Contar con un fondo de emergencia es la base para fortalecer la estabilidad financiera y evitar que un imprevisto desestabilice la economía familiar.

Un accidente, desastre natural, la pérdida de empleo o una urgencia médica pueden presentarse en cualquier momento y, sin un respaldo, obligar a recurrir a préstamos, vender bienes o adquirir deudas que ponen en riesgo los ingresos futuros.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sostiene que la mejor manera de enfrentar estas circunstancias es anticiparse y construir un fondo que permita solventar gastos inesperados sin comprometer el equilibrio financiero.

Un fondo de emergencia previene deudas y protege la estabilidad

El fondo de emergencia debe ser un recurso reservado exclusivamente para cubrir eventualidades que no pueden postergarse y que no están contempladas en el presupuesto mensual.

El INEGI demuestra que persisten diferencias importantes entre regiones y sectores de la población para el acceso a instrumentos de ahorro formal.

En zonas urbanas como la Ciudad de México, el porcentaje de personas con cuenta de ahorro formal es más alto que en regiones del sur del país.

Aunque más del 60% de la población reporta contar con algún instrumento de ahorro formal, los hombres tienen mayor acceso que las mujeres, con una diferencia de más de 9 puntos porcentuales

¿Cómo crear un fondo de ahorro? Recomendaciones de los expertos

La Condusef recomienda definir primero los gastos prioritarios y elaborar un presupuesto detallado, lo que permite calcular el monto ideal del fondo.

El fondo debe mantenerse en una cuenta separada, de bajo riesgo y fácil acceso, de preferencia en una institución financiera formal, de acuerdo con la Condusef.

Guardar el dinero fuera de las cuentas de uso diario ayuda a evitar que se gaste por error y asegura su disponibilidad cuando realmente se presenta una emergencia.

La institución aconseja elegir productos que permitan disponer del dinero de manera inmediata y sin penalizaciones.

Destinar periódicamente una parte del ingreso al fondo de emergencia es una práctica que brinda tranquilidad y previene la acumulación de deudas en caso de un imprevisto.

Incluso pequeñas aportaciones mensuales pueden, con el tiempo, convertirse en un respaldo suficiente para afrontar emergencias. La clave, subraya la Condusef, es la constancia más que la rapidez para alcanzar la meta.

Qué hacer si no se cuenta con un fondo de ahorro

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, elaborada por el INEGI, muestra que un 33,6% de la población nacional reporta no realizar ningún tipo de ahorro.

Para quienes aún no cuentan con un fondo de emergencia, la Condusef recomienda iniciar con metas pequeñas y alcanzables, ajustando el monto objetivo conforme se fortalezca el hábito de ahorrar.

El fondo debe usarse únicamente en situaciones que representen un verdadero riesgo para la estabilidad financiera, como una enfermedad grave, desempleo o reparaciones urgentes en el hogar.

Un fondo de emergencia es respaldo, no sustituto de ingresos

El fondo de emergencia no sustituye otras formas de ahorro ni reemplaza la planeación a largo plazo.

Su función principal es brindar un respiro temporal mientras se resuelve la contingencia.

Instituciones internacionales especializadas en apoyo financiero, como la Escuela de Graduados de Artes y Ciencias de Harvard, coinciden en que este tipo de fondos deben emplearse solo frente a circunstancias imprevistas que no pueden resolverse mediante créditos educativos, apoyos familiares o recursos personales.

La administración adecuada del fondo implica guardar comprobantes de los gastos y revisar periódicamente tanto el monto acumulado como las condiciones personales y familiares.

Si el fondo se utiliza, es fundamental reponerlo a la brevedad posible para mantener la protección financiera.

Mantener este respaldo puede marcar la diferencia entre la tranquilidad y la vulnerabilidad financiera ante cualquier eventualidad, de acuerdo con la Condusef.

El Gobierno nacional actualizó el listado de medicamentos, tratamientos y procedimientos que dejarán de ser financiados por las EPS en Colombia durante 2026, en medio de la creciente crisis que enfrenta el sistema de salud del país.

La medida quedó establecida en la Resolución 695 de 2026 del Ministerio de Salud, documento que consolidó más de 100 exclusiones dentro del Plan de Beneficios en Salud (PBS).

La decisión se conoce en un momento de máxima tensión para hospitales, clínicas y usuarios, debido a los problemas financieros que atraviesan varias EPS y centros médicos del país.

La actualización incluye medicamentos para la caída del cabello, tratamientos articulares, terapias alternativas y múltiples procedimientos estéticos que ya no serán entregados con recursos públicos.

Entre los medicamentos que quedaron excluidos aparece el minoxidil, utilizado principalmente para tratar la alopecia o caída del cabello. También fue retirada la diacereína, usada en algunos tratamientos contra la osteoartritis y enfermedades articulares, según información conocida por Revista Semana.

El Ministerio de Salud también mantuvo restricciones para ciertos medicamentos que solo podrán utilizarse bajo condiciones clínicas específicas y con criterios médicos determinados.

Dentro de ese grupo aparecen combinaciones de acetaminofén con codeína o hidrocodona, algunos usos del diazepam y tratamientos con erlotinib cuando no exista una mutación específica diagnosticada.

La resolución además ratificó que las EPS no financiarán procedimientos con fines exclusivamente estéticos o cosméticos, salvo que exista una necesidad médica comprobada.

En la lista de exclusiones se encuentran procedimientos como liposucción, rinoplastia estética, lifting facial, mamoplastia de aumento, gluteoplastia, bichectomía y rejuvenecimiento vaginal.

También quedaron por fuera diferentes intervenciones de modificación corporal realizadas únicamente con fines estéticos.

La medida igualmente afecta tratamientos de fertilidad como la fecundación in vitro y la inseminación artificial, procedimientos que desde hace varios años han generado discusiones dentro del sistema de salud colombiano.

Otra de las decisiones que más ha generado controversia es la exclusión de terapias alternativas que no cuentan con suficiente respaldo científico.

Dentro de las prácticas que ya no serán cubiertas por las EPS aparecen la ozonoterapia, aromaterapia, delfinoterapia, psicomagia y otros tratamientos similares.

El documento también excluye productos considerados cosméticos o de uso personal, entre ellos cremas hidratantes, gel antibacterial, pañitos húmedos y algunos suplementos dietarios.

Según explicó el Ministerio de Salud, el objetivo principal de estas medidas es concentrar los recursos públicos en tratamientos prioritarios, tecnologías médicas con evidencia científica y procedimientos considerados esenciales para la vida de los pacientes.

La actualización ocurre mientras distintas clínicas y hospitales advierten sobre una grave crisis financiera derivada de retrasos en pagos por parte de las EPS.

En Bogotá, varias instituciones médicas ya comenzaron a reducir servicios y capacidad hospitalaria debido a las dificultades económicas que enfrenta el sector salud.

Uno de los casos más críticos es el de la Clínica Juan N. Corpas, que recientemente confirmó que opera con solo cuatro camas UCI disponibles tras la renuncia de parte de su personal especializado.

A eso se suma el cierre de varias sedes de la Clínica Medical y la suspensión de algunos servicios especializados, incluidos tratamientos oncológicos y procedimientos de alta complejidad.

El panorama ha generado preocupación entre pacientes y trabajadores del sistema de salud, quienes advierten que las restricciones financieras podrían seguir impactando la atención médica en diferentes regiones del país.

La Resolución 695 de 2026 se convierte así en una de las medidas más relevantes dentro de la discusión sobre la sostenibilidad del sistema de salud colombiano y el futuro de las EPS.

Mientras tanto, sectores médicos y asociaciones de pacientes continúan alertando sobre el riesgo de nuevas limitaciones en el acceso a tratamientos y servicios especializados si la crisis financiera del sector continúa agravándose durante los próximos meses.

En el intercambio con el equipo, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Daicich explicó: “Lo que está teniendo la familia es un problema de solvencia y ese, ese problema de solvencia sí, claramente es estructural y por eso, aun refinanciando los bancos o tomando una nueva deuda para pagar, estás en una encerrona en el cual no podés salir”.

La explosión de la morosidad y el ciclo de exclusión financiera

Según el informe presentado en el programa, la situación de mora es la más grave de los últimos 25 años en Argentina. Matías Barbería detalló que “deudores zombis es un apodo que tiene que ver con los que dejan de pagar algún préstamo, estando en la base de la pirámide y en base a eso se quedan afuera por varios años de la posibilidad de tener crédito”.

El especialista subrayó que, de acuerdo a los sistemas de scoring y buró de crédito, quienes caen en mora pueden quedar excluidos del sistema financiero entre tres y cinco años.

Daicich aportó que “una vez que uno sale del sistema en este tipo de... con el scoring que te hace tanto una fintech como un banco, uno tarda mucho tiempo en volver al sistema”.

Remarcó que, para las familias que hoy quedan fuera del circuito, “no es una elección: lo que está teniendo la familia es un problema de solvencia” y advirtió que la mayor parte de la deuda en mora corresponde a montos pequeños pero extendidos en miles de personas.

Gonzalo Aziz precisó que “el 11% de la mora está en el sistema bancario y en el sistema no bancario está en el 30. Es dato objetivo”. Mica Mendelevich puntualizó que “estamos hablando de deudas bajas”, a lo que Daicich respondió: “La mayor parte, este, de trabajo lo hizo el Centro de Estudios Económicos de el Banco Provincia, con tres meses de atraso. Estaba calculando, hasta el 70% estaban en créditos de abajo del millón y medio. Es muy micro, es muy micro. Son mucha gente”.

Factores que empujan la crisis: caída del ingreso y política monetaria

Daicich atribuyó el aumento de la morosidad a la combinación de pérdida del poder adquisitivo y cambios en la política monetaria: “Desde 2024 hubo una caída del salario real importante, que aún el día de hoy, sobre todo en algunos trabajadores formales, en el caso de los trabajadores del sector público, se nota que no han recuperado todavía los niveles de noviembre del 2023”.

“El problema es que se conjugó esa cultura que veníamos teniendo, pero con tasas que no fueron a la baja del mismo modo que la inflación fue bajando, pero sí tuviste una caída importante del salario real”, detalló.

El resultado es una “bola de nieve” de deuda donde muchas familias piden créditos para pagar otros créditos y quedan atrapadas en un ciclo sin salida. Barbería añadió que “todas las condiciones se combinaron. No hay un responsable que: ‘Che, tomaste mal el crédito, diste demasiado crédito’. Fueron todas las condiciones que se combinaron. Y como dice ella, sin una mejora en el ingreso, y yo agrego, además una baja de tasa de refinanciación, porque a esta tasa no vas a refinanciar a nadie”.

Educación financiera, regulación y la urgencia de políticas públicas

El equipo del programa puso el foco en la facilidad de acceso al crédito a través de fintech y billeteras virtuales, que presentan mayores tasas de mora y menor regulación. Daicich señaló: “En este momento, si miramos nuestras cuentas… yo puedo pedir muy poco de lo que tengo, porque no funciona lo que yo conozco”, y advirtió sobre la importancia de conocer el costo financiero total y la tasa real de los créditos.

Aziz insistió en la dimensión estructural del fenómeno: “No se salvó nadie. Está bien bancos... Esto es estructural”. Daicich coincidió: “Si la actividad económica no repunta, la gente no tiene trabajo y no tiene salarios acorde o tiene tres trabajos, pero aun con tres trabajos no llega a fin de mes, va a ser muy difícil, porque ninguna, en el fondo lo financiero te termina asfixiando”.

Sobre el final del debate, se analizaron propuestas como la implementación de una política pública similar al programa “Desenrolar” en Brasil, que permite refinanciar deudas a tasas bajas, y la necesidad de que el Estado incentive el desendeudamiento y la regulación del sector.

Daicich concluyó: “Me parece que lo interesante acá es que un poco los bancos, puertas adentro lo están haciendo, empezaron una baja de tasa más abrupta para estos clientes que se dan cuenta que no pueden pagar. Pero de base es que los salarios tienen que recuperar su poder adquisitivo para poder salir de este loop en el cual no tenés un problema financiero, tenés un problema económico”.

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Viajar a Estados Unidos implica una revisión exhaustiva más allá de la aprobación de la visa y la presentación de documentos en regla. Las autoridades estadounidenses, incluidas agencias como el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Estado, pueden imponer restricciones al uso del pasaporte en casos de deudas fiscales, problemas judiciales o inconsistencias documentales que comprometan la validez o autenticidad de la identificación presentada.

Conforme a la información oficial, una de las razones más frecuentes para que el Departamento de Estado limite el pasaporte a nacionales, incluidos quienes cuentan con doble nacionalidad estadounidense y colombiana, se vincula a la acumulación de deudas tributarias catalogadas como “seriamente morosas”.

En estos casos, el IRS puede reportar al contribuyente ante el Departamento de Estado, lo que provoca la inmediata negativa a expedir un nuevo pasaporte o a renovar el vigente. Incluso cuando el deudor se encuentra fuera del país, solo tendría acceso a un documento temporal cuya única finalidad es autorizar el regreso a territorio estadounidense.

El procedimiento ocurre específicamente cuando, junto con la deuda federal, existen procesos activos de cobro —como embargos o gravámenes— contra la persona señalada. La propia agencia federal del gobierno de Estados Unidos aclaró que esta medida no recae sobre todos los contribuyentes con obligaciones pendientes: quedan excluidos quienes mantienen acuerdos de pago vigentes, atraviesan procesos de negociación o cuentan con recursos legales reconocidos que suspenden temporalmente la restricción.

En respuesta a las dudas frecuentes de los viajeros frente a una posible retención del pasaporte, las limitaciones pueden aplicarse a ciudadanos estadounidenses con doble nacionalidad o residencia, persistan o no fuera del país, y afectan tanto el trámite de renovación como la primera expedición del pasaporte. Esta política también considera casos de manutención infantil impaga: la ley federal establece la barrera en deudas superiores a USD 2.500 lo que equivale a $9.325.300; quien supere ese monto se expone a la negativa de trámites de pasaporte hasta regularizar su situación.

Las restricciones documentales no se limitan al ámbito fiscal. Según el Departamento de Estado, también se cancela o restringe el pasaporte si existen antecedentes por fraude, uso de documentos falsificados o delitos federales relacionados con la identidad. Las autoridades estadounidenses pueden revocar de inmediato el documento a quienes intenten alterar datos en la tramitación, modificar registros oficiales o emplear identidades falsas.

El estado físico del pasaporte puede determinar la entrada o rechazo en el control migratorio

La validez del pasaporte no depende solo de la situación judicial o fiscal de su titular. Un documento deteriorado, con páginas sueltas, manchas que impidan la lectura, perforaciones, roturas visibles o cualquier alteración que genere dudas sobre su autenticidad, puede considerarse inválido por los funcionarios de migración.

Según las autoridades estadounidenses, el pasaporte será rechazado si el deterioro impide verificar la información personal o el carácter genuino del documento. No obstante, fuentes oficiales precisaron al medio que signos normales de uso, como pequeños dobleces o ligero desgaste, no provocan restricciones si los datos permanecen legibles e íntegros.

La precisión de estos procedimientos busca garantizar la seguridad del sistema migratorio estadounidense y el adecuado cumplimiento de las políticas federales en materia tributaria y judicial. Cada situación, desde la deuda fiscal hasta la manipulación o el mal estado material del documento, puede derivar en restricciones inmediatas sobre la expedición y el uso del pasaporte para ingresar a Estados Unidos, con consecuencias puntuales que pueden limitar el derecho a la movilidad internacional.

Colombianos en riesgo de deportación en Estados Unidos

La administración de Donald Trump impulsó en las últimas semanas una ofensiva judicial y política orientada a debilitar de manera sostenida las garantías que ofrece el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca) a más de medio millón de jóvenes inmigrantes en Estados Unidos, una estrategia que busca aumentar la presión sobre los llamados dreamers hasta hacerles inviable la permanencia en el país.

La determinación de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) —tribunal vinculado al Departamento de Justicia— marca un cambio sustancial en la protección judicial de este colectivo. El organismo estableció que el solo hecho de beneficiarse de Daca no puede utilizarse, en adelante, como argumento suficiente para cerrar un proceso de deportación, como ilustró el caso de la activista Catalina Santiago.

Este precedente, si bien no conlleva una expulsión automática, permite que se reabran o reconsideren numerosos expedientes de jóvenes amparados por el programa, generando incertidumbre para alrededor de 525.000 personas, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Una estimación del Instituto para la Política Migratoria (MPI) reporta que entre 3.000 y 3.500 colombianos se encuentran entre los actuales beneficiarios.

Cuando una persona fallece en México, las deudas no desaparecen automáticamente. Según la legislación vigente y organismos como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las obligaciones pendientes se integran a la masa hereditaria.

Eso significa que, antes de repartir los bienes, el patrimonio del fallecido debe usarse para saldar esas deudas.

Los herederos no están obligados a cubrir los adeudos con su propio dinero, salvo que hayan firmado como avales o coacreditados en algún contrato específico.

Heredar también significa heredar las deudas: lo que nadie te dice antes de aceptar

El Código Civil Federal señala que la herencia incluye tanto bienes como derechos y obligaciones que no se extingan con la muerte.

El artículo 1284 limita la responsabilidad de los herederos hasta donde alcance el patrimonio heredado.

Los acreedores tienen prioridad para ser pagados con los bienes de la sucesión, y solo el remanente, si lo hay, se entrega a los beneficiarios.

Si los bienes no alcanzan todas las deudas, los acreedores solo pueden cobrar hasta el monto disponible.

Nadie está obligado a pagar con recursos propios, a menos que exista responsabilidad solidaria o se trate de un cónyuge con créditos mancomunados.

Deudas bancarias y productos financieros

Las tarjetas de crédito y muchos créditos bancarios suelen estar protegidos por un seguro de vida o de saldo deudor. Si el seguro está vigente y los pagos al corriente, la aseguradora liquida el saldo pendiente tras el fallecimiento.

En caso de no existir seguro, el banco puede reclamar el pago a la sucesión, es decir, al patrimonio heredado. Es fundamental que los familiares notifiquen de inmediato a la institución financiera y presenten el acta de defunción para activar la cobertura.

En los créditos hipotecarios, la ley también requiere la existencia de un seguro de vida que, al activarse, libera el inmueble del gravamen.

Si el fallecido estaba atrasado en pagos, la aseguradora puede negar la cobertura dependiendo de las condiciones pactadas.

En créditos compartidos, como los hipotecarios conyugales, el seguro solo cubre la parte correspondiente al titular fallecido; el sobreviviente debe seguir pagando su proporción.

Créditos personales, automotrices y departamentales

Para los préstamos personales y automotrices, la existencia de un seguro depende de cada contrato. Cuando el seguro está incluido y vigente, la aseguradora paga el saldo pendiente.

Si no hay seguro, la deuda pasa a la masa hereditaria y puede pagarse con la venta de bienes, incluido el automóvil financiado. En créditos departamentales, el contrato mercantil y el Código de Comercio regulan la obligación.

Deudas fiscales y obligaciones con el SAT

Las deudas fiscales tampoco se extinguen con la muerte. El Código Fiscal de la Federación obliga a que el albacea o representante de la sucesión cubra los adeudos tributarios con los bienes del fallecido.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede ejercer embargo o remate de bienes heredados para recuperar créditos fiscales pendientes.

Si los bienes no son suficientes, la autoridad solo puede cobrar hasta donde alcance el patrimonio.

Procedimiento sucesorio y pago de deudas

El proceso de sucesión obliga al albacea a inventariar los bienes, identificar las deudas y pagar las obligaciones antes de repartir la herencia.

La documentación clave, como el acta de defunción, debe presentarse a las instituciones correspondientes.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomiendan buscar asesoría legal si existen dudas sobre la validez de los seguros o la distribución de responsabilidades.

Excepciones y casos particulares

Si alguien firmó como aval, deudor solidario o coacreditado, puede ser requerido para cubrir la deuda en su totalidad. En créditos mancomunados, el cónyuge sobreviviente debe asumir su parte proporcional.

Los contratos y pólizas de seguro deben revisarse cuidadosamente para identificar exclusiones o límites de cobertura.

En conclusión, en México, los herederos solo responden por las deudas del fallecido hasta el valor de los bienes heredados; nunca con su propio patrimonio personal, excepto en casos de garantía solidaria o coacreditación.

La clave es notificar a las instituciones, revisar la existencia de seguros y cumplir con el proceso sucesorio legal antes de adjudicar bienes.

El cese de operaciones de Spirit Airlines en la madrugada del sábado 2 de mayo de 2026 dejó a miles de personas varadas y sin respuestas en el aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood y otros destinos internacionales, según reportó Miami Herald.

La medida, adoptada por motivos de seguridad y serias dificultades financieras, tomó por sorpresa tanto a pasajeros como a cerca de 17.000 empleados, quienes se enteraron de la decisión pocas horas antes del cierre total.

De acuerdo con documentos judiciales citados por CBS News, la paralización se ejecutó a las 3:00 de la madrugada para asegurar que ninguna aeronave quedara en vuelo y que las tripulaciones pudieran regresar a sus bases.

Nikki Young, una de las pasajeras afectadas, relató al Miami Herald que se encontraba en un crucero por las Bahamas cuando supo que su vuelo había sido cancelado.

“En medio del océano, nos enteramos de que cancelaron todos los vuelos. No hubo absolutamente ninguna comunicación”, afirmó. Young, además, perdió la pista de su equipaje facturado a través de Spirit.

Otro pasajero, Fred Michel, contó que tuvo que gastar USD 400 adicionales por persona para poder regresar desde República Dominicana, sin garantías de reembolso.

Impacto laboral y financiero en la aerolínea

El cierre de Spirit Airlines dejó a miles de empleados en la incertidumbre. Oral Blackstone, supervisor de rampa con casi 20 años en la compañía, expresó: “Me fui sin recibir nada, ni explicaciones ni pago”, tras abandonar el aeropuerto con sus pertenencias, según el Miami Herald.

La empresa, que acumuló pérdidas de más de USD 2.500 millones desde la pandemia, también enfrentaba una deuda superior a USD 8.100 millones y dos declaraciones de bancarrota en los últimos dos años, de acuerdo con el Los Angeles Times.

El aumento en el precio del combustible, impulsado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, agravó la crisis financiera de la aerolínea.

El fracaso del rescate estatal y el cierre definitivo de Spirit Airlines

A esto se sumaron el fracaso de un rescate estatal de USD 500 millones y la frustrada fusión con JetBlue, bloqueada por autoridades regulatorias en 2023. Estas circunstancias dejaron a Spirit sin alternativas viables para continuar con sus operaciones.

El último vuelo de la compañía aterrizó en Dallas Fort Worth procedente de Detroit en la madrugada del sábado, marcando el fin de una era para la aerolínea de bajo costo.

Mientras tanto, cientos de empleados se congregaron frente a la sede corporativa en Dania Beach, a la espera de definiciones sobre su futuro laboral. La empresa informó que trabaja en la relocalización de tripulaciones y que otras aerolíneas abrieron procesos de contratación preferenciales para su personal desplazado.

Reacción de la industria y orientación a pasajeros

Frente a la magnitud del impacto, aerolíneas como American, Delta, JetBlue, Southwest y United anunciaron la disponibilidad de “rescue fares” o tarifas de rescate para los pasajeros afectados, según el Miami Herald. American Airlines implementó topes de precios en rutas compartidas para evitar aumentos abusivos.

Por su parte, JetBlue comunicó la apertura de 11 nuevas rutas y 27 salidas adicionales desde Fort Lauderdale-Hollywood, junto con la equiparación de estatus de lealtad para los miembros Gold y Silver de Spirit.

Las autoridades estadounidenses recomendaron a los pasajeros no presentarse en los aeropuertos, ya que los mostradores de Spirit Airlines permanecen cerrados y no hay atención presencial ni telefónica.

El Departamento de Transporte recordó que quienes hayan comprado boletos directamente a la aerolínea podrán solicitar reembolsos, mientras que aquellos que lo hicieron a través de agencias deberán gestionarlo con esos intermediarios.

El cierre abrupto, la falta de comunicación y la escala de las cancelaciones generaron críticas en la opinión pública y reavivaron el debate sobre la política de rescate a compañías en crisis y la regulación del sector aéreo en Estados Unidos.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentó un programa de renegociación de deudas, denominado “Novo Desenrola Brasil”, que establece límites de tasa de interés del 1,99%, descuentos de entre el 30 y el 90%, y autoriza el uso de hasta el 20% del Fondo de Indemnización por Despido para el pago de deudas. La medida, enmarcada en las acciones por el Día del Trabajador y en un año electoral, busca aliviar la carga financiera sobre los trabajadores.

“Los brasileños tendrán tasas de interés más bajas, con un máximo del 1,99% y descuentos del 30% al 90% sobre el monto de la deuda. De esta manera, tendrán una cuota mucho menor y más tiempo para pagar su deuda”, aseguró el jefe de Estado.

El "Nuevo Desenrola Brasil“ permitirá a las familias brasileñas renegociar diferentes tipos de deudas, como tarjetas de crédito o préstamos personales, con condiciones preferenciales.

El beneficio está dirigido a trabajadores y familias con ingresos mensuales de hasta cinco salarios mínimos, unos 8.105 reales, e incluye a quienes mantienen deudas educativas. Además, contempla la prohibición temporal de acceder a plataformas de apuestas en línea para quienes participen del programa.

Condiciones y alcances del programa

El plan permitirá renegociar deudas vinculadas a tarjetas de crédito, sobregiros, préstamos personales, créditos educativos y créditos de consumo directo. Los interesados podrán acceder a descuentos de hasta el 90% sobre el monto original, con un tope máximo de interés del 1,99%.

Los beneficiarios podrán utilizar hasta el 20% del saldo de su Fondo de Garantía (Fondo de Indemnización por Despido) para pagar sus deudas, un monto que, según el ministro del Trabajo y Empleo Luiz Marinho, podría liberar más de 4.500 millones de reales. El límite total autorizado para estos retiros es de 8.000 millones de reales. Sin embargo, el Gobierno no prevé alcanzar dicho valor máximo.

El programa incluye la renegociación de saldos pendientes del Fondo de Financiación Estudiantil, facilitando a jóvenes el acceso a condiciones más favorables para saldar sus obligaciones.

El Gobierno prevé implementarlo mediante una medida provisional, de modo que tenga validez legal inmediata mientras el Congreso discute el texto definitivo.

Restricciones para apuestas en línea

Una particularidad del "Novo Desenrola Brasil“ es la restricción que se aplica a quienes se adhieran a la renegociación: quedarán bloqueados durante un año de todas las plataformas de apuestas en línea.

De acuerdo con el ministro de Hacienda, Dario Durigan, el objetivo es “evitar nuevos ciclos de endeudamiento” entre los beneficiarios, una preocupación creciente en la economía brasileña.

El Ejecutivo fundamentó esta decisión en el aumento de gastos ligados a las apuestas digitales, un factor que contribuyó al endeudamiento de numerosos hogares.

En su discurso, Lula afirmó que la medida busca proteger a las familias para que, después de beneficiarse de la renegociación, no vuelvan a caer en insolvencia por el uso excesivo de estos servicios.

Hasta el momento, el Gobierno no especificó si la restricción entrará en vigor inmediatamente o si existirá un periodo de transición tras la puesta en marcha del programa.

Contexto político del anuncio

El anuncio ocurrió en un año clave para la política brasileña, con Lula da Silva aspirando a un nuevo mandato en los comicios del próximo 4 de octubre.

El presidente señaló avances como la reducción del desempleo y la moderación de la inflación, aunque reconoció desafíos pendientes para mejorar la calidad de vida de la población.

Durante su mensaje, también presentó propuestas complementarias, como reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y garantizar la preservación del salario, dirigidas a mejorar las condiciones de los trabajadores.

En el plano electoral, el anuncio coincide con encuestas que señalan un empate técnico entre Lula y Flávio Bolsonaro, hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro, en las intenciones de voto.

La activación oficial del programa se realizará el próximo lunes, cuando las condiciones especiales de renegociación estarán disponibles para los hogares alcanzados por el endeudamiento.

El fallecimiento de una persona en México no elimina de manera automática sus deudas con bancos o instituciones financieras. Los beneficiarios y familiares pueden enfrentar el pago de ciertos créditos, pero la decisión final depende del tipo de servicio contratado y de las reglas legales específicas que aplican a cada caso, según información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reseñada por Colprensa.

Herederos no están obligados a liquidar todas las deudas del fallecido

La ley mexicana no fuerza a los herederos a pagar las deudas de quien fallece, salvo en situaciones particulares como ser el cónyuge o albacea designado. De acuerdo con la Condusef, la mayoría de los beneficiarios no asume la responsabilidad legal, salvo que exista una obligación directa o sean solidarios en el contrato. Cuando hay deudas pendientes, las instituciones pueden utilizar el patrimonio del difunto –conocido como masa hereditaria– para saldarlas antes de entregar el resto de los bienes a los herederos.

Las deudas con tarjetas de crédito e hipotecas suelen estar cubiertas por seguros de vida. Estos seguros pagan el saldo insoluto al momento del fallecimiento, pero solo aplican si los pagos estaban al corriente y no hay atrasos mayores a tres meses. Si se hicieron cargos a la tarjeta tras la muerte del titular o hay retrasos significativos, el seguro puede no cubrir el adeudo. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detalla que los titulares de tarjetas adicionales no están obligados a responder por el saldo pendiente tras el deceso original.

Créditos hipotecarios, automotrices y la importancia del seguro de vida

En créditos como el hipotecario, el seguro de vida suele liberar a los beneficiarios de seguir pagando el préstamo, siempre y cuando el difunto cumplía con los pagos al día. Antes de aplicar ese beneficio, los herederos deben ponerse al corriente si hay mensualidades pendientes. Estos seguros cubren decesos por enfermedad o accidente posteriores a la contratación, aunque tienen restricciones específicas para casos de suicidio.

En créditos conyugales, como los ofrecidos por Infonavit o Fovissste, el seguro liquida solo la parte proporcional correspondiente al titular fallecido. Por ejemplo, si ambos participaban al 50 %, la deuda por el 50 % restante seguirá vigente y el cónyuge sobreviviente debe cubrirla conforme a lo pactado.

Los créditos automotrices también integran seguros de vida que saldan la deuda en caso de muerte, siempre y cuando la póliza esté activa y los pagos al corriente. Es indispensable notificar lo más pronto posible a la institución financiera y a la aseguradora para iniciar el proceso de cancelación de adeudos. Durante el trámite, las mensualidades deben seguirse pagando hasta que la aseguradora liquide el saldo pendiente.

La masa hereditaria como base para pagar pasivos pendientes

Jesús David Chávez Ugalde, director de Análisis y Estadísticas de Servicios y Productos Financieros, explicó a un medio especializado que cuando no hay un seguro de vida o protección similar, el pago de la deuda se cubre con los bienes del difunto. Las deudas forman parte de la masa hereditaria y deben descontarse del patrimonio antes de repartir entre los beneficiarios.

La masa hereditaria es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que conformaban el patrimonio del fallecido. Si los activos son insuficientes, los acreedores solo pueden cobrar hasta el monto disponible, sin exigir el saldo pendiente a los herederos.

Procedimientos para tramitar la liquidación de deudas tras la muerte

Para activar los seguros y liberar a los beneficiarios de la deuda, el paso inicial es notificar a la institución financiera y a la compañía de seguros sobre el fallecimiento. Los familiares deben presentar los documentos requeridos y mantenerse atentos a los términos de la póliza. No informar oportunamente puede retrasar el cierre de la cuenta o provocar cobros indebidos.

Revisar si el difunto tenía un seguro de vida asociado al crédito es clave para evitar que la carga económica recaiga sobre los herederos. De acuerdo con la Condusef y la Profeco, buscar asesoría legal es recomendable ante cualquier duda sobre la validez del seguro o la distribución de responsabilidades.

Restricciones y escenarios concretos según el tipo de crédito

El seguro de vida de tarjetas de crédito solo cubre el saldo hasta el día del fallecimiento y no incluye compras posteriores hechas con tarjetas adicionales. En hipotecas, las pólizas excluyen algunas causas particulares, como el suicidio. Los familiares que sean beneficiarios en créditos conyugales deben cubrir su parte restante si uno de los titulares fallece.

Contratar un seguro de vida asociado a los créditos es una medida preventiva que facilita la protección del patrimonio familiar y evita conflictos legales tras el deceso de un titular. La Condusef recomienda actuar con prontitud y solicitar apoyo en caso de controversia.

El episodio, registrado en video y divulgado por medios estadounidenses, involucró a la empresa Express Rental Dumpster y a los ocupantes de una residencia que habían contratado el servicio durante una mudanza.

Según relató Martin Perez, propietario de la compañía, a Fox News, la tarjeta de crédito facilitada por los clientes fue rechazada varias veces, pese a que los ocupantes prometieron en distintas ocasiones regularizar la situación.

“Siempre dicen ‘voy a pagar más tarde, voy a pagar más tarde’, pero nunca cumplen. O dicen ‘voy a cargar la tarjeta’ para que puedas cobrar, y no sucede. El lunes intentamos de nuevo. Llamamos y nos respondieron: ‘Se me olvidó’”, explicó Perez a la cadena local KTVU.

La situación financiera de Express Rental Dumpster se agravó por la negativa del pago. De acuerdo con lo informado por Fox News, trasladar los residuos a un vertedero autorizado hubiera implicado un desembolso adicional de aproximadamente USD 1.000 debido a la inclusión de electrodomésticos y materiales sujetos a tarifas especiales.

Esta circunstancia influyó directamente en la decisión de la empresa de devolver los residuos al domicilio, según subrayó Perez en declaraciones publicadas por KTVU.

El video viral, el rol policial y el desenlace administrativo

Las imágenes captadas por una cámara Ring instalada en el acceso a la vivienda muestran cómo el conductor del camión de Express Rental Dumpster dialoga fuera de plano con una persona antes de abrir la compuerta posterior y permitir que parte de la basura caiga sobre el jardín.

Luego, el operario maniobra el vehículo marcha atrás y descarga la totalidad del contenido en el área verde, a la vista de los vecinos. Durante la maniobra, un hombre sale de la residencia y lanza insultos en español hacia el conductor, según informó Fox News.

El incidente generó la intervención de la policía de San Pablo, que acudió al lugar y observó la descarga de residuos. De acuerdo con SFist, los agentes determinaron que la acción no configuraba un delito penal y derivaron el caso al área de control de códigos municipales (city code enforcement).

Los funcionarios exigieron al conductor que retirara los restos de la acera y los depositara íntegramente dentro de los límites de la propiedad privada. Según reportó KTVU, la controversia respecto al pago de la deuda persistía, con la versión de la propietaria que aseguraba haber abonado los USD 700, mientras que la empresa sostenía lo contrario.

Impacto en la comunidad y situación actual

La acumulación de basura en el césped provocó incomodidad entre los residentes del barrio. Vecinos y recicladores revisaron los residuos en busca de objetos de valor antes de que un habitante optara por cubrir la pila para evitar que se dispersara, según relató Fox News.

SFist indicó que la comunidad expresó su preocupación por la permanencia de los desechos durante más de una semana, hecho que generó malestar y debate local.

Actualmente, la oficina de control de códigos municipales de San Pablo analiza el expediente para determinar los pasos administrativos e imponer, si corresponde, sanciones relacionadas con la limpieza del terreno.

SFist precisó que la responsabilidad final de saneamiento recae sobre el dueño actual del inmueble, dado que los ocupantes previos ya se habían mudado antes del episodio.

La investigación penal se descartó y la controversia permanece en el ámbito administrativo, sin resolución pública sobre el pago reclamado por Express Rental Dumpster.

El Gobierno alcanzó un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, tras la aprobación del Directorio, habilitará el desembolso pendiente de 1.000 millones de dólares. Un punto relevante del entendimiento es la reducción de la meta fiscal para este año, que pasó del 2,2% al 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB). Este ajuste representa un alivio por parte del organismo internacional en un contexto de caída en la recaudación y de demandas de distintos sectores por deudas con el Ministerio de Economía.

El staff del FMI resaltó que el saldo de caja cero seguirá siendo el eje central del programa, en consonancia con el superávit primario del 1,4% del PIB para 2026. El organismo internacional comunicó que esta política se apoya en un control del gasto riguroso y continuo, al tiempo que deja espacio para la ayuda social focalizada. Además, la expectativa oficial es que las reformas en los marcos tributario, previsional y fiscal refuercen este anclaje. Con la publicación de este documento, la entidad presidida por Kristalina Georgieva reveló que en las negociaciones con Economía se consensuó bajar la meta fiscal en 0,8 puntos porcentuales (p.p.) en comparación con la primera revisión.

“Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, tras la difusión del acuerdo.

En febrero, el Sector Público Nacional (SPN) alcanzó un resultado financiero de $144.421 millones, con un resultado primario de $1.410.640 millones y pagos de intereses de deuda pública por 1.266.218 millones de pesos. Así, en los primeros dos meses del año, el SPN acumuló un superávit financiero cercano a 0,1% del PIB y un superávit primario aproximado de 0,4% del PIB.

Pero el dato está en que el resultado fiscal superavitario en los primeros dos meses se logró a pesar de la caída de la recaudación. En el acumulado de enero-marzo, los ingresos tributarios tuvieron una baja de 7,5%, lo que sumó presión sobre las cuentas públicas y condicionó la capacidad del Estado para sostener el sendero de superávit. En las últimas semanas surgieron cuestionamientos a la manera en que Economía logra el resultado positivo en las cuentas públicas: se conocieron reclamos de diferentes sectores por deudas pendientes, como por ejemplo las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) o los prestadores de PAMI.

La directora de la consultora C&T Asesores Económicos, María Castiglioni, analizó el cambio en la meta fiscal y señaló que el 2,2% acordado en la primera revisión del programa siempre le resultó llamativo. “El Presupuesto es acorde con la nueva meta de 1,4% de superávit primario; es lógico, tiene sentido en un contexto en donde estás bajando impuestos. Incrementar el superávit primario a 2,2% era excesivo y muy complicado de sostener”, destacó en diálogo con Infobae.

No obstante, hay quienes consideran que, aun con el recorte, la meta sigue siendo ambiciosa. “1,4% hoy luce desafiante también; el año pasado lo lograste creciendo al 4,4%, este año el mismo FMI bajó el crecimiento a 3,5 por ciento. Tienes que bajar fuertes subsidios. ¿Cómo haces con la inflación arriba del 2,5% y el mercado interno por el piso?”, planteó un analista en off the record. Es que luego de que la inflación se ubicara en 3,4% en marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que a partir de abril se vienen “los mejores 18 meses de las últimas dos décadas”, con una desaceleración de la inflación y un repunte de la actividad económica.

Para Claudio Caprarulo, director de Analytica, los cambios en las proyecciones que se desprenden del comunicado “ponen metas más factibles de cumplir este año”. “De todas formas, la dinámica del primer trimestre da cuenta que también en el plano fiscal repetir el superávit primario del año pasado será un desafío. Entre otras cosas, por la necesidad de reducir subsidios en un contexto de aceleración de la inflación y caída del salario real”, sumó el economista.

Este jueves, el Ministerio de Economía debería publicar cuál fue el resultado del Sector Público Nacional (SPN) en marzo. Si bien no debería haber mayores problemas en lograr un saldo positivo, los inconvenientes podrían llegar a surgir en los próximos meses, tanto por los pagos de deuda que se realizaron a las empresas de colectivos ($50.000 millones) como también a los prestadores del PAMI ($150.000 millones).

Desembolso pendiente

Según pudo saber Infobae con fuentes del Ministerio de Economía, el desembolso de USD 1.000 millones calculan que impactaría en las reservas del Banco Central de la República de Argentina (BCRA) en mayo. Aunque los tiempos ya no dependen del Gobierno, sino de la burocracia del organismo internacional.

“Es importante destacar que las mejoras en el marco monetario y cambiario están generando un aumento en las reservas, con compras de divisas del banco central que superan los USD 5.500 millones en lo que va del año", destacaron en el comunicado el staff del FMI. Es que a menos de cuatro meses del inicio de la “Fase 4″ del programa, la entidad que conduce Santiago Bausili logró cumplir el 58% de la meta de este año (USD 10.000 millones).

En tal sentido, el acuerdo con el Fondo determina que “las reservas internacionales netas aumentarán en al menos 8.000 millones de dólares en 2026”, impulsadas por “la movilización de financiamiento en moneda extranjera y compras sostenidas de divisas por el banco central, por un mínimo de 10.000 millones este año”.

Pese a que el BCRA retomó las compras de divisas este año, volvió a enfrentar dificultades para acumular reservas por los vencimientos de deuda del Tesoro. Tras la adquisición de USD 128 millones el miércoles, las reservas internacionales brutas se ubicaron en 45.627 millones de dólares. El desafío principal será que el área de Economía logre obtener fuentes de financiamiento que permitan al BCRA retener las divisas adquiridas.

“Se está implementando una estrategia integral para refinanciar las obligaciones en divisas mediante la emisión continua de deuda pública denominada en dólares, la venta de activos estatales, operaciones de recompra con bancos centrales y préstamos externos, potencialmente respaldados por instituciones financieras internacionales”, destacaron en el comunicado del staff.

Esta afirmación coincide con lo expresado por el ministro Caputo, quien sostuvo que ya cuenta con un mecanismo definido para afrontar el vencimiento de USD 4.300 millones en julio, al que se sumarán los dólares obtenidos mediante la colocación de los bonos Bonar 2027 y 2028, así como los recursos provenientes de privatizaciones y concesiones de empresas públicas.

Hay luces amarillas que se encendieron en varios tableros de los bancos… y también de la Casa Rosada. En medio de un contexto donde comienza a agudizarse la evolución de algunas variables macro -como la tensión inflacionaria y las dudas sobre el empleo-, la mora bancaria preocupa por lo que representa para el sector, pero mucho más por lo que dice de la situación de los afectados.

Días atrás, el presidente de Adeba, la asociación de los bancos argentinos, posteó en X un gráfico en el que se veía cómo, a finales del año pasado, el crédito había llegado al 12% del PBI. Mucho mejor que el piso de fines de 2023 (4%), más cerca del último techo de 14% en 2019, pero aún muy lejos de los ratios promedio de los países de la región y ni hablar del mundo desarrollado.

“Gran recuperación del crédito bancario los últimos dos años. Falta mucho, pero la dirección es la correcta”, escribió Javier Bolzico, integrante también del Grupo de los 6, el núcleo de asociaciones que representan a los principales sectores de la economía, desde algunos muy cercanos al Gobierno como comercio (CAC), parte del campo (SRA) y la bolsa (BCBA), hasta sectores muy golpeados, como la industria (UIA) y la construcción (Camarco). Los bancos están en el medio, podría decirse haciendo una simplificación rápida: tensión permanente e idas y vueltas con el Gobierno.

Lo cierto es que en paralelo a esa suba del crédito, a la que le falta mucho aún -como dijo el dirigente empresarial- se registra una escalada en la morosidad de créditos otorgados tanto a familias como a empresas. Según datos oficiales y estimaciones privadas, la proporción de créditos en situación irregular alcanzó niveles que no se registraban desde la crisis de 2001.

El ministro Luis Caputo, en tanto, denuncia campañas mediáticas y jura que la cosa no está mal. Todo lo contrario. “Estamos en récord histórico de nivel de actividad, de exportaciones y de consumo”, dijo días atrás en Carajo, streaming al que no iba hace varios meses y al que parece acudir cuando cree que “aparece alguna tensión o hay cosas importantes que explicar”, como definió un funcionario de Economía muy cercano a “Toto”.

“Esto me hace acordar bastante a septiembre del año pasado, cuando combinaban lo político con el tema de que la economía no llegaba al 15 del mes. Después de eso llegaron las elecciones y ganó el Presidente 41% a 24%. La interpretación en ese momento fue que era el temor de la vuelta a los kukas. Ahora, miremos los datos de julio a septiembre de ese año. Decían que la economía creció al 1,5% en ese trimestre. Entonces, el resultado de la elección empieza a tener otro fundamento”, agregó el titular del Palacio de Hacienda. El Gordo Dan y el Gordo Pablo, anfitriones de Carajo, asintieron con sus cabezas.

Como sea, la morosidad de los préstamos bancarios a familias pasó de un 2,5% a fines de 2024 a un 9,3% en diciembre de 2025, según el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Mientras, la irregularidad en créditos no bancarios, como fintechs y billeteras virtuales, trepó cerca del 25 por ciento. Si se consideran ambos canales, la proporción de familias con atrasos supera el 13%, un récord en más de una década.

El fenómeno no se limita a los hogares. El incumplimiento en créditos comerciales llegó al 2,7% en enero de 2026, triplicando el nivel de un año antes. Un informe del departamento de Estudios Económicos del Banco Provincia advirtió que 1 de cada 8 empresas con préstamos bancarios presenta atrasos, con una incidencia mayor entre pequeñas y medianas empresas, donde la tasa de mora ronda el 4%. Entre las grandes compañías, el indicador se mantiene en torno al 0,9 por ciento.

Qué dicen los bancos

Desde Adeba reconocen que la irregularidad de cartera es relativamente alta, pero enfatizan que los bancos cuentan con previsiones, reservas y capital necesario para atender este tipo de situaciones.

Los bancos nacionales tienen una explicación para parte de la irregularidad que se registra en la cartera de préstamos personales: las personas cambian de banco su cuenta sueldo para dejar de pagar más que por pérdida efectiva de empleo. O sea, la pérdida de empleo no es la causa principal de la irregularidad de cartera. De los créditos de cuenta sueldo con morosidad, aproximadamente el 50% se debe a que la persona se cambia de banco y deja de pagar.

“Esta es una anormalidad, un comportamiento oportunista de una minoría que perjudica a los que pagan, porque hacen más caro el crédito. Se está trabajando con los bancos asociados para tratar de subsanar esta situación”, afirmaron en Adeba y agregaron que la nueva ley laboral incorporó una herramienta para ayudar a desarrollar el crédito: el descuento por planilla. Algo positivo para los nuevos créditos, no para el stock.

“El crédito bancario será uno de los pilares de la reactivación económica de los próximos años. Con las condiciones adecuadas el crédito bancario crecerá y será un aliado clave del sector privado”, destacaron los banqueros. Desde una de las principales entidades privadas del país señalaron que el tema está instalado y que dejó de ser un tema marginal, como en la última década, incluso a nivel de inversores y analistas globales, que miran mucho más atentos los números de rentabilidad y tratan de anticipar si el tema dejará “heridos”.

“Ochenta por ciento de la conversación con varios fondos en las últimas semanas fue eso: los por qué del salto de la mora y, sobre todo, cuándo va a parar de crecer. El pico y la baja de esa curva es lo que preocupa. Cuándo afloja es la pregunta recurrente”, destacó un alto ejecutivo de ese banco.

“En algún momento iba a volver la mora porque siempre la hubo en el país. Con la inflación, la cuota del préstamo se licuaba y eso ahora no pasa; y si los salarios crecen menos que la inflación, peor”, resumió. En el sector reconocen que los números se dispararon, ya superan a los promedios de la región y que cierta estabilización que se esperaba para el primer trimestre del año se corrió al siguiente, en principio, porque el crédito crece, pero menos de lo esperado.

El mismo ejecutivo reconoció que la presión obliga a moderar proyecciones. “El 2026 va a ser todavía de transición. Año de rentabilidades en un dígito alto, pero no de dos, por los niveles de mora y la demanda de crédito en cero en términos reales. No va a haber crecimiento económico si no hay más crédito, no va a haber crédito si no baja los costos, no baja la tasa de interés si el Gobierno no libera más pesos o habilita el mercado de crédito en dólares”, destacaron desde otro banco local y dejaron planteado otro de los clásicos de debate de estas últimas semanas. Si bien hay algunas opciones, la alternativa aún está en el freezer, con entidades que dudan y un Gobierno que está envalentonado con la cuestión pero teme abrir una puerta con reminiscencias a 2001.

Tasas altas y salarios golpeados: los motores de la crisis

Los especialistas coinciden en que la aceleración de la mora responde principalmente a tasas de interés reales elevadas y al estancamiento de los salarios. La política monetaria restrictiva y la baja de la inflación interrumpieron el mecanismo de “licuación” de las cuotas, lo que elevó el peso de las deudas sobre los ingresos disponibles.

El impacto sobre la rentabilidad llevó a los bancos a depurar carteras y endurecer la gestión del riesgo crediticio. Bastien Consultores detalló que en enero de 2026 la mora en créditos a familias ascendió a 10,3%, aunque los indicadores adelantados sugieren que la irregularidad podría estar tocando un techo. Esta mejora se explica más por la selectividad de los bancos en la concesión de préstamos que por una recuperación genuina de la capacidad de pago de los hogares.

“Cuando la mora sube, los bancos dejan de prestar. El denominador deja de crecer y el numerador crece, con lo cual se acelera el problema. Hay una parte de resaca donde la mora va a seguir subiendo y no se va a poder ocultarlo más”, detalló otro banquero, algo más escéptico, quien también pidió off the record.

El BCRA implementó medidas como el débito automático de cuotas de préstamos para mejorar la recuperación y contener el deterioro. La restricción de la oferta se reflejó en el estancamiento de los créditos al consumo a comienzos de 2026, tras un período de fuerte expansión en 2024 y parte de 2025.

Ahora, además, un intento oficial por relajar las condiciones monetarias y bajas las tasas de corto plazo intenta -entre otros objetivos, como el de impulsar la economía- generar las condiciones para un saneamiento gradual de la mora. La mora, dicen los banqueros, se soluciona con más créditos y tasas más bajas. Y una política monetaria más laxa puede facilitar que los bancos, y fintech, salgan a limpiar sus balances otorgando créditos más blandos y a plazos más largos que permitan a los morosos salir del pozo.

Crédito alternativo, foco de mayor tensión

Cómo se dijo, el deterioro es aún más marcado fuera de la banca tradicional. Según EcoGo y la consultora 1816, la mora en fintechs, billeteras virtuales y entidades no bancarias ronda el 25%, más del doble que la de los bancos. La regularidad de estas carteras cayó de 92,1% a 76,1% entre diciembre de 2024 y enero de 2026, y la proporción de créditos irrecuperables subió de 2,7% a 8%. Tarjeta Naranja y Mercado Libre concentran casi el 60% de los préstamos a familias otorgados por proveedores no financieros. El volumen total de créditos bancarios a familias es de $63 billones, frente a menos de $13 billones en el canal no bancario, aunque la morosidad es mucho más alta en este último segmento.

En la eterna “guerra” bancos-fintech, las entidades tradicionales enfatizan que uno de los problemas es que las billeteras cobran un costo financiero (CFT) de entre 200 y 500% y esto hace “estragos en las familias”.

Empresas: la brecha entre grandes y pymes se profundiza

El avance de la mora comercial afecta principalmente a las pymes. De acuerdo con el Banco Provincia, el 42% del volumen total de crédito está en manos de solo el 0,3% de las grandes sociedades, con tasas de mora por debajo del 1%. En cambio, las pequeñas y medianas empresas muestran una tasa próxima al 4%. El informe también detalló que, en el segmento de créditos de hasta $45 millones, la irregularidad alcanzó el 10% en tres de cada cuatro préstamos pequeños.

En ese contexto, días atrás la calificadora internacional Moody’s estimó que la morosidad continuará en aumento durante el primer semestre de 2026, para comenzar a estabilizarse gradualmente en la segunda mitad del año. Según Moody’s la presión sobre la rentabilidad se refleja en un aumento de los cargos por incobrabilidad, que al cierre de 2025 representaron el 3,4% del activo neto del sistema financiero.

La empresa estadounidense también advirtió sobre los riesgos de una eventual flexibilización del crédito en dólares a sectores no generadores de divisas y señaló que el sistema mantiene niveles de capital suficientes para absorber escenarios adversos moderados. A diciembre de 2025, las previsiones cubrían el 93,7% de la cartera irregular, con un nivel de cobertura elevado respecto a otros países de la región.

El BCRA y el Tesoro buscan un equilibrio entre el objetivo de reducir la inflación y evitar un mayor deterioro de la calidad de la cartera crediticia. Quantum informó que la base monetaria aumentó 1,3% nominal entre diciembre y marzo, frente a una inflación del 9%. Ante la incertidumbre, los bancos prefieren prestar al sector público y endurecen las condiciones para el crédito privado. “No va a haber crecimiento económico si no hay crédito, no va a haber crédito si no baja el costo de crédito, no baja la tasa de interés si el Gobierno no hace una de dos: o libera más pesos, o habilita el mercado de crédito en dólares”, planteó el banquero en off the record.

El sistema financiero enfrenta una etapa de luces amarillas, con indicadores de mora familiar y empresarial en máximos de 15 años y un entorno donde la recuperación depende de la mejora de los ingresos y el repunte de la actividad.

En México existen muchos mitos acerca de lo que sucede con la deuda de créditos bancarios y los trámites del SAT después de que una persona fallece. Una situación que le genera miedo a la mayoría de las familias mexicanas.

Cuando un ciudadano muere, sus adeudos no desaparecen automáticamente. De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), estas obligaciones pasan a formar parte de su herencia o sucesión. Esto significa que deben ser cubiertas con los recursos económicos o bienes que haya dejado el fallecido, integrándose como parte del pasivo sucesorio. En otras palabras, las deudas se pagan utilizando los activos que conforman el patrimonio.

