En Estados Unidos, varios cobradores de deudas pueden reclamar el pago de una misma cuenta, pero no todos tienen derecho a cobrarla al mismo tiempo.

Según CBS News, esa superposición suele ocurrir cuando los derechos de cobro fueron transferidos entre agencias o cuando la deuda fue vendida a un nuevo propietario, un escenario que puede exponer al deudor a errores costosos si paga sin verificar quién tiene la autoridad legal.

La publicación señaló que, en esos casos, una salida negociada puede incluso reducir lo adeudado entre 30% y 50% si la situación financiera ya es inmanejable y se opta por una liquidación de deuda.

Ese dato aparece como una de las alternativas para quienes no pueden devolver el total del saldo.

La respuesta breve es sí: más de un cobrador puede contactar a una persona por la misma deuda. Eso puede pasar a lo largo del tiempo, porque el acreedor original contrata a una agencia de cobro y, si no logra recuperar el dinero, reasigna la cuenta a otra o vende la deuda a un comprador especializado.

Durante esa transición pueden producirse cruces: una agencia puede estar cerrando sus gestiones mientras otra ya empezó a llamar o enviar cartas.

Además, retrasos administrativos, demoras en los registros o información desactualizada pueden hacer que parezca que varias empresas persiguen simultáneamente la misma cuenta.

Dos empresas no deberían cobrar al mismo tiempo si solo una tiene autoridad legal

En términos generales, no debería ocurrir que dos compañías distintas reciban pagos de la misma deuda al mismo tiempo si solo una de ellas tiene la facultad legal para hacerlo.

Si esa situación parece darse, el deudor no debe asumir que ambas tienen derecho a exigir el dinero. También puede haber una confusión más simple: no siempre se trata de la misma obligación.

CBS News explicó que dos tarjetas de crédito distintas emitidas por el mismo banco pueden terminar en manos de agencias de cobro diferentes, de modo que una aparente duplicación puede corresponder, en realidad, a dos cuentas separadas.

Si una persona cree que un cobrador intenta reclamar una deuda que no posee o que no puede verificar, tiene derecho a impugnarla.

Conservar copias de cartas, correos electrónicos y comprobantes de pago también ayuda a resolver reclamos contradictorios si aparecen.

El cuadro descrito por la publicación se inserta en un contexto de presión sobre los hogares: niveles elevados de deuda doméstica, costos de financiamiento todavía caros en términos históricos e inflación que encarece los gastos cotidianos.

Cuando alguien se atrasa en los pagos, esa tensión suele empezar con cartas y llamadas, y terminar con contactos de empresas desconocidas que exigen el cobro.

Consolidación, administración o liquidación: las vías que menciona la publicación

Cuando los avisos de cobro múltiples son solo una señal de un problema de deuda más amplio, resolver los saldos de fondo puede ser más útil que lidiar con cada cobrador por separado. La alternativa adecuada, indicó el medio, depende de la situación financiera de cada persona.

Si el crédito todavía se mantiene en condiciones relativamente buenas y el total adeudado sigue siendo manejable, un préstamo de consolidación puede reunir varias deudas de tasa alta en un solo pago mensual con un interés menor. Eso simplifica el calendario de pagos y puede abaratar la cancelación del saldo.

Si el atraso se debe a la dificultad de seguir varias deudas no garantizadas, pero la persona todavía puede afrontar pagos regulares, una opción es un plan de administración de deuda a través de una agencia de asesoramiento crediticio.

En ese esquema, el objetivo es bajar tasas de interés y cargos, además de simplificar el proceso de devolución sin tomar un nuevo préstamo.

Si la deuda ya dejó de ser sostenible y pagar el total no es realista, la liquidación puede ser la salida. Ese mecanismo busca acordar con los acreedores un pago único por un monto inferior al saldo completo, aunque la publicación advirtió que esa estrategia puede traer consecuencias sobre la calificación crediticia y sobre los impuestos.

Antes de entregar dinero, la recomendación central es verificar quién tiene autoridad legal para cobrar, pedir validación de la deuda si hace falta y guardar un registro detallado de cada comunicación.

Si los reclamos de varios cobradores reflejan un deterioro financiero mayor, actuar temprano sobre el problema de fondo puede evitar que la situación siga escalando.

Contar con una tarjeta de crédito puede abrirte muchas puertas para adquirir bienes, pagar servicios o resolver imprevistos. A pesar de esto, si no comprendes sus características principales y el lenguaje financiero asociado, podrías poner en riesgo tu economía. La falta de información suele llevar a que las personas utilicen estos productos sin considerar sus responsabilidades y posibles consecuencias.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aceptar este instrumento sin leer los conceptos clave del contrato o del estado de cuenta es más habitual de lo que parece. Familiarizarte con estos términos te permitirá tomar decisiones informadas, comparar alternativas y evitar caer en deudas difíciles de manejar. Es fundamental que quienes buscan contratar o ya poseen el plástico conozcan los aspectos esenciales de su funcionamiento.

Antes de comenzar a utilizar este medio de pago, resulta necesario identificar y entender los elementos más relevantes que influyen en su uso responsable. Esto no solo protege tu bolsillo, sino que contribuye a una mejor administración de tus finanzas personales.

Conceptos clave de la tarjeta de crédito: especificaciones fundamentales

Una tarjeta de crédito está conformada por varios conceptos que determinan su operación. Conocer cada uno te permitirá aprovechar sus ventajas y evitar sorpresas desagradables.

• Límite de crédito
• • Es la suma máxima que el banco te autoriza a utilizar.
  • Conforme pagas tu deuda, el límite se restablece y puedes volver a disponer de ese monto.
• Fecha de corte
• • Es el día en que la institución financiera contabiliza tus consumos del periodo.
  • Las compras posteriores a esta fecha se registran en el siguiente ciclo.
• Fecha límite de pago
• • Es el último día para saldar tu deuda sin intereses adicionales.
  • No cumplir con este plazo puede impactar tu historial y aumentar tu deuda.
• Pago mínimo
• • Cantidad más baja que puedes abonar para mantener la tarjeta activa.
  • Pagar solo el mínimo alarga el tiempo para liquidar el saldo y eleva el costo total.
• Pago para no generar intereses
• • Es el monto total que deberías cubrir antes de la fecha límite para evitar cargos extra.
  • Es la forma más recomendable de utilizar una tarjeta de crédito.
• Intereses
• • Son los cargos que el banco aplica si no pagas el saldo completo.
  • Mientras más tardes en cubrir el total, más intereses acumularás.
• CAT (Costo Anual Total)
• • Indicador que refleja el costo real del crédito e incluye intereses, comisiones, anualidad y otros gastos.
  • Un CAT bajo suele significar menor costo por financiarte.
• Anualidad
• • Es el cobro que algunas tarjetas aplican cada año por el servicio.
• Comisiones
• • Son cobros adicionales por operaciones como retiros en efectivo, pagos tardíos, reposición del plástico o uso internacional.

Comprender estos componentes es indispensable para usar esta herramienta de manera inteligente y proteger tu salud financiera.

Los jóvenes precarizados concentran el impacto más duro de la morosidad en los créditos: un estudio del Centro de Estudios de la Ciudad con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert ubicó en 17,4% la tasa de mora de las deudas de personas físicas en junio de 2026 y mostró que el atraso en los pagos crece con más fuerza entre menores de 35 años, en las áreas metropolitanas y en las zonas urbanas más desiguales.

Uno de los hallazgos centrales del informe es la “juventud endeudada”. Las personas menores de 35 años muestran tasas de mora superiores al 25% y, según el tipo de acreedor, alcanzan picos de hasta el 50%.

El trabajo atribuye ese patrón a la informalidad laboral que desplaza a muchos jóvenes del sistema bancario tradicional. Como resultado, el 36% de los deudores jóvenes concentra sus compromisos en billeteras digitales.

“La tasa de mora es más alta entre menores de 25 años: 38,2%. Sin embargo, el mayor volumen de personas con deuda se concentra en el grupo de 36-45 años”, señaló el informe.

Otra de las causas que impulsaron ese fenómeno, según la investigación, es la desregulación financiera iniciada a principios de 2024 por las que las plataformas y el sistema financiero en general elevaron con fuerza las tasas de interés de los préstamos. El informe sostiene que llegaron a cobrar hasta 100 puntos porcentuales más que la banca tradicional.

Mora en aumento

El relevamiento, plasmado en la herramienta “Mapa de la Deuda”, también registró un contraste territorial marcado. En la Ciudad de Buenos Aires, el 81% de la población adulta tiene deudas, pero solo el 11,5% está en mora, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires los mayores índices de atraso rondan el 25%, frente a entre 10% y 15% en el resto del territorio bonaerense.

Según el estudio, desde comienzos de 2026 el volumen de crédito otorgado en términos reales dejó de crecer, pero el monto de la deuda en mora siguió en aumento. Ese desfasaje llevó los niveles de atraso a récords históricos mes tras mes.

El Centro de Estudios de la Ciudad añade otro factor sobre ese segmento: el uso de algoritmos de microsegmentación y predicción de comportamiento para influir en las decisiones de consumo de una población especialmente vulnerable al endeudamiento.

Las provincias con más retraso

El “mapa de la deuda” permite observar el fenómeno a escala nacional y provincial. Según el informe, la mora es más alta en provincias como La Rioja, San Luis, Catamarca, Santa Cruz y San Juan.

A nivel provincial, las mayores tasas de mora sobre el monto adeudado corresponden a La Rioja con 23,9%, San Luis con 22,2%, Santa Cruz con 21,9%, Catamarca con 21,5% y San Juan con 20,5%. En el extremo opuesto aparecen La Pampa con 9%, la Ciudad de Buenos Aires con 11,7%, Entre Ríos con 13,3%, Santa Fe con 14,3% y Córdoba con 15%.

La desigualdad también se repite dentro de cada distrito. En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios del sur rondan el 20% de mora, mientras que en los del norte se mueve entre 8% y 10%.

Una dinámica similar se observa en Santa Fe y Córdoba, donde el atraso golpea con más fuerza en los cordones que rodean a Rosario y a Córdoba capital. El informe interpreta esas diferencias como parte de las asimetrías del tejido urbano y regional.

Los proveedores no financieros rozan el 48% de mora

El ecosistema de deuda cambia de manera drástica según quién otorga el crédito. Los Proveedores No Financieros de Crédito exhiben el índice de mora más alto del mercado con 47,8%, seguidos por las tarjetas no bancarias con 33,27% y las billeteras digitales con 23,34%.

La banca tradicional presenta niveles más bajos. El atraso llega a 18,61% en bancos privados y a 10,13% en bancos públicos, donde además continuó creciendo el monto de los créditos otorgados.

El informe señala que las compañías financieras, en especial las vinculadas con terminales automotrices que ofrecen préstamos prendarios, muestran la tasa más baja del país. Ese segmento registra un nivel de mora de 4,88%.

Con información de NA

En un contexto de alta morosidad, el Banco Nación lanzó una nueva modalidad de refinanciación 100% digital y autogestiva para clientes en situación de mora o irregularidad crediticia.

La propuesta, que forma parte del programa para el ordenamiento de compromisos financieros de los clientes, busca facilitar el acceso a soluciones para quienes presentan deudas en tarjetas de crédito. En tal sentido, el organismo estatal detalló que la operatoria está disponible en una primera etapa para usuarios con deudas de tarjetas de crédito en situación 3, 4 o 5, quienes pueden acceder a planes de hasta 96 meses.

“En el marco de este programa, el Banco incorporó además un nuevo canal digital, 100% autogestivo, que permite a los clientes refinanciar sus deudas de tarjeta de crédito sin concurrir a una sucursal y con contabilización automática de la operación”, afirmó el texto oficial.

Según datos difundidos por la institución, ya se alcanzaron más de 62.000 refinanciaciones en lo que va de 2026, por un monto superior a 310.000 millones de pesos. El nuevo canal digital, 100% autogestivo, permite a los clientes gestionar la refinanciación sin acudir a una sucursal y con contabilización automática de la operación. “La modalidad registró más de 7.500 refinanciaciones durante sus primeras 24 horas de funcionamiento”, destacó el comunicado.

Al mismo tiempo, la entidad indicó que la herramienta se consolida como “una alternativa ágil, simple y completamente digital para los clientes alcanzados”, permitiendo que las personas en situación de mora accedan a opciones para regularizar sus deudas sin intermediarios ni trámites presenciales.

Con este desarrollo, Banco Nación amplía su kit de soluciones digitales y refuerza su propuesta para quienes enfrentan dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

Más planes

En el contexto de su “Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad”, la entidad presentó una iniciativa destinada a ampliar las alternativas de refinanciación y a ofrecer una herramienta para reorganizar deudas atrasadas, facilitar la recuperación de la capacidad de pago y mantener el cumplimiento de las obligaciones a lo largo del tiempo.

La propuesta permite refinanciar deudas en pesos o en UVA (bajo modalidad UVA, ajustable por CER) y está orientada a dos grupos de usuarios:

• Personas humanas en actividad laboral, jubilados y/o pensionados que perciban sus haberes a través del Banco Nación.
• Autónomos, monotributistas y usuarios que no cobren sus haberes en la entidad.
• Podrán incluirse deudores monoproducto asistidos bajo las reglamentaciones destinadas al segmento Microempresas/Emprendedores, cuando correspondan a cartera de consumo

Entre los aspectos principales de la línea, se incluye un plazo máximo de 120 meses y la amortización mensual bajo el sistema francés.

La tasa de interés varía según el perfil del usuario: quienes cobren sus haberes a través del banco tendrán acceso a una Tasa Nominal Anual fija del 12%, mientras que para el resto de los clientes será del 14 por ciento.

Además, quienes ya perciben sus ingresos en la entidad podrán elegir la incorporación de un tope de cuota basado en el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) mediante la contratación de una prima. Esta alternativa establece que, si la cuota calculada en UVA supera el ajuste definido por el CVS, se aplicará como límite el tope correspondiente a ese índice.

La opción se encuentra disponible desde el lunes 29 de junio. Para solicitar la refinanciación o recibir información adicional, los interesados deben acercarse a las sucursales de la entidad.

Cómo refinanciar las deudas

Esta nueva herramienta complementó las líneas presentadas en mayo para la unificación de deudas destinadas a personas físicas con cuotas vencidas e impagas en el BNA. Las opciones anunciadas anteriormente para la regularización de deudas son las siguientes:

• Consolidación de deudas: dirigida a quienes cobran sus ingresos (salarios, jubilaciones o pensiones) a través del Banco Nación, esta opción posibilita unificar deudas financieras tanto en esa entidad como en otras, simplificando la gestión de compromisos y la planificación de pagos. La propuesta ofrece tasa fija, plazo máximo de 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y permite acceder a montos de hasta $100 millones.
• Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito: disponible para usuarios que presentan hasta 90 días de mora en el pago de tarjetas de crédito emitidas por la entidad. Permite reprogramar deudas de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35 por ciento. La modalidad prevé la continuidad de la tarjeta, el comienzo del pago en cuotas a partir del siguiente resumen y ajustes temporales en los límites de compra. En casos de mora superior a 90 días, el Banco ofrece opciones de financiamiento para extender los pagos hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones establecidas.
• Evaluación personalizada: Cada pedido se evalúa de forma particular por los equipos especializados del Banco, que tienen en cuenta el perfil del cliente, su situación económica y los detalles de las deudas a reestructurar. Este método posibilita brindar opciones ajustadas a cada caso, favoreciendo una gestión responsable de los compromisos financieros.

El jefe de Estado atribuyó el aumento de la morosidad a la oposición: “Es uno de los efectos colaterales de los ataques del kirchnerismo”. Además, planteó que decir que es una problemática que la tiene que arreglar el Estado “es pasarle la cuenta a todos los demás”.

El mandatario afirmó que “obviamente” quien se endeuda es responsable de esa decisión y, al ser consultado por las familias que hoy no pueden afrontar el pago de sus créditos, respondió: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”.

Para el Presidente, la refinanciación que están haciendo la mayoría de los bancos “es un problema entre privados”. “De hecho, nosotros fomentamos la refinanciación”, aseguró en diálogo con LN+.

Milei afirmó que la mejora en la calificación crediticia de la Argentina por parte de tres agencias de riesgo permitirá reducir el riesgo país y, en consecuencia, abaratar el costo del financiamiento. Según explicó, ese escenario favorecerá una baja de las tasas de interés y plazos más largos.

“Todo lo que podemos hacer desde la macroeconomía lo hacemos”, afirmó el Presidente, quien además remarcó que el proceso de desaceleración de la inflación contribuye a consolidar ese panorama. “Bajar la inflación también ayuda a tener tasas de interés más bajas y plazos de financiamiento más largos”, señaló.

“Si yo me meto entre los privados, le voy a tener que tocar el bolsillo a otro, y eso me parece que está mal”, consideró Milei.

“Y hacemos mucho también porque el riesgo país, que después de la elección estaba en 1.500 puntos, hoy está en 420. Le paso un dato: la economía argentina, con un riesgo país de 500 puntos, puede crecer entre un 7% y un 8%. Mire si vienen cosas lindas para la economía argentina en términos de crecimiento, ingresos, consumo, salarios y caída de la pobreza”, sostuvo.

Asimismo, destacó que heredó “un 57% de pobreza y hoy está en el 29%. Es un montón. La dirección es la correcta”.

Es importante recordar que la morosidad del sistema financiero volvió a aumentar en mayo, impulsada principalmente por el deterioro en los préstamos otorgados a las familias. La irregularidad en los créditos de los hogares trepó al 12,8% durante el quinto mes del año, el nivel más alto de los últimos más de 20 años.

Por tipo de financiamiento, los créditos personales exhiben el mayor nivel de irregularidad entre los hogares: en mayo registraron una mora del 15,9%, 10,4 puntos porcentuales por encima del mismo mes del año pasado. Les siguieron las tarjetas de crédito, con una tasa de mora del 13,1%, y los préstamos con garantía prendaria, con el 7,7%. Más atrás se ubicaron los créditos con garantía hipotecaria (1,6%) y el rubro “otros”, que alcanzó el 39,3%.

Otro punto de preocupación es que 1,3 millones de personas presentan atrasos simultáneamente en sus obligaciones con bancos y con entidades no financieras. Este grupo representa el 17% de las 7,6 millones de personas que operan en ambos canales de financiamiento, una situación que Equilibra identifica como de morosidad “por partida doble”.

Sobre eventuales medidas de alivio orientadas al consumo, el mandatario dijo: “No voy a entregar mi reputación y legado histórico haciendo la barrabasada que hizo el kirchnerismo”.

Milei afirmó que su estrategia no va a cambiar por el calendario político y planteó que su administración se mantendrá en el rumbo fiscal y monetario que viene defendiendo. “No voy a hacer populismo. Voy a morir con las botas puestas. No me voy a mover de hacer las cosas bien”.

Por otro lado, en diálogo con Radio Mitre, Milei dijo: “No somos Suiza, pero estamos mucho mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es mucho menos que lo que había cuando nosotros iniciamos”.

El video rápidamente comenzó a circular en plataformas como TikTok y X, donde cientos de internautas reaccionaron tanto a la cantidad adeudada como a la forma en que la joven relató su situación financiera.

Durante la grabación explicó que recientemente recibió la notificación del banco para efectuar el pago necesario con el objetivo de evitar la generación de intereses, aunque reconoció que atraviesa un momento económico complicado.

“Debo 130 mil pesos en BBVA y ya me llegó mi pago para no generar intereses... No tengo dinero, no tengo ni un peso”, comentó frente a la cámara.

La declaración generó sorpresa entre los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse cómo llegó a acumular una deuda de esa magnitud.

Revela por qué utilizó el dinero

A lo largo del video, la joven decidió detallar el destino de buena parte del crédito utilizado.

Entre las compras que mencionó se encuentran un iPhone 17 Pro Max, una MacBook Pro, el pago del deducible de su automóvil después de verse involucrada en un accidente, la renta temporal de otro vehículo y diversos gastos relacionados con reuniones, entretenimiento y consumo de bebidas alcohólicas.

Incluso reconoció que una parte importante del dinero terminó destinándose a actividades recreativas.

“Se vino el Fan Fest y empecé a gastar desmesuradamente en alcohol y salidas; básicamente eso”, reconoció.

Sus declaraciones provocaron que numerosos usuarios cuestionaran la manera en que administró el crédito, ya que varios de los gastos mencionados fueron considerados prescindibles y no relacionados con una necesidad urgente.

Las redes reaccionan

Como suele ocurrir con este tipo de historias, el video dio paso a una avalancha de comentarios de personas que compartieron opiniones muy distintas sobre el caso.

Algunos usuarios confesaron sentirse identificados con la preocupación que generan las deudas, mientras otros aseguraron que la actitud de la joven reflejaba una falta de planeación financiera.

Entre los mensajes que más interacción generaron aparecieron frases como: “Y yo muriéndome porque debo 8 mil pesos”, “Pero, ¿cómo le hizo para obtener un crédito tan alto?” y “Hay gente a la que le encanta la adrenalina financiera.”

Las respuestas evidenciaron cómo el tema despertó curiosidad y abrió una conversación sobre la facilidad con la que algunas personas pueden acceder a líneas de crédito elevadas.

Un caso que reabre el debate sobre el uso del crédito

Más allá de la viralidad del video, la historia volvió a poner sobre la mesa la importancia de administrar correctamente los productos financieros.

Especialistas en finanzas personales suelen recomendar utilizar las tarjetas de crédito únicamente cuando existe un plan claro para cubrir los pagos dentro de los plazos establecidos, ya que de lo contrario los intereses pueden incrementar considerablemente el monto original de la deuda.

Aunque las tarjetas representan una herramienta útil para realizar compras, enfrentar emergencias o generar historial crediticio, utilizarlas sin una estrategia de pago puede convertir gastos cotidianos en compromisos financieros difíciles de sostener con el paso del tiempo.

Mientras el video continúa acumulando reproducciones y comentarios, la experiencia de esta joven sigue alimentando el debate entre quienes consideran que fue una decisión irresponsable y quienes ven su historia como un ejemplo de los riesgos que implica utilizar el crédito sin una adecuada planificación económica.

La tradicional cadena especializada en empanadas, pizzas y tartas Solo Empanadas enfrenta un nuevo capítulo de crisis financiera tras solicitar nuevamente la apertura de un concurso preventivo de acreedores. La empresa, que se hizo popular a fines de la década de 1990 gracias a sus campañas publicitarias en la vía pública y su fuerte expansión mediante franquicias, acumula cheques rechazados por más $1.000 millones y una deuda bancaria superior a $3.800 millones.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 11 del Departamento Judicial de General San Martín, a cargo de Marcelo Escola, abrió el concurso preventivo de Divaflo SRL, según consta en un edicto publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.

Solo Empanadas es una cadena especializada en empanadas, pizzas y tartas que nació en 1999 y creció bajo el formato de franquicias. La marca tuvo una fuerte expansión durante los años 2000, con presencia en distintas ciudades del país.

En relación con los plazos del proceso, el edicto señala que la sindicatura presentará el informe individual el 27 de octubre y el informe general el 11 de diciembre. Además, se fijó una audiencia para el 24 de junio de 2027, ya que el período de exclusividad finalizará el 1° de julio del próximo año. Hasta esa fecha, la empresa podrá presentar una propuesta a los acreedores en el ámbito judicial, quienes deberán comparecer para verificar sus créditos.

La compañía registra actualmente 231 cheques rechazados por un total de $1.032.723.382,18 y mantiene deudas bancarias por $3.845 millones con Banco Nación, Santander, Banco Provincia, Galicia, Macro y Supervielle. La mayoría de esas obligaciones ya figuraba en las categorías 2, 3 y 4, es decir, con un elevado riesgo de incumplimiento.

Se trata de la segunda vez que la marca solicita la apertura de un concurso preventivo, luego de un antecedente similar ocurrido hace más de una década.

La primera crisis se produjo en 2009, cuando Franquicias Argentinas S.A., la empresa encargada de desarrollar la red de franquicias de la marca, pidió la apertura del concurso preventivo. Un año más tarde, en 2010, la Justicia declaró su quiebra.

Después de permanecer varios años fuera del mercado, la marca reapareció en 2021 de la mano de Divaflo, que impulsó un plan de relanzamiento en plena pandemia. Sin embargo, pese al regreso y a la reapertura de algunos locales, no logró recuperar el auge que había alcanzado a fines de la década de 1990, cuando se consolidó como una de las principales cadenas del rubro en el país.

La compañía tiene su planta de producción, de 4.000 metros cuadrados, en Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, y administra otras firmas como Morita, Kiosco de Empanadas, Fábrica de Pizzas, y Directo de Fábrica.

Según señalan en su sitio, cuentan con una red de más de 200 sucursales distribuidas entre la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Mar del Plata. Recientemente habían incorporado una línea de productos congelados con el objetivo de facilitar la apertura de nuevos locales en diferentes puntos del país y ampliar sus canales de comercialización.

Divaflo atribuye sus dificultades financieras a la decisión de trasladar su planta industrial para acompañar el crecimiento de la empresa. La fábrica original resultaba insuficiente por la expansión de franquicias, el aumento de la demanda y la suma de nuevas líneas de productos.

La mudanza demandó una inversión muy superior a la prevista. Una parte fue financiada con fondos propios y el resto mediante préstamos bancarios, lo que elevó el nivel de endeudamiento de la empresa. Si bien en una primera etapa pudo cumplir con sus compromisos financieros, el deterioro del contexto macroeconómico se produjo antes de que esa inversión comenzara a generar resultados.

La caída en la apertura de nuevas franquicias y la retracción del consumo, especialmente durante 2024, se combinaron con el aumento de las tasas de interés y de las tarifas de los servicios públicos. En ese escenario, la compañía dejó de poder afrontar sus obligaciones, que incluían deudas contraídas para el pago de salarios, impuestos y proveedores.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este 30 de julio que la economía de México creció 1.5% en el segundo trimestre de 2026, su mayor avance desde el cuarto trimestre de 2020, mientras las finanzas públicas cierran junio con balances mejores a lo previsto y una deuda equivalente a 51% del PIB, en línea con la meta de disciplina fiscal del gobierno federal.

El dato económico se acompañó de una mejora en las cuentas públicas: el déficit presupuestario quedó en 358 mil millones de pesos por debajo del programa y el balance primario presupuestario registró un superávit de 115 mil millones de pesos en el primer semestre. La dependencia sostuvo que ese resultado ayuda a mantener una trayectoria estable de la deuda pública.

La secretaría también reportó que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubica en 51% del PIB, 1.6 puntos porcentuales menos de lo previsto. La deuda neta del gobierno federal representa 47.8% del PIB y conserva un portafolio mayoritariamente en moneda nacional, a tasa fija y con vencimientos de largo plazo.

El consumo, la construcción y las exportaciones empujan el crecimiento

De acuerdo con el informe de Hacienda, la recuperación del segundo trimestre se extendió a los tres grandes sectores de la economía. Las actividades primarias repuntaron tras las afectaciones climáticas de inicios de año, la industria avanzó por la manufactura y la construcción, y los servicios mantuvieron un desempeño favorable por el comercio al mayoreo y las actividades ligadas al consumo interno.

La demanda interna siguió como motor del crecimiento. En abril, el consumo privado subió 0.1% mensual y la formación bruta de capital fijo aumentó 4% mensual con cifras ajustadas por estacionalidad; dentro de ese resultado, la construcción crece 6.5% y la edificación residencial 12.4%.

El mercado laboral también mostró fortaleza. La población ocupada aumentó en 353 mil personas frente al año previo y la tasa de desempleo se mantiene en 2.7%, cercana a mínimos históricos.

El salario real mediano registrado en el IMSS subió 6.7% anual y el ingreso laboral por hora mediano reportado en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo crece 2.9%. Los salarios reales conservaron una trayectoria al alza.

La inflación general promedió 3.9% anual en el segundo trimestre y regresó al intervalo de variabilidad del objetivo del Banco de México. La inflación subyacente se ubicó en 4.2% promedio anual, con su mayor disminución trimestral desde el segundo trimestre de 2024, mientras la no subyacente repunta ligeramente por alzas temporales en frutas y verduras, entre ellas el jitomate.

El IVA marca su mayor avance semestral desde 2014

La respuesta central de Hacienda sobre los ingresos del gobierno está en la recaudación tributaria. El IVA superó en 100 mil millones de pesos el monto programado y creció 10.6% real anual, el mayor aumento para un primer semestre desde 2014.

Hacienda atribuyó ese resultado al fortalecimiento de la fiscalización y al dinamismo del consumo interno. Dentro del mismo impuesto, junio destacó con un incremento de 53.6% real anual, el mayor para un mes comparable.

Los ingresos tributarios totales aumentaron 0.4% real anual. El avance del IVA, del IEPS y de los impuestos a las importaciones compensa parcialmente la menor recaudación por ISR.

Subieron 6.4% real anual los ingresos por importaciones, apoyados por el mercado interno y por la actualización de fracciones arancelarias para países sin tratado comercial con México. Aun así, quedan por debajo de lo calendarizado.

El gasto social sube y el grado de inversión se mantiene favorable

En el primer semestre de 2026, el gasto público mantuvo una trayectoria ordenada, según la secretaría. Las erogaciones en salud aumentaron 18.3%, en educación 13.5%, en protección social 6.1% y en vivienda 3.2%.

Dentro del gasto social, la dependencia destacó que el rubro de desarrollo social creció 9.7% real anual, su tasa más alta para un primer semestre desde que hay registro. Hacienda vinculó ese resultado con una mayor cobertura de los Programas para el Bienestar.

En materia de deuda, el costo financiero se redujo 4.8% real anual en el primer semestre. La secretaría atribuyó esa baja al efecto cambiario sobre pasivos en moneda extranjera y a una estrategia de refinanciamiento que genera ahorros por 111 mil millones de pesos frente al monto programado.

Además, México conserva el grado de inversión ante las principales calificadoras. Fitch Ratings, S&P Global Ratings y R&I ratifican sus calificaciones soberanas, mientras Moody’s modifica la nota de Baa2 a Baa3 y mejora la perspectiva de negativa a estable.

La morosidad más grave del sistema financiero tiene un mapa definido: en varias provincias del norte y de Cuyo, uno de cada cinco deudores ya se encuentra en situación “irrecuperable”, es decir, mantiene al menos una línea de crédito con un año o más de atraso en el pago, lo que el Banco Central clasifica como situación 5.

A nivel nacional, de acuerdo a un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), entre mayo de 2025 e igual mes de este año, la proporción de deudores irrecuperables sobre el total de deudores pasó del 9,8% al 17,2%.

En el norte, el peso sobre el total de deudores ronda el 20%, consolidando a esa región como la más afectada por el deterioro del crédito.

Los casos más críticos se concentran en San Juan (23,8%), La Rioja (21,7%), Catamarca (21,6%), Salta (20,7%), Tucumán (23%), Santiago del Estero (20,8%), Chaco (20,9%), Formosa (20,4%), Misiones (20,4%), San Luis (21,7%) y Corrientes (20,4%).

Pero los mayores saltos interanuales se registraron en Neuquén, Chubut, Chaco y Santa Fe. En esas cuatro provincias, el porcentaje de deudores irrecuperables creció 12 puntos porcentuales en un año. En conjunto, sumaron 220.000 nuevos deudores irrecuperables, una parte significativa del incremento registrado a nivel nacional.

En términos absolutos, el país pasó de alrededor de 2 millones de deudores irrecuperables en mayo de 2025 a 3,6 millones en mayo pasado. Esto implica 1,6 millones de personas más en la categoría de mayor riesgo crediticio en apenas doce meses.

Si se considera a todos los deudores morosos —aquellos con al menos tres meses de atraso— la cifra asciende a 5,8 millones de personas, equivalente al 12,5% de la población argentina, que tiene por lo menos una línea de crédito en situación irregular.

Deudas bajas, pero imposibles de pagar para muchos

El análisis de los montos muestra que el problema no está concentrado en grandes créditos hipotecarios o prendarios. Por el contrario, los deudores irrecuperables suelen tener obligaciones relativamente bajas, asociadas al financiamiento de gastos cotidianos como compras en supermercados, servicios o arreglos del hogar.

La mitad de los deudores irrecuperables adeuda $309.000 o menos, mientras que entre los deudores que están al día la mitad mantiene deudas de $668.000 o menos.

En promedio, los deudores irrecuperables adeudan 53,7% menos que quienes no registran atrasos en sus pagos. El dato sugiere que son los hogares con menor capacidad de endeudamiento y con créditos de menor monto los que están enfrentando mayores dificultades para devolver lo adeudado.

A su vez, los jóvenes lideran el aumento de deudores con más de un año de mora: este grupo registró un crecimiento del 87%. En segundo lugar se ubican las personas de 75 años o más, con un incremento del 11%.

Esto se vincula, según el IAG, con que el salario del sector privado registrado frenó su recuperación a mediados del año pasado y se ubica 5,3% por debajo en términos reales de los niveles de 2023. }

Por otro lado, los salarios del sector público permanecen estancados en niveles bajos, ubicándose un 21% por debajo del promedio de 2023. A su vez, el ingreso disponible —medido como el salario menos los gastos fijos en servicios— se redujo aún más debido al aumento de las tarifas y del costo del transporte.

En el caso de los trabajadores del sector privado, este indicador acumula una caída del 9,7% desde el cambio de gestión.

En este contexto, “la capacidad de repago de las personas no mejorará mientras sus ingresos no se recuperen”, consideró el IAG.

Ahora bien, con 19 meses consecutivos de aumento en la morosidad de las familias, cerca de 7 millones de personas quedaron excluidas del acceso a créditos bancarios y no bancarios.

Este escenario choca con la apuesta del Gobierno de que la recuperación de la actividad económica, y especialmente del consumo, se sostenga en una mayor expansión del crédito, sobre todo si se considera que el poder adquisitivo de los hogares sigue deteriorándose.

Esta es la escena: un colaborador (a) que pide un adelanto de nómina. Es la segunda vez este trimestre. Y posiblemente más de una vez le hemos escuchado hablar de deudas en lo que va del mes.

Nadie en Recursos Humanos lo lee como una señal; todos lo leen como, “así estamos la mayoría de los mexicanos”. De repente, la persona renuncia y la pregunta es ¿cómo empresa no supimos ver la red flag? Pasamos por alto el momento que vive y que eso puede llevarlo a buscar más ingresos, formal o informalmente hablando.

El estudio que le pone número a esta escena, tan común que a veces no reparamos en ello, es del Instituto del Propósito y Bienestar Integral. Desde el observatorio de bienestar nos dimos a la tarea de analizar cómo el historial crediticio puede ser predictor de la renuncia. Tal vez parezca una curiosidad de nicho: ¿el buró de crédito predice renuncias?

Resulta que este estudio analizó el historial crediticio real de 51 mil 796 trabajadores mexicanos. Para evaluar se utilizó el puntaje FICO, la calificación de 300 a 850 puntos que Círculo de Crédito, uno de los dos buró de crédito del país, usa para medir qué tan al corriente está una persona con sus pagos.

Va de 300 a 850 puntos, y entre más alto, mejor es el historial crediticio. Un trabajador con un puntaje cercano a 300 —el mínimo de la escala— registra una probabilidad de renuncia de 12%; uno cercano a los 850, la reduce a 4.5%. Dicho de otra forma: moverse de un extremo a otro de la escala se asocia con una diferencia de más de 7 puntos porcentuales en la probabilidad de dejar el empleo.

Entonces, una persona con mal manejo de crédito tiene hasta el triple de probabilidad de renunciar que alguien con finanzas sanas. Cada tarjeta de crédito adicional abierta suma 3.1 puntos porcentuales de riesgo; cada préstamo personal vigente, un punto más. Tiene sentido si se piensa a qué escala llega el agobio por conseguir más recursos y pagar deudas.

Otras mediciones sobre estrés financiero en México ya ubicaban a 6 de cada 10 trabajadores sin poder dormir bien por sus deudas. No es que deber dinero vuelva a alguien menos comprometido con su trabajo. Es que pagar intereses, mes tras mes, termina pesando más que cualquier plan de carrera que Recursos Humanos le tenga preparado.

Del diagnóstico a la acción

Aquí conviene bajar del diagnóstico a la cancha, porque el propio estudio deja pistas de por dónde empezar. Las conversaciones sobre educación financiera aplicada, adelantos de nómina alineados a las reglas de la organización y asesoría para reestructurar deudas tienen que suceder ya, y no verse como un beneficio de catálogo que se activa hasta que la persona renunció.

Hay un matiz que se nos suele escapar: estos beneficios ya existen en el mercado mexicano, pero pareciera que necesitamos validar que a otra empresa le fue bien aplicándolos antes de decidirnos a implementarlos en la propia. Diagnosticar el estrés financiero de la fuerza laboral y, al mismo tiempo, seguir sosteniendo frases como “si él o ella se endeudó es su culpa y no se relaciona con la empresa” son dos cosas que no pueden convivir.

Porque la realidad es que ese trabajador estresado, agobiado, es el que llega todos los días a tu empresa, y el que tarde o temprano va a buscar fuentes de ingreso diferente. Este reporte justo se realiza con la intención de impulsar tomar acciones antes de que sea demasiado tarde.

Así que las empresas que tengan una mirada más integral y holística sobre lo que sucede con el colaborador van a adelantarse a la fuga de talento con una conversación oportuna. Aquellas que se dediquen a auditar solo clima laboral y desempeño se van a enterar hasta que llegue la carta de renuncia, si es que llega, porque a veces ni siquiera eso: solo se van a quedar con una plantilla cada vez más cansada.

*Ivonne Vargas es Directora del Observatorio de Bienestar del Instituto del Propósito y Bienestar Integral de Tecmilenio, cofundadora del Instituto Internacional de Desarrollo Organizacional con sede en Barcelona.

La morosidad del sistema financiero argentino registró un nuevo avance en mayo, impulsada principalmente por el deterioro en los préstamos otorgados a las familias. De acuerdo a datos oficiales, la irregularidad de los hogares ascendió a 12,8 por ciento durante el quinto mes del año. Se trata del mayor nivel en más de 20 años.

Según el último Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% a nivel agregado, lo que representa un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto de abril y 5,1 puntos más en comparación interanual.

El informe oficial destaca que el incremento de la mora tuvo como principal motor el desempeño de los créditos familiares. En mayo, el indicador de irregularidad para este segmento alcanzó 12,8%, superando en 0,7 puntos porcentuales el registro del mes anterior y en 8,3 puntos el dato de hace un año. Aunque el ritmo de deterioro se moderó en los últimos meses, la cartera irregular sigue mostrando un crecimiento real sostenido, impactando en la capacidad de pago de los hogares.

Ahora bien, si se analiza la calidad de cartera por línea, se encuentra que el mayor ratio de irregularidad entre hogares la tienen los créditos personales, que alcanzaron en mayo un nivel de mora del 15,9% (10,4 puntos más que igual mes del año pasado). Le siguieron las tarjetas de crédito (13,1%), los préstamos con garantía prendaria (7,7%). Completan la lista los créditos con garantía hipotecaria (1,6%) y otros (39,3%).

Empresas y freno en el deterioro del crédito

En las empresas, el indicador de irregularidad se ubicó en 3,5% durante mayo, 0,1 punto porcentual por encima de abril y 2,5 puntos más que un año atrás. Se trata de un nivel sensiblemente menor al de las familias, aunque también en ascenso.

El BCRA reconoció que el crédito comenzó a mostrar señales de recomposición. El saldo real de préstamos al sector privado en pesos aumentó 0,3% en mayo, luego de cuatro meses consecutivos de caídas, impulsado por las líneas comerciales y las de garantía real, mientras que el consumo volvió a retroceder.

En moneda extranjera, el financiamiento a privados creció 2,6% entre puntas de mes. En tanto, los depósitos del sector privado en pesos se redujeron 0,9% real, golpeados principalmente por las colocaciones a plazo.

Cobertura y solvencia

De acuerdo con el Banco Central, pese al avance de la mora, el sistema financiero mantiene un colchón amplio para afrontarla. Las previsiones constituidas por las entidades cubrían en mayo el 86,3% de la cartera irregular y el 6,6% del total de créditos otorgados. Al considerar en conjunto la morosidad, el nivel de previsiones y el capital regulatorio, el crédito en situación irregular neto de previsiones representó apenas 2,2% de la Responsabilidad Patrimonial Computable.

En ese marco, la integración de capital del sistema se ubicó en 30,7% de los activos ponderados por riesgo, con un exceso de integración de 280,3% por encima de la exigencia normativa. Estos niveles de solvencia le otorgan a la banca margen para absorber el impacto de la mora sin comprometer su estabilidad.

Por otro lado, los indicadores de liquidez también se mantuvieron en niveles sólidos. El indicador que contempla únicamente las disponibilidades en pesos se ubicó en 11,9% de los depósitos en esa moneda, mientras que al sumar los títulos públicos y las operaciones de corto plazo con el BCRA, el ratio ampliado alcanzó 32,7 por ciento. En moneda extranjera, los activos líquidos representaron 50,9% de los depósitos en esa denominación.

El peso de las cuotas en el salario

El deterioro no se limita al porcentaje de cartera irregular. Según el último Informe de Estabilidad Financiera del BCRA, la carga mensual de los servicios de deuda de las familias representó en abril el 24,1% de la masa salarial formal, un nivel que hace dos años no llegaba al 9 por ciento.

El salto responde, entre otros factores, a que la tasa de interés real de los créditos a personas dejó de licuarse por la inflación y se volvió significativamente positiva.

Jóvenes y entidades no financieras, los más afectados

Los datos oficiales señalan que el deterioro golpea con mayor intensidad a los segmentos más jóvenes: entre los deudores de 18 a 25 años la irregularidad supera el 40%, mientras que la proporción desciende de manera progresiva a medida que aumenta la edad. La morosidad también es más pronunciada en las entidades no financieras, que concentran cerca del 17% del crédito a familias y donde el indicador ya ronda el 30%, muy por encima del promedio del sistema bancario tradicional.

Las diferencias también tienen un correlato territorial. En el norte del país, la proporción de personas en mora supera el 30%, mientras que en el centro y en provincias como Neuquén se ubica por debajo del promedio nacional. A su vez, entre quienes accedieron a préstamos exclusivamente a través de entidades no bancarias, por dificultades para calificar en la banca tradicional, el nivel de incumplimiento supera el 50 por ciento.

La Gobernación del Valle del Cauca anunció el traslado de 6.000 millones de pesos para apoyar a los hospitales de Sevilla, Roldanillo y Zarzal, tres centros asistenciales afectados por retrasos salariales, deudas acumuladas y falta de pagos por parte de EPS intervenidas.

La medida busca aliviar la crisis financiera que atraviesan estas instituciones del norte del departamento y garantizar que la atención a los pacientes no se siga viendo comprometida. El anuncio se produjo después de las protestas realizadas por trabajadores de la salud, quienes bloquearon la vía Panorama para exigir soluciones urgentes ante los incumplimientos en el pago de salarios.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la gobernadora Dilian Francisca Toro explicó que los recursos serán destinados a respaldar a los hospitales y a dar tranquilidad al personal médico y administrativo que venía reclamando respuestas.

“La idea es que, si ellos están tranquilos, puedan atender muy bien a los pacientes. Eso es lo que buscamos: que los pacientes tengan una atención con calidad, oportunidad y humanización”, afirmó la mandataria.

Los trabajadores de los hospitales de Roldanillo, Sevilla y Zarzal retomaron sus labores tras el anuncio del giro departamental. La decisión permitió levantar la presión inmediata en estas instituciones, aunque las autoridades locales advierten que el problema de fondo sigue sin resolverse.

Alcaldes piden solución nacional para deudas de EPS

Uno de los primeros en reaccionar fue el alcalde de Sevilla, Manuel Felipe Quintero, quien calificó el traslado de recursos como un “oxígeno” para el Hospital Departamental Centenario. Sin embargo, aclaró que la inyección de dinero solo permite atender la urgencia del momento y no elimina la crisis estructural causada por la cartera acumulada.

“Esa inyección de recursos es fundamental para que el Hospital Centenario de Sevilla funcione, pero el llamado es para el Gobierno nacional para avanzar en el saneamiento financiero del sistema”, aseguró el mandatario local.

Quintero advirtió que la situación del hospital continúa siendo crítica por las deudas que mantienen las EPS. Solo Emssanar, según el alcalde, le adeuda al Hospital Centenario más de 16.000 millones de pesos, una cifra que supera ampliamente el apoyo recibido y que muestra la magnitud del desfinanciamiento.

La crisis no solo afecta el pago de nómina. También compromete la compra de insumos, el funcionamiento de servicios, la contratación de personal y la capacidad de respuesta de hospitales que atienden a miles de usuarios del norte del Valle.

Valle reporta cartera cercana a $7 billones

La Gobernación del Valle aseguró que el departamento enfrenta una cartera cercana a 7 billones de pesos dentro del sistema de salud. A esto se suma la pérdida de 2.400 empleos y el cierre de cerca de 2.000 servicios, cifras que reflejan el deterioro de la red asistencial.

El traslado de los 6.000 millones de pesos busca evitar que la crisis se profundice en Sevilla, Roldanillo y Zarzal, pero también deja en evidencia la fragilidad financiera de los hospitales públicos frente al incumplimiento de las EPS.

Para la gobernadora Toro, la prioridad es que los trabajadores puedan prestar el servicio sin la presión de salarios atrasados y que los pacientes reciban atención oportuna. La mandataria insistió en que la estabilidad del personal de salud repercute directamente en la calidad del servicio.

El anuncio departamental permitió destrabar la atención en los tres hospitales, pero el reclamo de los alcaldes y trabajadores apunta al Gobierno nacional. La región pide medidas de fondo para sanear las deudas, evitar nuevos cierres de servicios y proteger la red hospitalaria que sostiene la atención en el norte del Valle del Cauca.

El caso vuelve a mostrar la presión que enfrentan los hospitales públicos cuando las EPS acumulan cartera y los giros no llegan a tiempo.

Fitch Ratings evaluó el plan de financiamiento que el Tesoro argentino presentó para el período 2026-2027 y concluyó que la estrategia oficial muestra un enfoque proactivo para cubrir las necesidades de fondos en moneda extranjera antes de las elecciones legislativas del año próximo. La calificadora advirtió, sin embargo, que ese esquema deberá estar acompañado por nuevas compras relevantes de divisas por parte del Banco Central para asegurar la acumulación de reservas internacionales.

Según Fitch, la mejora de los colchones externos del país será determinante para la trayectoria futura de la calificación soberana, luego de la suba que la propia agencia le otorgó a la Argentina en mayo, cuando elevó la nota a B- con perspectiva estable. Esa mejora había marcado un punto de inflexión en la lectura que el mercado internacional hacía sobre la capacidad de pago del país, y el nuevo informe retoma ese diagnóstico para analizar qué desafíos se abren de cara a los próximos dos años.

El plan fue presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el 6 de julio, y contempla financiar los pagos de deuda en moneda extranjera tanto de este año como del próximo a través de una combinación de instrumentos. Entre ellos, préstamos multilaterales, garantías que respaldan préstamos comerciales, privatizaciones y la emisión de bonos locales en dólares estadounidenses. Fitch remarcó que el esquema no contempla la reanudación de la emisión de bonos internacionales, una alternativa que el propio Gobierno describe como una “opción” pero no un “objetivo”. La agencia señaló que esta decisión se toma pese a la significativa reducción de los diferenciales de los bonos soberanos argentinos, que llegaron a ubicarse incluso por debajo de los de soberanos con calificaciones similares, como Ecuador, países que sí volvieron a los mercados internacionales de deuda.

Una señal de previsibilidad ante el calendario electoral

Para Fitch, el anuncio del plan de financiamiento constituye una muestra de la proactividad del Gobierno a la hora de comunicar de qué manera piensa cubrir el servicio de su deuda en dólares en torno a las elecciones generales previstas para octubre de 2027. La calificadora entiende que esa anticipación podría contribuir a reducir los riesgos de volatilidad en los mercados financieros que suelen derivarse de los ciclos electorales, en la medida en que despeja incertidumbre sobre cómo se afrontarán los vencimientos en un año particularmente sensible desde el punto de vista político.

En cuanto al financiamiento correspondiente a este año, el informe consideró que su entrega “parece razonablemente asegurada”. Fitch fundamentó esa lectura en que los 4.000 millones de dólares que en un primer momento se habían previsto en bonos nacionales en dólares ya fueron emitidos, una cifra que luego fue ampliada a un nuevo objetivo de 6.000 millones de dólares en el último anuncio oficial. A eso se suma que ya se desembolsaron 3.200 millones de dólares, sobre un total previsto de 4.000 millones, en préstamos bancarios respaldados por garantías de bancos multilaterales de desarrollo. Estos movimientos se concretaron antes de los pagos realizados en julio sobre los bonos en dólares estadounidenses, lo que para la calificadora refuerza la idea de que el frente de corto plazo está cubierto.

El desafío de 2027 y las fuentes de financiamiento previstas

El panorama se vuelve más exigente cuando se observa la evolución de las necesidades de financiamiento del Tesoro en dólares estadounidenses, que según el informe aumentan de 19.200 millones de dólares en 2026 a 24.900 millones de dólares en 2027. Fitch advirtió que el cumplimiento de esas metas dependerá en parte de las condiciones de mercado, que pueden variar de manera significativa en un año atravesado por el proceso electoral.

Entre las fuentes de financiamiento previstas para cubrir esas necesidades, el informe detalló la emisión continua de deuda en dólares en el mercado local, por 5.000 millones de dólares, y privatizaciones, por 1.500 millones de dólares. A esto se agregan 2.000 millones de dólares que provendrían de “otras” fuentes que todavía no fueron identificadas con precisión, pero que Fitch consideró concretas dentro del esquema presentado por el Gobierno.

El rol central del Banco Central en la acumulación de reservas

Uno de los puntos que más desarrolló Fitch en su análisis es el peso que tendrá el Banco Central dentro de este esquema. El plan de financiamiento del Tesoro para el período 2026-2027 muestra necesidades residuales de financiamiento en dólares que se cubrirían mediante compras de divisas al BCRA. Esto implicaría que la entidad monetaria pase a convertirse en un comprador neto de reservas internacionales, en lugar de actuar como un contribuyente de divisas al Tesoro.

Fitch fue claro en señalar que ese mecanismo requeriría más que compras compensatorias por parte del Banco Central para lograr el aumento de reservas que exige el programa vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un objetivo al que, según prevé la calificadora, las autoridades seguirán dando prioridad incluso en un año electoral.

El informe repasó también el desempeño reciente del Banco Central en materia de compras de divisas. Con 12.400 millones de dólares acumulados hasta mediados de julio, las compras ya superaron el límite inferior del rango objetivo fijado para este año, que se ubica entre los 10.000 y los 17.000 millones de dólares. Fitch recordó que la acumulación de reservas suele resultar más difícil en la segunda mitad del año, una vez finalizada la cosecha de soja, aunque consideró que la menor dependencia de las importaciones de energía podría facilitar ese proceso. La calificadora destacó, además, que el Banco Central realizó recientemente algunas compras especialmente importantes.

Las elecciones de 2027 como punto de mayor incertidumbre

De cara al año próximo, Fitch anticipó que la acumulación de reservas podría volverse más compleja antes de las elecciones de octubre de 2027. De todos modos, planteó que un buen desempeño en la acumulación de reservas durante este año podría facilitar el cumplimiento del objetivo fijado para 2027, ya que el programa del FMI podría evaluar esa meta de manera acumulativa y no solamente año a año.

El informe fue enfático en un punto: dado que el plan de financiación anunciado no incorpora la emisión internacional que había sido prevista por el FMI, cualquier acumulación de reservas significativamente mayor “requeriría otro año de grandes compras del BCRA, similares a las de este año”.

Fitch consideró que la mejora estructural de la balanza comercial, impulsada por el creciente superávit energético y por el aumento de las exportaciones mineras, podría respaldar ese proceso. Al mismo tiempo, advirtió que ese escenario podría volverse más difícil si los acontecimientos propios del ciclo electoral impulsan la demanda del sector privado de dólares y generan presión sobre la depreciación del peso argentino.

Menores costos financieros, pero con impacto en la liquidez

Por último, Fitch analizó las implicancias de la decisión oficial de evitar la emisión de deuda en los mercados internacionales. Según el informe, esa determinación refleja el deseo de las autoridades de no incurrir en mayores costos de intereses, algo que en principio debería beneficiar los indicadores fiscales del país. No obstante, la calificadora advirtió que esa misma decisión dificultaría una mejora significativa de la liquidez en moneda extranjera, un factor que consideró crucial para fortalecer la estabilidad macroeconómica general, la capacidad de servicio de la deuda y el mantenimiento de la confianza del mercado.

En ese sentido, el informe concluyó que una eventual mejora en los indicadores de liquidez externa tendrá mayores repercusiones sobre la trayectoria futura de la calificación soberana de Argentina, en un contexto en el que la acumulación de reservas y el comportamiento del Banco Central aparecen como las variables centrales a monitorear de cara a las elecciones de 2027.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó este 20 de julio una emisión sindicada de Udibonos (bonos que protegen contra la inflación) a 10 años por un monto equivalente a 6 mil 763 millones de pesos, como nueva referencia en la curva de rendimiento indexada a la inflación.

De forma complementaria, la Secretaría de Hacienda reportó una operación de refinanciamiento por 183 mil 202 millones de pesos, con la que extiende en 3.64 años el plazo promedio de la deuda interna refinanciada. La dependencia detalló que esta operación también da liquidez adicional a la nueva referencia de Udibonos por 4 mil 113 millones de pesos.

Hacienda precisó que el nuevo Udibonos a 10 años, con clave de emisión S 370423, vence en abril de 2037, paga un cupón de 4% y ofrece un rendimiento de 4.60%. El monto total en circulación del instrumento quedará en alrededor de 10 mil 876 millones de pesos.

En el refinanciamiento, la SHCP señaló que recompró instrumentos como Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos: 95 mil 441 millones de pesos correspondieron a vencimientos de 2026, 21 mil 894 millones de pesos a 2027 y 65 mil 867 millones de pesos a vencimientos posteriores a 2028, en línea con el Plan Anual de Financiamiento de 2026.

Hacienda reporta un déficit de 418 mil 749 millones de pesos entre enero y mayo de 2026

México registró un déficit de 418 mil 749 millones de pesos en las finanzas públicas entre enero y mayo de 2026, resultado de menores ingresos presupuestarios y un mayor gasto, aunque el saldo negativo quedó por debajo de lo que había previsto la SHCP para ese periodo.

Según el Informe de Finanzas Públicas de Hacienda mostró un contraste en el balance primario: cerró con un superávit de 15 mil millones de pesos, cuando la previsión oficial apuntaba a un déficit de 165 mil 371 millones. Ese resultado reflejó una menor presión por el costo financiero de la deuda.

El déficit, de acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas, observado fue inferior al programado, que ascendía a 685 mil 092 millones de pesos. En el mismo lapso, la recaudación presupuestaria cayó 1.8% y el gasto público subió 2.3%.

Pago de intereses quedó por debajo de lo previsto

Entre enero y mayo, el gobierno pagó 433 mil 775 millones de pesos por intereses de la deuda, por debajo de los 519 mil 720 millones presupuestados. Hacienda indicó que eso implicó una disminución real anual de 9.6%.

La dependencia atribuyó esa reducción a la estrategia de refinanciamiento del Gobierno Federal. Según la secretaría, esa política mejoró el perfil de vencimientos y generó ahorros en un entorno de volatilidad e incertidumbre en los mercados internacionales.

Hacienda también señaló que la apreciación cambiaria ayudó a contener los pasivos en moneda extranjera y la carga financiera asociada a la deuda pública. Ese efecto, agregó la dependencia, contribuyó a reducir el costo frente a lo originalmente programado.

El saldo de la deuda pública se ubicó en 47.4% del PIB, frente al 49.2% registrado al cierre de mayo de 2025. La publicación también consignó que México mantuvo el grado de inversión con las ocho agencias calificadoras que evalúan su deuda soberana.

En ese periodo, S&P Global Ratings y R&I ratificaron la calificación de la deuda mexicana. Moody’s la ajustó y mejoró la perspectiva de negativa a estable.

El gasto social sube y el operativo baja

Además, Hacienda informó que el gasto en desarrollo social aumentó 13.1% real anual, impulsado por un alza de 21.1% en mayo. Dentro de ese rubro, educación creció 21%, salud 20.9%, protección social 8.6% y vivienda 3.9%.

La inversión física en vivienda y servicios a la comunidad avanzó 6% real anual. La destinada a infraestructura educativa subió 19.2%, mientras la inversión en salud se triplicó en términos reales frente a 2025.

En un contexto de mora en niveles récord, los argentinos destinan prácticamente un cuarto de su salario para pagar deudas: en los últimos dos años, el peso de las cuotas de créditos sobre los sueldos formales casi se triplicó. Lo que antes representaba menos del 9% de los ingresos, ahora se acerca al 25 por ciento. Este cambio muestra cómo las familias argentinas deben dedicar una parte cada vez mayor de sus remuneraciones a afrontar compromisos financieros.

