La creciente morosidad también se refleja en la cantidad de personas cuyas deudas son derivadas a empresas especializadas en recuperarlas. En julio, 882.173 deudores tenían compromisos que habían sido transferidos a casas de cobranza. Se trata de un universo que viene aumentando con fuerza desde mediados de 2025, en línea con el deterioro de la capacidad de pago.

Así surge de un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) en base al BCRA, que resalta que las casas de cobranza son entidades que adquieren deudas difíciles de recuperar de bancos y otras compañías a una fracción de su valor original. El objetivo es luego recuperar esos créditos directamente de los deudores y obtener una rentabilidad a partir de la diferencia entre el precio de compra y el monto que finalmente logran cobrar.

En total, son 11 entidades acreedoras —entre estudios de cobranza, fondos de inversión y fideicomisos— las que concentran este tipo de cartera. Según los datos, representan el 9,6% de las líneas de crédito morosas, aunque explican apenas el 3,6% del monto total en mora.

A su vez, alcanzan al 15% del total de deudores morosos, que pueden mantener además compromisos con otras entidades.

“Estas agencias suelen apelar a la presión y al hostigamiento (penado por ley) para forzar el cobro y rentabilizar la operación”, señaló el IAG. De hecho, en la provincia de Buenos Aires se abrió una investigación contra varias billeteras virtuales, dado que se recibieron 2.240 denuncias en seis meses por acoso, falta de información clara sobre créditos y ausencia de mecanismos de desistimiento.

Esto se da en un contexto en el que, según la consultora 1816, los préstamos a familias con incumplimientos de más de 90 días alcanzaron el 12,94% en julio.

Durante el último año, resaltó el IAG, la cantidad de deudores sin atrasos se redujo en 887.010 personas, mientras que también cayó el número de quienes registraban atrasos de hasta seis meses. En cambio, los deudores con atrasos de entre seis meses y un año aumentaron en 536.899 y los que acumulan más de un año de atraso crecieron en 1.298.950.

En términos porcentuales, el grupo con más de un año de atraso aumentó 60% interanual, mientras que el correspondiente a deudas con entre seis meses y un año avanzó 63%. De esta manera, el universo de personas con al menos una deuda en las situaciones más graves de mora —tres, cuatro o cinco— sumó 1,7 millones de deudores adicionales.

Por otra parte, el IAG destacó que la mitad de los deudores considerados “irrecuperables” adeuda $77.900 o menos al sumar todas sus obligaciones.

El monto mediano adeudado varía según la situación de pago. Para quienes no presentan atrasos es de $128.000, mientras que asciende a $220.700 entre quienes tienen entre uno y tres meses de mora y a $203.000 entre los que acumulan entre tres y seis meses. En los casos de seis meses a un año alcanza $193.500, pero cae a $77.900 entre quienes llevan más de un año de atraso.

Aunque se trata de montos muy bajos, la mediana adeudada solo aumentó entre quienes atraviesan las peores situaciones de pago. En el último año, la deuda mediana de los deudores en situación 5 creció un 80% en términos reales, mientras que la correspondiente a los deudores en situación 4 aumentó un 35%. En el resto de las categorías, en cambio, la mediana adeudada cayó en términos reales.

Los jóvenes, entre los que más dificultades tienen para pagar

La morosidad también presenta diferencias importantes según la edad. En julio, el 38,1% de los deudores de entre 15 y 29 años tenía al menos una deuda en mora, frente al 31,73% entre quienes tienen entre 30 y 44 años y al 23,05% en el grupo de 45 a 59 años.

La proporción baja al 16,77% entre las personas de 60 a 74 años y al 14,47% entre quienes tienen 75 años o más.

Sin embargo, durante el último año la cantidad de deudores morosos aumentó en todos los grupos etarios. Entre los jóvenes de 15 a 29 años creció 46,9%; en el segmento de 30 a 44 años, 43,1%; entre 45 y 59 años, 46,9%; y entre 60 y 74 años, 44%. Incluso entre los mayores de 75 años se registró un incremento de 28,9%.

En un contexto de mora en niveles récord, el Banco Nación anunció un ajuste en sus esquemas de refinanciación con el objetivo de acompañar a los clientes que quedaron atrasados en sus obligaciones.

La entidad informó una “mejora sustancial en las condiciones de refinanciación destinadas a clientes con deudas clasificadas en Situación 3 o superior”, es decir, aquellos con un nivel de atraso más comprometido según la calificación del Banco Central. El objetivo, según explicó el banco, es facilitar la regularización de las obligaciones pendientes y ofrecer alternativas acordes a la capacidad de pago de cada cliente.

Las nuevas condiciones contemplan dos esquemas diferenciados según la moneda de refinanciación. El primero está pensado para deudas originadas en préstamos personales y tarjetas de crédito, y permite refinanciar en UVA con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 7,5% y plazos de hasta 120 meses. Se trata de una reducción considerable respecto de las tasas habituales para este tipo de operaciones, sostenida en un esquema de actualización por inflación que busca compensar la baja del costo financiero nominal.

El segundo esquema ofrece refinanciación en pesos, con una TNA del 25% para aquellos clientes que abonen sus cuotas en término, y con plazos de hasta 96 meses. En ambos casos, la extensión de los plazos apunta a lograr una cuota más accesible y una mejor adecuación de los compromisos financieros a la situación económica de cada cliente.

Desde el Banco Nación remarcaron que estas condiciones “representan una reducción significativa del costo financiero y permiten extender los plazos de cancelación, favoreciendo una cuota más accesible y una mejor adecuación de los compromisos a la situación económica de cada cliente”, según indicó la entidad.

Los objetivos detrás de la medida

A través de esta iniciativa, el banco busca profundizar su política de acompañamiento a quienes atraviesan dificultades financieras. “De esta manera, el banco reafirma su compromiso de brindar soluciones que contribuyan a la inclusión financiera y a la recuperación de la capacidad crediticia de sus clientes”, señaló la entidad en su comunicado.

La medida se da en un contexto de morosidad récord a nivel de las familias, un fenómeno que se viene registrando desde hace meses sin mostrar señales claras de normalización. En concreto, la morosidad sobre los préstamos personales alcanzó el 16,4% en junio, mientras que las dudas con tarjeta de crédito alcanzaron una tasa de morosidad de 12,6 por ciento.

Dentro de ese cuadro, las categorías de riesgo que utiliza el sistema financiero para clasificar a los deudores resultan clave para entender el alcance de este tipo de programas: la Situación 2 corresponde a atrasos de entre 60 y 90 días, mientras que la Situación 3 agrupa a quienes acumulan entre 90 y 180 días de mora. Se trata, en ambos casos, de clientes que superaron el incumplimiento ocasional y que requieren de un esquema de refinanciación para evitar que la deuda continúe deteriorándose.

