que hacen es empobrecer, arruinar una economía que quiere salir adelante”.

En su intervención, la senadora rememoró cifras del pasado para comparar la situación actual con gobiernos anteriores. “Colombia, durante el gobierno de Álvaro Uribe, pasó de 30 mil muertos a 12 mil”, mencionó, al tiempo que cuestionó la creación de instituciones como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), calificándola como “burocrática, mentirosa y falsaria”.

Según la congresista, la JEP “lo que quiere ahora es que le den más plata pa seguir inventando historias y seguir metiendo preso a la fuerza pública”.

La legisladora instó a los votantes a considerar el rumbo del país en las próximas elecciones. “Ojalá el pueblo colombiano entienda que esas falsas promesas del cambio tienen que corregirse en estas elecciones. Si perdemos la libertad... Duraremos 30, 40 años. Ahí sigue Cuba miserable. Ahí sigue la ciudad de La Habana, donde Juan Manuel Santos fue a hacer su pacto con el diablo”, expresó con vehemencia.

Cabal vinculó el deterioro de la seguridad al proceso de paz negociado en La Habana y a lo que describió como una alianza entre las élites políticas y la antigua guerrilla.

“El pacto de élites, la élite política colombiana que arruinó a las regiones de Colombia y las sigue arruinando, y la élite de las Farc, que de campesinos no tienen nada, son una empresa criminal transnacional”, afirmó.

La senadora advirtió que la violencia actual “es idéntica a la de México” y denunció la fragmentación del control territorial en manos de “cientos de grupos de traquetos”.

Planteó también preguntas sobre el impacto en la fuerza pública: “¿Cuántos miembros de la fuerza pública mueren o quedan sin extremidades? ¿Cuántos terminan presos por la narrativa de una fiscalía cómplice y perversa que le sirve a Gustavo Petro?”

En su cierre, Cabal reiteró su compromiso con la memoria histórica y la defensa de la institucionalidad. “Que la historia los juzgue, porque de mi parte seguiré encargándome de que no la cambien, no la tergiversen, no se inventen posconflicto, posverdad, ni más basura mental”.

Como parte del proceso de desclasificación de archivos históricos de la SIDE que está encarando el Gobierno, este martes se dio a conocer una segunda entrega, compuesta por 17 documentos, en un archivo digitalizado de 1419 páginas. Dentro del material revelado, se encuentra la publicación, en 1978, de un libro escrito por la propia central de inteligencia, en plena dictadura, para denunciar una “campaña de desprestigio” internacional.

Tras una primera entrega en la que se destacaron, entre otras revelaciones, la de los formularios utilizados para censurar libros y películas y cómo se organizaba la oscura Comisión Asesora de Antecedentes de la SIDE en la dictadura, en esta nueva tanda “se incluyeron decretos, informes y resoluciones que permiten profundizar la reconstrucción histórica” durante el período 1946 - 1983, destacó Cristian Auguadra, secretario de Inteligencia del organismo.

Lo más destacado de las nuevas revelaciones es que se hallaron las pruebas de que fue la propia SIDE la que en 1978 se encargó de la producción de Argentina y sus derechos humanos, un libro a través del cual, desde la fachada de la ficticia Asociación Patriótica Argentina, se denunciaba una presunta campaña de desprestigio internacional contra el gobierno militar.

En una guía que acompaña la difusión del material desclasificado, se informó que fueron halladas en el Fondo Documental SIDE dos ediciones del mismo libro, con “ciertas diferencias puntuales” entre ellos, pero con un contenido y formato similar.

La confección de la obra, escrita en castellano, inglés y francés, fue ordenada desde la oficina de Interior como parte del denominado “Operativo Editorial”.

El equipo de investigación del Archivo Histórico halló un Sumario Administrativo gracias al cual “pudo determinar que el Sr. Subsecretario ‘A’ (8-Interior) encomendó a un agente de la SIDE la confección, elaboración, edición y distribución de un libro relacionado con ‘el accionar de la subversión en el mundo y sus implicancias en la República Argentina’, denominado Argentina y sus Derechos Humanos.

Ello “implicó que un agente, bajo un nombre supuesto, integrara una asociación civil denominada Asociación Patriótica Argentina, actuando como secretario de prensa”.

“Para ello, se le brindó documentación personal y tarjetas institucionales. El agente, con esta cobertura, realizó entrevistas y mantuvo correspondencia con ‘familiares de fallecidos por la subversión’, organismos de derechos humanos, personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, imprentas, editoriales, medios de comunicación, dependencias estatales, etc. Según se desprende del sumario, el ‘Operativo Editorial’ tuvo asignada una partida presupuestaria entre 1979 y 1983″, se detalló.

Un mensaje que precede a la primera edición, fechado en septiembre de 1979, asegura que en la publicación “se hallan debidamente documentados los más significativos atentados terroristas que ha padecido la República Argentina desde 1969″ hasta ese momento.

“Se hace referencia también a algunos aspectos de la campaña que desde el exterior se realiza para desprestigiar a nuestro país, campaña que se desarrolla con gran despliegue publicitario; muy oneroso por cierto, pero con deformación maliciosa y mendaz de la actualidad y del pasado reciente”, afirma el texto firmado por “LOS EDITORES”.

El objetivo, según sus palabras, era el de “contrarrestar los injustificados ataques” que llegaban desde el exterior. “El pueblo argentino no merece el agravio que se le infiere”, explicaban.

Finalmente, en ese prólogo advertían a “otras naciones del mundo” sobre “quienes usan el terrorismo para instaurar gobiernos adictos a las ideologías marxistas”.

El oscuro libro: acusaciones, nombres y el gobierno en el lugar de la víctima

Ya en el inicio del libro, aparece un mensaje perturbador: “El producto neto de la venta de este libro será destinado a atender la educación de los huérfanos de padres víctimas de la delincuencia terrorista en la República Argentina".

La obra escrita desde y por la central de inteligencia está dedicada “a los héroes y mártires que ofrendaron el tributo generoso de sus vidas como testimonio de supremo renunciamiento en aras de un irrenunciable ideal de libertad”. Y también “a sus madres, a sus viudas, a sus inocentes huérfanos”.

En ese mismo sentido, el primer contenido informativo es una “lista de civiles asesinados por terroristas”, diferenciados en “políticos”, “empresarios”, “gremialistas”, “periodistas”, “funcionarios”, “diplomáticos”, “abogados”, “empleados”, “dirigentes estudiantiles” y “profesor universitario”.

La nómina no se queda allí, sino que se pone más específica, con las categorías “víctimas de atentados terroristas en lugares públicos”, “subversivos ‘ajusticiados’ por intentar desertar de Montoneros al comprobar el engaño en que habían caído”, “esposas de militares asesinadas junto a sus maridos” y “niños”. En algunos de los casos mencionados, con duras descripciones de las muertes mencionadas, sobre todo de las de los menores de edad.

Siguiendo con los listados de víctimas, luego aparecen las del “Ejército”, la “Marina”, la “Fuerza Aérea”, la “Policía Federal Argentina”, la “Policía de la provincia de Buenos Aires”, “Policía de otras provincias”, “Servicio Penitenciario Federal” y Gendarmería. El total de asesinados mencionados con nombre y apellido en esa primera edición del libro es de 649 -en la segunda, solo figuran los nombres, sin descripciones ni cifras totales-.

El prólogo con el que sigue el libro comienza con una mentira que oculta tanto a los autores reales como sus intenciones: “Indignados, hartos de comprobar cómo cierta prensa extranjera deforma permanentemente la realidad de nuestro país, un importante grupo de ciudadanos nucleados en la Asociación Patriótica Argentina presenta a la opinión pública mundial este documento. Pretendemos que se sepa cuál es la verdadera historia del terrorismo en la Argentina”.

“Generosamente pretendemos transmitir a todos los pueblos hermanos y, en especial, a aquellos que han empezado a sufrir en sus propios suelos la agresión de la subversión marxista internacional, la triste experiencia que nos tocara vivir a los argentinos, gracias a Dios ya superada”, continúa.

El mensaje, en el que ya comienza a vislumbrarse cómo se apunta contra organismos de derechos humanos como la Cruz Roja Internacional y Amnistía Internacional, sigue: “Creemos en la verdad y que ella termine por imponerse a todo, aunque se trate, en lo que a la Argentina respecta, de una insidiosa conjura basada, en la deformación sistemática de los hechos, deformación que es alimentada por los mismos delincuentes terroristas que se pasean por el mundo con sus bolsillos repletos de dólares, luego de haber huido de nuestro país”.

Para los ghost writers de la SIDE, “la falsificación inventada por la propaganda marxista ha producido confusión y cierta agitación internacional”, y apuntaron que “una vez más el imperialismo rojo utilizó su arma psicológica predilecta; la ciencia de la discordia, el arte de la descomposición, la técnica de la mistificación”.

Con citas textuales de Lenin y Mao Tse-Tung, afirmaron: “Todas las bandas terroristas que intentaron hacer estallar nuestro país se jactaron, sin ningún embozo, de su pertenencia ideológica al marxismo-leninismo, como lo continúan haciendo sus órganos clandestinos de propaganda”.

“Por lo tanto, el presente documento que ofrece la Asociación Patriótica Argentina ha sido impreso con el propósito de aportar con crudeza las evidencias de una experiencia similar a las padecidas por los rehenes asesinados en la embajada Saudita de Kartum y las víctimas de la matanza de Múnich y de la masacre del aeropuerto de Lod. Y que, de no conjugarse a tiempo, hubiera finalizado en genocidios como los de Katyn, Auschwitz y Hungría”, compararon sin sonrojarse en el final del prólogo.

Ya oficialmente en el cuerpo del libro, el inicio plantea un panorama referido al “terrorismo en el mundo”, con ejemplos de atentados en otros países y utilizando como eje palabras del papa Paulo VI, con una frase que se refería a ese convulsionado tiempo como la “tempestad de la Historia de la Humanidad”.

Incluyen mapas y hasta una “sinopsis del terrorismo marxista en el mundo”, que comienza en 1920 e incluye, año por año y para cada país latinoamericano, los nombres de las organizaciones que consideraban “movimientos subversivos”. También hay una lista de “organizaciones terroristas que actualmente conmueven al mundo”.

Un breve repaso del “terrorismo en Argentina” comienza contando que “en 1959, los sectores marxistas liderados por John William Cooke en el peronismo ya mantenían directos contactos con Cuba” y el inicio de lo que consideraron el inicio del desarrollo de las organizaciones subversivas armadas en el país.

En la segunda edición, esa “historia terrorista” estaba más desarrollada y culminaba con un listado de “principales responsables (aún prófugos) del genocidio argentino”. Solo mencionaban a políticos y miembros de organizaciones armadas que combatían a la dictadura.

Con un título irónico, el libro prosigue con un “Curso abreviado para destruir la imagen de un país” y los “requisitos a cumplir para preparar una buena campaña de desprestigio de un país”.

Entre esos “requisitos”, los más destacados eran:

• “Saber inventar historias de torturas, violaciones en las más variadas formas, etc.. Cuanta mayor imaginación se tenga más truculenta resultará la historia y más despiadadamente aparecerán agraviados los derechos humanos”.
• “Crear organizaciones de carácter internacional y nacional para que se ocupen de ‘defender’ los derechos humanos. Si ya están creadas, asegurarse su ‘colaboración’”.
• “Lograr un buen apoyo de agencias de noticias y corresponsales extranjeros”.

Para los autores, el objetivo de “los delincuentes subversivos” era “impedir que se concrete el Proceso de Reorganización Nacional” encarado por las Fuerzas Armadas en el país.

En ese sentido, hacían mención, por primera vez en el libro, del aprovechamiento del Mundial de 1978 como “acontecimiento de repercusión internacional para difundir lo más ampliamente posible una imagen negativa del país”, una “imagen que dé sensación de inseguridad, temor y de constantes peligros para el que nos visite como turistas o para quienes estén dispuestos a radicar industrias o invertir capitales en nuestro país”.

Desde la SIDE (encubierta como Asociación Patriótica Argentina) les apuntaron principalmente como responsables de la “campaña de desprestigio” al Comité Internacional de la Cruz Roja, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones.

“El Comité Internacional de la Cruz Roja se ha convertido en un polo aglutinador del ‘frente de familiares de presos’ terroristas, con el fin de acumular fuerzas para lanzar contra Argentina ataques de nivel crecientes bajo el pretexto de denunciar violaciones a los llamados ‘derechos humanos’”, se denuncia en el libro.

Pero fueron más allá: sin el más mínimo cuidado por ocultar los trabajos de inteligencia realizados contra las personas apuntadas, publicaron las fotos y hasta los domicilios en Buenos Aires de los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja Rolf Jenny, Teresa Muñoz y Romaine Tissiere, así como también de varios de sus colaboradores.

“Nunca se supo que Rolf Jenny o Walter Meyer o Teresita Muñoz o Romaine Tissiere o el Comité Internacional de la Cruz Roja o la misma Cruz Roja Argentina se preocuparan por los derechos humanos de las víctimas de la subversión ni por sus huérfanos ni por sus viudas. Ni por sus padres. Ni por sus hogares destrozados”, escribieron en mayúsculas, en un agresivo mensaje.

Desafiaban directamente “a Rolf Jenny y a toda su pandilla”.

El texto creado en la central de inteligencia estatal continuaba describiendo atentados y hasta “ajusticiamientos de terroristas por parte de otros terroristas”.

No siempre en el libro los agentes encubiertos lograron disfrazar su lugar dentro del gobierno, como en este párrafo escrito insólitamente en primera persona: “Así es como nacen y se difunden escalofriantes y tremebundas historias cuya autoría nos adjudican. Así es como surgen las incongruentes movilizaciones en favor de los derechos humanos (únicamente de los terroristas y no de los de las otras personas que ellos asesinan) y contra la imagen de un gobierno que, precisa y ansiosamente, desea asegurarle a su pueblo una sociedad donde el crimen, la violencia, el atropello no formen las bases de la vida diaria; donde la circulación de las balas no sustituya el libre flujo del pensamiento; donde los triunfos electorales no se obtengan a expensas de las ideas, sino a partir de ellas”.

El libro acusa incluso a Naciones Unidas de haberles brindado 3,2 millones de dólares a “terroristas” en calidad de “refugiados”.

“El auge del terrorismo a nivel mundial hace necesario un estudio profundo de cada uno de los problemas tanto en lo que respecta a los derechos humanos como al problema de los refugiados, para no caer ingenuamente en el juego de la subversión marxista-leninista”, acusaban.

Fotos de cadáveres y relatos de terroristas

En un apartado de la obra de la SIDE, se observa una serie de fotografías de cadáveres de víctimas de atentados cometidos por grupos armados. Son imágenes crudas, sin filtro, con el único fin de impactar al lector, de horrorizarlo.

También se incluyen fotos de algunas de las “cárceles del pueblo” de Montoneros, donde mantenían secuestrados, “juzgaban” y ejecutaban a militares y enemigos.

Por otro lado, compartieron el relato de Mario Firmenich y Norma Arrostito del asesinato del Teniente General Pedro Eugenio Aramburu en la revista de Montoneros La causa peronista.

Pero el golpe más bajo de la publicación llega con el nombre “Inocentes criaturas víctimas de la demencial furia homicida de los terroristas argentinos”.

Allí, se cuentan historias de niños muertos en medio de atentados terroristas, como el caso de Juan Eduardo Barrios, de 3 años. “Un niño que aún no había aprendido a deletrear la palabra Patria y mucho menos la palabra Justicia, porque la seguridad, para él, era simplemente la mano de su madre”, lo presentaron.

La mención al “boicot” al Mundial de 1978

“Para llamar la atención del mundo, los terroristas marxistas asesinaron al presidente del Comité Organizador del Mundial 78, General Ornar ACTIS. Este episodio tuvo una sola explicación. Muy clara. Muy directa. El terrorismo subversivo buscó con ese asesinato sumar argumentos negativos a la campaña de desprestigio internacional para la Argentina, tratando de demostrar que en nuestro país se vive un clima de terror e inseguridad. Con ello, obviamente, se persiguió el objetivo de lograr que el país perdiera la condición de sede de tan importante evento deportivo mundial”, se indica.

Si bien el asesinato de Actis fue adjudicado de manera inmediata a Montoneros por la dictadura, la organización armada negó siempre la acusación. Distintas investigaciones posteriores incluso apuntan a un posible enfrentamiento interno en la cúpula militar y que podría haber sido la Armada, con Carlos Alberto Lacoste, la responsable del homicidio.

En el libro, cuentan que “un tiempo después del mencionado asesinato, numerosos funcionarios argentinos y extranjeros de variados niveles comenzaron a recibir una curiosa tarjeta. Se trata de una imitación del logotipo adoptado por los organizadores para identificar el Mundial 78, con agregados que delatan la mano de la subversión. En efecto, las tarjetas, de costosa impresión y a varios colores, llevan leyendas agresivas enmarcando el logotipo con alambre de púas atado. Estas tarjetas preferentemente fueron despachadas desde Italia”.

Luego, al referirse a dirigentes socialistas europeos, como el francés François Miterrand, dejaron mensajes amenazantes tras invitarlos a visitar el país y a no creerles a los “asesinos que se han escapado de nuestro país”: “¡Por amor de Dios! ¡Cuídense...! ¡...no vaya a ser que cualquiera de estos días los secuestren y aparezcan en un camino con el cuerpo acribillado a balazos!“.

También se desarrolla la idea de intentos de boicot a un Congreso Internacional de Cancerología convocado por la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) y al Mundial de Hockey sobre césped que se realizó en el país en 1978, unos meses antes que el de fútbol.

Todo empezó con una canción. Eran las 22.55 del 24 de abril de 1974 cuando la Rádio Emissores Associados de Lisboa puso al aire “E depois do Adeus”, la balada con la que Paulo de Carvalho había representado a Portugal en el Festival de Eurovisión apenas unos días antes. Era, en apariencia, una canción inocua, melancólica, sin nada político para decir.

Pero en distintos cuarteles de todo el país, los soldados del Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) escucharon la canción y supieron que esa era la primera señal. Era la hora de empezar a prepararse. El plan que habían elucubrado durante meses, en la clandestinidad y con el miedo permanente de ser descubiertos, estaba a punto de ponerse en marcha.

Una hora y media después, a las 00.25 del 25 de abril, la Radio Renascença emitió la segunda señal. Esta vez era “Grândola, Vila Morena”, compuesta por el músico José Afonso y prohibida por el régimen gobernante porque en ella se cantaba a la fraternidad entre los hombres y a la importancia de escuchar la voluntad del pueblo.

Era, por todo eso, una canción que el llamado Estado Novo había decidido que los portugueses no podían escuchar. Y sin embargo ahí estaba, sonando en los parlantes de una radio nacional. Para los oficiales del Movimiento de las Fuerzas Armadas fue la confirmación definitiva: había que derrocar a la dictadura que llevaba casi cincuenta años imponiéndose en Portugal.

Medio siglo de censura y represión

El régimen que se autodenominaba Estado Novo (Estado Nuevo) se había instalado en el poder en 1926, cuando un golpe militar interrumpió la Primera República portuguesa. Seis años después, António de Oliveira Salazar, un economista austero y profundamente católico, se convirtió en primer ministro y transformó a Portugal en una dictadura que combinaba el catolicismo conservador, el nacionalismo imperial y la represión sistemática de cualquier disidencia.

Salazar construyó un Estado que controlaba casi todo: la prensa, los sindicatos, la vida cultural, la educación. Creó la PIDE, la Policía Internacional y de Defensa del Estado, una fuerza de seguridad que tenía informantes en todas partes y que usaba la tortura y el encarcelamiento arbitrario como herramientas habituales de gobierno. Quienes se oponían al régimen podían terminar presos, exiliados o desaparecidos. Durante décadas, el terror funcionó.

Pero en 1968 Salazar sufrió un accidente que le provocó un hematoma cerebral y tuvo que dejar el gobierno. Murió dos años después, en 1970. Su sucesor, Marcelo Caetano, llegó con promesas de apertura y modernización que nunca se pusieron en marcha. Los popes del régimen se encargaron de abortar cualquier reforma real: la inercia del Estado Novo y el poder intacto de la PIDE garantizaban que nada cambiara.

Portugal era, a principios de los setenta, el país más pobre de Europa Occidental. El resto del continente atravesaba el boom económico de la posguerra, su clase media crecía. Pero Portugal se quedaba atrás. La emigración era desesperada: cientos de miles de portugueses se habían ido a Francia, a Alemania, a Venezuela, a Canadá, a Estados Unidos. Los que se quedaban lo hacían sin muchas alternativas ni esperanzas. Y padecían, además, una guerra sin fin.

Trece años de guerra que nadie podía ganar

Desde 1961, Portugal combatía en tres frentes africanos al mismo tiempo. En Angola, en Mozambique y en Guinea-Bissau, los movimientos de descolonización que recorrían el continente africano habían prendido también contra el Imperio colonial portugués. El régimen respondió con las Fuerzas Armadas porque consideraba que las colonias eran algo así como un elemento sagrado de la identidad nacional, algo que había que defender a cualquier costo. El problema era que ese costo crecía sin parar.

Portugal destinaba más de la mitad de su producto bruto interno a sostener esas guerras. Mandaba a sus jóvenes a combatir en selvas y desiertos de los que muchos no volvían: más de ocho mil soldados portugueses murieron en los conflictos africanos entre 1961 y 1974.

El malestar dentro del Ejército se fue acumulando en silencio durante años. Los oficiales medios eran los que pagaban el precio más alto: eran enviados constantemente a África, con escasos recursos, en medio de ascensos que el gobierno otorgaba de manera arbitraria y que privilegiaban a los que el régimen consideraba más confiables por sobre los que tenían méritos de campaña.

En febrero de 1974, el general António de Spínola, que había servido en Guinea-Bissau y había visto de cerca la imposibilidad de ganar aquella guerra, publicó un libro que se llamaba Portugal e o futuro (Portugal y el futuro). En el texto, Spínola sostenía con claridad que el país no debía continuar la guerra en África sino buscar una solución política. El régimen lo consideró directamente una herejía. Marcelo Caetano destituyó a Spínola inmediatamente.

Ese error, el de intentar sacar del juego a un general respetado y con enorme influencia en las Fuerzas Armadas, le costaría carísimo al Estado Novo porque terminó por empujar a muchos oficiales que todavía dudaban a acercarse al Movimiento de las Fuerzas Armadas.

Una conspiración en las sombras

El MFA había nacido en secreto en 1973, al principio como una agrupación de oficiales preocupados por cuestiones profesionales: los ascensos injustos, las condiciones de servicio, la exposición permanente al combate sin perspectivas de mejora. Pero rápidamente, a medida que se fueron conociendo, su agenda se fue politizando. La guerra era injusta. El régimen era ilegítimo. Portugal necesitaba cambiar.

En diciembre de 1973 empezaron a planear lo que vendría. La conspiración creció. A fines de 1973, la PIDE ya sabía que algo se estaba gestando dentro del Ejército, pero no pudo frenarlo. El 16 de marzo de 1974 hubo un primer intento: un grupo de oficiales del MFA buscó encabezar la sublevación de un regimiento de infantería en Caldas da Rainha, a noventa kilómetros de Lisboa, para marchar sobre la capital.

El Levantamiento de las Caldas fracasó ese mismo día. El régimen respondió con una ola de espionaje, detenciones y traslados. Lejos de amedrentarlos, ese fracaso convenció a los jefes del MFA de que había que acelerar el proceso. Que no podían darse el lujo de dar tiempo a que el régimen los desarticulara. Decidieron que usarían canciones como señales para poner el plan en acción cuando llegara el momento.

Una noche que cambió a un país

A las 22.55 del 24 de abril de 1974, el periodista João Paulo Diniz leyó la presentación de “E depois do Adeus” en la Rádio Emissores Associados y la canción salió al aire. En cuarteles de Lisboa, Santarém, Oporto, Braga, Faro y otras ciudades, los oficiales del MFA empezaron a moverse en silencio. A las 00.25 del 25 de abril, la Radio Renascença emitió “Grândola, Vila Morena”. Fue la orden definitiva.

A la una de la madrugada, las guarniciones de las principales ciudades del país empezaron a ocupar aeropuertos, aeródromos e instalaciones gubernamentales. Unidades de la marina de guerra tomaron el control de los puertos del Atlántico, de Madeira y de las Azores.

Los “capitanes de abril” —como se conocería después los oficiales del MFA— emitieron llamados radiofónicos pidiendo a la población que se quedara en sus casas y a la policía que no se opusiera a las tropas rebeldes. Nadie acató el primer pedido. Al amanecer, miles de civiles salieron a la calle a mezclarse con los soldados.

A las cuatro de la madrugada, el gobierno de Caetano tomó conocimiento de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Ordenó a sus fuerzas que detuvieran a los rebeldes. Nadie obedeció. A las nueve de la mañana del 25 de abril, el MFA controlaba todos los puntos clave del país. Caetano y su gabinete, incapaces de contener la situación, se refugiaron en el cuartel del barrio del Carmo, en Lisboa.

El capitán Salgueiro Maia, que había salido de Santarém al frente de las fuerzas de la Escuela Práctica de Caballería y había ganado la adhesión de más tropas en el camino, cercó el Carmo con sus tanques y una multitud de manifestantes. A las 14.30 le presentó a Caetano un ultimátum para que se rindiera antes de las 16.00.

Caetano pidió rendirse ante un oficial de alta graduación. Llamaron al general Spínola, el mismo que el régimen había destituido dos meses antes por atreverse a decir que la guerra en África no tenía sentido. A las 19.30 de ese 25 de abril, Marcelo Caetano entregó el poder. Acababan de terminar cuarenta y ocho años de Estado Novo, la dictadura más longeva de la Europa moderna.

Celeste, la chica de los claveles

Nadie los había planeado. Y aún así, los claveles serían el detalle que le daría nombre a una de las revoluciones más recordadas del siglo XX. Aparecieron en escena sin premeditación y se convirtieron en un símbolo. Estuvieron allí porque era temporada de claveles en Portugal y porque una joven llamada Celeste Caeiro los tenía en la mano en el momento indicado.

Celeste era moza y esa mañana había comprado varios ramos de claveles para repartirlos en el restaurante donde trabajaba porque el negocio celebraba su primer aniversario. La revolución ocupando Lisboa canceló el festejo, así que Celeste salió a la calle con las flores que ya no serían para ningún comensal.

En la plaza del Rossio, al inicio del Largo do Carmo, un soldado asomado desde un tanque le pidió un cigarrillo. La joven no tenía cigarrillos pero tenía claveles. Le dio uno. El soldado lo metió en el cañón de su fusil. Sus compañeros vieron el gesto y repitieron la acción: claveles en los fusiles, por toda la ciudad, como el símbolo de que no querían disparar. De que esa revolución no se proponía matar a nadie, sino terminar con la muerte de la guerra.

La PIDE, la policía secreta del régimen, fue la única que resistió. Disparó contra los civiles que se habían concentrado frente a su sede. El único derramamiento de sangre de aquel día histórico fue de parte del régimen dictatorial: cuatro personas murieron. Sus nombres eran João Arruda, Fernando Reis, Fernando Giesteira y José Barneto.

Un año frágil

Los meses que siguieron al 25 de abril fueron caóticos. Portugal vivió una ebullición política sin precedentes: los partidos que habían estado prohibidos salieron a la luz, los sindicatos recuperaron su derecho a existir, los presos políticos fueron liberados, la prensa pudo hablar.

Pero también hubo feroces internas entre las distintas facciones que competían por orientar el rumbo del país: moderados, comunistas, militares con distintas visiones, civiles que querían la democracia y otros que querían algo más radical.

La Junta de Salvación Nacional, liderada por Spínola, gobernó en los primeros meses hasta que nuevas tensiones la desplazaron. Hubo intentos de golpe desde distintos sectores. Se habló de guerra civil. Portugal estuvo, en varios momentos de ese año turbulento, en un equilibrio muy frágil.

En abril de 1975, exactamente un año después de la revolución, Portugal celebró sus primeras elecciones legislativas libres en más de cincuenta años. Participó el 91,7 por ciento del padrón electoral, uno de los porcentajes de participación más altos que registraba el continente europeo en esa época.

En 1976 se aprobó una nueva Constitución que estabilizó la democracia y la volvió irreversible. La constitución de 1976 supuso también la consolidación de las libertades fundamentales que el Estado Novo había negado durante décadas: libertad de expresión, libertad sindical, derecho de huelga, sufragio universal.

El fin de un imperio

La revolución no fue solo el fin de una dictadura, sino también el fin de un imperio. Portugal concedió la independencia a Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental. Más de quinientos años de presencia colonial portuguesa en África y Asia llegaron a su fin.

El régimen que durante décadas había justificado la guerra en África como defensa de la identidad nacional entregó el poder a los pueblos que reclamaban gobernarse a sí mismos. Fue el gesto más contundente de aquella revolución que no disparó ni un tiro.

El 25 de abril es hoy el día más importante del calendario cívico de Portugal. En un siglo XX plagado de golpes que simplemente cambiaron la cara del autoritarismo, la Revolución de los Claveles fue una anomalía extraordinaria.

“Grândola, Vila Morena” todavía se escucha en Portugal cada 25 de abril. Suena en la radio, en las plazas, en los actos conmemorativos. Y cada vez que suena, el pueblo portugués recuerda lo que significó escucharla por primera vez aquella madrugada de 1974: que la dictadura tenía las horas contadas, que la guerra interminable iba a terminar, que algo que llevaba casi toda una vida pesando sobre el país estaba por fin a punto de romperse.

Distintos expertos en diferentes ocasiones han calificado a Nicaragua como la Corea del Norte de Latinoamérica. En los últimos días, tanto el informe de V-Dem 2026 como el índice de democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist han colocado al país como el más cerrado y autocrático de América, compartiendo el sótano a nivel mundial con regímenes como Myanmar, Corea del Norte y Eritrea.

El Democracy Report 2026 del V-Dem Institute, de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, coloca a Nicaragua en el puesto 175 entre 179 países en el Índice de Democracia Liberal. Su puntuación es de 0.02. En esa tabla solo aparecen peor Myanmar, Corea del Norte y Eritrea, mientras Afganistán queda apenas un escalón arriba o a la par, según el componente que se observe.

El informe V-Dem dice que en Nicaragua Daniel Ortega y el FSLN “socavaron la calidad de las elecciones, abolieron los límites a la reelección presidencial y cerraron o silenciaron a la oposición, a los medios y a las organizaciones civiles”. Añade que la Constitución aprobada en 2025 “cimentó aún más su poder”.

El índice de democracia 2025 de la Unidad de Inteligencia de The Economist, publicado esta semana, llega al mismo foso por otra ruta. Mide el deterioro acumulado desde 2011 hasta 2025. Y ahí Nicaragua aparece como el país que más ha empeorado en democracia en el mundo.

Su puntaje general es de 1.97, dentro de la categoría de “régimen autoritario”, y el desplome se concentra en tres zonas decisivas: procesos electorales y pluralismo, participación política y libertades civiles.

Corea del Norte de América Latina

La politóloga guatemalteca Gloria Álvarez advirtió este desplome desde 2017 cuando bautizó a Nicaragua como “la Corea del Norte de América Latina”.

Álvarez señalaba entonces los riesgos del “absoluto compadrazgo” entre el sector empresarial y el régimen, una sociedad de conveniencia que, a su juicio, bloqueó la aparición de élites con voluntad real de confrontar el poder.

Para Álvarez, Ortega aprendió de sus errores de los años ochenta y dejó de pelearse con todos a la vez. En vez de eso, negoció, cooptó y administró un orden de miedo más silencioso. Lo definió como un “dictador del socialismo del siglo XXI, pero con maestría y doctorado”.

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla reaccionó en términos similares cuando en 2021, Daniel Ortega y Rosario Murillo cerraron cualquier salida electoral a la crisis del país y apresaron a todos los candidatos de oposición y proscribieron los partidos políticos que les podían hacer competencia.

“Cada vez es más claro que Nicaragua es la Corea del Norte de América Latina, si no es que la está superando por creces en un régimen despótico, un régimen cargado también de nepotismo, claramente, y un régimen cada vez más aislado de la comunidad internacional”, expresó en esa ocasión en entrevista a la plataforma Confidencial.

Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, también hizo la comparación con la dictadura asiática en febrero pasado. “Hoy Nicaragua es la Corea del Norte de nuestro hemisferio, el país más represivo que hay en nuestra parte del mundo”, dijo.

Pappier señaló dos fenómenos nuevos incorporados en 2025: la Constitución que legalizó la concentración absoluta del poder en la presidencia compartida de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y la profundización de las denuncias de represión transnacional, incluida la muerte de Roberto Samcam en Costa Rica y los señalamientos del Grupo de Expertos de la ONU sobre acoso y persecución más allá de las fronteras.

Para el nicaragüense Douglas Castro, especialista en Ciencias Políticas, la comparación con Corea del Norte sirve para dimensionar el cierre del espacio cívico, aunque aclara que formalmente Nicaragua sigue celebrando elecciones multipartidistas y por eso algunos índices todavía no la catalogan como autocracia cerrada.

Considera que colocar a Nicaragua en esos listados le genera un sentimiento “positivo”. “Ayudan a darle magnitud real a lo que pasa”, dice. En Europa, agrega, se habla mucho de Viktor Orbán (Hungría) o de Recep Tayyip Erdogan (Turquía) como ejemplos de autoritarismo, pero “ya nos gustaría tener (en Nicaragua) la situación que tienen en Hungría o en Turquía”, ironiza.

Castro sostiene que Nicaragua ha rebasado incluso a otros autoritarismos latinoamericanos como el venezolano antes de 2026 y frente a la Cuba actual. En Cuba menciona a la periodista Yoani Sánchez y a 14ymedio. En Venezuela recuerda que todavía hay periodistas informando desde la calle y organizaciones de derechos humanos como Provea trabajando. En Nicaragua, en cambio, “los medios de comunicación independientes y los organismos de derechos humanos como el Cenidh o la Comisión Permanente de Derechos Humanos fueron pulverizados”.

Define al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como “una dictadura dinástica con vocación totalitaria”. Considera que la dictadura de Nicaragua no es solo un problema de los nicaragüenses sino un peligro “para los vecinos, la región y el mundo” porque los comportamientos autoritarios, si tienen éxito, tienden a replicarse.

En ese mismo sentido, la expresidenta Chinchilla sostiene que la comunidad internacional está llamada a actuar. “Tenemos que tratar de hacer algo nosotros. Sí podemos actuar en apoyo a la sociedad civil nicaragüense incluyendo los medios de comunicación independiente y a todo tipo de organización a la que podamos amparar a través de nuestra voz y a través de algunas gestiones que podamos hacer”.

Ortega-Murillo vs. Kim

Los expertos coinciden en las siguientes comparaciones entre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la dictadura de los Kim, en Corea de Norte:

1. Poder absoluto concentrado en una familia. En ambos casos, el Estado y el gobierno se confunden con una dinastía. En Corea del Norte, la línea Kim ha gobernado por tres generaciones. En Nicaragua, Ortega ha construido un esquema familiar donde Murillo ejerce poder ejecutivo real y se coloca como la heredera del poder mientras los hijos controlan medios, negocios y operadores políticos.

2. Eliminación total de la competencia política. No hay elecciones competitivas. En Nicaragua se cancelan partidos, se inhabilita o encarcela a candidatos y se expulsa a opositores. En Corea del Norte no hay vía institucional para disputar el poder.

3. Estado policial y vigilancia extendida. Ambos regímenes descansan en aparatos de seguridad que penetran la vida cotidiana. En Nicaragua, policía, inteligencia y estructuras parapoliciales vigilan, intimidan y detienen sin garantías. En Corea del Norte, la vigilancia es aún más total, con redes de informantes en barrios y centros de trabajo.

4. Criminalización del disenso. La crítica política se convierte en delito. En Nicaragua, leyes amplias sobre “traición”, “ciberdelitos” o “agentes extranjeros” permiten encarcelar a opositores, periodistas y sacerdotes. En Corea del Norte, cualquier desviación ideológica es castigada con prisión o campos de trabajo.

5. Propaganda omnipresente y culto al liderazgo. La comunicación oficial gira en torno a la figura del líder. Corea del Norte tiene un culto total a la familia Kim. Nicaragua, sin llegar a ese nivel de ritualización, ha construido una narrativa permanente alrededor de Ortega y, sobre todo, Murillo, con mensajes diarios, simbología y control del relato público.

6. Control o destrucción de medios independientes. En Nicaragua se han confiscado redacciones, cerrado radios y forzado al exilio a periodistas. El ecosistema informativo interno quedó prácticamente bajo control oficial. Corea del Norte no permite prensa independiente. En ambos casos, la ciudadanía recibe la versión de la realidad que el régimen quiere dar.

7. Aislamiento internacional progresivo. Corea del Norte es un caso extremo de aislamiento. Nicaragua no llega a ese nivel, pero se mueve en esa dirección: ruptura con organismos, expulsión de misiones internacionales, conflictos con gobiernos democráticos y acercamiento a aliados autoritarios. Es un aislamiento político, aunque no total en lo económico.

8. Uso del exilio como mecanismo de control. Expulsar ciudadanos o empujarlos a irse funciona como válvula de escape y castigo. Nicaragua ha desterrado a opositores, desnacionalizado críticos y provocado olas migratorias. Corea del Norte, en cambio, impide salir; pero cuando alguien escapa, la represalia alcanza a su familia. En ambos casos, el movimiento de personas es un instrumento de poder.

9. Sistema legal subordinado al Ejecutivo. No hay independencia judicial. Los tribunales en Nicaragua actúan alineados con el poder político en casos sensibles. En Corea del Norte, la justicia es abiertamente un brazo del régimen.

10. Economía capturada por el poder político. En Corea del Norte, el Estado controla la economía casi por completo. En Nicaragua existe sector privado, pero con creciente presión, confiscaciones selectivas y privilegios para grupos cercanos al poder.

11. Reescritura de la historia y control de la memoria. Ambos regímenes moldean el pasado para legitimar el presente. En Corea del Norte, la historia oficial es completamente fabricada alrededor de los Kim. En Nicaragua, hay un esfuerzo sistemático por borrar o reinterpretar episodios recientes, como las protestas de 2018.

12. Represión transnacional. Corea del Norte ha perseguido desertores en el extranjero. Nicaragua ha sido señalada por organismos internacionales de operar redes de vigilancia y presión más allá de sus fronteras contra opositores exiliados.

Enriquecimiento familiar

El sociólogo y economista nicaragüense, Oscar René Vargas, sostiene que este diseño de dictadura en Nicaragua, además del poder, busca el enriquecimiento de la familia gobernante.

“El régimen Ortega-Murillo ha logrado acumular una enorme riqueza bajo un esquema que politólogos califican de cleptocrático al borrar la frontera entre el poder público y los negocios privados, le ha permitido a su familia amasar una fortuna calculada en más de US$3,000 millones de dólares durante sus 20 años en el poder (2007-2026) en medio de proyectos inmobiliarios, donaciones, regalos, sobornos, maniobras financieras, lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción. Igualmente, aprovecha el acercamiento con empresarios extranjeros, compañías mineras, madereras y agropecuarias para recibir sobornos en forma de regalos”, señala.

“Nunca en la historia nicaragüenses habíamos visto a una familia expandir su riqueza tan rápidamente. Nunca en la historia nicaragüense tan pocas personas han tenido tanta riqueza y poder. Nunca en la historia nicaragüense había habido niveles tan extremos de desigualdad de ingresos y riqueza, con el 1% superior ahora dueño de más riqueza que el 93% inferior de la población” añade.

Y concluye: “Nicaragua vive bajo un régimen autoritario, cleptocrático, violador de los derechos humanos y mafioso”.

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció en septiembre de 2023 que había comprado el software ‘Bonaparte’, desarrollado por la empresa holandesa Smart Research y que, por ejemplo, ya usaba Interpol para gestionar la primera base de datos mundial que permite identificar a desaparecidos mediante el cotejo internacional de perfiles genéticos con muestras de ADN de personas emparentadas entre sí. El objetivo de España era usar esta herramienta para crear y gestionar su propio “banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura”. La entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, destacó que este sistema “permitirá integrar perfiles de ADN de múltiples laboratorios y realizar búsquedas sistemáticas con restos postmortem procedentes de la exhumación de fosas comunes de personas desaparecidas, y ayudar así en la identificación genética de los restos”.

La Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor de octubre de 2022, establecía la creación de ese banco estatal. Pero tras su compra (’Bonaparte’ costó 289.000 euros), este software durmió durante muchos meses en el cajón de los justos. De hecho, en febrero de 2025, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica preguntó el Ejecutivo la siguiente información: día exacto de comienzo de uso del software, el número de perfiles genéticos de las víctimas recuperadas en fosas comunes del franquismo incluidos y gestionados por dicho software, el número de perfiles genéticos de los potenciales familiares de las víctimas incluidos y gestionados por dicho software, el número de víctimas identificadas por dicho software, y el número de laboratorios genéticos que están participando en la aportación de perfiles genéticos a dicho software.

La asociación no obtuvo respuesta y tuvo que recurrir al Consejo de Transparencia, que estimó su reclamación. En octubre de 2025, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática dio los primeros datos oficiales: entre 2019 y 2025 se han recuperado 8.941 cuerpos de fosas comunes de represaliados por el franquismo. Sin embargo, en los registros oficiales solo constaban 70 identificaciones. Ante estos datos, la asociación que preside Emilio Silva lanzó una campaña desde sus redes sociales pidiendo explicaciones al Gobierno, recordándole que “el objetivo no es exhumar, es identificar desaparecidos”. El Gobierno se defendió diciendo que la baja tasa de identificación respondía a múltiples factores, como la degradación del ADN con el paso del tiempo o la dificultad de localizar descendientes directos.

Ahora, a mediados de marzo, la Secretaría de Estado ha iniciado una nueva licitación para dar un impulso a la base de datos y quiere contratar un servicio de “recogida y procesamiento de muestras bucales para la extracción de perfil genético de familiares de personas desaparecidas durante la guerra de España y la dictadura. Con un presupuesto de 350.000 euros, el objetivo es “la extracción del perfil genético de muestras salivares procedentes de 300 familiares de personas desaparecidas durante la Guerra de España (1936-1939) y la posterior dictadura”, señala la memoria justificativa del contrato. Un portavoz de Memoria Democrática confirma a Infobae que este trabajo “es para el banco de ADN, para que todos los descendientes puedan aportar sus muestras y poder cotejar con los restos exhumados en cualquier lugar de España”.

¿Por qué solo 300?

Son solo 300 perfiles. El mismo portavoz no aclara por qué solo este número, aunque la petición procede de la Dirección General de Atención a las Víctimas (DGAV). El contrato incluye las siguientes prestaciones por parte de la entidad contratista: gestiones para determinar en cada familia el donante genético óptimo; extracción de su perfil genético mediante muestra salival; registro del perfil extraído en el Banco Estatal; y la interpretación de resultados y elaboración de informes trimestrales de identificación.

El número de donantes genéticos a gestionar es de 300, y de cada uno se realizará una doble extracción de material genético (una por cada hisopo), por lo que se realizarán un total de 600 extracciones, duplicándose por tanto el perfil genético de marcadores STRs autosómicos, de cromosoma Y y ADN mitocondrial, se explica en las condiciones técnicas del contrato. Los trabajos durarán dos años. Las pruebas que hay que hacer para cada una de las 600 muestras tendrán un coste unitario de 535 euros. Se ha previsto una prórroga de otros dos años y un 20% de modificaciones presupuestarias, por lo que el coste total de este servicio se puede elevar a los 637.000 euros.

Su victoria en Guadalajara, México, ante los caribeños lo convirtió en el país número 47 clasificado para la máxima cita. El equipo dirigido por Sébastien Desabre celebró con un gol de Fiston Mayele una gesta que revive la historia de 1974: entonces, el país fue pionero como primer representante del África subsahariana y protagonista de una jugada que marcó un antes y un después en la percepción del fútbol africano.

El trasfondo político que marcó su paso por el Mundial

En la edición de 1974, la selección de Zaire enfrentó contextos de tensión política interna y miradas estigmatizantes desde el exterior. Debutó con una derrota por 2-0 ante Escocia; no obstante, el encuentro decisivo fue el segundo partido, cuando cayeron 9-0 ante Yugoslavia, estableciendo la mayor goleada registrada en la historia de los Mundiales.

Este resultado derivó en amenazas directas por parte del régimen de Mobutu Sese Seko, presidente de Zaire en ese momento, que alteraron seriamente el ánimo del plantel.

En el último partido de la fase de grupos, bajo la presión política y con Brasil como rival, ocurrió el episodio que la prensa internacional interpretó durante años como desconocimiento reglamentario. Con la Verdeamarela ganando 3-0 y restando cinco minutos, el defensor Ilunga Mwepu salió de la barrera antes de la ejecución de un tiro libre y despejó el balón con fuerza, una acción que sorprendió y se difundió mundialmente, usada reiteradamente para reforzar estereotipos sobre el fútbol africano.

La verdadera razón del acto de Mwepu era mucho más compleja. Según manifestó el propio jugador a la BBC, tras la derrota frente a Yugoslavia, los futbolistas permanecieron recluidos en el hotel bajo la advertencia de que no debían regresar si la derrota ante Brasil superaba los cuatro goles de diferencia.

El temor a represalias llevó al plantel a adoptar cualquier medida para evitar un marcador más abultado. Así, el despeje de Mwepu fue una acción desesperada y calculada, no una equivocación reglamentaria. “Tras el partido contra Yugoslavia, los guardias del presidente nos encerraron en el hotel y nos avisaron que si perdíamos por más de 4 goles contra Brasil, que mejor no volviéramos a casa“, detalló el futbolista años después, en declaraciones recogidas por Doble Amarilla.

La repercusión fue inmediata: el tiro libre no derivó en gol, y el equipo logró evitar un resultado más amplio, aunque la eliminación era segura. Zaire cerró su participación con tres derrotas, catorce goles en contra y ninguno a favor.

Presión política y construcción mediática: la jugada de Ilunga Mwepu

La escena protagonizada por Mwepu expuso el peso de las presiones políticas y la desigualdad cultural que enfrentaron los futbolistas africanos en los años setenta. Mientras las transmisiones internacionales describían el episodio con humor, la realidad del plantel de Zaire era la amenaza directa de uno de los gobiernos más autoritarios del continente africano en el siglo XX. La ausencia de información sobre estas circunstancias contribuyó a la consolidación de estereotipos y prejuicios en la cobertura mediática de la época.

El equipo llegó a Alemania Federal como campeón de la Copa África, con jugadores competitivos como Kazadi Mwamba, Ndaye Mulamba y el propio Mwepu. Sin embargo, la presión política y la desconfianza internacional limitaron su desempeño y marcaron la interpretación pública de sus acciones.

“El recuerdo de 1974 sigue vigente, pero ahora aparece resignificado: ya no como una anécdota de burla, sino como el reflejo de un contexto complejo donde el fútbol convivía con presiones políticas, desigualdades y falta de comprensión cultural”, detalló el sitio Panenka respecto al contexto en el cual abordaron los africanos la cita mundialista.

Durante décadas, la jugada de Mwepu fue tomada como símbolo de desconocimiento táctico, cuando en realidad fue una reacción al riesgo personal. El hecho muestra cómo factores externos pueden incidir de manera determinante en el desarrollo de un evento deportivo.

Reinterpretación de una historia y oportunidad de cambio

La clasificación de la RD Congo al Mundial 2026 abre la puerta para reinterpretar el pasado y modificar la narrativa en torno a aquel equipo. Hoy, el país acude bajo otra denominación, en un escenario distinto, con la misión de honrar el legado de quienes lo precedieron y tomando distancia de los prejuicios históricos.

Para el equipo actual, la cita mundialista es más que un reto deportivo: supone demostrar el salto futbolístico nacional y reconstruir la memoria colectiva acerca de Zaire 1974.

Así, este Mundial será mucho más que una competencia para el conjunto africano: será la posibilidad de cerrar una herida histórica y cambiar la narrativa de una historia que durante décadas fue mal contada. La historia de Mwepu y sus compañeros, ya no vista desde la burla, aparece hoy como símbolo de resistencia ante la adversidad.

Nació cuatro días antes del regreso de la democracia y se dedica al cine. Tiene un apellido que es una marca en materia de derechos humanos: su padre fue uno de los jueces durante el Juicio a las Juntas y su madre, una asistente social que trabajó en la Justicia en el tema de la restitución de los nietos recuperados. Ese linaje derivó en sensibilidad y empatía por el tema de la dictadura y también en la necesidad personal de registrar y documentar para la memoria colectiva.

Nicolás Gil Lavedra es cineasta, decíamos, y entre sus películas se encuentran Verdades verdaderas (2011), basada en la vida de Estela de Carlotto, Las grietas de Jara (2018, basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro) y Como el mar, protagonizada por Sofía Gala Castiglione y Zoe Hochbaum. En estas semanas, cuando acaban de cumplirse cincuenta años del inicio de la última dictadura militar, Gil Lavedra está presentando y hablando de Traslados, el exitoso documental que dirigió y que luego de estrenarse en 2024 y pasar por varios festivales, ahora puede verse en Prime Video. Se trata de una película que a través de testimonios de sobrevivientes, familiares de desaparecidos, expertos y testigos, más documentos judiciales, reconstrucciones de escenas y trabajo de archivo, analiza un capítulo particularmente siniestro y perturbador del plan de exterminio y desaparición diseñado por los militares: los llamados “vuelos de la muerte”.

Lo que sigue es la transcripción de la conversación que mantuvimos la semana pasada, un día después de la emotiva y multitudinaria marcha del 24 de marzo.

— En un documental como Traslados, la elección de reconstruir escenas es algo muy delicado porque ese recurso está siempre al borde de la maqueta o la caricatura. Y, en este caso, la verdad es que eso no pasa, pero ¿cómo fue que decidieron incluir escenas de reconstrucción y por qué?

— Fue un poco un pedido mío, yo vengo del palo de la ficción. Más allá que mi primera película es la biopic de Estela de Carlotto, muy cercana a un material como Traslados, mi lenguaje cinematográfico tiene que ver con ficción, con contar historias. A mí me convoca Zoe Hochbaum y me dice que quería hacer un material de los vuelos de la muerte porque era un tema que a ella la conmovía mucho desde chica, tiene 24 años. Y lo primero que me dice es que tenía que ser algo pensado para llegar a los jóvenes. Y yo ahí pedí hacer reconstrucciones, sin saber muy bien de qué, pero porque me sentía más cómodo en ese lenguaje. Y después pedí hacer las entrevistas. Porque más allá de que teníamos un gran equipo de investigación con Eduardo Anguita y Daniel Cecchini a la cabeza, y después se sumó María Laura Guembe, me parecía que era importante poder contener yo mismo a los entrevistados y, desde mi lugar de director, darles el espacio y la amorosidad para que ellos puedan contar su historia y hablar de la ausencia. Yo trabajé mucho la idea de la ausencia, pienso un poco en la muestra del fotógrafo Gustavo Germano, que marca esa idea en su trabajo.

— Que es buenísimo.

— Mi ojo cinematográfico me tiraba por darle palabras e imagen a la ausencia. Por eso en cada reconstrucción muestro lo que queda. Lo que más muestro es la Iglesia de la Santa Cruz y ese secuestro. Pero me parecía importante mostrar la taza del bar que queda cuando es chupado alguien que será un desaparecido. O cuando en el caso de Azucena (Villaflor) quedan las compras del almacén tiradas en la vereda, junto con el diario que tenía esa solicitada famosa que habían logrado pagar las Madres. Me sentía más cómodo trabajando el documental desde la ficción, y lo mismo con el archivo, que en la película es, de alguna manera, un personaje más.

— Recién decías: “yo pedí hacer las entrevistas para contener a los entrevistados desde mi lugar como director”. Y te voy a hacer una pregunta delicada: sos el director, sí, pero además tenés un apellido que pesa mucho en este tema. ¿Cuánto es el peso a favor en este caso?

— Pesa a favor, en términos de todo lo bueno que trae ser el hijo de Gil Lavedra en este mundo, y lo digo con mucho orgullo. Más allá de muchas diferencias que puedo tener en este tema y en muchos otros, él es un gran padre y una persona a la que admiro mucho. A su vez, todos somos hijos de alguien, pero a mí lo que me dio ser hijo de mi viejo, y de mi vieja – que es asistente social y fue es una de las primeras en trabajar desde la Justicia en las restituciones de nietos– es que éste era un tema que yo conocía mucho. Por eso, también, a lo mejor, mi primera película fue la de Estela. También me dio un nivel de información y un nivel de empatía —me imagino que les pasa un poco a todos los que trabajamos con este tema—, que elegimos hacerlo por vocación de querer ayudar a una causa y de querer unificar esta grieta estúpida que hay con este tema, al menos. Yo estoy orgulloso de ser hijo de quien soy, de los dos, de la peronista y el radical, pero también por lo que han hecho por nuestra historia. Y siento que nos toca seguir a nosotros ahora, a las nuevas generaciones.

— ¿En qué año naciste, Nico?

— En el 83. Nací cuatro días antes de la democracia: el 6 de diciembre del 83. Era muy chico cuando fue el juicio, también. Mis primeros recuerdos tienen que ver con cómo lo conocían a mi papá en la calle. O de un momento en el que nos cruzamos con Videla en un aeropuerto, en los 90, y mi papá no es que estaba asustado pero sí nos llevó para otro lado. Y, después, verlo a él en el colegio en algún libro de Cívica y que los profesores supieran quién es y todo lo que eso genera. Ayer miraba una entrevista en la que él contaba que tenía 36 años.

— Y cuando haces los números decís: pero era muy joven este señor.

— Es un montón. Y yo, que tengo 42, todo el tiempo me pregunto qué estoy haciendo de mi vida cuando este tipo a los 36 metió tremendo juicio. Y es cierto que, por ahí, para muchos entrevistados que también esté yo en el proyecto, más allá de Anguita, de Zoe, de mucha gente importante, les daba tranquilidad porque sabían que por mi trayectoria iba a tratar el tema seriamente y con mucho respeto, como se merece.

— Ahí volvemos entonces a la película, que tiene reconstrucciones de los hechos, recopilación de testimonios y también investigación, como lo del destino de los aviones. Contame cómo que se fue ensamblando todo esto.

— Mirá, cuando yo me involucro, que fue en febrero del 2023, los investigadores ya venían trabajando hacía un mes y ahí me empiezan a dar muchos textos, muchos libros, entre ellos Skyvan, de Miriam Lewin —ya lo había leído— y El vuelo de Horacio Verbitsky. Y me parecía importante cuando empezamos a perfilar a quiénes íbamos a entrevistar que estuviera Miriam, no sólo por su lugar como ex detenida desaparecida de la ESMA sino que, además, con su investigación me sumaba al policial, que es una estructura que encuentra el documental con lo que tiene que ver con el arma homicida que, de alguna manera, es el avión.

— Claro.

— Yo siempre digo todo lo que está en el documental está publicado, el tema es que no hay nada que lo junte en 90 minutos, lo que lo vuelve mucho más potente. Pero todo lo que nosotros trabajamos en el documental está en causas judiciales y tiene sentencias. Por eso también trabajamos solamente la ESMA y Campo de Mayo, porque son los dos centros clandestinos con sentencias en los vuelos de la muerte. Me parecía que, al ser un documental de investigación, la investigación tenía que ser perfecta. Tenía que ser súper cerrada, no podía dar lugar a que un negacionista dijera: bueno, están opinando, son cosas que se dijeron.

— No, claro: es cosa juzgada.

— Es cosa juzgada, que está en una causa judicial que se juzgó, que se apeló y que se confirmó la sentencia. Y eso para mí era muy importante y para los investigadores también. Todo el tiempo salían hilos de los que uno quería tirar. Y cuando hacía las entrevistas —cada una duraba tres horas—, imaginate la cantidad de material que hay. Yo quería tirar de cosas y después me miraba el guionista o alguien del equipo de investigación y me decían: volvé porque ya te estás metiendo en un terreno que no nos va a sumar. La de Miriam fue la primera entrevista que hice, duró casi cuatro horas y ella fue súper generosa conmigo. Fue muy difícil porque está toda su historia personal. Y ella además había declarado en el Juicio a las Juntas. Y la verdad es que fue increíble cómo también ella le va sumando… Bueno, como también es periodista, explica las cosas muy bien.

— Es muy bueno el relato de Miriam en la película, sí. La edición de las entrevistas está muy bien..

— Sí, sí. Ella tiene un cierre que para mí es impresionante y que tiene que ver primero con por qué sobrevivió, que lo sigo viendo y me parte en cien. Esto de analizar tanto sufrimiento en un por qué, ¿no? Y, después, el acercar esta historia a los jóvenes. Que así como el 1810 es tan lejano para ellos, hoy la dictadura es también así de lejana, pero ella tiene una manera tan didáctica de contarlo.

— ¿Cómo fue ese momento en que Zoe Hochbaum dijo aquello de que quería que el documental fuera visto por la gente joven? ¿Resultó un desafío interesante para vos?

— Mira, que una chica, en ese momento creo que Zoe tenía 22, me dijera que desde los 15 estaba obsesionada con ese tema hizo que yo dijera: bueno, hay que ir por ahí. Si Miriam Lewin cuenta que ella tenía 18 años cuando pasó esto, le va a generar empatía a un joven a la hora de verlo. Y lo mismo con mi papá. Porque por ahí hoy uno los ve y son gente grande pero hace 50 años eran jóvenes, también. Entonces lo que intenté laburar todo el tiempo es la empatía. Que también es algo que yo siento que se perdió. Lograr que, al margen del ritmo, que es necesario para que los jóvenes no se distraigan en el medio en una película, poder trabajar la empatía o la falta de empatía. Porque cuando hablamos de los 90, hablamos de la falta de empatía. Entonces por eso también la idea de cerrar con Estela y su mensaje. Constantemente yo buscaba equilibrar para que quien lo viera sintiera que le podía haber pasado a él, a su hermano, a su mamá. Que, más allá de los partidismos, que siempre están porque todos somos seres políticos, entender que lo que le pasó le podía haber pasado a cualquiera. Que esto no fue una guerra contra una guerrilla, que no fue una guerra. Entender que fue terrorismo de Estado con apoyo cívico-militar. Y con el poder económico, por supuesto. Que los jóvenes la vean, más allá de lo que voten después. Porque pensemos en 1985, una película que hizo un millón de espectadores en el 2023, con muchos jóvenes en la fila.

— Y fue un año antes de que ganara Milei, con mucho voto joven. Es un tema pleno de contradicciones.

— Creo que lo que votan después en el cuarto oscuro tiene que ver con una democracia que no supo dar respuestas y con muchas grietas internas. Una democracia que no supo dar respuestas a lo que la sociedad pide. Y por eso el hartazgo y por eso se va a un extremo, ¿no?

— Es posible pensar también que si sos muy joven y te hablan de algo que quedó lejos en el tiempo y llega un momento en el que hay una sobreabundancia de documentación y de información y de discurso, puede haber hartazgo. Entonces, ¿cómo hacer para que haya una mirada nueva sobre esos mismos temas? Cómo hacer para que todos volvamos a mirar los hechos: secuestraban a la gente, luego se llevaban a los prisioneros, los dormían, los metían en un avión y los tiraban al mar. Todo eso, dicho así, no debería perder nunca contundencia. Y, sin embargo, hay períodos históricos en los que la pierde.

— Yo creo que tiene que ver con que hubo períodos históricos y gobiernos que, más allá de su política de derechos humanos, que era válida y la comparto, siento que hubo momentos en que se podían haber agilizado las sentencias, los procesos judiciales. Si el Estado, como Estado, reparaba realmente a las víctimas y lograba que con el Poder Judicial los juicios se hicieran en uno, dos años, poniendo todos esos recursos para que no se alarguen en el tiempo y no sean por ahí material de más campaña, yo creo que se habría agilizado mucho más y se habría no saneado, porque no es un tema que se vaya a sanear nunca, pero habría evolucionado un poco más. Sí me parece que en los últimos años hubo un hartazgo de la manera en que se contaba siempre lo mismo, ¿no? Y, por eso, también, creo que ahora es nuestra responsabilidad ver cómo encontramos la manera de correr el prisma. Seguir hablando de lo mismo, pero ahora: los vuelos. Y, si te fijás, yo no entro en el tema de la guerrilla. No entro a discutir temas que ya están discutidos. O las torturas, porque para eso está Garage Olimpo. Hay películas que lo grafican, que lo muestran y que si uno las quiere buscar, están. Entonces me parecía importante mostrar todo junto lo que estaba en el aire pero que en lo audiovisual por ahí se había mostrado un poco menos. Porque hay un momento en la película en el que mostramos el traslado y nos van contando todo entre los testigos y (Adolfo) Scilingo y el archivo y la recreación y nos van mostrando lo que eran. Y eso lo vuelve insoportable.

— Es que es insoportable.

— Y lo vuelve insoportable para el cuerpo. Porque una cosa es el nombre “vuelos de la muerte” y otra cosa es escucharlo, verlo y sentirlo en una película. Y desde ese lugar intenté mostrar desde otro prisma algo que está contado, porque no voy a decir que fui el primero, pero el documental por ahí es el más contundente y sin distracciones. Todo el tiempo me distraía con Montoneros, ERP, Isabelita, la Triple A. Todo el tiempo surgían esas cosas en las entrevistas. Pero el tema es: no viene a cuento. Yo quería hablar de terrorismo de Estado y del plan sistemático de desaparición de las personas. Lo de los vuelos de la muerte fue un plan híper eficaz, si nos ponemos a pensar. Porque si aparecieron 70 cuerpos y solo de dos centros hubo dos vuelos semanales y uno semanal durante 6, 7 años, la cantidad de gente que tiraron son miles. Entonces fue eficaz como plan. Yo quería hablar de eso y me parecía que la sociedad se debía una discusión. Hablan del número, discutimos el número, pero nadie dice dónde están. Entonces, si me vas a rebatir los 30.000, decime cuántos fueron y dónde están, dónde los tiraron, dónde los enterraron.

— Pertenezco a la generación de Floreal Avellaneda. O sea, la generación de los hermanos menores de los desaparecidos, digamos. Son muy poquitos los desaparecidos de mi generación, Floreal Avellaneda es uno. Para cualquiera de nosotros siempre fue el: “pude ser yo”. La elección de su caso me imagino que tampoco es inocente, en el sentido de la idea de llegar a los chicos más jóvenes. Volvemos a la empatía.

— Al margen de que ya conocía la historia, hay algo cuando uno escucha el relato de Iris (N. de la R.: la madre del joven asesinado)... A Iris la íbamos a entrevistar y no pudimos, tuvo un tema de salud y no pudo venir y por eso la pusimos después por archivo. Pero hay algo de esa historia que tiene que ver con el límite. Aunque ya sabemos por Abuelas que no hay un límite: que robaron bebés que nacieron en cautiverio y que los daban a cualquiera, a militares, policías, enfermeros, médicos, sociedad civil que estaba apoyándolos. Pero ver el caso de un chico de 15 años, que a la madre la legalizan y la llevan a Devoto y él en cambio aparece totalmente destrozado,…

— Porque fue con saña.

— Ni siquiera militaba. Él era hijo de un sindicalista y no porque milite lo justifico, pero tenía 14 años. A mí me destrozó porque pensar que ese chico apareció en Uruguay, destrozado, y que por una nota en un diario en la que hablaban de un tatuaje la tía pida por exhorto a la Justicia de San Martín y le den las huellas, porque en plena dictadura sucede esto, no es que sucede en democracia, a mí me pareció el límite del horror. Porque ya sabemos lo de los bebés y que había algo de “son hijos de guerrilleros, hay que reformarlos”. Pero a un chico de 14 años, ¿cuál es tu límite? ¿Cuál es tu regodeo frente a esa tortura y frente a eso tan siniestro? Por eso también a mí me parecía importante, cuando hablábamos de los primeros casos de Uruguay, hablar de ese caso. Porque un chico, a la hora de verlo, puede entender que pudo haber sido él y eso lo vuelve mucho más horroroso.

— Antes hablabas y me decías que eras muy chico cuando fue el Juicio a las Juntas y mencionabas a Zoe Hochbaum, que desde los 15 años tenía la obsesión con el tema de los vuelos de la muerte. ¿Para vos el tema era relevante? ¿Era algo en lo que te habías detenido antes de que te convocaran?

— Mira, había leído el libro de Miriam. En algún momento me lo acercaron de la editorial para ver si yo quería hacer algo audiovisual. Me pareció algo buenísimo. Pero después de haber hecho la película de Estela yo también sentí la necesidad de correrme un poco de los derechos humanos porque no es fácil contar estas historias. Al margen del éxito, que es relativo, en una película hay algo anímico, uno pone mucho. Y después cuando vas, compartís las proyecciones, no dejás de hablar de la pérdida, del dolor, de la esperanza, también. Pero cuesta. En algún momento coqueteé con el libro que publicó mi viejo, La hermandad de los astronautas, pero después de 1985 tampoco tenía tanto sentido. Pero era un tema del que no sabía tanto, conocía la investigación de Miriam, pero no sabía la magnitud de lo que después fui descubriendo con lo de Scilingo.

— Por eso, no había sido algo que te resultara particularmente perturbador. Era una forma más de las torturas.

— Era una tortura más; no lo ubicaba en el peso de plan sistemático de exterminio porque descubrir que los vuelos fueron un plan sistemático para mí fue como: ah, no, bueno, hay que hablar de esto y solo de esto porque esto es un montón. Me parecía muy importante ver qué sabía la sociedad. Porque yo creo que, así como en algún momento la sociedad fue sabiendo lo que pasaba, hay otro momento en que la sociedad deja de apoyar a los militares y por eso después de la Guerra de Malvinas también caen. Hay otro momento en el cual la sociedad banca un juicio y después vienen los 90 y la sociedad parece que los sostiene. Pero después, frente a lo que uno va sabiendo, dejan de apoyar eso y viene un presidente que da vuelta las cosas y la sociedad sigue acompañando. Entonces me parece que había que mostrar cómo la sociedad, a medida que va sabiendo más, va apoyando lo que corresponde, que tiene que ver con entender que todos somos víctimas y que necesitamos memoria, verdad y justicia. Se vio en la última marcha. Miles, miles y miles.

— Y muy tranquila.

— Sí, hermosa.

— Fue, así, como un abrazo generalizado.

— Pero es que me parece que este tema necesita ese abrazo. Digo, las Abuelas, las Madres, más allá de los partidismos, que yo entiendo que hay gente que se va a sentir más cercana que otra en las ideologías, este tema necesita unión. Necesita que las Abuelas encuentren los 300 bebés robados. Las Madres necesitan ser reivindicadas. Porque yo siempre digo, uno puede tener muchas diferencias con Hebe (Bonafini) pero el laburo que hicieron las Madres, nacional, internacional, es enorme.

— Más allá de la complejidad de las personas.

— Era algo que también quería trabajar en el documental. Primero, no tener partidismos; que estén los presidentes al menos hasta la época de (Néstor) Kirchner, que es cuando se reabren los juicios, que aparezcan todos con sus bemoles. Y, después, los organismos. Me parecía que Norita (Cortiñas), que en ese momento estaba viva, tenía que estar y que también había que darle lugar a Hebe. Y por más que ya no estaba, hay un archivo hermoso. Fue una necesidad.

— En la película aparece en un lugar destacado Azucena Villaflor de De Vincenti.

— Sí, porque es el caso juzgado de la Iglesia de la Santa Cruz, que es el origen de Madres.

— Tampoco hay forma de saber cómo habría evolucionado el pensamiento, las ideas de tanta gente. Es un gran interrogante que no va a tener respuesta porque los asesinaron.

— Totalmente. Pienso también en (Esther) Ballestrino de Careaga, que habiendo encontrado a su hija igual siguió participando en Madres. Fue una de las fundadoras. Digo, esta cosa de aprender que la lucha es colectiva y que lo que le pasa al otro también me va a afectar a mí. Estamos en un país y en un mundo donde lo individualista está ganando mucho terreno. Entonces también desde el documental teníamos que hablar de lo colectivo. Más allá de las diferencias, había que unir fuerzas. A mí me destrozó Ana María (Careaga) contando que una vez que a ella la liberan y se exilia, su madre siguió y luego desapareció. Una madre que no pudo conocer a sus nietas. Me parece muy doloroso.

— Decías que pediste hacer las entrevistas. ¿Y qué querías que se destacara en cada testimonio? En el resultado final se ve una suerte de formato, una estética.

— Eso también fue surgiendo en la previa, que tenía que ver primero con la cantidad de cámaras. De qué manera las cámaras son medio testigos, porque ellos todos me miran a mí y hay tres cámaras que los van siguiendo. Y hay una en especial, que a mí me gustaba mucho, que está siempre a través de algo. Está a través de un vidrio roto, a través de una ventana de avión, a través de una reja. Y a mí me parecía que eso contaba también lo que ellos hablaban. Entonces, si yo lograba que esas entrevistas fueran humanas, más allá de los datos, de la experiencia de vida o de los periodistas investigadores que por ahí no lo vivieron pero lo pueden contar, si yo lograba que eso fuera humano, la cámara iba a poder captar eso como en una película. Y después hay algo de la estética, del color.

— O la luz.

— La luz. La manera en que eso está fotografiado. Todo está buscado, nada es casual. Lo mismo la música. La música tiene ecos, tiene ruidos. Tiene grilletes. Tiene lo que se escuchaba en esos lugares. El trabajo después de los efectos epeciales. Yo trabajo con unas fotos de la CONADEP del 84 que sacaron de la ESMA en donde los vuelvo a poner en la ESMA actual. Hay ahí un trabajo en donde recorto a las personas que iban mostrando lo que era la ESMA, los espacios, y pude filmar en la ESMA y pude trabajar estas dos capas, que para mí es el pasado en el presente. Hay cuerpos que aparecen y que son identificados ahora.

— ¿Qué te pasó cuando veías las imágenes y escuchabas los testimonios de Scilingo?

— Uf. Bueno, ese fue un tema que surgió al principio. Queríamos entrevistarlo, nos parecía interesante periodísticamente. Se lo llamó, se lo convocó. Se le explicó para qué lo queríamos. Él se negó. Él está preso con prisión domiciliaria en su casa en un pueblo cercano a Madrid, con una tobillera. Y él se negó, lo cual para mí fue de alguna manera un alivio porque teníamos ese archivo. Él lo había dicho ya todo en cámara. Y mi miedo era que ahora él se desdijera como persona mayor, como persona que ya está condenada.

— Era un riesgo.

— Era un riesgo porque en alguna nota él lo hizo desde la cárcel. Entonces me parecía que si saliste en Grondona, saliste en televisión española, saliste con Mirtha Legrand y dijiste todo lo que dijiste y te hiciste cargo de, creo que son 30 personas que él tiró, me parecía que eso había que mostrarlo. Y ahí es donde el archivo también cobra otro sentido. El archivo de los 90 para mí es esto, es un personaje y es mostrar cómo funcionaban los periodistas en esa época. Y de alguna manera eso vuelve ahora porque hay muchos periodistas que trabajan en esa misma línea ahora, en donde justifican cosas. Digo, el silencio que hay entre Scilingo y Grondona para decir por qué está diciendo todas estas cosas ahora y Grondona se queda callado, estás avalando también y estás diciendo que era una guerra cuando el Estado, teniendo todo el poder, nunca puede estar en guerra con una guerrilla de 2.000 personas a quienes podrías haber llevado a la Justicia. Entonces me parece que poder mostrar eso, poder mostrar la liviandad con la que se hablaba en esa época de los indultos o Menem mandando a la gente a confesarse en vez de a la Justicia. Más allá de que en esa época estaban los juicios de la verdad. No nos olvidemos de que hubo sentencias por el robo de bebés, un tema que no estaba juzgado en el Juicio a las Juntas, lo cual permite que después también se abran los demás juicios. Entonces me parecía que mostrar eso era muy importante y darle voz a Scilingo, con todas las diferencias que puedo tener, lo convertía en una persona de adentro que confesaba lo que había hecho, lo mismo que el sargento Ibáñez, que era un conductor de camión. Son personas que han tenido micrófono, pero que después la gente se olvida. Me parecía importante que quedara ese registro.

— Hablabas de entrevistas de tres horas. ¿Hubo alguna de las entrevistas que particularmente te haya resultado tan demoledora que necesitaste parar para no seguir escuchando?

— Mirá, en todas las entrevistas yo tenía que parar cada 15 o 20 minutos, por un tema de las tarjetas.

— Un tema técnico.

— Sí, un tema técnico de cámaras. Y eso a mí me ayudó mucho porque por ejemplo algunas entrevistas fueron muy dolorosas porque ellos se abrían y te contaban lo que habían sufrido. Ana María (Careaga) me contaba sus torturas. Cecilia De Vincenti me contaba lo que sabía que había vivido su madre. Y yo encima después en la película iba a recrear eso, con la responsabilidad que eso significa para después cuando ella lo ve. Y lo mismo con Pérez Esquivel. Todo el tiempo yo tenía que parar porque a mí me destrozaba, Yo no dejo de ser un hijo de la democracia y por más que uno tenga toda esa información, tengo la empatía la tengo. Escuchar a Miriam, más allá de que lo cuenta con esa distancia, a mí me daban ganas de abrazarla cada vez que hablaba. Y por eso también hoy por ahí me siento tan cercano a ella y me siento un amigo ahora. Pero en ese momento no nos conocíamos. Y todo el tiempo yo aprovechaba esos parates no solo para acercarme y ver cómo estaba la persona porque es su vida, es abrir un poco tu corazón. Lo notaba en el detrás de cámara. El silencio y el respeto que había. Pensá que era un equipo grande, porque tres cámaras son dos foquistas, dos o tres camarógrafos, eléctricos, sonidistas. Había un equipo grande. Y el silencio que había era muy contundente. Para mí lo que sucede atrás de cámara con el equipo es lo que le llega después a la gente.

— Recién mencionaste la fortuna de poder contar con recursos para filmar Traslados. Por un lado están los recursos que tienen que ver con la experiencia, por otro lado los recursos técnicos, pero también los recursos económicos. Pudiste hacer esta película porque se juntaron una cantidad de factores y de fondos que colaboraron para que esta película se hiciera del modo en que se hizo. Pero éste es un momento en el que se está discutiendo la falta de apoyo y estímulo por parte del Estado a las industrias culturales. Me gustaría que me dijeras qué pensás de eso, de la función del INCAA y del retiro del apoyo al fomento del cine.

— Estamos viviendo un momento terrible para la industria. Terrible para los compañeros que trabajan en esto. Y yo lo digo desde un lugar de privilegio porque tengo una carrera de 15 años y puedo ir manejándome y ahorrando a medida que voy haciendo cosas. Pero pienso en los técnicos, en los directores, las cabezas de equipo. Cada país tiene su cine, su historia, su identidad, y necesitamos de los recursos y los fondos que nos ayuden a realizar ese cine. Pensemos en Brasil, en Francia, donde la plata sale de la entrada de otras películas. Sale del 10% de las entradas de Spider-Man, de Batman. No es que sale de los impuestos de la gente. Eso es lo que la gente por ahí no ve. Y hoy siento que este gobierno tiene el lema de destruir nuestro cine. De destruir que se cuenten nuestras historias. Porque si hablamos de nosotros y hablamos de nuestro pasado, de los indígenas, de la dictadura, del 1900, no importa de qué época, estamos hablando de educación. Estamos hablando de cultura. Y a los gobiernos de derecha no les interesa eso. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque se dan cuenta de que en general son los mismos poderes económicos que están detrás de las personas que gobiernan y son los que deciden el futuro de todo el país. Pero la situación que se está viviendo es terrible. Lo que considera el INCAA hoy, que por ahí viene sacando algún fondo más en apoyo al cine, son números muy tristes. Ahora sacaron un concurso de seis ficciones que ganan 250.000 dólares. Con eso no pagás una semana de una película de ficción. Hoy una película de ficción debe estar saliendo 2 millones, 2 millones y medio de dólares. Y lo que también pasa es que más allá de que están las plataformas, en el caso de Traslados es una licencia, no es un original de la plataforma, y también pasa que por ahí las plataformas no se involucran demasiado en algunos temas. Un poco lo están haciendo: Netflix está filmando la historia de Azucena Villaflor. Que está buenísimo. O Amazon hizo 1985, que está buenísimo. Pero hay que hacer mucho más. Hay muchísimos directores. Y a mí lo que más me preocupa son los jóvenes, cómo van a pensar sus carreras. De qué va a vivir alguien que ahora está estudiando cine. Qué vas a hacer si el INCAA no te apoya. Tenés Mecenazgo en la Ciudad de Buenos Aires, que es un gran apoyo pero es chico también en términos de lo que necesita una película. Y terminas yendo afuera. Ahora estoy produciendo un documental, nos apoyan más afuera que acá. Los montos que consigo en fondos públicos de Alemania, de Francia, de España, son más grandes que los de Argentina. Y después nuestras películas recorren el mundo. Esta película, que no tuvo el apoyo del INCAA, ganó en un festival en Estados Unidos. Estuvo en San Sebastián. Estuvo en Cannes. Estuvo en Polonia. Está en la televisión en España. También tenemos que pensar en eso. Esta película hoy, que es impensado, está como número 1 de documentales en Amazon y hoy está en el Top 3 de películas, compitiendo contra los tanques americanos en Amazon Argentina. Y eso habla de que hay un interés. Entonces, qué bueno sería que las plataformas o que el Estado pongan plata porque eso genera más trabajo, genera más plata. Y genera educación. Conocer lo que nos pasó es poder vivir el presente. Esto que hablábamos antes, es un pasado que está vivo. Nuestro pasado con los indígenas también está vivo.

— Bueno, eso lo demuestra el interés por Nuestra tierra, la nueva película de Lucrecia Martel, ¿no?

— Bueno, por supuesto. Y es un documental que metió 20.000 personas en dos semanas. Me parece que necesitamos gente, interlocutores inteligentes que se den cuenta. Un gobierno liberal qué hace, proteccionismo. Y este hace todo lo opuesto frente a nuestra industria: la destrozó en estos dos años. Y yo sé que nos vamos a reconvertir. Lo hicimos en el 2001, lo hicimos en los 90. Va a costar un montón pero vamos a seguir. Somos resilientes. Hay que mirar a los países a los que les va bien con su cine como Brasil, que viene con dos películas nominadas al Oscar en los últimos años, Francia que el 80% de las películas que se ven en Francia son francesas. Le ganan a Spider-Man, le ganan a los tanques. Si ahí funcionan y generan plata y hacen que una economía crezca: cómo puede ser que acá hacemos lo contrario. Es desahuciante tener interlocutores que por ahí no analizan los números y los datos sin una mirada apartidaria. Porque para mí hay que sacar lo partidario en la educación, en la cultura. Si querés hablemos de Milei en un documental. No tengo problemas en que el INCAA financie un documental de Milei. Mientras que financie un documental de derechos humanos, de Lucrecia. Digo, tiene que ser justo en ese sentido. La batalla cultural es la ignorancia, es la estupidez. Es que son incultos a la hora de querer generar cultura. Es pobreza mental. Por eso digo, se va a terminar esto de alguna manera. Va a costar levantarnos pero a mí esto que está pasando con el documental, no por mí eh, y no por el documental en sí.

— Pero te genera entusiasmo.

— Más allá del orgullo de que le va bien, me genera mucha esperanza. Que me escriban chicos de 5to año, 4to año, que me hagan preguntas en Instagram porque están haciendo un trabajo de la Facultad o de colegio. Las invitaciones a colegios que estoy recibiendo para hablar con ellos. Me genera como una línea de esperanza en todo este lío que estamos viviendo en el mundo.

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FICHA TÉCNICA “TRASLADOS”

Director: Nicolas Gil Lavedra

Idea Original: Zoe Hochbaum

Guión: Gustavo Gersberg

Producción general: Zoe Hochbaum, Milagros Hadad

Producción Ejecutiva: Lucila Krämer

Producción ejecutiva: Diego Robino, Santiago López Rodríguez, Ramón Cardini

Investigación: Eduardo Anguita, Daniel Cecchini

Producción de archivo: Laura Mattarollo

Dirección segunda unidad: Martin Vilela

Director de fotografía: Paul Aenlle

Directora de arte: Paula Terra

Vestuario: Valentina Casales

Jefe de producción Natasha Gurfinkel, Claudia Gallo

Montaje: Santiago Parysow (SAE)

Sonido directo: Catriel Vildosola (ASA), Martin Porta (ASA)

Música original: Luciano Supervielle, Camila Rodriguez

Tema Musical “Los dinosaurios” Carlos Alberto García - Universal Music Publishing

S.A

Interpretación vocal: Vera Spinetta

Interpretación, Producción y Mastering: Pablo Bursztyn y Guido Moretti Bucello

Supervisor de efectos visuales & motion graphics: Alejandro Valente

Productor de post-producción: Iñaki Dubourg

Supervisión técnica: Iair Michel Attías

Coordinación de Post-Producción: Simón Arnautou

Entrevistados (por orden alfabético):

- Eduardo Anguita

- Martín Balza

- Félix Eduardo Bravo

- Ana María Careaga

- Gustavo Ezequiel Catulo

- Estela de Carlotto

- Nora Cortiñas

- Ricardo Gil Lavedra

- Nora Hochbaum

- Martín Gras

- María Laura Guembe

- Miriam Lewin

- Pablo Llonto

- Adolfo Pérez Esquivel

- Enrique Piñeyro

- Daniel Rafecas

- Maco Somigliana

- Pablo Verna

- Cecilia de Vincenti

Nicaragua está ubicada entre los países más autocráticos del mundo, ocupando el puesto 175 de 179 naciones evaluadas, de acuerdo con el informe Democracy Report 2026 del V-Dem Institute, elaborado por la Universidad de Gotemburgo.

A Nicaragua se le asigna un puntaje de 0.02, lo que la coloca al nivel de Afganistán y apenas por encima de Myanmar, Corea del Norte y Eritrea, países que encabezan la clasificación de los regímenes más cerrados del planeta.

El informe atribuye esta posición a la concentración del poder en el Ejecutivo, la eliminación de contrapesos institucionales, la represión de la oposición y el deterioro sistemático de las libertades civiles. Nicaragua aparece dentro del grupo de autocracias consolidadas, es decir, regímenes donde el poder no enfrenta controles efectivos ni competencia política real.

La medición del V-Dem analiza múltiples dimensiones de la democracia. Entre ellas están la calidad de los procesos electorales, la independencia judicial, el respeto a los derechos civiles, la libertad de expresión, la existencia de sociedad civil autónoma y los mecanismos de control sobre el poder político. Nicaragua registra un deterioro sostenido durante los últimos años.