El dato surge del Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central de la República Argentina (BCRA). “Se estima que la carga mensual asociada a los servicios de la deuda de las familias representó 24,1% de la masa de salarial en abril (16,9% de la masa salarial amplia y 4,6% del PIB), nivel ligeramente superior al registrado en el último IEF”, reza el reporte oficial.

Según la consultora Equilibra, este fenómeno está directamente vinculado con un retroceso de los ingresos de millones de personas. El informe señaló que “la fuerte caída del ingreso real registrado y disponible de 14,5 millones de personas en lo que va de la gestión Milei” resultó uno de los factores centrales detrás del salto en los niveles de morosidad. A la vez, los analistas remarcaron que el deterioro del empleo formal —tanto público como privado— fue sustituido por trabajo en “servicios de baja productividad, principalmente cuentapropista y no registrado”.

La morosidad del crédito al sector privado prácticamente se quintuplicó en un lapso de 18 meses, pasando de 2% en noviembre de 2024 a 9,7% en mayo de 2026. El incumplimiento es más elevado en personas que en empresas: la tasa de mora en individuos alcanzó el 16,1% mientras que en compañías fue del 3,5 por ciento. Además, la situación es más grave en entidades no financieras, donde la morosidad tocó el 30,3%, frente al 7,6% en entidades financieras.

En tal sentido, la cantidad de personas en situación irregular creció de manera exponencial. En dos años, el número de deudores con retrasos pasó de 2,4 a 5,8 millones de argentinos. Equilibra puntualizó que “la población adulta de Argentina alcanza 34,7 millones, de los cuales 20,7 millones —casi 60%— tiene financiamiento formal”. Entre quienes tomaron crédito, el 28% figura actualmente en mora, un porcentaje que supera ampliamente el ratio entre monto en mora y el total prestado.

La morosidad no sólo afecta al crédito bancario. Equilibra advirtió que “a las familias no les alcanza el ingreso, la mora no es sólo con el crédito, también viene creciendo el atraso de pagos en expensas, prepagas, cuotas de clubes, etc.”.

El aumento de la carga financiera se combinó con un cambio en las condiciones crediticias. Durante este período, “la tasa de interés real de créditos a personas se volvió significativamente positiva” y dejó de licuarse por efecto de la inflación. En paralelo, trepó con fuerza en la previa electoral de 2025, en medio de una creciente presión cambiaria. Estas condiciones provocaron que, en sólo 24 meses, la carga de los servicios del crédito a personas en entidades financieras pasara de 8,7% al borde del 25% de la masa salarial formal.

El canal de crédito, especialmente en pesos y orientado a individuos, mostró una baja desde mediados de 2025, a medida que los bancos endurecieron las condiciones para otorgar financiamiento frente al crecimiento de la irregularidad en los pagos.

De acuerdo al reporte de Equilibra, la cantidad de personas que recurrió a préstamos en entidades financieras y no financieras aumentó de 17,1 a 20,7 millones en dos años. El salto puede responder tanto a una “mayor inclusión financiera, como a un boom de consumo o a crecientes dificultades para llegar a fin de mes”.

En este contexto, la suba de personas en mora fue explicada en gran parte por quienes sólo accedieron a préstamos no bancarios, por la dificultad de acceder a créditos bancarios tradicionales. “El incumplimiento de las personas que tomaron crédito sólo con entidades no financieras —por dificultad de acceso a préstamos bancarios— supera 50%”, destacó el documento.

Las diferencias también se reflejan en el plano generacional y geográfico. Solo el 40% de los jóvenes de 18 a 29 años accede al crédito formal, y casi el 40% de quienes sí lo hacen ya están en mora. En el norte del país, el porcentaje de personas en mora supera el 30%, mientras que en el centro y en provincias como Neuquén se ubica por debajo del promedio nacional.

Entre las respuestas del sistema financiero, las entidades comenzaron a ofrecer mayores plazos y menores tasas para regularizar deudas, aunque la consultora advierte que “no será sencillo sin una mejora significativa del ingreso disponible de las personas”. La falta de recuperación de la demanda interna y la exclusión de casi 6 millones de personas del acceso a préstamos formales configuran un panorama restrictivo para la economía local.

“La insuficiencia de ingresos de las familias no afecta sólo al repago de préstamos formales: los atrasos en expensas, pago de prepagas, cuotas de clubes, etc. también treparon. Pareciera que el boom de crédito escondió transitoriamente el deterioro de la hoja de balance de los agentes económicos. Por ende, revertir la anemia de la demanda interna de los últimos 5 trimestres no será sencillo”, concluyó Equilibra.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro ya pueden adherirse al nuevo plan de facilidades de pago implementado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El régimen permite regularizar deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026 mediante un esquema de financiación que contempla distintas condiciones de acuerdo con el perfil de cada contribuyente.

La medida fue establecida por la Resolución General 5875/2026 y alcanza también multas e intereses asociados a esas obligaciones. El plan no prevé condonaciones de capital, intereses ni sanciones, sino que ofrece la posibilidad de cancelar las deudas en cuotas dentro de un plazo determinado.

Quiénes pueden acceder

El régimen está destinado a tres grupos de contribuyentes.

1. Podrán adherirse las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Tramos 1 y 2) que cuenten con Certificado MiPyME vigente y la caracterización correspondiente en el Sistema Registral de ARCA.
2. También podrán incorporarse los pequeños contribuyentes, es decir, personas humanas y sucesiones indivisas identificadas con el código 547 del Sistema Registral.
3. El beneficio también alcanza a entidades sin fines de lucro, entre ellas asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, mutuales, consorcios de propietarios, cooperadoras e iglesias registradas ante ARCA.

Quedan excluidas las personas condenadas por determinados delitos tributarios o aduaneros con sentencia firme, las personas jurídicas cuyos directivos se encuentren en esa situación, los responsables solidarios respecto de las obligaciones incluidas y determinados garantes de deudas fiscales.

Cómo funciona el plan

El régimen contempla diferentes condiciones de financiación según el tipo de contribuyente.

Las Micro y Pequeñas Empresas, los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro podrán financiar obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social en hasta 18 cuotas. En el caso de las retenciones y percepciones impositivas, el máximo será de 9 cuotas.

Para acceder deberán realizar un pago a cuenta equivalente al 5% de la deuda consolidada. La tasa de financiación será del 2,75% mensual y tanto el anticipo como cada cuota deberán ser de, al menos, $50.000.

Las Medianas Empresas Tramos 1 y 2, en tanto, podrán acceder a planes de hasta 15 cuotas para obligaciones generales y de hasta 7 cuotas para retenciones y percepciones. En estos casos, el anticipo asciende al 10% de la deuda consolidada y la tasa de financiación también será del 2,75% mensual.

Los pagos serán mensuales, iguales y consecutivos.

El plan comprende obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026, junto con sus accesorios.

También permite incorporar retenciones y percepciones impositivas, obligaciones aduaneras vinculadas con tributos sobre importaciones y exportaciones y multas aplicadas hasta esa fecha.

En cambio, quedan excluidos distintos conceptos, entre ellos las retenciones y percepciones previsionales —con excepción de los aportes personales de trabajadores en relación de dependencia—, los anticipos y pagos a cuenta, determinadas obligaciones de IVA sobre servicios digitales prestados desde el exterior, aportes y contribuciones destinados a obras sociales, cuotas de planes de pago vigentes, obligaciones con las ART y otros conceptos expresamente previstos por la resolución.

Cómo adherirse y cuándo se pierde el beneficio

La adhesión deberá realizarse exclusivamente a través del servicio web “Mis Facilidades”, seleccionando la opción “Régimen Especial de Facilidades de Pago - Obligaciones vencidas al 30/06/2026”.

El plazo para incorporarse vence el 30 de octubre de 2026. Una vez realizado el pago a cuenta, la deuda quedará consolidada y el sistema generará automáticamente el plan. La normativa también establece que un mismo contribuyente podrá presentar más de un plan de facilidades.

El plan caducará automáticamente cuando el contribuyente acumule dos cuotas impagas, consecutivas o alternadas, y transcurran 60 días desde el vencimiento de la segunda.

También perderá vigencia cuando no se cancele la última cuota y pasen 60 días desde su vencimiento. En esos casos, ARCA podrá iniciar las acciones correspondientes para reclamar el cobro de la deuda pendiente.

El programa se llama Descuento por Liquidación Anticipada y aplica para quienes ya pagaron al menos el 75% de su deuda original, según con la descripción del programa, disponible en el portal oficial del Instituto.

El trámite se inicia en Mi Cuenta Infonavit a partir del día 10 de cada mes, y el pago debe hacerse en un solo depósito antes del último día hábil del mismo mes.

El beneficio existe porque el instituto reconoce el cumplimiento del acreditado: quien llegó a ese punto de su crédito lo hizo con pagos sostenidos durante años.

El Infonavit publica los montos elegibles a partir del día 10 de cada mes

El monto con descuento se publica mes a mes y puede variar.

Si el acreditado no realiza el pago en el periodo correspondiente, puede consultar el siguiente mes si sigue siendo candidato al beneficio.

El instituto valida los saldos el día 1 de cada mes. Si el saldo actual del crédito es menor o igual al saldo original —es decir, si no hay intereses acumulados que lo hayan inflado por encima del monto inicial—, el acreditado entra al cálculo.

Los montos con descuento quedan disponibles en la plataforma a partir del día 10.

El monto se calcula de forma individual para cada acreditado. Quien no pueda consultarlo en línea tiene dos opciones: acudir al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano o llamar a Infonatel al 800 008 3900.

Requisitos: saldo menor o igual al 25% del crédito original

Para ser elegible, el saldo pendiente debe ser igual o menor al 25% del monto original del crédito. Eso significa que el acreditado ya liquidó, al menos, tres cuartas partes de su deuda.

El segundo requisito es que el crédito no pertenezca a los productos excluidos del programa.

El Infonavit no aplica el descuento a créditos Infonavit Total, Infonavit Total AG, Mejoravit, Arrendavit, Tu Casa es Posible, ConstruYO, Fideicomisos, Segundo Crédito, Cumplir Cuenta ni Crediterreno.

Tampoco es aplicable a los créditos reestructurados bajo el programa de Responsabilidad Compartida antes de mayo de 2022 ni a créditos otorgados en ministraciones que no estén 100% ejercidos.

Cómo pagar: un solo depósito en banco autorizado antes del cierre del mes

El pago debe realizarse en un solo depósito por el monto exacto indicado en la plataforma, usando el número de crédito de 10 dígitos como referencia en cualquier banco autorizado. El plazo vence el último día hábil del mes.

El Infonavit recomienda imprimir la página con el monto a liquidar y guardar el comprobante de pago.

Los pagos recibidos el día 1 de cada mes no se consideran parte del monto a liquidar, porque ese día el instituto realiza el proceso de elegibilidad.

Pago incorrecto, excedente o liquidación total: qué le pasa a tu dinero en cada caso

Si el acreditado deposita menos del monto indicado, el descuento no aplica.

La elegibilidad se confirma mes a mes y no hay garantía de que el beneficio aplique en periodos futuros, de acuerdo con el Infonavit.

La cantidad abonada se suma al saldo del crédito y podrá consultarse el mes siguiente; el acreditado puede volver a intentarlo si sigue cumpliendo el requisito.

Si paga más del monto con descuento pero menos que el saldo total, el Infonavit aplica el descuento sobre el remanente.

El excedente no se devuelve: se absorbe como parte del pago. En los tres casos, el pago es irreversible.

Si en cambio liquida el 100% de la deuda sin usar el programa, el descuento ya no tiene efecto porque no queda saldo sobre el que aplicarlo.

El Infonavit tiene un programa llamado Apoyo a Jubilados que permite reducir la mensualidad de un crédito hipotecario al 25% de la jubilación o pensión mensual del derechohabiente.

Lo pueden solicitar quienes se pensionaron por cesantía o vejez, dejaron de cotizar al IMSS y llevan al menos 120 mensualidades pagadas.

El trámite se hace de forma presencial en el Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o en la Delegación del Infonavit más cercana al domicilio.

El beneficio existe para evitar que el peso de una mensualidad fija lleve al incumplimiento cuando los ingresos bajan con la jubilación.

Conocerlo puede marcar la diferencia entre mantener el crédito al corriente o no, al asegurar una mensualidad acorde a los ingresos de la jubilación.

El estado de cuenta del Infonavit: fecha de corte, saldo y mensualidad en un solo lugar

El estado de cuenta del crédito hipotecario es la herramienta básica para saber en qué punto está la deuda.

Según el portal oficial del Infonavit, en él se encuentran la fecha de corte, el importe de la mensualidad, lo que se ha pagado y lo que se debe, además de los intereses del mes que se aplicarán al saldo.

Se consulta en la página Mi Cuenta Infonavit, en la sección Mi Crédito, apartado Saldos y Movimientos.

La periodicidad de consulta depende de la situación laboral. Quienes tienen empleo formal y reciben el descuento por nómina pueden revisar su estado de cuenta de forma bimestral.

Quienes no tienen relación laboral formal lo pueden consultar mensualmente.

El sistema también envía un recordatorio al correo electrónico registrado para que el deudor descargue su estado de cuenta.

Qué gastos sí debes seguir pagando aunque el Infonavit reduzca tu mensualidad

Los seguros y comisiones no tienen descuento dentro del programa, por lo que se cubren de forma adicional al monto ajustado, de acuerdo con el portal oficial del Infonavit.

El apoyo aplica tanto para créditos denominados en Veces Salario Mínimo como para los denominados en pesos, sin importar la fecha de contratación.

Requisitos necesarios para tramitar el Apoyo a Jubilados

Para acceder al programa, el derechohabiente debe contar con una resolución de pensión por retiro, cesantía o vejez y no cotizar al IMSS al momento de la solicitud.

También debe haber pagado al menos 120 mensualidades completas y no estar en proceso jurídico por falta de pago.

Por último, el crédito no debe estar próximo a liquidarse: deben faltar más de 12 meses para terminar de pagarlo.

Los documentos requeridos son: identificación oficial vigente con fotografía —INE o pasaporte— y el original del dictamen o resolución de jubilación o pensión por retiro, cesantía en edad avanzada o vejez.

La resolución de jubilación debe estar emitida por el IMSS, ISSSTE, Afore o aseguradora.

Quien no pueda acudir personalmente puede designar a otra persona mediante poder notarial o carta poder. Esa persona deberá presentar dicho documento junto con su propia identificación oficial vigente.

Casos en los que el apoyo podría cancelarse

Una vez revisada la documentación, el Infonavit informa al solicitante cuál será su nueva mensualidad. Si la acepta, firma un convenio y recibe una copia.

El pago debe realizarse de forma completa y en los tiempos establecidos: si se incumple, se pierde el beneficio y la mensualidad regresa a las condiciones previas.

Si el beneficio se pierde por incumplimiento, la mensualidad regresa exactamente a las condiciones que tenía antes de firmar el convenio.

El programa se cancela de forma automática si el derechohabiente vuelve a cotizar al IMSS, ya que aplica exclusivamente para quienes no tienen trabajo formal.

El Apoyo a Jubilados puede solicitarse hasta tres veces durante la vida del crédito. Si se pierde, es necesario realizar dos pagos consecutivos para poder solicitarlo de nuevo.

La propuesta fue difundida por la cuenta de Instagram @finanzasnomadas, donde la influencer Gabriela Vila explica el sistema en un video que acumuló miles de reproducciones. En la publicación, la especialista utiliza como ejemplo un sueldo de 1.500 euros (equivale a 2.625.000 pesos argentinos) y, a partir de esa cifra, aplica una serie de multiplicaciones y divisiones que permiten visualizar de manera inmediata distintas metas financieras.

Aunque los cálculos que muestra Vila están expresados en euros, el sistema no depende de esa moneda en particular. Lo que la especialista propone es un esquema de proporciones que puede aplicarse a cualquier ingreso, sin importar en qué país o con qué divisa se perciba. Lo relevante, en definitiva, son las cuentas y los porcentajes que se desprenden de cada operación, no el valor de referencia utilizado en el ejemplo.

La descripción del video resume la lógica detrás de la propuesta. “Ganar más dinero no garantiza tranquilidad si no sabes cómo administrarlo”, señala el texto que acompaña la publicación. Y agrega: “Tener referencias para ahorrar, invertir y controlar tus gastos te ayuda a convertir tus ingresos en un verdadero plan financiero”. Según ese mismo texto, “cuando organizas tu dinero con objetivos claros, cada decisión tiene un propósito y resulta mucho más fácil avanzar hacia la libertad financiera”.

Las cinco operaciones que propone el método

El video comienza con la meta más ambiciosa del esquema: alcanzar la independencia financiera. Para eso, Vila propone tomar el sueldo mensual y multiplicarlo por 120. “Este es el valor que necesitas tener invertido para recibir tu sueldo sin necesidad de trabajar y vivir de rentas”, explica. En el ejemplo que utiliza, un sueldo de 1.500 euros multiplicado por 120 arroja un capital de 180.000 euros, que sería la suma necesaria para generar una renta mensual equivalente al ingreso original sin necesidad de trabajar. En moneda argentina, esto equivale a un monto de $315.000.000, considerando la cotización del euro en Banco Nación ($1.750 para la venta).

La segunda operación indica cuánto dinero debería destinarse cada mes para alcanzar esa meta. Allí, la cuenta consiste en multiplicar el sueldo por 0,2. “Este es el valor que necesitas invertir por mes para alcanzar la meta número uno”, detalla Vila, en el video que acumula más de un millón de reproducciones. En el caso del ejemplo, esa cifra equivale a 300 euros mensuales ($525.000), que sería el monto sugerido a invertir de manera sostenida hasta acumular el capital necesario para vivir de rentas.

El fondo de tranquilidad y los gastos mensuales

El tercer cálculo del método se vincula con una meta de ahorro de corto y mediano plazo, más accesible que la del punto de partida. En este caso, la operación consiste en multiplicar el sueldo por seis. “Esta es la primera meta de ahorro que necesitas para alcanzar tu fondo de tranquilidad”, indica la especialista. Tomando el mismo sueldo de referencia, esa cuenta da como resultado 9.000 euros o 15.750.000 pesos argentinos, un monto pensado para cubrir imprevistos o sostener un período sin ingresos.

A partir de ahí, el esquema avanza sobre los gastos cotidianos. La cuarta operación multiplica el sueldo por 0,3 y define el margen disponible para gastos variables durante el mes. “Este es el valor para gastar en el mes”, resume Vila en el video, y en el ejemplo equivale a 450 euros ($787.500). Por último, la quinta cuenta divide el sueldo por dos y establece un techo para los gastos fijos. “Este debe ser el valor máximo para cubrir tus gastos fijos: luz, electricidad, Internet, alquiler, etcétera”, precisa la especialista, lo que en el caso del ejemplo arroja un límite de 750 euros ($1.312.500).

Control financiero antes que mayores ingresos

Al cierre del video, Vila plantea la idea central que atraviesa todo el método. “Estos valores son referencias ideales que podés adoptar como modelo”, afirma, y remarca que el objetivo no pasa por incrementar los ingresos sino por ordenar su administración. “Acá lo que quiero que veas es que no necesitas ganar más dinero, sino que necesitas más control financiero”, concluye.

Esa idea también aparece reflejada en la descripción de la publicación, donde se sostiene que “todo empieza con el control de tus finanzas, no con aumentar tu sueldo”. El planteo ubica al orden y a la planificación como el punto de partida para avanzar hacia una situación económica más estable, antes que la búsqueda de un ingreso mayor.

Un método que se apoya en una regla ya conocida

Detrás de esta propuesta se reconoce, en parte, la lógica de la regla 50/30/20, un método de organización financiera ya difundido previamente por distintas entidades. Según la explicación difundida por NaranjaX, ese esquema propone dividir los ingresos en tres grandes categorías: un 50% destinado a las necesidades básicas, como el alquiler, los servicios, el transporte y la alimentación; un 30% para los denominados deseos, es decir, gastos vinculados al estilo de vida, como salidas, suscripciones o actividades recreativas; y un 20% reservado para el ahorro o el pago de deudas.

Esa misma fuente detalla que el tramo del 20% cumple una función central en la estabilidad financiera de mediano plazo. Allí se recomienda construir un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de gastos básicos, además de destinar parte de ese porcentaje al pago de deudas pendientes y, una vez cubiertos esos dos frentes, a la inversión.

En ese punto se encuentra una de las coincidencias entre ambos esquemas: mientras la regla 50/30/20 fija un fondo de emergencia de entre tres y seis meses de gastos, el método difundido por Vila propone una meta similar, aunque calculada directamente sobre el sueldo y no sobre los gastos básicos, al establecer como primer objetivo de ahorro un monto equivalente a seis sueldos mensuales.

La coincidencia entre ambos sistemas también se refleja en el techo que se establece para los gastos fijos. Dentro de la regla 50/30/20 ese 50% del ingreso debe cubrir el alquiler o la hipoteca, los servicios de agua, luz, gas e internet, el transporte y la alimentación esencial, sin margen para gastos superfluos. El mismo porcentaje aparece en el método de Vila, cuando fija en la mitad del sueldo el límite máximo destinado a los gastos fijos mensuales.

Hoy en día, muchísimas personas, sobre todo jóvenes, enfrentan dificultades para tener una cuenta o un producto financiero. Algunos nunca han tenido una tarjeta, otros no cumplen con los requisitos que piden los bancos, y muchos ni siquiera han considerado la idea de pedir un préstamo por lo complicado que puede parecer.

Lo cierto es que la inclusión financiera sigue siendo uno de los grandes pendientes del país. Aunque millones de personas tienen un celular en la mano, no todas cuentan con una cuenta bancaria o acceso a servicios que les permitan ahorrar, pedir un crédito o pagar de forma digital.

Las soluciones digitales están ayudando a cambiar esa experiencia. Desde una aplicación en el celular, cualquier persona puede conocer opciones de crédito, solicitar una tarjeta o hacer pagos diarios sin tener que ir a una sucursal, llenar formularios ni pagar comisiones que no siempre se entienden. Y lo más importante: estos servicios ponen en manos del usuario una nueva forma de planificar sus gastos, gestionar su dinero y realizar pagos desde un solo lugar, en un solo clic.

En esta línea, DiDi se ha posicionado como un actor clave con soluciones que ya están siendo utilizadas por millones de personas en México: DiDi Préstamos, DiDi Card y DiDi Pay. Todas funcionan desde la misma app y buscan que el manejo del dinero sea más accesible, ágil y flexible para quienes necesitan soluciones reales en su día a día.

Esa combinación de simplicidad, agilidad y control financiero empieza a marcar la diferencia en la vida cotidiana de muchas personas.

Todo en una sola app, sin vueltas

Uno de los puntos fuertes de esta propuesta es que todos los servicios financieros están concentrados en la misma app: se puede pedir un préstamo, usar una tarjeta, hacer pagos y tener el control del dinero en un solo lugar.

Y como muchas personas ya conocen la aplicación por los servicios de transporte o comida, no hay que empezar desde cero. Solo es cuestión de explorar lo nuevo que se ofrece desde el mismo espacio. A continuación, te compartimos las principales soluciones financieras que ofrece la DiDi:

La primera tarjeta

Tener una tarjeta puede parecer algo común, pero en realidad no lo es para todos. Hay muchas personas que nunca han tenido una, y que ahora están empezando a manejar su dinero de forma más organizada gracias a opciones pensadas justamente para eso.

Con DiDi Card, más de un millón de personas ya dieron ese paso. Es más, de acuerdo con datos de la empresa, entre julio y octubre de 2024, el 60% de los solicitantes no contaban previamente con tarjeta de crédito. ¿Por qué se animaron ahora? Porque esta tarjeta no cobra anualidad y ofrece cashback por compras.

Todo esto hace que sea una alternativa ideal para quienes buscan empezar a manejar su plata, controlar sus gastos y construir un historial financiero sin pagar de más.

Apoyo económico cuando más se necesita

Cuando surge una emergencia o simplemente se necesita una mano extra para llegar a fin de mes, poder acceder a un préstamo sin complicaciones puede marcar una gran diferencia. Por eso, DiDi Préstamos ofrece hasta $30,000 pesos de forma sencilla, sin tantos requisitos y todo desde el celular.

Lo que está pasando con este servicio es que muchas personas están confiando en él. Entre julio y octubre de 2024, el 74% de quienes lo solicitaron no habían acudido a otra institución en los tres meses anteriores. Eso habla de una opción que realmente abre la puerta a nuevos usuarios.

También hay otro dato importante: el 47% de los préstamos fueron para mujeres, lo cual muestra que estas herramientas están ayudando a reducir desigualdades en el acceso al dinero. Especialmente en momentos difíciles, contar con un crédito rápido, confiable y fácil de gestionar puede ser clave.

Hacer pagos desde el celular sin perder tiempo

Ir al banco o hacer fila para pagar un servicio ya no tiene sentido si se puede hacer todo desde el teléfono. DiDi Pay creció un 400% en 2024 y ya registra más de 10 millones de pagos, lo cual muestra lo útil que ha sido para muchas personas.

Con este servicio se puede pagar la luz, el agua, hacer recargas de tiempo aire, o comprar tarjetas de regalo sin comisiones ni complicaciones. Todo queda registrado y se hace en segundos. Para quienes viven ocupados o quieren evitar traslados, es una forma muy práctica de tener todo bajo control.

Tecnología que está cambiando la forma de manejar el dinero

Lo que está ocurriendo no es solo una cuestión de números, sino de hábitos. Las personas están descubriendo que pueden tomar decisiones financieras más fáciles, rápidas y seguras, sin tener que depender de trámites largos o visitas al banco.

Al final del día, se trata de tener más herramientas a mano: pedir ayuda económica cuando hace falta, pagar sin moverse de casa o gestionar compras con beneficios. Todo eso ahora es posible desde una aplicación que, en pocos pasos, pone los servicios financieros al alcance de más gente.

A mitad de 2024, DiDi dio un paso clave al obtener permiso para operar una SOFIPO (Sociedad Financiera Popular). Esto significa que puede ofrecer nuevas soluciones a los mexicanos operando bajo estricta supervisión regulatoria de la CNBV y la CONDUSEF, y brindando mayor seguridad y confianza.

Con esta figura legal, se abren nuevas posibilidades para crear productos financieros pensados especialmente para quienes no tienen acceso a un banco tradicional.

Servicios financieros a nivel global: la experiencia de 99Pay de DiDi en Brasil

Desde julio de 2020, 99Pay se ha convertido en la primera cuenta digital creada por una app de movilidad en Brasil, facilitando el acceso financiero a la población no bancarizada. Actualmente, cuenta con más de 20 millones de usuarios, y esta exitosa experiencia refuerza la capacidad de DiDi para desarrollar e implementar soluciones financieras digitales que promueven la inclusión y brindan acceso a servicios financieros a millones de mexicanos.

Liquidar una deuda con una tienda departamental no borra su rastro del Buró de Crédito: el registro del atraso permanece visible en el historial crediticio durante años y puede impedir la aprobación de un crédito hipotecario, aunque el saldo sea cero.

Así lo establece la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, supervisada por el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La norma aplica por igual a bancos, tiendas departamentales, fintechs y cualquier otorgante de crédito que reporte a una Sociedad de Información Crediticia (SIC).

Pagar no es lo mismo que borrar

Cuando se liquida una deuda con atrasos, el Buró actualiza el estatus de la cuenta: pasa de “impaga” a “liquidada con atraso”. Pero los registros de incumplimiento no desaparecen.

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el Buró de Crédito no es una lista negra ni una herramienta punitiva: es una base de datos que documenta el comportamiento financiero de cada persona, tanto los pagos puntuales como los retrasos.

Lo que sí cambia al pagar es la señal que reciben los bancos. Un estatus de “liquidada” es mejor que “impaga”, pero los atrasos previos siguen visibles para cualquier institución que consulte el historial.

Por qué el Buró tarda semanas en reflejar el pago

El Buró de Crédito no se actualiza en tiempo real. Los otorgantes —bancos, tiendas departamentales, fintechs— están obligados a reportar mensualmente el comportamiento de sus clientes a las SIC. Cada institución tiene su propio día de corte.

La CNBV precisa que, una vez realizado el pago, el otorgante tiene cinco días hábiles para notificar el cambio a la SIC. El Buró incorpora esa información en un plazo de hasta 72 horas tras recibirla.

En la práctica, el ciclo completo puede tomar entre 10 y 45 días naturales. Dos personas que pagaron el mismo día pueden ver el cambio reflejado en fechas distintas, dependiendo del corte interno de cada institución.

Cuánto tiempo permanece el registro negativo

Los plazos de eliminación están fijados en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y se miden en Unidades de Inversión (UDIS), cuyo valor publica el Banco de México de forma diaria. En julio de 2026, una UDI ronda los $8.24 pesos mexicanos.

Los plazos vigentes son:

Deudas menores a 25 UDIS (~$206 MXN): 1 año

Deudas de 25 a 500 UDIS (~$4,121 MXN): 2 años

Deudas de 500 a 1,000 UDIS (~$8,241 MXN): 4 años

Deudas mayores a 1,000 UDIS: 6 años

El contador arranca desde la primera vez que el otorgante reportó el atraso a la SIC, no desde la fecha en que se liquidó la deuda. Si la deuda está en proceso judicial o involucra fraude comprobado, el registro puede permanecer de forma indefinida.

El efecto directo sobre la hipoteca

Cuando una institución financiera evalúa una solicitud de crédito hipotecario, revisa el historial completo del solicitante: atrasos recientes, quitas, reestructuras e impagos. El score crediticio —que va de 400 a 850 puntos— sintetiza ese comportamiento.

Según información de la CONDUSEF, algunos bancos rechazan de forma automática solicitudes con más de un mes de atraso registrado en los últimos 12 meses. Un perfil con score por debajo de 550 puntos se considera de muy difícil aprobación, incluso si la deuda que generó el atraso ya fue saldada.

Una deuda de tienda departamental mayor a 1,000 UDIS con historial de incumplimiento puede mantenerse visible en el Buró hasta seis años desde el primer reporte, período durante el cual cualquier solicitud hipotecaria quedará condicionada por esa marca.

Qué hacer si el pago no aparece en el historial

Si transcurridos 40 días naturales el pago no se refleja en el Reporte de Crédito Especial, la CONDUSEF recomienda contactar primero al otorgante para confirmar que el movimiento fue reportado.

Si el problema persiste, el deudor puede presentar una reclamación gratuita directamente ante el Buró de Crédito, con derecho a dos reclamaciones sin costo al año. La institución tiene 29 días hábiles para investigar y emitir una resolución.

En caso de que el otorgante sea una tienda comercial y no responda, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) puede intervenir como instancia de mediación. La CONDUSEF, por su parte, puede obligar al otorgante a revisar o corregir la información reportada, aunque no tiene facultad para modificar directamente el registro en el Buró.

Ninguna institución ni empresa puede eliminar legalmente un registro negativo verificado antes de que venza el plazo que establece la ley. La CONDUSEF advierte que las empresas que ofrecen “limpiar” el Buró a cambio de dinero operan al margen de la norma.

En México, deber dinero no es un delito. El impago de un préstamo, una tarjeta de crédito o cualquier deuda civil no lleva a prisión. La consecuencia ordinaria es patrimonial: el acreedor puede iniciar un proceso judicial civil y solicitar embargos sobre bienes o ingresos del deudor, pero no exigir su encarcelamiento.

Así lo establece el artículo 17 de la Constitución Política, que prohíbe de forma expresa la prisión por deudas de carácter civil.

Sin embargo, existe una excepción que sí activa el derecho penal, y tiene que ver con lo que ocurrió antes de firmar el contrato.

Cuándo una deuda deja de ser asunto civil

Si al solicitar un crédito el deudor utilizó un engaño para obtenerlo —falsear ingresos, presentar documentación apócrifa, usar una identidad ajena o simular una solvencia inexistente—, el impago posterior puede dejar de ser un problema civil y convertirse en un delito de fraude.

El artículo 386 del Código Penal Federal define el fraude como la conducta de quien, engañando a otro o aprovechándose del error en que este se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. La clave es que el engaño debe existir desde el inicio de la operación, no que el pago no llegue después.

No pagar un préstamo porque sobrevino una pérdida de empleo, una enfermedad u otra circunstancia involuntaria no constituye delito. Lo que penaliza el Código Penal no es la insolvencia real, sino la intención fraudulenta demostrable desde el momento en que se firmó el contrato.

Las penas, según el monto defraudado

El artículo 386 establece tres tramos de sanción según la cuantía del fraude, tomando como referencia el salario mínimo vigente:

• Cuando lo defraudado no excede de diez veces el salario: prisión de tres días a seis meses, o multa de 30 a 180 días.
• Cuando supera las diez veces el salario, pero no las 500: prisión de seis meses a tres años y multa de 10 a 100 veces el salario.
• Cuando lo defraudado supera las 500 veces el salario: prisión de tres a doce años y multa de hasta 120 veces el salario.

A mayor monto obtenido mediante el engaño, mayor es la pena. El umbral de 500 salarios mínimos es el que puede derivar en una condena de hasta 12 años de cárcel.

El fraude con identidad ajena, una modalidad en alza

Una de las formas más frecuentes de fraude crediticio en México es la suplantación de identidad: usar la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) o los datos personales de otra persona para solicitar créditos sin su consentimiento.

Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), al cierre del tercer trimestre de 2025 el monto reclamado por robo de identidad al sector bancario llegó a mil 122 millones de pesos, 22.5% por encima del mismo periodo del año anterior. La Guardia Nacional registró un aumento de 327% en casos de usurpación de identidad entre 2024 y 2025, al pasar de mil 590 a seis mil 791 registros.

Quien usa una credencial del INE ajena para solicitar un crédito puede enfrentar cargos simultáneos por fraude y falsificación de documentos públicos, con penas que varían según el daño económico causado y las circunstancias del caso.

Otras conductas que también pueden derivar en prisión

Más allá del engaño en la solicitud, el Código Penal Federal recoge otra figura que puede llevar a la cárcel en el contexto de deudas: la insolvencia provocada.

El artículo 388 Bis castiga con prisión de seis meses a cuatro años y multa de 50 a 300 días a quien se coloca deliberadamente en estado de insolvencia con el propósito de eludir las obligaciones a su cargo frente a los acreedores.

No se sanciona la insolvencia real derivada de una crisis económica genuina, sino las maniobras intencionales para aparentar no tener bienes: transferir propiedades a terceros, vaciar cuentas o simular deudas inexistentes antes de un proceso de cobro.

La gratificación de julio representa para miles de trabajadores un ingreso adicional que puede convertirse en una oportunidad para ordenar sus finanzas personales. Este beneficio laboral, entregado por Fiestas Patrias a los trabajadores del sector privado que cumplen con los requisitos establecidos por ley, suele ser utilizado para cubrir gastos pendientes, realizar compras o afrontar compromisos económicos acumulados.

Sin embargo, especialistas en finanzas personales recomiendan evaluar cuidadosamente el destino de este dinero antes de gastarlo. En el caso de quienes mantienen deudas, la gratificación puede ser una herramienta para reducir obligaciones financieras, especialmente aquellas que generan mayores intereses, y evitar que los pagos se prolonguen durante más tiempo.

Priorizar el pago de deudas con mayores intereses

Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), señaló que quienes tienen deudas deberían utilizar la mayor parte de la gratificación para reducir sus obligaciones financieras.

La especialista recomendó destinar entre 70% y 90% del monto recibido al pago de deudas, mientras que el porcentaje restante puede orientarse a la creación de un fondo de emergencia.

El objetivo es aprovechar este ingreso extraordinario para disminuir la carga financiera y evitar que las deudas continúen acumulando intereses, especialmente en productos como tarjetas de crédito u otros créditos con costos elevados.

¿Qué deuda conviene pagar primero?

Antes de realizar un pago, es importante identificar cuáles son las obligaciones que representan un mayor costo financiero. Según la especialista, se debe priorizar aquellas deudas que tienen tasas de interés más altas.

Por ejemplo, si una persona mantiene varios compromisos financieros, puede resultar más conveniente adelantar pagos en una deuda con intereses elevados antes que cancelar una obligación con menor costo financiero.

De esta manera, el trabajador puede reducir el monto total que terminará pagando por el crédito y mejorar progresivamente su situación económica.

Reservar una parte para emergencias

Aunque el pago de deudas debe ser una prioridad para quienes tienen obligaciones pendientes, Sícoli también plantea la importancia de conservar una parte del dinero recibido para contar con un respaldo económico.

Contar con un fondo de emergencia permite afrontar gastos inesperados sin recurrir nuevamente a préstamos o al uso de tarjetas de crédito, evitando caer en un nuevo ciclo de endeudamiento.

La proporción destinada a este fondo dependerá de la situación de cada persona, sus ingresos, gastos mensuales y nivel de endeudamiento.

¿Conviene invertir la gratificación?

Para quienes no tienen deudas o ya cuentan con una situación financiera estable, la gratificación puede ser evaluada como una oportunidad para otras alternativas, como el ahorro o la inversión.

No obstante, la especialista recomienda que las personas consideren primero su situación financiera antes de asumir opciones de inversión, debido a que estas pueden implicar distintos niveles de riesgo.

La elección dependerá del perfil de cada trabajador, sus objetivos financieros y el nivel de conocimiento que tenga sobre los instrumentos disponibles.

Errores que se deben evitar al recibir este ingreso

Uno de los principales riesgos al recibir una gratificación es destinar todo el dinero a gastos inmediatos sin considerar las obligaciones pendientes. Los especialistas recomiendan realizar primero una evaluación de la situación financiera personal y establecer prioridades.

Antes de utilizar este ingreso adicional, es recomendable elaborar una lista de deudas, revisar los intereses que genera cada una y definir un plan de pago que permita mejorar la economía del hogar.

De esta manera, la gratificación de julio puede convertirse en una oportunidad para reducir compromisos financieros y fortalecer la estabilidad económica en los siguientes meses.

Las aplicaciones de préstamos fraudulentas, conocidas como “montadeudas”, registraron más de cinco mil 800 reportes ante la Policía Cibernética de la Ciudad de México solo entre enero y febrero de 2026. La Unidad de Inteligencia Cibernética de la PDI emite una serie de recomendaciones para que la ciudadanía no caiga en este esquema de fraude y extorsión.

Estas plataformas operan sin registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ni ante la CONDUSEF. Se presentan como instituciones financieras legales y atraen a sus víctimas mediante publicidad engañosa en redes sociales que promete dinero inmediato, sin historial crediticio y sin documentación.

Cómo operan los montadeudas

Al momento de la descarga, la aplicación solicita permisos para acceder a los contactos, la galería de fotos, la ubicación y los archivos del teléfono. Con esa información, los operadores presionan al deudor con mensajes difamatorios enviados a sus familiares y círculos sociales.

Una vez entregado el préstamo, los intereses suben sin previo aviso. Si el usuario se retrasa en el pago, comienzan las amenazas, los insultos y las extorsiones directas para forzar la liquidación de montos muy superiores a los pactados.

La doctora en derecho Erika Vanesa García Rico lo describe así: “Las aplicaciones ‘montadeudas’ otorgan préstamos aparentemente sin garantías y con bajos intereses, pero cambian las condiciones sin previo aviso“. Eso las vuelve impagables y abre la puerta a la extorsión sistemática.

Recomendaciones de la PDI para no ser víctima

1. Verifica el listado de prestamistas con reporte de fraude. Antes de descargar cualquier aplicación de préstamo, consulta el registro del Consejo Ciudadano disponible en consejociudadanomx.org. Si la plataforma aparece en ese listado, no la instales bajo ninguna circunstancia.

2. Confirma el registro ante la CONDUSEF. Toda aplicación financiera que opere legalmente en México debe estar inscrita en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros). Una búsqueda rápida en ese portal confirma si la plataforma es legítima antes de aceptar cualquier crédito.

3. Lee los términos y condiciones antes de aceptar. Ningún préstamo debe aceptarse sin revisar el contrato completo. Las instituciones reguladas especifican con claridad los montos, las fechas de pago y las tasas de interés sin cambiarlas después.

4. Desconfía de anuncios en redes sociales que prometan préstamos rápidos y sin restricciones. Ese tipo de publicidad es una señal de alerta. Las financieras legales no operan exclusivamente a través de promociones en plataformas digitales ni ofrecen aprobación sin ningún tipo de verificación.

5. Lee los comentarios de otros usuarios antes de instalar. Las reseñas y calificaciones en las tiendas de aplicaciones revelan experiencias previas. Una app con quejas reiteradas sobre cobros abusivos o acoso debe descartarse de inmediato.

6. Otorga solo los permisos básicos al instalar cualquier aplicación. Si una app de préstamos solicita acceso a tus contactos, cámara, fotos, micrófono o ubicación, cancela la instalación. Esos permisos son la materia prima del esquema de extorsión.

7. No compartas datos personales ni bancarios a través de aplicaciones no verificadas. Las instituciones reguladas no solicitan identificaciones oficiales ni información de tarjetas por canales informales. Cualquier solicitud de ese tipo es una señal de fraude.

8. No cedas ante amenazas ni realices pagos indebidos. Ángel González Badillo, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, advierte que “aunque pagues la deuda, ellos seguirán exigiendo más”. Pagar no detiene el acoso; solo lo alimenta.

Qué hacer si ya eres víctima

9. Alerta a tus contactos de inmediato. Pídeles que reporten y bloqueen los mensajes provenientes de números desconocidos. Eso limita el alcance del daño a tu reputación y reduce la presión que ejercen los operadores.

10. Elimina el contenido personal del dispositivo. Antes de desinstalar la aplicación, realiza capturas de pantalla de las conversaciones dentro de la plataforma, los montos del depósito y los pagos ya efectuados. Esas imágenes son la prueba para la denuncia.

11. Bloquea los permisos concedidos y cambia tus contraseñas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX recomienda revocar de inmediato el acceso que la app tiene sobre el dispositivo y actualizar todas las claves de acceso a cuentas bancarias y redes sociales.

12. Presenta la denuncia ante el Ministerio Público más cercano. Acude con las capturas de pantalla como respaldo. La extorsión está contemplada en el Código Penal Federal con penas de hasta ocho años de prisión, y las autoridades cuentan con facultades para actuar contra estas plataformas.

13. Comunícate al Consejo Ciudadano. La línea 55 5533 5533 ofrece orientación jurídica gratuita y confidencial para víctimas de montadeudas. El servicio está disponible para cualquier persona que haya sido objeto de acoso o extorsión por parte de estas aplicaciones.

14. Contacta a la Unidad de Inteligencia Cibernética de la PDI. La dependencia atiende reportes a través del número (55) 5242 6489 y del correo ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx. Documentar cada intento de extorsión y notificarlo a las autoridades es el paso que más dificulta la operación de estas redes.

15. Denuncia ante la Policía Cibernética de tu entidad. El directorio de unidades estatales está disponible en gob.mx/sspc. Cada reporte fortalece la base de datos que permite identificar, rastrear y desmantelar las redes de montadeudas que operan en el país.

Felipe VI tuvo que tirar de los ahorros que tiene la Casa de Su Majestad el Rey para poner en orden las cuentas de la institución, teniendo en cuenta que la asignación que recibe del Estado está congelada desde el año 2023, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó los últimos presupuestos. Esa asignación es de 8.431.150 euros. No fue suficiente. A lo largo del ejercicio 2025 la Casa del Rey tuvo que realizar ocho modificaciones, de las que cinco fueron “transferencias presupuestarias” (traspasos de dotaciones entre créditos sin alterar la cuantía total del presupuesto) y tres fueron “suplementos de crédito” valorados en 983.403 euros procedentes del fondo de remanentes de la propia Casa.

Es decir, de sus ahorros. Es una de las principales conclusiones de la auditoría que el Tribunal de Cuentas ha publicado esta misma semana tras analizar las cuentas de la monarquía española. Estos tres “suplementos de crédito no suponen ingresos adicionales, sino la utilización de recursos financieros propios de la Casa de Su Majestad el Rey, por lo que su aprobación supone un incremento del presupuesto total del ejercicio con cargo a los fondos propios del organismo, lo que ha producido una disminución de la Tesorería", explica el órgano fiscalizador.

¿Por qué ha tenido que tirar Felipe VI de sus ahorros? Para financiar un objetivo y actualizar los salarios de su personal. En primer lugar, estos suplementos de crédito se han destinado a pagar “el proceso de transformación digital y modernización de la Casa” que el rey ha querido poner en marcha. Cuando Felipe VI ascendió al trono, el rey y la reina decidieron cambiar muchas cosas en la familia real, empezando por la comunicación: más cercanos, más directos y con mensajes muy estudiados. Y también, incorporando sistemas más seguros y más modernos. La Casa aprobó un “proyecto de prestación de servicios seguros de comunicaciones y tecnologías de la información” y un Plan Estratégico 2025-2026 para la financiación de los desarrollos de sistemas de información. Solo en comunicaciones telefónicas, el gasto en 2025 ascendió a 719.323 euros.

En segundo lugar, Felipe VI ha tenido que afrontar las actualizaciones retributivas fijadas en el ‘Real Decreto Ley 14/2025′, que aprobó subidas salariales del 2,5%. Los miembros de la Familia Real recibieron el año pasado salarios que suman 571.371 euros, mientras que las nóminas de los altos cargos y personal que trabaja para la institución alcanzaron los 3.799.085, cantidad a la que hay que sumar otros 548.926 euros en cargas sociales. Para afrontar esta subida, el Consejo de Ministros aprobó el 23 de diciembre de 2025 una transferencia adicional de 250.000 euros destinada a financiar las subidas retributivas. Sin embargo, ese dinero no llegó a la cuenta de la Casa del Rey hasta el 5 de enero de 2026, ya en el ejercicio siguiente.

Tesorería resentida

Por el principio contable de devengo, esa cantidad figura como derecho pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2025, aunque presupuestariamente se imputará a 2026. Un desfase que ha obligado a tirar de los remanentes de tesorería, una tesorería que se ha resentido. A 31 de diciembre de 2025, el saldo en las cuentas de tesorería de la Casa del Rey ascendía a 4.132.954 euros, dinero que se encuentra depositado principalmente en cuentas bancarias, en el Banco de España, y en caja (efectivo disponible). Unos depósitos que producen intereses: 146.623,84 euros.

La tesorería actual es inferior (en 810.000 euros) a la existente a 31 de diciembre de 2024 (4.943.512,31 euros), “debido principalmente a que la asignación procedente de los Presupuestos Generales del Estado no ha sido suficiente para financiar el gasto y ha sido de nuevo preciso acudir al fondo de remanentes”, recalcan desde el Tribunal de Cuentas. La auditoría también revela que la Casa del Rey mantiene deudas con acreedores que se elevan a los 797.948 euros. Es la partida de pasivo más significativa e incluye deudas por operaciones devengadas (527.877 euros) y deudas con la Hacienda Pública por retenciones de IRPF y con la Seguridad Social derivadas de las nóminas de diciembre de 2025.

En el apartado de gastos, la Casa del Rey ha desembolsado 106.800 euros en el arrendamiento de medios de transporte, aunque los viajes oficiales de la Familia Real son sufragados por el Estado, 693.000 euros en contratar servicios de otros profesionales y 689.000 euros en atenciones protocolarias. El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha alcanzado el 99,74%, una cifra que demuestra que la institución ha agotado prácticamente hasta el último euro disponible para cuadrar su actividad anual. A pesar de estos datos, el Tribunal de Cuentas no ha detectado irregularidades de fondo. En su dictamen, firmado por la presidenta Enriqueta Chicano, concluye que las cuentas “expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera” de la institución, y afirma que “no existen cuestiones clave o riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar”.

Se intensificó el escenario de incertidumbre jurídica y financiera que enfrenta el Colegio Refous Roland Jeangros S.A.S. que continúa en el proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116 de 2006, con pasivos que ya superan los 63.000 millones de pesos.

El curso del procedimiento entró en una nueva etapa preocupante para los acreedores de la institución, que insisten en cuestionar la información financiera presentada por la entidad educativa y advierten sobre nuevas inconsistencias en los activos reportados ante la Superintendencia de Sociedades.

Los nuevos detalles del litigio se centran en dos aspectos: además de las presuntas inconsistencias en la información financiera entregada por el colegio, se reportó la aparición de inmuebles en la relación de activos del colegio, cuya titularidad no correspondería a la sociedad, así como la ausencia de documentos de soporte.

Aunque la administración del Colegio Refous sostiene que solo identificó las matrículas de los terrenos donde opera la institución, los acreedores consideran que las explicaciones no resuelven las observaciones formuladas por la autoridad.

En medio del lío entre las partes, el equipo legal de los demandantes, entre ellos la firma Estructuración, acudió al mecanismo de ejecución de garantías, que, de acuerdo con la definición del Centro de Arbitraje y Conciliación —vigilado por el Ministerio de Justicia— es un servicio en el cual “el acreedor garantizado tiene la posibilidad de que en el momento en que el deudor incumpla con el pago de la obligación (crédito), pueda acceder a un procedimiento especial para hacer efectiva la garantía y obtener el pago de su acreencia”.

Al respecto, los demandantes reportaron que “las directivas del colegio sostienen que se busca afectar la operación educativa o ‘apropiarse’ de los terrenos”; sin embargo, justificaron el hecho como ”un ejercicio legítimo de recuperación de cartera y no una estrategia de despojo, como han sugerido algunos directivos del colegio".

“Cualquier acreedor que enfrenta un incumplimiento prolongado está facultado para acudir a las herramientas que le otorga la ley para proteger su crédito. Lo que se busca es recuperar el dinero que se prestó de buena fe, no quedarse con bienes de manera caprichosa. Ese nunca fue el objeto del negocio jurídico celebrado”, afirmó Carlos Ramírez, abogado de la firma afectada.

Adicionalmente, algunos demandantes consideran que las explicaciones suministradas desde la institución buscan “dilatar la revisión de los activos y la toma de decisiones dentro de la reorganización empresarial.

“La información incompleta o susceptible de interpretaciones genera nuevos requerimientos, solicitudes de documentos y verificaciones adicionales por parte de las autoridades”, indicaron los voceros de los demandantes.

Por su parte, la Superintendencia de Sociedades solicitó información complementaria y aclaraciones sobre lo ya aportado debido a las inconsistencias que persisten, y advirtieron las consecuencias legales del incumplimiento de las cargas procesales y la falta de claridad en los estados financieros. Hasta el momento, las partes siguen a la espera de una mayor transparencia.

Los padres de familia están preocupados por la situación

El proceso ya es de conocimiento por parte de los padres de familia que, ante las inquietudes, participaron en una reunión convocada por las directivas del plantel educativo. Durante el encuentro, la administración afirmó que la situación financiera y jurídica está bajo control y que la continuidad de la institución no corre riesgo.

Sin embargo, algunos padres señalaron que el hecho de “acogerse a un mecanismo de insolvencia — conocido como reorganización o admisión de deudor—" deja en evidencia dificultades financieras que requieren intervención y seguimiento, y cuestionan la supuesta protección total de los activos.

Pese a que se sigue desarrollando el proceso de reorganización, los acreedores indicaron a este medio que el patrimonio del deudor —el colegio—es la garantía general de sus obligaciones y que, si los bienes que respaldan la operación pertenecen a terceros, la viabilidad de un acuerdo a largo plazo se ve comprometida, con el riesgo de una posible liquidación judicial.

“Cientos de acreedores, que van desde entidades financieras hasta pequeñas y medianas empresas, enfrentan un complejo escenario de incertidumbre, congelamiento de flujos de caja y el reto de descifrar la verdadera realidad patrimonial de su deudor”, confirmaron.

Mientras tanto, la administración del colegio ha anunciado proyectos de internacionalización y la posible adopción del Bachillerato Internacional (IB), aunque varios padres consideran que la prioridad debe ser la entrega de información clara y verificable sobre la situación financiera del colegio.

El Banco Provincia presentó “Ponete al día”, un plan de refinanciación dirigido a personas en situación de morosidad hasta el 31 de mayo con el objetivo de ofrecer alivio financiero y facilitar la regularización de deudas mediante reducción de tasas, ampliación de plazos y condiciones más accesibles.

En medio de una mora récord, que en mayo volvió a tocar el mayor nivel en más de 20 años, el nuevo esquema contempla una baja de tasas y la posibilidad de extender los plazos de refinanciación hasta 72 meses, con alternativas segmentadas según el perfil y la situación crediticia de cada cliente.

Refinanciación para mora temprana y avanzada

“Ponete al día” diferencia entre dos tipos de mora: temprana y avanzada. Para la mora temprana, definida como hasta 90 días de atraso, quienes cobren sueldos, jubilaciones o pensiones en el Banco podrán acceder a una tasa anual del 50 por ciento. Para aquellas personas cuyos ingresos no superen los cuatro salarios mínimos ($1.470.000), la tasa se reduce al 39% anual. En este segmento, la cuota mensual estimada por cada $1.000.000 de deuda, a 72 meses, es de 36.110 pesos.

En el caso de mora avanzada, es decir, cuando el atraso supera los 90 días, se ofrece una tasa especial del 31% anual, destinada exclusivamente a personas en situación de sobreendeudamiento, aquellas que, con una tasa convencional, verían comprometido más del 50% de sus ingresos. En estos casos, la cuota mensual estimada por cada $1.000.000 de deuda, también a 72 meses, es de 30.732 pesos.

Además, hay una tasa diferenciada del 32,5% anual para trabajadores del sector público que cobran haberes y/o beneficios previsionales en el banco y se encuentren en mora avanzada.

Plan especial para tarjetas de crédito

El comunicado detalla una opción específica para quienes necesitan refinanciar deudas generadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia. Los clientes con un atraso de hasta 70 días en el pago de la tarjeta y deudas de hasta $10 millones podrán acceder a una tasa del 41% anual en 60 cuotas mensuales. Por cada $1.000.000 refinanciado a 60 meses, la cuota mensual será de 39.418 pesos.

Un aspecto destacado de esta propuesta es que permite mantener operativa la tarjeta por el margen disponible luego de concretar la refinanciación. El banco ejemplifica: si una persona tenía un disponible de $2 millones y refinancia $500.000, el nuevo monto máximo para el uso del plástico será de 1,5 millones de pesos.

Foco en sectores vulnerables y resultados del plan

“Ponete al día” está disponible para todas las personas en mora, aunque el foco principal está puesto en los 2,1 millones de clientes que cobran haberes y beneficios previsionales en el banco. Según la entidad, este grupo enfrenta mayores dificultades para sostener sus compromisos financieros, por lo que se busca acompañarlo con condiciones más accesibles y sostenibles.

En el comunicado se subrayó que, desde comienzos de 2026, Banco Provincia sostiene un esquema de refinanciación para quienes entraron en mora durante junio, combinando tasas bajas, plazos extendidos y soluciones adaptadas tanto para familias como para empresas. Los resultados indican que, durante los primeros cinco meses de 2026, se alcanzaron más de 66.000 acuerdos de recupero de deuda por 234.000 millones de pesos, un aumento del 157% respecto al mismo período de 2025.

Cómo acceder a la refinanciación

Las gestiones para adherirse a “Ponete al día” pueden realizarse en sucursales de lunes a viernes de 10 a 15, a través de la línea telefónica exclusiva 0810 222 6672, o mediante el WhatsApp oficial de la entidad. Además, algunos clientes recibirán ofertas personalizadas de refinanciación en sus perfiles de Home Banking BIP y en la app BIP móvil, donde podrán aceptar la propuesta y autogestionar el trámite.

El plan detalla el esquema de tasas según el atraso registrado al 31 de mayo: hasta 72 meses de plazo, 39% anual para trabajadores con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, 50% anual para trabajadores del sector público con haberes y beneficios previsionales en el banco, 31% anual para casos de sobreendeudamiento y 32,5% anual para trabajadores públicos en mora avanzada.

Una deuda bancaria olvidada en México puede terminar en embargo judicial sin que el titular haya recibido una llamada del banco ni una alerta del Buró de Crédito: la ley no obliga a ninguna de las dos instituciones a advertir al deudor antes de que un proceso legal avance.

El Buró de Crédito no es un ente que persigue deudas ni activa procedimientos judiciales. Su función es registrar el comportamiento de pago de personas y empresas ante bancos, tiendas departamentales y otras entidades financieras. No decide si se otorga o niega un crédito, y tampoco avisa cuando una cuenta entra en mora.

El registro negativo aparece tras tres meses de atraso y puede permanecer en el historial hasta seis años, dependiendo del monto adeudado.

Cómo escala una deuda hasta el juzgado

Cuando una persona deja de pagar una tarjeta de crédito o un préstamo personal, la primera respuesta del acreedor es la cobranza extrajudicial: llamadas, correos y propuestas de negociación. Estas acciones no tienen facultad legal para embargar bienes.

Solo cuando la institución presenta una demanda ante un juez —generalmente a través de un juicio ejecutivo mercantil— el proceso adquiere consecuencias patrimoniales reales. Ese procedimiento incluye pasos obligatorios que la ley no permite saltarse:

Presentación de la demanda

Revisión del caso por un juez

Notificación formal al deudor por un actuario

Requerimiento de pago en ese acto

Si el deudor cubre el adeudo en el momento del requerimiento, el embargo no se ejecuta. El proceso completo puede durar meses o años.