Ese mismo diagnóstico llevó a otras entidades del sistema financiero a lanzar programas similares en las últimas semanas, en algunos casos enmarcados en normativas específicas y con alcance geográfico acotado. La búsqueda de reducir el costo financiero y extender los plazos de devolución se convirtió en una de las principales herramientas para intentar descomprimir la situación de los hogares endeudados.

En ese sentido, la reducción de tasas y la extensión de plazos que impulsó el Banco Nación se suma a otras iniciativas del sistema financiero orientadas al mismo objetivo, aunque con condiciones y alcances propios de cada entidad.

Reducción de tasas

Como antecedente, el BNA ya había reducido del 35% al 29% la tasa nominal anual para refinanciar saldos de tarjetas de crédito con atrasos de entre uno y 85 días. La medida rige desde este lunes y alcanza operaciones de hasta $30 millones, con plazos de 24 a 60 meses.

Según informó la entidad, una refinanciación de $10 millones a 60 meses pasaría de una cuota estimada de $354.900 a $317.400. La diferencia sería de $37.500 mensuales y de $2,25 millones en términos nominales durante todo el período.

El anuncio se produjo en un escenario de mora elevada. Durante 2026, el Banco Nación refinanció 109.507 operaciones correspondientes a 95.626 usuarios, por un total de $503,3 mil millones.

La entidad dispone, además, de otras alternativas para clientes con compromisos dentro y fuera del banco. Entre ellas, figuran planes para consolidar deudas propias a tasa fija en pesos o en UVA; opciones para reunir obligaciones del BNA y de otras entidades bajo financiación UVA; y mecanismos de cancelación o reprogramación para deudas personales y comerciales en mora, con plazos de hasta 120 meses.

Hace varias semanas que el crecimiento de la mora en los pagos de préstamos y créditos viene ganando la atención de la calle, los medios y la política. Las billeteras virtuales y los bancos registran números crecientes de deudores, si bien con montos no tan altos, y el tema ya ocupó un lugar central de la opinión y el debate públicos.

Si nos centramos en las personas que padecen esta situación, hay que advertir que cuando las cuentas no cierran, el primer impacto no siempre aparece en el bolsillo, sino muchas veces en la cabeza. Se pasa de pensar “debo determinada cantidad de dinero” a decirse “estoy arruinado”, “soy un fracaso” o “no voy a poder salir de esta”. Y cuando el problema deja de ser algo que tenemos para convertirse en algo que creemos que somos, la situación se agrava.

Frente a una deuda o a un vencimiento que sabemos que no podremos afrontar, la mente puede entrar en estado de amenaza. Aparecen en ese caso la preocupación permanente, el mal descanso, el no mirar las cuentas o las decisiones tomadas desde la urgencia. La paradoja reside en que justamente en ese momento necesitamos nuestra mejor capacidad para pensar.

Por eso conviene separar tres cuestiones: qué está pasando, qué estoy interpretando y qué puedo hacer hoy. “Debo X, vence tal día y hoy tengo Y”, permite pensar. Es un trayecto a recorrer. Sin embargo, concluir que “Mi vida es un desastre”, no. Los números pueden ser difíciles, pero cuanto más concreta sea la descripción del problema, más posibilidades aparecen.

Llegar a tiempo

Existe una conducta frecuente frente a los problemas económicos. Consiste en evitar aquello que tememos ver confirmado. Por ejemplo, no abrir el resumen de la tarjeta, no revisar los números de la empresa o postergar una conversación puede generar un alivio momentáneo. Pero ese alivio tiene un costo evidente y es que mientras menos miramos, menos margen tenemos para actuar.

Al acercarse el vencimiento se da una situación complicada. Cuanto más necesitamos una solución, más nos obsesionamos y pensamos apurados y nerviosos. Y esa presión puede hacer más difícil verla. Si toda nuestra atención está puesta en “no llego, no llego, no llego”, la mente queda girando alrededor de la ausencia de una salida.

Por eso, después de mirar la realidad de frente, hay que ampliar el foco. ¿Qué puedo renegociar? ¿A quién puedo llamar? ¿Qué gasto puedo suspender? ¿Qué ingreso puedo generar? ¿Qué recurso todavía no estoy viendo? ¿Quién puede ayudarme? Las preguntas dirigen la atención y pueden abrir alternativas que la preocupación había dejado fuera.

Algo similar ocurre con los emprendedores. Un negocio puede fracasar, una inversión puede salir mal o una estrategia puede ser equivocada. Todo eso es información. El problema aparece cuando “esto salió mal” se transforma en “yo soy malo para esto”. El fracaso es un evento, no una identidad que nos marca para siempre.

La pregunta útil, por lo tanto, no es qué demuestra ese resultado sobre mí, sino qué me está enseñando. ¿Qué sé ahora que antes no sabía? Perder dinero puede ser una experiencia costosa, pero si además de la pérdida económica nos quita la confianza para volver a actuar, la pagamos dos veces.

Cómo estar finos para decidir

La capacidad de pensar no depende solamente de lo que ocurre en nuestra cabeza. El cuerpo también participa. Si llevamos cinco horas frente a un Excel que no cierra, probablemente en la sexta no aparezca la idea brillante. Caminar, entrenar, respirar más lentamente, dormir o hablar con alguien que pueda aportar otra perspectiva son formas concretas de cambiar de estado.

Alejarse un rato de un problema no siempre significa evitarlo. A veces es la forma de volver con un cerebro capaz de resolverlo, o por lo menos de abordarlo desde una perspectiva diferente. No se trata de apuntar al pensamiento mágico, sino de recuperar recursos para tomar mejores decisiones.

La morosidad tampoco puede explicarse solamente desde lo psicológico. Pérdida de empleo, caída de ingresos, enfermedad o imprevistos pueden llevar a una persona responsable a endeudarse. Pero también es cierto que nuestro cerebro puede justificar hoy lo que tendrá que pagar nuestro yo del futuro: “después veo”, “el mes que viene voy a ganar más”, “seguro aparece algo”. El placer es presente y el costo, futuro.

Cuando la salida no está a la vista, un ABC sencillo puede ayudar: primero, hechos; después, estado; luego, opciones, generando varias alternativas; y finalmente, acción.

Aceptar la realidad no es resignarse, ni mucho menos. Es dejar de gastar energía discutiendo mentalmente con algo que ya está sucediendo y usarla para preguntarnos qué podemos hacer con eso. Una crisis económica puede revelar creencias y hábitos que necesitamos revisar.

En síntesis, frente a una deuda, un vencimiento o un negocio que no funciona, la pregunta no es solamente cómo vamos a resolverlo. También debemos definir quién elegimos ser mientras lo resolvemos. El resultado final no siempre está bajo nuestro control; la respuesta, en cambio, sí puede empezar a estarlo.