También identifica al país como parte de la “ola de autocratización” global, concepto que describe un proceso en el que gobiernos concentran poder, debilitan instituciones y restringen libertades. Según el estudio, esta tendencia es actualmente dominante en el mundo. Nicaragua es uno de los casos más extremos dentro de América Latina.

En el plano de las libertades, el documento destaca la caída de la libertad de expresión y el aumento de la autocensura mediática. Esto implica no solo censura directa por parte del Estado, sino también presión estructural sobre periodistas y medios para evitar publicar contenidos que puedan generar represalias.

Otro de los elementos centrales que explica la clasificación es lo que el informe denomina “agrandamiento del poder ejecutivo”. Se trata de un proceso mediante el cual el Ejecutivo acumula facultades, controla instituciones y elimina controles. En Nicaragua, este fenómeno se refleja en el dominio del poder judicial, el control sobre los organismos electorales y la subordinación de otras instituciones del Estado como el Ejército y la Policía.

El informe identifica además la ausencia de un Estado de derecho funcional. Señala que el sistema judicial ha perdido independencia y opera subordinado al poder político. Esto implica que no existen garantías legales efectivas para ciudadanos ni para actores económicos.

El V-Dem Institute es uno de los centros de investigación más reconocidos en el estudio comparado de la democracia. Su base de datos incluye indicadores construidos a partir de evaluaciones de expertos en todo el mundo y es utilizada por organismos internacionales, gobiernos y centros académicos.

La metodología del V-Dem es considerada una de las más completas en la medición de sistemas políticos, porque no reduce la democracia a elecciones, sino que incorpora dimensiones institucionales y de derechos.

En el caso de Nicaragua, el informe concluye que el país ya no puede ser considerado un régimen híbrido ni en transición. Es clasificado como una autocracia consolidada. Esto implica que las instituciones democráticas han sido desmanteladas de forma estructural.

Las razones específicas que llevaron a Nicaragua a este nivel incluyen la eliminación de límites a la reelección presidencial, el deterioro de la calidad electoral, la represión o silenciamiento de la oposición, el cierre de medios de comunicación y la restricción de organizaciones de la sociedad civil.

V-Dem Institute también señala que el país ha experimentado una caída significativa en su puntuación democrática durante la última década. Este descenso es estadísticamente relevante y lo ubica entre los casos más severos de deterioro institucional a nivel global.

“Esta es la tragedia a la que nos ha llevado la dictadura”, reaccionó el opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro. Señaló que Nicaragua es uno de los países que más ha retrocedido en materia democrática después de haber experimentado una transición.

“Otro elemento que resalta el estudio de V-Dem es que Nicaragua ha sido uno de los países que más deterioro democrático han sufrido en el mundo, después de haber recobrado la democracia. En 2005 el índice de democracia era de .4 y ha bajado a 0.01 en el 2025. Estamos en el sótano”, lamentó Chamorro.

El deterioro democrático de Nicaragua se remonta al retorno al poder de Daniel Ortega en enero de 2007. En ese momento, el país venía de una transición iniciada en 1990, cuando Violeta Barrios de Chamorro ganó las elecciones y puso fin al primer período sandinista.

Durante los primeros años tras su regreso, Ortega impulsó reformas que le permitieron consolidar poder. Se debilitó la independencia institucional y se inició un proceso de control sobre el sistema electoral y judicial. Esto sentó las bases del modelo actual.

El deterioro se profundizó con la eliminación de los límites a la reelección y el control absoluto de las instituciones. A partir de ese momento, el sistema político dejó de ser competitivo. Las elecciones continuaron realizándose, pero sin condiciones de equidad ni garantías para la oposición.

El punto de quiebre ocurrió en 2018, cuando protestas masivas fueron reprimidas por el Estado. Este evento marcó una radicalización del modelo político. Desde entonces, se intensificaron las restricciones a la sociedad civil, la persecución a opositores y el cierre de medios independientes.

En los años siguientes, el régimen consolidó un sistema de control total. Se cancelaron organizaciones, se confiscaron bienes y se establecieron mecanismos de vigilancia y control social. Las reformas legales y constitucionales reforzaron esta estructura.

El informe también ubica a Nicaragua junto a otros países considerados altamente autocráticos:

• Afganistán, bajo el régimen talibán, es una teocracia autoritaria. No existen elecciones ni pluralismo político. Las normas religiosas sustituyen al sistema democrático y restringen derechos básicos, especialmente de las mujeres.
• Myanmar es una dictadura militar. Tras el golpe de Estado de 2021, el Ejército eliminó el gobierno civil, anuló elecciones y gobierna mediante represión directa y control territorial.
• Corea del Norte es un régimen totalitario. El Estado controla completamente la vida política, económica y social. No existe oposición y la información está totalmente restringida. El poder se mantiene en una estructura dinástica.
• Eritrea es un Estado altamente militarizado. No hay elecciones desde su independencia y no existe una Constitución plenamente operativa. La sociedad civil y la prensa independiente están prácticamente ausentes.
• Turkmenistán, que también figura entre los regímenes más cerrados, es un sistema personalista. El poder gira en torno al presidente, con culto a la personalidad y control total de la información.

En todos estos casos, el denominador común es la ausencia de competencia política, la inexistencia de contrapesos institucionales y la restricción severa de las libertades fundamentales.

El informe del V-Dem concluye que Nicaragua se encuentra en el nivel más bajo de calidad democrática dentro de América Latina, lo que lo convierte en una excepción en una región donde aún predominan los sistemas democráticos.

La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma significativa que otorga a la Procuraduría General de Justicia la administración de todo el patrimonio y los bienes municipales. La modificación a la Ley Orgánica de la Procuraduría, adoptada por unanimidad, transforma la gestión local bajo el argumento de fortalecer la eficiencia administrativa estatal, según informó EFE.

Con esta medida, la representante legal del Estado asumirá también la gestión de activos, inmuebles, derechos y recursos que hasta ahora pertenecían tanto a la Carrera Administrativa Municipal como a la Dirección General vinculada, integrándolos formalmente al dominio público.

Entre los cambios más destacados introducidos por esta reforma figura la obligación para los 153 municipios de Nicaragua de aportar el 2 % del monto total de sus planillas al Instituto Nacional Técnico y Tecnológico (Inatec). De acuerdo con lo aprobado por la Asamblea, la finalidad es “fortalecer las capacidades técnicas de las y los servidores públicos municipales”. Este nuevo trasvase económico va emparejado con la derogación integral de la anterior Ley de Carrera Administrativa Municipal y su Reglamento, lo que modifica de raíz el marco legal vigente hasta la fecha.

Para el personal afectado por la eliminación de la Carrera Administrativa Municipal, la enmienda establece que quienes no eran considerados trabajadores formales de las municipalidades pasarán a integrar la nómina de la Procuraduría General de Justicia. Se aseguró que tales incorporaciones respetarán los derechos adquiridos, la antigüedad y los beneficios conforme a lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, conforme detalla la reforma reproducida por EFE sobre la dictadura centroamericana.

La explicación oficial sostiene que la enmienda fue pensada para “garantizar la eficiencia y eficacia de la administración municipal en el ejercicio de sus competencias”. Los legisladores, según recoge EFE, subrayaron que la reforma refuerza el papel de la Procuraduría en la defensa de “las conquistas del pueblo nicaragüense en relación con las obligaciones y responsabilidades de las municipalidades y de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, en beneficio de sus pobladores”. Además, la nueva normativa impulsa la creación de un sistema de administración de recursos humanos en las autoridades locales que garantice “la gestión y ejecución de políticas públicas municipales eficientes, eficaces y transparentes”.

De este modo, la Procuraduría General de Justicia se convierte en administradora directa de los bienes municipales, los activos y el personal transferido, eliminando el régimen anterior y centralizando la estructura sobre la que se gestionan los recursos en los 153 municipios del país.

La Procuraduría General de Justicia incluirá al Ministerio Público, los órganos de la Procuraduría General de la República y otros entes con funciones afines. Esta integración busca proteger el patrimonio nacional tanto del Estado como del pueblo nicaragüense, según el texto legal.

La norma comenzará a ser aplicada en Nicaragua después de que la Asamblea Nacional la apruebe en segunda legislatura y se publique oficialmente en La Gaceta, Diario Oficial.

Otras medidas

La Asamblea aprobó este en enero una reforma constitucional que determina que los ciudadanos nicaragüenses pierden su nacionalidad al adquirir otra, de acuerdo con información publicada por el Legislativo a través del Canal Parlamentario.

Con la modificación, el artículo 25 de la Constitución establece: «la nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad». El artículo 23 también fue ajustado para indicar que «las y los extranjeros pueden ser nacionalizados, previa renuncia a su nacionalidad originaria». El Parlamento concretó la medida en Segunda Legislatura y definitiva, cumpliendo el procedimiento requerido.

La reforma había sido aprobada inicialmente el 16 de mayo de 2025 en Primera Legislatura, y este miércoles se completó la votación final, según información del Canal Parlamentario. La medida ha generado críticas entre la oposición en el exilio.

La Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados rechazó la proposición no de ley presentada por el Partido Popular (PP) y respaldada únicamente por Vox, cuyo objetivo consistía en que el Gobierno español promoviese la condena internacional del régimen cubano y denunciase las violaciones a los derechos humanos en la isla. De acuerdo con la información recogida por el medio, la propuesta sumó 17 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones, lo que provocó que no prosperara en la comisión parlamentaria.

Tal como indicó el medio, la iniciativa planteada por el PP buscaba instar al Ejecutivo a que en "todos los foros de los que España forma parte" se impulsara una condena unánime al gobierno cubano, haciendo especial hincapié en la represión que sufren las mujeres en el país caribeño. Durante el debate, la diputada popular Silvia Franco sostuvo que “Cuba no es ningún mito revolucionario, es una dictadura opresora, la más longeva de América Latina, un régimen que ha eliminado el pluralismo político, que reprime sistemáticamente la disidencia y que ha condenado con su modelo económico fracasado a generaciones de cubanos a la escasez, a la pobreza estructural y a la migración forzosa”, según detalló el medio.

Franco argumentó que la iniciativa también pretendía demostrar “la capacidad del Congreso de los Diputados para llamar dictadura a una dictadura y víctima a una víctima”, además de denunciar la persecución que padecen las mujeres en la isla. Reclamó coherencia al Gobierno y cuestionó que no se puede “hablar de feminismo en Madrid” y “mirar hacia otro lado” cuando “las mujeres golpeadas, difamadas, llevan la bandera cubana”. Según publicó la fuente, esta intervención formó parte de la defensa de la postura del PP que, finalmente, quedó aislado junto a Vox en la votación.

Desde el PSOE, el diputado David Serrada respondió al PP señalando que al principal partido de la oposición, “le importa entre poco y nada la situación de los Derechos Humanos en Cuba”, y afirmó que la intención real del PP era condicionar posicionamientos políticos en torno a la situación de la isla, relató el medio. Serrada indicó: “Por supuesto que nos preocupa la situación en Cuba, por supuesto que defendemos los Derechos Humanos y de manera muy especial los derechos de las mujeres en cualquier lugar del mundo”. Rechazó que su partido utilice los derechos humanos como “arma arrojadiza o coartada política”, sostuvo que la propuesta del PP resultaba vacía y criticó que no incluía ninguna medida nueva ni mecanismos eficaces para mejorar la situación de los ciudadanos cubanos.

Por parte de Sumar, el portavoz Francisco Sierra Caballero criticó la posición del PP y acusó tanto a este partido como a Vox de alinearse con “el tirano de la Casa Blanca”. Según reportó la fuente, Sierra alertó sobre la necesidad de denunciar las amenazas de Estados Unidos contra Cuba, citando el agravamiento de la situación humanitaria en la isla a raíz del “bloqueo energético y el asedio petrolero” que se habrían traducido en apagones masivos.

El debate también incluyó referencias a la presencia de Pablo Iglesias en Cuba. Silvia Franco y Francisco José Alcaraz, portavoz de Vox, cuestionaron el viaje de una flotilla de solidaridad integrada por Iglesias y otras figuras. Franco calificó de incongruente que la izquierda española se refiera al gobierno cubano como un “faro moral” y señaló que sus miembros organizan misiones humanitarias desde hoteles de lujo, pero no dedican tiempo, dijo, a denunciar la represión ejercida, recoge el medio. Alcaraz, por su parte, mencionó que Iglesias se aloja en hoteles donde el costo diario equivale al sueldo de dos años de un cubano y denunció que quienes participan en esa flotilla se han reunido “con los opresores, con los dictadores”, según divulgó la fuente original. Las declaraciones de Iglesias incluyeron imágenes con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, difundidas a través de redes sociales, lo que fue objeto de nuevas críticas por parte de los portavoces del PP y Vox.

El rechazo a la proposición del PP por parte de los grupos parlamentarios PSOE y Sumar mostró la división entre las posiciones políticas respecto a la política exterior española sobre Cuba, la valoración de la situación de los derechos humanos en la isla y la postura ante las acciones del Gobierno de Estados Unidos y su embargo. El medio indica que los partidos en la comisión esgrimieron diferentes argumentos para justificar sus votos, desde la necesidad de medidas eficaces para mejorar la situación de la población cubana hasta la interpretación de la iniciativa como un uso político de la cuestión cubana.

La votación cerró con el resultado adverso para el PP y Vox, que no lograron recabar apoyos suficientes para que el Congreso inste al Gobierno a liderar una condena internacional contra el régimen cubano y denuncie, especialmente, la represión hacia las mujeres. El debate también subrayó la utilización de la situación en Cuba como elemento de confrontación política interna, según reflejó la cobertura del medio.

Quienes nacimos después de 1983 tendemos a vivir la democracia como si fuera el estado natural de las cosas, cuando en realidad es una construcción histórica, conflictiva y fŕagil. Crecimos creyendo que votar, opinar, protestar o debatir sobre política en público son hechos normales, cuando en realidad son conquistas que obtuvimos porque hubo quienes lucharon por garantizar esos derechos.

Aunque mi generación, nacida a principios de los 90, no vivió el terrorismo de Estado, sí vivió sus consecuencias: la búsqueda de bebés robados, el reclamo por memoria, verdad y justicia, y las secuelas económicas, sociales y culturales de la dictadura cívico-militar. Quizá el resabio más naturalizado de ese período atroz se resume en una frase: “preocupate solo por vos, no opines ni te metas en política”.

Involucrarse en política, en otras palabras, preocuparse por el Otro, es una acción democrática. Tener memoria no significa anclarse en el pasado. Significa ser consciente de lo que sucedió para reconocer a tiempo todo lo que no queremos que ocurra nunca más. Me refiero al robo de la identidad, la privación ilegítima de la libertad, la tortura, la intolerancia hacia quien piensa distinto y, también, a la imposición de un modelo económico que favorece a una minoría a través de la fuerza.

Quienes nacimos en democracia no elegimos lo que heredamos, pero sí elegimos qué hacer con eso. En tiempos donde el debate público se caracteriza por el insulto y los discursos de odio, defender la democracia implica un compromiso que excede la responsabilidad de votar cada dos años. Consiste fundamentalmente en cuidar la palabra pública, en aceptar el disenso y en comprender que quien piensa distinto no es un enemigo a exterminar.

Pero, además de estos principios elementales, como sociedad debemos comprender que la única manera de preservar el orden democratico es fortalecerlo. Y eso significa incluir a los excluidos, atender y resolver las demandas de los marginados y, en definitiva, establecer un orden colectivo fundamentado en la igualdad y la justicia social.

A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, recordar lo que sucedió el 24 de marzo de 1976 no es una efeméride. Es producir conciencia democrática. Hoy, como sociedad tenemos el desafío de ponerle un límite a la degradación de la democracia que se expresa en la retórica de la intolerancia y en la indiferencia del “sálvese quien pueda”. Para eso hay que reconocer que nacer en democracia es una herencia histórica, pero vivir en democracia, en cambio, es una decisión colectiva de todos los días.

El automovilismo nacional tuvo uno de sus hitos en plena dictadura militar y fue cuando un grupo de pilotos y dirigentes del Turismo Carretera lograron la autofiscalización. Fue un cambio clave en un momento delicado de la popular categoría. Esta es la historia de un episodio bisagra y de uno de los caudillos que encabezó ese cambio, Octavio Justo Suárez.

“El Gordo”, como se lo llamaba de forma cariñosa a Suárez, corría con un Dodge y su acompañante era su hermano, Pedro. Los “Hermanos Suárez”, como se los conoció durante los años setenta y primer lustro de los ochenta, son emblemas teceístas por sus éxitos arriba del auto, ya que pelearon campeonatos y en 1973 estuvieron cerca del alcanzar el título. Sin embargo, también se destacaron abajo del coche por su amor por el TC y vocación dirigencial que llevó a que la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) diera el paso más importante de su historia.

Como pasa hoy, a fines de los años setenta la ACTC estaba en conflicto con el Automóvil Club Argentino (ACA), que por entonces aún era el ente rector de las carreras del TC. A principios de 1979 el tema llegó a su punto más álgido y los pilotos teceístas (también eran dirigentes) plantearon una ruptura, ya que luego de la última carrera el 24 de febrero, con el triunfo de Norberto Rossone (Ford), se produjo una pausa de tres meses. Ahí Octavio encabezó la revolución que marcó una nueva era en la divisional que cumplirá 90 años en 2027.

Suárez fue presidente de la ACTC entre 1974 y 1984. Llegó a encabezar la reunión en el edificio del Estado Mayor Conjunto del Ejército para pedir la autofiscalización de la ACTC y que los dejen correr en ruta. Para llegar a ese punto hubo varias gestiones previas hasta que un día un grupo de militares lo fue a buscar a su taller. Para conocer detalles de esa época, Infobae habló con Cristian Suárez, hijo de Pedro y sobrino de Octavio.

“Fue una patriada la autofiscalización lograda por mi tío, que en ese momento era el presidente, acompañado por un montón de gente y de colegas que lo apoyaron. Él creyó que el TC era una categoría bien nacional que el ACA la quería hacer desaparecer. Ellos se aferraron al TC y se abrieron del ACA”, afirma.

Ante esa pausa de tres meses a inicios de 1979 y sumados a los antecedes del conflicto con el ACA, Suárez tomó una decisión: “Fue en pleno proceso militar cuando mi tío se puso firme y dijo ‘yo quiero seguir corriendo y autofiscalizarme’. Fue una idea que se llevó en ese momento a los militares y le dieron la derecha. Ahí empezaron en el ‘79 con nueve autos en la primera carrera en Buenos Aires y arrancó el TC con la autofiscalización”, subraya Cristian.

Los Suárez son de Banfield y Cristian aún conserva el taller de su tío. En aquella época el gobernador bonaerense era el General Ibérico Saint-Jean (estuvo en ese cargo entre 1976 y 1981) y lograron llegar a él. “Nosotros teníamos un vecino que era cabo. Un día mi tío le dijo: ‘Mirá, quiero hablar con Saint-Jean por esto, por esto, por esto, ¿no me hacés una reunión?’”.

Octavio llegó a Saint-Jean y tuvo “reuniones periódicamente”, recuerda su sobrino, que apunta “obviamente que los muchachos del ACA no estaban conformes”. Luego de un tiempo se logró una reunión en el edificio del Estado Mayor Conjunto del Ejército, donde Suárez mantuvo un cónclave cargado de tensión durante 12 horas debido a que fueron investigados antes de avanzar en el pedido para poder autofiscalizarse y poder hacer las carreras en ruta.

“Un día vinieron los militares a buscarlo a mi tío, que estaba trabajando en su taller, ya que vivía al lado. Subió con el mameluco y le dijo al militar que estaba a cargo ‘dejame lavar las manos’, y se fue para allá. Estuvieron doce horas. Eso nos lo cuenta mi papá, que mi tío lo llamó y le dijo: ‘Mirá que me están llevando para allá, cualquier cosa estate atento por si quedamos en cana’. Mi tío fue con su cupé Torino y lo escoltaron”, relata Cristian.

Octavio fue acompañado por otros dos referentes de la ACTC, Héctor “Laucha” Ríos y Rubén Gil Bicella. Mientras que su hermano, Pedro, también fue y esperó afuera en su auto. El clima no fue el mejor debido a que “en ese momento los militares pensaban que mi tío era un infiltrado y que no era del automovilismo”, cuenta su sobrino. En esa reunión también estuvo Saint-Jean y una vez que lo presentó a Suárez comenzó una investigación sobre él y sus acompañantes. “Mi tío era un tipo muy derecho, muy honesto y de contextura grande. Agarró y les dijo a los militares ‘acá no hay nada, solamente automovilismo’. Luego de esa frase el tema se calmó un poco y también porque terminaron de investigarlos y no les encontraron nada. Sí, me contaron que la pasaron mal porque si bien no los llevaron detenidos, esperar a que te investiguen y estar frente a dos generales durante tantas horas en esa época era complicado”, agrega.

El punto vital de ese cónclave fue que Suárez, Ríos y Gil Bicella lograron demostrar que su intención estaba fuera de la política o del contexto del país y sólo querían organizar las carreras de TC y comenzar a autofiscalizarse. Recibieron la aprobación para seguir adelante y luego Octavio siguió el nexo con Saint-Jean para poder hacer las competencias en ruta en la provincia de Buenos Aires.

“Mi tío hablaba de frente y era un tipo que siempre le cayó bien a Saint-Jean, que lo ha llevado en el auto de carrera de acompañante cuando se inauguró la ruta 11 (NdR: en 1979 se estrenó la traza asfaltada)”, cuenta Cristian. “Él tenía un objetivo que era salvar al TC, no había otra cosa atrás y los militares se dieron cuenta de eso en la reunión. Incluso, recuerdo de chico haber estado en asados en Campo de Mayo donde me llevaban mi papá y mi tío”.

Cabe destacar que los hermanos Suárez hacían todo a pulmón y los ayudaba el apoyo de las publicidades que tenían en su Dodge. “Ellos primeros fueron colectiveros y llegaron a tener su línea de colectivos, la 299, que va de Lanús a Banfield. Después tuvieron una agencia de autos, pero mi tío en su taller estaba dedicado pura y exclusivamente a armar su auto y a la ACTC”.

Una vez que lograron el permiso para la autofiscalización, el 20 de mayo de 1979 y con solo nueve autos en uno de sus peores momento histórico, el TC corrió su primera carrera sin tener al ACA como ente rector. Fue en el Autódromo de Buenos Aires y la competencia la ganó Héctor Luis Gradassi, con uno de los Ford Falcon oficiales. El panorama no fue alentador en ese inicio, pero luego el parque mejoró.

Volvieron a correr a la ruta y usaron un colectivo para transportar a las personas que iban a trabajar como los cronómetros, ya que en dichas competencias ganaba el que mejor tiempo tenía y no el que llegaba primero. Para hacer el reconocimiento de los circuitos semipermanentes usaban la cupé Torino de Octavio, cuyo motor Tornado estaba potenciado y se la prestaba a otros colegas. “Roberto Mouras, Emiliano Satriano y Oscar Castellano hacían hoja de ruta con ese coche para que no haya ventaja deportiva”, destaca Cristian.

El TC se recuperó y el año del despegue definitivo fue 1982, con varias carreras en ruta en territorio bonaerense. Esa temporada fue campeón Jorge Martínez Boero, con Ford. Octavio dio pelea, pero puso mucha energía en la organización de las carreras que iban más allá de lo deportivo y apuntaron a lo solidario. “Mi tío era muy sano. El tipo iba a la carrera de Tandil, por contar un ejemplo, y le decía al muchacho que organizaba la carrera: ”Bueno, nosotros le vamos a dar la carrera de TC. Les vamos a cobrar 12.000 pesos la entrada’. Pero solía pedir que lo lleven al hospital de Tandil a ver al director y le preguntaba ‘¿qué le falta?’ El médico le respondía ‘un tomógrafo’. Y mi tío le decía al organizador local: “Bueno, vamos a hacer una cosa: de los 12.000 pesos, guarden 2.000 para comprar el tomógrafo. Si en tres carreras usted no tiene comprado el tomógrafo con la plata que yo le dejo, no viene nunca más el TC acá”.

También en Tandil, Octavio sufrió un trágico accidente el 23 de septiembre de 1984. Su Dodge tuvo una serie de tumbos, terminó envuelto en llamas y Suárez quedó atrapado dentro del coche y murió en el acto. “Mi papá no lo acompañó en esa carrera porque tuvo un problema en el oído y el médico le dijo: ‘Pedro, bajate que te toca hacer un estudio’. Después de ganar en La Banda, Santiago del Estero, se bajó y en la carrera de Tandil se mató mi tío. Gajes del oficio, como decía el Flaco Traverso: ‘En el auto de carrera te subís, pero no sabés si te bajás caminando o te bajan en un cajón’”.

En el 30° aniversario de la partida de Octavio se hizo un homenaje en Tandil y Cristian evoca un episodio que lo marcó: “Estaban todos los muchachos, sale un hombre grande de traje y me dice ‘muchacho, ¿le puedo hablar?’. ‘Sí’, le digo. ‘Ahora estoy jubilado, pero yo soy el médico que en su momento le dijo a Octavio que necesitábamos un tomógrafo en el hospital de Tandil’. Hoy me acuerdo y se me pone la piel de gallina”.

Es tal el idilio por Octavio en Tandil, que años más tarde su auto fue enterrado en el lugar de su accidente. Ahí también hay un monumento. Cristian, junto a amigos, armaron una réplica del auto que fue donada al Museo Fangio. “Ahora nosotros estamos haciendo otro auto con muchas cosas originales que habían quedado en el taller de mí tío”.

Octavio y Pedro Suárez no fueron campeones de TC, pero lograron algo más importante: hicieron mucho por la categoría en uno de sus momentos más críticos y en plena dictadura. Además, junto con otros caudillos lideraron un cambio histórico que le permitió a la ACTC ser fiscalizadora de carreras de autos. A 47 años de aquel cambio institucional, hoy vive un presente con un promedio de 50/60 autos en cada fecha y se encamina a cumplir 90 años.

Agradecimientos:

Alejandro de Brito

Sebastián Elías

Meses antes de la irrupción de la Junta Militar se canceló el Gran Premio de Fórmula 1 por temas económicos, ya que el Automóvil Club Argentino (ACA) no pudo terminar de conseguir el presupuesto para solventar el evento. En esa época nuestro país era sede de la apertura del calendario. Cuatro días después de la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas, el domingo 28 de marzo, Carlos Alberto Reutemann, que por aquel entonces llevaba a cabo sus últimas carreras con Brabham, abandonó tras un toque del italiano Vittorio Brambilla (March) en Long Beach (Estados Unidos) manejando un BT44 B con motor Alfa Romeo. Aquella fue una mala temporada para el santafesino, donde su mejor resultado fue un cuarto puesto en Jarama, España, el 2 de mayo.

La Máxima volvió en 1977 y se extremaron las medidas de seguridad. Ver a los soldados entre los pilotos o al borde de la pista fueron imágenes habituales. En esa competencia se dio el triunfo del sorprendente Wolf conducido por Jody Scheckter. Lo escoltaron José Carlos Pace, con Brabham y el propio Lole Reutemann, en su segunda carrera con Ferrari tras el debut en Italia 1976, cuando fue convocado para reemplazar a Niki Lauda, quien se accidentó en Nürburgring (1/8), pero volvió a correr 40 días después.

Al año siguiente la televisación de la carrera fue a color y Argentina Televisora Color (ATC) hizo un ensayo con uno de sus nuevos móviles para el Mundial de Fútbol 1978. Debido a ése evento, la carrera de F1 fue una prueba de fuego en cuanto a la seguridad y hasta algunos afirman que hubo una amenaza de bomba en el Autódromo. El empresario Eduardo Ramírez es el manager que llevó Esteban Tuero y Gastón Mazzacane a la F1. En el programa Historia de Campeones, Ramírez contó detalles de la tensión que se vivió en el GP de 1978. “Esa carrera fue la que tuvo el mayor operativo de seguridad por un posible atentado de un grupo comando brasileño. El túnel que pasa por debajo de la recta principal lo tapearon para evitar que pongan un explosivo justo por debajo de los autos de carrera. Hasta colocaron una pequeña batería antiaérea en la zona de la curva del Ombú. Hubo mucho personal uniformado y de civil. Si había un atentado en la F1, se perdía el Mundial y se iba a hacer en Brasil”, recordó. “En un momento del fin de semana le explotó el extintor del Lotus de Mario Andretti y un montón de uniformados rodearon el auto. La tensión fue total”. Además, en esa edición hubo un particular episodio, ya que una hilera de efectivos militares prohibió la presencia de fotógrafos en el viejo podio ubicado en el Palco José Froilán González, donde solo las promotoras acompañaron a los pilotos. Las primeras fotos fueron con los pilotos de espaldas y luego, ante el encendido reclamo de los fotógrafos, lograron inmortalizar el momento con los corredores de frente.

En tanto que el automovilismo criollo pudo sobrevivir a la situación. Fueron tiempos complicados con varias restricciones en particular para la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) de poder organizar competencias en la ruta. No obstante, sus dirigentes se las arreglaron para poder hacerlas. El 14 de marzo Héctor Gradassi ganó con su Ford del equipo oficial en Buenos Aires. Tras la llegada del gobierno de facto hubo un paréntesis y el 25 de abril volvió la acción cuando Carlos Marincovich venció con su Chevrolet en la Vuelta de 25 de Mayo. Luego llegó el hito de Roberto José Mouras con sus seis victorias seguidas (récord todavía imbatible) a bordo de su “7 de Oro”, tal como se la conoció a la cupé Chevy preparada por Jorge Pedersoli y Omar Wilke. Sin embargo, el Toro no pudo batir a Pirín Gradassi quien se alzó con su cuarto título.

Hace medio siglo ya era hostil el clima entre la ACTC y el Automóvil Club Argentino (ACA), que por entonces seguía fiscalizando las carreras de la popular categoría. En ese momento, la relación entre el organismo del ACA para regir la actividad que era la CADAD (Confederación Argentina de Automovilismo Deportivo) y la ACTC, era insostenible lo que generó la demora en el inicio del campeonato en 1979. Esto derivó en la autofiscalización del TC. “Cuando en 1979 comenzamos a fiscalizar nuestras carreras era todo un tema pedir permiso a las autoridades oficiales para poder correr en ruta… En plena dictadura llevamos a cabo esa clase de carreras”, le contó a CORSA Héctor Eduardo Ríos, integrante de la ACTC. El Laucha, como se lo conoció, fue uno de los abanderados junto a los hermanos Octavio y Pedro Suárez (piloto y acompañante) para conseguir la independencia fiscalizadora para la ACTC que nació con una carrera en el Autódromo de Buenos Aires el domingo 20 de mayo de 1979. El recordado acompañante de Carlos Alberto Pairetti amplió sus conceptos en una entrevista con Solo TC en la que indicó “eran tiempos difíciles en los que tuvimos que enfrentarnos a los militares y al ACA, porque nos paraban las carreras… A mi taller llegaron a ir dos Falcon a buscarme y tanto a mí como a Octavio (Suárez) nos revolvieron toda la casa. Ellos se creían que éramos subversivos, pero a nosotros lo único que nos movilizaba era el Turismo Carretera y queríamos que haya carreras”, recordó Ríos.

El Laucha también relató los detalles de una reunión con Albano Harguindeguy, ministro del interior del gobierno de facto, para poder plasmar la autofiscalización y continuar con la actividad. “Tuvimos que ir a La Plata a hablar con el General Ramón Camps, que era el jefe de la Policía Bonaerense, y nos apuntaban con ametralladoras. Estuvimos reunidos por más de 1 hora. Ellos hablaron los primeros 15 minutos y nos dijeron que hacíamos carreras cuatreras, que matábamos gente en cada competencia… Pero después nos tocó a nosotros y le explicamos por qué queríamos autofiscalizarnos. Terminaron dándonos el permiso y nos dijeron: ‘muchachos a correr y a portarse bien, porque tenemos una celda VIP en Devoto para ustedes y para el ACA’”.

“Nos cuestionaban porque íbamos a ser juez y parte, pero yo me ponía el buzo de competición y me olvidaba de la parte dirigencial, como lo hacían todos los miembros de Comisión Directiva. Dejábamos todo en manos de los Comisarios Deportivos…”, concluyó el Laucha.

El TC sumó otro episodio particular y fue a las 21.00 horas del jueves 12 de junio de 1980, cuando dos de sus pilotos fueron detenidos, según informó la edición 733 de la revista CORSA. Fue en el intento de la largada simbólica de su viejo edificio en Bogotá 166, en el barrio porteño de Caballito, cuando bajo una noche lluviosa quisieron hacer una largada simbólica del Gran Premio Unión Cuatro Provincias y se lo impidió un operativo policial. Los efectivos les pidieron a los pilotos la documentación que acredite la titularidad de los autos. Roberto Monllor y Carmelo Palazzo fueron liberados el 15 de junio. El inicio de la carrera se postergó y una semana más tarde se disputó. Ganó Francisco Espinoza y logró el título de la temporada 1979/1980, cortando una sequía de 12 años para Chevrolet.

Otra historia que marcó aquellos años y que también estuvo vinculada al TC fue el nacimiento del TC 2000. En la década del setenta, la ACTC habilitó a los coches medianos con motores de dos litros de cilindrada. Corrían contra los autos con impulsores de tres litros como el Ford Falcon, la cupé Chevy de Chevrolet, el Dodge GTX y el Torino. Convivieron hasta el 18 de febrero de 1978 en una de las carreras nocturnas para no ganadores en el Autódromo de Buenos Aires. Esa noche José Miguel Pontoriero venció con un Dodge 1500 y la ACTC optó no darle más lugar a los autos de 2.000 cm3. Aquella decisión promovió un cambio histórico: tras la negativa de la ACTC, Pontoriero y otros usuarios de los coches con motores de dos litros se juntaron y fueron a pedirle al ACA que los fiscalice en una nueva categoría para su segmento. En 1979 realizaron un Torneo Presentación de cuatro fechas que lo ganó Osvaldo “Cocho” López (Peugeot 504). En ese génesis del Turismo Competición 2000 también corrieron -entre otros- Juan María Traverso (Ford Taunus), Jorge Omar del Río (Dodge 1500), Ángel Antonio Salomita (Dodge 1500), Miguel Ángel Parodi (Dodge 1500) y Carlos Crocco (Fiat 125).

Volviendo a marzo de 1976, Jorge Spinetto (Fiat 128) y Esteban Fernandino (Fiat 1500) comenzaron a hilvanar sus títulos en la Clase 3 y 4 del Turismo Nacional, respectivamente. Mientras que la todavía pujante Fórmula 1 Mecánica Argentina no había empezado su campeonato. Su primera carrera fue el 14 de mayo en el escenario porteño, con victoria de quien resultó campeón en aquella temporada, el uruguayo José Pedro Passadore con un Pianetto-Dodge. Esta categoría con autos de F1 fabricados en el país tuvo su última temporada regular en 1980.

En cuanto a eventos internacionales en nuestro país, la F1 corrió hasta 1981. En 1978 Argentina fue clave para el Gran Premio de la América del Sur, una carrera de Rally de 28.592 kilómetros, más larga que el por entonces flamante París-Dakar. En 1980 se corrió el Rally Codasur, que fue válido por el Campeonato Mundial y resultó la primera de las 39 ediciones del certamen ecuménico en Argentina. Mientras que el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad también corrió en Buenos Aires en 1981 y 1982, con sus divisiones 125 cm3, 250 cm3, 350 cm3 y 500 cm3 (actual MotoGP).

En aquellos años el Lole Reutemann ratificó su condición de ser uno de los mejores pilotos del mundo y en 1981 fue subcampeón de la F1. Su última carrera fue el 21 de marzo de 1982 en Brasil, donde abandonó y siete días más tarde anunció su retiro: “La F1 se terminó para mí, que pase el que sigue”, dijo el santafesino en CORSA. Todo indicaba que el sucesor sería Oscar Rubén Larrauri, que en agosto de ese año logró de forma anticipada el título en la Fórmula 3 Europea, pero Poppy no pudo conseguir el presupuesto necesario (unos 300.000 dólares) para poder correr en Ligier o ATS, en un contexto delicado de Argentina luego de la Guerra de Malvinas. Cabe recordar que durante el conflicto bélico con Gran Bretaña, el automovilismo argentino fue solidario y organizó carreras para recaudar dinero destinado al Fondo Patriótico, pero el dinero nunca llegó a los soldados. Además, la guerra también complicó a los pilotos argentinos que corrieron en Inglaterra.

En octubre de aquel año se dio otro hito y fue el nacimiento de la Fórmula 2 Codasur, una categoría creada por pilotos argentinos, uruguayos y brasileños, cuya primera carrera fue en octubre en Taruma y venció Miguel Ángel Guerra. El 18 de diciembre de 1982 la flamante divisional corrió en Buenos Aires y tuvo emisarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un momento de transición en Argentina hacia el retorno de la Democracia.

Fueron ocho temporadas en la que el automovilismo argentino siguió adelante en medio de la dictadura. Los motores no se apagaron gracias al trabajo de la dirigencia, el compromiso de los pilotos, equipos y la pasión del público que –como siempre- pese a cualquier contexto histórico acompañó desde la tribuna, al otro lado del alambrado o a la vera de la ruta.

Agradecimiento: Alejandro de Brito

“Es inminente el final. Todo está dicho”. Caía la tarde del martes 23 de marzo de 1976. Todavía eran tiempos de importantes ediciones vespertinas de los diarios. La tapa de La Razón dejaba en claro lo que estaba por venir. Los rumores de un posible golpe de estado habían comenzado el año anterior y se aceleraron a partir de marzo. El endeble gobierno que encabezaba María Estela Martínez de Perón estiraba su letanía, en medio de una agobiante crisis política, económica y social. Su derrocamiento fue una realidad en las primeras horas del miércoles 24, comenzando allí otra era de terror. Todos los estamentos quedaron conmocionados hasta lo indecible, pero ¿qué pasaba con el fútbol argentino? ¿Se detuvo la actividad o todo siguió como si nada estuviese ocurriendo?

El golpe de estado de marzo del ‘76. Se están cumpliendo 50 años de una fecha dolorosa. Sin embargo, el fútbol siguió de manera casi normal, con el guiño de la Junta Militar. Apenas asumidos, dieron a conocer a la población una serie de comunicados, donde se establecían las nuevas reglas que tendrían vigencia en el país. Se detalló que quedaban suspendidos todo tipo de espectáculos y transmisiones, con una excepción. En el comunicado número 23, se dejó expresamente aclarado que se iba a poder ver en directo, como estaba pautado, el partido de la selección nacional ante Polonia en la ciudad de Chorzów.

Mientras la edición de La Razón con su concluyente titular se distribuía en todo el territorio argentino en la tarde del martes 23, el público iba llegando con normalidad al estadio Monumental, donde River Plate recibía al débil Portuguesa de Venezuela. En diálogo con Infobae, la Pepona Reinaldi, titular aquella noche, recordó lo vivido: “Habíamos ganado un partido importante, porque con esa victoria quedamos a un paso de la clasificación a la siguiente ronda. Marqué un tanto en cada arco y parecía ser una noche normal para cualquier futbolista. Terminamos cerca de las 23 horas. Nos cambiamos y cumplimos con la rutina de ir a comer con algunos compañeros a uno de los carritos de la Costanera, cerca del estadio. En el trayecto, no se presentía nada en particular por las calles. Concluyó la cena tipo a las 2 de la madrugada y cuando quisimos salir, fue imposible porque ya estaban apostados los tanques y el ejército, que no te dejaban mover para ningún lado. Fue una situación que nos sorprendió y tomamos conocimiento que se había producido el golpe. Debimos quedarnos allí aproximadamente una hora más”.

Eran horas importantes, también, para la selección argentina. César Luis Menotti había asumido en octubre del ‘74, llevando adelante un proyecto serio, con el gran objetivo del Mundial ‘78. El domingo 14, había partido la delegación hacia Europa del Este, para afrontar la primera gira de su ciclo por el exterior. El viaje insumió más de 50 horas cubriendo Buenos Aires - Las Palmas - Madrid - París - Zurich (aquí se hizo un descanso en un hotel) - Varsovia - Moscú - Kiev.

Para la mayoría de los integrantes, era su primera vez en el viejo continente, llenándose de asombro y vértigo a cada paso. Y también de sorpresas, como nos contó Jorge Olguín: “Para mí era como estar viviendo un sueño, porque era difícil pensar que podía estar en la Selección y más hacerlo en una gira de esas características. Muchas cosas se hicieron mal, a las apuradas y entre ellas, mi visa, que estaba a nombre de Asad, otro compañero. Apenas llegamos a Moscú, me detuvieron los soldados que te revisaban en la aduana. Por medio de señas, meneaban la cabeza y con los dedos me hacían “dos y tres, dos y tres”. Obviamente no entendía nada, ni las señas ni el idioma. El dos era porque en la visa había dos nombres, Julio Asad, y en el pasaporte, tres: Jorge Mario Olguín. Todo el plantel pasó y a mí me dejaron solo sentado en un banquito como en las películas (risas). La historia se soluciona cuando llegó gente de la embajada y pude sumarme al resto hacia Kiev”.

El fin de semana anterior al golpe, se desarrolló la 8° fecha del Metropolitano, con algunos resultados sorprendentes, como el 3-1 de Quilmes ante River en el sur, la goleada de Huracán, el mejor equipo hasta allí del torneo, sobre Ferro por 5-1, y la sufrida victoria de Boca frente al recién ascendido San Telmo en la Bombonera por 2-1, con gol de García Cambón, en el tramo final del match.

El sábado 20, por la mañana, pudo verse por televisión en directo, algo que no era habitual, el encuentro frente a la Unión Soviética. Fue una mueca de felicidad, en medio del caos y la incertidumbre que azotaban a la sociedad. Argentina se impuso por 1-0 con gol de Mario Kempes, en la que fue una de las mejores actuaciones en la carrera del Loco Gatti, como él mismo rememoró: “Contra la Unión Soviética en Kiev las hice todas. Para entonarme, tomé un poco de whisky y el Flaco Menotti lo sabía. Yo tenía una botellita al lado del poste y cada tanto tomaba un traguito para motivarme y por el frío tremendo que hacía. Como ese partido, no habrá ninguno igual”.

A contramano de lo que ocurre en la actualidad, donde cada presentación del equipo nacional en cualquier punto del planeta es seguida por muchos periodistas, en aquella gira, apenas un puñado de colegas estuvieron presentes. Uno de ellos fue Fernando Niembro, a cargo de los relatos para Canal 7: “Ese partido quedó en la historia por muchos motivos, empezando por el clima: había 10 grados bajo cero y teníamos la seguridad que no se iba a disputar, porque la capa de nieve que tenía el campo de juego era de un metro. Llegué allí varias horas antes y el que era el intendente del estadio, por intermedio del embajador que hacía la traducción, me dijo: ‘Quédese tranquilo, porque a la hora de comenzar, todo va a estar perfecto’. Y así fue, porque con turbinas de avión, tiraron la nieve hacia los costados. Durante el transcurso del encuentro, comenzó a nevar. Al concluir, los periodistas fuimos a los vestuarios como era rutina y los jugadores estaban ateridos de frío, solo consumiendo el agua que habían llevado los utileros, hasta que de pronto, se abrieron las puertas y aparecieron mozos de guantes blancos portando bandejas de plata con té caliente”.

La alegría inmensa del plantel y de todos los futboleros por un éxito tan trascendente, contrastaba con lo que se vivía en el país. donde los diarios daban a conocer, día tras día, las cifras de muertes y asesinatos. En las portadas del martes 23, ya se hacía mención al final anunciado, señalando que los diputados y senadores, habían pasado por el Congreso a retirar sus pertenencias. Lo tradicional en los lamentablemente frecuentes golpes de estado de esos tiempos.

Ajenos a todo eso, ya instalados en Polonia, los muchachos de la Selección se preparaban para el cruce ante la selección local, pautado para el 24 de marzo. Así fue la vivencia de Niembro: “La noche anterior al partido, nos enteramos del golpe de estado, a través del José María Muñoz, que era quien nos informaba en forma permanente. Mi padre tenía actividad política en ese momento como asesor en el Ministerio de Trabajo. Yo quería tener datos, ya que, obviamente, la información de lo que ocurría en Argentina no abundaba. Llegué al estadio con varias horas de anticipación, me instalé en la cabina y Enrique Macaya Márquez, desde Buenos Aires, me dijo: ‘Fernando: el partido finalmente se va a televisar en directo’. Era la primera vez que iba a relatar. Era dificilísimo conseguir una comunicación telefónica con nuestro país, pero al terminar el cotejo, logré hablar con mis padres, que me confirmaron que estaban bien y me ampliaron un poco los detalles de lo que se estaba viviendo. Pensamos que la gira se iba a suspender, pero siguió tal como estaba programada”.

En el mismo sentido van los recuerdos de Héctor Scotta, quien era parte del plantel, luego de su sensacional temporada ‘75, donde batió todos los récords de nuestro fútbol al convertir 60 goles con la camiseta de San Lorenzo: “Me acuerdo que estábamos cenando y vinieron Menotti y el presidente de la delegación para contarnos que había habido un golpe militar y que Videla había afirmado que la Selección debía seguir su curso y terminar la gira. Sinceramente, estábamos todos asustados, porque no sabíamos que estaba ocurriendo realmente en el país. Ese día enfrentamos a Polonia y tuve la suerte de hacer un lindo gol tras una asistencia de Leopoldo Luque, pero no tuve ni tiempo de festejar, porque automáticamente Menotti me reemplazó por Houseman, que convirtió el segundo y ganamos 2-1”.

La población ya se encontraba bajo el control de la Junta Militar, como señaló el primer comunicado. Luego fueron llegando más, como el número 22, que anunciaba la suspensión para ese día de los espectáculos públicos, en cines, teatros y actividades deportivas. Y el 23, se refería al fútbol: “Se pone en conocimiento público que se ha exceptuado de la transmisión por cadena nacional de radio y televisión, la propalación programada para el día de la fecha del partido de fútbol que sostendrán las selecciones nacionales de Argentina y Polonia”. Y así fue: las marchas militares y comunicados que inundaban la televisión, se detuvieron a las 13:30 cuando comenzó el encuentro.

La Selección continuó con el periplo tal como estaba programado. El sábado 27 cayó ante Hungría en Budapest 2-0, el martes 30 perdió 2-1 con el Herta Berlín y concluyó con un empate en cero frente al Sevilla en esa ciudad, el jueves 1 de abril. La actividad del fútbol en el país no se detuvo, ni tuvo ningún cambio, porque en la noche del jueves 25, Estudiantes goleó a Portuguesa 3-0 y un día más tarde comenzó una nueva fecha del Metropolitano, con el triunfo de River sobre Temperley 2-0.

Y uno concluye que la pelota no se detuvo, pese a la situación brutal que se desataba en cada rincón del país. La Junta Militar, pese a cierta reticencia inicial, enseguida detectó que era conveniente seguir adelante con la organización de Argentina ‘78. Se había hecho muy poco, y por ello se motorizaron obras faraónicas para tener todo listo para disputar la Copa del Mundo. Esa que fue utilizada, pero que también le brindó una alegría enorme al pueblo futbolero, que saldó la vieja deuda de salir campeón y sentirse el mejor del planeta, gracias a un equipo que sentó las bases de su convicción, en la histórica gira de marzo del ‘76.

“Arrepentite, porque ves que te equivocaste. Te equivocaste, hiciste el mal, pero ahora también podés arrepentirte. Porque si no, ¿cómo vas a vivir y cómo vas a morir con estas masacres en tu corazón?”.

Eso quería decirle. Eso pensaba la francesa Genevieve Jeanningros, monja como su tía Léonie Duquet, quien fue detenida desaparecida, ferozmente torturada y arrojada viva al mar en un vuelo de la muerte, cuando vio a Alfredo Astiz en los tribunales argentinos en el año 2010. El gobierno de Néstor Kirchner había anulado las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que le habían permitido la impunidad. Los juicios por crímenes de lesa humanidad brotaban en tierra fértil por todo el país.

Para ese momento Astiz ya había sido condenado a cadena perpetua en Europa. En Francia, en un juicio en ausencia en 1990, por el secuestro y el asesinato de Alice Domon y Léonie Duquet —caso conocido internacionalmente como el de “las monjas francesas”—. En Roma, en 2008, donde fue sentenciado junto a Jorge Eduardo “el Tigre” Acosta, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Vañek y Héctor Antonio Febres, por la desaparición, tortura y muerte de tres inmigrantes calabreses —Ángela María Aieta, Susanna y Giovanni Pegoraro—. Luego recibiría más cadenas perpetuas nacionales y populares: en la Megacausa ESMA y en la denominada ESMA III. Durante el primero de estos procesos Genevieve, que ya había testificado en el juicio en Roma, lo vio.

—Lo que más me sorprendió es que cuando habló Astiz dijo que había hecho todo eso para defender a la Argentina, creía que había salvado a la Argentina. Yo me decía: “¿Pero qué has salvado? Has masacrado a tanta gente”. Luego, yo rezaba (porque nosotros estábamos detrás de un cristal, ellos estaban delante y lo veía bien). Rezaba porque me hubiera gustado cruzar mi mirada con la suya. También me hubiera gustado encontrarme con él a solas pero no se podía. Y entonces, tres veces, tres o cuatro, se giró y me miró fijamente a los ojos. Nuestros ojos se encontraron... Él sabía que yo estaba allí porque la prensa había dicho que estaba presente la sobrina monja de Léonie Duquet. Entonces enseguida me fijó la mirada. Era fría. Tenía una mirada helada.

***

—¡Betty, nos llevan!

Eran cerca de las ocho de la noche del 8 de diciembre de 1977. Un grupo de familiares de detenidos-desaparecidos conversaba en la puerta de la Iglesia de la Santa Cruz, ubicada en la calle Estados Unidos, en el barrio porteño de San Cristóbal. Habían ido a reunir firmas para una solicitada en la que pedían por sus seres queridos que iban a publicar dos días después en el diario La Nación. Entre ellos estaban dos de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco. También la monja francesa Alice Domon, compañera de Léonie Duquet: ambas venían de la misma región, “eran hermanas de la misma comunidad, pero también amigas” —dice Genevieve—. Ambas participaban de las vueltas a la Pirámide de Mayo con las Madres que habían nacido, paridas por esos hijos desaparecidos, hacía unos meses, ese año. Y, a veces, también se daban cita con ellas y otros familiares en la Santa Cruz: iban a misa y luego se reunían en el templo, donde les concedían un espacio al resguardo de los ojos cazadores de los militares que prohibían las reuniones grupales. Allí estaban a salvo. Eso creían.

—A ellas les daba tristeza ver a esas mujeres que habían perdido a sus hijos y no sabían dónde estaban. Porque si un hijo muere es muy doloroso… pero tienes su cuerpo, lo entierras, le das sepultura. Pero entonces estaba Astiz, que se hacía pasar por el hermano de uno de los desaparecidos. Y había una de las madres, no recuerdo cuál, a quien ese chico joven le recordaba a su hijo y ella se había enternecido con él. Las demás también porque, al fin y al cabo, los chicos desaparecidos tenían la edad de Astiz en aquel entonces —recuerda.

Entre las Madres de Plaza de Mayo y los familiares de desaparecidos, fingiendo ser Gustavo Niño, se había infiltrado el capitán de la Marina, Alfredo Astiz. Aquella noche había marcado con un abrazo a las personas que iban a ser secuestradas.

—Alrededor de las ocho nos fuimos retirando, para ir por la calle Estados Unidos. Y cuando no habíamos dado más de diez pasos vi a la señora de Cerruti que levantaba los brazos, la habían puesto contra la pared y me dijo, me llamó por mi nombre: ¡Betty, nos llevan! (...). Pude ver, al girar mi vista hacia la izquierda, que había un hombre armado con una pistola ametralladora. A mí me dio la sensación de que habían sido golpeadas, posiblemente en el estómago, porque no gritaban. Solamente sentí a la señora de Careaga que decía “Por qué”. “Por qué”, dijo dos veces, muy bajito.

Así narró Beatriz Aicardi de Neuhaus, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, durante el Juicio a las Juntas de 1985, el secuestro en la Iglesia de la Santa Cruz, del que fue testigo.

Pero la operación que tenía por objetivo al grupo que se reunía en el templo no terminó ahí. Dos días después, el 10 de diciembre, los miembros del abominable grupo de tareas 3.3 que funcionaba en la ESMA, y del cual Astiz era parte, fueron por aquellas personas que el infiltrado había marcado pero ese día no se encontraban en la iglesia. Se llevaron a la principal impulsora de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de Devicenti, cuando salía de su casa a comprar La Nación para ver la solicitada que habían publicado por los desaparecidos, y a Léonie Duquet.

—Léonie estaba en Ramos Mejía, en la parroquia en la que se alojaba —cuenta Genevieve—. Era una casita con una pequeña habitación y como no había párroco le habían ofrecido quedarse allí. Fueron a su casa y se la llevaron diciendo: “Tu compañera, Alice, está en el hospital, te llevamos con ella”. Pero no era verdad.

En la solicitada publicada aquel día, entre las firmas recabadas, aparecía el nombre que los había conducido al infierno: Gustavo Niño. Durante muchos años las agrupaciones de familiares pedirían por él como uno más entre los desaparecidos.

***

Léonie Duquet —a quien también llamaban “Renée”— había llegado a la Argentina casi tres décadas antes del golpe, en 1949. Había nacido en la aldea campesina La Chenalotte, en una zona montañosa de Francia cerca de la frontera con Suiza, y se había unido de joven a la Congregación de las Misiones Extranjeras de París, que la había enviado al país del fin del mundo.

—Tengo pocos recuerdos de ella porque se fue en el 49 y yo tenía seis años, pero recuerdo que cuando venía a casa jugaba conmigo y con mi hermano. Todavía me veo a mí misma, teníamos la casa con las ventanas bastante bajas, saltábamos desde ahí al jardín y con ella era todo un juego. Era precioso. En 1949 ingresó en las Hermanas de Misión Extranjera de París y una de las fundadoras era argentina; entonces, si bien se dedicaban principalmente a la zona de Oriente, soñaba con llevar una comunidad a su país. Así es como se fueron —recuerda su sobrina, quien también se hizo monja siguiendo a su tía y porque su madre, fervientemente creyente, le había inculcado el amor por Jesús.

Una vez en Argentina, Léonie Duquet se radicó en Hurlingham y en Morón. “Su sueño siempre fue estar con los más pobres”, asegura Genevieve.

Mientras buscaba su lugar en el país austral, trabajó en una clínica y formó parte de un grupo liderado por el sacerdote Ismael Calcagno, primo político de Jorge Rafael Videla. Léonie Duquet tuvo el gusto con el futuro dictador de joven: ella se desempeñaba en una comunidad donde había personas con discapacidad entre las que estaba —la vida y sus paradojas— Alejandro Videla, el hijo mayor del militar. Había nacido en 1951 y padecía retraso madurativo, por lo que estuvo internado en la entonces Colonia Montes de Oca —institución de salud mental y discapacidad intelectual que actualmente es el Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo— en el partido de Luján. Videla lo mantenía prácticamente oculto. Alrededor de 1955 Alejandro fue cuidado por Léonie Duquet, que dictaba catequesis a personas con necesidades particulares.

También desarrolló diferentes tareas y colaboró con la comunidad mapuche en Neuquén, con enfermos de lepra y con Cáritas. Cuando irrumpió el golpe de Estado estaba instalada en el Gran Buenos Aires. Trabajaba en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Castelar y brindaba catequesis en Ramos Mejía, donde se estableció.

“Callarse hoy sería cobarde”, solía decir ante su actitud plantada frente a la defensa de los derechos humanos a partir del 24 de marzo de 1976. ​

***

“Buscá, tenemos que encontrarla. ¿Dónde está?”.

La madre de Genevieve estaba desesperada. Las noticias de Argentina no demoraron en cruzar el océano y después de la desaparición del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz Francia se empezaba a preguntar por Alice Domon y Léonie Duquet.

—Mamá no se tranquilizaba. Yo tengo un hermano, mi hermano mayor, Michelle, que estaba muy comprometido con los sindicatos y recopilaba muchos artículos de la prensa. Entonces mi mamá le pedía que buscara. Él tiene metros y metros de recortes de periódicos de ese período, lo que salía en Francia sobre Argentina. Francia había empezado a reclamar por eso es que desaparecieron enseguida. Porque ya se estaba creando un problema: el gobierno francés quería saber. Entonces montaron esta puesta en escena con los Montoneros para decir que habían sido ellos quienes las habían secuestrado, lo cual no era cierto.

Las doce personas que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz fueron llevadas al centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Ante el inminente escándalo internacional que tenía a Francia erizado a la espera de una respuesta argentina, Emilio Massera decidió montar una pantomima y simular que las monjas habían sido secuestradas por Montoneros. Obligaron, bajo tortura, a Alice Domon a escribir una carta dirigida a su superiora en la congregación a la que pertenecían en la que afirmaba que habían sido secuestradas por una organización opositora a la dictadura de Videla. Para completar el envío les tomaron una foto en la que Alice y Léonie están sentadas delante de una bandera de Montoneros. En la imagen, capturada en el subsuelo del Casino de Oficiales de la ESMA, ambas aparecen con signos de tortura. Eso se envió a la prensa francesa.

El 15 de diciembre de 1977 el diario La Nación publicó un artículo titulado “Vivas y con buena salud”. En él se informaba que la Madre Superiora de la congregación había dicho, desde Francia, que las hermanas Léonie y Alice estaban detenidas pero “vivas y con buena salud”. Aclaraba, además, que la información provenía del Nuncio Apostólico en la Argentina.​

Para la verdad todavía faltaba. Pero después de finalizada la dictadura, cuando los sobrevivientes comenzaron a declarar para el informe Nunca Más, comenzó a dibujarse.

“Cayeron alrededor de diez o doce familiares, entre ellos la hermana francesa Alice Domon. Más tarde fue llevada también a la ESMA la hermana Rennée Duquet, de la misma congregación religiosa que la hermana Alice. A la hermana Renée la alojaron en ‘Capuchita’. Las hermanas Alice y Renée fueron salvajemente torturadas, especialmente la primera. La conducta de ellas fue admirable. Hasta en sus peores momentos de dolor, la hermana Alice que estaba en ‘Capucha’ preguntaba por la suerte de sus compañeros y, en el colmo de la ironía, en forma particular por el ‘muchachito rubio’, que no era otro que el Teniente de Fragata Astiz (quien se había infiltrado en el grupo haciéndose pasar por familiar de un desaparecido)”. “Las hermanas Alice y Renée fueron ‘trasladadas’ y, junto con ellas, los familiares secuestrados en la misma circunstancia”. (Testimonio de Lisandro Raúl Cubas, ex detenido-desaparecido).

Las vieron con vida, en la ESMA, hasta mediados de diciembre.

***

El 20 de diciembre de 1977 el mar arrastró a la playa, a la altura del balneario de Santa Teresita, lo que no le pertenecía: cadáveres que le habían sido arrojados días antes. “Choque contra objetos duros desde gran altura”, era la causa de la muerte registrada por los médicos policiales que examinaron los cuerpos. Sin más, fueron enterrados como NN en el cementerio de la ciudad de General Lavalle. Ahí esperarían casi tres décadas hasta revelar su identidad gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

—Su cuerpo fue enterrado en una fosa común junto con los que habían aparecido en la playa de Santa Teresita. De esto nos enteramos después, en 2005. En 2003 Néstor Kirchner llegó al Gobierno y quiso que se reabrieran las fosas comunes. Entonces vinieron los antropólogos forenses que hicieron muchas investigaciones y abrieron esta tumba. Porque había habido algunas madres que quizá tenían dudas sobre esta aparición, que fue a pocos días de la desaparición, en la playa. El que era el responsable de los antropólogos forenses nos dijo: “Yo soy ateo, pero para mí fue un milagro”, porque era más fácil identificarlas ya que eran personas adultas. La mayoría [de los desaparecidos] eran jóvenes, y allí: mi tía tenía 61 años, las otras madres tenían entre 50 y 55 —dice Genevieve.

Fue entonces cuando el EAAF le pidió a Michelle, su hermano, que se sacara sangre para contrastar el ADN con los restos encontrados.

—Un día lo llamaron porque el ADN era un 99,98 % igual al fragmento de huesos que habían encontrado allí. Y como Scilingo había explicado esto de los vuelos de la muerte, cuando hizo una declaración, enseguida se resolvió. Cuando fuimos a ver a los antropólogos, habían colocado la bandera argentina sobre una mesa y habían reconstituido el cuerpo, el esqueleto. Y entonces decían: “Mirá, aquí, son fracturas que sufrieron cuando fueron arrojadas desde el avión al mar”, porque los huesos se destrozaban.

***

El funeral fue el 25 de septiembre de 2005, en Buenos Aires. El Gobierno francés quería repatriar los restos pero la familia se opuso.

—Normalmente las monjas, cuando morimos, somos enterradas allí donde fallecemos. Pero además dijeron: “Ella dio la vida junto a sus amigas y tiene que estar con ellas”.

Genevieve no quería asistir al funeral: tenía miedo de que la sobrepasara la emoción, y algo de pudor porque sentía que había seguido los sucesos desde lejos. Lo que no hizo fue quedarse callada frente a la institución a la que le había prometido y le entregaba su vida, así como lo había hecho su tía.

—Sufrí por la desaparición de mi tía, pero también sufrí por el silencio de la Iglesia. Y me dije: esto tengo que decirlo. Y entonces, era en septiembre el funeral, en octubre el cardenal Bergoglio vino a Roma para el sínodo de los obispos. Y le escribí; pero todavía estaba enojada así que no escribí una carta amable. Le dije que no entendía la postura de la Iglesia; que el Evangelio es para todos, pero sobre todo para los pobres. Se la llevé al Vaticano, ya que estaba allí para el sínodo, y le había puesto mi número de teléfono. Y esa misma noche me llamó. Cuando respondí empecé a pensar: “¿Pero qué he hecho? ¡Le grité a un cardenal, cómo se me ocurre!”. Y entonces me dijo: “Gracias por su carta. Quería decirle que, de todos modos, habíamos dado la autorización para enterrarlas en la Iglesia de la Santa Cruz. Y pensaba que con eso bastaba”. Le dije que no, porque todavía estaba enfadada, no bastaba: “La gente ha sufrido demasiado. Y ustedes tienen que estar presentes en estas ocasiones, cuando se pueda” —Genevieve evoca el diálogo con quien se tranformaría en un gran amigo—. Hubo un momento de silencio, luego me dijo: “Gracias, hermana, así es como se habla entre hermanos y hermanas”. “Pero no quisiera que pensaran que esto me era indiferente, porque tenía una gran amiga, Esther Careaga, que desapareció con su tía. Siempre he seguido esta historia desde cero”.

***

—Quien ha perdido a alguien siempre espera que vuelva, hasta que no te dicen que está muerto —asegura Genevieve—. Y nosotros esperábamos siempre.

Y aún así, en los tribunales de 2010, mirándolo fijo tras un cristal, rezaba por ese que había sido un joven “rubito” de ojos azules, en el que las madres veían a sus hijos. Ese que había sido su condena.

“Arrepentite”. “Porque si no, ¿cómo vas a vivir y cómo vas a morir con estas masacres en tu corazón?”.

El escritor, periodista, historiador, apasionado militante de izquierda, perseguido por la Triple A y forzado al exilio Osvaldo Bayer publicó una columna en el diario Página/12 en diciembre de 2005 sobre Juan Jaime Cesio en la que decía: “El coronel argentino Juan Jaime Cesio fue descalificado por falta gravísima al honor con accesoria de pérdida del uso del grado, título y uniforme, por la dictadura militar de la desaparición de personas”.

“El héroe, en la Argentina, es el culpable. El dictador de manos manchadas de sangre es el juez”, explicó el autor de La Patagonia Rebelde.

Las palabras de Bayer sirven para introducir el nombre de Cesio, quien por oponerse al terrorismo de Estado de la dictadura de 1976 fue castigado. La drástica sanción castrense se fundamentó en que Cesio acompañó a las Madres de Plaza de Mayo en una de sus históricas marchas.

Asimismo, el militar declaró de manera abierta durante los años de plomo que diversas bandas integradas por militares habían usurpado el gobierno nacional con “el mendaz propósito de combatir a la subversión interna, cometieron delitos aberrantes, tales como el secuestro, la tortura y el asesinato de miles de personas”.

Por denunciar públicamente la desaparición sistemática de ciudadanos, el aparato represivo estatal le inició un severo sumario interno bajo la repudiable figura de “deshonor e indecoro militar”.

Tras un viciado proceso disciplinario, el Superior Tribunal de Honor del Ejército le impuso, el 7 de noviembre de 1983, la máxima sanción de la fuerza. la más grave de las sanciones previstas: la descalificación por falta gravísima al honor, con la accesoria de pérdida y privación de su grado, título y uniforme. Esa condena de por vida fue ratificada mediante el decreto 3146 del 30 de noviembre de aquel mismo año, a escasos diez días de la asunción del gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Los tribunales castrenses de la época esgrimieron por escrito que el coronel privilegiaba equivocadamente su condición de ciudadano por sobre su condición militar.

Sin embargo, la implacable persecución contra ese oficial de la Nación había comenzado mucho antes de la instauración de la dictadura. Durante el año 1973, Cesio se desempeñaba como secretario general del Ejército Argentino bajo el mando directo del Comandante en Jefe del Ejército general Jorge Raúl Carcagno.

Fue precisamente en esa gestión castrense cuando el general Carcagno denunció ante la décima Conferencia de los Ejércitos Americanos los peligrosos postulados de la Doctrina de la Seguridad Nacional, orientada exclusivamente a la represión interna.

Por su impecable foja de servicios, Cesio fue propuesto formalmente por la Junta Superior de Calificaciones para su ascenso al generalato en los años 1973 y 1974. No obstante, durante el último gobierno de Juan Domingo Perón, su carrera militar sufrió un freno definitivo.

El entonces ministro de Bienestar Social y monje negro del gobierno, José López Rega, bloqueó de manera personal su ascenso en las respectivas comisiones del Congreso de la Nación. El falso argumento utilizado burocráticamente para trabar su promoción consistió en acusarlo de ser un comunista que había participado activamente en las revueltas del Mayo francés de 1968, a pesar de que los registros migratorios marcaban que Cesio recién había visitado París a partir del año 1971.

Ante estas presiones gubernamentales, el oficial fue pasado a retiro obligatorio en 1975. Posteriormente, la dictadura de facto se encargó de promover a los oficiales que habían sido postergados junto a él.

Tras ser apartado injustamente de las filas castrenses y despojado de su rango, Juan Jaime Cesio tuvo que rearmar su vida en el ámbito civil. Trabajó profesionalmente como gerente de seguridad de la empresa estatal YPF, y se desempeñó como estrecho asesor en temas vinculados a la defensa nacional junto al histórico dirigente Oscar Alende. Asimismo, el ex uniformado encontró ocupación prestando servicios como corrector de estilo literario en varias publicaciones de la época. En ese contexto, llegó a redactar e imprimir un libro de su autoría titulado “La cocina del cuartel”. Sobre esa obra en particular, el propio militar detalló años más tarde que contenía amables tintes de humor y un capítulo entero dedicado a describir para qué sirven verdaderamente los militares en una sociedad moderna, logrando vender alrededor de mil ejemplares. En paralelo a esto, fundó el Centro de Militares por la Democracia (CEMIDA) de forma conjunta con su compañero de armas, el coronel Horacio Ballester.

Durante los años posteriores al restablecimiento del orden constitucional en el país, los sucesivos gobiernos ignoraron por completo su situación legal. Las gestiones presidenciales, los ministros de Defensa de turno y los legisladores nacionales mandaron archivar sistemáticamente en los despachos ministeriales los diversos pedidos de revisión de su expediente.

Cesio llegó a enviarle una misiva formal al ex presidente Carlos Menem, quien jamás le brindó una respuesta institucional. Ante esa inacción deliberada por parte del Estado, el militar se encargó de mantener vivo su justo reclamo de manera inclaudicable.

El propio oficial narró ante la prensa nacional que, cada vez que se producía un recambio de autoridades en las cúpulas militares, se presentaba pacientemente portando una nueva nota escrita mediante la cual solicitaba que por fin se hiciera estricta justicia con su caso.

El 23 de marzo de 2006 se produjo el acto oficial que finalmente dispuso la restitución definitiva de su grado militar. Las complejas gestiones que culminaron de manera exitosa en esa medida reparatoria comenzaron a fines de 2005. El proceso burocrático tomó un impulso notorio luego de que la entonces ministra de Defensa de la Nación, Nilda Garré, invitara de manera oficial al coronel a participar del cóctel de fin de año de su ministerio.

El largo y tedioso proceso administrativo encontró su resolución el 3 de marzo de 2006, cuando el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general Roberto Bendini, firmó la disposición que dejó sin efecto la sanción y levantó la prohibición del uso del uniforme. La disposición fue avalada y ratificada por Garré el 6 de marzo de aquel mismo año.

Al ser debidamente notificado de la restitución de sus laureles, el militar expresó públicamente sus profundas sensaciones frente a los medios de comunicación. “Estoy realmente abrumado porque, después de tanto tiempo, no lo esperaba. Es absolutamente emotivo”, confesó el oficial ante la prensa, mostrándose visiblemente conmovido por la situación.

Con innegable franqueza, el protagonista de la jornada dimensionó el peso de todo el tiempo transcurrido en el ostracismo burocrático, afirmando: “He tenido que esperar treinta años para que se hiciera esto”. Asimismo, a lo largo de aquel día, Cesio no dudó en calificar a la infamante sanción impuesta originalmente por la dictadura como una lisa y llana “estúpida medida” en su contra, destacando que siempre aguardó el momento idóneo en el que se hiciera estricta justicia. Para la ceremonia de desagravio institucional, la dependencia oficial de sastrería del Ejército le confeccionó un uniforme reglamentario nuevo a su exacta medida, prenda que le fue obsequiada de manera personal por el propio general Bendini. “Ayer me mandaron de la sastrería militar mi uniforme y me lo volveré a poner esta tarde”, relató con indisimulable y justo orgullo el coronel.

El acto reparatorio impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional se llevó a cabo el jueves 23 de marzo de 2006, exactamente a las 18, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Ese día estuvieron allí funcionarios gubernamentales, legisladores, organismos defensores de los derechos humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. El entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, pronunció un discurso dotado de una trascendental carga histórica.

Durante esa ceremonia, el Estado argentino no solo restituyó íntegramente los honores militares a Juan Jaime Cesio, sino que el presidente de la República anunció formalmente el envío al Senado de la Nación del pliego correspondiente para concretar su postergado ascenso extraordinario al grado de general de brigada. En ese mismo marco institucional, también se procedió a oficializar el ascenso post mortem del coronel Martín Rico, un uniformado que había sido asesinado por la organización terrorista Triple A en marzo de 1975, luego de investigar y señalar de forma explícita a José López Rega como el máximo responsable de dicha estructura criminal amparada desde el poder.

Aquel día Kirchner aseguró que se estaba llevando adelante un acontecimiento fundamental que superaba ampliamente las barreras de un simple trámite administrativo. “Estamos produciendo un acto que la democracia, el Gobierno y el pueblo se debían a sí mismos”, afirmó Kirchner . Luego señaló: “Sin rencor, con memoria, estamos haciendo un acto de la más estricta y pura justicia”. El presidente argumentó que resultaba completamente imperioso dejar atrás los eufemismos del pasado y comenzar a poner decididamente las cosas de la historia en su justo lugar.

Kirchner recordó que a Cesio se le había reprochado burocráticamente el imperdonable hecho de haber privilegiado su condición de ciudadano por sobre su condición de militar. Ante esta evidente aberración jurídica y moral, Kirchner cuestionó la falsa premisa corporativa que insinuaba que ser un integrante activo de la milicia significaba abandonar obligatoriamente la calidad ciudadana, sosteniendo que la recuperación y el resguardo de la ciudadanía resulta siempre un aspecto absolutamente fundamental en la vida democrática de cualquier nación.

En directa referencia al sentido de la restitución gubernamental en curso, el jefe de Estado pronunció palabras sumamente contundentes: “Debemos hacer esto para que en la Argentina no pueda ya decirse que el héroe es condenado y el dictador con las manos manchadas de sangre resulta juez”.

El ex presidente miró al militar y le dijo: “Querido coronel Cesio, futuro general de la Nación, muchos de los de mi generación que hoy estamos y de los que no están, que en muchas cosas pensábamos igual, siempre, desde hace más de treinta años, pudimos conocer su honorabilidad, su amor a la democracia, su amor a la verdad, el concepto y la filosofía que quería de las instituciones armadas y de su querido Ejército, al cual entregó su vida, su pasión por esta Argentina”.

Hacia la conclusión definitiva del histórico acto en la sede del gobierno nacional, el máximo mandatario aprovechó el enorme peso de la ocasión para pedir sinceras disculpas en representación del Estado. Kirchner remarcó ante los presentes que, después de tantas horas infortunadas y dolorosas que el militar debió atravesar en abrumadora soledad, las instituciones de la República trataban finalmente de devolverlo al lugar de prestigio que en las páginas de la historia de la Patria le correspondía detentar. Asimismo, subrayó a viva voz que las fuerzas armadas nacionales se prestigiarían de manera indiscutible ante el mundo entero al lograr contar nuevamente en sus filas con la inobjetable presencia de generales honorables como Juan Jaime Cesio y Martín Rico. El presidente argentino indicó que la emotiva ceremonia encerraba para el seno de la sociedad civil la imprescindible noticia de que los argentinos no habían perdido de modo definitivo la elemental capacidad humana de distinguir de manera nítida entre el bien y el mal, como así tampoco de diferenciar claramente entre lo que es honorable y lo que representa una deshonra.

Para concluir la jornada de reparación, Kirchner formuló un llamado inclaudicable a destruir para siempre los oscuros códigos del silencio corporativo instaurados en el ámbito castrense, asegurando que únicamente con verdad, con memoria activa y con castigo a los culpables se lograrían echar las bases sólidas para construir un país mucho más justo y equitativo. Cesio fue ascendido a general de brigada un mes más tarde de la ceremonia. Cesio murió el 23 de diciembre de 2017 a los 91 años. Murió con el grado militar que le correspondía.

La reciente desclasificación y publicación de archivos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) del período 1973-1983 reveló detalles operativos hasta ahora desconocidos del organismo en una época marcada a fuego y sangre por la violencia estatal y la resistencia de grupos armados. En ese contexto, un documento Estrictamente Secreto y Confidencial (ESC) de 1982 trajo a la luz los métodos utilizados para censurar libros y películas durante la última dictadura militar.

La Resolución “ESC” N° 72/82 de la SIDE, fechada el 31 de enero de 1982, estableció la readecuación de la estructura y la modificación de las “normas de asesoramiento ideológico” que la central de inteligencia le proporcionaba a la Aduana, que tenía la última palabra para la ejecución de la censura.

Había sido en 1973, durante la última presidencia de Juan Domingo Perón, que se le asignó a la Aduana “la responsabilidad de control de todo tipo de literatura cuya finalidad fuese la difusión de ideologías contrarias a los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional a los efectos de su prohibición de ingreso al país”.

En ese mismo momento, se le asignó “a la Secretaría de Inteligencia de Estado la función de asesoramiento técnico mediante el análisis de contenido ideológico de las publicaciones a fin de que la Aduana determine el encuadramiento correspondiente a las prohibiciones sobre circulación”.

Tras varias adecuaciones y modificaciones en los procedimientos previos que de momento no fueron dados a conocer, en las últimas horas se reveló el documento de 1982 ya mencionado que brinda los detalles precisos de cómo se ejercía la censura de los materiales.

El trabajo era llevado a cabo por la División Asesoría Literaria, dependiente de la Dirección Comunicación Social, inmersa a su vez en el Departamento Medios de Comunicación Social. La tarea era la de analizar el contenido del material remitido por la Administración Nacional de Aduanas, así como integrar el Consejo Honorario del Ente de Calificación Cinematográfico, “emitiendo opinión sobre aspectos que pueden atentar contra la Seguridad Nacional”. Además, se debía “mantener actualizada la biblioteca ideológica” de la SIDE.

Para el estudio de las publicaciones había un sistema establecido con un sinfín de precisiones y formularios elaborados a tal fin. Se había armado también un Esquema de Caracterización Ideológica, que definía “sintéticamente los aspectos más significativos de las corrientes ideológicas seleccionadas para el fin propuesto”.

Esas ideologías estaban divididas en tres grandes ejes:

• El marxismo-leninismo, incluyendo la versión ortodoxa (Moscú) y las restantes subvariantes (castrismo, maoísmo, trotskismo, stanilismo, etc.).
• Los regímenes o doctrinas que, como el anarquismo, el nazismo, o el fascismo sustentan la utilización de la violencia, la abolición de libertades, etc.
• Las corrientes progresistas católicas (Tercermundismo).

A partir del análisis del material, los encargados de realizarlo debían emitir su juicio, cuyo resultado sería:

• No aparecen evidencias de que se trate de difundir con finalidad propagandística ideologías objetables.
• Difunde con finalidad propagandística la ideología: marxista-leninista, o cualquiera de sus variantes (ortodoxa-trotskista-stalinista-castrista-chinoísta, tercermundista, etc.); anarquista; o nazi-fascista.

Los formularios utilizados contaban con espacios a llenar con datos de los autores, las editoriales y las imprentas, así como de los dueños de las mismas.

En cuanto a las obras, había que diferenciar sus temáticas y los públicos a los que se dirigían. De autores, editoriales e imprentas, se marcaban sus antecedentes. Podía no haberlos, pero si los había, debía detallarse si eran “favorables” o “desfavorables” y redactar una síntesis.

Luego, se efectuaba el análisis ideológico. Una vez reseñado el tema de la obra literaria o cinematográfica, se marcaba con un sí o un no si la misma poseía “contenido ideológico”. El siguiente paso era indicar “referencias conceptuales en relación al Esquema de Caracterización Ideológica”.

Mediante cuadros para marcar las opciones correctas, había que señalar a cuál ideología de las ya diferenciadas anteriormente pertenecía el material. En un siguiente esquema, lo que se especificaba era a cuál variante de cada una de esas ideologías adherían y si el contenido era de naturaleza “científico-pedagógica”, “propagandística” o “crítica”.

“Se expresará en un breve juicio fundado, resultante de la conjunción de los aspectos formales, antecedentes y análisis de contenido del presente formulario, a fin de fundamentar el término de evaluación a proponer”, se indicaba en el instructivo con respecto a cómo redactar la conclusión del informe.

En un segundo apéndice, se detallan, ideología por ideología, características de cada una de las ideologías a perseguir, con las concepciones generales de cada una respecto de los conceptos de “economía”, “propiedad privada”, “familia”, “justicia”, “educación”, “política”, “estado”, “bien común”, “autoridad-poder”, “concepción de Dios”, “relación hombre-Dios”, “diálogo personal”.

Incluso, al final de las descripciones, había una aclaración: “Esta caracterización del Progresismo-Católico no será utilizada dentro de los términos de difusión. Cuando exista inequívoca similitud con el marxismo, se la conceptuará en esta ideología”.

El servicio de análisis de los materiales era entendido por el Gobierno como un “asesoramiento técnico en materia ideológica” de la SIDE a la Administración Nacional de Aduanas, tal como se puede leer en una resolución del organismo de inteligencia del 4 de febrero de 1982. En la misma, por ejemplo, a menos de una semana de la resolución anterior y sus correspondientes instructivos, fue que se incluyó directamente al tercermundismo dentro de las ideologías marxistas.

Marisú Hernández tenía 21 años el 28 de enero de 1977. Ese día le cerraron la librería en la que trabajaba toda la familia. Fue un año entero la clausura, hasta diciembre. Libros subversivos, dijeron. A la Librería Hernández la fundaron Damián Carlos Hernández y Emilce García en 1956. Trabajaban ahí sus tres hijas; Marisú es la más chica. Primero estuvo en Corrientes 1580 y en 1973 se mudaron adonde está hoy. Aquel día del 77 los militares se llevaron 7800 libros. Dos meses después volvieron por más.

Fue una denuncia anónima. Los milicos volvieron porque se enteraron que la librería tenía un depósito lleno de estantes. Cuando entraron no podían creer la cantidad de libros. Libros subversivos. “Este año decidimos exhibirlos de frente, en un sector especial donde la gente los pueda ver. Y en otra mesa pusimos todos los libros sobre derechos humanos, juicios, desaparecidos, madres, abuelas, nietos. Los vamos rotando por la cantidad de material que se ha editado del 83 a esta parte”, cuenta Marisú.

Marx, Lenin, Mao, Trotski, Perón, Evita, Ho Chi Minh, Marcuse, Sartre, Fidel Castro, David Viñas, Spilimbergo, Kautsky, Gregorio Selser, David Rapaport, Noé Jitrik, Bernard Dort son algunos de los tantos nombres que figuran entre los libros prohibidos.

Las cosas no volvieron a ser igual. Ese día se llevaron a Eduardo Mora, cuñado de Marisú, y lo largaron en seis meses. Sus padres, los fundadores de la librería, se exiliaron en Uruguay. “Lo ocurrido hace 49 años en la librería y 50 años en todo el país fue una cosa planeada: no solamente desaparecieron gente, robaron niños, mataron y secuestraron, también fueron hacia la cultura, hacia la educación, hacia la formación de la gente. Esto también le pasó a editoriales como Centro Editor y a librerías como Trilce”.

Hernández, que está cumpliendo setenta años, es una librería que, en palabras de Marisú, “siempre tuvo una línea, una conducta, una posición”: “Por más que tenemos material plural, siempre nos dedicamos más temas como historia, política, sociología, psicología, educación. La gente que viene a esta librería en parte saben a qué vienen, qué quieren, qué buscan. Contar la historia de la librería ha movilizado a mucha gente que estuvo acá, o que compraba acá, incluso muchos se enteraron así”.

Marisú Hernández salva vidas y lee libros, ¿o salva libros y lee vidas? Todas las mañanas está en la gran librería familiar —trabajan ahí sus hermanas, su hija, sus sobrinos—, patrimonio nacional, en Corrientes 1436, y algunas tardes atiende pacientes en su consultorio: es médica clínica. Hasta 2001 fue al revés: se dedicaba fundamentalmente a la medicina y cuando podía iba a la librería. Pero la balanza pesó más de un lado. Hoy sigue con los pies en los dos charcos: salva vidas y lee libros, ¿o salva libros y lee vidas?