Por qué el deudor puede no enterarse a tiempo

En México, una deuda bancaria impaga puede derivar en embargo sin que el titular lo perciba con anticipación porque ni el banco ni el Buró de Crédito están obligados a emitir una advertencia directa antes de demandar. La notificación formal llega cuando ya hay un juicio en curso, a través de un actuario judicial. Si el deudor no actualiza su domicilio o ignora las comunicaciones del acreedor, el proceso puede avanzar sin que tenga conocimiento real de ello.

En el caso del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el mecanismo es aún más directo: el artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF) faculta a la autoridad para ordenar la inmovilización de cuentas bancarias sin notificar primero al contribuyente. El oficio se dirige directamente al banco, que tiene hasta tres días hábiles para ejecutar el bloqueo. Solo entonces el SAT notifica al titular.

Qué puede embargarse y qué queda protegido

La ley establece que el embargo debe ser proporcional a la deuda. Una obligación de $50,000 pesos no justifica asegurar bienes por cientos de miles de pesos si existen otras opciones suficientes para cubrir el adeudo.

Solo una autoridad judicial puede ordenar un embargo, y este recae únicamente sobre bienes registrados a nombre del deudor. Quedan expresamente excluidos:

Bienes de familiares

Artículos indispensables: cama, ropa y herramientas de trabajo

Cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias

Ningún despacho de cobranza privado tiene facultad para ejecutar un embargo por cuenta propia. Si alguien ingresa a un domicilio sin orden judicial, el afectado puede presentar una denuncia por allanamiento de morada.

El historial crediticio: daño que persiste años

Los plazos de permanencia en el Buró de Crédito dependen del monto de la deuda. Con el valor de la Unidad de Inversión (UDI) al 30 de junio de 2026 en $8.82 pesos, los rangos en moneda corriente son los siguientes:

Deudas de hasta $220 pesos: se eliminan al año

Deudas de entre $220 y $4,408 pesos: se borran a los dos años

Deudas de entre $4,408 y $8,816 pesos: desaparecen a los cuatro años

Deudas superiores a $8,816 pesos: no se eliminan de forma automática

Las deudas con un proceso judicial activo tampoco desaparecen aunque transcurran los plazos. Pagar una deuda no la borra del historial de inmediato: el registro cambia a estatus “liquidado”, lo que mejora la calificación pero no elimina la huella del incumplimiento.

Derechos del deudor y vías de defensa

El artículo 17 de la Constitución Mexicana prohíbe la prisión por deudas de carácter civil. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirma que esto aplica para tarjetas departamentales, préstamos personales, créditos bancarios y financiamientos similares con instituciones como BBVA, HSBC y Banamex.

La excepción ocurre cuando existe fraude o un delito patrimonial comprobable —como proporcionar información falsa al solicitar un crédito o pagar con cheque sin fondos—, contemplados en el artículo 386 del Código Penal Federal.

Si el acreedor no reclama la deuda en un plazo de 10 años, el derecho a cobrar prescribe y el embargo deja de proceder legalmente, aunque los despachos de cobranza puedan continuar con intentos extrajudiciales. Quienes reciban amenazas extralegales pueden acudir a la Profeco o a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para solicitar orientación.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pone en marcha en 2026 un programa que permite a personas físicas y empresas con adeudos de años anteriores pagar solo el impuesto original sin multas ni recargos.

El programa arrancó el 1 de enero de 2026 y tiene fechas límite distintas según el tipo de adeudo.

Quien no actúe a tiempo pierde el beneficio y deberá cubrir el monto completo, incluidos recargos y sanciones.

Lo que el SAT no adelanta es cuánto puede ahorrar un contribuyente ni cuáles son las condiciones exactas que determinan si la reducción es del 100% o del 90%. Eso depende del tipo de deuda y de cómo se originó.

Así se calcula cuánto te descuenta el SAT: 100% o 90% según el tipo de deuda

El programa cubre adeudos de ejercicios 2024 o anteriores determinados tanto por el SAT como por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Incluye multas por infracciones a leyes fiscales, aduaneras y de comercio exterior, así como multas con agravantes.

Según el portal oficial del SAT, la reducción del 100% aplica cuando el crédito fiscal incluye contribuciones federales omitidas —propias, retenidas o trasladadas—, aprovechamientos o cuotas compensatorias.

En ese caso, las multas, los recargos y los gastos de ejecución asociados desaparecen del monto a pagar.

La reducción baja al 90% cuando el crédito fiscal está integrado exclusivamente por multas derivadas del incumplimiento de obligaciones distintas al pago, por ejemplo, no presentar una declaración informativa.

En ese caso, el porcentaje de disminución aplica siempre que el contribuyente cumpla la obligación omitida que dio origen a la multa.

Tu situación fiscal determina cuál de las tres vías debes seguir para obtener el beneficio

El SAT establece tres vías de acceso al beneficio, según la situación fiscal del contribuyente.

El primero aplica a quienes detectan su propio adeudo sin que la autoridad lo haya determinado.

Deben presentar la declaración correspondiente en el portal del SAT, seleccionar la opción “Estímulo de regularización fiscal” en el campo de estímulos y realizar el pago en una sola exhibición antes del 31 de diciembre de 2026.

El segundo corresponde a contribuyentes que ya están bajo facultades de comprobación, es decir, en medio de una auditoría.

Pueden acceder al beneficio si se autocorrigen y pagan dentro del plazo que fije la autoridad revisora, antes de que se emita la resolución definitiva y a más tardar el último día del año.

El tercero es para quienes ya tienen un crédito fiscal firme notificado, incluso si lo impugnaron.

Deben ingresar a Mi Portal, seleccionar la opción ESTIMULO FISCAL LIF 2026 y presentar la solicitud antes del 31 de octubre de 2026.

Si el adeudo está impugnado, deben adjuntar el acuse de desistimiento.

En este supuesto, el pago puede hacerse hasta en seis parcialidades, con la última a más tardar el 30 de noviembre de 2026.

Requisitos y condiciones que excluyen del programa

El beneficio aplica a contribuyentes cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 no excedieron los 300 millones de pesos mexicanos.

El SAT excluye a quienes recibieron condonaciones en programas generalizados anteriores al amparo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2019.

Tampoco pueden solicitar el beneficio quienes ya fueron beneficiados por el estímulo del Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025.

También quedan fuera quienes tengan sentencia condenatoria firme por delitos fiscales.

Lo mismo aplica para las instituciones y organismos que ejecutan gasto federal, referidos en el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El SAT advierte que al presentar la solicitud de créditos firmes, el contribuyente consiente íntegramente el adeudo. Si después lo impugna, el estímulo pierde efectos.

Las prioridades económicas dividen con fuerza a los votantes oficialistas y opositores en la Argentina. Mientras quienes apoyan a La Libertad Avanza identifican el peso de las deudas como su principal preocupación, los opositores se enfocan en la incertidumbre económica y la pérdida de poder adquisitivo.

Así se desprende de la última encuesta de la consultora Zentrix. Las respuestas ante la inflación, la llegada a fin de mes y la posibilidad de ahorrar reflejan dos agendas distintas que conviven bajo una presión económica generalizada, aunque con matices notables según la afinidad política.

La principal preocupación de los que votaron a Milei

Entre los votantes de La Libertad Avanza, la principal preocupación es el peso de las deudas personales. El 53,2% de quienes apoyaron al oficialismo en 2025 señala las deudas como su mayor inquietud, ubicando este problema por encima de otros temas económicos y sociales. En menor medida, mencionan la corrupción (46,7%) y la incertidumbre económica (35,5%).

El foco en el endeudamiento destaca una dinámica particular dentro del electorado oficialista, que asocia su malestar económico más a la acumulación de compromisos financieros que a la evolución de los ingresos o la estabilidad laboral. En un contexto de mora en récord, esta preocupación por las deudas se traslada a la percepción sobre el poder adquisitivo y la capacidad de cubrir necesidades básicas a lo largo del mes.

Cuando se consulta sobre la relación entre salario e inflación, el 25,8% de los votantes oficialistas considera que su ingreso le gana a la suba de precios, mientras que el 66,2% opina que no lo logra. Aunque este porcentaje es mucho mayor al registrado entre los opositores, la mayoría del sector oficialista reconoce el rezago de los salarios frente a la inflación. Un 8,1% no sabe o prefiere no contestar a esta pregunta.

La evaluación sobre hasta qué fecha del mes alcanzan los ingresos muestra que el 52,5% de los oficialistas llega, como máximo, al día 20. Un 18,5% asegura que puede ahorrar, cifra que representa el triple de la proporción que lo logra entre los opositores.

Ingresos y salarios en el votante opositor

En el caso de los votantes opositores, la preocupación central se desplaza hacia la incertidumbre económica. El 59,4% de este grupo menciona esa inquietud como la más relevante, seguida por los ingresos y el salario (52,6%). La corrupción también aparece entre las principales preocupaciones, con 51,6%, lo que la convierte en un punto de coincidencia con el oficialismo, aunque con un peso relativo distinto.

La atención puesta en la incertidumbre y en los ingresos refleja una percepción de vulnerabilidad ante posibles cambios en la economía y una mayor preocupación por la pérdida de capacidad de compra. La sensación de que los salarios no acompañan el aumento de precios se ve confirmada en la consulta sobre el poder adquisitivo: solo el 0,9% de los votantes opositores cree que su salario supera a la inflación, mientras que el 98,7% sostiene que no es así.

La dificultad para llegar a fin de mes es más marcada en este segmento. El 73% afirma que sus ingresos solo alcanzan hasta el día 20. La posibilidad de ahorrar es casi inexistente: apenas el 3,9% declara que logra guardar dinero una vez cubiertos los gastos básicos.

Estas diferencias no solo reflejan realidades materiales distintas, sino también percepciones y expectativas divergentes sobre el presente y el futuro económico. Mientras en el oficialismo predomina la preocupación por el endeudamiento, acompañada de cierta confianza en la recuperación del poder de compra, en la oposición se impone la visión de un deterioro constante de los ingresos y un clima de incertidumbre persistente. Ambos grupos comparten el malestar ante la corrupción, aunque la ubican en lugares diferentes de su agenda diaria.

El relevamiento de Zentrix que permitió identificar estas divisiones se basó en una encuesta autoadministrada en línea con 1.315 casos en todo el país. Participaron personas mayores de 16 años con acceso a internet, residentes en las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires.

La segmentación política se determinó según el voto en las elecciones legislativas de 2025. El diseño muestral fue no probabilístico, con cuotas por sexo, edad y región, calibrado según la estructura del padrón nacional. Los resultados, según la ficha técnica, tienen validez a nivel nacional y no deben extrapolarse a provincias o localidades específicas.

Hans siempre pensó que la primera impresión lo era todo. Cuando en la fiesta de una amiga de la secundaria apareció una extranjera de 27, que acababa de llegar a la Argentina para visitar a sus padres diplomáticos, no encontró mejor idea que intentar impactarla con su simpatía, sus chistes y su estilo de vida. La imagen que quería proyectar de sí mismo para conquistar el corazón de esa mujer era la de un hombre de mundo, exitoso, seguro y solvente.

Fue una mala idea. Ese retrato estaba muy lejos de lo que podría ofrecer y lo terminó conduciendo al descalabro absoluto.

Crecer con complejos

Hagamos un poco de historia. Los padres de Hans eran profesionales con una vida de clase media acomodada en la localidad de Martínez, provincia de Buenos Aires. Tres hijos, buenos trabajos, una camioneta importada, vacaciones cada verano, colegios privados y algunos viajes al exterior. Ambos de origen alemán, hacía dos generaciones que vivían en la Argentina. Hans era el mayor de sus hijos. Jugaba al fútbol, al tenis, hablaba tres idiomas y prometía a todos que estudiaría Derecho.

Fue alrededor de cuarto año del secundario que todo se fue al garete. Su padre perdió el empleo y su madre enfermó y cayó en una seria depresión. En el colegio tuvieron que pedir paciencia hasta que pudieran pagar las cuotas de los tres hijos. La casa en la que vivían, por suerte, era propia, pero se les empezó a hacer cuesta arriba mantener el estilo de vida al que estaban acostumbrados. Tuvieron que ir abandonando ciertos lujos. Anularon las salidas a comer afuera, se terminaron los viajes y, poco después, también, los veraneos del mes de enero. Hubo que seguir ajustando y su padre les pidió que ya no invitaran amigos a su casa porque las cuentas no daban para asados, picadas y bebidas. Era inevitable, la caída continuó. Adiós a la empleada que iba a limpiar todos los días y al jardinero. Todo lo doméstico lo empezaron a hacer ellos mismos los fines de semana y sin chistar. Se repartían tareas y administraban el poco dinero que quedaba.

Dentro de Hans, con cada retroceso en su forma de vida, crecían la inseguridad y la vergüenza ante los ojos de sus amigos.

“Me daba muchísimo pudor que alguien que nos conocía de antes viera cómo vivíamos ahora. Nada estaba demasiado limpio. Las cosas se volvieron caóticas. Si se nos rompía algo y no podíamos arreglarlo nosotros, no se arreglaba y punto. La casa en tres años envejeció treinta. Lo primero que quedó inutilizado para nuestro espanto fue el lavarropas. Arreglarlo era imposible y comprar uno nuevo menos. A lavar. Después fue el aire acondicionado del living. ¡Ni hablar las goteras! El quincho estaba inutilizable con varios baldes. Las canillas de los baños las arreglaba mi viejo como podía. Mientras yo veía el progreso que tenían mis amigos, nosotros íbamos marchando hacia atrás. Cuando se murió nuestro perro, que ya estaba viejito, lloramos desconsolados, pero paradójicamente fue un alivio pensar que ya no habría que ir al veterinario, comprar medicamentos y su comida. Mamá se pasaba casi todo el día en la cama. No podíamos contar con ella. Aunque por suerte siempre pudimos mantener la prepaga de salud, nos pasamos al plan más económico. La medicación de mamá era importante que la tomara y cara. Mi madre parecía dopada y se volvió abandonada. Perdió la coquetería y dejó de teñirse el pelo y de maquillarse. A veces, ni siquiera se vestía, se quedaba en camisón todo el día. Parecía eterna. Yo no podía mantener un diálogo con ella, ni tampoco quería. No sabía qué decirle. Estaba triste y enojado, sentía que mis viejos me habían arruinado la vida y quería esconderme debajo de mi cama. Tampoco tenía plata para entretenerme con mis amigos y salir, ni para ir a un cumpleaños porque no podía comprar un regalo. Horrible. Mis hermanos más chicos, lo llevaban mejor. A mí me afectó muchísimo la situación económica. Tenía la autoestima por el piso y me llené de miedos. Apenas me recibí comencé a estudiar derecho en la UBA. Papá consiguió plata prestada para pagar lo que se debía del colegio y cambió a mis hermanos a un establecimiento estatal. Las cosas siguieron a los tumbos. Mi viejo laburaba de lo que encontraba pero los sueldos que le ofrecían no alcanzaban para pagar la manutención de la familia”.

Fue cuando murió el abuelo paterno que su familia heredó dinero y una propiedad que estaba alquilada. Al mismo tiempo sucedió que el padre de Hans consiguió un trabajo mejor. Las cuentas familiares se estabilizaron. Poco después de esa mejora, el que consiguió un buen sueldo y trabajo fue Hans. Dos meses después decidió mudarse a vivir con unos amigos para escapar de su casa. Lo necesitaba.

“El ambiente familiar había mejorado, pero yo lo seguía sintiendo depresivo. Me hacía mal. Tenía 20 años y quería tomar distancia”, cuenta.

Hans siguió estudiando Derecho y visitando a sus padres y hermanos. Vivía relativamente cerca. Su madre cambió de psiquiatra y medicación. El resultado fue alentador porque mejoró mucho.

“Por suerte la situación se volvió más amena y sana y volvieron las risas a mi casa familiar”, recuerda con melancolía, “Pero resulta que yo no era buen estudiante y me aburría en la carrera. Estudiaba por la imagen que puede dar un título, no por vocación. No me interesaba nada el Derecho. Empecé a fracasar en los exámenes y a los 26, después de varios bochazos, dejé la carrera. Decidí que intentaría progresar en mi trabajo en el área de logística de una empresa importante. No ganaba demasiado, pero como tenía gastos compartidos me resultaba fácil mantenerme. Que yo dejara la carrera frustró mucho a mis padres. Insistieron, pero no lograron que yo retomara los estudios”.

Hans se dedicó a trabajar de sol a sol y nunca más tocó un libro. Tuvo algunas novias pasajeras, pero su cabeza estaba en ganar más dinero para poder hacer la vida cómoda que había soñado de chico.

La chica escandinava

Fue en el cumpleaños de 30 de Rocío, una compañera de la secundaria, en su impresionante casa en una barranca hacia el río, que la vida de Hans volcó.

En ese festejo conoció a una chica de 27 años de origen escandinavo que lo deslumbró. Sigrid con su altura, con su elegancia y con su sonrisa lo desarmó. Sintió algo que no había experimentado antes. Esta bella mujer extranjera, con la que se entendía en inglés, le pareció un desafío y le despertó el cuerpo y el alma.

“Fue un enamoramiento instantáneo. No le saqué los ojos de encima y desplegué toda mi seducción. Lo logré: ella pasó la noche entera charlando conmigo. Literalmente caí a sus pies”, relata sobre ese primer encuentro en el jardín. Sentados en el pasto, mirando el cielo, se animó a darle un beso. Ella aceptó.

Pero Hans sentía que vivía de prestado. Para él ese mundo al que había pertenecido económicamente ahora era imposible de alcanzar. Sus amigos tenían un pasar fácil, autos buenos, salidas caras, deportes y escapadas de fin de semana. Nada de eso tenía él. Con Sigrid salieron un par de veces y Hans se gastó sus pocos ahorros en esas salidas.

“La primera vez fuimos a un vip de un boliche en la costanera que fue carísimo. Imposible. Yo pedía la mejor bebida para impresionarla... La segunda vez la invité a comer a un super restaurante. Otra vez, gasté una fortuna para mi presupuesto”, reconoce horrorizado.

Las relaciones sexuales ocurrieron en un hotel de categoría: “No podía llevarla a mi casa compartida en comunidad, tampoco a lo de mis padres o a donde vivía ella con su familia. Ir a un telo era impensable, así que pelé tarjeta y pagué un buen hotel de 4 estrellas. Eso fue en otras dos noches que dormimos juntos y felices”.

Sigrid estaría unos diez días más en el país y luego se volvería a su país donde estudiaba el último semestre de bioquímica. Hans, en sus desvelos nocturnos, se preguntaba ¿qué podría ofrecerle a Sigrid, además de un amor incondicional, para que ella quisiera pasar con él el resto de su vida? No encontraba la respuesta. Se repetía que el amor puede ser poderoso, pero dudaba. No creía que ella quisiera tener una vida como la que él podía pagar: un ph hippie, con baño compartido y sin auto o viajes.

“Antes de que se fuera decidí sacar un crédito personal para poder invitarla a Punta del Este el fin de semana largo, a todo trapo ”, rememora, “Buen hotel, avión, alquiler de auto y comidas a precio dólar. Lo pasamos increíble. Sigrid se fue y yo me quedé pagando mis desmanes. Si bien ella sabía que yo vivía con amigos, no había estado en mi departamento porque no la invité. No me animé. ¿Cómo mostrarle los colchones berretas, la bacha siempre llena de platos, las paredes medio descascaradas y el desorden propio de tres tipos viviendo juntos?”.

Hans quedó enamorado en Argentina; ella se fue a Europa desconociendo los sinsabores de la vida de él. Sigrid no sabía que Hans no tenía un peso. No podía imaginar que si lo sacudía dado vuelta de sus bolsillos solamente caerían deudas. Deudas que había contraído para conquistarla.

La separación sería por un tiempo. Ella, a finales de ese año, terminaría la carrera y regresaría al país. En sus largas charlas a la distancia empezaron a soñar con una posible vida en Buenos Aires. Los padres de Sigrid tenían contactos y podrían conseguirle un buen trabajo en Argentina, dijo ella. Podrían probar y vivir juntos, dijo él.

“Claro que, si yo pretendía que ella se instalara acá conmigo, tenía que ofrecerle un lugar lógico para estar solos. ¿Cómo iba a hacer? Tenía que alquilar algo de nivel y dejar a mis amigos. Te confieso que ni siquiera hablábamos del asunto. Supongo que Sigrid daba por sentado que yo estaba bien en mi trabajo y yo me moría antes de sacar el tema para hablar de plata. En mi casa me educaron que de dinero no se habla, que es de mal gusto”, reconoce.

En esos meses Hans pidió aumento y tuvo la suerte de que se lo dieron. Pero un 20 por ciento no fue más que un alivio momentáneo. Decidió que como con el crédito personal anterior a corto plazo le había ido bastante bien, ahora sacaría uno por mucha más plata al plazo más largo posible para poder alquilar un buen departamento. Convenció a sus padres para que pusieran su casa en garantía.

“La tasa del crédito era altísima. Pero en ese momento no me preocupaba que la cuota fuera asfixiante, solo quería que ella viniera y viera un lindo lugar para quedarse conmigo. Empecé a mirar departamentos y se los enseñaba por videollamada. Al final, con su aprobación, elegí uno de tres ambientes con terraza y parrilla. A lo lejos, se veía el Río de la Plata. Era perfecto. Más de medio sueldo mío se iría en el alquiler. El crédito iba a ir al depósito y me daba aire por un buen tiempo. Un mes antes de que Sigrid llegara me mudé. Compré heladera en mil cuotas y mandé a hacer las cortinas de black out en otras mil cosas”, recuerda Hans. También se metió en un plan de un cero kilómetro modesto. Necesitaban en qué moverse.

Ella llegó y el refugio para el amor le pareció perfecto. Colaboró comprando sábanas, buenos platos y el supermercado. A los dos meses de llegar, Sigrid consiguió trabajo. Eran felices.

Una montaña de deudas

Hans creía que todo se resolvería y que las cuentas un día cerrarían mágicamente. Pero no fue así. Entre salidas con amigos, fines de semana a una bodega mendocina, a Cariló o a un casamiento chic en Córdoba, la plata del crédito personal se agotó. Y su sueldo, aun con la colaboración de Sigrid, no cubría todos los agujeros económicos que había que tapar. Los pagos de las tarjetas, la cuota y gastos del auto, el alquiler del garaje y del depto con las expensas, el abono del gym de Sigrid, el cable, el wi fi… Por suerte, ambos tenían cubiertas por sus trabajos la prepaga de salud.

Hans dejaba que Sigrid comprara todo en el super y él se hacía el distraído. No podía sumar más gastos.

Así las cosas, comenzó a hacer pagos mínimos en sus tres tarjetas de crédito. Primero en una, luego en la otra y, al final, en las tres.

“Los intereses por los saldos que dejaba cada mes eran voraces. Yo lo sabía, pero soñaba con que algo iba a suceder y todo se iba a arreglar. Algo pasaría que acomodaría todo. Solo pateaba la pelota para el mes siguiente. Mientras, disfrutaba de mi vida con ella. Estábamos muy enamorados y nos llevábamos super bien. Ella además del super gastaba su sueldo en peluquería, en ropa y algún viaje que hizo con sus amigas argentinas. ¡No tenía idea de que estaba con un insolvente total! Confiaba en mí. A los ocho meses yo ya estaba con el agua al cuello. Empecé a desesperarme. Pero seguí sin hablar de plata con Sigrid”.

Hans no sabía a quién recurrir para asesorarse. No lo comentó ni con sus amigos más cercanos. Para él la imagen lo era todo. No se animaba a hacerla trizas con una confesión de ese estilo. Pensaba que todavía había tiempo, ya encontraría alguna salida. La vergüenza lo podía. Eso sí, estaba aterrado con que ella pudiera quedar embarazada por algún descuido. No podía costear ni una sola cuenta más. Estaba en rojo por todos los costados.

Primero dejó de pagar una de las tarjetas y la dejó escondida en un cajón. En esa no tenía débitos automáticos. Ya vería.

Al mes siguiente, dejó de pagar el gym y se atrasó con las expensas. Le inventó algo a Sigrid y ella empezó a pagarse el gimnasio sin prestar demasiada atención al asunto.

Como al cuarto o quinto mes de haber dejado de pagar las expensas, el dueño del departamento lo llamó. Se había enterado. Hans, aterrado, prometió ponerse al día. Tenía toda la intención, pero no pudo hacerlo.

Ya tampoco llegaba a pagar el mínimo de la segunda tarjeta y eso lo puso muy nervioso. Sigrid lo notó y le preguntó qué le pasaba. Él no pudo decirle la verdad, solo esbozó problemas momentáneos en el trabajo y esquivó la realidad.

“Evidentemente, tenía un problema porque no podía hablar sinceramente con ella. Me sentía menos que Sigrid. Creía que no me iba a entender, que me iba a dejar. Estaba emocionalmente bloqueado y acomplejado. La amaba tanto que temía demasiado. Sigrid era un poco fría, pero básicamente era una persona buena, transparente y solidaria. Hoy creo que si hubiese sido claro y frontal, ella hubiese estado para apoyarme porque me quería. Pero no lo vi de esa manera y arruiné mi gran amor con las mentiras, una tras otra, hasta que se hizo una gran bola que me aplastó. Nos aplastó.”.

Lo siguiente, desató la tormenta.

El juicio final

Un día al volver del trabajo Hans encontró a una Sigrid que ya no sonreía. Aunque mantenía la calma notó que ella estaba como desencajada. El encargado le había comentado lo de la deuda de las expensas, algo que Hans no había calculado que podía pasar porque ese tema lo manejaba él. Preocupada Sigrid había hilado el tema con la montaña de sobres sin abrir que él iba guardando en un cajón del ropero. Fue directo al placard e hizo algo que Hans tampoco creyó que una mujer como ella, super protectora de la intimidad de cada uno, pudiera hacer. Sigrid realizó lo impensable: invadió su intimidad y abrió todos los sobres. Descubrió que la mayoría eran intimaciones legales por la falta de pago de las tarjetas. También encontró varios extractos de la cuenta de Hans donde estaban los montos del crédito.

Sigrid arrancó la charla pidiendo perdón por lo que había hecho, pero se justificó diciéndole que estaba asustada. Y siguió con que ella jamás le debía dinero, que jamás mentía, que jamás había tenido deudas, que jamás gastaba lo que no tenía. Hans ensayó algunas excusas. Ella le reprochó, con tono tranquilo: ¿cómo podía ser que él hubiera armado semejante enredo de embustes? Él balbuceó verdades a medias, habló de su infancia y ella respondió que estaba muy decepcionada porque él no era quién ella había creído. Que se terminaba. Que se iba. Fue al dormitorio y sacó sus valijas y comenzó a hacerlas. Sin rabia, más bien con una gran tristeza definitiva.

“Unos días antes habíamos hablado de la posibilidad de tener hijos. Ella soñaba con eso. ¿Cómo podía ser que ahora estuviera armando sus valijas para irse con sus padres? No podía creerlo. Me pesaba lo que fueran a pensar ellos y, también, darle la noticia a mi familia. Yo era un bluff, un auténtico fracaso. Me bajoneé de inmediato si es que ya no lo estaba”, revela.

Lo que vino fue una etapa oscura. Devolver el departamento, volver con sus padres que estaban anonadados con este hijo al que todo le salía pésimo. Ahora, el deprimido era él, no su madre. Tuvieron que apoyarse en un abogado amigo para solucionar los temas de Hans, sacarlo del registro de deudores y buscar psiquiatra para que lo atendiera por su estado anímico. Además, debió pedir una licencia laboral. Unos meses después, Hans optó por renunciar a su trabajo.

Le llevó un buen tiempo recuperarse pero, pasado un año y medio, las cosas mejoraron. Hans consiguió un nuevo empleo y se animó a comenzar de nuevo con 34 años.

“De Sigrid no supe nada más. Ella fue terminante. Así era su carácter: todo o nada. No daba vueltas. Con terapia pude empezar a ver qué había hecho mal. Mis problemas de inseguridad y autoestima quedaron a la vista. Por eso es que hoy me animo a contar mi historia. Trabajando con la psicóloga pude revertir mis miedos al rechazo y evitar esa estúpida necesidad de llevar un nivel de vida que no puedo costear. Hoy conozco mis límites, me va bien y estoy saliendo con una chica separada a la que conocí en una terapia de grupo. Hago una vida acorde a lo que me ingresa y estoy ahorrando para volver a alquilar y vivir solo, o quizá con ella, ya veremos. Tuve que tocar fondo para poder salir. Soy otra persona. Me aterran las deudas, no compro nada en cuotas para evitar cualquier descontrol. Ya no me deslumbro con tonterías y aprendí que lo que hoy no se habla dentro de la pareja es un grave problema para mañana. Eso es lo que quiero enfatizar: la sinceridad en la pareja. Si hay amor, seguramente casi todo se pueda sobrellevar. La mentira solo funciona por un rato, después te hunde. Hay que quererse más y no subestimarse. Jamás tirarse a menos porque no tengas dinero. De a dos se puede. Pero yo no le di la oportunidad a Sigrid para demostrarme cuánto me amaba y, lamentablemente, la perdí. No puedo quedarme en los lamentos de haber tirado por la borda el amor más grande que sentí en mi vida porque de ese dolor aprendí mucho. Gracias a lo aprendido hoy soy mejor y estoy seguro de que no voy a volver a cometer el mismo error”.

*Escribinos y contanos tu historia: amoresreales@infobae.com

* Amores Reales es una serie de historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. En algunas de ellas, los nombres de los protagonistas serán cambiados para proteger su identidad y las fotos, ilustrativas

Revisar deudas pendientes no solo sirve para ordenar las finanzas: también puede evitar sorpresas al solicitar un crédito, vender un vehículo o incluso postular a un empleo donde se pide “buena calificación”. En Perú, existen plataformas que permiten consultar información financiera y, además, páginas oficiales para verificar obligaciones por tránsito, tributos municipales o sanciones electorales.

¿Cómo consultar gratis tu reporte de deudas financieras?

Para el sistema financiero, la consulta más directa parte del reporte de deuda que permite acceder a información sobre créditos contratados con empresas del sistema, además de la calificación asignada por esas entidades en función del comportamiento de pago.

Ppara obtener el documento debes ingresar al portal de Reporte de Deudas de la SBS (LINK), registrarte con tu correo electrónico y número de DNI y crear una cuenta. Tras colocar los datos del documento de identidad, el sistema entrega de inmediato el reporte del último mes con la relación de créditos y la calificación correspondiente. La misma ficha detalla que también existe modalidad presencial en una de sus oficinas para solicitar el informe.

Papeletas de tránsito pendientes: Búsqueda por placa vehicular en el SAT y el MTC

Las infracciones de tránsito también generan obligaciones que, con el tiempo, pueden acumularse. Para revisar sanciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ofrece el servicio “Récord de conductor”, donde el ciudadano puede verificar si registra multas o sanciones y ver el estado asociado a cada una.

La guía oficial indica que, al ingresar a esta página (LINK), se puede filtrar la búsqueda por número de documento o por número de récord, completar los datos solicitados y hacer clic en “Buscar”. El sistema mostrará el detalle del récord de infracciones, el estado de la sanción, la infracción cometida y su consecuencia, además del historial de trámites realizados.

En el caso del SAT de Lima, hay un módulo de consulta de papeletas por placa. Los interesados pueden ingresar a este ENLACE para revisar todos los detalles.

Deudas tributarias municipales: ¿Cómo revisar tu estado de arbitrios e impuesto predial?

Las obligaciones municipales suelen pasar desapercibidas hasta que se intenta vender un inmueble, solicitar un certificado o regularizar un trámite registral. En el Cercado de Lima, el SAT ofrece información sobre impuesto predial y arbitrios, e indica que es posible operar mediante su agencia virtual (LINK) las 24 horas.

De acuerdo con su sección informativa, el impuesto predial grava el valor de los predios urbanos y rústicos en base al autovalúo, y la recaudación y administración corresponde a la municipalidad distrital donde se ubica el predio. En el caso de inmuebles del Cercado de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima es la encargada de esa recaudación, administración y fiscalización.

¿Cómo verificar si tienes multas electorales pendientes de pago en el JNE?

Otra obligación que puede bloquear trámites es la relacionada con el sistema electoral. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuenta con una plataforma oficial para verificar si existen multas pendientes por omisión al sufragio, inasistencia a la instalación de mesa o por negarse a integrar la mesa electoral.

El ciudadano puede consultar con el número de DNI si hay multas registradas, conocer el monto y el motivo, además de revisar canales de pago y regularización. El acceso informativo está disponible en este LINK.

El impacto de las deudas en tu calificación crediticia y cómo acceder a fraccionamientos

El reporte de la SBS es relevante porque refleja la relación de créditos en el sistema financiero y la calificación asignada por las entidades, lo que puede influir en evaluaciones para nuevos productos. La guía del Estado subraya que el documento se obtiene de manera inmediata en modalidad online y que también puede solicitarse presencialmente.

En cuanto a fraccionamientos, la información específica y los requisitos varían según la institución y el tipo de obligación (tributaria municipal, sanción administrativa o multa). Por ello, el paso inicial es identificar la deuda con precisión en la plataforma correspondiente (SBS para sistema financiero; MTC para récord; SAT para tributos o papeletas; JNE para multas electorales) y, con ese dato, gestionar la regularización por los canales oficiales de cada entidad.

El SAT puede embargar tu casa en México sin necesidad de una orden judicial: el organismo tributario está facultado para iniciar un cobro forzoso sobre el patrimonio del deudor —incluidos los inmuebles— y rematarlos en subasta pública hasta cubrir el total del adeudo. El proceso opera bajo el Código Fiscal de la Federación (CFF) y los plazos corren desde el día siguiente a la notificación.

Ignorar la notificación es el error más común y el más costoso. Los plazos para actuar son cortos y su incumplimiento puede agravar la situación hasta el punto de perder el inmueble sin posibilidad de recurso.

Qué ocurre desde el momento de la notificación

Desde que surte efectos el aviso del crédito fiscal, el contribuyente tiene 30 días hábiles para pagar el adeudo o garantizarlo ante la autoridad. Si ese plazo vence sin ninguna acción, el SAT queda facultado para activar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), el mecanismo que abre la puerta al cobro forzoso.

El primer instrumento que emite la autoridad es el mandamiento de ejecución. Con ese documento, funcionarios fiscales pueden presentarse en el domicilio del contribuyente y requerir comprobante de pago en ese momento. Si no se acredita el pago, el embargo se ejecuta de forma inmediata.

El CFF establece un orden de prelación para el embargo: primero el dinero en efectivo, metales preciosos y depósitos bancarios; luego acciones, bonos y créditos de fácil cobro; después bienes muebles como vehículos y maquinaria; y en cuarto lugar, los bienes inmuebles, incluida la vivienda. Esto significa que el SAT debe haber agotado las opciones anteriores antes de llegar al inmueble.

Herramientas legales para frenar el proceso

El contribuyente dispone de varias vías para detener el embargo antes de que avance. La más directa es liquidar el adeudo dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación.

Una opción menos difundida, pero igual de eficaz, es garantizar el adeudo. Las formas aceptadas por el SAT, según el artículo 141 del CFF, son: billete de depósito, carta de crédito, prenda o hipoteca, fianza y obligación solidaria de tercero. Garantizar suspende el PAE mientras el contribuyente negocia, aclara o impugna el crédito.

Quienes consideren incorrecta la determinación del SAT pueden interponer un recurso de revocación ante la propia autoridad, con un plazo de 30 días hábiles desde que surte efectos la notificación. También está disponible el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con un plazo de entre 30 y 45 días hábiles.

Embargo bancario: un proceso que sí requiere un juez

A diferencia del SAT, un banco o institución financiera no puede embargar una vivienda por su propia voluntad. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es claro: solo un juez puede ordenar el embargo, tras un proceso legal en el que se acrediten la deuda y el incumplimiento. Ninguna llamada de cobranza, carta o amenaza extrajudicial tiene validez para retener bienes.

El proceso formal suele iniciarse entre el tercer y el sexto mes de impago, aunque el incumplimiento se computa desde la primera mensualidad no cubierta. Antes de llegar a esa instancia, la mayoría de las instituciones ofrecen alternativas de reestructura o convenios de pago, pues un juicio resulta costoso y prolongado para ambas partes.

El cambio de reglas que entró en vigor en 2026

Hasta 2025, interponer un recurso de revocación eximía al contribuyente de garantizar el crédito durante la tramitación. Esa facilidad desapareció con la Ley de Ingresos de la Federación 2026.

Ahora, quien presente el recurso debe constituir una garantía del interés fiscal en un plazo de seis meses, o en 10 días hábiles si la resolución llega antes de ese término. Se trata de un cambio que reduce el margen de maniobra de los deudores que antes podían impugnar sin comprometer bienes adicionales.

Una tercera vía es acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), que puede actuar como intermediaria cuando detecta irregularidades en el procedimiento fiscal. Su intervención puede derivar en la suspensión temporal del embargo mientras se revisa el caso.

Bienes que el SAT no puede tocar

El artículo 157 del CFF establece un listado de bienes inembargables. Entre ellos figuran las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias; sueldos, salarios y pensiones de cualquier tipo; recursos vinculados a programas sociales del gobierno federal; el lecho cotidiano y los vestidos del deudor y su familia; los muebles de uso indispensable del hogar que no sean de lujo; y los libros, instrumentos y mobiliario necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio del deudor.

En ningún caso el SAT puede inmovilizar un monto mayor al del crédito fiscal actualizado más sus accesorios legales.

Qué hacer si el embargo ya fue ejecutado

Una vez embargado el inmueble, peritos del SAT determinan su valor comercial mediante avalúo. Luego, la autoridad publica una convocatoria de remate al menos 10 días antes de la subasta, con un precio mínimo equivalente a dos terceras partes del valor del avalúo.

Si el monto obtenido en la subasta cubre la totalidad del adeudo, el procedimiento se cierra y la deuda queda liquidada. Cuando el valor de los bienes rematados resulta insuficiente, el SAT emite un nuevo requerimiento, amplía el embargo y puede retener más bienes del contribuyente hasta cubrir el crédito fiscal por completo.

Especialistas en derecho fiscal recomiendan reunir desde el primer momento toda la documentación disponible: estados de cuenta, contratos, facturas y cualquier comunicación previa con la autoridad. Esos registros son la base de cualquier defensa, ya sea administrativa o ante los tribunales.

El SAT puede embargar tu casa si no atiendes a tiempo una notificación de crédito fiscal: el organismo tributario está facultado para iniciar un cobro forzoso, retener bienes —incluidos inmuebles— y rematarlos en subasta pública hasta cubrir el total del adeudo. El proceso, regulado por el Código Fiscal de la Federación (CFF), opera sin orden judicial y con plazos que corren desde el día siguiente a la notificación.

Recibir una notificación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) activa de inmediato un proceso legal con consecuencias patrimoniales. No se trata de una carta informativa: es el reconocimiento formal de una deuda que obliga al contribuyente a actuar dentro de plazos estrictos.

Los 30 días hábiles que definen todo

Desde que surte efectos la notificación del crédito fiscal, el contribuyente cuenta con 30 días hábiles para pagar el adeudo o garantizarlo ante la autoridad.

Si ese plazo vence sin ninguna acción, el SAT queda facultado para iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), el mecanismo legal que abre la puerta al cobro forzoso sobre el patrimonio del deudor.

El primer instrumento que emite la autoridad es el mandamiento de ejecución. Con ese documento, funcionarios fiscales pueden presentarse en el domicilio del contribuyente —o donde se encuentren sus bienes— y requerir comprobante de pago en ese momento. Si no se acredita el pago, el embargo se ejecuta de forma inmediata.

Qué puede embargar el SAT y en qué orden

El SAT no toma cualquier bien de forma arbitraria. El CFF establece un orden de prelación para el embargo:

Dinero en efectivo, metales preciosos y depósitos bancarios

Acciones, bonos y créditos de fácil cobro

Bienes muebles: vehículos y maquinaria

Bienes inmuebles, incluida la vivienda

La casa, entonces, no es el primer objetivo del fisco, pero sí puede serlo si los bienes anteriores no alcanzan para cubrir el monto total del crédito fiscal actualizado con recargos y multas.

Una vez embargado un inmueble, peritos determinan su valor comercial mediante avalúo. Luego, el SAT publica una convocatoria de remate al menos 10 días antes de la subasta, con un precio mínimo equivalente a dos terceras partes del valor del avalúo.

Qué pasa si el remate no alcanza para pagar la deuda

Si el monto obtenido en la subasta cubre la totalidad del adeudo, el procedimiento se cierra y la deuda queda liquidada.

Cuando el valor de los bienes rematados resulta insuficiente, el SAT no da por terminado el caso. Emite un nuevo requerimiento, amplía el embargo y puede retener más bienes del contribuyente hasta cubrir el crédito fiscal por completo.

El embargo precautorio: una amenaza que llega antes

Existe una modalidad aún más temprana: el embargo precautorio. A diferencia del PAE, esta medida puede aplicarse incluso antes de que el crédito fiscal quede totalmente firme.

El SAT puede recurrir a ella cuando detecta riesgo de insolvencia, presume que el contribuyente podría ocultar bienes o estima que existe riesgo de evasión de pago. Su alcance incluye cuentas bancarias, vehículos, maquinaria, inventario comercial y bienes inmuebles.

La medida es temporal y debe ser proporcional al monto estimado del adeudo. Puede levantarse si el contribuyente presenta pruebas, aporta documentación o garantiza el interés fiscal.

Qué hacer antes de que llegue el embargo

El contribuyente dispone de varias herramientas para frenar el proceso antes de que avance al embargo formal. La más directa es pagar el adeudo dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación.

Una opción menos conocida, pero igual de efectiva para detener el cobro, es garantizar el adeudo. Las formas aceptadas por el SAT, según el artículo 141 del CFF, son: billete de depósito, carta de crédito, prenda o hipoteca, fianza y obligación solidaria de tercero. Garantizar suspende el PAE mientras el contribuyente negocia, aclara o impugna el crédito.

Quienes consideren que la determinación del SAT es incorrecta pueden interponer un recurso de revocación ante la propia autoridad, con un plazo de 30 días hábiles desde que surte efectos la notificación. También está disponible el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con un plazo de 30 a 45 días hábiles.

Un cambio relevante en 2026 afecta directamente esta estrategia de defensa: hasta 2025, interponer un recurso de revocación eximía al contribuyente de garantizar el crédito durante la tramitación. Esa facilidad desapareció con la Ley de Ingresos de la Federación 2026. Ahora, quien presente el recurso debe constituir una garantía del interés fiscal en un plazo de seis meses, o en 10 días hábiles si la resolución llega antes.

Una tercera vía es acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), que puede actuar como intermediaria cuando detecta irregularidades en el procedimiento fiscal.

Bienes que el SAT no puede tocar

El artículo 157 del CFF establece un listado de bienes inembargables. Entre ellos figuran:

Las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias

Sueldos, salarios y pensiones de cualquier tipo

Recursos vinculados a programas sociales del gobierno federal

El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y su familia

Los muebles de uso indispensable del hogar que no sean de lujo

Los libros, instrumentos y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión u oficio del deudor

En ningún caso el SAT puede inmovilizar un monto mayor al del crédito fiscal actualizado más sus accesorios legales.

Si tenemos al frente una deuda y no nos queda más opción que iniciar el largo camino judicial, a la tramitación del caso -que suele ser largo- se le suma otra dificultad: el cobro efectivo. Con suerte, es posible recurrir al juez y obtener medidas cautelares sobre cuentas o bienes de titularidad del deudor, situación que podría asegurar la recuperación de todo o una parte de lo adeudado. Sin embargo, esto no siempre es así, porque muchas veces tienes al frente a un deudor cuya cobranza se vuelve mucho más complicada: el Estado.

En nuestro país, el cumplimiento de sentencias con órdenes de pago por parte de Estado es uno de los puntos más críticos de la tutela jurisdiccional; la orden de pago de un juez frente al Estado no tiene efectos inmediatos, casi siempre tiene en frente a una restricción que los funcionarios suelen utilizar: las normas de presupuesto. Lo que no resulta ni razonable ni legal es que a los ciudadanos nos obliguen a cumplir de forma inmediata y en sus términos, las sentencias que tienen la calidad de cosa juzgada, mientras que al Estado no. Las entidades públicas no tienen esa obligación, pues pueden oponer al pago las limitaciones presupuestales así como formas de pago dilatorias, como consecuencia de la propia normativa presupuestal, lo que genera una diferencia más que discutible, pero de poco interés por parte de nuestros legisladores.

Ni siquiera el Arbitraje se salva de esta problemática: los laudos deben pasar también por un proceso judicial para ejecutar un mandato de pago, por lo que quien le ganó un proceso arbitral al Estado muchas veces se encuentra también bajo la misma problemática.

Actualmente, el presupuesto público se regula a partir de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, complementado con las leyes anuales de presupuesto público. La normativa antes señalada establece que el pago de sentencias judiciales solo se realiza siempre que se cuente con presupuesto asignado expresamente para ello. Una vez que se tiene al frente una sentencia firme (es decir, tras ser impugnada y luego de concluida la etapa impugnatoria, o consentida), se empieza otra etapa procesal, igual de compleja: la etapa de ejecución. Lo que puede parecer en el común de los casos, una etapa de mayor simplicidad y resultados, no es así cuando tu deudor es el Estado. La problemática tiene varias causas:

• Falta de previsión presupuestaria oportuna.
• Uso excesivo de argumentos de insuficiencia presupuestal.
• Falta de registros actualizados de deuda judicial.
• Ausencia de responsabilidad efectiva de funcionarios que no gestionan el pago.
• Dilación administrativa aun después de que la sentencia ha adquirido firmeza.
• Trato desigual entre acreedores del Estado según capacidad de presión o visibilidad.

El Estado no debería ser un litigante con ventajas de pago frente al resto de litigantes: Si el ciudadano o las empresas privadas están en la obligación de cumplir las sentencias, sufriendo incluso apercibimientos con efectos duros para ellos, las entidades públicas no tienen ese mismo estándar de cumplimiento. La tutela jurisdiccional (o tutela judicial efectiva) implica que todo aquello que haya sido decidido por un Juez (en el ejercicio de su función de impartir justicia) debe tener eficacia. Es decir, sus órdenes deben cumplirse, como garantía fundamental de la protección de derechos y cuya afectación motivó al titular a buscar su protección a través de un proceso judicial.

Al respecto, en la Sentencia 763-2005-PA/TC el Tribunal Constitucional ha desarrollado la extensión del mencionado precepto constitucional:

“(…)

1. (…) con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia. (…)”

Uno de los aspectos claves de la tutela jurisdiccional es la necesidad de que las resoluciones judiciales sean efectivas; éstas materializan las decisiones emitidas por los jueces, resolviendo los diversos pedidos formulados por las partes. La sentencia representa el principal pronunciamiento en un proceso judicial y es la providencia a través de la cual Juez imparte justicia.

Además del uniforme desarrollo constitucional previamente resumido, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes se encuentra, expresamente recogido en el en su artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-93-JUS, donde se establece que:

“Carácter vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la administración de justicia. Artículo 4.- Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. (….)”

Lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial es un concepto clave para la vigencia de la tutela jurisdiccional y no admite duda sobre sus alcances: toda persona tiene la obligación de cumplir con las resoluciones judiciales, bajo los alcances precisados en las mismas y sin la posibilidad de realizar interpretación alguna.

En consecuencia, tan pronto una sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada, será obligación del demandado cumplir con lo ordenado en ella, sin la necesidad de esperar algún requerimiento o decisión adicional. Esta eficacia además debe ser garantizada dentro del proceso y por el Juzgador, como consecuencia de la implementación de la etapa de ejecución.

Respecto de las deudas del Estado frente a los particulares, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente:

“(…) El artículo 73º de la Constitución Política del Estado establece, que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles, deduciéndose de ello, que no gozan de aquellas inmunidades los bienes que conforman el patrimonio privado del Estado. (…) Los tratadistas de Derecho Constitucional consideran que el Estado tiene una doble personalidad jurídica, cuando ejerce el ius imperium, actúa como persona de derecho público, y cuando contrata o administra sus bienes patrimoniales privados actúa como persona de derecho privado. En consecuencia, cuando contrata y se obliga ante particulares, ambas partes deben someterse a las mismas reglas y no puede el Estado tener un nivel de preeminencia, lo contrario sería ir contra el principio constitucional de igualdad ante la ley. La persona que acude, en busca de justicia, a la función jurisdiccional, sea quien fuera, recurre pidiendo solución a un conflicto de intereses intersubjetivos y no puede hacerlo con más privilegios que la otra parte o contrario, así sea éste el Estado quien con mayor obligación debe acudir sin otro privilegio que la razón o el derecho; es decir, que ambos recurrentes deben hacerlo en igualdad de condiciones y con la plena confianza de que van a obtener justicia en forma igualitaria, de tal suerte que no se merme la seguridad jurídica. (…)” (El resaltado es nuestro)

Es decir, una sentencia firme se cumple, una entidad pública no puede revisar su contenido, reinterpretarlo, restringir sus efectos ni diferirlo indefinidamente bajo el argumento genérico de falta de presupuesto. El problema técnico es que el Estado no puede actuar como un deudor privado, pues sus funcionarios no pueden disponer libremente de fondos públicos ni afectar partidas sin habilitación legal. Por ello, la jurisprudencia y la normativa presupuestaria admiten un tratamiento diferenciado: el pago debe sujetarse a reglas de programación, priorización y disponibilidad presupuestal. Sin embargo, este tratamiento suele ser utilizado como una carta de inmunidad frente a sus acreedores, pues no solo hay fata de presupuesto, sino que además hay inacción por parte de los funcionarios.

En la práctica, muchas entidades públicas utilizan el régimen presupuestal como una herramienta de postergación de pagos; ante las resoluciones de requerimiento, las entidades suele dar respuestas como: (i) no hay disponibilidad presupuestal, (ii) se atenderá conforme a la programación a ser implementada por la entidad (iii) se encuentra en evaluación; ninguna de estas respuestas permite apreciar un acto concreto destinado al cumplimiento de lo ordenado, omitiendo información que permita identificar actos concretos destinados a realizar la mencionada programación del pago: (i) el registro de la deuda, (ii) la identificación del pliego o modificación presupuestaria para considerar el pago; (iii) inclusión en listados de priorización de pagos (iv) preparación del cronograma de pago (v) liquidación de intereses devengados.

Vemos entonces que el litigante no puede únicamente pedir a un juez el cumplimiento de la sentencia; es necesario realizar diversos actos procesales destinados a buscar la eficacia de la sentencia, considerando (i) la identificación de los funcionarios responsables del pago, (ii) informes de presupuesto que integren la deuda pendiente de pago, (iii) el cronograma de pago y actualización de intereses; además, es posible pedir medidas de ejecución sobre cuentas o bienes públicos pero de uso privado y embargables. Como vemos, la sentencia con la calidad de cosa juzgada no logra la conclusión del litigio, pues luego de ello, empieza otra etapa de igual complejidad, destinada a materializar el cumplimiento real de la sentencia.

Conclusiones:

• El sistema de presupuesto público peruano permite que el Estado funcione como un deudor privilegiado: tiene restricciones para ser embargado, aplica procedimientos presupuestarios complejos, con baja responsabilidad individual de funcionarios; evidentemente, esto afecta la confianza en la justicia.
• Sí es posible implementar acciones destinadas a eludir la dilación por parte del Estado para asumir sus obligaciones de pago, las que van desde la identificación de los bienes cuya ejecución sea posible, hasta la programación de la fecha de pago que corresponda, pudiendo además pedir que el Juez a cargo del proceso promueva una investigación fiscal por desobediencia a la autoridad, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y de carácter funcional que corresponda.
• El Estado debe implementar la normativa presupuestaria que facilite el cumplimiento oportuno de las sentencias, sin caer en procedimientos que más bien generen excusas para dilatar los pagos ordenados luego de culminado un proceso judicial.

La mora de los préstamos bancarios a las familias alcanzó al 12,1% de los créditos en abril y anotó un nuevo máximo en más de 20 años. Además, se triplicó en el último año y creció medio punto en comparación con marzo. Según estimaciones privadas, la cifra de personas con algún crédito en situación irregular ya supera los 5,3 millones.

De acuerdo con el último Informe sobre Bancos elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el porcentaje de financiamiento al sector privado en situación de atraso llegó al 7,3% en el cuarto mes del año. Esto representa un incremento de 0,3 puntos porcentuales frente a marzo y de 5,1 puntos en comparación con abril de 2025.

El aumento de la morosidad se observó en todos los tipos de entidades financieras, siendo más pronunciado en los préstamos otorgados a familias, donde el índice subió 0,5 puntos en solo un mes y 8,3 unidades porcentuales respecto al índice del cuarto mes del año pasado. En cuanto a la irregularidad de la cartera en las empresas, se incrementó 0,2 p.p. en el mes, hasta totalizar 3,3% en abril (+2,4 p.p. i.a.).

“En los últimos meses viene registrándose una desaceleración en el ritmo de aumento del ratio de irregularidad del crédito los hogares. Este desempeño recoge principalmente el efecto de la evolución de la cartera en situación irregular (numerador), cuyo crecimiento real viene atemperándose gradualmente”, subrayó el informe del BCRA.

En tanto, el segmento de crédito dirigido a hogares muestra dieciocho incrementos mensuales consecutivos en la tasa de morosidad, alcanzando niveles que no se registraban desde 2004. En octubre de 2024, la morosidad era de solo 2,5%, valor que se multiplicó casi por cinco en los últimos dieciocho meses, pese a que el Producto Bruto Interno (PBI) mantuvo su crecimiento en ese lapso.

En cuanto a la evolución de la mora en cada línea, los préstamos personales tocaron el 14,9%, lo que refleja una suba de 0,5 puntos porcentuales frente al mes anterior. En los créditos hipotecarios, el índice de irregularidad se ubicó en 1,5%, tras subir 0,1 punto porcentual. Las líneas prendarias registraron un nivel de mora del 7,3%, con una suba de 0,3 puntos. En tarjetas de crédito, la morosidad llegó al 12,5%, mostrando una variación mensual de 0,7 puntos porcentuales respecto a marzo.

“Quizás lo peor del dato de abril es que, a diferencia de lo que habíamos visto en marzo, se aceleró el aumento. Si bien todavía es posible que veamos un pico en algún momento del segundo trimestre de 2026, ahora hay motivos para tener dudas sobre el tema”, señaló un informe de la consultora 1816.

En abril, la proporción de familias con deudas impagas en entidades no financieras también subió, alcanzando el 31,5%, frente al 30,7% registrado en marzo y se acopla al fenómeno que se advierte en los bancos.

“Uno de los problemas que tiene el fenómeno de la elevada morosidad es que muchos individuos dejarán de ser ‘sujetos de crédito’ durante un tiempo, limitando la expansión de los préstamos a familias en el futuro inmediato. Según nuestro procesamiento de los datos, hay 5,3 millones de personas con al menos un crédito irregular (es decir, impago hace al menos 90 días), sea con entidades financieras o no financieras, sobre un universo de 20 millones de personas con préstamos”, precisó el reporte.

En síntesis, el 26,7% de las personas con algún tipo de financiamiento presenta al menos un préstamo en situación irregular. “Eso significa que, al menos hasta las elecciones del próximo año (si hay PASO serán en apenas 14 meses), difícilmente el crédito a las familias pueda convertirse en un motor muy relevante de la actividad económica, como lo fue en el segundo semestre 2024 y el primer semestre 2025″, explicó el análisis de 1816.

A propósito de esta problemática, a fines de mayo, desde el sector bancario sostuvieron que el nivel de mora dejó de subir y consideran posible una reactivación del crédito en el corto plazo.

“No diría que está en pleno descenso pero sí que se amesetó, que ya no crece. La situación es delicada y requiere mucha cercanía con el cliente, para refinanciar o reestructurar la deuda, apoyados en la estabilidad de la tasa”, señaló Gustavo “Paco” Manríquez, CEO de Banco Supervielle, en el marco del evento AI in Finance - AIFI 2026.

Por otro lado, un relevamiento de la Cámara Argentina Fintech junto al ITBA concluyó: “Si bien la mora de la cartera fintech aumentó en sintonía con el total del sistema, indicadores de alta frecuencia muestran una desaceleración desde noviembre”.

El Banco de la Nación Argentina lanzó una nueva línea de crédito destinada a personas que tienen cuotas vencidas e impagas en la entidad y quieren regularizar su situación antes de caer en mora. El programa permite unificar todas las deudas pendientes en un solo préstamo personal, con plazos de hasta 10 años y una estructura en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) que mantiene las cuotas iniciales bajas.

La herramienta está disponible desde el jueves 26 de junio en todas las sucursales del banco y apunta a clientes con situación crediticia 1 o 2, es decir, aquellos que aún no ingresaron en mora pero acumulan atrasos en sus obligaciones.

Cómo funciona el préstamo

El mecanismo es el de una unificación de deudas: el banco no entrega dinero en efectivo al cliente, sino que aplica el monto del préstamo directamente a la cancelación de las cuotas impagas. El financiamiento puede cubrir hasta el 100% de la deuda consolidada, con un tope de $100 millones.