Si te has preguntado ¿Qué pasa si un acreditado de Infonavit deja de pagar su crédito? es importante saber que el instituto inicia primero procedimientos de cobranza administrativa y solo tras un incumplimiento prolongado —generalmente superior a doce meses sin acuerdo posible— puede iniciar un juicio especial de adjudicación ante juzgados civiles, con base en el artículo 49 de la Ley del Infonavit. El proceso no es automático ni inmediato.

Pese a que la cartera vencida bajó 5,669 millones de pesos frente a marzo, el propio instituto reconoce que la reducción no responde a un mayor cumplimiento de pago, sino a la condonación de adeudos, la disminución del saldo o la rebaja en la tasa de interés aplicadas a través de sus programas de apoyo.

Magnitud de la morosidad en el instituto

La cartera vencida del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) llegó a 404,511 millones de pesos al cierre de junio de 2026, de acuerdo con información obtenida mediante solicitudes de transparencia y los estados financieros del instituto. La cifra equivale al 21.07% de su saldo total de crédito, frente al 21.21% reportado tres meses antes.

El monto duplica la morosidad de toda la banca comercial mexicana, que registra 193,161 millones de pesos en cartera vencida —un índice de 2.3%—, según el informe de agosto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El número de créditos en mora pasó de 907,850 casos en marzo de este año a 970,155 al cierre de junio, un incremento de 62,305 expedientes. Se trata de cuentas que fueron reestructuradas pero que volvieron a caer en impago, lo que refleja que la baja en el monto total de la deuda convive con un aumento en la cantidad de acreditados afectados.

El programa Infonavit Solución Integral y otros esquemas del instituto

Entre 2025 y 2026, el programa Infonavit Solución Integral reestructuró a la baja 4,436,481 créditos, por un monto de 313,879.6 millones de pesos. Este esquema, vigente desde el 31 de diciembre de 2025, está dirigido a quienes contrataron un crédito hipotecario antes de mayo de 2021, cuando los financiamientos se denominaban en Veces Salario Mínimo (VSM) o Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La bolsa de apoyos se distribuye así:

42,291 millones de pesos condonados tras la cancelación de 242,395 créditos.

157,741 millones de pesos en descuentos directos al saldo final, aplicados a 1,088,000 acreditados.

113,847 millones de pesos derivados de la reducción en tasas de interés para 3,106,000 deudores.

Solución Integral convierte el saldo de VSM o UMA a pesos, a tasa fija, con descuento sobre el capital y reducción de la cuota mensual. El programa es gratuito y no exige trámite: si el acreditado califica, el sistema muestra un aviso en la sección “Mi Crédito” de la plataforma Mi Cuenta Infonavit.

El esquema no aplica en los siguientes casos:

Créditos contratados después de mayo de 2021 (ya están en pesos a tasa fija).

Créditos en proceso de adjudicación o ya cancelados.

Créditos coparticipados, bursatilizados o fideicomitidos.

Etapas del proceso ante el impago

De acuerdo con el marco legal del instituto, el camino hacia una eventual pérdida de la vivienda atraviesa fases diferenciadas:

Primeros meses de atraso (1 a 3 meses):

Llamadas telefónicas de recordatorio.

Mensajes de texto y correos con notificaciones de pago.

Cartas de requerimiento al domicilio.

Registro negativo en el Buró de Crédito.

Atraso prolongado (4 a 12 meses):

Visitas domiciliarias de gestores de cobranza.

Notificaciones formales sobre posibles acciones legales.

Ofrecimiento de programas de reestructura o prórroga.

Actualización constante en Buró de Crédito.

Procedimiento judicial (después de 12 meses o más):

Demanda de adjudicación presentada por Infonavit.

Emplazamiento al deudor.

Período para contestar la demanda.

Audiencia de pruebas y alegatos.

Sentencia judicial y, de proceder, ejecución con desalojo.

El juicio de adjudicación es un procedimiento sumario: no requiere remate, ya que el instituto puede adjudicarse directamente el inmueble. Se fundamenta en los artículos 41 al 51 de la Ley del Infonavit.

Derechos del acreditado y postura del instituto sobre desalojos

Durante el proceso judicial, el acreditado conserva derechos que puede ejercer:

Ser notificado de todas las actuaciones judiciales.

Contestar la demanda y presentar pruebas.

Ofrecer el pago total del adeudo antes de la sentencia definitiva.

Recibir asesoría legal gratuita a través de la Defensoría Pública.

El 16 de junio de 2025, la dirección del Infonavit informó la existencia de 843,000 viviendas adquiridas sin cubrir su pago, de las cuales 145,000 se encuentran habitadas o invadidas. El instituto precisó entonces que no se ejecutarán lanzamientos ni desalojos.

Aunque el instituto tiene capacidad legal para embargar una propiedad, su política es evitar los desalojos. Mientras el acreditado realice pagos parciales o mantenga contacto con Infonavit, el embargo resulta altamente improbable.

Qué hacer si se acumulan atrasos en el pago

El instituto ofrece varios canales oficiales y gratuitos para quienes enfrentan dificultades de pago. Entre las opciones disponibles:

Prórroga por desempleo:

Aplica de forma automática si el acreditado dejó de cotizar y tiene meses disponibles.

Desde la reforma de abril de 2025, no genera intereses durante su vigencia.

Es acumulable hasta por 24 meses durante la vida del crédito.

Se solicita a través de Mi Cuenta Infonavit o llamando a Infonatel al 800 008 3900.

Nivela tu Pago:

Ofrece un descuento de entre 25% y 75% en la mensualidad durante 12 meses.

Requiere haber pagado al menos 12 mensualidades completas desde el inicio del crédito.

No debe haber más de 12 mensualidades pendientes de pago.

Se solicita en Mi Cuenta Infonavit, en la app móvil o en un Centro de Servicio Infonavit (Cesi).

Borrón y Cuenta Nueva por Convenio Privado:

Aplica si el crédito no se encuentra en proceso jurídico por falta de pago.

Exige no contar con otra reestructura vigente.

El crédito debe liquidarse en el plazo acordado en el contrato inicial.

Puede solicitarse hasta dos veces al año.

Documentación general requerida en trámites presenciales:

Número de crédito o Número de Seguridad Social (NSS).

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses.

La recomendación central para quienes enfrentan atrasos es no dejar acumular meses sin avisar al instituto. Los trámites de prórroga y reestructura son gratuitos, y cualquier gestor externo que cobre por “arreglar” o “condonar” una deuda con Infonavit constituye una señal de alerta ante posibles fraudes.