“Otras librerías tendrán otra impronta, pero nosotros, a pesar de lo que nos pasó, no modificamos una línea, una conducta, una postura”, dice la librera y piensa cómo esa historia y este nuevo aniversario del golpe de Estado tensiona con el presente y hace ecos con las políticas de Javier Milei y La Libertad Avanza. “Lo que está haciendo este gobierno desde que tomó el poder es tratar sacar todo lo que sea cultura. Es bien sabido todo lo que ha hecho con cantantes, con películas, con desfinanciar el cine”.

“Esto lo dijo en lo personal: este gobierno tiene una actitud muy similar a lo que ocurrió antes. Sabemos bajo qué gobierno estamos actualmente”, sostiene.

Marisú sigue creyendo en los libros. Pero reconoce que es un artefacto a destiempo. “La mayor potencia del libro fue en los años setenta cuando la gente joven y no tan joven sabían que la única manera de poder entender un montón de cosas era leyendo. Para mí el libro tiene un lugar preponderante ahora, que es para formarse, y lo va a tener siempre. Me refiero al libro en papel, no a leer en la computadora. Uno puede salir del apuro con un e-book, pero al libro no lo van a reemplazar... El libro es irreemplazable”.

(Fotos: Adrián Escandar)

El Gobierno anunció este jueves que desclasificará y publicará un conjunto de documentos históricos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) correspondientes al período 1973-1983, el cual abarca la última presidencia de Juan Domingo Perón, la sucesión tras su muerte de su esposa, Isabel Martínez, y la última dictadura militar.

La tarea es llevada a cabo por la propia SIDE, tras el requerimiento del presidente de la Nación, Javier Milei.

Según se informó, la medida forma parte de un proceso integral que contempla la publicación, conservación y posterior traspaso del material al Archivo General de la Nación.

Se detalló que en la primera etapa “se publicará un conjunto de 26 documentos oficiales, distribuidos en 492 páginas, junto con la Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos de la SIDE, elaborada para facilitar la comprensión del material por parte de la ciudadanía, investigadores y comunicadores”.

En cuanto a la naturaleza de la documentación, que fue “organizada en carpetas temáticas, conforme a criterios de relevancia histórica e institucional”, se indicó que se incluyen “resoluciones, informes, memorandos, circulares y directivas producidas entre el 1 de enero de 1973 y el 10 de diciembre de 1983″.

Desde la SIDE resaltaron que lo que se busca es “fortalecer la institucionalidad del Sistema de Inteligencia Nacional y su vínculo responsable con la sociedad”.

“La desclasificación de archivos previamente secretos constituye un acto de carácter ético, político y social que contribuye a consolidar la confianza pública, legitimar el rol del Estado y aportar información relevante en un contexto donde la desinformación y las interpretaciones erróneas afectan la comprensión del pasado reciente”, expresaron desde el organismo en un comunicado.

Además, esperan que la guía “pueda facilitar el trabajo de historiadores, comunicadores e investigadores que tengan interés en los documentos que la acompañan”.

Finalmente, se informó que la documentación será difundida en las cuentas de redes sociales de la Secretaría de Inteligencia. Ya se puede acceder a la primera tanda de documentación en Argentina.gob.ar.

En cuanto a la guía puesta a disposición de la ciudadanía, la misma, para facilitar su entendimiento, cuenta con una línea de tiempo en la cual se puede apreciar la fecha original de cada uno de los documentos.

El material fue dividido en tres carpetas:

1. Carpeta 1 – Orgánicas, misiones y funciones de la SIDE.
2. Carpeta 2 – Normativa Interna.
3. Carpeta 3 – Comisión Asesora de Antecedentes.

La guía brinda un resumen de la historia del organismo encargado de la inteligencia en el país, desde la creación de la Coordinación de Informaciones de la Presidencia de la Nación (CIDE) en 1946, durante la primera presidencia de Juan Domingo perón.

Entre el material ya difundido, por ejemplo, se observa el Glosario Anexo a la Resolución “S” N° 1047/77. En el mismo, se detallan las “actividades especiales de inteligencia”, las “actividades especiales de contrainteligencia”, las “operaciones sicológicas secretas” y el “registro de personas y organizaciones”.

Se llamaba “operaciones sicológicas secretas” en 1977 a la “ejecución de la acción sicológica subrepticia que debe desarrollar la Secretaría en concordancia con la orientación de la SIP en lo interno y Ministerio de Relaciones Exteriores en lo externo, ateniéndose a las Directivas del Comando en Jefe del Ejército en lo referente a la lucha contra la subversión, con la finalidad de lograr efectos o motivaciones que coadyuven al logro de los propios objetivos y a su vez perturben, neutralicen o destruyan el desarrollo de las actividades del enemigo u oponente”.

En ese mismo año, las tareas de la Subsecretaría de Inteligencia de Estado “A” incluían, entre otras cosas, el “registro de personas y organizaciones nacionales y extranjeras residentes en el país” y la “investigación de personas, organizaciones y medios de comunicación social que operan en el ámbito”.

La Subsecretaría de Inteligencia de Estado “B”, por su parte, realizaba tareas similares pero en el extranjero.

En el organigrama de 1979 de la SIDE se observa, en la Dirección de Contrainteligencia, cómo el Departamento Contrasubversión estaba dividido en las divisiones “Marxismo”, “Otras ideologías”, “Organizaciones terroristas” y “Antecedentes”.

La también difundida Circular N° 3/76, por su parte, tuvo como objetivo “Orientar sobre la verdadera misión de la SIDE y órganos integrantes de la misma”. Aclara que “la misión de la SIDE es únicamente Informativa y no Operativa” y que “en consecuencia las Delegaciones Regionales deberán otorgar todo tipo y la más amplia colaboración a los Comandos Militares, pero sólo en el orden Informativo y/o de Inteligencia, dejando el aspecto Operacional o Represivo a cargo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad”.

En el mismo sentido, la Directiva “ESC” N° 1/80, cuatro años más tarde y firmada por el coronel Carlos Alberto Tepedino, subsecretario de Inteligencia de Estado “A”, recordaba que la “Secretaría de Inteligencia de Estado, especialmente en lo que hace a la lucha contra la subversión, no ejerce poderes policiales ni de represión de acuerdo a las facultades que le otorgan las leyes”.

Otro de los documentos revelados, del 13 de agosto de 1973, es el que resolvió la creación de la “Comisión Asesora de la Central Nacional de Inteligencia”, que tendría “a su cargo el estudio de los antecedentes ideológicos marxistas de personas, entidades, organizaciones, físicas o de existencia ideal, publicaciones y medios de difusión”.

Dos años más tarde, la Resolución N° 120/75 modificó el funcionamiento de la Comisión Asesora y la fórmula de calificación ideológica, “para contemplar aquellos casos de personas que demuestren, con su posterior accionar, un cambio en su postura marxista”.

De esa manera, y a partir de ese momento, la Comisión comenzó a calificar a las personas y entidades de la siguiente manera:

1. “Sin antecedentes ideológicos marxistas”.
2. “Los antecedentes que registra no permiten considerarlo desfavorablemente, desde el punto de vista ideológico marxista”.
3. “Registra algunos antecedentes ideológicos marxistas, pero los mismos no son suficientes, a juicio de esta Secretaría, para que se constituyan en un elemento insalvable para su nombramiento, promoción, otorgamiento de beca, etc.“.
4. “Registra antecedentes ideológicos marxistas, que hacen aconsejable su no ingreso y/o permanencia en la Administración Pública, no se le proporcione colaboración, sea auspiciado por el Estado, etc.”.

A partir de 1981, según se reveló a partir de documentos difundidos este jueves, comenzó a jerarquizarse el área de “Comunicación Social” de la Secretaría de Inteligencia de Estado, que pasó de Departamento a Dirección por imperio de la Resolución ESC N° 916/81.

Dentro de esa Dirección Comunicación Social, funcionó el Departamento Medios de Comunicación Social. Algunas de sus tareas más relevantes eran:

• “Producir Inteligencia sobre el contenido de los mensajes que emiten los diferentes medios de Comunicación Social tendiente a determinar los temas sobresalientes, motivaciones, argumentos, caracterización ideológica (política, religiosa, económica, filosófica, etc.), literaria, etc.”.
• “Alimentar el Cuadro Nacional de Situación Psicosocial de la Dirección.
• “Establecer blancos y objetivos psicológicos que puedan surgir del análisis de los medios”.
• “Relevar y actualizar permanentemente el ámbito discográfico”.
• “Estudiar y llevar al día el cuadro de situación de los grupos de interés y de presión que pudieran detectarse en los medios de Comunicación Social”.
• “Adoptar medidas de Contrainteligencia, referidas a las personas, documentación y material, a las instalaciones y a los sistemas técnicos empleados”.

También dentro de esa Dirección se creó el Departamento Actividades Psicológicas, en el que algunas de sus tareas más importantes eran:

• “Ejecutar operaciones secretas que surjan del Plan Anual de Actividades Psicológicas y plantes particulares aprobados por el señor Secretario de Inteligencia de Estado”.
• “Identificar comunicadores llaves, actuales y potenciales, registro y archivo de sus antecedentes”.
• “Determinar las susceptibilidades de los distintos públicos blancos, actuales y potenciales, a los fines de su abordamiento psicológico”.
• “Adoptar medidas de Contrainteligencia, referidas a las personas, documentación y material, a las instalaciones y a los sistemas técnicos empleados”.

Tras décadas de incertidumbre, las familias de los doce desaparecidos en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba, podrán despedir los restos de sus seres queridos.

Días atrás se habían revelado las identidades de los primeros seis: Mario Alberto Nívoli Gauchat, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Óscar Omar Reyes, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, una de las mellizas Carranza Gamberale (Adriana o Cecilia) y Raúl Oscar Ceballos Cantón.

Ahora, el Juzgado Federal N°3 de Córdoba sumó otras cinco identidades, aunque sin revelar el nombre de la sexta, por pedido de la familia que solicitó discreción. La información fue difundida durante una conferencia de prensa realizada este miércoles en el Juzgado Federal 3 de Córdoba.

El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja fue el encargado de anunciar la lista completa, acompañado por familiares, querellas y el equipo de antropólogos que hizo posible la identificación: José Nicolás Brizuela, Sergio Julio Tissera Pizzi, Elsa Mónica O’Kelly Pardo, Carlos Alberto D’Ambra Villares y Alejandro Jorge Monjeau López.

Se trata de personas que fueron secuestradas y torturadas durante la última dictadura militar, y que posteriormente fueron asesinados y enterrados en el predio donde hoy funciona la guarnición militar de La Calera. Todos desaparecieron entre los años 1976 y 1977.

Jorge Valverde Suárez era oriundo de Mendoza y llegó a la provincia para estudiar Derecho. En aquel entonces se desempeñó como delegado de la Federación Universitaria. Fue secuestrado poco después del golpe militar en un puesto de Guardia de la Fuerza Aérea.

Raúl Oscar Ceballos Canton era estudiante de Ingeniería y trabajador de FIAT Materfer, militaba en Montoneros y fue secuestrado en su domicilio de barrio Altamira.

Oscar Reyes, nacido en Banfield y padre de cinco hijos, trabajaba en FIAT y militaba en el Partido Comunista. Fue secuestrado en la vía pública el 18 de octubre de 1977. Ese mismo día fue capturado Ramiro Bustillo, de 27 años, también militante del Partido Comunista, bajo órdenes del entonces comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.

Mario Alberto Nívoli era oriundo de Ucacha y fue secuestrado el 14 de febrero de 1977. Según el relato de su hija, la noticia llegó después de 49 años de búsqueda, cuando el abogado Ramiro Fresneda se comunicó con la familia para confirmar el hallazgo.

José Nicolás Brizuela, nacido en Dean Funes, se había recibido de abogado y trabajaba como obrero. Fue secuestrado el 25 de octubre de 1977 en su propia casa, ubicada en el barrio Residencial América. En tanto, Alejandro Jorge Monjeau, era oriundo de Mar del Plata y estudiaba arquitectura en La Plata. Fue secuestrado el 14 de marzo de 1977, a los 21 años.

Carlos Alberto D’ambra, por su parte, era soltero y profesor de educación física. Lo secuestraron el 20 de noviembre de 1976 en la terminal de buses de la ciudad capital. Tenía 23 años.

En el caso de Adriana y Cecilia Carranza, fueron secuestradas el 5 de mayo de 1976 en la pensión donde vivían en el Barrio General Paz. Tenían 18 años y eran estudiantes de Ciencias de la Comunicación y de la Educación: no es posible establecer a quién pertenecen los restos por ser hermanas mellizas.

Elsa Mónica 0´Kelly Pardo nació en Alto Alberdi y estudiaba arquitectura. Fue secuestrada a los 18 años en su casa del barrio San Vicente. Sergio Julio Tissera tenía dos hijos y era trabajador aeronáutico cuando fue secuestrado el 21 de abril de 1976 en su casa de la capital provincial.

El EAAF realizó trabajos de prospección y excavación arqueológica, encomendados por el Juzgado Federal N°3 de Córdoba y el 26 de septiembre del año pasado, la Justicia Federal confirmó el descubrimiento en La Perla. Esa fue la primera vez que se encontraron evidencias de este tipo casi cinco décadas después de los crímenes cometidos allí entre 1976 y 1977.

La recuperación e identificación de los mismos fue posible a partir de la intervención conjunta del EAAF, el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense de Córdoba y el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los descubrimientos se produjeron en el sector conocido como Loma del Torito, dentro del predio de La Perla, donde los investigadores localizaron fragmentos óseos como fémures y partes de cráneos. En la causa intervino la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Córdoba, con la participación de los auxiliares fiscales María Laura Bazo Queirolo y Facundo Trotta.

El ex centro de detención fue uno de los principales espacios de represión ilegal durante la dictadura. Se estima que allí estuvieron cautivas entre 2.200 y 2.500 personas. El proceso de análisis de los restos estuvo orientado a determinar la antigüedad y posible pertenencia a personas detenidas y desaparecidas en ese período.

El Equipo de Antropología lleva cerca de 20 años de trabajo sistemático en búsqueda de restos que tuvieran relación con los desaparecidos de la dictadura. La estrategia utilizada combinó testimonios, imágenes satelitales, tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging, una herramienta de detección a través de pulsos de luz láser) y análisis de fotos aéreas históricas. Además incorporaron fotografías aéreas de 1979 provistas por el Catastro de la Municipalidad de Córdoba.

“Volvió mi papá”

Durante la conferencia de prensa, hablaron algunos de los familiares de los desaparecidos. Uno de ellos fue el hijo de Brizuela, quien relató: “Yo recuerdo que cuando era chico iba a la plaza San Martin a dar vueltas con las pancartas. Ahora es como decir ‘volvió mi papá’. No tengo que ir más a dar vueltas con una pancarta y sé que ya está con nosotros”.

También brindó su testimonio la hija de Ceballos Cantón, que aseguró que la muestra de ADN fue una “semilla de esperanza” para encontrar a su padre: “Sobre todo para darle una identidad, saber qué está y darle el lugar que merece como persona; no como alguien que no existe o no está. Sí está, sí estuvo presente”.

“A veces me preguntan si cerré las heridas. No, yo quiero que se vea esa sangre. Quiero que esa sangre se vea y que las generaciones futuras estén ahí viendolas. Mi agradecimiento es eterno a los antropólogos forenses, que traen luz entre tanta oscuridad; al juzgado también, pero también decirle al Estado que no se haga el distraído y siga dando los recursos”, continuó el hijo de Valverde Suárez.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) cuestionó la reciente resolución del Tribunal Supremo que obliga a indemnizar a los herederos de Francisco Franco por la pérdida de posesión del Pazo de Meirás, tras haber establecido que la propiedad del inmueble corresponde al Estado. A través de un comunicado, la ARMH manifestó que dicha compensación supone un agravio para las víctimas de la dictadura, dado que plantea, en palabras de la organización, “la humillante situación de tener que indemnizar a través de los presupuestos del Estado a la familia del responsable de una terrible dictadura”. Con este antecedente, la asociación solicita que se adopten medidas legales en contra de los descendientes de Franco y rechaza que reciban cualquier tipo de resarcimiento económico por la utilización de este patrimonio, declarando que el bien pertenecía desde un inicio al Estado.

Según informó Europa Press, la ARMH presentó formalmente ante el Gobierno una reclamación para que inicie procedimientos sancionadores contra la familia Franco, fundamentando que el uso del Pazo de Meirás por parte de los descendientes del dictador percibió un daño a las arcas públicas, dado que durante décadas el Estado no pudo administrar ni aprovechar los recursos de este inmueble. La asociación sostiene que, a pesar de la decisión judicial de reconocer la titularidad estatal, la compensación económica a los sucesores del dictador vulnera el honor de quienes sufrieron represión bajo el régimen franquista.

La posición de la ARMH busca que el Gobierno promueva todas las acciones legales necesarias para que los descendientes de Franco respondan por este uso del Pazo de Meirás, al que califican como una “apropiación indebida” de un bien de carácter público. Según publicó Europa Press, la asociación remarca que los nietos del dictador Francisco Franco no deberían beneficiarse de indemnizaciones argumentando que “han ocupado durante décadas un bien que no era de su propiedad y ellos deberían ser sancionados por la ocupación y el uso de un recurso que no ha podido ser utilizado por el Estado”.

El caso tomó relevancia después de que la Sala Primera del Tribunal Supremo confirmara íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, que determinó el carácter público del Pazo de Meirás. Esta decisión judicial también reconoció que no existió “mala fe” en la posesión del inmueble por parte de los Franco, justificando así la indemnización concedida a la familia por parte del Estado. Frente a ello, la ARMH explicó, tal como consignó Europa Press, que no puede aceptarse la argumentación de buena fe: “Disfruta de una enorme fortuna construida sobre la violencia y la corrupción política, una realidad que impide aceptar el argumento de la sentencia del Tribunal Supremo de que hicieron uso del Pazo de Meirás de buena fe”.

El comunicado de la ARMH solicita que no solo se impulsen sanciones contra los descendientes del dictador, sino que se interpongan los recursos legales necesarios para evitar que la familia perciba indemnización alguna en relación con el Pazo de Meirás. La organización mantiene su criterio de que el uso no autorizado de este inmueble por la familia Franco ha impedido durante largo tiempo el aprovechamiento y puesta en valor del patrimonio por parte de la sociedad a través de las instituciones estatales.

El debate sobre la titularidad y el uso del Pazo de Meirás ha estado presente desde la transición democrática en España. El edificio, que fue residencia estival de Francisco Franco durante el régimen, ha generado distintas controversias legales y sociales respecto a la legitimidad de su posesión por los herederos del dictador. Ahora, tras la confirmación judicial que devuelve la propiedad al Estado, el foco se centra en las posibles acciones legales para asegurar que los recursos públicos no sean destinados a compensar a los Franco, sino que --según expuso la ARMH y replicó Europa Press-- se les sancione por el uso indebido del bien y por los años en que el Estado no pudo ejercer su titularidad.

La reclamación formal que la ARMH presentó ante los organismos oficiales insta al Gobierno a articular “todas las medidas necesarias” para exigir responsabilidad patrimonial a los descendientes de Franco respecto al Pazo de Meirás. Dicha petición, difundida por Europa Press, insiste en los perjuicios económicos generados por la disposición privada del inmueble y defiende la necesidad de reparar no solo el daño material al Estado, sino también el impacto simbólico para las personas afectadas por la dictadura.

El pronunciamiento de la ARMH busca incidir en la toma de decisiones administrativas y judiciales ulteriores, poniendo de manifiesto, una vez más, la compleja relación de la sociedad española con la herencia material y moral del franquismo.

“Se habla de Golpe en todos lados. Realmente el país está harto de vivir sin esperanzas y empieza a pensar en un pronunciamiento militar”. Lo dijo Francisco Manrique, presidente del Partido Federal, en un acto ante empresarios agropecuarios bonaerenses el 13 de marzo de 1976.

Faltaban apenas once días para que las Fuerzas Armadas derrocaran al gobierno de María Estela Martínez de Perón e implementaran su plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición forzada de personas. En las semanas previas a esa toma por asalto del poder, la Argentina estaba convulsionada en lo económico, lo social y lo político, y la convicción de que se acercaba un golpe militar estaba extendida.

En las declaraciones públicas de distintos integrantes de cada una de las Fuerzas Armadas, los más encumbrados y los no tanto, se repetía siempre una palabra: “subversión”. Ese día, uno de los que la pronunció fue el coronel Dardo Argentino Oliva, director del Liceo Militar General San Martín de Campo de Mayo.

En su discurso de inauguración del ciclo lectivo dijo: “La república es conmovida por una crisis que compromete la fe en el país y por ello invocamos la protección de Dios para que nos dé, precisamente, fe en el éxito del cumplimiento de nuestra misión como Ejército que, en conjunto con la Marina y la Fuerza Aérea, ha declarado abierta y decididamente una guerra sin tregua y acérrima al enemigo ideológico que se humedece las manos con la propia sangre de hermanos, medrando en la oscuridad de la subversión artera y del terrorismo, que sólo busca el caos, destruyendo libertades, sepultando tradiciones y pretendiendo convertir en polvo los valores que han constituido los pilares de nuestro sistema de vida y de nuestra nacionalidad”.

Ese mismo día, la Fuerza Aérea anunció a su nuevo jefe de prensa, Luis Nicotra, un comodoro retirado. El acto de oficialización en el cargo fue en la sede del Comando General de esa fuerza y allí se aseguró: “En estos momentos, las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad casi total de la lucha contra la subversión. El pueblo, la ciudadanía toda, necesita conocer cuál es el accionar de las Fuerzas Armadas”. En la conferencia de prensa que se ofreció esa tarde estaban el comandante general de la Fuerza Aérea, Orlando Ramón Agosti, y el jefe del estado mayor general, Omar Graffigna.

Agosti conformaría la primera de las juntas militares que ocuparon el poder desde ese 24 de marzo, junto a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. Graffigna haría lo propio durante el gobierno de la segunda junta, en sociedad con Roberto Viola y Armando Lambruschini. Agosti resultaría condenado como autor de crímenes de lesa humanidad durante el Juicio a las Juntas de 1985. La condena judicial a Graffigna llegaría décadas después, con la reapertura de los juicios. Pero para eso todavía faltaba.

Hacia mediados de marzo de 1976, la debacle económica ocupaba buena parte de la preocupación de los argentinos y de las tapas de los diarios. Eduardo Zalduendo, presidente del Banco Central, volvió de una misión que partió a Estados Unidos en busca de un crédito del FMI con menos dinero del que había ido a buscar. El Fondo aseguró 130 millones de dólares para la Argentina, pero Zalduendo, de acuerdo a lo que había planificado junto al ministro de Economía Emilio Mondelli, había ido con un objetivo de 300 millones de dólares.

“Hemos conseguido lo que fuimos a buscar”, disimuló Zalduendo en sus declaraciones públicas. Mientras tanto, el comentario en las esferas más altas de la política ante ese anuncio era: “Zalduendo hizo lo que pudo”. En medio de esa confirmación con gusto a muy poco, la única actividad oficial que constó en la agenda presidencial de Isabelita fue su asistencia a una misa oficiada en la capilla de la Quinta de Olivos.

Mondelli, que ya había presentado el plan económico que se conocía popularmente con su apellido, ya había advertido para ese entonces que el país podía caer en cesación de pagos. Para ese entonces, el Congreso no había aprobado un Presupuesto para el Estado pero el ministerio a cargo de Mondelli ya había ajustado al alza el déficit previsto para ese año, sobre todo teniendo en cuenta la escalada inflacionaria.

Fue en ese contexto de escalada de precios que distintas seccionales dependientes de la CGT o las 62 Organizaciones empezaron a manifestarse incluso en contra de la conducción principal de esas dos centrales obreras y a hacer escuchar sus reclamos de un incremento salarial ajustado por el costo de vida. Mientras los principales dirigentes gremiales a nivel nacional, empezando por Lorenzo Miguel, de la UOM, hacían saber su apoyo al gobierno peronista, las bases obreras empezaban a votar paros, especialmente los trabajadores de la sanidad y de las industrias automotriz, mecánica y metalúrgica.

Por esos días, Rosario, Neuquén y Córdoba concentraban la mayor cantidad de manifestaciones en busca de ajustes salariales de hasta el 50%. Los gremios que no estaban en absoluto representados ni por la CGT ni por las 62 Organizaciones eran los más radicalizados.

A la vez, la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) llamó a un paro empresario para hacer saber que no eran sólo los trabajadores quienes se oponían al “Plan Mondelli”. A través de un comunicado, hicieron saber que centenares de firmas bonaerenses pondrían en pausa su producción durante una jornada en protesta por los controles de precios y los costos cada vez más disparados.

También emitió un comunicado la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina: llamaban a concentrarse en la Plaza de Mayo el 17 de marzo para “denunciar haberes de hambre ante la enorme carestía que produce la política económica”.

A lo largo de todo el país, la Policía Federal y la Secretaría de Comercio controlaban estrictamente los precios de diversos artículos de primera necesidad. Recorrían los comercios en busca de infractores que cobraran más de lo que estaba permitido y labraban multas a quienes acaparaban stock de esos productos a la espera de un precio que les conviniera más.

El mundo seguía con atención el destino de Suleimán Frangié, el presidente que había sido derrocado en Líbano pero que se negaba a dimitir si no le presentaban una petición firmada por al menos dos tercios de la Cámara de Diputados de su país. Además de esa condición, Frangié ponía otra aún más difícil de lograr: que dimitiera antes el general Aziz Al Ahdab, quien acababa de protagonizar el golpe de Estado en su contra.

Cuba, con Fidel Castro a la cabeza, apuntaba sus críticas más duras al gobierno de Mao Tsé-Tung en China. La primera plana del diario oficial Granma describía a ese régimen como “una verdadera dictadura burocrático-militar” y a la “presunta revolución cultural” como “crueles persecuciones disfrazadas”. China había apoyado recientemente al gobierno militar de Chile, encabezado por Augusto Pinochet, y Cuba reaccionaba a esa toma de posición.

En la costa de la región francesa de Bretaña, después de resistir vientos de hasta 140 kilómetros por hora durante siete semanas, se partió en dos un buque petrolero griego con capacidad para 275.000 toneladas de crudo. No hubo muertos porque la embarcación ya había sido evacuada varias semanas antes de su trágico naufragio.

Pero aunque las noticias sobre el Líbano incluso llegaban a la primera plana de los diarios argentinos, la información más resonante de ese 13 de marzo de 1976 giraba en torno de la profundización de la crisis económica y de una serie de atentados ocurridos en Córdoba.

El más grave destruyó el restorán Rancho Grande y la confitería Stakel de la capital provincial. Las fuerzas de seguridad confirmaron la muerte de dos personas en la confitería, además de comensales de ambos lugares con múltiples lesiones y quemaduras. “Los autores se identificaron como integrantes de una organización extremista”, sostenía el parte policial.

Ese mismo día, cerca de ahí, incendiaron una moto en una estación de servicio y se detonaron bombas molotov en una confitería de una ruta provincial, así como bombas con panfletos en el centro de la ciudad. Dos custodios de uno de los directivos principales de la empresa Perkins fueron asesinados frente a la vivienda del hombre al que debían proteger. “Resultaron ametrallados desde un auto en marcha”, describió la Policía. En una de las rutas de la provincia, siempre según lo comunicado por las fuerzas de seguridad, se arrojó una bomba incendiaria desde una camioneta estanciera contra un colectivo.

En Santa Fe, estalló una bomba incendiaria en la casa de Pedro Domingo Visconti, un gerente de producción de una fábrica de productos de goma. El Ejército informó: “En un procedimiento en Tucumán fue abatido un extremista”. El informe elaborado por esa fuerza describía: “Fue detectado un grupo de aproximadamente tres delincuentes subversivos en los alrededores de Choromoro, 50 kilómetros al norte de San Miguel de Tucumán (...) El grupo de delincuentes intentó eludir la acción de las fuerzas legales. No obstante, fue posible dar muerte a uno de ellos, aún no identificado. Sin bajas en las fuerzas legales”.

Ese mismo día, el presidente de la Cámara de Diputados de Córdoba, Oscar Eduardo Valdez, convocó a una reunión “para debatir el auge de la violencia”. Quería que participaran referentes de los tres poderes de esa provincia y de los organismos de seguridad, e instaba a que se conociera información sobre doce personas que estaban denunciadas como desaparecidas en ese momento en territorio cordobés.

En Buenos Aires, más específicamente en el Hotel Sheraton de Retiro, la Comisión Especial de Prensa de la FIFA se presentó ante los periodistas para dar su impresión sobre cómo avanzaban las obras de infraestructura de cara al Mundial que Argentina alojaría en 1978. Durante esa visita, recorrieron las canchas de River, Vélez y Rosario Central, así como la obra de construcción del Estadio Mundialista de Mar del Plata. Dejaban pendiente para una nueva visita de otra comitiva las obras en Mendoza y Córdoba. Se mostraron satisfechos y aseguraron que, de mantenerse ese ritmo y esa calidad de trabajo, la Argentina podría brindar una Copa del Mundo a la altura de las que se habían organizado en otras sedes.

El Mundial 78 estaba en el horizonte. El Golpe de Estado, también.

Se encontraron uno de los primeros restos óseos humanos en el ex centro clandestino de La Perla. Los fragmentos fueron hallados en septiembre de 2025. En las últimas horas, el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, declaró que identificaron los restos de 12 personas.

El predio está ubicado en la ciudad de Córdoba, Carlos Paz y fue uno de los principales centros clandestinos durante la dictadura. Se especula que mantuvieron en cautiverio entre 2200 y 2500 personas durante el periodo de 1976 hasta fines de 1978.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) llevó adelante tareas de prospección y excavación arqueológica, encomendadas por disposición del juzgado a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, con el objetivo de localizar posibles enterramientos clandestinos.

El proceso de análisis de los restos óseos estuvo orientado a determinar antigüedad y posible pertenencia a personas detenidas y desaparecidas en ese período histórico. La investigación surgió de un convenio de cooperación entre el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense de Córdoba y el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Los restos aparecieron en un sector llamado Loma del Torito, dentro del predio. Los investigadores hallaron un fémur, partes de cráneos y otros huesos. En la causa intervino la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Córdoba, con la participación de los auxiliares fiscales María Laura Bazo Queirolo y Facundo Trotta.

Cómo fue la investigación en el centro clandestino de detención

Los estudios de el EAAF lleva cerca de 20 años de trabajo sistemático en búsqueda de restos vinculados al centro clandestino de detención “La Perla”. La estrategia utilizada combinó testimonios, imágenes satelitales, tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging, una herramienta de detección a través de pulsos de luz láser) y análisis de fotos aéreas históricas.

El hallazgo clave fue posibilitado por la incorporación de fotografías aéreas de 1979 provistas por el Catastro de la Municipalidad de Córdoba y analizadas en conjunto con el Equipo de Geología Forense de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El cruce entre estos registros y el análisis de testimonios acotó aún más las áreas prioritarias para la prospección.

En 2024 se delimitaron 23 rasgos de interés, y durante la intervención en terreno se excavó un sector de unos 10.000 metros cuadrados (1 hectárea). No se recuperaron objetos asociados directamente con el objetivo de la investigación, pero sí quedó documentada la evidencia de actividad antrópica intensa, es decir, modificaciones de suelo atribuibles a la acción humana.

Análisis posteriores de las imágenes de 1979 reforzaron la hipótesis, sustentada en fuentes testimoniales, de movimientos de tierra producidos por exhumaciones de cuerpos con maquinaria previas a la toma de esas imágenes. Según reconstruyó el equipo investigador, esas maniobras habrían dejado huellas superficiales en el terreno, lo que permitió construir una línea de tiempo de los sucesos y valorar los distintos rastros detectados.

La pesquisa no se limitó a la zona original de excavación. Se incorporó un segundo terreno de diez hectáreas por presentar, de acuerdo al análisis geofísico, un nivel de alteración del suelo y una cronología congruente con la hipótesis de enterramientos y posteriores exhumaciones.

El proceso de identificación de los restos óseos continuará con los exámenes y notificaciones formales ya previstas. Una vez completada esta etapa, las autoridades informarán más detalles sobre la identidad de las víctimas correspondientes a estos 12 hallazgos parciales y el posible vínculo con el circuito represivo del predio “La Perla”.

El descubrimiento de los restos óseos

El 26 de septiembre del año pasado, la Justicia Federal confirmó el hallazgo de restos humanos en el ex centro clandestino de detención La Perla, en Malagueño, marcando la primera vez que se encuentran evidencias de este tipo en el sitio casi cinco décadas después de los crímenes cometidos allí durante la última dictadura militar.

El secretario del juzgado, Miguel Ceballos, detalló que los restos fueron hallados durante las primeras jornadas de los 70 días de trabajo proyectados, y destacó el aporte del Ejército, que facilitó las tareas sin poner obstáculos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha expresado la posibilidad de trasladar la sede de las próximas conversaciones de paz en caso de que la situación en Emiratos Árabes Unidos impida su realización, descartando por el momento una cancelación y sugiriendo que países como Suiza y Turquía pueden acoger el encuentro si se presentan dificultades. De acuerdo con las declaraciones recogidas por agencias ucranianas y tal como reportó el medio, Zelenski subrayó la necesidad de mantener el diálogo internacional sobre la guerra en Ucrania, destacando la importancia de las negociaciones previstas entre el 5 y el 8 de marzo en Abu Dabi.

Según informó la agencia, Zelenski contextualizó estas declaraciones refiriéndose a la reciente escalada militar en Oriente Próximo, en la que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques sobre Irán durante el fin de semana. El mandatario ucraniano consideró estos acontecimientos como un indicio para el presidente ruso Vladimir Putin sobre el desenlace de gobiernos autoritarios. En palabras de Zelenski: “Lo que está sucediendo en Irán, creo, es una buena señal para que Putin vea cómo termina una dictadura”. El medio detalló que el líder ucraniano aprovechó este contexto para recalcar lo que percibe como una pérdida de influencia por parte de Moscú en la región, recordando también la actuación de Rusia durante la caída de Bashar al Assad en Siria.

Además, Zelenski sostuvo que Rusia ha dejado de ser un aliado fiable y que la reciente coyuntura en Oriente Próximo vuelve a evidenciar esa fragilidad. “No valen nada como aliados (...) Ya no tienen fuerza”, afirmó el mandatario, según consignó el medio. Esta valoración estuvo acompañada de la preocupación de que el conflicto en Oriente Próximo pueda afectar la asistencia militar y humanitaria que Ucrania recibe de sus aliados occidentales. Zelenski reconoció inquietud ante la posibilidad de que el suministro de defensas aéreas para su país disminuya si la guerra en la región se extiende, aunque enfatizó que, hasta el momento, no se han reportado recortes en los apoyos previstos.

El mandatario aclaró que la iniciativa PURL, el programa de ayuda militar financiado por Europa para la adquisición de material bélico y armas estadounidenses con destino a Ucrania, sigue vigente. “El programa PURL está funcionando (...) y hasta ahora todo marcha según lo previsto”, aseguró Zelenski, según publicó la fuente original. Además, explicó que el gobierno ucraniano mantiene un contacto frecuente con sus socios internacionales, conscientes de la importancia vital que estos suministros representan para la población del país. “Todos comprenden que la vida de los ucranianos dependen de ello”, remarcó.

En cuanto al proceso de paz, la última ronda de negociaciones entre Kiev y Moscú se desarrolló recientemente en la ciudad suiza de Ginebra. Tras ese encuentro, Zelenski informó que se alcanzó un principio de acuerdo en cuestiones humanitarias, incluido el intercambio de prisioneros, así como en ciertos aspectos militares. Sin embargo, todavía persisten desacuerdos profundos sobre temas estratégicos, como la administración de los territorios ocupados por fuerzas rusas y la seguridad en torno a la central nuclear de Zaporiyia. El presidente ucraniano reconoció que estas cuestiones siguen sin resolverse y requieren de nuevas rondas de negociación.

El medio consignó también que Zelenski destacó la disposición de Ucrania para adaptarse a cambios en la sede de las conversaciones de paz si la situación en Emiratos Árabes Unidos llegara a complicarse. Reiteró que Suiza y Turquía han demostrado ser anfitriones eficaces y están dispuestos a ofrecer su territorio para esos encuentros, según ha sucedido en el pasado. Zelenski manifestó que permanece a la espera de la respuesta de los socios involucrados en este proceso y garantizó el apoyo a cualquiera de las propuestas disponibles para facilitar el diálogo.

Durante su intervención con la prensa, el presidente ucraniano insistió en la relevancia de mantener el foco internacional sobre la situación en su país frente a las tensiones globales, como la reciente ofensiva en Irán. Asimismo, planteó la inquietud sobre cómo un aumento de la inestabilidad internacional podría condicionar la atención y los recursos destinados a Ucrania. A pesar de estas preocupaciones, confirmó que ninguna de las partes aliadas ha comunicado la intención de cancelar la próxima ronda de conversaciones.

En sus valoraciones, Zelenski también recordó antecedentes en los que la posición de Rusia como aliado resultó insostenible, refiriéndose tanto a acontecimientos recientes como a situaciones pasadas en Medio Oriente, según publicó el medio. El presidente recalcó la importancia de que la comunidad internacional observe y actúe ante las consecuencias de las dictaduras y reclamó la continuidad del respaldo a Ucrania a pesar de los desafíos que plantea la coyuntura internacional.

El impacto de la muerte de Alí Jamenei se ha extendido más allá de las fronteras de Irán y ha sido destacado por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien mencionó a diversas víctimas del régimen, incluyendo a personas desaparecidas forzadamente, madres en busca de sus seres queridos en recintos de reclusión, presos políticos y opositores ejecutados en lugares públicos, además de mujeres y figuras como Mahsa Amini. Tras décadas de represión, Metsola instó a considerar este acontecimiento como un momento determinante para el futuro político de Irán, señalando la posibilidad de un cambio histórico en el país.

Según informó Europa Press, Metsola expresó en redes sociales que el fallecimiento del líder supremo debería simbolizar el final de las dictaduras en Irán. La presidenta de la Eurocámara sostuvo que, luego de 47 años bajo un sistema autoritario, “debe ser la hora de la libertad” para la población iraní. Agregó que es el momento de “abrir paso a la libertad en nombre de todos aquellos que han sufrido las consecuencias de casi cinco décadas de opresión”. Metsola hizo referencia también al sufrimiento de los niños que han crecido bajo temor, los presos políticos torturados y los ciudadanos que han debido exiliarse. A su vez, recordó a los europeos tomados como rehenes por la Guardia Revolucionaria y a las víctimas del terrorismo apoyado por el régimen, subrayando el papel del gobierno iraní en el entrenamiento y financiamiento de grupos armados responsables de miles de muertes en Medio Oriente y otros lugares durante generaciones recientes.

El medio Europa Press detalló que la dirigente europea pidió la libertad para Teherán y la población iraní y dedicó su mensaje “a todos aquellos para quienes la lucha por la libertad no es política ni una causa célebre sino existencial” y a quienes desean que Irán deje atrás lo que denominó como “oscuridad”.

De manera paralela, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó el fallecimiento de Jamenei y enmarcó la noticia en el contexto de una operación militar estadounidense respaldada por Israel. De acuerdo con Europa Press, Trump comunicó que la muerte del ayatolá se produjo durante ataques que Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado contra el centro de poder iraní en Teherán, con el objetivo formal de propiciar un cambio de régimen. El mandatario precisó que Jamenei “no pudo eludir los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo” gracias a la colaboración con Israel, y que “ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada”, en alusión al resultado de la operación que acabó con la vida del líder supremo, quien sucedió a Ruholá Jomeini tras el establecimiento de la República Islámica.

Según reportó Europa Press, Trump calificó el escenario como una “gran oportunidad” para que el pueblo iraní recupere el control de su país. Dirigiéndose a las fuerzas de seguridad y a los integrantes de la Guardia Revolucionaria, les ofreció la posibilidad de “inmunidad” si deciden rendirse en este momento, instando a un quiebre en la lealtad hacia el régimen.

Estados Unidos e Israel lanzaron de manera conjunta una ofensiva sorpresa caracterizada por cientos de bombardeos, focalizándose especialmente en instalaciones consideradas una amenaza inminente, incluyendo sectores militares y nucleares. Washington declaró que el objetivo principal de la operación era “desmantelar el aparato de seguridad del régimen”, enfocado en la transformación política que implicaría la caída de los ayatolás.

Previo a estos acontecimientos, las autoridades iraníes estaban involucradas en negociaciones con Estados Unidos acerca del programa nuclear del país. Según publicó Europa Press, la ofensiva se produjo de forma inesperada y con la cooperación de Israel, lo que interrumpió dicho proceso de diálogo. El gobierno iraní denunció la ofensiva como una “agresión militar criminal” y argumentó que la misma viola los principios consignados en la Carta de Naciones Unidas. Asimismo, Irán respondió ordenando ataques en represalia contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en distintas naciones de la región del Golfo, incluyendo Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.

Europa Press señaló que la muerte de Jamenei y los acontecimientos asociados han reavivado el debate internacional sobre la situación de derechos humanos en Irán, la proyección del poder de la Guardia Revolucionaria más allá de sus fronteras y el destino de diversas comunidades y opositores perseguidos por el sistema. Metsola enumeró distintos colectivos afectados por el régimen, entre ellos las personas ejecutadas sumariamente, las generaciones desterradas y las víctimas del terrorismo auspiciado por el gobierno iraní. Instó a que el nuevo contexto abra las puertas a una etapa de libertad, enfatizando la necesidad de que la población iraní “disfrute de la luz”.

Las declaraciones de Metsola y Trump exponen la magnitud del contexto que enfrenta Irán tras la muerte de su líder supremo. Mientras en Europa se plantea el momento como una oportunidad para el cambio social y político en el país, en Estados Unidos se destaca el carácter estratégico de la operación conjunta con Israel y su potencial para impulsar una transición en el modelo de gobierno iraní. Según reportes de Europa Press, ese momento es percibido como un posible punto de inflexión luego de casi cincuenta años de régimen autoritario y represión sistemática de los derechos fundamentales, con amplias repercusiones en la sociedad iraní y en las relaciones geopolíticas de la región.

La reunión duró prácticamente dos horas. Eran seis personas intentando construir una balsa salvavidas en la que entrara un país al borde de un naufragio. Fue en la Casa Rosada y la encabezó la presidenta de entonces, María Estela Martínez de Perón. En esa reunión, no obstante, el protagonista era otro: el ministro de Economía, Emilio Mondelli, que había llevado los lineamientos principales de su Plan Económico de Emergencia para ultimar detalles junto a la Presidenta y a sus pares de Trabajo, Justicia y Defensa, Cultura y Educación, e Interior.

Era 27 de febrero de 1976, faltaba menos de un mes para que empezara la dictadura más sangrienta de la historia argentina, e Isabelita dividía su día entre un plan de emergencia y el descanso en la unidad turística presidencial que el peronismo había construido en Chapadmalal. Allí aprovecharía el feriado de Carnaval, entre reuniones y ocio.

Las Fuerzas Armadas, que irrumpirían el orden constitucional apenas algunas semanas después, sostenían un silencio total en público. La postura oficial era mantener “la absoluta prescindencia” de las Fuerzas respecto de otros actores clave en el transcurrir de una crisis que sólo escalaba: los gremios, las cámaras empresarias y los partidos políticos.

Los voceros más encumbrados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea deslizaban a los medios de comunicación que esos cuerpos iban a hacer su “contribución al esfuerzo para llegar a soluciones adecuadas” de la crisis generalizada, sin explicar cómo sería esa contribución.

Pero mientras esa versión se imprimía en los diarios, y se insistía con la idea de la no intervención y la prescindencia de las Fuerzas Armadas, un hombre viajaba a la Base Naval de Puerto Belgrano para discutir con las máximas autoridades de la Armada sobre cuáles serían sus próximos pasos.

Ese hombre era Eduardo Emilio Massera, que poco tiempo después haría de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) su epicentro de construcción de poder y un centro clandestino de detención, tortura y desaparición forzada de personas.

Sangre en la calle, “Tiburón” en el cine

Carlos Argentino Achával y Ángel Ernesto González. Así se llamaban los dos hombres asesinados el 27 de febrero de 1976, según publicó el diario Clarín al día siguiente. Achával integraba la Policía bonaerense y trabajaba en San Nicolás de los Arroyos. De acuerdo a las crónicas, había interrogado a dos sospechosos en la calle y, frente a una actitud que le llamó la atención, paró un taxi y los obligó a que se subieran para trasladarlos a una comisaría.

El taxista contó que, en algún momento del viaje, uno de los dos sospechosos sacó un arma que había escondido en su ropa y mató a Achával. Bajaron del auto, corrieron hasta una camioneta cercana, forzaron la cerradura y se fugaron. A González lo mataron de un balazo en el tórax en Aldo Bonzi, La Matanza. Era empleado de la Fuerza Aérea.

Las Fuerzas Armadas, que insistían con su intención de contribuir a las soluciones y que querían instalar la versión de no intervención, desplegaron a partir del 27 de febrero fuertes operativos en los destinos turísticos en los que se esperaba mayor actividad por el Carnaval. Lo hacían, según hacían saber, para “evitar atentados extremistas”.

Se acercaba el Carnaval -que, en rigor, fue el 1º y 2 de marzo de 1976- porque los diarios publicitaban un gran espectáculo en La Rural para celebrar esa ocasión: prometían equilibristas, shows de motocross, y las presentaciones de Cacho Castaña y Jairo.

Para los futboleros, uno de los planes más atractivos de ese día fue el partido entre Tigre y Los Andes. El equipo de Lomas de Zamora encabezaba el campeonato de la Primera B y visitó al Matador en Victoria. Ese mismo día, Ringo Bonavena ganó una pelea en Reno, Nevada, la ciudad en la que iban a asesinarlo a tiros apenas tres meses después. Ringo venció por puntos Billy Joiner, un veterano estadounidense al que enfrentaba para intentar abrirse un camino hacia una revancha resonante ante Muhammad Alí, que había definido al argentino como “su rival más difícil” tras una pelea en el Madison Square Garden en 1970.

En el cine había para elegir: Los Ángeles, sobre la avenida Corrientes y siempre centrado en el público infantil, proyectaba Dumbo. Pero también estaban en cartelera El Padrino II, una compilación de lo mejor del humor de Buster Keaton, y El gordo de América, un film protagonizado por Jorge Porcel en el que también trabajaban Javier Portales y Leonor Benedetto, entre otros.

Sin embargo, la nota la daba Tiburón, la película que consagró a Steven Spielberg y que llevó a los máximos ejecutivos de Universal, la productora, a definirla como “un éxito absolutamente irrepetible”. Sabían que no iban a volver a recaudar esa plata, pero sabían también que valía la pena volver a apostar a “un coloso basado en el miedo”: empezaron a rodar La leyenda de King Kong.

Los diarios publicaban, en algún recuadrito lo suficientemente visible y lo suficientemente disimulado, la información necesaria para suscribirse por correo a revistas eróticas que prometían traer “las últimas novedades sobre SEXO, con material de las más sofisticadas revistas europeas”.

¿Control o descontrol de precios?

Mientras todo eso pasaba al mismo tiempo, la economía argentina era un tembladeral. Aunque el Plan Económico de Emergencia todavía no estaba formalizado y fue el eje de la reunión en la Casa Rosada, algunas medidas que eran parte de ese programa empezaron a implementarse.

Aquel 27 de febrero la Secretaría de Comercio anunció una profundización en los controles de precios y la suspensión de una medida que permitía a varias empresas proveedoras de, sobre todo, alimentos, liberar todos los precios de sus productos excepto de uno de gama media de cada una de sus líneas de producción. Esa suspensión implicaba que se controlarían todas las gamas de precios.

Se llegó a especular con la posibilidad de que la Policía Federal controlara el cumplimiento del control de precios, que intentaba contener una escalada inflacionaria desbocada. Pero enseguida se descartó esa opción. Esa fijación de precios implicaba aumentos intermensuales de hasta 150%, como ocurría en el caso del pasaje en trenes urbanos y suburbanos, y de entre 60% y 80% en alimentos y bebidas como el tomate enlatado y el vino de mesa. Ese mismo día se anunciaron incrementos en el precio de los combustibles, de la telefonía y del correo: todo eso impactaría en los primeros días de marzo.

Para mayor tensión, el 27 de febrero el Banco Central de la República Argentina estuvo durante horas en una virtual cesación de pagos. Sólo pudo salir de esa situación luego de que el Chase Manhattan Bank y el Credit Lyonnais de Francia desembolsaron dos préstamos cuantiosos. “Esto es crítico si dependemos sólo de la buena voluntad de los prestamistas”, opinaban los analistas financieros ante esa escena.

La deuda externa había empezado a dispararse en 1973 pero desde fines de 1975 ese incremento era exponencial, y Argentina había empezado el año 1976 con reservas negativas por casi 1.200 millones de dólares. Ninguna empresa del Estado tenía margen para comprar insumos importados.

Silencio público

Ese fue el escenario que discutieron Mondelli, Isabelita y sus otros cuatro ministros hacia el mediodía del 27 de febrero. Antes, la Presidenta había recibido a Raúl Bercovich Rodríguez, interventor federal de Córdoba, para interiorizarse sobre la violencia que acechaba en esa provincia mediterránea: prácticamente a diario se conocían noticias sobre muertes. Algunas, según la versión oficial de las fuerzas de seguridad, eran “abatimientos”. Otras, según esa misma mirada, eran “atentados extremistas”.

La Presidenta se reunió con parte de su Gabinete y hacia las 13.30, quince minutos después de que terminara ese encuentro, partió hacia la Quinta de Olivos. A las 16.30 llegó a Aeroparque y a las 17.40 aterrizó en Mar del Plata, donde la recibieron grupos de obreros militantes justicialistas.

Ese 27 de febrero, crecía la versión de que, en medio de su descanso en la unidad turística presidencial, Isabelita recibiría a una cúpula gremial para coordinar acciones de cara a amortiguar los efectos de la crisis económica ante los trabajadores. Se llamaría, se especuló durante todo el día, la “Declaración de Chapadmalal”. En el Congreso, el presidente provisional del Senado, Ítalo Lúder, prometió convocar a la Asamblea Legislativa en pleno para “sesionar y debatir la crisis”, según las propias palabras del funcionario.

Las Fuerzas Armadas insistían en su postura: no pronunciarse públicamente sobre la crisis que se precipitaba y el rol de los distintos actores que la protagonizaban. Mientras tanto, sus altos mandos se reunían para discutir a puertas cerradas cuáles serían sus pasos a seguir. Esos pasos que harían del terrorismo una política de Estado en la Argentina.

La hermana de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, obtuvo un ascenso como directora titular de departamento en el Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, según confirmaron este martes los medios estatales.

De acuerdo con la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), la decisión se tomó durante el congreso quinquenal del partido gobernante en Pyongyang, donde el Comité Central oficializó el nuevo cargo de la funcionaria.

Kim Yo-jong ocupaba hasta ahora el puesto de subdirectora de departamento y su promoción la coloca al frente de uno de los espacios de mayor influencia dentro de la estructura partidaria. El evento, que congregó a miles de miembros de la elite, marcó uno de los pocos momentos en que se permite observar el funcionamiento interno del régimen norcoreano.

El congreso, que se realiza cada cinco años, define las prioridades del Partido de los Trabajadores en áreas clave como la diplomacia y la planificación militar. La cumbre también sirve como escenario para que el líder norcoreano consolide su control sobre la estructura.

Nacida a fines de la década del ochenta, de acuerdo con datos del gobierno surcoreano, Kim Yo-jong es hija de Kim Jong-il y de Ko Yong-hui, quien fue bailarina y tercera pareja conocida del ex mandatario. Tanto ella como su hermano cursaron estudios en Suiza, antes del ascenso de Kim Jong-un tras el fallecimiento de su padre en 2011, y su avance en la jerarquía política se aceleró a partir de ese momento.

La KCNA indicó que se prevé que Kim Jong-un anuncie las próximas etapas del programa nuclear norcoreano en el transcurso del congreso, que continuará durante varios días.

El dictador norcoreano fue reelecto como secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte durante este noveno congreso de la organización. La decisión, adoptada en la cuarta jornada del encuentro, recibió el respaldo unánime de los delegados y formalizó así su control sobre el poder político y militar del país.

El partido calificó el nombramiento como expresión de la “voluntad inquebrantable” de sus miembros y destacó la figura de Kim como el único dirigente capaz de encarnar la fortaleza del Estado.

“La disuasión bélica del país, con las fuerzas nucleares como eje central, ha mejorado radicalmente y nuestro Estado ha avanzado dinámicamente hacia la prosperidad, garantizando así el futuro del país y de su pueblo a pesar de los duros desafíos de la historia”.

El congreso, considerado el máximo órgano de decisión política del régimen, reúne a cerca de 7.000 participantes entre delegados y observadores. Su función es definir las grandes directrices del Estado, que abarcan desde los planes económicos y sociales hasta las prioridades militares.

“El nuevo plan quinquenal se convertirá en una etapa para estabilizar y consolidar nuestra economía y lograr su desarrollo cualitativo gradual”, señaló Kim en un discurso el lunes.

Según información difundida por el partido, la reunión incluyó la revisión de las normas internas de la organización, pero no se detallaron los cambios aprobados.

En la sesión de apertura, Kim Jong-un señaló ante los delegados: “Hoy, nuestro partido se enfrenta a difíciles y urgentes tareas históricas de impulsar la construcción económica y el nivel de vida del pueblo, y de transformar todos los ámbitos de la vida estatal y social lo antes posible”.

Las autoridades del partido adelantaron que el congreso servirá para presentar la siguiente fase del programa nuclear norcoreano y para avanzar en la sofisticación de la disuasión militar.

(Con información de AFP)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de cuatro indígenas nicaragüenses detenidos en el Centro Penitenciario Jorge Navarro, en las afueras de Managua, tras considerar que enfrentan un riesgo grave y urgente para su vida, integridad personal y salud.

Los beneficiarios —Rodrigo Bruno Arcángel, Olvier Bruno Palacios, Evertz Antonio Bruno Palacios y Tony Alberto Bruno Smith— pertenecen a comunidades indígenas del Caribe de Nicaragua y, según la resolución, se encuentran en una situación que podría derivar en daños irreparables.

Las medidas cautelares fueron solicitadas por el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua y la Fundación del Río, que alegaron que los cuatro indígenas, identificados como guardabosques, están expuestos a amenazas de muerte, agresiones, vigilancia constante, restricciones para comunicarse en su idioma y condiciones inadecuadas de detención.

Las organizaciones advirtieron sobre el impacto negativo en su salud física y mental y la falta de atención médica adecuada. La dictadura nicaragüense no proporcionó información a la CIDH sobre el caso.

Estos mismos guardabosques recibieron respaldo internacional, como el de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, que en noviembre condenó su encarcelamiento y denunció que fueron privados de libertad por informar sobre la venta y arriendo ilegal de tierras y la corrupción de las autoridades en territorios indígenas.

En enero de 2023, la Fiscalía nicaragüense acusó a 24 personas, incluidos los beneficiarios, de invadir territorios indígenas y atacar a sus pobladores, imputándoles delitos como crimen organizado, usurpación y aprovechamiento ilegal de recursos naturales.

Según la Fundación del Río, los guardabosques monitoreaban y denunciaban la invasión de “colonos”, la venta ilegal de tierras y las amenazas que enfrentan los territorios indígenas por concesiones mineras y corrupción.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) advirtió que los pueblos indígenas de Nicaragua corren el riesgo de exterminio debido a la constante invasión de sus tierras. Según datos oficiales, los pueblos indígenas y afrodescendientes viven en 304 comunidades distribuidas en 23 territorios, principalmente en las regiones más pobres y apartadas del país.

Por otra parte, el CIDH exigió también el martes al régimen nicaragüense, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, a poner fin de inmediato a las violaciones de derechos humanos y a liberar sin demora a todas las personas detenidas por motivos políticos.

En el comunicado, la institución instó a la comunidad internacional a exigir el cese de la represión y a tomar medidas concretas para restablecer la democracia y el Estado de derecho en el país centroamericano.

El organismo, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), condenó “la persistente represión en Nicaragua, caracterizada por la continuación de detenciones arbitrarias y la privación de libertad por motivos políticos contra cualquier postura percibida como oposición al régimen”. La CIDH advirtió que la situación de derechos humanos en Nicaragua “constituye uno de los casos más graves observados en la región”.

La declaración señala que en Nicaragua “se ha consolidado un régimen autoritario basado en el control, vigilancia y represión contra cualquier persona percibida como opositora, incluso aquellas vinculadas al propio régimen, extendiéndose más allá de las fronteras nacionales”.

El organismo informó que, según datos obtenidos a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), en las últimas semanas se reportó la detención de más de 60 personas por expresar opiniones en redes sociales sobre los recientes acontecimientos en Venezuela.

(Con información de EFE)

El vehículo Toyota Corolla plateado, junto con un Range Rover blanco y un Renault Simbol, fue señalado en redes sociales como uno de los automóviles identificados en el presunto traslado forzoso de Juan Pablo Guanipa en Caracas, situación que ha impulsado peticiones de fe de vida y reclamos de liberación inmediata. Según consignó el medio Europa Press, la denuncia sobre la desaparición de Guanipa se originó horas después de que se hiciera pública su excarcelación, un hecho que intensificó la preocupación entre familiares, aliados políticos y organizaciones opositoras sobre su seguridad y paradero.

El dirigente venezolano, quien había retomado su libertad tras casi nueve meses detenido y un periodo previo de casi once meses en clandestinidad, fue nuevamente objeto de controversia tras su excarcelación. Europa Press detalló que su hijo, Ramón Guanipa, denunció el “secuestro” de su padre a través de un comunicado en la cuenta de la red social X del propio Juan Pablo Guanipa. En ese mensaje, el familiar informó que un grupo de aproximadamente diez personas no identificadas, armadas, interceptaron y se llevaron a Guanipa por la fuerza pocos minutos antes, exigiendo pruebas inmediatas de que permanece con vida y demandando su liberación incondicional.

El partido Primero Justicia, formación política a la que pertenece el exgobernador del Zulia, apoyó la versión difundida por Ramón Guanipa y responsabilizó a las autoridades venezolanas por la integridad física del dirigente. Según publicó Europa Press, el partido atribuyó directamente la situación a los “cuerpos represivos de la dictadura” y celebró un acto conjunto con otros partidos de la oposición para reclamar la intervención de actores internacionales. La organización identificó como presuntos responsables a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, al presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez y al ministro del Interior Diosdado Cabello. Además, reclamó a la comunidad internacional que intervenga para facilitar la liberación de Guanipa y el cese de la persecución contra figuras disidentes.

Europa Press informó que María Corina Machado, figura clave de la oposición venezolana y aliada cercana de Guanipa, reiteró la demanda de liberación inmediata del dirigente y brindó detalles sobre el operativo. Machado indicó que el incidente se produjo en la urbanización Los Chorros de Caracas, donde hombres armados vestidos de civil, distribuidos en cuatro vehículos, ejecutaron la captura violentamente según los testimonios recogidos por la propia dirigente y difundidos por Europa Press. A pesar de exigir la liberación incondicional, Machado evitó en sus declaraciones atribuir responsabilidades directas a las autoridades, una diferencia respecto de Primero Justicia.

La situación de Juan Pablo Guanipa se enmarca en un contexto de tensión política prolongada en Venezuela. Según reportó Europa Press, el excandidato de Primero Justicia para las primarias opositoras de 2023 había sido detenido el 23 de mayo de 2025, en vísperas de los comicios regionales y parlamentarios, bajo los cargos de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. Durante los meses previos a su arresto, la familia de Guanipa denunció su condición de “secuestrado político”, pues el dirigente permaneció oculto desde las elecciones presidenciales de julio de 2024 hasta que finalmente fue capturado por fuerzas del Estado.

El caso de Guanipa no constituye un hecho aislado dentro del entorno familiar y político, ya que Europa Press recordó que su hermano, Pedro Guanipa, quien ejercía la dirección de la alcaldía de Maracaibo, también fue arrestado en septiembre de 2024. Ambas detenciones han sido consideradas por partidos opositores y familiares como parte de una estrategia sistemática para frenar la disidencia mediante la persecución judicial y la privación de libertad.

Ramón Guanipa había celebrado públicamente la excarcelación de su padre pocas horas antes del presunto secuestro, agradeciendo que volviera “en libertad, después de año y medio, diez meses escondido, casi nueve meses detenido”, según citó Europa Press. La liberación, calificada de esperada y celebrada por sectores opositores, ahora abre una nueva etapa de incertidumbre tras la denuncia del nuevo operativo de aprehensión, implicando nuevamente a cuerpos armados no identificados en actos de fuerza contra figuras políticas disidentes.

Los acontecimientos recientes han motivado amplios llamamientos de organizaciones nacionales e internacionales a favor de la protección de los derechos humanos y la liberación de los detenidos por motivos políticos en Venezuela. Según recopiló Europa Press, distintas voces insisten en el riesgo que enfrentan los opositores bajo el actual clima de represión, al señalar casos como el de Juan Pablo y Pedro Guanipa como ejemplo de las dificultades que persisten para el ejercicio de la actividad política y la defensa de la pluralidad.

Mientras persiste la falta de información oficial sobre el paradero exacto de Juan Pablo Guanipa, familiares, aliados y partidos opositores demandan la divulgación urgente de una fe de vida y la intervención tanto de organismos nacionales como internacionales. El medio Europa Press subrayó que la incertidumbre sobre su situación mantiene en vilo a dirigentes, organizaciones y ciudadanos, en un episodio marcado por la denuncia de desapariciones forzosas y la solicitud de respuestas inmediatas de las autoridades responsables.

Faltaban 413 días para que las Fuerzas Armadas derrocaran a María Estela Martínez de Perón -Isabelita- e instalaran la última y más sangrienta dictadura militar de la historia argentina. Pero aunque faltaba más de un año para ese quiebre feroz en la continuidad democrática, el 5 de febrero de 1975 empezó a germinar el funcionamiento terrorista del Estado, que comenzó a desplegar un plan sistemático que implicó secuestros, torturas y desapariciones forzadas. Ese plan terrorista que, ya después del Golpe, se replicaría en buena parte del territorio nacional y se profundizaría.

Todo empezó con un decreto presidencial, el 261/5, que Isabelita firmó justamente el 5 de febrero de 1975, hace exactamente 51 años. La entonces presidenta daba inicio así al llamado “Operativo Independencia”, que autorizaba al Ejército y la Fuerza Aérea a “neutralizar y/o aniquilar” el accionar de “los elementos subversivos” que desplegaban su actividad en la provincia de Tucumán. Así lo especificaba el decreto, que se firmó tras presiones de las Fuerzas para poder justificar lo que llamaban “acciones de gran escala”.

Públicamente, el Gobierno de la viuda de Juan Domingo Perón y las Fuerzas declaraban que el objetivo central de esa operación militar era combatir al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Específicamente a la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez”, que pertenecía al ERP e intentaba instalarse en la selva tucumana y convertir esa instalación en un “foco revolucionario”.

Pero el Operativo Independencia iría mucho más allá de ese foco, y desplegaría toda su fuerza no sólo sobre el ERP -y también un grupo más pequeño de integrantes de la organización Montoneros-, sino sobre obreros, estudiantes, gremialistas y la población civil en general. Era, en concreto, una especie de “laboratorio” en el que se germinó el modus operandi de la dictadura.

El despliegue concreto de fuerzas empezó apenas cuatro días después de que Isabelita firmara el decreto. El 9 de febrero, 1.500 soldados se distribuyeron en una zona de 60 por 40 kilómetros. Tanto el Ejército como la Fuerza Aérea reforzarían esas filas: en total, participaron entre 5.000 y 6.000 durante toda la duración de la operación. El ERP, según documentos militares y testimonios, contaba con entre 100 y 150 combatientes rurales. A la enorme diferencia numérica se le sumaría la de recursos y métodos.

Acdel Vilas, general del Ejército, fue el primer comandante a cargo del operativo y fue claro: no se trataba de un conflicto meramente militar. Para Vilas, la presencia de focos guerrilleros en el monte tucumano era “sólo la manifestación armada del proceso subversivo, y no la más importante”. Bajo esa hipótesis, tanto Vilas como las Fuerzas Armadas y el Ejército justificaron la represión a ámbitos que fueron mucho más allá de esos focos: atacaron ámbitos religiosos, culturales, laborales y sociales.

Antonio Domingo Bussi fue el general que sucedió a Vilas al mando del Operativo Independencia. Se convertiría en la cara de la represión ilegal en Tucumán, provincia que después gobernaría durante la democracia. Durante su tiempo a cargo de la operación decretada por Isabelita, Bussi se ocupó de profundizar un legado heredado de Vilas: bajo la definición de “enemigo” entrarían miles de personas más que quienes eran combatientes armados del ERP. Es que para los militares, la “guerra” a la que se referían y con la que justificaban la represión era, sobre todo, “cultural”.

El Operativo Independencia implicaba que las fuerzas de seguridad estuvieran subordinadas al mando militar y habilitó operaciones de acción psicológica y cívica que implicaban aislar a los integrantes de la guerrilla de la población local. Para lograr eso, los comandantes desplegaron un control avasallante sobre la vida civil: cualquier activista sindical, opositor político o trabajador de los ingenios azucareros podía ser considerado un “objetivo a aniquilar”.

Para llevar a cabo su objetivo, las fuerzas militares montaron los primeros Centros Clandestinos de Detención (CCD) del país, una práctica que sería clave no sólo para el Operativo Independencia sino, después, para el plan sistemático de represión ilegal, tortura y desaparición forzada que ejecutó la dictadura. El más emblemático de los centros del operativo fue la Escuelita de Famaillá, por donde se estima que pasaron algo más de 1.500 personas. En total, se montaron más de cincuenta centros clandestinos de detención en el contexto de esa operación militar.

En los CCD se implementaron métodos de tortura como la picana eléctrica, los enterramientos y también se colgaba a los prisioneros durante días. El secuestro seguido de la desaparición forzada de personas fue mucho más frecuente que las muertes en enfrentamientos armados. Esa era la metodología que desplegaban las Fuerzas Armadas, que por otro lado mantenían todo el tiempo una retórica bélica como discurso oficial.

Aunque el Ejército y la Fuerza Aérea hablaban de “guerra”, los enfrentamientos armados reales fueron muy limitados, y generalmente tan informales que llegaban a considerarse más bien escaramuzas. En mayo de 1975 se produjo el llamado combate de Manchalá: un grupo de soldados conscriptos improvisó la defensa a un puesto de comando.

En octubre de ese mismo año se produjo el combate de Acheral, en el que murieron 15 integrantes del ERP. Para fines de 1975, la capacidad operativa de esa organización armada en el monte tucumano estaba desarticulada por completo. Pero la maquinaria represiva de las Fuerzas Armadas no detuvo su marcha.

Montoneros también operó en Tucumán, pero con una presencia mucho menor a la del Ejército Revolucionario del Pueblo. Con más presencia urbana que rural, Montoneros envió algunos “observadores” al monte e incluso se intentaron algunas acciones conjuntas entre las dos organizaciones armadas, pero la superioridad numérica y de fuego del Estado resultó implacable.

Se estima que murieron entre 300 y 400 militantes de las organizaciones armadas. Unos 25 integrantes de las fuerzas estatales murieron en combate, y en total perdieron la vida alrededor de 70 miembros de esas fuerzas.

El impacto más cruento -y más numérico- del Operativo Independencia fue entre las víctimas que no integraban ninguna de las organizaciones armadas que el Ejército y la Fuerza Aérea buscaban aniquilar, tal como habilitaba el decreto presidencial. Se calcula que el 75% de los secuestrados eran obreros de la industria azucarera, peones rurales y trabajadores de la construcción, y se documentaron 656 desapariciones forzadas durante ese período en Tucumán.

En 2002, se descubrió el llamado Pozo de Vargas, un pozo de agua de casi 40 metros de profundidad en el que, hasta 2023 y gracias al exhaustivo trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, se habían identificado los restos de 119 víctimas del plan sistemático ejecutado por las Fuerzas Armadas. Los testimonios de vecinos de la zona fueron clave para encontrar el sitio. Los restos encontrados, con impactos de bala y fracturas evidentes, dieron cuenta de la brutalidad del operativo.

Casi cuarenta años después de esa operación militar, la Justicia dictó la primera condena específica por las acciones cometidas por el Estado durante el Operativo Independencia, que fueron consideradas delitos de lesa humanidad. Las investigaciones lograron confirmar que se habían cometido secuestros, torturas, delitos sexuales y desapariciones forzadas, todas violaciones a los derechos humanos.

Tal como había empezado a ocurrir en el Juicio a las Juntas de 1985 respecto de los crímenes desplegados a partir del Golpe, los tribunales consideraron que el Operativo Independencia había desplegado un plan sistemático de represión ilegal y delitos de lesa humanidad. Esos meses en Tucumán fueron una especie de “ensayo represivo” de lo que las Fuerzas Armadas serían capaces de hacer cuando desplegaran su plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición forzada de personas a lo largo de toda la Argentina.

En la madrugada del viernes 3 de febrero de 1989, la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay llegó a su fin luego de 35 años. Los hechos de esa noche y las primeras horas del día siguiente marcaron un cambio en la historia política del país y pusieron término al gobierno más longevo de Sudamérica, caracterizado por la represión, la censura y el control absoluto del poder.

Alfredo Stroessner había llegado al poder en 1954 tras un golpe militar. Desde entonces, instauró un régimen sustentado en el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas. El Estado de sitio fue implementado de manera casi permanente desde el inicio de la dictadura hasta 1987, permitiendo la suspensión de garantías constitucionales, la persecución y detención de opositores, y la censura a los medios de comunicación. El Departamento de Investigaciones se convirtió en un símbolo del aparato represivo, donde los opositores eran víctimas de tortura.

Durante su gobierno, Stroessner fue reelecto ocho veces en elecciones sin competencia real. El Partido Colorado era la fuerza política dominante y la única con posibilidades de acceder al poder. Las agrupaciones opositoras estaban proscriptas, y los sindicatos, estudiantes y periodistas eran vigilados y perseguidos. La represión incluía la cárcel, el exilio y la tortura, según testimonios y relatos recogidos por medios extranjeros. Se estima que 20.000 personas fueron torturadas y 423 -sobre todo comunistas y sindicalistas- fueron desaparecidas, según informaría la Comisión Verdad y Justicia de Paraguay en 2008 (año en el que dejó el poder el Partido Colorado, después de 61 años).

La corrupción formó parte de la estructura del régimen. El contrabando, la entrega de favores económicos y políticos y la administración de grandes recursos, como los obtenidos por la construcción de la represa de Itaipú junto a Brasil, eran mecanismos que ayudaban a sostener la red de lealtades. El acceso a cargos públicos y beneficios dependía de la fidelidad al partido y al presidente.

En el plano internacional, la dictadura de Stroessner se alineó con la política anticomunista de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, recibiendo respaldo político y cooperación con otros gobiernos militares de la región. El Paraguay de Stroessner fue parte del Plan Cóndor, por el cual las dictaduras regionales colaboraron entre sí para perseguir a opositores. El 14 de febrero de 1988, casi un año antes del golpe, Stroessner había obtenido el 88 por ciento de los votos en las elecciones que habían sido consideradas amañadas y fraudulentas.

La caída de Stroessner fue resultado de un golpe militar liderado por el general Andrés Rodríguez, considerado uno de sus hombres de confianza. Era la mano derecha de Stroessner en tanto comandante del Ejército y, además, su consuegro. Su hija Marta Rodríguez se había casado con Alfredo “Freddy” Stroessner, el tercer hijo del dictador.

Según se reconstruyó, la conspiración contra Stroessner se gestó en silencio semanas antes. En la noche del 2 de febrero de 1989, Rodríguez y sus colaboradores se reunieron en una vivienda para coordinar los movimientos. La planificación incluyó comunicaciones con otros oficiales y suboficiales, asegurando la participación de un número relevante de unidades y soldados.

Alrededor de la medianoche, comenzó el desplazamiento de tropas. Blindados y soldados se movilizaron hacia puntos estratégicos de Asunción, la capital de Paraguay. El objetivo principal era neutralizar a las fuerzas leales a Stroessner, en especial el Regimiento Escolta Presidencial, donde se encontraba el mandatario. Los primeros enfrentamientos armados se dieron en las inmediaciones del regimiento. Las tropas insurrectas avanzaron y se escucharon disparos de armas automáticas y explosiones en distintos sectores de la ciudad. La población permaneció en sus casas, sin información clara sobre la magnitud del acontecimiento.

El asalto al Regimiento Escolta Presidencial fue decisivo. Los golpistas lograron tomar el control tras intensos tiroteos, mientras que la noticia de la caída de Stroessner comenzó a circular en círculos militares y políticos. Durante la madrugada, Rodríguez y sus aliados aseguraron la ocupación de los principales edificios gubernamentales, así como el control de los medios de comunicación.

Andrés Rodríguez asumió el mando como jefe del gobierno de transición. Las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación quedaron bajo control de los golpistas, quienes utilizaron la radio y la televisión para transmitir comunicados oficiales y mensajes de tranquilidad.

En la madrugada del 3 de febrero, Andrés Rodríguez emitió un comunicado transmitido por radio y televisión, dirigido a la ciudadanía paraguaya. En ese mensaje, Rodríguez anunció la destitución de Stroessner y explicó los motivos del golpe, haciendo referencia al deterioro institucional y al desgaste del régimen. El comunicado fue una especie de llamado a la calma asegurando la protección de la ciudadanía y la convocatoria a una etapa de transición.

A la 1:25 y cada diez minutos se transmitió en Radio Primero de Marzo, la proclama de Andrés Rodríguez. El militar que había derrocado a su consuegro dijo: “Hemos salido de nuestros cuarteles en defensa del honor y la dignidad de las Fuerzas Armadas, por la unificación plena y total del coloradismo en el Gobierno, por la iniciación de la democratización del Paraguay, por el respeto a los derechos humanos, por la defensa de nuestra religión cristiana, católica apostólica romana, eso es todo lo que yo le estoy ofreciendo con el sacrificio del soldado paraguayo a nuestro querido, valiente y noble pueblo paraguayo y espero que los camaradas de las Fuerzas Armadas me acompañen en estas circunstancias, porque estamos defendiendo una causa noble y justa que derivará en beneficio de nuestro heroico y noble pueblo paraguayo. Gracias”.

Las primeras horas del 3 de febrero estuvieron marcadas por enfrentamientos, tensión y expectativa. Stroessner aceptó negociar su rendición después de la pérdida de apoyo militar y político. Fue trasladado bajo custodia y, posteriormente, llevado al aeropuerto, desde donde partió al exilio en Brasil junto a su círculo más cercano.

La noticia del derrocamiento se difundió rápidamente en la capital y el interior del país. El ambiente en las calles de Asunción era de incertidumbre y expectativa, mientras la población aguardaba las declaraciones de la nueva autoridad.

El golpe fue la consecuencia de un proceso de desgaste interno del régimen y de la pérdida de apoyo de sectores clave. Las reuniones secretas entre los conspiradores y la planificación minuciosa permitieron llevar adelante el operativo con rapidez y eficacia. El factor sorpresa y la coordinación de los movimientos militares fueron determinantes para el éxito de la acción.

La caída de Stroessner se produjo en un contexto de tensión y descontento generalizado. El régimen, que había recurrido durante décadas a la represión, la censura y el control absoluto, perdió la capacidad de sostenerse frente a la movilización de sectores militares y políticos descontentos. El derrocamiento fue un hecho de gran impacto en la historia paraguaya y regional, marcando el fin de 35 años de dictadura y el inicio de una nueva etapa política en Paraguay.

Durante la dictadura, Stroessner fue el eje del sistema político y social. El Partido Colorado y las Fuerzas Armadas formaban la base del poder, mientras que la represión, la censura y la corrupción definieron la dinámica del régimen. El control sobre la vida pública era absoluto, y las organizaciones opositoras carecían de espacio de participación real.

El golpe del 3 de febrero de 1989 representó una ruptura con la estructura autoritaria establecida desde 1954. El gobierno de transición encabezado por Rodríguez asumió la responsabilidad de conducir el país hacia un proceso de apertura política, con la promesa de celebrar elecciones libres y garantizar las libertades fundamentales. De hecho, Rodríguez cumplió y llamó a elecciones en menos de un año y en mayo de 1989 se presentó como candidato del Partido Colorado y fue electo presidente.

Durante su mandato Rodríguez derogó la ley marcial, abolió la pena de muerte y legalizó los partidos opositores que habían sido proscriptos por Stroessner.

La dictadura de Stroessner dejó una huella profunda en la vida política y social de Paraguay. El régimen estuvo marcado por la represión, la corrupción y el control absoluto del poder. La caída de Stroessner abrió la posibilidad de iniciar una etapa de cambios y reformas, en la que la sociedad paraguaya buscaría superar las consecuencias de décadas de autoritarismo. El dictador murió a los 93 años en agosto de 2006 en Brasilia, capital de Brasil, donde estuvo exiliado.

Desde el golpe, Paraguay comenzó a andar un camino de transición política, bajo la dirección de un nuevo liderazgo militar que prometió apertura y garantías para la población. La jornada del 3 de febrero de hace 37 años, fue definida por la tensión, el enfrentamiento armado, la incertidumbre y la expectativa social frente a la promesa de un país diferente tras la salida de Stroessner del poder.

Desde que se registró la captura de Nicolás Maduro, en Venezuela se ha mencionado por diferentes aspectos al primogénito del dictador, llamado Nicolás Maduro Guerra, pero más conocido como “Nicolasito”.

En Colombia se ha mencionado que el hijo del dictador podría haber protagonizado reuniones con narcotraficantes en Medellín. Al respecto, el alcalde de la capital antioqueña afirmó que entregará la información pertinente que se descubra al FBI.

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Por otra parte, en Venezuela se habla de la posibilidad de que “Nicolasito” sea capturado, haciendo que se generen rumores sobre su protección, no solo a nivel de escoltas.

Es por ello que en un informe de Testigo Directo, diferentes expertos hablaron sobre las versiones que afirman que el hijo de Nicolás Maduro usa santería para cuidarse de sus enemigos.

“‘Nicolasito’ haría uso de santería para protegerse de las persecuciones y no terminar en la cárcel como su padre”, es una de las versiones populares que mencionó el medio citado, que entrevistó al parapsicólogo Amir, de nacionalidad venezolana.

“Es fanático de eso (brujería) y está siguiendo la secuencia. Ellos tuvieron claro que el que controlaba la religión y la creencia, tenía el poder”, declaró Amir inicialmente.

El parapsicólogo indicó que este tipo de afirmaciones se han hecho desde que Hugo Chávez estaba en el poder; sin embargo, hasta el momento no hay pruebas contundentes sobre el tema.

“En el mandato de Chávez ya se veía eso en la alianza con Cuba, en donde hay culto de eso. La información que me llegó es que se hacen pactos para que el poder se mantenga de una u otra manera”.

Amir puntualizó que el chavismo lo buscaba años atrás para librarse de la oposición. “Nos buscaban a nosotros para quitar a sus enemigos de alguna manera”.

Al respecto, el periodista venezolano David Placer declaró que al interior del chavismo se menciona que algunos miembros de la dictadura usan palería, que son “trabajos” de brujería con huesos humanos.

Placer recordó que durante varios años Maduro Guerra se mostró como una persona alejada de la religión, pero esto ha cambiado recientemente tras la captura de su padre.

“Es muy supersticioso, ha participado de los congresos que ha llamado de la espiritualidad y de las minorías. Habla de religiones nuevas que han sido promovidas por él. Las sospechas caen sobre Nicolás Maduro; llama la atención su vinculación hablando con Dios, ya que sus cercanos afirman que él dice tener encuentros con Dios”.

Actualidad de Nicolás Maduro Guerra

Aunque su nombre circuló en investigaciones judiciales, no se confirmó su detención ni su salida de Venezuela; Maduro Guerra figura de manera activa en la política oficialista de su país.

Recientemente, difundió mensajes llamando a la unidad del movimiento chavista y denunciando supuestas traiciones internas, mientras exhortaba a la militancia a mantenerse movilizada.

No se anunció que asumiera cargos de liderazgo tras la caída de su padre, lo que generó especulaciones sobre su papel en la reestructuración del chavismo y su posible fuga o búsqueda de asilo. Las autoridades venezolanas y los organismos internacionales no ofrecieron detalles sobre su paradero ni sobre su situación legal, y persisten dudas acerca de su implicación en delitos investigados y la magnitud de su influencia política tras el arresto de Nicolás Maduro, que será juzgado en Nueva York por crímenes ligados al tráfico de estupefacientes mediante alianzas con estructuras internacionales.

El líder del Centro Democrático no dudó en calificar a Cabello como “el más peligroso de todos”, al destacar su papel crucial en la estructura de poder de la dictadura que devastó al país vecino, pese a que el Gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, logró la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen.

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La crítica de Uribe se centró no solo en el régimen de Nicolás Maduro, sino en las raíces de la crisis venezolana, que él señala como el resultado de la gestión de Hugo Chávez: “Toda esa agresión con la droga, con los peajes a terroristas. No solamente es Maduro, eso empezó con Chávez. Y ha habido un equipo que lo rodea”.

Para el expresidente colombiano, el problema no se resolvería mientras este grupo, al que considera “la tiranía y la crueldad”, siga en el poder. En medio de esta crítica, Álvaro Uribe hizo énfasis en la figura de Cabello, que, según él, continúa siendo una amenaza para la estabilidad de Venezuela y para la región.

Uribe comentó que, aunque le habían dicho que Diosdado Cabello se encontraba “muy calmado”, lo consideraba aún “el más peligroso de todos”. La declaración de Uribe resaltó la percepción que tiene sobre la figura del “número del chavismo”.

“Líbrame, Señor, del Cabello calmado y liso de Diosdado, que del Cabella erizado de Diosdado yo me protejo”, con esta metáfora, el expresidente colombiano comparó al “número dos del chavismo” con una figura temible y agresiva, cuyo control sobre las fuerzas de seguridad del Estado le otorga un poder casi absoluto en la Venezuela actual.

Diosdado Cabello se mantiene como el hombre más poderoso de Venezuela

Cabello, conocido como el rostro más radical del chavismo, sigue siendo el segundo hombre más poderoso en Venezuela, controlando no solo las fuerzas de seguridad, sino influyendo en la política represiva que mantiene el régimen de Maduro.

Su rol como Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, desde agosto de 2024, le permite manejar con absoluta autoridad las fuerzas de seguridad del país, incluidas el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional. A través de esta posición, Cabello controla la represión a la oposición y es responsable de la ejecución de las políticas de persecución y criminalización de quienes desafían al régimen.