El plazo máximo es de 120 meses —equivalente a 10 años—, lo que permite distribuir el peso de las obligaciones en un período más largo y, en consecuencia, reducir el monto de cada cuota mensual. La tasa de interés es del 10% más UVA. Quienes opten por la cobertura CER-CVS abonan un punto porcentual adicional, pero a cambio sus cuotas se ajustan por la evolución de los salarios, lo que puede resultar conveniente en contextos de actualización salarial.

La afectación de ingresos prevista es del 25% bajo el esquema UVA, en línea con los criterios habituales de evaluación crediticia del sistema bancario.

Cuánto se paga por mes

El comunicado del banco incluye un ejemplo concreto para ilustrar el impacto de la refinanciación. Tomando como referencia una deuda de $1 millón, la cuota mensual actual bajo un plazo de 36 meses es de $67.670. Con el nuevo programa, a 120 meses de plazo, esa cuota inicial baja a $15.279 en la modalidad UVA más 10%. Si se elige la opción con cobertura CER-CVS, la cuota inicial asciende a $16.030.

La diferencia es significativa: en el escenario más conveniente, la cuota se reduce más de un 77% respecto al valor actual. La contrapartida es que el plazo se extiende considerablemente y el saldo se actualiza por inflación a través del índice UVA.

Quiénes pueden acceder

El beneficio está dirigido exclusivamente a clientes que cobran sus haberes en el Banco Nación. Quienes no cumplan con esa condición deberán transferir su cuenta sueldo a la entidad para poder acceder al programa.

El requisito de situación crediticia 1 o 2 implica que la herramienta está diseñada para actuar de forma preventiva: el objetivo es evitar que los deudores con cuotas atrasadas pasen a una categoría de mora que afecte su historial crediticio y limite su acceso futuro al sistema financiero. Una vez en mora, la regularización se vuelve más costosa y las opciones disponibles se reducen.

Los interesados pueden gestionar el trámite en cualquier sucursal desde el 26 de junio. Se pueden consultar las condiciones en la web del Nación o comunicarse con el “Contact Center” del banco.

La mora en máximos de más de dos décadas

El lanzamiento se produce en un momento en que la morosidad bancaria de las familias atraviesa uno de sus peores momentos en más de 20 años. Según datos del Banco Central, la proporción de créditos irregulares en los hogares alcanzó el 12,1% en abril —un máximo desde 2004—, frente al 3,7% registrado en el mismo mes del año anterior.

Los préstamos personales, la línea más extendida entre las familias, registraron un índice de mora del 14,9%. Según estimaciones privadas, más de 5,3 millones de personas tienen al menos un crédito en situación irregular, lo que equivale al 26,7% del universo de personas con algún tipo de financiamiento.

La presión financiera sobre los hogares estadounidenses ha alcanzado niveles sin precedentes. La deuda acumulada de las familias estadounidenses llegó a un récord histórico en el primer trimestre del año, impulsada por el aumento sostenido de los precios y el encarecimiento del costo de vida. La inflación ha reducido la capacidad de muchas familias para cubrir sus facturas mensuales y servicios básicos, mientras que las tasas de interés elevadas en las tarjetas de crédito han acelerado la acumulación de saldos. Las personas quedan atrapadas en un ciclo difícil de romper, donde el pago de intereses se lleva una parte considerable de los ingresos y dificulta el ahorro o la creación de un fondo de emergencia.

El escenario actual exige organización y planificación para enfrentar las deudas. Entre los métodos recomendados, sobresalen dos estrategias principales. El método de la bola de nieve propone listar las deudas de menor a mayor monto, pagar el mínimo en todas y destinar cualquier dinero extra a la tarjeta con el saldo más bajo. Este enfoque brinda una satisfacción emocional rápida al ver cómo desaparecen cuentas pendientes, lo que puede motivar a seguir el plan. Por otro lado, el método de la avalancha ordena las deudas según la tasa de interés, de mayor a menor, y concentra los pagos adicionales en la tarjeta con el APR más alto. Aunque la motivación emocional es menor al inicio, este método permite ahorrar más dinero en cargos financieros a largo plazo.

Cuando las deudas se vuelven inmanejables, existen alternativas de ayuda profesional y financiera. Los expertos recomiendan primero negociar directamente con los acreedores o bancos emisores para pedir una reducción en las tasas de interés antes de iniciar cualquier estrategia de pago. También se sugiere buscar asesoría crediticia sin fines de lucro, donde agencias especializadas evalúan la situación financiera de cada persona y diseñan planes de pago ajustados a su realidad. Una opción adicional es ingresar a un plan de manejo de deuda, que consolida múltiples tarjetas en un único pago mensual fijo, reduce los intereses promedio aplicados y permite liquidar la deuda total en un plazo razonable, evitando que el saldo se extienda durante décadas.

La crisis no afecta a todos por igual. Las familias latinas en Estados Unidos enfrentan un doble desafío: sostienen niveles de deuda en tarjetas de crédito más altos que otros grupos demográficos y, al mismo tiempo, el costo de vida presiona sus presupuestos. La mayoría recurre a las tarjetas para cubrir gastos básicos, lo que incrementa el saldo mes tras mes. Según una encuesta de abril de 2026 realizada por National Debt Relief, el 72% de los hispanos declaró tener algún tipo de deuda, frente al 68% de los no hispanos. En tarjetas de crédito, el 41% mantuvo saldo de un mes a otro con un promedio de USD 10.933, y el 43% expresó sentirse agobiado por sus obligaciones financieras. Este fenómeno es especialmente visible en estados como Nueva York, California, Texas y Florida, donde los altos costos de vivienda, transporte y servicios empujan a financiar gastos corrientes con crédito.

El costo de financiar compras con tarjeta se incrementa por varios factores. No solo importa el monto adeudado, sino también cómo y cuándo se paga. El pago mínimo mensual, que suele ubicarse entre el 1% y 2% del saldo total, incluye los intereses generados en el período y reduce el capital de forma lenta. Así, la deuda puede extenderse durante años, incluso si el titular cree estar al día por no atrasarse. Por ejemplo, una deuda de USD 5.000 con una tasa anual del 24% puede terminar costando casi el doble si solo se cubre el mínimo mes a mes. Cada USD 100 que no se paga en el presente se convierte en intereses adicionales en los meses siguientes, encareciendo el financiamiento total de compras cotidianas.

En muchos casos, los errores que agravan la deuda no provienen de gastos excepcionales, sino de decisiones cotidianas. Consejeros financieros y organizaciones que trabajan con población hispana identifican patrones como mezclar compras esenciales y discrecionales en la misma tarjeta, no verificar las tasas de interés, aceptar aumentos de límite como si fueran dinero disponible y usar tarjetas para enviar remesas sin tener un plan de pago claro. La acumulación suele ser resultado de rutinas: usar la tarjeta para el supermercado cada mes, pagar servicios básicos con crédito de alto interés o no poder liquidar el total al cierre. Cuando la deuda se acumula, la prioridad deja de ser mejorar el puntaje crediticio y pasa a ser frenar el aumento del saldo pendiente.

Para este mes, las acciones recomendadas incluyen dejar de usar la tarjeta con la tasa más alta, aunque tenga el límite mayor; hacer una lista con el saldo, la tasa y el pago mínimo de cada cuenta; y concentrar los pagos extra en la tarjeta más cara, manteniendo el mínimo en las demás. Esta táctica, conocida como “avalancha”, reduce el costo financiero total más rápido que repartir pagos adicionales sin un criterio definido. Otra vía útil es negociar con el banco una baja de tasa o un plan temporal de pagos. Además, es recomendable buscar apoyo en organizaciones comunitarias que ofrecen consejería financiera gratuita en español, especialmente en ciudades con alta población latina.

Para evitar que la tarjeta financie la vida diaria, el informe sugiere ajustar gastos fijos como el plan de teléfono, suscripciones y servicios duplicados, buscar ingresos adicionales temporales y poner un límite claro al uso de la tarjeta. Es fundamental reservarla solo para emergencias médicas reales o compras planificadas que puedan pagarse al cierre.

En cuanto a las preguntas frecuentes, desde un criterio matemático, conviene cancelar primero la tarjeta con la tasa más alta porque es la que genera más intereses. Si se decide cancelar una tarjeta, hay que considerar que esto puede afectar el puntaje crediticio al reducir el límite total disponible y aumentar el porcentaje de utilización. La consolidación de deudas solo es útil si el nuevo préstamo ofrece una tasa más baja y un plazo razonable; de lo contrario, existe el riesgo de saldar las tarjetas y volver a endeudarse. Los avances de efectivo y el pago de una tarjeta con otra generalmente no convienen, ya que suelen implicar tasas más altas y comisiones adicionales.

La dificultad para cumplir con los compromisos financieros no es un fenómeno exclusivo de las familias argentinas. En el sector empresarial, los indicadores de mora llevan más de un año en alza sostenida y los últimos datos disponibles muestran que el deterioro se aceleró en los primeros meses de 2026.

Un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado en base a datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Empresarial y Urbano (Cendeu) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), revela que la cartera irregular de las empresas trepó al 3,1% del total adeudado, frente al 0,9% registrado un año atrás, y que el número de firmas en la categoría de mayor riesgo crediticio prácticamente se duplicó en ese período.

Un problema creciente

La tasa de morosidad de la cartera crediticia de las empresas subió más de tres puntos porcentuales en doce meses. El informe detalla esa evolución por tipo de línea: adelantos, documentos, créditos con garantía hipotecaria y créditos con garantía prendaria. En todos los casos, la tendencia es la misma: un recorrido ascendente que, según el instituto, no se había observado desde la pandemia.

En detalle, a marzo de 2026 la morosidad más alta entre las empresas se registra en las líneas de crédito con garantía hipotecaria (5,4%), seguidas por las garantías prebendarias (4,2%), los adelantos (3,2%) y finalmente, los documentos (2,7%).

Un dato a considerar, es que la tasa de morosidad es mayor que la que capta el indicador de monto adeudado, dado que muchas empresas que se endeudan por valores bajos no hacen subir el monto moroso, pero sí elevan la cantidad de deudores con atrasos. Esa distinción es relevante para entender la magnitud del fenómeno. El incumplimiento está más extendido en cantidad de firmas que lo que el número agregado permite ver a simple vista.

Los casos más críticos

Uno de los datos más llamativos del informe es el crecimiento de las empresas clasificadas en situación 5, que corresponde a la categoría de "deudores irrecuperables", es decir, aquellos que acumulan más de un año de atraso en al menos una línea de crédito. En marzo de 2026, esa cifra alcanzó las 21.948 empresas, lo que representa el 7,7% del total de firmas deudoras ante el sistema financiero. En términos relativos, el crecimiento fue del 65% en solo doce meses.

La evolución no fue gradual sino que se aceleró de manera pronunciada en la segunda mitad de 2025. En abril de 2024, el número de empresas en situación 5 era de 10.813. Desde ese punto, la curva trepó mes a mes hasta superar las 21.000 en los primeros meses de este año. El informe subraya que cuando se contempla las situaciones 3, 4 y 5 en conjunto —que agrupan a todas las empresas con dificultades de pago de diverso grado—, ese porcentaje sube al 13,5% del total de firmas deudoras.

El norte del país, el más afectado

La distribución geográfica de la morosidad empresarial muestra diferencias significativas entre provincias. Según los datos del informe para marzo de 2026, La Rioja encabeza el ranking con una tasa del 13,2%, seguida por Santiago del Estero (12,3%) y Chubut (9,2%). Le siguen Mendoza (7,2%), Chaco (6,6%), Corrientes (5,2%), Formosa (5,2%) y Salta (5%).

La comparación con los datos de un año atrás revela dónde el deterioro fue más intenso. La Rioja pasó de una tasa del 0,4% en marzo de 2025 al 13,2% en marzo de 2026, una variación de 12,8 puntos porcentuales. El informe del Instituto Argentina Grande la señala como la jurisdicción con mayor crecimiento de la morosidad del país. Santiago del Estero subió 5,3 puntos porcentuales en el mismo período; Chubut, 5,5; Mendoza, 4,9; Chaco, 5,8; y Corrientes, 4,8.

En el extremo opuesto, las jurisdicciones con niveles de morosidad más bajos son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1,4%), Santa Cruz (1,4%), Tierra del Fuego (0,8%) y Jujuy (0,5%). Sin embargo, incluso en estos casos la tendencia también es al alza respecto de un año atrás.

El informe advierte que La Rioja y Santiago del Estero se destacan por sus altos niveles de morosidad, aunque con una particularidad: se trata de provincias donde hay muy pocas empresas con alguna línea de crédito activa. Para el caso de La Rioja, solo 822 firmas registran algún crédito con el sistema financiero. Que la tasa sea tan elevada, entonces, no indica necesariamente una crisis crediticia masiva en términos de cantidad de empresas afectadas, sino un deterioro pronunciado dentro de un universo pequeño.

Un fenómeno que también afecta a los hogares

El aumento de la morosidad no se circunscribe al sector empresarial. Un informe reciente de la consultora Analytica sobre crédito a familias reveló que el 26,9% de quienes tienen alguna deuda en el sistema financiero ampliado registra mora tardía, lo que equivale a 5,3 millones de personas. La irregularidad es especialmente pronunciada en los jóvenes de entre 18 y 30 años, donde la tasa de morosidad se acerca al 40% tanto en hombres como en mujeres, fenómeno que la consultora vincula con el deterioro de la inserción laboral en ese segmento etario.

En el plano geográfico, el mismo patrón regional que aparece en la mora empresarial se replica en los hogares: las provincias del norte y Cuyo concentran los niveles más altos de incumplimiento. San Juan lidera ese ranking con una tasa del 36%, seguida por La Rioja (35,3%) y Catamarca (34,8%). En el extremo opuesto, la Ciudad de Buenos Aires presenta el nivel más bajo del país, con el 16,1% de los deudores en situación irregular.

Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que dialogó con los bancos para que extiendan los plazos y bajen las tasas a las que refinancian las deudas de sus clientes, se conoció que la mora en abril escaló al 26,9%. Pero el dato más alarmante está en los jóvenes de 18 a 30 años, donde la morosidad casi llega al 40% y afecta sobre todo a los ciudadanos de las provincias del norte del país.

El informe de Analytica sobre crédito a familias en abril describió un contexto marcado por la alta morosidad y fuertes diferencias entre regiones y edades. El reporte detalla que el 15,4% de la cartera de crédito a familias en el sistema financiero ampliado figura como irregular, cifra que incluye préstamos de bancos, fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros.

En cantidad de personas, el fenómeno resulta más grave: el 26,9% de quienes tienen alguna deuda en el sistema financiero ampliado registra mora tardía (incumplimiento en el pago de una obligación financiera que supera los 90 a 120 días de atraso), lo que se traduce en 5,3 millones de personas. Según Analytica, 19,8 millones de argentinos tienen algún crédito activo. De ese total, 14,3 millones mantienen al menos una deuda con bancos, mientras 5,5 millones lo hacen exclusivamente fuera del circuito bancario formal.

La composición del endeudamiento revela que los bancos concentran el 82,4% de la deuda total de familias, seguidos por las fintech (10,1%) y el resto de entidades (7,5%). En cuanto a irregularidad de cartera, los bancos presentan un 11,9%, las fintech un 21,6% y el resto de entidades un 43,1%. Entre quienes solo tienen deudas con bancos, el 19,2% está en mora; en fintech, ese porcentaje asciende al 28,9%. El segmento más crítico corresponde a otras entidades no financieras, donde el 96,4% de los deudores está en mora tardía.

La alerta en los jovenes

El impacto en los jóvenes destaca como uno de los fenómenos más preocupantes. Según Analytica, entre las personas de 18 a 30 años, la morosidad alcanza casi el 40%: 39% para hombres y 38,1% para mujeres. En montos involucrados, los hombres presentan un 27,9% y las mujeres un 26,8% de irregularidad. La consultora vincula estos datos con el deterioro de la inserción laboral juvenil. La tasa de desocupación en mujeres de 14 a 29 años subió de 13,8% a 16,8% entre finales de 2024 y 2025, y en hombres pasó de 12,5% a 16,2 por ciento.

El informe de la consultora subraya que la morosidad también crece entre los segmentos de menores ingresos. En la categoría A del monotributo, la irregularidad de cartera llega al 14% y el 17,9% de personas se encuentra en mora tardía, los valores más altos del segmento. En la categoría K, la de mayor facturación, los porcentajes bajan a 7,5% y 8,5 por ciento.

Los datos alarman porque se conocen luego de que el ministro de Economía Caputo reconoció que hablaron con los bancos para que cambien las condiciones que le daban a sus clientes para refinanciar las deudas. “Nosotros hemos hablado con los bancos y les hemos dicho: ‘Muchachos, no funciona así, denle plazo y tasa baja porque si no, no van a poder’. Y entiendo que varios bancos lo están haciendo, están hablando con las pymes y les están dando tasa más razonable y plazo más largo”, aseguró en una entrevista.

Es que en la lectura del Gobierno, el aumento de las mora es lógico ya que durante la gestión de los Fernandez la mitad de los prestamos iban al sector público y solo el 22% al privado y ahora los bancos volvieron a actuar de bancos. Sin embargo, en esa transición apuntan a que las entidad “dieron algunos créditos malos y ahora, como tienen mora, están más reticentes a seguir dando crédito”.

Diferencias por provincias

Pero las diferencia no solo son por edad sino también por región del país. San Juan lidera el índice de morosidad con 36%, seguida por La Rioja (35,3%) y Catamarca (34,8%). En el otro extremo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) presenta el nivel más bajo con 16,1%, junto a La Pampa (19,5%) y Neuquén (23,6%). Aunque se debe tener en cuenta que las provincias del norte no sólo tienen altos niveles de morosidad, sino también una baja incidencia de crédito formal por habitante. Santiago del Estero, Corrientes y Jujuy se encuentran entre las jurisdicciones con menor proporción de deudores formales respecto de la población.

El informe también destaca que la Patagonia lidera en deuda mediana, con Tierra del Fuego a la cabeza (1.126.000 pesos), seguida por Neuquén (842.000) y Santa Cruz (819.000). CABA muestra un nivel elevado (796.000 pesos). La provincia de Buenos Aires y Chaco figuran con 537.000 pesos de deuda mediana, mientras Formosa registra el valor más bajo (457.000 pesos).

Y esta diferencia también se produce dentro de la provincia, ejemplo de ello es Buenos Aires en donde en el conurbano bonaerense, la dispersión entre municipios es considerable. Vicente López exhibe el menor porcentaje de deudores en mora tardía (15,1%), seguido por San Isidro (20,2%), Morón (21,9%), Tres de Febrero (23%) e Ituzaingó (25%). Florencio Varela encabeza la lista de mayor morosidad (38,3%), seguido por José C. Paz (37,3%), Moreno (35,9%), Malvinas Argentinas (35,1%) y Merlo (34,4%).

Miles de colombianos enfrentan cada año procesos de embargo por deudas pendientes, obligaciones tributarias o decisiones judiciales. Sin embargo, la normativa vigente contempla mecanismos de protección que impiden que una persona quede completamente sin recursos económicos como consecuencia de estas medidas.

Por esa razón, existen montos y recursos específicos que no pueden ser afectados por embargos, incluso cuando hay una orden judicial o administrativa en curso.

La regulación colombiana establece un límite de inembargabilidad para las cuentas de ahorro de personas naturales, con el objetivo de garantizar el llamado mínimo vital.

Esta protección busca que quienes enfrentan procesos de cobro puedan conservar una parte de sus recursos para cubrir necesidades básicas mientras se resuelve la obligación pendiente.

Las disposiciones vigentes para el período comprendido entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 fijan un monto máximo protegido que supera los 55 millones de pesos. No obstante, existen excepciones relacionadas con obligaciones alimentarias, deudas con entidades estatales y otros procesos especiales contemplados por la ley.

¿Cuál es el monto que no puede ser embargado?

De acuerdo con la regulación establecida por la Superintendencia Financiera, desde el 1 de octubre de 2025 y hasta el 30 de septiembre de 2026 el límite de inembargabilidad para las cuentas de ahorro de personas naturales quedó fijado en $55.099.308.

Esto significa que si una persona tiene un saldo igual o inferior a esa cifra en sus cuentas protegidas, esos recursos no pueden ser objeto de embargo. Cuando el dinero supera dicho monto, únicamente puede ser retenida la parte excedente y no la totalidad del saldo disponible.

La medida también cobija algunos productos financieros digitales cuyo titular sea una persona natural, incluidos servicios de depósitos electrónicos y billeteras digitales que operan bajo las mismas condiciones establecidas para las cuentas de ahorro.

Las autoridades recuerdan que este límite se actualiza periódicamente, por lo que los montos pueden variar de un año a otro conforme a las disposiciones expedidas por la Superintendencia Financiera.

La protección no aplica por cada cuenta

Uno de los aspectos que suele generar más dudas entre los usuarios es si el límite protegido opera individualmente para cada cuenta bancaria.

La respuesta es no. Las autoridades financieras explican que para determinar la inembargabilidad se toma en consideración el total de los recursos que una persona natural posee en las diferentes cuentas que puedan estar sujetas al proceso.

Por esa razón, los saldos existentes en varias cuentas pueden sumarse para verificar si superan o no el límite establecido por la regulación vigente.

El objetivo de esta disposición es evitar que una persona distribuya sus recursos en múltiples productos financieros con la intención de evadir las medidas de embargo autorizadas por las autoridades competentes.

Casos en los que sí procede el embargo

Aunque existe una protección general para ciertos recursos, la ley contempla excepciones específicas.

Entre ellas se encuentran las obligaciones relacionadas con cuotas alimentarias, las deudas derivadas de procesos adelantados por entidades estatales y algunos compromisos adquiridos con cooperativas.

Las obligaciones tributarias, sanciones económicas y multas impuestas por organismos públicos también pueden dar lugar a medidas de embargo dentro de los procedimientos legales establecidos.

Otro aspecto importante es que las entidades financieras no pueden embargar recursos por iniciativa propia. Para que la medida sea válida debe existir una orden judicial expedida por un juez o un acto administrativo emitido por una autoridad competente, como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Asimismo, la normativa protege determinados recursos considerados esenciales para la subsistencia, entre ellos el salario mínimo legal en los casos previstos por la ley y algunas prestaciones sociales con carácter alimentario.

Por el contrario, las personas jurídicas no cuentan con el beneficio general de inembargabilidad que sí protege a las personas naturales. En consecuencia, las empresas y sociedades pueden estar sujetas a medidas de embargo conforme a las obligaciones que mantengan pendientes.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos revisar periódicamente su situación financiera y atender oportunamente cualquier requerimiento judicial o administrativo para evitar que los procesos de cobro lleguen a instancias que impliquen la inmovilización de recursos bancarios.

La alfabetización financiera de los adultos en Estados Unidos cayó en 2025 a su nivel más bajo en una década, según un informe publicado por la Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC) de la Universidad de Stanford y el TIAA Institute.

De acuerdo con datos difundidos por CBS News, solo el 47% de las respuestas en una prueba de 28 preguntas sobre conceptos financieros básicos fueron correctas, una cifra que representa el registro más bajo desde que comenzó la medición hace 10 años.

Brechas generacionales y de género en el conocimiento financiero

El estudio, citado por CBS News, revela que las diferencias en conocimientos financieros resultan notorias entre grupos de edad y género. Las mujeres respondieron correctamente el 44% de las preguntas, mientras que los hombres lograron un 50%.

Entre generaciones, los adultos de la Generación Z (personas de 18 a 29 años) obtuvieron la puntuación más baja con un 38%, en contraste con el 54% que alcanzaron los baby boomers.

Surya Kolluri, director del TIAA Institute, explicó a CBS News que parte de la brecha generacional puede atribuirse a la edad y a la falta de experiencia de los jóvenes en temas de retiro, que forman parte de la evaluación.

Además, sostuvo que influyen factores como la elevada deuda estudiantil y la percepción de que la adquisición de una vivienda resulta inalcanzable para muchos jóvenes. El informe destaca que uno de cada cuatro estadounidenses presenta niveles muy bajos de comprensión financiera, un aumento respecto al 20% registrado una década atrás.

Factores detrás del descenso y consecuencias para los hogares

Si bien el estudio no analiza en profundidad las causas del deterioro en la alfabetización financiera, CBS News informa que el avance de información engañosa en redes sociales, la disminución de la alfabetización general y las presiones económicas figuran entre las hipótesis señaladas por los autores.

Kolluri subrayó a CBS News que las personas con menor dominio de conceptos financieros son cuatro veces más propensas a tener dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Además, los encuestados con bajo nivel de conocimiento financiero tienden a enfrentar mayores niveles de endeudamiento y fragilidad económica.

Expertos recogidos por CBS News abren un debate sobre la responsabilidad individual y la complejidad del sistema. John Campbell, profesor de la Universidad de Harvard, y Tarun Ramadorai, Imperial College London, sostienen en un libro citado por el medio que el sistema de retiro estadounidense “parece demasiado complejo para que muchas personas lo entiendan”.

Por su parte, Matt Schulz, analista jefe de finanzas del consumidor en LendingTree, indicó al medio que, a pesar del aumento en la sofisticación de los productos financieros, los conceptos elementales permanecen estables: “El hecho de que a la gente le vaya cada vez peor en estos exámenes es preocupante”, señaló.

Schulz también atribuye parte del retroceso a la proliferación de información financiera inexacta en internet. Según sus declaraciones en CBS News, para quienes carecen de una base sólida, distinguir entre buenos y malos consejos financieros resulta especialmente difícil, lo que puede derivar en decisiones perjudiciales.

Cómo se evalúa la alfabetización financiera y qué temas aborda

El informe difundido por TIAA y GFLEC incluye un conjunto de preguntas diseñadas para medir la comprensión sobre temas como salario, presupuesto familiar, inflación, diversificación de inversiones, interés compuesto, seguros, valor esperado en loterías y adecuación de consejos de inversión según la edad.

CBS News detalla que la última edición del examen muestra un desempeño particularmente bajo en áreas como el entendimiento del riesgo financiero, donde solo el 36% de las respuestas fueron correctas. Los resultados del estudio ponen en relieve la urgencia de fortalecer la educación financiera en Estados Unidos.

De acuerdo con las instituciones responsables del informe, quienes obtienen peores resultados no solo enfrentan mayores dificultades para administrar sus recursos, sino que también presentan una mayor probabilidad de experimentar inestabilidad financiera a lo largo de su vida laboral y en la jubilación.

El artículo 2001 del Código Civil referido a los Plazos prescriptorios de acciones civiles dice textualmente:

“Artículo 2001.- Prescriben, salvo disposición diversa de la ley: 1.- A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico. 2.- A los siete años, la acción de daños y perjuicios derivados para las partes de la violación de un acto simulado. 3.- A los tres años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios prestados como consecuencia de vínculo no laboral. 4.- A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la que proviene de pensión alimenticia, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo”.

Una acción civil se refiere al derecho o mecanismo legal que tiene una persona para acudir al órgano jurisdiccional y exigir la resolución de un conflicto de intereses o la defensa de un derecho privado. Su objetivo no es castigar un delito con prisión, sino restablecer un derecho vulnerado, exigir el cumplimiento de una obligación o reparar un daño económico o moral. En caso de deudas, puede ser un embargo o cobranza coactiva.

Es decir, la ley establece un plazo de diez años para la acción real —que incluye el embargo de bienes como inmuebles o vehículos— y también para la acción personal. Ese plazo comienza a correr desde el momento en que el deudor incumple con sus obligaciones. Si transcurre esa década sin que el acreedor presente una demanda, el deudor puede solicitar ante un juez que declare prescrita la deuda. El tribunal, si acepta la solicitud, la anula de forma oficial.

Obligación económica persiste

Pero la historia no termina ahí. Lo que Rojas describe con precisión es que la obligación económica subyacente persiste aunque la acción legal haya caducado. Un banco puede seguir reconociendo la deuda en sus registros internos y negarse a prestar servicios al deudor moroso, incluso si ya vendió esa cartera a un estudio de cobranza.

Esa práctica, como el propio abogado admite, no está respaldada por ninguna norma explícita —y podría ser materia de queja ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)—, pero ocurre con frecuencia en el sistema financiero peruano.

Hay un segundo frente: las centrales de riesgo. Aunque haya una prescripción legal, su rastro puede permanecer en plataformas como Infocorp —administrada por Equifax— durante un período de hasta cinco años. El gerente legal de Equifax, Javier Mori, ha explicado que “la prescripción de la deuda no elimina su rastro en el historial crediticio, lo que puede seguir afectando la calificación financiera del deudor”. En el caso de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el registro no tiene un período definido de prescripción, lo que significa que la información puede mantenerse activa de forma indefinida.

Ese historial negativo tiene consecuencias prácticas: el acceso a préstamos personales, hipotecas o cualquier producto financiero queda comprometido mientras la mancha permanezca en el sistema, con independencia de que la deuda ya no sea legalmente exigible.

La prescripción tampoco opera de forma automática. El deudor debe solicitarla ante un tribunal; si no lo hace, la deuda puede seguir siendo cobrada extrajudicialmente. Entidades financieras, cajas municipales y estudios de cobranza tienen plena facultad para contactar al deudor, negociar y presionar por el pago, siempre que no recurran a vías judiciales.

Carteras morosas

Rojas también menciona en el audio que los bancos suelen vender las carteras morosas a terceros antes de que venza el plazo de prescripción. Esa práctica es habitual: una vez que la deuda cambia de manos, el nuevo acreedor —generalmente un estudio jurídico especializado en cobranza— retoma el conteo o inicia sus propias gestiones. El deudor que cree estar a salvo porque “ya pasaron los diez años” puede encontrarse frente a un acreedor distinto con el plazo aún vigente.

El Congreso de la República aprobó en mayo de 2025 una modificación a la Ley 28587 que obliga a las entidades financieras a retirar a los deudores de las centrales de riesgo en un plazo máximo de siete días hábiles una vez que hayan regularizado su situación. La norma también exige que la SBS refleje esa actualización en su siguiente reporte de la Central de Riesgos. La medida apunta a reducir los tiempos de rehabilitación crediticia, pero no altera los plazos de prescripción ni elimina el registro de deudas impagas que aún no han sido saldadas.

Hay también plazos distintos según el tipo de deuda. Las acciones cambiarias —derivadas de títulos valores como letras o pagarés— prescriben en tres años, conforme a la Ley de Títulos Valores. Las deudas por prestaciones periódicas, como alquileres o pensiones alimenticias, tienen un plazo de dos años. La pensión alimenticia, por su parte, cuenta con un plazo de quince años.

El futbolista Jonatan Gómez, ex jugador de Rosario Central y Racing —actualmente en Sarmiento de Junín—, denunció haber sido extorsionado para firmar cuatro pagarés en una escribanía por una deuda de 505 mil dólares contraída por haber operado una plataforma clandestina de casino online. Producto del conflicto, que tiene intervención judicial, embargaron una casa, un departamento, un auto y sus cuentas bancarias.

De acuerdo a los datos recolectados por Infobae, el futbolista denunció en febrero de este año haber sido intimidado por una “organización” que exige el dinero adeudado, que inicialmente había sido de 50 mil dólares tras “una mala racha de juego” en la plataforma Lexus, donde jugaba a la ruleta y otros juegos de azar.

Los aprietes, según la presentación hecha por Gómez, se dieron de dos formas: una, con visitas al predio de Junín donde entrena con Sarmiento, club en el que tiene contrato, y la otra, con advertencias presenciales en su domicilio de la ciudad de Capitán Bermúdez, situada a pocos kilómetros de Rosario.

“Son dos investigaciones que se tramitan en la ciudad de San Lorenzo. Una tiene que ver con una organización que opera el juego clandestino en Santa Fe. La otra, con la suscripción de pagarés que se hicieron mediante mecanismos extorsivos por un monto muy alto, de medio millón de dólares”, comentó Paul Krupnik, abogado del futbolista, en diálogo con Radio 2.

Krupnik señaló que uno de los presuntos miembros de la organización dedicada al juego clandestino es primo de la esposa de Gómez. “Esto no tiene que ver con apuestas deportivas, es más con las maquinitas, ruleta. A él lo llevaron bajo amenaza a una escribanía”, amplió.

Según la documentación a la que accedió Infobae, el inicio de la deuda del mediocampista fue a mediados del año pasado. Los reclamos de la plata se hicieron mediante llamadas o mensajes de WhatsApp que él eliminó de su teléfono para que su familia no tuviera conocimiento del caso.

Gómez, en un escrito, explicó que dos rosarinos que operan la plataforma de casino online clandestino lo amenazaron frente a varios compañeros de Sarmiento de Junín, cuando le dijeron que si no cancelaba la deuda “iba a tener consecuencias”. Acto seguido, fueron a un domicilio familiar, donde exigieron el dinero.

La situación continuó el 29 de octubre de 2025, cuando el ex volante de Racing fue a una escribanía de Junín y firmó cuatro pagarés por 505 mil dólares, según aseguró, bajo amenaza de que si no lo hacía su familia “era boleta”.

Uno de los pagarés era por 25 mil dólares —con vencimiento inmediato, el 31 de octubre de 2025—, dos por 180 mil dólares —con vencimiento en noviembre y diciembre de ese año— y otro por 120 mil dólares —a abonar en enero de 2026—.

“Me obligaron a firmar en contra de mi voluntad, siendo ese monto (505.000 dólares) diez veces más de lo que les debo”, concluyó Gómez en uno de los escritos que forman parte de la investigación.

Las intimidaciones continuaron, de acuerdo a la exposición de Gómez, en febrero de este año cuando amenazaron a su actual esposa.

En tanto, en diciembre del año pasado, los acreedores —figuran dos rosarinos— iniciaron una demanda en el fuero Civil y Comercial para cobrar el dinero. Es por eso que desde el Juzgado de primera instancia Civil y Comercial de San Lorenzo 2ª Nominación se inhibieron bienes del futbolista: una casa del barrio cerrado “Aguadas” de la ciudad de Funes, un departamento ubicado en Malabia al 100 de Rosario, un Mercedes Benz GLB 200 y las cuentas bancarias. No obstante, la resolución fue recurrida, ya que en la vía penal se denuncia que el monto de la deuda fue “inflado” a través del mecanismo intimidatorio que aún no fue zanjado.

La atención médica para afiliados de Nueva EPS en Barranquilla volvió a generar preocupación luego de que asociaciones de usuarios y veedores de salud denunciaran restricciones en varios servicios por presuntas deudas de la EPS con clínicas del Atlántico.

Según la denuncia conocida en las últimas horas, la Clínica General del Norte únicamente estaría recibiendo pacientes catalogados como urgencias vitales, mientras que otros casos estarían siendo remitidos a diferentes centros asistenciales.

Usuarios y veedores señalaron que la medida estaría vigente desde la semana pasada y que, hasta el momento, no habría claridad sobre cuándo se normalizaría la atención médica.

La denuncia fue realizada por integrantes de la Asociación de Usuarios de Nueva EPS en Atlántico, quienes anunciaron reuniones con directivos de la entidad para exigir explicaciones sobre la situación.

Denuncian restricciones en la atención médica

De acuerdo con los reportes entregados por representantes de usuarios, algunas personas afiliadas a Nueva EPS han encontrado dificultades para recibir atención en la Clínica General del Norte, uno de los principales centros médicos de Barranquilla.

Los veedores aseguraron que solo se estaría permitiendo el ingreso de pacientes con urgencias consideradas críticas o vitales, mientras otros casos son direccionados hacia diferentes instituciones de salud.

Entre los casos que sí estarían siendo atendidos figuran pacientes con cuadros graves como infartos o personas heridas por arma blanca, según las denuncias conocidas en Barranquilla.

El veedor de salud Andrés Meza Pérez afirmó que la situación mantiene en incertidumbre a cientos de afiliados de la EPS en el departamento.

Usuarios anuncian reuniones y posibles denuncias

Los representantes de usuarios confirmaron que este miércoles sostendrán una reunión con funcionarios zonales de Nueva EPS en Barranquilla para conocer las razones detrás de las presuntas restricciones en la atención.

Además de la preocupación por las urgencias, los veedores aseguraron que continúan recibiendo reportes sobre demoras reiteradas en la entrega de medicamentos para pacientes afiliados.

Los usuarios advirtieron que, si no obtienen respuestas claras, podrían acudir a organismos como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo o la Personería Distrital de Barranquilla.

“Siempre que vamos nos mantienen con pañitos de agua tibia y ya estamos cansados de esto”, manifestó Andrés Meza Pérez al referirse a las dificultades que, según afirmó, enfrentan los afiliados en el acceso a servicios médicos.

Pacientes estarían siendo remitidos a otras clínicas

De acuerdo con los testimonios recopilados por los veedores, algunos pacientes con síntomas como fiebre o presión arterial elevada estarían siendo enviados hacia la Clínica del Prado.

Sin embargo, denunciaron que en ciertos casos tampoco estarían encontrando atención inmediata en ese centro asistencial.

La situación incrementó la preocupación entre usuarios de Nueva EPS en Barranquilla, quienes temen que las restricciones afecten tratamientos médicos y consultas urgentes.

La reunión programada para revisar el panorama será liderada por Luis Fernando Cristancho, directivo zonal de la entidad en el Atlántico.

Crisis en la atención genera preocupación

Al encuentro también asistirán otros representantes de usuarios y veedores de salud, entre ellos César Martínez, José De Moya, Rubén Martínez y Fredy Granados, presidente de la Asociación de Usuarios de la Clínica General del Norte.

Los asistentes buscarán establecer si existen problemas financieros o administrativos que estén afectando la prestación de servicios médicos para los afiliados de Nueva EPS en la región Caribe.

La situación ocurre en medio de múltiples cuestionamientos nacionales relacionados con retrasos en medicamentos, autorizaciones y atención médica para usuarios de distintas EPS en Colombia.

Hasta el momento, la Clínica General del Norte no se ha pronunciado oficialmente sobre las denuncias realizadas por los usuarios y veedores de salud en Barranquilla.

El 19 de mayo de 2026 fue expedida por el Gobierno nacional la Ley 2573 de 2026, “por medio de la cual se establecen medidas para proteger a las personas del reporte negativo ante operadores de información y el cobro de obligaciones en casos de suplantación de identidad ante los operadores de telecomunicaciones, las entidades financieras - crediticias y demás establecimientos comerciales con esta competencia y se dictan otras disposiciones”.

Con esta se marca un hito en la protección contra la suplantación de identidad en Colombia, un problema que registra un crecimiento sostenido en los últimos años. Solo en 2025 se registraron 62.299 denuncias por delitos informáticos vinculados a fraudes de este tipo, de acuerdo con datos oficiales.

Dicha norma introduce nuevas salvaguardas jurídicas: dispone la suspensión inmediata de cobros, prohíbe reportes negativos en centrales de riesgo y exige a bancos, comercios y operadores de telefonía reforzar sus sistemas de validación. Las víctimas deben denunciar penalmente el hecho, pero la responsabilidad de probar la autenticidad de una operación ahora recae sobre la entidad implicada, que debe facilitar la documentación y reportar el incidente a las autoridades.

Y es que cada vez es más común que ciudadanos encuentren deudas crediticias o de telefonía que jamás solicitaron. Más allá del impacto económico, las víctimas suelen ver afectado el historial crediticio y padecen gestiones de cobranza y señalamientos injustificados en centrales de riesgo.

Qué establece la Ley 2573 de 2026 sobre la suplantación de identidad

El propósito central de la Ley 2573 es brindar protección a víctimas de suplantación que afrontan reclamaciones financieras por contratos o deudas resultantes de este delito. El texto define como objetivo “proteger a las víctimas de suplantación de identidad frente a los cobros injustificados y los reportes negativos en las centrales de riesgo”.

Asimismo, la ley impone a operadores de telecomunicaciones, bancos y comercios la obligación de fortalecer los mecanismos de autenticación de identidad. Incluye directrices para el tratamiento de información ante las centrales de riesgo y modifica el esquema tradicional de responsabilidades en la verificación de identidad.

Dentro de las innovaciones está la “carga dinámica de la prueba”, una disposición que exige a la entidad involucrada demostrar que fue el cliente quien solicitó el servicio o producto bajo investigación.

Procedimientos y plazos para víctimas

La normativa fija pasos concretos para las personas que se vean afectadas por dicho delito. La persona debe:

• Informar el fraude a la entidad apenas tenga conocimiento
• A partir de ese momento, dispone de 20 días hábiles para presentar una denuncia penal ante la Fiscalía.
• Durante el plazo, la víctima tiene que aportar los documentos requeridos y someterse a procedimientos de validación para verificar su identidad.

Si no cumple estos requisitos en el periodo establecido, la entidad queda habilitada para retomar la gestión de cobro, incluidos intereses y gastos causados durante la suspensión.

Las entidades, por su parte, están obligadas a:

• Integrar la denuncia y la información al expediente y entregar copias de los documentos que se usaron inicialmente para aprobar el producto o servicio.
• Esto permite una revisión exhaustiva del caso ante las autoridades competentes.
• Además, la ley exige que, dentro de un plazo de 10 días hábiles, la entidad reporte la situación a las centrales de riesgo con la marcación de “Víctima de Falsedad Personal”, lo que garantiza que no se afecte el historial financiero durante la investigación.

Responsabilidades de las entidades ante casos de fraude

Después de la notificación de la víctima, la suspensión del cobro debe ser inmediata. La normativa establece que la entidad “suspenda de manera inmediata el cobro del bien y/o servicio incluyendo los intereses, gastos de cobranza y demás que se pudieren haber generado”. La medida protectora se mantiene hasta que la autoridad decida el desenlace del caso.

Mientras el proceso esté abierto, no se puede generar ni conservar ningún reporte negativo en las centrales de riesgo. Según se establece, la marcación de “Víctima de Falsedad Personal” “no podrá tenerse como un reporte negativo ni podrá ser causa de disminución en la calificación de riesgo ni alterar sus estudios financieros o crediticios”.

Las organizaciones involucradas deben, además, reforzar los controles de autenticación e informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) cuando se detecten productos fraudulentos que puedan ocasionar obligaciones tributarias a la víctima. En circunstancias en que la entidad, mediante una investigación interna, logre comprobar el fraude antes de que la víctima interponga la denuncia penal, las protecciones pueden aplicarse de manera anticipada.

Qué ocurre después de la investigación penal en casos de suplantación

Las consecuencias para la víctima dependen del resultado de la investigación judicial o interna. Cuando se confirma la suplantación, la persona queda completamente liberada de la obligación y de cualquier repercusión en su historial financiero.

La ley dispone que el afectado será “exonerada y desvinculada de cualquier cobro y reporte negativo en las centrales de riesgo” vinculados a ese contrato. Si la investigación penal se archiva pero se puede establecer la existencia de la falsedad por otros medios, la protección se mantiene para evitar nuevas afectaciones. Por el contrario, si se determina que no hubo suplantación, la persona debe responder penalmente y la entidad reanuda los cobros, añadiendo intereses y gastos generados durante la suspensión.

La “carga dinámica de la prueba” significa que la entidad debe entregar la documentación que respalde la legitimidad de la operación y aportar los medios técnicos necesarios, lo que facilita la defensa de la persona afectada.

La nueva regulación también busca eliminar los obstáculos que enfrentaban quienes debían demostrar que no autorizaron un contrato o una solicitud de crédito.

Implementación y estrategias de prevención

La Ley 2573 entrará en vigor seis meses después de su promulgación. Durante este periodo, el Gobierno, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC) deben diseñar una ruta de atención específica para víctimas.

Estas entidades están obligadas a lanzar campañas educativas en medios públicos, orientadas a la prevención del fraude y protección de los datos personales de los ciudadanos.

Asimismo, deberán establecer protocolos para la atención rápida de reportes y fortalecer los filtros de validación, asegurando que la protección opere desde el momento en que la víctima comunica el caso. Gracias a este nuevo marco legal, las personas que logren demostrar la suplantación dejarán de enfrentar cobros injustos y podrán restablecer su historial crediticio, en línea con las garantías promovidas por la Ley 2573.

Vivir en un conjunto residencial implica contar con beneficios como seguridad, mantenimiento de zonas comunes y servicios compartidos.

Sin embargo, también exige el cumplimiento de obligaciones económicas a través del pago puntual de las cuotas de administración.

En Colombia, la legislación determina en qué momento estas deudas dejan de ser exigibles judicialmente, bajo qué condiciones se interrumpe ese plazo y cuáles son las sanciones que puede aplicar la administración en caso de incumplimiento.

El Código Civil establece los plazos generales de prescripción de las acciones. Según la normativa, “la acción ejecutiva prescribe en cinco (5) años y la ordinaria en diez (10) años”.

Esto significa que, en procesos de cobro derivados de expensas comunes, puede invocarse la prescripción después de cinco años desde la fecha en que surgió la obligación, salvo que dicho plazo se haya interrumpido por un pago parcial, una demanda u otro acto jurídico que acredite reconocimiento de la deuda.

No obstante, en la práctica suele surgir un debate: si las cuotas de administración deben reclamarse a través de una acción ejecutiva o una ordinaria. El tipo de proceso determina el término aplicable, por lo que cada caso debe evaluarse de acuerdo con la naturaleza del título y el procedimiento seguido por la copropiedad.

Un punto central es que la prescripción no opera de manera automática. El deudor debe alegarla en un proceso judicial para que la obligación se extinga legalmente.

En palabras del artículo publicado por Semana, “la extinción de la obligación por prescripción no se produce automáticamente en la práctica procesal. Para que el acreedor deje de poder cobrar judicialmente una suma por prescripción, el deudor debe invocar la excepción de prescripción ante un juez o iniciar la acción correspondiente para obtener la declaración judicial”. Hasta que no exista esa decisión, la copropiedad mantiene la facultad de continuar las gestiones de cobro.

El Código Civil también señala que un pago parcial, una conciliación o incluso la interposición de una demanda interrumpen la prescripción. En ese caso, el conteo de los años se reinicia desde cero. El artículo 2536 del mismo código lo regula de manera expresa.

En materia de intereses y sanciones, la Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal, contempla medidas adicionales. Según el texto citado por Semana, “el retardo en el pago de expensas causa intereses de mora equivalentes a una vez y media (1,5×) el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera, salvo que la asamblea haya fijado un interés inferior en el reglamento”. Esto significa que cada copropiedad puede reducir ese porcentaje si así lo acuerdan los copropietarios, pero nunca superarlo.

Para agosto de 2025, la Superintendencia Financiera fijó el interés bancario corriente para crédito de consumo y ordinario en 16,78% efectivo anual. Multiplicado por 1,5, el resultado arroja un interés moratorio cercano a 25,17% anual. Esa cifra es la referencia general para calcular intereses en procesos de mora, salvo que exista un acuerdo en la asamblea que determine una tasa más baja.

Adicionalmente, la ley autoriza otras medidas de presión económica y social frente al incumplimiento. Entre ellas, la publicación interna del listado de morosos dentro del conjunto, la imposición de multas que pueden alcanzar hasta el doble del valor de la cuota mensual —con un límite de diez veces ese valor— y la restricción temporal en el uso de bienes comunes no esenciales como piscina, gimnasio o salón comunal. Todas estas sanciones deben estar contempladas en el reglamento de propiedad horizontal y aplicarse respetando el debido proceso.

En caso de que un propietario considere que su deuda ya cumplió el término de prescripción, no basta con manifestarlo ante la administración. La normativa indica que debe solicitarse ante un juez para que este lo declare. La publicación de Semana subraya que “si considera que la deuda ya está prescrita, la vía correcta no es exigirlo por carta: debe plantear ante un juez la excepción de prescripción o la demanda correspondiente para que un juez lo declare”.

Por otra parte, si se trata de un administrador o integrante de la junta, es fundamental documentar todas las gestiones realizadas frente al deudor, ya que esas actuaciones pueden interrumpir los plazos de prescripción. La constancia de comunicaciones, pagos parciales o reconocimientos de la deuda será revisada por un juez en caso de litigio.

La agencia calificadora Moody’s Ratings redujo la calificación crediticia de México de Baa2 a Baa3, dejando al país a un solo escalón de perder el llamado grado de inversión y entrar en la categoría conocida como “bono basura” o deuda especulativa.

La decisión, que ya era anticipada por analistas financieros desde finales de 2024, fue acompañada de una perspectiva “estable”.

Sin embargo, la rebaja refleja la preocupación de la agencia por el deterioro de las finanzas públicas mexicanas, el aumento de la deuda y el costo creciente del respaldo financiero a Pemex.

De acuerdo con Moody’s, la situación fiscal del país se ha debilitado de forma sostenida desde 2024, principalmente por el incremento del gasto público, una recaudación limitada y el apoyo constante a la petrolera estatal.

Las dos grandes agencias ya pusieron a México en alerta: ¿Qué falta para que el país caiga en “deuda basura”?

La primera señal de alerta llegó en noviembre de 2024, cuando Moody’s cambió la perspectiva de México de estable a negativa.

En ese momento, la agencia mencionó preocupaciones relacionadas con la reforma judicial, el debilitamiento de contrapesos institucionales y el deterioro fiscal.

Posteriormente, en mayo de 2026, S&P Global Ratings también redujo la perspectiva de México de estable a negativa, aunque mantuvo la nota en BBB.

Días después, analistas de Banamex advirtieron que el movimiento reforzaba la posibilidad de un recorte por parte de Moody’s.

La agencia prevé además que el crecimiento económico de México permanezca débil en los próximos años, lo que limitaría aún más la capacidad del gobierno para aumentar ingresos y reducir deuda.

Para perder el grado de inversión, México tendría que sufrir un recorte adicional en su calificación crediticia que lo lleve por debajo de BBB-/Baa3, lo que normalmente ocurriría si se deterioran aún más factores como el crecimiento económico, el déficit fiscal, el nivel de deuda o el respaldo financiero a empresas estatales como Pemex, reduciendo la confianza de los inversionistas internacionales.

¿Qué significa que México esté cerca del “bono basura”?

Las agencias calificadoras utilizan escalas para medir qué tan confiable es un país o una empresa para pagar sus deudas.

En el caso de Moody’s, la categoría Baa3 todavía se considera grado de inversión, pero es la última antes de entrar al nivel especulativo.

En términos prácticos, una rebaja crediticia significa que los inversionistas consideran más riesgoso prestar dinero al país. Esto puede provocar:

• Tasas de interés más altas para México.
• Créditos más caros para empresas y ciudadanos.
• Menor llegada de inversiones.
• Presión sobre el peso mexicano.
• Riesgo de salida de capitales extranjeros.

Además, algunos fondos internacionales solo pueden invertir en países con grado de inversión, por lo que una nueva rebaja podría generar ventas masivas de bonos mexicanos.

Pemex y el déficit fiscal, los principales focos rojos

Uno de los factores centrales detrás de la decisión de Moody’s es la situación financiera de Petróleos Mexicanos, considerada una de las petroleras más endeudadas del mundo.

La calificadora estimó que el gobierno mexicano otorgó apoyos a Pemex por alrededor de 35 mil millones de dólares durante 2025, equivalentes a cerca de 1.9% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para 2026 ya se contemplan otros 14 mil millones de dólares en respaldo financiero.

Moody’s señaló que no observa una mejora significativa en las operaciones de la empresa, por lo que prevé que los apoyos continúen en los próximos años.

A esto se suma el aumento del déficit fiscal. Según la agencia, el desequilibrio en las finanzas públicas se mantuvo cerca de 5% del PIB en 2025, apenas por debajo del 5.3% registrado el año anterior.

Como consecuencia, la deuda bruta del gobierno pasó de 39.8% del PIB en 2023 a 49.3% en 2025.

¿Qué es Moody’s y por qué influye tanto en la economía?

Moody’s Ratings es una de las tres agencias de calificación crediticia más importantes del mundo, junto con S&P Global Ratings y Fitch Ratings.

Su función es evaluar la capacidad de gobiernos, bancos y empresas para cumplir con el pago de sus deudas.

Con base en ello, asigna calificaciones que van desde Aaa, considerada la más segura, hasta categorías de alto riesgo.

Estas evaluaciones son clave para inversionistas internacionales, ya que influyen directamente en la confianza financiera y en el costo del financiamiento de un país.

El Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) cuenta con mecanismos para proteger el patrimonio del acreditado, conforme al Plan Estratégico y Financiero 2026 aprobado por su Asamblea General.

Cuando una persona pierde su trabajo y tiene un crédito vigente, el Infonavit recomienda informar cuanto antes su nueva situación laboral.

Se puede notificar en el portal “Mi Cuenta Infonavit”, en el Centro de Servicio Infonavit (CESI) o por Infonatel.

El aviso oportuno permite al Instituto activar acompañamiento y alternativas preventivas para evitar que el crédito se deteriore.

Notificar la pérdida de empleo es el primer paso para acceder a soluciones

Perder el empleo mientras se tiene un crédito activo con el Infonavit no implica la pérdida automática de la vivienda.

La notificación inmediata de la pérdida de empleo permite al Instituto analizar el caso.

Esta comunicación temprana es clave para mantener la protección sobre la vivienda y aprovechar los mecanismos institucionales.

Con la reforma a la Ley Infonavit que entró en vigor en abril de 2025, la prórroga automática tras la pérdida de empleo deja de generar intereses.

Este beneficio se activa al dejar de recibir cuatro pagos continuos y contar con meses de prórroga disponibles, siempre que no se hayan realizado pagos tras el cese laboral.

Apoyos para evitar la pérdida de la vivienda tras la pérdida de empleo

De acuerdo con el Plan Estratégico 2026, durante los primeros 30 días tras la pérdida del empleo, el Infonavit puede implementar un modelo de recuperación de cartera si se notifica sobre la pérdida de empleo.

El objetivo es evitar la acumulación de morosidad y acompañar al acreditado antes de que el retraso en los pagos supere un mes.

Las alternativas inmediatas disponibles son:

1. Prórrogas temporales: Dependiendo del historial de pago y situación crediticia, se evalúa la posibilidad de otorgar prórrogas para dar tiempo al acreditado de reincorporarse al mercado laboral.
2. Reestructuración de pagos: El Instituto puede ajustar temporalmente los esquemas de pago, evitando la acumulación de intereses o cargos excesivos.
3. Cobranza social preventiva: La cobranza busca ajustar las condiciones conforme a la realidad del trabajador.

El Instituto señala que cualquier trámite debe realizarse exclusivamente por canales oficiales: el portal institucional, los centros CESI y la línea Infonatel.

En estos espacios se puede obtener información sobre alternativas de pago específicas, beneficios temporales o regularización de adeudos.

El Infonavit revisa la elegibilidad para programas de protección en los primeros 30 días

El Instituto ha implementado medidas como la reducción de tasas, de mensualidades y el congelamiento de saldos.

El trabajador puede solicitar la evaluación de su caso en los primeros 30 días después de perder el empleo para acceder a estos apoyos, evitando que el saldo aumente o que el crédito avance a etapas críticas.

Las autoridades el Infonavit recomiendan documentar todo el proceso. Es fundamental conservar copias de notificaciones, acuerdos y comunicaciones con el Instituto.

Esta práctica respalda a la persona acreditada y da seguimiento a los compromisos entre ambas partes.

El aviso oportuno permite prórrogas y reestructuración de pagos

Para conservar la vivienda es necesario informar a la institución de inmediato sobre cualquier cambio laboral o la pérdida de empleo, en cumplimiento de lo establecido en el Plan Estratégico 2026.

Las acciones instrumentadas durante los primeros 30 días después de perder el empleo están orientadas a ofrecer soluciones preventivas, para que el acreditado no pierda su propiedad y regularice su situación lo antes posible.

Las alternativas disponibles —como prórrogas, reestructuración de pagos y programas de protección— buscan evitar la pérdida del patrimonio, siempre y cuando se haga la correcta notificación y se cuente con los documentos necesarios para el proceso.

En medio de la crisis que enfrenta el campo michoacano por el aumento de costos, la inseguridad y la caída en la rentabilidad agrícola, el Gobierno de México anunció la condonación y reestructuración de deudas para miles de productores del estado mediante el programa “Volver a Crecer”.

La estrategia, impulsada por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) como liquidador de la Financiera Nacional para el Desarrollo (FND), beneficiará a 2 mil 800 personas en Michoacán, entre ellas 860 mujeres productoras y mil 940 pequeños productores que obtendrán la liberación total de sus adeudos.

El anuncio fue presentado por la directora general del INDEP, Mónica Fernández Balboa, durante una conferencia encabezada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

La funcionaria señaló que el objetivo es brindar una nueva oportunidad a productores que quedaron atrapados en créditos considerados impagables y que perdieron capacidad productiva debido a las dificultades económicas del sector.

Crisis del campo en Michoacán presiona a productores de maíz, limón y aguacate

La medida federal llega en un contexto de creciente inconformidad entre agricultores y ganaderos de Michoacán, uno de los principales estados agrícolas del país y líder nacional en la producción de aguacate, zarzamora, limón y fresa.

En los últimos meses, productores han denunciado una combinación de factores que ha golpeado severamente al campo: incremento en el precio de fertilizantes y combustibles, bajos precios de compra para cultivos como maíz y limón, problemas climáticos y extorsiones ligadas al crimen organizado.

Hace apenas unas semanas, integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo advirtieron sobre posibles bloqueos carreteros en autopistas del occidente del país debido a la falta de apoyos suficientes y a la inseguridad en carreteras.