El fuerte crecimiento de los problemas para cumplir con las deudas se convirtió en uno de los datos más sensibles de la economía de las familias argentinas. La proporción de personas con compromisos impagos se duplicó entre octubre de 2024 y junio de 2026 y abrió una discusión sobre las razones detrás del fenómeno. Sin embargo, un nuevo análisis basado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec muestra un dato que permite mirar el problema desde otra perspectiva: la cantidad de familias que recurre a alguna forma de financiamiento prácticamente no cambió durante la última década.

El informe de Fundación Encuentro, elaborado sobre la base de la EPH-Indec, indicó que el 58,7% de los hogares urbanos recurrió a alguna forma de financiamiento durante el primer trimestre de 2026. Es decir, casi seis de cada diez personas utilizaron cuotas, fiado, préstamos de familiares o amigos, bancos, financieras o una combinación de esas alternativas para sostener sus gastos.

El dato requiere una aclaración metodológica. Si bien el informe lleva por título “Endeudamiento en los hogares”, la EPH no funciona como un registro de personas endeudadas, como sí ocurre con la Central de Deudores del Banco Central. Por ese motivo, el estudio utiliza específicamente el concepto de financiamiento: la encuesta permite identificar a quienes declaran que recurrieron a determinadas estrategias para afrontar sus gastos, pero no establece si eso derivó en una deuda, cuánto dinero involucró, si la obligación se pagó o cuál fue el destino del crédito.

Más allá de esa distinción, la comparación histórica aporta uno de los principales datos del trabajo. El 58,7% registrado en 2026 no representa un récord ni un salto reciente. Desde 2016, el porcentaje se mantuvo relativamente estable, alrededor del 59%. Incluso, el máximo de la serie se registró en el cuarto trimestre de 2019, cuando llegó al 61,6%. Los valores observados durante 2024 y 2025, cercanos también al 59%, se ubicaron dentro del rango habitual de la última década.

La situación resulta diferente cuando se observa la morosidad. Según la información citada en el informe sobre la base de la Central de Deudores del BCRA, la proporción de deudores en mora pasó del 13,6% hasta octubre de 2024 al 27,8% en junio de 2026. Si se considera el monto de dinero en situación irregular, la morosidad de las familias alcanza el 15,5% del total adeudado, frente al 5,2% de Brasil y el 3% de Chile.

Así aparecen dos fenómenos diferentes. Por un lado, la proporción de familias que utiliza algún mecanismo para financiar sus gastos permanece relativamente estable. Por otro, crecieron fuertemente las dificultades para afrontar los compromisos. El informe también señala que la deuda de los hogares argentinos representaba en 2024 apenas 4,7% del PBI, según la base Global Debt Database del Fondo Monetario Internacional, un nivel bajo en la comparación internacional.

Cuotas y fiado, las principales herramientas

La EPH permite además conocer de qué manera se financian las familias. Las preguntas utilizadas en el estudio consultan si, durante los tres meses anteriores al relevamiento, los integrantes vivieron de pedir préstamos a familiares o amigos, solicitar dinero a bancos, financieras u otras instituciones o comprar en cuotas o al fiado con tarjeta de crédito o libreta.

Durante el primer trimestre de 2026, el 41,3% no declaró recurrir a ninguna de esas estrategias. En el otro extremo, el 33,7% utilizó exclusivamente cuotas o fiado, mientras que el 17,5% combinó distintas modalidades. Otro 4,9% recurrió solamente a familiares o amigos y apenas un 2,7% lo hizo exclusivamente a bancos o financieras.

De esta forma, el mecanismo individual con mayor incidencia no aparece vinculado directamente con la solicitud de un préstamo bancario, sino con el financiamiento del consumo. Sin embargo, el propio trabajo advierte sobre una limitación: la EPH reúne dentro de una misma categoría las compras en cuotas o al fiado con tarjeta de crédito o libreta y no permite diferenciar los distintos tipos de tarjetas. Por eso, ese 33,7% no puede interpretarse directamente como familias que utilizan crédito bancario.

Uno de los resultados más llamativos aparece al ordenar a los hogares de acuerdo con sus ingresos. Los sectores de mayores ingresos son los que más recurren al financiamiento. El decil 9 encabeza la medición, con el 72,5%; le sigue el decil 8, con el 67%, y luego el decil 10, con el 66,1%. En conjunto, aproximadamente siete de cada diez familias ubicadas en los deciles 8, 9 y 10 utilizan alguna de las modalidades relevadas.

Entre los sectores de menores recursos, la incidencia también resulta elevada, aunque se ubica por debajo de los segmentos superiores. El 50,2% de los hogares del decil 1 recurre al financiamiento, el porcentaje sube al 60,8% en el decil 2 y se sitúa en 56,3% en el decil 3. En conjunto, seis de cada diez hogares pertenecientes a los tres deciles de menores ingresos se financian.

Los sectores intermedios presentan niveles más parejos. El porcentaje alcanza al 55,9% en el decil 4, al 59,8% en el 5, al 58,7% en el 6 y al 59,6% en el 7. Así, el financiamiento aparece extendido a lo largo de toda la escala de ingresos, aunque registra sus mayores niveles entre los sectores ubicados en la parte alta de la distribución.

El informe relaciona ese resultado con los instrumentos utilizados. La principal modalidad que releva la EPH incluye las compras en cuotas o al fiado con tarjeta de crédito o libreta. El acceso y el uso de tarjetas se asocian fuertemente con la inserción en el empleo formal y, por esa vía, con mayores ingresos. Los sectores medios y altos cuentan, en general, con más posibilidades de utilizar estos instrumentos. Por eso, una mayor utilización entre los deciles superiores no significa necesariamente una mayor necesidad económica de endeudarse, sino que también refleja diferencias de acceso y disponibilidad.

Los hogares con hijos recurren más al financiamiento

La composición familiar marca otra diferencia importante. Entre los hogares con niños convivientes, el 62,8% recurre a alguna modalidad, mientras que entre aquellos sin chicos el porcentaje baja al 52,7%. Además, el 54,4% del total de familias que utiliza estas estrategias tiene niños convivientes.

Al desagregar todavía más la composición, las parejas con hijos presentan el porcentaje más alto, con 64,4%, seguidas por los hogares monomarentales, con 61,4%. Entre las parejas sin chicos convivientes, la proporción alcanza el 56,2%, mientras que los hogares monoparentales con jefe varón registran un 55,2%. El porcentaje más bajo corresponde a quienes no tienen pareja ni niños convivientes, con 50,8%.

El estudio vincula esta diferencia con las necesidades asociadas a la crianza. Alimentación, vestimenta, educación, salud y otros gastos relacionados con los hijos forman parte de las erogaciones que pueden aumentar la frecuencia con la que las familias recurren a distintas alternativas para sostener sus consumos cotidianos.