La presencia de Cabello en el poder es considerada por muchos como uno de los principales factores que perpetúan la tiranía chavista. Conocido por su uso de grupos armados civiles, los colectivos, el líder no solo controla el aparato de seguridad, sino los medios de comunicación oficiales, a través de su programa de televisión Con el mazo dando. En este espacio, el dirigente chavista construye constantemente una narrativa de defensa del régimen, atacando a los opositores y manteniendo el control ideológico dentro de las bases militares y políticas del chavismo.

Además, desde las entidades de inteligencia de Estados Unidos, se conoce de la estrecha vinculación de Cabello con el crimen organizado, en especial con el Cartel de los Soles, una red de tráfico de drogas que involucra a altos funcionarios del régimen.

Esta relación provocó preocupación internacional, ya que varios organismos, han identificado a Cabello como uno de los principales actores detrás de este oscuro entramado. De hecho, Estados Unidos llegó a ofrecer una recompensa de USD10 millones por información que conduzca a su captura, pero hasta la fecha, Cabello sigue siendo intocable en el aparato de poder chavista.

Para Uribe, la continuidad de Cabello en el poder representa una de las principales amenazas para cualquier intento de transición democrática en Venezuela. Aunque la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero de 2026 podría haber marcado un cambio significativo en la estructura del poder, el expresidente colombiano resaltó que la situación no se resolvería mientras Cabello siga siendo parte integral del régimen.

Durante su discurso en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo se refirió a la denominación de “príncipe de las tinieblas” que Delcy Rodríguez utilizó para calificar a José Luis Rodríguez Zapatero, recordando también los vínculos de confianza entre la dirigente venezolana y Koldo García, exasesor del PSOE, según informó Europa Press. Ante esta referencia, Álvarez de Toledo cuestionó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acerca de la relación que mantiene con la dirigente chavista, utilizando varias posibilidades para describir el rol del ministro en relación a Rodríguez: “acólito”, “aliado”, “adlátere” o “alcahuete”.

Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, dirigió fuertes críticas al gobierno de Pedro Sánchez y su política exterior hacia Venezuela durante la sesión plenaria que abordaba la situación en ese país. Según reportó Europa Press, acusó a Albares de “postrarse” ante Delcy Rodríguez, a quien calificó como “torturadora”. Añadió que el Partido Popular aspira a que Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello sean procesados y encarcelados en la prisión del Helicoide en Venezuela.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, Álvarez de Toledo manifestó que el gobierno español ha actuado para “blanquear” la dictadura venezolana, reprobando el hecho de no calificar públicamente a Nicolás Maduro como dictador. Cuestionó la validez de las acciones diplomáticas españolas, al acusar al Ejecutivo de criticar operaciones internacionales, como la impulsada en su momento por el gobierno de Donald Trump contra Maduro, mientras acaba luego asumiendo los resultados para utilizarlos a su favor. También mencionó como práctica del Ejecutivo la participación en “maniobras sórdidas” desde la embajada de España en Caracas, refiriéndose a supuestos intentos de obstaculizar el mandato popular y democrático venezolano.

La diputada popular diferenció la reacción del gobierno español de la actuación de la administración estadounidense, mencionando que mientras Trump “extrajo de Venezuela al usurpador de la presidencia”, España contribuyó a la salida del presidente legítimo, Edmundo González, estableciéndole condiciones para residir en su territorio. Álvarez de Toledo destacó las cualidades de González, indicando que es una persona a la que identifica con el coraje y el valor, características que, en su opinión, no posee el actual Ejecutivo español.

Europa Press destacó que la portavoz también se refirió extensamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien atribuyó el papel de “gran blanqueador de la dictadura” junto al gobierno de Pedro Sánchez. Según Álvarez de Toledo, tanto Zapatero como el Ejecutivo han recurrido sistemáticamente al diálogo con el chavismo, describiendo ese enfoque como una estrategia para encubrir intenciones y fortalecer al régimen venezolano. Según sus declaraciones, los procedimientos de diálogo han servido para alargar la permanencia del chavismo en el poder, mientras se califica la claudicación como diálogo, la corrupción como discreción y se emplean otros términos para suavizar la percepción sobre la situación en Venezuela.

Durante su intervención, Álvarez de Toledo recordó que representantes de la oposición venezolana han calificado a Zapatero como “vocero de la dictadura” y sostuvo que su implicación en una veintena de procesos de diálogo solo ha contribuido a mantener y reforzar al gobierno chavista, según detalló Europa Press.

La diputada también dirigió reproches a Pedro Sánchez, afirmando que el presidente del Gobierno no felicitó públicamente a María Corina Machado tras la obtención del Premio Nobel de la Paz, algo que —de acuerdo con sus declaraciones— habría supuesto un gesto sencillo y simbólico. Álvarez de Toledo negó la explicación dada por Sánchez, quien expresó que nunca felicita a quienes reciben dicho galardón, y afirmó que existen varios mensajes en redes sociales que prueban lo contrario. Se preguntó si la negativa a felicitar a Machado responde a la intención de no irritar a la “cúpula criminal chavista” y consideró que existen detalles no aclarados que espera sean aclarados por otras figuras del PSOE, como el exministro José Luis Ábalos.

Al margen del asunto venezolano, Álvarez de Toledo intercambió reproches con Gabriel Rufián, portavoz de ERC, aludiendo a los acontecimientos en Cataluña en 2017, y sugiriendo que Rufián actúa desde una posición de falta de autocrítica. Pidió que antes de cuestionar la dignidad de María Corina Machado, reflexione sobre su propia actitud. También respondió al portavoz socialista, Paxti López, confrontándolo sobre el concepto de nación y democracia en el marco del debate político en España.

Europa Press consignó que, dentro del debate, el Partido Popular reiteró su exigencia de responsabilizar penalmente a Nicolás Maduro y a sus principales colaboradores, entre ellos Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, por lo que consideran crímenes contra la población venezolana. Insistieron en que el objetivo es ver a estos dirigentes afrontando proceso judicial y condena en Venezuela.

Durante su intervención de clausura en la XXVIII Interparlamentaria celebrada en el Palexco de A Coruña, Alberto Núñez Feijóo hizo alusión al exilio de alrededor de ocho millones de venezolanos y subrayó que “el trabajo de quienes han luchado tantos años por la libertad de Venezuela no concluirá hasta que todos los presos políticos sean liberados y todos los detenidos regresen a casa”. Según publicó el medio original, el presidente del Partido Popular dirigió duras críticas al Gobierno de España, acusando tanto a Pedro Sánchez como a José Luis Rodríguez Zapatero de actuar connivencia con el régimen de Nicolás Maduro y anticipando que “la historia no les perdonará, la historia les juzgará”.

El acto congregó a cerca de 4.000 personas, de acuerdo con fuentes del Partido Popular citadas por el medio, y en él Feijóo y Alfonso Rueda posaron con una bandera venezolana, en un gesto de apoyo al pueblo de ese país. El líder popular inscribió sus declaraciones en la actual coyuntura venezolana, marcada por el reciente ataque de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro, evento que describió como el posible inicio de una etapa de transición política. “Estamos esperanzados”, sostuvo, al considerar que Venezuela se encuentra ante los inicios de “el fin de una dictadura tramposa, criminal y miserable”.

Según informó el medio, Feijóo advirtió que el proceso de transición no finaliza en una sola jornada y recalcó que la meta es que el pueblo venezolano “recupere el rumbo definitivo de su destino”. El presidente del PP insistió en que la meta del proceso democrático en Venezuela solo se alcanzará una vez se produzca una derrota integral del régimen actual.

Durante su discurso, Núñez Feijóo puso especial énfasis en su señalamiento a Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, a quienes responsabilizó de “callar” y “conchabar” con el régimen de Maduro. “Para todos aquellos que callaron, para todos aquellos que conchabaron y se lucraron del régimen de Maduro, no hay lavado de cara que blanquee tanta suciedad”, expresó, remarcando que ambos líderes socialistas serán juzgados por la historia. Según reportó el medio, Feijóo reiteró que no habrá olvido ni absolución para quienes, en su opinión, toleraron o se beneficiaron del gobierno venezolano.

El dirigente del Partido Popular también cargó contra la política exterior del Gobierno español, caracterizándola de ambigua frente a las dictaduras y selectiva en la defensa de los derechos humanos. “No nos verán con líderes populistas que roban y arruinan a sus países. Siempre estaremos con los demócratas que mejoran sus sociedades. Por desgracia, esta no es la actitud del Gobierno de España”, indicó, tal como detalló el medio. En ese contexto, reprochó al Ejecutivo encabezado por Sánchez por, según sus palabras, mostrar mayor preocupación por el derecho internacional a raíz del ataque estadounidense que por la situación de los derechos humanos en Venezuela.

El medio consignó que el presidente del PP remarcó ese contraste: “Sorprendente, ¿no? ¿Por qué no van a las cárceles venezolanas a hablar de derecho internacional?”, planteó durante su exposición final, dirigiendo la crítica directamente al Gobierno español.

La intervención de Núñez Feijóo se produjo en un contexto de tensión política internacional respecto a Venezuela, siguiendo los recientes acontecimientos que incluyeron la intervención de Estados Unidos y el apresamiento de Maduro, hechos que han generado un debate sobre el futuro democrático en el país sudamericano. El líder popular entendió que el proceso de cambio es complejo y dependerá de la liberación de los presos políticos y del retorno de los exiliados, dando voz a las expectativas del Partido Popular de estar en el inicio de un cambio histórico.

Durante el evento, la referencia a la bandera de Venezuela funcionó como símbolo de respaldo, relacionando la situación interna del país sudamericano con las posturas políticas mantenidas por el PP y su crítica a la gestión internacional del gobierno español. De acuerdo con lo publicado, el discurso buscó marcar distancia respecto al Ejecutivo actual y subrayar una defensa activa de los valores democráticos en la política exterior, especialmente en relación con América Latina.

El medio enfatizó la intención de Feijóo de presentar al Partido Popular como un aliado claro de los sectores democráticos y como un adversario de los gobiernos que, a su juicio, perjudican la libertad y el bienestar ciudadano. Su intervención en A Coruña volvió a poner en el centro del debate político español la relación entre los gobiernos de Sánchez y Zapatero con la administración de Nicolás Maduro y el papel de España en los asuntos internacionales vinculados a los derechos humanos y la democracia.

Al menos 60 nicaragüenses fueron detenidos de forma arbitraria por la Policía Nacional de Nicaragua tras celebrar o manifestar su apoyo en redes sociales a la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses que llevaron adelante una operación en Carcas hace una semana atrás.

Según denunció este viernes el organismo de derechos humanos Monitoreo Azul y Blanco, “esta nueva ola represiva se ejecuta sin orden judicial y se basa únicamente en (... ) comentarios en redes, celebraciones privadas o no repetir la propaganda oficial”.

La organización integrada por activistas nicaragüenses remarcó que las detenciones están motivadas por “expresiones de opinión” contrarias a las opiniones de la dictadura liderada por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Monitoreo Azul y Blanco advirtió que esta nueva ola represiva constituye una “grave violación a los derechos humanos”.

Los arrestos se concentran en los departamentos de Chontales, Matagalpa, Managua, Jinotega, Chinandega, Estelí, Granada, Masaya y en las regiones del Caribe Norte y Sur.

El informe de la organización indica que, de las personas aprehendidas, 49 siguen detenidas “sin información sobre su situación legal”, nueve fueron liberadas tras su arresto y tres estuvieron sujetas a retenciones temporales, sin cargos claros ni acceso a procesos judiciales transparentes.

El organismo también documentó 18 incidentes, entre detenciones colectivas e individuales. Ante este panorama, la organización hizo “un llamado urgente a la comunidad internacional para que preste atención a esta nueva ola represiva en Nicaragua” y exigió la “libertad para todas las personas presas políticas” en el país.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Managua recordó este viernes que, tras el “paso importante” dado por Venezuela al liberar a “un gran número de presos políticos”, en Nicaragua todavía hay “más de 60 personas” que siguen “injustamente detenidas o desaparecidas”, incluyendo pastores, trabajadores religiosos, personas enfermas y ancianos, sin relación con las recientes detenciones. “¡La paz solo es posible con libertad!”, publicó en X.

Según el Confidencial, las detenciones se dieron en el marco de un “estado de alerta” ordenado por Murillo tras la captura de Maduro, que incluye la vigilancia en los barrios y las redes sociales.

Antes del mensaje de la embajada estadounidense, el movimiento opositor Unión Democrática Renovadora (Unamos) recordó en X que “en Nicaragua hay más de 60 personas presas por razones políticas” y exigió su liberación inmediata.

En Venezuela, este viernes se cumplen 24 horas desde que el gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó la excarcelación de un “número importante” de detenidos, en lo que se consideró un gesto de apertura ante la renovada presión de Estados Unidos.

Hasta el momento, el Gobierno venezolano no ha publicado una lista oficial con la cantidad y los nombres de los liberados. Varias ONG y la principal coalición opositora han verificado la excarcelación de entre 8 y 11 personas, frente a los 811 presos políticos que contabiliza la organización Foro Penal.

(Con información de EFE)

La sesión se realizó en un clima de alta tensión diplomática, luego de una incursión militar que culminó con la captura del líder chavista y su traslado a Estados Unidos. Durante su intervención, el embajador peruano enfatizó que el homenaje a las víctimas reafirma el compromiso de la OEA con la dignidad humana y la defensa de los derechos fundamentales en la región.

Postura de Perú sobre crisis en Venezuela

Coronado Molina aprovechó su intervención para reafirmar la postura de Perú frente a la situación política en Venezuela, asegurando que su país mantiene una política exterior basada en el respeto al derecho internacional y los valores democráticos.

“De conformidad con la Carta Democrática Interamericana, el Perú ha sido un defensor constante de la democracia hemisférica y reitera su respaldo a la recuperación del orden democrático en Venezuela mediante una transición pacífica e institucional”, declaró ante los miembros de la OEA.

El diplomático subrayó que esta transición debe ser liderada por los propios venezolanos y fundamentada en la voluntad popular expresada libremente en las urnas, en consonancia con los principios de participación y legitimidad democrática.

Denuncia de ilegitimidad de Nicolás Maduro

En su exposición, el representante peruano reiteró que el gobierno encabezado por Nicolás Maduro ejerció su poder de forma ilegítima y dictatorial. Coronado Molina reafirmó que las elecciones del 28 de julio de 2024 no lo proclamaron como ganador legítimo, y recordó que el Perú reconoce a Edmundo González Urrutia como el vencedor de esos comicios. “El Perú ha sido claro y consistente al denunciar que Nicolás Maduro ha ejercido el poder de manera ilegítima y dictatorial”, afirmó el embajador.

Con este pronunciamiento, el país busca reforzar el rechazo internacional a los intentos de perpetuación en el poder de Maduro y promover una salida institucional a la crisis política venezolana.

Respeto a una transición pacífica e institucional

Perú también enfatizó que cualquier proceso de recuperación democrática debe ser pacífico, institucional y reflejar la voluntad del pueblo venezolano. Durante su intervención, Coronado Molina señaló que la transición debe ser inclusiva y contar con la participación activa de todos los sectores de la sociedad venezolana para garantizar su legitimidad.

“El respaldo de Perú a la recuperación del orden institucional en Venezuela es una política de Estado”, afirmó el diplomático, destacando que su país continuará promoviendo un proceso guiado por principios democráticos y el respeto a los derechos humanos.

Diáspora venezolana

El embajador también recordó la crisis migratoria venezolana, señalando que Perú ha acogido en los últimos años a cerca de un millón y medio de ciudadanos venezolanos que huyeron de la crisis generada bajo el chavismo. Este fenómeno, afirmó, refuerza la necesidad de una estabilidad política, social y económica en la región.

Asimismo, Coronado Molina instó a fortalecer el papel de la OEA como principal foro político para la cooperación regional y sugirió que se reflexione sobre mecanismos para apoyar el retorno voluntario de la diáspora venezolana en el contexto de una eventual transición democrática pacífica.

Beatriz Llaneza, secretaria general del Partido Popular de Asturias, afirmó que el futuro de Venezuela solo puede construirse a partir de un proceso electoral democrático en el que los venezolanos recuperen la paz y la libertad y destacó la necesidad de reconocer el liderazgo de Edmundo González y de María Corina Machado, a quien definió, según reportó Europa Press, como Premio Nobel de la Paz. Llaneza sostuvo que la lucha contra las dictaduras requiere compromiso pleno y señaló que la defensa de la democracia no puede asumirse solo cuando resulta conveniente. Estas declaraciones surgieron en respuesta a las recientes palabras del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, sobre la situación política en Venezuela.

Según informó Europa Press, Barbón calificó al régimen venezolano como una “brutal dictadura”, lo que, para el Partido Popular de Asturias, constituye un posicionamiento tardío y desprovisto de credibilidad. Llaneza remarcó que el secretario general de la FSA-PSOE intenta, con estas manifestaciones, mejorar su imagen personal entre la ciudadanía asturiana. Afirmó que Barbón, integrando un partido que ha colaborado institucionalmente con el gobierno venezolano, nunca elevó una denuncia pública sobre los hechos que ahora critica.

Europa Press detalla que la secretaria general del PP criticó la “tardanza” y el “oportunismo” en la toma de postura del presidente asturiano. A su juicio, Barbón hizo declaraciones sobre Venezuela solo cuando Nicolás Maduro se ha visto debilitado en el poder. Llaneza comparó esta situación con lo que, según su visión, sucedería si Pedro Sánchez dejara el Gobierno de España, insinuando que Barbón solo asociaría entonces la caída con la falta de “seriedad y convivencia” en el ejecutivo nacional.

La representante del PP asturiano acusó a Barbón de haber mantenido silencio durante años en los que, según sus propias palabras, centenares de venezolanos residentes en Asturias se manifestaron para pedir libertad, democracia y justicia en su país. Llaneza recalcó que en todas esas concentraciones, el Partido Popular estuvo representado por dirigentes locales, autonómicos y nacionales, bajo el liderazgo de Álvaro Queipo, pero que nunca participaron miembros del Gobierno autonómico liderado por Barbón. Insistió en que el “silencio” del presidente mientras se celebraban esas movilizaciones revela, en su opinión, falta de compromiso y autenticidad en el apoyo a la causa venezolana.

Además, Europa Press recoge que Llaneza consideró especialmente relevante que Barbón adopte ahora un discurso contundente contra el régimen venezolano, lo que interpreta como un intento por modificar su relato político para obtener un rédito personal. Criticó la pertenencia del presidente a un proyecto político —el PSOE— que, según ella, ha tolerado la situación política de Venezuela, respaldando las gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero con Maduro y renunciando, desde su perspectiva, al liderazgo internacional de España en la defensa de los derechos humanos.

Llaneza añadió que el ejecutivo de Pedro Sánchez mantuvo contactos con Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Maduro, a través del exministro José Luis Ábalos, acuerdos que, según la líder popular asturiana, nunca se han explicado públicamente. Estos hechos salieron a la luz mediática, subraya Europa Press, en los últimos meses y siguen generando controversia en el debate político español.

De acuerdo con Europa Press, la portavoz del Partido Popular en Asturias lamentó que, según sus palabras, Barbón haya “ninguneado, abandonado y traicionado” a las personas procedentes de Venezuela que hoy residen en el Principado, tras huir del país sudamericano por causas vinculadas a represión y privación de derechos. Llaneza insistió en que el uso actual de un tono crítico por parte del presidente asturiano representa, según su visión, una maniobra destinada únicamente a “corregir su relato a conveniencia”.

Finalmente, Llaneza defendió que en Venezuela solo es posible avanzar adoptando un proceso democrático real, que permita la recuperación de las libertades perdidas. Europa Press destaca que la dirigente popular concluyó sus declaraciones subrayando la importancia de que la defensa de la democracia y la libertad no responda a intereses estratégicos, sino a un principio permanente de acción, y que las condenas frente a las dictaduras deben ser firmes, consistentes y ajenas a cálculos políticos momentáneos.

Durante una intervención pública, Adrián Barbón subrayó que el éxodo venezolano recuerda al exilio español provocado por la dictadura de Francisco Franco. Esta comparativa, expuesta tras ser consultado por medios de comunicación sobre la situación actual en Venezuela, sirvió como punto de partida para enfatizar la importancia de defender las normas internacionales ante regímenes autoritarios. Según publicó el medio citado, Barbón manifestó su solidaridad con los millones de personas que han abandonado Venezuela para resguardar sus vidas y evitar la represión, y denunció las restricciones a las libertades en ese país.

De acuerdo con el reporte difundido, el presidente del Principado de Asturias enfatizó la necesidad de asegurar tanto la vigencia como el respeto al derecho internacional, calificándolo como un pilar fundamental que no admite excepciones. En palabras de Barbón, la reciente detención de Nicolás Maduro representa una muestra de la gravedad de la situación política venezolana, que describió como "una brutal dictadura". El medio también consignó que Barbón consideró inaceptable que en Venezuela no se hayan podido examinar ni analizar los resultados de las últimas elecciones presidenciales, subrayando la importancia de llamar a los hechos por su nombre.

El medio detalló que Barbón alertó sobre el riesgo de una “deriva global” si la comunidad internacional, especialmente Europa, no adopta una posición firme frente a los gobiernos autoritarios. Según Barbón, permitir que el poder se ejerza sin contrapesos ni vigilancia internacional puede provocar que “cada uno de los matones que tenga más fuerza va a poder hacer lo que quiera”. En este contexto, reiteró el valor del derecho internacional como instrumento para la protección de los derechos y pidió que su cumplimiento se mantenga inalterable ante cualquier circunstancia.

El dirigente asturiano expresó públicamente su respaldo a la oposición venezolana y describió la situación en Venezuela tras la detención de Maduro como “rocambolesca”. Destacó que, en condiciones marcadas por la falta de transparencia y el mantenimiento del control por parte del gobierno, la comunidad internacional debe permanecer vigilante y dispuesta a responder ante posibles violaciones de los estándares internacionales. Según consignó el medio, insistió en que su postura no varía según el caso, asegurando que seguirá denunciando cualquier tipo de transgresión al derecho internacional, y recordó que ya tuvo una posición similar ante la invasión de Ucrania.

Barbón, en su intervención, mencionó la urgencia de solidarizarse y acompañar tanto a quienes se ven forzados a salir de su país como a quienes continúan luchando desde dentro por condiciones democráticas y justas. La crisis de migración venezolana, comparada por el mandatario regional con el desplazamiento de la ciudadanía española bajo el franquismo, fue utilizada como ejemplo para recalcar que las consecuencias de los regímenes autoritarios trascienden fronteras y afectan de manera directa los principios sobre los que se asienta el orden internacional.

En ese sentido, el presidente autonómico hizo hincapié en que el respeto irrestricto al derecho internacional constituye una garantía ante “cualquier deriva” que pueda poner en peligro los derechos fundamentales y la estabilidad de las sociedades democráticas. El medio señaló que Barbón exhortó a las instituciones europeas y organismos multilaterales a responder con firmeza para frenar posibles abusos de poder y brindar protección a quienes resultan afectados.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, apuntó durante una entrevista que aunque las formas del arresto de Nicolás Maduro podrían no haber cumplido con los estándares habituales del derecho internacional, la eliminación de un dictador del escenario mundial constituye un avance significativo. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el regidor madrileño razonó que más allá de los procedimientos involucrados en la detención, el hecho central sigue siendo la disminución de las figuras autoritarias a nivel global. Además, destacó la necesidad de propiciar una continuidad en los procesos que faciliten la transición democrática en Venezuela, reforzando la consideración de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y enfatizando el papel de María Corina Machado como referente internacional de la resistencia democrática.

Europa Press recogió también la aclaración de Martínez-Almeida respecto a la independencia de criterio entre su partido, el Partido Popular, y la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes). El alcalde precisó que, aunque Faes representa una fundación con alto prestigio dentro del espectro conservador, sus posturas más duras no reflejan necesariamente la línea directriz del PP, que encabeza Alberto Núñez Feijóo. De este modo, subrayó que las posiciones oficiales deben entenderse siempre desde la dirección partidaria, sin confundirse con las de entidades cercanas pero autónomas como Faes.

Sobre la legitimidad de la persecución judicial que afectó a Nicolás Maduro, Martínez-Almeida matizó que tanto Estados Unidos como otros actores del ámbito internacional no reconocían al líder venezolano como presidente, lo que condiciona la interpretación del proceso. Según expresó el alcalde en declaraciones reproducidas por Europa Press, la investigación sobre Maduro en cortes neoyorquinas se centra en acusaciones delictivas concretas, y no en su rol estatal. Al valorar la coyuntura, planteó que la Unión Europea se enfrenta a una oportunidad estratégica para fortalecer la imagen de la democracia liberal, la cual, en su opinión, constituye un mensaje de esperanza ante escenarios de autoritarismo.

En relación con el futuro político venezolano, el alcalde remarcó que la transformación del país no debe orientarse hacia figuras como Delcy Rodríguez. En cambio, resaltó la importancia de atenerse a la voluntad expresada por los ciudadanos venezolanos, quienes, según afirmó, reconocen la legitimidad de Edmundo González Urrutia. Además, subrayó el reconocimiento global que suscita la figura de María Corina Machado, tanto como símbolo moral como por su proyección a nivel internacional. Refiriéndose a la activista y política opositora, Martínez-Almeida declaró: “No es que goce del respeto de los venezolanos, es que goza del respeto mundial”, añadiendo que su distinción como Premio Nobel de la Paz no es fruto del azar, sino reflejo de su trayectoria en defensa de la democracia venezolana frente a la represión prolongada.

Durante la entrevista rebatió también declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigidas a la opositora venezolana. Martínez-Almeida puntualizó que la interpretación de dichos comentarios debe centrarse en la esencia de las mismas y no en su literalidad, recogiendo la apreciación del senador Marco Rubio sobre las limitaciones de la oposición venezolana en el exterior. En este contexto, el alcalde expresó su respeto personal por María Corina Machado y señaló su papel destacado en la articulación de la resistencia política en Venezuela.

El debate sobre Groenlandia también formó parte de la conversación recogida por Europa Press. Martínez-Almeida sostuvo que las manifestaciones de Trump deben analizarse entendiendo la dirección estratégica que busca marcar Estados Unidos, más que su adhesión al texto preciso de sus declaraciones. Planteó que hay un interés explícito de la potencia norteamericana en la región ártica y que Europa debe construir una posición conjunta para salvaguardar la soberanía dinamarquesa dentro de la Unión Europea y de la OTAN. El alcalde defendió la necesidad de fortalecer la seguridad colectiva y la integridad territorial sin menoscabar el marco de cooperación con Estados Unidos.

Martínez-Almeida sugirió que España podría incrementar su nivel de compromiso en la OTAN en el contexto de las tensiones geopolíticas en el Ártico. Según sus palabras difundidas por Europa Press, la aproximación a la cuestión de Groenlandia debe combinar firmeza y flexibilidad, permitiendo la posibilidad de alcanzar acuerdos bilaterales satisfactorios, como ha sucedido en otros ámbitos, incluidos los aranceles. Insistió en que la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca no pueden ser objeto de discusión, reafirmando el compromiso de los países aliados con estos principios.

El alcalde concluyó su intervención señalando la importancia de que Europa, y en particular España, mantengan una postura decidida y estratégica tanto a nivel de política exterior como en lo relativo a los compromisos de seguridad internacional, especialmente ante desafíos como los planteados por Estados Unidos en regiones tan sensibles como el Ártico.

José Luis Martínez-Almeida resaltó que la postura de la fundación Faes sobre la gestión de Estados Unidos en Venezuela no representa a la línea oficial del Partido Popular, y subrayó que la dirección del partido queda marcada por Alberto Núñez Feijóo. Esta diferenciación entre la organización que preside José María Aznar y el principal partido de la oposición en España fue remarcada tras la reciente actuación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, según informó Europa Press.

El alcalde de Madrid valoró que la detención de Maduro, decretada por las autoridades estadounidenses, haya traído como resultado la eliminación de una figura autoritaria en el escenario internacional, a pesar de admitir que el procedimiento no siga los cauces tradicionales ni se alinee necesariamente con el derecho internacional. Martínez-Almeida puntualizó en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, que EE. UU. no reconocía a Maduro como presidente de Venezuela y que la persecución judicial no se basa en su papel como jefe del Estado venezolano, sino en cargos relacionados con narcotráfico procesados en tribunales de Nueva York.

Para el regidor madrileño, el desenlace sobre Maduro representa, desde la óptica de la Unión Europea, una ocasión para afirmar la vigencia de la democracia liberal como alternativa. Martínez-Almeida expresó que esta situación brinda una oportunidad a Europa para sostener el mensaje de esperanza que representa la democracia liberal en el contexto internacional.

Europa Press detalló que Martínez-Almeida insistió en que, si bien los métodos de la operación impulsada desde Estados Unidos no convencen a todos los actores y pueden diferir de los estándares internacionales, la consecuencia tangible es la desaparición de un régimen autoritario. Señaló además que esta dinámica debe continuar y enfocarse en el futuro político de Venezuela, destacando que la senda para ese país latinoamericano no reside en figuras como Delcy Rodríguez, sino en respetar la voluntad popular que, de acuerdo con sus palabras, se manifestó a favor de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y situó a María Corina Machado como símbolo de resistencia moral.

El alcalde de Madrid elogió la trayectoria de María Corina Machado, subrayando que su reconocimiento internacional no es casual, ya que ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz y se ha consolidado como un referente global de la lucha democrática en un país que ha soportado un prolongado periodo de dictadura. Martínez-Almeida resaltó que Machado cuenta no solo con el respeto en Venezuela, sino en el ámbito mundial.

Respecto a las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Machado, Martínez-Almeida manifestó que no comparte el tono empleado por el líder estadounidense para referirse a la dirigente opositora. Matizó, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, que “no es que goce del respeto de los venezolanos, es que goza del respeto mundial”, en referencia a la importancia de su figura en el contexto venezolano y la proyección internacional de su lucha. Añadió que conviene interpretar el fondo de las palabras de Trump más allá de su literalidad, en consonancia con declaraciones previas de figuras como Marco Rubio, quien sugirió que la oposición venezolana carece de acción efectiva desde el exterior.

Por otra parte, en relación con Groenlandia, Martínez-Almeida consideró que las expresiones de Trump deben evaluarse en función de la estrategia global que impulsa Estados Unidos en la región ártica. Analizó que existe un interés directo de la administración estadounidense en ese territorio y que Europa debe trabajar en una postura común para preservar tanto la soberanía de Dinamarca en el ámbito de la Unión Europea y la OTAN como la cooperación transatlántica en el Ártico. Siguiendo lo recogido por Europa Press, insistió en la necesidad de fortalecer la seguridad territorial sin poner en tela de juicio la integridad danesa e instó a España a incrementar su compromiso con la OTAN.

Martínez-Almeida indicó también que, si bien la seguridad y la estabilidad regionales se ven reflejadas en el funcionamiento multilateral de la Alianza Atlántica, España podría contribuir de manera más decidida, según reportó Europa Press. El alcalde animó a las autoridades europeas y españolas a abordar las negociaciones relacionadas con Groenlandia mediante una combinación de firmeza y flexibilidad, recordando que la disposición estadounidense para alcanzar acuerdos ya se ha reflejado en otras cuestiones como los aranceles.

Para concluir su postura sobre Groenlandia, Martínez-Almeida reafirmó la importancia de mantener a la soberanía e integridad territorial de Dinamarca fuera de cualquier posibilidad de negociación y recalcó que cualquier diálogo con Estados Unidos debe preservar estos principios fundamentales.

Enfatizando la oportunidad que se abre para la Unión Europea en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, manifestó que la detención de Nicolás Maduro implica que “hay un dictador menos en el mundo”, aunque reconoció que la manera en la que se produjo la captura “posiblemente no sea la más ortodoxa”. Según publicó Europa Press, Almeida valoró los hechos como una victoria frente al autoritarismo y resaltó la importancia de que los venezolanos puedan decidir libremente su futuro.

Durante una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, el primer edil puntualizó que la actuación para lograr la detención de Maduro “no es la que convence a todos” y que, en su opinión, dichas acciones pueden no ajustarse estrictamente al derecho internacional. Pese a ello, Almeida consideró que el resultado representa un avance para la democracia en el ámbito internacional. Remarcó que el futuro de Venezuela debe pasar por el respeto a la voluntad popular, expresada en la figura de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo según el voto ciudadano, y reconoció a María Corina Machado como un “símbolo de resistencia moral” que, a su juicio, debe ocupar un lugar relevante en el proceso político del país sudamericano.

El regidor madrileño precisó que la persecución de Maduro por parte de Estados Unidos no se basa en el desconocimiento de su legitimidad como gobernante, dado que, según Almeida, “Estados Unidos no había reconocido a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela”. Detalló además que las causas abiertas contra el líder venezolano en tribunales estadounidenses están vinculadas a presuntos delitos de narcotráfico, procesos que se desarrollan en Nueva York, según lo informado por Europa Press.

Al referirse al papel de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes) en el posicionamiento político en torno a estos acontecimientos internacionales, Almeida puntualizó que “Faes no es el PP”, pese a ser “una fundación de referencia”. Subrayó que la línea política del Partido Popular la establece la dirección de la formación, liderada por Alberto Núñez Feijóo, y diferenció dicha orientación de las posturas asumidas por Faes, especialmente respecto a la actitud mostrada por esta fundación hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De acuerdo con Europa Press, Almeida recordó que, aunque Faes mantiene un discurso crítico hacia Trump, la responsabilidad de la estrategia y opiniones oficiales del partido recae exclusivamente en sus órganos de dirección.

En el ámbito europeo, Almeida consideró que la detención del mandatario venezolano representa para la Unión Europea “una oportunidad de ser esa lucecita que dice que la democracia liberal es el mejor mensaje de esperanza que se puede tener en estos momentos”. Según consignó Europa Press, el alcalde de Madrid reiteró la importancia de que la comunidad internacional contribuya a reforzar los cimientos democráticos en regiones donde persisten regímenes autoritarios.

Almeida remarcó la importancia de continuar con el proceso político en Venezuela en aras de consolidar el respeto a la voluntad popular expresada en elecciones y en la participación ciudadana. Añadió que el futuro del país no debe estar ligado a figuras del gobierno actual como Delcy Rodríguez, sino orientarse hacia la representación legítima y el liderazgo de nuevos actores respaldados por el electorado. Según Europa Press, el edil consideró que los cambios políticos en Venezuela requieren el apoyo de las instituciones internacionales para garantizar la estabilidad y la transición democrática.

Por último, el alcalde subrayó que la detención de figuras señaladas como responsables de conductas delictivas debe enmarcarse en la legalidad y la transparencia, en referencia a los procedimientos legales abiertos en Estados Unidos contra Maduro. Insistió en la oportunidad que representa para Europa transmitir a la comunidad internacional el valor de los principios democráticos y el papel de la democracia liberal en la construcción de sociedades justas.

Mientras que en Estados Unidos, Nicolás Maduro deberá afrontar las acusaciones en su contra por corrupción y narcotráfico, en América del Sur se ha vuelto a hablar de la importancia que tiene la frontera entre Colombia y Venezuela para los grupos armados y las rutas del narcotráfico.

Cabe mencionar que a Nicolás Maduro, dictador durante más de una década de Venezuela, se le acusa de permitir que el territorio de su país se convirtiera en el punto clave del envío de drogas en la actualidad.

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De hecho, aunque se niega que exista un vínculo entre la dictadura y capos de la región, Noticias Caracol expuso un informe de inteligencia de las autoridades venezolanas en el que se menciona la existencia de hasta 30 pistas clandestinas para el envío de narcóticos en su país.

En los documentos citados se alertó a la dictadura de Maduro sobre la presencia masiva de grupos delincuenciales colombianos en los estados de Zulia y Amazonas, lo que fue pasado por alto por el régimen durante varios años.

El accionar de los grupos armados colombianos en Venezuela también fue resaltado por la Plataforma Periodística para las Américas, que en un informe reveló que el narcotráfico en el Catatumbo colombiano se ha fortalecido gracias a la apertura de nuevas rutas transfronterizas en territorio bolivariano.

En el documento se afirma que el ELN, principal grupo armado en la zona, estaría expulsando a familias de fincas ubicadas junto al río Catatumbo para controlar puntos de carga y descarga de cocaína destinada a mercados internacionales.

De la misma forma, que los decomisos recientes de grandes cantidades de droga demuestran que hay una reactivación de las operaciones y el regreso de carteles internacionales, principalmente de México y Brasil, lo que ha incrementado la violencia y los enfrentamientos entre el ELN y la disidencia del Frente 33 de las Farc.

Al respecto, las autoridades en Colombia han identificado rutas fluviales, terrestres y aéreas que atraviesan la frontera, muchas veces con la colaboración de miembros de la fuerza pública venezolana. El control de estas rutas genera desplazamientos, enfrentamientos y una economía ilegal que afecta gravemente a la población civil de la región.

La importancia de la frontera para el narcotráfico del siglo XXI

En diálogo con Infobae Colombia, el experto en geopolítica, Juan Camilo Ubaque, habló sobre el comportamiento que han tenido los grupos armados colombianos en la zona de la frontera, comenzando por los puntos de conexión.

“El tránsito de estos grupos armados se facilita mediante una red de corredores que conectan la Península de la Guajira, la región del Catatumbo y la cuenca del Orinoco. En la Guajira, la línea divisoria es frágil y prácticamente imperceptible. En el Catatumbo, la red fluvial de la cordillera actúa como un motor de desplazamiento, mientras que en los departamentos de Arauca y Vichada, la vasta sabana impide una delimitación física real”.

Para Ubaque, esta situación ha provocado que la frontera se consolide como la clave de las rutas económicas ilícitas de las estructuras armadas, lo que incluye un flujo migratorio que sigue sin ser detectado en varios aspectos.

“El Frente de Guerra Oriental (ELN) se posiciona como una estructura hegemónica con un epicentro estratégico entre el estado Apure (Venezuela) y el departamento de Arauca (Colombia). Su influencia se extiende por los Llanos Orientales y se adentra en las regiones amazónicas y del Orinoco, donde explota yacimientos mineros ilícitos, principalmente de oro, en el arco amazónico que une al Vichada con el Amazonas bolivariano”.

El experto en geopolítica indicó que la situación actual en la frontera ha hecho que aumente la cantidad de cultivos de hoja de coca, y la presencia de más estructuras de los grupos armados, lo que puede desencadenar en una guerra territorial entre ellos.

“En este corredor, que conecta con el Caribe, hacen presencia unidades como el Frente 6 de Diciembre, el Frente Luciano Ariza y el Frente Gustavo Palmesano. Estas facciones aprovechan la conexión natural de la Serranía del Perijá para articularse con los demás frentes, cerrando así un anillo de control que permite el flujo ininterrumpido de recursos, combatientes y mercancías ilícitas a lo largo de toda la franja fronteriza oriental”, puntualizó.

Los ojos del mundo están puestos en todo lo que se registra en territorio venezolano tras la captura del dictador Nicolás Maduro, que fue presentado ante un juez en Estados Unidos el 5 de enero.

Tras la detención de Maduro, el país será dirigido por Delcy Rodríguez, que, de acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, estará a cargo mientras se consolidan mecanismos para que la democracia sea viable.

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Ante la falta de pronunciamientos sobre los posibles cambios que habrá en ese país, agremiaciones y colectivos de diferentes países han pedido que la nueva administración se pronuncie sobre el futuro de los cientos de presos políticos y extranjeros que hay en territorio venezolano.

Familias colombianas protestan en la frontera

Debido a la incertidumbre y falta de respuestas, familiares de 19 ciudadanos colombianos que están presos en Venezuela, adelantaron una protesta pacifica en la frontera entre los dos países, en Cúcuta.

Allegados de los colombianos se plantaron en zonas aledañas al puente internacional Simón Bolívar para exigir que los 19 compatriotas sean liberados, argumentando que fueron retenidos de manera ilegal y en procesos polémicos.

Entre los protestantes está Sandra Castaño, madre de Brandon José Castaño, que lleva más de seis años en una prisión de Venezuela, a pesar de que hace más de siete meses cumplió la condena que recibió en el vecino país.

“Mi hijo fue capturado en Venezuela por andar en la calle. Le sembraron falsos positivos y hoy lo acusan de terrorismo y extorsión, prácticamente el mismo repertorio que les imputan a los extranjeros, incluso a los mismos venezolanos”, denunció la mujer Caracol Radio.

Sandra Castaño se mostró nostálgica al revelar que la fecha de la protesta coincide con el cumpleaños de su hijo, al que desea ver de nuevo. La mujer aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a la nueva administración en Venezuela.

“Hoy es el día más triste de mi vida. Quisiera tener a mi hijo aquí para abrazarlo y protegerlo, pero ha sido muy duro. No se lo deseo a nadie. Pedimos misericordia, que miren hacia las cárceles de Venezuela. Hay muchas personas presas injustamente. Quienes cometieron errores ya pagaron su condena y es injusto que sigan detenidos. Por favor, ayúdennos y déjenlos en libertad”.

Antes de retirarse del puente internacional, las familias colombianas pidieron que el Gobierno nacional intervenga por el regreso de los connacionales a través de la cancillería, denunciando que la comunicación con las entidades del Estado no ha sido recurrente.

Organización internacional pide por los presos políticos en Venezuela

Además de las peticiones por parte de familiares de presos de diferentes nacionalidades que permanecen en Venezuela, la organización Foro Penal solicitó la aprobación de una amnistía general para 863 personas identificadas como presos políticos en dicho país.

Este pedido surge en un contexto donde diversas organizaciones han denunciado la existencia de detenciones por motivos políticos, señalando limitaciones al debido proceso y restricciones a derechos fundamentales.

El Foro Penal argumenta que la amnistía permitiría la liberación inmediata de estas personas y contribuiría a un ambiente propicio para el diálogo político en el país. La lista de presos incluye activistas, militares, estudiantes y ciudadanos vinculados a protestas o manifestaciones opositoras. La situación de los detenidos ha generado preocupación en organismos nacionales e internacionales que han solicitado garantías para la integridad física y el respeto a los derechos humanos. La petición se dirige tanto a las autoridades nacionales como a actores internacionales, con el objetivo de lograr la liberación de quienes consideran privados de libertad por motivos políticos.

Bruselas se opone a la decisión de Donald Trump de que sea Delcy Rodríguez quien se encargue de la transición democrática en Venezuela, siguiendo las ordenes de Estados Unidos. La Comisión Europea ha pedido este lunes que sean los líderes de la oposiciónMaría Corina Machado y Edmundo González, quienes se encarguen de liderar el país después de que Estados Unidos capturase el sábado a Nicolás Maduro.

“Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado”, ha asegurado la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, dirigiéndose así a Washington . Esta es la misma línea que ha defendido este lunes el PP tras declarar que “Delcy Rodríguez carece de legitimidad”.

Los motivos que ha defendido Hipper es que los líderes opositores merecen ser quienes ahora lideren el cambio por “haber luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos”, y por haber liderado en 2024 un movimiento “pacífico” que fue apoyado por “millones de venezolanos que les votaron”.

“Merece la pena recordar que Nicolás Maduro carecía de la legitimidad de un líder elegido democráticamente. Y por tanto los acontecimientos facilitan la oportunidad de una transición democrática liderada por la población de Venezuela”, ha segurado por su parte la portavoz comunitaria Paula Pinho, en declaraciones recogidas por Efe.

Sobre la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busque influir en una transición democrática en Venezuela, Paula Pinho respondió que esa cuestión debería ser respondida por el propio mandatario estadounidense. No obstante, reiteró la postura europea basada en el respeto al derecho internacional y a la Carta de la ONU, principios que la UE ha enfatizado constantemente desde el inicio de la nueva coyuntura política en Venezuela.

En esta línea, la UE emitió una declaración conjunta, apoyada por 26 de los 27 Estados miembros —con la única excepción de Hungría—, en la que se solicitó “moderación a todos los actores” y se insistió en la necesidad de “respetar el Derecho internacional y evitar una escalada”, así como de “asegurar una salida pacífica a la situación”. Esta declaración refleja tanto la unidad como el compromiso de la mayor parte de los países europeos con una resolución pacífica y legal de la crisis venezolana.

En otro ámbito, el interés renovado de Donald Trump por Groenlandia fue abordado por la portavoz Hipper, quien afirmó que la postura de la UE es “seguir defendiendo” los principios de soberanía nacional, integridad territorial, la no violación de las fronteras y el respeto a la Carta de la ONU como valores “universales”. Hipper enfatizó que estos principios adquieren especial relevancia en caso de que se cuestione la integridad territorial de algún Estado miembro de la UE.

Donald Trump apunta a Cuba

Mientras tanto, Donald Trump ya tiene la vista puesta en Cuba. La perspectiva de un inminente cambio en la isla fue planteada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, durante un encuentro con periodistas a bordo del Air Force One, destacó que el país atraviesa un momento de vulnerabilidad económica al haber perdido el respaldo petrolero de Venezuela. Según explicó el mandatario, “Cuba parece que está lista para caer”, subrayando que la economía cubana dependía de manera significativa de los recursos energéticos provenientes del país sudamericano.

Para Trump, el impacto de la crisis venezolana repercute de manera directa en las finanzas cubanas: “Toda su entrada de dinero venía de Venezuela, del petróleo venezolano. Ya no reciben nada de eso”, puntualizó el presidente estadounidense ante los medios. En su análisis, la falta de este sostén ha dejado al gobierno cubano en una situación de debilidad sin precedentes, lo que, en palabras del propio Trump, podría desembocar en el colapso del régimen: “Literalmente Cuba está lista para caer”.

El papel de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela recibió el respaldo de la mayoría de los venezolanos, según recordó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien también resaltó la influencia de María Corina Machado en el proceso democrático venezolano. En declaraciones recogidas por Europa Press, Martínez-Almeida vinculó la reciente captura de Nicolás Maduro con la necesidad de fortalecer la democracia en Venezuela y criticó la respuesta del ejecutivo español ante la situación.

Según informó Europa Press, el regidor madrileño expresó que la detención de Maduro representa “una buena noticia” al considerar que implica la salida de “un dictador menos en el mundo”, pero planteó que la verdadera satisfacción solo sería posible con el establecimiento de un proceso democrático donde “los venezolanos tengan el protagonismo para decidir libremente su futuro”. Martínez-Almeida insistió en que la reacción generalizada ante estos acontecimientos debe basarse no solo en la celebración puntual de la caída de un dirigente, sino en la exigencia de elecciones libres y en el reconocimiento del papel central del pueblo venezolano en la toma de decisiones sobre su destino nacional.

El alcalde detalló que, en julio de 2023, la ciudadanía venezolana expresó su “respaldo mayoritario” a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo del país y destacó el rol de María Corina Machado, a quien definió como “un faro de esperanza para la democracia y los derechos no solo en Venezuela, sino en el mundo” según publicó Europa Press. Martínez-Almeida enfatizó que, durante el mandato de Maduro, se desconoce la voluntad de los venezolanos y se despoja a las figuras opositoras de sus cargos y libertades. El alcalde también subrayó que, al margen de la salida física de María Corina Machado, su liderazgo y mensaje se mantienen vigentes y siguen ejerciendo influencia en la lucha democrática venezolana.

En su valoración personal, Martínez-Almeida atribuyó a Maduro responsabilidades que van desde el liderazgo en redes del narcotráfico hasta el desplazamiento de los legítimos representantes políticos elegidos por la población. El alcalde consideró que el expresidente “usurpó el poder” y subrayó que durante su gestión Venezuela perdió garantías democráticas. “Despojó a Edmundo González Urrutia de su condición de presidente legítimo de Venezuela y obligó a María Corina Machado a ocultarse”, explicó según consignó Europa Press.

En cuanto al papel del Gobierno español, Martínez-Almeida cuestionó la actitud del presidente Pedro Sánchez. El regidor planteó que “tan incompatible resulta condenar a Estados Unidos por su actuación como no haber mantenido una postura clara ante la situación en Venezuela”. Expresó su deseo de que la firmeza demostrada por Sánchez contra las acciones estadounidenses se hubiese replicado frente a las decisiones de Maduro, señalando como insuficientes las acciones diplomáticas españolas. “Solo ha contribuido a prolongar la falta de democracia en Venezuela y facilitar que Maduro permanezca en el poder”, sentenció el alcalde madrileño.

Martínez-Almeida remarcó, según informó Europa Press, la contradicción que detecta en la postura gubernamental española frente a la crisis venezolana. Sostuvo que apoyar la continuación de Maduro en el gobierno y, a la vez, censurar a Estados Unidos es “incompatible”, y responsabilizó directamente a Sánchez de esa dualidad. Aseguró que “la contradicción no está en la postura del Partido Popular, sino en Pedro Sánchez”.

Al referirse a la manifestación realizada frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid para condenar la intervención del país norteamericano, el alcalde reconoció el derecho de todos los ciudadanos a manifestarse en defensa de sus opiniones, destacando que en España existe libertad para tales acciones, a diferencia del contexto venezolano. Sin embargo, realizó observaciones sobre la legitimidad de algunos convocantes, añadiendo, según reportó Europa Press, que quienes participaron “son los mismos que apoyaron a Maduro”. Martínez-Almeida añadió que, si durante años hubiesen protestado frente a la Embajada de Venezuela oponiéndose a las acciones del anterior mandatario, podrían reclamar legitimidad en sus demandas. No obstante, aclaró que no habría asistido a esa manifestación y se distanció públicamente de los organizadores.

Europa Press detalló que el alcalde de Madrid cerró sus declaraciones reiterando su apoyo a una transición que priorice la decisión soberana de los venezolanos y defendió la importancia de mantener una política española más contundente hacia quienes, desde su perspectiva, han vulnerado los procesos democráticos en Venezuela.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puso el foco en la relación de José Luis Rodríguez Zapatero con la aerolínea Plus Ultra, resaltando su encuentro con uno de los directivos de la compañía, Julio Martínez, quien se encuentra detenido por supuesta corrupción, y pidió que el expresidente “dé una rueda de prensa urgente”. A partir de esta inquietud, Ayuso reclamó explicaciones sobre las actividades de Zapatero en Venezuela y su supuesta cooperación con el gobierno de Nicolás Maduro, según consignó Europa Press.

Durante una entrevista transmitida en Antena 3, recogida por Europa Press, Díaz Ayuso cuestionó que Zapatero haya actuado como observador internacional en las recientes elecciones venezolanas y expresó su escepticismo sobre la labor llevada a cabo en ese país. Según la dirigente, es necesario conocer “por qué ha representado al Gobierno de Maduro” y el motivo por el cual ha buscado otorgar legitimidad al régimen “sin dar una sola explicación” acerca de su actuación.

La presidenta madrileña también criticó la postura del gobierno español y de la Unión Europea ante la situación en Venezuela. De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, lamentó el “abandono” del continente hispanoamericano por parte de España y cuestionó que desde la Unión Europea y el Estado español “se enviara al país a lo mejorcito”, una referencia irónica a los supuestos enviados y observadores que respaldaron el proceso electoral.

Ayuso sostuvo que “el único que se ha ido lucrando ha sido Zapatero y tantos otros que fueron a las elecciones a decir que no había nada”. En su intervención, señaló la necesidad de que el exdirigente comparezca ante el Senado, a instancias del Partido Popular, para rendir cuentas sobre su papel en los procesos electorales de Venezuela. Entre los cuestionamientos expuestos figura el hecho de que Zapatero haya hablado “en nombre del Reino de España” en reiteradas ocasiones, sin ofrecer explicaciones al respecto acerca de cuál fue el alcance de sus declaraciones o la naturaleza de su representación.

El medio Europa Press detalló que Ayuso también cuestionó la actuación de Zapatero en Venezuela bajo el argumento de que su labor como observador internacional no incluyó la denuncia de posibles irregularidades. Enfatizó que Zapatero debe explicar cómo justificó no haber advertido nada inusual durante el proceso electoral venezolano, y también interrogó sobre cuál ha sido la fuente de sus ingresos y la relación mantenida con el entorno oficialista en Venezuela.

En sus declaraciones, Ayuso amplió las críticas al contexto social y político venezolano. Describió al país sudamericano como afectado por “hambruna, pobreza y extorsión”, y opinó que tanto el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el movimiento comunista internacional, se limitaron a “dar lecciones” en vez de actuar ante la crisis. Según Europa Press, Ayuso planteó la urgencia de que la comunidad internacional escuche la situación venezolana, resaltando la necesidad de acciones más concretas frente a la emergencia humanitaria y social.

Ayuso contrastó la situación venezolana con la intervención de Estados Unidos en el país. Manifestó que, aunque no todo lo hecho por Estados Unidos resulta satisfactorio, consideró que “estará mejor hoy que ayer y que antes de ayer” si se logra establecer un proceso transparente que conduzca a elecciones libres. Europa Press recogió las palabras de la presidenta madrileña, quien valoró que, en caso de instaurar una democracia real en Venezuela, “nos van a faltar años en la historia para agradecer esta operación, porque lo otro ya lo conocimos y era más miseria”.

Europa Press informó que Ayuso, a lo largo de su intervención, exigió explicaciones detalladas a Zapatero en relación tanto a su presunta cooperación con lo que calificó como “narcoestado” venezolano, como a la supuesta búsqueda de legitimación del régimen de Maduro. Insistió en la necesidad de claridad sobre qué hizo Zapatero durante su estadía en Venezuela, cómo justificó su papel en los comicios y bajo qué motivos habría hablado en representación de España sin haberlo explicado previamente.

Las declaraciones de Ayuso reflejan la polémica que existe en España en torno al papel de figuras políticas como Zapatero en escenarios de crisis internacional, en particular ante procesos electorales cuestionados, como es el caso de las elecciones en Venezuela. La presidenta regional insistió en profundizar la investigación sobre posibles vínculos entre el expresidente español y actores investigados por corrupción, así como exigir transparencia sobre cualquier beneficio o interés relacionado con estos vínculos.

El PP no está de acuerdo con la decisión de Donald Trump de que sea Delcy Rodríguez quien tome el mando, en Venezuela -bajo las instrucciones de Estados Unidos. tras la detención y captura del dictador Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos ha encargado a la vicepresidenta venezolana la reconstrucción y el cambio de régimen. “Es mejor que lo que hay ahora. No puede empeorar”, afirmó el mandatario, que rechazá que la opositora Maria Corinna Machado sea la nueva líder. “Sería muy difícil para ella porque no cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país”, sentenció.

Pero los populares no están de acuerdo con estas palabras. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha insistido en que la transición democrática en Venezuela debe ser liderada por Edmundo González y María Corina Machado, y no por Delcy Rodríguez. Gamarra ha manifestado su desacuerdo con la decisión de Estados Unidos de situar a Delcy Rodríguez al frente de la presidencia del país sudamericano, una medida que, en su opinión, no se corresponde con el mandato salido de las urnas en los últimos comicios, en los que González y Machado habrían obtenido el 70% de los votos.

Durante una entrevista con Cadena Ser, Gamarra ha sostenido que Rodríguez no dispone de “legitimidad democrática para conducir la transición en Venezuela”, ya que, en palabras de la dirigente popular, "Delcy Rodríguez ha sido la mano derecha de Maduro y cómplice de la dictadura y de la represión", cita que ha pronunciado en referencia tanto a la trayectoria política de Rodríguez como al papel que habría desempeñado dentro del régimen chavista en el país. Este posicionamiento del Partido Popular incide en la necesidad de que el proceso de apertura democrática avance de forma “clara”, bajo el liderazgo de los representantes respaldados por la voluntad popular.

Rechazo a Delcy Rodríguez

Gamarra ha subrayado que la etapa que se abre tras la detención de Nicolás Maduro —una acción celebrada por el Partido Popular— debe estar orientada a establecer en Venezuela un sistema político democrático. Para la dirección nacional del PP, este camino no puede estar comandado por Delcy Rodríguez, ya que, como ha reiterado la vicesecretaria, “el futuro de Venezuela no puede ser dirigido por la que ha sido la mano derecha de Maduro durante todos estos años”. Por todo ello, el Partido Popular sostiene que el reconocimiento internacional debe recaer sobre las figuras que, a su juicio, han sido elegidas legítimamente por el electorado venezolano.

En este sentido, el PP mantiene que la transición tiene que sustentarse en la legitimidad otorgada en las urnas a González y Machado, según ha reiterado Gamarra. "Este camino debe estar liderado por aquel al que las urnas proclamaron presidente legítimo en julio de 2024″, ha declarado Gamarra en los micrófonos del Hoy por hoy, remarcando así la posición oficial del partido ante la comunidad internacional.

La dirigente popular ha recordado que el Congreso de los Diputados en España también ha reconocido como legítimo el resultado electoral que designa a Edmundo González como presidente de Venezuela. Según Gamarra, “el PP sigue reconociendo lo que el voto en Venezuela reconoció en julio de 2024: y ese es el resultado que nosotros reconocemos, y que reconoció en España el Congreso de los Diputados: y es que el presidente legítimo de Venezuela es Edmundo González”, ha afirmado.

Una representación del Partido Popular (PP) de Baleares participó en la movilización realizada este domingo en el Passeig del Born, un evento convocado por miembros de la comunidad venezolana residente en las Islas Baleares. Según consignó el PP Baleares en un comunicado de prensa, el objetivo central de la manifestación fue exigir el respeto al resultado de las elecciones celebradas en julio de 2024 en Venezuela, el reconocimiento internacional de Edmundo González como presidente electo, la liberación de los presos políticos y el fin del gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con la información difundida por PP Baleares, la movilización buscó expresar públicamente el apoyo del partido a los ciudadanos venezolanos que residen en la comunidad autónoma, quienes reclamaron una transición política que ponga fin a lo que denominan la “dictadura de Maduro”. El acto contó con la presencia de varios miembros destacados del partido balear, en respaldo a la demanda de que se respete lo expresado en las urnas durante los comicios de 2024 y que se garantice la libertad de los opositores que permanecen encarcelados bajo el gobierno chavista.

“Nos hemos sumado a la movilización convocada por los venezolanos residentes en las islas, porque el PP está a su lado y comparte con ellos el deseo de que la detención de Maduro suponga el final de la dictadura en Venezuela”, manifestó el coordinador general del PP Baleares, Sebastià Sagreras, según informó el PP Baleares. Sagreras subrayó la coincidencia del partido con el objetivo de una transición democrática, reafirmando la necesidad de que el mandato electoral de julio de 2024, que declaró a Edmundo González como presidente electo, sea respetado tanto en el ámbito nacional como internacional.

El comunicado citado recordó, asimismo, que el Congreso de los Diputados y el Parlament balear han impulsado iniciativas dirigidas al reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Según el PP Baleares, estas mociones partieron de propuestas impulsadas por el mismo partido, reforzando la postura institucional de respaldo a la oposición venezolana y la exigencia de que se tutele el proceso democrático en ese país latinoamericano.

Durante la concentración, los representantes del PP subrayaron que Venezuela debe avanzar hacia lo que, en su opinión, reclaman sus ciudadanos: un modelo de país donde predominen “la libertad y la democracia”. Según lo detallado en la nota de prensa recogida por varios medios, el partido balear reiteró su compromiso de apoyo no solo a la comunidad de venezolanos que habita en las Islas Baleares, sino también a la causa de la defensa de valores democráticos y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.

El acto en el Passeig del Born reunió a numerosos venezolanos residentes en la región, quienes corearon consignas en defensa de la democracia, mostraron pancartas con demandas directas a la comunidad internacional y solicitaron la puesta en libertad de activistas y líderes de la oposición detenidos en el marco de la actual crisis política. La manifestación formó parte de una serie de actos de protesta promovidos por diásporas venezolanas en diferentes ciudades europeas, orientados a incrementar la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro después de los resultados electorales de 2024.

La convocatoria abogó también por la participación de instituciones autonómicas y estatales en el reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo. PP Baleares reiteró, a través de sus portavoces, su intención de continuar promoviendo iniciativas en el ámbito legislativo para solicitar que España respalde de forma oficial la voluntad manifestada por el electorado venezolano en las urnas.

Finalmente, la representación del partido boreal reafirmó ante los asistentes su disposición a mantener el apoyo a las actividades de denuncia y sensibilización organizadas por la diáspora venezolana en las islas, en tanto estas promuevan, según su perspectiva, la defensa de los valores democráticos y el respeto a los derechos civiles y políticos en Venezuela.

Miles de ciudadanos venezolanos siguen detenidos en cárceles del país, entre ellos una veintena de nacionales españoles, como consecuencia de lo que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera una falta de acción contundente por parte del Gobierno de España en defensa de los derechos humanos. Según informó Europa Press, Feijóo abordó esta situación en una carta pública titulada “Hacia la plena libertad de Venezuela”, difundida en la red social X, en la que exige una “transición democrática real” en Caracas y responsabiliza al Ejecutivo español de facilitar, con su postura, la permanencia del régimen de Nicolás Maduro.

La misiva de Feijóo, citada por Europa Press, rechaza frontalmente que el futuro de Venezuela se encuentre en manos de Delcy Rodríguez, a quien identificó como “la mano derecha de Maduro en los últimos años”, y define como “cómplice y protagonista de la dictadura, de la corrupción y del saqueo de Venezuela”. El dirigente del PP subrayó que Rodríguez forma parte de “el pasado más oscuro” del país sudamericano, y calificó como inadmisible presentarla como “solución o figura de transición”, recordando que está sancionada tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos debido a “violaciones masivas de derechos humanos”. Según Feijóo, mantener a Rodríguez en la primera línea política supondría “una operación de continuidad del régimen, que el pueblo ya ha rechazado de forma inequívoca en las urnas”.

El líder popular reivindicó la necesidad de impulsar una verdadera transición democrática, incidiendo en que “las dictaduras no se derrocan a medias” y que la recuperación de la libertad en Venezuela demanda “que los venezolanos tengan voz y la capacidad de decidir sobre el rumbo de su país”. Feijóo destacó la reciente detención de Maduro por parte de las autoridades estadounidenses como un “hecho histórico”, señalando que se ha tratado de la derrota de “un mal” que durante años “provocó la ruina de un país rico, la destrucción de sus instituciones y el mayor éxodo de Iberoamérica”. Según consignó Europa Press, el propio Feijóo insistió en que “la apertura de un tiempo nuevo” en Venezuela requiere que la sociedad recupere derechos y oportunidades, con un liderazgo opositor legitimado mediante sufragio.

Feijóo defendió el papel del presidente legítimo, Edmundo González, y de la dirigente María Corina Machado como garantes de una salida “democrática, pacífica y constitucional” a la crisis, en palabras reproducidas por Europa Press. Para el presidente del PP, ambos representan la “vía democrática” que puede llevar a Venezuela hacia una recuperación institucional efectiva. En opinión de Feijóo, solo a partir de la convocatoria de un proceso electoral plenamente libre será posible alcanzar una solución de fondo al conflicto venezolano.

Dentro de su mensaje, Feijóo también dirigió duras críticas al Gobierno español, a quien reclamó firmeza, liderazgo y el uso efectivo de todas las herramientas diplomáticas disponibles ante “la tiranía de Maduro”. Según publicó Europa Press, el líder de la oposición reprochó al Ejecutivo haber “facilitado tiempo y excusas” al régimen venezolano en momentos donde —aseguró— “ambas cosas se le acababan”. Feijóo lamentó “la influencia y el respeto que España ha perdido”, advirtiendo sobre la dificultad de revertir este retroceso en el plano internacional.

El dirigente popular remarcó la importancia de que quienes creen en los valores democráticos en España actúen con el ejemplo que —a su entender— falta en el actual Gobierno. Reclamó atención para la situación de los españoles presos en Venezuela y para la problemática del exilio, cuestiones que relacionó directamente con los “intereses españoles” en el país sudamericano. En su visión, estos intereses se ven afectados “por las amistades peligrosas por parte de la izquierda española”, frase textual recogida en Europa Press, con la que Feijóo señaló vínculos políticos que, en su opinión, condicionan la respuesta ante las autoridades de Maduro.

Feijóo concluyó que su formación permanecerá “firme en la defensa” de los intereses nacionales y de los derechos de los ciudadanos afectados por la situación venezolana. Según Europa Press, el dirigente popular expresó que la libertad de Venezuela constituye una causa que requiere de la conciencia española una postura activa y comprometida. En su carta, subrayó que la colaboración de aliados de Maduro, tanto en España como fuera de ella, representa una “mancha histórica” que será difícil de superar. Todo esto, insistió el presidente del PP, convierte la defensa de los derechos fundamentales y de la libertad en Venezuela en un asunto que trasciende fronteras y que compromete a la comunidad internacional.

“Las únicas dictaduras del mundo son de izquierda, de ultra izquierda, y se apoyan entre ellas”, sostuvo Isabel Díaz Ayuso durante una entrevista para Telemadrid. Al referirse a los recientes acontecimientos en Venezuela, la presidenta de la Comunidad de Madrid destacó que la ciudadanía venezolana ya había pedido un cambio político en las últimas elecciones presidenciales, elecciones que, según recordó, la oposición consideró ganadas aunque el oficialismo no reconoció los resultados. Bajo esta premisa, aludió al apoyo mutuo existente entre regímenes que identificó como de orientación izquierdista. En este contexto, la mandataria autonómica expresó su desaprobación por la respuesta del Ejecutivo central ante el ataque en Caracas y el posterior derrocamiento de Nicolás Maduro.

Según informó el medio Telemadrid y tal como reportó la propia presidenta a través de sus redes sociales, Ayuso criticó específicamente el posicionamiento de Pedro Sánchez respecto a la crisis venezolana. Después de que el presidente del Gobierno español difundiera una carta dirigida a la militancia en la que condenó el ataque perpetrado por las fuerzas estadounidenses sobre Venezuela y defendió el derecho internacional, Díaz Ayuso sostuvo que Sánchez había optado por situarse del lado del “comunismo” al priorizar, según su visión, “la legalidad de un tirano”. En sus palabras difundidas públicamente: “Frente al comunismo o la libertad, Sánchez ha elegido comunismo”.

Telemadrid detalló que este intercambio se produjo tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el sábado informó acerca de una operación militar estadounidense en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Trump aseguró que Estados Unidos “se hará cargo” de la conducción del país sudamericano, abriendo así un nuevo escenario político para la nación petrolera tras años de enfrentamiento entre el oficialismo chavista y sectores opositores apoyados por diversos gobiernos internacionales.

Poco después de conocerse esta acción militar y el desenlace con la detención de Maduro, Sánchez expresó a través de una carta dirigida a las bases de su partido una condena “con rotundidad” a la intervención estadounidense en territorio venezolano, citando el derecho internacional y la importancia de respetar la soberanía de los estados. Esta comunicación del presidente español provocó la inmediata reacción de Ayuso, quien manifestó públicamente su desacuerdo con la postura oficial del Gobierno central.

En su pronunciamiento, la presidenta de la Comunidad de Madrid calificó el día de la caída de Maduro como “histórico” y “único”, crítico con el papel que, a su juicio, ha tenido el Ejecutivo español respecto a la crisis política venezolana. Siempre de acuerdo a lo reportado por Telemadrid, Ayuso señaló que la respuesta del Gobierno de España ha sido insuficiente y acusó al gabinete encabezado por Sánchez de haber mantenido una actitud “siempre tan tibia” frente a lo que definió como “dictadura” en el país sudamericano.

La dirigente madrileña insistió en su valoración sobre el rol del comunismo internacional, considerando que los estados gobernados bajo ese paradigma se respaldaban mutuamente ante episodios de presión externa o frente a demandas democráticas internas. Sostuvo su denuncia en el contexto de la reciente irrupción militar estadounidense, que derivó en la toma del poder por fuerzas ajenas al régimen chavista y reactivó los debates sobre legitimidad, soberanía y formas de transición política.

Telemadrid apuntó en su informe que Isabel Díaz Ayuso también resaltó la importancia de reconocer las demandas democráticas del pueblo venezolano. Recordó que en los últimos comicios presidenciales, la mayoría del electorado expresó la voluntad de cambio y que, a pesar de la reivindicación de triunfo por parte de la oposición, la administración de Maduro no admitió esos resultados. En ese sentido, se posicionó en defensa de procesos electorales libres y manifestó su apoyo a los sectores venezolanos contrarios al régimen destituido.

La reacción de Ayuso se suma así al debate político en España sobre la actitud del Gobierno ante crisis internacionales que implican regímenes acusados de autoritarismo, y llega en un contexto en el que la comunidad internacional mantiene posiciones divididas frente a la legitimidad y las vías para abordar situaciones similares en otros países. La presidenta madrileña situó la cuestión venezolana como un ejemplo más de los vínculos existentes entre gobiernos de izquierda y cuestionó de forma directa las prioridades y criterios del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, reiterando la necesidad de una postura más firme en defensa de los valores democráticos y de rechazo a los regímenes que describe como “dictaduras de izquierda”.

La polémica entre ambos líderes políticos, documentada por Telemadrid, se produce en un escenario de fuerte polarización respecto al modo en que España y otros países europeos deben participar en la resolución de conflictos internacionales y ante el debate sobre la legitimidad de las intervenciones extranjeras para posibilitar procesos de cambio político en países como Venezuela.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiha, abordó públicamente la situación en Venezuela y justificó el respaldo ucraniano a la causa opositora contra el régimen de Nicolás Maduro, identificando serias violaciones a los derechos humanos y la ausencia de democracia bajo su gobierno. En declaraciones reproducidas por el medio Europa Press, Sibiha manifestó que “el pueblo de Venezuela debe tener la oportunidad de una vida normal, con seguridad, prosperidad y dignidad humana”, y aseguró que Ucrania mantendrá su apoyo al derecho de la población venezolana a vivir en libertad y con respeto a sus derechos fundamentales. Este planteamiento se dio luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro tras una intervención militar en Caracas, hecho que generó respuestas en la comunidad internacional.

En el marco de este escenario, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, al ser consultado sobre la operación militar que destituyó a Maduro, refirió que Estados Unidos “sabe cómo tratar a los dictadores”. De acuerdo con Europa Press, Zelenski efectuó estas declaraciones a la prensa después de reunirse en Kiev con asesores de seguridad nacional de diferentes países europeos. Entre los representantes estaban enviados de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Canadá, Países Bajos, Suecia, Noruega, Dinamarca, así como de organismos internacionales como la OTAN, el Consejo Europeo y la Comisión Europea.

La reunión, según detalló Europa Press, formó parte de los esfuerzos de la llamada coalición de países voluntarios por contribuir a la paz en Ucrania, y sirvió también para reforzar el respaldo internacional a la democracia en otros escenarios, como el venezolano. Durante este encuentro, la reacción internacional ante el cambio de poder en Caracas ocupó un lugar destacado en la agenda y motivó nuevas manifestaciones de solidaridad con quienes promueven reformas democráticas.

Según informó Europa Press, el Ejecutivo ucraniano formalizó previamente su posición al afirmar que Venezuela requiere “una oportunidad de libertad” y que la comunidad internacional debe acompañar al pueblo venezolano en su aspiración a una vida sin opresión. Sibiha, al remarcar la postura de Kiev, sostuvo que Ucrania apoya “el derecho de las naciones a vivir libremente, libres de dictadura, opresión y violaciones de derechos humanos”. Esta postura también se fundamentó en la costumbre diplomática de Ucrania de no reconocer la legitimidad de Maduro tras las últimas elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024, que han sido señaladas por distintos gobiernos y organismos como fraudulentas y marcadas por violencia contra los manifestantes.

El medio Europa Press consignó que Sibiha indicó que “el régimen de Maduro ha violado todos esos principios” al referirse a las acusaciones de crímenes, abuso de poder, restricciones a libertades básicas, manipulación de resultados electorales y debilidad del estado de derecho en Venezuela. Según el canciller ucraniano, organismos de derechos humanos y gobiernos democráticos han expuesto estos hechos y exigido respuestas ante la crisis humanitaria y política.

Europa Press añadió que Ucrania se ha mantenido atenta a los acontecimientos posteriores al derrocamiento de Maduro, insistiendo en que todas las acciones deben respetar los principios del derecho internacional y priorizar el interés de la sociedad venezolana. Sibiha resaltó la importancia de respaldar a todos los actores, tanto estatales como de la sociedad civil, que contribuyan a la protección de la vida y a la promoción de los derechos esenciales en el país sudamericano.

La respuesta internacional frente a la crisis en Venezuela también influyó en los posicionamientos de países europeos y aliados que, según publicó Europa Press, intensificaron su apoyo tanto a la búsqueda de alternativas democráticas en Venezuela como a la causa ucraniana frente al conflicto con Rusia. Las alianzas políticas y los intercambios multilaterales reflejados en la reunión celebrada en Kiev evidenciaron un fortalecimiento de los compromisos entre los gobiernos occidentales en temas de derechos humanos y defensa del sistema democrático.

De acuerdo con el reporte de Europa Press, Zelenski vinculó los acontecimientos en Venezuela con la manera en que Estados Unidos y sus aliados abordan situaciones de regímenes autoritarios, señalando que existen precedentes y capacidades para enfrentar a líderes que se mantienen en el poder al margen de la legalidad y la legitimidad internacional. La afirmación de Zelenski sobre que “Estados Unidos sabe cómo tratar a los dictadores” se interpretó como un mensaje a las potencias aliadas en el contexto de la dinámica internacional surgida tras el derrocamiento de Maduro.

En la misma línea, Europa Press recopiló expresiones de agradecimiento por parte de las autoridades ucranianas a los gobiernos, instituciones y organizaciones humanitarias que responden a crisis políticas graves con acciones para salvaguardar los derechos humanos y avanzar hacia restauraciones democráticas. Sibiha concluyó el pronunciamiento público remarcando que “gracias a todos los que en el mundo ayudan a proteger la vida”.

El contexto regional latinoamericano atraviesa transformaciones a raíz de la intervención militar que puso fin al liderazgo de Maduro, un evento que también repercute en la agenda de aliados europeos y de Estados Unidos, según destacó Europa Press. Los posicionamientos recientes de Ucrania y de los países representados en Kiev ponen en evidencia la solidaridad entre naciones que enfrentan desafíos similares en sus procesos políticos internos y en la defensa del orden jurídico internacional.

En la madrugada del 3 de enero, en Venezuela, se registró la captura del dictador Nicolás Maduro tras un ataque por parte de autoridades de Estados Unidos, que han provocado diferentes reacciones en el mundo.

Además de los calificativos a favor y en contra del operativo militar, a nivel global ha llamado la atención que, precisamente, un 3 de enero, pero de 1990, se había registrado una intervención similar en Panamá para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega.

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En esa ocasión, en medio del ataque, el panameño decidió entregarse y de manera inmediata fue extraditado a Estados Unidos, en donde afrontó un juicio por varios crímenes, la mayoría por sus nexos con narcotraficantes de la época, la mayoría de Colombia.

En el caso de Nicolás Maduro, también será juzgado por su vínculo con estructuras criminales ligadas al envío de narcóticos a Estados Unidos, que hace parte de las similitudes entre la caída de dos dictaduras con una diferencia de 36 años.

Los capos terminaron exponiendo a los dictadores

En 1990, cuando se registró la captura de Noriega, fue clave la participación de Carlos Lehder, colombo-alemán que fundó el cartel de Medellín junto con otros capos, entre ellos Pablo Escobar.

Tras convertirse en el primer narcotraficante en ser extraditado a Estados Unidos, en 1987, Lehder fue condenado a dos cadenas perpetuas y todo parecía indicar que pasaría el resto de su vida en una celda; sin embargo, ese fue el motivo por el que el oriundo de Armenia decidió aceptar colaborar con las autoridades y revelas los secretos que tenía sobre Noriega.

En sus declaraciones, Lehder confirmó que los capos colombianos tenían negocios con Manuel Antonio Noriega, dictador de Panamá durante los 80, y que este convirtió al país centroamericano en una base clandestina por la que se sacaba la droga del Caribe

Gracias a la información entregada por Lehder, el dictador panameño fue capturado en 1989, condenado a 30 años de prisión en 1992 y estuvo en varias prisiones de Estados Unidos, Francia y su país natal, en donde falleció en 2017.

Más de 30 años después, Lehder recuperó su libertad y volvió a Colombia tras pasar un tiempo prolongado en Alemania, en su regreso habló para El Colombiano y confirmó que fue la persona que entregó a Noriega.

“Testificar contra Noriega fue mi boleto para recobrar la libertad”, reconoció el oriundo de Armenia, que aseguró que pidió permiso al líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar, para actuar en nombre propio y proteger acuerdos internos; sin embargo, familiares del antioqueño desmintieron esta versión.

Todos estos aspectos fueron recordados cuando comenzaron a ejecutarse las operaciones encubiertas en Venezuela, que fueron comandadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), puesto que se afirmó que se trataba de la misma estrategia que utilizó Estados Unidos antes de la caída de Noriega.

Además de presencia militar, la caída de Maduro también incluyó el testimonio de un capo, que en este caso fue Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo” Guzmán, que en agosto de 2025 declaró ante un tribunal del país norteamericano.

Aunque no se ha conocido el testimonio específico que protagonizó el “chapito”, luego de que terminó la declaración, diferentes medios en Estados Unidos filtraron que el nombre de Nicolás Maduro fue uno de los más importantes que mencionó el criminal mexicano.

Desde ese momento, Donald Trump reafirmó su postura sobre la importancia del dictador venezolano en el tráfico de drogas en la región, asegurando que Maduro es el cabecilla del cartel de los Soles, siendo el motivo principal por el que se registró la operación militar que terminó con la captura del sudamericano en el inicio del 2026.

La crisis venezolana suma un nuevo capítulo tras conocerse que Nicolás Maduro se encuentra bajo custodia de Estados Unidos y será trasladado a ese país para enfrentar cargos de narcoterrorismo y posesión de armas. En este escenario, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se pronunció sobre la intervención estadounidense, defendiendo su papel en el desenlace y criticando la postura del Gobierno central español, según publicó el medio Telemadrid.

Ayuso calificó como un “día histórico” y un “momento único” el desenlace de la operación estadounidense que resultó en la captura del mandatario venezolano. Tal como detalló Telemadrid, la líder autonómica acusó al Ejecutivo nacional de haber sido “siempre tan tibio” ante lo que caracterizó como una dictadura en Venezuela. Recordó que el pueblo venezolano expresó su deseo de cambio en las últimas elecciones presidenciales, durante las cuales la oposición se adjudicó la victoria aunque el oficialismo no la reconoció.

Durante la entrevista con Telemadrid, Díaz Ayuso subrayó que, conforme avanzaban los hechos más relevantes para la “liberación” del pueblo venezolano, el Gobierno de España no mostró una presencia activa. Señaló también que tanto el expresidente como diversos miembros del Ejecutivo “deben ofrecer explicaciones” respecto a sus actuaciones en la política exterior hacia Venezuela. La presidenta autonómica extendió sus críticas a las relaciones que determinados sectores del Ejecutivo central habrían mantenido con gobiernos considerados autoritarios, afirmación que apoyó al mencionar “amistades con las dictaduras”.

El contexto de la caída de Maduro, explicó Ayuso según consignó Telemadrid, ocurre después de un amplio periodo de éxodo forzado, episodios de extorsión y denuncias de torturas atribuidas al régimen. La dirigente madrileña destacó que la retirada de Maduro se relaciona con las acusaciones por narcotráfico presentadas por la Fiscalía estadounidense.

Frente a la expectativa sobre el desarrollo político de Venezuela, Díaz Ayuso manifestó que comparte la visión de que Estados Unidos lidere la transición. En palabras reproducidas por Telemadrid, Ayuso señaló que Washington está tomando cartas en el asunto para facilitar la salida del poder del régimen venezolano, argumentando que este podría negarse a una transición pacífica. El presidente Donald Trump, según reportó el mismo medio, declaró que su país “controlará Venezuela para garantizar una transición”.

Consultada respecto a la acogida de migrantes venezolanos, Isabel Díaz Ayuso resaltó que la Comunidad de Madrid se ha constituido como destino principal para quienes buscan exiliarse. Destacó que, de los cientos de miles de venezolanos que han llegado a España en los años recientes, casi la mitad eligieron establecerse en la región. Según reseñó Telemadrid, la presidenta reivindicó esta realidad para contraponer el accionar de la Comunidad de Madrid al del Ejecutivo central, al cual acusó de falta de una política clara frente a la crisis venezolana.

Díaz Ayuso aludió además a episodios concretos que cuestionan la política del Gobierno hacia Venezuela, como el paso de la vicepresidenta Delcy Rodríguez por el aeropuerto madrileño de Barajas y la influencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según afirmó, estos hechos evidencian una posición de “rehén” por parte del Gobierno frente a actores relevantes del chavismo y sus aliados internacionales, según lo reseñado por Telemadrid.

En un mensaje final, la presidenta madrileña dirigió palabras de apoyo a los venezolanos presentes en la Puerta del Sol, ratificando que la capital es un espacio de acogida y libertad para quienes reivindican derechos fundamentales. Subrayó que Madrid ofrece un entorno propicio para mantener viva la defensa de la democracia y expresó su deseo de que Venezuela logre recuperar la prosperidad tras este proceso que definió como irreversible.

El operativo en territorio venezolano ejecutado durante las últimas horas por fuerzas estadounidenses cerró con la detención de Nicolás Maduro, tal como confirmó públicamente el presidente Trump y fue citado por Telemadrid. La Fiscalía estadounidense ya anunció que Maduro llegará a territorio estadounidense para ser procesado por cargos relacionados con actividades de narcotráfico y posesión de armas, marcando así un nuevo giro en la situación política de Venezuela y reforzando —en palabras de Ayuso y según reportó Telemadrid— la responsabilidad internacional de la gestión de la transición.

Las declaraciones del presidente argentino Javier Milei hicieron énfasis en las relaciones internacionales y los mecanismos de financiamiento asociados al gobierno de Nicolás Maduro. El presidente argentino denunció que el mandatario venezolano había “fortalecido vínculos con Irán y Hezbolá, brindado apoyo logístico al grupo Hamás y a la guerrilla en Colombia”, apuntando además que estos supuestos respaldos contaban con recursos provenientes del narcotráfico, específicamente “a través del Cártel de los Soles”, una organización que el actual gobierno argentino designó como grupo terrorista en agosto de 2023. De acuerdo con la oficina presidencial argentina, la caída del dirigente venezolano representa, según sus palabras, “un avance decisivo contra el narcoterrorismo”, con la expectativa de que abra una etapa donde “el pueblo venezolano recupere la democracia, el imperio de la ley y los derechos humanos”.

Según informó el medio Europa Press, Javier Milei celebró este sábado la detención de Nicolás Maduro y lo calificó como “la captura del dictador venezolano”. En un comunicado oficial, el mandatario argentino destacó que el gobierno encabezado por Maduro ha representado “el mayor enemigo de la libertad en el continente”, asignándole un rol comparable al desempeñado por Cuba durante la década de los años setenta, cuando, según Milei, el régimen cubano “exportaba el comunismo y el terrorismo a toda la región”.