Los agricultores señalaron que los costos de producción continúan superando las ganancias obtenidas por las cosechas, situación que ha generado pérdidas económicas y protestas constantes.

Además, algunas huertas de aguacate enfrentan restricciones para exportar a Estados Unidos debido a observaciones ambientales relacionadas con deforestación y cambio de uso de suelo.

Mujeres productoras y pequeños agricultores recibirán apoyo financiero

El programa “Volver a Crecer” contempla dos esquemas de apoyo para productores del estado.

El primero consiste en la cancelación total de adeudos y la entrega de beneficios como:

• Carta de finiquito de crédito.
• Cancelación de acciones legales.
• Liberación de garantías.
• Actualización positiva en buró de crédito.
• Posibilidad de acceder nuevamente a financiamiento.

A la par, se implementará un segundo esquema de reestructuración financiera dirigido a productores con deudas más elevadas.

En este apartado se beneficiará a 250 mujeres productoras y mil 592 pequeños productores con adeudos que van desde los 248 mil hasta los 10 millones de pesos.

El esquema contempla un descuento del 30 por ciento del monto total y la reestructuración del 70 por ciento restante en pagos de 12, 24 o 36 meses.

Fernández Balboa aseguró que el programa busca recuperar la estabilidad económica de quienes perdieron capacidad productiva tras años de dificultades financieras.

Municipios agrícolas concentran la mayor cantidad de beneficiarios

El gobierno federal informó que el programa tendrá presencia en 86 de los 113 municipios de Michoacán.

Entre las regiones con mayor número de beneficiarios destacan:

• Los Reyes, con 321 beneficiarios.
• Zitácuaro, con 321 beneficiarios.
• Tuzantla, con 255 beneficiarios.
• José Sixto Verduzco, con 170 beneficiarios.
• Arteaga, con 167 beneficiarios.

Estas zonas forman parte de regiones agrícolas estratégicas para el estado, principalmente en la producción de aguacate, berries, cítricos y granos.

Municipios como Uruapan, Tancítaro, Zamora y Apatzingán concentran gran parte de la actividad agroexportadora de Michoacán, considerada clave para la economía estatal y nacional.

Gobierno de Claudia Sheinbaum busca aliviar presión social en el campo

Durante la presentación del programa, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla calificó la estrategia como “un acto de justicia social” para productores que durante años solicitaron apoyo ante la imposibilidad de liquidar sus créditos.

El mandatario invitó a los interesados a acudir a las oficinas habilitadas en Morelia, Lázaro Cárdenas y Zamora para recibir información personalizada y comenzar sus trámites.

La implementación del programa ocurre después de meses de movilizaciones agrícolas en distintos estados del país, donde organizaciones campesinas han exigido mejores precios de garantía, subsidios y mayores apoyos para enfrentar la crisis del sector agropecuario.

El Consejo de Estado fijó un nuevo criterio sobre el inicio del plazo de prescripción para el cobro de deuda tributaria en Colombia. Según la sentencia 29114 del 26 de marzo de 2026, el periodo de cinco años para que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) exija el pago no comienza desde la fecha límite de la declaración, sino desde que el acto administrativo sancionatorio queda ejecutoriado, es decir, cuando la decisión adquiere firmeza legal.

“El término para ejercer la acción de cobro se debe contabilizar desde el 18 de agosto de 2018”, explicó el alto tribunal, al ejemplificar que el conteo arranca desde la ejecutoria de la resolución sancionatoria y no del vencimiento original de la obligación.

La nueva jurisprudencia indica que el periodo de prescripción para cobrar una deuda tributaria en Colombia se cuenta desde el momento en que el acto administrativo que determina la deuda queda ejecutoriado y no desde el vencimiento de la declaración de impuestos. Esto puede extender el plazo que tiene la autoridad fiscal para exigir el pago a los contribuyentes, lo que permite iniciar acciones de cobro en un periodo más amplio al originalmente previsto.

Acción de cobro extemporánea

En el fallo, la Compañía de Vigilancia Privada VER Ltda. argumentó que la acción de cobro era extemporánea, ya que interpretaba que el plazo debía iniciar en abril de 2014, fecha límite para declarar renta del año gravable 2013. Sin embargo, la Sección Cuarta del Consejo de Estado determinó que la resolución sancionatoria quedó ejecutoriada en agosto de 2018, porque la empresa no interpuso recursos contra la decisión de la autoridad tributaria.

Dicho criterio cambia los plazos para numerosos contribuyentes y empresas con procesos análogos en el país. El alto tribunal enfatizó que solo desde la ejecutoria del acto administrativo comienza a correr el plazo de cinco años establecido en el artículo 817 del Estatuto Tributario. Así, la Dian notificó el mandamiento de pago en noviembre de 2020, con lo que actuó dentro del término permitido por la ley.

De igual forma, el tribunal remarcó un punto adicional: los temas discutidos dentro del proceso sancionatorio no pueden reabrirse en la etapa de cobro coactivo. “No es posible discutir en la etapa de cobro asuntos propios del proceso sancionatorio”, puntualizó el Consejo de Estado al sustentar el fallo.

Efectos de la sentencia y obligaciones para deudores solidarios

El pronunciamiento tiene implicaciones específicas para los deudores solidarios, como socios y representantes legales de sociedades. Los magistrados recordaron la jurisprudencia de unificación de 2019 sobre la necesidad de individualizar a estos responsables. “Es necesario individualizar los sujetos que resultan ser solidariamente responsables”, reiteró el Consejo de Estado al resaltar que tales personas no pueden incluirse en la fase de cobro sin haber sido vinculadas en el procedimiento previo de determinación.

Además, en el proceso de VER Ltda., una socia alegó vulneración del debido proceso al no haber sido citada formalmente ni en la fiscalización ni en el cobro coactivo. La Sala concluyó que no hubo tal afectación, ya que la Dian solo libró el mandamiento de pago contra la sociedad y no contra la socia como deudora solidaria.

De acuerdo con la sentencia, la falta de vinculación de un socio o responsable solidario no afecta la validez del procedimiento iniciado contra la empresa. La regla protege garantías procesales y exige individualizar a los responsables en la etapa correspondiente, pero permite ejecutar acciones contra la persona jurídica principal, incluso si faltó esa vinculación.

Implicaciones prácticas para contribuyentes y empresas

El criterio adoptado amplía el margen de actuación de la Dian en materia de cobro. En lugar de empezar el conteo desde la generación de la deuda o el vencimiento de la declaración, el plazo para exigir el pago comienza cuando la resolución sancionatoria queda firme. Por ejemplo, si una empresa debía declarar renta en 2018, pero la sanción se ejecutorió en 2022, los cinco años para iniciar el cobro se calculan desde 2022 y no desde el vencimiento original.

Dicho cambio afecta la expectativa de caducidad de obligaciones fiscales para muchas personas naturales y jurídicas, pues habilita a la administración tributaria para reclamar deudas por periodos más extensos de lo que se consideraba frecuente hasta ahora. Los procesos en curso podrían ser miles, dado que la interpretación previa favorecía a los deudores, acortando el lapso para exigir el pago.

La directriz consolidada por el Consejo de Estado incluye certidumbre jurídica en litigios futuros, al establecer que la potestad de cobro no se pierde por el simple transcurso del tiempo desde la obligación inicial, sino únicamente cuando han transcurrido cinco años desde que la sanción queda ejecutoriada.

Qué dice la Dian sobre los plazos y consulta de deudas

Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la fecha inicial para el plazo prescriptivo depende del tipo y momento de origen de la obligación. La entidad explicó, en abril de 2026, que, si la declaración se presenta a tiempo, los cinco años corren desde la fecha límite fijada por el Gobierno. Si es extemporánea, el plazo comienza el día en que se presenta la declaración fuera de término.

Cuando existen correcciones voluntarias que aumentan el valor a pagar, los cinco años inician con esa modificación. Si la deuda surge de actos administrativos, como resoluciones sancionatorias o liquidaciones oficiales, el conteo parte cuando la decisión queda en firme tras agotar recursos del contribuyente.

La Dian también señaló que determinadas situaciones pueden interrumpir o suspender el plazo. Entre estas se encuentran:

• Notificación del mandamiento de pago.
• Formalización de acuerdos de pago.
• Procesos concursales o trámites de liquidación forzosa—momentos en los que el tiempo se detiene y reanuda tras su conclusión.

Además, durante actuaciones judiciales o resoluciones administrativas específicas, el conteo se suspende, lo que afecta la fecha de prescripción efectiva y da más margen para la acción de cobro.

Para consultar si existen obligaciones pendientes, la Dian recomienda que los ciudadanos Ingresen al portal de la entidad con sus credenciales y revisen el módulo de obligaciones financieras para verificar las deudas vigentes, los saldos a la fecha y los periodos fiscales afectados.

El debilitamiento del sistema energético hondureño continúa generando preocupación entre autoridades, empresarios y sectores políticos, tras advertencias sobre el impacto que la crisis eléctrica está teniendo en la economía nacional y en la capacidad del país para atraer nuevas inversiones.

El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña Panting, reconoció que el sector eléctrico se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico de Honduras debido a las limitaciones operativas y financieras que enfrenta la estatal energética.

De acuerdo con el funcionario, la ENEE atraviesa una etapa compleja, marcada por dificultades para cubrir compromisos financieros, deudas acumuladas y una infraestructura insuficiente para responder a la creciente demanda energética del país.

Peña Panting explicó que empresas interesadas en invertir en Honduras y conectarse al sistema nacional de energía encuentran limitaciones, ya que la capacidad instalada y las redes de transmisión no están preparadas para soportar nuevas cargas eléctricas de gran escala.

“El sector eléctrico es el que más le atrasa el crecimiento económico actualmente”, manifestó el titular de la estatal, al referirse al impacto directo de la crisis energética en la competitividad nacional.

Reestructuración presupuestaria

En tanto señala que la administración trabaja en un proceso de transformación interna de la ENEE, orientado al ordenamiento financiero y administrativo de la empresa pública. La estrategia, según expuso, contempla fortalecer las áreas de distribución, transmisión y generación, además de impulsar mecanismos de transparencia dentro de la institución.

Ante los cuestionamientos sobre el futuro de la estatal eléctrica, Peña Panting rechazó la existencia de un proceso de privatización, afirmando que las acciones impulsadas por el gobierno buscan mantener el control estatal del sistema energético.

Aseguró también que las decisiones sobre la reestructuración de la ENEE responden a lineamientos directos del Poder Ejecutivo, y que los cambios se desarrollarán con esquemas transparentes.

Mientras tanto, desde el sector generador privado persisten las alertas sobre el deterioro financiero del sistema eléctrico nacional.

La vicepresidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), Karla Martínez, destacó que la deuda acumulada de la ENEE con las empresas generadoras ya alcanza aproximadamente 26 mil millones de lempiras, una cifra que, según indicó, mantiene al sector en una condición crítica.

Deudas millonarias

Martínez explicó que la mora millonaria representa un riesgo para la estabilidad del suministro eléctrico en el país, por las dificultades que enfrentan las empresas generadoras para sostener operaciones y cumplir compromisos financieros.

La representante del sector energético declaró que la falta de liquidez y los retrasos en los pagos siguen debilitando la confianza de los inversionistas, en un momento en el que Honduras requiere ampliar su capacidad energética para responder al crecimiento de la demanda.

El diputado del Partido Liberal, Fernando Castro, consideró necesario implementar mayores controles y mecanismos de focalización en la entrega de subsidios al servicio eléctrico, argumentando que actualmente hay beneficios que no llegan exclusivamente a los sectores más vulnerables.

El congresista reclamó que personas con capacidad económica continúen recibiendo subsidios estatales, mientras miles de familias en condiciones precarias siguen necesitando apoyo para cubrir el costo de la energía.

“No podemos darle subsidios a una persona que vive en Lomas del Guijarro. Nosotros ya sabemos cuáles son las colonias a nivel nacional donde viven las personas que necesitan hacer uso de esos subsidios”, afirmó el parlamentario.

Castro propuso que el Gobierno impulse un censo nacional que permita identificar con precisión a los hogares que realmente requieren asistencia estatal para el pago de energía eléctrica, con el objetivo de optimizar los recursos públicos y reducir distorsiones en el sistema de subsidios.

La crisis financiera de la ENEE, el aumento de la deuda con generadores y las limitaciones de infraestructura mantienen al sistema energético hondureño bajo presión, en un contexto donde expertos y sectores productivos coinciden en que resolver los problemas estructurales del sector será clave para impulsar la inversión, la estabilidad económica y el crecimiento del país.

La situación de los créditos no bancarios volvió a deteriorarse durante marzo y mostró un fuerte aumento en los niveles de mora más severos. Según un informe de la consultora EcoGo, la participación de los préstamos catalogados como “irrecuperables” dentro de la cartera total de crédito no bancario pasó de 2,6% en marzo de 2025 a 10,8% en marzo de 2026, lo que implica que se cuadruplicó en apenas un año.

En términos absolutos, el stock de créditos considerados irrecuperables ascendió de $232.000 millones a $1,542 billones entre ambos períodos. El salto se produjo en paralelo a un deterioro general de la calidad de las carteras de financiamiento no bancario, en un contexto de mayores dificultades para afrontar pagos y de desaceleración del crédito al consumo.

El informe muestra además que el total del crédito no bancario alcanzó en marzo los $14,273 billones. De ese monto, $3,925 billones correspondieron a créditos irregulares, es decir, aquellos encuadrados en categorías de riesgo medio, alto o directamente irrecuperables. La irregularidad total de la cartera llegó así a 27,5%, frente al 10% registrado un año antes.

La dinámica refleja un deterioro acelerado desde la segunda mitad de 2025. En septiembre del año pasado, la irregularidad total era de 18,7%; en diciembre había escalado a 23,1%; en enero de este año trepó a 24,8% y en marzo alcanzó el máximo actual de 27,5 por ciento.

El crecimiento de los casos más críticos

Dentro de la cartera irregular, el mayor crecimiento se observó justamente en los segmentos de mayor riesgo. Los créditos clasificados como “riesgo alto” pasaron de representar 3,1% del total en marzo de 2025 a 9,9% en marzo de este año. En valores absolutos, subieron de $281.000 millones a 1,409 billones de pesos.

Pero el dato más significativo apareció en la categoría “irrecuperable”, que reúne los préstamos con menores posibilidades de cobro. Hace un año representaban apenas 2,6% de la cartera y hoy explican más de uno de cada diez pesos prestados por entidades no bancarias.

El informe también mostró una caída persistente de los créditos considerados regulares. La suma de las categorías “situación normal” y “riesgo bajo” pasó de representar 90% del total en marzo de 2025 a 72,5% en marzo de 2026.

La mora sigue subiendo en todo el sistema

El deterioro de las carteras no bancarias ocurre en un contexto de aumento general de la morosidad en el sistema financiero argentino. En marzo, la irregularidad de las entidades financieras alcanzó el 6,7%, según EcoGo, el valor más alto desde febrero de 2020.

En el caso específico de las familias, la mora bancaria llegó a 11,6%, también en máximos de varios años. Los informes privados vienen señalando desde hace meses que el problema se concentra especialmente en hogares endeudados con préstamos personales y tarjetas de crédito.

Un informe reciente de la consultora 1816 indicó que la mora de las familias subió en marzo por decimoséptimo mes consecutivo y describió un escenario en el que la recuperación de la actividad económica no se traduce todavía en una mejora clara de los ingresos disponibles de los hogares.

El mismo reporte señaló que las tasas activas continúan en niveles elevados. En los primeros días de mayo, los préstamos personales bancarios promediaban una tasa nominal anual de 68,3%, prácticamente sin cambios respecto de meses anteriores.

En paralelo, el crédito en pesos al sector privado mostró una desaceleración marcada desde la segunda mitad de 2025. Según los analistas, la combinación entre tasas elevadas, menor capacidad de refinanciación y caída del ingreso disponible complicó la capacidad de pago de muchas familias.

El peso del endeudamiento familiar

EcoGo señaló que el 92% del crédito no bancario está destinado a familias. El informe calculó además que el endeudamiento de los hogares con entidades no bancarias equivale al 36,7% de una masa salarial mensual.

Si se incorpora también el crédito bancario, el peso total del endeudamiento asciende a 145,4% de la masa salarial mensual. Aunque ese indicador mostró una leve baja frente a febrero, sigue en niveles elevados en términos históricos.

La situación es todavía más exigente para trabajadores informales y cuentapropistas. En ese segmento, el crédito no bancario equivale al 161% de la masa salarial mensual estimada.

El informe destacó además que el crédito no bancario representa actualmente 25,3% del crédito al consumo y 13,4% del crédito total del sistema financiero.

Caída del crédito y avance de la banca digital

Más allá del deterioro de las carteras, marzo también mostró una contracción del financiamiento. El crédito no bancario retrocedió 1,4% real respecto de febrero y acumuló dos meses consecutivos de caída.

El crédito bancario al consumo también cayó, con una baja real mensual de 1,9%, encadenando cinco meses consecutivos en retroceso.

Aun así, EcoGo remarcó que el nivel actual del crédito no bancario sigue ubicándose 139,8% por encima de marzo de 2024 en términos reales y un 20% por encima del máximo previo registrado en mayo de 2018.

En cuanto a la estructura del sector, Tarjeta Naranja continúa liderando el mercado de financiamiento no bancario, con una participación de 37,7% en marzo. Detrás aparecen MercadoLibre, con 14,8%, y otras compañías vinculadas al financiamiento digital y al crédito de consumo.

El informe también mostró que la participación de la banca digital continúa creciendo. Mientras en diciembre de 2023 explicaba 6,1% del financiamiento total, en marzo de este año alcanzó 15,1%.

En ese contexto, las consultoras privadas vienen advirtiendo sobre el deterioro sostenido de la calidad crediticia, especialmente en segmentos vinculados al consumo de hogares. El aumento de la mora en entidades no bancarias ya supera ampliamente los niveles observados en el sistema financiero tradicional y se convirtió en uno de los principales focos de preocupación dentro del mercado de crédito argentino.

Millones de hogares en Colombia con ingresos inferiores a un salario mínimo legal enfrentan dificultades para cubrir sus deudas y las consecuencias legales asociadas al impago. En muchos casos, estas obligaciones superan tres salarios mínimos, lo que incrementa la presión financiera y el riesgo de sanciones judiciales.

Si una persona no puede pagar una deuda en Colombia, existen alternativas legales como la negociación directa, la refinanciación, la reestructuración de la deuda o la insolvencia de persona natural no comerciante, alternativas que se deben tener en cuenta ante el proceso legal que puede incluir notificaciones, cobros judiciales, embargo de bienes y registros negativos en los centros de información financiera.

Además, es necesario tener en cuenta que hay límites y plazos establecidos para el embargo y la permanencia de reportes negativos, lo que fue explicado por la abogada Claudia García directora jurídica de Clave Judicial.

La experta aseguró que el proceso comienza con el cobro prejurídico, donde el deudor recibe llamadas o notificaciones sobre el pago pendiente. Si no hay un acuerdo, el caso avanza a cobro jurídico y puede terminar en una demanda formal, lo que permite que un juez pueda ordenar el embargo de bienes o salarios.

Opciones para negociar y refinanciar deudas

Los ciudadanos que enfrentan deudas disponen de mecanismos legales para resolverlas sin llegar a instancias judiciales, debido a que pueden negociar acuerdos de pago, refinanciar, o reestructurar directamente con el acreedor.

También existe el procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante, que permite reorganizar obligaciones, congelar embargos y reestructurar pagos bajo supervisión. Este trámite se realiza ante centros de conciliación autorizados o en notarías habilitadas y se regula en el Código General del Proceso, de acuerdo con lo informado por García.

Consecuencias legales del impago de deudas

En etapa judicial, la ley faculta al juez para ordenar el embargo de bienes, cuentas bancarias y hasta el 50% del valor que exceda el salario mínimo legal vigente. Esto ofrece un resguardo parcial para aquellos que solo cubren necesidades básicas.

Así lo explicó la experta: “La ley permite que un juez embargue bienes, cuentas bancarias y parte del salario. En materia salarial, solo es embargable hasta el 50% del valor que exceda el salario mínimo legal vigente, conforme a la legislación laboral y procesal colombiana y en el caso de cuentas bancarias que no exceda el límite de inembargabilidad que corresponde a un valor de $55.099.308, conforme a la Circular 058 de 2025 de la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente entre el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026”.

Del mismo modo, la abogada aseguró que los intereses por mora solo pueden cobrarse dentro de los límites fijados por la autoridad supervisora, y cualquier cobro superior es ilegal y puede denunciarse.

Prescripción de deudas y reportes en Datacrédito

El periodo de prescripción de las deudas, según el tipo de obligación y respaldos legales, varía generalmente entre 3 y 5 años. En cuanto a los reportes negativos en centros de información financiera como Datacrédito, la Ley 2157 de 2021 establece que permanecerán el doble del tiempo en mora y hasta un máximo de cuatro años una vez cancelada la obligación.

“El reporte negativo caduca en un plazo máximo de 8 años contados desde la fecha de la mora, independientemente de si la obligación fue pagada o no”, explicó, lo que se respalda con la Ley de Borrón y Cuenta Nueva.

Preguntas frecuentes sobre deudas impagas

En Colombia, está prohibida la cárcel por deudas civiles, salvo en casos de incumplimiento de obligaciones alimentarias, que pueden constituir delito.

Cuando una persona fallece con deudas pendientes, estas se incluyen en la sucesión y se pagan con los bienes del fallecido. Los herederos solo responden con su patrimonio si aceptan la herencia sin inventario o sin reserva.

Es fundamental buscar vías legales de negociación antes de que las deudas lleguen al embargo, ya que existen opciones para regularizar la situación y proteger el patrimonio.

Perder un juicio no es un delito. Tampoco lo es fracasar en un negocio (puede pasar: ¿cuántas veces las mejores intenciones han llevado a desenlaces no deseados?). No pagar una deuda, por sí solo, tampoco representa un ilícito.

El Derecho Penal no está para transformar cada factura impaga en una causa criminal. El dinero del dueño de una empresa, en principio, es independiente del dinero de esa empresa. Pero en todas estas definiciones hay líneas rojas: cuando alguien, sabiendo que debe pagar, empieza a mover, esconder, vaciar o disfrazar su patrimonio para evadir el peso de una sentencia, el problema deja de ser solamente civil o comercial. El reproche toma otro color, más denso y complejo.

Y es que una cosa es no poder pagar y otra muy distinta es “fabricar” la escasez de recursos. Pero, ¿realmente se puede armar esa situación de carencia? Sí, pero no es gratuito hacerlo. Es aquí donde aparece la figura de la insolvencia fraudulenta, prevista en el artículo 179, segundo párrafo, del Código Penal de la Nación. La norma reprime con prisión de seis meses a tres años a quien, durante el curso de un proceso o después de una sentencia condenatoria, maliciosamente destruye, inutiliza, daña, oculta o hace desaparecer bienes de su patrimonio, o disminuye fraudulentamente su valor, y de ese modo frustra, total o parcialmente, el cumplimiento de obligaciones civiles.

El mismo artículo también fija penas de hasta cuatro años de prisión para el deudor no comerciante concursado civilmente que, para defraudar a sus acreedores, simule deudas, gastos o pérdidas, o conceda ventajas indebidas a algún otro acreedor, entre varios supuestos.

Se trata de una pauta básica que busca la transparencia en las relaciones comerciales y que, si algo sale mal en el normal desenvolvimiento de una actividad comercial, no se realicen conductas que busquen perjudicar a quienes mantuvieron acuerdos o negocios de buena fe con el sujeto que debe determinada suma.

La clave está en tres palabras: proceso, malicia y frustración. No alcanza con que una persona o una empresa tenga problemas económicos. Tampoco basta con que el acreedor esté enojado —aunque a veces tenga excelentes motivos para estarlo—. Para que haya delito, debe existir una maniobra orientada a impedir que el acreedor cobre lo que un proceso judicial, un laudo reconocido o una sentencia le reconocen.

El caso reciente resuelto por la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional es ilustrativo. En “N., M. J. A. y otros s/ insolvencia procesal fraudulenta”, del 25 de febrero de 2026, la pesquisa se inició contra socios y representantes de una sociedad que había sido condenada a pagar sumas derivadas de un laudo arbitral extranjero, luego reconocido en Argentina.

La acusación sostuvo que, frente a ese escenario adverso, los imputados habrían vaciado la sociedad obligada y trasladado recursos económicos, técnicos, clientela y personal a una nueva sociedad con igual o similar integración, objeto y funcionamiento. La imagen es bastante clara: se apagan las luces en una empresa, pero al lado se enciende otra con el mismo decorado, los mismos actores y, según la imputación, el mismo negocio. Cambia el cartel de la puerta, pero el alma comercial sigue respirando. La deuda, en cambio, queda atrás, como un mueble viejo que nadie quiere cargar.

La mayoría de la Cámara confirmó el procesamiento de los imputados como coautores del delito de insolvencia procesal fraudulenta. Conviene subrayarlo: se trató de un procesamiento, no de una condena. En esa instancia provisoria, el tribunal entendió que las pruebas incorporadas permitían sostener que se habrían concretado maniobras tendientes a despojar a la sociedad condenada de su patrimonio para evitar el pago derivado del laudo arbitral. Entre los datos valorados aparecían la constitución de una nueva sociedad, con idéntica participación societaria, mismo domicilio y objeto, y el presunto desvío de recursos económicos, técnicos y humanos.

Ahora bien, el caso tiene un costado jurídicamente muy interesante. La defensa sostuvo que los socios no podían ser autores del delito porque la única deudora era la sociedad. Es decir, el laudo arbitral y la ejecución comercial recaían sobre una SRL, no sobre las personas físicas. La discusión no es menor. En las sociedades de responsabilidad limitada, conforme al artículo 146 de la Ley General de Sociedades, el capital se divide en cuotas y los socios limitan su responsabilidad a la integración de las que suscriban o adquieran, sin perjuicio de la garantía prevista en el artículo 150 de esa misma ley. Pero la mayoría del tribunal puso el foco en otro aspecto: no miró solamente quién figuraba como deudor formal, sino quiénes habrían ejecutado materialmente las maniobras de vaciamiento.

Para esa postura, si las personas físicas usan el ropaje societario como vehículo para desviar bienes, clientela, empleados y actividad hacia otra estructura, la personalidad jurídica no puede funcionar como una capa de invisibilidad. Por eso, cuando se dice que “hecha la ley, hecha la trampa”, nadie habla de las consecuencias de cometer esas trampas y pocos recuerdan en esos momentos otra frase de uso popular: “El que las hace, las paga”.

Contar con un fondo de emergencia es la base para fortalecer la estabilidad financiera y evitar que un imprevisto desestabilice la economía familiar.

Un accidente, desastre natural, la pérdida de empleo o una urgencia médica pueden presentarse en cualquier momento y, sin un respaldo, obligar a recurrir a préstamos, vender bienes o adquirir deudas que ponen en riesgo los ingresos futuros.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sostiene que la mejor manera de enfrentar estas circunstancias es anticiparse y construir un fondo que permita solventar gastos inesperados sin comprometer el equilibrio financiero.

Un fondo de emergencia previene deudas y protege la estabilidad

El fondo de emergencia debe ser un recurso reservado exclusivamente para cubrir eventualidades que no pueden postergarse y que no están contempladas en el presupuesto mensual.

El INEGI demuestra que persisten diferencias importantes entre regiones y sectores de la población para el acceso a instrumentos de ahorro formal.

En zonas urbanas como la Ciudad de México, el porcentaje de personas con cuenta de ahorro formal es más alto que en regiones del sur del país.

Aunque más del 60% de la población reporta contar con algún instrumento de ahorro formal, los hombres tienen mayor acceso que las mujeres, con una diferencia de más de 9 puntos porcentuales

¿Cómo crear un fondo de ahorro? Recomendaciones de los expertos

La Condusef recomienda definir primero los gastos prioritarios y elaborar un presupuesto detallado, lo que permite calcular el monto ideal del fondo.

El fondo debe mantenerse en una cuenta separada, de bajo riesgo y fácil acceso, de preferencia en una institución financiera formal, de acuerdo con la Condusef.

Guardar el dinero fuera de las cuentas de uso diario ayuda a evitar que se gaste por error y asegura su disponibilidad cuando realmente se presenta una emergencia.

La institución aconseja elegir productos que permitan disponer del dinero de manera inmediata y sin penalizaciones.

Destinar periódicamente una parte del ingreso al fondo de emergencia es una práctica que brinda tranquilidad y previene la acumulación de deudas en caso de un imprevisto.

Incluso pequeñas aportaciones mensuales pueden, con el tiempo, convertirse en un respaldo suficiente para afrontar emergencias. La clave, subraya la Condusef, es la constancia más que la rapidez para alcanzar la meta.

Qué hacer si no se cuenta con un fondo de ahorro

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, elaborada por el INEGI, muestra que un 33,6% de la población nacional reporta no realizar ningún tipo de ahorro.

Para quienes aún no cuentan con un fondo de emergencia, la Condusef recomienda iniciar con metas pequeñas y alcanzables, ajustando el monto objetivo conforme se fortalezca el hábito de ahorrar.

El fondo debe usarse únicamente en situaciones que representen un verdadero riesgo para la estabilidad financiera, como una enfermedad grave, desempleo o reparaciones urgentes en el hogar.

Un fondo de emergencia es respaldo, no sustituto de ingresos

El fondo de emergencia no sustituye otras formas de ahorro ni reemplaza la planeación a largo plazo.

Su función principal es brindar un respiro temporal mientras se resuelve la contingencia.

Instituciones internacionales especializadas en apoyo financiero, como la Escuela de Graduados de Artes y Ciencias de Harvard, coinciden en que este tipo de fondos deben emplearse solo frente a circunstancias imprevistas que no pueden resolverse mediante créditos educativos, apoyos familiares o recursos personales.

La administración adecuada del fondo implica guardar comprobantes de los gastos y revisar periódicamente tanto el monto acumulado como las condiciones personales y familiares.

Si el fondo se utiliza, es fundamental reponerlo a la brevedad posible para mantener la protección financiera.

Mantener este respaldo puede marcar la diferencia entre la tranquilidad y la vulnerabilidad financiera ante cualquier eventualidad, de acuerdo con la Condusef.

El Gobierno nacional actualizó el listado de medicamentos, tratamientos y procedimientos que dejarán de ser financiados por las EPS en Colombia durante 2026, en medio de la creciente crisis que enfrenta el sistema de salud del país.

La medida quedó establecida en la Resolución 695 de 2026 del Ministerio de Salud, documento que consolidó más de 100 exclusiones dentro del Plan de Beneficios en Salud (PBS).

La decisión se conoce en un momento de máxima tensión para hospitales, clínicas y usuarios, debido a los problemas financieros que atraviesan varias EPS y centros médicos del país.

La actualización incluye medicamentos para la caída del cabello, tratamientos articulares, terapias alternativas y múltiples procedimientos estéticos que ya no serán entregados con recursos públicos.

Entre los medicamentos que quedaron excluidos aparece el minoxidil, utilizado principalmente para tratar la alopecia o caída del cabello. También fue retirada la diacereína, usada en algunos tratamientos contra la osteoartritis y enfermedades articulares, según información conocida por Revista Semana.

El Ministerio de Salud también mantuvo restricciones para ciertos medicamentos que solo podrán utilizarse bajo condiciones clínicas específicas y con criterios médicos determinados.

Dentro de ese grupo aparecen combinaciones de acetaminofén con codeína o hidrocodona, algunos usos del diazepam y tratamientos con erlotinib cuando no exista una mutación específica diagnosticada.

La resolución además ratificó que las EPS no financiarán procedimientos con fines exclusivamente estéticos o cosméticos, salvo que exista una necesidad médica comprobada.

En la lista de exclusiones se encuentran procedimientos como liposucción, rinoplastia estética, lifting facial, mamoplastia de aumento, gluteoplastia, bichectomía y rejuvenecimiento vaginal.

También quedaron por fuera diferentes intervenciones de modificación corporal realizadas únicamente con fines estéticos.

La medida igualmente afecta tratamientos de fertilidad como la fecundación in vitro y la inseminación artificial, procedimientos que desde hace varios años han generado discusiones dentro del sistema de salud colombiano.

Otra de las decisiones que más ha generado controversia es la exclusión de terapias alternativas que no cuentan con suficiente respaldo científico.

Dentro de las prácticas que ya no serán cubiertas por las EPS aparecen la ozonoterapia, aromaterapia, delfinoterapia, psicomagia y otros tratamientos similares.

El documento también excluye productos considerados cosméticos o de uso personal, entre ellos cremas hidratantes, gel antibacterial, pañitos húmedos y algunos suplementos dietarios.

Según explicó el Ministerio de Salud, el objetivo principal de estas medidas es concentrar los recursos públicos en tratamientos prioritarios, tecnologías médicas con evidencia científica y procedimientos considerados esenciales para la vida de los pacientes.

La actualización ocurre mientras distintas clínicas y hospitales advierten sobre una grave crisis financiera derivada de retrasos en pagos por parte de las EPS.

En Bogotá, varias instituciones médicas ya comenzaron a reducir servicios y capacidad hospitalaria debido a las dificultades económicas que enfrenta el sector salud.

Uno de los casos más críticos es el de la Clínica Juan N. Corpas, que recientemente confirmó que opera con solo cuatro camas UCI disponibles tras la renuncia de parte de su personal especializado.

A eso se suma el cierre de varias sedes de la Clínica Medical y la suspensión de algunos servicios especializados, incluidos tratamientos oncológicos y procedimientos de alta complejidad.

El panorama ha generado preocupación entre pacientes y trabajadores del sistema de salud, quienes advierten que las restricciones financieras podrían seguir impactando la atención médica en diferentes regiones del país.

La Resolución 695 de 2026 se convierte así en una de las medidas más relevantes dentro de la discusión sobre la sostenibilidad del sistema de salud colombiano y el futuro de las EPS.

Mientras tanto, sectores médicos y asociaciones de pacientes continúan alertando sobre el riesgo de nuevas limitaciones en el acceso a tratamientos y servicios especializados si la crisis financiera del sector continúa agravándose durante los próximos meses.

En el intercambio con el equipo, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Daicich explicó: “Lo que está teniendo la familia es un problema de solvencia y ese, ese problema de solvencia sí, claramente es estructural y por eso, aun refinanciando los bancos o tomando una nueva deuda para pagar, estás en una encerrona en el cual no podés salir”.

La explosión de la morosidad y el ciclo de exclusión financiera

Según el informe presentado en el programa, la situación de mora es la más grave de los últimos 25 años en Argentina. Matías Barbería detalló que “deudores zombis es un apodo que tiene que ver con los que dejan de pagar algún préstamo, estando en la base de la pirámide y en base a eso se quedan afuera por varios años de la posibilidad de tener crédito”.

El especialista subrayó que, de acuerdo a los sistemas de scoring y buró de crédito, quienes caen en mora pueden quedar excluidos del sistema financiero entre tres y cinco años.

Daicich aportó que “una vez que uno sale del sistema en este tipo de... con el scoring que te hace tanto una fintech como un banco, uno tarda mucho tiempo en volver al sistema”.

Remarcó que, para las familias que hoy quedan fuera del circuito, “no es una elección: lo que está teniendo la familia es un problema de solvencia” y advirtió que la mayor parte de la deuda en mora corresponde a montos pequeños pero extendidos en miles de personas.

Gonzalo Aziz precisó que “el 11% de la mora está en el sistema bancario y en el sistema no bancario está en el 30. Es dato objetivo”. Mica Mendelevich puntualizó que “estamos hablando de deudas bajas”, a lo que Daicich respondió: “La mayor parte, este, de trabajo lo hizo el Centro de Estudios Económicos de el Banco Provincia, con tres meses de atraso. Estaba calculando, hasta el 70% estaban en créditos de abajo del millón y medio. Es muy micro, es muy micro. Son mucha gente”.

Factores que empujan la crisis: caída del ingreso y política monetaria

Daicich atribuyó el aumento de la morosidad a la combinación de pérdida del poder adquisitivo y cambios en la política monetaria: “Desde 2024 hubo una caída del salario real importante, que aún el día de hoy, sobre todo en algunos trabajadores formales, en el caso de los trabajadores del sector público, se nota que no han recuperado todavía los niveles de noviembre del 2023”.

“El problema es que se conjugó esa cultura que veníamos teniendo, pero con tasas que no fueron a la baja del mismo modo que la inflación fue bajando, pero sí tuviste una caída importante del salario real”, detalló.

El resultado es una “bola de nieve” de deuda donde muchas familias piden créditos para pagar otros créditos y quedan atrapadas en un ciclo sin salida. Barbería añadió que “todas las condiciones se combinaron. No hay un responsable que: ‘Che, tomaste mal el crédito, diste demasiado crédito’. Fueron todas las condiciones que se combinaron. Y como dice ella, sin una mejora en el ingreso, y yo agrego, además una baja de tasa de refinanciación, porque a esta tasa no vas a refinanciar a nadie”.

Educación financiera, regulación y la urgencia de políticas públicas

El equipo del programa puso el foco en la facilidad de acceso al crédito a través de fintech y billeteras virtuales, que presentan mayores tasas de mora y menor regulación. Daicich señaló: “En este momento, si miramos nuestras cuentas… yo puedo pedir muy poco de lo que tengo, porque no funciona lo que yo conozco”, y advirtió sobre la importancia de conocer el costo financiero total y la tasa real de los créditos.

Aziz insistió en la dimensión estructural del fenómeno: “No se salvó nadie. Está bien bancos... Esto es estructural”. Daicich coincidió: “Si la actividad económica no repunta, la gente no tiene trabajo y no tiene salarios acorde o tiene tres trabajos, pero aun con tres trabajos no llega a fin de mes, va a ser muy difícil, porque ninguna, en el fondo lo financiero te termina asfixiando”.

Sobre el final del debate, se analizaron propuestas como la implementación de una política pública similar al programa “Desenrolar” en Brasil, que permite refinanciar deudas a tasas bajas, y la necesidad de que el Estado incentive el desendeudamiento y la regulación del sector.

Daicich concluyó: “Me parece que lo interesante acá es que un poco los bancos, puertas adentro lo están haciendo, empezaron una baja de tasa más abrupta para estos clientes que se dan cuenta que no pueden pagar. Pero de base es que los salarios tienen que recuperar su poder adquisitivo para poder salir de este loop en el cual no tenés un problema financiero, tenés un problema económico”.

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Viajar a Estados Unidos implica una revisión exhaustiva más allá de la aprobación de la visa y la presentación de documentos en regla. Las autoridades estadounidenses, incluidas agencias como el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Estado, pueden imponer restricciones al uso del pasaporte en casos de deudas fiscales, problemas judiciales o inconsistencias documentales que comprometan la validez o autenticidad de la identificación presentada.

Conforme a la información oficial, una de las razones más frecuentes para que el Departamento de Estado limite el pasaporte a nacionales, incluidos quienes cuentan con doble nacionalidad estadounidense y colombiana, se vincula a la acumulación de deudas tributarias catalogadas como “seriamente morosas”.

En estos casos, el IRS puede reportar al contribuyente ante el Departamento de Estado, lo que provoca la inmediata negativa a expedir un nuevo pasaporte o a renovar el vigente. Incluso cuando el deudor se encuentra fuera del país, solo tendría acceso a un documento temporal cuya única finalidad es autorizar el regreso a territorio estadounidense.

El procedimiento ocurre específicamente cuando, junto con la deuda federal, existen procesos activos de cobro —como embargos o gravámenes— contra la persona señalada. La propia agencia federal del gobierno de Estados Unidos aclaró que esta medida no recae sobre todos los contribuyentes con obligaciones pendientes: quedan excluidos quienes mantienen acuerdos de pago vigentes, atraviesan procesos de negociación o cuentan con recursos legales reconocidos que suspenden temporalmente la restricción.

En respuesta a las dudas frecuentes de los viajeros frente a una posible retención del pasaporte, las limitaciones pueden aplicarse a ciudadanos estadounidenses con doble nacionalidad o residencia, persistan o no fuera del país, y afectan tanto el trámite de renovación como la primera expedición del pasaporte. Esta política también considera casos de manutención infantil impaga: la ley federal establece la barrera en deudas superiores a USD 2.500 lo que equivale a $9.325.300; quien supere ese monto se expone a la negativa de trámites de pasaporte hasta regularizar su situación.

Las restricciones documentales no se limitan al ámbito fiscal. Según el Departamento de Estado, también se cancela o restringe el pasaporte si existen antecedentes por fraude, uso de documentos falsificados o delitos federales relacionados con la identidad. Las autoridades estadounidenses pueden revocar de inmediato el documento a quienes intenten alterar datos en la tramitación, modificar registros oficiales o emplear identidades falsas.

El estado físico del pasaporte puede determinar la entrada o rechazo en el control migratorio

La validez del pasaporte no depende solo de la situación judicial o fiscal de su titular. Un documento deteriorado, con páginas sueltas, manchas que impidan la lectura, perforaciones, roturas visibles o cualquier alteración que genere dudas sobre su autenticidad, puede considerarse inválido por los funcionarios de migración.

Según las autoridades estadounidenses, el pasaporte será rechazado si el deterioro impide verificar la información personal o el carácter genuino del documento. No obstante, fuentes oficiales precisaron al medio que signos normales de uso, como pequeños dobleces o ligero desgaste, no provocan restricciones si los datos permanecen legibles e íntegros.

La precisión de estos procedimientos busca garantizar la seguridad del sistema migratorio estadounidense y el adecuado cumplimiento de las políticas federales en materia tributaria y judicial. Cada situación, desde la deuda fiscal hasta la manipulación o el mal estado material del documento, puede derivar en restricciones inmediatas sobre la expedición y el uso del pasaporte para ingresar a Estados Unidos, con consecuencias puntuales que pueden limitar el derecho a la movilidad internacional.

Colombianos en riesgo de deportación en Estados Unidos

La administración de Donald Trump impulsó en las últimas semanas una ofensiva judicial y política orientada a debilitar de manera sostenida las garantías que ofrece el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca) a más de medio millón de jóvenes inmigrantes en Estados Unidos, una estrategia que busca aumentar la presión sobre los llamados dreamers hasta hacerles inviable la permanencia en el país.

La determinación de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) —tribunal vinculado al Departamento de Justicia— marca un cambio sustancial en la protección judicial de este colectivo. El organismo estableció que el solo hecho de beneficiarse de Daca no puede utilizarse, en adelante, como argumento suficiente para cerrar un proceso de deportación, como ilustró el caso de la activista Catalina Santiago.

Este precedente, si bien no conlleva una expulsión automática, permite que se reabran o reconsideren numerosos expedientes de jóvenes amparados por el programa, generando incertidumbre para alrededor de 525.000 personas, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Una estimación del Instituto para la Política Migratoria (MPI) reporta que entre 3.000 y 3.500 colombianos se encuentran entre los actuales beneficiarios.

Cuando una persona fallece en México, las deudas no desaparecen automáticamente. Según la legislación vigente y organismos como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las obligaciones pendientes se integran a la masa hereditaria.

Eso significa que, antes de repartir los bienes, el patrimonio del fallecido debe usarse para saldar esas deudas.

Los herederos no están obligados a cubrir los adeudos con su propio dinero, salvo que hayan firmado como avales o coacreditados en algún contrato específico.

Heredar también significa heredar las deudas: lo que nadie te dice antes de aceptar

El Código Civil Federal señala que la herencia incluye tanto bienes como derechos y obligaciones que no se extingan con la muerte.

El artículo 1284 limita la responsabilidad de los herederos hasta donde alcance el patrimonio heredado.

Los acreedores tienen prioridad para ser pagados con los bienes de la sucesión, y solo el remanente, si lo hay, se entrega a los beneficiarios.

Si los bienes no alcanzan todas las deudas, los acreedores solo pueden cobrar hasta el monto disponible.

Nadie está obligado a pagar con recursos propios, a menos que exista responsabilidad solidaria o se trate de un cónyuge con créditos mancomunados.

Deudas bancarias y productos financieros

Las tarjetas de crédito y muchos créditos bancarios suelen estar protegidos por un seguro de vida o de saldo deudor. Si el seguro está vigente y los pagos al corriente, la aseguradora liquida el saldo pendiente tras el fallecimiento.

En caso de no existir seguro, el banco puede reclamar el pago a la sucesión, es decir, al patrimonio heredado. Es fundamental que los familiares notifiquen de inmediato a la institución financiera y presenten el acta de defunción para activar la cobertura.

En los créditos hipotecarios, la ley también requiere la existencia de un seguro de vida que, al activarse, libera el inmueble del gravamen.

Si el fallecido estaba atrasado en pagos, la aseguradora puede negar la cobertura dependiendo de las condiciones pactadas.

En créditos compartidos, como los hipotecarios conyugales, el seguro solo cubre la parte correspondiente al titular fallecido; el sobreviviente debe seguir pagando su proporción.

Créditos personales, automotrices y departamentales

Para los préstamos personales y automotrices, la existencia de un seguro depende de cada contrato. Cuando el seguro está incluido y vigente, la aseguradora paga el saldo pendiente.

Si no hay seguro, la deuda pasa a la masa hereditaria y puede pagarse con la venta de bienes, incluido el automóvil financiado. En créditos departamentales, el contrato mercantil y el Código de Comercio regulan la obligación.

Deudas fiscales y obligaciones con el SAT

Las deudas fiscales tampoco se extinguen con la muerte. El Código Fiscal de la Federación obliga a que el albacea o representante de la sucesión cubra los adeudos tributarios con los bienes del fallecido.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede ejercer embargo o remate de bienes heredados para recuperar créditos fiscales pendientes.

Si los bienes no son suficientes, la autoridad solo puede cobrar hasta donde alcance el patrimonio.

Procedimiento sucesorio y pago de deudas

El proceso de sucesión obliga al albacea a inventariar los bienes, identificar las deudas y pagar las obligaciones antes de repartir la herencia.

La documentación clave, como el acta de defunción, debe presentarse a las instituciones correspondientes.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomiendan buscar asesoría legal si existen dudas sobre la validez de los seguros o la distribución de responsabilidades.

Excepciones y casos particulares

Si alguien firmó como aval, deudor solidario o coacreditado, puede ser requerido para cubrir la deuda en su totalidad. En créditos mancomunados, el cónyuge sobreviviente debe asumir su parte proporcional.

Los contratos y pólizas de seguro deben revisarse cuidadosamente para identificar exclusiones o límites de cobertura.

En conclusión, en México, los herederos solo responden por las deudas del fallecido hasta el valor de los bienes heredados; nunca con su propio patrimonio personal, excepto en casos de garantía solidaria o coacreditación.

La clave es notificar a las instituciones, revisar la existencia de seguros y cumplir con el proceso sucesorio legal antes de adjudicar bienes.

El cese de operaciones de Spirit Airlines en la madrugada del sábado 2 de mayo de 2026 dejó a miles de personas varadas y sin respuestas en el aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood y otros destinos internacionales, según reportó Miami Herald.

La medida, adoptada por motivos de seguridad y serias dificultades financieras, tomó por sorpresa tanto a pasajeros como a cerca de 17.000 empleados, quienes se enteraron de la decisión pocas horas antes del cierre total.

De acuerdo con documentos judiciales citados por CBS News, la paralización se ejecutó a las 3:00 de la madrugada para asegurar que ninguna aeronave quedara en vuelo y que las tripulaciones pudieran regresar a sus bases.

Nikki Young, una de las pasajeras afectadas, relató al Miami Herald que se encontraba en un crucero por las Bahamas cuando supo que su vuelo había sido cancelado.

“En medio del océano, nos enteramos de que cancelaron todos los vuelos. No hubo absolutamente ninguna comunicación”, afirmó. Young, además, perdió la pista de su equipaje facturado a través de Spirit.

Otro pasajero, Fred Michel, contó que tuvo que gastar USD 400 adicionales por persona para poder regresar desde República Dominicana, sin garantías de reembolso.

Impacto laboral y financiero en la aerolínea

El cierre de Spirit Airlines dejó a miles de empleados en la incertidumbre. Oral Blackstone, supervisor de rampa con casi 20 años en la compañía, expresó: “Me fui sin recibir nada, ni explicaciones ni pago”, tras abandonar el aeropuerto con sus pertenencias, según el Miami Herald.

La empresa, que acumuló pérdidas de más de USD 2.500 millones desde la pandemia, también enfrentaba una deuda superior a USD 8.100 millones y dos declaraciones de bancarrota en los últimos dos años, de acuerdo con el Los Angeles Times.

El aumento en el precio del combustible, impulsado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, agravó la crisis financiera de la aerolínea.

El fracaso del rescate estatal y el cierre definitivo de Spirit Airlines

A esto se sumaron el fracaso de un rescate estatal de USD 500 millones y la frustrada fusión con JetBlue, bloqueada por autoridades regulatorias en 2023. Estas circunstancias dejaron a Spirit sin alternativas viables para continuar con sus operaciones.

El último vuelo de la compañía aterrizó en Dallas Fort Worth procedente de Detroit en la madrugada del sábado, marcando el fin de una era para la aerolínea de bajo costo.

Mientras tanto, cientos de empleados se congregaron frente a la sede corporativa en Dania Beach, a la espera de definiciones sobre su futuro laboral. La empresa informó que trabaja en la relocalización de tripulaciones y que otras aerolíneas abrieron procesos de contratación preferenciales para su personal desplazado.

Reacción de la industria y orientación a pasajeros

Frente a la magnitud del impacto, aerolíneas como American, Delta, JetBlue, Southwest y United anunciaron la disponibilidad de “rescue fares” o tarifas de rescate para los pasajeros afectados, según el Miami Herald. American Airlines implementó topes de precios en rutas compartidas para evitar aumentos abusivos.

Por su parte, JetBlue comunicó la apertura de 11 nuevas rutas y 27 salidas adicionales desde Fort Lauderdale-Hollywood, junto con la equiparación de estatus de lealtad para los miembros Gold y Silver de Spirit.

Las autoridades estadounidenses recomendaron a los pasajeros no presentarse en los aeropuertos, ya que los mostradores de Spirit Airlines permanecen cerrados y no hay atención presencial ni telefónica.

El Departamento de Transporte recordó que quienes hayan comprado boletos directamente a la aerolínea podrán solicitar reembolsos, mientras que aquellos que lo hicieron a través de agencias deberán gestionarlo con esos intermediarios.

El cierre abrupto, la falta de comunicación y la escala de las cancelaciones generaron críticas en la opinión pública y reavivaron el debate sobre la política de rescate a compañías en crisis y la regulación del sector aéreo en Estados Unidos.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentó un programa de renegociación de deudas, denominado “Novo Desenrola Brasil”, que establece límites de tasa de interés del 1,99%, descuentos de entre el 30 y el 90%, y autoriza el uso de hasta el 20% del Fondo de Indemnización por Despido para el pago de deudas. La medida, enmarcada en las acciones por el Día del Trabajador y en un año electoral, busca aliviar la carga financiera sobre los trabajadores.

“Los brasileños tendrán tasas de interés más bajas, con un máximo del 1,99% y descuentos del 30% al 90% sobre el monto de la deuda. De esta manera, tendrán una cuota mucho menor y más tiempo para pagar su deuda”, aseguró el jefe de Estado.

El "Nuevo Desenrola Brasil“ permitirá a las familias brasileñas renegociar diferentes tipos de deudas, como tarjetas de crédito o préstamos personales, con condiciones preferenciales.

El beneficio está dirigido a trabajadores y familias con ingresos mensuales de hasta cinco salarios mínimos, unos 8.105 reales, e incluye a quienes mantienen deudas educativas. Además, contempla la prohibición temporal de acceder a plataformas de apuestas en línea para quienes participen del programa.

Condiciones y alcances del programa

El plan permitirá renegociar deudas vinculadas a tarjetas de crédito, sobregiros, préstamos personales, créditos educativos y créditos de consumo directo. Los interesados podrán acceder a descuentos de hasta el 90% sobre el monto original, con un tope máximo de interés del 1,99%.

Los beneficiarios podrán utilizar hasta el 20% del saldo de su Fondo de Garantía (Fondo de Indemnización por Despido) para pagar sus deudas, un monto que, según el ministro del Trabajo y Empleo Luiz Marinho, podría liberar más de 4.500 millones de reales. El límite total autorizado para estos retiros es de 8.000 millones de reales. Sin embargo, el Gobierno no prevé alcanzar dicho valor máximo.

El programa incluye la renegociación de saldos pendientes del Fondo de Financiación Estudiantil, facilitando a jóvenes el acceso a condiciones más favorables para saldar sus obligaciones.

El Gobierno prevé implementarlo mediante una medida provisional, de modo que tenga validez legal inmediata mientras el Congreso discute el texto definitivo.

Restricciones para apuestas en línea

Una particularidad del "Novo Desenrola Brasil“ es la restricción que se aplica a quienes se adhieran a la renegociación: quedarán bloqueados durante un año de todas las plataformas de apuestas en línea.

De acuerdo con el ministro de Hacienda, Dario Durigan, el objetivo es “evitar nuevos ciclos de endeudamiento” entre los beneficiarios, una preocupación creciente en la economía brasileña.

El Ejecutivo fundamentó esta decisión en el aumento de gastos ligados a las apuestas digitales, un factor que contribuyó al endeudamiento de numerosos hogares.

En su discurso, Lula afirmó que la medida busca proteger a las familias para que, después de beneficiarse de la renegociación, no vuelvan a caer en insolvencia por el uso excesivo de estos servicios.

Hasta el momento, el Gobierno no especificó si la restricción entrará en vigor inmediatamente o si existirá un periodo de transición tras la puesta en marcha del programa.

Contexto político del anuncio

El anuncio ocurrió en un año clave para la política brasileña, con Lula da Silva aspirando a un nuevo mandato en los comicios del próximo 4 de octubre.

El presidente señaló avances como la reducción del desempleo y la moderación de la inflación, aunque reconoció desafíos pendientes para mejorar la calidad de vida de la población.

Durante su mensaje, también presentó propuestas complementarias, como reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y garantizar la preservación del salario, dirigidas a mejorar las condiciones de los trabajadores.

En el plano electoral, el anuncio coincide con encuestas que señalan un empate técnico entre Lula y Flávio Bolsonaro, hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro, en las intenciones de voto.

La activación oficial del programa se realizará el próximo lunes, cuando las condiciones especiales de renegociación estarán disponibles para los hogares alcanzados por el endeudamiento.

El fallecimiento de una persona en México no elimina de manera automática sus deudas con bancos o instituciones financieras. Los beneficiarios y familiares pueden enfrentar el pago de ciertos créditos, pero la decisión final depende del tipo de servicio contratado y de las reglas legales específicas que aplican a cada caso, según información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reseñada por Colprensa.

Herederos no están obligados a liquidar todas las deudas del fallecido

La ley mexicana no fuerza a los herederos a pagar las deudas de quien fallece, salvo en situaciones particulares como ser el cónyuge o albacea designado. De acuerdo con la Condusef, la mayoría de los beneficiarios no asume la responsabilidad legal, salvo que exista una obligación directa o sean solidarios en el contrato. Cuando hay deudas pendientes, las instituciones pueden utilizar el patrimonio del difunto –conocido como masa hereditaria– para saldarlas antes de entregar el resto de los bienes a los herederos.

Las deudas con tarjetas de crédito e hipotecas suelen estar cubiertas por seguros de vida. Estos seguros pagan el saldo insoluto al momento del fallecimiento, pero solo aplican si los pagos estaban al corriente y no hay atrasos mayores a tres meses. Si se hicieron cargos a la tarjeta tras la muerte del titular o hay retrasos significativos, el seguro puede no cubrir el adeudo. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detalla que los titulares de tarjetas adicionales no están obligados a responder por el saldo pendiente tras el deceso original.

Créditos hipotecarios, automotrices y la importancia del seguro de vida

En créditos como el hipotecario, el seguro de vida suele liberar a los beneficiarios de seguir pagando el préstamo, siempre y cuando el difunto cumplía con los pagos al día. Antes de aplicar ese beneficio, los herederos deben ponerse al corriente si hay mensualidades pendientes. Estos seguros cubren decesos por enfermedad o accidente posteriores a la contratación, aunque tienen restricciones específicas para casos de suicidio.

En créditos conyugales, como los ofrecidos por Infonavit o Fovissste, el seguro liquida solo la parte proporcional correspondiente al titular fallecido. Por ejemplo, si ambos participaban al 50 %, la deuda por el 50 % restante seguirá vigente y el cónyuge sobreviviente debe cubrirla conforme a lo pactado.

Los créditos automotrices también integran seguros de vida que saldan la deuda en caso de muerte, siempre y cuando la póliza esté activa y los pagos al corriente. Es indispensable notificar lo más pronto posible a la institución financiera y a la aseguradora para iniciar el proceso de cancelación de adeudos. Durante el trámite, las mensualidades deben seguirse pagando hasta que la aseguradora liquide el saldo pendiente.