En este sentido, la Secretaría de Gobernación de México señala que el total de los propiedades que integran el legado responderá por el pago de los compromisos financieros hasta donde alcance su valor.

Si el monto de las obligaciones supera el valor de los bienes, los herederos no tienen la responsabilidad de cubrir la diferencia con su propio patrimonio. Incluso, cuentan con la posibilidad de rechazar la herencia si consideran que las deudas son mayores a los beneficios que podrían obtener.

Además, cuando existe un seguro asociado algún cargo, este puede cubrir el saldo pendiente en caso de fallecimiento del titular. Estos seguros, comunes en créditos hipotecarios o tarjetas de crédito, están diseñados para liquidar el compromiso financiero en caso de que el titular ya no pueda hacerlo.

¿Qué pasa con el SAT?

En este caso, es necesario que un familiar, representante legal o albacea informe al SAT mediante el aviso de cancelación en el RFC por defunción, preferentemente dentro del mes siguiente al fallecimiento para evitar sanciones que van de 5,400 a 10,780 pesos.

Aunque la autoridad suspende las actividades del contribuyente, los adeudos continúan vigentes y deben pagarse con los bienes que integran la herencia.

¿En qué situaciones un familiar debe pagar la deuda del fallecido?

A pesar de lo explicado anteriormente, dentro del marco general existen situaciones específicas en las que una persona puede asumir directamente la responsabilidad de pagar una deuda. Entre los principales casos se encuentran:

• Haber firmado como corresponsable, como sucede en los préstamos conjuntos, donde se adquiere la misma obligación legal que el titular original.
• Ser cónyuge del fallecido bajo el régimen de sociedad conyugal.
• Haber garantizado la deuda del cónyuge como aval o fiador, lo que implica hacerse cargo del pago si el titular no puede cumplir, incluso después de su fallecimiento.

Fuera de estas circunstancias, los familiares no están obligados a utilizar su propio patrimonio para cubrir deudas ajenas, por lo que cualquier intento de cobro sobre bienes personales distintos a la herencia carece de fundamento.

La senadora electa y actual representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, denunció que los trabajadores de la entidad promotora de salud Asmet Salud llevan más de dos meses sin salario, situación que persiste pese a que la empresa se encuentra bajo intervención estatal desde 2023.

De acuerdo con Pedraza, la falta de pago genera problemas graves en la alimentación de los empleados y afectaciones directas en su atención médica, puesto que la empresa tampoco ha consignado los aportes de seguridad social, anulando su afiliación activa al sistema de salud.

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Sindisalud-Asmet, sindicato de la EPS, elevó la preocupación. Según comunicado, la organización mantiene una deuda con sus empleados que abarca no solo los dos meses impagos de salario, sino seis meses de bonos de alimentación previamente acordados, dos meses de vacaciones y pagos pendientes de liquidaciones para quienes renunciaron a lo largo del periodo.

La asociación puntualizó que “se han recibido múltiples denuncias relacionadas con la mora en el pago de la seguridad social, generando consecuencias profundamente preocupantes, como la cancelación de citas médicas, incluso en casos de especial protección”.

Tras la denuncia, la aseguradora, por medio de un comunicado dirigido a la opinión pública, afirmó que cuenta con restricciones financieras que dificulta su operación. Sin embargo, los esfuerzos se concentran en adelantar gestiones legales para revertir la situación.

“Asmst alud EPS SAS. actualmente bajo medida de intervención administrativa, enfrenta restricciones fnancieras debido a medidas cautelares de embargo en procesos judiciales. Estas acciones han inmovilizado recursos destinados al gasto administrativo; por ello, estamos intensificando las gestiones legales para lograr su levantamiento y así, garantizar la continuidad operativa y recuperación de los recursos”, señala el documento.

Al respecto, la doctora Jessica Miena Aguime Santana, interventora sustituta temporal de la EPS, señaló que cuentan con una hoja de ruta clara para mantener el servicio y realizar los pagos correspondientes lo más pronto posible.

Frente a esta situación, “hemos activado un plan de acción riguroso poniendo en conocimiento a las autoridades de control y entes competentes para proteger los recursos públicos y asegurar su correcta destinación, no obstante, la complejidad de los casos no ha permitido avanzar al ritmo esperado”.

Paralelamente, según dijo, “estamos realizando un análisis financiero para definir un plan de normalización de pagos que se ejecutará en cuanto se liberen los recursos”.

Aguime Santana agregó: “Asmet Salud EPS SAS. en Intervención. reitera su compromiso y gestión basada en a transparencia, la defensa de los recursos de la salud y el respeto integral los derechos de sus trabajadores y usuarios”.

La intervención estatal y su crisis interna

La Superintendencia Nacional de Salud mantiene la intervención sobre Asmet Salud desde 2023. Sin embargo, la situación organizativa al interior de la EPS se agravó recientemente con la suspensión del agente especial interventor, Lain Eduardo López Martínez, que fue apartado de su cargo por decisión de la Procuraduría General de la Nación. E organismo, además, abrió procesos disciplinarios contra cinco exagentes interventores: Luis Carlos Gómez Núñez, Rafael Joaquín Manjarrés González, Javier Ignacio Cormane Fandiño, Gloria Libia Polanía Aguillón y Raúl Andrés Munévar.

El 31 de marzo de 2026, Asmet Salud notificó que la Superintendencia Nacional de Salud designó de manera temporal a una interventora sustituta, Jessica Milena Aguirre Santana. De acuerdo con el comunicado oficial de la EPS, Aguirre Santana enfocará su gestión en el fortalecimiento de la red de servicios.

“Asmet Salud EPS reitera su compromiso con la continuidad del servicio y la sostenibilidad del sistema de salud en las regiones donde hace presencia”, aseguró.

La conjunción de salarios impagos, aportes de seguridad social omitidos y falta de liquidez instaló un cuadro crítico que amenaza tanto la estabilidad laboral de cientos de trabajadores como la continuidad.

La representante a la Cámara y senadora electa Jennifer Pedraza denunció la presunta falta de pago de salarios a los trabajadores de la EPS Asmet Salud, que está intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud desde 2023. De acuerdo con la legisladora, los empleados llevan más de dos meses sin recibir el pago por su trabajo.

Según indicó, las personas se están viendo afectadas en su alimentación e incluso en su atención en salud, teniendo en cuenta que la EPS no ha efectuado el pago de su seguridad social, por lo que no están siendo atendidas en las entidades promotoras de salud a las que están afiliadas.

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En consecuencia, solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud tomar acciones para garantizar a los trabajadores el pago de los salarios atrasados.

“No tienen con que comer! Muchos ni siquiera tienen afiliación ACTIVA a su EPS porque no les han pagado su seguridad social, se quedan sin atención y sin medicamentos. Por favor @Supersalud, en esta EPS INTERVENIDA por el GOBIERNO los trabajadores no tienen garantías. Dejen de quedarse de brazos cruzados”, señaló la congresista de Dignidad y Compromiso.

El sindicato de la salud de Asmet Salud EPS (Sindisalud-Asmet) emitió un comunicado en el que expuso la situación que están afrontando los trabajadores. De acuerdo con su denuncia, a los empleados se les adeudan dos meses de salario, así como seis meses de bonos de alimentación que fueron acordados con algunos trabajadores. Además, la EPS también debe dos meses de vacaciones y las liquidaciones de las personas que han renunciado.

Por eso, los trabajadores ahora afrontan una situación “crítica”, puesto que, debido a la falta de ingresos, están teniendo dificultades para garantizar su subsistencia y la de sus familias. “Se han recibido múltiples denuncias relacionadas con la mora en el pago de la seguridad social, generando consecuencias profundamente preocupantes, como la cancelación de citas médicas, incluso en casos de especial protección”, detalló el sindicato.

Advirtió que estos casos constituyen una grave vulneración de sus derechos y afectan la dignidad y estabilidad de los empleados, porque no se les garantiza lo básico para vivir. Mientras esperan los respectivos pagos, se han llevado a cabo las gestiones necesarias para obtener soluciones, pero nada ha funcionado hasta el momento.

En consecuencia, el sindicato convocó a la asamblea de delegados a una reunión que se realizará el 1 de abril de 2026 a las 10:00 a. m., con el objetivo de poner fin a la situación. No descartan un eventual paro de actividades si no se tienen las soluciones requeridas.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que intervengan de manera inmediata y adopten medidas eficaces que garanticen el pago de salarios, el cumplimiento de las obligaciones en seguridad social y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores”, expresó.

De igual manera, pidió a la ciudadanía comprensión y solidaridad ante la crisis que están afrontando y recordó que sus exigencias son legítimas y están orientadas a garantizar condiciones dignas de trabajo para las personas que sostienen el servicio de salud.

Interventores investigados y una nueva designación

Pese a estar intervenida, la prestación de servicios de Asmet Salud se ha deteriorado, por lo que la Procuraduría General de la Nación decidió suspender al último agente especial interventor de la EPS, Lain Eduardo López Martínez, e iniciar investigaciones disciplinarias a otros cinco exagentes interventores: Luis Carlos Gómez Núñez, Rafael Joaquín Manjarrés González, Javier Ignacio Cormane Fandiño, Gloria Libia Polanía Aguillón y Raúl Andrés Munévar.

El 31 de marzo de 2026, la entidad promotora de salud emitió un comunicado en el que informó sobre la designación de una interventora sustituta temporal por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Se trata de Jessica Milena Aguirre Santana, que continuará la gestión de la entidad y, según indicó, se enfocará en fortalecer la red de servicios.

“Asmet Salud EPS reitera su compromiso con la continuidad del servicio y la sostenibilidad del sistema de salud en las regiones donde hace presencia”, expuso.

El auge de las plataformas de pago diferido (BNPL) empezó a transformar la manera en que los colombianos perciben y recuerdan sus gastos. Una investigación revela una diferencia considerable en la precisión con la que los usuarios recuerdan el monto desembolsado, en especial, al utilizar este método.

Dicho sistema genera una distorsión en el recuerdo del gasto que puede alcanzar entre 24% y 36%, lo que supera con amplitud el margen registrado con efectivo o tarjeta de crédito. El informe de la investigadora de mercado Sinnetic atribuye el fenómeno a la fragmentación del costo en cuotas, que lleva a los consumidores a subestimar el compromiso financiero asumido minutos después de la compra.

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La investigación se en base a datos recolectados de 1.400 personas entre 24 y 37 años en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. El objetivo fue medir la llamada “brecha de recuerdo”: la diferencia porcentual entre lo que realmente se pagó y lo que el consumidor dice haber desembolsado pocos minutos después.

Dicho análisis comparó tres medios de pago: efectivo, tarjeta de crédito y BNPL. Los resultados muestran que, con efectivo, la brecha de recuerdo se mantuvo entre 2% y 8%, lo que reflejó una alta precisión. Al pagar con tarjeta de crédito, el margen de error subió a entre 6% y 12%. Pero es en el modelo BNPL donde la distancia se incrementa de manera significativa, con un rango de 24% a 36%, independientemente de la ciudad o el tipo de producto.

Diferencias en el recuerdo del gasto según el medio de pago

Según Sinnetic, la memoria del gasto varía según el instrumento utilizado. El efectivo promueve una conciencia inmediata del desembolso, ya que el acto físico de entregar el dinero hace que el costo se perciba directamente. “El diseño de los medios de pago influye decisiones económicas. No se trata únicamente de cuánto cuesta un producto, sino de cómo ese costo es presentado, procesado y recordado por el consumidor”, destacó.

La tarjeta de crédito incluye una desconexión moderada, ya que la obligación financiera se traslada al futuro. Así las cosas, el comprador percibe el compromiso como un gasto venidero y la precisión en el recuerdo disminuye.

En el sistema BNPL, la distorsión es mayor debido a la tendencia de los usuarios a recordar solo el valor de cada cuota y no el monto total comprometido. El estudio advierte que la medición no incluye intereses ni penalidades, por lo que las distorsiones pueden ser aún más pronunciadas si hay recargos adicionales.

La fragmentación del costo no se asocia al tipo de producto, ciudad o canal de compra, y es más aguda en temporadas de alta demanda y ofertas, donde plataformas como Addi, Creditop y Sistecrédito impulsan el pago diferido inmediato.

Mecanismos conductuales y fragmentación del gasto

El fenómeno, de acuerdo con expertos de la investigadora, está alineado con principios de la economía del comportamiento: el “dolor de pagar”, la contabilidad mental y el uso de atajos cognitivos en promociones. Usar efectivo activa la sensación de pérdida de manera inmediata y ayuda a clarificar el monto gastado.

De esta manera, en las compras con tarjeta de crédito, el pago diferido aligera ese efecto y desplaza la percepción del gasto hacia el futuro, lo que disminuye la exactitud del recuerdo.

Además, el modelo BNPL complica aún más la percepción: los compradores dividen mentalmente el pago en cuotas, concentran la atención en lo que pagarán en cada periodo y pasan por alto el total adeudado. Durante jornadas promocionales y ante ofertas de “cero intereses”, la tendencia a subestimar la suma global se acentúa.

“Resultados son relevantes para reguladores y política pública”, señaló Sinnetic. El atractivo del sistema para comercios y el ecosistema fintech es claro, ya que reducir la fricción psicológica en el pago puede facilitar la decisión de compra e incrementar las ventas.

Retos regulatorios y recomendaciones para el sistema BNPL

La expansión de las plataformas BNPL en Colombia ocurre en un entorno sin regulación específica que contemple sus efectos conductuales. Mientras que el Reino Unido proyecta una normativa a partir de julio de 2026, en Colombia aún no se abordan de manera explícita las distorsiones psicológicas y de memoria vinculadas al pago fraccionado.

El informe advierte que “no basta cumplir requisitos legales de información si el consumidor no la comprende realmente”. La firma recomienda que las plataformas muestren de forma clara el costo total y no solo la cuota periódica, además de sumar y exhibir las obligaciones activas. Sugiere también el uso de recordatorios para alertar sobre el monto global pendiente de pago.

Según el estudio, la brecha entre lo que exige la ley y lo que el consumidor realmente entiende persiste mientras las plataformas de pago diferido continúan creciendo sin un marco que considere la dimensión conductual. Los resultados permiten concluir que, más allá del cumplimiento legal, el principal riesgo del modelo BNPL es la dificultad del usuario para comprender el verdadero alcance del compromiso financiero, lo que puede afectar la toma de decisiones informadas.

La llegada de la Semana Santa, una de las épocas del año más esperadas por los costarricenses para descansar o viajar, también representa un desafío para las finanzas de los hogares, especialmente en un contexto donde gran parte de la población vive con recursos limitados.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, apenas un 16% de los hogares en el país asegura que sus ingresos son suficientes para cubrir sus gastos y, además, ahorrar de forma planificada. En contraste, cerca del 49% de las familias vive al día, sin capacidad de generar ahorro, lo que las vuelve más vulnerables ante gastos extraordinarios como los que suelen presentarse durante la Semana Mayor.

En este escenario, especialistas en finanzas personales hacen un llamado a la población para reforzar la planificación y evitar que unos días de descanso terminen convirtiéndose en una carga económica que se extienda durante meses.

Una temporada de alto gasto

Durante la Semana Santa, es habitual que las familias destinen más dinero a transporte, hospedaje, alimentación y actividades recreativas, ya sea por viajes a playas, montañas o visitas a familiares.

Sin embargo, este incremento en el gasto, si no se maneja adecuadamente, puede derivar en endeudamientos innecesarios, especialmente cuando se recurre al uso de tarjetas de crédito sin una estrategia clara de pago.

Desde la cooperativa Coopecaja advierten que muchas personas subestiman el impacto financiero de estos días, lo que luego se traduce en dificultades para cumplir con otras obligaciones mensuales.

“La Semana Santa no debería convertirse en una carga financiera para las familias. Con una planificación sencilla y decisiones conscientes, es posible disfrutar sin comprometer el presupuesto mensual ni recurrir a deudas que luego afectan el bienestar del hogar”, explicó Sujeyny Gamboa, representante de Relaciones Corporativas de la entidad.

La importancia de planificar

Entre las principales recomendaciones de los expertos destaca la necesidad de definir un presupuesto específico para la Semana Santa. Esto implica establecer con anticipación un monto máximo destinado a gastos como transporte, alimentación y entretenimiento.

Este ejercicio permite tener un control claro de los recursos disponibles y evita caer en gastos impulsivos que, aunque pequeños en apariencia, pueden acumularse rápidamente.

Asimismo, se recomienda planificar con tiempo los gastos estacionales, incorporándolos dentro del presupuesto anual del hogar. Separar pequeñas cantidades de dinero con anticipación puede marcar la diferencia entre disfrutar la temporada sin preocupaciones o enfrentar deudas posteriores.

Cuidado con las tarjetas de crédito

Otro de los puntos clave señalados por los especialistas es el uso responsable de las tarjetas de crédito. Aunque pueden ser una herramienta útil en ciertos casos, su utilización sin planificación puede generar compromisos financieros de largo plazo.

Un viaje de pocos días, financiado con crédito, puede convertirse en meses de pagos con intereses elevados, afectando la estabilidad económica del hogar incluso después de finalizada la temporada.

Por ello, los expertos recomiendan priorizar el uso de dinero disponible y evitar adquirir deudas que no puedan ser cubiertas en el corto plazo.

Los “gastos hormiga” también cuentan

Durante los paseos o actividades recreativas, es común incurrir en los llamados “gastos hormiga”: pequeñas compras no planificadas como comidas fuera de casa, bebidas o souvenirs.

Aunque estos gastos pueden parecer insignificantes de manera individual, su acumulación puede tener un impacto considerable en el presupuesto total.

Controlarlos y mantener un seguimiento del gasto diario es una estrategia clave para evitar desbalances financieros durante la Semana Santa.

El ahorro como herramienta clave

En un contexto donde casi la mitad de los hogares costarricenses no logra ahorrar, mantener este hábito se vuelve fundamental, incluso si se trata de montos pequeños.

Los especialistas recomiendan no descuidar el fondo de emergencias, especialmente en escenarios de ingresos ajustados. Contar con este respaldo permite enfrentar imprevistos sin recurrir a endeudamiento.

Además, herramientas como la deducción automática pueden facilitar la constancia en el ahorro, ayudando a las familias a construir una base financiera más sólida a lo largo del tiempo.

Educación financiera, un reto pendiente

Según estudios recientes sobre cultura financiera en Costa Rica, aunque muchas personas manifiestan la intención de ahorrar, solo una minoría utiliza herramientas formales como presupuestos estructurados para lograrlo de manera sostenida.

Este dato evidencia la necesidad de fortalecer la educación financiera en el país, así como el acompañamiento por parte de instituciones públicas y privadas para fomentar mejores hábitos de consumo.

En este contexto, la Semana Santa se presenta no solo como una oportunidad para el descanso, sino también como un momento clave para reflexionar sobre la administración del dinero y la importancia de tomar decisiones informadas.

Con planificación, disciplina y hábitos responsables, los especialistas coinciden en que es posible disfrutar de la temporada sin comprometer la estabilidad económica del hogar, evitando que unos días de ocio se conviertan en una deuda difícil de manejar en los meses siguientes.

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) emitió de manera oficial la Resolución 0517 de 2026, mediante la cual se establecen los porcentajes de Interés Bancario Corriente que regirán en el país durante el mes de abril.

Esta medida técnica tiene un impacto directo en la economía de los ciudadanos, ya que determina el costo base de los préstamos y fija los límites máximos que los bancos pueden cobrar a sus clientes por el uso de dinero, conocido legalmente como tasa de usura.

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De acuerdo con el documento emitido por la autoridad financiera, la modalidad de crédito de consumo y ordinario, que es la que habitualmente utilizan las personas para comprar electrodomésticos, vehículos o financiar gastos personales, tendrá un Interés Bancario Corriente del 17,84% efectivo anual.

Este valor estará vigente desde el 1 hasta el 30 de abril de 2026. Al comparar esta cifra con la que estuvo vigente durante el mes de marzo, que fue del 17,01%, se observa un incremento de 83 puntos básicos, lo que equivale a un aumento del 0,83% en el costo del dinero para esta categoría específica.

La resolución explica que para llegar a estas cifras se analizó la información semanal que reportaron los diferentes bancos y establecimientos de crédito entre las semanas que comprenden desde el 27 de febrero hasta el 20 de marzo de 2026.

Este proceso permite que la certificación sea un reflejo de los movimientos actuales del mercado financiero nacional. El documento fue firmado por Francisco Javier Duque Sandoval, quien se desempeña como Director de Investigación, Innovación y Desarrollo de la Superintendencia Financiera.

Un punto fundamental para que cualquier ciudadano comprenda esta información es el concepto de usura. Según el Código Penal en su artículo 305, la usura es el límite máximo permitido por la ley para el cobro de intereses; si una entidad cobra por encima de ese techo, incurre en un delito.

Para el mes de abril, la tasa de usura para los créditos de consumo y ordinario se situará en el 26,76% efectivo anual. Esto significa que ninguna entidad bancaria podrá exigir un interés remuneratorio o de mora que supere ese porcentaje.

Además del crédito tradicional de consumo, la Superintendencia certificó las tasas para otras modalidades que son menos comunes pero igualmente importantes para sectores específicos de la población.

Por ejemplo, el denominado crédito de consumo de bajo monto, diseñado para personas que manejan pequeñas cantidades de dinero, tendrá un Interés Bancario Corriente del 41,81%. En consecuencia, la tasa de usura para este tipo de préstamos será del 62,72% efectivo anual para el mes de abril.

El informe también detalla las tasas para los créditos productivos, que son aquellos destinados a actividades de emprendimiento o trabajo. En el caso del crédito productivo de mayor monto, el interés corriente se fijó en 27,73%, con una usura del 41,60%.

Para el sector rural, el crédito productivo tendrá un interés del 21,78% y un tope de usura del 32,67%. Por su parte, el crédito productivo urbano se certificó en 38,80% con una usura permitida de hasta el 58,20%.

Finalmente, las cifras más elevadas se encuentran en la categoría de crédito popular productivo. Para el ámbito rural, la tasa de interés corriente será del 45,87% y la usura del 68,81%.

En el entorno urbano, el crédito popular productivo alcanzó un interés certificado del 57,92%, lo que lleva su tasa de usura hasta el 86,88% efectivo anual.

Es fundamental que los usuarios de servicios financieros revisen sus extractos y contratos, pues estos porcentajes son la base legal definida en el artículo 884 del Código de Comercio para calcular los intereses de mora cuando no existe un acuerdo previo entre las partes.

El Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Sevilla ha acordado la exoneración de 1.149.893,17 euros de deuda a un empresario sevillano aplicando la Ley de la Segunda Oportunidad. La resolución pone fin a un procedimiento concursal y cancela la mayor parte de sus obligaciones con entidades financieras y acreedores, según informa la Asociación Ayuda al Endeudamiento.

Antes de la crisis de 2008, el afectado desarrollaba su actividad en el sector de la construcción, con varias empresas en funcionamiento, empleados a su cargo y contratos en marcha. Como era habitual en el contexto de expansión económica, contaba con financiación bancaria a través de pólizas de crédito, líneas de descuento y contratos de leasing. Además, había avalado personalmente muchas de las operaciones de sus sociedades, una práctica extendida en el sector.

La llegada de la crisis financiera supuso un punto de inflexión. Los clientes dejaron de pagar, las promotoras entraron en insolvencia y las entidades bancarias cortaron el acceso al crédito. Las empresas comenzaron a acumular impagos y, sin posibilidad de refinanciación, quedaron sin actividad. La deuda, sin embargo, permaneció, trasladándose al plano personal debido a los avales firmados.

El empresario se acoge a la Ley de la Segunda Oportunidad

Con el paso del tiempo, las sociedades quedaron convertidas en estructuras sin operativa ni capacidad financiera. La falta de liquidez y el bloqueo económico impidieron incluso afrontar un concurso de acreedores ordinario. Mientras tanto, la deuda siguió creciendo con intereses y costes judiciales. La situación derivó también en ejecuciones, entre ellas la pérdida de la vivienda vinculada a su expareja.

Sin opciones de rehacer su vida profesional en España, el empresario se trasladó al extranjero. En 2018 sufrió un accidente grave que motivó su repatriación y una intervención quirúrgica urgente. Como consecuencia, fue declarado en situación de incapacidad permanente total, lo que le impidió trabajar durante siete años. Sin ingresos ni patrimonio, la deuda superó el millón de euros.

Tras conocer la existencia de la Ley de la Segunda Oportunidad, inició los trámites para acogerse a este mecanismo. El procedimiento se articuló como un concurso sin masa, al no disponer de bienes para liquidar, lo que permitió solicitar directamente el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI). Durante la tramitación, se dio traslado a los acreedores para que pudieran formular alegaciones o solicitar el nombramiento de administrador concursal, sin que ninguno compareciera.

Cancelación de las deudas pendientes

El juzgado concluyó el concurso al constatar la insuficiencia de masa activa para hacer frente a los créditos contra la masa, conforme a lo previsto en la normativa concursal. Asimismo, consideró acreditado que el deudor cumplía los requisitos exigidos: situación de insolvencia real, ausencia de antecedentes relevantes y actuación de buena fe, sin incurrir en las causas que impiden la exoneración.

En su auto, el magistrado acuerda la cancelación de la totalidad de las deudas pendientes, con las excepciones previstas legalmente. En particular, las deudas de derecho público solo podrán exonerarse dentro de los límites establecidos, que contemplan la posibilidad de cancelar hasta 10.000 euros bajo determinadas condiciones. El resto de obligaciones quedan extinguidas.

La resolución establece además que los acreedores no podrán reclamar el pago de las cantidades exoneradas ni iniciar acciones judiciales para su cobro, salvo en los supuestos de revocación previstos en la ley. Asimismo, se ordena la comunicación de la exoneración a los sistemas de información crediticia para la actualización de los registros.

El avance de las billeteras virtuales en Argentina transformó los hábitos financieros de millones de personas. Y entre el crecimiento de su uso, más los problemas financieros y económicos que cuadriplicaron la mora en el último año surgieron creencias erradas sobre cómo funcionan las obligaciones con estas plataformas, en un contexto de morosidad creciente y tasas elevadas.

1. Eliminar la app o dar de baja la cuenta no cancela la deuda

Una de las creencias más difundidas sostiene que eliminar la aplicación o cerrar la cuenta de una billetera digital basta para dejar atrás cualquier deuda pendiente. La viralización de este mito cobró fuerza en redes sociales y foros, donde algunos usuarios cuentan experiencias de “desaparecer” borrando la app. Esta costumbre no tiene ningún efecto real sobre la obligación financiera. Cuando una persona solicita un préstamo o utiliza saldo de una billetera, firma un contrato digital con validez legal. La deuda queda registrada en los sistemas de la empresa y en la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), sin importar si la aplicación está instalada o no en el dispositivo. Desinstalar la app sólo elimina el acceso al software, pero la obligación persiste.

En caso de intentar dar de baja la cuenta, la deuda tampoco desaparece. Las empresas suelen impedir la baja de usuarios con cuotas impagas o saldos negativos. Incluso si alguien logra cerrar su cuenta, la obligación de pago sigue vigente, porque el contrato ya se ejecutó.

1. Ocultarse o evitar el contacto no resuelve la deuda

Otra costumbre perjudicial consiste en evitar cualquier tipo de contacto cuando la deuda entra en mora. Algunos usuarios optan por ignorar los llamados, mensajes y notificaciones de la billetera o las firmas de cobranza tercerizadas. La estrategia de “hacerse el desaparecido” no sólo no resuelve el problema, sino que lo agrava. Las empresas continúan sumando intereses moratorios y punitorios sobre el monto adeudado, reportan la situación en la Central de Deudores del BCRA y pueden llegar a iniciar acciones legales. Los datos personales, como teléfono, correo electrónico y domicilio, quedan almacenados en los sistemas, por lo que el contacto puede persistir incluso sin la app instalada.

El deterioro en el historial crediticio es otro efecto directo de la morosidad prolongada. En la medida que pasan los días de atraso, la persona cae en categorías de mayor riesgo y se cierran las puertas para acceder a nuevos créditos en el sistema financiero, tanto bancario como no bancario.

1. Intentar abrir una nueva cuenta para “empezar de cero” no funciona

La idea de crear una nueva cuenta en la misma billetera digital con otro número de teléfono para escapar de una deuda anterior circula como una “salida” en algunos foros y redes. Esta estrategia resulta inviable en la práctica. Las billeteras digitales exigen la validación de identidad mediante DNI y datos biométricos, por lo que no es posible abrir otra cuenta a nombre de la misma persona. Incluso si alguien logra eludir los controles iniciales, la deuda previa permanece asociada al CUIL/CUIT en la Central de Deudores del BCRA, lo que impide cualquier tipo de reinvención dentro del sistema financiero formal.

1. Mudarse al exterior no borra las deudas en Argentina

Otra creencia perjudicial sostiene que emigrar elimina las obligaciones financieras pendientes en el país. La deuda sigue existiendo y permanece registrada en la Central de Deudores del BCRA y en bases como Veraz. Si la persona regresa a la Argentina, la deuda sigue vigente y suma intereses. Además, la situación crediticia puede generar trabas para operar con el sistema financiero desde el exterior, ya que las entidades suelen consultar el historial local. Mudarse sólo posterga el problema, pero no lo elimina.

1. No analizar el costo financiero total al pedir un préstamo

El crecimiento de los créditos en billeteras virtuales llevó a que muchos usuarios soliciten préstamos sin evaluar el Costo Financiero Total (CFT). Un error frecuente es fijarse únicamente en la tasa de interés, sin considerar comisiones, impuestos y otros cargos incluidos en el CFT. Dos préstamos con igual tasa pueden tener costos finales muy distintos si varían los cargos adicionales. Las tasas nominales anuales promedian el 115%-120%, con CFT que en muchos casos supera el 200% anual y puede acercarse al 300%. No analizar el costo total puede llevar a sobreendeudamiento y dificultades para afrontar los pagos.

Los simuladores de préstamos que ofrecen muchas apps permiten comparar montos, plazos, cuotas y el costo final, y resultan una herramienta útil para decidir si el crédito es conveniente.

1. Solicitar más dinero del necesario incrementa el costo de la deuda

Solicitar un monto superior al estrictamente necesario agrava el costo de los intereses a pagar. Cada peso extra pedido se traduce en intereses adicionales, lo que impacta en el valor final de la deuda. Especialistas recomiendan calcular con precisión el monto a solicitar y no dejarse tentar por sumas mayores si no existe una necesidad real. El endeudamiento innecesario puede derivar en dificultades adicionales para cumplir con las cuotas y agravar la situación financiera del usuario.

Los plazos también influyen en el costo: más cuotas implican pagos mensuales más bajos, pero un costo total mayor. Menos cuotas aceleran la cancelación, aunque elevan el valor de cada pago.

El 13 de mayo de 2015, Magdalena firmó un contrato para cursar un Executive MBA (un posgrado intensivo de dirección empresarial diseñado para profesionales y directivos con amplia experiencia) a distancia con EAE Business School. Confiaba en que así tendría una mayor formación y, por ende, nuevas oportunidades laborales. Pero poco después, su historia se torció: una deuda de 6.333,34 euros por el curso, reclamada años más tarde por Editorial Planeta —la empresa que absorbió a la escuela— amenazó con arrastrarla a una batalla judicial de largo recorrido. La Audiencia Provincial de Barcelona, en una sentencia dictada el 5 de febrero de 2026, decidió que esa deuda ya no podía perseguirse.

La Audiencia Provincial ha estimado el recurso de apelación de Magdalena y ha revocado la sentencia dictada en primera instancia, que la obligaba a pagar la totalidad del importe reclamado por el curso. Según el tribunal, la acción de Editorial Planeta había prescrito: la reclamación se presentó más de tres años después del último pago realizado por la alumna, superando el plazo legal para exigir el cobro por servicios prestados. La decisión libera a Magdalena de la deuda y obliga a la editorial a asumir las costas del proceso en primera instancia.

El origen del conflicto se remonta al día en que Magdalena formalizó la matrícula. El acuerdo no implicaba únicamente la compra de material didáctico: la formación incluía acceso a tutorías, clases presenciales en las sedes de Madrid y Barcelona y la promesa de hasta veinte sesiones presenciales durante tres años, además de las clases en línea. Magdalena realizó pagos hasta septiembre de ese mismo año, pero no abonó el importe total. Pasaron más de seis años sin que la empresa iniciara ninguna reclamación formal.

El día en el que llegó la primera demanda

No fue hasta el 20 de octubre de 2021 cuando Editorial Planeta —ya como titular de la deuda tras absorber a EAE Business School— presentó la primera demanda monitoria para reclamar los 6.333,34 euros. La oposición de Magdalena abrió la puerta a un procedimiento ordinario en el Juzgado de Primera Instancia número siete de Arenys de Mar, donde la sentencia de 24 de febrero de 2023 dio inicialmente la razón a la editorial. El juzgado consideró que el contrato debía regirse por un plazo de prescripción de diez años, al tratarse de una compraventa con pago fraccionado y obligación unitaria.

La batalla legal no terminó ahí. Magdalena recurrió la resolución, defendiendo que el contrato principal era un arrendamiento de servicios —no una simple compraventa— y que, por tanto, el plazo de prescripción debía ser de tres años según el Código Civil de Cataluña. Alegó, además, defectos en la información sobre el derecho de desistimiento y la falta de transparencia en la redacción del contrato, aunque estos argumentos no resultaron determinantes en la sentencia final.

La Audiencia Provincial de Barcelona atendió el recurso y reinterpretó la naturaleza jurídica del contrato, determinando que el elemento prevalente era la prestación de servicios educativos. Esa conclusión fue muy importante: al usar el plazo de tres años, el tribunal decidió que ya no se podía reclamar el pago, porque pasaron más de tres años desde el último pago en septiembre de 2015 hasta la demanda presentada en octubre de 2021. La sentencia de apelación revocó la condena a Magdalena, absolviéndola de todas las pretensiones y obligando a la editorial a sufragar las costas de la primera instancia.

En cuanto a los próximos pasos, la sentencia dictada por la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona no es todavía firme. Editorial Planeta dispone de un plazo de veinte días para interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, siempre que cumpla los requisitos legales exigidos en el artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hasta entonces, el caso sigue abierto a un posible nuevo capítulo en el alto tribunal.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

Un porcentaje récord de estadounidenses se enfrenta a una carga financiera creciente por las deudas de tarjetas de crédito y la imposibilidad de cumplir con el pago de sus facturas mensuales. De acuerdo con un informe reciente elaborado conjuntamente por The Century Foundation y el grupo de defensa Protect Borrowers, aproximadamente 111 millones de personas en Estados Unidos —el 50 % de los titulares de tarjetas de crédito y el 40 % de la población adulta— mantienen deudas con sus tarjetas. Este fenómeno representa un incremento del 17 % respecto a los 95 millones que vivían esta situación hace solo cinco años, reflejando una tendencia de deterioro en la capacidad de pago de los hogares estadounidenses.

Este aumento en el endeudamiento coincide con una etapa de mayores dificultades financieras a nivel nacional. El informe destaca que, incluso antes de que la guerra en Irán impulsara el alza de los precios del petróleo, millones de estadounidenses ya no podían cubrir sus facturas de tarjetas de crédito. Julie Margetta-Morgan, presidenta de The Century Foundation, señaló que la situación financiera era insostenible para la mayoría de los consumidores antes del nuevo repunte en los costos de la gasolina. La situación se complica aún más cuando se considera que los precios del combustible han subido un 34 % en el último mes, situándose en torno a los 4 dólares por galón. Este encarecimiento tiene efectos directos sobre la economía familiar, ya que incrementa los gastos básicos y reduce el margen de maniobra de los hogares para afrontar deudas y otros compromisos financieros.

El impacto del aumento en los precios de la gasolina se siente en todos los niveles de la vida cotidiana. Muchas familias deben reorganizar sus presupuestos para priorizar el gasto en transporte, lo que deja menos recursos disponibles para alimentación, vivienda y salud. Según Margetta-Morgan, la presión adicional sobre el presupuesto doméstico puede llevar a que más estadounidenses se vean incapaces de cumplir incluso con los pagos mínimos de sus tarjetas de crédito, empujando a una parte significativa de la población hacia un estado de vulnerabilidad económica.

Las consecuencias personales de esta situación van más allá del simple retraso en los pagos. Un estudio independiente de The Century Foundation, publicado en diciembre, reveló que uno de cada cuatro estadounidenses ha tenido que omitir comidas para poder cubrir sus gastos mensuales. Además, un tercio de los encuestados indicó que ha pospuesto o renunciado a recibir atención médica debido a la falta de recursos. Esta privación de necesidades básicas, como la alimentación o la salud, da cuenta del nivel de presión financiera que enfrentan muchos ciudadanos.

La necesidad de encontrar nuevas formas de financiar los gastos cotidianos ha llevado a un número récord de estadounidenses a recurrir a sus planes de ahorro para la jubilación, específicamente los conocidos como 401(k), para cubrir emergencias. Los expertos advierten que esta práctica puede tener consecuencias a largo plazo, ya que extraer fondos de los ahorros para el retiro puede acarrear penalizaciones inmediatas y comprometer la seguridad financiera futura de las personas.

La deuda con tarjetas de crédito es especialmente onerosa debido a las altas tasas de interés que aplican los emisores. Según datos de LendingTree, la tasa promedio se sitúa en el 23,7 %, lo que significa que los consumidores no solo se enfrentan a la dificultad de pagar el capital adeudado, sino también a intereses que se acumulan rápidamente y elevan el costo total de la deuda. Julie Margetta-Morgan ha señalado que los consumidores están acumulando altos niveles de deuda y pagando intereses “exorbitantes”, lo que agrava aún más la situación.

El volumen de intereses pagados por los estadounidenses es considerable. Desde 2010, el informe calcula que los bancos y las empresas emisoras de tarjetas han recibido 2,1 billones de dólares en concepto de intereses de tarjetas de crédito. Frente a este panorama, en enero, el entonces presidente Donald Trump propuso limitar las tasas de interés de las tarjetas al 10 %, con el argumento de que esta medida evitaría que los consumidores fueran víctimas de abusos por parte de las compañías emisoras. Sin embargo, dicho límite no se ha implementado, ya que el sector bancario sostiene que restringir las tasas podría reducir el acceso al crédito y empujar a los consumidores hacia productos financieros aún más riesgosos. De haberse adoptado esta medida, según el informe, los estadounidenses habrían ahorrado 368 millones de dólares diarios en intereses.

El uso de ahorros para la jubilación como solución temporal a la crisis financiera plantea serios riesgos a futuro. Los expertos financieros insisten en que recurrir a los fondos de retiro puede suponer penalizaciones fiscales y, lo que es más grave, disminuir la capacidad de las personas para mantener su calidad de vida en la vejez. En un contexto donde casi el 40 % de la población adulta estadounidense ya se encuentra al borde de la insolvencia, la combinación de deudas crecientes, altos intereses y la reducción de los ahorros para el retiro conforma un escenario de vulnerabilidad que amenaza la estabilidad financiera de millones de hogares.

En deudas y restricciones legales para salir del país, miles de colombianos se cuestionan si estar en mora con bancos, tarjetas o entidades financieras puede limitar su posibilidad de viajar o migrar, en especial, ante el aumento del endeudamiento y los reportes negativos en centrales de riesgo. Por ley, el derecho a salir de Colombia está garantizado, aunque existen excepciones definidas que generan dudas y preocupación entre las personas que planean mudarse al exterior o ya tomaron esa decisión.

Toda persona que posee obligaciones financieras pendientes con bancos, cooperativas u otras entidades similares puede salir del país, salvo que se encuentre bajo ciertas circunstancias legales excepcionales. La ley colombiana prevé impedimentos migratorios únicamente para aquellos que enfrentan procesos por deudas alimentarias, fiscales o casos penales, siempre que exista una orden de autoridad competente. Las deudas civiles, como préstamos o tarjetas, no son consideradas delito y, por tanto, no generan prohibiciones para emigrar.

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Así las cosas, el fundamento legal principal se encuentra en el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia, que establece que “todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”. El derecho incluye tanto la libre circulación dentro del país como la posibilidad de ingresar y salir de su territorio.

Sin embargo, este mismo artículo precisa que pueden existir restricciones, pero solo si una norma expresa lo determina y, generalmente, si hay una orden judicial. Por lo tanto, la inmensa mayoría de quienes tienen deudas bancarias no enfrenta obstáculos legales para abordar un vuelo ni serán detenidos por Migración Colombia en el aeropuerto.

¿Las deudas con bancos impiden viajar?

Las obligaciones con bancos, tarjetas de crédito o entidades financieras pertenecen al ámbito civil y no constituyen delito penal. En consecuencia, estar en mora o aparecer reportado de forma negativa en centrales de riesgo no afecta el derecho a salir del país. Por ejemplo, una persona que no paga su crédito, es reportada y recibe la oportunidad de trabajar fuera de Colombia puede viajar, mientras no exista una orden judicial en su contra.

En estos casos, el banco cuenta con alternativas como acuerdos de pago, procesos ejecutivos y embargos sobre bienes o ingresos dentro del territorio colombiano. Las entidades financieras no pueden solicitar restricciones migratorias simplemente porque el cliente deje de pagar. A pesar de que la obligación persiste y se acumulan intereses, el deudor mantiene su derecho a entrar y salir de Colombia.

Un escenario frecuente ocurre cuando alguien vende todos sus bienes, solicita un préstamo y viaja al extranjero. Aunque el banco pierde garantías materiales para el pago, la deuda continúa y podría reclamarse judicialmente si la persona regresa y adquiere bienes a su nombre. Los procesos de cobro solo se activan si existe la posibilidad efectiva de recuperar el dinero, pero no restringen por sí solos la salida del país.

Cuándo sí pueden impedirle salir de Colombia

Existen casos concretos en los que se puede limitar el derecho a salir del país. Es el caso de deudas por obligaciones alimentarias o tributarias, así como situaciones derivadas de procesos judiciales penales. Si un juez considera necesario asegurar el pago de una cuota alimentaria, puede emitir una orden que prohíba la salida de Colombia hasta la regularización. Lo mismo ocurre frente a deudas fiscales—como impuestos de IVA o retenciones en la fuente—si hay orden judicial la restricción se comunica a Migración Colombia.

Se conoce que en estas situaciones específicas la autoridad judicial notifica la prohibición y, una vez saldada la obligación o por disposición posterior del juez, se restituye el derecho a viajar. Las investigaciones penales pueden también dar lugar a medidas para garantizar la comparecencia ante la justicia. Por último, existen restricciones menos comunes asociadas a la seguridad nacional, el orden público o emergencias de salud pública, siempre bajo regulación fundada en la ley.

Por su parte, quienes enfrentan una deuda sólo civil y no tienen orden judicial en su contra pueden viajar sin trabas legales. El control migratorio revisa únicamente la existencia de órdenes registradas por autoridades competentes.

Cómo manejar las deudas antes de emigrar

Para quienes desean evitar problemas al salir de Colombia, el “trámite de negociación de deudas”, reconocido como el proceso de insolvencia por el Ministerio de Justicia, representa una alternativa. El procedimiento permite negociar con los acreedores y alcanzar acuerdos globales y sostenibles, incluso si se encuentra fuera del país.

La solicitud exige presentar:

• Datos personales.
• Un informe que justifique la cesación de pagos.
• La propuesta de arreglo.
• La relación completa de acreedores y bienes.
• Certificaciones de ingresos y la lista de procesos judiciales activos, entre otros requisitos.

Cumpliendo los requisitos legales y con comunicación adecuada, se puede aplicar al trámite desde el exterior. Luego de aceptada la documentación, se convoca a una audiencia de conciliación para lograr un acuerdo. Recibir orientación profesional y optar por la negociación puede reducir riesgos y facilitar la reorganización financiera, especialmente cuando se proyecta un traslado internacional.

La formalización del acuerdo le permite a la persona reorganizar sus compromisos económicos y avanzar con mayor seguridad hacia nuevos proyectos personales o profesionales.

La permanencia de una deuda en centrales de riesgo suele generar dudas entre los usuarios, especialmente por la creencia extendida de que las obligaciones financieras “desaparecen” con el paso del tiempo. Sin embargo, especialistas advierten que esta idea no es del todo correcta, ya que existen diferencias entre la vigencia legal de una deuda y el tiempo que esta permanece visible en los reportes crediticios.

Según Equifax Infocorp, una deuda no se extingue automáticamente por el transcurso de los años. Aunque puede dejar de figurar en el historial crediticio, la obligación como tal puede seguir existiendo, lo que genera confusión entre los usuarios que buscan regularizar su situación financiera.

Diferencias entre prescripción y reporte crediticio

En el Perú, las deudas financieras tienen un plazo general de 10 años para ser exigidas judicialmente. Esto significa que, durante ese periodo, el acreedor puede iniciar acciones legales para cobrar la deuda. Transcurrido ese tiempo, el deudor puede oponerse a una eventual demanda, invocando la prescripción.

No obstante, la prescripción no implica la desaparición de la deuda. “La obligación existe, aunque el deudor podría oponerse a la ejecución judicial”, señalan especialistas del sector. Esta diferencia es clave, ya que muchas personas asumen que una deuda prescrita deja de tener efectos, cuando en realidad su existencia se mantiene en el ámbito legal.

¿Cuánto tiempo aparece una deuda en Infocorp?

En contraste con el plazo judicial, el tiempo que una deuda permanece registrada en centrales de riesgo es menor. Según lo establecido por la normativa vigente, la información crediticia puede ser reportada por un máximo de cinco años desde que la deuda se vuelve exigible.

Esto significa que, pasado ese periodo, la deuda deja de aparecer en reportes de crédito como los de Infocorp. Sin embargo, ello no implica que la obligación haya sido eliminada, sino únicamente que ya no será visible para entidades financieras u otras instituciones que consulten el historial del usuario.

Fuera de Infocorp en una semana

Desde el pasado 8 de agosto de 2025, los deudores podrán salir de Infocorp en solo siete días luego de cancelar sus obligaciones, conforme a la nueva Ley Infocorp promulgada por el Congreso de Perú. La norma modifica los plazos para la actualización de información en las centrales de riesgo, permitiendo que quienes regularicen sus deudas accedan a una mejora en su calificación crediticia en menos de una semana. Antes de este cambio, el proceso podía extenderse durante varios meses.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) dispuso que las entidades financieras tendrán siete días hábiles para corregir o actualizar la información crediticia tras el pago de la deuda o ante la resolución favorable de un reclamo. Este procedimiento aplica tanto para errores reportados en los datos personales como para saldos, tipos de crédito o número de días en mora, facilitando la regularización de la situación del usuario ante Infocorp y otras centrales privadas de riesgo.

La legislación también establece un plazo de siete días para rectificar casos de consumos no reconocidos. Si la entidad financiera verifica la procedencia del reclamo, debe informar la corrección al afectado y a la SBS dentro de ese periodo. Además, la resolución instruye a la Superintendencia a notificar la actualización de información a las empresas del sistema financiero y a las centrales de riesgo, asegurando que el historial crediticio refleje de manera precisa y oportuna la situación de los usuarios.

La mora crediticia en Argentina alcanzó niveles inéditos en los últimos meses. Los datos más recientes muestran que la proporción de personas que dejaron de pagar sus créditos o el resumen de sus tarjetas se incrementó de manera significativa tanto en el sistema bancario como en el segmento de préstamos no bancarios y billeteras virtuales. Esta expansión del atraso se da en paralelo a la persistencia de tasas reales positivas, una inflación que erosiona los ingresos y la dificultad de los salarios para recuperar terreno frente al aumento de los precios.

El último dato oficial proveniente del Banco Central (BCRA) corresponde a datos de diciembre y muestra que la morosidad en los créditos bancarios se triplicó en el último año. La proporción de familias con atrasos en sus pagos pasó de niveles históricamente bajos a cifras que no se registraban desde la crisis de 2001, según el relevamiento oficial. Este deterioro se reflejó con fuerza en las tarjetas de crédito, donde el porcentaje de mora casi se duplicó en apenas seis meses, y sobre todo en préstamos personales, que subieron tanto en cantidad como en monto real.

Mientras tanto, datos privados señalan que la situación se agrava fuera del sistema tradicional. Un estudio de una consultora especializada estimó que hacia enero la mora general, que incluye no solo bancos sino también billeteras virtuales y financieras no bancarias, se ubicó cerca del 25%. Este porcentaje multiplica varias veces los registros previos y sugiere que la presión sobre el presupuesto familiar se expandió a canales alternativos de financiamiento, utilizados con mayor frecuencia en un contexto de restricción de crédito tradicional.

El pago mínimo se consolidó como una trampa para numerosos usuarios. Esta práctica habilita continuar usando el plástico, pero alimenta el saldo con intereses elevados. Los bancos aplican sistemas de amortización que resultan onerosos para el cliente: los intereses llegan a superar el 4% mensual en pesos y el 2% en dólares. En paralelo, las promociones de cuotas fijas estimularon el consumo, pero generaron acumulación de saldos impagos.

El crecimiento de la mora en billeteras virtuales y financieras no bancarias confirmó el alcance del fenómeno más allá de los bancos. El índice de atrasos estimado por consultoras llegó al 25% en estos canales, una proporción inédita para el sector.

Recomendaciones para salir de deudas

Frente al avance de la mora, especialistas y entidades bancarias presentaron una serie de recomendaciones prácticas. El Banco Galicia aconsejó como primer paso “armar un presupuesto financiero personal para conocer tus gastos mensuales e ingresos. De esa forma vas a poder conocer cómo y en qué gastás tu plata”. El análisis detallado de los egresos permite identificar qué rubros pueden ajustarse y si existe la posibilidad de generar ingresos extras. Galicia remarcó que, en muchos casos, la deuda acumulada responde a un manejo ineficiente del dinero que puede corregirse con planificación.

La entidad también recomendó “listar todas las deudas, para saber con claridad cuánta plata se necesita para saldarlas”. Este ejercicio ayuda a definir prioridades de pago y a elegir la mejor estrategia. Galicia sugiere dos métodos principales para organizar los pagos: el método bola de nieve, que plantea cancelar primero las deudas más pequeñas, y el método por tasa de interés, que prioriza aquellas con mayores intereses.

Mariano Otálora enfatizó la importancia de frenar los nuevos consumos con la tarjeta mientras exista deuda acumulada. “Seguir usando la tarjeta solo agrava el problema. Hasta no resolver lo anterior, no sigas financiando gastos corrientes con crédito caro”, afirmó. Además, subrayó que el pago mínimo perpetúa el ciclo de intereses: “Si solo pagás el mínimo, estás cubriendo intereses. Aunque sea en pequeñas cuotas, empezá a reducir el capital. Ese es el verdadero avance”.

Cuando los ingresos no alcanzan para sostener los pagos, Galicia destacó la opción de la consolidación: “Una buena alternativa cuando no se dispone de suficiente efectivo para encarar un esquema de pago más agresivo es juntar en una sola deuda la mayor cantidad de préstamos que se puedan cubrir, de modo de pagar una sola cuota mensual”. El objetivo es reemplazar varias deudas caras y de corto plazo por un préstamo personal con una tasa más baja y un plazo mayor, para que la cuota mensual comprometa una porción menor de los ingresos.

El BBVA Argentina también difundió recomendaciones específicas para clientes que no pueden afrontar el pago de un crédito personal. Según su guía de salud financiera, “si te encontrás en una situación en la que no podés pagar un crédito personal, lo más importante es mantener la calma y actuar de inmediato”. La entidad aconseja “contactar al banco cuanto antes para informar tu situación y buscar alternativas de pago”. BBVA Argentina sugiere explorar la posibilidad de “reprogramar la deuda, refinanciarla o solicitar un período de gracia” para evitar consecuencias mayores como el ingreso a bases de datos de morosos o la judicialización del caso.

La recomendación del BBVA Argentina es “no dejar que la deuda siga creciendo sin control”, y aconseja no tomar nuevos préstamos para pagar deudas anteriores sin analizar primero la conveniencia financiera y la capacidad real de pago.

Entre las alternativas que ofrecen los bancos, existen líneas específicas para la consolidación de deudas. El Banco Nación dispone de un préstamo para clientes que buscan refinanciar y unificar sus obligaciones, transfiriendo los saldos de tarjetas y otros créditos a un solo préstamo personal. Este producto permite transformar varias cuotas en un solo pago mensual, con una tasa de interés fija y un plazo más extenso. La cuota resultante suele ser más baja que la suma de los pagos anteriores, lo que facilita la organización del presupuesto.

El BBVA Argentina también aconseja “priorizar los gastos básicos y evitar el uso de la tarjeta para nuevos consumos mientras exista una deuda pendiente”. La entidad sugiere que, si la situación lo permite, se busque apoyo en el entorno cercano, como familiares o amigos, para afrontar pagos urgentes y evitar cargos adicionales por mora.

Las entidades financieras recomiendan actuar rápidamente ante las señales de dificultad, contactando a la institución acreedora y explorando opciones de refinanciación, consolidación o reestructuración de deuda. El contacto temprano puede evitar la acumulación de intereses y cargos adicionales, así como consecuencias más graves como la pérdida de acceso al crédito formal.