El comunicado difundido por la presidencia argentina no solo abordó el impacto regional del gobierno venezolano, sino que también señaló estrategias empleadas para influir en otros países. Milei sostuvo que el gobierno de Maduro “ha empleado estrategias de infiltración en varios países del continente mediante ataques de migración masiva”. Además, acusó a la administración venezolana de tejer alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales calificadas como progresistas, a las que responsabilizó de colaborar en la promoción de “la izquierda radical a nivel mundial”.

El presidente argentino subrayó que los ingresos generados por el narcotráfico, vinculados al denominado Cártel de los Soles, financian las actividades atribuidas a la estructura comandada por Maduro. Milei recordó que el actual gobierno argentino declaró a esta organización como grupo terrorista el 26 de agosto, reforzando con ello la visión de su gabinete sobre los riesgos asociados a la continuidad de dicho régimen en Venezuela.

El respaldo a los sectores opositores venezolanos fue otro de los ejes centrales del pronunciamiento oficial. Milei brindó su apoyo explícito a María Corina Machado y Edmundo González, refiriéndose a ellos como “dirigentes legítimos” de Venezuela. El mandatario manifestó su confianza en que el proceso iniciado con la detención contribuya a “abrir una etapa que permita a los venezolanos recuperar plenamente la democracia y el respeto a los derechos humanos”. El comunicado también recoge el llamado del presidente argentino al fin de la “opresión ejercida durante años por el régimen autoritario socialista que encabezaba Maduro”.

Tras conocer la noticia de la detención, Javier Milei reaccionó en redes sociales utilizando su característica consigna: “¡Viva la libertad, carajo!”, y difundió la noticia de la captura de Maduro junto a un mensaje celebrando el avance de la libertad en la región. El video que acompañó su publicación corresponde a su intervención en la pasada cumbre de países del Mercosur, celebrada en Brasil. Durante esa cita, celebrada el 20 de diciembre en Foz de Iguazú, Milei elogió la presión ejercida por Estados Unidos y el expresidente Donald Trump destinada a “liberar al pueblo venezolano”. Sostuvo además que “el tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado”, e instó a los demás gobiernos a legislar y pronunciarse contra lo que denominó el “experimento autoritario” venezolano.

Según consignó Europa Press, el mandatario argentino caracterizó al gobierno de Maduro como “una dictadura atroz e inhumana” que, bajo su punto de vista, “extiende una sombra oscura sobre la región”. Milei advirtió que la permanencia de este tipo de regímenes podría tener consecuencias para todos los países del continente. “Este peligro no puede seguir existiendo en el continente, o nos terminará arrastrando a todos consigo”, declaró en el comunicado.

A través de los mensajes oficiales y sus intervenciones públicas, Javier Milei ha puesto en primer plano la situación política y de derechos humanos en Venezuela, enfatizando la necesidad de una respuesta regional coordinada ante fenómenos que, según el gobierno argentino, no se limitan a las fronteras venezolanas.

Tal como publicó el medio, Anasagasti vinculó esta percepción colectiva al contexto político venezolano, al calificar el sistema de su país natal como “una dictadura”. El político vasco sostuvo que no se puede tratar igual a un régimen autoritario que a un gobierno democrático, remarcando la especificidad de Venezuela frente a otros escenarios internacionales. En sus palabras: “Sería intolerable si a un gobierno democrático una potencia internacional le invadiera, pero esto no es un gobierno democrático”.

De acuerdo con detalló el medio, Anasagasti valoró que tanto los ataques estadounidenses en Venezuela como la detención del presidente Nicolás Maduro representan novedades significativas al iniciar el año. Consideró el arresto como “la mejor noticia para empezar el año”, argumento que justificó con la posibilidad de abrir un proceso que facilite la solución de los problemas estructurales en Venezuela.

El político, que subrayó su origen venezolano, manifestó que atraviesa estos días “con mucha expectación” y esperanza en la apertura de una transición política pacífica. Según consignó el medio, enfatizó su deseo de que Venezuela logre una transición democrática sin el despliegue de violencia. Al referirse tanto al presente como al futuro inmediato de su país natal, recalcó: “La violencia no está justificada, pero tampoco la dictadura está justificada”.

El medio informó además que Iñaki Anasagasti calificó a Maduro como “un dictador cruel” y aseveró que el arresto abre la puerta para abordar los problemas que enfrenta la sociedad venezolana. Expresó su satisfacción personal ante los acontecimientos actuales y reiteró que es “la mejor noticia para empezar el año” dada la dimensión del exilio venezolano, que asciende a nueve millones de personas fuera del país.

La realidad de los migrantes venezolanos en España, especialmente en Euskadi y otras comunidades limítrofes, refleja las implicancias de la situación política en Venezuela para quienes debieron abandonar su país. Según detalló el medio, este grupo de migrantes reacciona con optimismo a la posibilidad de cambios en Venezuela tras la detención de su antiguo presidente.

Anasagasti concluyó que se siente aliviado y optimista ante la eventual apertura de una etapa democrática en Venezuela, frente a lo que considera el fin de un periodo de dictadura que marcó a millones de ciudadanos, muchos de los cuales buscan mejores oportunidades lejos de su patria.

Las declaraciones de Paco Núñez en la red social ‘X’ incluyeron un reconocimiento a los venezolanos exiliados y a los líderes opositores que, según sus palabras, encarnan la alternativa hacia la democracia. El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha expresó su respaldo total a “la Venezuela libre y a la alternativa que representan Edmundo González y María Corina Machado” y defendió que “solo la democracia traerá la paz y el futuro que Venezuela merece”. Al compartir este mensaje, Núñez hizo referencia a los actos de denuncia del régimen de Nicolás Maduro y a las manifestaciones de apoyo organizadas en los últimos años junto a venezolanos fuera de su país.

Según publicó Europa Press, Núñez afirmó que tras un largo periodo de dictadura, represión, asesinatos, torturas, hambre y un éxodo masivo de ciudadanos, Venezuela afronta una nueva etapa caracterizada por un clima de esperanza. El líder castellanomanchego destacó el cambio de contexto en el país sudamericano, marcado por lo que consideró como una de las noticias más relevantes en los últimos años: la caída del régimen de Maduro. Núñez vinculó esta transición a un proceso orientado hacia la libertad, subrayando la necesidad de que se respeten los resultados electorales y el liderazgo de quienes vencieron en las urnas.

El dirigente autonómico aseguró que el Partido Popular lleva años alertando internacionalmente sobre las condiciones de vida bajo el régimen de Maduro, señalando que durante ese tiempo han trabajado desde la oposición para dar visibilidad a la situación del pueblo venezolano. Núñez defendió su labor manifestándose “junto a los venezolanos en el exilio por la libertad”, según reportó Europa Press, y criticó el “silencio cómplice” y los apoyos manifestados por algunos dirigentes españoles a la administración chavista.

Europa Press detalló que para el presidente regional del PP, Venezuela demanda “una transición democrática y un futuro en libertad”. Núñez remarcó la importancia de que el relevo político y social esté liderado por quienes obtuvieron la victoria en los comicios más recientes, entre los que citó a Edmundo González y María Corina Machado, considerados referentes de la alternativa democrática. Reiteró su apoyo a los procesos democráticos y a los actores políticos opositores, insistiendo en que la única vía para restaurar la paz y la prosperidad en Venezuela pasa por una transición genuina hacia la democracia.

En su mensaje en‘X’, Núñez abordó también la crisis humanitaria sufrida durante los últimos años por la población venezolana, apuntando que “tras años de asesinatos, torturas y el éxodo de millones de venezolanos, se abre un tiempo de esperanza”. Según informa Europa Press, el político regional puso de relieve tanto la magnitud del sufrimiento como la necesidad de establecer mecanismos que permitan garantizar los derechos fundamentales, el bienestar y la seguridad de la ciudadanía.

Durante sus declaraciones públicas, el dirigente del PP de Castilla-La Mancha insistió en que la comunidad internacional y las fuerzas políticas españolas deben permanecer alertas ante cualquier intento de bloquear el proceso de transición. Núñez destacó el papel por desempeñar de los partidos democráticos españoles en la defensa del Estado de derecho, al tiempo que animó a respaldar las aspiraciones de la sociedad venezolana por recuperar las instituciones y avanzar hacia la reconciliación nacional. De acuerdo con Europa Press, el presidente del PP regional concluyó su intervención expresando que “con prudencia y esperanza” apoya plenamente los esfuerzos que se están haciendo para “abrir una etapa de esperanza” en Venezuela después de los años de crisis y represión.

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que los acontecimientos recientes permiten identificar con claridad a quienes simpatizan con regímenes dictatoriales, tras conocerse la detención de Nicolás Maduro por las autoridades estadounidenses. De acuerdo con la información dada a conocer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la operación que terminó con la captura del mandatario venezolano se llevó a cabo durante la noche en territorio de Venezuela. A raíz de este suceso, la Fiscalía estadounidense confirmó que someterá a Maduro a proceso judicial por acusaciones de narcoterrorismo y tenencia ilícita de armas, detalló el medio.

Según publicó la agencia, Díaz-Pache recalcó en sus intervenciones que considera a Maduro no como un presidente, sino como un "dictador que robó las elecciones al pueblo venezolano", además de calificarlo como "líder de un cartel del narcotráfico y el crimen organizado". Estas declaraciones fueron difundidas a través del perfil oficial del portavoz en la red social X, plataforma donde también se refirió al momento como “un gran día para Venezuela”.

El medio informó que el portavoz incidió en la relevancia política de lo sucedido, describiendo el escenario como una “oportunidad” para reconocer públicamente a quienes apoyan gobiernos autoritarios, a juicio del dirigente regional del Partido Popular. Las opiniones de Díaz-Pache se integraron a un contexto en el que distintas figuras políticas de Madrid manifestaron respaldo al cambio político en Venezuela y a la oposición de ese país.

Tal como publicó la agencia, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, expresó públicamente su satisfacción por la caída del régimen de Maduro. A su vez, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital española, trasladó su apoyo directo a María Corina Machado, dirigente de la oposición venezolana. Ambos líderes coincidieron en su respaldo a quienes representan alternativas democráticas en el contexto político de Venezuela.

El medio reportó que la acción de Estados Unidos contra Maduro se concretó mediante una operación nocturna cuyo desarrollo no fue detallado en profundidad, pero que culminó con el traslado del mandatario venezolano ante la justicia norteamericana. Posteriormente, la Fiscalía de ese país notificó que los cargos presentados incluyen narcoterrorismo y posesión de armamento, marcando así el inicio de un proceso legal que tendrá lugar bajo jurisdicción estadounidense.

En el ámbito internacional, según informó el medio, los pronunciamientos de políticos madrileños reflejan la relevancia que tiene el desenlace de la situación venezolana para actores políticos exteriores, quienes han mostrado su respaldo explícito a la oposición del país sudamericano y su rechazo a figuras que, según sus declaraciones, consideran asociadas a prácticas antidemocráticas y delictivas. La detención de Maduro ha sido interpretada, en consecuencia, como un suceso determinante no solo para la política interna de Venezuela, sino para quienes siguen de cerca la situación desde el extranjero, informaron fuentes oficiales al medio.

Las autoridades de las Islas Baleares han reiterado su disposición a mantener una comunicación constante con los venezolanos que residen en la región, a raíz de las últimas acciones militares de Estados Unidos en Venezuela. Tras el anuncio oficial del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a la captura de Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, la presidenta balear Marga Prohens aseguró que el Gobierno autonómico sigue detalladamente la evolución de los acontecimientos y reitera su respaldo a la comunidad venezolana que vive en las islas.

De acuerdo con Europa Press, el mensaje fue difundido a través de la red social X y en él la presidenta Prohens manifestó que el Ejecutivo balear se encuentra atento al desarrollo de la situación venezolana y ha puesto todos sus recursos a disposición de los venezolanos residentes en Baleares. “Estamos en contacto y a disposición de los venezolanos residentes en las Islas”, declaró la mandataria autonómica, expresando cercanía con quienes mantienen vínculos con el país sudamericano en una jornada marcada por la tensión internacional.

Según publicó Europa Press, Prohens subrayó la posición oficial de las autoridades baleares de actuar con prudencia frente a la incertidumbre que atraviesa Venezuela tras los recientes ataques de Estados Unidos sobre la capital Caracas y otras localidades de Miranda, Aragua y La Guaira. Además, la presidenta del Govern destacó el sentimiento compartido de “anhelo de que esto sea el fin de la dictadura criminal que les ha privado de sus derechos y libertades”. Este deseo, añadió, está vinculado a la esperanza de una transición hacia un proceso democrático que restituya los derechos perdidos en los últimos años.

El medio Europa Press detalló que el Gobierno venezolano denunció lo que caracterizó como una serie de ataques aéreos realizados por fuerzas estadounidenses durante la madrugada contra varias zonas de la capital y estados aledaños, calificando lo ocurrido como una agresión militar de gran gravedad tanto sobre el territorio como sobre la población civil y militar venezolana. De acuerdo con esa fuente, los bombardeos se dirigieron a distintos puntos de Caracas así como a áreas de Miranda, Aragua y La Guaira.

Por su parte, el presidente Donald Trump informó, por medio de un mensaje en Truth Social y según consignó Europa Press, que el Ejército de los Estados Unidos logró la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro junto a la primera dama Cilia Flores durante la operación militar. Trump adelantó que ampliará los detalles sobre dichas acciones en una comparecencia pública prevista para las 17:00 (hora peninsular española) desde su residencia en Palm Beach, Florida.

El medio Europa Press consignó también que estas acciones han generado reacciones inmediatas entre la comunidad internacional y en territorios como Baleares con una nutrida presencia de venezolanos. Ante el impacto de la situación, la presidenta Prohens reiteró el compromiso del Govern balear de acompañar a los ciudadanos venezolanos residentes en la comunidad autónoma y de adoptar una postura de seguimiento riguroso de los acontecimientos. Prohens remarcó la importancia de mantener la “prudencia” en un contexto que describe como incierto y complicado tanto para los residentes venezolanos en las islas como para sus familias y allegados en su país de origen.

En las declaraciones recogidas por Europa Press, la mandataria enfatizó la disposición del Govern balear a ser un canal de asistencia y apoyo ante cualquier eventualidad que pueda repercutir en la situación personal y familiar de los venezolanos que integran la sociedad balear. Del mismo modo, reiteró su deseo de que el desenlace de las acciones militares posibilite una transición que derive en la recuperación de las libertades ciudadanas y los derechos fundamentales de la población venezolana.

La información difundida señala que el operativo militar estadounidense, sumado al anuncio del presidente Trump sobre la captura de Maduro y Flores, marca un punto de inflexión con efectos inmediatos sobre la comunidad venezolana en el exterior. La presión internacional y las respuestas desde distintas regiones de Europa, como en Baleares, reflejan la magnitud de la situación y el interés de las administraciones en prestar acompañamiento a sus residentes originarios de Venezuela.

La jornada viene marcada por un estado de seguimiento activo, de contacto permanente y de llamada a la cautela, mientras se espera que la comparecencia pública del presidente estadounidense aporte detalles adicionales acerca de los acontecimientos registrados durante la madrugada en Venezuela.

Carlos Díaz-Pache, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, expresó que la reciente detención de Nicolás Maduro representa no solo un hecho trascendental para Venezuela, sino una coyuntura que permite identificar el posicionamiento de diferentes actores políticos ante los regímenes autoritarios. Según informó el medio, el dirigente popular señaló que el arresto de Maduro supone "una oportunidad para detectar a quienes les gustan las dictaduras siempre que sean de los suyos".

Tal como reportó la fuente, Díaz-Pache calificó públicamente a Nicolás Maduro como "dictador" y "líder de un cartel del narcotráfico y el crimen organizado", afirmando que el actual mandatario venezolano "robó las elecciones al pueblo venezolano". El dirigente compartió este mensaje a través de su cuenta oficial en la red social X, refiriéndose al impacto de la operación estadounidense, que, según aseguró el presidente estadounidense Donald Trump, concluyó con la detención de Maduro en suelo venezolano durante la madrugada.

El Partido Popular no fue la única voz de la oposición española que reaccionó de forma inmediata ante la detención de Maduro. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, celebró la caída del régimen en Venezuela y destacó la importancia del hecho en tanto cambio político. Ayuso, junto al alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, trasladó su respaldo público a María Corina Machado, dirigente opositora venezolana. Ambos funcionarios mostraron apoyo a quienes lideran la oposición en Venezuela en un contexto que consideran transformador para el país latinoamericano, indicó la fuente.

Según detalló el medio, la operación en la que fue capturado Maduro fue realizada por fuerzas estadounidenses, decisión que fue anunciada formalmente por el presidente Donald Trump. La operación culminó en territorio venezolano, contexto que le da un carácter internacional a la actuación de Estados Unidos en su política hacia Venezuela. La Fiscalía de ese país ha anunciado que Maduro enfrentará cargos por narcoterrorismo y posesión de armas, e iniciará un proceso judicial en Estados Unidos tras su detención, según consignó la fuente.

La reacción de la oposición española evidencia la visión adoptada por determinados sectores políticos europeos sobre la situación en Venezuela, poniendo el acento en la legitimidad democrática y la vinculación de Maduro con tramas delictivas. La noticia también introduce el debate sobre el apoyo a las figuras de la oposición venezolana y las implicancias para los gobiernos y partidos que hayan mantenido relaciones con el régimen de Maduro, tal como indica el contenido publicado por el medio consignado.

El arresto de Maduro por parte de las autoridades estadounidenses abre un nuevo escenario judicial y político caracterizado por acusaciones de narcoterrorismo y posesión de armas, enmarcándose además en la colaboración internacional contra el crimen organizado, según precisa la información publicada. De igual manera, el desarrollo de la situación podría repercutir en las relaciones internacionales de España, así como en la opinión pública española sobre los vínculos entre partidos políticos nacionales y el anterior gobierno venezolano.

Las repercusiones del suceso continúan generando reacciones tanto en el ámbito político como en sectores sociales, y mantienen a la dirigente opositora María Corina Machado como figura central de la oposición venezolana. El apoyo manifestado por representantes españoles desde Madrid se suma a las declaraciones internacionales derivadas de la operación en la que se produjo la captura del expresidente venezolano, concluyó el medio.

El expresidente argentino Mauricio Macri se pronunció este sábado sobre la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, a quien calificó como “dictador que se creía eterno”. Macri, uno de los principales críticos de Caracas en la región, afirmó que “durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice”.

Macri sostuvo que siempre respaldó a “sus presidentes electos” y denunció “el fraude”, además de manifestar su apoyo a María Corina Machado, a quien describió como “la gran luchadora por la libertad de Venezuela”.

“Hoy celebro la detención de Nicolás Maduro, y ver llegar a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno”, señaló Mauricio Macri. El exmandatario expresó su deseo de que “el orden democrático pueda restablecerse de inmediato”.

Macri concluyó su declaración con un mensaje de esperanza: “Se inicia una época nueva: Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura”.

En medio de una madrugada marcada por explosiones, sobrevuelos y cortes de luz en Caracas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el dictador Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela junto a su esposa. La noticia, confirmada a través de un mensaje en la red Truth Social, detalló que “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, según escribió Trump, quien anunció también la realización de una conferencia de prensa en Mar-a-Lago para ampliar los detalles de la operación.

Consultado por The New York Times desde Mar-a-Lago, Trump calificó la acción como “una operación brillante”, agregando que “ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos” involucrados en el despliegue. Mientras tanto, los reportes locales y las plataformas sociales comenzaron a registrar, desde las 02:00 hora local (06:00 GMT), el inicio de un operativo a gran escala sobre Caracas, con fuertes explosiones y el ruido persistente de aviones volando bajo. Según los usuarios, los bombardeos habrían alcanzado instalaciones estratégicas como La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras residentes de la capital documentaron el avance de columnas de humo que se elevaban desde distintos puntos de la ciudad.

En videos difundidos en redes sociales, se observaron helicópteros Chinook sobrevolando Caracas durante una noche de intensos cortes de electricidad. Las imágenes mostraron también a cientos de vehículos intentando escapar del área en conflicto, mientras agentes del régimen de Maduro detenían a civiles en las calles. Otros testimonios recogidos por AFP reflejaron la magnitud del impacto: una pensionada de 67 años relató que “las ventanas retumbaron, me escondí en un cuarto sin ventanas”, tras escuchar explosiones en las inmediaciones de Fuerte Tiuna. Emmanuel Parabavis, residente de El Valle, describió que el sonido “era como una ametralladora, como en defensa contra los bombarderos” y que “se escuchan muchas detonaciones y disparos”.

El régimen de Maduro, por su parte, denunció en cadena nacional lo que calificó como una “gravísima agresión militar” y declaró el estado de excepción a raíz de las explosiones en Caracas. A través de un comunicado difundido en la televisión estatal, las autoridades chavistas rechazaron y denunciaron ante la comunidad internacional la acción estadounidense, calificándola como “una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”. El texto advirtió que la agresión “amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”.

En respuesta a la crisis, Maduro anunció la declaración del “estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”, según comunicó el régimen en cadena nacional. Mientras tanto, en la frontera, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el despliegue de fuerzas militares tras los operativos estadounidenses, manifestando en la red X que estas acciones constituyen una “agresión a la soberanía” de América Latina y advirtiendo sobre consecuencias humanitarias. Petro sostuvo que la resolución de la crisis debe darse mediante el “diálogo”, aunque recalcó el despliegue de la fuerza pública en una zona donde operan diversos grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico.

La operación militar sobre Venezuela se produce tras semanas de escalada, en las que Trump había advertido que los días de Maduro “están contados” y había anunciado la destrucción de una zona de atraque utilizada por embarcaciones vinculadas al narcotráfico en Venezuela, constituyendo el primer accionar terrestre estadounidense contra ese país. El contexto de las acciones se enmarca en las acusaciones y la imputación formal por narcoterrorismo que pesan sobre Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes enfrentan cargos de conspiración vinculada al narcotráfico internacional y tenencia de armamento, según confirmó la fiscal general de Estados Unidos.

La madrugada del sábado, los bombardeos estadounidenses impactaron objetivos militares como Fuerte Tiuna, la base aérea La Carlota, la Escuela de Oficiales de La Guaira y la terminal aérea de Higuerote, según reportes citados por Infobae. Las autoridades venezolanas instaron a la movilización popular contra lo que consideran una agresión extranjera, mientras los canales oficiales afirmaron que el país “está en completa calma”, según declaraciones del ministro del Interior, respaldadas por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López.

A pesar del mensaje oficialista, la situación en Caracas y otras regiones afectadas permanecía tensa ante la disrupción del mando, el estado de excepción y la incertidumbre generada por la captura de Maduro. El episodio representa una escalada inédita y abre un escenario de alta volatilidad en América Latina, con reportes de “niebla de guerra” y una ventana crítica de las próximas 48 a 72 horas, según análisis recogidos por Infobae.

Según detalló Europa Press, López Miras ha expresado que sigue de cerca los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela, trasladando su apoyo a quienes, dijo, “durante años han sufrido la dictadura de Maduro, un opresor que ha ignorado el resultado de las urnas”. Además, López Miras recordó que tanto España en su conjunto como la Región de Murcia en particular acogen a miles de ciudadanos venezolanos, muchos de los cuales, señaló, “saben lo que es perder la libertad”.

Europa Press consignó que el mandatario regional manifestó una expectativa clara de que la situación pueda cambiar. López Miras afirmó tener “la sincera esperanza de que, a partir de hoy, la recuperen”, en referencia a los anhelos de libertad de la sociedad venezolana. El presidente murciano subrayó el exilio que han experimentado numerosos venezolanos, quienes han abandonado su país ante el contexto político y humanitario que describe como dictatorial bajo el mandato de Nicolás Maduro.

A través de sus publicaciones, López Miras se unió simbólicamente a las voces que solicitan un cambio en Venezuela y manifestaron su deseo de un retorno a la democracia y al respeto de la voluntad popular. El medio Europa Press reportó que sus declaraciones reflejan una posición de apoyo y solidaridad con la comunidad venezolana tanto a nivel local como internacional.

Según informó Europa Press, el mensaje del presidente de la Región de Murcia fue difundido coincidiendo con momentos de especial atención internacional hacia la situación venezolana. Las palabras de López Miras ponen énfasis en el carácter prolongado del mandato de Maduro y en la situación de aquellos que han emigrado debido a la crisis, señalando un reconocimiento de las consecuencias sociales y personales derivadas de la crisis política venezolana.

La reiteración de su respaldo a la comunidad venezolana en Murcia y en España, junto con la condena al gobierno de Maduro, destaca el interés de López Miras por visibilizar las dificultades que enfrenta parte de la diáspora venezolana, según especificó Europa Press. Las declaraciones recogidas por este medio reflejaron la preocupación de autoridades regionales por la coyuntura política y humanitaria de un país del que proceden miles de personas actualmente residentes en España.

El Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata le puso fecha al juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de Molinos Río de La Plata durante la última dictadura, por los que será juzgado el ex directivo de la empresa Emilio Jorge Parodi. El debate oral y público iniciará el 23 de abril de 2026, a las 12 horas.

La resolución judicial firmada por la jueza María Noel Costa ordenó que las audiencias se realicen de manera virtual a través de la plataforma Zoom, con audiencias todos los jueves de forma semanal, “garantizando el derecho de defensa y la exhibición del material probatorio por medios digitales”.

Emilio Parodi, detenido desde julio de 2023, enfrentará cargos por privación ilegal de la libertad. Según la documentación incorporada a la causa, el imputado ocupó el cargo de gerente de Recursos Humanos y Asuntos Públicos en la compañía alimenticia -por entonces administrada por Bunge y Born- entre diciembre de 1974 y abril de 1991. En su perfil profesional, el acusado detalló que tuvo responsabilidad total sobre la gestión del personal en Molinos y sus empresas integradas durante ese período.

La acusación estará a cargo de los fiscales Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira. Además, participarán diversas querellas que representan a las víctimas y sus familiares. Entre estos se encuentran el abogado Pablo Llonto, en representación de Analía Adriana Fernández; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y sindicatos del gremio del aceite.

La investigación abarca casos de desaparición forzada y secuestros de 26 obreros y personas allegadas. Se ventilarán los hechos que sufrieron las víctimas identificadas como Francisco Fernández, Santos Ojeda, Roberto José Rivolta Bonino, Ricardo Avelino Almaraz, los hermanos Juan Carlos y José Jacinto Pasquarrosa, y Avelino Antenor Freitas.

En relación con los hermanos Pasquarrosa, se sumó al expediente el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense que confirmó la identificación de sus restos.

En el juicio se debatirá la participación necesaria de Emilio Parodi en los delitos de lesa humanidad, bajo la hipótesis de que su posición le permitía el control y monitoreo de la planta laboral en momentos donde se ejecutaban los operativos represivos.

La investigación sugiere que existió un esquema de colaboración entre la directiva empresarial y las fuerzas de seguridad para desarticular la organización gremial.

El tribunal aceptó una extensa lista de testigos para el debate. Entre las personas citadas a declarar figuran sobrevivientes y familiares, también se incorporarán testimonios de personas ya fallecidas mediante la lectura de sus declaraciones previas.

Para el desarrollo del juicio, se admitió una gran cantidad de documentos históricos y archivos de inteligencia. Se analizarán legajos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que contienen fichas personales y seguimientos a trabajadores por su actividad gremial o política. Estos archivos incluyen referencias a la “infiltración de izquierda” en el establecimiento fabril y antecedentes sobre delegados sindicales.

Asimismo, se incorporaron como prueba los libros de actas de asambleas y del directorio de la empresa correspondientes al período 1975-1983. También se sumaron informes contables, balances generales y documentación secuestrada durante allanamientos realizados en las oficinas comerciales de la firma en Victoria y en el predio de Avellaneda.

Finalmente, el tribunal determinó que se solicite al Ministerio de Defensa la remisión de directivas y planes del Ejército relacionados con la “lucha contra la subversión” en el ámbito fabril durante la década de 1970. También se requirió información a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sobre documentos que mencionen al imputado o a la empresa en relación con los operativos represivos.

Tras conocerse la fecha de inicio del juicio, la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón emitió un comunicado en el que consideraron la llegada a esta instancia como “un logro de la lucha de muchos años de las y los familiares de trabajadores aceiteros detenidos-desaparecidos de Molinos Avellaneda junto a los sobrevivientes”.

“Sin embargo, desde la Federación y el Sindicato Aceitero de Capital y Gran Buenos Aires pedimos en agosto de 2023 que sean citados a indagatoria otros dieciséis jefes y personal jerárquico de la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata, que también fueron acusados de tener responsabilidad en el secuestro de los obreros”, recordaron. Parodi será el único acusado en este juicio.

La vocera parlamentaria del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Maribel Vaquero, remarcó la ausencia de referencias al reconocimiento de la nación vasca y catalana en el reciente mensaje navideño del rey Felipe VI. Según informó Europa Press, durante unas declaraciones realizadas en San Sebastián, Vaquero subrayó que este tipo de omisión se repite con frecuencia en las alocuciones reales y que representa una cuestión pendiente en la relación del Estado con las comunidades históricas.

De acuerdo con Europa Press, Vaquero señaló que, si bien el monarca mencionó que han transcurrido cinco décadas desde la muerte de Francisco Franco, omitió abordar episodios no esclarecidos relacionados con el final de la dictadura y la transición democrática, así como sucesos posteriores que, según la portavoz, requieren una revisión exhaustiva para garantizar la transparencia. La diputada del PNV insistió en que la ausencia de un reconocimiento explícito hacia las naciones vasca y catalana marca un distanciamiento simbólico en el panorama institucional español.

En sus declaraciones, la portavoz jeltzale recordó que su formación ha pedido en varias ocasiones la desclasificación de todos los documentos que arrojen luz sobre los acontecimientos del final de la dictadura franquista y la transición, así como sobre hechos posteriores como el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Vaquero sostuvo que resulta indispensable aprobar una nueva Ley de Secretos Oficiales que permita conocer en profundidad esos hechos y terminar con la opacidad vigente desde 1968, año en que fue aprobada la legislación vigente en materia de confidencialidad por el régimen franquista, reportó Europa Press.

Durante su intervención, Vaquero citó casos específicos cuyo esclarecimiento considera imprescindible: el caso Zabalza, el caso Aldama, los sucesos del 3 de marzo y la intentona golpista de 1981. Para la portavoz, la verdad acerca de estos episodios permanece oculta, y criticó que la actual normativa impida acceder a archivos indispensables para el ejercicio de la memoria y la justicia. Señaló que uno de los principios fundamentales de cualquier democracia es, a su juicio, el conocimiento pleno de la verdad para evitar la repetición de episodios traumáticos.

En cuanto a las lenguas cooficiales, Vaquero manifestó que el mensaje del rey evitó pronunciarse acerca de las críticas y los ataques sufridos por el euskera a lo largo del último año. Europa Press consignó que la portavoz reivindicó la importancia de que el jefe de Estado emita gestos explícitos de apoyo y respeto hacia el euskera como lengua propia de una de las comunidades históricas. Consideró que la omisión adquiere especial relevancia en un contexto en el que el idioma vasco, según sus palabras, ha recibido una presión significativa.

Al analizar el contenido del discurso real, Vaquero puso de relieve que el monarca optó por resaltar únicamente la efeméride de los cincuenta años transcurridos desde la muerte de Franco, sin aludir a los aspectos más controvertidos ni a las demandas de transparencia. Subrayó que el mantenimiento de normativas heredadas de la dictadura dificulta el acceso a documentos fundamentales para reconstruir episodios determinantes de la historia reciente del Estado, como la dictadura, la transición y los eventos más oscuros del periodo posterior.

Según relató Europa Press, la portavoz nacionalista subrayó que, para construir un sistema donde el diálogo y el respeto institucional sean pilares sólidos, resulta imprescindible avanzar en el esclarecimiento de los hechos históricos sin restricciones documentales. Propuso que la derogación de la ley de secretos oficiales de 1968 y la elaboración de una nueva normativa sobre acceso a la información son pasos ineludibles, no solo desde una perspectiva jurídica, sino también como salvaguarda de los valores democráticos y la memoria de las comunidades afectadas por la represión.

Vaquero insistió en que el reconocimiento a la nación vasca y a la lengua euskera debe ocupar un lugar destacado en el mensaje institucional de la máxima figura del Estado, más aún, remarcó, debido a los ataques documentados que el idioma ha experimentado en el último ejercicio. Finalmente, la diputada concluyó que las ausencias detectadas en el mensaje del rey constituyen "asuntos que nos importan mucho como pueblo" y reiteró la demanda de una mayor sensibilidad y compromiso institucional respecto a la diversidad cultural y lingüística.

Durante la emisión del tradicional mensaje de Navidad del rey Felipe VI, el discurso del monarca evitó mencionar de manera explícita la dictadura franquista, un hecho que para sectores políticos como Podemos representa una omisión significativa en el relato histórico español. Según lo reportado por diversos medios y difundido por la propia dirigente de Podemos, Ione Belarra, la falta de referencias directas al régimen franquista despertó críticas públicas, especialmente desde sectores de la izquierda que consideran imprescindible este reconocimiento para comprender la actualidad política del país.

De acuerdo con lo publicado por el medio, Ione Belarra, líder de Podemos, expresó en la red social X que el mensaje del rey Felipe VI “se sube a la ola del discurso antipolítico en una intervención plagada de lugares comunes”. Belarra sostuvo además: “El nieto político de Franco se resiste a mencionar la dictadura y habla de ella como si fuera un fenómeno meteorológico. La desmemoria es el principal motor de la ultraderecha hoy”. Estas declaraciones se difundieron minutos después de que el jefe de Estado concluyera su alocución desde el Palacio Real, en la que apeló al diálogo y la ejemplaridad en las funciones públicas, sin aludir al franquismo de manera directa.

El medio informó que el mensaje navideño de Felipe VI se centró en insistir en la necesidad de mantener la convivencia democrática y preservarla como uno de los grandes valores alcanzados por los españoles. El monarca destacó el papel de la Transición como etapa positiva tras la muerte de Franco y recordó el cincuenta aniversario de este proceso, así como el ingreso de España en la Unión Europea el 1 de enero de 1986. Estos episodios históricos se destacaron como ejemplo de la capacidad del país para superar retos y avanzar.

El rey volvió a advertir sobre el “hastío” social ante la elevada tensión política y la pérdida de confianza ciudadana hacia las instituciones, un malestar que en su opinión resulta propicio para el avance de corrientes consideradas extremistas, radicales o populistas. Según consignó el medio, Felipe VI dirigió un llamado específico a la clase política española, instándola al diálogo, respeto a las opiniones divergentes y ejemplaridad en el ejercicio de sus responsabilidades.

La postura del monarca, según detalló el medio, recupera argumentos ya expresados en otros mensajes navideños, como en los años 2015 y 2022, donde se reiteraron advertencias sobre el descontento social y las consecuencias del desgaste institucional. En esta ocasión, el rey quiso subrayar la importancia de superar las divisiones políticas y sociales para seguir garantizando la convivencia democrática que ha marcado la historia reciente de España.

En contraste, la interpretación de Belarra amplifica la controversia en torno al discurso al considerar que el monarca, al omitir referencias al régimen franquista, contribuye con una narrativa afín a posiciones de ultraderecha. Para la secretaria general de Podemos, la memoria histórica resulta clave en el combate a discursos que, en su visión, alimentan la desafección política y el auge de posturas extremas. Según recogió el medio, la publicación de Belarra en la red social X volvió a situar en el debate público la cuestión de cómo las instituciones y sus representantes abordan el pasado reciente.

La intervención del rey, transmitida por cadena nacional desde el Palacio Real, incluyó un llamado a los ciudadanos para preservar la unidad y la confianza en las posibilidades actuales y futuras del país. Felipe VI insistió en la idea de que la superación de desafíos ha sido una constante en la historia española, ejemplificando con los pactos y acuerdos que posibilitaron tanto la transición democrática como la integración europea.

Según publicó el medio, la reacción de dirigentes políticos como Belarra subraya la persistencia de divisiones en torno a la memoria histórica y al papel de la monarquía en la construcción del relato nacional. El contraste entre el énfasis institucional del rey en la convivencia democrática y la demanda de reconocimiento explícito de la dictadura por parte de sectores como Podemos sigue marcando el debate político en España, especialmente en fechas simbólicas como la Navidad, cuando el discurso del jefe del Estado adquiere una relevancia especial en la agenda pública y mediática.

¿Es Cuba el nuevo Haití? En 1959 no era el país más desarrollado de Iberoamérica (lo era Argentina), pero sin duda estaba en los primeros lugares. Sin embargo, a fines de 2025 las múltiples crisis adquieren una semejanza que remite a Haití. Después de 66 años, Cuba no es solo la dictadura madre de la región con tal ahogamiento de libertades mínimas que poco se parece a la tradicional dictadura militar o personalista que tanto ha abundado en la historia latinoamericana, sino que recuerda, hasta en el predominio familiar a Corea del Norte.

Con Haití se parecen en población y en la importancia del envío de dinero a familiares desde el extranjero, aunque Cuba lo supera en la cantidad de población que en las últimas décadas ha considerado tan insoportables las condiciones que ha decidido emigrar como último recurso, aunque no ha habido terremotos destructores como tampoco el país ha sido tomado por bandas delincuenciales. Sin embargo, es el gobierno el que en Cuba le causa más daño a la población que el prácticamente inexistente en Puerto Príncipe, además que, con problemas, en Haití ha habido algunas veces elecciones competitivas lo que desde 1959 no ha ocurrido en Cuba. De hecho, el martes 2 de este diciembre, el gobierno haitiano aprobó un decreto que permitirá convocar a elecciones generales después de años sin autoridades electas por la ciudadanía, debido a la violencia.

La información disponible muestra una ventaja clara para Cuba que con la actual crisis no se está notando, toda vez que el Producto Bruto era y sigue siendo superior para La Habana al igual que el gasto en educación o salud, con diferencias mayores en Capital Humano, importación-exportación, porcentaje de población vacunada, menor tasa de homicidios o mayor expectativa de vida.

A pesar de todas esas ventajas para Cuba, la crisis actual parece repercutir a todo nivel, ya que es económica, financiera, poblacional por la constante emigración que deja mucho adulto mayor y pocos jóvenes; a la vez sanitaria, de transporte, servicios básicos como electricidad o agua en la ruina, falta de suministros mínimos en hospitales o en el sistema educacional, además de existir una crisis generalizada de fe en el modelo, semejante a lo que ocurrió en el colapso comunista en Europa del este ya que el partido comunista parece haber perdido la convicción que alguna vez se atribuyeron a sí mismos que solo ellos podían gobernar, ya que simplemente no saben qué hacer. A lo anterior se agrega algo nuevo, en el extranjero parece que crecientemente se pierde el apoyo que alguna vez tuvieron en Latinoamérica, Europa y hasta en sectores de izquierda del partido Demócrata en EE. UU., y que hoy parece limitarse a las otras dictaduras de la región como Venezuela y Nicaragua, aunque parece que por poco tiempo más en el primer caso. Ya perdieron Bolivia.

Todo apunta e indica que el problema de fondo, por si alguna duda había, tiene relación con una ineficiencia generalizada de la dictadura y la crisis de un modelo impuesto a la fuerza a los cubanos, además de la total falta de democracia. Los signos de la crisis son tantos que la decadencia cubana parece apuntar a un empobrecimiento continuo y generalizado, un proceso de “favelización”, fundamentalmente provocado desde el gobierno. Y algo más, parecerse a Haití tiene otra diferencia, ya que nunca los Duvalier hablaron de ser portadores de la luz como tampoco que representaban al “hombre nuevo”, a diferencia de la superioridad moral en virtud de la cual los dictadores cubanos se atribuyeron ser ejemplo de una sociedad mejor.

Es tal el desplome moral, que ni siquiera la falsificación constante de estadísticas es hoy creída por una población aplastada por la carencia tradicional de bienes de consumo además de haberse agregado enfermedades que se creían desaparecidas, pero que ahora atacan cual plaga bíblica, y por un colapso tal en hospitales que hasta dolencias relativamente normales pueden ser mortales por falta de suministros básicos, que hacen que ni siquiera el tradicional humor cubano tenga paciencia, destruyéndose el mito de la isla como “potencia sanitaria”.

Por todo lo anterior, y por la incapacidad del régimen de entregar mínimas esperanzas de solución, todo apunta a un creciente parecido con Haití y sus problemas sin solución, dejando como camino único, algo que se ha dificultado en EE. UU. con las nuevas políticas de migración, y es intentar llegar por todos los medios posibles a ese territorio, aunque ello lleve a arriesgar la vida en un mar infectado de tiburones, con un agregado que ha recogido la prensa en los lugares de destino, ahora también llegan colaboradores de la dictadura, tales como funcionarios de gobierno, jueces, represores jubilados, todos buscando reunirse con familiares, otro signo de colapso.

A ello se agrega, la notable diferencia, la intolerable y creciente desigualdad entre la “nomenklatura”, aquellos privilegiados que están en el gobierno y disfrutan del poder, en comparación con los ciudadanos comunes y corrientes, con el agregado que hoy el discurso de los “triunfos” en el tránsito del socialismo al comunismo ha desaparecido, ante la realidad que el poder se comparte entre la gerontocracia de los Raúl Castro y los Ramiro Valdés con una realidad, donde el poder político ha transitado a quienes tienen además el poder económico, es decir, un grupo de oficiales y altos mandos de las fuerzas armadas, que al parecer prefieren sacar el dinero del país y depositarlo afuera para mantener el nivel de vida personal y familiar, incluyendo el hecho que el petróleo que llega de México y Venezuela, en algunos casos es revendido en vez de usarlo para apremiantes necesidades de gente cada vez más pobre, que en general sobrevive gracias a lo enviado por familiares en el extranjero.

El régimen se ve tan lleno de problemas y falto de divisas, que está implementando una nueva tasa de cambio flotante que se ajusta a diario para ayudar a quienes se estime que son “actores claves”, tasa de cambio que se anuncia como “competitiva”. Por si alguna duda había de la importancia del dólar, la dictadura ha tenido que oficializar la dolarización parcial de la economía, con un nuevo esquema que prioriza los sectores exportadores, reconociendo a la vez la escasez de liquidez, la caída del PIB y la mentira de un embargo inexistente, ya que simplemente hoy no tienen los dólares para comprar, salvo, al parecer el consumo suntuario de los privilegiados, y el castigo a quienes no tienen dólares para acceder ni a las tiendas que venden lo que no hay en el comercio como tampoco a los hoteles para turistas extranjeros.

Hoy, ya casi todo sale a la luz, debido a que hasta los habituales simpatizantes en organismos internacionales no pueden desmentir las imágenes que los propios cubanos están subiendo a las redes sociales. Más aún, hasta la prensa internacional ahora informa que el régimen camufló ayuda que era necesaria para combatir las epidemias de chikunguña y dengue, transformándola en un pedido para el huracán Melissa, ya que mentía diciendo que todo estaba controlado, debiendo solicitar por la vía indicada, grandes cantidades de larvicidas e insecticidas en una lista enviada a embajadas y agencias de la ONU, en vez de aceptar que lo que los mosquitos diseminaban, superaba en decenas de miles de casos lo reconocido públicamente. La lista solicitada y encubierta por el huracán fue enviada 17 días antes que se calificara lo que ocurría como “epidemia”, causando, por lo tanto, víctimas innecesarias.

Hoy, Cuba figura en el listado de países de la región que, según la CEPAL de la ONU, su economía ha “decrecido” de forma incontenible, además de tener “inflación crónica”, en una sociedad donde el salario promedio equivale a unos pocos dólares, por debajo de quizás cualquier otro país de la región. El régimen cubano sigue falsificando las estadísticas, pero con los apagones y la crisis sanitaria, simplemente nadie les cree en el propio país, reforzando el hecho que más que se parece a Corea del Norte, en el sentido de la total falta de elecciones competitivas o tener voz, por marginal que sea, en medios de comunicaciones nacionales.

En Cuba, la crisis actual es responsabilidad de una élite de origen militar que también controla al partido a través de su fuerte presencia en organismos estatales y en el comité central. La duda es si es terminal, en un país, donde, aunque no haya todavía manifestaciones masivas, sin duda, a partir del 11 de julio de 2021 es una nación donde se ha perdido el miedo, a reclamar, protestar e identificar a la variedad caribeña de comunismo creada por Fidel Castro como el culpable.

No hay duda de que el colapso generalizado, la falta de soluciones, y la existencia de una crisis que se manifiesta a múltiples niveles coincide con la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 de EE. UU., que en sus 33 páginas hace un reconocimiento de que es lo que está pretendiendo hacer y conseguir la potencia. Al respecto, con claridad aparecen definiciones geopolíticas tales como su alejamiento de Europa y un renovado interés en el hemisferio occidental y Latinoamérica, a través de la reaparición de la Doctrina Monroe a través de lo que se llama el “Corolario Trump”, expresado en la operación “Lanza del Sur”, ya que ese documento dota de contexto al despliegue de la flota en el Caribe, a la forma que se está actuando frente a Maduro y la dictadura venezolana como también la política frente a la inmigración ilegal y el ingreso de drogas a territorio estadounidense.

¿Significa lo anterior, que después de Caracas viene Cuba?

La verdad es que al menos yo no lo creo, además que todo parece indicar que la flota busca intimidar más que invadir, a no ser que sean ataques puntuales de entrada y salida, pero el objetivo sigue siendo que después de Maduro, el poder sea entregado a quienes ganaron la elección del año pasado, los gobernantes legítimos, la dupla de Edmundo González y María Corina Machado. Por ahora, EE. UU. busca más bien intimidar y presionar para que sean los propios militares venezolanos los que entreguen a Maduro, aunque sea para cobrar la millonaria recompensa. Sin embargo, estimo que a esta estrategia le falta algo que solo EE. UU. puede proporcionar y para lo cual se necesita que la oposición a Maduro se defina al respecto, ya que bastaría que la democracia firme los tratados internacionales de derechos humanos para que militares y policías que cometieron crímenes, estos sean considerados de lesa humanidad, imprescriptibles y no sujetos a indulto, problema que ha estado presente en varias de las transiciones a la democracia en la región.

Por otra parte, creo que en relación con Cuba sigue predominando en Washington un temor a que la caída de la dictadura genere una situación tal, que no puedan evitar la llegada de cientos de miles de refugiados desde la isla a Miami, ya que todavía predominan imágenes de aquellos que fueron transportados el siglo pasado por sus familiares, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses, en barcos privados que llegaron a buscarlos a Mariel.

En todo caso, mi impresión es que, si hay un fin de la dictadura castrista, por sus características especiales de ahogo de todo espacio para la oposición, por menor y marginal que sea, no va a ser la transición tradicional que ha tenido lugar en la región, ni siquiera la venezolana, ya que se carece de un gobierno legitimado en una elección reciente, sino que creo que va a ser un reventón semejante a la Rumania de Nicolae Ceausescu, que quizás tenga un origen similar al acto masivo convocado por el propio régimen, donde la multitud reaccionó en contra del propio dictador, culminando todo en un intento de huida, y el posterior derrocamiento y ejecución del dictador y su esposa en Navidad por parte de militares.

¿Cumplirá un rol semejante el ejército cubano? Lo dudo. En Venezuela los generales integran el Cartel de los Soles, y en Cuba, son o parte del Comité Central o manejan las inversiones y las divisas al igual que las inversiones extranjeras, por lo que hay también corrupción. Por lo demás, Cuba ha sido no solo la dictadura original que inició y aún hoy maneja la guerra híbrida contra la democracia en países iberoamericanos como también contra EE. UU. Latinoamérica sufrió la guerrilla en los 60 como también la alianza entre Lula y Chávez creó el Foro de Sao Paulo para que sobreviviera la revolución cubana en condiciones del periodo especial de los 90. Venezuela sigue siendo dominada por La Habana, ya que aún hoy las decisiones importantes son desde allí tomadas.

Por lo demás, hay evidencia que, en el tema de la droga, la participación cubana se retrotrae a los 80 y 90, en el vínculo que estableció el Cartel de Medellín con Fidel y Raúl Castro, como también los tuvo en Panamá con el sandinismo, además de la conocida relación con Manuel Antonio Noriega, capturado en la invasión a Panamá en 1989.

El rol de la isla está relatado por quien estableció esa relación entre Pablo Escobar y los hermanos Castro, el ex narcotraficante Carlos Lehder, narrado en su libro, “Vida y muerte del cartel de Medellín”, hechos que por lo demás le costaron la vida al coronel Tony de la Guardia, a quien la dictadura cubana fusiló en julio de 1989, acusado de “narco”, aunque todo indica que fue un juicio arbitrario.

En todo caso, la reciente publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional 2025, da a entender que hoy EE. UU. está disponible por vez primera desde la instalación de misiles soviéticos en los 60, para una actitud más agresiva hacia la dictadura, toda vez que los acuerdos posteriores al retiro de esos misiles consagraron el principio que Washington no haría nada para derrocar al régimen de La Habana.

Hasta ahora, ya que esa Estrategia marca un cambio de EE. UU. en relación no solo a las drogas, sino además a la protección de su propio territorio como también frente a las dictaduras venezolana y cubana, aunque por ahora no se consulta la intervención militar, pero sí máximo apremio para que colapsen desde adentro.

Esta posición de EE. UU. coincide con un cambio de gran importancia en Latinoamérica, donde se registra un indudable giro hacia la derecha, reflejado en elecciones de Argentina, Ecuador, Chile, Honduras y otros países, que indudablemente va a tener un impacto en relación a las dictaduras, cuyo aislamiento será reforzado si hay victorias de la derecha el próximo año en Colombia y Brasil, permaneciendo México como excepción, aunque seguramente los carteles que controlan buena parte de ese país van a recibir fuertes presiones.

Ello coincide con otras dos situaciones que tienen relación específica con Cuba, toda vez que la decadencia total que vive ese país es diferente a crisis pasadas, en el sentido que es total en su dramatismo, por lo que la primera situación es tanto política como ideológica, toda vez que el respaldo a esa revolución comienza a ser incómodo para quienes fueron siempre defensores automáticos, como la izquierda latinoamericana o el socialismo español. Sin embargo, algo falta todavía, ya que sigue siendo así para generaciones más antiguas como Lula, pero los nuevos líderes del progresismo tampoco rompen todavía con la revolución cubana, tal como lo ejemplifica el chileno Boric quien se ha distanciado de Maduro, pero de su boca no ha salido todavía crítica alguna para La Habana (aunque tiene abundantes descalificaciones para la Nobel María Corina Machado). Falta todavía, pero el proceso ya se inició, ya que a esos sectores les va a ser difícil criticar a gobiernos democráticos y al mismo tiempo defender lo que sigue ocurriendo en la isla.

El segundo elemento tiene que ver con el colapso económico y no solo su pésima gestión, sino también que ahora la dictadura parece incapaz de adaptarse a un escenario de realidades internacionales cambiantes. En el pasado, fueron capaces de sobrevivir al fin de la ex URSS, pero ahora no parecen demostrar capacidad de acomodo, por lo que se incrementa su vulnerabilidad.

Ejemplo de ello es lo que ocurre con la incompetencia demostrada por el Grupo de Administración Empresarial S. A. (GAESA), cuyo modelo de gestión cuasi militar, controlando más del 70% de la economía y el 95% de las finanzas nacionales, muestra una centralización que jamás poseyó ninguna de las abundantes dictaduras militares que predominaron en el siglo XX en la región. Por lo tanto, el empobrecimiento de la población tiene un responsable que no solo tiene las características de la nomenklatura del partido único, sino que aparece claramente como una nueva oligarquía, otra razón para la defensa cada vez más difícil de una revolución que devino en oligarquía militar.

A diferencia de China y al igual que Corea del Norte, el modelo impide la existencia de un verdadero sector privado, además que Cuba no paga lo que debe, más la caída del turismo y el lastre que significa una deuda externa impagable no han hecho sino profundizar la crisis, todo lo cual ha aumentado el foso que separa al régimen de la sociedad. Si a eso se le suma la pérdida del miedo que se nota en las calles, todo ayuda a que la actual situación no parezca pasajera sino estructural, de casi imposible superación.

Para el exilio, la tarea parece ser entender el proceso de transición inédito que puede vivir Cuba, comprender para apoyar de la mejor manera a las nuevas generaciones que parecen movilizarse en búsqueda de la libertad como concepto emancipador individual, y prepararse para cuán difícil será reconstruir Cuba después del daño que se le ha hecho, con todas las ambigüedades y claroscuros que pueden aparecer en la etapa posdictatorial.

@israelzipper

Máster y Dr. (PhD) en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó que aún queda trabajo pendiente para asegurar que la sociedad española comprenda plenamente la gravedad del régimen franquista y su impacto en la historia reciente. Según informó el medio, Álvarez centró su intervención en la importancia de la memoria histórica durante la ceremonia de entrega de los Premios Anastasio de Gracia, organizada por la Fundación Manuel Fernández 'Lito'. En este contexto, el líder sindical expresó que, a pesar de haber transcurrido cincuenta años desde la muerte de Francisco Franco, en España persiste el reto de transmitir a las nuevas generaciones el significado de la dictadura y el valor de las libertades actuales.

De acuerdo con el medio, Pepe Álvarez dedicó parte de su discurso a valorar el vídeo difundido recientemente por Juan Carlos I, en el que el exmonarca reivindicaba su papel en la transición y pedía apoyo para el actual rey Felipe VI. Sobre este contenido, Álvarez respondió de manera tajante: "Él no es ejemplo de nada en nuestro país. Eso sin lugar a dudas", refiriéndose a la figura de Juan Carlos I. Esta declaración fue recogida por el medio en el marco de un acto que también contó con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El medio detalló que la crítica realizada por Álvarez se enfocó principalmente en cuestionar la legitimidad moral del rey emérito para reclamar reconocimiento sobre el proceso de transición y el papel de la monarquía, en momentos en que continúan los debates sobre la memoria democrática en España. Juan Carlos I, en su mensaje, había solicitado reconocimiento para los esfuerzos realizados por la monarquía y expresó una petición de apoyo para el actual monarca: "respaldo para el Rey Felipe VI en su duro trabajo de unir a los españoles", según consignó el medio.

Pepe Álvarez, según reportó el medio, marcó distancia respecto a esa solicitud y defendió la importancia de recordar que los logros democráticos y los derechos sociales actuales no surgieron de concesiones de las instituciones tradicionales, sino como resultado de la movilización social y la recuperación de la democracia posterior al franquismo. El dirigente subrayó que resulta fundamental valorar esos avances desde la perspectiva de una sociedad que atravesó un proceso de transición que implicó la conquista de libertades y derechos tras un largo periodo de dictadura.

Tal como publicó el medio, el secretario general de UGT vinculó la falta de conciencia histórica en parte de la juventud española con el riesgo de desvalorizar los logros actuales en materia de libertades y convivencia democrática. Álvarez insistió en que la sociedad debe trabajar para que las nuevas generaciones comprendan la magnitud de lo que representó la dictadura y el esfuerzo colectivo realizado para alcanzar la situación democrática presente.

El discurso de Álvarez, según consignó el medio, incluyó además un llamado a fortalecer el respeto y la aceptación de la diversidad de opiniones como elementos imprescindibles para la convivencia. El sindicalista remarcó: “O nos reconocemos y nos queremos como somos cada uno, desde su perspectiva, desde su manera de pensar, pero respetando al vecino, o va a ser muy difícil la convivencia en nuestro país”. Esta apelación al respeto mutuo y a la pluralidad se presentó como parte central de su defensa de los valores democráticos.

La ceremonia en la que se produjeron estas declaraciones sirvió también como escenario para la entrega de reconocimientos por parte de la Fundación Manuel Fernández 'Lito', y reunió a diversas figuras de la vida pública, entre las que se encontraba el presidente Pedro Sánchez. Según informó el medio, el acto reflejó la importancia de los debates en torno a la memoria histórica, la transición y el papel de la monarquía, elementos que ocuparon un lugar destacado tanto en las intervenciones como en los reconocimientos entregados.

Dentro de este marco, Pepe Álvarez subrayó la obligación de mantener viva la memoria sobre el pasado dictatorial, insistiendo en que solo a través del conocimiento y la valoración de la historia se pueden preservar y fortalecer los fundamentos democráticos de España. El dirigente sindical concluyó su participación, recogida por el medio, recordando que la aceptación de la diversidad y el respeto al otro constituyen la base para la continuidad de un proyecto democrático.

El endurecimiento de la postura de Estados Unidos frente al régimen de Venezuela quedó evidenciado cuando el presidente Donald Trump anunció que el espacio aéreo venezolano debe considerarse “cerrado en su totalidad”. Esta advertencia, difundida a través de la red social Truth, estuvo dirigida no solo a las aerolíneas y pilotos, también a quienes participan en actividades ilícitas.

Trump escribió, “a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!”.

El mensaje del mandatario estadounidense se produjo en un contexto de creciente presión militar sobre el gobierno de Nicolás Maduro. La administración de Trump desplegó en el Caribe un contingente militar significativo, que incluye el portaaviones de mayor tamaño a nivel mundial, como parte de una estrategia para intensificar el cerco sobre el régimen chavista.

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Cabe mencionar que, Trump sostuvo una conversación telefónica con Maduro, en la que advirtió que Estados Unidos incrementaría las acciones militares si el líder venezolano no abandonaba Caracas en un plazo breve. En esa comunicación participaron también el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, lo que reflejó un cambio en la estrategia de la Casa Blanca.

La presencia de Rubio en la llamada evidenció que la administración republicana había dejado de lado otras alternativas, como los contratos petroleros, que en otros ámbitos del poder estadounidense se consideraban posibles vías de negociación para facilitar una transición política en Venezuela.

Frente a la posibilidad de que el Gobierno estadounidense realice una intervención militar en el vecino país, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, expresó su apoyo a la iniciativa planteada, puesto que, a su juicio Maduro usurpó el poder al reelegirse de manera ilegítima.

Por lo tanto, señaló que apoya cualquier medida que devuelva la democracia a Venezuela y ratifique la victoria de Edmundo González y María Corina Machado en las presidenciales de 2025.

“Nicolás Maduro lo retiraron en julio del año pasado con el resultado electoral. Él es hoy un usurpador del Gobierno de Venezuela. Las Fuerzas Armadas de Venezuela están en mora de haber hecho cumplir la Constitución. Yo soy partidario que así sea tarde, se haga todo lo posible para que Venezuela reconozca el triunfo de Edmundo González y de María Corina Machado e instalen al doctor Edmundo González en la Presidencia”, sostuvo Uribe Vélez en entrevista con Semana.

A pesar de ver con buenos ojos una intervención militar, el líder político del Centro Democrático afirmó que las Naciones Unidas debe participar para asegurar una transición exitosa a la democracia.

“Yo creo que lo primero tiene que ser el trabajo inteligente en el que debería estar Naciones Unidas. A uno le preocupa que Naciones Unidas no esté en eso. Deberían ser muy exigentes para exigir que haya ese traspaso de poder, que no siga la usurpación frente a la democracia de Venezuela”, insistió.

El exsenador de la República también recalcó los inconvenientes que podría tener una acción militar por la presencia del cartel de los Soles en el territorio. Además, explicó que habría consecuencias para los colombianos, ya que una parte de la población recibe ingresos por el dinero que se mueve de los negocios ilícitos.

“Pero aquí tenemos un riesgo. ¿Qué puede decir el Gobierno de Estados Unidos? Este cartel de los Soles sigue. Y entra a hacer bombardeos. ¿Y qué puede decir frente a nosotros? Puede decir el presidente Trump u otro es que allá ya no producen ciento cincuenta toneladas de cocaína, sino que al restarle a la producción los decomisos, están produciendo más de mil ochocientas, con un problema social muy grave”, expuso Uribe Vélez.

Y agregó: “Es decir, mientras más nos demoremos, habrá más colombianos viviendo de ese negocio que hace tanto daño a las sociedades. Entonces, es decir, ¿no? Como en Colombia no hay voluntad de derrotar ese negocio y le hace daño a las familias colombianas y norteamericanas, a la juventud colombiana y norteamericana, a la democracia colombiana y a la norteamericana, es muy posible que digan un día: “Hay que bombardear”. De ese riesgo no estamos exentos”.

Muchas veces pensamos que los temas se agotan, que sobre algunos hechos se dijo todo lo que había para decir y se contó todo lo que había para contar. Pero hay en las sociedades traumas que se sostienen a lo largo del tiempo y emergen, cada tanto, no solo como la herida colectiva que marcó una época sino también como historia personal, memoria íntima. Puede salir a la luz como documento o testimonio pero puede, también, hacerlo como obra, como creación. El lenguaje puede ser una herramienta eficaz para reconfigurar un pasado y transformarlo en ficción. Algo de eso se adivina detrás de una gran novela que se publicó hace unos meses. Su título es Las escuelas, su autora es la reconocida crítica, docente y ensayista argentina Adriana Amante y fue publicada por Tusquets.

Durante la última dictadura, dos amigas de trece años cursan en una escuela militar abierta a la comunidad, en Caballito, la misma en la que se conocieron y cursaron Charly García y Nito Mestre. Una de ellas es hija de un carnicero y será la narradora de esta historia; el padre de la otra es director de una escuela de formación de suboficiales de la Armada. O mejor: es EL director de LA escuela de formación de suboficiales de la Armada en los primeros años de la dictadura. Una escuela que se convirtió entonces en sinónimo de secuestro, tortura y muerte.

La narradora de Las escuelas cuenta la historia de esa amistad, de los secretos que su amiga guardaba por discreción y tal vez por vergüenza y cuenta también cómo era asistir a la escuela secundaria en ese tiempo, sobre todo en una institución tan singular, que, a su manera, reproducía a pequeña escala el país militarizado que éramos entonces. Lo hace desde su adultez pero a través de una voz que reproduce la inocencia de aquella adolescente. Una voz argentina que, en su modo de contar, puede ubicarse en una escala entre Puig y Niní Marshall (algo de Aurora Venturini, también), aunque con una ironía desolada más propia del siglo XXI.

“Y ese día mi amiga y yo oímos a esa chica de segundo que, mientras no podíamos más de la alegría por haber ganado el mundial, decía como cortando el mambo que siguiéramos festejando nomás, que no éramos capaces de darnos cuenta de nada de lo que pasaba en el país; pero ni mi amiga ni yo ni tantos más entendimos del todo a qué podía estar refiriéndose, y era tal la euforia que ni siquiera el preceptor ese, que estaba bastante cerca, atinó a meterse esta vez en la conversación porque ese lunes la vida cotidiana había quedado suspendida y no era como todos los demás lunes que a quién podían gustarle, obviamente, porque si era lunes otra vez era un embole, aunque no sé si mi amiga conocía la canción”.

En la novela no hay nombres o hay nombres cambiados, aunque se deslizan signos suficientes como para rastrear la historia real detrás de la ficción. Esa licuación de referentes logra un efecto fantasmal y magnético. La novela se puede leer perfectamente sin conocer la historia argentina: la construcción es sólida, hay un adecuado dominio de la tensión narrativa y no falta la emoción de una historia que, repito, cuenta la relación entre dos chicas adolescentes: ahí donde nunca faltan emociones. Pero también puede leerse como una versión hasta ahora no conocida de la historia nacional, recortada con destreza por una narradora que tuvo contacto, desde la total inocencia, con protagonistas de uno de los capítulos más sangrientos de esa historia.

Uno de esos protagonistas fue el contraalmirante (más tarde vicealmirante) Rubén Jacinto Chamorro (1926-1986), alias “Delfín”, director de la Escuela de Mecánica de la Armada entre 1976 y 1979 y responsable del Grupo de Tareas 3.3 que funcionaba en el centro clandestino de detención de la ESMA. Luego fue agregado naval de la embajada argentina en Sudáfrica. En febrero de 1984 fue detenido por sus responsabilidades en la ESMA y murió en 1986 en el Hospital Naval, a causa de un infarto, antes de ser juzgado.

Tenía una hija. Esa hija tenía amigas.

Doctora en Letras, profesora e investigadora de literatura argentina del siglo XIX en Filosofía y Letras de la UBA, Adriana Amante (1965) es también docente en la Maestría de Escritura Creativa de la UNTREF y en la New York City University de Buenos Aires y traductora. Recibió muchas becas y distinciones, es autora de Poéticas y políticas del destierro. Argentinos en Brasil en la época de Rosas y dirigió el tomo sobre Sarmiento de la prestigiosa Historia Crítica de la literatura argentina. La Universidad de Princeton (Estados Unidos) la becó para organizar el archivo de Sylvia Molloy. Las escuelas es su primera novela.

Con Adriana venimos hablando hace unos días, intercambiando ideas, comentarios, experiencias de distintas épocas. A partir del tema de su novela pero, sobre todo, del tratamiento que ella como autora hizo de ese material y de su relación con “la verdad”, le propuse trabajar juntas en una entrevista. Y digo “trabajar juntas” porque en diferentes momentos hablamos por las redes, por audios de whatsapp y por mail sobre su libro y también lo que este libro viene a decir y cómo lo hace.

“Sé que Las escuelas es el medio en el que de algún modo yo pago un módico tributo social, político, ideológico a la conservación de la memoria sobre la tragedia de mi época”, dirá en cierto momento.

Lo que sigue es el resultado de esa experiencia de ida y vuelta, una conversación en capítulos que, en lo personal y luego haber leído con mucho entusiasmo la novela, me resulto muy estimulante.

— ¿Cuándo empezaste a trabajar en esta historia? O, más bien, ¿cuándo te diste cuenta de que había una novela por escribir? Más allá de que se trata de una ficción, me gustaría que me contaras algo sobre los hechos reales que fueron el punto de partida.

— Hay hechos que desencadenaron mi deseo de escribir la novela. Hay –hubo– hechos “reales” que, antes que nada, necesité procesar para mi propia vida; hechos que sucedieron y me sucedieron, haya sido yo consciente o no de lo que implicaban. Primero, quizás, haber cursado toda la escuela secundaria en dictadura, en un arco temporal altamente representativo: del Mundial 78 a la Guerra de Malvinas; situación que, por supuesto, afectó a todos mis coetáneos, pero que en mi caso acaso fue magnificada por el hecho de que hice la secundaria en un colegio destinado inicialmente a hijos de militares.

— Claro, un ámbito que en principio no tenía que ver con tu entorno.

— O sea: entro a un universo que tiene su propio régimen de organización, que replicaba con particular celo el orden que intentaba imponer la Junta Militar en el país, claro que con mucha menor resistencia dentro de la escuela. En pleno despertar adolescente, intentábamos desoír algunos mandatos; pero lo hacíamos con pasmosa ingenuidad, si lo comparamos con las disputas ideológicas que se estaban jugando en la sociedad y con tanto mayor riesgo. Yo era hija de un matrimonio formado por un carnicero de Soldati y una psicotécnica que hacía orientación vocacional y admisión de personal. Vivía en Lugano con mis padres y mi hermano, casi tres años mayor. Fui a esa escuela porque me quedaba a mitad de camino que el Nacional Buenos Aires, pero con la perspectiva de que era igual de exigente, como le recomendó a mi mamá una maestra de mi escuela primaria. Y, además, convencida de que era la escuela ideal cuando supe, por un amigo de mi hermano, que allí habían estudiado Charly García y Nito Mestre.

— Estamos hablando del Dámaso Centeno, de Caballito.

— Exacto, es ahí, a pocos meses de haber empezado primer año, que me hago muy amiga de una chica cuya historia familiar yo desconocía, igual que la mayoría de mis compañeros, a excepción de algunos hijos de marinos que no podían no saber quién era el padre porque eran compañeros o subalternos de la Armada, información que mi amiga reservaba por seguridad pero también por discreción. Al poco tiempo supe que su padre era el director de la escuela de suboficiales de la Armada que –aunque la mayoría de la sociedad argentina lo desconociera todavía, y claramente mi familia también– ya para esa fecha era el mayor centro clandestino de detención del país. Viví, así, en ese estado de inocencia que más tarde se me reveló inquietante, varios años de amistad entrañable con la hija de quien había ideado y conducía el epicentro del horror organizado y a quien, por supuesto –dado que era el papá de mi amiga–, conocí.

— Leí en su momento la crónica de Tali Goldman sobre la relación amistosa entre Andrea Krichmar, quien dio un testimonio inquietante ante la CONADEP y también declaró en el Juicio a las Juntas, y la hija de Rubén Chamorro. ¿Cómo empezó tu amistad con ella?

— Yo me hice amiga de la hija del director de la ESMA al comenzar primer año, después de Andrea Krichmar, que había sido su amiga en la primaria. Creo que Andrea tuvo el valor, y también la claridad conceptual suficiente, como para darse cuenta de que eso que ella había visto el día que fue a la ESMA de visita era una información sumamente valiosa. Andrea declaró haber visto cómo bajaban a una mujer engrillada y encapuchada de un auto en el playón de estacionamiento de la ESMA, lo que habría desencadenado ese diálogo que recuperó ante la CONADEP a partir de la pregunta inocente de la hija y la respuesta veraz y cínica del padre, puesta en boca de su amiga, que para esa fecha tenía once años: “Mi papá me dice que se persigue a la gente en patrullas”.

— ¿Vos también fuiste a la ESMA entonces, con tu amiga?

— Sí. En ese sentido la historia también se ha repetido, con algunas variaciones: yo también fui un par de veces a la ESMA a compartir tiempo con mi amiga y su familia, porque era el lugar en el que de hecho vivía su padre (evidentemente por seguridad y por estar dedicado full time a sus siniestras actividades). Con todo el candor de mis trece años y con toda la ignorancia a cuestas, no vi nada tan relevante como lo que vio Andrea. Pero sí pude notar algo que, aun en esa percepción adolescente, no se me pasó: era plena tarde de un día de clima agradable pero todas las persianas de la casa del almirante –que eran de color verde oscuro– estaban completamente cerradas. Entonces, cuando años después leí la declaración de Andrea Krichmar para la CONADEP, entendí plenamente.

— En tu novela, luego del traslado del militar la narradora es invitada a viajar a Sudáfrica a visitar a su amiga y a su familia. ¿Eso también sucedió?

— Sí, es la otra variante respecto de la historia de Andrea (sin contar lo más íntimo, las vivencias también felices que cada una de nosotras debió disfrutar respectivamente con nuestra amiga). Yo fui a visitarla a Sudáfrica cuando trasladaron al padre a la agregaduría naval argentina en Pretoria. En el grupo de colaboradores que lo asistían, se destacaba quien era algo así como su mano derecha y a quien mi amiga llamaba “Alfredito”, con un diminutivo que estaba bien lejos de ser cariñoso. Lo llamaba así con sorna, porque no le caía para nada bien, como me había repetido en todas las cartas que me mandó ese año y en las que me mandaría el siguiente.

— Entiendo que “Alfredito” era Astiz, un personaje que fue un fantasma fuerte para nuestra generación, supongo también que porque, aunque era mayor que nosotros, no era un viejo. Es decir que podía haber sido perfectamente un hermano mayor. Contame qué te pasaba con Astiz antes de escribir Las escuelas.

— Yo supe quién era Astiz antes de tener idea de quién era Astiz. O podría decirlo de este modo: conocí a “Alfredito” sin saber quién era Astiz, pero sabiendo parte de lo que también era Astiz, a través del modo en que lo percibía mi amiga, sin simpatía, y de lo que pude ver en Pretoria durante los veinte días que pasé allí, en el verano del 79. Yo conocí a un personaje vanidoso, antipático, un langa, digamos, que a las dos adolescentes no nos caía bien, pero cuyo apellido desconocía, y ni hablar de sus antecedentes siniestros, de los que no tenía la más pálida idea.

— ¿Y qué te pasó cuando supiste que aquel “Alfredito” tan desagradable era Astiz, “el ángel de la muerte”?

— Yo leí y me aficioné con particular empatía y emocionalidad al caso de Dagmar Hagelin, que se denunciaba en una nota de la revista Humor, y que llevé a la escuela como desafío, para increpar a un profesor de una materia que justamente se llamaba “Defensa Nacional”, con el fin de que habláramos de eso. Pero entonces no pude identificar a “Alfredito” con Astiz, la persona que comandó el operativo en el que fue secuestrada la chica sueca. Hasta que en un semanario popular apareció la fotografía del automóvil que Astiz se había traído de Sudáfrica y reconocí, antes que la persona, el coche. Ese coche fue el objeto que disparó en mí la anagnórisis, como en la tragedia griega: el reconocimiento que revela esa verdad esencial que provoca un desvío en la peripecia. Porque ahí pude, pavorosamente, conectarlo todo.

Lo que hace el lenguaje

— Contame cuánto tiempo estuviste trabajando en esta novela, si hubo diferentes versiones y cómo fuiste encontrando la estructura.

— Arrastré el deseo de escribir en torno a estas cuestiones durante veinte años. Cuando decidí ponerme a escribir, no pensé en una novela. Pensé en una escritura, trataba de urdir una memoria que buscaba más el ritmo de las formas de la emoción y de la cohesión léxica que el valor de verdad. Sí sabía que lo que estaba escribiendo debía ir funcionando por partes, encadenadas pero autónomas a la vez, que abrieran y cerraran un episodio, una circunstancia, un problema. Pensaba cada una de las partes (todavía no las llamaba “capítulos”) como unidades de sentido. En cada caso, sabía por dónde arrancar; pero no sabía adónde me iba a dejar el movimiento mismo de la escritura y del trabajo de memoria, cohesión y deriva. Esa fue una de las experiencias más reveladoras y gozosas de la escritura. Así fue como escribí cada parte de un tirón. Podía escribir una, alguna vez dos partes por día. Son veintidós unidades (que ahora son capítulos), y escribí el libro durante más o menos veinte días de enero de 2023.

— Qué vértigo…

— Si no cuento la larga duración de esas dos décadas durante las cuales rumié la posibilidad de un libro, es el libro que más rápido escribí en mi vida. Mis libros o proyectos de ensayos críticos para libros me llevan en promedio unos diez años; porque en el caso de los ensayos lo que más me cuesta es desprenderme –extirpármelos, debería decir para ser sincera–. En el caso de Las escuelas, una vez que se desencadenó el deseo irrefrenable de escribir el libro, la pulsión y el deleite me movían imperiosamente a terminarlo. Cuando llegué al final y vi la extensión, pensé que lo que había escrito se acercaba más a una nouvelle que a una novela, y empecé a llamarla cariñosamente con un término mixto: no mi nouvelle, no mi novela, sino mi nuvelita (con u).

— ¿Siempre estuvo pensada en primera persona? Quiero que me hables un poco de la voz que narra, cómo encontraste ese tono. ¿Hay algo en esa voz, en esa forma de narrar que te recuerda a ese tiempo de tu vida?

— Eso sí, rotundamente: siempre lo pensé en primera persona. Pero lo que no había terminado de decidir, hasta que me puse a escribir, era qué tono tendría esa primera persona. En rigor, cuando decidí que debía escribir el libro, retomé unas veinte páginas que había escrito en febrero de 2007. Estaban en primera persona, pero la de la primera partecita era una primera persona demasiado consciente de sí. De esas veinte páginas quedó todo menos la primera parte, que decidí sacrificar. Fue como el motor inmóvil: de él solo debían quedar los efectos, pero no su materia.

— ¿Qué se contaba en esa escena?

— Se trataba de una escena escolar, en clase de dibujo, en la escuela en la que las dos chicas se conocen. Con el correr de la escritura, pero sobre todo en las primeras lecturas a las que sometí el borrador, una vez terminado (la leyeron varias personas muy cercanas a mí en afecto y en respeto literario***) e incluso a partir de mi propia relectura, lo que se hizo claro fue que lo más importante era que la narradora adulta fuera el sostén de la voz del relato para hacer que la adolescente hablara su propia lengua, que avanzara como una tromba sobre lo que había vivido y sobre lo que sabía o desconocía, y que la narradora adulta no la hiciera demasiado consciente de sí, que no la sobreprotegiera, sobre todo ideológicamente.

— Hablás como la crítica que sos, pero acá la que ponía la escritura y la voz era la narradora. Y eras vos.

— Tenía que lograr que no fuera yo, ni mi voz: ni la de la adulta ni la de la adolescente. Así, para la recuperación de la voz de esa adolescente hice caso omiso de normativas de la lengua que yo no descuidaría; por eso, no siempre hay comillas cuando cita o refiere la palabra de otro, están reducidas al mínimo las parentéticas con rayas, y tiene un discurso mucho más aluvional que el que yo admitiría por escrito. De todas formas, no sé si debería desdoblar tanto esas voces; porque puede que en realidad se dé una superposición que tal vez solo en la música sea del todo posible: la ejecución de dos voces que suenen a la vez, aunque no al unísono, como un dúo sonoro que deja ver que la adulta y la jovencita, aun si en cierta forma hablan a la vez, no son una misma voz.

— Me gusta mucho el modo en que la narradora matiza los hechos con “Puede que lo esté inventando, que no sea así” o el “si la memoria no me falla”. Contame qué efecto buscabas con ese recurso que, de alguna manera, habilita la ficción.

— Tuve claro desde el principio que si la novela no se sostenía literariamente no me iba a interesar publicarla. Quiero decir: no me parecía suficiente la potencia que el referente pudiera tener, y claro que era y soy muy consciente de la potencia que el referente tiene en el caso de mi libro. Y sé que Las escuelas es el medio en el que de algún modo yo pago un módico tributo social, político, ideológico a la conservación de la memoria sobre la tragedia de mi época. Pero eso no me bastaba. Quería que la novela se sostuviera por sí misma, literariamente digo. Por el modo en que había urdido una historia, que seguía más las lógicas de un texto que las de los pactos con el referente, como se dan en los testimonios o en lo que se ha dado en llamar autoficción. Como si, en el fondo, toda escritura no tuviera algo de autoficción, y como si las formas de la autoficción no pudieran incluir –como proponía Sylvia Molloy– incluso materiales de la vida de otros, cercanos, de los que uno se apropia y deforma con la libertad de quien ejerce el derecho de considerarlos propios; pero también con la prevención de que el mero hecho de enunciarse como “yo” no obligue al autor o a la autora a ser considerado igual que el personaje y viceversa.

— Fuiste de chica testigo de la cotidianeidad de un personaje clave de la dictadura, es decir, de la historia argentina trágica. ¿Cómo fue ponerte a recordar para ser la narradora de tu experiencia pero, a la vez, la narradora de una novela?

— El trabajo que hice fue fundamentalmente de memoria emotiva. Aunque también es cierto que no puedo dejar de ser una investigadora. Y entonces, durante todos los años de rumiación de lo que sería Las escuelas, fui juntando materiales diversos, recuperando espacios, circunstancias, hechos; porque desde mi adolescencia seguí en periódicos, revistas, diarios del juicio, medios de comunicación o textos literarios información y detalles acerca de la dictadura en general y sobre la ESMA y los personajes con los que yo me había ido topando.

En general, trataba de que mi memoria me permitiera reconstruir también los espacios por los que me había movido; y, mientras estaba escribiendo el libro, el movimiento por ese espacio me devolvía otras memorias más recónditas. O, al sumergirme en la vida cotidiana de la secundaria, me apareció reptilianamente la melodía del himno de la escuela que ni siquiera recordaba que existiera; y, con la melodía, fue surgiendo en mi cabeza, verso a verso, la letra completa, quedándome en evidencia como nunca su ripiosa composición.

— Vamos de nuevo a la Adriana crítica. ¿Tenías modelos? ¿Había algo de la literatura que tanto conocés que se hacía presente mientras escribías?

— Retomo lo de las modalizaciones que usé para matizar el poder de la memoria, que son tal vez herederas de la fascinación que me produce el primer párrafo de “Funes el memorioso”, de Borges, marcado por el límite que el narrador le pone a cualquier pretensión de omnipotencia a la que pueda aspirar el acto de recordar. Me refiero a ese reparo que se escribe entre paréntesis: “Lo recuerdo (yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto)”, o “Recuerdo (creo)”.

Y, a la vez, como quería que la novela y su asunto se sostuvieran por los artilugios de la literatura, maticé la fidelidad de muchos recuerdos que eran, para mí, no obstante, muy nítidos. Y al mismo tiempo, tuve ¿la discreción?, ¿la honestidad? de no afirmar contundentemente cosas que otras memorias, acaso más afiladas que la mía, pudieran reconstruir, de modo tal que el desajuste con el eventual referente no desacreditara la verosimilitud del relato ni generara desconfianza sobre la voz de esa adolescente. De esa adolescente de la novela, que se rige por el efecto “Funes el memorioso” pero también por el efecto Spinetta: “La memoria me resulta complicada, / no me acuerdo ni de las cosas que leí”, como dice “La búsqueda de la estrella”, uno de los temas musicales que marcaron mi adolescencia.

— Además de tu carrera docente especializada en literatura argentina, enseñás en la Maestría de Escritura Creativa de la UNTREF: ¿sentís que ese background te ayudó o fue un peso a la hora de escribir ficción?

— No tengo dudas de que todo eso estimuló. Soy consciente de que la escritura ensayística no suele ser apreciada socialmente como un género de la literatura. Pero estoy convencida de que la mejor crítica literaria o cultural es la que escriben aquellos que usan para el ensayo los mismos recursos y procedimientos de la ficción: Molloy, Piglia, Pauls, Negroni. El fraseo, la búsqueda de un ritmo, la disposición de las líneas y de los párrafos en la página pueden regirse por los mismos protocolos pero, sobre todo, por las mismas posibilidades que los de la poesía, por ejemplo. En cuanto a la cadencia, la producción de imágenes, la retórica, o al manejo del suspense, creo que inicialmente no deberíamos hacer diferencia, porque todo se juega fundamentalmente en el plano de la escritura. El problema es siempre de lenguaje.

— Me interesa eso.

— Claro, siempre es el lenguaje. Por eso, en los cursos que doy de escritura académica creativa como ejercitación para la escritura de tesis, con los estudiantes trabajo muchas formas discursivas de la lírica o de la poesía en prosa, o de la novela o de cualquier forma de la ficción, incluso del teatro, porque son los procedimientos o los recursos que también necesitamos para el ensayo; y, fundamentalmente, para no entender de manera mezquina que en el ensayo la escritura no debe ser más que un vehiculizador de una idea que supuestamente la precede. ¡Lejos de eso! La idea solo adviene en el movimiento de la escritura. Para parafrasear el título de un hermoso libro de Tununa Mercado, la idea adviene en estado de escritura (N. de la R: Amante se refiere al libro En estado de memoria); porque la idea no es un a priori de la escritura: la idea se realiza por la escritura, es una experiencia de escritura.

— Cuando hablás de ensayo, ¿en qué autores estás pensando?