La inserción laboral también introduce diferencias significativas. Entre los ocupados, el acceso al financiamiento alcanza el 63,6%, frente al 48,8% de los inactivos y apenas el 5,3% de los desocupados. Según el trabajo, estos últimos recurren a estas estrategias al menos 12 veces menos que los ocupados y casi diez veces menos que los inactivos, quienes en general cuentan con ingresos provenientes de jubilaciones.

La brecha también resulta marcada cuando se observa la formalidad del empleo. El 71,1% de los hogares cuyo jefe o jefa es asalariado formal recurre a alguna modalidad de financiamiento, mientras que entre aquellos encabezados por asalariados informales la proporción cae al 55,8%. La distancia alcanza los 15,3 puntos porcentuales.

En qué regiones se recurre más al financiamiento

La radiografía cambia también según el lugar del país. El Noroeste registra la mayor proporción, con 68,2% de los hogares, seguido por la Patagonia, con 64,9%, y Cuyo, con 62,2%. La región Pampeana alcanza el 60,8%, mientras que el Gran Buenos Aires se ubica en 56,1%.

En el otro extremo aparece el Noreste, donde el 50,5% de las familias utiliza alguno de los mecanismos considerados. Entre el NOA y el NEA, las dos puntas de la medición, existe una diferencia de casi 18 puntos porcentuales. El estudio advierte que esa heterogeneidad territorial no puede explicarse exclusivamente por el nivel de ingresos.

Entre las hipótesis que plantea para interpretar las diferencias regionales aparecen la estructura del mercado laboral, el acceso efectivo a instrumentos financieros y la composición de los hogares. También menciona los niveles y la composición de los ingresos, el grado de inclusión financiera, las características de los mercados comerciales locales y la extensión de las compras en cuotas y al fiado.

En el caso del NEA, el trabajo menciona la importante presencia del empleo estatal y señala que una mayor estabilidad en los ingresos de una parte de las familias no necesariamente implica una mayor utilización de las modalidades de financiamiento que capta la EPH. También intervienen qué instrumentos están disponibles, cuáles se utilizan efectivamente y cuáles son las pautas predominantes de consumo. El informe aclara que esas hipótesis requieren cruces adicionales de la encuesta para profundizar el análisis de las diferencias regionales.

La morosidad llegó a niveles récord durante este año y si bien el Gobierno asegura que “no representa ningún riesgo sistémico”, sigue siendo un tema de debate entre los especialistas. Un análisis privado explicó casi la mitad de los morosos lleva más de un año en esa situación y entre los deudores que regularizan su situación, cerca de uno de cada dos vuelve a incumplir sus pagos antes de que transcurran los doce meses.

Según el estudio de la consultora Econviews, el punto de partida es la magnitud del problema. “La mora del crédito bancario pasó de menos de 2% a casi 8% en dos años, y la del crédito no bancario superó el 30%”, señaló Econviews. Detrás de esos porcentajes hay, según la consultora, “casi 6 millones de personas en mora”, lo que equivale a uno de cada cuatro deudores del país con atrasos graves.

La mora de las familias llegó a 12,8%, mientras que la de las empresas se ubicó en 3,5 por ciento. “El problema es sobre todo de los hogares”, planteó la firma de análisis económico, que dividió a los deudores por tipo de acreedor y por perfil socioeconómico para explicar por qué la situación se volvió tan persistente.

Una mora que no es pasajera

El dato que atraviesa todo el informe, tiene que ver con la duración de los atrasos. “Casi la mitad de los morosos lleva más de un año en esa situación, y de los que logran ponerse al día, casi la mitad vuelve a caer dentro del año”, indicó Econviews. “No es un atraso pasajero”, agregó la consultora.

Para la consultora, la explicación de esa persistencia hay que buscarla en el origen del problema. “La mayoría de los morosos no son nuevos. La mitad ya tenía crédito y estaba al día hace dos años”, detalló la consultora, que agregó que ese grupo concentra el 84,4% del saldo irregular. En cambio, “otro 25,6% no tenía deuda, pero aporta apenas el 9,9% de los pesos”. La conclusión de la consultora es contundente: “El problema no fue de nuevos deudores, sino qué le pasó al que ya tenía”.

Ese deterioro, además, no aparece de un día para el otro sino que fue acumulativo. “En los meses antes de dejar de pagar, el moroso promedio aumentó su deuda, sumó acreedores y pidió más plata al sector no bancario”, describió Econviews.

Las diferencias por edad y por región

El análisis también distingue el comportamiento por franja etaria. “Los jóvenes entran en mora 3,6 veces más rápido que los mayores de 65”, sostuvo la consultora, que agregó que, cuando caen, lo hacen de manera más completa: “el 82% de los morosos menores de 25 tiene todas sus deudas atrasadas, contra 46% de los más grandes”.

Sin embargo, ese grupo no es el que más pesa en términos monetarios. “Su deuda mediana es de $280 mil, contra más de $1,5 millones desde los 35 años”, explicó Econviews. “Son muchas personas con montos chicos. El grueso de los pesos en mora está en las edades intermedias”, concluyeron los expertos.

De acuerdo al relevamiento, el rango etario con el nivel de deuda más alto es el de 45 a 54 años, que tiene una deuda mediana de 1.841.000 pesos. Le siguen los deudores de entre 55 y 64 años, con $1.775.000 de pasivo.

El rol del crédito no bancario y las fintech

Otro punto para evaluar es la relación entre el dinero prestado y la cantidad de personas endeudadas. “El dinero y las personas no están en el mismo lado. El crédito no bancario es menos del 10% del financiamiento, pero explica más de un cuarto de los pesos en mora y tiene más personas en mora que los bancos”, indicó la consultora. La razón, agregaron los especialistas, es que este segmento “presta a mucha gente, montos chicos”.

Dentro de ese universo, las fintech ocupan un lugar particular. “Las fintech aparecen mucho entre los nuevos morosos, sí, pero porque financian a muchísima gente. Su mora por persona es más baja que la del resto del crédito no bancario y su tasa de entrada en mora es equivalente a la de bancos privados”, precisó el análisis.

El crédito no bancario, además, está concentrado en pocos actores. “Tarjeta Naranja y Mercado Libre son más de la mitad del mercado y las dos tienen mora por debajo del promedio. En cambio, la mora más alta está en proveedores chicos de consumo y electrodomésticos”, agregó el informe.

Dónde se concentra la morosidad

Geográficamente, la consultora ubicó a Buenos Aires como el distrito más golpeado en términos de personas, con 15% de mora, mientras que “arriba quedan distritos chicos y mejor, el campo y CABA”. El análisis vinculó esa disparidad con la dinámica general de la actividad: “En línea con la economía a dos velocidades”, explicaron.

Un mapa elaborado en base a datos del Cendeu y el padrón de ARCA permite dimensionar esa brecha. En el crédito bancario, la morosidad de las personas humanas por provincia se mueve en un rango de entre 6,2% y 17,8% del saldo, con Buenos Aires entre los valores más altos, en 15,2%, y CABA entre los más bajos, con 8,7 por ciento.