Paso a paso: recomendaciones para salir de deudas

• Elaborar un presupuesto personal Anotar todos los ingresos y gastos mensuales para identificar en qué se va el dinero y detectar posibilidades de ajuste.
• Listar y organizar todas las deudas Detallar el monto, el tipo de deuda y el costo financiero de cada una para tener una visión completa de la situación.
• Evitar nuevos consumos con tarjeta de crédito Suspender el uso del crédito para gastos corrientes hasta resolver las deudas acumuladas.
• Priorizar el pago del capital Superar la trampa del pago mínimo y destinar lo posible a reducir el saldo principal de la deuda.
• Elegir un método para planificar los pagos Considerar el método bola de nieve (empezar por las deudas más pequeñas) o el método por tasa de interés (comenzar por las más costosas).
• Consultar alternativas de refinanciación o consolidación Analizar la posibilidad de tomar un préstamo para unificar deudas y reducir la carga mensual, buscando tasas menores y plazos más largos.
• Contactar a la entidad financiera ante dificultades Informar la situación al banco o financiera para negociar reestructuraciones, períodos de gracia o nuevos planes de pago.
• Priorizar los gastos básicos Asegurar el pago de necesidades esenciales antes de asumir nuevas obligaciones.
• Buscar apoyo en el entorno cercano Considerar recurrir a familiares o amigos para afrontar pagos urgentes si las condiciones lo permiten.

La mora en fintechs y entidades no bancarias mantuvo una tendencia ascendente en enero y se ubicó cerca del 25%, según diferentes estimaciones. Análisis de consultoras privadas coinciden en que el universo del crédito no bancario atraviesa una fase de deterioro acelerado en la calidad de cartera, mientras la banca tradicional también sufre problemas similares y los analistas advierten sobre posibles efectos de contagio.

La consultora EcoGo relevó que el nivel de irregularidad en las carteras de crédito no bancario llegó a 23,9% en enero de 2026. El fenómeno no se aisló a un segmento puntual, sino que afectó transversalmente a las principales entidades del sector, tanto fintechs como financieras tradicionales no bancarias. El informe indica que “casi cuatro veces la irregularidad del crédito total del sistema financiero y 2,4 veces la del crédito para consumo bancario de las familias”.

El mismo informe señala que, como consecuencia, la porción de la cartera de créditos en funcionamiento normal decrece. La regularidad (situación normal más riesgo bajo) bajó de 92,1% en diciembre de 2024 a 76,1% en enero de 2026, mostrando un retroceso de más de 16 puntos porcentuales en poco más de un año. En ese segmento, la proporción de créditos en situación de “irrecuperable” llegó a 8%, con un incremento sostenido desde diciembre de 2024, cuando ese valor era de 2,7%.

El peso de este tipo de créditos también cambió en el sistema financiero. De acuerdo con las cifras de EcoGo, el crédito no bancario representa 13,3% del total y 17,1% del crédito al consumo en enero de 2026, mientras que el endeudamiento familiar asociado a este tipo de préstamos equivale a 0,35 meses de ingreso promedio. El informe agrega que el crédito no bancario como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) ascendió a 1,44% en el mismo período.

Con números similares, pero no idénticos, la consultora 1816 calculó que la irregularidad de los créditos de entidades no financieras a familias superó el 27% en enero. El informe destaca que “todas las principales entidades no financieras muestran crecimiento en la irregularidad del crédito a hogares en enero respecto a diciembre, de modo que repetimos que lo de la mora continúa tratándose de un fenómeno macro”. Además, remarca que “Tarjeta Naranja y Mercado Libre siguen liderando con mucha distancia el segmento de los proveedores no financieros de crédito, explicando entre ambas entidades casi el 60% de esos préstamos a familias”.

El análisis de 1816 pone el foco en la diferencia entre la mora registrada por entidades financieras y la que corresponde a las no bancarias. “La diferencia entre la mora de los préstamos a hogares de entidades financieras (que son los bancos y las compañías financieras) y entidades no financieras (que son todos los otros proveedores de crédito) es notable. En el caso de las entidades no financieras, ya puede afirmarse que más de un cuarto de los préstamos está en situación irregular, algo que, de acuerdo con las estadísticas del BCRA, solo habíamos visto en 2019 (año de crisis con Macri) y 2020 (año de pandemia; ver figura)”, indica el informe.

La evolución de las tasas de interés es otro elemento destacado. Según 1816, “entre 2019 y mediados de 2025 las tasas nominales de los préstamos personales de entidades no financieras fueron en promedio un 90% más altas que las tasas de entidades financieras, es decir, casi el doble (las estadísticas de tasas de entidades no financieras llegan a julio de 2025 y se actualizan semestralmente), y las tasas reales de todos los segmentos aumentaron significativamente el año pasado”. El informe calcula que, en febrero de 2026, la tasa nominal anual (TNA) promedio para préstamos personales de entidades financieras fue de 69,7%, lo que equivale a una tasa efectiva anual (TEA) nominal de 96,8% y a una TEA real de 39,7% si se toma la inflación de febrero. En el caso de entidades no financieras, si la tasa nominal promedio siguió siendo un 90% superior, la TEA real alcanzó 149,1%.

El informe de EcoGo señala que “la irregularidad en los créditos no bancarios muestra un crecimiento sostenido desde 2024, acelerando a fines de 2025”. A partir de la desagregación de las carteras, el estudio muestra que el crédito no bancario totalizó 13,84 billones de pesos en enero de 2026.

Por su parte, 1816 advierte que “el nivel tan elevado de las tasas de interés reales de los préstamos a familias, y especialmente de los préstamos personales, implica un nivel de irregularidad más alto, dado cualquier nivel de actividad económica”. El informe agrega que, si bien una mora más alta significa, dado cualquier nivel de préstamos, un menor resultado financiero para el acreedor, “en muchos casos las tasas son tan elevadas que pueden verse ejemplos de alta irregularidad sin problemas de rentabilidad para los prestamistas”.

La volatilidad financiera también impactó sobre el sector. “Desde que se eliminó el corredor de tasas de interés las tasas a 1 día se han movido tanto que todos los actores del mercado se acostumbraron a tomar decisiones sabiendo que de un día para el otro las tasas pueden duplicarse o bajar a la mitad”, afirma 1816. El informe vincula el incremento de la volatilidad y el fin de las LEFI, desde mediados de 2025, con la desaceleración del crédito al sector privado y la suba en el costo del dinero.

La diferencia en el volumen de préstamos entre entidades financieras y no financieras también aparece en los informes. Según 1816, “el crédito de entidades financieras a familias es mucho más elevado que el de entidades no financieras ($63 billones versus menos de $13 billones, según datos de enero de la Central de Deudores), a nivel agregado, es decir, tomando los créditos de ambos tipos de entidades, la mora total de hogares está por debajo del 14%, según calculamos”.

El informe de 1816 resalta que “la irregularidad en los préstamos del sistema financiero a familias subió en enero por decimoquinto mes consecutivo, aumentando 1,3 puntos porcentuales, desde 9,3% en diciembre hasta 10,6%. De este modo, la mora de hogares tocó nuevos máximos en más de dos décadas”. El documento aclara que “el 100% de los principales 25 bancos tuvieron aumento de la mora familiar en enero, lo que habla de un fenómeno macro”.

El mismo informe detalla que, sumando la morosidad de los préstamos a empresas, “la irregularidad del conjunto de préstamos al sector privado no financiero también aumentó en el primer mes del año, hasta 6,4%”.

Entre los factores que explican el escenario actual, 1816 menciona que “algo que, en nuestra opinión, contribuiría a reducir las tasas activas, es bajar la volatilidad de las tasas cortas, que creció enormemente desde mediados de 2025, tras el fin de las LEFI”. El informe explica que “los beneficios de este régimen monetario no son evidentes, más allá de que le otorga al equipo económico muchos grados de libertad para cambiar las condiciones de liquidez abruptamente de un día para el otro sin dar demasiadas explicaciones”.

El reporte de 1816 también describe el fenómeno de desaceleración del crédito: “No es casualidad que el crédito al sector privado se haya desacelerado tanto tras el fin de las LEFI, en julio 2025, cuando empezó a aumentar no solo la tasa, sino también la volatilidad de la tasa”.

Advertencias de una calificadora de riesgo sobre los bancos

En un apartado sobre la banca tradicional, un informe de Moody’s advierte que “la calidad de los activos se consolida como el principal desafío para los bancos”. Según la agencia, “los indicadores de morosidad continuarán deteriorándose en el corto plazo, antes de estabilizarse gradualmente hacia mediados de 2026, a medida que el desempeño de la expansión reciente del crédito continúa reflejándose en la calidad de la cartera”.

El documento de Moody’s sostiene que “el crecimiento de los activos ponderados por riesgo y la materialización de la mora esperada presionan gradualmente los indicadores, aunque sin constituir un factor limitante para la expansión del crédito en el corto plazo”. Además, remarca que “el deterioro de la cartera continuará presionando la rentabilidad del sistema financiero, principalmente a través de mayores cargos por incobrabilidad”.

La agencia señala que “durante gran parte de 2025 el sistema operó en un entorno de elevados spreads entre tasas activas y pasivas, que incentivó la originación de crédito a pesar del deterioro de los indicadores de morosidad”. Moody’s concluye que, en este contexto, “el endurecimiento de las condiciones de oferta de crédito, reflejado en criterios de originación más estrictos, dificultó el acceso a refinanciaciones y contribuyó a amplificar el deterioro de las carteras”.

¿Sabías que el reporte de Infocorp, emitido por Equifax - Infocorp no es solo útil para saber tu puntuación y cómo te ve el sistema financiera en cuestión de perfil deudor?

Esta herramienta también te sirve para ver todo tu reporte de crédito para mejorar tus finanzas y es aprovechable también para saber qué deudas tienes en el sistema bancario.

Pero, además, este documento esencial para analizar el riesgo asociado a las decisiones financieras de una persona o empresa, también te muestra las deudas que tienes fuera del sistema bancario, según las entidades lo hayan reportado.

Reporte de Infocorp

Para procesos como la aprobación de un préstamo, el alquiler de un inmueble, la formalización de acuerdos comerciales o incluso al momento de organizar las finanzas personales, las entidades recurren a una fuente común para evaluar el historial de un individuo o empresa: el reporte de crédito.

“Este informe se ha consolidado como una herramienta indispensable que refleja el historial crediticio, lo que permite a las entidades tomar decisiones informadas sobre la capacidad para acceder a productos y servicios financieros”, resalta Equifax - Infocorp, el cual ofrece esta información y es de el reporte más conocido de su tipo en Perú.

Así, el Reporte de Crédito de Equifax – Infocorp recoge datos de una amplia gama de fuentes, tales como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), instituciones financieras, microfinancieras, empresas comerciales y proveedores de servicios.

De igual manera, el documento procesa y organiza la información para proporcionar indicadores que facilitan el análisis del comportamiento financiero. Este se compone por lo siguiente:

1. El puntaje de tu Score Crediticio: Este indicador es una herramienta estadística que predice el riesgo de que una persona caiga en morosidad en los próximos 12 meses. El score va de 1 a 999, donde un puntaje alto indica un bajo riesgo. Para calcularlo, se analizan diversas variables, que reflejan el cumplimiento de las obligaciones financieras.
2. Comportamiento de pago en los últimos 12 meses: Esta sección te brinda un resumen claro de cómo has gestionado tus pagos en el sistema financiero, destacando cualquier atraso reportado. Analizar esta información te permitirá detectar posibles áreas de mejora.
3. Vista del último periodo: Aquí encontrarás un listado detallado de tus deudas vigentes reportadas en el último periodo. Es esencial que verifiques esta información con tus registros personales, para asegurarte de que los datos sean precisos, incluyendo las entidades con las que tienes deudas y el estado actual de las mismas.
4. Detalle de otras deudas impagas: Esta sección te ofrece información sobre las deudas reportadas por empresas fuera del sistema bancario, ampliando la visión de tus compromisos financieros más allá de los préstamos bancarios tradicionales.

Consúltalo para revisar tus deudas

Según la empresa revela, este documento se ha convertido en un material de consulta esencial para la toma de decisiones en diversos sectores. Así, las entidades financieras lo utilizan para evaluar solicitudes de financiamiento, mientras las empresas lo consultan antes de establecer relaciones comerciales; y los consumidores tienen la opción de revisarlo para conocer cómo se percibe su comportamiento financiero

“El reporte permite identificar los hábitos de una persona en relación con la gestión de su crédito. Es una herramienta valiosa para quienes desean entender el impacto de sus decisiones financieras y cómo estas pueden influir en su acceso a nuevas oportunidades”, comentó Javier Luque, Gerente de Canales de Equifax Perú.

De esta manera, al comprender esta información, puedes tener un panorama completo de tu salud financiera, lo que te permite monitorear tu evolución a lo largo del tiempo y mantener un control efectivo sobre tu comportamiento crediticio.

En el ámbito legislativo comenzó a circular una propuesta que busca dar respuesta a uno de los problemas más agudos de los sectores de menores ingresos: el sobreendeudamiento. El proyecto de ley, impulsado por la oposición, propone la creación de una línea de créditos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) diseñada con un fin específico: el saneamiento financiero de sus beneficiarios.

A diferencia de los programas de asistencia crediticia tradicionales, el “Programa de desendeudamiento de las familias” no contempla la libre disponibilidad de los fondos para el consumo. El eje central de la propuesta es que el capital otorgado por el Estado actúe como un mecanismo de cancelación de pasivos preexistentes con entidades del sistema financiero, permitiendo que jubilados y pensionados sustituyan deudas con tasas elevadas por un financiamiento con condiciones más previsibles.

De acuerdo al texto del proyecto, el programa se financiaría con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

El tope de $1,5 millones y el sistema de “pago directo”

El punto más disruptivo de la iniciativa es el procedimiento de ejecución del crédito. Para asegurar que el destino de los recursos sea efectivamente el desendeudamiento, el proyecto establece que el beneficiario no recibirá el depósito en su caja de ahorro. En su lugar, la Anses realizaría una transferencia directa a la entidad acreedora —ya sea un banco o una emisora de tarjeta de crédito— para saldar la deuda declarada por el titular.

En cuanto a la capacidad de asistencia, el texto preliminar fija un tope máximo de $1,5 millones por solicitante. No obstante, este monto no es fijo, sino que se prevé un mecanismo de actualización automática basado en la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), lo que permitiría que el programa mantenga su relevancia frente a la dinámica de precios del mercado.

Respecto al costo financiero, la tasa de interés propuesta se calcularía en base a la TAMAR más un margen adicional de diez puntos. El objetivo es que la carga financiera resultante sea sensiblemente inferior a los costos de las tarjetas de crédito o de los préstamos personales que hoy ofrece el sector privado.

Protección de ingresos: el límite del 30%

Para garantizar que el pago de las cuotas no afecte la subsistencia diaria de los hogares, el proyecto contempla un blindaje sobre el haber mensual. Se establece por ley que el descuento mensual realizado por Anses para devolver el préstamo no podrá superar el 30% de los ingresos netos del beneficiario.

Este límite es clave, ya que muchos de los actuales deudores del sistema previsional destinan hoy porcentajes mucho mayores al pago de intereses mínimos de tarjetas o préstamos de financieras informales. De implementarse el plan, el beneficiario podría consolidar sus deudas en una sola cuota que respete este margen de seguridad, aliviando la presión sobre sus ingresos disponibles para alimentación y salud.

El universo de los destinatarios

La propuesta legislativa busca abarcar a un espectro amplio de la seguridad social, alcanzando a aproximadamente diez millones de personas. Entre los grupos habilitados para tramitar el auxilio financiero se encuentran:

• Jubilados y Pensionados del SIPA: Siempre que sus ingresos mensuales no excedan el monto equivalente a seis haberes mínimos.
• Titulares de Asignaciones: Quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo (AUE).
• Pensiones No Contributivas (PNC): Incluyendo los regímenes por invalidez, vejez y madres de siete hijos.
• Regímenes especiales: Personal registrado de Casas Particulares y Monotributistas de las categorías iniciales (A, B, C y D).

Gestión digital y validación de deudas

La instrumentación del programa se apoyaría íntegramente en la infraestructura digital del organismo previsional. El trámite se realizaría a través del aplicativo Mi Anses, donde los usuarios deberán cargar la documentación que acredite el estado de sus deudas bancarias o financieras.

El sistema cruzará datos en tiempo real con las entidades del sector financiero para validar los montos y las cuentas de destino. Una vez aprobado el crédito, el circuito administrativo concluiría con el pago directo al acreedor, regularizando la situación crediticia del titular sin que medie la entrega de efectivo.

Si bien la iniciativa aún debe transitar todo el recorrido parlamentario, su sola mención ya genera expectativa en los sectores que hoy se encuentran al margen del financiamiento bancario tradicional. El debate técnico en el Congreso se centrará, seguramente, en el origen de los fondos para sostener estas líneas y en la sostenibilidad de un sistema que pretende rescatar de la morosidad a los beneficiarios más vulnerables del sistema previsional.

En la familia Martínez de Irujo, las historias no dejan de sorprender, por muy acostumbrados que estén al escrutinio público. Con motivo del centenario del nacimiento de Cayetana de Alba, la exposición ‘Cayetana. Grande de España’ volvió a reunir a casi todos los hermanos bajo el mismo techo. El ambiente fue cordial, e incluso el rey Felipe VI se dejó ver en el acto. Solo faltó Fernando, ausente por compromisos previos, aunque desde la familia insisten en que no existe ningún conflicto grave, más allá de los típicos roces que surgen en cualquier casa numerosa.

Menos de quince días después, Cayetano Martínez de Irujo ha reaparecido en Sevilla para presentar el ciclo homenaje a su madre y, esta vez, el tema de la economía familiar salió a relucir sin rodeos. De hecho, Cayetano no tuvo reparo en hablar de cifras y dejó claro que el dinero, lejos de ser tabú, ha formado parte de las conversaciones familiares, aunque no siempre con la misma naturalidad para todos.

“Por eso les he dado los datos: a mí no me da vergüenza; a mis hermanos sí”, reconocía ante los medios. Fue ahí cuando relató el momento exacto en que su madre le pidió, junto a su hermano Carlos, actual duque de Alba, que se encargara de gestionar las propiedades familiares. Lo que nunca imaginó fue el panorama que se iba a encontrar nada más empezar.

“Cuando empecé a gestionar la casa, tuve que ir a mi madre y decirle: ‘Se acabó’. Le dije que ya no podía seguir con sus donaciones y repartos, y mientras lo decía pensaba: ‘A lo mejor me destituye nada más llegar’”, confesó, entre risas. El motivo era contundente: una deuda acumulada de 14 millones de euros. Según cuenta, la reacción de la duquesa fue de auténtica sorpresa: “¿Pero qué me estás contando? ¡Qué tonterías!”. Tuvo que explicarle que nadie le había informado antes de esa situación y que, por primera vez, tocaba apretarse el cinturón.

A pesar de lo abultado de la cifra, Cayetano matiza que, para una casa con semejante patrimonio, no era un drama insalvable. De hecho, asegura que durante los cinco años siguientes logró saldar la mitad de la deuda, a base de mucha gestión y control del gasto. “Contestaba a todo el mundo y ayudaba a todos. En año y pico, tenía un millón y medio de donaciones”, recuerda.

Una carta, un deseo y más de un roce familiar

En 2009, la duquesa de Alba dejó por escrito su voluntad: quería que Cayetano asumiera la gestión de todas las propiedades agrícolas. “No quiero discusiones, la decisión la he tomado porque es mi deseo”, dejó claro en una carta a sus hijos. Sin embargo, la realidad fue otra. Según Cayetano, su hermano Carlos nunca estuvo de acuerdo y bloqueó el proceso. Así, la carta nunca tuvo efecto real, ya que no estaba incluida en el testamento y, legalmente, no era vinculante.

Ser el hijo elegido por su madre tampoco le salió gratis. Cayetano admite que esa posición le costó más de un disgusto y algunos conflictos internos. Aunque con el tiempo las aguas se han calmado y la relación con Carlos y Eugenia se ha asentado, la etapa no fue sencilla. Con Fernando, en cambio, siempre ha habido buena sintonía.

Como reconocimiento por este trabajo para salvaguardar a la familia y su legado, en 2013, Cayetana de Alba quiso reconocer el trabajo de su hijo y le cedió el título de duque de Arjona, el más antiguo de España. Ya era duque de Salvatierra, pero este gesto fue especial: premiaba años de esfuerzo por sanear, modernizar y mantener la Casa de Alba.

De acuerdo con su reciente clip, en Colombia únicamente existen dos situaciones en las que una persona puede enfrentar prisión por deudas: la inasistencia alimentaria y el incumplimiento de obligaciones con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por el delito de omisión de agente retenedor o recaudador.

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Las profesionales recalcaron que no toda deuda constituye un delito penal en Colombia. Según detalló Laura Ramírez, la legislación establece que el impago de créditos personales, préstamos entre particulares o deudas comerciales no lleva a la cárcel.

En cuanto a la excepción principal sobre la inasistencia alimentaria, que ocurre cuando un padre o madre incumple con las obligaciones económicas hacia sus hijos, las abogadas explicaron que la conducta está tipificada como delito y puede derivar en penas privativas de libertad.

Ante la inquietud sobre qué hacer si “una amiga debe dinero y no paga”, las abogadas reiteraron que esta situación debe resolverse a través de la jurisdicción civil.

“Si te firmó alguna letra, cheque, pagaré, tendrás que ir a la jurisdicción civil y ejecutar esa letra, porque en el penal eso no se constituye ni en una estafa ni en un abuso de confianza”, aclaró la abogada en la conversación difundida en redes.

El acreedor puede acudir a un proceso ejecutivo y, si cuenta con títulos valores como pagarés o cheques, solicitar embargos o medidas cautelares sobre los bienes del deudor.

“Asegúrese de hacer una investigación patrimonial cuando preste dinero para que por lo menos pueda iniciar un proceso ejecutivo y tenga que embargar, que tenga que imponer unas medidas cautelares, ya sea embargo o secuestro”, recomendaron las especialistas.

Las abogadas recordaron que en la mayoría de los casos, el impago de préstamos entre particulares no constituye delito, por lo que la vía adecuada es la civil, no la penal.

Qué pasa con las deudas cuando una personas fallece en Colombia

Cuando una persona fallece en Colombia, sus deudas no se extinguen automáticamente: forman parte de la masa sucesoral, donde tanto los bienes como las obligaciones pendientes del fallecido pasan a ser objeto de reparto y cancelación antes de cualquier distribución de herencia, según la legislación Colombiana.

De acuerdo con un análisis emitido por el equipo jurídico del medio Asuntos Legales, este proceso jurídico determina la responsabilidad de los herederos y puede limitar o incluso evitar que cargas financieras alcancen el patrimonio personal de los beneficiarios si estos eligen el mecanismo adecuado.

La integración de los pasivos pendientes a la masa sucesoral significa que, antes de cualquier adjudicación de bienes, las deudas del fallecido deben liquidarse con los recursos dejados por la persona.

Paula Andrea Ramírez, coordinadora jurídica de Mauricio Pava Abogados, señaló al medio que “la responsabilidad de los herederos sobre las deudas del fallecido dependerá de cómo acepten la herencia: de forma pura y simple o con beneficio de inventario”.

Esta elección es decisiva: si los herederos aceptan la herencia sin beneficio de inventario —aceptación pura— responderán con sus propios bienes si las deudas superan el valor de los activos heredados. Si la aceptan con beneficio de inventario, su obligación se limita estrictamente al valor de los bienes heredados.

Algunas obligaciones, por su naturaleza personalísima (intuitu personae), se extinguen con la muerte del deudor. Clara Carolina Cardozo Roa, profesora de sucesiones en la Universidad del Rosario, precisó en declaraciones al medio “Las únicas deudas que se extinguen con la muerte del deudor son aquellas consideradas intuitu personae; por ejemplo, cuando un artista se obliga a entregar un cuadro, ya que nadie más puede realizar esa misma obra”.

Por contraste, Daniela Carrillo, abogada de Suárez & Suárez Law, subrayó que obligaciones comunes como préstamos bancarios, hipotecas, impuestos o tarjetas de crédito subsisten y deben ser saldadas con el patrimonio del fallecido.

El proyecto de ley N.388, que busca que los bancos y otras entidades financieras que operan en Panamá reconozcan de manera administrativa y sin la necesidad de una declaración judicial que prescriban las deudas de sus clientes, es rechazado por el sector bancario.

La Asociación Bancaria de Panamá, que agrupa a 39 bancos de licencia general y 12 con licencia internacional, manifestó en un comunicado que el proyecto de ley, que la semana pasada fue aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional, “más allá de su dudosa constitucionalidad” podría tener implicaciones importantes para el acceso al crédito de personas, familias y empresas en el país.

En Panamá el sistema de crédito se sostiene en la confianza y en el compromiso de la gran mayoría de los clientes bancarios con el cumplimiento de sus obligaciones.

Gracias a esa cultura de pago responsable, los banqueros aseguran en un comunicado que la morosidad se mantiene en niveles estables y el crédito continúa siendo una herramienta fundamental para que miles de familias puedan adquirir una vivienda, emprender un negocio o enfrentar momentos importantes de su vida.

Las últimas estadísticas del sistema bancario panameña indican que a 2025 la cartera hipotecaria logró resultados por unos $20,330 millones, con un crecimiento anual de 2.6%.

Por su parte, los préstamos personales se mantuvieron estables, con un saldo de $9,985 millones, registrando un alza anual de 2.8%.

El diputado Ernesto Cedeño, proponente de la iniciativa, ha reiterado que algunas entidades financieras venden carteras de deudas que ya prescritas, situación que da como resultado que terceros sigan gestionando el cobro a los usuarios.

Advirtió que la medida no modifica los términos legales para cobrar las deudas, que en el Código de Comercio se estable un periodo de 3 años para reclamar judicialmente contratos bancarios y financieros, una vez se incumpla con el compromiso bancario.

Solo se trata de crear una vía administrativa que permita que los clientes bancarios soliciten la prescripción directamente a los bancos, sin tener que iniciar un proceso judicial, argumentó Cedeño.

Pero, para el sector bancario algunas disposiciones del proyecto podrían generar un incentivo equivocado, propiciando que algunos deudores opten por esquivar sus compromisos hasta que su deuda prescriba, aprovechándose de la eliminación de toda referencia negativa en su historial de crédito como propone el proyecto de ley.

En contraste, aquellos que con esfuerzo y sacrificio enfrentan la restructuración y pago de sus deudas, sí verán sus dificultades crediticias temporales reflejadas en su historial de crédito, lo que podría enviar una señal injusta para quienes actúan con responsabilidad y debilitar las condiciones que hoy promueven la cultura de pago en Panamá, puntualiza el comunicado de la Asociación Bancaria de Panamá.

La banca da por hecho que el proyecto introduce una nueva e inadecuada ruta administrativa para la prescripción de deudas ante el banco, la Superintendencia de Bancos y eventualmente la Corte Suprema, mientras el proceso judicial tradicional seguiría vigente. Esta duplicidad podría generar mayor complejidad, costos e incertidumbre, afirman.

Explican que cuando aumentan los riesgos en el sistema de crédito, las condiciones para otorgar préstamos suelen volverse más estrictas. Esto puede traducirse en créditos más costosos, o más difíciles de obtener, afectando especialmente a familias, emprendedores y pequeñas empresas que dependen del financiamiento para avanzar y construir oportunidades.

Finalmente, la Asociación Bancaria de Panamá agrega que reafirma su compromiso con el acceso al crédito responsable para todos los panameños, la estabilidad del sistema financiero, y reitera su disposición al diálogo técnico para fortalecer la protección del consumidor y la seguridad jurídica.

Esta semana el gerente del estatal Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo Esquivel, dijo que solicitará el veto del proyecto de ley No.388 que, luego de ser aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, solo espera la sanción presidencial.

Esta semana dos gigantes de la industria brasileña, la cadena de supermercados del Grupo Pão de Açúcar y Raízen, una gran empresa agroindustrial y de biocombustibles nacida en 2010 de una joint venture entre el grupo brasileño Cosan y Shell, solicitaron una reestructuración extrajudicial de su deuda.

Se trata de una forma de acuerdo con los acreedores similar a una reestructuración financiera, aunque sin pasar por un procedimiento judicial completo. El Grupo Pão de Açúcar quiere renegociar cerca de 4.500 millones de reales (844,2 millones de dólares) de deuda con sus acreedores, y la justicia de San Pablo aceptó la solicitud, permitiendo a la empresa negociar y buscar un acuerdo durante los próximos 90 días. En cuanto a Raízen, el plan afecta aproximadamente a 65.000 millones de reales (12.193,7 millones de dólares) de deuda. La empresa está negociando con los bancos para ampliar los plazos y reorganizar la deuda. El plan podría incluir venta de activos, conversión de deuda en acciones y nuevos financiamientos.

El objetivo, además de ampliar los vencimientos de la deuda, es reducir la presión financiera, en un contexto en el que muchas empresas brasileñas se han visto afectadas en los últimos meses por tipos de interés muy altos y crecientes costos financieros. Muchas, entre ellas Intercement, Ambipar, CSN y Braskem, han enfrentado graves dificultades financieras, recurriendo a herramientas como reestructuraciones de deuda, venta de activos, entrada de nuevos socios o solicitudes de recuperación judicial y extrajudicial.

Según los analistas, el principal factor detrás de estas crisis es el alto nivel de la tasa Selic en Brasil, que desde junio de 2025 se sitúa en 15%, el nivel más alto de los últimos veinte años. Se trata del tipo de interés de referencia del país, fijado por el Banco Central (BC), que guía el costo del crédito y de los préstamos en la economía. Esta política monetaria restrictiva fue adoptada por el BC para llevar la inflación hacia la meta del 3%, pero ha tenido el efecto de aumentar drásticamente el costo del crédito para las empresas.

El problema ha resultado particularmente grave para las compañías que en años anteriores realizaron grandes inversiones cuando los tipos eran mucho más bajos y no habían previsto un período tan prolongado de dinero caro. Según la agencia de calificación Fitch, el elevado nivel de los tipos es el factor común que explica las dificultades de muchas empresas. En los últimos cuatro años, la media de la Selic ha estado en torno al 13%, y las previsiones indican que difícilmente bajará del 10% antes de 2027. Una situación de este tipo ejerce una fuerte presión sobre los balances, ya que una empresa con deudas equivalentes a tres veces su flujo de caja operativo puede llegar a destinar cerca del 50% de sus ingresos operativos solo al pago de intereses, dejando poco margen para cubrir inversiones y capital de trabajo.

Además del contexto macroeconómico, en algunos casos las dificultades también derivan de problemas de gestión o de gobernanza empresarial, que han agravado el impacto del dinero caro. Algunas empresas han logrado adaptarse reduciendo costos, revisando su estrategia financiera y reorganizando inversiones, pero muchas otras hoy tienen balances frágiles. “Hace un año que espero el recorte de la tasa Selic”, declaró a CNN Brasil Luiza Trajano, una de las empresarias más conocidas del país y presidenta de Magazine Luiza, una cadena minorista especializada en electrodomésticos, electrónica y productos para el hogar. “Si llega el recorte de los tipos, aliviará los balances de las grandes empresas y dará respiro a las pequeñas compañías en su capital de trabajo”, concluyó.

El problema del alto nivel de la Selic también se refleja en los datos sobre procedimientos de insolvencia de las empresas. Según la plataforma NEOT, especializada en el tema, en 2025 se presentaron casi 2.000 solicitudes de recuperación judicial y más de 100 de recuperación extrajudicial, cifras muy elevadas y similares a las de 2024. “El aumento de los tipos de interés hace más difícil el acceso al crédito en el mercado bancario tradicional y, para las grandes empresas, ese no es el principal problema, pero sí vuelve mucho más costoso captar capital mediante bonos”, declaró el CEO de NEOT, Júlio Moretti, al diario O Estado de São Paulo.

Los expertos consideran, sin embargo, que al menos para las empresas la crisis actual tiene características diferentes a la de 2016. En aquel momento, el colapso de muchas compañías fue causado por una profunda recesión económica que afectó a todo el país, interrumpiendo inversiones y cadenas productivas. Hoy, en cambio, la crisis nace desde dentro de las empresas, después de años de tipos elevados, acceso selectivo al crédito y márgenes de beneficio comprimidos. Según Ricardo Knoepfelmacher, socio fundador y CEO de la consultora RK Partners, “la economía brasileña podría entrar en una fase difícil para el sector corporativo”.

El experto cree que en los próximos dos años muchas grandes empresas podrían verse obligadas a iniciar procesos de reestructuración de deuda, tanto judiciales como extrajudiciales, para reducir el peso del endeudamiento. Sin embargo, muchas compañías esperan una mejora de la situación si el Banco Central comienza a reducir los tipos de interés. El Comité de Política Monetaria (Copom) mantuvo la Selic en 15% en enero, aunque señaló la posibilidad de iniciar un ciclo de recortes. Inicialmente, el mercado preveía un primer recorte de 0,5 puntos porcentuales, pero nuevas tensiones internacionales, como la guerra en Irán y el aumento del precio del petróleo, han introducido incertidumbre sobre los tiempos.

Según algunas previsiones del mercado recogidas por el Banco Central en el último Boletín Focus, el tipo de interés podría bajar a alrededor del 12% a finales de 2026 y a 10,5% en 2027. Sin embargo, incluso con una reducción gradual, los tipos seguirán siendo relativamente altos durante varios años.

La economía será, por lo tanto, un capítulo fundamental de las elecciones presidenciales de octubre, dado el peso que estas empresas tienen en la sociedad y en la vida de los ciudadanos. Y si Lula en la campaña electoral de 2022 se negó a presentar un plan económico, esta vez ya ha comenzado a enviar señales al mercado financiero. Su ministro de Economía, que el próximo jueves, tras dimitir, lanzará su candidatura al gobierno del estado de San Pablo, propuso a Lula como nuevo director del Banco Central, probablemente para el área de Política Económica, al economista Guilherme Mello, actual secretario de Política Económica del Ministerio de Economía.

Mello, afiliado al Partido de los Trabajadores (PT) desde la adolescencia, pertenece al grupo de los llamados “economistas de la Unicamp”, muy cercanos a la Teoría Monetaria Moderna (MMT), que inspiró parcialmente el gobierno de Dilma Rousseff, terminado con la peor recesión económica de la historia de Brasil. Se trata de una teoría favorable a la intervención del Estado, tanto mediante gasto público como mediante mayor injerencia en las relaciones económicas. Defiende políticas fiscales expansivas financiadas mediante la creación de dinero por parte del Estado, porque para la MMT ni la deuda ni la inflación representan un problema. Sin embargo, hasta ahora nunca ha tenido éxito.

Precisamente este perfil académico e ideológico preocupa a parte del mercado. Sergio Vale, economista jefe de MB Associados, declaró a BBC Brasil que Mello “es un profesor de economía con un perfil heterodoxo, siempre ha tenido esa orientación, ha publicado muchos estudios contrarios a la política del Banco Central y eso tiende a generar ruido; quizá no era el nombre más adecuado”. Cuando el pasado febrero se conoció la noticia de la posible designación de Mello, el mercado financiero reaccionó negativamente. Los tipos de interés futuros a más largo plazo, aquellos que reflejan más directamente la percepción del riesgo sobre el futuro de la economía, aumentaron alrededor de 0,15 puntos porcentuales. Los tipos futuros, conviene recordarlo, representan las expectativas del mercado sobre el nivel de los tipos de interés en los próximos años. Cuando se habla de plazos más largos, se hace referencia a previsiones para períodos lejanos en el tiempo, por ejemplo, cinco o diez años.

El hecho de que hayan subido 0,15% significa que los inversores ahora exigen un rendimiento ligeramente mayor para prestar dinero a largo plazo, porque perciben más riesgo o más incertidumbre sobre el futuro de la economía.Algunos datos ya generan preocupación. La deuda externa de Brasil alcanzó un nivel récord de 397.500 millones de dólares, el más alto desde que existen estadísticas hace 56 años, reduciendo el margen de seguridad entre deuda y reservas internacionales. La deuda ha crecido 24,4% desde 2023, mientras que las reservas internacionales han aumentado mucho menos, reduciendo a menos de 10.000 millones de dólares la diferencia entre activos y pasivos externos del país. La mayor parte de la deuda pertenece al sector privado, especialmente a los bancos, que representan cerca del 40% del total, mientras que el gobierno concentra poco más del 20%. A pesar del aumento del endeudamiento, los economistas consideran que la posición externa de Brasil sigue siendo relativamente sólida en el corto plazo. Esto se debe a que las reservas aún son tres veces superiores a la deuda que vence a corto plazo y la exposición del sector público en moneda extranjera es limitada. Sin embargo, crece la preocupación por el déficit de cuenta corriente, que pasó de 27.000 millones de dólares en 2023 a 69.000 millones en 2025, impulsado por el aumento del consumo y de las importaciones de servicios. Esto reduce el margen de seguridad de las reservas y podría convertirse en una vulnerabilidad si Brasil enfrentara shocks externos o una disminución de la inversión extranjera.

Tampoco son alentadores los datos sobre las finanzas de la población. En febrero, el endeudamiento de las familias brasileñas alcanzó el 80,2%, el nivel más alto desde el inicio de la serie histórica de la Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo, en 2010. La morosidad también volvió a aumentar, con 29,6% de las familias que tienen deudas o cuotas atrasadas. El endeudamiento ha aumentado en todas las franjas de ingresos, tanto entre los más pobres como entre los de mayores ingresos, y casi 20% de las familias utiliza más de la mitad de su ingreso para pagar deudas.

Las principales fuentes de endeudamiento son el uso de tarjetas de crédito, que tuvieron intereses rotativos de 451,5% anual en febrero, los pagos en cuotas —muy extendidos en Brasil— y los préstamos personales y financiamientos. Los expertos atribuyen esta situación a los altos tipos de interés y al elevado costo del crédito en el país.Por último, también existe preocupación, de cara a la campaña electoral, por la calidad de los datos económicos oficiales. El fiscal del Ministerio Público ante el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), Júlio Marcelo de Oliveira, solicitó la suspensión del presidente del IBGE, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Márcio Pochmann, denunciando posibles irregularidades en la gestión del organismo y riesgos para la credibilidad de los datos oficiales, en particular los relativos al Producto Interno Bruto (PIB). La solicitud menciona la destitución de técnicos experimentados de áreas clave como las responsables del cálculo del PIB, sustituidos por personal menos experimentado, así como el intento de crear la Fundación IBGE+ sin una ley específica. Según el fiscal, el clima de conflicto interno y las decisiones de la dirección podrían comprometer la autonomía científica del instituto y poner en duda la fiabilidad de las estadísticas oficiales brasileñas.

El artista Miguel Poveda abordó nuevamente la situación financiera pendiente con la cantante Isabel Pantoja, expresando su postura de forma irónica durante unas recientes declaraciones. En medio de avances en la relación familiar de Pantoja, Poveda dejó en claro que la deuda económica entre ambos permanece sin resolverse. Esta información fue publicada por varios medios y confirmada mediante el testimonio del propio Poveda, quien optó por una actitud conciliadora en sus comentarios públicos, tal como detalló el medio de referencia.

En declaraciones realizadas en público y difundidas según informó el medio, Poveda sostuvo que, a pesar del tiempo transcurrido, Isabel Pantoja no ha saldado la deuda financiera que mantiene con él. Sin entrar en detalles sobre el origen o el monto del adeudo, el cantaor utilizó la frase “Bueno, querido, te mando un abrazo. Si fuese que sí te hubiese dicho '¡sí!' pero no digo nada más. Que Dios nos lo pague”. De esta manera, señaló el estado actual de la relación económica entre ambos, sin profundizar en polémicas o añadir datos adicionales al respecto. Según consignó la fuente, Poveda eligió evitar el enfrentamiento directo y recalcó que su intención no es incrementar el interés mediático sobre este conflicto.

Esta situación financiera no es nueva entre ambos artistas. De acuerdo con el medio, la relación de amistad entre Poveda y Pantoja se habría deteriorado con el paso del tiempo a partir de este desacuerdo económico. La cercanía artística y personal que los unió en el pasado se vio afectada por el desencuentro, si bien Poveda ha manifestado, en distintas ocasiones, su deseo de que Pantoja logre estabilidad y tranquilidad en su vida. El medio detalló que, en contraste con la falta de acuerdo en lo económico, Poveda manifestó abiertamente su satisfacción por los recientes pasos de reconciliación que ha dado Pantoja en el ámbito familiar.

Mientras Pantoja protagoniza informaciones sobre su acercamiento con su hijo Kiko Rivera y aparenta buscar estabilidad personal, Poveda ha remarcado la importancia de priorizar los vínculos familiares por sobre los conflictos públicos. Según publicó la fuente, el artista expresó: “Me encanta y ojalá que se reconcilie con más gente y con el mundo y el mundo con ella y que, o por lo menos con la gente que importa y la familia y los hijos y las madres, o sea, tienen que estar ahí unidos”. Estas declaraciones subrayan su perspectiva sobre el bienestar emocional y el papel central que otorga a la familia como eje de serenidad, alejado de la exposición mediática.

El medio de referencia reportó que, en sus mensajes hacia Pantoja, Poveda optó por un discurso empático y reconoció las dificultades emocionales que podrían acompañar a la cantante en esta etapa de su vida. En palabras dirigidas expresamente a su examiga, el cantaor afirmó: "Yo le deseo lo mejor del mundo, lo digo de todo corazón. Y que llegue la calma un poco a su corazón, ¿no? Porque la calma no la da un escenario, la calma no la da una bata de cola, la calma no la da los focos, la calma la dan las cosas sencillas, la familia y todo eso. Y yo sé que ella seguramente necesita de esa parte para sentirse plenamente feliz". Según publicó la fuente, Poveda insistió en la idea de que el contexto familiar y el apoyo afectivo resultan fundamentales para recuperar la calma y la felicidad.

El desencuentro entre Poveda y Pantoja continúa siendo motivo de atención, en particular por el contraste entre la postura conciliadora del cantaor y la falta de avances públicos en la resolución de las diferencias económicas. De acuerdo con las declaraciones recogidas por los medios, Poveda ha optado por alejarse del conflicto y centrar sus comentarios en cuestiones relacionadas con el bienestar personal y la armonía en el seno familiar de su antigua amiga.

Según la información difundida por la fuente, la deuda mencionada por Poveda ha marcado un punto de inflexión en la relación entre ambos artistas, pero el cantaor refuerza su disposición a superar viejas tensiones en favor de un clima de entendimiento y respeto mutuo. Su mensaje, expresado en distintos medios, recalca la importancia de la conciliación y el deseo de paz para todas las partes involucradas.

Aracely Villanueva, paciente de 25 años, relató en un informe de Contra Corriente, programa de Willax, cómo su vida cambió radicalmente desde que fue diagnosticada con insuficiencia renal: “El seguro se tiene que hacer responsable de nosotros. Dependemos de una máquina para poder dializarnos y estar bien”, señaló. Su caso representa el eslabón más débil de una cadena de impagos que afecta a más de cien proveedores en todo el país.

Juan Sangama, administrador de una clínica de hemodiálisis, advirtió que la deuda de Essalud, que asciende a millones de soles, ha provocado desabastecimiento de insumos, retrasos en el pago de personal médico y pérdida de profesionales calificados. “Debemos a proveedores de insumos, de ácido, de filtros, de lavandería, del recojo de residuos… Se nos han ido varios médicos y enfermeras”, aseguró.

Según el documento Deuda a proveedores de Essalud al 31 de enero del 2026, elaborado por la Gerencia Central de Gestión Financiera, la institución debía cancelar S/ 754 millones millones en 2025, monto que no se ha desembolsado según los proveedores, quienes denuncian pagos parciales e incluso presiones ilegales para agilizar la cancelación de la deuda.

Ricardo Beco, representante de una empresa proveedora, denunció: “No somos una gran corporación, dependemos de lo que vendemos. Essalud nos debe desde febrero del 2025 aproximadamente dos millones setecientos mil soles. Nos han pagado valores muy insignificantes”.

El impacto no es menor: alrededor de 15 mil pacientes dependen de la atención de estas clínicas, cuyo costo promedio mensual en el sector privado alcanza los tres mil soles, inaccesibles para la mayoría de familias. A inicios de febrero, en varias regiones del país se registraron negativas a dializar a pacientes debido a los impagos, generando protestas en el frontis del Centro Nacional de Salud Renal.

José Luis Silva Martinot, exministro de Comercio Exterior y Turismo y proveedor de servicios para Essalud, señaló que el mal manejo de la institución, la excesiva contratación política y la descentralización de compras han contribuido al deterioro del servicio. “De los 15 mil quinientos millones de soles del presupuesto anual, más de la mitad se gasta en planillas, mientras que apenas un 12-13 % se destina a insumos y medicamentos, muchas veces con costos inflados”, explicó.

Cabe recordar que diversas gestiones del Ejecutivo y de EsSalud han sido cuestionadas por la asignación de cargos a personas allegadas a la administración, lo que, según críticos y expertos, ha contribuido a casos de irregularidades en la institución. Estas deficiencias administrativas han afectado directamente la operación del seguro social, generando problemas como desabastecimiento de medicamentos, falta de equipos operativos y retrasos en la atención de los usuarios.

Especialistas y empresarios coinciden en la necesidad de declarar en emergencia la institución, reorganizar su gestión y contemplar la participación privada en la administración de los recursos para garantizar atención efectiva y segura.

En medio de la actual crisis de consumo y una ola de importaciones que alteró el equilibrio de la industria nacional, una nueva empresa de electrodomésticos blanqueó su situación crítica al presentarse esta semana en concurso de acreedores.

Se trata de Goldmund S.A., responsable de la fabricación y comercialización de los productos Peabody, que comunicó a sus clientes y proveedores -mediante una carta fechada el 2 de marzo- que había iniciado un proceso de reestructuración de pasivos. Si bien desde la empresa evitaron hacer comentarios y sólo atinaron a responder que “será un proceso largo”, es conocida la crisis que vienen atravesando la mayoría de las empresas de electrodomésticos, muchas de las cuales han avanzado en los últimos meses en fuertes ajustes de personal, suspensiones y cierre de plantas. Trascendieron, por ejemplo, los casos de Mabe y Electrolux recientemente.

Desde Peabody no explicaron los motivos de esta decisión (tampoco lo hicieron en la carta), pero el dueño de la empresa, Dante Choi, hace tiempo ya que viene advirtiendo por las consecuencias que la avalancha importadora está generando en la industria nacional. “En estos momentos nosotros estamos viendo una avalancha de importaciones de lo que nosotros estamos fabricando. Y no solamente eso, sino que hay todo tipo de prácticas, no ingresan todo de manera legal esos productos. Tampoco hay control, no hay control de calidad, de materiales de lo que importa”, había dicho Choi ya a fines de 2024, en una entrevista realizada por La Fábrica Podcast.

Trascendió que el expediente judicial tramita bajo el número COM 002835/2026 en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en el Juzgado Comercial 21 – Secretaría N° 41. El estado actual figura como “en letra” y la carátula formal del proceso es “Goldmund S.A. s/ Concurso Preventivo”.

En la carta enviada a clientes y proveedores, la administración de Goldmund explicó que “la empresa se encuentra atravesando una etapa de reestructuración de pasivos” y que la decisión “forma parte de una estrategia orientada a ordenar los compromisos y fortalecer la estructura de la compañía, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y proyectar un desarrollo sostenible en el tiempo”.

“Consideramos importante destacar que nuestra actividad continúa con normalidad y mantenemos intacta nuestra responsabilidad comercial y profesional con clientes y proveedores. Valores especialmente las relaciones construidas y la confianza depositada en nosotros”, dice el texto.

Además, la empresa agrega que de ser necesario, se estará comunicando individualmente para “coordinar cualquier aspecto puntual”. “Agradecedemos su acompañamiento y quedamos a disposición para cualquier consulta”. La carta está firmada directamente por Choi.

En la entrevista mencionada, el principal responsable de la compañía planteó la necesidad de condiciones estables para la producción nacional, remarcó los esfuerzos realizados para sostener la actividad, la importancia de preservar el empleo y la urgencia de encontrar soluciones para el sector.

El portfolio de Peabody

Peabody, la marca insignia de Goldmund, se consolidó como una de las referencias del mercado local en pequeños electrodomésticos y artefactos para el hogar. La empresa desarrolló una red de fabricación y distribución que abastece a comercios de distintos puntos del país, y apostó por el desarrollo de productos con identidad argentina.

Inicialmente, Goldmund se dedicó a la importación y venta de heladeras tras la crisis argentina de 2001. En 2004 adquirió la marca Peabody y comenzó a desarrollar un catálogo más amplio de productos, incorporando pequeños electrodomésticos como licuadoras, tostadoras y cafeteras.

Desde 2010 la empresa inició la producción nacional de varios productos y más adelante consolidó sus operaciones con plantas industriales en la provincia de Buenos Aires. Además, ha incursionado en exportaciones a países vecinos como Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay, y también hacia Europa y Estados Unidos.

La empresa produce en el país, especialmente líneas vinculadas a climatización y algunos productos de mayor volumen, y también importa. Una parte relevante de su portafolio —sobre todo pequeños electrodomésticos y ciertos modelos específicos— proviene del exterior, principalmente de Asia, bajo su marca. Pero aún con un esquema mixto, de producción e importación, la empresa no pudo sobrellevar la crisis y debió apelar a la figura del concurso preventivo para acomodar su situación financiera.

Choi llegó al país en 1977, cuando tenía 7 años, desde Corea con su familia y se asentó en Fuerte Apache, en Ciudadela. Entró a trabajar a una empresa como traductor y se quedó hasta ser gerente. Luego hizo su propio negocio y, como empresario pyme pasó por todas las crisis económicas del país de los últimos 20 años.

La temporada de impuestos de 2026 en Estados Unidos se perfila como una de las más relevantes de los últimos años, impulsada por una legislación fiscal reciente que promete modificar sustancialmente la economía de millones de familias. Reembolsos de impuestos, hogares estadounidenses y el uso de estos fondos emergen como ejes centrales en el análisis de las proyecciones realizadas por entidades financieras y organismos oficiales.

¿Cuánto dinero recibirán los estadounidenses en sus reembolsos de impuestos en 2026 y por qué serán tan elevados?

El panorama fiscal para 2026 anticipa cheques de reembolso considerablemente más altos que en años anteriores. Esta tendencia responde, en gran parte, a la llamada “gran y hermosa ley” promulgada en el verano anterior por el presidente Trump. De acuerdo con estimaciones de analistas de Wall Street, el reembolso típico podría incrementarse en torno al 30% respecto al año pasado, lo que representa hasta 1000 USD adicionales para cada contribuyente que reciba devolución, elevando el monto promedio a unos 4000 USD.

Los datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) muestran que, hasta el momento, los montos promedio de los reembolsos han aumentado aproximadamente un 14% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta cifra tiende a incrementarse conforme avanza la temporada de declaraciones, ya que quienes presentan su documentación más cerca de la fecha límite suelen pertenecer a los rangos de mayores ingresos y, por tanto, reciben reembolsos más abultados.

Un informe del Bank of America Institute, fechado el 11 de febrero, recalca que los reembolsos más voluminosos podrían fortalecer la estabilidad financiera de millones de familias, especialmente en los estratos de ingresos bajos y medios, quienes tienden a mantener parte de este dinero en sus cuentas bancarias durante al menos seis meses.

¿A qué destinan principalmente los estadounidenses sus reembolsos de impuestos?

El pago de deudas sobresale como la principal prioridad entre quienes esperan recibir un reembolso del IRS. Según una reciente encuesta realizada por Bank of America Global Research, el 36% de los estadounidenses planea destinar su cheque a la reducción de deudas. Este dato confirma la tendencia observada en años previos, donde los hogares utilizaron las devoluciones tanto para saldar saldos en tarjetas de crédito como para afrontar préstamos personales o estudiantiles.

“Desde la época de la pandemia, cuando muchos estadounidenses utilizaron los estímulos del gobierno para saldar sus deudas, hemos visto que la gente tiende a hacer lo correcto cuando recibe una ganancia inesperada”, señaló Matt Schulz, analista jefe de finanzas al consumidor de LendingTree, a CBS News.

Durante la temporada de impuestos de 2025, una proporción similar (34%) de consumidores ya había declarado su intención de utilizar los reembolsos para el pago de deudas, lo que evidencia la continuidad de este comportamiento.

¿Qué otros usos prevén los estadounidenses para sus reembolsos de impuestos?

Aunque reducir deudas es la opción principal, otros destinos para el dinero recibido también tienen peso. El sondeo de Bank of America revela que un 10% planea realizar una compra importante o cubrir gastos diarios, como alimentos, servicios o mantenimiento del hogar. Por otro lado, alrededor del 13% prevé destinar el reembolso al ahorro, ya sea para emergencias, proyectos personales o inversión futura.

Este patrón sugiere que, aunque la urgencia financiera es predominante, también hay una porción relevante de la población que aprovecha el reembolso como un impulso para consolidar su patrimonio o mejorar su calidad de vida mediante adquisiciones planificadas.

¿Cómo ha evolucionado la deuda de los hogares en Estados Unidos y qué relación guarda con los reembolsos?