— Con los estudiantes leemos y releemos con delectación maravillosos textos ensayísticos que ponen en acto esta posibilidad de que las ideas o las hipótesis se realicen por medio de figuras retóricas a las que también recurre la ficción; y me refiero a textos de Julio Schvartzman, o de David Oubiña, o de Nicolás Rosa. Por eso en la cursada de la materia sobre literatura argentina del siglo XIX que tengo a mi cargo en Filosofía y Letras de la UBA les proponemos a los estudiantes trabajar con textos críticos no como ancilares a los textos que son su objeto, sino considerándolos al mismo nivel en potencia literaria: abordamos los textos de Piglia, de Sarlo, de Jitrik o de Molloy que analizan la obra de Sarmiento en parejas condiciones con el propio Facundo, por la calidad y el encantamiento que puede producir una escritura.

— ¿Confirmás entonces que leer ayuda a escribir?

— Sin dudas. Con los estudiantes de la Maestría de Escritura Creativa —que dirige María Negroni— se nos hace carne el hecho de que la lectura es el mejor estímulo para la producción propia, y que pensar el modo en que los buenos escritores articulan los recursos para generar historias o para provocar emociones no nos vuelve menos libres o espontáneos. Y entonces trato de que veamos en el fraseo mismo, en la materialidad más tangible de la escritura por qué nos magnetiza o moviliza lo que dicen, analizando cómo lo dicen.

— Llevás muchos años enseñando. ¿Te sigue entusiasmando ese intercambio?

— Para mí, la clase es el medio natural de mi respiración, así que me cuesta pensar la escritura sin conectarla con la clase: con lo que sé pero también con lo que investigo y con lo que aprendo para dar la clase. Pero más que nada con lo que me estimula, con lo que gozo o con lo que se me ocurre cuando estoy dando la clase, porque ese es un acto dialéctico de verdad: el que produce las mayores iluminaciones. Lo que mis estudiantes me potencian siempre supera lo que yo pude haberles dado.

— Quiero preguntarte algo más sobre la historia real detrás de la novela. ¿Te costó pensar en escribir sobre la hija del represor? ¿Tuviste cuidados especiales?

— La amiga es el personaje a quien la narradora más cuida en toda la novela. No se dice explícitamente su nombre, primero como una decisión estética; pero también para no exponerla del todo, aunque pueda sonar paradójico en una novela que la tiene en el centro del problema. Desde el principio supe que ella no debía ser mencionada por su nombre, aunque es claro que la narradora da una serie de datos sobre cuál es, como un acertijo cultural por demás deducible. Pero, en cierta forma, las dos chicas debían identificarse por sus funciones: algo así como lo que en narratología se denomina “actancias”: los sujetos que llevan adelante la acción. Por supuesto que la novela va construyéndoles a las chicas personalidad y carácter, por supuesto sienten y sufren y se ríen; pero todo debía ser funcional, más que nada, al desarrollo de la memoria de los acontecimientos o de las afecciones que se desata a partir de esa relación de amistad adolescente. En un momento, la narradora dice, con dolorosa certidumbre: “nosotras, las de entonces, ya no fuimos las mismas”, refiriéndose a una escena de la que tiene específica memoria.

— ¿Cómo terminó tu relación personal con ella?

— Ya no importa tanto, salvo para mí, qué se dirimió exactamente en esos últimos encuentros que pudimos tener, cada vez más esporádicos pero no menos intensos emocionalmente. Dejamos de vernos ya siendo jóvenes adultas. Sé que seguí recordándola, pensándola; pero también sé (y supe, en ese momento), con mucha claridad, que ya se me había revelado una verdad social irreductible; y que eso, ideológicamente, para mí no tenía marcha atrás, aunque siguiera por años –como en efecto me sucedió– resultándome complejo resolverlo emocionalmente. Creo que la novela, en ese sentido, es también un tributo, un acto de amor de una amiga a otra, porque es claro que Las escuelas le está plenamente dedicada.

*** Adriana nombra entre las personas cercanas en afecto y respeto literario a “David Oubiña, María Negroni, Inés de Mendonça, Josefina Cabo, Julio Schvartzman, Natalia Brizuela, Guillermo Saavedra, además de mis dos hijos y de mi familia”.

¿Qué hacemos los que queremos paz para Venezuela? ¿Cómo lo tenemos que gritar al mundo cuando el mundo no ha podido hacer nada concreto? ¿De veras alguien cree que se puede seguir dialogando, negociando y conversando con un grupo de dictadores que violan derechos humanos mientras secuestran a su pueblo? ¿Dónde están los que levantan la doctrina de la “responsabilidad de proteger” ante una población sometida a vejámenes, robada por su cleptocracia y violentada en su convivencia cotidiana? ¿Todos los que se llenan la boca hablando de “paz” -en serio- consideran que los venezolanos no están entregando en demasía de sus propias existencias en manos criminales o creen que tienen que morir más personas inocentes? (Miren el promedio de muertos de Foro Penal y verán que los muertos tienen nombre y apellido por millares y desde hace años) ¿De qué paz hablan los que la proclaman si no es con sentido cínico? ¿Alguno viviría en un país así o solo lo dicen desde los despachos cómodos de la burocracia internacional y tomando un café de Starbucks?

Este es el punto de quiebre en el que estamos: el dilema de hierro para los demócratas. Y claro, todos tenemos presente que los Estados Unidos en política internacional suele ser extremo, pero más extremo y vejatorio es la esclavitud y sometimiento que padecen los venezolanos.

Acá no estamos viendo una invasión de Rusia ante Ucrania, no es comparable semejante situación, sostener eso es una temeridad y los que apuntan con el dedo acusador travestidos con el derecho internacional de la mano saben que Vladimir Putin es lo que es. Y yo estoy con mi país en la primera fila criticando a Rusia por semejante despropósito acometido hace tiempo. Eso sí que fue un atropello olímpico a la soberanía de una nación, no es lo mismo que una nación secuestrada por sus tiranos. No vale ese paralelismo.

En realidad, en Venezuela hay un pueblo oprimido por un cartel narcoterrorista que se asentó en el poder político, que violentó la voluntad popular de su pueblo al robarle la decisión del 28 de julio de hace dos años y al que los tienen sometidos como esclavos con violencia física y secuestros varios. Cualquiera que comulgue con dilatorias y ejercicios que a nada arriban para sostener que eso es respetar la paz y la vida en Venezuela es cómplice de los dictadores, quien así habla es mendaz. Y cualquiera que no reconozca a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado como los actores legitimados por Venezuela es antidemócrata. Simple, ya no hay espacio para nada más. Ya no importa que sepan todos que es una dictadura, eso ya lo gritaron los demócratas del mundo y los venezolanos ganaron esa batalla; ahora, por lo menos, que no molesten los obsecuentes ideológicos con análisis irrelevantes en una hora tremenda para los venezolanos. No es de tonteras que va la cosa. Venezuela en el presente se juega la vida o la muerte.

Quizás, lo mejor que nos podría pasar para ver el amanecer democrático de Venezuela es que aquellos que lo consideran como lo consideran a Nicolás Maduro y a sus acólitos, los reciban y les brinden su asilo. Yo compro ese ticket, aunque algún día el brazo largo de la justicia -ante violaciones con delitos varios de lesa humanidad- tocará la puerta de varios de ellos, pero esa será otra historia que no me quiero detener ahora. Si alguien se considera útil para semejante hazaña que lo haga ahora, ya no parece quedar mucho plazo. La verdad es que todo ha sido puro cuento y nadie ha logrado nada con el tirano y sus adláteres. No debe tener ya demasiados amigos.

Hay un dilema moral en todo esto, eso es lo real. No nos gusta la violencia a los americanos, somos pacifistas, pero para serlo tenemos que defender la paz de quienes más sufren y no hacernos los distraídos porque Estados Unidos advierte un camino entre ellos y los terroristas de estado. Solo pregunto, porque todos estamos movilizados por estas horas. ¿Se aplauden revoluciones insurgentes de izquierda, pero nos irritamos con liberaciones de dictaduras fascistas como la de Maduro? Algo no cierra en ese razonamiento.

Yo hubiera preferido no ver todo esto, pero espero que lo que hace Estados Unidos termine por presionar el régimen y lo haga colapsar. ¿Lo repito? Prefiero esta presión a la nada que ha existido hasta el presente. Y eso no me hace obsecuente, porque los que buscamos la libertad en Venezuela nos vamos quedando sin opciones a preferir. La realidad se va imponiendo y es tan sustantivo el enojo fundamentado que tenemos por Nicolás Maduro que se dónde tengo que estar en el contencioso actual.

Lo que vivimos, hoy, es un fracaso del multilateralismo en las recuperaciones democráticas. Y hacerse el zonzo ante eso es pegarse un tiro y seguir entregando a Venezuela a manos de estos delincuentes de por vida. No pienso quedarme esperando que acontezca un milagro. Los milagros no existen.

Lo que haga Estados Unidos -si le sirve a Venezuela democrática- pues lo veremos, veamos lo que pasa, total, nadie hizo nada hasta el presente y mucho peor de lo que están los venezolanos, no creo que sea la hipótesis del caso. Insisto nadie aplaude, solo miramos con expectativas de libertad (ese es el punto) ansío la libertad para los venezolanos y sueño con eso. ¿Estoy mal? ¿No tengo derecho a eso? ¿O tengo que seguir bajo la bota de estos bárbaros? Por supuesto que no quiero ver muertos venezolanos inocentes. Claro que quiero ese mundo ideal, ojalá se pueda, pero veremos como termina este drama. Veremos. Y si lo que pasa es lo que imaginamos, ojalá sea rápido y efectivo, porque los gobernantes legítimos están en las gateras esperando cumplir el mandato que el pueblo les ordenó.

En realidad, no alcanzó la narrativa, no alcanzaron las negociaciones que mintieron los dictadores de manera eterna porque nunca negociaron nada, no alcanzó nada y para algunos hay que seguir esperando el milagro como en Cuba que lleva sesenta y seis años sometida al poder de unos tiranos que la tienen secuestrada. Ya de Cuba nadie habla, han ganado los peores con la inercia de todos. Otra vergüenza.

¿De veras alguien cree que Venezuela debe ser Cuba? ¿En serio se trata de ignorar a un pueblo hermano y solo ver si le pueden meter cadenas hoteleras o compañías de teléfono multinacionales? No podemos ser tan cretinos los que analizamos lo contemporáneo. Y habría que tener un poco de dignidad en el estudio de estos menesteres, luego la verdad siempre sale a luz, por eso los que comulgaron con el dictador procurando negocios y concretando satrapías, deberían tener en cuenta que algún día cuando la democracia renazca se sabrá todo. Nadie olvida nada.

Pregunto: ¿Les serviría a los pacifistas de tertulia radial que hubiera una revolución y mataran a miles y miles de personas inocentes por parte de aquellos que tienen las armas? ¿Esa es la propuesta seria que habría que traccionar? Nada de eso va a suceder, nada.

Me dice el Youtuber Kilómetro, de manera coloquial en una conversación que “la dictadura venezolana normalizó el fascismo”. Y fue un golpe de realidad semejante expresión, porque aquellos que llevamos años en esta lucha por la reconquista de la democracia en Venezuela, a veces, perdemos frontalidad narrativa de tanta vuelta que le damos al terrorismo de estado.

Tiene razón Kilómetro: es fascismo puro duro. No habría que perder esa noción para entender lo que va a pasar. Lo que viene no es escribir con Sor Juana Inés de la Cruz es interpelar a estas bestias. No lo justifico, pero no me duele nada lo que les suceda a estos tiranos, no tengo tanta humanidad para ser indulgente con violadores de derechos humanos al por mayor. No estaré en esa biblioteca. Me voy a ubicar del lado correcto de la historia, del lado donde la inmensa mayoría de los venezolanos están. Hace rato que todos deberían estar allí. Demasiado rato. Lo humano, ante todo. Venezuela clama por su libertad y recuperar su democracia. Esto es lo central. En eso no debería haber miseria de nadie.

Jaime Martínez-Bordiú solicitó calma cuando un simpatizante de Francisco Franco confrontó de manera violenta a la prensa tras finalizar la misa conmemorativa por el quincuagésimo aniversario del fallecimiento del exjefe de Estado, según relató el medio. El nieto de Franco, interviniendo en la situación, dirigió palabras de tranquilidad al agresor y a los periodistas en un intento de desescalar el enfrentamiento que se desencadenó a las puertas de la Parroquia de los Doce Apóstoles de Madrid.

De acuerdo con la información publicada, este jueves 20 de noviembre se reunió la familia de Franco, incluidos descendientes como su bisnieto Luis Alfonso de Borbón y Jaime Martínez-Bordiú, en una ceremonia religiosa para honrar la memoria del líder fallecido cinco décadas atrás. La cita congregó tanto a familiares del dictador como a simpatizantes y opositores del régimen franquista, generando momentos de gran tensión en el exterior del templo.

Tal como detalló la información recabada, seguidores del exjefe de Estado acudieron a la ceremonia portando símbolos franquistas y se manifestaron entonando el ‘Cara al Sol’ mientras realizaban el saludo fascista. Los asistentes corearon consignas como “España cristiana, no musulmana” y realizaron vítores en honor a Franco. En contraste, jóvenes opositoras al régimen franquista protestaron con el torso desnudo y desplegaron una pancarta, interviniendo de forma pacífica. La presencia de estos manifestantes provocó la reacción verbal de los asistentes afines al franquismo, quienes, según consignó el medio, respondieron con insultos y descalificativos hacia las protestantes.

Martínez-Bordiú, a su llegada al lugar de la ceremonia, evidenció su incomodidad ante el ambiente creado: “Menudo espectáculo”, expresó, haciendo alusión al altercado originado por la confrontación de grupos con posturas contrarias sobre el legado de Franco. El medio expuso que no fue el único representante familiar presente, confirmando la concurrencia de más miembros en el homenaje religioso.

Tras el acto litúrgico, la situación se tornó más tensa cuando un participante considerado exaltado atacó a la prensa. Este individuo arrebató el teléfono móvil a una reportera y, elevando la voz, se dirigió a los informadores con las palabras: “dejar de molestar ya, sois unos sinvergüenzas”. El nieto de Franco, observando la creciente hostilidad, optó por intervenir. En sus palabras, citadas por el medio: “Déjale, déjale, no pasa nada, tranquilo hijo, no pasa nada, paciencia”, buscando desactivar la confrontación.

Además de la tensión vivida en el exterior, la ceremonia se caracterizó por la presencia de grupos polarizados: los partidarios de Franco que acudieron a rendir homenaje y manifestantes contrarios al régimen, lo que generó incidentes que requirieron la intervención de miembros de la familia.

Fuera del contexto del altercado, el hermano de Carmen Martínez-Bordiú se refirió a las memorias de Don Juan Carlos, recientemente publicadas bajo el título ‘Reconciliación’. En declaraciones difundidas por el medio, Martínez-Bordiú manifestó su estima tanto por el rey emérito como por el actual monarca Felipe VI: “es mi rey… junto con Don Felipe” y afirmó estar dispuesto a leer la obra “seguramente”.

Según recogió el medio, la efeméride reunió no solo a la familia directa sino también a una diversidad de simpatizantes y detractores, generando una fuerte presencia mediática y motivando reacciones encontradas ante el legado político del antiguo mandatario español. La ceremonia de aniversario reflejó la persistente división en la sociedad sobre la figura de Franco y el periodo histórico asociado a su gobierno, con expresiones públicas representando ambos lados del debate.

“Desde la llegada a la cuadra en La Perla, a los pabellones en Campo de Mayo, a la capucha en la Escuela de Mecánica, a las celdas en el atlético, o como se llamara al depósito correspondiente, el prisionero perdía su nombre, su más elemental pertenencia, y se le asignaba un número al que debía responder. Comenzaba el proceso de desaparición de la identidad, cuyo punto final serían los NN (Lila Pastoriza: 348; Pilar Calveiro: 362; Oscar Alfredo González: X51). Los números reemplazaban a los nombres y apellidos, personas vivientes que ya habían desaparecido del mundo de los vivos y ahora desparecerían desde dentro de sí mismos en un proceso de ‘vaciamiento’ que pretendía no dejar la menor huella. Cuerpos sin identidad, muertos sin cadáver ni nombre: desaparecidos”.

La cita pertenece a Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina (Colihue, 1998), el texto más referenciado y quizás el más categórico de Pilar Calveiro, doctora en Ciencias Políticas, profesora e investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Calveiro vive en México desde 1979. Llegó allí tras huir de Buenos Aires —y después de un breve tiempo en España en 1978— luego de sobrevivir a la tortura y la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada y otros centros clandestinos por los que pasó durante el terrorismo de Estado.

Ese texto marcó un punto de inflexión. No solo por haber sido el inicio de una obra potente, que analiza diferentes mecanismo del poder y la violencia en las sociedades actuales, sino porque, como la cientista social que es, toma distancia para diseccionar una sociedad y una experiencia concentracionaria de la que ella misma había sido víctima. De la que era una sobreviviente. Como una científica con bisturí en mano en su laboratorio, Calveiro analiza y describe los cables y resortes que hacían andar los dispositivos de desaparición de personas y las fábricas mismas de la tortura y la muerte en los centros clandestinos, sin un miligramo de conmiseración con su experiencia personal. De la que no da cuenta.

Escribe como si fuera una narradora omnisciente que todo lo sabe, pero que no participa de la trama. Se aleja de un hecho que la atravesó, que arrasó a su familia, que determinó su exilio, y lo estudia; analiza las categorías y procesos políticos que lo subyacen para intentar explicar lo que había sucedido en la sociedad. Para intentar entender los procesos que se iniciaron después. Solo el lector atento, la lectora atenta, se entera que ella misma pasó por las entrañas de la muerte en este párrafo citado, cuando menciona, como al pasar, el número que tenía asignado en esa puerta de entrada al infierno, en ese comienzo en el que el dispositivo de deshumanización echaba a andar.

A ese texto —que en realidad era un capítulo de su libro Política y/o violencia, publicado quince años más tarde— le siguieron otros como Redes familiares de sumisión y resistencia (México, UACM, 2003); Familia y poder (Buenos Aires, Libros de la Araucaria, 2006); Violencias de Estado (Siglo XXI, 2012); Política y/o violencia (Siglo XXI, 2013); El Petrus y nosotras. Una familia atravesada por la militancia (Siglo XXI, 2024). Con excepción de este último —que es un homenaje a su compañero desaparecido, Horacio Campiglia, que escribió junto a sus hijas, y por lo tanto se presenta como una memoria personal y familiar—, en todos sus libros continuó reflexionando sobre los mecanismos de control y el ejercicio de poder de quienes dominan las sociedades contemporáneas; sobre violencia política, historia reciente y memoria. Con cada uno la autora renovó “la ilusión de aportar algo al debate que tiene lugar en ese momento”: “Siempre para mí ha sido esa la expectativa: ¿en qué medida esa palabra puede entrar en diálogo con otras, puede sumar, ser refutada”, dice.

A esta obra —publicada en México, Argentina y Francia— se le acaba de añadir un nuevo ejemplar que presentó esta semana en Buenos Aires: De matar a dejar morir. Biopolíticas de selección de la vida (Siglo XXI). Un texto en el que Calveiro analiza la biopolítica en la actualidad, esa categoría popularizada por Michel Foucault que se utiliza para nombrar y pensar aquellos modos mediante los cuales los Gobiernos y las personas que concentran el poder gestionan “los procesos de vida de una población”. A partir de esto reflexiona sobre las nuevas formas de aniquilación de la vida (de la vida humana pero también de los ecosistemas, de la vida social y de todo lo que se interconecta con ella y la sostiene) que tienen lugar en la región y en el mundo.

En su nuevo texto Calveiro establece una diferenciación entre aquellos dispositivos utilizados para eliminar directamente a sectores determinados de la población, utilizados por los totalitarismos (dictaduras latinoamericanas, fascismo, nazismo) y los actuales. Estos últimos, explica, tienen que ver ya no tanto con matar sino con “dejar morir” como consecuencia de la concentración de la riqueza y las medidas adoptadas por los líderes del mundo y los círculos de poder que buscan acumular capital y autopreservarse en detrimento del empobrecimiento y la destrucción de determinados territorios y de dejar a la deriva la vida de millones de personas.

En la introducción Calveiro plantea un panorama que no por sabido deja de ser desolador: “Estamos, como entonces, ante un desastre inminente que golpea nuestras puertas pidiendo auxilio desde lo ecológico, desde lo social, desde lo político. Nos enfrentamos a fuegos literales, como los que arrasan los bosques, provocados de manera intencional para convertir territorios de vida en espacios rentables. Nos enfrentamos al calentamiento global, producto de tantos fuegos y combustiones en pos de esa misma rentabilidad. Nos enfrentamos al fuego genocida que se sigue lanzando sobre la población palestina (...). Y no hay agua suficiente para apagar tantos fuegos y calmar la sed del territorio y de las personas (...)”. “La destrucción natural y la social son una misma cosa, dramática e inseparable; la miseria política las acompaña”.

Sigue: “Estos señores de motosierras, bombas y amenazas intentan, antes que nada, garantizar su propia supervivencia, apropiándose de cuanto pueda sostenerlos y tomando, para ello, cuantas vidas sean necesarias: biopolítica pura y dura”. “No son una réplica del nazismo ni del facismo, que matan de manera directa y en gran escala. Son algo nuevo que ha ido anidando en el neoliberalismo y que ha crecido con la pandemia. Matan cuando lo consideran necesario, como una forma de recordar que conservan esa “atribución” (...) pero, en realidad, prefieren orillar, aislar, abandonar a su suerte y dejar morir a enormes masas de población (...). Aplican una muerte diferida, más económica, que permite mayor distancia y cierta indiferencia”.

Aún así, la autora afirma que no pretende dibujar una escena apocalíptica y confía en las salidas colectivas, en las resistencias que irrumpen siempre —siempre— desde los márgenes, desde miradas contrahegemónicas, desde los cuerpos que se unen por una causa común, desde las comunidades que rompen el aislamiento social. Entonces, Calveiro se pregunta dónde están, cuáles son las estrategias que van a frenar esta razia, y responde: “Allí donde se escapa a los biopoderes, donde se resiste la devastación y se protege la diversidad de las vidas es donde ya se están construyendo los cortafuegos para detener el incendio”.

En diálogo con Infobae, se explayó sobre estas reflexiones que trae su último texto.

—¿Cómo surge este nuevo libro? ¿Alrededor de qué conceptos o procesos venías trabajando cuando empezaste a escribirlo?

—Este libro viene de mi preocupación —mi interés, pero mi preocupación principalmente— por la cuestión de la biopolítica. No como un asunto teórico, sino que esta categoría me parece que refleja lo que es el centro de las luchas políticas actuales. Creo que de verdad estamos en un momento en donde lo que se está peleando es la vida, que hay unos procesos de administración y de selección de la vida —y uso la palabra selección, que sé que es muy fuerte, de manera intencional—. Considero que de lo que se está tratando en este momento es de definir desde los centros de poder quiénes son, cuáles son las vidas que merecen ser cuidadas y cuáles son las vidas que pueden y deben ser abandonadas, que es algo distinto a las eliminadas. Pienso que hay una enorme cantidad de población que está siendo abandonada a su suerte, declarada como desechable. Y que ahí está el foco de la lucha política hoy. Y cuando digo el control, la administración, la selección de la vida, me refiero a las vidas humanas, obviamente, pero entendidas no como entes puramente biológicos, sino que hablar de la vida humana es hablar simultáneamente de la vida social, política, cultural. Y, por lo tanto, es hablar de la conexión con las otras formas de vida. Entonces, me estoy refiriendo a la vida natural y a la de todos los elementos que funcionan como soporte de eso, porque si decimos “vida” estamos aludiendo a un entramado complejo totalmente intervinculado en el que unas formas de vida dependen de las otras. Creo que lo que se está discutiendo hoy es eso y por eso el eje de este trabajo es la biopolítica en el momento actual; sobre todo a partir de la pandemia, pero también desde antes. Y tratar de rastrear, desde este mismo ángulo de la biopolítica, otras prácticas previas que tienen hilos que las unen con estas formas actuales.

—¿Como por ejemplo?

—En el texto trabajo principalmente dos momentos: si nos vamos hacia atrás, hay una etapa de selección de la vida a partir de un criterio del otro amenazante en términos políticos, que es todo el período del terrorismo de Estado. Y, yéndome más atrás, la selección del otro por un criterio racial que ocurrió en el nazismo. Entonces, esos son como los dos períodos en donde hay otras prácticas que son claramente biopolíticas, pero de exterminio.

—¿Es lo que llamás “tanatopolítica”?

—Sí, lo llamo tanatopolítica porque en ambas experiencias lo que vas a tener es un Estado declarando infeccioso a un otro, sea racial o sea político pero es un otro delimitado como infeccioso para la sociedad. Ahora, esa política se basa en exterminar, eliminar a ese otro. Y entonces es como el costado de la muerte de la biopolítica, por eso lo distingo llamándolo tanatopolítica. Mientras que creo que las prácticas que predominan en el momento actual son propiamente biopolíticas en las que, aunque [quienes gobiernan] no abandonan su supuesto derecho soberano a matar, sus prácticas principales son estas otras, las de dejar morir, es decir, expulsar hacia la muerte a enormes masas de población, mucho más gigantescas que las de las otras épocas.

—Queda clara la diferencia entre estas dos formas o dispositivos de la muerte, el que es dirigido e intencional, como sucedía durante el terrorismo de Estado y el nazismo, y el que podríamos considerar más “pasivo”, si se quiere, que deja a las personas a la deriva. Ahora, ¿vos pensás que este último está conscientemente planificado o que es una suerte de consecuencia colateral? Es decir, ¿creés que quienes tienen el poder dicen: “Bueno, las decisiones políticas son estas y si eso trae más hambre y se mueren personas en la pobreza, mala suerte, es un costo que hay que pagar”. O, por el contrario, que es un objetivo buscado que las medidas que se adopten vayan dejando sin recursos y terminando con la vida de buena parte de las sociedades?

—En política es difícil establecer qué es lo que está planificado y hasta dónde está planificado. Yo creo que hay sectores que lo ven específicamente así y lo explicitan así. Dicen: “Sobra gente”. “Para que este planeta nos sostenga como nosotros queremos que nos sostenga —o sea, con las formas de vida propias del capitalismo, porque el problema es ese, no la población—, para que sea capaz de soportar esta forma de vida, tiene que desaparecer la mitad o dos tercios de la población”. Hay algunos que así lo plantean. Sin embargo, independientemente de qué tan planificado puede estar o no —porque las perspectivas conspiracionistas en la política nunca me convencen del todo—, lo cierto es que las prácticas políticas concretas llevan en esa dirección. Y no es que es algo que va a ocurrir, eso está ocurriendo. Si miramos Palestina, ahí están sucediendo las dos cosas simultáneamente: es la eliminación específica, concreta y directa de una gran parte de la población, pero desde antes [de la guerra]. Hay en todo momento un abandono absoluto de las personas que quedan con unas condiciones que hacen insostenible la vida. Sin agua, sin alimentación, sin recursos médicos, en la precariedad más profunda. En Palestina lo vemos de manera aumentada, es ejemplo de las dos cosas. Y allí ves que ambas formas son terriblemente mortíferas. Creo que son modos distintos, hacer morir o dejar morir, pero coexisten.

—¿Por qué pensás que la pandemia fue un hito que acentuó este modo de la biopolítica de seleccionar qué vidas se conservan y cuáles no?

—Creo que a partir de la pandemia se profundizaron ciertos rasgos que ya venían gestándose. Por ejemplo, tenemos un aumento de la concentración, de la polarización de los recursos. Y tenemos también una medicalización, que existía previamente pero que en ese momento también se profundizó. Esta medicalización de la sociedad tiene que ver con la entrega de la vida, la muerte y la enfermedad al dispositivo médico y al dispositivo químico-farmacéutico, que es uno que se apropia de la vida y de su funcionalización en términos del mercado. Creo que eso, que es un rasgo claramente biopolítico, se acentuó con la pandemia. Creo también que esta práctica del encierro simultáneo de miles de millones de personas, esta percepción de la enfermedad y del tratamiento a partir del aislamiento, tiene un impacto en la vida social. Profundiza este inmunitarismo que ya existía —porque las prácticas inmunitarias existen en todos estos procesos a los que ya hice referencia, en la percepción del otro infeccioso racial [como en el nazismo] o del otro infeccioso político [como en el terrorismo de Estado]—. Pero en la pandemia se amplía y se percibe que todo otro es un agente infeccioso posible. Se impone esta cosa de “la sana distancia”, de mantener distancia de todos.

—Creo que es evidente que la población mundial, o una buena parte al menos, quedó marcada por el encierro obligatorio que pasamos en 2020, pero ¿pensás que eso, entre otras cosas, dejó instalado que el otro es siempre un otro amenazante?

—Es una posible amenaza, sí. Y creo que eso persiste porque delimita el vínculo social. ¿Con qué lo vinculo? Justamente con que pienso que uno de los procesos que estamos viviendo es toda esta política orientada a la destrucción del Estado en tanto forma de representación del colectivo, pero sobre todo a la destrucción de la sociedad en tanto espacio de relación y de vinculación. Creo que eso está presente en las actuales apuestas, sobre todo en las nuevas derechas, pero que está presente en el mundo, y eso conecta con este inmunitarismo generalizado que se da. Y, a la vez, también está asociado con la ampliación de toda la digitalización. Entonces lo que tenemos, a partir de esta digitalización que entra en la vida cotidiana de manera masiva, es que entra también en otros espacios, como los espacios de seguridad, lo militar, desde donde también se va a definir qué vidas se protegen, cuáles quedan dentro del domo y cuáles quedan expuestas. Aparte de eso, en la vida cotidiana lo que vamos a tener es una modificación de la percepción del tiempo, del espacio, del cuerpo, de la comunicación, del trabajo, y eso tiene un impacto social enorme. Por ejemplo: los cambios en la forma del trabajo van a tener mucho que ver, sumados a la profundización de la polarización social, con el auge del cuentapropismo. Porque es lo que hoy se abre como la alternativa laboral y la digitalización lo propicia de una manera particular.

—Estamos todos —o muchos— trabajando como células autónomas, desde nuestras casas, atrás de una computadora, sin poder dialogar con un otro mucho más que por algún mensaje de WhatsApp.

—Exacto. Paul Preciado dice en un texto que a mí me gusta mucho que en ese momento de la pandemia el espacio de la casa se convierte en el lugar de la vida cotidiana, en el lugar del trabajo, en el lugar de la escuela, en el lugar del consumo… Todo se reduce a ese espacio y al ordenador, a la mirada del ordenador, no a la del otro, cuando es la mirada del otro la que te constituye. Por eso una de las, no sé si puertas de salida pero uno de los canales alternativos tiene que ver con lo comunitario. En el vínculo comunitario, en el cara a cara y cuerpo a cuerpo, está esto del roce que está prohibido en la mirada inmunitarista y que, al contrario, aquí se requiere.

—En esa línea, vos preguntás “dónde están los cortafuegos” de los incendios actuales. Yo pensaba en la importancia de los movimientos sociales en este momento donde el mundo parece empujar hacia ese aislamiento, y en las luchas que emergen por diversas causas. Me parece que están un poco ahí. Pero, ¿dónde están para vos?

—Yo creo que los cortafuegos, primero, hay que buscarlos, porque en general hay toda una intencionalidad de obturarlos, de impedir la mirada diferente; y un desconocimiento, un ninguneo, podríamos decir, de las formas alternativas que van apareciendo. Pero me parece que hay que buscar los cortafuegos en esos lugares que, de alguna manera, están en los márgenes, que son ajenos a esta lógica del capitalismo estatal, con sistema de partidos políticos, etcétera. Todo eso que se construye un poco desde otras cosmovisiones, y cuando decimos cosmovisiones estamos diciendo también cosmopolíticas. O sea, otras perspectivas de cómo ver la vida, la sociedad, las relaciones, la toma de decisiones. Esas miradas que son laterales y en muchos casos provienen desde el margen, creo que por ahí hay alternativas posibles y vías de salida o de fuga.

—En lo concreto, ¿cómo te imaginás esas resistencias? ¿Creés que van a surgir en los márgenes otro tipo de propuestas o las pensás más como un tipo de militancia autoconvocada en masa que llega a lograr algunas cosas, a conquistar derechos?

—Pienso en todas las experiencias de carácter comunitario que son sociales, son políticas, son culturales y tienen todas esas dimensiones. Por ejemplo, hay mucho para observar y aprender del mundo indígena, del mundo de los pueblos originarios, justamente porque provienen de otra cosmovisión. Pero creo que hay que construir también desde los márgenes y que hay que construir esto con el cuerpo y con la mirada. Un poco por ahí. Creo que tiene también cierta relevancia esta idea de comunidad de comunidades, o sea, este conjunto de experiencias que son diversas, que no pretenden dar un modelo, que cada una tiene su especificidad y que probablemente por ahí haya formas de erosión de estas prácticas biopolíticas de selección que asfixian a la vida y que son prácticas de muerte. Me parece que no es casualidad que justamente se den allí políticas de protección de la diversidad de la vida, de defensa de la diversidad, porque sin diversidad no hay vida, y de conexión entre la vida humana, la vida natural y lo sagrado, todos estos vínculos que son imprescindibles para el mantenimiento de la vida en su sentido más amplio, ¿no?

Al señalar que las legislaciones recientes dedicadas a la memoria histórica y democrática resultan en una “memoria contaminada por los sesgos ideológicos de las leyes de memoria histórica y democrática”, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, puso de relieve su opinión sobre el modo en que estas normas afectan el ambiente político en el país, según informó el medio original. Estas declaraciones tuvieron lugar en el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de la CEE, celebrada esta semana en Madrid, donde Argüello abordó, además, el medio siglo transcurrido desde la muerte de Francisco Franco y el papel que ha desempeñado la Iglesia católica en el contexto social e histórico de España.

De acuerdo con el resumen publicado por el medio, Argüello definió la ley de memoria democrática como un “instrumento de polarización ideológica al servicio de los intereses políticos del presente más que cauce para ahondar en la reconciliación que los años de la Transición lograron”. Para el presidente de la CEE, estas normas intentan rehabilitar y honrar a las víctimas de la dictadura y buscar la sepultura digna de quienes permanecen en fosas y cunetas, pero según su visión, sus verdaderos efectos profundizan la confrontación ideológica.

Durante su intervención, el máximo responsable de la Conferencia Episcopal propuso que los próximos tres años, enmarcados en la proximidad de los cincuenta años de la Constitución previstos en 2028, deberían consagrarse a un proceso de “purificación de la memoria.” Argüello sugirió este camino como alternativa a lo que considera una “memoria contaminada” por políticas legislativas recientes, manteniendo el enfoque en la reconciliación conseguida durante el periodo de la Transición española.

El medio también detalló que Argüello dedicó parte de su discurso a repasar el recorrido institucional de la Iglesia católica tras la muerte de Francisco Franco. El presidente de la CEE recordó que, “hace cincuenta años, la mayoría de los obispos de España, hombres que habían conocido la guerra y la posguerra, dedicaron a Franco palabras de elogio y agradecimiento, además de pedir sufragios por su alma y orar por el futuro inmediato de España.” Refirió expresamente las declaraciones públicas y solemnes del cardenal Tarancón, quien presidía entonces la CEE, y del cardenal primado don Marcelo, citando estos episodios como reflejo de la trayectoria que ha experimentado la Iglesia española, desde una fase de adhesión al régimen franquista hasta “el distanciamiento crítico” promovido en la era del Concilio Vaticano II y bajo el pontificado de Pablo VI.

Las palabras de Argüello relatan esa evolución, pasando de un vínculo institucional con las estructuras del franquismo hacia una postura crítica alineada con los nuevos aires procedentes del Concilio y las orientaciones vaticanas. Según consignó el medio, la narrativa presentada enfatiza el contraste entre la respuesta de la Iglesia en 1975 y su posición actual frente a los temas de memoria y reconciliación nacional.

En el contexto de la Asamblea Plenaria, el presidente de la CEE expuso su planteamiento sobre el papel de la Iglesia en los debates sociales actuales. Insistió en que, más allá de las leyes de memoria histórica y democrática, corresponde avanzar hacia una interpretación de la historia reciente que permita superar la confrontación política. Argüello propuso que al conmemorarse el aniversario de la Constitución española se busque también promover una memoria colectiva menos condicionada por intereses políticos contemporáneos y más enfocada en la restauración de la convivencia.

Durante este discurso inaugural, Argüello situó a la Iglesia en el debate nacional manifestando que la memoria y la identidad religiosa deben contribuir a la cohesión social y no ser empleadas como elementos divisivos. Estas afirmaciones, recogidas por el medio de referencia, dan cuenta de la postura actual de los obispos ante la legislación sobre memoria histórica, así como del reconocimiento del proceso de transformación que ha experimentado la Iglesia durante el último medio siglo, alejándose del colaboracionismo mantenido con el régimen franquista para situarse en una actitud de revisión crítica y apertura a la autocrítica institucional.

Francisco Franco llevó a cabo muchos proyectos desde la sublevación nacional hasta el fin de la dictadura, con sus actuaciones militares en la Guerra Civil, sus programas políticos, sus cambios de postura o las relaciones internacionales cambiantes. No obstante, como todo líder autoritario, siempre le quedarán ambiciones sin saciar. 50 años después de su fallecimiento, recordamos algunos planes militares que nunca llegó a poner en marcha.

El dictador nunca fue muy contundente con un proyecto de ocupación de Gibraltar, pues no le interesaba poner en su contra al Reino Unido, pero existían intenciones de hacerse con el enclave del Estrecho de Gibraltar. Más información hay sobre otros proyectos, como el rearme militar en el Norte de África para hacer frente a Marruecos o sus objetivos de desarrollo nuclear. Ninguno de los dos acabó llegando a buen puerto.

El deseo de hacerse Gibraltar

Nunca se ha llegado a esclarecer si realmente estuvo cerca una intervención militar en el sur de la Península. Desde su llegada al poder, Franco insistió en la obligación británica de entregar Gibraltar. En los años sesenta se unió a la tendencia descolonizadora de la ONU, exigiendo la devolución a España tras la entrega en 1713 en el Tratado de Utrecht.

A esta vía diplomática añadió una serie de medidas de presión. En 1969, Franco ordenó cerrar la frontera con La Línea de la Concepción, impidiendo el paso de la verja. Sin embargo, las dudas llegaban con la posibilidad de pasar a las armas. El historiador Manuel Ros Agudo asegura en su investigación que llegó a diseñar un cuidado plan.

Empezaba impidiendo el paso por el Estrecho de buques militares ingleses mediante morteros y seguía con la destrucción de la base militar de Gibraltar con “fuego de artillería de grueso calibre”. Según el experto, que se basa en documentos extraídos de la Fundación Francisco Franco, se llegó a aprobar la creación de 150 divisiones en caso de iniciar el ataque, y se ordenó a la Armada el bloqueo marítimo si se iniciaba.

Este plan habría sido discutido con los aliados internacionales, sin llegar a ponerse en marcha. El Estado Mayor Central del Ejército llegó a presentar un detallado informe con los pasos a seguir en estos bloqueos y bombardeos, basado en la idea inicial de Franco. No llegó nunca a buen puerto porque España realizó grandes exigencias a Italia y Alemania de cara a intervenir en el conflicto (recibir el Marruecos francés), y, sin la participación española en la Segunda Guerra Mundial, resultaba difícil recibir el apoyo necesario para una intervención en Gibraltar.

El plan militar contra Marruecos

En 1975, España preparó la “Operación Marabunta” para defender el Sáhara Occidental de la Marcha Verde marroquí. Ignacio Fuente Cobo y Fernando M. Mariño Menéndez en El Conflicto del Sáhara Occidental, publicado por el Ministerio de Defensa, explican el plan que se activó una defensa en torno a la capital. La estrategia preveía cercar la capital El Aaiún y desplegar hasta 20.000 soldados, artillería y defensas tácticas, con refuerzos listos en la península. Sin embargo, Marruecos movilizó a cientos de miles de civiles desarmados, evitando así la confrontación militar.

España, debilitada por la inminente muerte de Franco, optó por evitar el conflicto y pactó la entrega del territorio. Finalmente, la operación militar fue cancelada y se cedió el Sáhara a Marruecos y Mauritania, con las consecuencias que esto ha tenido en la actualidad, cuando la mayoría del mundo se ha puesto del lado del rey Mohamed VI. Se pasó de este plan a la ‘Operación Golondrina’, que supuso la retirada de las tropas y civiles españoles.

El desarrollo nuclear en España

Si hablamos de ambiciones de Franco que no llegaron a ver la luz, no puede faltar el desarrollo nuclear. El ‘Proyecto Islero’ fue una iniciativa española para desarrollar armas nucleares entre los años 60 y 70, impulsada principalmente por la Junta de Energía Nuclear bajo el contexto de la Guerra Fría. El plan contemplaba la construcción de bombas atómicas de plutonio, así como la creación de un reactor nuclear y una planta de obtención de plutonio.

Franco acabó interrumpiendo el programa por estos riesgos. Como recoge el libro Proyecto Islero. Cuando España pudo desarrollar armas nucleares, el dictador comunicó a Guillermo Velarde el freno al avance. Explicó al general de división del Cuerpo de Ingenieros Aeronaúticos del Ejército del Aire y catedrático de Física Nuclear, que había “considerado las ventajas que tendría para España poder disponer de un pequeño arsenal de armas nucleares” pero que “sería prácticamente imposible mantenerlo en secreto, y España no podría soportar otras sanciones económicas”.

Con esto, hacía referencia al desarrollo del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) en los inicios de los años setenta. Aunque Franco no colaboraría en esta condena internacional, no quería ponerse en contra a todo Occidente. En los años siguientes, Carlos Arias Navarro tuvo ideas de continuar con el proyecto, que acabarían en nada con la Transición y la intención de España de unirse a la Unión Europea (UE).

—La flaca se va. Se va a descansar.

Quizás esta escena, las últimas palabras pronunciadas por Eva Perón en la mañana del 26 de julio de 1952, las que anunciaban que el cáncer que la comía por dentro, que la consumió en poco más de dos años, había vencido, sea una de las más memorables del capítulo de la historia peronista y argentina que se inicia con la muerte de quien fue —y sigue siendo— una de sus líderes más veneradas. Más odiadas.

—El cadáver de Eva Perón es absoluta y definitivamente incorruptible.

Quizás estas, las del médico español Pedro Ara —que vivía en el país desde 1925 y era profesor de anatomía en la Universidad de Córdoba y agregado cultural de la embajada—, a quien Juan Domingo Perón le encomendó la tarea de conservar el cuerpo hasta convertir a la primera dama en una muñeca de porcelana que descansaría en el “Monumento al descamisado”, un mausoleo majestuoso que se planificaba en su honor, sean las más impactantes frente a lo que pasó después. Sean las más impactantes, acompañadas de la imagen en que una cánula atraviesa la piel sin vida hacía instantes de la primera dama y comienza a extraerle la sangre dando inicio al proceso de conservación.

Quizás la aparición misteriosa, casi sobrenatural, de velas y flores “no me olvides”—se dice que eran de la planta Myosotis— en cada trayecto clandestino que hacía el cadáver después de robado, desconcertando y sumiendo a sus captores bajo un manto de paranoia y terror, sean la mejor síntesis de su esencia, la de Eva. Como si les advirtiera a sus vejadores que aún sin vida vencería. Que aún sin vida, ella era Eva Perón. Y tenía su propio séquito de descamisados cuidándola en cualquier plano. Que no le perdía el rastro. Que no soltaría su mano. Como ella no lo hizo.

Quizás ver a Natalia Oreiro en su piel en la serie Santa Evita, basada en el libro homónimo del periodista Tomás Eloy Martínez —una novela publicada en 1995 que teje ficción y realidad para contar su investigación sobre el devenir del cadáver de la abanderada de los humildes— sea una de las mejores formas, junto a la lectura de la obra, de intentar comprender qué pasó con el cuerpo. Qué hicieron de él después de que un comando militar de la dictadura autodenominada “Revolución Libertadora” lo secuestrara del edificio de la CGT en 1955. Quiénes lo laceraron, lo ocultaron y luego se lo llevaron al exilio para ser enterrado en una tumba con identidad falsa antes de que se lo regresaran a Perón en Madrid, primero, en 1971, y al pueblo argentino, después, en noviembre de 1974, poniendo fin a uno de los episodios más truculentos de esos días. Aquellos en los que, como anuncia la ficción, “la primera dama de Argentina falleció y nació el mito”.

La acompañaba su marido, sus hermanos: Elisa, Blanca, Erminda y Juan. También estaba el cirujano Ricardo Finochietto y el cardiólogo Alberto Taquini. Uno le sostenía la mandíbula, el otro le tomaba el pulso. Eran las 20:23 del 26 de julio de 1952 cuando supieron que Eva Perón había muerto. Y ahora era inmortal.

Pedro Ara no tardó en comenzar a trabajar sobre el cuerpo tibio. Debía dejarlo listo para el funeral, para posibilitar la despedida de un pueblo que —sabían— acudiría desde todos los rincones a darle el último adiós a su líder, su compañera. Cuando el velorio terminara, el médico continuaría su obra sobre ella para que luego fuera trasladada a la cripta en su honor, un sitio donde pudieran rendirle homenaje siempre.

Eva, su cuerpo, estuvo listo al amanecer del 27. Cuando Ara se hizo a un lado, el peluquero Jorge Alcaraz, que llevaba 13 años encargándose de su pelo y le había prometido que lo haría después de muerta, la tiñó, le cortó, la peinó con su rodete que era símbolo y se guardó un mechón. La vistieron. La pusieron en un ataúd de cedro con un cristal que permitía ver su rostro, y la trasladaron al primer piso del Ministerio de Trabajo y Previsión, el mismo sitio donde ella recibía a quienes acudían en su ayuda. La velaron ahí hasta el 9 de agosto, cuando el adiós continuó por dos días más en el Congreso.

Argentina se congeló. El tiempo se detuvo en un duelo que lo envolvió todo. No hubo bares ni cines ni teatros. Ni partidos de fútbol ni diarios ni taxis. Ningún lugar de encuentro vinculado a la alegría. Lo único que abría sus puertas eran las iglesias. La música de las radios acompañaba la tristeza y los rituales de la muerte. Y así comenzó el velorio más largo y uno de los más masivos de la historia argentina. En el que las filas para llorarla, agradecerle y despedirla perecían no tener fin.

El Gobierno había anunciado dos días de suspensión de actividades, treinta de luto oficial. Ante la profusión de la masas que desbordaban calles y veredas, decretó que el velorio se extendería hasta el 11 de agosto: “hasta que el último ciudadano pueda ver los restos de la compañera Evita”.

Se estima que más de dos millones de personas —hombres, mujeres y niños— toleraron frío y lluvia para decirle adiós. Que, al llegar, cada una debía esperar unas diez horas para entrar al recinto. El Ejército levantó puestos para ofrecer comida caliente, la Fundación Eva Perón puso a disposición ambulancias y médicos, también la Cruz Roja acompañaba por si alguien se descompensaba.

El 11 de agosto el cuerpo de Eva fue conducido del Congreso a la CGT, donde se quedaría mientras se construía su mausoleo y mientras Ara continuaba trabajando para que durara toda la eternidad. Pero esto es Argentina. Planear toda la eternidad resultaba algo ambicioso.

El 16 de septiembre de 1955 las Fuerzas Armadas asestaron un golpe de Estado que derrocó al Gobierno de Juan Domingo Perón y dio paso a la dictadura cìvico-militar autodenominada “Revolución Libertadora”, liderada por Eduardo Lonardi hasta el 13 de noviembre, cuando fue reemplazado por Pedro Eugenio Aramburu, quien la encabezó hasta el 1 de mayo de 1958.

Este totalitarismo emitió el Decreto 4161/56, con el que proscribió al partido justicialista volviéndolo ilegal: quedaba prohibido utilizar palabras como “peronismo”, “peronista”, “justicialismo”, “justicialista”, el nombre de Perón, los símbolos o expresar en público simpatía o identificación con su ideología. Había castigos, sanciones severas y penas de prisión, para quienes infringieran esta norma con fuerza de ley. Así se inició un proceso de “desperonización” de la sociedad que duraría casi dos décadas.

A comienzos de este año, en una nota realizada por esta periodista a Juan Carlos Pallarols, el orfebre mostró, entre la constelación de objetos expuestos en su taller-museo, la máscara mortuoria de Evita, una original tomada por su padre, Carlos Pallarols Cuni, en la CGT. También estaba ahí la maqueta de la que sería su tumba.

—Eso había que destruirlo so pena de muerte, te fusilaban si no. Nosotros no dejamos que mi viejo lo rompiera. Él tenía una quinta en Rafael Calzada, en la zona sur (en aquella época era Villa Calzada). Hicimos un pozo. Mis abuelas y mi vieja habían sido dueñas del [café] Tortoni, entonces teníamos un montón de manteles y canastas, lo metimos todo ahí y lo enterramos durante treinta y pico de años. Para preservar lo histórico. Así se rescató la maqueta, que estaba en pedazos, y ahora está toda armadita de vuelta, y la máscara, intacta —contaba.

La maqueta que rearmaron como un rompecabezas es una réplica del sarcófago de dos metros que se construiría para guardar el cuerpo de Eva. “Adentro de esa caja de plata iba la caja de cristal con los restos reales de Eva Perón momificados, que los había hecho Pedro Ara. Después de muchos años, yo estaba en Madrid, fui a los remates de Montepío y Mercedes Ara, la hija, había puesto a la venta el escudo peronista que utilizaba Eva”. Pallarols lo compró. Y también lo exhibe.

Mientras los artífices del golpe del 55 concentraban esfuerzos en borrar las huellas del peronismo bajo amenaza, los afiliados y seguidores de este partido que ya era un culto enterraban y escondían sus insignias y amores por sus líderes. Debajo de la superficie y entre las sombras comenzaba a crecer, como una enredadera imparable, la resistencia peronista.

“Mi problema no son los obreros. Mi problema es ‘eso’ que está en el segundo piso de la CGT”, cuenta en un artículo Felipe Pigna que se le escuchaba decir al subsecretario de Trabajo del gobierno golpista.

Por su aversión a Eva, a su cadáver y a todo lo que representaba, después de intensos debates sobre qué destino darle decidieron sacarla del edificio de la calle Azopardo, “para que no se transformara en un lugar de culto y por lo tanto de reunión de sus fervientes partidarios”, escribe Pigna.

Finalmente, los líderes del régimen dictatorial ordenaron secuestrarla para darle “cristiana sepultura”: un entierro clandestino.

Era la noche del 22 de noviembre de 1955 cuando el teniente coronel Carlos Eugenio Moori Koenig, jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), y su colega, el mayor Eduardo Antonio Arandía, ordenaron a los guardias que custodiaban la puerta detrás de la que se encontraba el cadáver de Eva Perón en la CGT que se retiraran. Y así, sin más, ante la incredulidad del doctor Pedro Ara, “que veía cómo se llevaban junto con Evita a su obra más perfecta” —apunta Pigna—, la robaron.

“Pero el ‘rey de la ciénaga’ [N. de la R: eso significa el apellido Moori Koenig] no era solo el jefe de aquel servicio de inteligencia” —sigue el historiador— “era un fanático antiperonista que sentía un particular odio por Evita. Ese odio se fue convirtiendo en una necrófila obsesión que lo llevó a desobedecer al propio presidente Aramburu y a someter el cuerpo a insólitos paseos por la ciudad de Buenos Aires en una furgoneta de florería. Intentó depositarlo en una unidad de la Marina y finalmente lo dejó en el altillo de la casa de su compañero y confidente, el mayor Arandía. A pesar del hermetismo de la operación, la resistencia peronista parecía seguir la pista del cadáver y por donde pasaba, a las pocas horas aparecían velas y flores” —este hecho, que sucedió alguna vez, es acentuado en la serie dando a entender que los descamisados no abandonarían a su abanderada, por más proscripción, clandestinidad y amenazas que pendieran sobre ellos.

La presencia del cuerpo de Eva en la casa de Arandía no trajo nada cercano a la paz ni al descanso. El mayor era atormentado por una paranoia que no lo dejaba dormir. Una noche oyó ruidos. La versión que hizo trascender es que pensó que había entrado un ladrón. Lo que se dijo es que en verdad lo aterrorizaba la posibilidad de que una célula de la resistencia peronista ingresara a su casa e intentara recuperar el cadáver. Lo certero, lo siniestramente certero, es que tomó su pistola nueve milímetros y vació el cargador contra un bulto en la oscuridad: su mujer, embarazada, cayó muerta al instante.

Pigna cuenta que Moori Koenig quiso llevar el cuerpo a su casa, pero su esposa opuso un “no” rotundo. También que su atracción y manía por el cadáver transgredieron todos los límites.

Entre los rumores y perversidades que corrieron sobre esta historia destacan las declaraciones de quien lo reemplazó en su puesto como líder de la SIE luego de que la cúpula de la Libertadora se enterara de su accionar, el coronel Héctor Cabanillas: “A partir del momento en que tuvo el cadáver en sus manos, se enloqueció. Pero aparte con alcohol, tomaba mucho y se enloquecía, y decía que esa mujer era de él, que eso le pertenecía a él…”. “El coronel Moori Koenig había cometido algunas faltas muy graves, irresponsables y muy imprudentes, y hasta anticristianas, con respecto al cadáver”, dice en el documental Evita, la tumba sin paz (1997) dirigido por Tristán Bauer, con guion de Miguel Bonasso.

Moori Koenig tuvo a Evita de pie, dentro de una caja de madera, en su despacho del SIE como quien tiene una cabeza de alce embalsamado en la pared. La tocaba, la vejaba y la mostraba a sus amigos como un cazador muestra una gran presa alcanzada tras una ardua persecución. Hasta que la presumió con María Luisa Bemberg —quien se convertiría en una gran cineasta— que horrorizada huyó a contarle lo que había visto a un amigo de su familia, el jefe de la Casa Militar y capitán de navío Francisco Manrique. Cuando esto llegó a oídos de Aramburu, Moori Koenig fue relevado de inmediato y trasladado a Comodoro Rivadavia. Su cargo fue ocupado por Héctor Cabanillas, quien propuso sacar al cuerpo del país. Así se empezó a organizar el “Operativo Traslado”.

Aramburu facultó a Alejandro Agustín Lanusse, entonces jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, para realizar las gestiones necesarias con la Iglesia Católica, donde tenía amigos, y así obtener el aval del mismo Vaticano para trasladar el cuerpo de Eva, en completo hermetismo, a Italia.

Así se hizo: por medio de un operativo secreto coordinado entre la Iglesia y los dictadores, el cadáver fue sacado del país y enterrado en el Cementerio Mayor de Milán con un nombre falso. “María Maggi de Magistris” decía la tumba a la que Giuseppina Airoldi, conocida como la “Tía Pina” —una integrante de la orden de San Pablo a la que también pertenecía el capellán Francisco Rotger, amigo de Lanusse y cómplice del operativo— llevó flores durante los 14 años que el cuerpo estuvo allí.

Jamás supo que se las estaba llevando a Eva Perón.

El tiempo transcurrió. Hasta que en 1970, cuando en el país regía otra dictadura cívico-militar —autodenominada “Revolución Argentina”—, que había derrocado al presidente constitucional Arturo Illia mediante otro golpe de Estado en 1966, un grupo de jóvenes peronistas de extrema izquierda, nucleados en una organización guerrillera, secuestró a Pedro Aramburu y con ese acto se presentó en sociedad: formaban la agrupación política de lucha armada Montoneros. Y exigían el cuerpo de Evita de regreso. Sometieron al exdictador a un “juicio revolucionario” en el cual lo encontraron culpable de diversos crímenes, como la proscripción del peronismo, el secuestro del cadáver de la líder de los descamisados y los fusilamientos de José León Suárez. Y lo condenaron a muerte.

—Nosotros le preguntábamos a Aramburu por el cadáver de Evita. Dijo que estaba en Italia y que la documentación estaba guardada en una caja de seguridad del Banco Nación, y después de dar muchas vueltas y no querer decir las cosas, finalmente dijo que el cadáver de Evita tenía cristiana sepultura y que estaba toda la documentación del caso en manos del coronel Cabanillas. Además se comprometió a que si nosotros lo dejábamos en libertad él haría aparecer el cadáver. Pero nosotros decíamos que esto no era una negociación, que era un juicio. Para nosotros no estaba en discusión la pena. Pero además nos interesaba averiguar sobre el cadáver de Eva Perón. Por eso, no planificamos un simple atentado callejero, sino una acción de más envergadura, de más audacia, que era como decir: ‘Nos vamos a jugar, vamos a hacer lo que el pueblo ha sentenciado —le contó Mario Firmenich, líder de Montoneros, a Felipe Pigna en su libro Lo pasado pensado.

Así, la agrupación dio a conocer, mediante su “Comunicado Número 3”, el 31 de mayo de 1970, que el dictador se había adjudicado la responsabilidad “de la profanación del lugar donde descansaban los restos de la compañera Evita y la posterior desaparición de los mismos para quitarle al pueblo hasta el último resto material de quien fuera su abanderada”.

Al día siguiente, 1 de junio, Fernando Abal Medina, jefe del Comando, ejecutó la sentencia de Aramburu y le disparó.

El secuestro y asesinato del exdictador generaron la caída de Onganía, al mando de una dictadura que, a diferencia de las anteriores, pretendía establecerse en el poder como un nuevo régimen permanente. En su lugar fue designado el general Roberto Marcelo Levingston, quien alteró esos objetivos y trató de volver a acercarse a los partidos políticos: proponía una salida electoral controlada por los militares, que el pueblo rechazó.

En 1971, Levingston fue reemplazado en su cargo por Alejandro Agustín Lanusse, en cuyo mando, y ante el agotamiento irreversible del totalitarismo —que iba a culminar con más fusilamientos, como la Masacre de Trelew de 1972— comenzó a gestarse la salida democrática. Fue cuando surgió el Gran Acuerdo Nacional (GAN), que buscaba una conciliación con los principales partidos políticos para restablecer la democracia y, a la vez, limpiar el nombre de las Fuerzas Armadas.

Con ese clima reinante Lanusse, que sabía perfectamente dónde estaba enterrada Eva, mandó a devolver el cuerpo a Perón. Cabanillas llevó a cabo el “Operativo Devolución”. Viajó a Italia, se presentó en el cementerio como Carlos Maggi, supuesto hermano de María Maggi y, el 1 de septiembre de 1971, exhumó el cuerpo de la abanderada de los humildes. Que viajó a Madrid y fue entregado a su viudo, en Puerta de Hierro, dos días después.

Cuando la recibió, el expresidente encontró un cuerpo marcado, mutilado por la saña, por los diferentes lugares de su cautiverio, por el tiempo sin cuidados.

Había llamado a Pedro Ara para que revisara el cadáver. “La cabellera aparecía mojada y sucia. Las horquillas, herrumbradas, se quebraban entre nuestros dedos. Isabel comenzó a deshacer las trenzas de Eva para ventilar y secar sus cabellos y limpiarlos de herrumbre y tierra…”, escribió el médico en su diario.

El cuerpo de Eva permaneció donde Perón, en Madrid, tres años. Cuentan las versiones que agregan condimentos a una historia que los tiene todos que, mientras estuvo allí, José López Rega, el “brujo”, realizaba ceremonias secretas en las que María Estela Martínez de Perón, al lado del cadáver, buscaba lograr una “transmutación de poder” y obtener “el carisma de Evita”. No hay pruebas que nieguen ni afirmen.

Cuando Perón volvió al país, después de 17 años de destierro, el 17 de noviembre de 1972, no trajo a Eva. Tampoco cuando regresó de manera definitiva, en 1973.

Entonces, el reclamo por la repatriación del cadáver comenzó a crecer. Hasta llegar a su clímax. El 15 de octubre de 1974 —con Perón muerto hacía tres meses—un comando de Montoneros se infiltró en el cementerio de la Recoleta. A través de un plan elaborado, planificado con minucia, secuestro el cadáver de Pedro Eugenio Aramburu, es decir, secuestró al militar por segunda vez. Para devolverlo exigían de regreso a “la compañera Evita”.

María Estela Martínez de Perón puso a López Rega a cargo del “Operativo retorno”.

Era la noche del 16 de noviembre cuando el Boeing 707 que contenía el cuerpo de Eva despegaba del viejo mundo para traerla de regreso al suyo. El mismo día, Isabel, presidenta de la Nación, había anunciado la noticia en cadena nacional: la mañana siguiente, el 17, Día del Militante Peronista en honor al regreso de Perón del exilio dos años antes, Eva volvía.

Eva volvió.

El cortejo fúnebre fue desde Aeroparque a la Quinta de Olivos bajo una copiosa lluvia de flores que alfombraba y pintaba calles y veredas.

Mientras, en Palermo, dentro de una camioneta estacionada, aparecía el ataúd con el cuerpo de Aramburu, concretándose lo prometido por Montoneros. Un hecho que se difuminó en una ciudad bañada de lágrimas, bañada de arengas. Porque una vez más, como en el día de su despedida, un pueblo, que era marea humana, que era una horda sumida en gratitud, se reunió para darle la bienvenida, para volver a decirle adiós.

En su intervención, habló sobre la importancia de garantizar la seguridad en el territorio nacional ante el fortalecimiento de los grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las disidencias de las Farc.

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Para el líder político, el poderío de las guerrillas en los diferentes departamentos de Colombia demuestra que la actual administración, liderada por el presidente Gustavo Petro, falló en la protección de la soberanía.

“Operación Armada Internacional en la lucha contra la criminalidad. Hay que superar, actualizar el tema de la soberanía. La soberanía la pierden realmente los Estados cuando, a pesar de que se mantiene en el poder formal, el poder real lo determinan los criminales, lo que está pasando en nuestros países”, expuso Uribe Vélez.

A su vez, explicó que el Estado colombiano debe velar por el derecho a tener autoridad suprema y exclusiva sobre su propio territorio, incluyendo sus fronteras, de dos maneras, con las Fuerzas Armadas y la ayuda internacional.

“Y la soberanía se defiende no solo con las fuerzas internas, sino con la ayuda internacional para ayudar a que el poder real en ese país lo determine la Constitución y no la criminalidad. Ojalá la elección del domingo en Ecuador permita que el presidente Novoa pueda tener una gran ayuda internacional en la lucha contra la criminalidad y defender la soberanía democrática”, explicó el líder del Centro Democrático.

A lo largo del discurso, el exmandatario expresó preocupación por la cercanía del Gobierno Petro y el régimen venezolano de Nicolás Maduro. En su opinión, medidas como la zona binacional y la falta de una postura de rechazo a la cúpula militar que lidera el vecino país, fortalece las prácticas del narcotráfico y el terrorismo.

“El tema de Venezuela y Colombia es el tema más difícil. Antes, Venezuela hospedaba a los terroristas colombianos, era un callejón de salida del narcotráfico, que lo sigue siendo. Y en el gobierno de Colombia, salvo excepciones y momentos, había una gran oposición a esas prácticas venezolanas. Hoy están unidos Maduro y el Gobierno de Colombia. Tienen la zona binacional”, señaló Uribe Vélez.

A renglón seguido dijo: “Y entonces, cuando yo veía ahora a Maduro, amenazar el Gobierno de Estados Unidos, también pensaba que sería sumado el presidente de Colombia y esperamos que el ejército de Colombia en esa zona binacional no entre en ese riesgo. El problema de Colombia, del neocomunismo... Bueno, habrá que preguntar si el muro que dejamos en 2010, si no lo dejamos totalmente sólido, porque también cometimos errores. Pero también habrá que preguntar qué pasó con los cuidadores de ese muro que elegimos y que permitieron la llegada del neocomunismo”.

Críticas contra el endeudamiento de Colombia

El líder político del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, sostuvo, en el mismo evento que las políticas del presidente Petro tienen una incidencia negativa en la deuda de Colombia, además de que su visión de país generó miedo en las empresas extranjeras, propiciando miedo a invertir.

“En América Latina tenemos el segundo endeudamiento, cuando Colombia era un país de una deuda muy moderada. Tenemos una de las más altas tasas de interés pagando a la comunidad financiera internacional. Deberíamos tener un déficit del tres y medio, lo tenemos del siete. La inversión extranjera se ha caído un diecisiete por ciento. La formación de capital al interior del país es muy baja. Hay temor a invertir en Colombia, inseguridad política, inseguridad jurídica”.

A su juicio, “es una manera neocomunista de acabar con la empresa privada, de estatizarlo todo. Cuando no expropian la propiedad, lo hacen a través de los impuestos, de las regulaciones y de toda clase de hostilidad. El país se está quedando sin petróleo, se está quedando sin gas. Colombia tenía un sistema de salud reconocido mundialmente por su solidaridad, mixto, con una gran participación del sector privado, del Estado. Lo están destruyendo y lo están sustituyendo por un monopolio estatal”.

El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) denunció este miércoles que Macario González, miembro de su dirección nacional y ex alcalde de Barquisimeto —capital del estado Lara, en el occidente del país—, lleva dos meses detenido “sin acceso a sus familiares ni abogados”, y sin que las autoridades informen dónde se encuentra preso. A través de X, VP afirmó que a González se le están “violando sus derechos humanos” y que su situación constituye, desde hace dos meses, una “desaparición forzada”.

La organización subrayó que “Macario no ha cometido ningún delito. Solo es un docente que ha dedicado su vida a servir a Venezuela como exalcalde”, y advirtió que la vida del dirigente político corre peligro: “Sigue en riesgo, ya que es un adulto mayor de 73 años que sufre de hipertensión”.

Del mismo modo, VP denunció que su activista Luis Somaza —detenido el pasado 12 de febrero— permanece “aislado en una celda pequeña”. La formación alertó que Somaza sufre “hidradenitis supurativa, una enfermedad crónica y dolorosa de la piel que produce nódulos que supuran sangre y pus bajo la piel”, lo que agrava su estado dentro del aislamiento.

VP exigió la liberación de González, de Somaza y de todos los presos políticos, cuyo número asciende a 884, según cifras de la ONG Foro Penal. No obstante, la dictadura de Venezuela sostiene que el país está “libre de presos políticos” y que las personas señaladas como tales se encuentran encarceladas por la “comisión de terribles hechos punibles”.

Por su parte, la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón informó este sábado que ha recibido denuncias sobre “castigos, suspensión de visitas y maltratos” contra los presos políticos recluidos en cárceles de Venezuela. En un comunicado difundido en X, la organización explicó que los familiares de los detenidos alertaron sobre una serie de abusos que incluyen “golpes, restricción de alimentos y trato humillante”.

La ONG agregó que, “como defensores de derechos humanos, acompañamos a las familias en su preocupación y hacemos un llamado urgente a las autoridades para que garanticen la integridad física, la vida y la dignidad de todas las personas privadas de libertad, y para que cesen todas las prácticas que puedan poner en riesgo su seguridad y derechos”.

Las denuncias de partidos opositores y organizaciones de derechos humanos reflejan un panorama de creciente preocupación sobre la situación de los presos políticos en Venezuela. Mientras la dictadura insiste en negar la existencia de detenciones por motivos políticos, las familias, activistas y defensores continúan exigiendo garantías básicas, transparencia y la liberación de quienes consideran injustamente encarcelados.

(Con información de EFE)

La mañana del 9 de noviembre de 1983 marcó el inicio de una tragedia que acabaría por sacudir a Chile durante la sanguinaria dictadura de Augusto Pinochet. Todo comenzó cuando más de treinta hombres armados irrumpieron cerca de las 7 de la mañana en la casa de Sebastián Acevedo, ubicada en la comuna industrial de Coronel, y detuvieron a su hija María Candelaria.

Acevedo, minero del carbón, pescador ocasional y padre de cuatro hijos, a esa hora, esperaba un colectivo para dirigirse a su trabajo en la constructora Lago Ranco de Concepción. Militante del Partido Comunista de Chile, hacía unos días le habían advertido que dos de sus cuatro hijos eran seguidos por la temible Central Nacional de Informaciones (CNI). Cuando vio pasar las camionetas militares a toda velocidad, volvió corriendo a su domicilio. Después de un forcejeo, los hombres le dijeron: “Nos llevamos a su hija porque es terrorista”. Dos agentes de la CNI subieron a María Candelaria a una camioneta blanca, vendaron sus ojos y comenzaron a dar vueltas por Coronel.

Pero allí no terminaría el calvario para los Acevedo. Una hora y media después detuvieron a Galo, otro hijo de Sebastián. Dos autos se estacionaron afuera de la constructora donde trabajaba, la misma donde cumplía tareas su padre. Lo subieron a una camioneta y le pegaron con la culata de la pistola en los testículos. Después de esposarlo, lo tiraron al suelo. Los hijos de Acevedo eran militantes de las Juventudes Comunistas de Chile.

Durante los días siguientes, Acevedo recorrió incansablemente estaciones de policía, iglesias, redacciones de medios de comunicación y oficinas públicas de Concepción y la región. Buscaba desesperado rastros de sus hijos, sin recibir ayuda de las autoridades civiles, religiosas ni mucho menos de los organismos de seguridad, que siempre negaban conocimiento de los arrestos. Así lo relató Elena Sáez, esposa de Acevedo, en una grabación de 1983: “Ya no hallábamos dónde ir. El segundo día llegamos como a las dos de la mañana, en el último micro. Le decía yo: ‘Esperemos, esperemos, negro…’ y él me dijo: ‘Mira, ¡lo que tú quieres es que te traigan a tus hijos muertos! Tenemos que seguir adelante’”. Las declaraciones de Elena Sáez forman parte del documental sobre Acevedo llamado El don Absoluto, dirigido por la documentalista Josefina Morandé y que se estrenó en 2023 con motivo de los 40 años de la inmolación del militante.

La angustia de Acevedo tenía justificación. Tras el golpe militar que derrocó a Salvador Allende en 1973, Pinochet encabezó una dictadura que, según informes de comisiones de verdad, dejó un saldo de más de 40 mil víctimas entre ejecutados, desaparecidos y presos políticos. En ese marco, la acción de la Central Nacional de Informaciones (CNI) se sostenía en el secuestro, la incomunicación y la tortura. La propia Candelaria Acevedo confirmó que tras su detención fue trasladada a un centro frente a Playa Blanca, a pocos kilómetros de su hogar, donde sufrió golpes, descargas eléctricas y torturas físicas: “Me dieron golpes de puño, golpes en los oídos. Me hicieron sacarme la ropa y me aplicaron electricidad en mis genitales y otras partes del cuerpo”. Allí, en su lugar de detención clandestino, también identificó a su hermano Galo, con quien fue puesta cara a cara. Ambos negaron conocerse y, según relató Candelaria, Galo fue igualmente torturado.

Durante esos días, Acevedo, “dejando de dormir y comer”, según narran familiares y testigos en distintos documentos, hizo gestiones ante todas las instancias posibles. Le dijo a un periodista local, Mario Aravena, que si no soltaban a sus hijos se “crucificaría o quemaría vivo”. Más tarde, el periodista reconocería que no le había creído que fuera a cumplir con su palabra.

Pasadas casi setenta y dos horas sin novedad sobre sus hijos, la desesperación de Sebastián Acevedo culminó en una decisión drástica. El 11 de noviembre de 1983, hace 42 años, después de despedirse de su esposa, se dirigió a la catedral de Concepción y alrededor de las 15:30 horas, dejó su campera y su carnet de identidad en el arzobispado y salió anunciando lo que haría: “Se iba a quemar”. En la explanada de la iglesia, se roció con bencina ante la mirada atónita de los transeúntes. Un policía intentó disuadirlo, pero Acevedo prendió el encendedor y las llamas lo envolvieron. Cruzó envuelto en fuego la plaza central, gritando por sus hijos. Testigos intentaron socorrerlo sin éxito.

El sacerdote Enrique Moreno logró acercarse a Acevedo para darle la extremaunción. Según relató el religioso: “Él me repitió: ‘Que la CNI devuelva a mis hijos, que la CNI devuelva a mis hijos’”.

Las heridas de Acevedo abarcaban el 95% de su cuerpo. Trasladado de urgencia al Hospital Regional de Concepción, agonizó mientras sus hijos aún permanecían bajo custodia.

Casi simultáneamente a su inmolación, las autoridades dejaron en libertad a Candelaria Acevedo, y su hermano Galo fue trasladado a la cárcel pública de la ciudad. Candelaria narró su salida del centro de detención: “El día en que mi papá se inmoló, me fueron a buscar al patio del centro de detención y me dijeron que había un sacerdote preocupado por nuestra situación y que, por lo tanto, me iban a sacar de allí. Llegué a mi casa, golpeé la puerta y mi hermana me dijo: ‘¿Tú no sabes lo que pasó? Tu papá se quemó en la catedral’. Así que salí de la casa y me fui al hospital regional, para saber si era verdad”.

Candelaria pudo comunicarse con su padre sólo mediante un intercomunicador. La joven relató: “Lo primero que me pidió fue que le dijera cómo me decía él cuando era niña. Quería corroborar que era yo realmente. ‘Patitas de canario’, le contesté. Entonces me pidió que me preocupara de mi hermano, para que saliera de la cárcel. También me dijo que criara a mis hijos derechitos, que fueran personas honestas, rectas, con principios. Y también me pidió que cuidara a mi madre. En definitiva, me hizo hacerme cargo de la familia”. A medianoche, el obrero de Coronel murió por la gravedad de sus quemaduras.

El funeral de Sebastián Acevedo congregó a aproximadamente 15.000 personas. Su acto resonó en comunidades cristianas y organizaciones opuestas al régimen de Pinochet. Según la documentalista Josefina Morandé aquella inmolación fue determinante del caso en exponer la represión: “Este caso dejó al descubierto lo que estaba pasando. Ya no se podía esconder. Algunos trataron, como la ministra de Justicia (Mónica Madariaga) que llamó al doctor de Sebastián Acevedo para decirle que tenía que cambiar la causa de muerte. Y el doctor lo defendió y dijo que era una inmolación”.

En los días posteriores, Candelaria volvió a ser arrestada, esta vez fue alojada en la cárcel, donde permaneció más de un año. A diferencia de la vez anterior, se sabía dónde estaba presa. Galo fue sentenciado por supuesta formación de grupos paramilitares y por infringir la ley de armas, cumpliendo dos años de prisión. Ambos atribuyen su supervivencia y la de otros militantes a la acción extrema de su padre. En palabras de Candelaria: “Su sacrificio fue un acto de amor y de rebeldía”.

En plena revalorización de la memoria histórica, organizaciones como el “Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo” surgieron para denunciar las violaciones de derechos humanos bajo la dictadura, lideradas por figuras como el sacerdote José Aldunate. Irene Cambias, integrante del movimiento: “Cuando él se inmoló, era consciente de que eran muchos los que estaban pasando por su misma situación… entonces no lo hizo sólo por sus hijos, sino por todo Chile”.

El caso Acevedo representó un golpe en la opinión pública al dejar evidencia de la tortura sistemática que se mantenía desde hacía más de una década en Chile. Morandé lo señala como parte de una serie de protestas llevadas a cabo en 1983, cuando “la gente empezó a salir a la calle a rebelarse. Y aquella inmolación vino a coronar ese año”.

La imagen de Sebastián Acevedo pidiendo que la CNI devolviera a sus hijos quedó como un símbolo de la desesperación familiar y la brutalidad política que caracterizó al régimen de Pinochet. Sus palabras, “Que la CNI devuelva a mis hijos”, se trasladaron a pancartas, informes y relatos como emblema de una época signada por la ausencia de justicia.

Si se deciden a verla, los más jóvenes se encontrarán con 83 minutos de una parte de la historia argentina que leyeron en los libros o sobre la que escucharon hablar intensamente a padres y abuelos en las mesas familiares. Para los mayores, el documental LS83, dirigido por Herman Szwarcbart (Un pogrom en Buenos Aires, Fuimos felices), será mucho más que una película ya que esas imágenes, a las que se suma la voz en off del escritor Martín Kohan leyendo frases de su libro Me acuerdo (Editorial Godot), cobran la fuerza de una memoria personal y colectiva, en especial para aquellos que vivimos la infancia o la adolescencia durante la última dictadura.

LS83 fue elaborada con talento y tecnología sobre la base de documentos desconocidos: un archivo fabuloso compuesto por unas doce mil películas del noticiero de canal 9 que fueron filmadas durante el período que va entre 1973 y 1980 y que nunca se había hecho público hasta ahora. Las latas habían quedado abandonadas en un sótano del viejo canal 9 en el momento en que fueron mudadas sus instalaciones, a fines de los ‘90. El Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken las rescató y fue a partir del proyecto de la película de Szwarcbart que comenzaron a restaurar el material. Los primeros trabajos con el celuloide comenzaron en 2019. El libro de Kohan se publicó en 2020.

Escenas tensas previas al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando al gobierno de Isabel Perón le quedaban horas apenas, actos oficiales o escenas sociales en los que se ve a los miembros de las juntas militares –Videla llegando en auto o en primeros planos, conversando con periodistas, la visita de los reyes de España, un chispeante Galtieri compartiendo una comida con soldados– pero hay mucho de vida cotidiana: una charla con Monzón luego de un entrenamiento, la clásica nota del comienzo de clases con excitados guardapolvos blancos rodeando al movilero, un obispo asegurando a cámara que la Argentina solo tiene que tener vínculos con países democráticos, festejos juveniles del día de la primavera o el nostálgico hormigueo humano en la calle Lavalle cuando todavía era el reino del cine.

El film explora el modo en que una vida puede quedar marcada por las escenas y los silencios de una época oscura. Hay imágenes sin sonido original, hay otras con sonido ambiente –un sueño, o una pesadilla, que regresa– y está la voz particular de Kohan, que hace memoria y regresa a sus primeros años en la escuela, en el deporte, en la rutina familiar y en los desengaños amorosos. La intención de los creadores nunca fue que las palabras de Kohan funcionaran como epígrafes de las imágenes; algunas veces sincronizan, otras parecen impactar entre sí o directamente van por diferentes caminos, y así también va el espectador.

Aunque las imágenes oficiales impactan por desconocidas y porque son un registro inusual del discurso público del gobierno militar de entonces, son las escenas cotidianas las que confirman una intuición inquietante: la más cruel de las dictaduras puede ser naturalizada por la población. En algunos casos seguramente hubo afinidad ideológica pero, finalmente, todos aprendemos a mirar para otro lado cuando se trata de sobrevivir.

LS83 se estrena el próximo domingo en el Malba. Meses atrás ganó el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires a la mejor película argentina entre todas las categorías en el último BAFICI y quedó seleccionada para participar en la Competencia Iberoamericana del Festival Internacional de Viña del Mar que se inaugura a fines de noviembre. Lo que sigue es la transcripción de una breve charla con Herman Szwarcbart, su director.

— ¿Cómo llegaste a los materiales que se usan en la película?

— Hace unos años visité el Museo del Cine buscando material para mi película Fuimos felices, un documental que estaba haciendo sobre la vida cotidiana judía en Argentina. Ahí me encontré con una cantidad de latas en 16 mm apiladas que tenían etiquetas escritas a mano con los nombres de Videla, Massera, Viola, Bignone y Galtieri. Contenían las notas del noticiero de Canal 9 entre 1973 y 1983, el período en que el canal había estado en manos del Estado. El archivista del museo me dijo “son latas del noticiero de Canal 9 que quedaron abandonadas hace años, no pudimos ver casi nada, hay que revisar rollo por rollo. Lleva mucho tiempo y plata, ninguna de las dos cosas sobra”.

— Eran del período en que el canal había pasado a manos del Estado, ¿no?

— Sí. En 1973 las licencias de los canales de televisión habían vencido y el gobierno de Perón no quería renovarlas. Finalmente, fueron expropiados en 1974 por Isabel Perón. Canal 9 tuvo un derrotero particular: a diferencia de Goar Mestre, por el 13 y de Yankelevich, por el 11, que sí lo hicieron, Alejandro Romay no aceptó la expropiación y le inició un juicio al Estado, que terminó ganando en 1984. Esas latas habían quedado abandonadas en un sótano del viejo Canal 9, en la calle Gelly 3378, cuando los nuevos dueños mudaron el canal a fines de los noventa. Antes de que esos archivos terminaran en un container, el Museo del Cine logró rescatarlos y resguardarlos en sus bodegas. Volviendo al comienzo, al tiempo de aquella visita, no pude evitar volver al museo para ver qué había en esas latas. El material estaba en crudo, sin editar; muchas de esas notas nunca habían salido al aire.

— ¿Qué idea tenías sobre ese período de la Argentina? ¿Qué te cambió luego de ver el material y qué pudiste confirmar de lo que pensabas antes?

— Siempre lo consideré, y sigo considerándolo, como el período más oscuro de la historia contemporánea de nuestro país. Al acercarme a este material empezaron a surgir recuerdos de mi infancia y adolescencia durante esos años. Recordé mi secundaria en el Vieytes, una escuela solo de varones, y cómo los preceptores nos pegaban: pequeños cachetazos, simpáticos, casi cómplices. Pero cachetazos al fin; un gesto de época que, en ese momento, no parecía violento. Sin embargo, la sensación era extraña. No tengo registro de haberla pasado mal durante la dictadura, y lo digo casi con culpa. En su libro Los espantos, Silvia Schwarzböck dice: “Si algo queda por pensar de la dictadura y sobre su posdictadura no son solamente los muertos que pesan como una pesadilla sobre la conciencia de los vivos, sino también las figuras espectrales que habitan nuestro presente”. Ella retoma un término que me acompañó mientras hacía esta película: el “Niño Mierda”.

— ¿Qué es exactamente ese concepto?

— Fue tomado de una obra del artista Lux Lindner. El “Niño Mierda” es el hijo de un oficinista, un médico o un contador que, mientras mira un programa infantil tomando Nesquik en su casa, no sabe que están torturando personas en un campo de detención. (Al margen, en su relato en off, Martín recuerda que en su casa le daban marca Superpibe en vez de Nesquik). Y el Niño Mierda está desautorizado para hablar de la dictadura, porque hablan quienes la han sufrido en carne propia, es decir, quienes han sido lesionados por ella. Mi búsqueda, en parte, consistía en identificar esas marcas que nos dejó aquella época. Yo terminé quinto año y, por alguna razón, nunca volví a visitar el Vieytes. De adolescente participaba en ciertos grupos judíos de izquierda en los que, hacia el final de la dictadura, ya hablábamos de los desaparecidos. La primavera alfonsinista la viví con mucha energía, entusiasmo y esperanza, proporcional a la tristeza que siento al recordar esos años desde este presente.

— Lo que mencionás acerca de la marca Superpibe en lugar de Nesquik se lee en Me acuerdo, el libro de Kohan.