La diferencia se agranda todavía más en el crédito no bancario, donde ninguna provincia baja del 21% de mora sobre el saldo. Buenos Aires vuelve a ubicarse entre las peores posiciones, con 33,9 por ciento, mientras que en CABA la mora trepa a 23%, muy por debajo del resto de las jurisdicciones más golpeadas, aunque igualmente alta si se la compara con los niveles del crédito bancario.

Las tres causas detrás de la suba

La consultora explicó el fenómeno a partir de tres factores. El primero es la velocidad con la que creció el crédito: “Pasó de 4,1% a 8,4% del PIB entre 2024 y 2026, y el stock real se multiplicó por dos y media. Empresas y familias que venían con acceso limitado al crédito se endeudaron en poco tiempo”.

El segundo factor es la desinflación. “Entre 2021/23 la inflación creciente licuaba casi por completo las cuotas y el crédito costaba poco”, explicó Econviews. “Mucha gente se endeudó esperando que se repitiera. Pero la inflación bajó rápido y el costo real de los préstamos nuevos pasó a estar entre 40% y 55%”, agregó.

El tercer elemento es la caída en la capacidad de pago. “El ingreso disponible, lo que queda después de los gastos fijos, cayó más de 20% desde 2023 y la carga financiera de las familias subió de 9,1% a 24,1% de la masa salarial”, detalló la consultora.

Por último, Econviews ubicó al salto de tasas registrado en torno a las elecciones de 2025 como un acelerador, no como el origen del problema. “El shock de tasas de las elecciones de 2025 no originó la mora, pero la aceleró”, sostuvo la consultora. “Encontró a las familias con más cuotas y menos ingreso, y a las empresas teniendo que renovar deuda de corto plazo a tasas mucho más altas”, indicaron los analistas.

“Se compraron televisores para ver el Mundial y después veían si pagaban o no“, dijo recientemente el presidente Javier Milei en relación a los niveles récord de morosidad. Mientras tanto, casi 5 de cada 10 hogares que sufrían estrés económico —es decir, cuyos ingresos no eran suficientes para cubrir las necesidades básicas— debieron pedir dinero prestado el año pasado.

Así surge de un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, que busca identificar la vulnerabilidad previa a la mora y abarca fuentes de financiamiento que no siempre quedan reflejadas en las estadísticas bancarias.

La expansión del crédito de 2024 y 2025 coincidió con el inicio de un proceso de caída del poder adquisitivo y el empleo, al tiempo que los gastos empezaron a ejercer una mayor presión sobre el bolsillo, de la mano de la quita de subsidios a las tarifas. La suba de tasas, derivada en gran medida del endurecimiento de la política monetaria por parte del Gobierno para frenar la volatilidad cambiaria y contener la inflación en la previa electoral, volvió aún más compleja la situación.

El informe del ODSA muestra que, durante el tercer trimestre de 2025, el 27,4% de los hogares recurrió a familiares, amigos, financieras u otras fuentes para sostener sus gastos habituales.

La diferencia es especialmente marcada al considerar el estrés económico: el 49,2% debió acudir al crédito, frente al 13,3% de los hogares que no atravesaban esa situación.

La pobreza también aparece como un factor determinante. El 44,4% de los hogares pobres se endeudó para afrontar gastos corrientes, casi el doble que entre los no pobres, donde el indicador fue del 22,4%.

Por nivel socioeconómico, la proporción de familias que tuvieron que financiarse pasó del 11,8% en el estrato medio-alto al 23,2% en el medio-bajo, al 32,5% en el bajo y alcanzó el 47,5% en el muy bajo.

El panorama se vuelve todavía más crítico cuando se combinan pobreza y estrés económico. En ese grupo, el 55,8% pidió dinero para los gastos del día a día. Entre los no pobres con estrés, la proporción fue del 44,7%, mientras que entre los pobres sin estrés alcanzó el 17,7%.

Por otro lado, el estudio observó una importante heterogeneidad territorial. La mayor incidencia se evidenció en el resto urbano (30,6%), seguido por el conurbano bonaerense (29,7%) y las otras grandes áreas metropolitanas (26,5%). CABA presenta un nivel total mucho menor, de 12,8%.

“La insuficiencia inmediata de ingresos aparece como el correlato más próximo del recurso al préstamo, sobre una vulnerabilidad estructural que la pobreza profundiza”, afirmó el ODSA.

Agustín Salvia, director del Observatorio, señaló que el año pasado se había generado un clima de endeudamiento basado en la expectativa de una futura solvencia, asociada a la perspectiva de crecimiento económico. No obstante, explicó el especialista, detrás de esa dinámica persistía una fuerte debilidad financiera. Se estaba formando una burbuja de consumo sin que las condiciones macroeconómicas fueran todavía sólidas.

Este escenario llevó a que la morosidad iniciara una tendencia alcista, hasta ubicarse en máximos históricos. El Banco Central registró en junio una tasa de irregularidad del crédito bancario a las familias del 12,8% del saldo, frente al 2,5% con el que había terminado 2024.

Al incorporar tanto a los acreedores bancarios como a los no bancarios, se estimó que en ese mes había 5,86 millones de personas con al menos una deuda atrasada. De ese total, el 17% debía menos de $100.000, mientras que cerca del 40% adeudaba un monto inferior al salario mínimo, establecido en $367.800.

Una encuesta reciente de Inteligencia Analítica arroja que, entre los principales motivos del endeudamiento, el 44,5% de los encuestados mencionó alimentos y productos básicos y el 32% señaló servicios, impuestos, alquiler y vivienda. Adicionalmente, el 77,2% tomó una nueva deuda para cancelar una anterior en los últimos seis meses.

En este contexto, el ODSA concluyó que, si bien los resultados del trabajo no demuestran que los hogares que pidieron dinero prestado en 2025 sean los mismos que cayeron en mora en 2026, vuelven comprensible el deterioro.

“Cuando el crédito deja de adelantar un consumo durable y empieza a cubrir el presupuesto ordinario, cualquier pérdida de ingreso, aumento de gastos fijos o encarecimiento de la refinanciación reduce rápidamente la capacidad de pago”, remarcó.

“El problema, por lo tanto, no es el acceso al crédito en sí mismo, que puede ampliar oportunidades, sino su uso defensivo en hogares sin margen financiero y bajo condiciones costosas. La respuesta requiere combinar recuperación de ingresos y empleo, evaluación responsable de la capacidad de pago, información clara sobre los costos y mecanismos tempranos de refinanciación que eviten que un desajuste transitorio se convierta en sobreendeudamiento persistente”, planteó.