En los últimos meses, la deuda de los hogares estadounidenses ha alcanzado niveles récord. El recurso a tarjetas de crédito para cubrir gastos cotidianos y la solicitud de préstamos cada vez mayores se ha intensificado, en parte debido al aumento de los precios de automóviles y viviendas.

Este contexto explica por qué el pago de deudas ocupa el primer lugar entre los planes para los reembolsos de impuestos. La necesidad de reducir saldos pendientes y aliviar la presión financiera ha impulsado a los estadounidenses a priorizar estos pagos. A pesar de los mayores saldos, los comportamientos registrados en 2026 son similares a los de años previos, donde la reducción de deudas figuraba como prioridad tras recibir ingresos extraordinarios, ya sea por devoluciones fiscales o estímulos gubernamentales.

¿Todos los estadounidenses esperan recibir un reembolso de impuestos?

No todos los contribuyentes estadounidenses recibirán un cheque de reembolso este año. Cerca del 32% de los encuestados por Bank of America afirmaron que no esperan recibir devolución del IRS. Esta cifra pone de manifiesto que, a pesar de los incrementos generales en los reembolsos, existe una franja significativa de la población que no anticipa ningún ingreso extra por esta vía, ya sea porque su situación fiscal no lo permite o por otras circunstancias personales.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que marca un antes y un después para los trabajadores autónomos acogidos a la ley de ‘segunda oportunidad’. Según ha informado este lunes el sindicato UPTA Aragón, el fallo permite que los autónomos puedan beneficiarse de este régimen incluso cuando existan derivaciones de responsabilidad por deudas de sociedades, siempre que no haya conductas fraudulentas o de mala fe.

La sentencia, conseguida por los servicios jurídicos de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Aragón-UPTA, supone un avance clave en la interpretación de la normativa concursal. El Supremo aclara que la simple existencia de un acuerdo firme de derivación de responsabilidad no excluye automáticamente al autónomo del acceso a la exoneración, salvo que dicha derivación esté motivada por fraude o mala fe.

Hasta ahora, muchos autónomos quedaban fuera del mecanismo de segunda oportunidad si las autoridades fiscales o la Seguridad Social les atribuían deudas de sociedades mediante un acuerdo de derivación de responsabilidad. El Tribunal Supremo establece ahora que solo si la derivación se basa en conductas equiparables a sanciones por fraude podrá impedir el acceso a la exoneración.

De este modo, miles de autónomos que arrastran deudas por actividades empresariales fallidas podrán solicitar el perdón parcial o total de sus deudas, siempre que no exista prueba de mala fe.

Límites y alcance de la exoneración de deudas públicas

El fallo del Supremo también aporta claridad sobre los límites de la exoneración de deuda pública. Según UPTA Aragón, el tribunal aclara que el perdón puede alcanzar íntegramente los primeros 5.000 euros de deuda pública por acreedor. A partir de esa cantidad, puede exonerarse el 50% de la deuda hasta un tope de 10.000 euros por cada acreedor público.

Además, la sentencia reconoce que las sanciones e intereses, considerados como crédito subordinado en el ámbito concursal, quedan fuera de ese límite y pueden ser eliminados en su totalidad. Esto puede suponer una liberación económica significativa para quienes se acojan a la segunda oportunidad.

Un precedente relevante para los juzgados mercantiles

La sentencia fija criterios de interpretación que serán esenciales para los jueces mercantiles y para los autónomos que tramiten procedimientos concursales.

El Supremo remarca que la derivación de responsabilidad, por sí sola, no supone indicio automático de mala fe. Esto abre la puerta a que más trabajadores por cuenta propia puedan acogerse a la exoneración, incluso en contextos complejos de deudas empresariales.

La exoneración parcial de créditos públicos se aplicará por acreedor, conforme a los límites establecidos por la ley, y los créditos subordinados podrán ser exonerados en su totalidad, con independencia del tope de 10.000 euros.

La defensa jurídica en este caso ha sido dirigida por el abogado Miguel Ángel Roca del Río, colaborador de UPTA Aragón en sus servicios de Segunda Oportunidad. Su argumentación fue tenida en cuenta por el Tribunal Supremo para establecer esta nueva interpretación, que permitirá a más autónomos recuperar su situación financiera y reiniciar su actividad profesional.

En un contexto de caída del poder adquisitivo, cada vez más familias presentan dificultades para hacer frente a los créditos tomados. El peso de estos sobre los salarios muestra una tendencia creciente y deriva en una mayor morosidad, que se triplicó en el último año.

Un informe del Banco Provincia, en base a datos del BCRA, señaló que el financiamiento promedio pasó de representar 1,5 salarios a también medios a fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre del año pasado. Es decir, las familias se endeudaron por el equivalente a un salario completo durante el año pasado.

“Para poder sostener sus niveles de consumo, los hogares argentinos sumaron ‘un aguinaldo’ a sus ingresos en 2025”, destacó la entidad.

“El aumento de la relación crédito promedio sobre salario promedio no sería un problema si hubiera expectativas de recuperación de los ingresos o si la mora no creciera. En el primer caso, porque el incremento futuro de los ingresos permitiría pagar el financiamiento pasado. En el segundo, porque la mayor representación de las cuotas sería tolerable para los niveles de ingresos actuales; en otros términos, había un margen de ‘demanda de crédito’ que empezó a usarse. Sin embargo, ninguna de las dos cosas estaría pasando”, consideraron.

El incremento de la irregularidad de cartera fue más marcado en las entidades no financieras, donde el indicador subió de 7,7% a finales de 2024 a 25% un año después. En las entidades tradicionales, la morosidad alcanzó 8,8% en noviembre de 2025, según los últimos datos disponibles.

La expansión del crédito y el aumento de la mora mostraron comportamientos distintos tanto entre los acreedores como entre los deudores.

Mientras que al cierre del año pasado uno de cada cinco créditos inferiores a 1 millón de pesos presentaba atrasos, ese porcentaje descendía a 11,9% en los préstamos superiores a 10 millones de pesos. Así, el deterioro de la cartera impacta de manera más severa a quienes tienen menores recursos.

Al analizar la mora según la cantidad de personas, en lugar del volumen de crédito, el índice alcanza el 24%. De este modo, casi una de cada cuatro personas presenta algún problema para afrontar sus deudas, frente al 13% registrado al medir por monto. El dato refleja un salto de 10 puntos porcentuales en un año, ya que a fines de 2024 la proporción de deudores en mora se ubicaba por debajo del 15%.

Por otra parte, “el incremento de la mora no fue una problemática exclusiva de los nuevos ingresantes al sistema, sino que fue un deterioro tanto de aquellos con historial crediticio como de quienes no poseían deudas en el sistema”, resaltó el Banco Provincia.

Los nuevos ingresantes —definidos como personas sin ninguna exposición crediticia previa— acumularon a lo largo del año una deuda de $3,1 billones, equivalente al 3,7% del saldo total de las familias.

Aunque su ratio de mora resultó levemente superior a la del resto de los deudores (15,5% frente a 12,9%), solo explicaron 5 de cada 100 pesos de la mora nueva generada durante el período.

“La conclusión es directa: el grueso del deterioro provino de deudores que ya estaban en el sistema y que, frente al deterioro en sus ingresos, perdieron gradualmente capacidad de pago”, apuntó la entidad.

Por último, señalaron que de cara al resto de 2026, la sostenibilidad del crédito como motor de actividad dependerá fundamentalmente de dos variables exógenas al sistema financiero: la recuperación del salario real y la trayectoria de las tasas de interés.

“Sin mejora genuina de ingresos, el sistema de financiamiento bancario y no bancario difícilmente pueda volver a expandirse al ritmo observado en 2025 sin generar un nuevo salto en la mora”, consideraron.

“En otras palabras, el espacio para repetir una estrategia de crecimiento apoyada en la expansión del endeudamiento es menor que en 2024 y 2025. Con una base de deudores más amplia, niveles de mora elevados y mayor carga financiera sobre los hogares, el margen para que el crédito actúe nuevamente como sostén del consumo es menor”, indicaron.

Así, el Banco Provincia asegura que la dinámica de 2026 dependerá, en última instancia, de si el ajuste distributivo comienza a revertirse o si el puente financiero alcanzó su límite estructural.

El sistema financiero argentino cerró el año 2025 con un marcado deterioro en la calidad de su cartera de créditos, impulsado fundamentalmente por el segmento de los hogares. Según los datos del último Informe sobre Bancos publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el ratio de irregularidad de las familias se situó en el 9,3% al finalizar diciembre de 2025. Esta cifra representa más del triple del nivel registrado en el mismo mes de 2024, cuando la morosidad de los hogares se ubicaba en el 2,5%.

Este incremento en la irregularidad de los préstamos destinados a las familias fue el principal motor del aumento del indicador sistémico de mora. El ratio de irregularidad del crédito total al sector privado cerró 2025 en un 5,5%, lo que implica un salto considerable desde el 1,6% observado al cierre del año anterior.

Desglose por tipo de deudor y líneas de crédito

El comportamiento de la mora mostró una disparidad significativa entre el sector corporativo y el de las familias. Mientras que la irregularidad de las financiaciones a los hogares escaló hasta el 9,3%, el indicador para las empresas se situó en un 2,5% al cierre de 2025. Aunque el sector empresarial también registró un incremento interanual desde el 0,8% de diciembre de 2024, la magnitud del aumento fue notablemente menor a la registrada por los particulares.

Dentro del segmento de familias, el crecimiento de la irregularidad estuvo explicado principalmente por el desempeño de los préstamos personales y de las líneas con garantía prendaria. Por su parte, en el ámbito corporativo, el incremento de la mora respondió a las dificultades registradas en empresas vinculadas al comercio y a la producción primaria.

A pesar del aumento en los índices de morosidad, el stock de crédito al sector privado continuó ganando peso dentro del balance de las entidades financieras. A diciembre de 2025, el financiamiento a empresas y familias explicó el 43,9% del activo total del sistema, lo que representa un crecimiento de 8,6 puntos porcentuales respecto al año anterior. Este proceso de “crowding in” del crédito privado se dio en detrimento del financiamiento al sector público, que redujo su participación al 27,8% del activo total.

Niveles de cobertura y previsiones

El fuerte incremento en la cartera irregular impactó directamente en los ratios de cobertura del sistema. El previsionamiento total del conjunto de entidades financieras representó el 93% del saldo de crédito en situación irregular al cierre de 2025. Este nivel de cobertura marca un descenso pronunciado frente al cierre de 2024, cuando las previsiones totalizaban el 168,4% del saldo irregular.

No obstante, al analizar las previsiones en relación con el saldo de crédito total al sector privado, el indicador mostró un incremento, pasando del 2,6% a fines de 2024 al 5,2% en diciembre de 2025. Esto refleja que, si bien la cobertura específica de la mora cayó, el sistema aumentó la reserva de fondos respecto a la masa total prestada ante el nuevo escenario de mayor riesgo.

Actividad de intermediación y depósitos

A lo largo de 2025, el financiamiento al sector privado en pesos se expandió un 27,4% en términos reales. Las líneas con garantía real fueron las más dinámicas, destacándose el crecimiento en los préstamos hipotecarios. En el último mes del año se registraron casi 3.000 nuevas altas de créditos hipotecarios, sumando un total de aproximadamente 43.700 nuevos deudores en este segmento durante todo el año. Al cierre de 2025, la cantidad total de deudores hipotecarios en el sistema financiero alcanzó los 179.500, un 20,6% más que al finalizar 2024.

Por el lado del fondeo, los depósitos del sector privado en pesos aumentaron un 7,7% real en 2025, traccionados principalmente por las colocaciones a plazo, que crecieron un 15,8% real. En moneda extranjera, los depósitos privados se incrementaron un 17,7% a lo largo del año.

Solvencia y rentabilidad del sistema

A pesar del aumento de la morosidad y los cambios en la composición de la cartera, el sistema financiero mantuvo indicadores de solvencia robustos. La integración de capital (Responsabilidad Patrimonial Computable) se ubicó en el 28,6% de los activos ponderados por riesgo (APR) al finalizar diciembre de 2025. El exceso de capital sobre la exigencia normativa mínima totalizó un 253% para el agregado de las entidades.

En cuanto a la rentabilidad, el sistema cerró el año con resultados positivos, aunque inferiores a los de 2024. El retorno sobre activos (ROA) acumulado fue del 1%, mientras que el retorno sobre patrimonio neto (ROE) se ubicó en el 4,4%. Según el informe del BCRA, esta disminución en la rentabilidad respecto al año previo se debió, en parte, a un menor margen financiero real y al aumento de los cargos por incobrabilidad derivados del incremento de la mora.

Finalmente, la liquidez del sistema también experimentó ajustes. El ratio de liquidez en moneda nacional, considerando disponibilidades y títulos públicos usados para la integración de efectivo mínimo, se ubicó en el 32,9% de los depósitos al cierre del año, lo que representa una caída de 2,9 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2024.

En un escenario de dificultades de los hogares para hacer frente a sus gastos, las deudas contraídas con entidades no bancarias, entre las que se destacan las billeteras virtuales, ya representan el 34% del ingreso familiar. A su vez, la morosidad en este segmento continúa en ascenso.

“El endeudamiento de los hogares con entidades no bancarias continúa en aumento y alcanza un ratio del 34% de la masa salarial mensual, 12 puntos porcentuales por encima de diciembre de 2024. Al incorporar también el crédito bancario, el peso del crédito asciende al 141% de la masa salarial”, precisó un informe de Eco Go.

En tanto, entre cuentapropistas y trabajadores informales, el crédito no bancario representa el 143% de la masa salarial mensual.

Respecto a la morosidad, el informe indicó: “La irregularidad de las carteras de las entidades no bancarias volvió a aumentar y se ubicó en 22,8%, más de cuatro veces la irregularidad del crédito total del sistema financiero y 2,4 veces la del crédito para consumo bancario”.

Esto es consistente, además de las dificultades de las familias para hacer frente a sus obligaciones, con el incremento de los créditos no bancarios, que crecieron en diciembre por segundo mes consecutivo, luego de un freno en septiembre derivado de la toma de ganancias post resultado en la Provincia de Buenos Aires.

En detalle, creció 1,2% mensual en términos reales y el stock alcanzó $13,15 billones. Desde hace tres meses, el financiamiento no bancario avanza a un ritmo superior al del crédito bancario.

En la comparación interanual, la expansión se moderó hasta 33,7%, lo que marcó el octavo mes consecutivo de desaceleración respecto del pico de 104% registrado en abril pasado.

De todos modos, el nivel de diciembre se ubicó 142% por encima de marzo de 2024 y 21,5% por encima del máximo previo de febrero de 2018, siempre en términos reales.

A su vez, el crédito no bancario ganó 0,2 puntos porcentuales de participación dentro del financiamiento al consumo, al representar el 24,4% de ese segmento y el 13% del crédito total.

Vale mencionar también que dos empresas concentran más de la mitad del mercado: Naranja X abarca el 38,9% y Mercado Pago el 13,8%. Un año atrás, sus participaciones eran de 44,6% y 11,8%, respectivamente.

Por otra parte, un informe del Ieral, de la Fundación Meditarránea, sostuvo que las secuelas de menor actividad y endurecimiento de las condiciones monetarias del segundo semestre de 2025 “se reflejan con nitidez en la trepada de los ratios de morosidad crediticia, que llevan a las entidades financieras a acentuar su cautela a la hora de aprobar nuevas operaciones, con la excepción de los préstamos en moneda extranjera”.

“La irregularidad de los créditos al sector privado está alcanzando los picos de la pandemia, aunque el mix es distinto, porque en el segmento de empresas la suba no ha sido tan explosiva como en el caso de las familias, que evidentemente han sido sorprendidas por la velocidad de la desinflación, acostumbradas a esperar que la inflación contribuyera a licuar sus pasivos”, analizó el Ieral.

“La cuestión es que el problema de la morosidad no queda encapsulado en el balance de las entidades financieras, ya que tiene efectos macro por el freno observado en la evolución del crédito al sector privado, virtualmente estancado a lo largo de los últimos seis meses”, añadió.

El incremento del crédito no bancario y la suba de la morosidad ponen en evidencia la presión financiera sobre los hogares y el impacto de un entorno macroeconómico más restrictivo.

La consolidación de este tipo de financiamiento, junto con el freno en el crédito bancario, indica mayores dificultades para que las familias accedan a nuevas fuentes de crédito, mientras persiste un nivel elevado de irregularidad en los pagos y se acentúa la cautela en la aprobación de préstamos.

Más de cuatro de cada diez colombianos sobreendeudados mantienen de tres a cinco obligaciones en mora al inicio del 2026, en un contexto en el que la reducción del desempleo y la reestructuración financiera se convierten en retos prioritarios para el país.

Aunque la deuda promedio bajó levemente respecto al año anterior, la pérdida de empleo emerge como una de las causas más preocupantes de morosidad, lo que revela una compleja interacción entre mercado laboral, ingresos personales y cultura financiera.

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Según el estudio elaborado por Bravo, compañía especializada en liquidación de deudas y educación financiera, el 43,3% de los participantes acumula entre tres y cinco deudas, cifra inferior al 47% registrado en el año anterior.

Este informe, basado en el análisis de más de 17.000 usuarios del programa, muestra una tendencia de estabilización en los hábitos de pago y el acceso al crédito.

El informe subraya que, si bien el monto promedio de deuda cayó a $34.154.390 de los $34,5 millones de 2025, la persistente volatilidad del mercado laboral afecta la capacidad de pago de los hogares.

La pérdida de empleo, que en 2026 alcanza al 18,2% de los deudores, representa un aumento frente al 16% detectado en el reporte anterior y constituye “una señal de alerta”, de acuerdo con los especialistas de la firma que realizó el informe.

El sobreendeudamiento persiste como el principal factor de incumplimiento, afectando al 44,1% de los encuestados. En paralelo, la reducción de ingresos representa la segunda causa más frecuente, con un 19%, mientras que los gastos imprevistos suman presión al presupuesto de los hogares.

El estudio permite delimitar el perfil del deudor para 2026. El 52,4% de los sobreendeudados son hombres, frente al 47,6% de mujeres. Los solteros encabezan la lista con el 63,2%, y muestran una tendencia ascendente en comparación con años previos.

En relación a la edad, el grupo de 31 a 40 años acumula el 36,3% de los casos de mora, lo que refleja una vulnerabilidad especial entre adultos jóvenes y en etapa de consolidación profesional. En cuanto al nivel educativo, el 29,9% cuenta con estudios universitarios, mientras que el 21,9% terminó la secundaria.

Bogotá domina la distribución geográfica de los deudores, aportando el 18,9% de los registros, si bien se observa una caída importante, comparada con la 26% anterior. Le siguen Medellín (4,7%) y Cali (4,4%), consolidando a estas ciudades como los principales focos de endeudamiento urbano.

Los datos recopilados delinean un perfil tipo para este año: un hombre soltero, residente en Bogotá, de entre 31 y 40 años, con estudios universitarios y entre tres y cinco deudas vigentes. Aunque sus ingresos brutos promedian $4,5 millones, el rango salarial más repetido, entre quienes solicitan asesoría financiera va de $1,5 a $3 millones.

La compañía enfatizó: “Es revelador que el deudor tipo en 2026 sea un joven profesional con educación universitaria. Esto nos confirma que el sobreendeudamiento no es un problema de falta de conocimiento académico, sino de una gestión emocional del gasto y de una oferta crediticia que a veces supera la capacidad real de ingreso, y claramente falta de educación financiera. Cabe destacar que nuestro objetivo va más allá de liquidar una deuda: buscamos la rebancarización”.

La ley permitió el restablecimiento del historial financiero tras la pandemia

La amnistía crediticia implementada en Colombia permitió a miles de deudores limpiar su historial tras pagar sus obligaciones entre el 29 de octubre de 2021 y el 30 de octubre de 2022.

La Ley Borrón y Cuenta Nueva, surgida durante la emergencia sanitaria, ofreció una ventana para que quienes regularizaron sus pagos quedaran exentos de reportes negativos en las centrales de riesgo.

Con esta medida, muchos ciudadanos lograron recuperar su acceso al sistema financiero, luego de que la crisis provocada por la pandemia de covid-19 impactara de forma directa en sus ingresos y oportunidades laborales. El Gobierno evalúa una posible Ley Borrón y Cuenta Nueva 2.0 al haberse terminado el periodo especial.

La normativa brindó alivio a quienes pudieron saldar su deuda en un plazo reducido respecto al régimen habitual, facilitando mejorar la salud financiera de la población.

La Comisión Primera de la Cámara aprueba proyecto de ley para limpiar historial crediticio

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley “Borrón y Cuenta Nueva 2.0” en septiembre de 2025, con el objetivo de otorgar una segunda oportunidad a millones de ciudadanos para limpiar su historial crediticio y facilitar su regreso al sistema financiero.

Según detalló Alejandro Ocampo, representante por el Pacto Histórico y autor de la iniciativa, la norma “pretende extender el régimen de transición y eliminar los reportes negativos de quienes paguen sus deudas de la bases de datos de centrales de riesgo”, medida que se proyecta beneficiará a más de 5 millones de colombianos.

Entre los principales cambios que introduce el proyecto destaca la reducción del plazo de permanencia de los reportes negativos: antes una obligación impaga permanecía registrada hasta cuatro años tras ser saldada, pero con la nueva norma el máximo será de seis meses.

Además, quienes ya hayan cancelado sus deudas antes de la entrada en vigor de la ley estarán habilitados para solicitar la eliminación inmediata de su reporte.

La propuesta también contempla una amnistía para los deudores morosos que paguen durante el período de vigencia, al posibilitarles eliminar los registros negativos y acceder nuevamente a servicios financieros.

Esta medida busca impulsar la inclusión financiera y abrir el acceso a créditos, servicios y oportunidades que permanecen restringidos por antecedentes crediticios adversos.

Este proyecto de ley en la actualidad se encuentra en trámite en el Congreso por lo que se espera que al final de la actual legislatura se defina su futuro.

La deuda total acumulada por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que ya supera los 18 mil millones de lempiras, mantiene al sistema sanitario en una etapa crítica, provocando la suspensión de cirugías electivas y extendiendo los tiempos de espera para miles de afiliados que requieren atención especializada.

Este déficit, alimentado en gran medida por la falta de aportaciones tanto del Estado como de empresas privadas, amenaza con colapsar la prestación de servicios médicos y obliga a la institución a reorganizar sus recursos mientras la presión de la demanda no cede.

Desde la perspectiva del dirigente gremial Carlos Rueda, la gravedad de la crisis se traduce en un deterioro de la operatividad diaria del IHSS. La suspensión de intervenciones programadas ha dejado a miles de pacientes con diagnósticos quirúrgicos a la espera por seis a ocho meses, mientras solo se realizan procedimientos de emergencia como cesáreas y apendicitis.

La falta de insumos médicos, especialmente en el área quirúrgica, limita la respuesta hospitalaria y agrava la mora en salud, según detalló Rueda, quien remarcó que “la institución intenta reorganizar sus recursos para cubrir los casos más urgentes”.

La deuda del sector público y privado es la principal causa de este colapso financiero. Según Rueda, el Estado hondureño debe más de 12 mil millones de lempiras, acumulados en los últimos quince años. A esto se suma la mora privada, que supera los seis mil millones.

Mientras tanto, los trabajadores afiliados cumplen con sus contribuciones, deducidas directamente de sus salarios, pero los empleadores no transfieren siempre la totalidad al IHSS. Este incumplimiento crónico ha privado al Seguro Social de recursos fundamentales para insumos, medicamentos y funcionamiento cotidiano.

Medidas urgentes y exigencias al nuevo liderazgo

El nombramiento de un nuevo director ejecutivo se traduce en expectativas de respuestas inmediatas. Rueda, vocero del gremio médico, enfatizó la necesidad de “implementar medidas orientadas a recuperar la mora acumulada y a sanear las finanzas de la institución” como condición para restablecer todos los servicios de salud. De su gestión depende la recuperación de los fondos pendientes y la garantía de atención médica regular para los derechohabientes.

Desde el sector privado, Luis Larach, representante empresarial, definió la situación del IHSS como prioritaria para la estabilidad laboral del país. Expuso que, aunque el gobierno ha enfocado esfuerzos en la salud, persisten problemas estructurales como politización, corrupción y gestión ineficiente. Larach consideró que “la institución debe ser gestionada bajo criterios técnicos y meritocráticos”, exigiendo administradores con formación especializada, continuidad en sus cargos y planificación estratégica para definir el rumbo institucional.

Larach también alertó que la mora en salud del IHSS podría ser igual o mayor que la del sistema público, debido al atraso en la modernización tecnológica y la falta de planificación administrativa. “La gestión manual de expedientes y citas médicas puede ocasionar la pérdida de turnos y prolongar la programación de procedimientos,” explicó, resaltando que ese rezago tecnológico suma dificultades a una estructura ya golpeada por el déficit financiero.

La combinación de escasez de recursos y procesos administrativos manuales ha desencadenado una experiencia negativa para los asegurados, quienes dependen de la entidad para recibir cirugías, tratamientos y medicamentos. La suspensión de procedimientos electivos y la ampliación de los tiempos de espera representan obstáculos para quienes necesitan atención especializada de manera oportuna.

Mientras tanto, la presión sobre el IHSS por la demanda creciente se incrementa en un contexto de recursos limitados y problemas estructurales no resueltos. Sin la recuperación de la deuda y el cumplimiento de las obligaciones patronales, la capacidad operativa de la institución permanece restringida, generando incertidumbre entre los derechohabientes y exigiendo medidas inmediatas para evitar un mayor deterioro del sistema.

Las recientes intervenciones judiciales han dejado fuera de alcance recursos que no estaban contemplados ni en el presupuesto general de 2025 ni en el de 2026.

Esta situación deja en jaque proyectos esenciales en áreas como salud, educación y seguridad, pues la liquidez disponible del Estado se ve limitada por estos procesos de embargo.

En una jornada clave, se reunieron la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, magistrados de la Sala Laboral, el procurador Dagoberto Aspra, el propio ministro de Finanzas y representantes del Directorio del Banco Central de Honduras para abordar el alcance de las demandas y su impacto en las finanzas del país.

Las acciones judiciales señaladas se concentran sobre todo en el área laboral, tramitadas por los juzgados especializados de Tegucigalpa y también en diversas alcaldías a nivel nacional.

El titular de Finanzas especificó que “hay que frenar las medidas sistemáticas implementadas por actores de la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial e incluso defensores privados”, advirtiendo sobre el carácter recurrente de estos procesos y su riesgo para la planificación presupuestaria.

Según Emilio Hernández Hércules, el Estado se ve forzado a operar con partidas restringidas debido a la magnitud de los embargos, lo que compromete la viabilidad de programas sociales y de infraestructura ya previstos para los próximos años.

Además, confirmó que estos fondos no estaban asignados en la planificación fiscal vigente, por lo que “la afectación directa al tesoro de la República” es significativa.

En este contexto, la reformulación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2026 deberá pasar primero por la aprobación del Consejo de Ministros antes de llegar al Congreso Nacional. Desde Finanzas, se impulsa una línea de austeridad y responsabilidad fiscal orientada a mitigar el impacto de los embargos y ajustar la estructura del gasto público.

Entre las medidas concretas, se contempla un redimensionamiento del aparato estatal, disminuyendo el número total de instituciones de 113 a 78. Esta reducción implicará, de acuerdo con lo comunicado, un ahorro relevante en el gasto corriente y permitirá destinar más recursos al pago de la deuda y a atender el pasivo laboral.

Hernández Hércules remarcó: “La austeridad y la responsabilidad fiscal van a primar en este presupuesto, habrá una reducción, pero lo más importante es que habrá un ahorro en el gasto corriente del Estado, la reducción del aparato estatal viene, habrá menos instituciones, lo que significa que habrá recursos para el pago de deuda y el pasivo laboral”.

El encuentro interinstitucional realizado este viernes subraya la necesidad de coordinar esfuerzos entre poderes del Estado, manteniendo el respeto a la independencia de cada uno, pero trabajando en una dinámica de complementariedad que permita afrontar los desafíos financieros producto de estos procedimientos jurídicos.

Los embargos, tramitados principalmente en juzgados laborales, involucran tanto a instancias estatales como a defensores privados, generando preocupación en las altas esferas del Ejecutivo sobre la sostenibilidad fiscal futura. El impacto ya se traduce en restricciones para áreas sensibles del gasto público, con la advertencia de que podrían agravarse de persistir esta tendencia.

En paralelo, el Banco Central de Honduras se mantiene en diálogo con otras entidades estatales para evaluar medidas que permitan responder a la contingencia generada por estos procesos judiciales. La pretensión del Gobierno es fortalecer su capacidad de inversión sin afectar los compromisos ya adquiridos, ajustando la hoja de ruta presupuestaria de los años venideros.

De acuerdo con la información oficial, la reforma del Presupuesto General 2026 no solo busca acomodar las necesidades impuestas por los embargos, sino también introducir un ajuste estructural que apunte a la eficiencia del aparato público y la generación de ahorros que puedan canalizarse hacia prioridades nacionales.

El ministro de Finanzas puntualizó que el ahorro derivado de la reducción institucional permitirá fortalecer áreas desfinanciadas por los procesos de embargo, contribuyendo a la estabilidad del sistema fiscal de Honduras.

En un escenario donde las tasas de interés de tarjetas de crédito alcanzan niveles históricos y los saldos promedios aumentan, miles de estadounidenses buscan fórmulas para aliviar la presión financiera que implica el uso del crédito.

Con un saldo promedio que supera los USD 6.500 por persona, el reto de administrar deudas y evitar que los intereses se acumulen se vuelve cada vez más complejo para muchas familias. Diversos expertos en finanzas y asesoría crediticia ofrecen estrategias prácticas para negociar mejores condiciones, reducir los costos y prevenir el endeudamiento futuro.

Situación actual de las tasas y deudas de tarjetas de crédito en Estados Unidos

El panorama de las tarjetas de crédito muestra cifras preocupantes: la tasa promedio ronda el 22% anual, según la Reserva Federal. Sin embargo, quienes tienen antecedentes crediticios negativos pueden enfrentar tasas cercanas al 30%. Los balances acumulados por los usuarios crecieron hasta alcanzar $1,23 billones en el tercer trimestre, lo que representa un aumento del 5,75% respecto al mismo periodo del año anterior.

La cantidad de personas con saldos pendientes también creció, situando el promedio individual apenas por encima de USD 6.500, de acuerdo con el informe de la agencia TransUnion. En este contexto, organizaciones como GreenPath Financial Wellness detectaron que muchos de sus clientes enfrentan déficits mensuales de alrededor de USD 500, lo que agrava la capacidad de pago y amplía el riesgo de morosidad.

Solicitud de reducción de la tasa de interés

Solicitar a la entidad emisora una rebaja en la tasa de interés puede ser el primer paso para reducir el peso de la deuda. Especialistas como Bruce McClary, portavoz de la National Foundation for Credit Counseling, recomiendan entablar este diálogo especialmente si se cuenta con un historial de pagos puntuales y una calificación crediticia sólida, superior a 740 puntos.

Incluso si el puntaje crediticio es inferior pero muestra una tendencia positiva, existe margen para negociar. La reducción posible suele oscilar entre 1 y 3 puntos porcentuales.

Antes de contactar a la entidad, es aconsejable revisar el estado de cuenta, obtener el reporte crediticio y preparar una argumentación basada en la mejora del perfil financiero. La educación financiera y la cortesía durante la llamada pueden marcar la diferencia en la respuesta de la compañía.

Opciones alternativas para reducir el costo de la deuda de tarjeta

Existen otras estrategias para disminuir los intereses pagados por el uso de tarjetas. Una de ellas es solicitar la posibilidad de realizar pagos dos veces al mes, vinculados por ejemplo al cobro quincenal del salario. Esta modalidad ayuda a reducir el monto sobre el que se calculan los intereses y puede implementarse por iniciativa propia.

Otra alternativa es la transferencia de saldos a una nueva tarjeta con promoción temporal de tasa cero. Actualmente, los bancos ofrecen periodos sin intereses de entre 12 y 21 meses, aunque suelen exigir un buen puntaje crediticio y el pago de una comisión entre el 3% y el 5% del monto transferido. Es crucial asegurarse de poder saldar la deuda durante el periodo promocional para evitar el retorno a tasas elevadas.

Estrategias ante dificultades para realizar pagos

Cuando la situación financiera impide cumplir con los pagos mínimos, existen mecanismos de alivio temporal. Es posible negociar con la emisora una reducción temporal de la tasa de interés o una pausa en los pagos, conocida como “hardship”, especialmente frente a emergencias como pérdida de empleo o problemas de salud. Estas medidas otorgan un margen para afrontar imprevistos sin deteriorar aún más el historial.

Si las dificultades persisten, los programas de asesoría crediticia de organizaciones sin fines de lucro pueden resultar útiles. Estos servicios ofrecen sesiones gratuitas de revisión presupuestaria y, de ser necesario, la negociación de un plan de gestión de deuda con las entidades financieras. Los planes suelen tener tasas promedio de 6,6% y extenderse por 3 años o más.

Ventajas de las tarjetas emitidas por cooperativas de crédito

Las tarjetas expedidas por cooperativas de crédito suelen tener tasas más bajas que las ofrecidas por bancos o entidades tradicionales. A septiembre, la tasa promedio en cooperativas era del 12%, según la National Credit Union Administration. Estas entidades están sujetas a topes regulatorios, con un máximo autorizado del 15% que fue elevado temporalmente al 18% hasta marzo.

Para acceder a estos productos es necesario cumplir ciertos requisitos de membresía, como residir en determinada área geográfica o haber servido en las fuerzas armadas. Las cooperativas destinan recursos a sus socios y, por ello, mantienen condiciones más favorables para sus integrantes.

Recomendaciones para evitar nuevas deudas y gestionar mejor los gastos

La gestión preventiva del gasto es fundamental para no reincidir en el uso excesivo del crédito. Una opción es aprovechar la temporada de devoluciones de impuestos para destinar parte o la totalidad del reembolso, que promedia USD 3.000, al pago de saldos pendientes.

El uso de fondos separados para gastos ocasionales, conocidos como “fondos sinking”, permite anticipar desembolsos estacionales o extraordinarios. Consiste en calcular los gastos previstos del año, dividirlos en 12 y depositar esa cantidad mensualmente, evitando así recurrir a la tarjeta para cubrir imprevistos.

Por otro lado, el método “snowball” para el pago de deudas prioriza saldar primero la tarjeta con menor saldo, lo que genera un incentivo psicológico positivo y refuerza el compromiso con el saneamiento financiero.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia ha exonerado una deuda de 73.595,53 euros a una vecina de Albal cuyo endeudamiento se originó tras el cierre de su negocio en 2012 y se agravó en 2024 a raíz de la DANA que afectó al edificio en el que reside. La resolución se enmarca en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad, que permite cancelar deudas a personas físicas en situación de insolvencia que actúan de buena fe.

El origen de las dificultades económicas se remonta a la etapa en la que la mujer decidió emprender un negocio de confección e instalación de cortinas. Para ponerlo en marcha solicitó varios préstamos, pero, tras un periodo inicial de actividad, en 2012 tuvo que cerrar debido a las pérdidas derivadas de la crisis económica. A esta situación se sumó un divorcio complejo, en el que su expareja se desentendió tanto del negocio como de las responsabilidades familiares. “Fue el inicio de un declive y un desastre”, recuerda.

Tras el cierre, tuvo que asumir las deudas pendientes y la totalidad de la hipoteca del piso donde vive, cuyo vencimiento se prolonga hasta 2046. Para poder mantener la vivienda solicitó ampliaciones hipotecarias y, durante años, afrontó en solitario los gastos de sus hijos, recurriendo a nuevos préstamos para cubrir necesidades básicas.

La Ley de Segunda Oportunidad

Pese a ello, afirma que siempre trató de cumplir con sus obligaciones. “Siempre intenté encontrar una solución a mis deudas y fui pagando, sobre todo a Hacienda y a la Seguridad Social. Contacté con varios abogados y me dijeron que pagara como pudiera. Fueron unos 13 años de auténtica penuria, muy duros. Suerte que siempre tuve trabajo, aunque con sueldos bajos, porque si no, no estaría aquí”.

En 2020 conoció la existencia de la Ley de la Segunda Oportunidad, pero varios despachos le indicaron que no podía acogerse al procedimiento al ser propietaria de una vivienda, aunque estuviera hipotecada. “Yo no quería dejar mi casa, porque no quería que mis hijos acabaran en la calle”, explica.

Un cáncer de riñón daños de la DANA

La situación se agravó en 2024, cuando fue diagnosticada de cáncer de riñón. Tras la intervención quirúrgica y un largo periodo de baja laboral, sus ingresos se redujeron de forma significativa, lo que le impidió seguir atendiendo los pagos.

Ese mismo año, la DANA del 29 de octubre provocó importantes daños en su edificio, especialmente en la planta baja y el aparcamiento. “La zona del párking se inundó y el agua permaneció unos dos meses. Es probable que la estructura requiera una importante reparación, lo que supondrá un gasto elevado, además del que ya hemos tenido que realizar para salir adelante”, relata. “Todo fue un desastre y las subvenciones están tardando en llegar, hay bloques con ascensores que no funcionan y edificios con estructuras apuntaladas”.

La abogada que ha llevado el caso, Marta Bergadà, subraya que la mujer “se encontraba en una situación de extrema delicadeza, pero siempre tuvo la intención de cumplir con sus obligaciones, pese a la presión constante de las deudas”. “Más de un año después, hay empresarios que no han podido reabrir sus negocios. A las pérdidas materiales se suma la carga financiera, que se convierte en una mochila insoportable”, añade.

El punto de inflexión llegó a finales de 2024, cuando la mujer decidió iniciar el procedimiento tras encontrar información en internet sobre casos similares. Durante la tramitación, soportó continuas llamadas de empresas de recobro y entidades financieras, que describe como “una auténtica pesadilla”.

Finalmente, el juzgado acordó la exoneración del pasivo pendiente. “Viví todo el procedimiento con mucha incertidumbre, porque nunca me había salido nada bien. Cuando me dijeron que la deuda había sido perdonada sentí un enorme alivio. Me he quitado un peso de encima, sobre todo por mis hijos. No quería que heredaran unas deudas que no eran suyas”, afirma. “Ahora veo el futuro diferente”.

Miles de pensionados que tienen descuentos automáticos en salud, comercios y servicios financieros, así como los trabajadores con créditos de libranza y pequeños comerciantes han enfrentado durante años la dificultad de cubrir sus gastos, con cobros constantes y salarios o mesadas que se agotan antes de finalizar el mes.

La normativa anterior los excluía del proceso de insolvencia, lo que impedía encontrar una salida legal para sus compromisos económicos. Aunque la situación cambió con la entrada en vigor de la Ley 2445 de 2025, que reformó el régimen de insolvencia para personas naturales y facilitó el acceso a este mecanismo.

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El resultado fue un crecimiento visible en aquellos que emplearon este mecanismo, pues en 2024, se reportaron 10.459 personas insolventes. En 2025, la cifra alcanzó 18.743, lo que representa el mayor incremento histórico. Y en el inicio de 2026, solo en enero, se presentaron 1.550 solicitudes, un 28% más que en el mismo mes del año anterior.

Sin embargo, la principal inquietud es si el beneficio aplica para cada caso y cómo iniciar el proceso, por lo que debe tener en cuenta que la insolvencia no opera de forma automática y tampoco exige trámites imposibles. Es necesario demostrar la imposibilidad de cumplir con las obligaciones y presentar documentación básica sobre la situación financiera.

El proceso requiere cinco pasos:

• Explicar los motivos de la incapacidad de pago.
• Listar todas las deudas pendientes.
• Informar los ingresos actuales
• Detallar los bienes registrados a nombre propio.
• Presentar una propuesta de pago acorde con la capacidad financiera real.

La solicitud debe presentarse ante un centro de conciliación autorizado o una notaría con conciliadores habilitados en insolvencia. Estos servicios suelen estar disponibles en cámaras de comercio, consultorios jurídicos universitarios y algunas notarías. No todos los lugares están avalados para este trámite, por lo que resulta fundamental verificar antes de acudir.

“Una vez se radica la solicitud, el conciliador revisa si todo está en orden. Si falta algo, da un plazo corto para corregirlo. Si se cumplen los requisitos, el proceso es admitido y el alivio se siente desde ese instante”, explicó Vanessa Méndez Farfán, abogada y asesora de deudores de Mendez y Mendez Abogados.

Según Méndez, desde el momento de la admisión se suspenden embargos de sueldos, honorarios y bienes, así como la congelación de cuentas bancarias.

En este punto, aquellos que cuentan con créditos de libranza (pensionados, docentes, militares o trabajadores con descuentos automáticos) pueden solicitar la suspensión de esos descuentos cuando existan otras deudas adicionales: “Esta decisión ya no depende del banco: es el empleador o el fondo de pensiones quien debe suspenderlos. Si no lo hacen, pueden estar obligados a devolver el dinero descontado”, aclaró.

Pequeños comerciantes: requisitos y oportunidades

Actualmente, pueden acogerse a la insolvencia quienes, aun teniendo negocio o matrícula mercantil, no poseen bienes por más de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (excluyendo vivienda y vehículo de uso personal). Este requisito se demuestra con los avalúos de los recibos de impuesto predial o del vehículo.

Desde la admisión, los pequeños comerciantes pueden frenar procesos de cobro, interrumpir demandas y detener embargos. En el caso de los vehículos, aquellos que no han sido inmovilizados, se puede suspender la captura, aunque si fue incautado antes del proceso, no aplica para la devolución.

Tiempos, costos y efectos sobre las deudas

• La revisión inicial suele tardar hasta tres días hábiles. Tras la admisión, la negociación con los acreedores puede extenderse hasta 60 días o más en casos complejos.
• Durante este periodo, las deudas se mantienen, pero pueden renegociarse en cuanto a plazos, cuotas y condiciones, de acuerdo con la capacidad real de pago.
• No existe una tarifa única para el proceso. Los costos varían según el centro de conciliación o la notaría. Desconfíe de promesas de soluciones inmediatas o gratuitas.
• El impacto en la vida crediticia es relevante para la decisión final. Acogerse a la insolvencia puede dificultar el acceso a nuevos créditos en el corto plazo, especialmente si no existe intención de pago. En cambio, quienes cumplen los acuerdos pueden reconstruir su historial financiero con el tiempo.
• Definir si este mecanismo es aplicable puede ser la diferencia entre perder ingresos mes a mes o recuperar el control de las finanzas personales.

Para muchos colombianos, febrero no es solo el mes en el que se ajustan las cuentas después de diciembre. También es el momento en el que esperan ver reflejado un dinero clave para el presupuesto familiar: las cesantías.

Este ahorro obligatorio, que equivale a un mes de salario por cada año trabajado, suele destinarse al pago de deudas, matrícula de estudios, mejoras en la vivienda o, en algunos casos, a tener un pequeño colchón financiero.

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Las empresas tienen plazo hasta el 14 de febrero para consignar las cesantías en el fondo elegido por el trabajador. Aun así, cada año se repiten los mismos problemas: pagos tardíos, montos incorrectos o, peor aún, consignaciones que nunca llegan. Detrás de estos errores, casi siempre, hay una combinación de desinformación y mala planeación financiera.

Cuánto le deben pagar realmente por cesantías

Las cesantías corresponden a un mes de salario por cada año trabajado, o proporcional si el tiempo fue menor. Para hacer el cálculo, se toma como base el salario devengado durante el año anterior, incluyendo conceptos que la ley reconoce como salariales.

Este derecho aplica para trabajadores con contrato laboral, ya sea a término fijo o indefinido. No es un “favor” ni un beneficio opcional: es una obligación legal que el empleador debe cumplir sin excepciones.

Sin embargo, uno de los errores más frecuentes es calcular mal el monto. En algunos casos, las empresas toman como referencia un salario inferior al real o dejan por fuera componentes que hacen parte del ingreso. Para el trabajador, esto puede significar recibir menos dinero del que le corresponde sin darse cuenta.

Cuándo deben consignar y por qué muchos pagos se retrasan

La fecha límite es el 14 de febrero, sin extensiones ni prórrogas. Si el pago no se hace antes de ese día, el empleador incurre en incumplimiento.

Entonces, ¿por qué tantas personas reportan retrasos cada año? De acuerdo con expertos en financiamiento empresarial, uno de los principales motivos es que muchas empresas —especialmente mipymes— no separan con anticipación el dinero destinado a las cesantías. Según datos del DANE, cerca del 59 % de las mipymes en Colombia se financian principalmente con recursos propios, lo que las hace más vulnerables a problemas de liquidez.

El inicio del año suele concentrar varios gastos al mismo tiempo: impuestos, ajustes presupuestales, pagos acumulados y obligaciones laborales. Cuando no hay orden en la caja, las cesantías pasan de ser un derecho del trabajador a un problema de último momento.

“Las cesantías no son un gasto inesperado, pero sí un pago que muchas empresas subestiman en su impacto sobre el flujo de caja. Cuando no se planifica con anticipación, puede generar tensiones financieras innecesarias”, explica Alejandro Verswyvel Gutiérrez, presidente de Iris, compañía de financiamiento.

Los errores más comunes que afectan a los trabajadores

Desde la experiencia de acompañar a más de 3.000 empresas en Colombia, Iris ha identificado fallas recurrentes que terminan afectando directamente al trabajador.

Uno de los errores más comunes es tratar las cesantías como un trámite de febrero, en lugar de una obligación que se debe preparar durante todo el año. Esto lleva a decisiones improvisadas, retrasos y falta de claridad sobre los pagos.

Otro problema frecuente es mezclar el dinero de la operación diaria con los recursos destinados a obligaciones laborales, lo que dificulta saber si realmente hay fondos disponibles para cumplir a tiempo. En estos casos, el impacto no lo siente la empresa en abstracto, sino el trabajador que espera ese dinero para cubrir necesidades reales.

También se presentan errores por falta de control y trazabilidad, lo que genera confusión sobre si el pago ya fue realizado, a qué fondo se consignó o si el monto es correcto.

“Cuando las empresas cuentan con herramientas que les permiten ordenar su caja y anticipar obligaciones como las cesantías, dejan de apagar incendios y empiezan a tomar decisiones con mayor control”, agrega Verswyvel.

Si llegada la fecha límite las cesantías no aparecen en el fondo, el trabajador tiene derecho a exigir explicaciones y el cumplimiento inmediato. El empleador puede enfrentar sanciones económicas por el retraso, por lo que no se trata de una falta menor.

Una mujer francesa ha denunciado a su propia madre tras descubrir que había acumulado cerca de 50.000 euros de deudas utilizando su identidad. El caso, ocurrido en 2024 y publicado inicialmente por el diario regional L’Est Républicain, ha terminado en los tribunales y refleja una forma de usurpación de identidad poco habitual, cometida dentro del núcleo familiar y con consecuencias económicas, laborales y personales de gran alcance para la víctima.

Gaëlle, nombre ficticio para preservar su anonimato, jamás imaginó que tendría que acudir a la gendarmería para presentar una denuncia contra su madre. La historia comenzó de manera aparentemente rutinaria, con la recepción de una carta de la aseguradora Allianz en la que se le reclamaba el pago de 1.500 euros en concepto de impagos. El problema era evidente: Gaëlle nunca había contratado ningún seguro con esa compañía.

Alarmada, decidió contactar con la aseguradora para aclarar el malentendido. Durante la conversación, la empleada que la atendió le preguntó si conocía a una mujer concreta, citando el nombre de su madre. Al confirmar que se trataba de ella, la respuesta fue todavía más desconcertante: había sido esa mujer quien había abierto varios contratos utilizando los datos de su hija. En un primer momento, desde la aseguradora le trasladaron un mensaje tranquilizador y le indicaron que no sería ella quien asumiera el pago.

La calma duró poco. Meses después, Gaëlle comprobó que se habían realizado dos cargos de 750 euros en su cuenta bancaria, exactamente el importe reclamado por Allianz. Ante esa contradicción, decidió dar un paso más y presentar una denuncia en la gendarmería, tanto contra la aseguradora como contra su madre. Según su testimonio, los agentes le aseguraron que nunca se habían encontrado con un caso similar. Pese a ello, la denuncia no tuvo un recorrido inmediato y la situación quedó bloqueada.

Créditos al consumo y firmas falsas

Lejos de resolverse, el problema se agravó con el paso del tiempo. Gaëlle recibió posteriormente una notificación de un agente judicial informándole de que se iba a proceder a una incautación de 1.000 euros por facturas impagadas. Desconcertada, acudió personalmente al despacho del oficial judicial para entender qué estaba ocurriendo. Allí le explicaron que figuraba como titular de varios créditos al consumo suscritos a su nombre.

La mujer negó haber firmado ninguno de esos contratos. Para comprobarlo, la agente judicial le pidió que escribiera una frase y firmara un documento. La comparación con las firmas que aparecían en los contratos permitió constatar que no coincidían. Gaëlle reconoció entonces la letra de su madre. En ese momento comprendió que los cargos anteriores no habían sido un hecho aislado, sino parte de una práctica continuada.

En aquella época, madre e hija trabajaban en la misma empresa familiar. La madre ocupaba el puesto de secretaria, lo que le daba acceso a documentación sensible de su hija: copias del documento de identidad, nóminas, datos bancarios y RIB. Con esa información, había podido suscribir créditos y contratos sin levantar sospechas. A medida que Gaëlle fue reconstruyendo lo sucedido, el alcance de la usurpación se hizo evidente: el total de las deudas acumuladas ascendía a cerca de 50.000 euros.

“Nunca ha sabido gestionar un presupuesto”

Ante una investigación que avanzaba con dificultad y la complejidad añadida del vínculo familiar, Gaëlle decidió informar a su banco. Madre e hija eran clientas de la misma entidad desde hacía años, por lo que sus perfiles financieros eran conocidos. Fue entonces cuando descubrió que su madre se encontraba en descubierto de manera casi permanente, que había abierto cuentas en varias entidades y que había suscrito numerosos contratos poniendo como titular a su hija y utilizando su RIB.

“Es compradora compulsiva, nunca ha sabido gestionar un presupuesto”, explica Gaëlle. Según su relato, cada ingreso era gastado de inmediato y, cuando se agotaban los recursos, buscaba nuevas vías de financiación. En el entorno familiar llegó a plantearse la posibilidad de una tutela, pero Gaëlle descartó asumir esa responsabilidad por la carga personal y legal que implicaba.

Con el asesoramiento de una abogada, optó por presentar un dossier de sobreendeudamiento ante la Banque de France. Esta medida le permitió bloquear los embargos y frenar los pagos mientras se aclaraba su situación, aunque con importantes consecuencias: durante varios años no podrá contratar nuevos créditos. La limitación es especialmente complicada en su caso, ya que necesita cambiar un vehículo que supera los 400.000 kilómetros.

Para evitar nuevos episodios de usurpación, Gaëlle abrió una cuenta bancaria distinta, renovó su documentación de identidad y pidió a su banco y a la Banque de France una vigilancia extrema ante cualquier intento de contratación a su nombre. También abandonó la empresa familiar, rompiendo el vínculo laboral que había facilitado el acceso a sus datos personales.

En la actualidad, Gaëlle espera la celebración de un juicio que permita reconocer formalmente la usurpación de identidad de la que asegura haber sido víctima. Su abogada le ha advertido de que el procedimiento puede ser largo, aunque confía en que la documentación reunida, incluido el dossier de sobreendeudamiento, respalde su versión de los hechos. Mientras tanto, la mujer vive en una situación de espera constante, marcada por el estrés, la incertidumbre y el temor a que la historia vuelva a repetirse.

Kiko Rivera, hijo de la reconocida artista Isabel Pantoja, se habría sorprendido al enterarse por la prensa de que la finca Cantora, de la cual es copropietario, estaría a punto de ser subastada por dificultades financieras que arrastra su madre, según informó la revista Lecturas. Rivera, de acuerdo con la citada publicación, habría decidido consultar con abogados para analizar posibles acciones legales orientadas a evitar la pérdida del inmueble familiar.

Según detalló Lecturas, la situación actual de Cantora se relaciona con una deuda que supera los 2,2 millones de euros, generada tras dejar de abonar durante cinco años los pagos hipotecarios de 12.000 euros mensuales comprometidos con una entidad bancaria. La publicación señaló que la finca, donde existen construcciones que abarcan una vivienda de aproximadamente 1.200 metros cuadrados y un terreno de más de 370 hectáreas, saldría a subasta a principios de febrero. El precio fijado rondaría el millón de euros, una cifra significativamente menor al valor de mercado estimado para la propiedad y considerablemente inferior a los más de 4 millones de euros que Isabel Pantoja solicitaba en el pasado con propósito de aliviar su situación económica.

Tal como consignó Lecturas, la cantante, mientras se encuentra en Gran Canaria cerrando la negociación para una producción audiovisual sobre su vida con una importante plataforma de streaming y prepara su salida de España con destino a Sudamérica, enfrenta ahora este desafío patrimonial. El medio también reportó que Pantoja habría sido desalojada de la finca, retirando elementos tan básicos como puertas y enchufes antes de abandonar el inmueble.