La masa hereditaria como base para pagar pasivos pendientes

Jesús David Chávez Ugalde, director de Análisis y Estadísticas de Servicios y Productos Financieros, explicó a un medio especializado que cuando no hay un seguro de vida o protección similar, el pago de la deuda se cubre con los bienes del difunto. Las deudas forman parte de la masa hereditaria y deben descontarse del patrimonio antes de repartir entre los beneficiarios.

La masa hereditaria es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que conformaban el patrimonio del fallecido. Si los activos son insuficientes, los acreedores solo pueden cobrar hasta el monto disponible, sin exigir el saldo pendiente a los herederos.

Procedimientos para tramitar la liquidación de deudas tras la muerte

Para activar los seguros y liberar a los beneficiarios de la deuda, el paso inicial es notificar a la institución financiera y a la compañía de seguros sobre el fallecimiento. Los familiares deben presentar los documentos requeridos y mantenerse atentos a los términos de la póliza. No informar oportunamente puede retrasar el cierre de la cuenta o provocar cobros indebidos.

Revisar si el difunto tenía un seguro de vida asociado al crédito es clave para evitar que la carga económica recaiga sobre los herederos. De acuerdo con la Condusef y la Profeco, buscar asesoría legal es recomendable ante cualquier duda sobre la validez del seguro o la distribución de responsabilidades.

Restricciones y escenarios concretos según el tipo de crédito

El seguro de vida de tarjetas de crédito solo cubre el saldo hasta el día del fallecimiento y no incluye compras posteriores hechas con tarjetas adicionales. En hipotecas, las pólizas excluyen algunas causas particulares, como el suicidio. Los familiares que sean beneficiarios en créditos conyugales deben cubrir su parte restante si uno de los titulares fallece.

Contratar un seguro de vida asociado a los créditos es una medida preventiva que facilita la protección del patrimonio familiar y evita conflictos legales tras el deceso de un titular. La Condusef recomienda actuar con prontitud y solicitar apoyo en caso de controversia.

El episodio, registrado en video y divulgado por medios estadounidenses, involucró a la empresa Express Rental Dumpster y a los ocupantes de una residencia que habían contratado el servicio durante una mudanza.

Según relató Martin Perez, propietario de la compañía, a Fox News, la tarjeta de crédito facilitada por los clientes fue rechazada varias veces, pese a que los ocupantes prometieron en distintas ocasiones regularizar la situación.

“Siempre dicen ‘voy a pagar más tarde, voy a pagar más tarde’, pero nunca cumplen. O dicen ‘voy a cargar la tarjeta’ para que puedas cobrar, y no sucede. El lunes intentamos de nuevo. Llamamos y nos respondieron: ‘Se me olvidó’”, explicó Perez a la cadena local KTVU.

La situación financiera de Express Rental Dumpster se agravó por la negativa del pago. De acuerdo con lo informado por Fox News, trasladar los residuos a un vertedero autorizado hubiera implicado un desembolso adicional de aproximadamente USD 1.000 debido a la inclusión de electrodomésticos y materiales sujetos a tarifas especiales.

Esta circunstancia influyó directamente en la decisión de la empresa de devolver los residuos al domicilio, según subrayó Perez en declaraciones publicadas por KTVU.

El video viral, el rol policial y el desenlace administrativo

Las imágenes captadas por una cámara Ring instalada en el acceso a la vivienda muestran cómo el conductor del camión de Express Rental Dumpster dialoga fuera de plano con una persona antes de abrir la compuerta posterior y permitir que parte de la basura caiga sobre el jardín.

Luego, el operario maniobra el vehículo marcha atrás y descarga la totalidad del contenido en el área verde, a la vista de los vecinos. Durante la maniobra, un hombre sale de la residencia y lanza insultos en español hacia el conductor, según informó Fox News.

El incidente generó la intervención de la policía de San Pablo, que acudió al lugar y observó la descarga de residuos. De acuerdo con SFist, los agentes determinaron que la acción no configuraba un delito penal y derivaron el caso al área de control de códigos municipales (city code enforcement).

Los funcionarios exigieron al conductor que retirara los restos de la acera y los depositara íntegramente dentro de los límites de la propiedad privada. Según reportó KTVU, la controversia respecto al pago de la deuda persistía, con la versión de la propietaria que aseguraba haber abonado los USD 700, mientras que la empresa sostenía lo contrario.

Impacto en la comunidad y situación actual

La acumulación de basura en el césped provocó incomodidad entre los residentes del barrio. Vecinos y recicladores revisaron los residuos en busca de objetos de valor antes de que un habitante optara por cubrir la pila para evitar que se dispersara, según relató Fox News.

SFist indicó que la comunidad expresó su preocupación por la permanencia de los desechos durante más de una semana, hecho que generó malestar y debate local.

Actualmente, la oficina de control de códigos municipales de San Pablo analiza el expediente para determinar los pasos administrativos e imponer, si corresponde, sanciones relacionadas con la limpieza del terreno.

SFist precisó que la responsabilidad final de saneamiento recae sobre el dueño actual del inmueble, dado que los ocupantes previos ya se habían mudado antes del episodio.

La investigación penal se descartó y la controversia permanece en el ámbito administrativo, sin resolución pública sobre el pago reclamado por Express Rental Dumpster.

El Gobierno alcanzó un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, tras la aprobación del Directorio, habilitará el desembolso pendiente de 1.000 millones de dólares. Un punto relevante del entendimiento es la reducción de la meta fiscal para este año, que pasó del 2,2% al 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB). Este ajuste representa un alivio por parte del organismo internacional en un contexto de caída en la recaudación y de demandas de distintos sectores por deudas con el Ministerio de Economía.

El staff del FMI resaltó que el saldo de caja cero seguirá siendo el eje central del programa, en consonancia con el superávit primario del 1,4% del PIB para 2026. El organismo internacional comunicó que esta política se apoya en un control del gasto riguroso y continuo, al tiempo que deja espacio para la ayuda social focalizada. Además, la expectativa oficial es que las reformas en los marcos tributario, previsional y fiscal refuercen este anclaje. Con la publicación de este documento, la entidad presidida por Kristalina Georgieva reveló que en las negociaciones con Economía se consensuó bajar la meta fiscal en 0,8 puntos porcentuales (p.p.) en comparación con la primera revisión.

“Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, tras la difusión del acuerdo.

En febrero, el Sector Público Nacional (SPN) alcanzó un resultado financiero de $144.421 millones, con un resultado primario de $1.410.640 millones y pagos de intereses de deuda pública por 1.266.218 millones de pesos. Así, en los primeros dos meses del año, el SPN acumuló un superávit financiero cercano a 0,1% del PIB y un superávit primario aproximado de 0,4% del PIB.

Pero el dato está en que el resultado fiscal superavitario en los primeros dos meses se logró a pesar de la caída de la recaudación. En el acumulado de enero-marzo, los ingresos tributarios tuvieron una baja de 7,5%, lo que sumó presión sobre las cuentas públicas y condicionó la capacidad del Estado para sostener el sendero de superávit. En las últimas semanas surgieron cuestionamientos a la manera en que Economía logra el resultado positivo en las cuentas públicas: se conocieron reclamos de diferentes sectores por deudas pendientes, como por ejemplo las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) o los prestadores de PAMI.

La directora de la consultora C&T Asesores Económicos, María Castiglioni, analizó el cambio en la meta fiscal y señaló que el 2,2% acordado en la primera revisión del programa siempre le resultó llamativo. “El Presupuesto es acorde con la nueva meta de 1,4% de superávit primario; es lógico, tiene sentido en un contexto en donde estás bajando impuestos. Incrementar el superávit primario a 2,2% era excesivo y muy complicado de sostener”, destacó en diálogo con Infobae.

No obstante, hay quienes consideran que, aun con el recorte, la meta sigue siendo ambiciosa. “1,4% hoy luce desafiante también; el año pasado lo lograste creciendo al 4,4%, este año el mismo FMI bajó el crecimiento a 3,5 por ciento. Tienes que bajar fuertes subsidios. ¿Cómo haces con la inflación arriba del 2,5% y el mercado interno por el piso?”, planteó un analista en off the record. Es que luego de que la inflación se ubicara en 3,4% en marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que a partir de abril se vienen “los mejores 18 meses de las últimas dos décadas”, con una desaceleración de la inflación y un repunte de la actividad económica.

Para Claudio Caprarulo, director de Analytica, los cambios en las proyecciones que se desprenden del comunicado “ponen metas más factibles de cumplir este año”. “De todas formas, la dinámica del primer trimestre da cuenta que también en el plano fiscal repetir el superávit primario del año pasado será un desafío. Entre otras cosas, por la necesidad de reducir subsidios en un contexto de aceleración de la inflación y caída del salario real”, sumó el economista.

Este jueves, el Ministerio de Economía debería publicar cuál fue el resultado del Sector Público Nacional (SPN) en marzo. Si bien no debería haber mayores problemas en lograr un saldo positivo, los inconvenientes podrían llegar a surgir en los próximos meses, tanto por los pagos de deuda que se realizaron a las empresas de colectivos ($50.000 millones) como también a los prestadores del PAMI ($150.000 millones).

Desembolso pendiente

Según pudo saber Infobae con fuentes del Ministerio de Economía, el desembolso de USD 1.000 millones calculan que impactaría en las reservas del Banco Central de la República de Argentina (BCRA) en mayo. Aunque los tiempos ya no dependen del Gobierno, sino de la burocracia del organismo internacional.

“Es importante destacar que las mejoras en el marco monetario y cambiario están generando un aumento en las reservas, con compras de divisas del banco central que superan los USD 5.500 millones en lo que va del año", destacaron en el comunicado el staff del FMI. Es que a menos de cuatro meses del inicio de la “Fase 4″ del programa, la entidad que conduce Santiago Bausili logró cumplir el 58% de la meta de este año (USD 10.000 millones).

En tal sentido, el acuerdo con el Fondo determina que “las reservas internacionales netas aumentarán en al menos 8.000 millones de dólares en 2026”, impulsadas por “la movilización de financiamiento en moneda extranjera y compras sostenidas de divisas por el banco central, por un mínimo de 10.000 millones este año”.

Pese a que el BCRA retomó las compras de divisas este año, volvió a enfrentar dificultades para acumular reservas por los vencimientos de deuda del Tesoro. Tras la adquisición de USD 128 millones el miércoles, las reservas internacionales brutas se ubicaron en 45.627 millones de dólares. El desafío principal será que el área de Economía logre obtener fuentes de financiamiento que permitan al BCRA retener las divisas adquiridas.

“Se está implementando una estrategia integral para refinanciar las obligaciones en divisas mediante la emisión continua de deuda pública denominada en dólares, la venta de activos estatales, operaciones de recompra con bancos centrales y préstamos externos, potencialmente respaldados por instituciones financieras internacionales”, destacaron en el comunicado del staff.

Esta afirmación coincide con lo expresado por el ministro Caputo, quien sostuvo que ya cuenta con un mecanismo definido para afrontar el vencimiento de USD 4.300 millones en julio, al que se sumarán los dólares obtenidos mediante la colocación de los bonos Bonar 2027 y 2028, así como los recursos provenientes de privatizaciones y concesiones de empresas públicas.

Hay luces amarillas que se encendieron en varios tableros de los bancos… y también de la Casa Rosada. En medio de un contexto donde comienza a agudizarse la evolución de algunas variables macro -como la tensión inflacionaria y las dudas sobre el empleo-, la mora bancaria preocupa por lo que representa para el sector, pero mucho más por lo que dice de la situación de los afectados.

Días atrás, el presidente de Adeba, la asociación de los bancos argentinos, posteó en X un gráfico en el que se veía cómo, a finales del año pasado, el crédito había llegado al 12% del PBI. Mucho mejor que el piso de fines de 2023 (4%), más cerca del último techo de 14% en 2019, pero aún muy lejos de los ratios promedio de los países de la región y ni hablar del mundo desarrollado.

“Gran recuperación del crédito bancario los últimos dos años. Falta mucho, pero la dirección es la correcta”, escribió Javier Bolzico, integrante también del Grupo de los 6, el núcleo de asociaciones que representan a los principales sectores de la economía, desde algunos muy cercanos al Gobierno como comercio (CAC), parte del campo (SRA) y la bolsa (BCBA), hasta sectores muy golpeados, como la industria (UIA) y la construcción (Camarco). Los bancos están en el medio, podría decirse haciendo una simplificación rápida: tensión permanente e idas y vueltas con el Gobierno.

Lo cierto es que en paralelo a esa suba del crédito, a la que le falta mucho aún -como dijo el dirigente empresarial- se registra una escalada en la morosidad de créditos otorgados tanto a familias como a empresas. Según datos oficiales y estimaciones privadas, la proporción de créditos en situación irregular alcanzó niveles que no se registraban desde la crisis de 2001.

El ministro Luis Caputo, en tanto, denuncia campañas mediáticas y jura que la cosa no está mal. Todo lo contrario. “Estamos en récord histórico de nivel de actividad, de exportaciones y de consumo”, dijo días atrás en Carajo, streaming al que no iba hace varios meses y al que parece acudir cuando cree que “aparece alguna tensión o hay cosas importantes que explicar”, como definió un funcionario de Economía muy cercano a “Toto”.

“Esto me hace acordar bastante a septiembre del año pasado, cuando combinaban lo político con el tema de que la economía no llegaba al 15 del mes. Después de eso llegaron las elecciones y ganó el Presidente 41% a 24%. La interpretación en ese momento fue que era el temor de la vuelta a los kukas. Ahora, miremos los datos de julio a septiembre de ese año. Decían que la economía creció al 1,5% en ese trimestre. Entonces, el resultado de la elección empieza a tener otro fundamento”, agregó el titular del Palacio de Hacienda. El Gordo Dan y el Gordo Pablo, anfitriones de Carajo, asintieron con sus cabezas.

Como sea, la morosidad de los préstamos bancarios a familias pasó de un 2,5% a fines de 2024 a un 9,3% en diciembre de 2025, según el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Mientras, la irregularidad en créditos no bancarios, como fintechs y billeteras virtuales, trepó cerca del 25 por ciento. Si se consideran ambos canales, la proporción de familias con atrasos supera el 13%, un récord en más de una década.

El fenómeno no se limita a los hogares. El incumplimiento en créditos comerciales llegó al 2,7% en enero de 2026, triplicando el nivel de un año antes. Un informe del departamento de Estudios Económicos del Banco Provincia advirtió que 1 de cada 8 empresas con préstamos bancarios presenta atrasos, con una incidencia mayor entre pequeñas y medianas empresas, donde la tasa de mora ronda el 4%. Entre las grandes compañías, el indicador se mantiene en torno al 0,9 por ciento.

Qué dicen los bancos

Desde Adeba reconocen que la irregularidad de cartera es relativamente alta, pero enfatizan que los bancos cuentan con previsiones, reservas y capital necesario para atender este tipo de situaciones.

Los bancos nacionales tienen una explicación para parte de la irregularidad que se registra en la cartera de préstamos personales: las personas cambian de banco su cuenta sueldo para dejar de pagar más que por pérdida efectiva de empleo. O sea, la pérdida de empleo no es la causa principal de la irregularidad de cartera. De los créditos de cuenta sueldo con morosidad, aproximadamente el 50% se debe a que la persona se cambia de banco y deja de pagar.

“Esta es una anormalidad, un comportamiento oportunista de una minoría que perjudica a los que pagan, porque hacen más caro el crédito. Se está trabajando con los bancos asociados para tratar de subsanar esta situación”, afirmaron en Adeba y agregaron que la nueva ley laboral incorporó una herramienta para ayudar a desarrollar el crédito: el descuento por planilla. Algo positivo para los nuevos créditos, no para el stock.

“El crédito bancario será uno de los pilares de la reactivación económica de los próximos años. Con las condiciones adecuadas el crédito bancario crecerá y será un aliado clave del sector privado”, destacaron los banqueros. Desde una de las principales entidades privadas del país señalaron que el tema está instalado y que dejó de ser un tema marginal, como en la última década, incluso a nivel de inversores y analistas globales, que miran mucho más atentos los números de rentabilidad y tratan de anticipar si el tema dejará “heridos”.

“Ochenta por ciento de la conversación con varios fondos en las últimas semanas fue eso: los por qué del salto de la mora y, sobre todo, cuándo va a parar de crecer. El pico y la baja de esa curva es lo que preocupa. Cuándo afloja es la pregunta recurrente”, destacó un alto ejecutivo de ese banco.

“En algún momento iba a volver la mora porque siempre la hubo en el país. Con la inflación, la cuota del préstamo se licuaba y eso ahora no pasa; y si los salarios crecen menos que la inflación, peor”, resumió. En el sector reconocen que los números se dispararon, ya superan a los promedios de la región y que cierta estabilización que se esperaba para el primer trimestre del año se corrió al siguiente, en principio, porque el crédito crece, pero menos de lo esperado.

El mismo ejecutivo reconoció que la presión obliga a moderar proyecciones. “El 2026 va a ser todavía de transición. Año de rentabilidades en un dígito alto, pero no de dos, por los niveles de mora y la demanda de crédito en cero en términos reales. No va a haber crecimiento económico si no hay más crédito, no va a haber crédito si no baja los costos, no baja la tasa de interés si el Gobierno no libera más pesos o habilita el mercado de crédito en dólares”, destacaron desde otro banco local y dejaron planteado otro de los clásicos de debate de estas últimas semanas. Si bien hay algunas opciones, la alternativa aún está en el freezer, con entidades que dudan y un Gobierno que está envalentonado con la cuestión pero teme abrir una puerta con reminiscencias a 2001.

Tasas altas y salarios golpeados: los motores de la crisis

Los especialistas coinciden en que la aceleración de la mora responde principalmente a tasas de interés reales elevadas y al estancamiento de los salarios. La política monetaria restrictiva y la baja de la inflación interrumpieron el mecanismo de “licuación” de las cuotas, lo que elevó el peso de las deudas sobre los ingresos disponibles.

El impacto sobre la rentabilidad llevó a los bancos a depurar carteras y endurecer la gestión del riesgo crediticio. Bastien Consultores detalló que en enero de 2026 la mora en créditos a familias ascendió a 10,3%, aunque los indicadores adelantados sugieren que la irregularidad podría estar tocando un techo. Esta mejora se explica más por la selectividad de los bancos en la concesión de préstamos que por una recuperación genuina de la capacidad de pago de los hogares.

“Cuando la mora sube, los bancos dejan de prestar. El denominador deja de crecer y el numerador crece, con lo cual se acelera el problema. Hay una parte de resaca donde la mora va a seguir subiendo y no se va a poder ocultarlo más”, detalló otro banquero, algo más escéptico, quien también pidió off the record.

El BCRA implementó medidas como el débito automático de cuotas de préstamos para mejorar la recuperación y contener el deterioro. La restricción de la oferta se reflejó en el estancamiento de los créditos al consumo a comienzos de 2026, tras un período de fuerte expansión en 2024 y parte de 2025.

Ahora, además, un intento oficial por relajar las condiciones monetarias y bajas las tasas de corto plazo intenta -entre otros objetivos, como el de impulsar la economía- generar las condiciones para un saneamiento gradual de la mora. La mora, dicen los banqueros, se soluciona con más créditos y tasas más bajas. Y una política monetaria más laxa puede facilitar que los bancos, y fintech, salgan a limpiar sus balances otorgando créditos más blandos y a plazos más largos que permitan a los morosos salir del pozo.

Crédito alternativo, foco de mayor tensión

Cómo se dijo, el deterioro es aún más marcado fuera de la banca tradicional. Según EcoGo y la consultora 1816, la mora en fintechs, billeteras virtuales y entidades no bancarias ronda el 25%, más del doble que la de los bancos. La regularidad de estas carteras cayó de 92,1% a 76,1% entre diciembre de 2024 y enero de 2026, y la proporción de créditos irrecuperables subió de 2,7% a 8%. Tarjeta Naranja y Mercado Libre concentran casi el 60% de los préstamos a familias otorgados por proveedores no financieros. El volumen total de créditos bancarios a familias es de $63 billones, frente a menos de $13 billones en el canal no bancario, aunque la morosidad es mucho más alta en este último segmento.

En la eterna “guerra” bancos-fintech, las entidades tradicionales enfatizan que uno de los problemas es que las billeteras cobran un costo financiero (CFT) de entre 200 y 500% y esto hace “estragos en las familias”.

Empresas: la brecha entre grandes y pymes se profundiza

El avance de la mora comercial afecta principalmente a las pymes. De acuerdo con el Banco Provincia, el 42% del volumen total de crédito está en manos de solo el 0,3% de las grandes sociedades, con tasas de mora por debajo del 1%. En cambio, las pequeñas y medianas empresas muestran una tasa próxima al 4%. El informe también detalló que, en el segmento de créditos de hasta $45 millones, la irregularidad alcanzó el 10% en tres de cada cuatro préstamos pequeños.

En ese contexto, días atrás la calificadora internacional Moody’s estimó que la morosidad continuará en aumento durante el primer semestre de 2026, para comenzar a estabilizarse gradualmente en la segunda mitad del año. Según Moody’s la presión sobre la rentabilidad se refleja en un aumento de los cargos por incobrabilidad, que al cierre de 2025 representaron el 3,4% del activo neto del sistema financiero.

La empresa estadounidense también advirtió sobre los riesgos de una eventual flexibilización del crédito en dólares a sectores no generadores de divisas y señaló que el sistema mantiene niveles de capital suficientes para absorber escenarios adversos moderados. A diciembre de 2025, las previsiones cubrían el 93,7% de la cartera irregular, con un nivel de cobertura elevado respecto a otros países de la región.

El BCRA y el Tesoro buscan un equilibrio entre el objetivo de reducir la inflación y evitar un mayor deterioro de la calidad de la cartera crediticia. Quantum informó que la base monetaria aumentó 1,3% nominal entre diciembre y marzo, frente a una inflación del 9%. Ante la incertidumbre, los bancos prefieren prestar al sector público y endurecen las condiciones para el crédito privado. “No va a haber crecimiento económico si no hay crédito, no va a haber crédito si no baja el costo de crédito, no baja la tasa de interés si el Gobierno no hace una de dos: o libera más pesos, o habilita el mercado de crédito en dólares”, planteó el banquero en off the record.

El sistema financiero enfrenta una etapa de luces amarillas, con indicadores de mora familiar y empresarial en máximos de 15 años y un entorno donde la recuperación depende de la mejora de los ingresos y el repunte de la actividad.

En México existen muchos mitos acerca de lo que sucede con la deuda de créditos bancarios y los trámites del SAT después de que una persona fallece. Una situación que le genera miedo a la mayoría de las familias mexicanas.

Cuando un ciudadano muere, sus adeudos no desaparecen automáticamente. De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), estas obligaciones pasan a formar parte de su herencia o sucesión. Esto significa que deben ser cubiertas con los recursos económicos o bienes que haya dejado el fallecido, integrándose como parte del pasivo sucesorio. En otras palabras, las deudas se pagan utilizando los activos que conforman el patrimonio.

En este sentido, la Secretaría de Gobernación de México señala que el total de los propiedades que integran el legado responderá por el pago de los compromisos financieros hasta donde alcance su valor.

Si el monto de las obligaciones supera el valor de los bienes, los herederos no tienen la responsabilidad de cubrir la diferencia con su propio patrimonio. Incluso, cuentan con la posibilidad de rechazar la herencia si consideran que las deudas son mayores a los beneficios que podrían obtener.

Además, cuando existe un seguro asociado algún cargo, este puede cubrir el saldo pendiente en caso de fallecimiento del titular. Estos seguros, comunes en créditos hipotecarios o tarjetas de crédito, están diseñados para liquidar el compromiso financiero en caso de que el titular ya no pueda hacerlo.

¿Qué pasa con el SAT?

En este caso, es necesario que un familiar, representante legal o albacea informe al SAT mediante el aviso de cancelación en el RFC por defunción, preferentemente dentro del mes siguiente al fallecimiento para evitar sanciones que van de 5,400 a 10,780 pesos.

Aunque la autoridad suspende las actividades del contribuyente, los adeudos continúan vigentes y deben pagarse con los bienes que integran la herencia.

¿En qué situaciones un familiar debe pagar la deuda del fallecido?

A pesar de lo explicado anteriormente, dentro del marco general existen situaciones específicas en las que una persona puede asumir directamente la responsabilidad de pagar una deuda. Entre los principales casos se encuentran:

• Haber firmado como corresponsable, como sucede en los préstamos conjuntos, donde se adquiere la misma obligación legal que el titular original.
• Ser cónyuge del fallecido bajo el régimen de sociedad conyugal.
• Haber garantizado la deuda del cónyuge como aval o fiador, lo que implica hacerse cargo del pago si el titular no puede cumplir, incluso después de su fallecimiento.

Fuera de estas circunstancias, los familiares no están obligados a utilizar su propio patrimonio para cubrir deudas ajenas, por lo que cualquier intento de cobro sobre bienes personales distintos a la herencia carece de fundamento.

La senadora electa y actual representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, denunció que los trabajadores de la entidad promotora de salud Asmet Salud llevan más de dos meses sin salario, situación que persiste pese a que la empresa se encuentra bajo intervención estatal desde 2023.

De acuerdo con Pedraza, la falta de pago genera problemas graves en la alimentación de los empleados y afectaciones directas en su atención médica, puesto que la empresa tampoco ha consignado los aportes de seguridad social, anulando su afiliación activa al sistema de salud.

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Sindisalud-Asmet, sindicato de la EPS, elevó la preocupación. Según comunicado, la organización mantiene una deuda con sus empleados que abarca no solo los dos meses impagos de salario, sino seis meses de bonos de alimentación previamente acordados, dos meses de vacaciones y pagos pendientes de liquidaciones para quienes renunciaron a lo largo del periodo.

La asociación puntualizó que “se han recibido múltiples denuncias relacionadas con la mora en el pago de la seguridad social, generando consecuencias profundamente preocupantes, como la cancelación de citas médicas, incluso en casos de especial protección”.

Tras la denuncia, la aseguradora, por medio de un comunicado dirigido a la opinión pública, afirmó que cuenta con restricciones financieras que dificulta su operación. Sin embargo, los esfuerzos se concentran en adelantar gestiones legales para revertir la situación.

“Asmst alud EPS SAS. actualmente bajo medida de intervención administrativa, enfrenta restricciones fnancieras debido a medidas cautelares de embargo en procesos judiciales. Estas acciones han inmovilizado recursos destinados al gasto administrativo; por ello, estamos intensificando las gestiones legales para lograr su levantamiento y así, garantizar la continuidad operativa y recuperación de los recursos”, señala el documento.

Al respecto, la doctora Jessica Miena Aguime Santana, interventora sustituta temporal de la EPS, señaló que cuentan con una hoja de ruta clara para mantener el servicio y realizar los pagos correspondientes lo más pronto posible.

Frente a esta situación, “hemos activado un plan de acción riguroso poniendo en conocimiento a las autoridades de control y entes competentes para proteger los recursos públicos y asegurar su correcta destinación, no obstante, la complejidad de los casos no ha permitido avanzar al ritmo esperado”.

Paralelamente, según dijo, “estamos realizando un análisis financiero para definir un plan de normalización de pagos que se ejecutará en cuanto se liberen los recursos”.

Aguime Santana agregó: “Asmet Salud EPS SAS. en Intervención. reitera su compromiso y gestión basada en a transparencia, la defensa de los recursos de la salud y el respeto integral los derechos de sus trabajadores y usuarios”.

La intervención estatal y su crisis interna

La Superintendencia Nacional de Salud mantiene la intervención sobre Asmet Salud desde 2023. Sin embargo, la situación organizativa al interior de la EPS se agravó recientemente con la suspensión del agente especial interventor, Lain Eduardo López Martínez, que fue apartado de su cargo por decisión de la Procuraduría General de la Nación. E organismo, además, abrió procesos disciplinarios contra cinco exagentes interventores: Luis Carlos Gómez Núñez, Rafael Joaquín Manjarrés González, Javier Ignacio Cormane Fandiño, Gloria Libia Polanía Aguillón y Raúl Andrés Munévar.

El 31 de marzo de 2026, Asmet Salud notificó que la Superintendencia Nacional de Salud designó de manera temporal a una interventora sustituta, Jessica Milena Aguirre Santana. De acuerdo con el comunicado oficial de la EPS, Aguirre Santana enfocará su gestión en el fortalecimiento de la red de servicios.

“Asmet Salud EPS reitera su compromiso con la continuidad del servicio y la sostenibilidad del sistema de salud en las regiones donde hace presencia”, aseguró.

La conjunción de salarios impagos, aportes de seguridad social omitidos y falta de liquidez instaló un cuadro crítico que amenaza tanto la estabilidad laboral de cientos de trabajadores como la continuidad.

La representante a la Cámara y senadora electa Jennifer Pedraza denunció la presunta falta de pago de salarios a los trabajadores de la EPS Asmet Salud, que está intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud desde 2023. De acuerdo con la legisladora, los empleados llevan más de dos meses sin recibir el pago por su trabajo.

Según indicó, las personas se están viendo afectadas en su alimentación e incluso en su atención en salud, teniendo en cuenta que la EPS no ha efectuado el pago de su seguridad social, por lo que no están siendo atendidas en las entidades promotoras de salud a las que están afiliadas.

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En consecuencia, solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud tomar acciones para garantizar a los trabajadores el pago de los salarios atrasados.

“No tienen con que comer! Muchos ni siquiera tienen afiliación ACTIVA a su EPS porque no les han pagado su seguridad social, se quedan sin atención y sin medicamentos. Por favor @Supersalud, en esta EPS INTERVENIDA por el GOBIERNO los trabajadores no tienen garantías. Dejen de quedarse de brazos cruzados”, señaló la congresista de Dignidad y Compromiso.

El sindicato de la salud de Asmet Salud EPS (Sindisalud-Asmet) emitió un comunicado en el que expuso la situación que están afrontando los trabajadores. De acuerdo con su denuncia, a los empleados se les adeudan dos meses de salario, así como seis meses de bonos de alimentación que fueron acordados con algunos trabajadores. Además, la EPS también debe dos meses de vacaciones y las liquidaciones de las personas que han renunciado.

Por eso, los trabajadores ahora afrontan una situación “crítica”, puesto que, debido a la falta de ingresos, están teniendo dificultades para garantizar su subsistencia y la de sus familias. “Se han recibido múltiples denuncias relacionadas con la mora en el pago de la seguridad social, generando consecuencias profundamente preocupantes, como la cancelación de citas médicas, incluso en casos de especial protección”, detalló el sindicato.

Advirtió que estos casos constituyen una grave vulneración de sus derechos y afectan la dignidad y estabilidad de los empleados, porque no se les garantiza lo básico para vivir. Mientras esperan los respectivos pagos, se han llevado a cabo las gestiones necesarias para obtener soluciones, pero nada ha funcionado hasta el momento.

En consecuencia, el sindicato convocó a la asamblea de delegados a una reunión que se realizará el 1 de abril de 2026 a las 10:00 a. m., con el objetivo de poner fin a la situación. No descartan un eventual paro de actividades si no se tienen las soluciones requeridas.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que intervengan de manera inmediata y adopten medidas eficaces que garanticen el pago de salarios, el cumplimiento de las obligaciones en seguridad social y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores”, expresó.

De igual manera, pidió a la ciudadanía comprensión y solidaridad ante la crisis que están afrontando y recordó que sus exigencias son legítimas y están orientadas a garantizar condiciones dignas de trabajo para las personas que sostienen el servicio de salud.

Interventores investigados y una nueva designación

Pese a estar intervenida, la prestación de servicios de Asmet Salud se ha deteriorado, por lo que la Procuraduría General de la Nación decidió suspender al último agente especial interventor de la EPS, Lain Eduardo López Martínez, e iniciar investigaciones disciplinarias a otros cinco exagentes interventores: Luis Carlos Gómez Núñez, Rafael Joaquín Manjarrés González, Javier Ignacio Cormane Fandiño, Gloria Libia Polanía Aguillón y Raúl Andrés Munévar.

El 31 de marzo de 2026, la entidad promotora de salud emitió un comunicado en el que informó sobre la designación de una interventora sustituta temporal por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Se trata de Jessica Milena Aguirre Santana, que continuará la gestión de la entidad y, según indicó, se enfocará en fortalecer la red de servicios.

“Asmet Salud EPS reitera su compromiso con la continuidad del servicio y la sostenibilidad del sistema de salud en las regiones donde hace presencia”, expuso.

El auge de las plataformas de pago diferido (BNPL) empezó a transformar la manera en que los colombianos perciben y recuerdan sus gastos. Una investigación revela una diferencia considerable en la precisión con la que los usuarios recuerdan el monto desembolsado, en especial, al utilizar este método.

Dicho sistema genera una distorsión en el recuerdo del gasto que puede alcanzar entre 24% y 36%, lo que supera con amplitud el margen registrado con efectivo o tarjeta de crédito. El informe de la investigadora de mercado Sinnetic atribuye el fenómeno a la fragmentación del costo en cuotas, que lleva a los consumidores a subestimar el compromiso financiero asumido minutos después de la compra.

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La investigación se en base a datos recolectados de 1.400 personas entre 24 y 37 años en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. El objetivo fue medir la llamada “brecha de recuerdo”: la diferencia porcentual entre lo que realmente se pagó y lo que el consumidor dice haber desembolsado pocos minutos después.

Dicho análisis comparó tres medios de pago: efectivo, tarjeta de crédito y BNPL. Los resultados muestran que, con efectivo, la brecha de recuerdo se mantuvo entre 2% y 8%, lo que reflejó una alta precisión. Al pagar con tarjeta de crédito, el margen de error subió a entre 6% y 12%. Pero es en el modelo BNPL donde la distancia se incrementa de manera significativa, con un rango de 24% a 36%, independientemente de la ciudad o el tipo de producto.

Diferencias en el recuerdo del gasto según el medio de pago

Según Sinnetic, la memoria del gasto varía según el instrumento utilizado. El efectivo promueve una conciencia inmediata del desembolso, ya que el acto físico de entregar el dinero hace que el costo se perciba directamente. “El diseño de los medios de pago influye decisiones económicas. No se trata únicamente de cuánto cuesta un producto, sino de cómo ese costo es presentado, procesado y recordado por el consumidor”, destacó.

La tarjeta de crédito incluye una desconexión moderada, ya que la obligación financiera se traslada al futuro. Así las cosas, el comprador percibe el compromiso como un gasto venidero y la precisión en el recuerdo disminuye.

En el sistema BNPL, la distorsión es mayor debido a la tendencia de los usuarios a recordar solo el valor de cada cuota y no el monto total comprometido. El estudio advierte que la medición no incluye intereses ni penalidades, por lo que las distorsiones pueden ser aún más pronunciadas si hay recargos adicionales.

La fragmentación del costo no se asocia al tipo de producto, ciudad o canal de compra, y es más aguda en temporadas de alta demanda y ofertas, donde plataformas como Addi, Creditop y Sistecrédito impulsan el pago diferido inmediato.

Mecanismos conductuales y fragmentación del gasto

El fenómeno, de acuerdo con expertos de la investigadora, está alineado con principios de la economía del comportamiento: el “dolor de pagar”, la contabilidad mental y el uso de atajos cognitivos en promociones. Usar efectivo activa la sensación de pérdida de manera inmediata y ayuda a clarificar el monto gastado.

De esta manera, en las compras con tarjeta de crédito, el pago diferido aligera ese efecto y desplaza la percepción del gasto hacia el futuro, lo que disminuye la exactitud del recuerdo.

Además, el modelo BNPL complica aún más la percepción: los compradores dividen mentalmente el pago en cuotas, concentran la atención en lo que pagarán en cada periodo y pasan por alto el total adeudado. Durante jornadas promocionales y ante ofertas de “cero intereses”, la tendencia a subestimar la suma global se acentúa.

“Resultados son relevantes para reguladores y política pública”, señaló Sinnetic. El atractivo del sistema para comercios y el ecosistema fintech es claro, ya que reducir la fricción psicológica en el pago puede facilitar la decisión de compra e incrementar las ventas.

Retos regulatorios y recomendaciones para el sistema BNPL

La expansión de las plataformas BNPL en Colombia ocurre en un entorno sin regulación específica que contemple sus efectos conductuales. Mientras que el Reino Unido proyecta una normativa a partir de julio de 2026, en Colombia aún no se abordan de manera explícita las distorsiones psicológicas y de memoria vinculadas al pago fraccionado.

El informe advierte que “no basta cumplir requisitos legales de información si el consumidor no la comprende realmente”. La firma recomienda que las plataformas muestren de forma clara el costo total y no solo la cuota periódica, además de sumar y exhibir las obligaciones activas. Sugiere también el uso de recordatorios para alertar sobre el monto global pendiente de pago.

Según el estudio, la brecha entre lo que exige la ley y lo que el consumidor realmente entiende persiste mientras las plataformas de pago diferido continúan creciendo sin un marco que considere la dimensión conductual. Los resultados permiten concluir que, más allá del cumplimiento legal, el principal riesgo del modelo BNPL es la dificultad del usuario para comprender el verdadero alcance del compromiso financiero, lo que puede afectar la toma de decisiones informadas.

La llegada de la Semana Santa, una de las épocas del año más esperadas por los costarricenses para descansar o viajar, también representa un desafío para las finanzas de los hogares, especialmente en un contexto donde gran parte de la población vive con recursos limitados.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, apenas un 16% de los hogares en el país asegura que sus ingresos son suficientes para cubrir sus gastos y, además, ahorrar de forma planificada. En contraste, cerca del 49% de las familias vive al día, sin capacidad de generar ahorro, lo que las vuelve más vulnerables ante gastos extraordinarios como los que suelen presentarse durante la Semana Mayor.

En este escenario, especialistas en finanzas personales hacen un llamado a la población para reforzar la planificación y evitar que unos días de descanso terminen convirtiéndose en una carga económica que se extienda durante meses.

Una temporada de alto gasto

Durante la Semana Santa, es habitual que las familias destinen más dinero a transporte, hospedaje, alimentación y actividades recreativas, ya sea por viajes a playas, montañas o visitas a familiares.

Sin embargo, este incremento en el gasto, si no se maneja adecuadamente, puede derivar en endeudamientos innecesarios, especialmente cuando se recurre al uso de tarjetas de crédito sin una estrategia clara de pago.

Desde la cooperativa Coopecaja advierten que muchas personas subestiman el impacto financiero de estos días, lo que luego se traduce en dificultades para cumplir con otras obligaciones mensuales.

“La Semana Santa no debería convertirse en una carga financiera para las familias. Con una planificación sencilla y decisiones conscientes, es posible disfrutar sin comprometer el presupuesto mensual ni recurrir a deudas que luego afectan el bienestar del hogar”, explicó Sujeyny Gamboa, representante de Relaciones Corporativas de la entidad.

La importancia de planificar

Entre las principales recomendaciones de los expertos destaca la necesidad de definir un presupuesto específico para la Semana Santa. Esto implica establecer con anticipación un monto máximo destinado a gastos como transporte, alimentación y entretenimiento.

Este ejercicio permite tener un control claro de los recursos disponibles y evita caer en gastos impulsivos que, aunque pequeños en apariencia, pueden acumularse rápidamente.

Asimismo, se recomienda planificar con tiempo los gastos estacionales, incorporándolos dentro del presupuesto anual del hogar. Separar pequeñas cantidades de dinero con anticipación puede marcar la diferencia entre disfrutar la temporada sin preocupaciones o enfrentar deudas posteriores.

Cuidado con las tarjetas de crédito

Otro de los puntos clave señalados por los especialistas es el uso responsable de las tarjetas de crédito. Aunque pueden ser una herramienta útil en ciertos casos, su utilización sin planificación puede generar compromisos financieros de largo plazo.

Un viaje de pocos días, financiado con crédito, puede convertirse en meses de pagos con intereses elevados, afectando la estabilidad económica del hogar incluso después de finalizada la temporada.

Por ello, los expertos recomiendan priorizar el uso de dinero disponible y evitar adquirir deudas que no puedan ser cubiertas en el corto plazo.

Los “gastos hormiga” también cuentan

Durante los paseos o actividades recreativas, es común incurrir en los llamados “gastos hormiga”: pequeñas compras no planificadas como comidas fuera de casa, bebidas o souvenirs.

Aunque estos gastos pueden parecer insignificantes de manera individual, su acumulación puede tener un impacto considerable en el presupuesto total.

Controlarlos y mantener un seguimiento del gasto diario es una estrategia clave para evitar desbalances financieros durante la Semana Santa.

El ahorro como herramienta clave

En un contexto donde casi la mitad de los hogares costarricenses no logra ahorrar, mantener este hábito se vuelve fundamental, incluso si se trata de montos pequeños.

Los especialistas recomiendan no descuidar el fondo de emergencias, especialmente en escenarios de ingresos ajustados. Contar con este respaldo permite enfrentar imprevistos sin recurrir a endeudamiento.

Además, herramientas como la deducción automática pueden facilitar la constancia en el ahorro, ayudando a las familias a construir una base financiera más sólida a lo largo del tiempo.

Educación financiera, un reto pendiente

Según estudios recientes sobre cultura financiera en Costa Rica, aunque muchas personas manifiestan la intención de ahorrar, solo una minoría utiliza herramientas formales como presupuestos estructurados para lograrlo de manera sostenida.

Este dato evidencia la necesidad de fortalecer la educación financiera en el país, así como el acompañamiento por parte de instituciones públicas y privadas para fomentar mejores hábitos de consumo.

En este contexto, la Semana Santa se presenta no solo como una oportunidad para el descanso, sino también como un momento clave para reflexionar sobre la administración del dinero y la importancia de tomar decisiones informadas.

Con planificación, disciplina y hábitos responsables, los especialistas coinciden en que es posible disfrutar de la temporada sin comprometer la estabilidad económica del hogar, evitando que unos días de ocio se conviertan en una deuda difícil de manejar en los meses siguientes.

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) emitió de manera oficial la Resolución 0517 de 2026, mediante la cual se establecen los porcentajes de Interés Bancario Corriente que regirán en el país durante el mes de abril.

Esta medida técnica tiene un impacto directo en la economía de los ciudadanos, ya que determina el costo base de los préstamos y fija los límites máximos que los bancos pueden cobrar a sus clientes por el uso de dinero, conocido legalmente como tasa de usura.

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De acuerdo con el documento emitido por la autoridad financiera, la modalidad de crédito de consumo y ordinario, que es la que habitualmente utilizan las personas para comprar electrodomésticos, vehículos o financiar gastos personales, tendrá un Interés Bancario Corriente del 17,84% efectivo anual.

Este valor estará vigente desde el 1 hasta el 30 de abril de 2026. Al comparar esta cifra con la que estuvo vigente durante el mes de marzo, que fue del 17,01%, se observa un incremento de 83 puntos básicos, lo que equivale a un aumento del 0,83% en el costo del dinero para esta categoría específica.

La resolución explica que para llegar a estas cifras se analizó la información semanal que reportaron los diferentes bancos y establecimientos de crédito entre las semanas que comprenden desde el 27 de febrero hasta el 20 de marzo de 2026.

Este proceso permite que la certificación sea un reflejo de los movimientos actuales del mercado financiero nacional. El documento fue firmado por Francisco Javier Duque Sandoval, quien se desempeña como Director de Investigación, Innovación y Desarrollo de la Superintendencia Financiera.

Un punto fundamental para que cualquier ciudadano comprenda esta información es el concepto de usura. Según el Código Penal en su artículo 305, la usura es el límite máximo permitido por la ley para el cobro de intereses; si una entidad cobra por encima de ese techo, incurre en un delito.

Para el mes de abril, la tasa de usura para los créditos de consumo y ordinario se situará en el 26,76% efectivo anual. Esto significa que ninguna entidad bancaria podrá exigir un interés remuneratorio o de mora que supere ese porcentaje.

Además del crédito tradicional de consumo, la Superintendencia certificó las tasas para otras modalidades que son menos comunes pero igualmente importantes para sectores específicos de la población.

Por ejemplo, el denominado crédito de consumo de bajo monto, diseñado para personas que manejan pequeñas cantidades de dinero, tendrá un Interés Bancario Corriente del 41,81%. En consecuencia, la tasa de usura para este tipo de préstamos será del 62,72% efectivo anual para el mes de abril.

El informe también detalla las tasas para los créditos productivos, que son aquellos destinados a actividades de emprendimiento o trabajo. En el caso del crédito productivo de mayor monto, el interés corriente se fijó en 27,73%, con una usura del 41,60%.

Para el sector rural, el crédito productivo tendrá un interés del 21,78% y un tope de usura del 32,67%. Por su parte, el crédito productivo urbano se certificó en 38,80% con una usura permitida de hasta el 58,20%.

Finalmente, las cifras más elevadas se encuentran en la categoría de crédito popular productivo. Para el ámbito rural, la tasa de interés corriente será del 45,87% y la usura del 68,81%.

En el entorno urbano, el crédito popular productivo alcanzó un interés certificado del 57,92%, lo que lleva su tasa de usura hasta el 86,88% efectivo anual.

Es fundamental que los usuarios de servicios financieros revisen sus extractos y contratos, pues estos porcentajes son la base legal definida en el artículo 884 del Código de Comercio para calcular los intereses de mora cuando no existe un acuerdo previo entre las partes.

El Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Sevilla ha acordado la exoneración de 1.149.893,17 euros de deuda a un empresario sevillano aplicando la Ley de la Segunda Oportunidad. La resolución pone fin a un procedimiento concursal y cancela la mayor parte de sus obligaciones con entidades financieras y acreedores, según informa la Asociación Ayuda al Endeudamiento.

Antes de la crisis de 2008, el afectado desarrollaba su actividad en el sector de la construcción, con varias empresas en funcionamiento, empleados a su cargo y contratos en marcha. Como era habitual en el contexto de expansión económica, contaba con financiación bancaria a través de pólizas de crédito, líneas de descuento y contratos de leasing. Además, había avalado personalmente muchas de las operaciones de sus sociedades, una práctica extendida en el sector.

La llegada de la crisis financiera supuso un punto de inflexión. Los clientes dejaron de pagar, las promotoras entraron en insolvencia y las entidades bancarias cortaron el acceso al crédito. Las empresas comenzaron a acumular impagos y, sin posibilidad de refinanciación, quedaron sin actividad. La deuda, sin embargo, permaneció, trasladándose al plano personal debido a los avales firmados.

El empresario se acoge a la Ley de la Segunda Oportunidad

Con el paso del tiempo, las sociedades quedaron convertidas en estructuras sin operativa ni capacidad financiera. La falta de liquidez y el bloqueo económico impidieron incluso afrontar un concurso de acreedores ordinario. Mientras tanto, la deuda siguió creciendo con intereses y costes judiciales. La situación derivó también en ejecuciones, entre ellas la pérdida de la vivienda vinculada a su expareja.

Sin opciones de rehacer su vida profesional en España, el empresario se trasladó al extranjero. En 2018 sufrió un accidente grave que motivó su repatriación y una intervención quirúrgica urgente. Como consecuencia, fue declarado en situación de incapacidad permanente total, lo que le impidió trabajar durante siete años. Sin ingresos ni patrimonio, la deuda superó el millón de euros.

Tras conocer la existencia de la Ley de la Segunda Oportunidad, inició los trámites para acogerse a este mecanismo. El procedimiento se articuló como un concurso sin masa, al no disponer de bienes para liquidar, lo que permitió solicitar directamente el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI). Durante la tramitación, se dio traslado a los acreedores para que pudieran formular alegaciones o solicitar el nombramiento de administrador concursal, sin que ninguno compareciera.

Cancelación de las deudas pendientes

El juzgado concluyó el concurso al constatar la insuficiencia de masa activa para hacer frente a los créditos contra la masa, conforme a lo previsto en la normativa concursal. Asimismo, consideró acreditado que el deudor cumplía los requisitos exigidos: situación de insolvencia real, ausencia de antecedentes relevantes y actuación de buena fe, sin incurrir en las causas que impiden la exoneración.

En su auto, el magistrado acuerda la cancelación de la totalidad de las deudas pendientes, con las excepciones previstas legalmente. En particular, las deudas de derecho público solo podrán exonerarse dentro de los límites establecidos, que contemplan la posibilidad de cancelar hasta 10.000 euros bajo determinadas condiciones. El resto de obligaciones quedan extinguidas.

La resolución establece además que los acreedores no podrán reclamar el pago de las cantidades exoneradas ni iniciar acciones judiciales para su cobro, salvo en los supuestos de revocación previstos en la ley. Asimismo, se ordena la comunicación de la exoneración a los sistemas de información crediticia para la actualización de los registros.

El avance de las billeteras virtuales en Argentina transformó los hábitos financieros de millones de personas. Y entre el crecimiento de su uso, más los problemas financieros y económicos que cuadriplicaron la mora en el último año surgieron creencias erradas sobre cómo funcionan las obligaciones con estas plataformas, en un contexto de morosidad creciente y tasas elevadas.

1. Eliminar la app o dar de baja la cuenta no cancela la deuda

Una de las creencias más difundidas sostiene que eliminar la aplicación o cerrar la cuenta de una billetera digital basta para dejar atrás cualquier deuda pendiente. La viralización de este mito cobró fuerza en redes sociales y foros, donde algunos usuarios cuentan experiencias de “desaparecer” borrando la app. Esta costumbre no tiene ningún efecto real sobre la obligación financiera. Cuando una persona solicita un préstamo o utiliza saldo de una billetera, firma un contrato digital con validez legal. La deuda queda registrada en los sistemas de la empresa y en la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), sin importar si la aplicación está instalada o no en el dispositivo. Desinstalar la app sólo elimina el acceso al software, pero la obligación persiste.

En caso de intentar dar de baja la cuenta, la deuda tampoco desaparece. Las empresas suelen impedir la baja de usuarios con cuotas impagas o saldos negativos. Incluso si alguien logra cerrar su cuenta, la obligación de pago sigue vigente, porque el contrato ya se ejecutó.

1. Ocultarse o evitar el contacto no resuelve la deuda

Otra costumbre perjudicial consiste en evitar cualquier tipo de contacto cuando la deuda entra en mora. Algunos usuarios optan por ignorar los llamados, mensajes y notificaciones de la billetera o las firmas de cobranza tercerizadas. La estrategia de “hacerse el desaparecido” no sólo no resuelve el problema, sino que lo agrava. Las empresas continúan sumando intereses moratorios y punitorios sobre el monto adeudado, reportan la situación en la Central de Deudores del BCRA y pueden llegar a iniciar acciones legales. Los datos personales, como teléfono, correo electrónico y domicilio, quedan almacenados en los sistemas, por lo que el contacto puede persistir incluso sin la app instalada.

El deterioro en el historial crediticio es otro efecto directo de la morosidad prolongada. En la medida que pasan los días de atraso, la persona cae en categorías de mayor riesgo y se cierran las puertas para acceder a nuevos créditos en el sistema financiero, tanto bancario como no bancario.

1. Intentar abrir una nueva cuenta para “empezar de cero” no funciona

La idea de crear una nueva cuenta en la misma billetera digital con otro número de teléfono para escapar de una deuda anterior circula como una “salida” en algunos foros y redes. Esta estrategia resulta inviable en la práctica. Las billeteras digitales exigen la validación de identidad mediante DNI y datos biométricos, por lo que no es posible abrir otra cuenta a nombre de la misma persona. Incluso si alguien logra eludir los controles iniciales, la deuda previa permanece asociada al CUIL/CUIT en la Central de Deudores del BCRA, lo que impide cualquier tipo de reinvención dentro del sistema financiero formal.

1. Mudarse al exterior no borra las deudas en Argentina

Otra creencia perjudicial sostiene que emigrar elimina las obligaciones financieras pendientes en el país. La deuda sigue existiendo y permanece registrada en la Central de Deudores del BCRA y en bases como Veraz. Si la persona regresa a la Argentina, la deuda sigue vigente y suma intereses. Además, la situación crediticia puede generar trabas para operar con el sistema financiero desde el exterior, ya que las entidades suelen consultar el historial local. Mudarse sólo posterga el problema, pero no lo elimina.

1. No analizar el costo financiero total al pedir un préstamo

El crecimiento de los créditos en billeteras virtuales llevó a que muchos usuarios soliciten préstamos sin evaluar el Costo Financiero Total (CFT). Un error frecuente es fijarse únicamente en la tasa de interés, sin considerar comisiones, impuestos y otros cargos incluidos en el CFT. Dos préstamos con igual tasa pueden tener costos finales muy distintos si varían los cargos adicionales. Las tasas nominales anuales promedian el 115%-120%, con CFT que en muchos casos supera el 200% anual y puede acercarse al 300%. No analizar el costo total puede llevar a sobreendeudamiento y dificultades para afrontar los pagos.

Los simuladores de préstamos que ofrecen muchas apps permiten comparar montos, plazos, cuotas y el costo final, y resultan una herramienta útil para decidir si el crédito es conveniente.

1. Solicitar más dinero del necesario incrementa el costo de la deuda

Solicitar un monto superior al estrictamente necesario agrava el costo de los intereses a pagar. Cada peso extra pedido se traduce en intereses adicionales, lo que impacta en el valor final de la deuda. Especialistas recomiendan calcular con precisión el monto a solicitar y no dejarse tentar por sumas mayores si no existe una necesidad real. El endeudamiento innecesario puede derivar en dificultades adicionales para cumplir con las cuotas y agravar la situación financiera del usuario.

Los plazos también influyen en el costo: más cuotas implican pagos mensuales más bajos, pero un costo total mayor. Menos cuotas aceleran la cancelación, aunque elevan el valor de cada pago.

El 13 de mayo de 2015, Magdalena firmó un contrato para cursar un Executive MBA (un posgrado intensivo de dirección empresarial diseñado para profesionales y directivos con amplia experiencia) a distancia con EAE Business School. Confiaba en que así tendría una mayor formación y, por ende, nuevas oportunidades laborales. Pero poco después, su historia se torció: una deuda de 6.333,34 euros por el curso, reclamada años más tarde por Editorial Planeta —la empresa que absorbió a la escuela— amenazó con arrastrarla a una batalla judicial de largo recorrido. La Audiencia Provincial de Barcelona, en una sentencia dictada el 5 de febrero de 2026, decidió que esa deuda ya no podía perseguirse.

La Audiencia Provincial ha estimado el recurso de apelación de Magdalena y ha revocado la sentencia dictada en primera instancia, que la obligaba a pagar la totalidad del importe reclamado por el curso. Según el tribunal, la acción de Editorial Planeta había prescrito: la reclamación se presentó más de tres años después del último pago realizado por la alumna, superando el plazo legal para exigir el cobro por servicios prestados. La decisión libera a Magdalena de la deuda y obliga a la editorial a asumir las costas del proceso en primera instancia.

El origen del conflicto se remonta al día en que Magdalena formalizó la matrícula. El acuerdo no implicaba únicamente la compra de material didáctico: la formación incluía acceso a tutorías, clases presenciales en las sedes de Madrid y Barcelona y la promesa de hasta veinte sesiones presenciales durante tres años, además de las clases en línea. Magdalena realizó pagos hasta septiembre de ese mismo año, pero no abonó el importe total. Pasaron más de seis años sin que la empresa iniciara ninguna reclamación formal.

El día en el que llegó la primera demanda

No fue hasta el 20 de octubre de 2021 cuando Editorial Planeta —ya como titular de la deuda tras absorber a EAE Business School— presentó la primera demanda monitoria para reclamar los 6.333,34 euros. La oposición de Magdalena abrió la puerta a un procedimiento ordinario en el Juzgado de Primera Instancia número siete de Arenys de Mar, donde la sentencia de 24 de febrero de 2023 dio inicialmente la razón a la editorial. El juzgado consideró que el contrato debía regirse por un plazo de prescripción de diez años, al tratarse de una compraventa con pago fraccionado y obligación unitaria.

La batalla legal no terminó ahí. Magdalena recurrió la resolución, defendiendo que el contrato principal era un arrendamiento de servicios —no una simple compraventa— y que, por tanto, el plazo de prescripción debía ser de tres años según el Código Civil de Cataluña. Alegó, además, defectos en la información sobre el derecho de desistimiento y la falta de transparencia en la redacción del contrato, aunque estos argumentos no resultaron determinantes en la sentencia final.

La Audiencia Provincial de Barcelona atendió el recurso y reinterpretó la naturaleza jurídica del contrato, determinando que el elemento prevalente era la prestación de servicios educativos. Esa conclusión fue muy importante: al usar el plazo de tres años, el tribunal decidió que ya no se podía reclamar el pago, porque pasaron más de tres años desde el último pago en septiembre de 2015 hasta la demanda presentada en octubre de 2021. La sentencia de apelación revocó la condena a Magdalena, absolviéndola de todas las pretensiones y obligando a la editorial a sufragar las costas de la primera instancia.

En cuanto a los próximos pasos, la sentencia dictada por la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona no es todavía firme. Editorial Planeta dispone de un plazo de veinte días para interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, siempre que cumpla los requisitos legales exigidos en el artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hasta entonces, el caso sigue abierto a un posible nuevo capítulo en el alto tribunal.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

Un porcentaje récord de estadounidenses se enfrenta a una carga financiera creciente por las deudas de tarjetas de crédito y la imposibilidad de cumplir con el pago de sus facturas mensuales. De acuerdo con un informe reciente elaborado conjuntamente por The Century Foundation y el grupo de defensa Protect Borrowers, aproximadamente 111 millones de personas en Estados Unidos —el 50 % de los titulares de tarjetas de crédito y el 40 % de la población adulta— mantienen deudas con sus tarjetas. Este fenómeno representa un incremento del 17 % respecto a los 95 millones que vivían esta situación hace solo cinco años, reflejando una tendencia de deterioro en la capacidad de pago de los hogares estadounidenses.