El Gobierno sostiene que la morosidad “es un problema entre privados” y ya adelantó que no se planea ninguna medida en particular para aliviar a los deudores. “No podemos usar la plata de los contribuyentes para compensar a entidades financieras cuyo trabajo es dar crédito”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su intervención en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

El titular del Palacio de Hacienda consideró que parte de lo ocurrido responde a un proceso de aprendizaje. “Por mucho tiempo, los bancos no hacían de bancos, sino que le prestaban al Gobierno”, indicó.

La demanda fue presentada el lunes en el Tribunal de Cancillería de Delaware y pone bajo la lupa a uno de los deportistas más reconocidos de la historia del fútbol americano.

Emmitt Smith, de 57 años, retirado de la NFL desde 2004 e integrante del Salón de la Fama, enfrenta acusaciones de fraude junto a su socio comercial David Mosley y a su empresa inmobiliaria, 4 13 Solutions Inc.

La demanda involucra a un socio y a una empresa inmobiliaria

Los demandantes son Kituwah LLC, el brazo de inversión y desarrollo económico de la Eastern Band of Cherokee Indians (Banda Oriental de los Indios Cherokee).

La entidad afirma no haber recuperado “ni un centavo” del dinero prestado. También figura como demandada la firma Wilson Holdings of North America, representada por Darrel Wilson.

Kituwah sostuvo ante la justicia que destinó tiempo, esfuerzo y recursos propios a la supuesta empresa conjunta, y que debió costear además una investigación interna para determinar qué había ocurrido con los fondos.

Prometieron devolver el dinero en meses; el plazo venció hace más de dos años

En 2023, Smith y Mosley convencieron a Kituwah de prestar USD 2,5 millones para financiar un emprendimiento de energía solar en el condado de Caldwell, Texas, entre Austin y San Antonio, denominado Project Exodus.

Les mostraron proyecciones de ingresos de más de USD 13 millones para el primer año de operación, prometieron financiación del Departamento de Energía de Estados Unidos y aseguraron que la planta estaría en funcionamiento antes de fines de 2024, de acuerdo con lo publicado por The Athletic.

El préstamo, pactado a una tasa de interés anual del 12%, tenía fecha límite de devolución el 1 de febrero de 2024.

Ese plazo venció sin que se realizara ningún pago ni se registrara avance alguno en la construcción de la planta. Ante las notificaciones de Kituwah, 4 13 Solutions “sencillamente ignoró las demandas de reembolso”, afirmó la entidad en la demanda.

El dinero habría sido redirigido para saldar deudas previas

La demanda alega que los fondos nunca se destinaron al proyecto prometido. Smith y Mosley los habrían redirigido para cancelar compromisos anteriores de 4 13 Solutions con Wilson Holdings, firma con la que ambos habían trabajado en otras operaciones.

El pago a Wilson Holdings no estaba justificado: el contrato que lo habilitaba dependía de que el Project Exodus obtuviera financiación permanente, condición que nunca se cumplió.

Kituwah describió el esquema como “esencialmente un Ponzi”. La entidad aseguró que Smith y Mosley presentaron proyecciones falsas e inventaron el interés de otros inversores. Incluso llegaron a incluir en un documento compartido que “el 100% de los ingresos del proyecto iría a Kituwah”.

Durante numerosas llamadas en las que Kituwah preguntó por el destino real del dinero, ni los representantes de 4 13 Solutions ni los de Wilson Holdings revelaron la verdad.

Courthouse News Service reprodujo un pasaje del escrito judicial: “Su falta de divulgación es reveladora y no hace más que confirmar la intención fraudulenta de 4 13 Solutions”.

El propio Wilson declaró, según recogió The Athletic, que “no creía que se hubiera recibido ninguna financiación permanente” y que “no sabía qué motivó ese reembolso”.

Kituwah llegó a ofrecer la condonación de los intereses acumulados a cambio de la devolución del capital. Esa propuesta también fue ignorada, de acuerdo con la demanda.

Ni Smith ni su empresa respondieron a los pedidos de los medios

Ni el exjugador ni 4 13 Solutions contestaron las consultas de la prensa sobre la demanda.

La presentación judicial reclama la devolución de los USD 2,5 millones prestados, más intereses, gastos y otros daños que eventualmente determine el tribunal.

El primer paso es reconocer todas las deudas existentes. Esto implica no solo anotar los créditos más importantes, como un préstamo hipotecario o automotor, sino también aquellas sumas menores que suelen quedar fuera del radar, como saldos en tarjetas de crédito, cuotas atrasadas de servicios o impuestos.

La clave está en hacer una lista completa que incluya el monto de cada deuda, la tasa de interés y la fecha de vencimiento. Este registro ofrece una visión precisa del estado financiero y permite tomar decisiones racionales para evitar el desorden y la postergación de pagos.

Solo después de conocer la situación real se puede definir una estrategia de pago. Existen dos caminos principales: saldar primero las deudas con mayor tasa de interés o empezar por las de menor monto. Cada método responde a necesidades y perfiles distintos, pero ambos persiguen el mismo objetivo: recuperar el control sobre las finanzas y evitar que el endeudamiento crezca sin límite.

La importancia de registrar y jerarquizar las deudas

Registrar de manera detallada todas las deudas resulta esencial para elaborar un plan de pago efectivo. No basta con prestar atención a los créditos más evidentes; es necesario incluir cada compromiso, desde las tarjetas de crédito hasta los servicios públicos y los impuestos. Muchas personas tienden a subestimar el impacto de las pequeñas deudas, pero su acumulación puede complicar la economía familiar y generar estrés.

Una lista clara, que detalle el monto, la tasa de interés y la fecha de vencimiento de cada deuda, permite visualizar cuáles son los compromisos más costosos y urgentes. Algunas familias prefieren anotar estos datos en papel, en hojas de cálculo o utilizar aplicaciones sencillas para hacerlo. El método elegido es secundario frente a la importancia de contar con toda la información disponible y actualizada.

Conocer el estado de cada deuda ayuda a evitar el modelo de negación o el olvido involuntario, que puede terminar en cortes de servicios o recargos por mora. El registro no solo facilita el pago en tiempo y forma, sino que también permite identificar oportunidades para renegociar plazos o buscar alternativas más convenientes.

Estrategias de pago y reducción del endeudamiento

Una vez identificadas todas las deudas, llega el momento de priorizar el pago. El método más recomendado desde una perspectiva financiera es destinar el ahorro mensual a la deuda con la tasa de interés más alta. De esta forma, se evita que la obligación crezca a un ritmo más rápido que la capacidad de pago. Este enfoque permite reducir el costo total de la deuda y avanzar de forma sostenida hacia el equilibrio económico.

Otra estrategia válida consiste en cancelar primero las deudas de menor monto. Este método, conocido como “poda de deudas”, resulta útil para quienes sienten que el desorden y la multiplicidad de compromisos afectan su bienestar emocional. Al eliminar las deudas más pequeñas, se reduce la cantidad de alertas y recordatorios, lo que facilita la organización y brinda sensación de progreso.