Por su parte, Kiko Rivera posee aproximadamente el 47% de la finca, participación que heredó tras el fallecimiento de su padre, el torero Paquirri. El programa ‘El tiempo justo’ aportó que Rivera desconocía el estado crítico de la propiedad hasta que la información fue hecha pública por los medios. Leticia Requejo, periodista de dicho espacio, precisó que Kiko Rivera, alejado de su madre desde hace años, recibió la noticia con desagrado al enterarse de que la herencia directa de su padre podía encontrarse en riesgo de perderse durante una subasta pública.

De acuerdo con la información suministrada por Lecturas y ampliada por ‘El tiempo justo’, tras conocer la noticia, Kiko Rivera se habría puesto en contacto inmediato con asesores jurídicos. Su intención sería determinar si dispone de recursos legales para intervenir en el proceso o reclamar su parte, en un intento por conservar la propiedad familiar que, según trascendió en el citado programa, tiene para él un valor sentimental adicional, dado que fue el lugar donde residió durante parte de su vida.

La situación derivada del impago hipotecario y la inminente subasta de Cantora abre un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre Isabel Pantoja y su hijo. Pantoja, dueña de una figura pública consolidada como cantante, mantendría la mayor parte de la finca, pero el hecho de compartir la titularidad con su hijo complica el panorama legal y patrimonial.

El medio Lecturas destacó que, cuando Isabel Pantoja intentó vender la finca en el pasado, aspiraba a obtener más de 4 millones de euros, precio alejado del que se fijará en la inminente subasta. La revelación sobre la salida a subasta del inmueble ha generado repercusiones tanto en los medios como entre los seguidores de la familia, atentos a las consecuencias legales y personales de este proceso.

Finalmente, la información recogida por la prensa subraya que la postura de Rivera, al conocer la situación a través de la publicación y no mediante comunicación directa con su madre, evidencia la fractura en la relación entre ambos. La resolución de este conflicto patrimonial, según apunta Lecturas, dependerá de los próximos pasos legales que Kiko Rivera y su equipo de abogados decidan emprender para proteger sus intereses sobre Cantora.

Las consultas por estafas digitales y deudas con tarjeta de crédito lideran las preocupaciones que llegan a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), según datos difundidos por la propia entidad. El organismo, a través de la Defensoría Bancaria encabezada por Arturo Pozzali, detectó un aumento sostenido en los reportes de víctimas de fraudes en línea, accesos no autorizados a cuentas y suplantación de identidad, en paralelo a un contexto de mayor fragilidad financiera.

La modalidad más frecuente reportada ante la Defensoría no responde a sofisticados ataques informáticos, sino a engaños que suelen iniciarse con un mensaje, un enlace o una llamada telefónica. En muchos casos, el punto de partida es la apropiación del teléfono celular de la víctima, lo que permite al atacante controlar chats, redes sociales y servicios bancarios. De acuerdo con la información oficial, los delincuentes aprovechan el acceso a estos dispositivos para realizar transferencias, tomar préstamos en nombre de la víctima y solicitar dinero a sus contactos mediante el uso de la identidad robada.

Uno de los aspectos más preocupantes señalados por la Defensoría Bancaria es el papel central del celular como llave de acceso a la vida digital. Cuando el atacante logra desbloquear el dispositivo, accede a cuentas bancarias, billeteras virtuales y redes sociales. “El daño se multiplica porque el delincuente no solo vacía cuentas, sino que además puede usar la identidad de la víctima para pedir dinero a conocidos”, detalla el organismo.

Otra variante habitual comienza con llamadas que aparentan provenir de bancos, billeteras digitales o empresas de servicios. Los estafadores, haciéndose pasar por representantes legítimos, buscan que la víctima ingrese a enlaces, comparta códigos de verificación o instale aplicaciones que permiten el control remoto del dispositivo. Así, muchas de las transferencias fraudulentas aparecen “autorizadas” por el sistema, aunque en realidad fueron disparadas tras un engaño.

El fraude asociado a promociones falsas y compras inexistentes en internet también se mantiene entre los más reportados. Según la Defensoría del Pueblo de CABA, la víctima paga por productos o servicios que nunca recibe o entrega datos sensibles en sitios falsos, que luego son utilizados para nuevas estafas.

Esta tendencia local se alinea con los datos nacionales relevados por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que en su informe anual 2024 registró 34.468 reportes por delitos informáticos y un crecimiento interanual del 21,1%. El fraude en línea representó el 63% de estos casos, con 21.729 denuncias, ubicando a las estafas de compra-venta por internet y el fraude a través del homebanking en los primeros lugares. La suplantación de identidad sumó 4.637 casos y los accesos ilegítimos, 2.887.

En la práctica, la mayor parte de los fraudes digitales sigue una secuencia: comienza con una oferta falsa o mensaje convincente, continúa con la toma del teléfono o de una cuenta y termina en movimientos bancarios no autorizados. “Muchas estafas empiezan con una oferta falsa o un mensaje convincente. Siguen con la toma del teléfono o de una cuenta y terminan donde más duele: en el homebanking o en la billetera virtual”, resume la Defensoría.

Qué hacer ante una estafa digital

Ante el aumento de estafas virtuales, desde la entidad recomendaron acciones inmediatas para minimizar daños si se pierde o sustrae un teléfono móvil.

Entre los principales pasos figura bloquear o desvincular el dispositivo desde las plataformas de Google, Android o Apple mediante las herramientas de búsqueda y borrado remoto, lo que impide el acceso a cuentas sincronizadas y dificulta la validación de transacciones no autorizadas. El impacto de estas acciones se vuelve más relevante considerando la velocidad con la que ocurren muchas estafas: pueden concretarse en cuestión de minutos si no se actúa a tiempo. Por ello, paralelamente al bloqueo, es indispensable notificar de inmediato al banco o la billetera virtual para solicitar el bloqueo de aplicaciones y operaciones vinculadas.

Además, se aconseja formalizar la denuncia en la comisaría o ante la fiscalía especializada en delitos informáticos.

Como pasos siguientes, es posible contactar a la Defensoría del Pueblo o a áreas de defensa del consumidor para mayor respaldo.

Para reforzar la protección de datos y reducir el riesgo de fraude, se recomienda mantener el bloqueo de pantalla activado con una contraseña robusta o biometría, habilitar la verificación en dos pasos en las cuentas más críticas —como servicios de mensajería, correo electrónico y plataformas financieras— y utilizar contraseñas seguras y diferentes para cada servicio.

Otras recomendaciones incluyen sospechar de mensajes urgentes que soliciten datos personales o financieros, evitar compartir códigos de verificación, no acceder a enlaces de remitentes desconocidos, y cerrar correctamente las sesiones en plataformas bancarias.

Se aclara a los usuarios que ninguna entidad bancaria solicitará actualizaciones de sistema ni la instalación de programas fuera de sus canales oficiales.

Quienes hayan sido víctimas pueden comunicarse con la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) por correo electrónico a denunciasufeci@mpf.gov.ar.

En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la denuncia puede realizarse ante la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (correo denuncias@fiscalias.gob.ar, vía web en www.mpfciudad.gob.ar, por la app “DENUNCIAS MPF” o al 0800-33-347225).

La Defensoría del Pueblo CABA atiende en el 0800-999-3722.

Reclamos por deudas en la tarjeta de crédito

Además de las estafas digitales, la Defensoría porteña advierte sobre el incremento de reclamos por deudas y mora automática en tarjetas de crédito. Muchos usuarios afirman haber realizado pagos, pero igual observan cómo la deuda aumenta o cambia de condiciones. El patrón identificado combina préstamos personales y gastos con tarjetas. Si el pago no cubre el mínimo exigido o se realiza fuera de término, se activa la mora automática, lo que implica que la deuda se recalcula y empiezan a correr intereses diarios, incluso sobre créditos pagados en término.

Esta dinámica se agrava en un contexto de mayor fragilidad financiera. El Banco Central de la República Argentina informó que la morosidad de los préstamos a hogares subió del 4,5% en mayo a 7,8% en octubre de 2025. El Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA) reportó que el uso de la tarjeta de crédito en supermercados creció del 39% al 46% entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, lo que transforma a este instrumento en un recurso habitual para cubrir necesidades básicas y amplifica el riesgo de endeudamiento.

Ante este panorama, la Defensoría recomienda a los usuarios revisar detenidamente los resúmenes de sus tarjetas antes de pagar. Es fundamental verificar la fecha de vencimiento, el monto del pago mínimo, el saldo financiado, las tasas informadas (TNA/TEA/CFT), los punitorios por mora y los cargos adicionales. “Esa lectura rápida puede evitar que un atraso o un pago parcial se transforme en una deuda que crece mes a mes”, advierte el organismo.

En materia de prevención de estafas virtuales, la Defensoría del Pueblo de CABA sugiere bloquear o desvincular el dispositivo en caso de robo o pérdida, comunicarse de inmediato con el banco o la billetera virtual para bloquear operaciones y realizar la denuncia ante la comisaría o la fiscalía especializada. Además, se recomienda mantener el bloqueo de pantalla activado, utilizar contraseñas seguras y diferentes para cada cuenta, activar la verificación en dos pasos en servicios sensibles, desconfiar de mensajes urgentes o que soliciten información personal y no compartir códigos ni datos privados con desconocidos. “Recordá que tu banco nunca te va a solicitar hacer actualizaciones de sistemas ni instalar programas”, señala la Defensoría.

La entidad subraya que los bancos unifican las deudas de todos los productos, por lo que no es posible elegir qué pagar primero entre créditos y tarjetas. El saldo impago genera intereses, que pueden superar el 100% de TNA en bancos privados y rondar el 60% TNA en bancos públicos. La recomendación es cubrir al menos el saldo mínimo de la tarjeta para evitar incrementos automáticos de la deuda.

Los indicadores de endeudamiento de los hogares mostraron un nuevo deterioro en noviembre. Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central, la mora de las financiaciones a las familias alcanzó el 8,8% del total de la cartera, un aumento mensual que llevó el indicador a su nivel más alto desde 2010. El avance estuvo explicado principalmente por el desempeño de los créditos destinados al consumo, en un contexto de mayores dificultades para cumplir con las obligaciones financieras.

De acuerdo con el informe oficial, “la mora de los préstamos a los hogares ascendió a 8,8%, incremento explicado principalmente por el desempeño mensual de las asistencias destinadas al consumo”. Este deterioro se dio en paralelo a un aumento del ratio de irregularidad del crédito al sector privado en su conjunto, que se ubicó en 5,2%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto de octubre. Según datos oficiales, la irregularidad financiera de las familias se ubicaba en 2,6% en noviembre de 2024, lo que implica que se más que triplicó en el último año.

El documento del BCRA señaló que el incremento de la mora no se limitó al segmento de las familias. En noviembre, el indicador correspondiente a las empresas también mostró un avance y se ubicó en 2,3%, con aumentos en todos los sectores económicos relevados. No obstante, el nivel de incumplimiento entre los hogares continuó siendo significativamente más elevado que el observado en el segmento corporativo.

En este escenario, el Banco Central indicó que “el nivel de previsiones totales constituidas por el agregado del sector representó 97% de la cartera en situación irregular en noviembre”. En términos del total del crédito al sector privado, las previsiones alcanzaron el 5,1%, lo que implicó un incremento mensual de 0,5 puntos porcentuales.

El informe también vinculó la evolución de estos indicadores con cambios en el comportamiento de las entidades financieras. Según consignó, “en los dos últimos trimestres de 2025 se registró un endurecimiento de los estándares de originación crediticia, principalmente en el segmento de las familias y de las pequeñas y medianas empresas”, una dinámica que el organismo describió como consistente con una respuesta prudencial frente al aumento del riesgo crediticio.

Evolución del crédito al sector privado

Más allá del deterioro en la calidad de la cartera, la actividad de intermediación financiera mostró en noviembre una expansión en términos reales. El saldo de crédito al sector privado en pesos aumentó 0,9% real entre puntas de mes y acumuló una suba interanual de 33,8% real. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el segmento comercial, que avanzó 1,6% real, mientras que las líneas con garantía real y de consumo registraron incrementos más moderados, del 0,2% real.

Al considerar de manera conjunta las financiaciones en moneda nacional y extranjera, el saldo real de crédito al sector privado se mantuvo prácticamente estable en el mes, con una variación de 0,1%, aunque exhibió un crecimiento interanual de 45,5% real.

En el caso del financiamiento en moneda extranjera, el informe indicó que el saldo se redujo 0,5% en noviembre, medido en moneda de origen, a pesar de un crecimiento interanual de 94,3 por ciento. La caída mensual estuvo explicada mayormente por el desempeño de las prefinanciaciones a la exportación.

Menor dinámica en los créditos hipotecarios

Dentro del segmento de los hogares, el Banco Central también destacó una desaceleración en la incorporación de nuevos deudores hipotecarios. En noviembre se registraron 2.486 altas, casi la mitad de las contabilizadas en octubre. En el acumulado de los últimos doce meses, el total de nuevos deudores hipotecarios ascendió a 44.000, mientras que la cantidad total estimada de personas con este tipo de crédito se ubicó en casi 177.600, con un aumento interanual del 20,9 por ciento.

Sobre este punto, el informe señaló que el desempeño de los préstamos hipotecarios se dio “en un escenario de condiciones ligeramente más restrictivas en la oferta crediticia a las familias, acompañado por una disminución en la demanda percibida por las entidades”, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Condiciones Crediticias correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

Depósitos y fondeo del sistema financiero

En paralelo, el fondeo del sistema financiero continuó mostrando una dinámica positiva. En noviembre, el saldo real de los depósitos del sector privado en pesos se incrementó 2,7%, con una suba interanual de 8,1% real. El crecimiento estuvo explicado por las cuentas a la vista, especialmente las remuneradas.

En moneda extranjera, los depósitos del sector privado aumentaron 1,8% en el mes, medidos en moneda de origen, y 9,8% interanual, alcanzando “uno de los niveles más altos de los últimos 15 años”, según destacó el Banco Central. Considerando todas las monedas y sectores, el saldo real de depósitos totales creció 2,2% en noviembre y 10% interanual.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) implementará a partir del 2 de febrero un nuevo sistema de planes de pago para la regularización de deudas impositivas en etapas prejudicial y judicial. Se trata de una moratoria que busca fomentar el buen cumplimiento.

En ese sentido, el esquema tiene como finalidad que los contribuyentes cancelen obligaciones pendientes, regularicen su situación fiscal y accedan nuevamente a beneficios como el pago anual anticipado y las bonificaciones de hasta 15% por buen cumplimiento.

Para la regularización de deudas en instancia prejudicial, el plan alcanza a las obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025 y ofrece distintas alternativas, diseñadas en función de la capacidad de pago de cada contribuyente.

Entre las opciones que pone a disposición ARBA se incluyen:

• Pago al contado, en una sola vez, que cancela la deuda de forma inmediata.
• Anticipo del 5% y financiación del saldo bajo las siguientes modalidades:
• • Hasta 3 cuotas sin interés.
  • De 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual.
  • De 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.
• Para quienes necesitan plazos más extensos:
• • Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.
  • Anticipo del 20% y financiación en 51 a 60 cuotas, con un interés del 4% mensual.

La medida también alcanza deudas en instancia judicial y casos de fiscalización con allanamiento, bajo condiciones equivalentes a las del régimen general. En estos casos, las alternativas previstas son:

• Pago al contado, en una sola vez.
• Anticipo del 5% y financiación en:
• • Hasta 3 cuotas sin interés.
  • 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual.
  • 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.
• Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.

Beneficios impositivos

ARBA señaló que saldar las deudas exigibles es un requisito indispensable para acceder a los beneficios vigentes en el pago de impuestos.

En este marco, el organismo había precisado que los contribuyentes que opten por el pago anual anticipado de los impuestos patrimoniales y lo cancelen en su totalidad hasta la fecha de vencimiento de la primera cuota, en febrero, accederán a un descuento del 15%.

Asimismo, ARBA estableció una bonificación del 10% por buen cumplimiento fiscal destinada a quienes opten por el pago en cuotas y permanezcan al día con cada vencimiento.

Este beneficio se aplicará en cada cuota solo si el contribuyente no posee deudas exigibles de años anteriores sobre el bien, ha abonado las cuotas vencidas de 2026 y realiza cada pago en término.

La bonificación estará disponible para todos los medios de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria y tarjeta de crédito, según detalló la agencia de recaudación.

ARBA precisó que los descuentos por pago anual anticipado y las bonificaciones por buen cumplimiento no son acumulables. Cada contribuyente podrá acceder únicamente a uno de estos beneficios, de acuerdo con la modalidad elegida y su situación fiscal, sin superar en ningún caso el 15%.

Calendario de pagos

Por otro lado, ARBA ya comunicó el cronograma de vencimientos para 2026 correspondiente a los principales impuestos patrimoniales de la provincia.

Esto es el impuesto inmobiliario, tanto en su formato básico como complementario, el impuesto automotor y el tributo aplicado a embarcaciones deportivas o de recreo.

• Impuesto Inmobiliario Urbano: 19 de febrero es el primer vencimiento del año para propiedades ubicadas en zonas urbanas, tanto edificadas como baldías.
• Impuesto Inmobiliario Rural: 17 de marzo es la fecha límite para la primera cuota y la opción de pago anual de inmuebles rurales.
• Impuesto Automotor: el 10 de marzo inicia el calendario anual bajo modalidad mensual, según el valor fiscal y la antigüedad del vehículo.
• Impuesto a las Embarcaciones Deportivas:
• • 16 de abril: primer vencimiento anual
  • 12 de noviembre: segundo vencimiento anual Tributo que alcanza a lanchas, veleros y naves de recreo radicadas en la provincia.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) estableció un nuevo esquema de planes de pago para regularizar deudas impositivas en instancia prejudicial y judicial, a partir del 2 de febrero. Esta decisión apunta a facilitar el cumplimiento fiscal y permitir el acceso a los descuentos de hasta 15% que se ofrece para los impuestos provinciales.

El plan, anunciado por Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, tiene como objetivo que los contribuyentes puedan cancelar obligaciones pendientes, normalizar su situación fiscal y recuperar beneficios como el pago anual anticipado y las bonificaciones por buen cumplimiento.

“Regularizar deudas no solo permite ordenar la situación fiscal, sino también volver a acceder a los descuentos que reconocen a quienes cumplen. Nuestro objetivo es dar herramientas concretas para que más contribuyentes puedan ponerse al día”, señaló.

Planes para deudas en instancia prejudicial

El esquema general de regularización de deudas prejudiciales abarca obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, y ofrece alternativas según la capacidad de pago de cada contribuyente. Entre las opciones habilitadas por ARBA, se encuentran:

• Pago al contado, en una sola vez, que cancela la deuda de forma inmediata.
• Anticipo del 5% y financiación del saldo bajo las siguientes modalidades:
• • Hasta 3 cuotas sin interés.
  • De 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual.
  • De 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.
• Para quienes necesitan plazos más extensos:
• • Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.
  • Anticipo del 20% y financiación en 51 a 60 cuotas, con un interés del 4% mensual.

Esta estructura busca que quienes regularicen sus obligaciones puedan retomar el acceso a incentivos impositivos, como el pago anual anticipado y las bonificaciones para contribuyentes cumplidores.

Planes para deudas judiciales

La medida también contempla deudas en instancia judicial y casos de fiscalización con allanamiento, bajo condiciones similares a las del régimen general. En estos escenarios, las opciones incluyen:

• Pago al contado, en una sola vez.
• Anticipo del 5% y financiación en:
• • Hasta 3 cuotas sin interés.
  • 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual.
  • 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.
• Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.

Acceso a descuentos fiscales

Desde ARBA destacaron que cancelar las deudas exigibles constituye un requisito indispensable para acceder a los beneficios vigentes, entre ellos:

• 15% de descuento por pago anual anticipado.
• 10% de bonificación por cuota para contribuyentes que mantienen buen cumplimiento y abonan en término.

El nuevo esquema, publicado oficialmente, representa una herramienta destinada a que los contribuyentes bonaerenses puedan regularizar su situación fiscal y reincorporarse al régimen de beneficios, mediante opciones adaptadas a diferentes capacidades de pago.

Calendario de pagos

Por otra parte, ARBA dio a conocer el cronograma de vencimientos para 2026 correspondiente a los principales impuestos patrimoniales de la provincia.

El esquema abarca el impuesto inmobiliario, tanto en su formato básico como complementario, el impuesto automotor y el tributo aplicado a embarcaciones deportivas o de recreo.

Además, se ratificaron los beneficios y descuentos destinados a contribuyentes que cumplan con los pagos en las fechas establecidas.

• Impuesto Inmobiliario Urbano: 19 de febrero es el primer vencimiento del año para propiedades ubicadas en zonas urbanas, tanto edificadas como baldías.
• Impuesto Inmobiliario Rural: 17 de marzo es la fecha límite para la primera cuota y la opción de pago anual de inmuebles rurales.
• Impuesto Automotor: el 10 de marzo inicia el calendario anual bajo modalidad mensual, según el valor fiscal y la antigüedad del vehículo.
• Impuesto a las Embarcaciones Deportivas:
• • 16 de abril: primer vencimiento anual
  • 12 de noviembre: segundo vencimiento anual Tributo que alcanza a lanchas, veleros y naves de recreo radicadas en la provincia.

El estrés financiero se ha convertido en una de las preocupaciones más extendidas en sociedades de todo el mundo. Según información de entidades de salud y bienestar, se refiere a la tensión emocional y mental que surge cuando una persona experimenta dificultades para afrontar sus obligaciones económicas o teme no poder cubrir sus necesidades básicas.

Esta forma de agobio puede aparecer en múltiples escenarios. Muchas veces, comienza tras la pérdida de un empleo o cuando una persona no logra encontrar trabajo suficiente para sostenerse. Otras causas frecuentes incluyen la acumulación de deudas impagables, la preocupación constante por gastos futuros o problemas derivados de prácticas como el juego problemático, que pueden desestabilizar aún más la economía familiar, destacan Health Direct y el Gobierno de Canadá.

La vida cotidiana puede verse afectada por el estrés financiero en momentos de incertidumbre, cuando los ingresos no alcanzan para cubrir el costo de vida, las tasas de interés aumentan y los precios de bienes esenciales como la vivienda o los alimentos suben. Este contexto lleva a que muchas personas vivan “de cheque en cheque”, con dificultades para ahorrar o enfrentar gastos inesperados, según advierte la información de los organismos de salud canadienses.

En todos estos casos, esta cuestión global no distingue edad ni nivel de ingresos y puede afectar a cualquier persona. La presión de no llegar a fin de mes, la preocupación por los pagos pendientes y la incertidumbre ante el futuro económico son detonantes habituales de este tipo de estrés.

Diferencia de otros tipos de estrés

El estrés financiero presenta características que lo distinguen de otras formas de tensión emocional. A diferencia de los factores estresantes agudos, como una fecha límite laboral o una enfermedad breve, la presión económica suele ser crónica y persistente. Las preocupaciones por el dinero abarcan desde los gastos cotidianos hasta la estabilidad de la vivienda, el pago de deudas o la seguridad alimentaria. Esta naturaleza continua hace que sea más difícil de resolver y manejar, ya que afecta múltiples aspectos de la vida diaria.

Según la doctora Leana Wen, experta en bienestar para CNN, puede alterar hábitos tan básicos como el sueño, limitar el acceso a alimentos saludables y reducir las oportunidades para realizar actividad física o descansar. Estas restricciones se refuerzan entre sí, aumentando el riesgo de problemas de salud a largo plazo.

A diferencia de otros tipos de tensiones, este se relaciona directamente con el acceso a recursos esenciales y, en muchos casos, con la imposibilidad de cubrir necesidades básicas. Esto configura un entorno en el que la tensión se prolonga en el tiempo y sus efectos se agravan, tanto a nivel físico como mental.

El riesgo en la salud cardiovascular

Pocos riesgos para la salud han captado tanta atención en los últimos años como el impacto del estrés financiero en el corazón. Un estudio reciente publicado en Mayo Clinic sostiene que las preocupaciones económicas pueden envejecer el órgano incluso más rápido que factores de riesgo clásicos como la hipertensión arterial o la diabetes.

El análisis, dirigido a más de 280.000 adultos, se centró en la llamada “edad cardiovascular”: un indicador que compara la edad biológica del corazón y los vasos sanguíneos con la edad real de la persona. Según los investigadores, quienes reportaron mayor estrés financiero e inseguridad alimentaria mostraron señales de un envejecimiento cardiovascular más avanzado, incluso tras considerar otros riesgos médicos.

La médica y experta en bienestar Leana Wen, en diálogo con CNN, advierte que dos personas con la misma edad y perfil clínico pueden tener corazones que envejecen a ritmos distintos, dependiendo de la presión económica que enfrenten. Aunque el estudio no prueba una relación causal directa, sí señala que la presión económica puede dañar no solo el bienestar mental, sino también la salud cardiovascular.

De acuerdo con Wen, esta condición activa procesos fisiológicos que aceleran el deterioro del corazón y los vasos sanguíneos. Esto lo coloca en el foco de atención como un determinante relevante de salud pública. Asimismo, destacó que aquellas personas que enfrentan enfermedades cardíacas podrían acrecentar el riesgo ante problemas económicos.

No obstante, el estrés financiero no solo amenaza la salud del corazón. Según datos de organismos de salud australianos y canadienses, este tipo de preocupación se asocia con una variedad de efectos negativos en la salud física, el bienestar mental y la vida social.

Muchas personas experimentan síntomas como problemas de sueño, cansancio, dolores físicos o cambios de humor cuando las preocupaciones económicas se prolongan. La tensión puede derivar en ansiedad, depresión y, en algunos casos, llevar a conductas de riesgo como el consumo excesivo de alcohol o drogas.

El impacto se extiende a las relaciones personales. Es común que surjan conflictos familiares o discusiones por dinero, y algunas personas tienden a aislarse o a sentir culpa al gastar. Además, el miedo a no poder cubrir los gastos puede llevar a posponer la atención médica, lo que agrava problemas de salud existentes y crea un círculo vicioso de deterioro físico y emocional.

Consejos para minimizar el impacto

Existen diversas acciones recomendadas por organismos de salud para atenuar los efectos en la vida cotidiana. Una de las primeras sugerencias de la experta en bienestar es reconocer y expresar las emociones relacionadas con la situación económica, ya sea escribiendo las preocupaciones o conversando con personas de confianza. El autocuidado resulta fundamental: mantener una dieta equilibrada, practicar ejercicio de manera regular y consultar al médico si existen condiciones de salud que puedan empeorar bajo estrés. Estas medidas ayudan a preservar el bienestar físico y facilitan la gestión de la ansiedad y el cansancio.

Organizaciones sociales destacan como clave buscar apoyo social. Compartir sentimientos con familiares o amistades puede generar contención y nuevas perspectivas. Ser transparente con el entorno cercano acerca de la situación financiera, y explicar cómo podría afectar el presupuesto del hogar, contribuye a reducir los conflictos y la carga emocional.

En cuanto a lo económico, destacan que elaborar un presupuesto detallado permite visualizar los gastos esenciales y planificar mejor. Reservar una parte para emergencias y priorizar pagos básicos puede aliviar la presión diaria. Además, muchas instituciones financieras cuentan con programas para asistir a quienes enfrentan dificultades económicas, y los bancos suelen disponer de asesoramiento para estos casos.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó su preocupación por el impacto negativo que tendría la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional en las finanzas regionales.

El mandatario advirtió que las medidas adoptadas desde finales de 2025 afectarían especialmente a los departamentos, al aumentar la carga financiera sobre las administraciones territoriales.

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En entrevista con Caracol Radio, Rendón calificó la decisión como un “decretazo” que, en sus palabras, busca “cuadrar la caja del Gobierno Nacional a costa de las regiones más vulnerables”.

El gobernador aseguró que Antioquia enfrentaría un incremento de más de 700.000 millones de pesos en gastos adicionales como resultado del aumento del salario mínimo, cifra que, indicó, equivale a casi cinco veces la inflación registrada en el mismo periodo.

Rendón también expresó inquietud por la situación de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). El mandatario departamental explicó que, debido a los nuevos lineamientos fiscales, la FLA deberá transferir recursos directamente al Gobierno Nacional, en lugar de realizar los tradicionales giros de impuestos de consumo a la gobernación o a otros departamentos donde comercializa sus productos.

“Este año, solo la Fábrica de Licores, en vez de girarle el hipoconsumo a la Gobernación de Antioquia o a otros departamentos donde vende licor, tiene que girarle al Gobierno Nacional”, afirmó textualmente el gobernador.

Como contexto, el Decreto 1474 de 2025 introdujo nuevos impuestos que afectan diversos productos, lo que, de acuerdo con voces regionales, podría agravar la situación financiera de las administraciones subnacionales.

El impacto de estas medidas ha sido motivo de preocupación no solo para Antioquia, sino también para otros departamentos y organizaciones gremiales. El Consejo Gremial advirtió que la emergencia económica y la creación de nuevos gravámenes pueden desincentivar la inversión y limitar el desarrollo regional.

Durante la entrevista, el gobernador reiteró que las decisiones del Gobierno Nacional generan una presión desproporcionada sobre los entes territoriales, en particular sobre aquellos con mayores obligaciones sociales y fiscales.

Rendón insistió en que las recientes disposiciones “castigan a las regiones”, al transferir responsabilidades fiscales sin una compensación suficiente para los departamentos afectados.

Empresarios piden frenar decreto de emergencia económica por temor a baja en inversión

La emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional y los nuevos impuestos, de la misma manera, generaron inquietud en el sector empresarial colombiano.

En detalle, el Consejo Gremial solicitó a la Corte Constitucional suspender provisionalmente la medida, argumentando que la estabilidad jurídica y la confianza en el entorno de negocios se ven amenazadas.

La presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, advirtió en diálogo en el medio explicó que el uso de la emergencia económica debería reservarse solo para situaciones excepcionales y que no constituye un instrumento ordinario de política fiscal.

“Para los empresarios del país, la estabilidad jurídica es uno de los activos más importantes y que debemos proteger, porque a su vez protegen el empleo, protegen la inversión y protegen el crecimiento”, afirmó Gutiérrez.

La carta enviada por el Consejo Gremial a la Corte Constitucional solicita que se evalúe la suspensión del decreto, que impone gravámenes sobre sectores como los licores, cigarrillos, juegos de suerte y azar en línea, e incrementos al patrimonio.

Según la dirigente, estas decisiones pueden tener efectos irremediables sobre la inversión de largo plazo en Colombia.

La líder gremial manifestó preocupación por los impuestos aplicados al sector minero energético, específicamente en minería y petróleo. Gutiérrez se refirió a un pronunciamiento previo de la Corte que impedía tratar las regalías como un costo y señaló que la nueva normativa retoma ese enfoque.

“Estas medidas, sobre todo las del sector minero energético, que ya la misma Corte había dicho que las regalías no se podían tratar como un costo, pues aquí se vuelven a retomar”, puntualizó en la entrevista.

Durante años, la vida de Georgia Kitson y su pareja Jack transcurrió bajo los cielos grises y con una preocupación constante por el dinero. Vivía en una pequeña cabaña al oeste de Londres, donde el frío se hacía sentir dentro y fuera del hogar. Las facturas se acumulaban y los esfuerzos parecían no encontrar su recompensa. “No podíamos permitirnos pagar todas las facturas, no podíamos permitirnos calentar toda la cabaña” recuerda Georgia. “Estábamos atrapados en una carrera de ratas esperando una pensión”, añade.

Ambos eran autónomos. Ella terapeuta holística y él jardinero. La llegada de su primera hija, Poppy, terminó de asfixiar la economía familiar. “Fue desalentador. Teníamos a un bebé recién nacido y sentíamos que nunca salíamos adelante o que nunca teníamos dinero para hacer cosas. Nos sentíamos realmente atrapados”, relata la mujer al Daily Mail.

Pero el giro llegó. Tras el fallecimiento de la abuela de Jack de forma inesperada, la pareja recibió una herencia que, sumada a la ayuda de los padres de Georgia, les permitió imaginar una salida. En 2018 tomaron una decisión: dejar Inglaterra y comprar una finca de olivos en Cataluña por unos 90.000 euros. “Con lo que en el Reino Unido habría sido solo la entrada de una casa, aquí pudimos comprar directamente una propiedad con terreno”, explicó Georgia.

Una vida completamente distinta

La finca estaba aislada, fuera de la red eléctrica y exigía un modo de vida completamente distinto. Durante seis años, la familia aprendió a generar su propia electricidad con paneles solares, a recolectar agua de lluvia y a calentarse con leña. Lejos de vivirlo como una renuncia, lo sintieron como una liberación. “Vivíamos sin deudas, rodeados de naturaleza y nuestros gastos mensuales eran muy bajos”, señaló la mujer.

Con el tiempo, aquella elección también resultó ser una inversión acertada. En 2024, vendieron la finca por 290.000 euros aproximadamente, triplicando su precio original. Con ese dinero se volvieron a mudar. Esta vez a la costa. “La propiedad que hemos comprado tiene un enorme potencial. La estamos desconectando de la red y le hemos instalado un sistema solar. Tiene un pozo, así que lo estamos aprovechando para obtener agua”, subrayó Georgia.

Hoy viven en una casa con piscina, huerto y gallinas que les proporcionan huevos a diario. Siguen apostando por la autosuficiencia y por reducir al mínimo sus gastos. Ella trabaja como asistente virtual y coach de vida, y ambos gestionan una plataforma en línea dedicada a promocionar viviendas autosuficientes. “No necesitábamos trabajar tan duro porque los gastos son muy bajos. Podemos vivir con un solo sueldo”, afirmó.

“Nunca volvería”

Sus hijos van al colegio y pasan las tardes en la playa. La rutina familiar ha cambiado por completo. “Pasamos mucho más tiempo juntos como familia. La calidad de vida es maravillosa; el coste de la vida es mucho más bajo y se puede vivir con muy poco dinero”. El clima mediterráneo y la vida al aire libre contrastan con los recuerdos en su país natal. “Allí es difícil pasar tiempo fuera: es oscuro, aburrido y llueve. Aquí la vida sucede fuera”, sentenció.

Y es que, más allá del ahorro o el tiempo, Georgia destaca la hospitalidad española. “La cultura es increíble, la gente acogedora y hay una gran comunidad de expatriados”, indicó. Echando la vista atrás, volver a Inglaterra no es una opción. “Nunca volvería por elección propia, sería el peor de los casos. Aquí tenemos algo que el dinero no puede comprar: independencia y libertad”, concluyó.

Muchas personas no saben que las deudas bancarias tienen un límite de tiempo para se cobradas legalmente, gracias a la figura de la prescripción contemplada en el Código Civil de Perú. Esta norma establece que los acreedores bancarios pierden el derecho a demandar el pago de una obligación financiera después de un periodo determinado, brindando un respiro legal a quienes atraviesan dificultades económicas o no pueden afrontar sus compromisos bancarios.

Según la legislación vigente, las deudas prescriben diez años después de que el deudor incumple con su obligación de pago. Durante ese tiempo, los bancos y otras entidades financieras pueden ejercer acciones legales para recuperar el dinero adeudado. Sin embargo, una vez transcurrido este plazo, el acreedor ya no puede iniciar demandas ni embargos, y la deuda se extingue oficialmente, siempre que el deudor solicite a un tribunal que se reconozca la prescripción.

No obstante, este proceso no ocurre automáticamente. El deudor debe presentar una solicitud judicial, aportando la documentación correspondiente para que un juez confirme que la deuda ha prescrito. Solo con esta decisión la obligación de pago desaparece formalmente, convirtiendo la prescripción en una herramienta accesible únicamente para quienes pueden afrontar los procedimientos legales y contar con la asesoría necesaria.

Las deudas no desaparecen del todo

Aunque la deuda desaparece en términos legales, su efecto no se traduce en la eliminación inmediata del historial crediticio del deudor. Según Javier Mori, gerente legal de Equifax, las centrales de riesgo y entidades financieras como Infocorp mantienen el registro de deudas no pagadas hasta cinco años después de que la obligación haya sido declarada prescrita.

“Es importante entender que la prescripción no borra el rastro de la deuda en los sistemas financieros, y por lo tanto puede seguir afectando la calificación crediticia del deudor”, explicó Mori. Esto significa que, aunque el acreedor ya no pueda exigir el pago, los antecedentes negativos permanecen visibles, lo que puede limitar el acceso a nuevos créditos, préstamos personales o hipotecas.

En ese sentido, la prescripción representa un alivio legal más que financiero. El deudor queda libre de demandas o embargos, pero su reputación crediticia continúa afectada, lo que puede dificultar la reinserción plena en el sistema financiero durante varios años.

Embargos y mecanismos de cobro

Antes de que una deuda llegue a prescribir, las entidades financieras cuentan con herramientas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. Uno de los mecanismos más utilizados es el embargo salarial, que permite retener una parte del ingreso mensual del trabajador para cubrir la deuda pendiente.

La normativa peruana establece que los bancos solo pueden embargar salarios cuando el monto adeudado supera S/2.575 mensuales, equivalentes a cinco Unidades de Referencia Procesal (URP). Esta medida busca equilibrar el derecho del acreedor a recuperar su dinero con la protección mínima de los ingresos del deudor, evitando que la retención afecte gravemente su economía familiar.

A pesar de estos límites, muchos trabajadores enfrentan un golpe directo a su estabilidad financiera cuando se ejecutan estos embargos. Por ello, la prescripción legal se presenta como una alternativa para quienes no pueden asumir la deuda, aunque requiere un proceso judicial y recursos para su tramitación, además de la aceptación de las consecuencias crediticias que esta decisión conlleva.

Endeudamiento en Perú se incrementa

El contexto económico del Perú evidencia un aumento preocupante del endeudamiento personal entre los ciudadanos. Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el endeudamiento promedio alcanza el 29,4 % de los ingresos mensuales de los peruanos, lo que refleja la creciente presión financiera sobre los hogares.

Este nivel de carga económica se explica por diversos factores, entre ellos la pérdida del poder adquisitivo, los gastos imprevistos y la dependencia del crédito para cubrir necesidades básicas, como alimentación, transporte y vivienda. La situación alerta sobre la vulnerabilidad de las familias frente a cualquier eventualidad económica y la necesidad de promover una educación financiera más sólida.

En ese sentido, la prescripción se presenta como una salida legal para personas sobreendeudadas, permitiéndoles liberarse de obligaciones que no pueden afrontar; sin embargo, los especialistas advierten que debe considerarse como última opción, ya que implica un proceso judicial largo y no elimina las secuelas crediticias de la deuda.

Algunas compañías, entidades, o incluso personas naturales, exigen fiadores como garantía para asegurar el cumplimiento de obligaciones en contratos de alquiler, préstamos o créditos. Esto quiere decir, que el fiador se compromete a responder económicamente si la persona principal no paga, lo que reduce el riesgo para la entidad y facilita la recuperación del dinero en caso de incumplimiento.

La decisión de aceptar ser fiadora para respaldar la deuda de una amiga suya, que al parecer no tenía suficiente respaldo financiero o historial crediticio, llevó a que Liliana ahora enfrente un verdadero “martirio” por no tener cómo responder en una obligación financiera que ella no solicitó a su beneficio.

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Desde entonces, la mujer trabajadora ha enfrentado una serie de dificultades legales, económicas, de salud y personales tras firmar como fiadora de una compañera de trabajo.

Liliana le dio la mano a una compañera agobiada por problemas económicos

La situación comenzó cuando aceptó respaldar a su colega en un préstamo, motivada por la confianza y el deseo de ayudarla.

Lo que no anticipó fue el impacto que tendría esa decisión en su vida, convirtiéndose en responsable de deudas que no contrajo ni utilizó, situación que, incluso, ha afectado a otros compañeros de la misma empresa y a un adulto mayor, que también habrían firmado como fiadores.

“Esa niña dejó varias deudas con prestamistas, de las cuales yo soy la fiadora, me toca a mí responder por esas deudas. Eso es lo que me tiene a mí en este momento demasiado ahogada. Mi situación empezó hace aproximadamente unos cinco meses. Me presentó algo con una compañera de trabajo que yo, actuando de buena fe, creí que la estaba ayudando a ella”, dijo la mujer a TuBarco.

La tragedia se desencadenó meses después, cuando la compañera de Liliana tomó la decisión de suicidarse. A partir de ese momento, la carga emocional se sumó a las exigencias de varios prestamistas, que comenzaron a reclamar los pagos pendientes a los fiadores.

“El 14 de julio del 2025 decide quitarse la vida, un hecho que emocionalmente me marca, pues por la decisión que ella tomó en su momento, y que creo que yo como amistad u obrando de la buena fe, hice lo que pude”, dijo la mujer entre lágrimas.

Según relató Liliana al medio citado, durante casi 10 meses una cooperativa embargó aproximadamente la mitad de su salario quincenal para cubrir parte de la deuda, situación de la que pudo salir a flote; sin embargo, las obligaciones financieras persisten y las alternativas legales se han visto limitadas por la falta de recursos económicos. La única solución viable, aseguró, sería acceder a asesoría jurídica, servicio que por ahora no puede costear.

El efecto dominó de esta situación también habría alcanzado a otros trabajadores y a un adulto mayor, que, al igual que Liliana, fueron arrastrados a responder por créditos ajenos. La cadena de responsabilidades ha dejado a varias personas al borde del colapso financiero, viéndose obligadas a responder por compromisos que nunca adquirieron.

La acumulación de problemas ha tenido consecuencias en otros aspectos de la vida de Liliana, entre estos, sufrió tres accidentes de motocicleta y, días más tarde, fue víctima del hurto de su moto, herramienta esencial para su movilidad y trabajo. Aunque consiguió otra motocicleta a crédito, enfrenta dificultades para cumplir con los pagos, el arriendo y los gastos básicos de alimentación, mientras intenta mantener a su familia.

A la presión económica se suma la situación de salud de su madre, que padece una enfermedad grave y necesita atención médica urgente. Las limitaciones financieras han impedido que reciba el tratamiento adecuado. Su estilo de vida cambió al punto que Liliana no tuvo recursos para comprar un regalo de Navidad a su hija, por lo que una amiga asumió ese gesto solidario.

A pesar de todas estas adversidades, Liliana indicó en la entrevista citada que persiste en su esfuerzo por salir adelante y no buscar oportunidades en el extranjero como le han aconsejado algunos compañeros de trabajo.

Actualmente, la mujer mantiene un emprendimiento de lasañas en Cali como única fuente de ingreso adicional, con la esperanza de comenzar a responder por las deudas que la afectan. Los que deseen apoyarla pueden comunicarse a su número de contacto: 321 2349463.

“La solución no es irse, la solución es dar la cara (...) En este momento yo pido el, el apoyo de todas las personas que lo puedan hacer. Yo tengo un emprendimiento de lasañas. Si hay empresas, personas, que quieran hacerme pedidos, yo con mucho gusto voy a hacerlas, voy a llevarlas”, afirmó en su declaración al citado medio.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha puesto en consulta pública un proyecto normativo que introduce una obligación clara para los bancos: entregar a sus clientes, en un plazo máximo de 7 días hábiles y sin costo, una constancia que acredite la regularización de una deuda atrasada.

Esta constancia, que debe ser solicitada por el usuario después de haber pagado la deuda en mora, servirá como respaldo formal para quienes necesitan demostrar ante terceros —incluyendo centrales de riesgo como Infocorp— que ya cumplieron con su obligación.

SBS propone certificados gratuitos y plazos máximos por cancelación de deudas morosas

Hasta ahora, los clientes que saldaban una deuda en mora podían enfrentar demoras e incluso trabas para obtener un comprobante oficial por parte de la entidad financiera, lo que dificultaba que su historial negativo se corrigiera rápidamente en el sistema financiero.

Con la nueva disposición de la SBS, publicada a través de la Resolución SBS N° 00013-2026, esta situación cambiará: el banco deberá entregar el certificado en un plazo máximo de una semana, permitiendo al usuario gestionar de manera más eficiente la actualización de su información crediticia.

El proyecto normativo, que permanecerá en consulta pública durante 30 días, también establece otras obligaciones vinculadas a la protección del usuario financiero.

SBS exige a entidades financieras un tope de 24 horas para informar incidentes

Por ejemplo, exige a las entidades bancarias comunicar a los clientes, en un plazo no mayor a 24 horas, cualquier incidente relevante que afecte saldos, líneas de crédito o la continuidad de los servicios, incluyendo eventos de ciberseguridad.

Si el incidente afecta de manera individual, la comunicación directa deberá hacerse en un máximo de 10 días hábiles, con posibilidad de extensión justificada de hasta 10 días adicionales.

Otra novedad es la prohibición de cobrar comisiones por el pago de créditos realizados a través de los canales propios del banco. De esta forma, los usuarios ya no tendrán que asumir costos adicionales solo por pagar sus deudas en ventanillas, agentes o plataformas digitales de la propia entidad financiera.

La banca no podrá cobrar comisiones por pagos realizados en canales propios, según proyecto de la SBS

El proyecto de la SBS también refuerza la transparencia y la claridad en la información que los bancos deben proporcionar sobre tasas, comisiones y condiciones de los productos financieros, tanto en páginas web, como en aplicaciones móviles y cajeros automáticos.

Además, obliga a las entidades a validar con usuarios reales los nuevos productos y servicios antes de su lanzamiento, con el objetivo de asegurar que la información sea comprensible y adecuada para el público objetivo.

Nueva regulación exigirá capacitación constante al personal bancario

Finalmente, la SBS exige que el personal bancario reciba capacitación regular en normas de conducta de mercado y atención al usuario, fortaleciendo la cultura organizacional y las buenas prácticas en la relación con los clientes.

La mayor parte de estas nuevas reglas entrará en vigor a los 360 días de la publicación definitiva de la norma, aunque algunos cambios sobre información y comisiones lo harán a los 180 días.

Con estas medidas, la SBS busca garantizar que los usuarios tengan herramientas efectivas para limpiar su historial crediticio y acceder a mejores condiciones dentro del sistema financiero, evitando demoras y trabas administrativas a la hora de demostrar que ya cumplieron con sus obligaciones.

La 'cuesta de enero’ es un fenómeno económico que ocurre justo después de las celebraciones de fin de año, cuando los ingresos suelen verse reducidos y los gastos aumentados por compras, viajes, regalos y reuniones familiares. Según expertos en finanzas personales, este impacto puede generar tensión en los presupuestos familiares si no se planea con anticipación.

La mayoría de personas descubre que, tras Navidad y Año Nuevo, el dinero en cuentas bancarias se ha reducido, las tarjetas de crédito muestran saldos elevados y las facturas del mes por venir parecen cuesta arriba. Para muchas familias, enero no solo implica gastos cotidianos, sino también el manejo de deudas acumuladas.

Paso 1: Haz balance de tu situación financiera

Antes de tomar decisiones, necesitas claridad. El primer consejo de los expertos es evaluar tu realidad financiera actual, identificando qué gastaste, cuánto debes y qué recursos tienes disponibles.

• Revisa tus saldos: cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos y deudas.
• Anota tus ingresos y gastos: separar lo que ganas y lo que gastaste te permitirá establecer prioridades.
• Identifica deudas prioritarias: especialmente aquellas con tasas de interés altas.

Tener este panorama claro te evita improvisar y tomar malas decisiones, especialmente con deudas que pueden crecer rápidamente si solo se pagan los mínimos.

Paso 2: Prioriza y organiza el pago de deudas

Una vez que sabes qué debes, el siguiente paso es establecer un plan de pago. Los expertos recomiendan dos métodos principales:

• Método avalancha: pagar primero la deuda con mayor tasa de interés (como tarjetas de crédito), lo que reduce los costos totales a largo plazo.
• Método bola de nieve: empezar con la deuda más pequeña para generar “pequeñas victorias” que mantengan la motivación.

Es importante pagar al menos el mínimo en todas las cuentas para evitar cargos por mora o penalidades.

Paso 3: Establece un presupuesto realista

Organizar tu dinero no solo es pagar deudas, sino administrar tus ingresos con inteligencia. Un presupuesto bien estructurado debe incluir:

• Gastos esenciales: alimentación, vivienda, servicios.
• Pagos de deudas: definido según tu plan.
• Ahorro: aunque sea una pequeña cantidad.
• Gastos discrecionales: controlados y limitados.

Un presupuesto no es una lista rígida, sino una guía que te permite decidir qué gastos son prioritarios y cuáles puedes posponer o eliminar. Construir uno al inicio del año ofrece la oportunidad de resetear tus hábitos financieros tras las fiestas.

Paso 4: Empieza a ahorrar desde enero

Aunque parezca difícil tras los gastos de diciembre, ahorrar algo desde el principio del año es fundamental. Incluso cantidades pequeñas, si se repiten cada mes, pueden convertirse en un colchón financiero útil para imprevistos.

Los especialistas sugieren fijar una meta de ahorro mensual, aunque sea modesta, y ser constante. El objetivo inicial puede ser un fondo de emergencia básico (por ejemplo, $500–$1000) que pueda cubrir eventos inesperados sin generar más deuda.

Además, separar automáticamente una parte del ingreso hacia una cuenta de ahorros, antes de pagar otros gastos, puede ayudar a construir este fondo sin pensarlo demasiado.

Paso 5: Evita más deudas innecesarias

Una tentación común en enero es seguir utilizando tarjetas de crédito para gastos diarios, lo que puede prolongar la cuesta. Los expertos recomiendan:

• Usar efectivo o tarjeta de débito para las compras cotidianas.
• Evitar nuevas líneas de crédito mientras no hayas saldado las anteriores.
• Renegociar plazos o tasas con las instituciones financieras si es necesario.

Esto no solo reduce la presión de los intereses, sino que obliga a vivir dentro de tus ingresos reales.

Paso 6: Tips para recuperarse económicamente en enero

• Reduce los “gastos hormiga”

Los gastos pequeños —como cafés diarios, snacks o servicios que no usas— pueden sumar una cantidad considerable. Identificarlos y eliminarlos libera dinero que puedes usar para saldar deudas o ahorrar.

• Usa efectivo o débito en vez de crédito

Pagar con tarjeta de crédito puede ser tentador, pero lleva asociados intereses que complican la cuesta de enero. Pagar con efectivo o débito ayuda a mantener los límites claros y evita cargos adicionales.

• Crea un fondo de emergencia

Aunque puede parecer difícil en enero, separar una pequeña cantidad cada mes para un fondo de emergencia te prepara mejor para imprevistos sin recurrir a más deudas. Para muchos expertos, un fondo ideal cubriría de tres a seis meses de gastos básicos.

• Revisa y ajusta tu presupuesto continuamente

Una planificación no es estática. Revisa tus gastos al menos una vez al mes para hacer ajustes y mantener el rumbo.

Paso 7: Planifica para evitar la próxima cuesta

Finalmente, la cuesta de enero puede convertirse en una oportunidad para aprender y planificar mejor para el futuro:

• Crea un fondo específico para gastos de fin de año y aporta pequeñas cantidades cada mes.
• Aprovecha ofertas durante el año para comprar regalos con anticipación.
• Busca maneras de generar ingresos extra, como trabajos freelance o ventas de artículos que no uses.

Pequeños cambios sostenidos pueden marcar una gran diferencia a largo plazo.

Recuperarse es posible: el truco está en el hábito

La cuesta de enero puede parecer un desafío cuesta arriba, pero con disciplina, planificación y acciones claras como las descritas, es posible no solo recuperarse, sino construir una base financiera más fuerte para el resto del año. Comenzar enero con un plan realista de deudas y ahorros no es solo una meta de año nuevo: es una inversión en tu tranquilidad y futuro financiero.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la creación de la Tasa de Intereses Moratorios (TIM). Se trata de una herramienta que apunta a unificar el criterio de los tribunales para calcular intereses moratorios sobre deudas en pesos.

La iniciativa entró en vigor este jueves y ya está disponible en la página web del BCRA. La herramienta se actualiza diariamente con nuevos datos, a los que se suman series históricas y documentación técnica.

Según pormenorizó el BCRA, la TIM se calcula con base en el promedio entre una tasa de interés pasiva (correspondiente a depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días) y una tasa de interés activa (resultante del promedio ponderado de las tasas de los préstamos en pesos otorgados mediante documentos a sola firma y de los préstamos personales).

Sin embargo, la tasa de interés promedio diaria utilizada como base para el cálculo de la TIM flotará dentro de dos bandas. Estas buscan evitar que, por un lado, el acreedor no pierda contra la inflación y que, por el otro, el deudor no pague intereses desmedidos.

En este sentido, la tasa efectiva diaria no puede superar ni ser inferior a la variación diaria del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER, que sigue la inflación) en más -ni menos- que un 3% efectivo anual.

A partir de su implementación los usuarios podrán acceder a la calculadora de TIM, que permite estimar los intereses y el monto total resultantes de su aplicación a partir de un monto inicial y un período determinado.

“Con esta decisión, el BCRA reafirma su compromiso con la transparencia normativa, la participación ciudadana y la simplificación administrativa, ofreciendo una nueva herramienta que contribuye a fortalecer la seguridad jurídica y a promover la previsibilidad, la razonabilidad y la equidad en las relaciones económicas”, señaló la entidad en un comunicado.

Antecedentes

Hasta el momento, la determinación de los intereses moratorios en causas judiciales había quedado sujeta a criterios dispares según el tribunal interviniente y la jurisdicción.

Es que si bien el Código Civil y Comercial establece que ante la mora en el cumplimiento de una obligación dineraria corresponde la aplicación de intereses, no fijaba una tasa específica.