— En el libro de Martín hay solo dos recuerdos que pueden vincularse directamente con la dictadura (aunque aparecen sin una referencia precisa al año en que sucedieron). Uno es la detención de un amigo de sus padres por “averiguación de antecedentes”, que finalmente es liberado al día siguiente y por lo cual el hombre luego decide afeitarse la barba. El otro es cuando su mamá, después de una pelea con el papá, se baja del auto, toma un colectivo y unos soldados hacen bajar a todos los pasajeros para revisarlos uno por uno. Pero hay otro, donde describe un juego de su infancia: el secuestro de su hermana, que él mismo llevó a cabo con un amigo. La llevaron a un sótano, pidieron el rescate a la familia, y una vez que lo pagaron, la liberaron.

— Es uno de los textos más inquietantes, sí. ¿Cómo se te ocurrió hacer dialogar la película con los textos de Martín?

— El guion lo trabajé junto con Fernando Krapp. Las opciones para abordar el material eran muchas. Al principio empezamos a agrupar las notas por tema: infancia (muchas con chicos en guardapolvo, en actos oficiales, desfiles), rol de la mujer, inauguración de obras, vida cultural, Iglesia. Incluso llegamos a pensar en convocar a especialistas en cada uno de esos temas para que dieran su impresión, siempre desde el presente. Hasta que Martín Kohan publicó su libro Me acuerdo. Yo ya había leído el de Joe Brainard y el de Georges Perec, pero el de Kohan me impactó directamente: somos prácticamente de la misma edad y también me crié en el seno de una familia judía de Buenos Aires, laica y de clase media.

— ¿Y cómo trabajaron operativamente para que el texto y las imágenes matchearan, por decirlo de alguna manera?

— Con la lectura del libro notamos que muchos recuerdos tenían una relación directa con las imágenes del noticiero, y otros las complementaban. A partir de ahí hicimos una primera selección y empezamos a probar, a montar y a jugar con la superposición de ambos materiales. Desde el inicio tuvimos claro que no queríamos que las imágenes ilustraran literalmente el texto, ni que los textos funcionaran como epígrafes de las imágenes. Martín ya había grabado un audiolibro, lo que nos permitió hacer unas primeras pruebas. Pero luego fuimos reagrupando los recuerdos, cambiando el orden, y eso hacía que se perdiera un poco la fluidez y la cadencia. Finalmente, fuimos a un estudio de grabación y Martín leyó todos los recuerdos en el orden en que aparecen en la película.

— ¿Cuál es el momento qué más te conmueve de la película y por qué?

— Hay dos momentos que todavía me conmueven. En ambos se dio algo particular: una coincidencia entre la sensación que tuve al montar la película y lo que luego se vivió en la sala. El primero es la aparición de Videla. Ocurre después de varios minutos en los que escuchamos a Martín recordar su escuela primaria y sus novias, entre las risas del público (el nivel de esas risas también me resultó llamativo). El momento es inesperado: se lo ve apenas descender de un auto. La imagen es muda (y así la dejamos), y el silencio que se produce en la sala, durante largo rato, genera un contraste muy fuerte con el clima anterior. El segundo es el final, con esas imágenes de la Costanera filmadas para ilustrar una nota sobre el tiempo: un día ventoso, un avión despegando desde Aeroparque, el río agitado y esas hamacas que se mueven solas. Fue una de las primeras latas que vi, y todavía me resulta impactante.

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*LS83 se estrena el domingo 9 de noviembre en el MALBA a las 18 y podrá verse los demás domingos del mes en el mismo horario. Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

También habrá dos funciones dentro del programa Selección BAFICI: miércoles 12/11 a las 18 y miércoles 19/11 a las 20, en el CC 25 de Mayo, Triunvirato 4444, CABA.

** Ficha técnica de LS83:

Dirección: Herman Szwarcbart

Guion: Fernando Krapp, Herman Szwarcbart

Producción: Gaman Cine, Herman Szwarcbart,

Gabriel Kameniecki, Santiago Borensztejn

Co-producción: Nell & Weinbeer Films

Producción ejecutiva: Santiago Borensztejn, Gabriel Kameniecki, Emiliano

Torres, Nicolás Gil Lavedra, Philipp Nell, Lukas Weinbeer.

Edición: Pablo Mazzolo

Año: 2025

Duración: 83 min.

Género: Documental

País: Argentina, Alemania

—¿Qué siente ante la destrucción de sus obras? —le preguntó un periodista francés a Pablo Picasso.

—Eso no es una noticia, sería noticia si quemaran el Prado —respondió el pintor malagueño con un dejo de ironía.

Corría noviembre de 1971 y Picasso continuaba viviendo en el exilio a pesar de que, por más de una vía, la dictadura que gobernaba en España le había hecho saber que podía regresar cuando quisiera. No solo eso, en los últimos años lo había distinguido como “español universal”, nombrado académico de honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, expedido un sello oficial con su imagen y convocado a un certamen de arte juvenil en su nombre. Aún así, el pintor seguía sin poner un pie sobre su tierra natal, fiel a su promesa de no regresar hasta que el dictador Francisco Franco estuviera muerto y enterrado. No quería que la dictadura se lavara la cara haciendo uso de su figura.

Eso no impidió que se realizaran una serie de actividades oficiales en homenaje a sus 90 años, cumplidos el 25 de octubre del 71. “Pretendieron apropiarse de la idea del artista para dar una mejor imagen de España en el exterior. Era un poco absurda la situación: en los años 60, Picasso ya estaba reconocido como el mejor artista occidental, pero en España apenas se le conocía”, explica la historiadora del arte Nadia Hernández Henche, autora de Picasso en el punto de mira, un libro donde analiza los ataques violentos de la extrema derecha contra el pintor.

Ni lerdo ni perezoso, el artista también aprovechó la ocasión: seguiría sin volver a España, pero permitió que se realizaran exposiciones con algunas de sus obras, la más importante de ellas en la Galería Theo de Madrid. Precisamente a lo ocurrido con los grabados que se iban a exhibir en esa muestra se refería el periodista francés con la pregunta a la que Picasso respondió haciendo gala de un inesperado sentido del humor.

Un ataque relámpago

La Galería Theo era para 1971 una de las más importantes y modernas de Madrid. Inaugurada cinco años antes por Elvira González y su marido, Fernando Mignoni, se destacaba por organizar muestras de pintores modernos, casi desconocidos para el censurado y opaco panorama cultural permitido por el franquismo.

Desde ese lugar de vanguardia, González y Mignoni se propusieron conseguir obras de la “Suite Vollard” para hacer su muestra conmemorativa de los 90 años de Picasso. Se trataba de una serie de 303 grabados producidos por el pintor malagueño entre 1930 y 1937 por encargo del marchante y coleccionista de arte Ambroise Vollard. Como pago por ellas, Vollard le entregó a Picasso obras de Pierre-Auguste Renoir y Paul Cézanne. Luego de la muerte del marchand, en 1939, el conjunto de grabados se fue disgregando en diferentes colecciones distribuidas por Europa y los Estados Unidos.

Para su exposición, González y Mignoni consiguieron a préstamo 27 obras de la serie, pero el público madrileño no llegó a verlas. La tarde del viernes 5 de noviembre, a las 17.10, cuando la galería abrió sus puertas para la fiesta de inauguración, una solitaria empleada de nombre Ana Escardó y el primer visitante en llegar fueron sorprendidos por seis hombres vestidos de idéntica manera, con camisas azules, boinas y anteojos oscuros del mismo color, que irrumpieron en la galería, amenazaron a la mujer con navajas al grito de “¡Cerda marxista!” y apalearon al hombre por el solo hecho de estar ahí.

El grupo actuó con un claro conocimiento del lugar. Mientras uno de sus integrantes mantenía amenazados a la empleada y el visitante, los otros cinco se repartieron por la galería y fueron arrojando pintura roja y ácido sobre las obras del artista malagueño que ya estaban colgadas de las paredes. Como si eso fuera poco, las golpearon con mazas y las rajaron a navajazos. La acción transcurrió en apenas cinco minutos. Cuando los atacantes se retiraron, 25 obras habían quedado destruidas, otras dos habían desaparecido y en una de las paredes se veía una pintada que identificaba a los autores del atentado como “Comando de lucha antimarxista”. La Guardia Civil demoró en aparecer por el lugar, solo para contemplar del desastre.

Violentos e ignorantes

La elección de la Galería Theo como objetivo de uno de los atentados para repudiar la celebración del cumpleaños de Picasso no solo se debió a la importancia de la muestra sino a la confusión por ignorancia de Blas Piñar, uno de los ideólogos del accionar de los “Guerrilleros de Cristo”, quien presuntamente había ordenado el ataque.

Piñar, creador del partido de ultraderecha Fuerza Nueva, confundió a las obras de la “Suite Vollard” —que no tenían ninguna connotación de tipo político— con unas viñetas que Picasso había creado en 1937 para acompañar a su “Guernica” en el pabellón español de la Exposición de Paris. La serie en cuestión se llamaba “Sueño y mentira de Franco” y mostraba al Generalísimo en situaciones que lo ponían en ridículo. En una de las viñetas, por ejemplo, Picasso lo había dibujado manteniendo relaciones sexuales con una cerda. “Los ataques parten de un error. Cuando Piñar se entera de que se exponen los grabados de la ‘Suite Vollard’ en la galería Theo, cree que son los mismos dibujos de ‘Sueño y mentira de Franco”, confirma la historiadora de arte Nadia Hernández Henche.

Blas Piñar jamás reconoció siquiera la falta de conocimiento de la obra de Picasso. Incluso en sus Memorias, escritas al final de su vida, cuarenta años después del atentado, siguió sosteniendo que las obras destruidas eran de “Sueño y mentira de Franco”.

El ataque y robo de los grabados en la Galería Theo fue el pico más alto de la ola de atentados de ultraderecha desatada en repudio por la celebración de los 90 años de Pablo Picasso.

En la capital española, grupos comando destruyeron vidrieras, libros y mostradores, manchados con pintura roja, en librerías que habían organizado actividades alrededor de la figura del pintor malagueño. Mientras tanto en Barcelona otros grupos atacaron con bombas molotov a la galería de arte Taller de Picasso, lo que provocó un incendio que destruyó las instalaciones y las obras que estaban expuestas. Dos noches después también lanzaron bombas incendiarias contra la librería Cinc d’Oros, en cuyos escaparates se exhibían libros sobre el pintor.

Los dueños de la Galería Theo no sólo quedaron desolados por la destrucción y el robo de las obras, sino porque el seguro que habían contratado se negó a pagarlas con el argumento de que la cobertura no incluía los atentados de tipo político. “Nos dolió. Esa cerrazón… fue muy duro. Pero hubo también una reacción positiva en el sector, que se solidarizó con nosotros. Sufrí mucho, pero eso no nos quitó valor para seguir. Y el seguro no pagó, porque había una cláusula en la póliza que excluía los motivos políticos, y aquel atentado los tenía. Pagué yo, porque si no nunca más habría podido trabajar con nadie de fuera. Fue un golpe económico además de moral”, recordó Elvira González más de cuarenta años después en una entrevista que concedió a Vanity Fair.

Un escándalo mundial

La destrucción de los grabados de la “Suite Vollard” no sólo causó conmoción en España, sino que ocupó las primeras planas de los diarios del resto de los países europeos. Al día siguiente era un escándalo de nivel internacional, que obligó a la dictadura a reaccionar. Por la manera en que había sido perpetrado el atentado se sospechaba que el grupo atacante había actuado con anuencia policial, en una especie de “zona liberada”. Las sospechas aumentaron cuando se supo que la Guardia Civil había demorado en llegar y que no había tomado más que testimonios superficiales, sin recoger pruebas en la escena del crimen.

Contra su propia voluntad, las autoridades franquistas debieron actuar. Su celeridad para resolver el caso y detener a los culpables hizo crecer aún más la desconfianza: estaba claro que los funcionarios del franquismo sabían quiénes eran desde un principio. Menos de 48 horas después del ataque, la Guardia Civil detuvo a los ocho responsables: los seis que habían entrado a la galería y los dos conductores de los vehículos que se usaron en la operación.

Los Guerrilleros de Cristo Rey se adjudicaron la ola de atentados contra los homenajes y las obras del gran artista malagueño con una proclama en la que dieron sus motivos: “Picasso, marxista, militante del Partido Comunista español, antipatriota proxeneta, homosexual, pornógrafo e hijo ilegítimo (...) si es necesario otro 18 de julio (de 1936, fecha del levantamiento de Franco contra la República) para salvar a España estamos dispuestos a ello con todas sus consecuencias, luchando contra los enemigos del interior y exterior, y muy principalmente contra los traidores que al igual que las prostitutas coquetean con el enemigo para poder salvar la carroña y ponzoña en que se han metido”, decían entre otra rastra de barbaridades.

Por esos días, cuando lo consultaron sobre los atentados y las acusaciones de “comunista” de los Guerrilleros de Cristo contra Picasso, su colega Salvador Dalí también hizo uso de un agudo sentido del humor para responder: “Picasso es comunista. Yo tampoco”, dijo.

Pasarían años antes de que los dos grabados robados de la Galería Theo fueran recuperados. Los guardaban celosamente en sus colecciones privadas dos importantes dirigentes franquistas que, evidentemente, con respecto a Picasso no tenían problema en utilizar una doble vara: podían odiarlo y maldecirlo en público, pero sabían del valor comercial y artístico que tenían las obras de su archienemigo.

El reciente ascenso de José Jerí a la presidencia interina del Perú ha encendido una nueva ola de protestas en el país. Su llegada al poder, tras la destitución de Dina Boluarte por el Congreso, ha sido interpretada por analistas internacionales como un signo más del deterioro institucional que atraviesa la democracia peruana. Según un análisis publicado por el portal World Politics Review, el caso peruano evidencia cómo el Legislativo ha concentrado cada vez más poder en desmedro del Ejecutivo y otras entidades del Estado, configurando lo que ya algunos describen como una “dictadura parlamentaria”.

El medio estadounidense señala que la crisis política que vive Perú desde hace casi una década ha dejado a la población exhausta y temerosa. Las manifestaciones contra Jerí, realizadas frente al Congreso y en distintas regiones del país, recuerdan las marchas registradas tras la caída de Pedro Castillo en 2022, cuando la represión dejó alrededor de 50 muertos. Esta vez, sin embargo, la respuesta en las calles ha sido más contenida por el miedo y la desconfianza hacia las autoridades. Aun así, la indignación crece por la falta de legitimidad de un gobierno que, según el informe, depende de una mayoría ultraconservadora en el Parlamento y de acuerdos políticos poco transparentes.

Un presidente cuestionado y un Congreso cada vez más poderoso

El informe de World Politics Review describe el ascenso de Jerí como un movimiento calculado por parte del Congreso, que busca mantener el control total del poder en el Perú. Su llegada a Palacio se produjo después de la destitución de Boluarte, acusada de no frenar la ola de extorsiones y violencia urbana que golpea al país. No obstante, el análisis sostiene que la verdadera razón de su salida habría sido política: marcar distancia de una mandataria impopular antes de las elecciones generales de abril de 2026, en las que muchos legisladores planean postularse al nuevo Senado o a cargos regionales.

El texto recuerda que José Jerí fue investigado por una denuncia de violación ocurrida en diciembre de 2024, caso que la Fiscalía archivó meses después en medio de fuertes críticas. Su principal coacusado se encuentra prófugo. Esta situación —según el portal— lo hace vulnerable y dependiente de las fuerzas políticas que lo llevaron al poder. Jerí, además, ha prometido aplicar medidas de seguridad similares a las del presidente salvadoreño Nayib Bukele, anunciando un estado de emergencia en toda Lima y posando frente a las cámaras en una cárcel con internos obligados a inclinar la cabeza, un gesto que buscó proyectar autoridad pero que ha generado rechazo entre organizaciones de derechos humanos.

La publicación señala que el Congreso, dominado por fuerzas conservadoras, ha impulsado una serie de “leyes procrimen” o reformas legales que benefician a redes de corrupción y crimen organizado. Entre ellas, la eliminación de las facultades policiales para incautar explosivos usados en la minería ilegal —actividad que mueve hasta 12.000 millones de dólares al año, casi diez veces más que el narcotráfico— y una norma que obliga a contar con un abogado defensor presente durante los allanamientos, lo que permite a los investigados deshacerse de pruebas.

Protestas, crisis social y la expansión del crimen

Pese a las múltiples denuncias, la prioridad del Congreso no ha sido atender la grave crisis social y económica que afecta a millones de ciudadanos. La mitad de la población vive hoy en inseguridad alimentaria, el doble que antes de la pandemia, y cuatro de cada diez niños menores de tres años sufren anemia, según cifras citadas por el análisis. Mientras tanto, el Legislativo ha aprobado reajustes salariales y bonos para los propios congresistas, lo que ha incrementado la indignación ciudadana.

El problema más visible, sin embargo, sigue siendo la ola de extorsiones que se ha multiplicado en todo el país. Solo en 2023 se registraron 22.396 denuncias, un aumento del 675% respecto a 2020, con ataques armados a buses, colegios y comercios que se niegan a pagar cupos. Aun así, las autoridades continúan apostando por respuestas militarizadas, decretando sucesivos estados de emergencia que, según el informe internacional, solo han agravado la desconfianza y la violencia.

El medio subraya que el caso peruano no es un hecho aislado. En su cobertura global, World Politics Review compara estas protestas con los movimientos sociales que en los últimos años han sacudido países tan distintos como Marruecos o Nepal, donde jóvenes activistas lideran manifestaciones contra gobiernos considerados corruptos o autoritarios. Sin embargo, en Perú —agrega el texto— la particularidad radica en que el deterioro democrático no proviene de un caudillo o líder populista, sino de una coalición parlamentaria fragmentada que, mediante reformas sucesivas, ha ido erosionando el equilibrio de poderes y capturando instituciones clave como la justicia y los organismos electorales.

Mientras el interés internacional parece desvanecerse y Washington muestra menor presión diplomática, el informe advierte que la salida a la crisis podría depender nuevamente de la ciudadanía. Para revertir el rumbo, concluye el análisis, los peruanos deberán movilizarse en números mucho mayores a los de los últimos años, si quieren evitar que la actual crisis política se consolide como un nuevo modelo de gobierno autoritario en América Latina.

La política exterior del Gobierno colombiano se encuentra en el centro de la controversia tras fuertes críticas expresadas desde el Congreso y sectores opositores.

Carlos Fernando Motoa, senador del partido Cambio Radical, manifestó en redes sociales que el presidente de Brasil, Lula da Silva, “mientras cierra tratos con los EE. UU., en Colombia Gustavo Petro está empeñado en destruir las relaciones con ese mismo país”.

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En palabras del legislador, este comportamiento demuestra “una política exterior equivocada y una diplomacia que en el mejor de los casos podría calificarse como infantil”.

Por la situación anterior, la bancada de Cambio Radical respaldó la posición de Motoa con una serie de pronunciamientos en su cuenta oficial de X.

Según la colectividad, “mientras otros países fortalecen sus alianzas y abren puertas al progreso, Gustavo Petro insiste en copiar la ruta del fracaso de Venezuela y Cuba”.

La publicación advirtió que el mandatario colombiano, al aislar al país de sus aliados tradicionales, “rompe los lazos que garantizan estabilidad y desarrollo”.

Además, señaló que “para otros gobiernos es diplomacia, para Petro es ideología. Así no se construye soberanía, se destruye futuro y se lleva a la dictadura”.

En otro mensaje, el partido cuestionó los resultados de la política de paz impulsada por la actual administración. Afirmó en la red social que “la llamada ‘paz total’ se convirtió en un cruel engaño: promesas vacías para los criminales, abandono y dolor para las víctimas”.

Cambio Radical contrastó el discurso internacional del presidente con el panorama interno y sostuvo: “Mientras Gustavo Petro se presenta ante el mundo como defensor de los derechos humanos, aquí en Colombia demuestra su verdadero rostro: la indiferencia ante el sufrimiento de su propio pueblo”.

El intercambio en X escaló con un nuevo mensaje de la colectividad opositora dirigido a la figura presidencial.

“Petro, su estrategia de matoneo y calumnias fracasó. Ya nadie le cree. Su propósito es evidente: destruir y manchar el buen nombre de quienes piensan distinto a usted”, sostuvo el partido, que además acusó al gobierno de operar “con odio, improvisación y mentiras”.

Finalmente, en la misma red social, Cambio Radical afirmó que solo restan nueve meses para “acabar esta pesadilla de desgobierno” e invitó a los electores a respaldarles en las elecciones de 2026, bajo el eslogan “el Cambio sí es Radical”.

Cambio Radical se despachó contra Gustavo Petro y lo culpó de la crisis con Estados Unidos: “Usted no habla por los colombianos”

Las tensiones diplomáticas entre Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, se intensificaron tras una serie de declaraciones que pusieron en entredicho la cooperación bilateral antidrogas.

El mandatario estadounidense, desde la Casa Blanca, acusó a su homólogo sudamericano de ser un “líder del narcotráfico” y responsabilizó a Colombia por el flujo de estupefacientes hacia territorio norteamericano.

Trump anunció la suspensión de ayudas económicas y advirtió que podrían imponerse sanciones adicionales.

En su intervención pública el 13 de octubre de 2025, Trump aseguró que “Colombia es una guarida de drogas y lo ha sido durante mucho tiempo”, cuestionando el desempeño del gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico.

Petro replicó a través de X, rechazando los señalamientos y calificando las afirmaciones como calumnias.

El jefe de Estado defendió la soberanía nacional y subrayó que “Colombia no es una guardia de drogas, de hecho las drogas que se producen en Colombia terminan en guaridas en EE. UU. para el consumo para el cual se produce”.

El partido Cambio Radical intervino en la discusión y atribuyó el desgaste de las relaciones binacionales a Petro.

Lina María Garrido, representante a la Cámara, afirmó en video que “Gustavo Petro, usted no habla por los colombianos, ni mucho menos es la voz del pueblo”. Otros miembros de la colectividad replicaron ese mensaje en redes sociales.

Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa también expresó objeciones frente a la comunicación del Gobierno. Motoa sostuvo que los seguidores del presidente “se cansaron de los discursos opacos y de las peleas inventadas” y remarcó que, a su juicio, el Ejecutivo busca polémicas externas con el fin de restar atención a la problemática interna.

El político y abogado Enrique Gómez afirmó en su red social de X que la izquierda y las Farc intentan imponer una dictadura en Colombia, al señalar a Iván Cepeda como el candidato elegido para ese propósito.

Lo anterior se dio tras la victoria del senador en la consulta del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025, en la cual, con un total de 1.533.284 (65,13%) votos, se impuso como el candidato presidencial de la izquierda, derrotando a la exministra de Salud Carolina Corcho, que sacó un total de 676.110 votos (28,72%).

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Tras la victoria de Cepeda, Gómez afirmó que este bloque político busca replicar o incluso superar el modelo autoritario que se vive en Venezuela.

“La izquierda comunista y las Farc ansiosas por imponer una dictadura peor que la de Venezuela, ya tiene su candidato: Iván Cepeda”, advirtió Gómez en su cuenta de X, donde pidió unidad entre sectores opuestos al actual gobierno.

El abogado llamó a la ciudadanía a no dividirse, porque, en sus palabras, “el enemigo de la democracia es uno solo y juntos debemos derrotarlo”.

En un video publicado en la misma plataforma, Gómez aseguró que unos dos millones y medio de votos respaldaron al movimiento Pacto Histórico, al escoger como candidato presidencial a “un colombiano como Iván Cepeda, que lleva toda su vida adulta justificando las barbaridades de los peores terroristas de Colombia”.

El dirigente cuestionó el papel de Cepeda respecto a comportamientos de organizaciones armadas ilegales referidas como “reclutadores de menores, aquellos que siembran minas para proteger los cultivos de coca, los asesinos de policías y soldados, esos que son los mismos que extorsionan y secuestran hoy por hoy a lo largo y ancho de Colombia”.

Gómez insistió en que “Colombia debe mantenerse en pie de lucha”. Sostuvo que el presidente Gustavo Petro y Cepeda tienen como objetivo central “imponer una dictadura comunista en Colombia que hará palidecer, hará parecer ridícula la dictadura de Nicolás Maduro, y por eso tenemos que unirnos alrededor de Abelardo de la Espriella para barrer con el Pacto Histórico el 31 de mayo en primera vuelta”.

El líder de Salvación Nacional agregó que el respaldo debe extenderse a las elecciones legislativas de marzo.

“En el Congreso también debemos frenarlos porque tienen las alforjas llenas con los peores políticos de Colombia y por eso debemos apoyar a Salvación Nacional de manera decidida y contundente en las elecciones al Congreso de marzo”, afirmó Gómez.

“Colombia, no bajes la guardia. El monstruo está vivo. El monstruo quiere acabar con la democracia colombiana”, puntualizó el dirigente, en un llamado a cerrar filas frente al avance de la coalición de Gobierno y sus aliados.

Implicaciones de la candidatura de Iván Cepeda a la presidencia por el Pacto Histórico

El senador Iván Cepeda resultó vencedor en la consulta interna del Pacto Histórico, tras superar a la exministra Carolina Corcho en una contienda marcada por contradicciones dentro de la izquierda colombiana.

El desenlace de este proceso, que definió también el orden de las listas para Senado y Cámara de Representantes, fue analizado por Jorge Munévar, docente e investigador, en diálogo con Infobae Colombia.

Munévar consideró que la victoria era “previsible”, dado el respaldo de los sectores más leales del movimiento progresista, a pesar de proyecciones favorables hacia Corcho.

El retiro de Daniel Quintero de la competencia acentuó las tensiones en la coalición. Para el experto, el principal desafío será articular apoyos diversos que permitan a Cepeda expandir su alcance hacia la centroizquierda.

Además, señaló que la fragmentación de tendencias internas representa un riesgo, ya que sin consolidación podría producirse una dispersión electoral en los próximos comicios.

El papel del presidente Gustavo Petro y su influencia sobre el liderazgo colectivo también fueron resaltados, subrayando la ausencia de una figura presidencial clara dentro de la alianza. Aun con expectativas de votación superiores, Munévar concluyó que el Pacto Histórico “está vivo, está desarrollando su trabajo”.

“Un Estado de Derecho no puede trasgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto”. Con esa declaración, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto este jueves una prisión preventiva que llevaba más de once años vigente en una causa por delitos de lesa humanidad, al considerar que su duración vulneraba las garantías constitucionales y los tratados internacionales sobre el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

A la par, instó a los jueces a justificar las prisiones preventivas. “Es necesario acreditar con indicios concretos” el peligro de fuga luego de dos años de preventiva de un sospechoso.

El pronunciamiento del máximo tribunal se dictó en el marco de la causa seguida contra Carlos Ernesto Castillo, alias “El Indio”, un civil de 72 años que integró la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y permanece detenido desde el 2 de diciembre de 2013 en cumplimiento de una medida cautelar. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la La Plata, encargado de juzgarlo en un debate que dio por iniciado en mayo de 2023, fue prorrogando su detención por considerar que subsistían los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación y que superar el plazo previsto por ley para la preventiva -dos años- no implicaba de por sí una irrazonabilidad.

Castillo, ya condenado a prisión perpetua en 2017 por ilícitos imprescriptibles, enfrenta cargos como coautor material de delitos presuntamente cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “1 y 60” y en la Comisaría 8va de La Plata. En efecto, le imputan “lesiones graves calificadas por haber sido producidas para cometer otro delito -un hecho-, privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas -tres hechos- y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde, agravada por ser la víctima un perseguido político -tres hechos—, todos ellos en concurso real".

Frente a la última renovación cautelar del TOF 1 platense, integrado por los jueces subrogantes Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Basso, la defensa de Castillo interpuso recurso de casación, que fue declarado inadmisible por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Posteriormente, el imputado presentó un planteo extraordinario federal, que también fue rechazado, y finalmente acudió a la vía directa de la queja ante la Corte Suprema de Justicia.

A la hora de admitir la procedencia del caso, el máximo tribunal formó una mayoría con los votos de los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y los conjueces Abel Sánchez Torres -Cámara Federal de Córdoba- y Alejandro Tazza -Cámara Federal de Mar del Plata-. El magistrado Ricardo Lorenzetti firmó en disidencia tras evaluar que el recurso era “inadmisible”.

En uno de los pasajes del fallo de 20 páginas al que tuvo acceso Infobae, los jueces que hicieron lugar a la queja y dejaron sin efecto la sentencia apelada explicaron: “Que el hecho de que el imputado, quien goza de la presunción de inocencia que consagra la Constitución Nacional y la ley, esté acusado de gravísimos delitos que deben ser debidamente juzgados, no justifica por sí solo la imposición de una medida tan gravosa de restricción preventiva de la libertad, ni mucho menos su extensión por un plazo excesivamente prolongado, que en el sub examine ya se ha extendido por más de once años“.

“Ello es así -continuaron-, porque el legítimo interés general del Estado en reprimir el delito no puede ser esgrimido como pretexto para anular las garantías de los imputados ni para justificar la imposición de un adelantamiento de la pena a extramuros de la Constitución Nacional“.

Y advirtieron: “No debe olvidarse que la Ley Fundamental no permite tratar a un imputado como si fuese un condenado (...)”.

Además, señalaron: “En el mismo sentido, tal como se señaló en -el precedente- ‘Acosta’, el deber de afianzar la justicia y de castigar los gravísimos delitos de lesa humanidad cometidos en el país no autoriza per se a prorrogar la prisión preventiva por más de tres años, pues ello importaría ignorar la exigencia de justificación que esta Corte ha diseñado e implicaría la violación del deber de racionalidad de los actos republicanos que ‘…impide que los jueces puedan caer en arbitrariedad para determinar la duración máxima de la prisión preventiva’“.

Para los jueces, cuando los tribunales tienen el deber de analizar la extensión de una prisión preventiva más allá de los plazos máximos indicados en la norma, es obligatorio ponderar que “se trata de una medida excepcionalísima, que bajo ningún punto de vista puede basarse exclusivamente en la gravedad del hecho atribuido".

En el caso de que los jueces adopten tal medida de excepción, añadieron los magistrados, “deben cumplir con una rigurosa carga argumentativa que justifique por qué se restringe tan severamente el derecho de los imputados a transitar el proceso penal en libertad pues, en función del principio de inocencia y la garantía de juicio previo del artículo 18 de la Constitución Nacional, la prisión preventiva debe estar sólidamente fundada en razones tan graves como la medida adoptada”.

En esa línea, la sentencia dejó asentado que la ausencia de elementos específicos que justifiquen la medida cautelar para neutralizar peligros procesales concretos “no puede ser suplida mediante alusiones genéricas al riesgo de fuga o entorpecimiento”.

La Corte también cuestionó a la Cámara Federal de Casación por no habilitar la vía recursiva y “no asegurar la recta observación de la doctrina de ’Acosta’, pues no tuvo en cuenta que la prisión preventiva, transcurrido el plazo máximo previsto en la ley 24.340, es la ’excepción de la excepción’, y que para justificarla se deben valorar debidamente los diversos elementos de hecho y de derecho relevantes indicados por la Corte y que caracterizan al caso concreto”.

A su vez, consignó: “La limitación de la libertad personal durante el proceso sin motivación suficiente o motivada únicamente en el reproche de ciertas conductas, por más aberrantes que puedan ser -como el caso de los delitos de lesa humanidad que, justo es recordarlo, esta Corte ha sentenciado y confirmado condenas en numerosas oportunidades-, desvirtúa la naturaleza cautelar de la prisión preventiva y la convierte en una verdadera pena anticipada. Ello es así, pues el castigo de los culpables presupone, precisamente, que se haya establecido previamente esa calidad”.

Y concluyó: “Un Estado de Derecho no puede trasgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto”.

El expediente volverá al tribunal oral de La Plata para que, “por quien corresponda”, se emita un nuevo pronunciamiento basado en la sentencia de la Corte y “sin perjuicio de lo dispuesto en otras actuaciones respecto de la privación de la libertad del imputado“.

El 22 de octubre de 1977 fue sábado. Las Madres de Plaza de Mayo ya llevaban varios meses de ronda alrededor de la pirámide central del epicentro político de la Argentina. Habían desafiado la orden de la Policía, que las había instado a “circular”.

Sin parar de caminar y con un pañal de tela de sus hijos desaparecidos en la cabeza, esas madres exigían saber dónde estaban esos chicos y chicas de los que no se sabía nada. Acababan de convertir la represión hacia su búsqueda en el símbolo que sostiene su lucha hasta hoy.

Ese 22 de octubre, hace exactamente 48 años, una madre se salió de la ronda y preguntó algo que resonó en varias: “¿Quién está buscando a su nieto, o tiene a su hija o nuera embarazada?“. En total, fueron doce las mujeres que se aferraron a esa pregunta en ese mismo instante y organizaron su búsqueda, su lucha, su vida alrededor de encontrarle una respuesta.

No sabían, ninguna de las doce, que estaban fundando una de las organizaciones de Derechos Humanos que casi medio siglo después sostiene esa búsqueda, que impulsó los avances científicos necesarios para dar con sus nietos y que ya logró restituir la identidad de 140 de esos bebés que fueron apropiados por la dictadura militar a través de un plan sistemático.

Primero se llamaron Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, pero no mucho después adoptaron el nombre con el que las llamaba el periodismo internacional, siguiendo la huella de las Madres: Abuelas de Plaza de Mayo. Cada 22 de octubre, por ser el aniversario de la creación de la organización, se celebra en la Argentina el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, un derecho impulsado desde los ochenta por esas mujeres que un sábado de 1977 empezaron a buscar a sus nietos.

Fueron más de doscientas, quedan sólo dos

El sitio web oficial de las Abuelas da cuenta de que, en total, fueron 204 las mujeres que participaron en la búsqueda activa de sus nietos. Mujeres que acababan de convertirse en abuelas o estaban a punto de ver nacer a ese nieto que esperaban hace entre 44 y 48 años, estimativamente.

De esas más de doscientas mujeres que instalaron el nombre de su organización en la comunidad internacional de lucha por los Derechos Humanos, sólo quedan dos con vida: Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas desde 1989, y Buscarita Roa, vicepresidenta de la asociación. Estela tiene 95 años, Buscarita, 88. Las dos encontraron a los nietos que buscaban desde que la dictadura los robó.

Las dos son integrantes de una comisión directiva que, durante décadas, sólo integraron abuelas pero que desde hace algunos años y para construir su propia sucesión, empezaron a integrar también nietos restituidos, hermanos que buscan a ese bebé que robaron a su familia y que ahora ronda los 45 años, y también tías que buscan a sus sobrinos, sustraídos durante la última dictadura.

En la comisión directiva de Abuelas se toman las decisiones que orientan el funcionamiento de la organización. Por el correr de los años, la asociación ya no cuenta prácticamente con ninguna de sus integrantes originales, así que lleva al menos 15 años abriendo el juego a las generaciones que heredarán la misión que empezó a gestarse ese sábado de 1977 en la Plaza de Mayo.

Ganarle al paso del tiempo

“Las abuelas no son de indicarte qué hacer: son de mostrarte haciendo, entonces es verlas y absorber todo lo que construyeron. Hace casi cincuenta años que hacen docencia con gran templanza y tenacidad”, dice Manuel Gonçalves Granada, un nieto que recuperó su identidad en 1997 y el primero de los nietos restituidos en sumarse a la comisión directiva de Abuelas, a la que se integró en 2011.

Manuel, que tiene 49 años, es el único sobreviviente de la Masacre de San Nicolás, un ataque orquestado por el Ejército, la Policía Federal y la Policía bonaerense en noviembre de 1976. En ese ataque, fueron asesinadas cinco personas, incluida la madre de Manuel.

El padre ya había sido secuestrado en la madrugada del inicio del golpe militar, el 24 de marzo de 1976. La mamá de Manuel, Ana María, refugió a su hijo en un placard, lo que, según se demostraría después, lo salvó de los tiros y de los gases con los que las fuerzas atacaron la casa.

Estuvo internado varios meses por complicaciones respiratorias y, a través de una adopción ilegal, fue entregado a sus apropiadores. En 1997 conoció su verdadera identidad y conoció a Matilde, su abuela paterna. No llegó a conocer a su abuela materna, que también lo había buscado incansablemente.

“Lo que siempre les pasó a las abuelas es que el tiempo las interpela todo el tiempo, y siempre saben cómo resolverlo. Empezaron a buscar bebés que después fueron niños y para encontrarlos inventaron algo: el índice de Abuelidad, que permitía comparar perfiles genéticos entre posibles nietos y posibles abuelas ‘salteándose’ el material genético de la generación que había sido secuestrada”, explica Manuel a Infobae.

“Después esos chicos fueron más grandes y siguieron encontrando las formas para interpelarlos, y hace un tiempo que las abuelas ya les hablan a los bisnietos y bisnietas para que sean ellos quienes hablen con sus papás sobre posibles dudas respecto de su identidad”, suma Manuel, y agrega: “Están llegando muchísimas consultas que empiezan a partir de la inquietud de los bisnietos”.

“Las abuelas todo el tiempo se preguntan y logran responder cómo seguir la búsqueda en cada etapa de la vida de quienes aún no lograron conocer su verdadera identidad”, concluye Gonçalves Granada. Su hija Martina llegó a conocer a Matilde, esa abuela (y bisabuela) que no se cansó de buscar.

“Buscamos a todos, todo el tiempo”

Las Abuelas de Plaza de Mayo lograron restituir la identidad de 140 bebés que fueron sustraídos de sus familias durante la última dictadura. Además, el trabajo que impulsaron para recuperar esas identidades logró la identificación de alrededor de otras 2.000 personas cuyos casos no tienen que ver con el plan sistemático de apropiación de bebés que tuvo lugar entre 1976 y 1983.

Son, en alrededor de 600 casos, personas que fueron adoptadas legalmente pero que no conocían esa verdad. También hay casos de bebés que fueron abandonados y de mamás a las que, al momento del nacimiento, les dijeron que sus bebés habían muerto aunque eso no fuera cierto.

Según la información que recopiló Abuelas a partir de documentación, testimonios y expedientes judiciales, aún falta restituir la identidad de unos 300 nietos. “Son desaparecidos en democracia, porque todavía no conocen su verdadera identidad, y ese es el derecho por el que vienen luchando las Abuelas”, dice Claudia Poblete.

Es la nieta que Buscarita Roa buscó y que encontró en el año 2000. La nieta a la que le preparó fideos tantos domingos y con la que desde hace algunos años comparte la comisión directiva de Abuelas.

“Las abuelas siempre tuvieron mucha visión para formarnos. Poca gente con liderazgo tiene la capacidad de construir su sucesión, pero ellas tienen como prioridad absoluta la vigencia de su búsqueda”, sostiene Claudia, que fue hallada en 2000 y que fue criada en el seno de la familia de un teniente coronel tras ser apropiada. “Hay ahora mismo personas con vida que siguen desaparecidas porque no conocen su verdadera identidad, personas a las que buscamos para devolverles lo que es suyo, y que ya son dos generaciones, porque son los nietos y, en muchos casos, los hijos de esos nietos”, suma.

Abuelas de Plaza de Mayo tiene una forma de decir públicamente si una de sus integrantes logró encontrar a quien buscaba: “Pudo abrazar a su nieto” es la fórmula que encontraron hace ya muchos años. Esa frase resume el objetivo central de la organización: encontrar a esa persona que no conoce su verdadera historia.

“No siento que ser parte de la comisión directiva de Abuelas sea una herencia de las que implican una carga, sino un legado, la elección de continuar un camino. Mi abuela me buscó y me encontró, y el mensaje que siempre dan las abuelas es que restituir la identidad es otorgar una libertad que hasta ese momento la persona no tiene porque no conoce su verdadera historia. Yo elegí sumarme a distintas actividades y, en 2021, post pandemia, a la comisión directiva. Es hermoso compartir con mi abuela ese espacio y darles las tranquilidad a ellas, que nos enseñaron tanto, de que todo lo hecho no se pierde y que su búsqueda sigue su camino y vamos a seguir buscando y encontrando nietos y nietas”, destaca Claudia.

“Hay algo muy hermoso en esta organización y es que todas las abuelas buscaron a todos los nietos. Y cuando una abuela encontraba a su nieto, seguía buscando al de todas las demás que aún esperaban. Ese espíritu es un legado que nos dejan: buscamos a todos, todo el tiempo”, remata Poblete, que fue secuestrada junto a su mamá y que permaneció tres días en el centro clandestino de detención El Olimpo, en Floresta, y luego fue apropiada.

Una lucha de toda la sociedad

“Soy una tía que busca”, se presenta Gladys Salazar. Tiene 62 años y es jubilada. Reparte su tiempo entre la carrera universitaria que cursa, Ciencias de la Comunicación Social, y su trabajo en Abuelas, en donde integra la comisión directiva. Su hermano y su cuñada, reconstruye, fueron secuestrados en la villa 21-24 de Barracas el 29 de abril de 1976. Gladys tenía 13 años, sus padres quedaron paralizados ante la desaparición de sus dos hijos varones y su nuera.

Varios años después, y a través del testimonio de una sobreviviente que había estado secuestrada junto a su cuñada, Gladys supo que esa cuñada cursaba un embarazo y que había sido la única sobreviviente de un fusilamiento montado por las Fuerzas Armadas. “Ese dato nos dio la esperanza de que ese bebé podía estar con vida, porque la dictadura dejaba con vida a las embarazadas para luego apropiarse del bebé”, describe Gladys.

Con ese dato, su vida dio un vuelco: había un sobrino o sobrina al que buscar. Junto a su papá, se acercó a Abuelas para que sus muestras de sangre integraran la información disponible en el Banco Nacional de Datos Genéticos, creado también a instancia de la organización fundada en 1977.

“Hace unos poquitos meses me sumaron a mí y a otros tíos que buscan a sus sobrinos a la comisión directiva. Es una responsabilidad enorme, porque somos los que vamos a quedar cuando las abuelas ya no estén: es un legado inmenso”, describe Gladys, y enseguida describe uno de los aprendizajes que hizo propio a lo largo de todos estos años cerca de la organización: “Algo que nos dejan las abuelas es la convicción de que tenemos que comprometer a toda la sociedad en esta búsqueda, porque son unas 300 personas que todavía le faltan a toda la sociedad. Es una búsqueda y una lucha colectiva”.

Antes de llegar a Abuelas, Gladys pasó por Hermanos de Detenidos Desaparecidos, luego por Familiares de Detenidos Desaparecidos, y finalmente recaló en la asociación presidida por Carlotto. “La diferencia entre este organismo y los demás es que aquí buscamos a los desaparecidos vivos con acciones concretas. Y con acciones que interpelan a toda la sociedad, no sólo porque en la sociedad están esas personas que todavía no conocen su verdadera identidad, sino para que seamos muchos los que participamos de esa búsqueda”, describe Gladys.

Mil dudas por año

Desde 2009 hasta ahora, en promedio, entre 900 y 1.000 personas por año se acercan a Abuelas de Plaza de Mayo con dudas sobre su identidad. A fines del siglo pasado, eran post adolescentes. Hoy son personas que tienen entre 45 y 50 años y, en muchos casos, hijos que los impulsan a saldar esas deudas.

El 80% de las identidades que el Estado restituyó a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad fueron casos que se iniciaron a través de Abuelas. Cuarenta y ocho años después de ese sábado en el que una mujer les preguntó a las otras si alguna buscaba a un nieto, esa organización que peleó para que el robo sistemático de bebés fuera juzgado como tal y que logró un consenso generalizado sobre el derecho a conocer la verdadera historia ha perdido a la enorme mayoría de sus integrantes originales.

Pero esas integrantes, y las dos que aún son parte fundamental de su funcionamiento cotidiano, se ocuparon de hacer escuela. De transmitir la creatividad y la audacia con la que se combate el paso del tiempo, de contagiar la necesidad de que la búsqueda sea del nieto de cualquiera, todas las veces que sea necesario, y de convencer de que esas restituciones traen más verdad a la persona que accede a su identidad y también a toda la sociedad.

Les enseñaron a sus herederos los valores y los métodos que las trajeron hasta acá. Le hicieron crecer las ramas al árbol genealógico que plantaron hace 48 años en el epicentro de la vida cívica y política argentina. Ahora en su comisión directiva también hay nietos, tías, hermanos, y seguramente más temprano que tarde habrá bisnietos. Y tuvieron, para enseñar y transmitir todo eso, paciencia, tesón y cariño. Cosa de abuelas.

La Plata, ciudad de diagonales y avenidas, de proyectos ambiciosos al borde de la pampa húmeda, supo tener un teatro que era emblema no sólo de su madurez urbana, sino de su deseo de grandeza estética, de ópera, de ballet, de orquesta. Ese era el viejo Teatro Argentino: de estilo renacentista, con herradura, palcos, galerías, terciopelos, dorados, un público que se recogía con cierta pompa para escuchar Otello, Verdi, Strauss, Pavlova. Hasta que el fuego lo consumió. Y luego la política lo concluyó. Pero, como en casi todos los dramas argentinos, quedaron voces, mitos, cenizas que alumbran el presente. Esta es esa historia.

La Plata fue fundada el 19 de noviembre de 1882, por Dardo Rocha. Era una ciudad pensada, planificada, con gran ambición. Pero le faltaba algo vital: un teatro de gran porte. Esa carencia fue saldada por vecinos que en 1885 constituyeron la Sociedad Anónima Teatro Argentino. Compraron el terreno entre las avenidas 51 y 53 y las calles 9 y 10. El arquitecto encargado: Leopoldo Rocchi, italiano, formado en tradiciones académicas, con sensibilidad para la ornamentación, el equilibrio, el estilo renacentista. El proyecto era ambicioso: planta en forma de herradura, cinco niveles (palcos, galerías), capacidad para alrededor de 1.500 personas (algunas fuentes hablan de 1.500, otras señalan entre 1.500 y 2.200, dependiendo si cuentan pullman, superpullman, platea).

El foyer —o foaier, como también se le llamaba— era un espacio majestuoso, revestido en mármoles, con techos ornamentados y grandes arañas de cristal. Este hall de acceso servía no solo como antesala a la sala principal, sino también como un lugar de encuentro social. Estaba decorado con molduras doradas, espejos de gran formato y obras de arte que reflejaban el refinamiento del edificio.

La araña central era una majestuosa luminaria de cristal tallado y bronce, suspendida del centro de la cúpula de la sala principal. De gran tamaño y peso, dominaba visualmente el espacio con su imponente presencia. Contaba con múltiples brazos curvos ornamentados, cada uno portando lámparas que imitaban la forma de velas, iluminando la sala con una luz cálida y elegante. Sus cientos de prismas de cristal facetado reflejaban destellos dorados sobre los frescos del techo. Era un símbolo del lujo y el refinamiento de la arquitectura teatral de fines del siglo XIX.

Después de unos cinco años de obras (se inició entre 1885 y 1887, según diferentes fuentes), financiamiento precario, préstamos, hipotecas sobre el terreno, disputas, finalmente el teatro se inauguró el 19 de noviembre de 1890, coincidiendo con el octavo aniversario de la ciudad. La obra inaugural fue la ópera Otello de Giuseppe Verdi, con la soprano italiana Elvira Colonnese, el tenor uruguayo José Oxilia, el barítono Pietro Cesari, la mezzosoprano Margarita Preziosi. Aquella noche quedó marcada como el primer despliegue de lo que La Plata aspiraría a ser: epicentro cultural y símbolo del esplendor pampeano.

Durante décadas, bajo ese techo renacentista, desfilaron figuras de enorme calibre: orquestas internacionales como la Filarmónica de Viena, compositores y directores como Richard Strauss, divas como Ana Pavlova, virtuosos de distintos rincones del mundo, pero también hubo crisis: mantenimiento defectuoso, deudas crecientes, litigios, cambios de titularidad. En algún momento de los años veinte, la “Sociedad Anónima Teatro Argentino” que lo tenía no pudo sostenerlo y como corría peligro de demolición lo compró el Estado provincial y recién en 1937, durante la gobernación de Manuel Fresco, fue reabierto bajo administración estatal.

El martes 18 de octubre de 1977, hacia las 14:30 horas, mientras el Ballet Estable del Teatro Argentino se preparaba para un ensayo, comenzó lo que sería la tragedia definitiva. Desde una de las líneas de iluminación sobre el escenario se produjo una chispa que prendió uno de los telones o elementos del decorado (telón de voile). El fuego se propagó con rapidez: primero el decorado, luego el escenario, luego los talleres, los depósitos bajo la platea. La sala principal quedó atrapada por las llamas. Los palcos se incendiaron, el techo colapsó.

Se calcula que había unas ochenta personas presentes (bailarines, técnicos). No se reportaron víctimas fatales, aunque el impacto psicológico, patrimonial y simbólico fue gigantesco. En los días posteriores al incendio, mientras removían escombros, hallaron una figura que había estado guardada en los depósitos del teatro. Era una imagen de la Virgen María, confeccionada en papel maché para una puesta de Tosca de Puccini en los años setenta. Su autor: Dino Orlandini, jefe de utilería del teatro. La escultura mide más de un metro y medio, con brazos de yeso, estructura de madera, manto de liencillo engomado. Estaba hecha para durar unos días sobre el escenario. No era una escultura sagrada, sino un objeto escenográfico. Pero contra todo pronóstico, contra fuego, humo y derrumbe, la imagen apareció intacta. Entre vigas calcinadas, entre techos caídos, rodeada de cenizas, la Virgen estaba ilesa. Ni quemada, ni rajada, ni afectada visiblemente. Solo con una ligera pátina gris. Desde entonces, empezó a ser llamada por todos como “La Virgen de las Cenizas”.

Años después fue restaurada por el artista platense Zacarías Gianni con colaboración de Eugenio Zanetti. Fue bendecida por el arzobispo Monseñor Héctor Aguer y por un tiempo estuvo en la Catedral de La Plata. En el 2013, entre el 2 y el 3 de abril, la imagen estaba en los depósitos del subsuelo para su limpieza, el depósito quedo totalmente inundado, pero la escultura de papel y yeso salió nuevamente ilesa. Hoy puede verse nuevamente en el Teatro Argentino, custodiando de algún modo la memoria del fuego y la historia del agua.

Volvamos al teatro y al incendio. La estructura perimetral —las paredes exteriores, la herradura interior (más precisamente lo que abrazaba la sala)— resistió en parte. El foyer, ciertas escaleras, oficinas laterales, algunas secciones técnicas no ardieron. Pero la sala, el alma del teatro, quedó destruida. Las llamas devoraron la acústica, los palcos, todo lo que hacía vibrar a los oyentes. Inmediatamente después del incendio hubo reclamos de los trabajadores, de artistas, vecinos, especialistas locales e internacionales para restaurar lo que quedaba, reconstruir la sala, preservar lo salvable. Expertos como el arquitecto inglés Roy Worskett, convocado por organizaciones de patrimonio, afirmó que la estructura exterior, los muros perimetrales, estaban en buen estado, que se podía recuperar mucho.

La dictadura militar de turno entendió otra cosa: en lugar de restaurar, decidió demoler. Se adujeron riesgos de derrumbe, peligro eléctrico, daños irreversibles, inhabilidad del edificio. Con decreto del gobernador Ibérico Saint Jean el 13 de diciembre de 1977 se dio orden de demolición total. Para entonces el fuego, que había destruido la sala, era el cierre simbólico de un edificio que ya estaba en la línea de desgaste edilicio, de abandono estatal, de desinversión. Pero la demolición integral significó perder no solo la sala sino un monumento histórico, un referente arquitectónico de estilo académico europeo, de influjo italiano, que se alineaba con la idea de ciudad moderna pero culta que Dardo Rocha había pensado. Se vendieron ladrillos como souvenir del viejo teatro: 2.500 ladrillos numerados con certificado de autenticidad, para que los platenses conservaran algo físico.

Hubo quienes dijeron que el incendio fue oportuno para los planes del gobierno de facto, para imponer un nuevo estilo, para borrar rastros de lo tradicional, para mostrar modernidad de estilo “brutalista”, funcionalidad sobre ornamentación. Rumores, sospechas, contrademandas, todas quedaron en la memoria colectiva.

Tras la demolición vino el llamado a concurso nacional de anteproyectos. Se presentaron 71 proyectos para reemplazar al viejo teatro con una construcción moderna, un gran complejo artístico-cultural que integrase diversas disciplinas. El proyecto ganador fue el de un equipo platense formado por Enrique Bares, Tomás García, Roberto Germani, Inés Rubio, Carlos Ucar y Alberto Sbarra. Su propuesta se inclinaba hacia líneas contemporáneas, grandes volúmenes, funcionalidad, presencia del estilo brutalista: hormigón —concreto expuesto—, superficies duras, jerarquía de vacíos y llenos, espacios amplios para talleres, producción, técnica, ensayos.

La obra se inició formalmente el 1 de diciembre de 1980, con un plazo estimado de cuatro años. Pero las crisis económicas, los vaivenes políticos, los recortes presupuestarios, la falta de continuidad gubernamental hicieron que la construcción quedara paralizada en tramos, retrasada. Finalmente, tras casi dos décadas, se inauguró la Sala Principal “Alberto Ginastera” del nuevo complejo el 12 de octubre de 1999. La apertura contó con el ballet Tango en Gris y luego con un concierto lírico con fragmentos de óperas de Verdi, Gounod, Umberto Giordano, Donizetti.

A esto se sumó más tarde la “Sala Astor Piazzolla”, orientada a artes de cámara, con capacidad para unas 300 personas, y la “Sala de Exposiciones Emilio Pettoruti”, además de talleres técnicos, utilería, sastrería, escenografía, etcétera. Hoy el teatro ocupa unos 60.000 metros cuadrados cubiertos, un centro complejo de artes provinciales.

El Teatro Argentino de La Plata es más que un edificio. Es un sitio de historia encarnada. De ambición urbana, de aspiraciones culturales, de derrota, de recuperación. Tiene algo de espejo de lo que ocurre en muchas ciudades argentinas: se construyó algo bello, se deterioró, se destruyó, y luego se intentó reconstruir, pero ya no con las mismas manos, las mismas decoraciones, con otros costos, con otros discursos.

La arquitectura brutalista que ahora lo acoge puede escandalizar al amante de los ornamentos clásicos. Puede parecer frío, severo, áspero en comparación. Pero esa arquitectura es también expresión de época: de los tiempos duros que vinieron tras décadas de crisis, de dictadura, de olvido. Y hay belleza también: en lo monumental, en lo expuesto, en lo honesto de lo funcional; en las luces del escenario, en la acústica que respeta la herradura restaurada, en los espacios de trabajo para escenografía, utilería, en los coros y el ballet que vuelven a actuar, en el público que vuelve a aplaudir.

Siguen registrándose repercusiones luego de que los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga fueran víctimas de un atentado con arma de fuego en el norte de Bogotá, Colombia, en donde ambos resultaron heridos de gravedad y tuvieron que ser trasladados de urgencia a un centro médico en la capital cafetera.

Luego del ataque, Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos y activista Lgtbiq+, fue sometido a una segunda cirugía y permanece en condición estable, con un pronóstico favorable. Se encuentra a la espera de una nueva evaluación médica para determinar si requiere otra intervención.

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Por su parte, Luis Peche Arteaga, consultor político venezolano, pasó la noche estable y su estado general también es estable. Los dos activistas residían en Colombia desde 2024, después de huir de situaciones de persecución política en Venezuela. El ataque ha generado condenas y llamados para una investigación exhaustiva por parte de organizaciones y autoridades colombianas.

Peche Arteaga hizo un balance del ataque del que fue víctima

A través de su cuenta de X, Peche Arteaga publicó un mensaje en la tarde del 15 de octubre, en el que recordó el ataque que recibió y se mostró frustrado al seguir siendo perseguido afuera de su país.

“En Venezuela, pensar distinto, defender derechos humanos o alzar la voz, sigue siendo un riesgo. Ahora lo es incluso fuera de nuestras fronteras”, es parte de la publicación.

En la misma publicación, el activista nombró a Velásquez, al que mencionó como testigo del “milagro” que representa seguir con vida y agradeció por los mensajes que han recibido hasta el momento.

“El pasado lunes, mi hermano de vida Yendri Velásquez (@yendrive) y yo fuimos víctimas de un intento de asesinato. Creo que lo estamos contando como un milagro concedido por nuestros nuevos santos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, que nos dieron una nueva oportunidad de vivir. La abrazamos con gratitud, así como abrazamos con profundo cariño todas las muestras de apoyo y preocupación que hemos recibido en estas horas tan difíciles”.

Peche Arteaga indicó que ser parte de la oposición venezolana lo obligo a alejarse de su país; sin embargo, calificó como grave que la “represión trasnacional” se registre en casos repetitivos.

"Afortunadamente, estamos vivos para contarlo, y es momento de actuar antes de que más personas sean víctimas y las consecuencias sean irreparables. Hablaré con los medios en la medida en que pueda ir procesando lo ocurrido. Aún no concluyen las cirugías que necesita Yendri y yo sigo en recuperación por la complejidad de mis lesiones“.

Por último, el activista indicó que, además de los mensajes, espera que lo registrado haga que se entienda el riesgo que representar ser opositor de la dictadura de Maduro, y puntualizó al pedir protección para seguir con su labor.

“Con esto quiero sugerirles que enfoquemos nuestros esfuerzos en la solicitud de una investigación rápida y transparente por parte de las autoridades colombianas, y que hagamos de este crimen una oportunidad para visibilizar la vulnerabilidad de tantos venezolanos que, como nosotros, no pueden vivir en Venezuela, y sin protección legal, tampoco podemos hacerlo en un país como Colombia”.

Sobre el atentado, la Policía Metropolitana de Bogotá busca a tres hombres implicados en el atentado sicarial contra los activistas venezolanos, que habrían sido identificados gracias a las cámaras de seguridad del sector.

El ataque registrado sobre las 12:00 p.m., cuando los agresores se aproximaron en un vehículo y dispararon a las víctimas en las piernas antes de huir, ha hecho que se cuestione el rol de las autoridades, que tardaron en responder luego del llamado ciudadano por la emergencia.

Es por ello que, desde entonces comenzó un plan candado, que permitió localizar un vehículo abandonado en Suba, en el que hallaron dos armas de fuego y munición. Estos elementos quedaron bajo custodia como material probatorio para avanzar en la investigación y dar con los responsables.

El embajador ante el organismo internacional, Carlos Bernardo Cherniak, pidió por la liberación del ciudadano argentino y respaldó una inminente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a El Helicoide, el principal centro de detención del régimen venezolano y donde se han denunciado violaciones a los derechos humanos.

“Creo que ha quedado claro que en los últimos años Venezuela se ha convertido en un caso emblemático donde los cuatro pilares fundamentales de la OEA: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo, están siendo gravemente amenazados”, comenzó Cherniak en su discurso en el plenario de la OEA.

Y continuó: “La desaparición forzada como crimen de lesa humanidad es algo que algunos lo hemos planteado durante mucho tiempo. Este mensaje de la relatora es muy fuerte, porque cuando la Comisión se expresa y todos sabemos que muchas veces se generan polémicas, pero me parece que en este caso hay una expresión sumamente clara respecto de que las desapariciones forzadas en Venezuela se han convertido en una cuestión sistemática”.

En ese sentido, cuestionó: “¿Nos vamos a quedar en silencio frente a una dictadura que secuestra y desaparece ciudadanos de nuestros países, tanto venezolanos como no venezolanos? Nosotros hemos planteado siempre que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. Y sabemos, nuestro país tiene una trayectoria importante en términos de lo que significa la defensa y el impulso de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas".

“Esas detenciones arbitrarias se terminan convirtiendo en desapariciones forzadas, cuando es imposible saber dónde están las personas detenidas, donde no hay garantías y donde no hay ninguna posibilidad de saber dónde se encuentran. Entonces, me parece que el planteo del compromiso, por lo menos desde mi delegación, no es solo con Nahuel Gallo, que es emblemático, un ciudadano argentino desaparecido y que no sabemos dónde está, sino todos los Nahuel Gallo que existen y donde la voz de esos venezolanos que sufren, alguien la tiene que levantar”, agregó.

Cherniak, en tanto, señaló que “el problema de Venezuela no es de derecha o de izquierda, no es un tema ideológico, está atravesando y afectando los cuatro pilares de esta organización y nadie debería quedarse quieto ni en silencio sobre esto”.

Y añadió: “Creemos que la diplomacia de ser cauto y tratar de generar niveles de diálogo son siempre importantes, pero esta organización no puede permanecer en silencio y naturalizar lo que no puede ser naturalizado”.

“Por lo tanto, apoyamos las gestiones de la relatora y de la CIDH de hacer una visita in loco a Venezuela y ojalá atiendan el teléfono del lado del régimen de Maduro, porque si es que realmente no tienen nada que esconder y si realmente todo lo que dicen es cierto, dejen a la Comisión hacer su inspección, dejen tener diálogo con los actores en Venezuela para que todos nosotros podamos saber cuál es la verdadera situación, aunque lamentablemente ya las pruebas son irrefutables”, completó.

Qué se sabe sobre la desaparición de Nahuel Gallo

El cabo primero Gallo es oriundo de la provincia argentina de Catamarca, pero forma parte del escuadrón 27 de “Uspallata”, en Mendoza, y custodiaba el paso fronterizo entre Chile y Argentina. Estaba de licencia anual y había viajado de forma legítima a Venezuela, con autorización de la Gendarmería, para visitar a su pareja e hijo. No tenía vínculos con operaciones de inteligencia ni con actividades oficiales.

Al intentar ingresar al país, las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron a Gallo en Migraciones. Según Gómez, su teléfono celular fue revisado y se le retuvo tras ser sometido a una “segunda entrevista”. Todo indica que la interpretación de mensajes críticos hacia el gobierno venezolano parecen haber influido en su posterior secuestro.

La mujer Gallo es de nacionalidad venezolana y residente argentina desde hace 6 años. Ambos tienen un hijo de 2 años y viven en Mendoza. De acuerdo con su relato, durante las elecciones del 28 de julio en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como el ganador, ella le escribió un mensaje de texto a su pareja que decía: “Nahuel, el país se está yendo a la mierda. Tenemos un Gobierno horrible. Tenemos una dictadura”.Y consideró que “eso lo perjudicó de alguna manera”. La mujer también contó que Gallo fue trasladado en una camioneta desde San Cristóbal hacia Caracas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Duró varios minutos el último aplauso, que fue la suma de todos los aplausos anteriores. Duró varios minutos y, mientras aplaudían, cientos de personas reunidas en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la UBA se levantaron para que el aplauso, además de largo, fuera de pie, que es la forma más contundente de aplaudir.

El reconocimiento del público fue directamente proporcional al que, formalmente, trajo a toda esta gente al salón. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgó este viernes el doctorado Honoris Causa a los seis jueces del Juicio a las Juntas y al fiscal que encabezó la acusación, Julio César Strassera. Se trata del máximo honor entregado por la universidad mejor puntuada de la Argentina a aquellas personas que no ejercen regularmente la docencia allí.

Los ex jueces León Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz se sentaron en el escenario del enorme salón de actos y allí escucharon los motivos por los cuales la UBA, que es también la universidad en la que se formaron y en la que fueron profesores, decidió reconocerlos.

El otorgamiento del Honoris Causa también alcanzó, aunque de forma póstuma, a los ex jueces Andrés DAlessio y Jorge Torlasco, y al fiscal Strassera. Los hijos y algún nieto de aquellos funcionarios judiciales que partieron en dos la historia de la democracia argentina fueron los que recibieron el diploma y la medalla en el acto de este viernes.

“El Juicio a las Juntas fue el más importante de toda la historia jurídica de nuestro país. Fue el juzgamiento de tres de las cuatro juntas militares de la última dictadura cívico-militar que hubo en nuestro país. Nunca antes los argentinos habíamos visto a presidentes de facto respondiendo frente a los jueces de la Constitución”, dijo, ante un auditorio atento, Mónica Pinto. La doctora en Derecho y especialista en Derechos Humanos fue la representante del Consejo Superior de la Facultad de Derecho encargada de leer la laudatio que acompañó el reconocimiento a los ex jueces y al fiscal.

“Cual artesanos, estos hombres comunes cumplieron con una responsabilidad extraordinaria y tallaron la democracia argentina con este ADN: el de una sociedad de derecho y el de un país en el que se asumen las responsabilidades por los actos de gobierno”, siguió Pinto, que insistió en que tanto los jueces como el fiscal fueron “hombres comunes que hicieron tareas extraordinarias y que tuvieron una enorme audacia y valentía”.

“El juicio y la sentencia son parte de la democracia de derechos que se empieza a construir desde el 10 de diciembre de 1983. Con la sentencia, los argentinos empezamos a recuperar la dignidad. Ese día, en esa sala”, destacó Pinto. En el salón de actos, hubo en ese momento uno de todos los aplausos que sonaron durante la ceremonia. Los cuatro jueces que aún están con vida escuchaban atentos -y, por momentos, muy conmovidos- las palabras con las que se argumentaba la distinción otorgada.

Pinto no dudó en destacar la importancia que tuvo el Juicio a las Juntas al interior de la Facultad de Derecho de la UBA. “A partir de los años noventa esta fue una facultad con una formación integral en Derechos Humanos, y el juicio fue el punto de partida de eso”, aseguró.

Ricardo Gelpi, el rector de la UBA, también tomó la palabra. Lo escuchaban, en primera fila del salón de actos, el senador Martín Lousteau, el vicerrector de la universidad Emiliano Yacobitti, y Roy Cortina, presidente del Partido Socialista de la Ciudad, entre otros. Estaban también la escritora Claudia Piñeiro, pareja de Gil Lavedra, y el juez de Casación Mariano Borinsky, entre otros.

“Estos hombres fueron hacedores de grandeza. ¿Por qué la universidad los homenajea? Para mantener vivo el recuerdo del horror que vivió nuestro país y no olvidarlo nunca más“, sostuvo el rector universitario, que pidió un aplauso para el Presidente de la recuperación democrática, Raúl Alfonsín.

El apellido del mandatario que impulsó el trabajo de la Conadep y el Juicio a las Juntas se volvió coro en boca de algunos militantes de Franja Morada, la histórica representación de la Unión Cívica Radical en el mundo universitario.

Los ex jueces desplegaron su diploma de doctores Honoris Causa y sus sonrisas a medida que los llamaron, uno por uno, para recibir la distinción. Se abrazaron entre ellos, abrazaron a los familiares de sus compañeros que ya no están, recibieron, junto a esos familiares, el aplauso más largo de un acto cargado de emoción y de reivindicación histórica.

Gil Lavedra resumió el sentir de los cuatro exjueces presentes: “Es muy grato y muy emocionante haber recibido esta distinción en nuestra casa, que es nuestra facultad y nuestra universidad. Es una distinción que nos excede a título personal porque apunta a la justicia y a la democracia”, sostuvo.

“Cualquier transición democrática tiene una primera tarea que es lograr que la democracia subsista. El juicio representó la posibilidad de juzgar a los máximos responsables de crímenes gravísimos cuando las Fuerzas Armadas aún tenían un poder considerable y cuando buena parte de la sociedad no creía que hubieran ocurrido esos crímenes”.

Sobre ese clima de época, el ex juez Ledesma definió: “Después del juicio nunca más se discutieron los hechos. Dejaron de ser una duda para pasar a ser una certeza absoluta. Los que decían que en la guerra vale todo fueron refutados por la sentencia y por el juicio”.

Valerga Aráoz, agradecido y emocionado como sus compañeros y amigos, remató: “La democracia no podría haber sido estable sin la realización de este juicio”. Cuarenta años después de aquel hito jurídico que sirvió de ejemplo al mundo y que torció la historia institucional de la Argentina, los hombres comunes que lo llevaron a cabo fueron reconocidos. Hubo aplauso, medalla, diploma y muchos abrazos.

Una irrupción violenta en su casa. Un secuestro. Un Falcon verde. Un cuerpo masacrado con saña: cincuenta impactos de bala. Arrojado para ser encontrado. Una firma: la organización que se lo adjudicó poco después. Una advertencia. Un intento de disciplinamiento.

Era 27 de septiembre. Era 1974. El mediodía acaba de correrse para dar lugar a ese espacio temporal que en muchas provincias del país tiene nombre propio y sacro: la siesta. En Buenos Aires quizás solo haya sido el comienzo de una tarde de primavera recién estrenada. En otras versiones del episodio era la noche. Lo cierto es que Silvio Frondizi —67 años— descansaba en su casa de la calle Cangallo —ahora, las trampas de la historia, Presidente Perón—. Su esposa y su nieto de seis meses, con él. La pareja no imaginaba que avanzaban a su encuentro dos Falcon verdes. O quizás sí. Quizás lo habían pensado. Quizás lo temían en secreto sin hablarlo o quizás era un tema recurrente. Lo más probable es que no lo esperaran aquel día, en aquel momento, tarde o noche, en el que estaban al cuidado del bebé.

En un instante, como una estampida incontenible, un escuadrón de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), dirigido por el subcomisario Juan Ramón Morales y el subinspector Rodolfo Eduardo Almirón Sena, se metió dentro. Los golpeó de un modo feroz.

Al advertir lo que sucedía, su hija Silvia y su yerno, Luis Mendiburu —militante de la Juventud Peronista—, que vivían en el mismo edificio —según unas versiones— o estaban ahí de visita —según otras—, intervinieron. Aún así no pudieron evitar que se lo llevaran a la fuerza. En el enfrentamiento Mendiburu quedó herido y murió poco después.

Frondizi fue arrojado en uno de los autos. Uno de los Falcon verdes. Fue llevado a un descampado en Ezeiza donde lo masacraron.

Poco después, el mismo día, la Triple A firmaba públicamente el crimen y daba precisiones sobre dónde había tirado el cuerpo: “Sepa el pueblo argentino que a las 14.20 horas fue ajusticiado el disfrazado número uno, Silvio Frondizi, traidor de traidores…”. La autopsia mostró cincuenta balazos.

Un nuevo intelectual de una nueva izquierda

A mediados de los años 60 Silvio Frondizi dictó un curso de Historia y marxismo en la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Estaba brindando una de las conferencias cuando se escucharon tiros: un grupo de derecha disparaba a la puerta de la facultad para repudiar la actividad. Los estudiantes se apuraron para proteger a Frondizi. Él tomó su portafolio de docente, lo abrió y sacó una ametralladora pequeña. Por si las dudas. Cuando la calma se restauró volvió al estrado e hizo su descarga. La que concluyó así: “Aunque sea a los tiros vamos a defender nuestro derecho a difundir el marxismo”.​

Este episodio, narrado por el médico e histórico militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Abel Bohoslavsky —fallecido en 2021 durante la pandemia de covid-19—, quien asistió a aquel curso en Córdoba, quizás logre capturar la esencia de Frondizi. De Silvio Frondizi.

Correntino, había nacido en Paso de los Libres inaugurando el año 1907, en enero. Llegó para sumarse a una gran familia que contaría 14 hermanos. Él sería el antepenúltimo, el número doce —los dos que le siguieron fueron Arturo, presidente de la Argentina entre 1958 y 1962, y Risieri Frondizi, rector de la Universidad de Buenos Aires en los años de presidencia de Arturo—. Completaban los nueve varones Ubaldo, Américo, Ricardo, Amadeo, Giulio y Oreste. Las cinco mujeres eran Luidina, Tersilia, María Virginia, Isabella y Liduvina. Sus padres, Julio Frondizi e Isabel Ercoli, eran inmigrantes italianos que habían llegado a buscar un mejor porvenir en estas pampas en 1890, desde Gubbio, región de Umbría. Lo consiguieron: la actividad de Julio como contratista de obras y constructor de puentes y caminos les permitió un buen pasar.

En la casa de los Frondizi Julio no era solo el jefe de la tribu, el padre proveedor. Siendo un ateo ferviente —aunque tolerante con el cristianismo de su mujer, que enviaba a los hijos a la iglesia y le prendía velas a la Virgen María— y un lector feroz, se encargaba de cultivar la cultura y el intelecto de sus hijos: promovía debates de todo tipo en la mesa familiar y motivaba a su prole para que estudiara una carrera universitaria.

En 1912 la familia se mudó a Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde los hijos menores comenzaron los estudios primarios y luego los secundarios en el célebre Colegio Nacional de esa ciudad, fundado por Urquiza. En 1923 Julio viajó con sus hijos Silvio y Arturo a Buenos Aires y los anotó en el Colegio Nacional Mariano Moreno. Ahí completaron el bachillerato. Cuando finalizó esa etapa, en 1927, Silvio ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y al Instituto Nacional de Profesorado.​ En estas instituciones se convirtió en abogado y profesor de Historia, respectivamente.

Durante el golpe militar de 1930, encabezado por Uriburu, fue encarcelado junto a su hermano Arturo durante varios días.

En 1938 se instaló en la Universidad Nacional de Tucumán, donde enseñó Teoría política y desde donde escribió los primeros textos que luego se transformarían en el primer libro de una vasta obra: Introducción al pensamiento político de John Locke (1943). En ese momento sus ideas aún se circunscribían al universo liberal-democrático.

En años donde los Gobiernos civiles y militares se alternaban como cartas rojas y negras en un juego de naipes, después del golpe de Estado de 1943, dirigido por los generales Arturo Rawson y Pedro Pablo Ramírez, la Universidad de Tucumán fue intervenida y Silvio Frondizi renunció al Consejo Académico. Tres años después, en 1946, fue cesanteado de sus cargos docentes y se instaló definitivamente en Buenos Aires. En el ombligo del país compartió el estudio jurídico con su hermano Arturo y dictó clases en el Colegio Libre de Estudios Superiores.

En ese contexto efervescente sus ideas políticas sufrieron una metamorfosis. La sociedad argentina inauguraba la grieta que se convertiría en la madre de todas las dicotomías políticas: la división entre peronistas y antiperonistas; con los cientos de matices que nacerían, se bifurcarían y volverían rizoma los años venideros. La sociedad internacional, todavía golpeada y de rodillas, inauguraba la etapa de la posguerra; con el nazismo recientemente derrocado y los pueblos de Europa destrozados, recogiendo las cenizas.

Este fue el marco en el que Silvio Frondizi cambió sus concepciones para crear nuevas. Entre fines de 1945 y comienzos del 46 se paró en la vereda de enfrente del peronismo y también cuestionó a la izquierda tradicional. En un folleto —de los varios que escribió— titulado La evolución capitalista y el principio de soberanía asumió, por primera vez, una postura marxista. Que jamás abandonaría. Allí explicaba que el sistema mundial había ingresado, luego de finalizada la Segunda Guerra, en una nueva era que se caracterizaba por la “trasnacionalización del capital y la consiguiente erosión de la soberanía de los Estados-nación”, así lo cuenta el historiador, docente e investigador Horacio Tarcus —que estuvo vinculado a la izquierda— en su entrada sobre Frondizi del Diccionario biográfico de las izquierdas latinoamericanas.

A partir de sus análisis y su mirada innovadora sobre la realidad argentina, crítica del peronismo y de las posturas clásicas de la izquierda en los envases del socialismo y el comunismo, Silvio Frondizi abrió un espacio novedoso que llamó —o sus discípulos llamaron— “la Nueva Izquierda Latinoamericana”.

Praxis, MIR, FAA: los movimientos que fueron semilla

Avanzaba la década del 50 cuando Silvio Frondizi, que ya había creado un primer movimiento político llamado Acción Democrática Independiente, creó Praxis, al que luego le antepuso la sigla MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) consolidándose el MIR-Praxis, en el inicio, una agrupación juvenil marxista que estudiaba esta corriente y sus teorías y abogaba por aplicarlas a la realidad política argentina. Allí se formó una gruesa fila de cuadros políticos que alimentaron la izquierda nacional y se implantaron en la comunidad académica. La mayor parte de ellos tendrían roles muy activos en las organizaciones políticas y sociales de los ‘70.

Escribe Tarcus: “Allí [en Praxis] va a forjarse políticamente una nueva generación de militantes —entre ellos: Marcos Kaplan, Ricardo Napurí, Ramón Horacio Torres Molina, Alberto Ferrari Etcheverry, Arturo Lewinger, Jorge Lewinger, José Pepe Eliaschev, Aldo Comotto, Arnol Kremer (seud.: Luis Mattini), Juan Wermus (pocos años después conocido como Jorge Altamira), etc.— cuya principal actuación se dará en las décadas de 1960 y 1970. El grupo, que edita el periódico Revolución (Buenos Aires, 1955-1960), pasa enseguida a denominarse Movimiento de Izquierda Revolucionaria Praxis (MIR-P)”. Cuenta también que además de formarse teóricamente en el marxismo, desde comienzos de la década del 60 sus integrantes desempeñaron un intenso activismo comunal en diferentes puntos del Gran Buenos Aires y de la provincia de Córdoba.

El MIR Praxis generó eco en la región y también cosechó followers y adeptos en América Latina. Así, se convirtió en una de las experiencias teóricas más interesantes de la izquierda argentina y sentó un precedente en los alrededores. “Creemos que en Latinoamérica están dadas las condiciones para una revolución socialista, pero nos faltan todavía algunas condiciones subjetivas. Claro está que el análisis de esta situación significa resolver el grave problema —tal vez el más grave que enfrenta la revolución socialista en el mundo— sobre las relaciones entre masa, partido y dirección”, decía el artífice de este movimiento en 1959.

Mientras la Guerra Fría era el fondo de escenario del mundo y la mancha negra que había dejado la Segunda Guerra Mundial todavía estaba fresca y humeante, los años se prestaban para que los países tuvieran sus propias discusiones y disputas ideológicas y se preguntaran qué sistema querían para vivir. Cuál forma de organización social y política traería mejores condiciones a los habitantes del territorio. Y de todos los territorios. Aunque en el Norte tuvieran otros planes para coartar estos impulsos, estos intentos, de cuajo.

El MIR Praxis no sería el único movimiento que fundaría Silvio Frondizi. Más de una década después también participaría activamente en el surgimiento del Frente Antiimperialista y Antidictatorial (FAA), que presidiría en 1972: otro año bisagra. Esto pariría luego al Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS). Las iniciativas políticas darían un volantazo cuando apremiaba la construcción de una coalición democrática a modo de estrategia frente al regreso del Gobierno constitucional que se avecinaba con la salida de la dictadura de Lanusse y el llamado a elecciones. Como sucedió en muchos momentos de la historia argentina —como sigue sucediendo: a veces a modo de alianza coherente, otras de ensalada de injertos extraños—, se fusionaron entonces algunos grupos de la izquierda marxista con fases del peronismo revolucionario de cara a las urnas de 1973.​ Y Frondizi integraría, con otras figuras, la mesa coordinadora del Frente Antimperialista por el Socialismo (FAS). Pero para esto aún faltaba.

En La Habana

Un año después de que Cuba se cubriera de Revolución, Silvio Frondizi fue invitado a la isla por el Movimiento 26 de Julio —la organización política y militar liderada por Fidel Castro y el Che Guevara para combatir la dictadura de Fulgencio Batista—. Estuvo allí de mayo a junio de 1960, donde tuvo varias reuniones con el comandante argentino. Que le hizo una propuesta: que se quedara en Cuba como rector de la Universidad de La Habana. Guevara sabía que Silvio era el intelectual de la izquierda más innovador del país y de la región por esos días, y quería que hiciera de la universidad de la isla el centro intelectual del continente. Pero Frondizi no aceptó. Dicen que le propuso, en cambio, crear una internacional de partidos revolucionarios por fuera del comunismo desde allí —el MIR argentino que él fundó sería la primera de varias células con el mismo nombre en América Latina.

Lo cierto es que Silvio regresó a Buenos Aires y publicó La revolución cubana. Su significación histórica y también le dio una nueva dirección a la actividad del MIR, que daba lugar a un discurso más popular y menos clasista que el que había sostenido, lo que volcó en el folleto Bases y punto de partida para una solución popular (1961). Esa nueva dirección se tradujo en una crisis al interior del movimiento que se desmembró en varios grupos.

La revolución desde las aulas y los tribunales

Sin movimiento político alrededor Silvio Frondizi se volcó a la docencia, aunque siguió escribiendo y publicando libros y folletos que ensancharon su vasta obra. Desde 1958 estuvo al frente de la cátedra de Derecho Político de la Universidad Nacional de La Plata y en 1962 ganó el concurso de profesor titular de la de Instituciones del Derecho Público en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. En 1963, apoyado por el Centro de Estudiantes, dictó la cátedra de Sociología Argentina Contemporánea en la carrera de Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

En ocasión de un homenaje en su memoria, Horacio Tarcus recordó su trayectoria académica y su entrega a la tarea docente “preparando sus clases, escuchando a sus alumnos. Hay muchísimos testimonios de que fue un gran profesor”, dijo y destacó: “Fue formador de una generación de izquierda que pasó por sus clases pero también por su organización política y por los grupos de estudio y lectura que coordinaba”.

“Sus alumnos siempre recordaron muy bien a ese hombre alto, algo encorvado, que hablaba rápido y con potencia”, se lee en un texto, también homenaje, de la Universidad Nacional de La Plata.

Cuando el golpe de Estado de 1966 derrocó a Arturo Illia e inició la dictadura cívico-militar autodenominada Revolución Argentina, Frondizi renunció a sus cargos y se dedicó a la defensa de presos políticos y gremiales. Cuando los militares estaban en retirada y se asomaba un nuevo Gobierno peronista, dirigió el periódico Nuevo Hombre —expresión política del PRT, de quienes era prácticamente parte o al menos muy cercano— que se publicó entre 1972 y 1973. En este tiempo fue blanco de presiones, amenazas y censuras.

De cara a las elecciones de 1973 la dirección del Partido Revolucionario de los Trabajadores sopesaba una posible fórmula: Agustín Tosco – Silvio Frondizi. Pero terminó por ser contactado por el político Jorge Enea Spilimbergo para proponerle que se presentara como candidato a senador extrapartidario por el Frente de Izquierda Popular (FIP).

De todos modos, el principio del fin, lo que lo pondría en la lista negra que había dado a conocer la Triple A, fue su tarea como abogado defensor de militantes y presos políticos. La que desempeñó como miembro de una comisión de abogados coordinada por Rodolfo Ortega Peña, a quien le aguardaba el mismo destino.

La caída

“Fue un tipo que se jugó la vida y sabía que se la jugaba. Hay un montón de testimonios de compañeros que he recogido que le decían: ‘Andate del país’. Recibió amenazas, le pusieron bombas en su estudio, y él creyó que su misión era la de combatir hasta el final”, recordó Horacio Tarcus cuando la agrupación Barrios por Memoria y Justicia colocó la baldosa restaurada, que señaliza el lugar donde lo secuestraron, en la puerta del que fuera su domicilio, en el barrio de Almagro, en 2024.