Este aumento en el endeudamiento coincide con una etapa de mayores dificultades financieras a nivel nacional. El informe destaca que, incluso antes de que la guerra en Irán impulsara el alza de los precios del petróleo, millones de estadounidenses ya no podían cubrir sus facturas de tarjetas de crédito. Julie Margetta-Morgan, presidenta de The Century Foundation, señaló que la situación financiera era insostenible para la mayoría de los consumidores antes del nuevo repunte en los costos de la gasolina. La situación se complica aún más cuando se considera que los precios del combustible han subido un 34 % en el último mes, situándose en torno a los 4 dólares por galón. Este encarecimiento tiene efectos directos sobre la economía familiar, ya que incrementa los gastos básicos y reduce el margen de maniobra de los hogares para afrontar deudas y otros compromisos financieros.

El impacto del aumento en los precios de la gasolina se siente en todos los niveles de la vida cotidiana. Muchas familias deben reorganizar sus presupuestos para priorizar el gasto en transporte, lo que deja menos recursos disponibles para alimentación, vivienda y salud. Según Margetta-Morgan, la presión adicional sobre el presupuesto doméstico puede llevar a que más estadounidenses se vean incapaces de cumplir incluso con los pagos mínimos de sus tarjetas de crédito, empujando a una parte significativa de la población hacia un estado de vulnerabilidad económica.

Las consecuencias personales de esta situación van más allá del simple retraso en los pagos. Un estudio independiente de The Century Foundation, publicado en diciembre, reveló que uno de cada cuatro estadounidenses ha tenido que omitir comidas para poder cubrir sus gastos mensuales. Además, un tercio de los encuestados indicó que ha pospuesto o renunciado a recibir atención médica debido a la falta de recursos. Esta privación de necesidades básicas, como la alimentación o la salud, da cuenta del nivel de presión financiera que enfrentan muchos ciudadanos.

La necesidad de encontrar nuevas formas de financiar los gastos cotidianos ha llevado a un número récord de estadounidenses a recurrir a sus planes de ahorro para la jubilación, específicamente los conocidos como 401(k), para cubrir emergencias. Los expertos advierten que esta práctica puede tener consecuencias a largo plazo, ya que extraer fondos de los ahorros para el retiro puede acarrear penalizaciones inmediatas y comprometer la seguridad financiera futura de las personas.

La deuda con tarjetas de crédito es especialmente onerosa debido a las altas tasas de interés que aplican los emisores. Según datos de LendingTree, la tasa promedio se sitúa en el 23,7 %, lo que significa que los consumidores no solo se enfrentan a la dificultad de pagar el capital adeudado, sino también a intereses que se acumulan rápidamente y elevan el costo total de la deuda. Julie Margetta-Morgan ha señalado que los consumidores están acumulando altos niveles de deuda y pagando intereses “exorbitantes”, lo que agrava aún más la situación.

El volumen de intereses pagados por los estadounidenses es considerable. Desde 2010, el informe calcula que los bancos y las empresas emisoras de tarjetas han recibido 2,1 billones de dólares en concepto de intereses de tarjetas de crédito. Frente a este panorama, en enero, el entonces presidente Donald Trump propuso limitar las tasas de interés de las tarjetas al 10 %, con el argumento de que esta medida evitaría que los consumidores fueran víctimas de abusos por parte de las compañías emisoras. Sin embargo, dicho límite no se ha implementado, ya que el sector bancario sostiene que restringir las tasas podría reducir el acceso al crédito y empujar a los consumidores hacia productos financieros aún más riesgosos. De haberse adoptado esta medida, según el informe, los estadounidenses habrían ahorrado 368 millones de dólares diarios en intereses.

El uso de ahorros para la jubilación como solución temporal a la crisis financiera plantea serios riesgos a futuro. Los expertos financieros insisten en que recurrir a los fondos de retiro puede suponer penalizaciones fiscales y, lo que es más grave, disminuir la capacidad de las personas para mantener su calidad de vida en la vejez. En un contexto donde casi el 40 % de la población adulta estadounidense ya se encuentra al borde de la insolvencia, la combinación de deudas crecientes, altos intereses y la reducción de los ahorros para el retiro conforma un escenario de vulnerabilidad que amenaza la estabilidad financiera de millones de hogares.

En deudas y restricciones legales para salir del país, miles de colombianos se cuestionan si estar en mora con bancos, tarjetas o entidades financieras puede limitar su posibilidad de viajar o migrar, en especial, ante el aumento del endeudamiento y los reportes negativos en centrales de riesgo. Por ley, el derecho a salir de Colombia está garantizado, aunque existen excepciones definidas que generan dudas y preocupación entre las personas que planean mudarse al exterior o ya tomaron esa decisión.

Toda persona que posee obligaciones financieras pendientes con bancos, cooperativas u otras entidades similares puede salir del país, salvo que se encuentre bajo ciertas circunstancias legales excepcionales. La ley colombiana prevé impedimentos migratorios únicamente para aquellos que enfrentan procesos por deudas alimentarias, fiscales o casos penales, siempre que exista una orden de autoridad competente. Las deudas civiles, como préstamos o tarjetas, no son consideradas delito y, por tanto, no generan prohibiciones para emigrar.

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Así las cosas, el fundamento legal principal se encuentra en el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia, que establece que “todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”. El derecho incluye tanto la libre circulación dentro del país como la posibilidad de ingresar y salir de su territorio.

Sin embargo, este mismo artículo precisa que pueden existir restricciones, pero solo si una norma expresa lo determina y, generalmente, si hay una orden judicial. Por lo tanto, la inmensa mayoría de quienes tienen deudas bancarias no enfrenta obstáculos legales para abordar un vuelo ni serán detenidos por Migración Colombia en el aeropuerto.

¿Las deudas con bancos impiden viajar?

Las obligaciones con bancos, tarjetas de crédito o entidades financieras pertenecen al ámbito civil y no constituyen delito penal. En consecuencia, estar en mora o aparecer reportado de forma negativa en centrales de riesgo no afecta el derecho a salir del país. Por ejemplo, una persona que no paga su crédito, es reportada y recibe la oportunidad de trabajar fuera de Colombia puede viajar, mientras no exista una orden judicial en su contra.

En estos casos, el banco cuenta con alternativas como acuerdos de pago, procesos ejecutivos y embargos sobre bienes o ingresos dentro del territorio colombiano. Las entidades financieras no pueden solicitar restricciones migratorias simplemente porque el cliente deje de pagar. A pesar de que la obligación persiste y se acumulan intereses, el deudor mantiene su derecho a entrar y salir de Colombia.

Un escenario frecuente ocurre cuando alguien vende todos sus bienes, solicita un préstamo y viaja al extranjero. Aunque el banco pierde garantías materiales para el pago, la deuda continúa y podría reclamarse judicialmente si la persona regresa y adquiere bienes a su nombre. Los procesos de cobro solo se activan si existe la posibilidad efectiva de recuperar el dinero, pero no restringen por sí solos la salida del país.

Cuándo sí pueden impedirle salir de Colombia

Existen casos concretos en los que se puede limitar el derecho a salir del país. Es el caso de deudas por obligaciones alimentarias o tributarias, así como situaciones derivadas de procesos judiciales penales. Si un juez considera necesario asegurar el pago de una cuota alimentaria, puede emitir una orden que prohíba la salida de Colombia hasta la regularización. Lo mismo ocurre frente a deudas fiscales—como impuestos de IVA o retenciones en la fuente—si hay orden judicial la restricción se comunica a Migración Colombia.

Se conoce que en estas situaciones específicas la autoridad judicial notifica la prohibición y, una vez saldada la obligación o por disposición posterior del juez, se restituye el derecho a viajar. Las investigaciones penales pueden también dar lugar a medidas para garantizar la comparecencia ante la justicia. Por último, existen restricciones menos comunes asociadas a la seguridad nacional, el orden público o emergencias de salud pública, siempre bajo regulación fundada en la ley.

Por su parte, quienes enfrentan una deuda sólo civil y no tienen orden judicial en su contra pueden viajar sin trabas legales. El control migratorio revisa únicamente la existencia de órdenes registradas por autoridades competentes.

Cómo manejar las deudas antes de emigrar

Para quienes desean evitar problemas al salir de Colombia, el “trámite de negociación de deudas”, reconocido como el proceso de insolvencia por el Ministerio de Justicia, representa una alternativa. El procedimiento permite negociar con los acreedores y alcanzar acuerdos globales y sostenibles, incluso si se encuentra fuera del país.

La solicitud exige presentar:

• Datos personales.
• Un informe que justifique la cesación de pagos.
• La propuesta de arreglo.
• La relación completa de acreedores y bienes.
• Certificaciones de ingresos y la lista de procesos judiciales activos, entre otros requisitos.

Cumpliendo los requisitos legales y con comunicación adecuada, se puede aplicar al trámite desde el exterior. Luego de aceptada la documentación, se convoca a una audiencia de conciliación para lograr un acuerdo. Recibir orientación profesional y optar por la negociación puede reducir riesgos y facilitar la reorganización financiera, especialmente cuando se proyecta un traslado internacional.

La formalización del acuerdo le permite a la persona reorganizar sus compromisos económicos y avanzar con mayor seguridad hacia nuevos proyectos personales o profesionales.

La permanencia de una deuda en centrales de riesgo suele generar dudas entre los usuarios, especialmente por la creencia extendida de que las obligaciones financieras “desaparecen” con el paso del tiempo. Sin embargo, especialistas advierten que esta idea no es del todo correcta, ya que existen diferencias entre la vigencia legal de una deuda y el tiempo que esta permanece visible en los reportes crediticios.

Según Equifax Infocorp, una deuda no se extingue automáticamente por el transcurso de los años. Aunque puede dejar de figurar en el historial crediticio, la obligación como tal puede seguir existiendo, lo que genera confusión entre los usuarios que buscan regularizar su situación financiera.

Diferencias entre prescripción y reporte crediticio

En el Perú, las deudas financieras tienen un plazo general de 10 años para ser exigidas judicialmente. Esto significa que, durante ese periodo, el acreedor puede iniciar acciones legales para cobrar la deuda. Transcurrido ese tiempo, el deudor puede oponerse a una eventual demanda, invocando la prescripción.

No obstante, la prescripción no implica la desaparición de la deuda. “La obligación existe, aunque el deudor podría oponerse a la ejecución judicial”, señalan especialistas del sector. Esta diferencia es clave, ya que muchas personas asumen que una deuda prescrita deja de tener efectos, cuando en realidad su existencia se mantiene en el ámbito legal.

¿Cuánto tiempo aparece una deuda en Infocorp?

En contraste con el plazo judicial, el tiempo que una deuda permanece registrada en centrales de riesgo es menor. Según lo establecido por la normativa vigente, la información crediticia puede ser reportada por un máximo de cinco años desde que la deuda se vuelve exigible.

Esto significa que, pasado ese periodo, la deuda deja de aparecer en reportes de crédito como los de Infocorp. Sin embargo, ello no implica que la obligación haya sido eliminada, sino únicamente que ya no será visible para entidades financieras u otras instituciones que consulten el historial del usuario.

Fuera de Infocorp en una semana

Desde el pasado 8 de agosto de 2025, los deudores podrán salir de Infocorp en solo siete días luego de cancelar sus obligaciones, conforme a la nueva Ley Infocorp promulgada por el Congreso de Perú. La norma modifica los plazos para la actualización de información en las centrales de riesgo, permitiendo que quienes regularicen sus deudas accedan a una mejora en su calificación crediticia en menos de una semana. Antes de este cambio, el proceso podía extenderse durante varios meses.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) dispuso que las entidades financieras tendrán siete días hábiles para corregir o actualizar la información crediticia tras el pago de la deuda o ante la resolución favorable de un reclamo. Este procedimiento aplica tanto para errores reportados en los datos personales como para saldos, tipos de crédito o número de días en mora, facilitando la regularización de la situación del usuario ante Infocorp y otras centrales privadas de riesgo.

La legislación también establece un plazo de siete días para rectificar casos de consumos no reconocidos. Si la entidad financiera verifica la procedencia del reclamo, debe informar la corrección al afectado y a la SBS dentro de ese periodo. Además, la resolución instruye a la Superintendencia a notificar la actualización de información a las empresas del sistema financiero y a las centrales de riesgo, asegurando que el historial crediticio refleje de manera precisa y oportuna la situación de los usuarios.

La mora crediticia en Argentina alcanzó niveles inéditos en los últimos meses. Los datos más recientes muestran que la proporción de personas que dejaron de pagar sus créditos o el resumen de sus tarjetas se incrementó de manera significativa tanto en el sistema bancario como en el segmento de préstamos no bancarios y billeteras virtuales. Esta expansión del atraso se da en paralelo a la persistencia de tasas reales positivas, una inflación que erosiona los ingresos y la dificultad de los salarios para recuperar terreno frente al aumento de los precios.

El último dato oficial proveniente del Banco Central (BCRA) corresponde a datos de diciembre y muestra que la morosidad en los créditos bancarios se triplicó en el último año. La proporción de familias con atrasos en sus pagos pasó de niveles históricamente bajos a cifras que no se registraban desde la crisis de 2001, según el relevamiento oficial. Este deterioro se reflejó con fuerza en las tarjetas de crédito, donde el porcentaje de mora casi se duplicó en apenas seis meses, y sobre todo en préstamos personales, que subieron tanto en cantidad como en monto real.

Mientras tanto, datos privados señalan que la situación se agrava fuera del sistema tradicional. Un estudio de una consultora especializada estimó que hacia enero la mora general, que incluye no solo bancos sino también billeteras virtuales y financieras no bancarias, se ubicó cerca del 25%. Este porcentaje multiplica varias veces los registros previos y sugiere que la presión sobre el presupuesto familiar se expandió a canales alternativos de financiamiento, utilizados con mayor frecuencia en un contexto de restricción de crédito tradicional.

El pago mínimo se consolidó como una trampa para numerosos usuarios. Esta práctica habilita continuar usando el plástico, pero alimenta el saldo con intereses elevados. Los bancos aplican sistemas de amortización que resultan onerosos para el cliente: los intereses llegan a superar el 4% mensual en pesos y el 2% en dólares. En paralelo, las promociones de cuotas fijas estimularon el consumo, pero generaron acumulación de saldos impagos.

El crecimiento de la mora en billeteras virtuales y financieras no bancarias confirmó el alcance del fenómeno más allá de los bancos. El índice de atrasos estimado por consultoras llegó al 25% en estos canales, una proporción inédita para el sector.

Recomendaciones para salir de deudas

Frente al avance de la mora, especialistas y entidades bancarias presentaron una serie de recomendaciones prácticas. El Banco Galicia aconsejó como primer paso “armar un presupuesto financiero personal para conocer tus gastos mensuales e ingresos. De esa forma vas a poder conocer cómo y en qué gastás tu plata”. El análisis detallado de los egresos permite identificar qué rubros pueden ajustarse y si existe la posibilidad de generar ingresos extras. Galicia remarcó que, en muchos casos, la deuda acumulada responde a un manejo ineficiente del dinero que puede corregirse con planificación.

La entidad también recomendó “listar todas las deudas, para saber con claridad cuánta plata se necesita para saldarlas”. Este ejercicio ayuda a definir prioridades de pago y a elegir la mejor estrategia. Galicia sugiere dos métodos principales para organizar los pagos: el método bola de nieve, que plantea cancelar primero las deudas más pequeñas, y el método por tasa de interés, que prioriza aquellas con mayores intereses.

Mariano Otálora enfatizó la importancia de frenar los nuevos consumos con la tarjeta mientras exista deuda acumulada. “Seguir usando la tarjeta solo agrava el problema. Hasta no resolver lo anterior, no sigas financiando gastos corrientes con crédito caro”, afirmó. Además, subrayó que el pago mínimo perpetúa el ciclo de intereses: “Si solo pagás el mínimo, estás cubriendo intereses. Aunque sea en pequeñas cuotas, empezá a reducir el capital. Ese es el verdadero avance”.

Cuando los ingresos no alcanzan para sostener los pagos, Galicia destacó la opción de la consolidación: “Una buena alternativa cuando no se dispone de suficiente efectivo para encarar un esquema de pago más agresivo es juntar en una sola deuda la mayor cantidad de préstamos que se puedan cubrir, de modo de pagar una sola cuota mensual”. El objetivo es reemplazar varias deudas caras y de corto plazo por un préstamo personal con una tasa más baja y un plazo mayor, para que la cuota mensual comprometa una porción menor de los ingresos.

El BBVA Argentina también difundió recomendaciones específicas para clientes que no pueden afrontar el pago de un crédito personal. Según su guía de salud financiera, “si te encontrás en una situación en la que no podés pagar un crédito personal, lo más importante es mantener la calma y actuar de inmediato”. La entidad aconseja “contactar al banco cuanto antes para informar tu situación y buscar alternativas de pago”. BBVA Argentina sugiere explorar la posibilidad de “reprogramar la deuda, refinanciarla o solicitar un período de gracia” para evitar consecuencias mayores como el ingreso a bases de datos de morosos o la judicialización del caso.

La recomendación del BBVA Argentina es “no dejar que la deuda siga creciendo sin control”, y aconseja no tomar nuevos préstamos para pagar deudas anteriores sin analizar primero la conveniencia financiera y la capacidad real de pago.

Entre las alternativas que ofrecen los bancos, existen líneas específicas para la consolidación de deudas. El Banco Nación dispone de un préstamo para clientes que buscan refinanciar y unificar sus obligaciones, transfiriendo los saldos de tarjetas y otros créditos a un solo préstamo personal. Este producto permite transformar varias cuotas en un solo pago mensual, con una tasa de interés fija y un plazo más extenso. La cuota resultante suele ser más baja que la suma de los pagos anteriores, lo que facilita la organización del presupuesto.

El BBVA Argentina también aconseja “priorizar los gastos básicos y evitar el uso de la tarjeta para nuevos consumos mientras exista una deuda pendiente”. La entidad sugiere que, si la situación lo permite, se busque apoyo en el entorno cercano, como familiares o amigos, para afrontar pagos urgentes y evitar cargos adicionales por mora.

Las entidades financieras recomiendan actuar rápidamente ante las señales de dificultad, contactando a la institución acreedora y explorando opciones de refinanciación, consolidación o reestructuración de deuda. El contacto temprano puede evitar la acumulación de intereses y cargos adicionales, así como consecuencias más graves como la pérdida de acceso al crédito formal.

Paso a paso: recomendaciones para salir de deudas

• Elaborar un presupuesto personal Anotar todos los ingresos y gastos mensuales para identificar en qué se va el dinero y detectar posibilidades de ajuste.
• Listar y organizar todas las deudas Detallar el monto, el tipo de deuda y el costo financiero de cada una para tener una visión completa de la situación.
• Evitar nuevos consumos con tarjeta de crédito Suspender el uso del crédito para gastos corrientes hasta resolver las deudas acumuladas.
• Priorizar el pago del capital Superar la trampa del pago mínimo y destinar lo posible a reducir el saldo principal de la deuda.
• Elegir un método para planificar los pagos Considerar el método bola de nieve (empezar por las deudas más pequeñas) o el método por tasa de interés (comenzar por las más costosas).
• Consultar alternativas de refinanciación o consolidación Analizar la posibilidad de tomar un préstamo para unificar deudas y reducir la carga mensual, buscando tasas menores y plazos más largos.
• Contactar a la entidad financiera ante dificultades Informar la situación al banco o financiera para negociar reestructuraciones, períodos de gracia o nuevos planes de pago.
• Priorizar los gastos básicos Asegurar el pago de necesidades esenciales antes de asumir nuevas obligaciones.
• Buscar apoyo en el entorno cercano Considerar recurrir a familiares o amigos para afrontar pagos urgentes si las condiciones lo permiten.

La mora en fintechs y entidades no bancarias mantuvo una tendencia ascendente en enero y se ubicó cerca del 25%, según diferentes estimaciones. Análisis de consultoras privadas coinciden en que el universo del crédito no bancario atraviesa una fase de deterioro acelerado en la calidad de cartera, mientras la banca tradicional también sufre problemas similares y los analistas advierten sobre posibles efectos de contagio.

La consultora EcoGo relevó que el nivel de irregularidad en las carteras de crédito no bancario llegó a 23,9% en enero de 2026. El fenómeno no se aisló a un segmento puntual, sino que afectó transversalmente a las principales entidades del sector, tanto fintechs como financieras tradicionales no bancarias. El informe indica que “casi cuatro veces la irregularidad del crédito total del sistema financiero y 2,4 veces la del crédito para consumo bancario de las familias”.

El mismo informe señala que, como consecuencia, la porción de la cartera de créditos en funcionamiento normal decrece. La regularidad (situación normal más riesgo bajo) bajó de 92,1% en diciembre de 2024 a 76,1% en enero de 2026, mostrando un retroceso de más de 16 puntos porcentuales en poco más de un año. En ese segmento, la proporción de créditos en situación de “irrecuperable” llegó a 8%, con un incremento sostenido desde diciembre de 2024, cuando ese valor era de 2,7%.

El peso de este tipo de créditos también cambió en el sistema financiero. De acuerdo con las cifras de EcoGo, el crédito no bancario representa 13,3% del total y 17,1% del crédito al consumo en enero de 2026, mientras que el endeudamiento familiar asociado a este tipo de préstamos equivale a 0,35 meses de ingreso promedio. El informe agrega que el crédito no bancario como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) ascendió a 1,44% en el mismo período.

Con números similares, pero no idénticos, la consultora 1816 calculó que la irregularidad de los créditos de entidades no financieras a familias superó el 27% en enero. El informe destaca que “todas las principales entidades no financieras muestran crecimiento en la irregularidad del crédito a hogares en enero respecto a diciembre, de modo que repetimos que lo de la mora continúa tratándose de un fenómeno macro”. Además, remarca que “Tarjeta Naranja y Mercado Libre siguen liderando con mucha distancia el segmento de los proveedores no financieros de crédito, explicando entre ambas entidades casi el 60% de esos préstamos a familias”.

El análisis de 1816 pone el foco en la diferencia entre la mora registrada por entidades financieras y la que corresponde a las no bancarias. “La diferencia entre la mora de los préstamos a hogares de entidades financieras (que son los bancos y las compañías financieras) y entidades no financieras (que son todos los otros proveedores de crédito) es notable. En el caso de las entidades no financieras, ya puede afirmarse que más de un cuarto de los préstamos está en situación irregular, algo que, de acuerdo con las estadísticas del BCRA, solo habíamos visto en 2019 (año de crisis con Macri) y 2020 (año de pandemia; ver figura)”, indica el informe.

La evolución de las tasas de interés es otro elemento destacado. Según 1816, “entre 2019 y mediados de 2025 las tasas nominales de los préstamos personales de entidades no financieras fueron en promedio un 90% más altas que las tasas de entidades financieras, es decir, casi el doble (las estadísticas de tasas de entidades no financieras llegan a julio de 2025 y se actualizan semestralmente), y las tasas reales de todos los segmentos aumentaron significativamente el año pasado”. El informe calcula que, en febrero de 2026, la tasa nominal anual (TNA) promedio para préstamos personales de entidades financieras fue de 69,7%, lo que equivale a una tasa efectiva anual (TEA) nominal de 96,8% y a una TEA real de 39,7% si se toma la inflación de febrero. En el caso de entidades no financieras, si la tasa nominal promedio siguió siendo un 90% superior, la TEA real alcanzó 149,1%.

El informe de EcoGo señala que “la irregularidad en los créditos no bancarios muestra un crecimiento sostenido desde 2024, acelerando a fines de 2025”. A partir de la desagregación de las carteras, el estudio muestra que el crédito no bancario totalizó 13,84 billones de pesos en enero de 2026.

Por su parte, 1816 advierte que “el nivel tan elevado de las tasas de interés reales de los préstamos a familias, y especialmente de los préstamos personales, implica un nivel de irregularidad más alto, dado cualquier nivel de actividad económica”. El informe agrega que, si bien una mora más alta significa, dado cualquier nivel de préstamos, un menor resultado financiero para el acreedor, “en muchos casos las tasas son tan elevadas que pueden verse ejemplos de alta irregularidad sin problemas de rentabilidad para los prestamistas”.

La volatilidad financiera también impactó sobre el sector. “Desde que se eliminó el corredor de tasas de interés las tasas a 1 día se han movido tanto que todos los actores del mercado se acostumbraron a tomar decisiones sabiendo que de un día para el otro las tasas pueden duplicarse o bajar a la mitad”, afirma 1816. El informe vincula el incremento de la volatilidad y el fin de las LEFI, desde mediados de 2025, con la desaceleración del crédito al sector privado y la suba en el costo del dinero.

La diferencia en el volumen de préstamos entre entidades financieras y no financieras también aparece en los informes. Según 1816, “el crédito de entidades financieras a familias es mucho más elevado que el de entidades no financieras ($63 billones versus menos de $13 billones, según datos de enero de la Central de Deudores), a nivel agregado, es decir, tomando los créditos de ambos tipos de entidades, la mora total de hogares está por debajo del 14%, según calculamos”.

El informe de 1816 resalta que “la irregularidad en los préstamos del sistema financiero a familias subió en enero por decimoquinto mes consecutivo, aumentando 1,3 puntos porcentuales, desde 9,3% en diciembre hasta 10,6%. De este modo, la mora de hogares tocó nuevos máximos en más de dos décadas”. El documento aclara que “el 100% de los principales 25 bancos tuvieron aumento de la mora familiar en enero, lo que habla de un fenómeno macro”.

El mismo informe detalla que, sumando la morosidad de los préstamos a empresas, “la irregularidad del conjunto de préstamos al sector privado no financiero también aumentó en el primer mes del año, hasta 6,4%”.

Entre los factores que explican el escenario actual, 1816 menciona que “algo que, en nuestra opinión, contribuiría a reducir las tasas activas, es bajar la volatilidad de las tasas cortas, que creció enormemente desde mediados de 2025, tras el fin de las LEFI”. El informe explica que “los beneficios de este régimen monetario no son evidentes, más allá de que le otorga al equipo económico muchos grados de libertad para cambiar las condiciones de liquidez abruptamente de un día para el otro sin dar demasiadas explicaciones”.

El reporte de 1816 también describe el fenómeno de desaceleración del crédito: “No es casualidad que el crédito al sector privado se haya desacelerado tanto tras el fin de las LEFI, en julio 2025, cuando empezó a aumentar no solo la tasa, sino también la volatilidad de la tasa”.

Advertencias de una calificadora de riesgo sobre los bancos

En un apartado sobre la banca tradicional, un informe de Moody’s advierte que “la calidad de los activos se consolida como el principal desafío para los bancos”. Según la agencia, “los indicadores de morosidad continuarán deteriorándose en el corto plazo, antes de estabilizarse gradualmente hacia mediados de 2026, a medida que el desempeño de la expansión reciente del crédito continúa reflejándose en la calidad de la cartera”.

El documento de Moody’s sostiene que “el crecimiento de los activos ponderados por riesgo y la materialización de la mora esperada presionan gradualmente los indicadores, aunque sin constituir un factor limitante para la expansión del crédito en el corto plazo”. Además, remarca que “el deterioro de la cartera continuará presionando la rentabilidad del sistema financiero, principalmente a través de mayores cargos por incobrabilidad”.

La agencia señala que “durante gran parte de 2025 el sistema operó en un entorno de elevados spreads entre tasas activas y pasivas, que incentivó la originación de crédito a pesar del deterioro de los indicadores de morosidad”. Moody’s concluye que, en este contexto, “el endurecimiento de las condiciones de oferta de crédito, reflejado en criterios de originación más estrictos, dificultó el acceso a refinanciaciones y contribuyó a amplificar el deterioro de las carteras”.

¿Sabías que el reporte de Infocorp, emitido por Equifax - Infocorp no es solo útil para saber tu puntuación y cómo te ve el sistema financiera en cuestión de perfil deudor?

Esta herramienta también te sirve para ver todo tu reporte de crédito para mejorar tus finanzas y es aprovechable también para saber qué deudas tienes en el sistema bancario.

Pero, además, este documento esencial para analizar el riesgo asociado a las decisiones financieras de una persona o empresa, también te muestra las deudas que tienes fuera del sistema bancario, según las entidades lo hayan reportado.

Reporte de Infocorp

Para procesos como la aprobación de un préstamo, el alquiler de un inmueble, la formalización de acuerdos comerciales o incluso al momento de organizar las finanzas personales, las entidades recurren a una fuente común para evaluar el historial de un individuo o empresa: el reporte de crédito.

“Este informe se ha consolidado como una herramienta indispensable que refleja el historial crediticio, lo que permite a las entidades tomar decisiones informadas sobre la capacidad para acceder a productos y servicios financieros”, resalta Equifax - Infocorp, el cual ofrece esta información y es de el reporte más conocido de su tipo en Perú.

Así, el Reporte de Crédito de Equifax – Infocorp recoge datos de una amplia gama de fuentes, tales como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), instituciones financieras, microfinancieras, empresas comerciales y proveedores de servicios.

De igual manera, el documento procesa y organiza la información para proporcionar indicadores que facilitan el análisis del comportamiento financiero. Este se compone por lo siguiente:

1. El puntaje de tu Score Crediticio: Este indicador es una herramienta estadística que predice el riesgo de que una persona caiga en morosidad en los próximos 12 meses. El score va de 1 a 999, donde un puntaje alto indica un bajo riesgo. Para calcularlo, se analizan diversas variables, que reflejan el cumplimiento de las obligaciones financieras.
2. Comportamiento de pago en los últimos 12 meses: Esta sección te brinda un resumen claro de cómo has gestionado tus pagos en el sistema financiero, destacando cualquier atraso reportado. Analizar esta información te permitirá detectar posibles áreas de mejora.
3. Vista del último periodo: Aquí encontrarás un listado detallado de tus deudas vigentes reportadas en el último periodo. Es esencial que verifiques esta información con tus registros personales, para asegurarte de que los datos sean precisos, incluyendo las entidades con las que tienes deudas y el estado actual de las mismas.
4. Detalle de otras deudas impagas: Esta sección te ofrece información sobre las deudas reportadas por empresas fuera del sistema bancario, ampliando la visión de tus compromisos financieros más allá de los préstamos bancarios tradicionales.

Consúltalo para revisar tus deudas

Según la empresa revela, este documento se ha convertido en un material de consulta esencial para la toma de decisiones en diversos sectores. Así, las entidades financieras lo utilizan para evaluar solicitudes de financiamiento, mientras las empresas lo consultan antes de establecer relaciones comerciales; y los consumidores tienen la opción de revisarlo para conocer cómo se percibe su comportamiento financiero

“El reporte permite identificar los hábitos de una persona en relación con la gestión de su crédito. Es una herramienta valiosa para quienes desean entender el impacto de sus decisiones financieras y cómo estas pueden influir en su acceso a nuevas oportunidades”, comentó Javier Luque, Gerente de Canales de Equifax Perú.

De esta manera, al comprender esta información, puedes tener un panorama completo de tu salud financiera, lo que te permite monitorear tu evolución a lo largo del tiempo y mantener un control efectivo sobre tu comportamiento crediticio.

En el ámbito legislativo comenzó a circular una propuesta que busca dar respuesta a uno de los problemas más agudos de los sectores de menores ingresos: el sobreendeudamiento. El proyecto de ley, impulsado por la oposición, propone la creación de una línea de créditos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) diseñada con un fin específico: el saneamiento financiero de sus beneficiarios.

A diferencia de los programas de asistencia crediticia tradicionales, el “Programa de desendeudamiento de las familias” no contempla la libre disponibilidad de los fondos para el consumo. El eje central de la propuesta es que el capital otorgado por el Estado actúe como un mecanismo de cancelación de pasivos preexistentes con entidades del sistema financiero, permitiendo que jubilados y pensionados sustituyan deudas con tasas elevadas por un financiamiento con condiciones más previsibles.

De acuerdo al texto del proyecto, el programa se financiaría con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

El tope de $1,5 millones y el sistema de “pago directo”

El punto más disruptivo de la iniciativa es el procedimiento de ejecución del crédito. Para asegurar que el destino de los recursos sea efectivamente el desendeudamiento, el proyecto establece que el beneficiario no recibirá el depósito en su caja de ahorro. En su lugar, la Anses realizaría una transferencia directa a la entidad acreedora —ya sea un banco o una emisora de tarjeta de crédito— para saldar la deuda declarada por el titular.

En cuanto a la capacidad de asistencia, el texto preliminar fija un tope máximo de $1,5 millones por solicitante. No obstante, este monto no es fijo, sino que se prevé un mecanismo de actualización automática basado en la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), lo que permitiría que el programa mantenga su relevancia frente a la dinámica de precios del mercado.

Respecto al costo financiero, la tasa de interés propuesta se calcularía en base a la TAMAR más un margen adicional de diez puntos. El objetivo es que la carga financiera resultante sea sensiblemente inferior a los costos de las tarjetas de crédito o de los préstamos personales que hoy ofrece el sector privado.

Protección de ingresos: el límite del 30%

Para garantizar que el pago de las cuotas no afecte la subsistencia diaria de los hogares, el proyecto contempla un blindaje sobre el haber mensual. Se establece por ley que el descuento mensual realizado por Anses para devolver el préstamo no podrá superar el 30% de los ingresos netos del beneficiario.

Este límite es clave, ya que muchos de los actuales deudores del sistema previsional destinan hoy porcentajes mucho mayores al pago de intereses mínimos de tarjetas o préstamos de financieras informales. De implementarse el plan, el beneficiario podría consolidar sus deudas en una sola cuota que respete este margen de seguridad, aliviando la presión sobre sus ingresos disponibles para alimentación y salud.

El universo de los destinatarios

La propuesta legislativa busca abarcar a un espectro amplio de la seguridad social, alcanzando a aproximadamente diez millones de personas. Entre los grupos habilitados para tramitar el auxilio financiero se encuentran:

• Jubilados y Pensionados del SIPA: Siempre que sus ingresos mensuales no excedan el monto equivalente a seis haberes mínimos.
• Titulares de Asignaciones: Quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo (AUE).
• Pensiones No Contributivas (PNC): Incluyendo los regímenes por invalidez, vejez y madres de siete hijos.
• Regímenes especiales: Personal registrado de Casas Particulares y Monotributistas de las categorías iniciales (A, B, C y D).

Gestión digital y validación de deudas

La instrumentación del programa se apoyaría íntegramente en la infraestructura digital del organismo previsional. El trámite se realizaría a través del aplicativo Mi Anses, donde los usuarios deberán cargar la documentación que acredite el estado de sus deudas bancarias o financieras.

El sistema cruzará datos en tiempo real con las entidades del sector financiero para validar los montos y las cuentas de destino. Una vez aprobado el crédito, el circuito administrativo concluiría con el pago directo al acreedor, regularizando la situación crediticia del titular sin que medie la entrega de efectivo.

Si bien la iniciativa aún debe transitar todo el recorrido parlamentario, su sola mención ya genera expectativa en los sectores que hoy se encuentran al margen del financiamiento bancario tradicional. El debate técnico en el Congreso se centrará, seguramente, en el origen de los fondos para sostener estas líneas y en la sostenibilidad de un sistema que pretende rescatar de la morosidad a los beneficiarios más vulnerables del sistema previsional.

En la familia Martínez de Irujo, las historias no dejan de sorprender, por muy acostumbrados que estén al escrutinio público. Con motivo del centenario del nacimiento de Cayetana de Alba, la exposición ‘Cayetana. Grande de España’ volvió a reunir a casi todos los hermanos bajo el mismo techo. El ambiente fue cordial, e incluso el rey Felipe VI se dejó ver en el acto. Solo faltó Fernando, ausente por compromisos previos, aunque desde la familia insisten en que no existe ningún conflicto grave, más allá de los típicos roces que surgen en cualquier casa numerosa.

Menos de quince días después, Cayetano Martínez de Irujo ha reaparecido en Sevilla para presentar el ciclo homenaje a su madre y, esta vez, el tema de la economía familiar salió a relucir sin rodeos. De hecho, Cayetano no tuvo reparo en hablar de cifras y dejó claro que el dinero, lejos de ser tabú, ha formado parte de las conversaciones familiares, aunque no siempre con la misma naturalidad para todos.

“Por eso les he dado los datos: a mí no me da vergüenza; a mis hermanos sí”, reconocía ante los medios. Fue ahí cuando relató el momento exacto en que su madre le pidió, junto a su hermano Carlos, actual duque de Alba, que se encargara de gestionar las propiedades familiares. Lo que nunca imaginó fue el panorama que se iba a encontrar nada más empezar.

“Cuando empecé a gestionar la casa, tuve que ir a mi madre y decirle: ‘Se acabó’. Le dije que ya no podía seguir con sus donaciones y repartos, y mientras lo decía pensaba: ‘A lo mejor me destituye nada más llegar’”, confesó, entre risas. El motivo era contundente: una deuda acumulada de 14 millones de euros. Según cuenta, la reacción de la duquesa fue de auténtica sorpresa: “¿Pero qué me estás contando? ¡Qué tonterías!”. Tuvo que explicarle que nadie le había informado antes de esa situación y que, por primera vez, tocaba apretarse el cinturón.

A pesar de lo abultado de la cifra, Cayetano matiza que, para una casa con semejante patrimonio, no era un drama insalvable. De hecho, asegura que durante los cinco años siguientes logró saldar la mitad de la deuda, a base de mucha gestión y control del gasto. “Contestaba a todo el mundo y ayudaba a todos. En año y pico, tenía un millón y medio de donaciones”, recuerda.

Una carta, un deseo y más de un roce familiar

En 2009, la duquesa de Alba dejó por escrito su voluntad: quería que Cayetano asumiera la gestión de todas las propiedades agrícolas. “No quiero discusiones, la decisión la he tomado porque es mi deseo”, dejó claro en una carta a sus hijos. Sin embargo, la realidad fue otra. Según Cayetano, su hermano Carlos nunca estuvo de acuerdo y bloqueó el proceso. Así, la carta nunca tuvo efecto real, ya que no estaba incluida en el testamento y, legalmente, no era vinculante.

Ser el hijo elegido por su madre tampoco le salió gratis. Cayetano admite que esa posición le costó más de un disgusto y algunos conflictos internos. Aunque con el tiempo las aguas se han calmado y la relación con Carlos y Eugenia se ha asentado, la etapa no fue sencilla. Con Fernando, en cambio, siempre ha habido buena sintonía.

Como reconocimiento por este trabajo para salvaguardar a la familia y su legado, en 2013, Cayetana de Alba quiso reconocer el trabajo de su hijo y le cedió el título de duque de Arjona, el más antiguo de España. Ya era duque de Salvatierra, pero este gesto fue especial: premiaba años de esfuerzo por sanear, modernizar y mantener la Casa de Alba.

De acuerdo con su reciente clip, en Colombia únicamente existen dos situaciones en las que una persona puede enfrentar prisión por deudas: la inasistencia alimentaria y el incumplimiento de obligaciones con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por el delito de omisión de agente retenedor o recaudador.

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Las profesionales recalcaron que no toda deuda constituye un delito penal en Colombia. Según detalló Laura Ramírez, la legislación establece que el impago de créditos personales, préstamos entre particulares o deudas comerciales no lleva a la cárcel.

En cuanto a la excepción principal sobre la inasistencia alimentaria, que ocurre cuando un padre o madre incumple con las obligaciones económicas hacia sus hijos, las abogadas explicaron que la conducta está tipificada como delito y puede derivar en penas privativas de libertad.

Ante la inquietud sobre qué hacer si “una amiga debe dinero y no paga”, las abogadas reiteraron que esta situación debe resolverse a través de la jurisdicción civil.

“Si te firmó alguna letra, cheque, pagaré, tendrás que ir a la jurisdicción civil y ejecutar esa letra, porque en el penal eso no se constituye ni en una estafa ni en un abuso de confianza”, aclaró la abogada en la conversación difundida en redes.

El acreedor puede acudir a un proceso ejecutivo y, si cuenta con títulos valores como pagarés o cheques, solicitar embargos o medidas cautelares sobre los bienes del deudor.

“Asegúrese de hacer una investigación patrimonial cuando preste dinero para que por lo menos pueda iniciar un proceso ejecutivo y tenga que embargar, que tenga que imponer unas medidas cautelares, ya sea embargo o secuestro”, recomendaron las especialistas.

Las abogadas recordaron que en la mayoría de los casos, el impago de préstamos entre particulares no constituye delito, por lo que la vía adecuada es la civil, no la penal.

Qué pasa con las deudas cuando una personas fallece en Colombia

Cuando una persona fallece en Colombia, sus deudas no se extinguen automáticamente: forman parte de la masa sucesoral, donde tanto los bienes como las obligaciones pendientes del fallecido pasan a ser objeto de reparto y cancelación antes de cualquier distribución de herencia, según la legislación Colombiana.

De acuerdo con un análisis emitido por el equipo jurídico del medio Asuntos Legales, este proceso jurídico determina la responsabilidad de los herederos y puede limitar o incluso evitar que cargas financieras alcancen el patrimonio personal de los beneficiarios si estos eligen el mecanismo adecuado.

La integración de los pasivos pendientes a la masa sucesoral significa que, antes de cualquier adjudicación de bienes, las deudas del fallecido deben liquidarse con los recursos dejados por la persona.

Paula Andrea Ramírez, coordinadora jurídica de Mauricio Pava Abogados, señaló al medio que “la responsabilidad de los herederos sobre las deudas del fallecido dependerá de cómo acepten la herencia: de forma pura y simple o con beneficio de inventario”.

Esta elección es decisiva: si los herederos aceptan la herencia sin beneficio de inventario —aceptación pura— responderán con sus propios bienes si las deudas superan el valor de los activos heredados. Si la aceptan con beneficio de inventario, su obligación se limita estrictamente al valor de los bienes heredados.

Algunas obligaciones, por su naturaleza personalísima (intuitu personae), se extinguen con la muerte del deudor. Clara Carolina Cardozo Roa, profesora de sucesiones en la Universidad del Rosario, precisó en declaraciones al medio “Las únicas deudas que se extinguen con la muerte del deudor son aquellas consideradas intuitu personae; por ejemplo, cuando un artista se obliga a entregar un cuadro, ya que nadie más puede realizar esa misma obra”.

Por contraste, Daniela Carrillo, abogada de Suárez & Suárez Law, subrayó que obligaciones comunes como préstamos bancarios, hipotecas, impuestos o tarjetas de crédito subsisten y deben ser saldadas con el patrimonio del fallecido.

El proyecto de ley N.388, que busca que los bancos y otras entidades financieras que operan en Panamá reconozcan de manera administrativa y sin la necesidad de una declaración judicial que prescriban las deudas de sus clientes, es rechazado por el sector bancario.

La Asociación Bancaria de Panamá, que agrupa a 39 bancos de licencia general y 12 con licencia internacional, manifestó en un comunicado que el proyecto de ley, que la semana pasada fue aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional, “más allá de su dudosa constitucionalidad” podría tener implicaciones importantes para el acceso al crédito de personas, familias y empresas en el país.

En Panamá el sistema de crédito se sostiene en la confianza y en el compromiso de la gran mayoría de los clientes bancarios con el cumplimiento de sus obligaciones.

Gracias a esa cultura de pago responsable, los banqueros aseguran en un comunicado que la morosidad se mantiene en niveles estables y el crédito continúa siendo una herramienta fundamental para que miles de familias puedan adquirir una vivienda, emprender un negocio o enfrentar momentos importantes de su vida.

Las últimas estadísticas del sistema bancario panameña indican que a 2025 la cartera hipotecaria logró resultados por unos $20,330 millones, con un crecimiento anual de 2.6%.

Por su parte, los préstamos personales se mantuvieron estables, con un saldo de $9,985 millones, registrando un alza anual de 2.8%.

El diputado Ernesto Cedeño, proponente de la iniciativa, ha reiterado que algunas entidades financieras venden carteras de deudas que ya prescritas, situación que da como resultado que terceros sigan gestionando el cobro a los usuarios.

Advirtió que la medida no modifica los términos legales para cobrar las deudas, que en el Código de Comercio se estable un periodo de 3 años para reclamar judicialmente contratos bancarios y financieros, una vez se incumpla con el compromiso bancario.

Solo se trata de crear una vía administrativa que permita que los clientes bancarios soliciten la prescripción directamente a los bancos, sin tener que iniciar un proceso judicial, argumentó Cedeño.

Pero, para el sector bancario algunas disposiciones del proyecto podrían generar un incentivo equivocado, propiciando que algunos deudores opten por esquivar sus compromisos hasta que su deuda prescriba, aprovechándose de la eliminación de toda referencia negativa en su historial de crédito como propone el proyecto de ley.

En contraste, aquellos que con esfuerzo y sacrificio enfrentan la restructuración y pago de sus deudas, sí verán sus dificultades crediticias temporales reflejadas en su historial de crédito, lo que podría enviar una señal injusta para quienes actúan con responsabilidad y debilitar las condiciones que hoy promueven la cultura de pago en Panamá, puntualiza el comunicado de la Asociación Bancaria de Panamá.

La banca da por hecho que el proyecto introduce una nueva e inadecuada ruta administrativa para la prescripción de deudas ante el banco, la Superintendencia de Bancos y eventualmente la Corte Suprema, mientras el proceso judicial tradicional seguiría vigente. Esta duplicidad podría generar mayor complejidad, costos e incertidumbre, afirman.

Explican que cuando aumentan los riesgos en el sistema de crédito, las condiciones para otorgar préstamos suelen volverse más estrictas. Esto puede traducirse en créditos más costosos, o más difíciles de obtener, afectando especialmente a familias, emprendedores y pequeñas empresas que dependen del financiamiento para avanzar y construir oportunidades.

Finalmente, la Asociación Bancaria de Panamá agrega que reafirma su compromiso con el acceso al crédito responsable para todos los panameños, la estabilidad del sistema financiero, y reitera su disposición al diálogo técnico para fortalecer la protección del consumidor y la seguridad jurídica.

Esta semana el gerente del estatal Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo Esquivel, dijo que solicitará el veto del proyecto de ley No.388 que, luego de ser aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, solo espera la sanción presidencial.

Esta semana dos gigantes de la industria brasileña, la cadena de supermercados del Grupo Pão de Açúcar y Raízen, una gran empresa agroindustrial y de biocombustibles nacida en 2010 de una joint venture entre el grupo brasileño Cosan y Shell, solicitaron una reestructuración extrajudicial de su deuda.

Se trata de una forma de acuerdo con los acreedores similar a una reestructuración financiera, aunque sin pasar por un procedimiento judicial completo. El Grupo Pão de Açúcar quiere renegociar cerca de 4.500 millones de reales (844,2 millones de dólares) de deuda con sus acreedores, y la justicia de San Pablo aceptó la solicitud, permitiendo a la empresa negociar y buscar un acuerdo durante los próximos 90 días. En cuanto a Raízen, el plan afecta aproximadamente a 65.000 millones de reales (12.193,7 millones de dólares) de deuda. La empresa está negociando con los bancos para ampliar los plazos y reorganizar la deuda. El plan podría incluir venta de activos, conversión de deuda en acciones y nuevos financiamientos.

El objetivo, además de ampliar los vencimientos de la deuda, es reducir la presión financiera, en un contexto en el que muchas empresas brasileñas se han visto afectadas en los últimos meses por tipos de interés muy altos y crecientes costos financieros. Muchas, entre ellas Intercement, Ambipar, CSN y Braskem, han enfrentado graves dificultades financieras, recurriendo a herramientas como reestructuraciones de deuda, venta de activos, entrada de nuevos socios o solicitudes de recuperación judicial y extrajudicial.

Según los analistas, el principal factor detrás de estas crisis es el alto nivel de la tasa Selic en Brasil, que desde junio de 2025 se sitúa en 15%, el nivel más alto de los últimos veinte años. Se trata del tipo de interés de referencia del país, fijado por el Banco Central (BC), que guía el costo del crédito y de los préstamos en la economía. Esta política monetaria restrictiva fue adoptada por el BC para llevar la inflación hacia la meta del 3%, pero ha tenido el efecto de aumentar drásticamente el costo del crédito para las empresas.

El problema ha resultado particularmente grave para las compañías que en años anteriores realizaron grandes inversiones cuando los tipos eran mucho más bajos y no habían previsto un período tan prolongado de dinero caro. Según la agencia de calificación Fitch, el elevado nivel de los tipos es el factor común que explica las dificultades de muchas empresas. En los últimos cuatro años, la media de la Selic ha estado en torno al 13%, y las previsiones indican que difícilmente bajará del 10% antes de 2027. Una situación de este tipo ejerce una fuerte presión sobre los balances, ya que una empresa con deudas equivalentes a tres veces su flujo de caja operativo puede llegar a destinar cerca del 50% de sus ingresos operativos solo al pago de intereses, dejando poco margen para cubrir inversiones y capital de trabajo.

Además del contexto macroeconómico, en algunos casos las dificultades también derivan de problemas de gestión o de gobernanza empresarial, que han agravado el impacto del dinero caro. Algunas empresas han logrado adaptarse reduciendo costos, revisando su estrategia financiera y reorganizando inversiones, pero muchas otras hoy tienen balances frágiles. “Hace un año que espero el recorte de la tasa Selic”, declaró a CNN Brasil Luiza Trajano, una de las empresarias más conocidas del país y presidenta de Magazine Luiza, una cadena minorista especializada en electrodomésticos, electrónica y productos para el hogar. “Si llega el recorte de los tipos, aliviará los balances de las grandes empresas y dará respiro a las pequeñas compañías en su capital de trabajo”, concluyó.

El problema del alto nivel de la Selic también se refleja en los datos sobre procedimientos de insolvencia de las empresas. Según la plataforma NEOT, especializada en el tema, en 2025 se presentaron casi 2.000 solicitudes de recuperación judicial y más de 100 de recuperación extrajudicial, cifras muy elevadas y similares a las de 2024. “El aumento de los tipos de interés hace más difícil el acceso al crédito en el mercado bancario tradicional y, para las grandes empresas, ese no es el principal problema, pero sí vuelve mucho más costoso captar capital mediante bonos”, declaró el CEO de NEOT, Júlio Moretti, al diario O Estado de São Paulo.

Los expertos consideran, sin embargo, que al menos para las empresas la crisis actual tiene características diferentes a la de 2016. En aquel momento, el colapso de muchas compañías fue causado por una profunda recesión económica que afectó a todo el país, interrumpiendo inversiones y cadenas productivas. Hoy, en cambio, la crisis nace desde dentro de las empresas, después de años de tipos elevados, acceso selectivo al crédito y márgenes de beneficio comprimidos. Según Ricardo Knoepfelmacher, socio fundador y CEO de la consultora RK Partners, “la economía brasileña podría entrar en una fase difícil para el sector corporativo”.

El experto cree que en los próximos dos años muchas grandes empresas podrían verse obligadas a iniciar procesos de reestructuración de deuda, tanto judiciales como extrajudiciales, para reducir el peso del endeudamiento. Sin embargo, muchas compañías esperan una mejora de la situación si el Banco Central comienza a reducir los tipos de interés. El Comité de Política Monetaria (Copom) mantuvo la Selic en 15% en enero, aunque señaló la posibilidad de iniciar un ciclo de recortes. Inicialmente, el mercado preveía un primer recorte de 0,5 puntos porcentuales, pero nuevas tensiones internacionales, como la guerra en Irán y el aumento del precio del petróleo, han introducido incertidumbre sobre los tiempos.

Según algunas previsiones del mercado recogidas por el Banco Central en el último Boletín Focus, el tipo de interés podría bajar a alrededor del 12% a finales de 2026 y a 10,5% en 2027. Sin embargo, incluso con una reducción gradual, los tipos seguirán siendo relativamente altos durante varios años.

La economía será, por lo tanto, un capítulo fundamental de las elecciones presidenciales de octubre, dado el peso que estas empresas tienen en la sociedad y en la vida de los ciudadanos. Y si Lula en la campaña electoral de 2022 se negó a presentar un plan económico, esta vez ya ha comenzado a enviar señales al mercado financiero. Su ministro de Economía, que el próximo jueves, tras dimitir, lanzará su candidatura al gobierno del estado de San Pablo, propuso a Lula como nuevo director del Banco Central, probablemente para el área de Política Económica, al economista Guilherme Mello, actual secretario de Política Económica del Ministerio de Economía.

Mello, afiliado al Partido de los Trabajadores (PT) desde la adolescencia, pertenece al grupo de los llamados “economistas de la Unicamp”, muy cercanos a la Teoría Monetaria Moderna (MMT), que inspiró parcialmente el gobierno de Dilma Rousseff, terminado con la peor recesión económica de la historia de Brasil. Se trata de una teoría favorable a la intervención del Estado, tanto mediante gasto público como mediante mayor injerencia en las relaciones económicas. Defiende políticas fiscales expansivas financiadas mediante la creación de dinero por parte del Estado, porque para la MMT ni la deuda ni la inflación representan un problema. Sin embargo, hasta ahora nunca ha tenido éxito.

Precisamente este perfil académico e ideológico preocupa a parte del mercado. Sergio Vale, economista jefe de MB Associados, declaró a BBC Brasil que Mello “es un profesor de economía con un perfil heterodoxo, siempre ha tenido esa orientación, ha publicado muchos estudios contrarios a la política del Banco Central y eso tiende a generar ruido; quizá no era el nombre más adecuado”. Cuando el pasado febrero se conoció la noticia de la posible designación de Mello, el mercado financiero reaccionó negativamente. Los tipos de interés futuros a más largo plazo, aquellos que reflejan más directamente la percepción del riesgo sobre el futuro de la economía, aumentaron alrededor de 0,15 puntos porcentuales. Los tipos futuros, conviene recordarlo, representan las expectativas del mercado sobre el nivel de los tipos de interés en los próximos años. Cuando se habla de plazos más largos, se hace referencia a previsiones para períodos lejanos en el tiempo, por ejemplo, cinco o diez años.

El hecho de que hayan subido 0,15% significa que los inversores ahora exigen un rendimiento ligeramente mayor para prestar dinero a largo plazo, porque perciben más riesgo o más incertidumbre sobre el futuro de la economía.Algunos datos ya generan preocupación. La deuda externa de Brasil alcanzó un nivel récord de 397.500 millones de dólares, el más alto desde que existen estadísticas hace 56 años, reduciendo el margen de seguridad entre deuda y reservas internacionales. La deuda ha crecido 24,4% desde 2023, mientras que las reservas internacionales han aumentado mucho menos, reduciendo a menos de 10.000 millones de dólares la diferencia entre activos y pasivos externos del país. La mayor parte de la deuda pertenece al sector privado, especialmente a los bancos, que representan cerca del 40% del total, mientras que el gobierno concentra poco más del 20%. A pesar del aumento del endeudamiento, los economistas consideran que la posición externa de Brasil sigue siendo relativamente sólida en el corto plazo. Esto se debe a que las reservas aún son tres veces superiores a la deuda que vence a corto plazo y la exposición del sector público en moneda extranjera es limitada. Sin embargo, crece la preocupación por el déficit de cuenta corriente, que pasó de 27.000 millones de dólares en 2023 a 69.000 millones en 2025, impulsado por el aumento del consumo y de las importaciones de servicios. Esto reduce el margen de seguridad de las reservas y podría convertirse en una vulnerabilidad si Brasil enfrentara shocks externos o una disminución de la inversión extranjera.

Tampoco son alentadores los datos sobre las finanzas de la población. En febrero, el endeudamiento de las familias brasileñas alcanzó el 80,2%, el nivel más alto desde el inicio de la serie histórica de la Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo, en 2010. La morosidad también volvió a aumentar, con 29,6% de las familias que tienen deudas o cuotas atrasadas. El endeudamiento ha aumentado en todas las franjas de ingresos, tanto entre los más pobres como entre los de mayores ingresos, y casi 20% de las familias utiliza más de la mitad de su ingreso para pagar deudas.

Las principales fuentes de endeudamiento son el uso de tarjetas de crédito, que tuvieron intereses rotativos de 451,5% anual en febrero, los pagos en cuotas —muy extendidos en Brasil— y los préstamos personales y financiamientos. Los expertos atribuyen esta situación a los altos tipos de interés y al elevado costo del crédito en el país.Por último, también existe preocupación, de cara a la campaña electoral, por la calidad de los datos económicos oficiales. El fiscal del Ministerio Público ante el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), Júlio Marcelo de Oliveira, solicitó la suspensión del presidente del IBGE, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Márcio Pochmann, denunciando posibles irregularidades en la gestión del organismo y riesgos para la credibilidad de los datos oficiales, en particular los relativos al Producto Interno Bruto (PIB). La solicitud menciona la destitución de técnicos experimentados de áreas clave como las responsables del cálculo del PIB, sustituidos por personal menos experimentado, así como el intento de crear la Fundación IBGE+ sin una ley específica. Según el fiscal, el clima de conflicto interno y las decisiones de la dirección podrían comprometer la autonomía científica del instituto y poner en duda la fiabilidad de las estadísticas oficiales brasileñas.