Por esa razón, en muchos casos los jueces recurrían a tasas bancarias activas, pasivas o combinaciones de ambas, lo que generaba resultados distintos para situaciones similares. Esa falta de uniformidad se traducía en mayores niveles de litigiosidad y en mayor incertidumbre tanto para acreedores como para deudores.

En este marco, la TIM se presentó como una referencia técnica elaborada por el Banco Central que busca aportar previsibilidad y criterios homogéneos en el cálculo de los intereses judiciales.

En qué causas se podrá aplicar la TIM

En la práctica, la herramienta podrá ser utilizada en causas comerciales, civiles y laborales en las que se deban calcular intereses por pagos atrasados en pesos. Se aplicará, sobre todo, donde no exista una tasa de interés moratorio claramente pactada o donde el tribunal deba definir un criterio de actualización.

En ese marco, la TIM puede funcionar como referencia para calcular intereses en contratos entre particulares, relaciones comerciales, facturas impagas o incumplimientos contractuales judicializados.

En cambio, no aplica de manera directa a deudas que ya cuentan con tasas reguladas, como las financiaciones con tarjetas de crédito, los préstamos bancarios vigentes, entre otras, salvo que esas deudas lleguen a instancia judicial y requieran intervención para determinar los intereses correspondientes.

Si bien su aplicación no es obligatoria, la difusión de una tasa oficial y de acceso público podría consolidarse como referencia predominante. La TIM cobra especial relevancia en un país con un historial de inflación volátil, donde los desfasajes entre el valor original de una deuda y su actualización pueden ser significativos.

Aman Duggal, un joven de 17 años, ha sorprendido a su madre al enunciarle que ha logrado pagar todas sus deudas. Un vídeo difundido por Instagram muestra al joven dando la noticia. Las imágenes, que se viralizaron en pocas horas, reflejan el momento en que le comunica que no solo ha saldado las cuentas pendientes, sino que también se hará cargo de los gastos mensuales a partir de ahora. La reacción de su madre, visiblemente emocionada, ha conmovido a miles de usuarios.

Según informó La Dépêche, la escena fue grabada tras un año de esfuerzo por parte del joven. Durante todo este tiempo, su principal objetivo había sido aliviar la carga económica de su madre, a quien considera la persona más importante de su vida.

En el video, Aman comienza hablándole con calma. Le dice que le quiere y que necesita expresárselo. Esto es algo que no siempre logra decir con palabras. “Eres la mujer más importante de mi vida”, declara.

El joven entonces le pide que cierre los ojos. Cuando los vuelve a abrir, Aman le entrega el dinero y le explica que será utilizado para pagar todas sus deudas. A continuación, le promete que se encargará de las facturas mensuales a partir de ese momento. La mujer rompe a llorar y lo abraza.

Un gesto preparado durante un año

De acuerdo con la información difundida, el joven llevaba cerca de un año organizando la sorpresa. Durante ese tiempo, trabajó y ahorró con el objetivo de reunir el dinero suficiente para cubrir las deudas acumuladas de su madre.

En la descripción que acompaña la publicación, el joven explica las razones de su gesto: “mi madre me lo dio todo e hizo todo por mí”, escribió. “No hay palabras para describir este sentimiento. He imaginado este momento tantas veces. Estoy increíblemente agradecido y le doy gracias a Dios, a mi madre y a mí mismo”.

El mensaje fue compartido por los usuarios de internet. En pocas horas, el video acumuló una gran cantidad de visualizaciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados del día.

En este sentido, muchos usuarios destacaron la madurez del joven y el valor del gesto hacia su madre. “Estoy muy orgulloso de ti, hermano. ¡Felicidades!”, escribió uno de ellos. “Guau, qué video tan bonito”, comentó otro.

Más allá del impacto en redes sociales, el video abrió un debate sobre la importancia de los cuidados como eje vertebrador de las familias y las comunidades. Asimismo, destaco la virtud de la responsabilidad en edades tan tempranas. Algunos señalaron que el gesto no solo tiene un valor económico, sino también simbólico, al reconocer años de sacrificio materno. Es una forma de devolver a su madre todo el esfuerzo que puso en sacarlos adelante.

El caso de Aman Duggal se suma a otros contenidos virales que muestran actos de apoyo familiar protagonizados por jóvenes. El video sigue circulando en Instagram, donde continúa acumulando mensajes de apoyo y reconocimiento.

América de Cali atraviesa un difícil momento en el inicio del 2026, a raíz de la deuda salarial que tiene con algunos de sus jugadores del plantel profesional. Aunque la denuncia de la falta de pagos se traslada a diciembre del 2025, la situación se extiende al inicio de año y se hace más grave la molestia entre los futbolistas por la llegada de algunos refuerzos, cuyos salarios no serían fáciles de cubrir.

El periodista Felipe Sierra en su cuenta de X aseguró que algunos se les debe diciembre, mientras que otros la deuda sería hasta de dos meses. A esto se suma bonos por firma y otros conceptos que se pagan no solo a los jugadores, sino a los representantes de los mismos:

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“En el inicio de la pretemporada hay molestia por parte de varios jugadores de América porque el club contrata, pero no ha pagado salarios de diciembre y hay otros a los que les deben desde hace varios meses: convenios, bonos a la firma y cargos de intermediación”, dice el posteo.

Contrario a cuando Deportivo Cali y Deportivo Pereira se retrasaron con el pago de los salarios, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesional (Acolfutpro) no se ha pronunciado al respecto.

A finales de diciembre, la información había sido difundida por el periodista Jaime Dinas a través de sus redes sociales, los futbolistas del club recurrieron a la prensa tras varios intentos fallidos de obtener respuestas de la dirigencia.

La situación, que coloca a la entidad “endeudada hasta el fondo” como relatan los propios implicados, trasciende el mero conflicto salarial y compromete la planificación del equipo para la temporada 2026, ya que la inestabilidad administrativa pone en riesgo los preparativos, las renovaciones y la moral del vestuario en un periodo clave para la institución.

En la publicación realizada en la mañana del 15 de diciembre, Dinas expuso detalles precisos: “Al día de HOY: 15/Dic y siendo 6:25 a.m. el América de Cali le adeuda tres (3) Quincenas y múltiples premios a su plantilla”, especificó el periodista, que asegura haber recibido la información directamente de miembros del plantel. Esta denuncia, manifestada fuera de los canales oficiales del club, revela una desesperación creciente entre los jugadores, que han optado por hacer pública la deuda acumulada ante el aparente desinterés de las autoridades responsables.

Dinas subrayó que los datos difundidos no se basan en rumores, sino en comunicaciones directas con los protagonistas. “Mi información NO es chisme”, afirmó el periodista, destacando que su fuente son “llamadas del plantel” y dotando de legitimidad a la denuncia, según su publicación en redes sociales. Al mismo tiempo, el comunicador manifestó su sorpresa por la “inacción de los entes de control”.

El escándalo actual también expone las contradicciones de la directiva que encabeza Tulio Gómez. El periodista rememoró que el máximo accionista del América ha proclamado en medios que pronto el club “tendrá un equipo o filial en el Exterior, mientras que en la casa NO pagan”. Este señalamiento evidencia una aparente desconexión entre las ambiciones de expansión internacional y la incapacidad para cumplir con las obligaciones inmediatas hacia el plantel, profundizando la crítica sobre la gestión financiera.

A la fecha, Darwin Machis y Carlos Sierra son los únicos jugadores confirmados como refuerzos del América para la temporada 2026. A ellos se sumó la renovación de Jan Lucumí y en días se confirmaría el fichaje del defensor central Marlon Torres. Entretanto, confirmó el fin de la cesión de Kener González y Manuel Caicedo y la finalización del contrato de Andrés Roa.

Los Diablos Rojos debutarán en 2026 ante Internacional de Bogotá, con la mirada puesto en el primer gran reto del 2026, la Copa Sudamericana. En el torneo internacional se medirán a Atlético Bucaramanga en el Play-off por un cupo a la fase de grupos.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) anunció una serie de beneficios para pagar el ABL/Inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires durante 2026. El nuevo esquema contempla descuentos acumulables y opciones de reintegro.

Según la información oficial, quienes opten por el pago anticipado de la totalidad del impuesto acceden a un descuento del 10% sobre el monto original. Este beneficio está dirigido a los contribuyentes que eligen cancelar el tributo antes del vencimiento general.

Por otra parte, la AGIP confirmó que las personas humanas que hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones durante 2025 recibirán una bonificación del 10% por buen cumplimiento.

Esta reducción se aplicará en cada una de las cuotas mensuales correspondientes a 2026, siempre que las partidas estén correctamente titularizadas y no registren deuda vencida.

A los descuentos mencionados se suma la bonificación anual del 10% para quienes adhieran el pago a Débito Automático antes del 30 de junio de 2026. El beneficio se aplica en la última cuota del año (cuota 12) y alcanza a personas humanas que, además, hayan recibido previamente la bonificación por buen cumplimiento y tengan titularizadas las partidas a su nombre.

En materia de medios electrónicos, la AGIP comunicó que continúa vigente el reintegro mensual del 20% para quienes abonen a través de Buepp, la aplicación del Banco Ciudad, con un tope de $10.000 por mes.

Los beneficios presentados pueden aplicarse de manera acumulativa, lo que permite maximizar el ahorro en el pago del ABL. Por ejemplo, un contribuyente que mantuvo buen cumplimiento durante 2025 y opta por cancelar el impuesto de manera anticipada o mediante débito automático, accede a un descuento del 10% adicional, alcanzando un 20% de reducción sobre el monto original del tributo.

Según explicaron desde el Banco Ciudad, el pago a través de Buepp se realiza mediante el escaneo del código QR de la boleta. Dado que las boletas físicas son cada vez menos frecuentes —y su emisión está siendo discontinuada—, el trámite puede hacerse directamente desde la página de AGIP: allí se descargan las boletas y, desde ese mismo entorno, se escanea el QR.

Al iniciar el pago, el sistema reconoce automáticamente la billetera digital y consulta el medio disponible, ya sea débito en cuenta —por ejemplo, una caja de ahorro— o el saldo cargado en la billetera.

Exenciones

Por otro lado, el Gobierno porteño propuso mantener durante 2026 el régimen de exención del ABL para jubilados, pensionados y personas con discapacidad, en línea con el esquema aplicado a lo largo de 2025. La medida permitió que actualmente más de 84.000 jubilados y pensionados accedan al 100% de exención del impuesto.

Según lo previsto, los jubilados y pensionados podrán acceder al beneficio siempre que la propiedad tenga una Valuación Fiscal Homogénea igual o inferior a $44 millones, se trate de una vivienda única y permanente y el titular perciba un haber mensual que no supere cuatro veces la jubilación mínima.

En el caso de las personas con discapacidad, los requisitos serán más acotados: deberán cumplir únicamente con las condiciones vinculadas a la valuación fiscal del inmueble y a que se trate de una vivienda única y de ocupación permanente.

Moratoria para deudas con la Ciudad

Por otra parte es importante mencionar que la AGIP prorrogó hasta el viernes 9 de enero el plazo para acceder a la condonación total de intereses en el marco de la moratoria vigente, siempre que las deudas se cancelen al contado, en un solo pago.

La decisión se tomó a partir del alto nivel de adhesión registrado desde el lanzamiento del plan: más de 70.000 vecinos ya se inscribieron para regularizar sus obligaciones. Con esta extensión, el organismo busca ampliar la ventana de acceso al beneficio máximo.

La actualización también impacta en el resto del calendario de adhesión. Quienes ingresen a la moratoria entre el 10 y el 31 de enero y opten por el pago al contado podrán acceder a una condonación del 70% de los intereses.

En paralelo, la normativa contempla planes de financiación de hasta 48 cuotas, con una reducción progresiva de los intereses resarcitorios y punitorios según la fecha en que se formalice la adhesión.

Para facilitar el trámite a quienes elijan cancelar su deuda en un solo pago, AGIP incorporó una boleta única que permite evitar el ingreso al Portal del Contribuyente. El mecanismo está disponible para obligaciones de Inmobiliario/ABL y Patentes de hasta $200.000.

La boleta puede descargarse o abonarse directamente desde la web y ya incluye el monto total a pagar por los períodos adeudados al 31 de agosto de 2025, con la condonación de intereses aplicada.

En el sistema figura identificada como cuota 219 – “Cuota Única Moratoria 2025” y también se encuentra disponible a través de Home Banking.

En los casos que requieran el procedimiento tradicional, los contribuyentes podrán realizar la adhesión mediante el Portal del Contribuyente.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió el plazo para la adhesión al plan de facilidades de pago destinado a la regularización de deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social.

A través de la Resolución General 5808/2025, publicada este 31 de diciembre en el Boletín Oficial, el organismo modificó el régimen vigente y permitió que los contribuyentes y responsables cuenten con un nuevo margen temporal para acogerse a este mecanismo. La decisión cambió la fecha límite de adhesión, que pasó del 30 de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2026.

El plan está diseñado para la regularización de obligaciones vencidas hasta el 31 de agosto de 2025, incluyendo intereses y multas correspondientes. De esta forma, quienes acumulen deudas fiscales o previsionales dentro de ese período disponen de un trimestre adicional para formalizar sus planes y evitar mayores costos financieros derivados de la mora o la falta de pago.

El régimen de facilidades de pago surgió con la Resolución General 5.711, en la que ARCA estableció un esquema para la regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social. La normativa contempló tanto el capital original como los intereses y sanciones aplicadas a las deudas. Posteriormente, la Resolución General 5.777 amplió el universo de deudas alcanzadas y extendió la posibilidad de regularización hasta el 31 de agosto de 2025. Con la nueva Resolución General 5808/2025, la fecha límite para adherirse pasó a ser el 31 de marzo de 2026.

El texto oficial de la resolución señaló que la medida busca fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias bajo la órbita de ARCA. La extensión del plazo se enmarca en la política del organismo de facilitar a los contribuyentes y responsables el acceso a mecanismos que permitan ordenar y cancelar deudas acumuladas, evitando así la generación de intereses punitorios, recargos y otras consecuencias derivadas de la mora.

La resolución dispone de manera específica la sustitución en el artículo 9° de la Resolución General 5.711 y su modificatoria, reemplazando la expresión “hasta el 30 de diciembre de 2025” por “hasta el 31 de marzo de 2026”.

El organismo fundamentó la prórroga en la necesidad de promover el cumplimiento de las obligaciones cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a su cargo. El organismo resaltó que su objetivo permanente es facilitar el acceso a esquemas de regularización, considerando el contexto en el que numerosos contribuyentes y responsables afrontan dificultades para cumplir con sus compromisos en los plazos originalmente previstos.

La medida abarca a empresas y personas físicas que tengan deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 31 de agosto de 2025. El plan contempla la posibilidad de incluir en el régimen tanto el capital adeudado como los intereses resarcitorios y multas asociadas a esas obligaciones. Los sujetos alcanzados pueden formalizar un acuerdo de pagos en cuotas, ajustado a su capacidad financiera, y evitar así la acumulación de nuevas sanciones o el inicio de procesos judiciales.

Con la publicación de la resolución, el nuevo plazo de adhesión quedó formalmente habilitado, permitiendo a los interesados iniciar el trámite para acogerse al régimen bajo las condiciones establecidas. El plan no modificó los requisitos ni las condiciones de acceso fijadas por las resoluciones anteriores. Los contribuyentes y responsables deben cumplir con los parámetros previstos en la normativa, que determinan las deudas incluidas y la modalidad de instrumentación de los planes de pago.

A través de la prórroga del plazo de adhesión, ARCA refuerza su política de promoción del cumplimiento voluntario y de facilitación de mecanismos de regularización en un contexto de presión fiscal y dificultades económicas. El organismo mantiene el objetivo de asegurar la recaudación y evitar la acumulación de deudas impagas, al tiempo que brinda herramientas para que los sujetos alcanzados puedan normalizar su situación.

Vender un inmueble, usarlo como garantía financiera o formalizar la titularidad de una propiedad heredada suele verse limitado cuando no existe una adecuada regularización ante los Registros Públicos y otras entidades. La falta de inscripción o la presencia de información incompleta puede retrasar o impedir estas operaciones.

Esta situación responde, principalmente, a trámites pendientes y a documentos que no reflejan la condición real del predio. La regularización requiere ordenar información legal y técnica, un proceso que muchas veces se posterga hasta que surge la necesidad de realizar una operación sobre el bien.

Dificultades recurrentes en operaciones inmobiliarias

La ausencia de saneamiento legal expone a los propietarios a observaciones registrales que paralizan ventas, hipotecas o transferencias. En muchos casos, estas limitaciones se detectan recién cuando se intenta concretar una operación, lo que genera demoras y costos adicionales.

“Estas situaciones son más comunes de lo que se piensa. Además, los procesos de regularización suelen resultar complejos y, en algunos casos, costosos, especialmente cuando se debe ordenar toda la documentación necesaria para celebrar un acto legal sobre un inmueble”, señaló Leonides Mendiolaza, Coordinador del Área Legal de Prestaclub.

Revisión de la titularidad registral

El proceso de regularización se inicia con la verificación de la titularidad del inmueble en los Registros Públicos. Para ello, se debe identificar el origen legal de la propiedad, que puede derivar de una compraventa, donación, anticipo de legítima, sucesión testamentaria o intestada, adjudicación u otro acto jurídico.

Posteriormente, corresponde confirmar que la información inscrita en la Sunarp sea correcta y esté actualizada. Errores en los datos personales o registrales de los propietarios pueden generar inconsistencias que afecten cualquier trámite posterior.

Correspondencia entre el estado físico y legal

También es necesario comprobar que la situación física del inmueble coincida con lo registrado. Esta revisión incluye los planos del predio, la documentación municipal y la verificación de que las edificaciones existentes estén debidamente declaradas.

La revisión permite detectar diferencias entre lo construido y lo inscrito, así como validar que los servicios básicos y la información municipal respalden la condición actual de la propiedad.

Saneamiento y preparación de la documentación

Cuando se identifican discrepancias u omisiones, se debe reunir la documentación técnica y legal necesaria para corregirlas e inscribirlas ante la Sunarp. Este paso busca que la información registral refleje adecuadamente la realidad del inmueble.

Una vez realizados estos trámites, se reducen los riesgos de conflictos legales y el inmueble queda habilitado para operaciones como la venta, la transferencia o el acceso a financiamiento con garantía hipotecaria, con un plazo aproximado de cinco días hábiles para la obtención de liquidez.

Recibir una llamada inesperada de una empresa de recobro puede convertirse en una experiencia desconcertante para cualquiera. Muchas personas descubren que arrastran deudas que no recordaban, que creían saldadas o cuyo importe ha cambiado con el paso del tiempo. En un contexto económico en el que el endeudamiento personal es cada vez más frecuente, saber exactamente cuál es la situación financiera real se vuelve una cuestión clave, especialmente para quienes se plantean buscar una salida legal a sus problemas económicos.

Sobre esta cuestión pone el foco el abogado @David_reclama, en un vídeo difundido en TikTok, en el que explica cómo comprobar si una persona tiene deudas y por qué ese paso es fundamental si se quiere optar a la Ley de Segunda Oportunidad. El punto de partida que plantea el abogado es muy habitual: alguien que recibe una llamada exigiendo el pago de una deuda de varios miles de euros que ni siquiera sabía que existía. Ante esa situación, la pregunta lógica es si hay más deudas ocultas y cómo se puede obtener una fotografía completa del estado financiero. Según David, existen tres vías principales para averiguarlo, cada una con sus particularidades y limitaciones.

La primera opción que menciona es la consulta del Cirbe, la Central de Información de Riesgos del Banco de España. Se trata de un registro oficial en el que figuran los préstamos, créditos y avales que una persona mantiene con entidades financieras. Para acceder, explica, es necesario entrar en la página web del Banco de España, registrarse y solicitar los informes disponibles. El sistema genera dos documentos: un informe agregado y un informe detallado. El abogado recomienda centrarse en el informe detallado, ya que es el que permite ver con mayor precisión las deudas registradas.

No obstante, David introduce una advertencia importante: el Cirbe no siempre refleja la totalidad de las deudas existentes. Si una entidad financiera ha vendido la deuda a una empresa de recobro, es posible que esta ya no aparezca en el registro del Banco de España. Por eso, insiste en que el Cirbe debe entenderse como una herramienta orientativa, útil para tener una primera visión, pero no como una lista definitiva que descarte la existencia de otras obligaciones pendientes.

Necesario para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

La segunda vía para comprobar si se tienen deudas es consultar los ficheros de solvencia patrimonial, en concreto Asnef Equifax. Para ello, explica, hay que acceder a la página oficial, registrarse y crear un usuario. Una vez dentro, se puede ver qué empresas han incluido a la persona en este registro. Aquí, el abogado marca una diferencia clara respecto al Cirbe. Mientras que este último está avalado por el Banco de España y suele recoger deudas financieras de mayor entidad, Asnef funciona con criterios más amplios y menos formales.

En Asnef, señala el abogado, se puede acabar inscrito por cantidades relativamente pequeñas, como una factura impagada de telefonía. Aun así, recalca que su importancia es enorme, ya que muchas empresas lo consultan antes de conceder un alquiler o firmar determinados contratos. Estar incluido en este fichero puede suponer un obstáculo relevante en la vida cotidiana, incluso cuando la deuda no es especialmente elevada.

La tercera opción que plantea el abogado es más personal y, en cierto modo, más compleja: tirar de memoria y de archivos propios. David reconoce que en situaciones de dificultad económica es habitual encadenar solicitudes de préstamos a distintas entidades, hasta el punto de perder la noción exacta de a quién se le debe dinero. Por eso, recomienda hacer un ejercicio consciente de recuerdo, identificando las entidades financieras con las que se han contratado productos de crédito y contactando directamente con ellas para solicitar una actualización de la deuda.

Además, aconseja revisar el correo electrónico, ya que muchas empresas envían recordatorios de pago, avisos o comunicaciones que pueden servir para reconstruir el mapa de deudas. También menciona la importancia de atender llamadas y mensajes de texto. Frente a la tentación de ignorarlos, propone una actitud directa: responder, preguntar cuál es la deuda actual y recopilar esa información con el objetivo de poder buscar una solución.

Todo este proceso, subraya el abogado, cobra especial relevancia cuando se plantea la posibilidad de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Para iniciar este procedimiento, es imprescindible conocer con la mayor precisión posible qué deudas existen, con qué acreedores y por qué importes. Sin ese paso previo, resulta muy difícil avanzar en un proceso que pretende ofrecer una salida legal y ordenada a situaciones de sobreendeudamiento.

Al abordar las preguntas sobre la posible venta de la vivienda familiar en Castellón, Alejandra Morales optó por la discreción y no desveló planes concretos sobre ese inmueble, según reportó Europa Press. La familia mantiene la cautela ante la gestión del patrimonio y las opciones que puedan estar evaluando, en medio de una etapa marcada por dificultades económicas desde el fallecimiento de Miguel Morales.

Según informó Europa Press, Alejandra Morales, hija de la actriz Fedra Lorente y Miguel Morales, expresó su respaldo a la versión proporcionada por su madre respecto a la situación financiera que atraviesan. En recientes declaraciones recogidas por el medio, Alejandra se mostró completamente alineada con lo expuesto por Fedra Lorente en televisión, resaltando la unidad familiar y la intención conjunta de superar las adversidades económicas que han surgido tras el deceso de Miguel Morales.

De acuerdo con Europa Press, la familia Lorente-Morales enfrenta problemas económicos consecuencia de la gestión de distintas deudas vinculadas a su patrimonio. Ante la inquietud en torno a la subasta de su vivienda, Alejandra Morales respondió que desconocía ese procedimiento en detalle, comentando: “No, eso lo llevaba mi notario, ¿no? No lo sé”, lo que implicaría que la responsabilidad sobre los trámites y cuestiones jurídicas no recaía directamente en ella, sino que eran gestionadas por profesionales del área legal.

El medio Europa Press detalló también cómo Fedra Lorente, a pesar de la compleja situación económica, ha optado en sus apariciones públicas por tranquilizar y transmitir un mensaje de continuidad y esperanza. La actriz ha indicado que su plan es seguir adelante valiéndose de su trabajo y del apoyo de sus personas cercanas, sin dar cifras exactas ni abordar los pormenores técnicos de la crisis patrimonial.

Al preguntársele sobre el nivel de conocimiento respecto a la subasta de la casa familiar, Alejandra Morales volvió a mostrar sinceridad, aclarando que esos asuntos estaban en manos de su notario y que no participaba de forma directa en todos los detalles administrativos. Esta declaración, según publicó Europa Press, corrobora la existencia de una gestión profesionalizada de los aspectos legales y financieros de la familia, con un enfoque en la delegación de las tareas técnicas a expertos.

El respaldo público de Alejandra Morales hacia su madre, expresado en varias de sus respuestas, subraya que existe una coincidencia plena entre ambas en cuanto a la narrativa expuesta frente a la opinión pública. Alejandra afirmó que “sí” apoyaba todo lo que Fedra había declarado, lo que refuerza la imagen de un vínculo familiar sólido y de una actitud conjunta ante las consecuencias de las deudas heredadas.

Europa Press resaltó la prudencia mostrada por Alejandra ante las cuestiones que afectan al patrimonio familiar, especialmente en lo relativo a la futura venta o gestión de la vivienda ubicada en Castellón. Ante esa pregunta, Morales prefirió no brindar detalles ni emitir declaraciones que anticiparan decisiones o estrategias respecto al inmueble, mostrando así cautela en torno a uno de los temas más sensibles para los involucrados.

Durante este periodo de incertidumbre, tanto madre como hija han tratado de mantener la calma y transmitirla en sus declaraciones públicas. El medio Europa Press enfatizó que este comportamiento busca minimizar la tensión y el revuelo generado a raíz de las informaciones sobre la situación económica familiar, con ambas evitando entrar en confrontaciones o dar explicaciones que profundicen en la problemática de las deudas y la herencia.

La coyuntura actual, según la información publicada por Europa Press, tiene su origen en las consecuencias económicas derivadas del fallecimiento de Miguel Morales y la necesidad de afrontar deudas asociadas al patrimonio familiar. Frente a los rumores y la presión mediática, la familia ha optado por manifestar apoyo mutuo y reservar detalles sobre los procedimientos legales o posibles decisiones en torno a sus bienes.

Alejandra Morales ha dejado claro, de acuerdo con las declaraciones a Europa Press, que la responsabilidad de la toma de decisiones técnicas y jurídicas corre a cargo de profesionales, mientras el diálogo público se centra en respaldar la postura transmitida por Fedra Lorente. La estrategia de comunicación se apoya en expresar una intención de sobreponerse a la adversidad, mantener la unión familiar y preservar la tranquilidad frente a las dificultades.

La Corte Constitucional anunció que la Ley Estatutaria 190 de 2022 de Cámara y 303 de 2023 del Senado queda aprobada.

Esta norma, sancionada por el Congreso hace dos años, había quedado pendiente del examen constitucional.

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Desde ahora, la decisión beneficia principalmente a las personas reportadas en centrales de riesgo como Datacrédito.

La ley elimina los reportes negativos y suspende cobros para afectados por delitos digitales que no han originado ni consentido deudas.

El Congreso sancionó la norma hace dos años y permaneció a la espera del análisis del alto tribunal. La decisión fortalece herramientas legales que involucran a millones de ciudadanos reportados en bases como Datacrédito y Transunión, donde se almacena información crediticia determinante para el acceso a créditos, productos financieros e incluso empleos.

La nueva ley, conocida como ‘ley contra el fraude digital’, establece que si un ciudadano resulta víctima de suplantación, debe presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y notificar al banco, entidad financiera o establecimiento donde fue obligado sin consentimiento a asumir compromisos económicos.

El interesado debe solicitar la corrección del reporte y aportar pruebas fehacientes sobre el delito de suplantación y tiene un plazo de diez días hábiles para analizar el caso.

En cuanto se compruebe la autenticidad del reclamo, la organización financiera debe gestionar ante la central de riesgo la modificación o eliminación del reporte negativo y cualquier información relacionada con el historial de la víctima.

El texto legal cita: “Deberá solicitar la modificación del dato negativo, récord (scoringsscore) y cualquier otro dato que refleje el comportamiento del titular de la información, reflejando que la víctima de falsedad personal no es quien adquirió las obligaciones”.

La ley exige que el reporte negativo deba removerse y en su lugar aparezca la leyenda “Víctima de Falsedad Personal”, este indicativo que se incluya en el registro personal del titular de la información no podrá tenerse como un reporte negativo ni podrá ser causal de disminución en la calificación de riesgo ni alterar sus estudios financieros o crediticios.

Esta marca implica que la entidad procederá con una verificación intensificada de la identidad del afectado ante nuevas solicitudes, para evitar reincidencias.

La Corte Constitucional avaló estas disposiciones y, en palabras del magistrado Juan Carlos Cortés, “los mecanismos protegen a la víctima a través de la modificación del dato negativo en su registro personal”,

Esta protección legal también engloba la suspensión de cobros vinculados a deudas nacidas de la suplantación. Las entidades financieras deben detener los procesos de cobranza por obligaciones que la víctima no generó.

La sentencia C-413/25 expedida por la Corte respalda la ley y deja pendiente únicamente la sanción presidencial por parte de Gustavo Petro para activar de manera oficial todas las obligaciones dispuestas en el texto.

El representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, uno de los impulsores, subrayó que el beneficio podría alcanzar a más de ochenta mil colombianos.

“La deuda se debe reportar como producto de fraude y no se debe pagar. La entidad financiera automáticamente debe suspender cualquier cobro y si está reportado, sacarlos del reporte. Quien queda con la responsabilidad de demostrar ante la justicia el caso de es la entidad financiera. Eso es lo que acaba de avalar la Corte Constitucional” , dijo el congresista Duvalier Sánchez.

La ley redefine el proceso para corregir reportes fraudulentos ante las centrales de riesgo. Un ciudadano que detecte una deuda no autorizada debe denunciar ante las autoridades competentes. Los bancos y empresas tienen responsabilidad de analizar la solicitud, corroborar los documentos y tramitar la actualización o retirada de la referencia negativa ante la central. Si las pruebas aportadas por el cliente resultan válidas, la entidad remueve el reporte y comunica el nuevo estatus a las plataformas crediticias.

Las medidas adoptadas por la Corte Constitucional se orientan a restablecer el buen nombre de los reportados por suplantación y aseguran el respeto a los derechos de habeas data y protección de la información personal. Además, el fallo requiere que el proceso de comprobación y levantamiento del reporte negativo siga un trámite ágil y sin dilaciones injustificadas, lo que obliga a las entidades a ajustar sus protocolos internos.

La vigencia plena de la ley aguarda la firma del presidente Gustavo Petro, paso que formalizará el acceso a los alivios para quienes logren demostrar su condición de víctimas.

En adelante, la anotación de “Víctima de Falsedad Personal” impedirá el uso de la información como causal de rechazo crediticio e impedirá que los mismos errores perjudiquen la reputación financiera de los colombianos afectados por ilícitos digitales.

El primer test que tiene el Gobierno de cara a los mercados, además de la licitación del próximo miércoles, es lograr aprobar el proyecto de Presupuesto 2026 en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. Y ese desafío llevó a que se sumara el ministro de Economía, Luis Caputo, a las negociaciones, en un nuevo rol que busca tener para impulsar las iniciativas en el Parlamento.

Tal como adelantó Infobae la semana pasada, el equipo de Caputo se involucró en las negociaciones por el presupuesto más activamente en las últimas semanas. El martes pasado, se reunieron en el Palacio de Hacienda la subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial, Valeria Sánchez, y el ministro de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Gustavo Arengo.

Ese encuentro tuvo como principal foco que se respete, en el Presupuesto 2026, el acuerdo por la coparticipación. Aunque deberán seguir las conversaciones, según pudo saber este medio. “No hay nada nuevo que se deba firmar porque ya hay un acuerdo suscrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que estableció el 1,55% para el pago de la deuda (además del 1,4% que va por goteo diariamente)“, destacaron fuentes de Uspallata.

Pero no se trata de la única reunión que mantuvo Sánchez. El jueves pasado, la funcionaria recibió al ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de Misiones, Adolfo Safran, y el foco principal del encuentro fue el Régimen de Extensión de Obligaciones Recíprocas (REOR).

Se trata de Régimen que se creó bajo el Decreto 969/2024 para sanear las finanzas públicas, permitiendo al Estado Nacional y a las provincias saldar deudas mutuas a través de compensaciones, acuerdos de conciliación y transacción, e incluso la transferencia de bienes o ejecución de obras. De hecho, el gobernador Misiones, Hugo Passalacqua, ya firmó un acuerdo con Caputo el 15 de abril pasado.

“El acuerdo entre Nación y Misiones incluye compensaciones de deudas y acreencias actuales, entre las que se encuentran el Ajuste Consenso Fiscal, Club de París, Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional, deudas del ex Enhosa y compromisos de compensaciones futuras con bienes inmuebles“, destacaron en el comunicado del Ministerio de Economía en su momento.

Como adelantó Infobae, ahora las negociaciones por la aprobación del presupuesto no pasarían porque Economía libere fondos adicionales sino, por el contrario, porque cumpla con los convenios ya concretados.

Con el recambio de los diputados y senadores en el Congreso, La Libertad Avanza (LLA) pasó a ser la primera minoría, pero deberá sumar legisladores o lograr que algunos se retiren en el momento de las votaciones para que el presupuesto 2026 y las reformas de segundo orden que quiere la Casa Rosada se aprueben. Y los afiles del exgobernador de Misiones, Carlos Rovira, son expertos en hacer este tipo de maniobras. Eso quedó demostrado durante la votación de Ficha Limpia, cuando Sonia Rojas Decut y Carlos Arce se dieron vuelta, y eso llevó a que el proyecto de la diputada Silvia Lospennato -en ese momento candidata porteña- se cayera.

Deudas con provincias

“Santa Cruz reclama una deuda de $11.000 millones en 2025, correspondiente a convenios firmados entre Vialidad Nacional y la provincia que no se cumplieron”, detalló una fuente participante de las negociaciones. La semana que pasó el gobernador Claudio Vidal tenía previsto visitar al ministro Caputo, pero el encuentro terminó suspendiéndose.

Pero la situación afecta además a otras provincias de la Patagonia. Por ese motivo, Ileana Zarantonello, titular de la dirección de Vialidad de Tierra del Fuego, fue designada portavoz de la región en las tratativas. Una fuente cercana a Vidal precisó: “No pedimos que nos den de más, sino que cumplan con los fondos que deben“.

Subsidios del consumo de gas

Una problemática similar rodea los subsidios por Zonas Frías. A la provincia de Santa Cruz le deben $15.000 millones, monto que tampoco está contemplado en el proyecto de Presupuesto 2026 remitido en septiembre, donde, además, se propuso modificar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas.

El proyecto suprimía la ampliación del régimen de zonas frías implementado en 2021, excluyendo a más de tres millones de hogares que recibieron descuentos en sus facturas de gas en los últimos años. Esta medida afectaría especialmente a usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, donde los inviernos son más templados y el beneficio se amplió considerablemente.

“Córdoba está en el régimen de Zona Fría”, ironizó un alto funcionario de Casa Rosada. Señaló que el problema se habría resuelto con el nuevo esquema de subsidios informado por la Secretaría de Energía, que se aplicará desde enero de 2026.

Cajas provinciales

El principal eje de tensión, no obstante, es el financiamiento de las cajas previsionales provinciales. El proyecto estipuló que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) transferiría $122.762 millones. Sin embargo, introdujo una restricción: “Sólo podrán requerir el pago de anticipos a cuenta aquellas provincias que tengan un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, surgido de un acuerdo firmado con Anses y correspondiente, como mínimo, al ejercicio 2021 o posterior“.

El presidente Javier Milei firmará en las próximas horas el decreto que convoca a las sesiones extraordinarias. Este será el primer test para el mercado respecto a la capacidad de construcción de gobernabilidad, con la discusión del Presupuesto 2026 tras dos años de extensiones del de 2023. Sin embargo, las negociaciones con los gobernadores presentan escasos avances.

Pese al ingreso de Diego Santilli como ministro del Interior, quien encabezó reuniones en Casa Rosada y las provincias, aún no existe un documento final ni un borrador sobre las modificaciones debatidas

“La redacción de las modificaciones están en manos del Ministerio de Economía”, comentó a Infobae una alta fuente de Casa Rosada. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y su equipo lidera este trabajo desde el cuarto piso del Palacio de Hacienda, pero ningún gobernador ha recibido, ni se le prometió recibir, un borrador.

Como adelantó Infobae, esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo y sus equipos tenían programado involucrarse en las negociaciones por el Presupuesto 2026. El último martes se llevó a cabo una reunión con funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sobre el reparto adeudado de la coparticipación.

En la próxima reunión de Jorge Macri con Santilli en Casa Rosada discutirán nuevamente el tema de la coparticipación y otros asuntos que involucran a ambos gobiernos

“En la próxima reunión de Jorge Macri con Santilli en Casa Rosada discutirán nuevamente el tema de la coparticipación y otros asuntos que involucran a ambos gobiernos”, destacaron desde la sede del gobierno porteño.

Fuentes del Gobierno remarcan: “No hay nada nuevo que se deba firmar porque ya hay un acuerdo suscrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que estableció el 1,55% para el pago de la deuda (además del 1,4% que va por goteo diariamente).

Luis Caputo tamién tenía programada una reunión con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, pero fue suispendida a mitad de semana. La última vez que dialogaron fue en torno al acuerdo por la baja de retenciones al petróleo.

Las gestiones actuales con los gobernadores se centran no solo en el pedido de obras públicas y acceso a crédito, sino en la exigencia de pago de deudas acumuladas por convenios que la Nación incumplió. “Santa Cruz reclama una deuda de $11.000 millones en 2025, correspondiente a convenios firmados entre Vialidad Nacional y la provincia que no se cumplieron”, detalló una fuente participante de las negociaciones.

La situación afecta además a otras provincias de la Patagonia. Por ese motivo, Ileana Zarantonello, titular de la Dirección de Vialidad de Tierra del Fuego, fue designada portavoz de la región en las tratativas. Una fuente cercana a Claudio Vidal precisó: "No pedimos que nos den de más, sino que cumplan con los fondos que deben“.

Estado de los caminos

Correlacionado con las deudas, el estado en que se encuentran las rutas y el modelo de solución de peaje que propone el Gobierno genera cuestionamientos también en los privados. “Hizo referencia de los 9.000 kilómetros, pero no habla de los otros 31.000 kilómetros que no funcionan con el modelo de peaje porque son de bajo tránsito”, destacó uno de los referentes en materia de construcción sobre el discurso de Caputo en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

Y sobre esa acotación, uno de los empresarios del campo que escuchó la conversación deslizó que tomó conocimiento de que el Gobierno está barajando hacer un traspaso de rutas nacionales a las provincias. Aunque no pudo dar precisiones sobre si se contemplará ese punto en el Presupuesto 2026, cuyas modificaciones enviará el Gobierno en los próximos días a la Cámara de Diputados.

Subsidios del consumo de gas

Una problemática similar rodea los subsidios por Zonas Frías, a la provincia de Santa Cruz le deben $15.000 millones, monto que tampoco está contemplado en el proyecto de Presupuesto 2026 remitido en septiembre, donde, además, se propuso modificar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas.

El proyecto suprimía la ampliación del régimen de zonas frías implementado en 2021, excluyendo a más de tres millones de hogares que recibieron descuentos en sus facturas de gas en los últimos años. Esta medida afectaría especialmente a usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, donde los inviernos son más templados y el beneficio se amplió considerablemente.

El proyecto suprimía la ampliación del régimen de zonas frías implementado en 2021, excluyendo a más de tres millones de hogares que recibieron descuentos en sus facturas de gas en los últimos años

“Córdoba está en el régimen de Zona Fría”, ironizó un alto funcionario de Casa Rosada. Señaló que el problema se habría resuelto con el nuevo esquema de subsidios informado por la Secretaría de Energía, que se aplicará desde enero de 2026.

Cajas provinciales

El principal eje de tensión, no obstante, es el financiamiento de las cajas previsionales provinciales. El proyecto estipuló que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) transferiría $122.762 millones. Sin embargo, introdujo una restricción: "Sólo podrán requerir el pago de anticipos a cuenta aquellas provincias que tengan un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, surgido de un acuerdo firmado con Anses y correspondiente, como mínimo, al ejercicio 2021 o posterior“.

Además de reclamar por un monto mayor, las provincias exigen modificar las condiciones de acceso al financiamiento.

Los gobernadores insisten en que el Gobierno nacional cumpla los acuerdos preexistentes y garantice recursos para obras, subsidios y seguridad social, mientras la definición del presupuesto 2026 se transforma en una nueva prueba de fuerza y negociación entre Nación y las provincias.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) implementó la suspensión temporal de aquellos agentes de recaudación que acumulan más de $100 millones declarados y no ingresados al fisco provincial. La disposición se formalizó a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial bonaerense y suspendió de manera directa la actividad de empresas y personas físicas con deudas fiscales verificadas en sus funciones como agentes de recaudación.

Según la comunicación oficial, la decisión apunta a fortalecer los mecanismos de percepción de impuestos provinciales y proteger los recursos públicos del distrito. El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, sostuvo: “Los agentes de recaudación incurren en defraudación fiscal cuando mantienen en su poder impuestos percibidos o retenidos más allá del tiempo permitido. Frente a esas conductas, avanzaremos con suspensiones temporales para garantizar la correcta percepción de los pagos a cuenta y proteger los recursos públicos”. Las declaraciones fueron difundidas a través de la resolución homologada recientemente y replicadas por medios locales.

Girard puntualizó que el mecanismo es rígido en sus alcances y que restringe la capacidad de los agentes para operar en los períodos y regímenes en los que se detectó la irregularidad. ARBA estableció que los sistemas operativos bloquearán automáticamente cualquier intento de declaración o pago vinculado a las obligaciones postergadas durante la suspensión.

De acuerdo con el Código Fiscal provincial, la retención de fondos declarados y no ingresados reviste carácter de defraudación, lo que habilita la aplicación de multas y sanciones. La agencia resaltó que el agente suspendido pierde temporalmente su facultad para recaudar, mientras se mantiene pendiente la deuda verificada.

La resolución presentada en el Boletín Oficial prevé la reactivación plena de las actividades del contribuyente apenas regularice su situación y transfiera la totalidad de los importes adeudados, lo que supondría el restablecimiento inmediato de su rol como agente. El organismo informó: “La suspensión se levantará una vez que el contribuyente regularice su situación y abone los importes declarados y no ingresados oportunamente. A partir de ese momento podrá volver a operar con normalidad y cumplir el rol que la normativa le asigna”.

Qué sucede si la deuda no se regulariza

El texto normativo incluyó además elementos agravantes para casos donde la irregularidad se prolonga o la deuda no se regulariza. Así, ARBA anticipó que evalúa sanciones complementarias y la profundización de las medidas si identifica reincidencia o falta de voluntad de pago en los sujetos alcanzados.

Las condiciones para ser suspendido como agente de recaudación involucran varias situaciones definidas en la resolución: alcanza a contribuyentes que adeudan tributos de al menos tres períodos mensuales, o seis quincenales continuos o alternos, siempre que la suma declarada supere los 100 millones de pesos. El procedimiento también se aplica si la mora supera los 60 días en el caso de un solo período declarativo adeudado.

Sobre el contexto global de la medida, Girard recordó los lineamientos impulsados en la administración provincial desde la llegada de Axel Kicillof al Ejecutivo bonaerense. Indicó que “esta medida se enmarca en el proceso integral impulsado desde la asunción de Kicillof para reorganizar el sistema de Agentes de Recaudación”.

“Nuestro objetivo fue reducir la cantidad de agentes para aliviar la carga administrativa sobre las PyMEs y, al mismo tiempo, bajar la intensidad de los adelantos a cuenta en Ingresos Brutos. Ese ordenamiento fue acompañado por una política activa de devolución de créditos acumulados que permitió reintegrar al entramado productivo más de un billón de pesos en saldos a favor, recursos que volvieron directamente a la inversión, al empleo y a la actividad económica”.

En el procedimiento administrativo, la suspensión se instrumenta bajo un acto formal y notificado en el Domicilio Fiscal Electrónico de cada agente sancionado. La medida aparece también registrada en las bases de datos oficiales de ARBA y se extiende a todos los regímenes de recaudación de Ingresos Brutos en los que figure inscripto el agente en cuestión. La sanción aplica desde la fecha establecida en la notificación administrativa, sin prórrogas ni excepciones.

Durante la vigencia de la suspensión, los importes retenidos o percibidos por el agente no podrán ser computados como pago a cuenta por los contribuyentes afectados, lo que incide en las liquidaciones fiscales de terceros que hayan sido impactados por la operación suspendida. En adición, la normativa establece que los titulares con suspensión vigente carecen de la posibilidad de inscribirse como agentes de recaudación en otros regímenes diferentes a los ya alcanzados.

La implementación de estas medidas busca dar respuesta a casos de evasión o incumplimiento reiterado y establece nuevos límites para la operación de grandes recaudadores en el ámbito tributario provincial. El dispositivo promovido por ARBA apunta a resguardar los ingresos genuinos del fisco bonaerense y dotar de mayor transparencia y operatividad a los sistemas de retención y percepción fiscal.

Canacol Energy solicitó a la Superintendencia de Sociedades de Colombia la suspensión de todas las acciones de embargo y ejecución contra sus bienes y cuentas dentro del proceso de insolvencia transfronterizo que involucra deudas consolidadas cercanas a USD900 millones. La compañía, una de las principales del sector energético colombiano, busca protección judicial mientras avanza en procedimientos de reestructuración financiera tanto en Canadá como en Colombia.

La petición presentada por la compañía ante la autoridad colombiana incluye la suspensión de cualquier proceso de ejecución sobre los activos de las filiales que tiene en el país: Canacol Energy Colombia S.A.S., CNE Oil & Gas S.A.S., Cantana Energy Sucursal Colombia y CNEOG Colombia Sucursal Colombia. Además, la empresa solicitó que las cuentas bancarias permanezcan bajo el control de las deudoras en Colombia, con lo que se destinen los recursos de manera exclusiva al pago de gastos operativos y de administración. Entre las medidas requeridas también figura la continuidad de los contratos vigentes y la prohibición de ejecutar garantías reales a favor de acreedores particulares.

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La compañía designó a KPMG Inc. como monitor y representante extranjero del proceso principal de insolvencia en Canadá, y pidió a la Superintendencia de Sociedades que reconozca de manera formal esta condición, con el objetivo de proteger sus operaciones y activos en Colombia frente a acciones individuales de cobro.

Proceso de insolvencia en Canadá y su reconocimiento en Colombia

Canacol Energy inició el procedimiento de insolvencia bajo la Companies’ Creditors Arrangement Act (CCAA) en Canadá, una norma que permite a las empresas reorganizarse bajo supervisión judicial y suspender de manera temporal las acciones de cobro de sus acreedores. KPMG Inc., en calidad de monitor designado por la Corte de Canadá, solicitó a la autoridad colombiana el reconocimiento del proceso extranjero, lo que busca extender la protección judicial a las subsidiarias locales de la empresa.

El reconocimiento del proceso en Colombia implica que las suspensiones de embargos, ejecuciones y demandas de recuperación de cartera ordenadas en Canadá tendrían efecto en el territorio colombiano, lo que afectaría a bancos, proveedores, trabajadores, entidades fiscales y otras contrapartes contractuales.

Procedimiento de Recuperación Empresarial Simplificado (PRES) en Colombia

De manera paralela, Canacol Energy y sus filiales en Colombia iniciaron un procedimiento de recuperación empresarial simplificado (Pres) ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, amparado en la Ley 2437 del 12 de diciembre de 2024. El mecanismo otorga un período inicial de tres meses para negociar con los acreedores, durante el cual quedan suspendidas las acciones de ejecución, cobro coactivo, restitución de bienes y realización de garantías, según lo dispuesto en el artículo 7 de la ley.

Dicho Pres busca facilitar la negociación colectiva de las deudas y evitar la fragmentación de los procesos judiciales, permitiendo a la empresa mantener sus operaciones mientras se reestructura financieramente.

Riesgos y alcance del proceso

Al respecto, el especialista en insolvencia y recuperación empresarial Fernando Bustos explicó a Infobae Colombia que la magnitud del caso de Canacol Energy representa un desafío considerable para el entorno de negocios. “Una insolvencia transfronteriza de este tamaño activa riesgos contractuales, financieros y reputacionales para el entorno de negocios. Los acreedores deben entender que el centro de gravedad de esta discusión dejó de estar en Colombia”, afirmó.

Advirtió que la reorganización en Canadá transformará los mecanismos habituales de cobro y defensa de créditos para muchos acreedores, proveedores y asociaciones empresariales locales. “Cuando una empresa de gran tamaño entra en insolvencia, afecta a cientos o incluso miles de acreedores, muchos de ellos pymes, que atraviesan grandes dificultades para absorber los impactos”, agregó.

Efectos inmediatos: suspensión de pagos y renegociación de contratos

Uno de los efectos inmediatos más relevantes será la suspensión de pagos. Las deudas de Canacol Energy en Colombia, tanto con bancos como con trabajadores y el Estado, quedarán congeladas durante el proceso de reorganización. Las demandas de cobro y los procesos judiciales en curso también quedarán en suspenso, lo que elimina la posibilidad de que algún acreedor obtenga ventaja por actuar con mayor rapidez.

La reorganización permitirá renegociar o extinguir contratos bajo la supervisión de las autoridades judiciales, lo que podría impactar a proveedores y empresas de servicios que dependen de la operatividad de Canacol Energy.

Impacto en el sector energético y en las empresas

La crisis de Canacol Energy y su proceso de insolvencia transfronterizo tienen repercusiones en el sector energético colombiano y en la estabilidad de pequeñas y medianas empresas que mantienen relaciones comerciales con la compañía. La suspensión de pagos y la renegociación de contratos podrían generar efectos en cadena, afectando la liquidez y la viabilidad de numerosos actores del sector.

Así las cosas, la empresa busca ganar tiempo y espacio para reestructurar su deuda y mantener sus operaciones activas, mientras se negocia con los acreedores bajo supervisión judicial en ambos países.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú anunció la ampliación del alcance de su sandbox regulatorio, una medida orientada a potenciar la inclusión financiera y abrir paso a modelos más innovadores dentro del sistema financiero nacional.

La decisión, presentada por Sergio Espinosa, superintendente de la entidad, supone una modificación en el reglamento vigente y permitirá a cooperativas, fintechs y otras plataformas tecnológicas participar en el desarrollo de productos y servicios en un entorno controlado y temporal.

SBS amplía sandbox regulatorio para fintechs y cooperativas

La actualización del sandbox representa “un paso decisivo para facilitar el ingreso de nuevos actores y potenciar la competencia en beneficio de los usuarios”. El funcionario explicó que la innovación en el sistema financiero resulta clave para atender necesidades de diferentes segmentos de la población, así como para cerrar las brechas de acceso a servicios bancarios, créditos y seguros.

La novedad central de la Resolución SBS N° 04142-2025 radica en la posibilidad de que entidades no supervisadas directamente por la SBS, como fintechs, startups y emprendimientos tecnológicos, soliciten participar en el sandbox regulatorio, de acuerdo con un comunicado difundido por la superintendencia tras la oficialización de la norma en el Diario Oficial El Peruano.

El procedimiento requerirá cumplir criterios de elegibilidad establecidos y operar bajo parámetros definidos por la propia SBS. Además, entidades antes excluidas, como cooperativas de ahorro y crédito y AFOCAT, quedarán habilitadas para aplicar a este programa. Todas las entidades deberán ser formales.

Sergio Espinosa: “El sistema financiero debe abrirse a la innovación”

El sandbox regulatorio ha sido concebido como un espacio controlado donde las empresas pueden ensayar soluciones novedosas en condiciones limitadas y por un tiempo específico. El mecanismo permite probar productos y servicios fuera de los esquemas regulatorios tradicionales, o proponiendo alternativas no contempladas actualmente, siempre bajo la supervisión de la SBS.

La participación en el sandbox será temporal y estará limitada a un máximo de 30 meses. Durante este lapso, las empresas evaluarán el funcionamiento y la viabilidad de sus propuestas sin los riesgos propios de un despliegue masivo. Esta medida reafirma el compromiso con un sistema financiero moderno, dinámico, centrado en las personas, según la entidad, que destacó la importancia de llevar propuestas tecnológicas a los sectores tradicionalmente excluidos.

Durante el VI Seminario de Inteligencia Artificial y Banca Digital, Espinosa reconoció que la inclusión financiera en Perú creció de 40% a 67% de adultos gracias a la digitalización y billeteras electrónicas, aunque un tercio de la población adulta permanece fuera del sistema. Señaló que la mejora económica favoreció el crédito y redujo la morosidad, pero que persisten brechas en segmentos como deudores castigados -inmersos en Infocorp-, quienes podrían beneficiarse de nuevos productos fintech.