Un mes antes de que la Triple A lo asesinara, en agosto de 1974, el Ejército Revolucionario del Pueblo (brazo armado del PRT) intentó tomar el Regimiento de Infantería Aerotransportada N° 17 de Catamarca. El operativo fracasó y catorce combatientes fueron capturados y fusilados en lo que se llamó la masacre de Capilla del Rosario, un asesinato que las fuerzas armadas disfrazaron de enfrentamiento. Fórmula que —como el secuestro, como el Falcon verde— pronto se masificaría.

Silvio Frondizi viajó a la provincia y asumió la defensa de los combatientes detenidos, como lo hacía con otros presos políticos en lo que se había convertido en la tarea más importante de su vida. Cuando regresó a Buenos Aires, denunció en conferencia de prensa lo que había sucedio: la tortura y la matanza. Y responsabilizó de eso a las fuerzas comandadas por el general Benjamín Menéndez y al entonces jefe de Policía, comisario Alberto Villar. Esa fue su sentencia de muerte.

Aunque hacía tiempo que, gentilmente, le acercaban advertencias: meses antes de estos hechos había sufrido atentados en su estudio jurídico. Y su nombre figuraba entre las futuras víctimas que había dado a conocer, sin escrúpulos, la Alianza Antiomunista Argentina.

Muerto el rey, y con una reina casi de plastilina, la siniestra organización de la derecha peronista, que actuaba bajo las órdenes y el auspicio del hechicero al frente del Ministerio de Bienestar Social —una paradoja digna de Orwell— con las complicidades necesarias, tenía luz verde para hacer a su antojo.

En enero de ese mismo año, la Triple A había publicado una lista negra que condenaba a personalidades políticas, intelectuales, de la cultura, activistas, obreros, estudiantes, defensores de derechos humanos. Personas que serían “ejecutadas inmediatamente en donde se las encuentre”.

Mario Roberto Santucho, Roberto Quieto, Agustín Tosco, Rodolfo Puiggrós, Rodolfo Ortega Peña, Julio Troxler y Silvio Frondizi eran algunos de los que figuraban en el catálogo de la muerte. Una advertencia. Un intento de disciplinamiento.

Aunque se calcula que el número de víctimas de la Triple A ronda las 1.500 o 2.000 personas, quienes fueron heridos y torturados, asaltados y amenazados entre 1973 y 1976 son incontables. La organización paramilitar tenía una meta clara: amedrentar a las izquierdas. Sembrar el terror. La advertencia. El disciplinamiento que conduce al sometimiento.

Quizás aquel 27 de septiembre de 1974 cuando escuchó el ruido inconfundible de la violencia paraestatal en su puerta lo supo de inmediato. No era el primero de su círculo.

Dos meses antes había sido Ortega Peña. Defensor de presos políticos, como él. Amenazado, como él. Negándose al exilio, como él. Fue acribillado —como lo sería él— dentro de un taxi, cuando viajaba con su esposa, en la intersección de las calles Arenales y Carlos Pellegrini. Fue el primer asesinato que la Triple A firmó.

Siete días antes que él había sido Julio Troxler —conocido dirigente peronista y sobreviviente de los fusilamientos de José León Suarez—, otro de los fusilados que vivía. Y que lo hizo hasta aquel día de septiembre de 1974 en el que fue secuestrado en las inmediaciones de la facultad de Derecho y acribillado por la espalda, como hacen los cobardes, junto a un paredón del ferrocarril Roca en Barracas. Ese día también, como si saldaran un encuentro pendiente con el destino del que Troxler había escapado dos décadas atrás, la Triple A se adjudicó el asesinato acusándolo de “bolche y mal argentino”.

Es muy probable que aquel 27 de septiembre de 1974, cuando escuchó el ruido inconfundible de la violencia paraestatal en su puerta lo haya sabido de inmediato.

Su velatorio, multitudinario, fue en el Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). El domingo 29 de septiembre, cuando el cortejo fúnebre acompañaba el cuerpo hacia el cementerio de la Chacarita, fuerzas policiales al mando de Alberto Villar —uno de los líderes de la Triple A— secuestraron el féretro durante algunas horas.

Después de su muerte, su esposa, Pura Sánchez Campos, y sus dos hijos, Isabel Silvia y Julio Horacio, se exiliaron en Italia.

En el acto de colocación de la baldosa restaurada, Horacio Tarcus destacó la trascendencia de las ideas de Frondizi en los debates de la izquierda de entonces: “Él pensó cosas muy originales, habló de movimientos sociales cuando era algo raro, nadie hablaba en la década del ‘60 de movimientos sociales por fuera o más allá de los partidos políticos. Habló de la globalización cuando todavía no tenía ese nombre; decía que después de la etapa imperialista del capitalismo había una etapa de integración mundial”. “Se estaba anticipando a pensar fenómenos contemporáneos con una gran autonomía, autoridad, inteligencia”.

En la exposición realizada también en 2024, en el homenaje a Silvio Frondizi por los 50 años de su muerte organizado por la cátedra libre Alejandro Korn de la UNLP, la Universidad Popular Alejandro Korn y la Biblioteca Popular Francisco Romero Delgado, el abogado, docente y cientista político Ramón Torres Molina, quien además tuvo a Frondizi de maestro, dijo: “Silvio Frondizi actuó como abogado en varias causas pero, básicamente, era un militante político. Siempre lo fue y lo era en ese momento. Están los testimonios de Luis Mattini [N. de la R.: un militante de izquierda y dirigente del ERP fallecido en 2024] donde expresa que lo entrevistó y le ofreció salir del país con el apoyo del PRT. Y él dijo: ‘Sería traicionar mis principios. Si yo he sostenido la necesidad de una revolución en nuestro país y he formado gente en ese sentido, no me puedo ir’”.

“Silvio Frondizi fue un militante, directamente o indirectamente, del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Asumió, con esa definición, el camino de la historia más allá de la coyuntura, más allá de los aciertos o errores que se tomaron en ese momento. Lo asumió con todas las consecuencias que implicaban esas decisiones, mirando las posibilidades de cambio en un camino histórico hacia la liberación de la patria. Fue asesinado por militante político por la Triple A. (...) Silvio Frondizi fue muerto por ser consecuente con sus ideas, por su conducta. Fue muerto por revolucionario”.

“La lucha no se libra en el Congreso sino que la libran los propios trabajadores”, se escucha decir al intelectual con una voz lejana y algo áspera en un video homenaje titulado Fragmentos del 74: memorias de Silvio Frondizi. “Solo el pueblo salvará al pueblo, no debemos olvidar eso”.

“En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Arrebatados por la fuerza dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los había secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes. Las autoridades no habían oído hablar jamás de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la Justicia los desconocía y los habeas corpus solo tenían por contestación el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio”.

Era 20 de septiembre de 1984 cuando un atribulado pero sólido Ernesto Sabato se dirigía con estas palabras al entonce presidente Raúl Alfonsín para presentar el trabajo a destajo que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que él presidía había realizado durante los nueve meses anteriores, desde que el mandatario que trajo de regreso la democracia la había creado.

Eran más de cincuenta mil páginas que rebalsaban de datos. Más de cincuenta mil páginas que contenían el testimonio más atroz. Secuestros, torturas, mutilaciones, violaciones. Las formas más siniestras de la muerte. Nombres y ubicaciones de los centros clandestinos y morideros que antes de su caída las Fuerzas Armadas habían querido destruir, ocultar. Más de cincuenta mil páginas que serían prueba judicial y piedra fundacional en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia. Que serían bandera, declaración, deseo, mandamiento.

“Desde el momento del secuestro la víctima perdía todos los derechos, privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares desconocidos, sometida a suplicios infernales, ignorante de su destino mediato e inmediato, susceptible de ser arrojada al río al mar o reducida a cenizas. Seres que, sin embargo, no eran cosas, sino que conservaban atributos de la criatura humana: la sensibilidad para el tormento, la memoria de su madre o de su hijo o de su mujer, la infinita vergüenza por la violación en público; seres no solo poseídos por esa infinita angustia y ese supremo pavor, sino, y quizás por eso mismo, guardando en algún rincón de su alma alguna descabellada esperanza”. (Sabato, 20 de septiembre de 1984).

Entre 1976 y 1983, las Fuerzas Armadas argentinas, comandadas por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, secuestraron, torturaron, violaron y asesinaron a miles de personas en los sótanos de una sociedad aterrorizada. Quizás aquel 24 de marzo fatídico, cuando derrocaron a la presidenta María Estela Martínez de Perón, que había asumido tras la muerte de Juan Domingo en 1974, los habitantes de este país pensaron que sería un golpe de Estado más. Argentina estaba acostumbrada: contaban demasiados años en su historia en los que los gobiernos militares se intercalaban con los civiles tomando el poder por la fuerza. Aunque a este golpe lo antecedía una escalada de violencia cada vez más cruda, cada vez más feroz. Orquestada por grupos paramilitares dirigidos por personas allegadas a la presidenta y al poder que querían acabar con las organizaciones políticas de izquierda, las que habían decidido armarse para plantarles cara y dar una revolución violenta que condujera —utopía mediante— a una existencia más justa.

Cuando la junta militar tomó el gobierno, los secuestros, los asesinatos, las acciones clandestinas de los movimientos guerrilleros, los cadáveres en las veredas cocidos a balazos eran parte de las noticias y el paisaje cotidiano. Quizás aquel 24 de marzo fatídico los habitantes de este país pensaron que sería un golpe de Estado más. Quizás algunos o varios o muchos pensaron que la violencia llegaría a su fin. Argentina estaba acostumbrada. Mas lo que sucedió a partir de aquel 24 de marzo fatídico no tenía precedentes.

“Proceso de Reorganización Nacional” —el eufemismo padre de los cientos de eufemismos siniestros que utilizarían los perpetradores desde entonces— llamaron ampulosamente al plan a través del que establecieron un sistema concentracionario que aniquiló a miles de personas y sembró el terror en las fibras más profundas de la estructura social. El saldo: 30.000 personas desaparecidas, 500 bebés robados, miles de ciudadanos exiliados. Una guerra infame, un país en ruinas.

La guerra de Malvinas y el debilitamiento progresivo del poder de los dictadores después de siete años de oprobio dieron paso al regreso democrático que quedó formalizado el 10 de diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia. Cinco días más tarde, el 15 de diciembre, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas con el objetivo de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar.

Los integrantes eran miembros destacados de la sociedad. Presidido por el escritor Ernesto Sabato, el grupo que se dispuso a desentrañar las violaciones a los derechos humanos estaba formado por el exrector de la UBA, Ricardo Colombres; el doctor René Favaloro —que renunciaría al no estar de acuerdo con que la comisión no investigara los crímenes de la Triple A ocurridos durante el Gobierno de Isabel Perón—; el exdecano de la Facultad de Ingeniería y también exrector de la UBA, Hilario Fernández Long; el pastor evangélico Carlos Gattinoni; el filósofo y matemático, Gregorio Klimovsky; el rabino y fundador del Movimiento Judío por los Derechos Humanos, Marshall Meyer; el obispo defensor de los derechos humanos, Jaime de Nevares; el filósofo Eduardo Rabossi; y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú. También los diputados radicales Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill y Horacio Hugo Huarte, en representación del Congreso.

Como secretarios actuaron Daniel Salvador, en el Procesamiento de Datos; Raúl Peneón, en Procedimientos; Alberto Mansur, en Asuntos Legales; Leopoldo Silgueira, como administrativo; Agustín Altamiranda; y Graciela Fernández Meijide en la Recepción de Denuncias.

Junto a ellos, un grupo de personas vinculadas a organizaciones de derechos humanos trabajaron incansablemente y en tiempo récord. Como la abogada, exjueza y docente de la Universidad de Buenos Aires fallecida en 2024, LuciIa Larrandart, quien en 1984 también fue designada a la Secretaría de Denuncias de la Conadep.

Su titánica labor consistió en leer y oír miles de acusaciones y testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas e intentar ubicar el sitio donde habían sido destinadas las personas desaparecidas, siguiendo unas huellas fragmentadas, borrosas: “Uníamos las características mencionadas con el centro de detención al que correspondía porque no se sabía qué centros había”. Se calcula que hubo más de 800 centros clandestinos de detención, "la Conadep fue la que comenzó a descubrirlos. Fue un trabajo superartesanal que se hizo en diez meses", recordaba hace unos años Larrandart.

Como un enorme desafío macabro de enigmas y acertijos, a partir de datos sueltos y características e información cruzada lograron devolver la identidad a muchos desaparecidos, identificar represores y descifrar la suerte indescriptible de muchas de las personas a las que sus familias y amigos buscaban. El trabajo minucioso de la comisión perseguía un fin mayor: comenzar algo que se pareciera a la sombra de una reparación imposible.

Ocupados con tamaña tarea, contaba Larrandart, jamás imaginaron el impacto que tendría el material que estaban preparando. “En el momento nos parecía que no era tan importante lo que estábamos haciendo porque no se tomaban declaraciones en tribunales, no pensábamos que sería prueba judicial”. Pero cuando pudo verlo en retrospectiva, fue evidente: "El informe es brutal. Describe todo cuando no se conocía nada, hizo que el conjunto de la sociedad se enterara de lo ocurrido y sirvió como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad que vendrían después".

“Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el presidente constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas después de muchos años de producidos los hechos. Cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros, se había quemado toda la documentación y hasta se habían demolido edificios. Hemos tenido que basarnos pues en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aún en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían”. (Sabato, 20 de septiembre de 1984).

En varias escenas, de las muchas indelebles, de Argentina, 1985, la película de Santiago Mitre que recrea la tarea del fiscal Julio Strassera, su adjunto, Luis Moreno Ocampo, y un equipo legal formado por jóvenes estudiantes, de investigar y preparar en tiempo récord la acusación judicial más importante del país y sentar en el banquillo de los acusados a los miembros de la juntas militar que lo masacraron, se ve a los chicos y chicas —eso eran— del equipo de Strassera correr en una competencia descarnada contra el tiempo. Tenían solo cuatro meses para reunir la información que requerían para el juicio. Se los ve en una oficina desplegando papeles, haciendo marcas como en un juego de estrategias, uniendo puntos con nombres, subiendo a micros que los conducían a diferentes puntos de la Argentina para recabar testimonios e intentar localizar sitios que habían funcionado como centros clandestinos de detención, tortura y muerte.

Todo eso teñido a la vez de un vértigo, una adrenalina y un entusiasmo que traspasaba la pantalla. La adrenalina, el vértigo y el entusiasmo que generaba saber que lo que hacían podía cambiar la historia. El cuerpo de funcionarios judiciales se había negado a asistir a los fiscales en esa tarea, por miedo, simpatía o complicidad con los militares. Ellos, con alrededor de 20 años o menos, salieron a conseguir lo imposible.

Mientras, eran seguidos de cerca, en las sombras, amenazados e intimidados por los exrepresores, sicarios sueltos que les respiraban en la nuca e intentaban hacerlos abdicar para que el juicio no se concretara.

En el film —una dramatización inspirada en los hechos reales, aclararon sus productores—, los chicos y chicas de la Fiscalía van a la Conadep. Alguien del equipo los recibe, les ofrece los expedientes. Ellos se sientan allí a leer el informe. Lloran.

De esa manera, con papeles regados por doquier; unión de nombres, datos y puntos geográficos con declaraciones; recabando denuncias; recorriendo el país en busca de testimonios y sitios de la muerte casi a ciegas; siguiendo pistas incompletas como en una caza del tesoro y oyendo las experiencias más salvajes que puede oír un ser humano, todo a contrarreloj, transcurrió el trabajo de la Conadep realizado apenas unos meses antes de la investigación de la Fiscalía que llevó a los perpetradores a juicio marcando un hito sin precedentes en el mundo. Para eso, el informe inestimable de la comisión fue clave: registró todas las desapariciones denunciadas hasta ese momento y los centros clandestinos, contrastando la información a la que accedían con la arquitectura de los edificios, reconocimiento que hacían muchas veces con la ayuda de los sobrevivientes.

Sus miembros confeccionaron mapas, agruparon testimonios y analizaron todo el material compilado con el objetivo de reconstruir el modo de operar del terrorismo de Estado. Visitaron morgues, vecindarios, lugares de trabajo de las personas desaparecidas para descifrar las modalidades utilizadas para secuestrarlas y localizar los centros clandestinos de detención. Revisaron registros carcelarios, policiales. También investigaron delitos cometidos sobre los bienes de los desaparecidos. En 280 días la Conadep hizo un trabajo colosal.

El 20 de septiembre de 1984 el escritor Ernesto Sabato le entregaba a Alfonsín un informe que incluía una vasta muestra del funcionamiento de los subsuelos del terror: testimonios de sobrevivientes y de familiares de las víctimas, detalles sobre las torturas, un inventario de más de 300 centros clandestinos de detención y una lista parcial de las personas desaparecidas —el documento probaba al menos nueve mil casos—. Cincuenta mil páginas con un infierno de información.

Esa voluminosa investigación, también conocida entonces como “Informe Sabato”, fue editada y publicada luego por la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba) —con un prólogo que iba a despertar controversias— bajo el título Nunca más. Que fue propuesto por el rabino Marshall Meyer: era el lema utilizado originalmente por los sobrevivientes del gueto de Varsovia en repudio de las violaciones a los derechos humanos y las vejaciones realizadas por los nazis.

La publicación del informe Nunca más —o simplemente, “el Nunca más”—, un material imprescindible para comprender el pasado reciente, demostró por primera vez el carácter sistemático de la represión llevada a cabo a manos y en nombre del Estado.

“Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror y solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado”. (Sabato, 20 de septiembre de 1984)

"La construcción de la Conadep inicia un proceso sin retorno en busca de memoria, verdad y justicia en Argentina y, claramente, es un quiebre, una bisagra", le decía a esta periodista hace unos años el abogado y exdetenido desaparecido Martín Gras, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el centro clandestino de detención más grande del país.

En esa conversación Gras acentuaba que “la represión argentina se caracterizó por crear la figura del desaparecido, alguien que, en palabras de Videla ‘no estaba ni vivo ni muerto’. Colocó al desaparecido en un no lugar. Y montó un sistema totalmente clandestino y fantasma por debajo de la esfera pública. El terrorismo de Estado, entonces, tenía en su corazón esa especie de pozo negro que era la ignorancia sobre la suerte de miles de hombres y mujeres. Y cuando se produjo el proceso de recuperación democrática hubo un clamor, principalmente de los familiares de las víctimas que —con cierta ingenuidad— pensaban que muchos o la totalidad de los desaparecidos iban a reaparecer. Cuando la Conadep comenzó a investigar, fue desbordada por aquello con lo que se encontró“.

El primer gran impacto fue para los familiares de las víctimas, señalaba, porque recién ahí comprendieron lo que había sucedido: “Ya no era su hijo, su hermano, se descubre que hubo una política de exterminio y que fueron miles. Le dieron, de golpe, a todo el país la dimensión de lo que pasó. La sociedad en su conjunto salió de un espacio de niebla. Yo creo que ese fue el efecto principal que tuvo esa tríada de Conadep, Nunca más y Juicio a las Juntas". Para los sobrevivientes, además, la creación de la comisión “significó la posibilidad de hablar y ser escuchados”.

El único punto flaco señalado por Gras fue la polémica que rodeó al prólogo con el que se publicó el informe, escrito por el mismo Sabato. El texto comenzaba con una frase que hacía alusión a la teoría de los dos demonios: “Durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda”, una frase fuertemente criticada por conducir a una lectura de los hechos que equiparaba la violencia perpetrada por las Fuerzas Armadas con el accionar de las organizaciones guerrilleras. Esa interpretación de lo ocurrido, esa frase y ese prólogo que se antepone a un texto que muestra lo opuesto, que deja puramente al descubierto el accionar abyecto y descarnado de las Fuerzas Armadas, generó controversias y cambios en las reediciones posteriores del Nunca más.

Del trabajo de la comisión, solo virtudes.

En el mismo prólogo, apenas unas líneas abajo de esta primera, Sabato escribió: “Nuestra comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la Justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad”.

“La impunidad es enemiga directa de la búsqueda de derechos”, dijo Gras al hablar sobre la Conadep y su tarea, y aseguró que el Nunca más y los primeros juicios refundaron la democracia argentina —aún con las absoluciones, los indultos, las condenas a medias y otros agujeros que dejaron medidas establecidas por el mismo Alfonsín poco después y que seguirían vigentes hasta el 2003.

Buscar justicia fue imprescindible para empezar a reparar el tejido social destrozado. Por eso las palabras con las que el fiscal Julio César Strassera cerró su alegato histórico, unidas al trabajo de la Conadep, quedarían grabadas en la memoria colectiva argentina: “Señores jueces, quiero utilizar una frase que pertenece ya a todo el pueblo argentino: Nunca más”.

Cuando Alfonsín recibió los gruesos fajos que contenían la investigación de la Conadep de la mano de Sabato —dicen que algunos de los integrantes de la comisión durmieron la noche previa junto a las copias por miedo a que intentaran robarlas o destruirlas— agradeció con solemnidad, elogió la labor realizada y dió el pie para el juicio que llegaría un año después: “Necesitábamos, sin duda, de la tarea que ustedes han realizado. Sabemos que ha significado para ustedes un esfuerzo físico tremendo. Pero nos consta que por encima de ese esfuerzo han tenido que superar algo que es mucho más fuerte. Han tenido que superar el agobio del dolor con el que se han encontrado a través de todos estos días de tan intenso trabajo. El país necesitaba en consecuencia este ejemplo de ustedes. Así como necesita saber la verdad acerca de lo que pasó. Porque sobre la base de la mentira o de la oscuridad no podemos construir la unión nacional. Y solamente sobre la base de la verdad y de la justicia es que podemos encontrarnos en la reconciliación tomados, por qué no, de la mano de la bondad.

Yo creo que lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. Para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina”.

Para que nunca más el odio. Para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina. Quizás sean buenos tiempos para recordarlo.

El 16 de septiembre de 1976, un grupo de estudiantes secundarios de La Plata fue secuestrado en el marco de una represión sistemática que buscaba acallar la protesta social durante la dictadura militar que había comenzado en marzo de ese año en Argentina.

Ese episodio, conocido como "La noche de los lápices", se convirtió en un símbolo de la violencia ejercida por el Estado contra la juventud organizada y marcó para siempre la memoria colectiva del país.

La represión que culminó en estos secuestros tuvo su origen en la participación activa de los estudiantes en reclamos por el boleto estudiantil secundario, una demanda que había cobrado fuerza en los meses previos.

La movilización de estudiantes había logrado que el Concejo Deliberante de La Plata, aprobara el Boleto Estudiantil Secundario (BES) en septiembre de 1975, mientras Isabel Perón estaba a cargo del país. Sin embargo, la dictadura dio de baja el decreto en agosto de 1976 y contra esa decisión comenzaban a organizarse protestas.

Durante esos años existieron varias agrupaciones de estudiantes secundarios que respondían a diferentes extracciones políticas de la izquierda. Algunas de ellas eran: la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) vinculada a Montoneros, de extracción peronista. La Juventud Guevarista (JG) vinculada al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de extracción marxista y brazo político del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP). La Federación Juvenil Comunista (FJC) del Partido Comunista. La -Juventud Socialista (JS) del Partido Socialista. El Grupo de Estudiantes Socialistas Antiimperialistas (GESA) y la Juventud Radical Revolucionaria (JRR) del Partido Radical.

El 16 de septiembre de 1976, grupos de tareas conducidos por el general Ramón Camps secuestraron a Claudia Falcone (16 años), Francisco López Montaner (16 años) -ambos alumnos del Colegio de Bellas Artes-, María Clara Ciocchini (18 años) -ex alumna de la Escuela Normal Superior de Bahía Blanca-, Horacio Ungaro (17 años), Daniel Racero (18 años)- ambos de la Escuela Normal Nº 3- . Claudio de Acha (18 años) -alumno del Colegio Nacional de la UNLP- fue secuestrado el 15 de septiembre. Todos ellos eran militantes de la UES.

No fueron ni los primeros ni los últimos estudiantes secundarios secuestrados en la ciudad. Gustavo Calotti, del Colegio Nacional (UNLP), había sido detenido el 8 de septiembre. Víctor Triviño, alumno de la Escuela Media N°2, había sido detenido el 10 de ese mismo mes. A su vez, el 17 de septiembre fueron víctimas de la represión Emilce Moler y Patricia Miranda, ambas de Bellas Artes que dependía de la Universidad Nacional de La Plata. Lo mismo sucedió con Pablo Díaz – otro estudiante de “La legión” que militaba en la Juventud Guevarista pero había pasado por la UES- el 21 de septiembre. De ese modo la dictadura apuntó a desarticular la organización juvenil que tenía preponderancia entre los estudiantes secundarios de La Plata.

Los detenidos fueron trasladados a centros como Arana, Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, donde sufrieron torturas y permanecieron en condiciones inhumanas

De los secuestrados en aquellos operativos de septiembre de 1976 Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racedo y Horacio Ungaro integran la lista de los 30.000 desaparecidos que provocó la represión ilegal durante la última dictadura militar. Emilce Moler, Pablo Díaz, Gustavo Calotti y Patricia Miranda fueron “blanqueados” por la dictadura y quedaron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, nodo en la que el gobierno militar denominaba a los presos políticos sin proceso.

La represión contra los estudiantes secundarios formó parte de un plan más amplio de persecución política implementado por la dictadura, que consideraba a la militancia juvenil como un foco de “subversión”.

Así lo presentó en 1977 el Ministerio de Educación que junto con el Ministerio de Planeamiento publicaron un documento llamado “Subversión en el ámbito educativo (conozcamos a nuestro enemigo)”.

Ese documento fue distribuido, y se obligó a leer en todas las instituciones educativas del país. El documento tenía como propósito erradicar la “subversión” del área educativa. Según el dossier “La noche de los lápices, historia y memoria”, publicado por la Comisión Provincial de la Memoria, aquel documento “sostenía que, a pesar de tratarse de términos poco acostumbrados, era necesario comenzar a hablar de guerra, de enemigo, de subversión, de infiltración, en ámbitos como el de la educación y la cultura”. Y agregaba que: “El punto de partida para la iniciativa propuesta por el documento era un diagnóstico de la sociedad enferma. En la particular interpretación esgrimida por el Ministerio de Educación respecto de la historia reciente, los procesos de radicalización política, las huelgas, las actividades de las organizaciones guerrilleras se encontraban en el mismo plano que la ´desjerarquización generalizada, educación tendenciosa, fomento de la corrupción y pornografía, drogas, etc.´”.

Aquel documento decía que las protestas estudiantiles generadas por la falta de desarrollo, los problemas económicos, una juventud desilusionada, se explicaban de otra manera: “esas realidades eran utilizadas o aumentadas en unos casos y producto en otros, de un comando que, desarrollando una estrategia perfectamente instrumentada y con una definida ideología, llevaba a cabo lo que técnicamente se nomina “La agresión marxista internacional”.

Por el accionar represivo que secuestró, torturó y despareció asesinó a jóvenes estudiantes en septiembre de 1976, hay responsables. En marzo de 2024 finalizó el juicio oral y público iniciado en octubre de 2020 en medio de la pandemia de coronavirus. Durante el proceso el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, analizó las responsabilidades del Ejército –a través de la Brigada de Infantería Mecanizada 3 con sede en La Tablada, que estaba a cargo del área 112 que abarcaba los partidos de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, entre otros– y del aparato de inteligencia a partir del rol que cumplió el Destacamento 101 de La Plata. También indagó en el papel del gobierno dictatorial en la provincia y el accionar de la Policía Bonaerense, entonces al mando del represor Ramón Camps, fallecido en 1994, quien había sido condenado en 1986, e indultado en 1990. Miguel Osvaldo Etchecolatz, el exdirector de investigaciones de la Bonaerense, y subordinado de Camps murió en mitad del juicio que se hizo en La Plata. Al esquema represivo que se encargó de secuestrar y desaparecer a los jóvenes de La Noche de los Lápices, se lo conoció como Circuito Camps o Brigadas.

Los jueces Ricardo Basílico, Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers dictaron diez perpetuas. Esa pena les correspondió a Federico Antonio Minicucci (jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada), Guillermo Domínguez Matheu (jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata), Roberto Balmaceda (jefe de Contrainteligencia del Cuerpo de Actividades Especiales del Destacamento 101 de La Plata), Jorge Héctor Di Pasquale (jefe de la sección de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata), Carlos María Romero Pavón (jefe de Reunión Interior del Destacamento 101 de La Plata), el exministro de Gobierno Jaime Smart, Juan Miguel Wolk (jefe de la División Delitos contra la Propiedad y de la División Delitos contra las Personas y de la dirección de investigaciones Zona Metropolitana), el médico policial Jorge Antonio Bergés, el comisario Horacio Luis Castillo y Carlos Gustavo Fontana (enlace entre el Destacamento 101 y el Batallón de Inteligencia 601).

Alberto Julio Canditi –que también integró el Destacamento 101 y fue extraditado desde Uruguay– recibió una pena de 25 años de prisión mientras que Enrique Augusto Barre –que fue el número dos del “Nazi” Wolk en el Pozo de Banfield– fue absuelto.

El día que Ricardo Basílico leyó la sentencia entre los presentes en el Tribunal estaban Emilce Moler, Pablo Díaz y Gustavo Calotti, sobrevivientes de “La noche de los lápices” y otros sobrevivientes de cuatro campos de concentración que estaban bajo la órbita de Camps y por los cuales pasaron unas 600 personas.

“La noche de los lápices” se ha transformado en uno de los episodios más emblemáticos que muestra la crudeza de la represión estatal en la Argentina durante la última dictadura militar. El secuestro y desaparición de estudiantes secundarios en septiembre de 1976 en La Plata no solo expuso la brutalidad del régimen, sino que también se transformó en un símbolo de la militancia juvenil y de la memoria colectiva sobre el terrorismo de Estado.

El prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) anunció este sábado la identificación del pianista brasileño Francisco Tenorio Cerqueira Junior, conocido como Tenorinho, desaparecido en Buenos Aires durante la madrugada del 18 de marzo de 1976, menos de una semana antes del golpe de Estado cívico militar.

El EAAF explicó en un comunicado que Tenorio Junior identificado mediante el cotejo de huellas dactilares: “Si bien su cuerpo no fue recuperado, se sabe que fue enterrado en el cementerio de Benavídez, provincia de Buenos Aires, sin identidad”.

El músico tenía 35 años, había llegado a Buenos Aires como pianista de la banda de Vinicius de Moraes y Toquinho para una serie de conciertos. La noche de su desaparición salió del hotel Normandie, ubicado a metros de la avenida Corrientes, para hacer unas compras y nunca regresó.

Dos días después, el 20 de marzo de 1976, el cadáver de un hombre fue encontrado en un terreno baldío en el cruce de la calle Belgrano y la Panamericana, en el partido de Tigre.

“En ese momento se inició un expediente, le tomaron las huellas dactilares y le hicieron una autopsia, que determinó que había muerto por impactos de bala. Lo enterraron sin identificar en el cementerio de Benavídez”, anunció el comunicado del EAAF.

El expediente fue recuperado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que lleva adelante un relevamiento de causas judiciales iniciadas en la provincia de Buenos Aires entre 1975 y 1983 por hallazgos de cadáveres en la vía pública que fueron archivados sin que se haya determinado la identidad de las víctimas, para analizar si se trata de personas que fueron asesinadas por el terrorismo de Estado y continúan en condición de desaparecidas.

A partir de ese expediente y el trabajo de investigación del EAAF, por orden de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, se cotejaron las huellas del expediente de 1976 por el cuerpo hallado en la calle en Benavídez, con las de Tenorio Júnior archivadas en Brasil y pudo ser confirmada la identidad del pianista brasileño.

“Su familia ya fue notificada en Brasil por la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos (CEMDP) de ese país y por el fiscal Ivan Marx, consejero de la Comisión”, aclararon desde el EAAF.

“Hay que aclarar que no se encontró el cuerpo. Las huellas como NN del expediente judicial no nos coincidían con ningún desaparecido argentino y por eso generamos la hipótesis de identidad con Tenorio por la fecha de desaparición y la fecha de aparición del cuerpo. Sí se supo que estuvo enterrado en Benavídez pero luego fue pasado a osario común, por eso el cuerpo nunca fue recuperado”, detalló un vocero del Equipo a Infobae.

“Identificar personas implica investigar, recopilar fuentes orales y judiciales. La aparición de cadáveres en la vía pública dejaba huellas de un rompecabezas que se podían seguir a través del relevamiento de estos expedientes, donde se tomaban huellas dactilares y un montón de datos de ese cuerpo”, explicó también Mariella Fumagalli, directora para Argentina del Equipo Argentino de Antropología Forense.

“El EAAF en 40 años que lleva trabajando en crímenes de lesa humanidad así como la Procuraduría siguen investigando para recuperar y compilar esa información. En cada causa donde hay un cadáver aparecido en la vía pública se buscan las huellas para cotejar con las huellas del Renaper, donde están las de todos los ciudadanos argentinos”, contó Fumagalli.

La complicación del caso de Tenorio Junior fue que el cuerpo, que nunca fue reclamado, fue llevado a un osario común. “Por eso la identificación se hizo con las huellas pero estamos imposibilitados de recuperar esos restos”, amplió Fumagalli.

Natalia Federman, de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, contó que el expediente del músico brasileño fue encontrado en el marco de un proceso de trabajo de la Procuraduría “que implica la revisión de expedientes iniciados por la Justicia penal entre 1975 y 1983, por el hallazgo de personas muertas cuya identidad era desconocida”.

“Esto se realiza con el objetivo de estudiar si hoy existen posibilidades de determinar si se trata de víctimas del terrorismo de estado que aún están desaparecidas”, comentó.

El trabajo implica revisar archivos históricos judiciales para seleccionar aquellas causas que cumplan con ciertas características que saben que son coincidentes con las formas que utilizaba el sistema represivo para disponer de sus víctimas. “Luego, las estudiamos para ver si hay ahí pistas que permitan la identificación de la víctima. En el caso de Tenorio, había un juego de huellas dactilares que pudo ser comparado y así lograr su identificación”, dijo Federman.

Quién fue Tenorinho

Tenorio Junior uno de los mejores músicos de un subgénero que explotaba en aquellos años de mediados de los ‘70, el samba-jazz. La noche de su desaparición, había tocado con Vinicius y Toquinho, legendaria dupla de bossa nova.

Después del recital y de la cena tardía en un restaurante, los integrantes de la banda estaban el apart hotel Normandie, ubicado en Rodríguez Peña 320. Y se les habían sumado la artista plástica Renata Schusseim y la poeta Marta Rodríguez Santamaría, novia por entonces de Vinicius.

Cerca de las tres de la madrugada, Tenorio bajó a comprar cigarrillos cuando lo interceptó una patota de cuatro hombres armados que bajaron de un Ford Falcon y lo subieron a la fuerza.

A las 3.20 de la madrugada sonó el teléfono en el departamento del apart que ocupaba Vinicius. Sólo Renata Schusseim y Marta Rodríguez Santamaría estaban despiertas. Era Toquinho, para avisarle a Vinicius que Tenorinho no había vuelto.

El legendario poeta carioca llamó a todos los hospitales de la ciudad y al otro día, con un abogado, presentó un habeas corpus. Fue a la Embajada de Brasil, se reunió con el embajador Joao Baptista Pinheiro, llamó a políticos y periodistas amigos para difundir la desaparición.

“Todos estábamos en shock. Vinicius estaba reflexivo y ensimismado, era parte de su personalidad reaccionar así cuando algo lo desbordaba. No había respuesta y la tristeza era abismal”, recordó muchos años después Marta Rodríguez Santamaría.

Vinicius no sabía pero ya estaba en marcha el Plan Cóndor, por el que el terrorismo de estado trabajaba a nivel regional con los aparatos represivos de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Brasil.

“Los militares brasileños conocían la suerte de Tenorio, pero la estaban ocultando. Hay documentos encontrados en los archivos de la policía política brasileña, el DOPS (Dirección de Orden Política y Social), que refieren a un mensaje dirigido por la ESMA a la embajada brasileña informándola sobre el fallecimiento del pianista, secuestrado y torturado desde el 18 de marzo. Porque una vez que reconocieron que se habían equivocado de persona, ya no podían dejarlo libre. Habría sido un escándalo”, contó mucho después la periodista Stella Calloni, que investigó el Plan Cóndor.

Casi 40 años después, en marzo de 2013, un represor argentino por entonces radicado en Brasil, Claudio Vallejos, conocido como “El Gordo”, integrante de los grupos de tareas de la ESMA y uno de los autores materiales de la desaparición de Tenorinho, contó una historia que luego se determinó que era falsa y que involucraba al músico brasileño.

Fue después de haber sido detenido por el delito de estafa en 2012. A cambio de dinero aceptó una entrevista con la revista Senhor donde relató detalles -mentiras y verdades- de su vida como represor. Luego, repitió su versión ante la Comisión de la Verdad, creada por la expresidente Dilma Rouseff. Lo hizo para morigerar su condena.

Relató que esa madrugada de 1976 habían salido a buscar a un hombre marcado pero se equivocaron. Contó que lo llevaron a la ESMA y allí lo torturaron. Además, reveló que lo mataron el 25 de marzo, un día después del golpe. Y dio el nombre de su asesino: “Astiz lo mató en el sótano de la construcción vieja de la ESMA”. Pero todo era mentira. La verdadera historia de qué pasó con Tenorinho, nunca se supo.

Silvina no conoció a su papá Carlos. El brutal atentado en el que murió junto a ocho de sus jóvenes compañeros policías le haría vivir lo peor de su vida. Su mamá no la quiso tener, la dio en adopción días después del hecho y ella, criatura inocente, estuvo deambulando entre una abuela de familia numerosa que le era imposible criarla, con una tía en Rosario y con familiares con los que sintió el destrato y el desamor.

No entendía el porqué del abandono y le dolía ver en los actos conmemorativos del atentado, a los que fue de muy chica, a los hijos de los policías muertos que por lo menos tenían una mamá y ella no. Tal vez por eso, cuando estaba por cumplir los 7 años pidió que la llevasen a verla. Al confrontarla, con una crudeza brutal, su mamá le dijo que no la había querido tener y que nació porque era la ilusión de su papá, un joven de 21 años, quien siempre se había ocupado de ella, que si no hubiese pasado lo que ocurrió, el padre la hubiese criado, y que no la contactase más. Hizo un último intento cuando tenía 15 años, pero no hubo caso.

Silvina explicó a Infobae que, tal vez por eso, su vida fue solitaria, que siempre le costó tener vínculos con la gente. Todo por el infierno que se abrió frente a ella esa tarde de domingo.

Ese 12 de septiembre de 1976 comenzaba una nueva edición del campeonato nacional, que se disputaría en dos rondas. En esa primera fecha Rosario Central, dirigido por Alfio Basile, recibía a Unión de Santa Fe. El local se impondría con dos goles de Patota Potente, mientras que Víctor Trossero, extremo derecho, había puesto el empate transitorio para la visita, en el que haría su debut el arquero Nery Pumpido, un santafesino de 19 años.

La Guardia de Infantería de la Policía se ocuparía del orden, y los policías estaban entusiasmados, porque era un medio de hacerse de unos pesos, aunque para otros el dinero era lo de menos, porque ir representaba el sueño de ver jugar a Rosario Central desde el campo de juego, ya que varios eran simpatizantes del equipo. Ese era el caso de Carlos González, que hacía un año que había ingresado a la policía, y que era el efectivo más joven que esa tarde cumpliría con el adicional.

A González no le tocaba, pero le pidió a un compañero de apellido López que le hiciera la gauchada, que quería ver a un jugador en especial.

Al terminar el encuentro, la treintena de policías subieron al micro Mercedes Benz, manejado por el suboficial Eduardo Ferrero, para regresar al cuartel. Cuando transitaban por la calle Junín, el vehículo sufrió el reventón de un neumático y el chofer hizo malabares para no terminar en un pozo en el pavimento.

En el cruce con la calle Rawson, una potente bomba con metales, clavos y bulones, impregnados de materia fecal, oculta en un Citroën 2CV rojo, fue hecha estallar a control remoto justo cuando el ómnibus pasaba a su lado.

Todos los policías sentados en el lado izquierdo fallecieron a causa de la lluvia de proyectiles y esquirlas que impactaron de lleno. Hubo esquirlas que volaron para todos lados, junto con pedazos del Citroën, que quedó irreconocible.

Carlos Galeazzo, que reparaba su moto en vereda, fue herido, así como un niño que viajaba en un taxi delante del micro. Los impactantes daños causados en los frentes de las casas brindaron una magnitud del atentado, que se lo adjudicaría la agrupación terrorista Montoneros.

Oscar Walter Ledesma era un cordobés de 56 años radicado desde hacía mucho en Rosario, donde había conocido a su esposa Irene Dib, una santiagueña de entonces 42. Viajaban en un Renault 12 y el asiento de atrás iba acostada su hija Andrea, de 10. Era fotógrafo social y tenía un negocio de óptica, como reseña Manfroni y Villarruel en el libro “Los otros muertos”.

Ledesma, fanático de Central, evaluó que sería un partido bravo, y no llevó a su hija, quien se quedó en lo de la abuela. Al finalizar el partido, el matrimonio la buscó. Iban detrás del micro cuando estalló el explosivo.

Cuando se acalló el sonido de la detonación, la criatura sintió que tenía sangre en el rostro y tocó a sus padres, que no se movían. Se bajó y se sentó sobre la falda de su mamá. Como ella no reaccionaba, descendió y alguien la acercó a una casa, donde le limpiaron la frente, le pusieron hielo y la llevaron a un centro asistencial donde la recogieron familiares. No había tomado conciencia que sus padres estaban muertos.

El primero en llegar a la escena fue el policía Juan Ibarra, quien en su patrullero subió a algunas de las víctimas y las llevó al hospital.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Central, al Italiano, al Español, a la Mutual Policial y a un sanatorio privado. El conductor Ferrero, malherido de la cadera, fue llevado en un auto a la Asistencia Pública. Sufrió varias operaciones y perdió la movilidad de una de sus piernas y en el rostro le quedaron cicatrices. Otros policías sufrirían problemas de audición por el impacto de las esquirlas en sus cascos.

Los agentes que fallecieron fueron Andrés Acosta, de 25 años; Juan Matiasevich, 28; José Luis Boggino, 24; Hugo Pellegrina, 26; Hipólito Domingo Alfonso, 28; Darío Alberto Pietrani, 23; Jorge Ferri, 26; Carlos González, 21 y José Gutiérrez, de 23. Fueron las víctimas del mayor atentado terrorista en la provincia de Santa Fe y de la ciudad de Rosario.

Fueron velados en el Salón Blanco de la jefatura de policía de Rosario y sepultados en el cementerio local.

El gobierno instruyó a un consejo de guerra a investigar el hecho, hubo algunas detenciones pero no se llegó a nada concluyente. Y el tiempo pasó.

En 2011 un grupo de familiares lograron que se reabriese la investigación. La causa cayó en el juzgado federal número 4 a cargo de Marcelo Bailaque, pero en mayo de 2020, el fiscal federal de Rosario Javier Arzubi Calvo pidió la prescripción de la causa, porque el hecho no configuraba un delito de lesa humanidad.

A Andrea, que le quedaría una cicatriz en su frente y una esquirla que no pudieron quitar, vivió seis años con una abuela que seis años después murió de cáncer, y fue a vivir con unos tíos. Perdió el negocio de su papá y se habían robado sus implementos de trabajo.

Cuando se abrió el Museo de la Memoria, hizo gestiones ante la Secretaría de Derechos Humanos para que se exhibiera una foto de sus padres, pero le respondieron que su caso no reunía las condiciones.

De adolescente, Silvia González leyó todo lo que le venía a sus manos sobre el atentado y sobre esa época y consultó las hemerotecas de los diarios locales, porque necesitaba entender.

De chica era de carácter rebelde y eran constantes sus abandonos del hogar de la abuela materna. Vio en el casamiento una forma de cortar los lazos, pero a los seis años se separó. Tiene un hijo, Lucas Emanuel –“dos nombres bíblicos” destaca– que ya tiene 31 años y está en la Prefectura.

Para enfrentar sus años de soledad cuando su hijo se fue a estudiar, empezó con psicólogo y psiquiatra y dijo que en el grupo que formaron con otros familiares de víctimas se consuelan unos con otros.

En los actos conmemorativos, que se hacen los 12 de septiembre a la hora del atentado en la esquina de Junín y Rawson donde hay un monumento, Silvina se encontraba con López, quien había cambiado el turno con su papá. El hombre le pedía perdón llorando, porque por ese cambiazo ella había perdido a su papá, pero ella siempre le respondió que así era el destino. López, chaqueño, murió durante la pandemia.

Se siente a la deriva, porque para la sociedad y la justicia sus muertos se murieron y nada más, y que cayeron en el olvido, y se indigna cuando les endilgan el rótulo de “genocidas”, si ella solo tenía 11 meses. Aseguró que hay muchas víctimas inocentes de una larga lista plagada de civiles.

Ella se gana la vida como profesora de patín y vive en Fray Luis Beltrán, que forma parte del Gran Rosario. En noviembre cumple los 50 años y hoy viernes estará presente en el acto, programado para las cuatro de la tarde en la esquina en cuestión.

Según explicó Orlando Gauna, de Afavita Santa Fe, hace dos meses se cursaron invitaciones al gobernador, al intendente de Rosario, al jefe de Policía provincial y al titular de la Unidad Regional 1, y hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta de ninguno. Gauna remarcó que la policía suele hacer un acto a puertas cerradas y temprano por la mañana colocan una ofrenda floral en el muro de dos por dos metros, pintado de azul y blanco donde se exhiben placas recordatorias, en Junín y Rawson.

Gauna explicó que hace cerca de 12 años que se organiza el acto, pero desde el regreso de la democracia fue un hecho ignorado y soslayado por el poder político y policial.

Gracias a su abuela Delfina, Silvina atesora recuerdos y muchas fotos de su papá, así como la bandera argentina que cubrió su ataúd. Pero, sobre todo gracias a esa anciana que falleció hace seis meses, supo quién fue y cómo era ese fanático de Rosario Central. Y esa bebé de 11 meses confiesa que sabe que, desde donde esté, él la ayuda y la acompaña. Como si nunca se hubiera ido.

El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a las críticas que surgieron tras su anuncio sobre el futuro del Canal 1 y la concesión relacionada con la Unión Plural Comunicaciones, enfocando su mensaje principalmente hacia la congresista Katherine Miranda del Partido Alianza Verde.

Petro explicó en su cuenta de X que el contrato para la operación del canal llegó a su final y que, conforme a la ley, corresponde sacar la frecuencia a licitación pública.

“Llegó al final el contrato de canal 1, hay que proceder a la licitación, es la ley”, publicó el mandatario en la red social, en medio de las tensiones generadas por la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a los concesionarios por una integración empresarial no autorizada, lo que llevó a los operadores a hablar de supuesta persecución sistemática contra la libertad de prensa.

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La representante Katherine Miranda fue una de las voces más críticas frente a la medida, acusando al gobierno de iniciar “su dictadura y expropiación de los medios de comunicación”.

Miranda además sostuvo que “el principal síntoma que de verdad vivimos en una democracia es la libertad de prensa, hoy la estamos perdiendo”.

En su respuesta directa, Petro recalcó que la concesión terminó conforme al contrato y cuestionó las acusaciones de expropiación, señalando: “Katherine, el canal 1 es una concesión del espectro electromagnético que terminó según el contrato. La constitución dice que el espectro electromagnético es de la nación y es inajenable. ¿Nos puede informar en dónde existe entonces una expropiación? ¿Es decir que la nación expropia a canal 1 la propiedad de la nación? Que es el espectro electromagnético”.

El jefe de Estado insistió en su posición de que los procesos administrativos y legales con el canal responden exclusivamente a lo establecido en la ley y la Constitución nacional.

Desde el Centro Democrático también hubo voces de rechazo, insistiendo en que la situación del Canal 1 es una movida de “censura a los medios de comunicación” por parte del Gobierno.

“La libertad de prensa es un derecho sagrado en toda democracia, y @petrogustavo la quiere pisotear. Su anuncio de expropiar para estatizar el Canal Uno, desconociendo un contrato vigente hasta 2037, no es un simple capricho: es un ataque directo contra la prensa independiente, para convertirla en un altavoz de su discurso ideológico y de odio”, indicó el pronunciamiento.

Al tiempo que rechazaron el anuncio del primer mandatario. “Así operan las dictaduras: callan a los medios, los estatizan y reemplazan la información libre por propaganda oficial. Petro quiere callar a los medios que investigan, denuncian y le incomodan. Desde el Centro Democrático lo rechazamos de manera categórica: la prensa libre no se toca. Colombia no aceptará mordazas ni censuras disfrazadas de legalidad”, puntualizó la publicación, vía X.

La respuesta de las directivas del Canal 1 al anuncio de Petro

Las directivas de Canal 1, que actualmente transmite contenidos de Caracol Radio, propiedad de Prisa Media, expresaron su preocupación por la situación de su contrato de concesión, en el contexto de la Ley 1978 de 2019, aprobada durante el gobierno de Iván Duque Márquez.

Según sus declaraciones recogidas en un comunicado, el contrato, originalmente firmado en 2017 por un periodo de 10 años, habría sido prorrogado automáticamente por una década adicional debido a la normativa, interpretación que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) rechazó.

En la carta, las directivas señalaron lo que consideran un patrón de hostigamiento por parte de distintas autoridades, entre ellas el MinTIC y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), quienes, afirman, ejercen presión política con el objetivo de debilitar a un medio de comunicación independiente y democrático.

“Esta actuación no solo desconoce los hechos, sino que además se inscribe en un patrón de hostigamiento reiterativo de diferentes autoridades como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otros, que continúan la presión política, con el propósito de debilitar a un medio de comunicación libre y democrático”, señaló puntualmente la compañía.

Con un mensaje breve en redes sociales, el presidente Gustavo Petro afirmó que dará por terminado el contrato con Plural Comunicaciones, operador actual de Canal 1, y que abrirá una nueva licitación. Aunque el contrato sigue vigente y tiene respaldo legal, el anuncio generó confusión y críticas, ya que se trataría de una concesión a largo plazo aún en curso.

La controversia se desató cuando el mandatario escribió en su cuenta de X: “Llegó al final el contrato de canal 1, hay que proceder a la licitación, es la ley”. Sin embargo, el documento de concesión firmado entre el Estado y el consorcio se mantiene vigente hasta 2027, según los registros del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

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Aunque el contrato firmado entre el Estado y Plural Comunicaciones, actual operador del canal, tiene más años de vigencia, la orden presidencial causó alarma en la opinión pública y en el Congreso. La oposición se movilizó de inmediato para advertir sobre lo que consideran una violación al derecho a la libre empresa y una amenaza directa a la libertad de prensa.

Oposición acusa al presidente Petro de censura y expropiación

La congresista Katherine Miranda, exaliada política del jefe de Estado y perteneciente al Partido Verde, fue una de las primeras en rechazar el anuncio.

“Empezó la dictadura y expropiación de los medios de comunicación. El principal síntoma que de verdad vivimos en una democracia es la libertad de prensa, hoy la estamos perdiendo”, escribió en su cuenta oficial.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño, reconocido opositor del Gobierno nacional, también reaccionó de forma contundente.

“Petro acaba de expropiar el Canal 1. De nada sirvió el show en la notaría”, escribió. El concejal hizo referencia a la firma simbólica que realizó Petro en campaña, cuando prometió que nunca expropiaría bienes privados.

Minutos después, Briceño reforzó su postura con otro mensaje: “Petro firmó en mármol y en una notaría que no iba a expropiar. Sin embargo, acaba de romper esa promesa al ordenar el fin del contrato del Canal 1 quien por ley tenía dicha concesión hasta 2027. Este es un precedente peligroso para el país, la justicia debe castigarlo”.

El representante a la Cámara Andrés Forero, del partido Centro Democrático, también alzó su voz: “Empezó la expropiación de los medios de comunicación por parte del gobierno de @petrogustavo”. Su declaración se suma a una cadena de mensajes publicados por figuras del uribismo, que ya consideran esta medida como una ruptura del orden institucional.

Incluso desde sectores periodísticos surgieron críticas fuertes, puesto que el periodista y escritor Daniel Samper Ospina afirmó en tono sarcástico: “¡Exprópiese! El #Chavetro lo hizo de nuevo. Está perdiendo la máscara”.

Su comentario hace alusión a la conocida frase del fallecido dictador venezolano Hugo Chávez, usada cuando tomaba posesión de propiedades privadas.

Además, el partido Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe, reaccionó con dureza al anuncio del presidente Petro. A través de su cuenta en X, publicó un mensaje en el que advirtió que el Gobierno busca censurar a los medios críticos. Señaló que el intento de estatizar Canal 1, desconociendo un contrato vigente hasta 2037, representa “un ataque directo contra la prensa independiente” y que se pretende convertirla en “un altavoz del discurso ideológico y de odio”.

En su pronunciamiento, el partido comparó la decisión con prácticas de gobiernos autoritarios: “Así operan las dictaduras: callan a los medios, los estatizan y reemplazan la información libre por propaganda oficial”. Finalizó con una frase contundente: “La prensa libre no se toca. Colombia no aceptará mordazas ni censuras disfrazadas de legalidad”.

Desde que las autoridades en Estados Unidos aumentaron a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, los pronunciamientos contra el régimen de ese país han aumentado.

Cabe mencionar que en Norteamérica afirman que Maduro es el cabecilla del cartel de los Soles, que tendría vínculos con diferentes narcos de la región y que habría permitido que Venezuela se convierta en un puerto de seguridad para el envío de narcóticos a Estados Unidos y Europa.

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Desde que se expuso la presunta importancia del dictador en el narcotráfico, diferentes naciones han incluido al cartel de los Soles en listas de organizaciones criminales de gran relevancia.

De la misma forma, el Parlamento Europeo aprobó la inclusión de esta estructura criminal como organización terrorista. El anuncio se realizó luego de que fuera aprobada la noción con 355 votos a favor.

Tras la votación, el consejo del parlamento deberá actualizar la lista de la Unión de Organizaciones Terroristas, en la que será añadida la red delictiva venezolana, con la que han sido vinculados figuras de la dictadura como Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y el general Padrino López.

En la propuesta se incluyó que el cartel de los Soles ha designado estructuras criminales para desestabilizar a Colombia, puesto que se ha convertido en un socio directo de grupos armados con las disidencias de las Farc y el ELN.

“Facilitar el narcoterrorismo, incluido el tráfico de cocaína producida por las disidencias de las Farc a los Estados Unidos y Europa, ofrecer apoyo material y valerse de las instituciones estatales para corromper a funcionarios militares y judiciales”, es parte del informe.

En la resolución también se aclara que la actualización permitirá que se refleje la realidad de Colombia y los demás países que batallan contra el narcotráfico y como este negocio ilícitio ha cambiado con el respaldo del cartel de los Soles.

“En particular al Clan del Golfo, a las facciones disidentes de las Farc, concretamente Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, y al cartel de los Soles, una organización que proporciona apoyo, refugio y logística a los grupos armados terroristas de Colombia”.

Es por ello que, durante su discurso, la diputada del Partido Popular de España, Alma Ezcurra, afirmó que estando en el poder, Nicolás Maduro cumplió con el sueño que tuvo Pablo Escobar en los 80.

“Lo que Pablo Escobar un día soñó, hoy Maduro lo ha conseguido: controla un ejército fiel, tiene embajadas en nuestras capitales y se sienta en las Naciones Unidas. Maduro es un narco, sí, pero con poder de Estado y utiliza el terror para someter a su pueblo con la connivencia de gobiernos y líderes europeos y españoles“, fueron las palabras de Ezcurra.

La diputada puntualizó al indicar que es momento de que en Europa se deje de observar al narcotráfico como un fenómeno que solo afecta a los latinos. “Lo que está pasando en Venezuela, como lo que pasa en Colombia, no son asuntos internos, sino una amenaza global”.

Por último, pidió acciones más contundentes contra las estructuras criminales que envían toneladas de droga a Europa y Estados Unidos desde Latinoamérica.

“Por eso, el partido popular hoy quiere pedir a nuestra Cámara dos cosas: la primera, que los europeos declaremos juntos al cartel de los Soles, dirigido por Maduro junto con el narco colombiano, organizaciones terroristas. Y la segunda, es que esto solo sea el primer paso hacia acciones mucho más deicidas, mucho más profundas y mucho más valientes, porque el mundo y Europa no pueden permanecer impasibles ante lo que están sufriendo los pueblos de Venezuela y de Colombia”.

La legisladora porteña de la Libertad Avanza, Lucía Montenegro, organizó este miércoles un homenaje a los soldados que participaron del Operativo Independencia, ocurrido durante 1975 en Tucumán. Del acto participaron cientos de veteranos del Ejército, el senador nacional de la LLA por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, Alfredo Manzur, procurador del Poder Judicial tucumano y Adolfo Romero, que participó de las operaciones mientras hacía el servicio militar en ese año.

El 9 de febrero de 1975, mediante el decreto 261 del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, se ponía en funcionamiento en Tucumán el Operativo Independencia. El objetivo era neutralizar o aniquilar el accionar de elementos subversivos. Una compañía del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) tenía la intención de crear una zona liberada en esa provincia.

Acto y protesta en la Legislatura

Antes del inicio del acto, un grupo unas 50 personas protestó frente al Salón Dorado de la Legislatura y repudió el homenaje a los soldados del Operativo Independencia. Los manifestantes elevaron pancartas que decían “negacionismo Nunca Más”, “¿dónde están los 30.000?" y “¿dónde están los 300 nietos que faltan". Todas los carteles tenían repetida la consigna “Memoria, verdad y justicia”.

Durante la ceremonia, Montenegro contó la situación que se vivía en la localidad tucumana de Santa Lucía antes del comienzo del Operativo Independencia. “Había desfiles de guerrilleros con armas y se los podía ver entrando a los almacenes con sus fusiles”, explicó la legisladora.

“Con la llegada de los militares a principios de 1975 a la provincia se les acabó la luna de miel a los terroristas”, sostuvo la dirigente de la Libertad Avanza.

El homenaje arrancó con las palabras de Manzur, quien se presentó como “veterano de dos guerras: la de Malvinas y la lucha contra la subversión”. Luego, el procurador tucumano sostuvo que “en el Salón Dorado de la Legislatura se olía a Patria”.

“Es necesario contar la historia completa de lo que pasó en esos años. Hay heridas abiertas y es obligación curarlas. Este homenaje es parte de eso -dijo Manzur-. La Justicia tiene que ser para todos y no tiene que tener ideología”.

En tanto, el senador riojano de la Libertad Avanza afirmó que se sentía “honrado por la presencia de los veteranos del Operativo Independencia. En ese momento, la Patria estaba en peligro. Existió una guerra, aunque algunos lo nieguen”.

La búsqueda de la verdad

Luego, Pagotto agregó que “es necesario clausurar la grieta para lograr el sueño de todos de una Patria grande. Durante la década del 70, Argentina fue campo de batalla de la Guerra Fría. Muchos soldados arriesgaron su vida para defender al país”.

También, habló el ex soldado conscripto Adolfo Romero que participó de la batalla de Manchalá en la selva tucumana durante el Operativo Independencia. “Fue un momento clave porque logramos herir a nuestro enemigo en cuanto a su logística y su ánimo. Le demostramos el coraje del soldado argentino.

Romero hacía el servicio militar en Salta cuando fue convocado para las operaciones que se realizaron en territorio tucumano. Tras sus palabras, Romero pidió un minuto de silencio para todos los caídos en el combate.

Durante todos los discursos, los asistentes saludaban con un “viva la Patria” y al final subieron de a uno a recibir el diploma de homenaje que había preparado Montenegro. Los veteranos llevaban sus boinas rojas o negras, medallas y hasta algunos lucían su traje de soldado.

Cómo fue el Operativo Independencia

El radio de acción del Ejército en el Operativo Independencia estaba delimitado al oeste de la ruta 38 que une a las ciudades de Córdoba y San Miguel de Tucumán. Las principales localidades de la región eran Famaillá, Montañeses y Concepción, región donde el Ejército Revolucionario del Pueblo pretendía iniciar un foco guerrillero y expandirlo a todo el país. Había iniciado las acciones de guerrilla rural cuando tomó la localidad de Acheral -50 kilómetros al sur de la capital provincial- y su unidad más importante era la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, que tomó el nombre de un militante del ERP que había caído en un enfrentamiento policial tres años antes.

El eje de la acción estuvo marcado por la orden del gobierno de “aniquilar a la subversión”. El decreto 261 establecía que “el comando general del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMÁN”.

A cargo del general Adel Vilas hasta diciembre de 1975 –cuando fue relevado por el general Antonio Bussi– esta acción contó con la participación de cinco mil hombres, entre los que se contaban miembros del Ejército, la Policía Provincial, la Policía Federal y la Gendarmería.

A pesar de librar algunos combates en el monte, el Ejército optó por ocupar la ciudad y las regiones rurales aledañas, evitando internarse en la selva. De esa forma, se cortaron los suministros y se apresó una gran cantidad de militantes cuando descendían al llano. Esta estrategia puso en serias complicaciones a la Compañía guerrillera debido a la imposibilidad de establecer contactos políticos y logísticos con la ciudad y el monte.

Se lo llamó “el último exiliado”. Así se denominó en septiembre 1981 al, tal vez, uno de los cuadros más importantes de la historia del arte: el Guernica, obra del pintor malagueño Pablo Picasso.

La referencia al exilio era una clara declaración de principios política: el cuadro se había pintado durante 1937 y mostraba la devastación provocada en Guernica, una pequeña población del país vasco, por las bombas lanzadas por aviones nazis y fascistas italianos que apoyaban la sublevación contra la Segunda República Española. Dos años más tarde el autoritarismo de Francisco Franco se apoderó del gobierno de España.

Picasso había pintado su obra mayor en Francia y ante el avance de los totalitarismos, el artista había pedido que ese cuadro, testimonio contra la aniquilación de un pueblo, no se exhibiera en España hasta el momento que allí hubiera un gobierno democrático. Es decir que el Guernica jamás había estado en España. Porque desde su creación en Francia viajó por el mundo y se expuso 18 veces en distintos lugares para recalar en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, Estados Unidos en abril de 1939.

“Desde hace muchos años igualmente he hecho donación de este cuadro, los estudios y los dibujos a su museo. Paralelamente, ustedes han aceptado enviar el cuadro, los estudios y dibujos a los representantes cualificados del Gobierno español cuando se hayan restablecido las libertades públicas en España. Ustedes saben que siempre ha sido deseo mío ver que esta obra y sus anexos volvieran al pueblo español”, recordó su voluntad Picasso a las autoridades del MoMA en una carta fechada el 14 de noviembre de 1970. El 8 de abril de 1973, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso (tal su nombre completo) murió por un edema pulmonar a los 91 años, en su casa de Mougins, Francia.

La voluntad del artista era clara. El 20 de noviembre de 1975 murió el dictador Franco y España se encaminó a lo que se llamó la Transición hacia un gobierno democrático. Y en medio de ese proceso que abarcaba todos los aspectos de la sociedad española, lograr que el Guernica se expusiera en España se transformó en una cuestión relevante. El 19 de octubre de 1977, el Senado aprobó la propuesta de solicitar formalmente la devolución de la obra. El MoMA tardó en cumplir: no quería desprenderse de su la obra más relevante de su acervo. Los españoles fijaron una fecha límite: para octubre de 1981, cuando se cumpliera el centenario del nacimiento de Picasso, el cuadro debía estar en suelo español.

La operación para llevar al Guernica a España fue conducida por el ministro de Cultura, Iñigo Cavero, y el director general de Bellas Artes, Javier Tusell. El miércoles 9 de septiembre de 1981, a las seis de la tarde, cuando el museo cerró sus puertas al público se inició el proceso que iba a llevar el Guernica hacia Madrid. Para descolgarlo, enrollarlo y meterlo en una caja de madera se necesitaron siete horas. No hubo compañía de seguros dispuesta a rubricar una póliza ante eventualidades que pudieran suceder durante el traslado de la obra. Y la explicación era simple: no había manera de dimensionar el valor del cuadro. Javier Tusell explicó por entonces que no había póliza que lo cubriera debido al “valor incalculable de la obra artística y el alto significado político que Pablo Picasso plasmó en el Guernica en memoria del horror del bombardeo nazi a la ciudad de Guernica, en el País Vasco”.

“Todo se desarrolló en medio de una gran discreción, tanta que casi no hubo medidas de seguridad. El cuadro se descolgó y se enrolló por la noche, y por la mañana, muy pronto, se hizo un acto solemne de devolución al Estado español en el que Blanchett Rockefeller, hermana de Nelson Rockefeller y presidenta del MoMA, entregó el cuadro a Iñigo Cavero. Y salimos para el aeropuerto”, explicó tiempo después Álvaro Martínez-Novillo, ex subdirector de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura español.

De madrugada la delegación española y el cuadro viajaron en un avión de Iberia que despegó de aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York para, ocho horas después, aterrizar en Madrid. El Guernica estaba en España, tierra natal de su creador.

En aquel vuelo viajaron 319 pasajeros y 19 tripulantes. El aterrizaje se produjo a las 8:27 del jueves 10 de septiembre de 1981, hace 44 años. “Señoras y señores, bienvenidos a Madrid -anunció el comandante del vuelo Juan López Durán-. Tengo que decirles que han venido acompañando al Guernica de Picasso en su viaje a España”. Junto con la obra maestra, en la bodega del avión, viajaron también estudios, bocetos y dibujos de la obra antes de ser finalizada.

Finalmente, en 1981, la obra que Picasso había comenzado a pintar días después del 26 de abril de 1937 -cuando Guernica fue arrasada y además de la destrucción material de la ciudad hubo un saldo de más de 1600 muertos y 800 heridos-, había llegado a España.

El Guernica estaba en España, la misión se había cumplido. Y el deseo de Picasso había dejado de ser un deseo. El primer lugar donde se expuso el cuadro de 3,49 metros de altura por 7,77 metros de ancho fue en el Casón del Buen Retiro, parte del Museo del Prado. El 25 de octubre, cuando se cumplió el centenario del natalicio de Picasso, el público pudo ver la obra. También se exhibieron bocetos y fotografías del proceso de creación del cuadro. El Guernica estuvo allí hasta julio de 1992 cuando fue trasladado al Museo Reina Sofía de Madrid, donde se exhibe en la actualidad.

La especialista española sobre Picasso, Paloma Esteban Leal explica el significado de la obra que en septiembre de 1981 llegó para quedarse en España: “Reflejo fiel de una época y de unas luctuosas y dramáticas circunstancias, el lienzo Guernica nació para formar parte del Pabellón Español en la Exposición Internacional de París, de 1937. El motivo que impulsó a Pablo Picasso a realizar la escena representada en esta gran pintura fue la noticia de los bombardeos efectuados por la aviación alemana sobre la villa vasca que da nombre a la obra, conocidos por el artista a través de las dramáticas fotografías publicadas, entre otros diarios, por el periódico francés L’Humanité. A pesar de ello, tanto los bocetos como el cuadro no contienen ninguna alusión a sucesos concretos, sino que, por el contrario, constituyen un alegato genérico contra la barbarie y el terror de la guerra. Concebido como un gigantesco cartel, el gran lienzo es el testimonio del horror que supuso la Guerra Civil española, así como la premonición de lo que iba a suceder en la Segunda Guerra Mundial. La sobriedad cromática, la intensidad de todos y cada uno de los motivos, y la articulación de esos mismos motivos, determinan el extremado carácter trágico de la escena, que se iba a convertir en el emblema de los desgarradores conflictos de la sociedad de nuestros días”.

La destrucción de la ciudad de Guernica fue en abril de 1937. El primer día de mayo de ese año Picasso inició la obra en su atelier de París. Tardó 34 días en finalizar el óleo sobre tela (de algodón y cáñamo) que ha quedado en la historia como un manifiesto antibélico.

Desde aquel 1 de mayo de 1937 cuando en medio de la Guerra Civil Española Picasso comenzó a pintar el Guernica, hasta el 10 de septiembre de 1981 pasaron 16.203 días. España tuvo que esperar todo ese tiempo y vivir en democracia para comenzar a disfrutar de la obra más conocida del genial malagueño.

“Vilas, usted no me ha dejado nada por hacer”, le dijo Antonio Domingo Bussi a Adel Edgardo Vilas y el destinatario de la frase se debatió entre el orgullo y la frustración. El encuentro se produjo el 18 de julio de 1975, en Tucumán, cuando Vilas debió entregarle a Bussi el mando de la V Brigada de Infantería y también el del “Operativo Independencia”, a cuyo cargo había estado desde el comienzo, diez meses antes. El orgullo se debía al reconocimiento – algo que por su personalidad siempre buscaba – a la misión cumplida; la frustración, a la certeza de que lo desplazaban por razones que no eran exclusivamente castrenses y que, al sacarlo del medio, le impedían terminar su trabajo, que iba mucho más allá de haber derrotado a la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que había abierto un foco en el monte tucumano.

Aunque el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, aseguraba que el reloj del golpe de Estado contra el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón estaba detenido, a Vilas no se le escapaba que, por el contrario, sus agujas avanzaban a paso galopante y ya no se detendrían. Lo dejó escrito, no sin enojo, en su diario: “Mi actuación en Tucumán no había sido del agrado ni del comandante en jefe, teniente general Jorge Rafael Videla, ni del comandante del III Cuerpo de Ejército, general de brigada Luciano Benjamín Menéndez. Las causas no las conozco, aun cuando las intuyo. Hice entonces todos los intentos que fue posible para quedar al frente de la V brigada, pues sabía que la interrupción del desgobierno justicialista era cuestión de días o a lo sumo de un par de meses y que casi con seguridad -como luego ocurrió- el comandante de la brigada también sería nombrado gobernador de la provincia. De esa manera, ya fogueado en el terreno, creí que podría aportar mi experiencia para completar la acción que solo había podido ser efectiva en el terreno militar, en razón de las facultades que se otorgaban como comandante de zona de operaciones. Faltaba ganar la batalla político-ideológica, la cual presuponía, como condición sine qua non, el monopolio del poder, es decir, la gobernación. Sin embargo, nada conseguí”.

Las causas que el general desplazado intuía eran muchas y ciertas: su filiación peronista, su desprecio profesional por los altos mandos, la aplicación de métodos de represión ilegal a cielo abierto –en lugar de hacerlo en las sombras– y su mesianismo, que lo volvía un engranaje poco confiable en una máquina que debía funcionar sin desperfectos.

Vilas quiso publicar su diario sobre el “Operativo Independencia” un año y medio más tarde, cuando ya había pasado a retiro, pero el Ejército se lo prohibió por razones de peso para la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976: el relato de su actuación en el “teatro de operaciones” era una confesión lisa y llana, con lujo de detalles, de crímenes de lesa humanidad. Lo escribió cuando estaba en su siguiente y último destino, en Bahía Blanca, como segundo comandante y jefe de Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército. Allí sí pudo, como no había alcanzado a hacer por completo en Tucumán, desarrollar una ofensiva generalizada contra “la subversión”, un enemigo que, además de las organizaciones armadas, incluía a políticos, intelectuales, universitarios, gremialistas y otros actores sociales a los que acusaba de ser el motor ideológico de la conspiración del marxismo internacional que amenazaba a la Argentina.

Paradójicamente, Vilas escribió muy poco sobre su accionar en Bahía Blanca, mucho menos que lo que dejó en su diario sobre Tucumán. Medio siglo después de aquellos hechos, la aparición de la novela Goya -publicada por Pixel- del abogado y escritor bahiense Pablo Fermento viene de alguna manera a llenar ese hueco incursionando en las obsesiones ideológicas y personales de Vilas durante su paso por el sur. Leídos en espejo, como hizo este cronista, el diario y la novela terminan de delinear la siniestra figura de un genocida de características singulares.

El “Operativo Independencia”

El miércoles 5 de febrero de 1975, la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón estampó su firma en el decreto 261/75, que ordenaba a las Fuerzas Armadas realizar acciones para “neutralizar y/o aniquilar” el accionar de lo que se definía como “elementos subversivos” en la provincia de Tucumán. Se inició así el llamado “Operativo Independencia” –al mando de Adel Vilas y luego de Bussi– que en la práctica fue la aplicación de la metodología de “guerra contrarrevolucionaria” de la Escuela Francesa, que poco tenía que ver con enfrentar en combate a las exiguas fuerzas guerrilleras del ERP que había por entonces en el monte tucumano. Por el contrario, fue un plan sistemático de represión ilegal cuyo “blanco” fue toda la población de la provincia”. Sus métodos fueron el secuestro, la tortura, la internación de campos de concentración y el asesinato de las víctimas, cuyos cuerpos desaparecían o se mostraban como de guerrilleros caídos en falsos enfrentamientos.

Así, la provincia considerada “el jardín de la república” se convirtió en el laboratorio del terrorismo de Estado desde mucho antes de la instauración del Estado Terrorista con el golpe del 24 de marzo de 1976. El despliegue de fuerzas represivas en el territorio provincial fue inmenso: se calcula que hubo momentos en que unos 6.000 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea, Gendarmería y las policías Federal y provincial operaron al mismo tiempo. Sin embargo, los combates contra las fuerzas guerrilleras fueron escasos, mientras que la represión se centró en los centros poblados para cortar las líneas de abastecimiento de la guerrilla. “La estrategia de Vilas (Adel, primer jefe del operativo) no fue buscar a los guerrilleros en el monte, sino que la presión se concentró sobre los pobladores que vivían en los alrededores. Mataron a muchos que colaboraban con la guerrilla, sobre todo entre las localidades de Lules y Famaillá”, explica Lucía Nair Perl en su trabajo “Al abrigo del poder: del ‘Operativo Independencia’ al golpe de Estado en la voz editorial de La Gaceta de Tucumán, 1975-1976”.

Precisamente en Famaillá, Vilas instaló su Comando Táctico y también el primer centro clandestino de detención y tortura de los 57 que fueron montados durante el operativo, la famosa “Escuelita de Famaillá”. Por allí, según relató el propio jefe militar en su Diario, entre febrero y diciembre de 1975 estuvieron detenidas clandestinamente 1507 personas. Porque, así como rehuía los combates en el monte, Vilas también esquivaba a la justicia. “Es más fácil hacer pasar un camello por el ojo de una aguja, que condenar en sede judicial a un subversivo”, solía pontificar frente a sus colaboradores. Su solución era torturarlos y asesinarlos.

Diario de un genocida

Dios lo quiso, titula, escribe, repite e insiste Adel Vilas en su diario cuando se refiere al motivo de su nombramiento como jefe del “Operativo Independencia”. “El desafío estaba allí, esperando que alguien lo tomara. Dios quiso que fuera yo quien tuviera la responsabilidad de llevar a las armas argentinas al triunfo... o al fracaso”, dice casi al principio del texto. Su misión es mesiánicamente a todo o nada.

Se cree, de alguna manera, un hombre llamado a salvar su patria y que, para lograrlo, deberá enfrentar tanto a los enemigos como a los tibios de su propio campo. “Merced a distintas circunstancias, entre las que debe mencionarse (…) la apostasía de muchos jefes, el Ejército, la Armada y la Aeronáutica permitieron, impávidos, la toma del poder por parte de la subversión” es, para él, el cuadro de situación. Se queja de que el decreto lo limite en su accionar y no duda en desobedecerlo: “Mi intención, de allí en más, fue la de suplantar, aún utilizando métodos que me estuvieron vedados, la autoridad política de la provincia de Tucumán (…) Si bien mi tarea no era reemplazar a las autoridades, pronto me di cuenta que, de atenerme al reglamento manteniéndome en el mismo plano que el gobernador, el operativo concluiría en un desastre (…) Limitarme a la resolución de los problemas estrictamente castrenses, sin aspirar, siquiera en forma indirecta, a resolver materias críticas que no se hallasen estrechamente vinculadas a la esfera militar, hubiese constituido un sinsentido, ya que, a los efectos de establecer y asegurar la continuidad y permanencia en los planos ejecutivos del ‘Operativo Independencia’, se hacía imprescindible invadir campos de acción reservados al gobierno provincial e incluso, el nacional”, escribe.

Otro obstáculo que encuentra es el que le plantea el Poder Judicial: “Los guerrilleros, ni bien eran entregados a la justicia hacían valer las garantías que ésta les ofrecía”, describe. Como solución, resuelve crear un centro clandestino de detención y tortura, el primero de la Argentina: “La Escuelita”, en Famaillá. “Hubo que olvidar por un instante -un instante que se prolongó diez meses- las enseñanzas del Colegio Militar y las leyes de la guerra donde el honor y la ética son partes esenciales, aunque muchos no lo crean así, consustanciarse con este nuevo tipo de lucha para extraer saldos positivos. Si por respeto a las normas clásicas nos hubiésemos abstenido de emplear métodos no convencionales, la tarea de inteligencia -y ésta era una guerra de inteligencia- se habría tornado imposible de llevar adelante (…) Es menester desmontar uno de los principales mitos del enemigo, referente a su capacidad de resistencia para soportar el castigo físico y psicológico. Tarde o temprano su capacidad se agota, los guerrilleros terminan ‘quebrándose’, como se dice en el lenguaje operativo”, explica en una brutal admisión de la aplicación de torturas.

También admite y detalla cómo los grupos de tareas secuestraban. “Si el procedimiento de detención se había realizado vistiendo uniformes del Ejército, entonces no había más remedio que entregarlo a la justicia para que a las pocas horas saliese en libertad; pero si la operación se realizaba con oficiales vestidos de civil y en coches ‘operativos’, como lo ordené ni bien me di cuenta de lo que era la “justicia” y la partidocracia, la cosa cambiaba”. Sus blancos, señala, no era solo guerrilleros sino “médicos, abogados, odontólogos, escribanos, profesores universitarios, enfermeros, arquitectos, ingenieros y guardia cárceles”.

Lograda la victoria militar contra la guerrilla, Vilas entiende que su tarea no está completa y que su reemplazo por Bussi le impide terminarla. Casi al final del Diario lo explica así: “Si el combate subversivo se limitara al esquema que criticamos (el meramente militar), restarían intangibles: el aparato económico, intelectual, institucional y editorial vinculados a la guerrilla, además de los múltiples aparatos infiltrados en organizaciones e instituciones, en sí mismas inmaculadas, lo que, unido a la perduración de un régimen político y socioeconómico insatisfactorio, proporcionan la posibilidad, siempre abierta, de recomponer el esfuerzo tendiente a la destrucción del Estado”. Ese combate es el que Vilas está dispuesto a dar en su nuevo destino, Bahía Blanca.

Una novela reveladora

Pablo Fermento es abogado, docente de la Universidad del Sur e integrante de la Fiscalía Federal de Derechos Humanos de Bahía Blanca y, como tal, ha intervenido como auxiliar fiscal en los procesos de investigación y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Acaba de publicar “Goya” - título que alude al lugar de nacimiento de Adel Vilas -, una novela que reconstruye de manera ficcional su paso por Bahía Blanca como segundo comandante y jefe de Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército. “La historia de Vilas la conozco por mi trabajo en la fiscalía. Su figura fue la que más me llamó la atención porque al estudiar la estructura represiva de Bahía Blanca encontré que era una persona totalmente convencida con un alto grado de fanatismo y ganas de trasmitir la manera en que pensaba que debían hacerse las cosas. Desde esta posición narcisista, mesiánica, quiere convertir a Bahía Blanca en un punto estratégico de combate. Es personaje con épicas de fundación y refundación de la nación, y también de la ciudad”, le dice Fermento a Infobae.

Reproduciendo su esquema tucumano, una de las primeras acciones de Vilas en su destino del sur bonaerense es montar un campo clandestino de detención y torturas al que llama también “La Escuelita” en terrenos del Batallón de Comunicaciones de Comando 181 de Bahía Blanca. “El mejor enemigo es el enemigo muerto. Error. Táctico. Para la muerte hay tiempo, hay que saber esperar. La victoria está en la vida (…) Que venga y suplique por ese favor. Que suplique con nombres, teléfonos, direcciones, planos, diagramas y sugerencias. Vamos a ver si se la gana”, le hace decir Fermento en un pasaje de la novela, una afirmación que puede reconstruir a partir de declaraciones de soldados.

Si bien el autor delinea la psicología de su personaje, evita cuidadosamente caer en el lugar común de una excepcionalidad que explique sus crímenes. Es un tipo común –aunque fanatizado y a la vez frustrado-, una pieza más del plan sistemático de represión ilegal de la dictadura. También muestra con acciones y palabras el caldo ideológico en que se mueve y lo motiva, el del combate total contra “la subversión”, no solo con las armas sino en todos los ámbitos: la universidad, la cultura, la sociedad entera.

En esa estrategia, Vilas coincide y encuentra un aliado en el diario local La Nueva Provincia, que elogia su accionar. Vilas no se detiene ante el ‘qué dirán’. Conoce la naturaleza de esta guerra y conoce la ‘inteligentzia’ en todo su cómodo snobismo, la sabe dispuesta a negar, en la primera de cambios, la evidencia con tal de salvar la cara y no comprometerse. El general Vilas no se ha arredado (sic) ante los peligros que supone hablar claro y denunciar tanto personaje estólido e inflado, cómplice del marxismo, lo sea por omisión, arribismo, cobardía o estupidez, todo aquel que haya cohonestado la táctica subversiva es culpable… y merece ser condenado. A esta altura existe solo una dialéctica: la del amigo-enemigo. Y al enemigo, el vencedor de Tucumán, lo comprende mejor que nadie, debe tratárselo como tal. ¿O es que todavía vamos a creer que, mientras se conspira para destruir a la Patria, los delincuentes subversivos merecen acogerse al Tratado de Ginebra? Créanlo los cobardes, los cómplices… No lo cree así, afortunadamente, quién venció en Tucumán y hoy se empeña en limpiar a Bahía Blanca de elementos subversivos”, lo exalta en un editorial del 12 de agosto de 1976.

A lo largo de más de doscientas páginas de lectura amena y a la vez inquietante, en Goya Fermento muestra a ese Vilas de Bahía Blanca que nuevamente se verá frustrado en su proyecto fundamentalista y frustrado por la falta de reconocimiento de sus superiores, que lo pasan a retiro, sin pena ni gloria, en diciembre de 1976. Es la historia de un genocida que comprueba, por segunda vez, que sus crímenes no pagan, y no solo por su desplazamiento del mando de tropa sino también porque deberá enfrentar a la justicia con la recuperación de la democracia. Adel Vilas murió en Buenos Aires el 23 de julio de 2010, a los 85 años, cuando sus abogados defensores alegaban que estaba demente y, por lo tanto, incapacitado para ser sometido a juicio por sus delitos de lesa humanidad.