El artista Miguel Poveda abordó nuevamente la situación financiera pendiente con la cantante Isabel Pantoja, expresando su postura de forma irónica durante unas recientes declaraciones. En medio de avances en la relación familiar de Pantoja, Poveda dejó en claro que la deuda económica entre ambos permanece sin resolverse. Esta información fue publicada por varios medios y confirmada mediante el testimonio del propio Poveda, quien optó por una actitud conciliadora en sus comentarios públicos, tal como detalló el medio de referencia.

En declaraciones realizadas en público y difundidas según informó el medio, Poveda sostuvo que, a pesar del tiempo transcurrido, Isabel Pantoja no ha saldado la deuda financiera que mantiene con él. Sin entrar en detalles sobre el origen o el monto del adeudo, el cantaor utilizó la frase “Bueno, querido, te mando un abrazo. Si fuese que sí te hubiese dicho '¡sí!' pero no digo nada más. Que Dios nos lo pague”. De esta manera, señaló el estado actual de la relación económica entre ambos, sin profundizar en polémicas o añadir datos adicionales al respecto. Según consignó la fuente, Poveda eligió evitar el enfrentamiento directo y recalcó que su intención no es incrementar el interés mediático sobre este conflicto.

Esta situación financiera no es nueva entre ambos artistas. De acuerdo con el medio, la relación de amistad entre Poveda y Pantoja se habría deteriorado con el paso del tiempo a partir de este desacuerdo económico. La cercanía artística y personal que los unió en el pasado se vio afectada por el desencuentro, si bien Poveda ha manifestado, en distintas ocasiones, su deseo de que Pantoja logre estabilidad y tranquilidad en su vida. El medio detalló que, en contraste con la falta de acuerdo en lo económico, Poveda manifestó abiertamente su satisfacción por los recientes pasos de reconciliación que ha dado Pantoja en el ámbito familiar.

Mientras Pantoja protagoniza informaciones sobre su acercamiento con su hijo Kiko Rivera y aparenta buscar estabilidad personal, Poveda ha remarcado la importancia de priorizar los vínculos familiares por sobre los conflictos públicos. Según publicó la fuente, el artista expresó: “Me encanta y ojalá que se reconcilie con más gente y con el mundo y el mundo con ella y que, o por lo menos con la gente que importa y la familia y los hijos y las madres, o sea, tienen que estar ahí unidos”. Estas declaraciones subrayan su perspectiva sobre el bienestar emocional y el papel central que otorga a la familia como eje de serenidad, alejado de la exposición mediática.

El medio de referencia reportó que, en sus mensajes hacia Pantoja, Poveda optó por un discurso empático y reconoció las dificultades emocionales que podrían acompañar a la cantante en esta etapa de su vida. En palabras dirigidas expresamente a su examiga, el cantaor afirmó: "Yo le deseo lo mejor del mundo, lo digo de todo corazón. Y que llegue la calma un poco a su corazón, ¿no? Porque la calma no la da un escenario, la calma no la da una bata de cola, la calma no la da los focos, la calma la dan las cosas sencillas, la familia y todo eso. Y yo sé que ella seguramente necesita de esa parte para sentirse plenamente feliz". Según publicó la fuente, Poveda insistió en la idea de que el contexto familiar y el apoyo afectivo resultan fundamentales para recuperar la calma y la felicidad.

El desencuentro entre Poveda y Pantoja continúa siendo motivo de atención, en particular por el contraste entre la postura conciliadora del cantaor y la falta de avances públicos en la resolución de las diferencias económicas. De acuerdo con las declaraciones recogidas por los medios, Poveda ha optado por alejarse del conflicto y centrar sus comentarios en cuestiones relacionadas con el bienestar personal y la armonía en el seno familiar de su antigua amiga.

Según la información difundida por la fuente, la deuda mencionada por Poveda ha marcado un punto de inflexión en la relación entre ambos artistas, pero el cantaor refuerza su disposición a superar viejas tensiones en favor de un clima de entendimiento y respeto mutuo. Su mensaje, expresado en distintos medios, recalca la importancia de la conciliación y el deseo de paz para todas las partes involucradas.

Aracely Villanueva, paciente de 25 años, relató en un informe de Contra Corriente, programa de Willax, cómo su vida cambió radicalmente desde que fue diagnosticada con insuficiencia renal: “El seguro se tiene que hacer responsable de nosotros. Dependemos de una máquina para poder dializarnos y estar bien”, señaló. Su caso representa el eslabón más débil de una cadena de impagos que afecta a más de cien proveedores en todo el país.

Juan Sangama, administrador de una clínica de hemodiálisis, advirtió que la deuda de Essalud, que asciende a millones de soles, ha provocado desabastecimiento de insumos, retrasos en el pago de personal médico y pérdida de profesionales calificados. “Debemos a proveedores de insumos, de ácido, de filtros, de lavandería, del recojo de residuos… Se nos han ido varios médicos y enfermeras”, aseguró.

Según el documento Deuda a proveedores de Essalud al 31 de enero del 2026, elaborado por la Gerencia Central de Gestión Financiera, la institución debía cancelar S/ 754 millones millones en 2025, monto que no se ha desembolsado según los proveedores, quienes denuncian pagos parciales e incluso presiones ilegales para agilizar la cancelación de la deuda.

Ricardo Beco, representante de una empresa proveedora, denunció: “No somos una gran corporación, dependemos de lo que vendemos. Essalud nos debe desde febrero del 2025 aproximadamente dos millones setecientos mil soles. Nos han pagado valores muy insignificantes”.

El impacto no es menor: alrededor de 15 mil pacientes dependen de la atención de estas clínicas, cuyo costo promedio mensual en el sector privado alcanza los tres mil soles, inaccesibles para la mayoría de familias. A inicios de febrero, en varias regiones del país se registraron negativas a dializar a pacientes debido a los impagos, generando protestas en el frontis del Centro Nacional de Salud Renal.

José Luis Silva Martinot, exministro de Comercio Exterior y Turismo y proveedor de servicios para Essalud, señaló que el mal manejo de la institución, la excesiva contratación política y la descentralización de compras han contribuido al deterioro del servicio. “De los 15 mil quinientos millones de soles del presupuesto anual, más de la mitad se gasta en planillas, mientras que apenas un 12-13 % se destina a insumos y medicamentos, muchas veces con costos inflados”, explicó.

Cabe recordar que diversas gestiones del Ejecutivo y de EsSalud han sido cuestionadas por la asignación de cargos a personas allegadas a la administración, lo que, según críticos y expertos, ha contribuido a casos de irregularidades en la institución. Estas deficiencias administrativas han afectado directamente la operación del seguro social, generando problemas como desabastecimiento de medicamentos, falta de equipos operativos y retrasos en la atención de los usuarios.

Especialistas y empresarios coinciden en la necesidad de declarar en emergencia la institución, reorganizar su gestión y contemplar la participación privada en la administración de los recursos para garantizar atención efectiva y segura.

En medio de la actual crisis de consumo y una ola de importaciones que alteró el equilibrio de la industria nacional, una nueva empresa de electrodomésticos blanqueó su situación crítica al presentarse esta semana en concurso de acreedores.

Se trata de Goldmund S.A., responsable de la fabricación y comercialización de los productos Peabody, que comunicó a sus clientes y proveedores -mediante una carta fechada el 2 de marzo- que había iniciado un proceso de reestructuración de pasivos. Si bien desde la empresa evitaron hacer comentarios y sólo atinaron a responder que “será un proceso largo”, es conocida la crisis que vienen atravesando la mayoría de las empresas de electrodomésticos, muchas de las cuales han avanzado en los últimos meses en fuertes ajustes de personal, suspensiones y cierre de plantas. Trascendieron, por ejemplo, los casos de Mabe y Electrolux recientemente.

Desde Peabody no explicaron los motivos de esta decisión (tampoco lo hicieron en la carta), pero el dueño de la empresa, Dante Choi, hace tiempo ya que viene advirtiendo por las consecuencias que la avalancha importadora está generando en la industria nacional. “En estos momentos nosotros estamos viendo una avalancha de importaciones de lo que nosotros estamos fabricando. Y no solamente eso, sino que hay todo tipo de prácticas, no ingresan todo de manera legal esos productos. Tampoco hay control, no hay control de calidad, de materiales de lo que importa”, había dicho Choi ya a fines de 2024, en una entrevista realizada por La Fábrica Podcast.

Trascendió que el expediente judicial tramita bajo el número COM 002835/2026 en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en el Juzgado Comercial 21 – Secretaría N° 41. El estado actual figura como “en letra” y la carátula formal del proceso es “Goldmund S.A. s/ Concurso Preventivo”.

En la carta enviada a clientes y proveedores, la administración de Goldmund explicó que “la empresa se encuentra atravesando una etapa de reestructuración de pasivos” y que la decisión “forma parte de una estrategia orientada a ordenar los compromisos y fortalecer la estructura de la compañía, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y proyectar un desarrollo sostenible en el tiempo”.

“Consideramos importante destacar que nuestra actividad continúa con normalidad y mantenemos intacta nuestra responsabilidad comercial y profesional con clientes y proveedores. Valores especialmente las relaciones construidas y la confianza depositada en nosotros”, dice el texto.

Además, la empresa agrega que de ser necesario, se estará comunicando individualmente para “coordinar cualquier aspecto puntual”. “Agradecedemos su acompañamiento y quedamos a disposición para cualquier consulta”. La carta está firmada directamente por Choi.

En la entrevista mencionada, el principal responsable de la compañía planteó la necesidad de condiciones estables para la producción nacional, remarcó los esfuerzos realizados para sostener la actividad, la importancia de preservar el empleo y la urgencia de encontrar soluciones para el sector.

El portfolio de Peabody

Peabody, la marca insignia de Goldmund, se consolidó como una de las referencias del mercado local en pequeños electrodomésticos y artefactos para el hogar. La empresa desarrolló una red de fabricación y distribución que abastece a comercios de distintos puntos del país, y apostó por el desarrollo de productos con identidad argentina.

Inicialmente, Goldmund se dedicó a la importación y venta de heladeras tras la crisis argentina de 2001. En 2004 adquirió la marca Peabody y comenzó a desarrollar un catálogo más amplio de productos, incorporando pequeños electrodomésticos como licuadoras, tostadoras y cafeteras.

Desde 2010 la empresa inició la producción nacional de varios productos y más adelante consolidó sus operaciones con plantas industriales en la provincia de Buenos Aires. Además, ha incursionado en exportaciones a países vecinos como Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay, y también hacia Europa y Estados Unidos.

La empresa produce en el país, especialmente líneas vinculadas a climatización y algunos productos de mayor volumen, y también importa. Una parte relevante de su portafolio —sobre todo pequeños electrodomésticos y ciertos modelos específicos— proviene del exterior, principalmente de Asia, bajo su marca. Pero aún con un esquema mixto, de producción e importación, la empresa no pudo sobrellevar la crisis y debió apelar a la figura del concurso preventivo para acomodar su situación financiera.

Choi llegó al país en 1977, cuando tenía 7 años, desde Corea con su familia y se asentó en Fuerte Apache, en Ciudadela. Entró a trabajar a una empresa como traductor y se quedó hasta ser gerente. Luego hizo su propio negocio y, como empresario pyme pasó por todas las crisis económicas del país de los últimos 20 años.

La temporada de impuestos de 2026 en Estados Unidos se perfila como una de las más relevantes de los últimos años, impulsada por una legislación fiscal reciente que promete modificar sustancialmente la economía de millones de familias. Reembolsos de impuestos, hogares estadounidenses y el uso de estos fondos emergen como ejes centrales en el análisis de las proyecciones realizadas por entidades financieras y organismos oficiales.

¿Cuánto dinero recibirán los estadounidenses en sus reembolsos de impuestos en 2026 y por qué serán tan elevados?

El panorama fiscal para 2026 anticipa cheques de reembolso considerablemente más altos que en años anteriores. Esta tendencia responde, en gran parte, a la llamada “gran y hermosa ley” promulgada en el verano anterior por el presidente Trump. De acuerdo con estimaciones de analistas de Wall Street, el reembolso típico podría incrementarse en torno al 30% respecto al año pasado, lo que representa hasta 1000 USD adicionales para cada contribuyente que reciba devolución, elevando el monto promedio a unos 4000 USD.

Los datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) muestran que, hasta el momento, los montos promedio de los reembolsos han aumentado aproximadamente un 14% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta cifra tiende a incrementarse conforme avanza la temporada de declaraciones, ya que quienes presentan su documentación más cerca de la fecha límite suelen pertenecer a los rangos de mayores ingresos y, por tanto, reciben reembolsos más abultados.

Un informe del Bank of America Institute, fechado el 11 de febrero, recalca que los reembolsos más voluminosos podrían fortalecer la estabilidad financiera de millones de familias, especialmente en los estratos de ingresos bajos y medios, quienes tienden a mantener parte de este dinero en sus cuentas bancarias durante al menos seis meses.

¿A qué destinan principalmente los estadounidenses sus reembolsos de impuestos?

El pago de deudas sobresale como la principal prioridad entre quienes esperan recibir un reembolso del IRS. Según una reciente encuesta realizada por Bank of America Global Research, el 36% de los estadounidenses planea destinar su cheque a la reducción de deudas. Este dato confirma la tendencia observada en años previos, donde los hogares utilizaron las devoluciones tanto para saldar saldos en tarjetas de crédito como para afrontar préstamos personales o estudiantiles.

“Desde la época de la pandemia, cuando muchos estadounidenses utilizaron los estímulos del gobierno para saldar sus deudas, hemos visto que la gente tiende a hacer lo correcto cuando recibe una ganancia inesperada”, señaló Matt Schulz, analista jefe de finanzas al consumidor de LendingTree, a CBS News.

Durante la temporada de impuestos de 2025, una proporción similar (34%) de consumidores ya había declarado su intención de utilizar los reembolsos para el pago de deudas, lo que evidencia la continuidad de este comportamiento.

¿Qué otros usos prevén los estadounidenses para sus reembolsos de impuestos?

Aunque reducir deudas es la opción principal, otros destinos para el dinero recibido también tienen peso. El sondeo de Bank of America revela que un 10% planea realizar una compra importante o cubrir gastos diarios, como alimentos, servicios o mantenimiento del hogar. Por otro lado, alrededor del 13% prevé destinar el reembolso al ahorro, ya sea para emergencias, proyectos personales o inversión futura.

Este patrón sugiere que, aunque la urgencia financiera es predominante, también hay una porción relevante de la población que aprovecha el reembolso como un impulso para consolidar su patrimonio o mejorar su calidad de vida mediante adquisiciones planificadas.

¿Cómo ha evolucionado la deuda de los hogares en Estados Unidos y qué relación guarda con los reembolsos?

En los últimos meses, la deuda de los hogares estadounidenses ha alcanzado niveles récord. El recurso a tarjetas de crédito para cubrir gastos cotidianos y la solicitud de préstamos cada vez mayores se ha intensificado, en parte debido al aumento de los precios de automóviles y viviendas.

Este contexto explica por qué el pago de deudas ocupa el primer lugar entre los planes para los reembolsos de impuestos. La necesidad de reducir saldos pendientes y aliviar la presión financiera ha impulsado a los estadounidenses a priorizar estos pagos. A pesar de los mayores saldos, los comportamientos registrados en 2026 son similares a los de años previos, donde la reducción de deudas figuraba como prioridad tras recibir ingresos extraordinarios, ya sea por devoluciones fiscales o estímulos gubernamentales.

¿Todos los estadounidenses esperan recibir un reembolso de impuestos?

No todos los contribuyentes estadounidenses recibirán un cheque de reembolso este año. Cerca del 32% de los encuestados por Bank of America afirmaron que no esperan recibir devolución del IRS. Esta cifra pone de manifiesto que, a pesar de los incrementos generales en los reembolsos, existe una franja significativa de la población que no anticipa ningún ingreso extra por esta vía, ya sea porque su situación fiscal no lo permite o por otras circunstancias personales.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que marca un antes y un después para los trabajadores autónomos acogidos a la ley de ‘segunda oportunidad’. Según ha informado este lunes el sindicato UPTA Aragón, el fallo permite que los autónomos puedan beneficiarse de este régimen incluso cuando existan derivaciones de responsabilidad por deudas de sociedades, siempre que no haya conductas fraudulentas o de mala fe.

La sentencia, conseguida por los servicios jurídicos de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Aragón-UPTA, supone un avance clave en la interpretación de la normativa concursal. El Supremo aclara que la simple existencia de un acuerdo firme de derivación de responsabilidad no excluye automáticamente al autónomo del acceso a la exoneración, salvo que dicha derivación esté motivada por fraude o mala fe.

Hasta ahora, muchos autónomos quedaban fuera del mecanismo de segunda oportunidad si las autoridades fiscales o la Seguridad Social les atribuían deudas de sociedades mediante un acuerdo de derivación de responsabilidad. El Tribunal Supremo establece ahora que solo si la derivación se basa en conductas equiparables a sanciones por fraude podrá impedir el acceso a la exoneración.

De este modo, miles de autónomos que arrastran deudas por actividades empresariales fallidas podrán solicitar el perdón parcial o total de sus deudas, siempre que no exista prueba de mala fe.

Límites y alcance de la exoneración de deudas públicas

El fallo del Supremo también aporta claridad sobre los límites de la exoneración de deuda pública. Según UPTA Aragón, el tribunal aclara que el perdón puede alcanzar íntegramente los primeros 5.000 euros de deuda pública por acreedor. A partir de esa cantidad, puede exonerarse el 50% de la deuda hasta un tope de 10.000 euros por cada acreedor público.

Además, la sentencia reconoce que las sanciones e intereses, considerados como crédito subordinado en el ámbito concursal, quedan fuera de ese límite y pueden ser eliminados en su totalidad. Esto puede suponer una liberación económica significativa para quienes se acojan a la segunda oportunidad.

Un precedente relevante para los juzgados mercantiles

La sentencia fija criterios de interpretación que serán esenciales para los jueces mercantiles y para los autónomos que tramiten procedimientos concursales.

El Supremo remarca que la derivación de responsabilidad, por sí sola, no supone indicio automático de mala fe. Esto abre la puerta a que más trabajadores por cuenta propia puedan acogerse a la exoneración, incluso en contextos complejos de deudas empresariales.

La exoneración parcial de créditos públicos se aplicará por acreedor, conforme a los límites establecidos por la ley, y los créditos subordinados podrán ser exonerados en su totalidad, con independencia del tope de 10.000 euros.

La defensa jurídica en este caso ha sido dirigida por el abogado Miguel Ángel Roca del Río, colaborador de UPTA Aragón en sus servicios de Segunda Oportunidad. Su argumentación fue tenida en cuenta por el Tribunal Supremo para establecer esta nueva interpretación, que permitirá a más autónomos recuperar su situación financiera y reiniciar su actividad profesional.

En un contexto de caída del poder adquisitivo, cada vez más familias presentan dificultades para hacer frente a los créditos tomados. El peso de estos sobre los salarios muestra una tendencia creciente y deriva en una mayor morosidad, que se triplicó en el último año.

Un informe del Banco Provincia, en base a datos del BCRA, señaló que el financiamiento promedio pasó de representar 1,5 salarios a también medios a fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre del año pasado. Es decir, las familias se endeudaron por el equivalente a un salario completo durante el año pasado.

“Para poder sostener sus niveles de consumo, los hogares argentinos sumaron ‘un aguinaldo’ a sus ingresos en 2025”, destacó la entidad.

“El aumento de la relación crédito promedio sobre salario promedio no sería un problema si hubiera expectativas de recuperación de los ingresos o si la mora no creciera. En el primer caso, porque el incremento futuro de los ingresos permitiría pagar el financiamiento pasado. En el segundo, porque la mayor representación de las cuotas sería tolerable para los niveles de ingresos actuales; en otros términos, había un margen de ‘demanda de crédito’ que empezó a usarse. Sin embargo, ninguna de las dos cosas estaría pasando”, consideraron.

El incremento de la irregularidad de cartera fue más marcado en las entidades no financieras, donde el indicador subió de 7,7% a finales de 2024 a 25% un año después. En las entidades tradicionales, la morosidad alcanzó 8,8% en noviembre de 2025, según los últimos datos disponibles.

La expansión del crédito y el aumento de la mora mostraron comportamientos distintos tanto entre los acreedores como entre los deudores.

Mientras que al cierre del año pasado uno de cada cinco créditos inferiores a 1 millón de pesos presentaba atrasos, ese porcentaje descendía a 11,9% en los préstamos superiores a 10 millones de pesos. Así, el deterioro de la cartera impacta de manera más severa a quienes tienen menores recursos.

Al analizar la mora según la cantidad de personas, en lugar del volumen de crédito, el índice alcanza el 24%. De este modo, casi una de cada cuatro personas presenta algún problema para afrontar sus deudas, frente al 13% registrado al medir por monto. El dato refleja un salto de 10 puntos porcentuales en un año, ya que a fines de 2024 la proporción de deudores en mora se ubicaba por debajo del 15%.

Por otra parte, “el incremento de la mora no fue una problemática exclusiva de los nuevos ingresantes al sistema, sino que fue un deterioro tanto de aquellos con historial crediticio como de quienes no poseían deudas en el sistema”, resaltó el Banco Provincia.

Los nuevos ingresantes —definidos como personas sin ninguna exposición crediticia previa— acumularon a lo largo del año una deuda de $3,1 billones, equivalente al 3,7% del saldo total de las familias.

Aunque su ratio de mora resultó levemente superior a la del resto de los deudores (15,5% frente a 12,9%), solo explicaron 5 de cada 100 pesos de la mora nueva generada durante el período.

“La conclusión es directa: el grueso del deterioro provino de deudores que ya estaban en el sistema y que, frente al deterioro en sus ingresos, perdieron gradualmente capacidad de pago”, apuntó la entidad.

Por último, señalaron que de cara al resto de 2026, la sostenibilidad del crédito como motor de actividad dependerá fundamentalmente de dos variables exógenas al sistema financiero: la recuperación del salario real y la trayectoria de las tasas de interés.

“Sin mejora genuina de ingresos, el sistema de financiamiento bancario y no bancario difícilmente pueda volver a expandirse al ritmo observado en 2025 sin generar un nuevo salto en la mora”, consideraron.

“En otras palabras, el espacio para repetir una estrategia de crecimiento apoyada en la expansión del endeudamiento es menor que en 2024 y 2025. Con una base de deudores más amplia, niveles de mora elevados y mayor carga financiera sobre los hogares, el margen para que el crédito actúe nuevamente como sostén del consumo es menor”, indicaron.

Así, el Banco Provincia asegura que la dinámica de 2026 dependerá, en última instancia, de si el ajuste distributivo comienza a revertirse o si el puente financiero alcanzó su límite estructural.

El sistema financiero argentino cerró el año 2025 con un marcado deterioro en la calidad de su cartera de créditos, impulsado fundamentalmente por el segmento de los hogares. Según los datos del último Informe sobre Bancos publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el ratio de irregularidad de las familias se situó en el 9,3% al finalizar diciembre de 2025. Esta cifra representa más del triple del nivel registrado en el mismo mes de 2024, cuando la morosidad de los hogares se ubicaba en el 2,5%.

Este incremento en la irregularidad de los préstamos destinados a las familias fue el principal motor del aumento del indicador sistémico de mora. El ratio de irregularidad del crédito total al sector privado cerró 2025 en un 5,5%, lo que implica un salto considerable desde el 1,6% observado al cierre del año anterior.

Desglose por tipo de deudor y líneas de crédito

El comportamiento de la mora mostró una disparidad significativa entre el sector corporativo y el de las familias. Mientras que la irregularidad de las financiaciones a los hogares escaló hasta el 9,3%, el indicador para las empresas se situó en un 2,5% al cierre de 2025. Aunque el sector empresarial también registró un incremento interanual desde el 0,8% de diciembre de 2024, la magnitud del aumento fue notablemente menor a la registrada por los particulares.

Dentro del segmento de familias, el crecimiento de la irregularidad estuvo explicado principalmente por el desempeño de los préstamos personales y de las líneas con garantía prendaria. Por su parte, en el ámbito corporativo, el incremento de la mora respondió a las dificultades registradas en empresas vinculadas al comercio y a la producción primaria.

A pesar del aumento en los índices de morosidad, el stock de crédito al sector privado continuó ganando peso dentro del balance de las entidades financieras. A diciembre de 2025, el financiamiento a empresas y familias explicó el 43,9% del activo total del sistema, lo que representa un crecimiento de 8,6 puntos porcentuales respecto al año anterior. Este proceso de “crowding in” del crédito privado se dio en detrimento del financiamiento al sector público, que redujo su participación al 27,8% del activo total.

Niveles de cobertura y previsiones

El fuerte incremento en la cartera irregular impactó directamente en los ratios de cobertura del sistema. El previsionamiento total del conjunto de entidades financieras representó el 93% del saldo de crédito en situación irregular al cierre de 2025. Este nivel de cobertura marca un descenso pronunciado frente al cierre de 2024, cuando las previsiones totalizaban el 168,4% del saldo irregular.

No obstante, al analizar las previsiones en relación con el saldo de crédito total al sector privado, el indicador mostró un incremento, pasando del 2,6% a fines de 2024 al 5,2% en diciembre de 2025. Esto refleja que, si bien la cobertura específica de la mora cayó, el sistema aumentó la reserva de fondos respecto a la masa total prestada ante el nuevo escenario de mayor riesgo.

Actividad de intermediación y depósitos

A lo largo de 2025, el financiamiento al sector privado en pesos se expandió un 27,4% en términos reales. Las líneas con garantía real fueron las más dinámicas, destacándose el crecimiento en los préstamos hipotecarios. En el último mes del año se registraron casi 3.000 nuevas altas de créditos hipotecarios, sumando un total de aproximadamente 43.700 nuevos deudores en este segmento durante todo el año. Al cierre de 2025, la cantidad total de deudores hipotecarios en el sistema financiero alcanzó los 179.500, un 20,6% más que al finalizar 2024.

Por el lado del fondeo, los depósitos del sector privado en pesos aumentaron un 7,7% real en 2025, traccionados principalmente por las colocaciones a plazo, que crecieron un 15,8% real. En moneda extranjera, los depósitos privados se incrementaron un 17,7% a lo largo del año.

Solvencia y rentabilidad del sistema

A pesar del aumento de la morosidad y los cambios en la composición de la cartera, el sistema financiero mantuvo indicadores de solvencia robustos. La integración de capital (Responsabilidad Patrimonial Computable) se ubicó en el 28,6% de los activos ponderados por riesgo (APR) al finalizar diciembre de 2025. El exceso de capital sobre la exigencia normativa mínima totalizó un 253% para el agregado de las entidades.

En cuanto a la rentabilidad, el sistema cerró el año con resultados positivos, aunque inferiores a los de 2024. El retorno sobre activos (ROA) acumulado fue del 1%, mientras que el retorno sobre patrimonio neto (ROE) se ubicó en el 4,4%. Según el informe del BCRA, esta disminución en la rentabilidad respecto al año previo se debió, en parte, a un menor margen financiero real y al aumento de los cargos por incobrabilidad derivados del incremento de la mora.

Finalmente, la liquidez del sistema también experimentó ajustes. El ratio de liquidez en moneda nacional, considerando disponibilidades y títulos públicos usados para la integración de efectivo mínimo, se ubicó en el 32,9% de los depósitos al cierre del año, lo que representa una caída de 2,9 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2024.

En un escenario de dificultades de los hogares para hacer frente a sus gastos, las deudas contraídas con entidades no bancarias, entre las que se destacan las billeteras virtuales, ya representan el 34% del ingreso familiar. A su vez, la morosidad en este segmento continúa en ascenso.

“El endeudamiento de los hogares con entidades no bancarias continúa en aumento y alcanza un ratio del 34% de la masa salarial mensual, 12 puntos porcentuales por encima de diciembre de 2024. Al incorporar también el crédito bancario, el peso del crédito asciende al 141% de la masa salarial”, precisó un informe de Eco Go.

En tanto, entre cuentapropistas y trabajadores informales, el crédito no bancario representa el 143% de la masa salarial mensual.

Respecto a la morosidad, el informe indicó: “La irregularidad de las carteras de las entidades no bancarias volvió a aumentar y se ubicó en 22,8%, más de cuatro veces la irregularidad del crédito total del sistema financiero y 2,4 veces la del crédito para consumo bancario”.

Esto es consistente, además de las dificultades de las familias para hacer frente a sus obligaciones, con el incremento de los créditos no bancarios, que crecieron en diciembre por segundo mes consecutivo, luego de un freno en septiembre derivado de la toma de ganancias post resultado en la Provincia de Buenos Aires.

En detalle, creció 1,2% mensual en términos reales y el stock alcanzó $13,15 billones. Desde hace tres meses, el financiamiento no bancario avanza a un ritmo superior al del crédito bancario.

En la comparación interanual, la expansión se moderó hasta 33,7%, lo que marcó el octavo mes consecutivo de desaceleración respecto del pico de 104% registrado en abril pasado.

De todos modos, el nivel de diciembre se ubicó 142% por encima de marzo de 2024 y 21,5% por encima del máximo previo de febrero de 2018, siempre en términos reales.

A su vez, el crédito no bancario ganó 0,2 puntos porcentuales de participación dentro del financiamiento al consumo, al representar el 24,4% de ese segmento y el 13% del crédito total.

Vale mencionar también que dos empresas concentran más de la mitad del mercado: Naranja X abarca el 38,9% y Mercado Pago el 13,8%. Un año atrás, sus participaciones eran de 44,6% y 11,8%, respectivamente.

Por otra parte, un informe del Ieral, de la Fundación Meditarránea, sostuvo que las secuelas de menor actividad y endurecimiento de las condiciones monetarias del segundo semestre de 2025 “se reflejan con nitidez en la trepada de los ratios de morosidad crediticia, que llevan a las entidades financieras a acentuar su cautela a la hora de aprobar nuevas operaciones, con la excepción de los préstamos en moneda extranjera”.

“La irregularidad de los créditos al sector privado está alcanzando los picos de la pandemia, aunque el mix es distinto, porque en el segmento de empresas la suba no ha sido tan explosiva como en el caso de las familias, que evidentemente han sido sorprendidas por la velocidad de la desinflación, acostumbradas a esperar que la inflación contribuyera a licuar sus pasivos”, analizó el Ieral.

“La cuestión es que el problema de la morosidad no queda encapsulado en el balance de las entidades financieras, ya que tiene efectos macro por el freno observado en la evolución del crédito al sector privado, virtualmente estancado a lo largo de los últimos seis meses”, añadió.

El incremento del crédito no bancario y la suba de la morosidad ponen en evidencia la presión financiera sobre los hogares y el impacto de un entorno macroeconómico más restrictivo.

La consolidación de este tipo de financiamiento, junto con el freno en el crédito bancario, indica mayores dificultades para que las familias accedan a nuevas fuentes de crédito, mientras persiste un nivel elevado de irregularidad en los pagos y se acentúa la cautela en la aprobación de préstamos.

Más de cuatro de cada diez colombianos sobreendeudados mantienen de tres a cinco obligaciones en mora al inicio del 2026, en un contexto en el que la reducción del desempleo y la reestructuración financiera se convierten en retos prioritarios para el país.

Aunque la deuda promedio bajó levemente respecto al año anterior, la pérdida de empleo emerge como una de las causas más preocupantes de morosidad, lo que revela una compleja interacción entre mercado laboral, ingresos personales y cultura financiera.

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Según el estudio elaborado por Bravo, compañía especializada en liquidación de deudas y educación financiera, el 43,3% de los participantes acumula entre tres y cinco deudas, cifra inferior al 47% registrado en el año anterior.

Este informe, basado en el análisis de más de 17.000 usuarios del programa, muestra una tendencia de estabilización en los hábitos de pago y el acceso al crédito.

El informe subraya que, si bien el monto promedio de deuda cayó a $34.154.390 de los $34,5 millones de 2025, la persistente volatilidad del mercado laboral afecta la capacidad de pago de los hogares.

La pérdida de empleo, que en 2026 alcanza al 18,2% de los deudores, representa un aumento frente al 16% detectado en el reporte anterior y constituye “una señal de alerta”, de acuerdo con los especialistas de la firma que realizó el informe.

El sobreendeudamiento persiste como el principal factor de incumplimiento, afectando al 44,1% de los encuestados. En paralelo, la reducción de ingresos representa la segunda causa más frecuente, con un 19%, mientras que los gastos imprevistos suman presión al presupuesto de los hogares.

El estudio permite delimitar el perfil del deudor para 2026. El 52,4% de los sobreendeudados son hombres, frente al 47,6% de mujeres. Los solteros encabezan la lista con el 63,2%, y muestran una tendencia ascendente en comparación con años previos.

En relación a la edad, el grupo de 31 a 40 años acumula el 36,3% de los casos de mora, lo que refleja una vulnerabilidad especial entre adultos jóvenes y en etapa de consolidación profesional. En cuanto al nivel educativo, el 29,9% cuenta con estudios universitarios, mientras que el 21,9% terminó la secundaria.

Bogotá domina la distribución geográfica de los deudores, aportando el 18,9% de los registros, si bien se observa una caída importante, comparada con la 26% anterior. Le siguen Medellín (4,7%) y Cali (4,4%), consolidando a estas ciudades como los principales focos de endeudamiento urbano.

Los datos recopilados delinean un perfil tipo para este año: un hombre soltero, residente en Bogotá, de entre 31 y 40 años, con estudios universitarios y entre tres y cinco deudas vigentes. Aunque sus ingresos brutos promedian $4,5 millones, el rango salarial más repetido, entre quienes solicitan asesoría financiera va de $1,5 a $3 millones.

La compañía enfatizó: “Es revelador que el deudor tipo en 2026 sea un joven profesional con educación universitaria. Esto nos confirma que el sobreendeudamiento no es un problema de falta de conocimiento académico, sino de una gestión emocional del gasto y de una oferta crediticia que a veces supera la capacidad real de ingreso, y claramente falta de educación financiera. Cabe destacar que nuestro objetivo va más allá de liquidar una deuda: buscamos la rebancarización”.

La ley permitió el restablecimiento del historial financiero tras la pandemia

La amnistía crediticia implementada en Colombia permitió a miles de deudores limpiar su historial tras pagar sus obligaciones entre el 29 de octubre de 2021 y el 30 de octubre de 2022.

La Ley Borrón y Cuenta Nueva, surgida durante la emergencia sanitaria, ofreció una ventana para que quienes regularizaron sus pagos quedaran exentos de reportes negativos en las centrales de riesgo.

Con esta medida, muchos ciudadanos lograron recuperar su acceso al sistema financiero, luego de que la crisis provocada por la pandemia de covid-19 impactara de forma directa en sus ingresos y oportunidades laborales. El Gobierno evalúa una posible Ley Borrón y Cuenta Nueva 2.0 al haberse terminado el periodo especial.

La normativa brindó alivio a quienes pudieron saldar su deuda en un plazo reducido respecto al régimen habitual, facilitando mejorar la salud financiera de la población.

La Comisión Primera de la Cámara aprueba proyecto de ley para limpiar historial crediticio

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley “Borrón y Cuenta Nueva 2.0” en septiembre de 2025, con el objetivo de otorgar una segunda oportunidad a millones de ciudadanos para limpiar su historial crediticio y facilitar su regreso al sistema financiero.

Según detalló Alejandro Ocampo, representante por el Pacto Histórico y autor de la iniciativa, la norma “pretende extender el régimen de transición y eliminar los reportes negativos de quienes paguen sus deudas de la bases de datos de centrales de riesgo”, medida que se proyecta beneficiará a más de 5 millones de colombianos.

Entre los principales cambios que introduce el proyecto destaca la reducción del plazo de permanencia de los reportes negativos: antes una obligación impaga permanecía registrada hasta cuatro años tras ser saldada, pero con la nueva norma el máximo será de seis meses.

Además, quienes ya hayan cancelado sus deudas antes de la entrada en vigor de la ley estarán habilitados para solicitar la eliminación inmediata de su reporte.

La propuesta también contempla una amnistía para los deudores morosos que paguen durante el período de vigencia, al posibilitarles eliminar los registros negativos y acceder nuevamente a servicios financieros.

Esta medida busca impulsar la inclusión financiera y abrir el acceso a créditos, servicios y oportunidades que permanecen restringidos por antecedentes crediticios adversos.

Este proyecto de ley en la actualidad se encuentra en trámite en el Congreso por lo que se espera que al final de la actual legislatura se defina su futuro.

La deuda total acumulada por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que ya supera los 18 mil millones de lempiras, mantiene al sistema sanitario en una etapa crítica, provocando la suspensión de cirugías electivas y extendiendo los tiempos de espera para miles de afiliados que requieren atención especializada.

Este déficit, alimentado en gran medida por la falta de aportaciones tanto del Estado como de empresas privadas, amenaza con colapsar la prestación de servicios médicos y obliga a la institución a reorganizar sus recursos mientras la presión de la demanda no cede.

Desde la perspectiva del dirigente gremial Carlos Rueda, la gravedad de la crisis se traduce en un deterioro de la operatividad diaria del IHSS. La suspensión de intervenciones programadas ha dejado a miles de pacientes con diagnósticos quirúrgicos a la espera por seis a ocho meses, mientras solo se realizan procedimientos de emergencia como cesáreas y apendicitis.

La falta de insumos médicos, especialmente en el área quirúrgica, limita la respuesta hospitalaria y agrava la mora en salud, según detalló Rueda, quien remarcó que “la institución intenta reorganizar sus recursos para cubrir los casos más urgentes”.

La deuda del sector público y privado es la principal causa de este colapso financiero. Según Rueda, el Estado hondureño debe más de 12 mil millones de lempiras, acumulados en los últimos quince años. A esto se suma la mora privada, que supera los seis mil millones.

Mientras tanto, los trabajadores afiliados cumplen con sus contribuciones, deducidas directamente de sus salarios, pero los empleadores no transfieren siempre la totalidad al IHSS. Este incumplimiento crónico ha privado al Seguro Social de recursos fundamentales para insumos, medicamentos y funcionamiento cotidiano.

Medidas urgentes y exigencias al nuevo liderazgo

El nombramiento de un nuevo director ejecutivo se traduce en expectativas de respuestas inmediatas. Rueda, vocero del gremio médico, enfatizó la necesidad de “implementar medidas orientadas a recuperar la mora acumulada y a sanear las finanzas de la institución” como condición para restablecer todos los servicios de salud. De su gestión depende la recuperación de los fondos pendientes y la garantía de atención médica regular para los derechohabientes.

Desde el sector privado, Luis Larach, representante empresarial, definió la situación del IHSS como prioritaria para la estabilidad laboral del país. Expuso que, aunque el gobierno ha enfocado esfuerzos en la salud, persisten problemas estructurales como politización, corrupción y gestión ineficiente. Larach consideró que “la institución debe ser gestionada bajo criterios técnicos y meritocráticos”, exigiendo administradores con formación especializada, continuidad en sus cargos y planificación estratégica para definir el rumbo institucional.

Larach también alertó que la mora en salud del IHSS podría ser igual o mayor que la del sistema público, debido al atraso en la modernización tecnológica y la falta de planificación administrativa. “La gestión manual de expedientes y citas médicas puede ocasionar la pérdida de turnos y prolongar la programación de procedimientos,” explicó, resaltando que ese rezago tecnológico suma dificultades a una estructura ya golpeada por el déficit financiero.

La combinación de escasez de recursos y procesos administrativos manuales ha desencadenado una experiencia negativa para los asegurados, quienes dependen de la entidad para recibir cirugías, tratamientos y medicamentos. La suspensión de procedimientos electivos y la ampliación de los tiempos de espera representan obstáculos para quienes necesitan atención especializada de manera oportuna.

Mientras tanto, la presión sobre el IHSS por la demanda creciente se incrementa en un contexto de recursos limitados y problemas estructurales no resueltos. Sin la recuperación de la deuda y el cumplimiento de las obligaciones patronales, la capacidad operativa de la institución permanece restringida, generando incertidumbre entre los derechohabientes y exigiendo medidas inmediatas para evitar un mayor deterioro del sistema.

Las recientes intervenciones judiciales han dejado fuera de alcance recursos que no estaban contemplados ni en el presupuesto general de 2025 ni en el de 2026.

Esta situación deja en jaque proyectos esenciales en áreas como salud, educación y seguridad, pues la liquidez disponible del Estado se ve limitada por estos procesos de embargo.

En una jornada clave, se reunieron la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, magistrados de la Sala Laboral, el procurador Dagoberto Aspra, el propio ministro de Finanzas y representantes del Directorio del Banco Central de Honduras para abordar el alcance de las demandas y su impacto en las finanzas del país.

Las acciones judiciales señaladas se concentran sobre todo en el área laboral, tramitadas por los juzgados especializados de Tegucigalpa y también en diversas alcaldías a nivel nacional.

El titular de Finanzas especificó que “hay que frenar las medidas sistemáticas implementadas por actores de la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial e incluso defensores privados”, advirtiendo sobre el carácter recurrente de estos procesos y su riesgo para la planificación presupuestaria.

Según Emilio Hernández Hércules, el Estado se ve forzado a operar con partidas restringidas debido a la magnitud de los embargos, lo que compromete la viabilidad de programas sociales y de infraestructura ya previstos para los próximos años.

Además, confirmó que estos fondos no estaban asignados en la planificación fiscal vigente, por lo que “la afectación directa al tesoro de la República” es significativa.

En este contexto, la reformulación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2026 deberá pasar primero por la aprobación del Consejo de Ministros antes de llegar al Congreso Nacional. Desde Finanzas, se impulsa una línea de austeridad y responsabilidad fiscal orientada a mitigar el impacto de los embargos y ajustar la estructura del gasto público.

Entre las medidas concretas, se contempla un redimensionamiento del aparato estatal, disminuyendo el número total de instituciones de 113 a 78. Esta reducción implicará, de acuerdo con lo comunicado, un ahorro relevante en el gasto corriente y permitirá destinar más recursos al pago de la deuda y a atender el pasivo laboral.

Hernández Hércules remarcó: “La austeridad y la responsabilidad fiscal van a primar en este presupuesto, habrá una reducción, pero lo más importante es que habrá un ahorro en el gasto corriente del Estado, la reducción del aparato estatal viene, habrá menos instituciones, lo que significa que habrá recursos para el pago de deuda y el pasivo laboral”.

El encuentro interinstitucional realizado este viernes subraya la necesidad de coordinar esfuerzos entre poderes del Estado, manteniendo el respeto a la independencia de cada uno, pero trabajando en una dinámica de complementariedad que permita afrontar los desafíos financieros producto de estos procedimientos jurídicos.

Los embargos, tramitados principalmente en juzgados laborales, involucran tanto a instancias estatales como a defensores privados, generando preocupación en las altas esferas del Ejecutivo sobre la sostenibilidad fiscal futura. El impacto ya se traduce en restricciones para áreas sensibles del gasto público, con la advertencia de que podrían agravarse de persistir esta tendencia.

En paralelo, el Banco Central de Honduras se mantiene en diálogo con otras entidades estatales para evaluar medidas que permitan responder a la contingencia generada por estos procesos judiciales. La pretensión del Gobierno es fortalecer su capacidad de inversión sin afectar los compromisos ya adquiridos, ajustando la hoja de ruta presupuestaria de los años venideros.

De acuerdo con la información oficial, la reforma del Presupuesto General 2026 no solo busca acomodar las necesidades impuestas por los embargos, sino también introducir un ajuste estructural que apunte a la eficiencia del aparato público y la generación de ahorros que puedan canalizarse hacia prioridades nacionales.

El ministro de Finanzas puntualizó que el ahorro derivado de la reducción institucional permitirá fortalecer áreas desfinanciadas por los procesos de embargo, contribuyendo a la estabilidad del sistema fiscal de Honduras.

En un escenario donde las tasas de interés de tarjetas de crédito alcanzan niveles históricos y los saldos promedios aumentan, miles de estadounidenses buscan fórmulas para aliviar la presión financiera que implica el uso del crédito.

Con un saldo promedio que supera los USD 6.500 por persona, el reto de administrar deudas y evitar que los intereses se acumulen se vuelve cada vez más complejo para muchas familias. Diversos expertos en finanzas y asesoría crediticia ofrecen estrategias prácticas para negociar mejores condiciones, reducir los costos y prevenir el endeudamiento futuro.

Situación actual de las tasas y deudas de tarjetas de crédito en Estados Unidos

El panorama de las tarjetas de crédito muestra cifras preocupantes: la tasa promedio ronda el 22% anual, según la Reserva Federal. Sin embargo, quienes tienen antecedentes crediticios negativos pueden enfrentar tasas cercanas al 30%. Los balances acumulados por los usuarios crecieron hasta alcanzar $1,23 billones en el tercer trimestre, lo que representa un aumento del 5,75% respecto al mismo periodo del año anterior.

La cantidad de personas con saldos pendientes también creció, situando el promedio individual apenas por encima de USD 6.500, de acuerdo con el informe de la agencia TransUnion. En este contexto, organizaciones como GreenPath Financial Wellness detectaron que muchos de sus clientes enfrentan déficits mensuales de alrededor de USD 500, lo que agrava la capacidad de pago y amplía el riesgo de morosidad.

Solicitud de reducción de la tasa de interés

Solicitar a la entidad emisora una rebaja en la tasa de interés puede ser el primer paso para reducir el peso de la deuda. Especialistas como Bruce McClary, portavoz de la National Foundation for Credit Counseling, recomiendan entablar este diálogo especialmente si se cuenta con un historial de pagos puntuales y una calificación crediticia sólida, superior a 740 puntos.

Incluso si el puntaje crediticio es inferior pero muestra una tendencia positiva, existe margen para negociar. La reducción posible suele oscilar entre 1 y 3 puntos porcentuales.

Antes de contactar a la entidad, es aconsejable revisar el estado de cuenta, obtener el reporte crediticio y preparar una argumentación basada en la mejora del perfil financiero. La educación financiera y la cortesía durante la llamada pueden marcar la diferencia en la respuesta de la compañía.

Opciones alternativas para reducir el costo de la deuda de tarjeta

Existen otras estrategias para disminuir los intereses pagados por el uso de tarjetas. Una de ellas es solicitar la posibilidad de realizar pagos dos veces al mes, vinculados por ejemplo al cobro quincenal del salario. Esta modalidad ayuda a reducir el monto sobre el que se calculan los intereses y puede implementarse por iniciativa propia.

Otra alternativa es la transferencia de saldos a una nueva tarjeta con promoción temporal de tasa cero. Actualmente, los bancos ofrecen periodos sin intereses de entre 12 y 21 meses, aunque suelen exigir un buen puntaje crediticio y el pago de una comisión entre el 3% y el 5% del monto transferido. Es crucial asegurarse de poder saldar la deuda durante el periodo promocional para evitar el retorno a tasas elevadas.

Estrategias ante dificultades para realizar pagos

Cuando la situación financiera impide cumplir con los pagos mínimos, existen mecanismos de alivio temporal. Es posible negociar con la emisora una reducción temporal de la tasa de interés o una pausa en los pagos, conocida como “hardship”, especialmente frente a emergencias como pérdida de empleo o problemas de salud. Estas medidas otorgan un margen para afrontar imprevistos sin deteriorar aún más el historial.

Si las dificultades persisten, los programas de asesoría crediticia de organizaciones sin fines de lucro pueden resultar útiles. Estos servicios ofrecen sesiones gratuitas de revisión presupuestaria y, de ser necesario, la negociación de un plan de gestión de deuda con las entidades financieras. Los planes suelen tener tasas promedio de 6,6% y extenderse por 3 años o más.

Ventajas de las tarjetas emitidas por cooperativas de crédito

Las tarjetas expedidas por cooperativas de crédito suelen tener tasas más bajas que las ofrecidas por bancos o entidades tradicionales. A septiembre, la tasa promedio en cooperativas era del 12%, según la National Credit Union Administration. Estas entidades están sujetas a topes regulatorios, con un máximo autorizado del 15% que fue elevado temporalmente al 18% hasta marzo.

Para acceder a estos productos es necesario cumplir ciertos requisitos de membresía, como residir en determinada área geográfica o haber servido en las fuerzas armadas. Las cooperativas destinan recursos a sus socios y, por ello, mantienen condiciones más favorables para sus integrantes.

Recomendaciones para evitar nuevas deudas y gestionar mejor los gastos

La gestión preventiva del gasto es fundamental para no reincidir en el uso excesivo del crédito. Una opción es aprovechar la temporada de devoluciones de impuestos para destinar parte o la totalidad del reembolso, que promedia USD 3.000, al pago de saldos pendientes.

El uso de fondos separados para gastos ocasionales, conocidos como “fondos sinking”, permite anticipar desembolsos estacionales o extraordinarios. Consiste en calcular los gastos previstos del año, dividirlos en 12 y depositar esa cantidad mensualmente, evitando así recurrir a la tarjeta para cubrir imprevistos.

Por otro lado, el método “snowball” para el pago de deudas prioriza saldar primero la tarjeta con menor saldo, lo que genera un incentivo psicológico positivo y refuerza el compromiso con el saneamiento financiero.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia ha exonerado una deuda de 73.595,53 euros a una vecina de Albal cuyo endeudamiento se originó tras el cierre de su negocio en 2012 y se agravó en 2024 a raíz de la DANA que afectó al edificio en el que reside. La resolución se enmarca en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad, que permite cancelar deudas a personas físicas en situación de insolvencia que actúan de buena fe.

El origen de las dificultades económicas se remonta a la etapa en la que la mujer decidió emprender un negocio de confección e instalación de cortinas. Para ponerlo en marcha solicitó varios préstamos, pero, tras un periodo inicial de actividad, en 2012 tuvo que cerrar debido a las pérdidas derivadas de la crisis económica. A esta situación se sumó un divorcio complejo, en el que su expareja se desentendió tanto del negocio como de las responsabilidades familiares. “Fue el inicio de un declive y un desastre”, recuerda.

Tras el cierre, tuvo que asumir las deudas pendientes y la totalidad de la hipoteca del piso donde vive, cuyo vencimiento se prolonga hasta 2046. Para poder mantener la vivienda solicitó ampliaciones hipotecarias y, durante años, afrontó en solitario los gastos de sus hijos, recurriendo a nuevos préstamos para cubrir necesidades básicas.

La Ley de Segunda Oportunidad

Pese a ello, afirma que siempre trató de cumplir con sus obligaciones. “Siempre intenté encontrar una solución a mis deudas y fui pagando, sobre todo a Hacienda y a la Seguridad Social. Contacté con varios abogados y me dijeron que pagara como pudiera. Fueron unos 13 años de auténtica penuria, muy duros. Suerte que siempre tuve trabajo, aunque con sueldos bajos, porque si no, no estaría aquí”.

En 2020 conoció la existencia de la Ley de la Segunda Oportunidad, pero varios despachos le indicaron que no podía acogerse al procedimiento al ser propietaria de una vivienda, aunque estuviera hipotecada. “Yo no quería dejar mi casa, porque no quería que mis hijos acabaran en la calle”, explica.

Un cáncer de riñón daños de la DANA

La situación se agravó en 2024, cuando fue diagnosticada de cáncer de riñón. Tras la intervención quirúrgica y un largo periodo de baja laboral, sus ingresos se redujeron de forma significativa, lo que le impidió seguir atendiendo los pagos.

Ese mismo año, la DANA del 29 de octubre provocó importantes daños en su edificio, especialmente en la planta baja y el aparcamiento. “La zona del párking se inundó y el agua permaneció unos dos meses. Es probable que la estructura requiera una importante reparación, lo que supondrá un gasto elevado, además del que ya hemos tenido que realizar para salir adelante”, relata. “Todo fue un desastre y las subvenciones están tardando en llegar, hay bloques con ascensores que no funcionan y edificios con estructuras apuntaladas”.

La abogada que ha llevado el caso, Marta Bergadà, subraya que la mujer “se encontraba en una situación de extrema delicadeza, pero siempre tuvo la intención de cumplir con sus obligaciones, pese a la presión constante de las deudas”. “Más de un año después, hay empresarios que no han podido reabrir sus negocios. A las pérdidas materiales se suma la carga financiera, que se convierte en una mochila insoportable”, añade.

El punto de inflexión llegó a finales de 2024, cuando la mujer decidió iniciar el procedimiento tras encontrar información en internet sobre casos similares. Durante la tramitación, soportó continuas llamadas de empresas de recobro y entidades financieras, que describe como “una auténtica pesadilla”.

Finalmente, el juzgado acordó la exoneración del pasivo pendiente. “Viví todo el procedimiento con mucha incertidumbre, porque nunca me había salido nada bien. Cuando me dijeron que la deuda había sido perdonada sentí un enorme alivio. Me he quitado un peso de encima, sobre todo por mis hijos. No quería que heredaran unas deudas que no eran suyas”, afirma. “Ahora veo el futuro diferente”.

Miles de pensionados que tienen descuentos automáticos en salud, comercios y servicios financieros, así como los trabajadores con créditos de libranza y pequeños comerciantes han enfrentado durante años la dificultad de cubrir sus gastos, con cobros constantes y salarios o mesadas que se agotan antes de finalizar el mes.

La normativa anterior los excluía del proceso de insolvencia, lo que impedía encontrar una salida legal para sus compromisos económicos. Aunque la situación cambió con la entrada en vigor de la Ley 2445 de 2025, que reformó el régimen de insolvencia para personas naturales y facilitó el acceso a este mecanismo.

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El resultado fue un crecimiento visible en aquellos que emplearon este mecanismo, pues en 2024, se reportaron 10.459 personas insolventes. En 2025, la cifra alcanzó 18.743, lo que representa el mayor incremento histórico. Y en el inicio de 2026, solo en enero, se presentaron 1.550 solicitudes, un 28% más que en el mismo mes del año anterior.

Sin embargo, la principal inquietud es si el beneficio aplica para cada caso y cómo iniciar el proceso, por lo que debe tener en cuenta que la insolvencia no opera de forma automática y tampoco exige trámites imposibles. Es necesario demostrar la imposibilidad de cumplir con las obligaciones y presentar documentación básica sobre la situación financiera.

El proceso requiere cinco pasos:

• Explicar los motivos de la incapacidad de pago.
• Listar todas las deudas pendientes.
• Informar los ingresos actuales
• Detallar los bienes registrados a nombre propio.
• Presentar una propuesta de pago acorde con la capacidad financiera real.

La solicitud debe presentarse ante un centro de conciliación autorizado o una notaría con conciliadores habilitados en insolvencia. Estos servicios suelen estar disponibles en cámaras de comercio, consultorios jurídicos universitarios y algunas notarías. No todos los lugares están avalados para este trámite, por lo que resulta fundamental verificar antes de acudir.

“Una vez se radica la solicitud, el conciliador revisa si todo está en orden. Si falta algo, da un plazo corto para corregirlo. Si se cumplen los requisitos, el proceso es admitido y el alivio se siente desde ese instante”, explicó Vanessa Méndez Farfán, abogada y asesora de deudores de Mendez y Mendez Abogados.

Según Méndez, desde el momento de la admisión se suspenden embargos de sueldos, honorarios y bienes, así como la congelación de cuentas bancarias.

En este punto, aquellos que cuentan con créditos de libranza (pensionados, docentes, militares o trabajadores con descuentos automáticos) pueden solicitar la suspensión de esos descuentos cuando existan otras deudas adicionales: “Esta decisión ya no depende del banco: es el empleador o el fondo de pensiones quien debe suspenderlos. Si no lo hacen, pueden estar obligados a devolver el dinero descontado”, aclaró.

Pequeños comerciantes: requisitos y oportunidades

Actualmente, pueden acogerse a la insolvencia quienes, aun teniendo negocio o matrícula mercantil, no poseen bienes por más de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (excluyendo vivienda y vehículo de uso personal). Este requisito se demuestra con los avalúos de los recibos de impuesto predial o del vehículo.

Desde la admisión, los pequeños comerciantes pueden frenar procesos de cobro, interrumpir demandas y detener embargos. En el caso de los vehículos, aquellos que no han sido inmovilizados, se puede suspender la captura, aunque si fue incautado antes del proceso, no aplica para la devolución.

Tiempos, costos y efectos sobre las deudas

• La revisión inicial suele tardar hasta tres días hábiles. Tras la admisión, la negociación con los acreedores puede extenderse hasta 60 días o más en casos complejos.
• Durante este periodo, las deudas se mantienen, pero pueden renegociarse en cuanto a plazos, cuotas y condiciones, de acuerdo con la capacidad real de pago.
• No existe una tarifa única para el proceso. Los costos varían según el centro de conciliación o la notaría. Desconfíe de promesas de soluciones inmediatas o gratuitas.
• El impacto en la vida crediticia es relevante para la decisión final. Acogerse a la insolvencia puede dificultar el acceso a nuevos créditos en el corto plazo, especialmente si no existe intención de pago. En cambio, quienes cumplen los acuerdos pueden reconstruir su historial financiero con el tiempo.
• Definir si este mecanismo es aplicable puede ser la diferencia entre perder ingresos mes a mes o recuperar el control de las finanzas personales.