Sandbox regulatorio de la SBS se expande para cerrar brechas de acceso

La resolución establece dos vías para ingresar al sandbox: convocatorias impulsadas por la SBS o solicitudes formales de parte de las empresas interesadas. El proceso administrativo incluye una revisión de los proyectos presentados y el cumplimiento de requisitos técnicos, operativos y legales. Este nuevo marco permitirá que iniciativas innovadoras lleguen a más peruanos, donde sea que estén.

El anuncio fue realizado tras una serie de encuentros entre Sergio Espinosa y directivos de cooperativas de ahorro y crédito, así como de instituciones financieras regionales como la Caja Trujillo y la Caja del Santa. Durante las reuniones, se remarcó la importancia de que estos actores puedan acceder a esquemas de experimentación regulada y desarrollar soluciones adaptadas a sus comunidades.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP enfatizó que el propósito es acelerar la adopción de tecnologías financieras y ampliar el impacto de la inclusión financiera en Perú. Así, la actualización normativa “contribuirá a que más innovaciones lleguen a zonas menos atendidas del país, reforzando las metas de inclusión y modernización del sector”.

La morosidad de las familias en el sistema financiero casi se triplicó en un año, de acuerdo con los últimos datos oficiales del Banco Central. Mientras que en septiembre de 2024 el ratio de irregularidad del crédito destinado a las familias se ubicaba en 2,6%, un año más tarde el indicador escaló hasta 7,3%, según surge del “Informe sobre Bancos” correspondiente a septiembre de 2025.

El dato es relevante porque muestra un deterioro sostenido en la capacidad de pago de los hogares en un contexto de estancamiento del salario real, encarecimiento del financiamiento y un repunte de los créditos hipotecarios y prendarios, que crecieron con fuerza durante 2025. La comparación interanual permite dimensionar la magnitud del cambio: de acuerdo con el BCRA, en septiembre de 2024 el crédito a las familias “no presentó cambios significativos”, manteniéndose en niveles relativamente estables. Doce meses después, el escenario es marcadamente distinto.

Un salto pronunciado en la mora de las familias

El informe oficial muestra que en septiembre de 2025 “la morosidad de los préstamos a las familias alcanzó 7,3% de esta cartera”, lo que representa un incremento significativo en términos anuales. Además, el deterioro se dio en un contexto en el que el ratio de irregularidad total del crédito al sector privado también aumentó, ubicándose en 4,2% a nivel sistémico.

Este indicador general había sido de 1,6% en septiembre de 2024, cuando el Banco Central destacaba que la irregularidad “se mantuvo estable” y sin cambios de magnitud, tanto para empresas como para personas. En ese entonces, la autoridad monetaria señalaba que “la dinámica mensual resultó generalizada entre las distintas asistencias crediticias a las familias”, con incluso una leve mejora en préstamos personales.

En contraste, el último informe revela un empeoramiento extendido en 2025. El salto en la mora de los hogares coincide con un período de mayor expansión del crédito, especialmente en rubros de garantía real. Los préstamos hipotecarios, por ejemplo, continuaron ganando dinamismo durante 2025 y acumularon más de 41.200 nuevos deudores en 12 meses. El BCRA estimó que solo en septiembre se sumaron más de 4.700 nuevos tomadores, un incremento mensual de 11,6%.

Si bien el financiamiento recuperó terreno durante el año, el crecimiento estuvo acompañado por un aumento más acelerado de la cartera irregular. En su informe, el Banco Central precisó que las previsiones totales del conjunto de entidades financieras fueron equivalentes a 102% del saldo de crédito en situación irregular, lo que refleja un ajuste del sistema frente al deterioro observado.

Evolución del crédito y contexto del sistema financiero

El deterioro en la calidad crediticia se produce en un marco donde el sistema financiero mostró un incremento del crédito total. En septiembre de 2025, el saldo de financiaciones al sector privado en pesos creció 0,5% en términos reales, mientras que el crédito al sector privado en moneda extranjera aumentó 3,2% en el mes, medido en moneda de origen.

En el análisis conjunto de ambas monedas, el crédito total al sector privado creció 1,3% mensual, con un mayor dinamismo en las líneas prendarias e hipotecarias destinadas a familias. Este movimiento contribuyó a elevar el peso del crédito dentro del activo de los bancos, que alcanzó 33,8% en el caso de las financiaciones en pesos y 9,9% para las vinculadas a moneda extranjera.

Al observar la composición del activo por tipo de deudor, el crédito a las familias pasó a representar 19,8% del total, mientras que el destinado a empresas se ubicó en 23,9%.

A pesar del incremento en la irregularidad, el sistema mantuvo niveles elevados de solvencia. La integración de capital se mantuvo en 27,1% de los activos ponderados por riesgo, muy por encima de los estándares regionales. Además, la posición de capital alcanzó 234% de la exigencia normativa.

La liquidez también se mantuvo estable. El BCRA señaló que la liquidez amplia en pesos continuó en torno a 39,8% de los depósitos, mientras que los activos líquidos en moneda extranjera llegaron a 60% de los depósitos en esa denominación.

Un cambio de tendencia

La comparación entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 muestra un cambio notable en la evolución del crédito a los hogares. La estabilidad observada en 2024 contrasta con el deterioro significativo registrado un año después.

En 2024, el Banco Central destacaba que que el ratio de irregularidad del crédito destinado a los hogares se ubicaba en 2,6% y en línea con la estabilidad general del sistema. En 2025, en cambio, la mora prácticamente se triplicó y alcanzó su valor más elevado en varios años recientes, según las estadísticas históricas del organismo.

El aumento de las tasas de interés y la menor capacidad de pago contribuyeron al crecimiento de la cartera irregular en los hogares. Las cifras del BCRA muestran que, aunque el sistema financiero continúa sólido en términos de liquidez y solvencia, la tensión en la economía doméstica preelectoral tuvo un impacto visible en la capacidad de pago de las familias.

La educación financiera es un pilar fundamental a la hora de evitar futuros problemas económicos de la población española. Según los datos del último informe de KRUK, el 46% de la población tiene algún tipo de deura, una cifra que se mantiene estable teneiendo en cuenta que este porcentaje se situó en el 45% en el último estudio. Además, como lado positivo, el porcentaje de personas endeudadas con impagos ha caido hasta el 32%, el punto más bajo de toda la serie histórica, mientras que el importe medio de la deuda se sitúa en 36.817 euros y la media de deudas por personas en 1,6.

En el anterior informe, el importe medio de la deuda se situó en 35.910 euros, lo que implica un aumento de 910 euros de media. Más allá de las cifras económicas, el IV Observatorio KRUK reveló el aspecto emocional de las deudas. Así, según los datos, ocho de cada diez personas se siente motivada a pagarlas (81%), aunque el 44% alega haber experimentado estrés por su situación financiera. Los datos son mejores en este aspecto que en el informe anterior, donde solo el 32% decía estar interesado en saldar sus descuidos.

Además, el estudio revela que la mitad de los encuestados considera que tener deudas es algo normal, mientras que un 19% siente culpa y otro 19% vergüenza. Comparando estos datos con los registrados en el informe anterior, se percibe un claro aumento en ambos indicadores, que registraron en esa ocasión un 10% de culpa y un 8% de vergüenza.

Respecto a la situación financiera general, un 46% considera que está igual que hace un año, mientras que tres de cada diez personas (30%) no pueden ahorrar porque no llegan a final de mes y un 37% solo puede reservar entre un 5% y un 10% de su sueldo. Los datos no varían mucho con relación a los últimos registros del Observatorio KRUK, donde el 32% afirma no poder ahorrar, porque no llega a fin de mes, mientras que un 35% ahorra entre un 5% y un 10% de su sueldo.

Conocimiento financiero para tomar decisiones sólidas

Por último, en materia de educación financiera, el estudio señala que más de la mitad de la población (54%) reconoce tener conocimientos bajos o nulos, mientras que un 34% muestra interés en recibir formación. “Cuanto más conocimiento tengan las personas sobre cómo administrar sus recursos, más sólidas serán sus decisiones económicas”, explica al respecto Alina Giurgea, directora general de KRUK España.

Además, desde la compañías señalan que “gestionar las deudas de forma responsable no es solo una cuestión de números, sino que es una inversión en tranquilidad, en calidad de vida y en la construcción de un futuro más sólido”. La empresa, que trabaja hace diez años en el territorio nacional impulsando la educación financiera, explica que no existe una solución única para saldar las deudas, sino que “cada persona tiene una relación diferente con su dinero influida por sus circunstancias. Por eso, nuestro enfoque siempre ha sido ofrecer herramientas personalizadas que permitan alcanzar el bienestar financiero”.

La deuda pública en España continuó creciendo durante el mes de septiembre, situándose en máximos históricos de 1,71 billones de euros, aunque el peso relativo sobre el Producto Interior Bruto (PIB) mostró una ligera moderación respecto al año anterior. Según los datos difundidos este lunes por el Banco de España, la ratio de deuda sobre PIB alcanzó el 103,2%, lo que implica una reducción de un punto porcentual en comparación con septiembre de 2024, cuando era del 104,2%. Sin embargo, si se observa la variación respecto al mes anterior, la ratio aumentó dos décimas, desde el 103% de agosto.

Máximos históricos de endeudamiento pese a la mejora relativa respecto al PIB

El endeudamiento de las Administraciones Públicas experimentó un incremento interanual del 4,5% , pasando de 1,63 billones de euros en septiembre de 2024 a 1,71 billones de euros en el mismo mes de 2025. Aunque este aumento absoluto consolida un nuevo récord, la importancia de la deuda respecto al PIB se ha visto atenuada por el crecimiento económico, permitiendo que la ratio descienda respecto al año anterior. Por su parte, respecto a agosto, el incremento fue leve, al pasar de 1,699 a 1,710 billones de euros.

La Administración Central concentra la mayor parte de la deuda

La Administración Central consolida su posición como el principal responsable del endeudamiento en términos de volumen, registrando 1,558 billones de euros, que suponen el 94% del PIB nacional. En contraste, la deuda de las Administraciones de la Seguridad Social permaneció estable, con 126.173 millones de euros, equivalentes al 7,6% del PIB.

En el ámbito territorial, las comunidades autónomas lograron reducir ligeramente su carga respecto al mes previo, hasta los 339.496 millones de euros, lo que representa el 20,5% del PIB, con una variación interanual del 1,9%. Por su parte, las corporaciones locales, es decir, los ayuntamientos, también experimentaron una disminución, en este caso más notoria, situando su deuda en 22.516 millones de euros, lo que equivale al 1,4 % del PIB, y supone un importe un 2,6% inferior al registrado en 2024.

Perspectivas y previsiones para los próximos años

El Gobierno central mantiene entre sus principales objetivos económicos la reducción progresiva de la relación entre deuda pública y Producto Interior Bruto en los próximos años. En concreto, las estimaciones oficiales apuntan a que este porcentaje podría descender hasta situarse en el 101,7% al finalizar el ejercicio 2025. Posteriormente, la senda planteada contempla nuevas disminuciones, alcanzando el 98,4% en el año 2027, el 90,6% en 2031 y finalmente un 76,8% en el horizonte de 2041.

No obstante, las previsiones publicadas hasta el momento no especifican en qué fecha concreta España conseguirá situar la deuda por debajo del límite del 60% que la Comisión Europea considera como referencia prudente para los Estados miembros.

Estos últimos datos del Banco de España reflejan que aunque la deuda pública española marca máximos en términos absolutos, la evolución positiva del PIB permite una leve mejora de la ratio, tendencia cuya consolidación dependerá del cumplimiento de las previsiones gubernamentales y del entorno económico internacional.

El inicio de El Buen Fin representa para millones de consumidores mexicanos una ocasión esperada para acceder a descuentos y promociones en productos largamente deseados. Sin embargo, la posibilidad de aprovechar estas ofertas puede transformarse en un riesgo para la estabilidad financiera si no se actúa con responsabilidad y previsión, según advierte la Revista del Consumidor de la Profeco.

La temporada de rebajas se presenta como una oportunidad para renovar artículos indispensables o adelantar compras, pero la falta de planificación puede derivar en compras impulsivas que, lejos de beneficiar la economía personal, generan compromisos financieros de largo plazo. La Profeco subraya que las ofertas deben contribuir al bienestar económico, no ponerlo en peligro.

Entre las recomendaciones principales para este Buen Fin, la Revista del Consumidor de la Profeco aconseja definir con claridad las necesidades antes de realizar cualquier compra, ya sea en tiendas físicas o en línea. Elaborar una lista realista de productos realmente necesarios y cuestionar si el deseo de adquirirlos responde a una necesidad genuina o solo a un impulso, ayuda a evitar la acumulación de objetos que no aportan valor y terminan olvidados.

Comparar precios es otro paso esencial. La publicación señala que no todos los descuentos reflejan verdaderas oportunidades: es fundamental revisar el historial de precios y explorar distintas tiendas o plataformas para confirmar que la oferta es auténtica. En ocasiones, lo que aparenta ser una ganga puede convertirse en un gasto innecesario.

La planificación del presupuesto ocupa un lugar central en las recomendaciones de la Profeco. Calcular el dinero disponible, considerar los pagos ya programados para el mes y evitar exceder la capacidad de endeudamiento son medidas clave para mantener unas finanzas sanas. Excederse en las deudas puede comprometer la estabilidad financiera a largo plazo.

Respecto a las compras a meses sin intereses (MSI), la Profeco advierte que, aunque resultan atractivas, es imprescindible verificar que el producto cuente con un descuento real y no se trate de su precio habitual disfrazado. Adquirir bienes a crédito sin contar con ahorros o sin que sean indispensables puede derivar en deudas difíciles de saldar.

La publicación también recomienda liquidar las deudas existentes antes de asumir nuevos compromisos financieros. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera 2023, el 42% de la población considera que su nivel de endeudamiento es moderado, mientras que un 10% lo percibe como alto. En este contexto, la Profeco enfatiza que evitar el sobreendeudamiento constituye la mejor inversión posible.

El sobreendeudamiento y la falta de previsión, según la Profeco, afectan directamente la salud financiera. Reconocer estos riesgos y actuar con responsabilidad permite que El Buen Fin se convierta en una verdadera oportunidad de ahorro y bienestar, en lugar de ser el origen de dificultades económicas.

Viajar es uno de los placeres más deseados, pero también una de las decisiones financieras que pueden afectar el bolsillo si no se toman con responsabilidad. La Condusef emitió una serie de recomendaciones para ayudar a los consumidores a distinguir entre una inversión en una experiencia valiosa y una decisión impulsiva que puede derivar en sobreendeudamiento.

El organismo señala que la planificación consciente es el punto de partida para cualquier viaje, especialmente si se requiere recurrir al crédito. Antes de comprometer ingresos futuros, es importante evaluar la situación financiera personal, calcular los gastos totales y tener claro cómo se cubrirán sin poner en riesgo necesidades básicas.

Cuándo sí conviene endeudarse para viajar

De acuerdo con la Condusef, endeudarse puede ser razonable solo si se cumplen ciertas condiciones que garanticen estabilidad económica y bienestar a largo plazo. La deuda debe ser pequeña, planificada y respaldada por ingresos estables.

Además, el viaje o actividad debe aportar un valor duradero, como un beneficio emocional, de salud o desarrollo personal.

También se considera una buena decisión si el consumidor ya cuenta con un fondo de emergencia, es decir, un ahorro destinado a imprevistos que no se vea afectado por el gasto del viaje. En estos casos, el endeudamiento puede representar una oportunidad para disfrutar de una experiencia significativa sin poner en riesgo las finanzas personales.

Cuándo no vale la pena: señales de alerta

La Condusef advierte que endeudarse por un viaje no es recomendable cuando no se tiene claridad sobre cómo se pagará la deuda, cuando se utilizan tarjetas con tasas de interés altas o si se pretende cubrir el gasto únicamente con crédito, sin ahorro previo.

Otras señales de alerta incluyen sacrificar prioridades esenciales, como salud, educación o vivienda, y acumular varias deudas con la idea de “disfrutar ahora y pagar después”. Este tipo de decisiones, advierte el organismo, puede derivar en un “terror financiero” que afecte la estabilidad y la tranquilidad del consumidor.

Cuidado con los Meses Sin Intereses (MSI)

Los llamados Meses Sin Intereses son una herramienta financiera común durante la planeación de viajes, pero la Condusef alerta que no siempre son la mejor opción. Aunque pueden facilitar el pago, en realidad prolongan la deuda mucho después de que la experiencia haya terminado.

Además, saturar una tarjeta con compras bajo esta modalidad reduce la capacidad de crédito para imprevistos o nuevas oportunidades, y fragmentar el gasto puede llevar a perder la noción del monto total adeudado.

Planificar y ahorrar: el mejor consejo

La Condusef recomienda que la mejor forma de disfrutar un viaje sin arrepentimientos es planificar con anticipación, establecer un presupuesto realista y ahorrar gradualmente antes de realizar el gasto. De esta forma, el viaje se convierte en una experiencia placentera y no en una carga económica.

El mensaje del organismo es claro: viajar sí, pero con responsabilidad. El verdadero disfrute no debe terminar cuando llegan los estados de cuenta, sino mantenerse con la tranquilidad de haber tomado una decisión financiera inteligente.

La usuaria abordó la compleja relación que muchos mantienen con el crédito y el consumo. “Entre el me lo merezco y el Dios proveerá. La no educación financiera que, que no tuve en el colegio cuando yo era chica”, explicó, resaltando la ausencia de preparación sobre finanzas personales en la infancia y adolescencia. Su caso evidenció la facilidad con la que una decisión, aparentemente menor, puede afectar el futuro económico.

“Es como que yo un día tomé la mala decisión de pagar el mínimo de la tarjeta. Ya está. Sentencié mi vida financiera al infierno bancario”, expresó la tiktoker, usando esa frase como síntesis de la situación que atravesó. El relato ganó visibilidad rápidamente y funcionó como espejo para muchas personas que se identificaron con sus palabras.

La protagonista del video admitió usar frases de autoconvencimiento para justificar algunas conductas: “Que yo me lo merezco y para eso trabajo. Esas dos frases las tengo que erradicar de mi vida”. La sensación de estar permanentemente endeudada atravesó toda su vida laboral. “Hasta en un momento dije: ‘¡Fa! Yo seré adicta a las deudas, porque no puede ser’. O sea, toda mi vida laboral siempre estuve pagando cosas”, narró.

La tiktoker manifestó su incomprensión ante la magnitud del problema. “No sé cómo... ¿Qué pasará? No tener deudas, tarjetas de crédito no tener, trabajar y quedarme con el sueño del argentino promedio, ¿no?”, deslizó. Con resignación y un tono de humor, aclaró: “Si lo crees, lo creas”.

Refiriéndose a quienes critican el consumo excesivo o la falta de control del gasto, la usuaria comentó: “Los que dicen: ‘Ay, ¿cómo pueden gastar más de lo que ganan?’ Yo tampoco lo entiendo. Yo, yo la teoría la tengo, pero, pero la práctica me costó”. La justificación teórica y el desfase con la práctica aparecen como temas centrales en su testimonio.

“¿Qué querés que te diga? No, no, no, lo hice bien. Hice todooo para lupit... ‘No pagues el mínimo’. Yo tipo: ‘Tenés razón, pero bueno, ya me mandé la cagada’. ¿Qué puedo hacer?”, insistió, señalando la dificultad de revertir el proceso una vez iniciado.

La sensación de culpa y el reconocimiento del error aparecieron recurrentemente: “Uno se tiene que hacer cargo de las decisiones, de las malas decisiones que toma, ahora, así que aparte de mi trabajo, me voy a poner a laburar de otra cosa, voy a abrir un emprendimiento, algo, porque tengo dos manos, dos ojos, me mandé la cagada, lo tengo que asumir”.

Además, la tiktoker habló sobre la percepción que existe respecto a las personas con altos ingresos y los problemas que enfrentan. “Vieron que los que tienen plata te dicen: ‘No, porque la plata no soluciona, tenés un montón de otros problemas’. Yo quiero esos problemas”, ironizó. En un momento, reclamó: “El Duko diciendo: ‘Porque los que no tienen plata viven mejor’. Duko, yo quiero tener tus problemas”.

A lo largo de su discurso, mostró las múltiples etapas de una crisis financiera: “Ya me desesperé, ya lloré, ya entré en crisis. Ya pasé por todas las etapas y llegué a la etapa de, bueno, esto se va a solucionar. De alguna manera se va a solucionar. Yo sé que lo voy a solucionar”.

La usuaria mencionó un esfuerzo por buscar inspiración en historias de superación financiera. “Mira, en una de esas, miren, eh, Dadatina. Estuvo en nivel cinco de Veraz, tipo endeudada hasta el caracú. Y mírenla ahora a Dadatina, la reina Dadatina. Bueno, yo manifiesto, yo sé que... No sé si a esos niveles, pero como viene esa situación, porque yo siento que estamos todos en la misma-- estamos todos vibrando en la misma sintonía de: se hace lo que se puede con lo que se tiene”.

Reconoció sus “errores financieros”, igualando la experiencia compartida por muchos. “Y sí, nos mandamos errores financieros. Y sí, y sí. ¿Qué va a ser? Yo también me arrepiento, yo, yo también me quiero auto Betty Suiz, pero bueno, hay que afrontarlo y se va a salir adelante”. Insistió en su confianza: “Yo sé que vamos a salir adelante. No, no-- eso no lo dudo. Puede tardar, sí, pero yo sé que todos vamos a salir adelante”.

El video se convirtió en un fenómeno de alcance colectivo, donde la historia personal funcionó como un vehículo para canalizar y exponer problemáticas recurrentes en la sociedad contemporánea. Más allá de la anécdota, el relato dejó en evidencia cómo muchos argentinos se enfrentan a la falta de educación financiera y al atractivo inicial de los instrumentos de crédito.

El caso sumó el análisis de la youtuber y asesora financiera Giselle Colasurdo, quien brindó un aporte desde una perspectiva técnica. Colasurdo introdujo de inmediato un matiz fundamental: “Primero aclarar que siempre que hacer el pago mínimo de todas las tarjetas es indispensable porque si no se paga nada en vez de cobrarte intereses compensatorios de refinanciación que ahora te voy a comentar que son altísimos se te cobran intereses por mora que son sustancialmente todavía más altos así que siempre el pago mínimo de todas las tarjetas”.

La asesora dejó en claro que cubrir el mínimo no se presenta como una buena solución, sino como la opción menos nociva en el corto plazo. No obstante, advirtió sobre las consecuencias de esa decisión: “Con el pago mínimo estás entrando en una espiral peligrosa porque en estos momentos la tasa de refinanciación está en un 159 por ciento. Esto significa que en un año más que duplicaste la deuda original porque lo que hace es el pago mínimo pagar intereses pero el capital sigue ahí entonces sigue generando la deuda se sigue ampliando a una tasa que es descomunal es exorbitante”.

Colasurdo buscó ilustrar la gravedad del escenario: “Ahí es donde arrancan los problemas, es como bueno me relajo pago el mínimo y se verá y dios proveerá pero en realidad estás entrando en una espiral muy peligrosa”. La tasa de refinanciación que mencionó no contemplaba los impuestos aplicados sobre su monto, lo cual agrava todavía más la situación.

A continuación, Colasurdo precisó: "159% más el IVA, se va a 213%“. Con esa cifra remarcó el impacto real de refinanciar deudas de tarjeta de crédito en la Argentina actual. Los datos transmitidos evidencian la rapidez con la que puede crecer un saldo impago y profundizan la alerta sobre la necesidad de adoptar prácticas responsables con las finanzas personales.

El análisis de la especialista resultó relevante para graficar el entorno que enfrentan consumidores en el país. La ausencia de una educación financiera sistemática dejó a muchos expuestos a asumir compromisos sin dimensionar sus consecuencias. Los testimonios y aportes recogidos por la tiktoker, sumados a los argumentos técnicos, complejizan la visión sobre el endeudamiento individual y social.

Las cifras y conceptos expuestos por Colasurdo ofrecen un marco cuantitativo y orientador sobre magnitudes poco comprendidas por el común de la población. A través de un lenguaje sencillo, explicó cómo los problemas asociados al crédito personal exceden la voluntad o disposición al pago, y se anclan en la dinámica misma del sistema bancario y en el desconocimiento de sus principales reglas.

En síntesis, experiencias como la narrada en TikTok y los aportes de especialistas como Colasurdo amplían la comprensión sobre las causas y efectos del sobreendeudamiento de los hogares. La visibilidad de estos casos permite que más personas se interroguen sobre la estructura de sus gastos, el uso de las herramientas crediticias e incentiven un eventual cambio en el modo de educar sobre finanzas.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha subrayado que la condonación de una parte de la deuda de las comunidades autónomas de régimen común, impulsada por el Ministerio de Hacienda, podría suponer una mejora significativa en la situación financiera de estos territorios. Según el análisis de la Airef, si todas las comunidades aceptaran la propuesta, la reducción media de la deuda sería de cinco puntos porcentuales del Producto Interior Bruto (PIB), pasando del 20,9% al 15,9%.

Esta medida, que se pactó inicialmente entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez -generando mucha polémica- y que posteriormente se ha extendido al resto de regiones, beneficiaría a la ciudadanía con una condonación media de 1.688 euros por habitante.

Pero antes de continuar, aclaremos qué implica la condonación de la deuda. Se da cuando un acreedor (quien prestó dinero o bienes) decide perdonar total o parcialmente la obligación de pago de quien debía devolver ese dinero o esos bienes. Es decir, el deudor ya no tiene que pagar esa deuda porque el acreedor la elimina o la cancela. Lo mismo puede aplicar a países que deben dinero a otros países o a instituciones, y estos deciden perdonarles esa deuda.

En España, una comunidad autónoma generalmente obtiene dinero a través de préstamos del Estado, concretamente del Gobierno de España, mediante mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). También puede financiarse acudiendo a los mercados financieros, es decir, pidiendo dinero a bancos, inversores, fondos de inversión u otras entidades financieras.

En la actualidad, únicamente cinco comunidades autónomas —Madrid, País Vasco, Navarra, Canarias y Galicia— se financian directamente en los mercados, mientras que Andalucía lo hace de forma mixta. El resto de regiones depende del Estado para acceder a financiación.

Las comunidades más beneficiadas y el impacto en el PIB

La propuesta de Hacienda contempla una condonación total de 83.252 millones de euros, siempre que todos los gobiernos autonómicos de régimen común decidan acogerse a la medida. Sin embargo, la Airef ha detectado diferencias notables entre territorios, lo que implica que el impacto no será homogéneo para todos los ciudadanos.

El análisis de la Airef revela que Andalucía sería la región que experimentaría la mayor reducción relativa de su deuda, con una rebaja equivalente al 8,6% de su PIB. Castilla-La Mancha se situaría muy cerca, con una disminución del 8,5%, seguida de Murcia (7,7%) y la Comunidad Valenciana (7,4%). En un segundo grupo, con una condonación superior a la media estatal, figuran Extremadura (6,3%), Catalunya (5,5%) y Canarias (5,4%).

Por debajo de la media se encuentran Asturias (4,9%), Galicia y Castilla y León (4,8%), Cantabria (4,5%), Aragón (4,2%) y La Rioja (3,9%). Madrid, por su parte, sería la comunidad con menor reducción, con un 2,7% de su PIB, debido a que no recurrió al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

A pesar de la mejora generalizada, la Airef advierte de que la condonación no resolvería por completo los problemas fiscales de algunas comunidades, que seguirían manteniendo ratios de deuda elevadas respecto a su PIB. En el caso de la Comunidad Valenciana, aunque la quita supondría un 7,4% de su PIB, la deuda restante alcanzaría el 32,5%. Cataluña, tras la condonación, mantendría una ratio del 23,8%, mientras que Murcia y Castilla-La Mancha se situarían en el 23,2% y el 20,5%, respectivamente.

El supervisor fiscal ha alertado de que estos niveles, superiores al 20% del PIB, no son favorables, especialmente porque las tendencias actuales no apuntan a una reducción sostenida en el medio plazo.

Condiciones y objeciones al plan de Hacienda

La Airef ha estimado que la condonación de deuda supondría un ahorro en intereses de 2.532 millones de euros durante el primer año para el conjunto de las comunidades autónomas. A más largo plazo, hasta el año 2030, el ahorro acumulado podría alcanzar los 15.657 millones de euros. Además, la condonación media por habitante ajustado se situaría en 2.284 euros, aunque los ciudadanos de Castilla-La Mancha, Catalunya, Murcia y Comunidad Valenciana serían quienes recibirían una mayor condonación media, según los datos correspondientes al segundo trimestre de 2025.

La Airef ya había planteado en el Consejo de Política Fiscal de febrero algunas objeciones al proyecto de condonación, sugiriendo la necesidad de establecer condiciones para su aplicación. Fuentes del organismo han añadido que, si el objetivo es facilitar el regreso de ciertas comunidades a los mercados financieros, sería necesario considerar la infrafinanciación que sufren territorios como la Comunidad Valenciana y Murcia, perjudicados por el actual modelo de financiación.

Respecto a la posibilidad de que algunas comunidades autónomas rechacen la condonación propuesta por Hacienda, la Airef ha manifestado que “no se nos ocurren criterios técnicos para no aceptarla”. Fuentes del supervisor han señalado: “Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha… no sé qué argumentos se pueden esgrimir para no aceptar una bajada de escalón” en su situación financiera.

El Juzgado Mercantil número 1 de Lleida ha exonerado de una deuda de 1.212.910 euros a una mujer que avaló los préstamos tomados por su marido en un intento de salvar la empresa familiar dedicada a la explotación avícola.

Todo comenzó en 2014, cuando el hombre decidió abrir una empresa para gestionar una granja de pollos, involucrando a la familia en el proyecto. Dos años después amplió la actividad construyendo una segunda granja, lo que implicó una hipoteca y comprometió todavía más el patrimonio familiar.

“El monstruo nos estaba comiendo”

“Todo iba bien”, relata la mujer, quien explica que en un principio sus hermanos no se implicaron en el negocio. Sin embargo, en 2020 “reclamaron su parte en el patrimonio y a partir de ese momento comenzó una batalla campal por las desavenencias familiares que acabó en los juzgados”, en palabras de la propia afectada.

Según recuerda, el negocio “funcionaba para vivir tranquilamente. Además, yo tenía y tengo mi trabajo, pero el peso importante de la economía familiar lo aportaba dicha empresa”. Sin embargo, los costes derivados de los litigios familiares y los gastos de abogados comenzaron a crecer, y la familia sufrió sus consecuencias: “Los gastos judiciales y de abogados se fueron incrementando y nos afectaron directamente”.

Ante los problemas económicos, la pareja acudió a asesores. A raíz de ello, el marido empezó a pedir nuevos préstamos con la intención de mantener a flote el negocio y cubrir los gastos del conflicto legal. “La pelota se fue haciendo cada vez más grande hasta que nos atropelló”, expresa ella. Ella firmó como avalista, según cuenta, “ya que yo estaba y estoy a su lado, mostrándole todo mi apoyo en lo que hiciera falta”.

La deuda acumulada siguió creciendo: “Haciendo cuentas vimos que la deuda superaba el millón de euros. Entonces nos cayó una losa muy grande encima, pero teníamos que buscar una solución para tirar hacia delante”. La mujer reconoce que “los préstamos eran una solución momentánea, porque al cabo de unos meses estábamos en una situación peor”.

“A finales del año pasado”, continúa la mujer, “el abogado que nos llevaba el litigio de la empresa nos dijo que no iba a continuar y buscamos otro. Conocíamos a uno de Tàrrega y, al exponerle todo nuestro caso, nos dijo que nos teníamos que acoger a la Ley de la Segunda Oportunidad, por lo que nos puso en contacto con Marta Bergadà y ya establecimos una primera reunión”, narra.

La abogada encargada del caso explica que, tras analizar la documentación, “vimos claramente que era una deudora de buena fe, por lo que nos pusimos a trabajar rápidamente en el caso”. Para la familia, el proceso marcó un punto de inflexión. “La actuación de todo el equipo fue instantánea. Además, estábamos en una situación extrema en la cual el monstruo se nos estaba comiendo”.

Amenazas y acoso de las empresas de recobro

Mientras tanto, la situación personal se agravaba por las presiones externas. La mujer cuenta que sufrió “el acoso y las amenazas de las empresas de recobro de deudas y las entidades bancarias”. Las llamadas y la presión fueron constantes: “había presión y amenazas que nos acababan pasando factura”. La abogada subraya que “estas prácticas no sólo son contraproducentes, sino que también pueden constituir violaciones de los derechos personales del deudor”.

“Cuando me llamaron desde el despacho legal para decirme que se me había exonerado el pasivo insatisfecho sentí un alivio muy grande, porque me quitaba un peso enorme que estaba sobre mi cabeza. Constantemente, mi marido y yo pensábamos en nuestros hijos y su futuro, pero ahora se ve diferente, con más tranquilidad”, añade la mujer.

Una millonaria deuda amenaza la estabilidad del sector eléctrico colombiano y pone en riesgo la sostenibilidad del servicio para millones de usuarios, en especial, los más vulnerables. Así lo advirtió el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, que alertó sobre el peligro de incrementos drásticos en las tarifas de energía y la viabilidad de las empresas comercializadoras.

El panorama se agrava con la entrada en vigor de nuevas regulaciones y medidas fiscales que, lejos de aliviar la crisis, podrían profundizarla.

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Y es que el sector eléctrico enfrenta una situación financiera crítica, con una deuda que asciende a $6,2 billones. De ese monto, $2,4 billones corresponden a subsidios, $1,3 billones a deuda oficial y $2,5 billones a la opción tarifaria.

Manzur precisó que “de esos 6,2 billones, cerca del 70% es deuda pública, tanto del orden nacional como territorial”. Afinia, una de las empresas más afectadas, concentra casi el 40% de esa cartera, lo que evidencia la gravedad del problema. La cifra de recursos por recuperar equivale a cerca de dos años de ingreso bruto de remuneración para las empresas del sector, y advierte que los saldos podrían llegar a $7 billones en diciembre, ya que la deuda crece en aproximadamente $300.000 millones mensuales por concepto de subsidios ante la falta de recursos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025.

Priorización del servicio para todo el mercado

Así las cosas, las advertencias Manzur cobran especial relevancia. “En todo el país enfrentamos una situación financiera muy compleja”, afirmó Manzur en diálogo con Valora Analitik. El dirigente gremial resaltó que la presión financiera también pone en riesgo la continuidad de los subsidios para los usuarios más vulnerables.

De acuerdo con un informe de Asocodis conocido por Semana, la decisión para las empresas, sobre todo las pequeñas que son las más vulnerables, es obvia: “Priorizar su compromiso de seguir prestando el servicio a todo el mercado, lo que evidentemente afectaría que puedan continuar las empresas financiando los subsidios (que es una obligación del Estado) y esto podría implicar un incremento promedio alrededor del 90% en la factura de un usuario de estrato 1”.

Impacto de las nuevas regulaciones y medidas fiscales

El gremio también expresó su preocupación por dos normas que, lejos de aliviar la crisis, podrían agravarla. La primera es un decreto del Gobierno nacional que incrementa el anticipo de retefuente por concepto de renta. Manzur explicó a Valora Analitik que, en el caso de Afinia, “el pago anual pasaría de $100.000 millones a $200.000 millones, aun cuando la empresa no registra utilidades. Eso resulta completamente desproporcionado”.

La segunda es la nueva metodología tarifaria que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) planea expedir para los comercializadores. Según Manzur, si se adopta en los términos actuales, “sería una estocada final para el sector, especialmente para los más pequeños, porque reduce sus ingresos en cerca de $1 billón anual. En un periodo tarifario completo, eso equivaldría a una pérdida de 5 billones, lo que haría insostenible la financiación de los subsidios”.

Las nuevas regulaciones impulsadas por el Ministerio de Minas y Energía y la Creg buscan reducir el valor que las empresas reciben por vender energía, con el objetivo de beneficiar a los usuarios en el pago de sus facturas. Al respecto, Manzur enfatizó que “la reducción representaría apenas entre $2.400 y $2.500 mensuales en la factura de un usuario de estrato uno. Es decir, una disminución poco significativa para el hogar, pero devastadora para las empresas prestadoras del servicio”.

De igual manera, la propuesta de la Creg contempla una reducción del componente de comercialización de la tarifa entre un 33% y 45%, lo que implicaría una caída en los ingresos anuales de las empresas de más de $1 billón. Asocodis advierte que siete de las 21 empresas agremiadas, que representan el 45% de la demanda, tendrían disminuciones de ingresos superiores al 30%, lo que haría inviable su operación y pondría en riesgo la prestación del servicio en varias regiones.

Consecuencias para usuarios y empresas

El impacto de estas medidas se sentiría con especial fuerza en la región Caribe y en el Chocó. Manzur explicó que “en el caso de la región Caribe, si las empresas no pueden financiar los subsidios, las facturas de los usuarios de estratos 1 y 2 podrían incrementarse hasta en un 95%”.

A su vez, en mercados como el de Aire-e, el ingreso para el prestador se reduciría en cerca de un 35%, mientras que el ahorro para un usuario de estrato uno sería de solo $6.000 mensuales. Sin embargo, si la empresa deja de financiar los subsidios, la factura de ese mismo usuario podría aumentar en $55.000, es decir, un 95%. En el Chocó, donde la mayoría de los usuarios pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, el incremento podría llegar hasta el 140% en las facturas del estrato 1, lo que representa un aumento de $74.000 mensuales, según el informe conocido por Semana.

Riesgos jurídicos y llamados a las autoridades

El gremio también puso sobre la mesa los riesgos jurídicos asociados a la nueva metodología tarifaria. Asocodis sostiene que la propuesta de la Creg “no se ajusta a las disposiciones legales al pretender, mediante circular, evadir el procedimiento de expedición de actos tarifarios de carácter particular”. Por eso, insiste en que “la Comisión debe conceder a las empresas la actuación administrativa y los recursos de la vía gubernativa, para aprobar los costos y gastos que debe utilizar cada empresa para calcular las componentes de la estructura de tarifas de la comercialización”.

De no corregirse estos procedimientos, advirtió, podrían presentarse demandas de nulidad y restablecimiento de derechos, así como medidas cautelares que agravarían la incertidumbre en el sector.

Así las cosas, la resolución impulsada por el Ministerio de Minas y Energía para la región Caribe representa un alivio temporal para los comercializadores de esa zona, pero deja en una situación aún más precaria al resto de las empresas del país. La definición final de la regulación quedará en manos de la Creg en los próximos 30 días, un plazo que será decisivo para el futuro del sector eléctrico colombiano.

Para Dávila, abrir esta discusión permitiría a los colombianos contar con mejores oportunidades para ingresar al sistema financiero, al tiempo que impulsaría la prosperidad de la banca, considerada por ella como un pilar fundamental para el crecimiento económico del país.

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Durante la presentación de sus propuestas, Vicky Dávila subrayó la importancia de que la banca sea sólida y próspera, señalando que “nuestra economía no tendría ningún sentido ni ningún futuro, ni creceríamos si la banca no es próspera”. En este contexto, lanzó un llamado a debatir la pertinencia de mantener la tasa de usura, reconociendo que se trata de un tema polémico que genera divisiones.

“Les quiero dejar un tema de discusión que a veces causa resquemor, hablemos de la tasa de usura, ¿por qué no acabamos con la tasa de usura?”, planteó la precandidata, que considera que la apertura de este debate entre la banca tradicional y las fintech podría conducir a acuerdos que beneficien el sistema financiero.

La aspirante presidencial también abordó la necesidad de revisar la carga tributaria que enfrentan actualmente los bancos. Propuso que, en función del crecimiento económico, se evalúe la posibilidad de reducir gradualmente esta carga, con el objetivo de favorecer la prosperidad del sector financiero y, por extensión, de la nación. Dávila destacó el papel estratégico que tendrá la banca en las alianzas público-privadas (APP) y la importancia de analizar el legado que dejará el Gobierno de Gustavo Petro. En este sentido, consideró fundamental realizar un corte de cuentas y reimpulsar los proyectos pendientes.

En materia de recursos, la precandidata respaldó la propuesta de Roy Barreras de vender los bienes improductivos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y no descartó la posibilidad de una reforma tributaria. Al respecto, expresó: “Ojalá pudiéramos echar mano de ese dinero para no asfixiar más a los empresarios, entre otros, a los bancos, que ya no dan más”.

Uno de los puntos más sensibles de la agenda de Dávila es el combate al sistema de préstamos informales conocido como ‘gota a gota’, que afecta a entre $3.000.000 y $8.000.000. En efecto, la periodista calificó este fenómeno como una manera de criminalidad que esclaviza a los ciudadanos más vulnerables,s eñalando: “Es una barbaridad porque eso es mafia, es crimen, es delito, es esclavizar al ciudadano más pobre”. Para enfrentar esta problemática, propuso que las fintech, la banca tradicional y las cajas de compensación trabajen conjuntamente para ampliar el acceso al crédito formal, citando el caso de Brasil como ejemplo de éxito en este ámbito y sugiriendo que Colombia podría replicar esos resultados.

En relación con las estrategias de digitalización y competencia en el sector financiero, la precandidata valoró positivamente la iniciativa Bre-B, aunque criticó su implementación inicial y cuestionó los intentos de modificar las reglas de juego con el denominado 15 x 1.000. En sus palabras, “vamos por la digitalización, vamos por la competencia y seamos más prósperos y tengamos una mejor economía para todos”.

Finalmente, Vicky Dávila puso de relieve la falta de oportunidades de crédito para los jóvenes menores de 30 años, quienes, según su diagnóstico, enfrentan serias dificultades para emprender o adquirir bienes debido a la ausencia de alternativas reales en el sistema financiero.

Los famosos no están exentos de sufrir por causa de problemas financieros y en varias oportunidades se han revelado casos de este tipo. Uno de los más recientes se conoció con el testimonio del actor Pedro Roda, que habló sobre su prolongada lucha contra las deudas bancarias, lo que lo llevó a una etapa de su vida en la que la angustia y el deterioro de su salud fueron notorios.

El actor, conocido por su papel como Olegario en Pasión de Gavilanes y como Pablo en Bella Calamidades, relató en una entrevista con La Red cómo enfrentó durante 15 años una deuda que alcanzó los $30 millones. Esta situación, según sus palabras, lo sumió en un estado de estrés constante y afectó tanto su bienestar físico como mental.

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Durante ese periodo, Pedro Roda experimentó síntomas físicos severos, llegando a desarrollar una úlcera. El actor explicó al programa de entretenimiento que la presión financiera lo llevó a buscar atención médica, aunque los exámenes no arrojaron resultados definitivos sobre su estado de salud.

“Me estaba enfermando físicamente por una úlcera”, reconoció el artista en la entrevista, asegurando que así notó el impacto que la falta de solvencia económica tuvo en su vida cotidiana.

La carga de la deuda, lejos de disminuir, se transformó en una pesadilla que se extendió por más de una década. Roda confesó que, en los momentos más difíciles, llegó a considerar medidas extremas ante la sensación de que la deuda era insuperable: “Pensé en atentar contra mi vida”, admitió el actor, describiendo ese episodio como un uno de los momentos más graves de su vida.

El apoyo de su entorno familiar resultó fundamental para superar la crisis. Pedro Roda destacó en la entrevista el papel de su esposa y sus hijas, que “no lo dejaron rendirse”, de acuerdo con sus declaraciones en el programa.

Además, encontró en la marquetería una actividad que le permitió canalizar sus emociones y reconstruir su estabilidad emocional, teniendo en cuenta que se trata de una técnica artesanal para mejorar muebles.

Después de tanto tiempo, el actor aseguró que observa su pasado con una perspectiva renovada y en su más reciente aparición televisiva expresó su gratitud por haber superado esa etapa, además de referirse a su deseo de que su experiencia sirva de ejemplo para aquellos que atraviesan dificultades económicas o emocionales.

Actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ se separó

El regreso de Natasha Klauss a Colombia generó un notable interés en las redes sociales, luego de que la reconocida actriz confirmara el fin de su matrimonio con Daniel Gómez. En una conversación para Sinceramente Cris, la intérprete de Sara en la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes compartió detalles sobre este proceso personal, que decidió hacer público solo después de haber alcanzado cierta estabilidad emocional.

Durante la entrevista, la actriz explicó que su retorno a Colombia estuvo motivado tanto por razones de salud como por la necesidad de contar con el respaldo de su entorno más cercano: “No solo estoy separada de mis hijas, también estoy separada de Daniel, por algo me vine de Estados Unidos para acá, a buscar como ese círculo y esa red de apoyo para comenzar a hacer un trabajo interno”, expresó.

Esta declaración demostró la importancia que ha tenido para ella el acompañamiento familiar en medio de la ruptura. La artista aclaró que fue el cierre de su relación con Daniel Gómez lo que la llevó a buscar nuevamente el cobijo de sus seres queridos en su país natal.

En el transcurso de la entrevista, Natasha reveló que en 2025 atravesó tres duelos distintos, aunque aclaró que ninguno de ellos está vinculado con la pérdida de un ser querido, sino con el cierre de ciclos personales.

El cierre temporal de La Puerta Falsa, uno de los restaurantes más antiguos y reconocidos de Bogotá, generó sorpresa entre los visitantes habituales y turistas que, al llegar a su tradicional ubicación junto a la Catedral Primada, encontraron un aviso que informaba la suspensión de actividades.

La medida, que se levantó el lunes 20 de octubre, no obedeció a deudas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), sino a un procedimiento administrativo vinculado a la facturación electrónica, según explicó el propio establecimiento a sus clientes mediante un cartel visible en la entrada.

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La Dian intensificó recientemente sus operativos en el centro de la capital colombiana, extendiendo las inspecciones a otras zonas como Antonio Nariño, Teusaquillo, Chapinero, Usaquén, Barrios Unidos y Fontibón.

De acuerdo con Patricia González, directora seccional de impuestos de la entidad, en la misma jornada en la que se intervino La Puerta Falsa se ordenó el cierre de 47 establecimientos adicionales, incluyendo no solo restaurantes, sino también Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).

El motivo central de estas acciones es la verificación del cumplimiento de la facturación electrónica, un requisito que la DIAN considera fundamental para la transparencia tributaria. González detalló que, a través del Centro de Monitoreo de Facturación Electrónica, se han identificado prácticas que podrían constituir delitos fiscales, por lo que las visitas de inspección continuarán.

El llamativo letrero a la entrada de La Puerta Falsa notificando las razones del cierre

En el caso específico de La Puerta Falsa, el restaurante aclaró a sus comensales que no incurrió en evasión fiscal y que la suspensión temporal se debió a un problema de comunicación con la Dian.

Según el mensaje expuesto en el local, la entidad intentó contactarlos, pero la información no llegó correctamente, lo que derivó en el cierre preventivo. La Dian informó que las órdenes de cierre temporal tienen una duración de tres días, una vez agotado el procedimiento administrativo correspondiente.

Hasta la fecha, la entidad ha emitido 272 actos administrativos que ordenan el cierre de negocios por infracciones relacionadas con la no expedición de factura electrónica o documento equivalente electrónico, así como por el incumplimiento en el pago de obligaciones tributarias como la retención en la fuente, el IVA y el impuesto al consumo (impoconsumo).

Algunos de los establecimientos inspeccionados señalaron que, en ocasiones, los propios usuarios se resisten a la expedición de la factura electrónica, ya que deben proporcionar datos personales en cada visita, lo que genera reticencia y repetición del proceso en distintos locales.

“La Puerta Falsa les informa que por inconsistencia en una documentación y por la falta de actualización de un correo, no tuvimos la oportuna comunicación con la Dian. Las notificaciones llegaban a un correo inactivo, esto nos generó una sanción de cierre. Queremos afirmar que no somos evasores de impuestos y no tenemos deudas con la Dian, ni con ninguna otra entidad o proveedor”, se lee en el aviso del restaurante, que anunció su reapertura el 20 de octubre de 2025.

El establecimiento, fundado el 16 de julio de 1816, ha mantenido su actividad durante 208 años, convirtiéndose en un referente de la gastronomía bogotana con platos tradicionales como tamales, aguadepanelas y changuas. Ubicado frente a la Catedral Primada de Bogotá, en la calle 11 #6-50 del barrio La Candelaria, es considerado el restaurante más antiguo de la capital y del país, según los datos del Archivo de Bogotá.

La historia del nombre del restaurante está ligada a una antigua puerta lateral de la Catedral, que los bogotanos denominaban “la puerta falsa”. Frente a ella, una familia santafereña abrió una aguapanelería que, con el tiempo, se transformó en uno de los lugares más emblemáticos de la gastronomía tradicional.

Desde entonces, el establecimiento ha conservado su estructura original, convirtiéndose además en un símbolo de resistencia cultural frente a la modernización del centro histórico. En 2023, la guía gastronómica internacional Taste Atlas la incluyó entre los restaurantes más icónicos del mundo, destacando su papel como patrimonio culinario de Colombia.

Aunque muchos desconocen su existencia, la figura de la prescripción de deudas permite a los deudores en Perú liberarse legalmente de compromisos bancarios pasados tras un periodo determinado. La legislación nacional, concretamente el Código Civil peruano, delimita los plazos durante los cuales los acreedores bancarios pueden ejercer acciones legales para exigir el pago de una obligación financiera.

Según la normativa vigente, las deudas bancarias prescriben después de 10 años contados desde el momento en que el deudor incumple con su obligación de pago. Una vez transcurrida esa década, el acreedor pierde el derecho a iniciar acciones judiciales para exigir el cumplimiento de la deuda. En otras palabras, la deuda se extingue legalmente, otorgando un respiro a quienes enfrentan dificultades económicas o cargas financieras imposibles de asumir.

Sin embargo, esta extinción no ocurre de manera automática. Para que la deuda sea declarada prescrita, el deudor debe presentar una solicitud ante un tribunal. Solo cuando el juez reconoce la prescripción, la obligación de pago desaparece oficialmente. Este procedimiento convierte la prescripción en una herramienta accesible solo para quienes pueden afrontar el proceso legal y presentar los documentos correspondientes.

Deuda desaparece, pero no del todo

Aunque la prescripción extingue la obligación de pagar, su efecto no se traduce en una limpieza inmediata del historial crediticio. Según explicó Javier Mori, gerente legal de Equifax, las entidades financieras y las centrales de riesgo como Infocorp mantienen el registro de las deudas impagas durante un máximo de cinco años, incluso después de que la deuda haya prescrito judicialmente.

“Es importante entender que la prescripción no borra el rastro de la deuda en los sistemas financieros, y por lo tanto puede seguir afectando la calificación crediticia del deudor”, detalló Mori. Esta situación implica que, aunque el acreedor ya no pueda exigir el pago, los antecedentes negativos permanecen visibles para las entidades bancarias, lo que puede limitar el acceso a nuevos créditos, préstamos personales o hipotecas.

Por lo tanto, la prescripción representa un alivio legal más que financiero. El deudor puede quedar libre de demandas o embargos, pero su reputación crediticia continúa afectada. Este impacto puede mantenerse durante varios años, afectando su capacidad de reinsertarse plenamente en el sistema financiero.

Endeudamiento crece en Perú

El contexto económico del país muestra que el endeudamiento personal ha alcanzado niveles preocupantes. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el endeudamiento promedio de los ciudadanos peruanos equivale al 29,4% de sus ingresos mensuales. Este nivel de carga financiera se atribuye a factores como la pérdida de poder adquisitivo, los imprevistos económicos y la dependencia del crédito para cubrir gastos básicos.

Frente a este panorama, la prescripción se percibe como una salida legal para personas sobreendeudadas, permitiéndoles liberarse de una carga que no pueden afrontar. Sin embargo, los especialistas advierten que este recurso debe considerarse como una última opción, dado que implica un largo proceso judicial y no soluciona las secuelas crediticias que deja una deuda impaga.

Además, las dificultades de acceso a la justicia y la falta de conocimiento sobre los procedimientos legales hacen que muchos deudores no puedan beneficiarse de esta figura. En la práctica, solo una minoría logra completar el proceso de prescripción, mientras la mayoría sigue cargando con los efectos financieros y emocionales del endeudamiento.

Embargos salariales y consecuencias

Mientras tanto, las entidades financieras cuentan con mecanismos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones antes de que ocurra la prescripción. Uno de los más comunes es el embargo salarial, que permite retener una parte del ingreso mensual del trabajador para cubrir la deuda pendiente.

Según la normativa peruana, los bancos solo pueden embargar salarios cuando el monto supera los S/2.575 mensuales, equivalentes a cinco Unidades de Referencia Procesal (URP). Esta medida busca equilibrar el derecho del acreedor a recuperar su dinero con la protección mínima de los ingresos del deudor. No obstante, para muchos trabajadores, esta retención representa un golpe directo a su estabilidad económica y al presupuesto familiar.

En ese sentido, aunque el Código Civil establece un límite temporal a la exigencia de deudas, el camino hacia la prescripción no es sencillo ni inmediato. Requiere de un proceso judicial, conocimiento legal y, sobre todo, la capacidad de enfrentar las consecuencias crediticias que esta decisión conlleva. Para muchos peruanos, el verdadero desafío no es solo pagar la deuda, sino recuperar la confianza del sistema financiero después de haberla dejado atrás.

Atención, usuarios de bancos. ¿Alguna vez has dejado de pagar tu tarjeta de crédito? Como se sabe, cada mes debes hacer el pago del dinero plástico, en base a lo que gastaste en tu periodo de pago del mes anterior.

Pero no es poco usual que, a veces, por falta de liquidez o simple descuido, se dejé un saldo pendiente en la tarjeta de crédito. Sin embargo, no cancelarlo a tiempo puede afectar más que solo el bolsillo. Esto compromete tu historial crediticio y encarece tus futuras oportunidades financieras.

“Si no puedes pagar el saldo completo, es fundamental explorar alternativas antes de que la deuda se acumule y afecte tu score crediticio. Recuerda que la solución no siempre implica refinanciar; en muchos casos, contactar a tu entidad financiera o buscar el consejo de un experto puede ofrecer opciones viables. Sin embargo, la mejor solución a largo plazo es la prevención y una planificación adecuada para evitar estos desajustes financieros.” comenta Maurice Prevost, Managing Director de Equifax - Infocorp.

Esto pasa si no pagas tu tarjeta

El experto presenta lo que realmente ocurre cuando no se cubre el pago total y qué acciones puedes tomar para evitar que se convierta en un problema mayor:

• Acumulación de deuda: Al no cubrir el saldo completo de tu tarjeta, el monto pendiente comienza a generar intereses moratorios, recargos por demora y otros costos adicionales. Con el paso del tiempo, esta deuda aumenta de manera considerable, haciendo cada vez más difícil ponerse al día con los pagos.
• Afectación del score crediticio: Tu historial de pagos se informa a las centrales de riesgo. Retrasarte o no cancelar el total puede impactar de forma negativa en tu puntaje crediticio. Un score bajo reduce tus posibilidades de acceder a nuevos créditos o puede encarecer los préstamos, ya que las entidades financieras te consideran un cliente de mayor riesgo.
• Posibles medidas legales: Si la deuda se mantiene por un periodo prolongado, el banco o la entidad emisora podría recurrir a mecanismos de cobranza más severos, como derivar el caso a agencias externas o iniciar procesos judiciales que, en situaciones extremas, podrían implicar el embargo de bienes.

¿Cómo manejar una deuda?

Asimismo, Equifax - Infocorp recomienda qué puedes hacer en caso tengas dificultades económicas y tengas que afrontar un pago de tarjeta de crédito. “En caso no puedas cubrir el total adeudado, existen alternativas para afrontar la situación de forma más manejable. Puedes negociar una reducción en las tasas de interés o solicitar planes de pago flexibles a tu entidad financiera. También es recomendable buscar orientación profesional para establecer una estrategia que te ayude a recuperar el equilibrio financiero”, señalan.

Asimismo, una medida preventiva efectiva que recomiendan es revisar de forma periódica tu reporte de crédito, disponible en la plataforma de Equifax. “Esta herramienta te permite conocer tu estado financiero actual, detectar posibles errores o intentos de fraude y tomar decisiones más informadas para cuidar tu historial crediticio. Consultar tu reporte con regularidad también te ayuda a identificar cualquier inconveniente antes de que se convierta en un problema mayor y a planificar mejor para mantener tu estabilidad financiera en el tiempo”, añaden.

Muchas personas reciben llamadas de números desconocidos a lo largo del día.

Algunas prefieren no responder por temor a estafas, propuestas comerciales o intentos de cobranza.

Otras sí contestan, con la esperanza de escuchar buenas noticias, y en más de una ocasión se encuentran con agentes de casas de cobranza.

Estas llamadas frecuentes pueden ser abrumadoras, y la forma de responder influye en el manejo de la situación, ya que una mala comunicación puede afectar directamente el historial crediticio, al no llegar a acuerdos para saldar una deuda.

En este contexto, Jessica Santodomingo, abogada especialista en deudas, datacrédito e insolvencia, advierte que responder con frases como “dejen de llamarme ya” no resulta útil.

Según explica la consultora legal en su cuenta de Instagram, una actitud confrontativa dificulta cualquier opción de negociación y no resuelve el problema de fondo.

Santodomingo recomienda, en primer lugar, pedir una copia del título valor que respalda la deuda y el estado actualizado de la obligación. Esto ayuda a comprender el motivo del cobro y confirma la legitimidad de la exigencia.

En segundo lugar, sugiere solicitar la autorización y la notificación previa en caso de que la deuda se reporte ante las centrales de riesgo. Este derecho está contemplado en la legislación colombiana y protege la información financiera del titular.

Como tercer paso, si las llamadas resultan excesivas o presionan, la abogada aconseja invocar la Ley 2300 de 2023, denominada “ley Dejen de Fregar”. Esta norma limita la frecuencia de los contactos y protege frente al acoso telefónico.

“Recuerde que las casas de cobranza sí pueden cobrar, pero siempre tiene que ser con dignidad”, publicó Santodomingo en su perfil de Instagram.

Las recomendaciones de la abogada buscan regular las conversaciones entre cobradores y deudores, garantizando respeto y legalidad.

El objetivo consiste en brindar información clara, establecer procesos transparentes y evitar abusos o malentendidos en la gestión de cobranzas.

¿Qué hacer si no puede pagar una deuda?

En Colombia, las personas que enfrentan problemas para pagar sus deudas disponen de varias alternativas legales y prácticas, según lo establecido en el Código General del Proceso. Estas opciones buscan aliviar la carga financiera y evitar el agravamiento de la situación económica.

La primera alternativa consiste en la negociación directa con los acreedores. Las entidades financieras suelen ofrecer canales de atención y líneas telefónicas mediante las cuales informan sobre pagos próximos a vencer.

En este contexto, el deudor puede establecer un diálogo directo con el banco o la entidad correspondiente para pactar un nuevo plan de pagos. Este acuerdo no elimina la deuda, pero sí puede facilitar el cumplimiento de las obligaciones mediante cuotas reestructuradas o nuevos plazos que se ajusten a la capacidad de pago del afectado.

Otra opción, prevista en la ley, es acudir a centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia o a una notaría, para tramitar un proceso de negociación de deudas. Esta vía se activa cuando la persona se encuentra en “cesación de pagos”, es decir, cuando han transcurrido más de noventa días con al menos dos obligaciones incumplidas ante dos o más acreedores, y el monto adeudado representa al menos el 50% de todas las obligaciones. Bajo este procedimiento, se busca llegar a un acuerdo formal ante las autoridades, con la intervención de un mediador.

Si la situación financiera se agrava, existe la posibilidad de solicitar la declaración de insolvencia. El trámite se realiza también en centros de conciliación o notarías, una vez se cumplen los requisitos de cesación de pagos durante 120 días y las deudas superan el 60% del total de los acreedores. Esta figura permite al deudor acogerse a un mecanismo judicial para reorganizar sus obligaciones y, eventualmente, proteger ciertos activos.

Por último, existe la alternativa de ajustar el presupuesto personal sin formalizar procesos legales. Analizar los ingresos y priorizar gastos puede ser fundamental para evitar la acumulación de deudas y recuperar el equilibrio financiero. Identificar áreas donde reducir gastos y destinar esos recursos al pago de obligaciones resulta clave para superar situaciones complejas sin recurrir a trámites adicionales.

Lo que comenzó como un proyecto de expansión internacional entre tres despachos españoles de arquitectura acabó, años después, en los tribunales madrileños. Las firmas CIP Arquitectos S.L., Navarro Conde Arquitectos S.L. y Aurianova Arquitectos S.L.P.U. crearon hace casi una década la sociedad Arquinvest Colombia S.A.S., con sede en Bogotá, para desarrollar proyectos de arquitectura y urbanismo en América Latina.

El acuerdo pretendía unir experiencia y recursos para competir en el mercado colombiano, pero las diferencias surgieron pronto. La relación se deterioró tras una operación de compraventa de acciones dentro de la propia sociedad, que desencadenó discrepancias sobre el precio, la moneda de pago y la gestión de las cuentas. Aurianova, que había vendido parte de su participación a las otras dos firmas, acusó a sus socias de no abonar la totalidad del precio pactado y llevó el caso ante la justicia española en 2018.

Un contrato firmado en Bogotá y una deuda reclamada en euros

El contrato de compraventa se firmó en Bogotá y fijaba el pago en pesos colombianos. Sin embargo, el cumplimiento se complicó poco después. Según la demanda, CIP Arquitectos y Navarro Conde Arquitectos solo realizaron pagos parciales, ingresados en una cuenta española de Aurianova, dejando pendiente parte del importe acordado.

La parte vendedora reclamó entonces 50.397,92 euros, más intereses y costas, equivalentes al saldo pendiente tras aplicar el tipo de cambio oficial. Las demandadas negaron la deuda y pidieron la nulidad del contrato por supuestos vicios del consentimiento, asegurando haber sido engañadas sobre la situación fiscal de Arquinvest Colombia. Además, defendieron que cualquier litigio debía resolverse en Colombia, ya que la sociedad y el contrato eran colombianos, y que la deuda no podía ser solidaria porque cada empresa había adquirido un paquete distinto de acciones.

Los tribunales españoles se declaran competentes

El Juzgado de Primera Instancia nº 52 de Madrid dio la razón a Aurianova en noviembre de 2023 y condenó solidariamente a las otras dos compañías al pago reclamado. Ambas recurrieron, pero la Audiencia Provincial de Madrid confirmó íntegramente la sentencia el pasado 3 de julio de 2025 (n.º 243/2025), con ponencia de la magistrada María Ángeles Martínez Domínguez.

Uno de los principales argumentos del recurso fue la falta de jurisdicción española. Las apelantes sostuvieron que el contrato, firmado en Bogotá y pagadero en pesos, debía ventilarse ante los tribunales colombianos. La Audiencia rechazó ese planteamiento y recordó que las tres empresas tienen domicilio en España y que los pagos se realizaron desde cuentas españolas. Por tanto, concluyó, los tribunales españoles son competentes para reclamar el precio de la compraventa conforme al artículo 22 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El tribunal añadió que la cuestión de la jurisdicción ya había sido resuelta en 2018 mediante un auto que rechazó la declinatoria de las demandadas y que no fue recurrido entonces.

Sin nulidad ni error en el consentimiento

Las apelantes alegaron también que el contrato debía anularse porque el administrador de Aurianova les había ocultado una deuda fiscal de la sociedad colombiana. Pero la Audiencia descartó ese argumento. Recordó que los vicios del consentimiento deben alegarse mediante demanda reconvencional y no como simple excepción, por lo que no podían ser valorados en apelación.

Además, el tribunal subrayó que el descubrimiento de una deuda fiscal no basta para demostrar engaño ni error invalidante. En cualquier caso, apuntó que España solo tiene competencia para exigir el pago, no para declarar nulo un contrato que afecta a una sociedad sometida al derecho colombiano.

Pago en euros y responsabilidad solidaria

Otro de los motivos del recurso fue la moneda de pago. Navarro Conde Arquitectos invocó el artículo 1.170 del Código Civil, defendiendo que debía pagarse en pesos colombianos, tal como figuraba en el contrato. La Audiencia, sin embargo, avaló la conversión a euros efectuada por Aurianova, al considerar que los pagos anteriores se habían hecho en esa moneda y que el cálculo se basó en el cambio oficial vigente.

Las sociedades también discutieron la solidaridad de la deuda, alegando que cada una debía responder solo por su parte. El tribunal, no obstante, confirmó que existía un precio global y una unidad de propósito empresarial que justificaban la obligación solidaria. Citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, la resolución recuerda que la solidaridad puede presumirse “cuando entre los deudores existe una comunidad de objetivos o una conexión interna entre sus obligaciones”.

Finalmente, la Audiencia impuso a las apelantes el pago de las costas del recurso, al desestimar íntegramente sus alegaciones. Con ello, la justicia madrileña pone fin a una disputa que nació de una prometedora alianza internacional y terminó resolviéndose, años después, a miles de kilómetros de Bogotá.

"Hay un tema que sigue pendiente de dar un impulso como es el retraso en el pago de deuda acumulada con empresas españolas. Es un tema que nos preocupa y que hemos trasladado a las autoridades panameñas y esperemos que se pueda poner en marcha un mecanismo que agilice esos pagos", declaró.

El embajador, que hizo estas declaraciones a la prensa durante una recepción en su residencia de cara a la Fiesta Nacional de España, subrayó que la "deuda acumulada al inicio de la administración del nuevo Ejecutivo panameño (en junio de 2024) estaba en torno a los 450 millones de dólares".

"Es una cuestión que hemos suscitado de manera reiterada a todos los niveles. Su majestad el Rey y el presidente del Gobierno tuvieron una ocasión de trasladar ese deseo de que de manera gradual se fuera reduciendo esa cuantía", detalló Palacios.

Sin embargo, admitió que perciben que "hubo avances porque se ha reducido en torno en unos 100 millones esa deuda", pero siguen "detectando también dificultades en eliminar los 350 millones (de dólares) que más o menos a día de hoy quedan pendientes de pago".

El diplomático señaló que esta situación no es "por falta de voluntad, entiendo por lo que nos traslada las autoridades panameñas, que responde a la coyuntura macroeconómica del país".

"Somos muy conscientes de esa situación, pero sí entendemos que es muy difícil seguir alentando la inversión extranjera y una mayor presencia de empresas españolas si esas dificultades no se solventan a la mayor brevedad", concluyó.

Palacios destacó que "hay más de 150 empresas españolas aquí en Panamá, un 'stock' acumulado de inversión que supera los 2.500 millones de euros, también en torno a 2.200 millones de euros en balanza comercial, lo cual supone también un hito en relación a años anteriores, y una generación de empleo en torno a 11.000 puestos".

"Creo que es una contribución significativa de la empresa española a la prosperidad de Panamá, basada sobre todo en una respuesta social corporativa que cada vez va ganando más peso y que es esencial a nivel empresarial", detalló.

De igual manera recalcó el interés por parte de las empresas españolas en "licitaciones que han anunciado tanto la República de Panamá como la Autoridad del Canal de Panamá en diversos ámbitos que van desde las infraestructuras, las conexiones energéticas, (hasta el) saneamiento".

Existe un "gran interés" de empresas españolas de invertir en obras insignia del Gobierno panameño, entre ellas un tren que conectará la capital panameña con la frontera con Costa Rica (norte), según anunció el pasado junio en Sevilla el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Colombia enfrenta una crisis silenciosa que ya se siente en cada factura, cada cuota y cada crédito que una persona paga. Hoy, el Gobierno de Gustavo Petro apenas cuenta con $1,9 billones en caja, recursos que equivalen a cerca de una semana de salarios para los 1,4 millones de servidores públicos del país.

La cifra es históricamente baja y pone en riesgo pagos urgentes y compromisos públicos. Por supuesto, no es un dato reservado para solo para los economistas, ya que esta crisis de liquidez está conectada de manera directa con dos problemas que parecen lejanos, pero no lo son: un déficit fiscal fuera de control y unas tasas de interés que no ceden. Dos realidades que golpean fuerte el bolsillo.

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A septiembre, la Nación acumuló un déficit fiscal del 3,7% del PIB en el primer semestre, equivalente a $69,4 billones, según datos del Ministerio de Hacienda. Se trata del peor registro en más de 20 años y evidencia una señal clara de la presión que enfrenta la economía. Para dimensionarlo, en un periodo comparable durante la pandemia del COVID-19 (primer semestre de 2020) el déficit fue de 3,1%, es decir, ni siquiera en medio de esa emergencia se gastó tanto como ahora. Al mismo tiempo, la inflación anual está en 5,10%, muy por encima de la meta del 3% que busca mantener el Banco de la República, lo que significa que el costo de vida sigue creciendo más rápido que los ingresos de los trabajadores.

Lo que para algunos suena a cifras abstractas, significa algo muy concreto: cuotas más altas, préstamos más costosos y tasas que bajan mucho más despacio de lo que deberían. Y entonces surge la pregunta de ¿cómo proteger su dinero cuando el Estado gasta más de la cuenta?

Más impuestos mañana

Para aclarar el panorama, la firma Crowe Co publicó un informe financiero que pone este tema en palabras simples. La autora del análisis, Lia Heenan, socia directora de Global Corporate Advisory de la compañía, no deja espacio para dudas. Dijo que “el déficit hoy son más impuestos mañana. Por ejemplo, el impuesto oculto es la inflación, es decir, lo que mide el costo de vida”. Anotó que “la gente a veces no lo ve o no lo siente, pero lo paga en cada extracto, en cada préstamo y en cada compra que financia”.

La lógica es sencilla: cuando el Estado se queda sin dinero, sale a pedir prestado. Para conseguirlo, debe ofrecer tasas más altas a quienes le prestan. El costo sube todavía más cuando el mercado empieza a dudar de la capacidad o la voluntad del Gobierno para pagar su deuda. Entonces, a mayor riesgo percibido, más altos los intereses exigidos. Y ese encarecimiento no se queda en el Estado, se contagia a todo el sistema financiero, los bancos también pagan más para conseguir recursos y, por esa misma razón, terminan cobrando intereses más altos a los usuarios y a las empresas.

En otras palabras, lo que parece un problema lejano en realidad es una cadena que empieza en el déficit del Estado y termina en un hueco en su bolsillo.

Efecto dominó del déficit fiscal en los colombianos

El desorden fiscal golpea primero a lo que los economistas llaman prima de riesgo. Es decir, cuando el Gobierno se queda sin dinero y debe pedir prestado, los inversionistas no prestan tan fácil. Si perciben que las finanzas del país son más frágiles y crece el riesgo de impago, exigen intereses más altos para cubrir la deuda del Estado, que en teoría debería ser la más segura de todo el mercado local.

De esta manera, el mayor costo no se queda en el papel o en las cuentas de Hacienda, se convierte en el piso de todas las tasas en Colombia. Entonces, si al Estado le cobran más por endeudarse, el ciudadano de a pié termina pagando más por una hipoteca, el crédito de consumo o el préstamo para un negocio.

Asimismo, las agencias de riesgo ya encendieron las alarmas. En junio, S&P bajó la calificación de Colombia a ‘BB’ y Moody’s también redujo su nota, al señalar el gasto público desbordado e ingresos insuficientes. Cada vez que eso ocurre, la deuda del país se encarece y también la de los colombianos.

Además, el problema empeora porque, cuando el Estado y los ciudadanos compiten por el mismo dinero, los bancos se vuelven más estrictos, debido a que prestan menos, exigen más garantías y suben los intereses. Si el déficit no se controla pronto, ese piso alto en las tasas podría convertirse en un techo que frene la economía: créditos más caros, menos inversión y una recuperación más lenta.

Siete pasos para contrarrestar la crisis fiscal

Para evitar fuertes impactos, la firma recomienda siete pasos. Son los siguientes:

1. Bajar el costo de sus deudas: Si paga más del 20 % en tarjetas o créditos de consumo, pase ese saldo a un préstamo con tasa fija más baja. Cada punto menos cuenta.
2. Revisar la hipoteca: Si está en UVR, consulte cambiarla a tasa fija en pesos para evitar sorpresas.
3. Ahorrar antes de la reforma tributaria: con una “inventable” reforma tributaria en camino, ajuste gastos y cuide su liquidez.
4. Liberar capital: si tiene inventarios lentos, conviértalos en efectivo para operar o pagar deudas.
5. Ser prudente con nuevas deudas: si el dólar o las tasas suben de golpe, frene créditos o compras grandes.
6. Exijir disciplina fiscal: las metas claras y creíbles dan confianza y ayudan a bajar las tasas.
7. Evaluar su situación: la clase media, los emprendedores y las empresas sienten impactos diferentes; ajuste según su realidad.

La posibilidad de que millones de colombianos vean eliminado su historial negativo en centrales de riesgo como Datacrédito y Transunión ha cobrado fuerza con el avance del proyecto de ley conocido como Borrón y Cuenta Nueva 2.0.

Esta iniciativa, que ya superó el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, busca corregir las limitaciones de la legislación anterior y ofrecer una nueva oportunidad a quienes han saldado sus deudas, en un contexto económico marcado por la informalidad, el desempleo y el endurecimiento de las condiciones crediticias.

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Según estimaciones presentadas en el Congreso, cerca de 14 millones de colombianos podrían verse beneficiados con esta nueva propuesta que se está debatiendo en el legislativo.

El proyecto establece que quienes paguen sus deudas dentro del año siguiente a la promulgación de la nueva ley podrán solicitar la eliminación de sus reportes negativos en un plazo máximo de dos meses.

Además, quienes hayan saldado sus obligaciones antes de la entrada en vigor de la norma también podrán acogerse al beneficio de forma inmediata.

Diferencias con anteriores normativas

De acuerdo con información publicada por Noticias Caracol, desde la promulgación de la Ley 1266 de 2008, el tratamiento de la información crediticia en Colombia ha estado regulado por parámetros que permiten la permanencia de reportes negativos hasta por cuatro años después de pagar la obligación.

Si la mora fue inferior a dos años, el reporte puede mantenerse por el doble del tiempo de incumplimiento. Aunque esta norma introdujo mecanismos de protección al consumidor, también ha sido criticada por perpetuar barreras de acceso al crédito, ya que los reportes negativos persisten incluso tras el pago de la deuda.

Tras ello, en 2021, la Ley 2157, denominada Borrón y Cuenta Nueva, intentó ofrecer una solución temporal mediante un régimen de transición. Permitía eliminar reportes negativos a quienes se pusieran al día con sus obligaciones dentro de un plazo de 12 meses.

Sin embargo, solo 1,7 millones de personas lograron acogerse a este beneficio, frente a los 16 millones que se esperaba impactar, lo que evidenció la limitada cobertura de la medida.

Adicionalmente, el desempleo y la informalidad limitaron el alcance de los beneficios esperados. Informes del Banco de la República citados por el medio de comunicación indicaron que, en el primer trimestre de 2024, muchos ciudadanos evitaron acudir al mercado de crédito debido a las condiciones desfavorables.

Además, la entidad bancaria reportó que las entidades financieras endurecieron sus requisitos y los usuarios percibieron las tasas de interés como excesivas, llegando hasta el 50% en algunos casos.

Críticas de sectores al nuevo proyecto de ley

En la discusión del proyecto en la Cámara de Representantes, representantes de entidades financieras manifestaron inquietud por el posible impacto del régimen transitorio en la estabilidad del sistema crediticio.

Este sector manifestó que la eliminación de reportes negativos podría elevar las tasas de interés y restringir el acceso al crédito, al reducir la disponibilidad de información sobre el comportamiento financiero de los usuarios.

No obstante, la Corte Constitucional advirtió que el régimen de transición tiene una finalidad legítima, alineada con principios constitucionales como la democratización del crédito.

Incluso, recalcó que la anterior normativa no condona deudas, sino que exige como condición previa la extinción de la obligación para acceder a la eliminación del dato negativo.

Además, la Corte Constitucional reiteró que el dato negativo no debe ser el único criterio para negar un crédito, ya que las entidades financieras disponen de otros indicadores para evaluar el riesgo, como ingresos, egresos y capacidad de pago.

La necesidad de un nuevo régimen se explica por el contexto económico reciente. Aunque Colombia ha mostrado señales de recuperación, esta no ha sido equitativa. Muchos sectores han reactivado sus actividades de manera informal, enfrentando ingresos irregulares y dificultades para acceder al sistema financiero formal.

Según informó la OCDE, citado por el noticiero nacional, el crecimiento económico proyectado para 2024 fue de 1,2%, con una expectativa de repunte hacia el 3,3%. La inflación, aunque en descenso, se mantuvo elevada y solo se espera que se estabilice dentro del rango objetivo en la segunda mitad de 2025. Estas condiciones se han visto agravadas por el aumento histórico de las tasas de interés, que pasaron de 1,75 % en septiembre de 2021 a 13,25 % en mayo de 2023.

Por el momento, la iniciativa pasó a su segunda discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes.

El Juzgado Mercantil número 9 de Barcelona ha perdonado una deuda de 22.875,02 euros a un hombre cuya insolvencia se originó por su adicción a las compras compulsivas y la solicitud de préstamos para poder mantener su nivel de vida. De este modo, la jueza le exonera del pasivo insatisfecho gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad, al cumplir con todos los requisitos exigidos por la normativa.

El hombre ocupaba un puesto administrativo en una empresa de comercio internacional, con ingresos acordes a su nivel de vida y, por lo tanto, le permitían llevar a cabo un estilo de vida cómodo, según explican desde Bergadà Abogados, despacho encargado del caso.

Sin embargo, de manera gradual y casi imperceptible, desarrolló un comportamiento de compras compulsivas. Este patrón de consumo desmedido lo llevó a solicitar préstamos para poder cubrir sus gastos básicos y mantener su sustento diario y estilo de vida. De hecho, esta situación compulsiva de adquisición de bienes se fue intensificando y “la pelota se fue haciendo cada vez más grande. Los problemas de salud mental que provocaron las compras compulsivas hicieron que no pudiera cubrir mis gastos más básicos y en ese momento creí que la mejor solución era solicitar préstamos. Pero la situación fue a peor, hasta el punto que no pude controlarla y ni salir del punto en el cual me encontraba”, lamenta.

En septiembre de 2023, al alcanzar un punto crítico en su vida, buscó ayuda profesional y comenzó a asistir a terapias psicológicas. Este proceso de recuperación le permitió tomar conciencia de sus problemas de adicción, que actualmente está tratando, pero las cuotas de sus deudas ya superaban su capacidad de pago, por lo que sus ahorros y la ayuda de sus familiares fueron insuficientes.

“La salud mental puede tener un fuerte impacto en la estabilidad financiera”

En julio del año pasado fue cuando una amiga suya le habló de la ley de Segunda Oportunidad, ya que ella había tenido un problema parecido y había conseguido ser exonerada del pasivo insatisfecho gracias al trabajo del despacho de Bergadà Abogados.

“Estaba en una situación compleja, porque no podía hacer frente a los pagos, y rápidamente me puse en contacto. Tras un par de reuniones, aporté la documentación que me solicitaron y vieron que era viable acogerme a la Ley de la Segunda Oportunidad”, explica el afectado.

Por su parte, la abogada que ha llevado el caso y socia fundadora de Bergadà Abogados, Marta Bergadà, relata que que “nos encontramos con una persona trabajadora y comprometida. Su caída económica fue consecuencia directa de una patología que hoy está tratando con responsabilidad. Para nosotros, como boutique legal, era evidente que se trataba de un deudor de buena fe”.

De esta manera consiguieron su objetivo y que se le perdonará la deuda. La letrada matiza que “este es un claro ejemplo de cómo la salud mental puede tener un fuerte impacto en la estabilidad financiera de una persona. Afortunadamente, la Ley de la Segunda Oportunidad permite ofrecer una solución legal y humana a estas situaciones tan críticas”.

Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad (Ley 25/2015 de 28 de julio, y sus posteriores reformas) es un mecanismo jurídico que permite que personas físicas —incluidos autónomos— que están en situación de insolvencia puedan reestructurar o incluso cancelar (exonerar) sus deudas cuando no pueden hacerles frente. El procedimiento combina fases de mediación con acreedores, liquidación de patrimonio cuando existe, y un posible “beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho” (BEPI), es decir, la liberación de la deuda pendiente una vez cumplidos ciertos requisitos de buena fe.

También se exige que el deudor no tenga antecedentes penales por delitos económicos, que haya actuado con buena fe, que no se haya beneficiado del mecanismo recientemente y que sus deudas no superen ciertos límites. En la práctica, una vez iniciado el proceso se paralizan embargos e intereses, y si procede, se liquida el patrimonio disponible; finalmente, el juez puede conceder la exoneración de las deudas que no pudieron ser abonadas, permitiendo al deudor empezar de nuevo.

El proceso para que una deuda deje de ser exigible en Colombia implica una serie de pasos legales y plazos específicos, que varían según el tipo de obligación.

La prescripción de una deuda, aunque elimina el derecho del acreedor a reclamar el pago, no borra el registro negativo en el historial crediticio del deudor, lo que puede limitar su acceso a futuros créditos.

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Según datos de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), existen aproximadamente 15 millones de personas en el país con deudas pendientes.

Este panorama resalta la importancia de una gestión responsable de las finanzas personales y de los compromisos crediticios, ya que el incumplimiento puede acarrear consecuencias a largo plazo.

La legislación colombiana, a través del Código Civil, establece distintos plazos de prescripción para las deudas, dependiendo de su naturaleza.

Las obligaciones respaldadas por títulos valores, como pagarés, letras de cambio o facturas, prescriben a los tres años. Por su parte, las deudas de tipo ejecutivo cuentan con un plazo de cinco años para su prescripción, mientras que las deudas ordinarias pueden ser reclamadas hasta por diez años.

Estos plazos determinan el tiempo máximo durante el cual un acreedor puede exigir el pago de la deuda.

El procedimiento para solicitar la prescripción de una deuda requiere la intervención de un juez, que tiene la autoridad para decidir sobre la solicitud. En ciertos casos, la participación de un abogado es necesaria, aunque no siempre es obligatoria.

El primer paso consiste en verificar que el plazo de prescripción correspondiente haya sido superado. Una vez confirmada esta condición, el deudor debe preparar una solicitud formal por escrito.

Este documento debe contener los datos personales del solicitante, una descripción detallada del caso, el fundamento legal que respalde la prescripción y una petición expresa para que la deuda sea eliminada del historial del acreedor.

La solicitud debe presentarse ante las entidades competentes, que disponen de un plazo de 15 a 30 días para emitir una respuesta. Si la decisión es desfavorable, el solicitante tiene la opción de acudir a la Superintendencia Financiera o a la Superintendencia de Industria y Comercio, según corresponda al caso.

Es fundamental comprender que, aunque la prescripción impide al acreedor reclamar judicialmente la deuda, el registro negativo permanece en el historial crediticio del deudor, lo que puede dificultar el acceso a nuevos créditos en el futuro.

El desconocimiento sobre los plazos de prescripción de las deudas puede llevar a que muchas personas enfrenten cobros judiciales o extrajudiciales por obligaciones que ya no pueden ser exigidas legalmente.

Según los expertos del Banco Finandina, en Colombia este periodo varía entre tres y cinco años, dependiendo del tipo de obligación y del documento que la respalde.

Por ejemplo, las letras de cambio y los pagarés prescriben a los tres años, mientras que los contratos, promesas de compraventa y conciliaciones tienen una vigencia de cinco años. Esta última disposición se encuentra regulada por el artículo 2536 del Código Civil, que establece: “La acción ejecutiva se prescribe por cinco años y la ordinaria por 10 años”, dijeron desde la entidad financieras en declaraciones a El Tiempo.

El proceso de prescripción no está exento de costos. Cuando la suma reclamada supera los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es obligatorio contar con la representación de un abogado, cuyos honorarios se pactan entre el cliente y el profesional, siguiendo las sugerencias del Colegio de Abogados de Colombia.

Si la deuda es inferior a ese monto, el deudor puede presentar la solicitud de prescripción directamente, sin necesidad de abogado.

La prescripción de la deuda afecta principalmente al acreedor, que pierde el derecho a reclamar el pago si no ha iniciado acciones legales dentro del plazo legal.

En el caso de las tarjetas de crédito, los expertos del Bbva explican que estas deudas prescriben a los tres años, y la acción ejecutiva a los cinco años desde el vencimiento del plazo, ya que al otorgar la tarjeta, el banco exige la firma de un pagaré. Una vez transcurridos estos periodos, el acreedor pierde la facultad de reclamar la deuda judicialmente.

Existen otras obligaciones sujetas a plazos de prescripción específicos. Las deudas tributarias con el Gobierno prescriben a los cinco años, aunque este plazo puede extenderse si se inicia un proceso de auditoría o investigación fiscal.

En cuanto a las deudas laborales, como salarios y prestaciones sociales no pagadas, el plazo de prescripción es de tres años a partir de la fecha en que el pago debió realizarse.

La regulación de la prescripción de deudas en Colombia se encuentra en los artículos 443 y 444 del Código General del Proceso, el artículo 789 del Código de Comercio y los artículos 2535 a 2545 del Código Civil. Para quienes requieran orientación adicional sobre la nulidad procesal o el trámite de prescripción, los consultorios jurídicos universitarios ofrecen asesoría gratuita.

La disposición de los hombres a endeudarse para costear citas se consolida como una tendencia relevante entre los jóvenes adultos en Estados Unidos, según un reciente estudio realizado por Credit One Bank.

La investigación, citada por Newsweek, revela que un 46% de los hombres de la Generación Z y los millennials estarían dispuestos a entrar en números rojos para afrontar los gastos de una cita, en contraste con el 28% de las mujeres de los mismos grupos etarios.

Entre los motivos figura la persistente creencia de que correspondería a los varones asumir la totalidad de los costos en los encuentros románticos. De acuerdo con el informe de Credit One Bank, más de un tercio de los encuestados afirmó que contraería una deuda para impresionar a una pareja potencial, una práctica especialmente marcada en los hombres jóvenes.

Newsweek apunta que la presión social y las expectativas culturales inciden de manera directa en la forma en la que los jóvenes gestionan sus finanzas en el plano sentimental. Michael Ryan, asesor financiero y fundador de MichaelRyanMoney.com, reflexionó sobre el trasfondo de este comportamiento.

“Los hombres se sobregiran por amor porque nos han socializado para pensar que la generosidad económica equivale a valor romántico. Es la versión moderna de las plumas del pavo real”, explicó Ryan.

Añadió que la situación no responde a una simple falta de criterio financiero, sino a patrones socioculturales arraigados, aun cuando la balanza de los ingresos se equipara entre géneros: “los hombres siguen enfrentando presión cultural para ser proveedores, pese a la creciente igualdad de poder adquisitivo. Las redes sociales y las aplicaciones de citas agravan esa sensación de competencia”.

El informe consultado por Newsweek señala que un 51% de los encuestados confesó aumentar o exagerar su éxito económico ante posibles parejas. El porcentaje asciende al 54% entre los miembros de la Generación Z y se sitúa en un 48% entre los millennials. Este afán por aparentar solvencia se traduce a menudo en un endeudamiento que puede comprometer la salud financiera personal.

La opinión de los expertos

Sobre los factores de género, la sexóloga certificada por AASECT y experta en finanzas, Natassia Miller, señaló que la diferencia obedece al peso de los estereotipos: “esta brecha de género refleja expectativas sociales arraigadas. Los hombres sienten presión de ser proveedores y de demostrar compromiso romántico a través del gasto. Las normas del cortejo tradicional persisten: se espera que ellos paguen y exhiban su capacidad económica”.

Miller definió el fenómeno como un ejercicio de “gasto de rendimiento”, cuyo fin es proyectar éxito y deseabilidad, aun a costa de la sostenibilidad financiera.

Newsweek recupera también la perspectiva de Alex Beene, instructor de educación financiera en la Universidad de Tennessee en Martin. “Para muchos hombres, su imagen personal está profundamente vinculada al éxito financiero. Si no pueden cubrirlo, endeudarse para tapar la diferencia es la única salida que perciben”, sostuvo Beene.

El especialista advirtió sobre el peligro de construir relaciones sostenidas en el dinero: “cavar una fosa financiera es negativo tanto para el propio futuro como para el desarrollo de vínculos cimentados en el gasto más que en los sentimientos”.

Natassia Miller subrayó que los varones tienden a asumir riesgos financieros como si fueran parte del juego de la seducción. “Las mujeres han enfrentado históricamente una mayor vulnerabilidad económica, por eso tienden a priorizar la seguridad antes que el gasto”, argumentó.

Alex Beene pronostica que la seguridad financiera irá ganando atractivo para quienes priorizan la estabilidad económica sobre el vínculo romántico. “La presión inflacionaria incrementa el deseo de dinero sobre el de afecto en quienes buscan protección material”, apuntó el especialista.

Para la sexóloga Natassia Miller, el grave riesgo reside en la disposición a perjudicar la propia calificación crediticia en nombre del romance. “Es catastrófico desde lo financiero”, indicó. Además, situó el reto en términos educativos: “el mensaje es claro: necesitamos mejor educación financiera que aborde cómo las presiones sociales impulsan conductas de gasto destructivas, especialmente entre los hombres, quienes muchas veces no advierten cómo las expectativas tradicionales afectan su estabilidad económica futura”.

La inteligencia artificial se consolida como una herramienta crucial en la gestión de las finanzas personales. Muchas personas, incluyendo a quienes tienen conocimientos contables, optan por recurrir a chatbots de IA como ChatGPT y Gemini para organizar sus presupuestos, reducir sus deudas y mejorar sus hábitos de ahorro, debido a su inmediatez, accesibilidad y costo reducido.

Tanto usuarios jóvenes como adultos confían en estos asistentes virtuales para recibir orientación financiera, aunque los expertos aconsejan analizar cuidadosamente los consejos brindados, ya que el uso de IA implica ciertos riesgos.

Historias de cómo ChatGPT facilita el ahorro y la reducción de deudas

La tendencia a utilizar chatbots impulsados ​​por IA para gestionar presupuestos, reducir deudas o planificar compras importantes responde a varias razones. Estos asistentes virtuales ofrecen planos de acción personalizados de manera casi instantánea, su acceso es gratuito o mucho más económico que el de un asesor financiero tradicional, y resultan especialmente útiles para quienes prefieren evitar hablar de sus problemas económicos con otras personas.

Un caso que refleja este fenómeno es el de Myra Donohue, una joven de 28 años con conocimientos en contabilidad, cuya experiencia fue difundida por The New York Times.

Aunque al principio rechazó la ayuda de su padre, quien es planificador financiero, Donohue decidió tomar control total de su situación. Pese a sus conocimientos, se sintió abrumada al analizar su deuda de 5.000 dólares en tarjetas de crédito, junto con los pagos de su vehículo y otras facturas, especialmente cuando su pareja perdió su empleo.

Encontró una posible solución gracias a una publicación en Facebook que explicaba un método financiero en siete pasos centrados en la elaboración de un presupuesto basado en cero. Decidió entonces consultar a ChatGPT, solicitando un plan financiero a partir de sus cifras reales, y recibió una respuesta rápida que la ayudó a dar los primeros pasos hacia el equilibrio financiero.

Las experiencias personales con chatbots financieros suelen estar motivadas por la necesidad de respuestas inmediatas y sin juicios, así como por el deseo de optimizar los recursos propios. Según datos de una encuesta de Intuit Credit Karma, aproximadamente dos tercios de quienes probaron IA generativa la emplearon para obtener asesoramiento financiero, y el 80% observó mejoras sustanciales en su situación tras seguir las sugerencias recibidas.

La predilección por este tipo de tecnología es especialmente notoria entre jóvenes de la Generación Z y los milénials, quienes encuentran en ella una herramienta moderna y adaptada a sus expectativas.

No obstante, los riesgos asociados a la utilización de chatbots para finanzas no son menores. Aunque accesibles y eficientes, estos programas automatizados pueden incurrir en errores de juicio, ofrecer sugerencias inexactas o no considerar matices del contexto personal. Más de la mitad de los participantes en el estudio citado reconocieron que, tras seguir recomendaciones de IA, cometieron alguna equivocación en la gestión de su dinero.

A pesar de estas advertencias, la sensación de autonomía resultante impulsa a muchos usuarios a continuar utilizando estas herramientas. Donohue, por ejemplo, experimentó un incremento en su confianza para hacerse cargo de sus gastos y obligaciones, al considerarlas una vía “para retomar las riendas”, en sus propias palabras.

Las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en las finanzas personales también se evidencian en historias como la de Jennifer Allan, un caso difundido por The New York Times.

Como agente inmobiliaria residente en Delaware y madre primeriza, Allan se vio obligada a depender de sus tarjetas de crédito para cubrir gastos cotidianos como pañales y comida, acumulando una deuda de 23.000 dólares. La falta de un permiso de maternidad remunerado la llevó a buscar alternativas para mejorar su economía familiar.

Tras percatarse de la magnitud del problema, recurrió a ChatGPT. Su primera consulta fue directa: pidió orientación porque desconocía la cantidad total de sus deudas y no sabía cómo empezar a solucionarlas. El chatbot le recomendó comenzar con tareas diarias para recaudar dinero y generar ahorros.

Allan documentó su experiencia en TikTok, donde compartió los desafíos y logros de un reto de 30 días. Entre las acciones recomendadas y realizadas se cuentan la venta de una sandía con el monto de su deuda tatuado, que generó 51 dólares, la recuperación de 700 dólares de un registro estatal de propiedades no reclamadas, la donación de plasma sanguíneo, con lo que obtuvo 80 dólares, y la reutilización de alimentos almacenados, generando un ahorro cercano a 600 dólares.

Estas estrategias diarias, proporcionadas por la IA, la ayudaron a liquidar cerca de la mitad de su deuda. Además, las sugerencias incluyeron negociar con las compañías de tarjetas de crédito para intentar reducir los saldos, medida que Allan consideró cuidadosamente.

Presupuestos personalizados y organización para metas a largo plazo

El uso de la IA generativa en la economía del hogar no se limita a la reducción de deudas. Muchos usuarios emplean estas plataformas para establecer presupuestos personalizados, controlar sus gastos e implementar ahorros destinados a proyectos específicos. La funcionalidad directa y la capacidad de simulación inmediata convierten a los chatbots en asesores financieros accesibles para una amplia gama de objetivos.

Un ejemplo es el de Kathryn Aguilo, profesora de guardería en Nueva York. Buscando ahorrar para una boda con 180 invitados en Long Island, consultó a ChatGPT para recibir sugerencias de ahorro pertinentes. El chatbot recomendó reducir las salidas a comer, asignar un máximo de 40 dólares en restaurantes y eliminar la apertura de cuentas en bares. Siguió otras recomendaciones para optimizar su presupuesto, como pagar en efectivo y disminuir los gastos innecesarios.

La creatividad también formó parte del proceso: Aguilo elaboró sus propios adornos y compró zapatos de tacón utilizando un cupón, reduciendo los costos a 10 dólares. Vendió la mayoría de los elementos decorativos utilizados en la boda en Facebook Marketplace, obteniendo ingresos adicionales de 250 dólares.

Tras el éxito de la planificación y celebración de la boda, la pareja optó por continuar utilizando ChatGPT con el objetivo de organizar sus gastos y reunir el dinero necesario para el pago inicial de una vivienda. Alcanzaron la meta y lograron adquirir una casa de dos habitaciones. Los siguientes pasos consistieron en solicitar estrategias al chatbot para adelantar pagos a la hipoteca con el fin de reducir el plazo del compromiso financiero.

Riesgos y advertencias al recurrir a la inteligencia artificial en finanzas

Aunque los beneficios de la inteligencia artificial en la gestión de dinero son evidentes, el uso de estos sistemas conlleva peligros que deben tenerse presentes. Tal como advierten especialistas del sector, los chatbots tienden a responder únicamente a partir de la información proporcionada por el usuario, sin cuestionar supuestos ni solicitar contexto adicional.

Este enfoque, aunque efectivo para tareas simples y repetitivas, puede ser riesgoso al tratar temas tan delicados como las inversiones, el ahorro a largo plazo o la planificación de pagos importantes.

Los principales problemas detectados incluyen posibles filtraciones de datos personales, recomendaciones desajustadas o incluso consejos extraños. Además, los usuarios pueden caer en una especie de bucle emocional generado por la interacción constante con la máquina, lo que podría derivar en decisiones poco racionales si no se realiza una verificación apropiada con expertos humanos.

Así, expertos y plataformas recuerdan la necesidad de combinar la comodidad y eficiencia de la tecnología con el análisis crítico y la búsqueda de validación por parte de asesores cualificados cuando las acciones financieras pueden tener repercusiones graves o duraderas.

La percepción sobre el poder adquisitivo en Argentina refleja un fuerte descontento. De acuerdo con el estudio ¿Qué pasa con el salario?, elaborado por la plataforma de empleo Bumeran, el 86% de los trabajadores considera que su sueldo no alcanza para cubrir sus necesidades básicas, mientras que apenas un 14% asegura que sí lo logra. En otras palabras, solo dos de cada diez empleados está conforme con sus ingresos.

El relevamiento, realizado en agosto de 2025, incluyó a 1.854 personas trabajadoras en Argentina y analizó cómo se distribuyen los salarios, cuánto duran, el nivel de endeudamiento y la posibilidad de ahorrar.

Cómo se distribuyen los ingresos

Entre los principales gastos de los trabajadores, el 43% destina la mayor parte de su salario al alquiler, seguido por los alimentos (30%). Más atrás aparecen el pago de deudas (12%), la educación (5%), el transporte (3%), la salud (3%), otros gastos (2%), vestimenta (1%) y recreación (1%).

La encuesta también consultó cuánto dura el salario. El 26% respondió que solo les alcanza para dos semanas, mientras que un 24% afirmó que lo destina en su totalidad al pago de cuentas en cuanto cobra. El 16% señaló que llega a tres semanas; el 13% que dura menos de una semana; el 10% una semana exacta; y solo el 11% consigue extenderlo durante todo el mes.

En paralelo, el 21% de los trabajadores ayuda regularmente a familiares o personas cercanas con parte de sus ingresos, mientras que un 26% lo hace de manera ocasional. El 53% restante no destina recursos para ese fin.

El ahorro, una meta distante

La posibilidad de ahorrar aparece como uno de los puntos más críticos. El 89% de los trabajadores reconoce que no puede guardar dinero, frente a un 11% que sí lo logra.

Entre quienes consiguen reservar una parte de su sueldo, el 31% ahorra entre el 5% y el 10% de sus ingresos mensuales; el 20% entre el 15% y el 25%; el 19% menos del 5%; el 16% entre el 25% y el 45%; el 9% entre el 10% y el 15%; y apenas el 5% logra guardar entre el 45% y el 65% o más.

El destino de esos ahorros varía: el 31% los invierte en fondos de inversión, el 25% los utiliza para comprar dólares u otra moneda extranjera, el 18% compra acciones o bonos, el 12% lo mantiene en cuentas bancarias y el 7% en plazos fijos. Otro 7% lo destina a otros fines.

Las razones de la falta de ahorro están directamente vinculadas con el poder adquisitivo: el 62% de los encuestados asegura que su salario no alcanza para cubrir necesidades, un 13% prioriza el pago de cuentas, un 11% enfrenta gastos elevados, otro 11% debe afrontar deudas y un 3% responde por otras causas.

Endeudamiento y poder adquisitivo

El estudio muestra que el 72% de los argentinos tiene algún tipo de deuda, frente al 28% que está libre de obligaciones financieras.

A su vez, la percepción sobre el poder de compra también es negativa: el 58% afirma que su situación empeoró en los últimos meses, mientras que un 32% considera que se mantuvo igual y apenas un 10% dice que mejoró.

“El estudio revela que el 86% de las personas que trabajan considera que su salario no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Además, el 58% dice que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses. Estos datos abren el interrogante sobre si los ajustes salariales son realmente suficientes para acompañar el costo de vida”, señaló Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar.

Expectativas de aumento

La consulta sobre un eventual incremento salarial tuvo unanimidad: el 100% de los participantes dijo que le gustaría recibir una mejora en sus ingresos.

En cuanto al destino que tendría ese dinero adicional, el 37% lo usaría para pagar deudas, el 27% para ahorrar, el 17% para alimentación y recreación, el 16% para inversiones y el 3% en otros fines.

Adquirir una vivienda puede conllevar sorpresas económicas que no todos los compradores llegan a anticipar. Por ejemplo, hacer frente a las deudas de la comunidad generadas por el propietario anterior es una de ellas. Así lo confirma el abogado especializado en comunidades de propietarios y Propiedad Horizontal, Natalio Valenzuela, en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (nataliovalenzuelaabogado): “El nuevo propietario responde incluso con su vivienda -y especialmente con su vivienda- de las deudas con la comunidad de propietarios del año en que compra y de los tres años anteriores”, explica el letrado.

El alcance legal de las deudas comunitarias

Muchos compradores desconocen hasta qué punto la ley puede exigirles ciertas obligaciones económicas generadas antes de su llegada. “Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero no importa, lo repetiremos tantas veces como haga falta para que todo el mundo sepa”, insiste Valenzuela, subrayando la frecuencia con la que surge esta consulta en concreto. Tal y como aclara el abogado, la normativa establece que las deudas no solo afectan al patrimonio del nuevo propietario, sino que pueden recaer directamente sobre el nuevo inmueble adquirido.

En la práctica, esto significa que si el anterior dueño dejó cuotas impagadas a la comunidad, correspondientes “al año en que vende y los tres años anteriores”, el actual propietario podría ver cómo la comunidad de vecinos le reclama esos importes pendientes.

Herramientas legales para evitar sorpresas desagradables

La principal recomendación del experto consiste en prevenir antes de comprar. Valenzuela afirma con rotundidad: “Si quieres evitarte este disgusto, tienes el derecho de exigirle al anterior propietario que aporte un certificado de deuda expedido por el administrador con el visto bueno del presidente”. Este documento se convierte en la protección esencial frente a reclamaciones inesperadas.

Además del certificado de deuda, al iniciar un proceso de adquisición el comprador debe solicitar otros tres documentos para evitar complicaciones posteriores. En primer lugar, el certificado de inspección técnica del edificio resulta fundamental, sobre todo en viviendas antiguas, ya que revela el estado general y cualquier necesidad de reforma estructural importante. En muchas comunidades autónomas, este informe es de carácter obligatorio para edificios de edad avanzada.

En segundo término, es imprescindible pedir el recibo actualizado del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Con ello, ambas partes podrán acordar quién asume el desembolso correspondiente al ejercicio en curso y se evitarán reclamaciones imprevistas o pagos duplicados.

Revisar el acta de la última Junta, clave para no heredar deudas ocultas

El último paso es solicitar el acta de la última Junta de propietarios. Este documento informa si existen derrames aprobadas, gastos extraordinarios o disputas en la comunidad, dotando al futuro propietario de información relevante para prever gastos adicionales o incluso para negociar el precio final del inmueble.

En definitiva, antes de cerrar una operación de compraventa, es imprescindible exigir y revisar estos cuatro certificados. De este modo, se minimizan los riesgos y se asegura que la adquisición de una vivienda no traiga consigo deudas ajenas ni enfrentamientos indeseados con la comunidad de vecinos.

A partir de este martes 9 de septiembre de 2025, entrará en vigencia la Resolución SBS N° 00890-2025, que, como principal medida, establece que el seguro de desgravamen solo será obligatorio para créditos hipotecarios, volviéndose optativo para los demás créditos de la banca personas y MYPE.

Esto afectará a diversos productos, como las tarjetas de crédito, la cual, por el consumo que se realiza cada mes, se cobra un seguro de desgravamen por el monto que se mantiene como deuda (inclusive antes que venza el plazo para pagarlo, según el periodo de facturación de cada tarjeta).

Pero ahora, los consumidores podrán escoger si quieren seguir teniendolo su tarjeta de crédito, a la que el banco le puede cargar hasta S/20 más cada mes solo por el haber realizado consumos con ella, o optar por una sin este cobro por seguro de desgravamen, lo que significaría que, en caso de morir, el banco se cobraría las deudas del patrimonio del deudor fallecido. Tan simple como eso.

Tarjetas sin desgravamen

“El seguro de desgravamen es un seguro que existe para cubrir la eventualidad que un deudor de un crédito fallezca. Si yo tengo un credito hipotecario y lo contraigo a 30 años, obviamente quien me presta la plata tiene un riesgo de que yo me muera en el camino y se quede sin posiblidad de cobrar. Para eso nacen los seguros de desgravamen, que estan muy bien que existan para créditos hipotecarios”, señaló en el Congreso en su momento el superintendente Sergio Espinosa Chiroque.

Como se sabe, el seguro de desgravamen en tarjetas de crédito se cobra en un porcentaje del monto que adeude el usuarios. Es decir, por el monto usado en la línea de crédito y que se mantenga ahí sin pago hasta el final del periodo de facturación.

“El objetivo principal es brindar mayor flexibilidad al usuario en la contratación del seguro y fomentar decisiones financieras más informadas”, resalta Pacífico Seguros. Por su lado, la SBS confía en que la medida dará a los usuarios la posibilidad de ejercer su derecho a elegir.

¿Y si fallezco, quién paga la deuda?

Según Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, se “viene afirmando que, en el caso de tomar un préstamo sin el seguro de desgravamen, los familiares del deudor deberán asumir la deuda si este fallece”.

¿Qué tan cierta es esta afirmación? El mismo experto lo aclara: “Si una persona fallece y no ha tomado un seguro de desgravamen u otro seguro de vida que proteja el crédito, las entidades financieras podrían internar cobrar de distintas formas”. Así, entre ellas señala las siguientes:

• En primer lugar, si la persona estaba casada bajo el régimen de sociedad de gananciales (“bienes mancomunados”) y tomó la deuda ya estando casado, la entidad financiera podrá exigir el pago del dinero al cónyuge
• Ahora bien, si la persona no estuvo casada bajo la modalidad mencionada o tomó la deuda estando soltera, la institución financiera podría utilizar los bienes que el fallecido dejó como herencia a su familia para cobrarse la deuda, pero hasta el límite del valor de la herencia (no podrá sobrepasar la “masa hereditaria”)
• En un tercer escenario, si no hay cónyuge ni hay herencia, la entidad financiera NO TENDRÁ FORMA DE COBRARSE LA DEUDA DEL FALLECIDO, ya que no podría ir contra los familiares ni el patrimonio personal de ellos. En este caso, “la deuda muere con el deudor”.

Es así que, si bien hay escenarios donde el familiar podría asumir la obligación de pagar la deuda de un fallecido, no se aplica en todos los casos, y no se podría tocar el patrimonio personal del familiar.