Ambas estrategias buscan el mismo resultado: disminuir la carga financiera y liberar recursos para otros objetivos. La elección depende del perfil de cada familia y de la situación particular en la que se encuentre. Lo fundamental es actuar con disciplina y constancia, sin abandonar el plan ante los primeros obstáculos.

Hábitos cotidianos que favorecen la organización financiera

Más allá de la estrategia elegida, ciertos hábitos pueden marcar la diferencia en el proceso de desendeudamiento. El uso del débito automático para los pagos recurrentes ayuda a evitar olvidos y recargos innecesarios. Anotar fechas de vencimiento y tasas en un lugar visible, aunque sea solo una vez, contribuye a mantener el control.

Mudanzas frecuentes o cambios en la estructura familiar suelen generar confusión en la administración de deudas y servicios. En estos casos, dedicar un día a revisar todos los compromisos y actualizar los datos de pago resulta una inversión que previene problemas futuros. El orden es un aliado clave para evitar el desborde financiero.

La acumulación de deudas pequeñas a menudo refleja un desorden de base. Por eso, el primer objetivo debe ser restablecer el control. Una vez lograda esa instancia, se pueden concentrar los recursos en los compromisos más grandes y avanzar hacia la estabilidad.

Impacto del consumo y cultura financiera en la clase media

La presión del consumo constante y la necesidad de pertenecer a determinado entorno social afectan la capacidad de ahorro. Muchos hogares de clase media buscan sostener un estilo de vida que los lleva a adquirir productos y servicios innecesarios, lo que dificulta la posibilidad de guardar un porcentaje del ingreso mensual.

El dinero digital y las facilidades para comprar a crédito representan una trampa para quienes intentan controlar sus gastos. Dejar la tarjeta de crédito en casa o limitar las salidas a comer afuera son medidas que pueden ayudar a reducir el gasto impulsivo. Pequeños cambios en los hábitos diarios permiten generar un margen para el ahorro y contribuyen a evitar el endeudamiento recurrente.

Renunciar temporalmente a ciertos consumos, como salidas o compras impulsivas, es una decisión difícil pero necesaria en momentos de ajuste. El objetivo no es eliminar el bienestar, sino priorizar la estabilidad y la tranquilidad que ofrece una economía doméstica ordenada.

El presupuesto como herramienta de prevención y solución

Elaborar un presupuesto mensual es la base para evitar nuevos endeudamientos y planificar el pago de los ya existentes. Registrar ingresos y egresos permite identificar oportunidades de recorte y destinar un porcentaje fijo al ahorro o al pago de deudas.

En casos de dificultad extrema, hacer ajustes temporales en el consumo puede ser la única salida para recuperar el equilibrio. La disciplina y la conciencia sobre la importancia del orden financiero son los pilares para superar los momentos de crisis y consolidar una economía familiar más saludable.

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La morosidad de las familias volvió a encender la discusión entre economistas y esta vez el intercambio escaló hasta el Banco Central. El exministro de Economía Hernán Lacunza cuestionó la postura que adoptó el Gobierno frente al aumento de los atrasos y advirtió que “dejar en la banquina a tanta gente no es opción”. Aunque el posteo no fue dirigido hacia el organismo monetario específicamente, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, se hizo cargo y salió a responderle con dureza: “Flojo Hernán”.

El debate tuvo como antecedente las declaraciones que realizó a comienzos de agosto el presidente Javier Milei, quien descartó una intervención estatal para aliviar directamente la situación de quienes acumularon atrasos. Ante una consulta sobre las familias que no podían afrontar el pago de sus créditos, el Jefe de Estado respondió: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”. Además, definió las eventuales refinanciaciones como “un problema entre privados”.

Milei argumentó que una intervención sobre esos contratos implicaría trasladar el costo a terceros. “Si yo me meto entre los privados, le voy a tener que tocar el bolsillo a otro, y eso me parece que está mal”, afirmó. En ese momento, planteó que el Gobierno podía contribuir a través de la macroeconomía, mediante una reducción de la inflación y del riesgo país que favoreciera tasas de interés más bajas y plazos de financiamiento más largos.

Fue precisamente la definición de “problema entre privados” la que Lacunza retomó para abrir el debate en la red social X. El exministro recurrió a una comparación con un accidente de tránsito para discutir hasta dónde podía extenderse ese argumento y planteó que el carácter privado de una relación económica no necesariamente excluye un papel del Estado.

“Un choque de autos también es un problema ‘entre privados’. A veces después tiene que intervenir la policía, una ambulancia, un juez. Es decir, el Estado”, escribió Lacunza. A continuación, aclaró que ese tipo de participación no significa que el sector público deba hacerse cargo económicamente de las obligaciones asumidas por los particulares.

“A nadie se le ocurre que el juez pague los daños con dinero público, sí que revise cumplimiento de normas y estimule acuerdos voluntarios”, sostuvo. De esa manera, puso el foco sobre la supervisión, la prevención y el cumplimiento de las reglas, pero separó ese planteo de una asistencia financiada con recursos estatales para cancelar las deudas.

El exministro continuó con la metáfora vial para cuestionar también las condiciones que rodearon la expansión del crédito. “A veces falla la prevención. Ausencia de carteles de velocidad, cruce de caminos, falta de educación vial, estimulan conductas imprudentes. Y todo es risas… hasta que dos privados chocan”, afirmó.

Luego trasladó directamente la comparación al mercado financiero: “Lo mismo con el crédito. Si se ceba a 100 por hora para recuperar consumo perdido, sin educación financiera es más probable que se trague los baches”.

La respuesta de Bausili

La publicación provocó una dura respuesta de Bausili, quien rechazó que la situación pudiera asociarse con una deficiencia en los controles del Banco Central y cuestionó directamente al exministro.

“Flojo Hernán. Saltaste de ser Gerente General del BCRA a Político casi sin escalas”, comenzó el titular de la autoridad monetaria. Luego agregó: “Transformas resolver una disputa económica entre privados a una sensación de falta de supervisión totalmente falsa. Cómo si no supieses perfectamente cómo funciona la realidad”.

La contestación volvió a colocar en el centro del intercambio la caracterización de la morosidad como una cuestión entre particulares. Bausili, además, introdujo otro punto en la discusión al rechazar específicamente que el deterioro de los pagos pudiera interpretarse como una señal de falta de supervisión por parte de la autoridad monetaria.

Lacunza no dejó allí el intercambio. Horas después volvió a responderle al presidente del BCRA, esta vez con cifras sobre la cantidad de deudores que registran atrasos y con un señalamiento sobre la velocidad a la que creció el financiamiento.

“Hola Santi. No importo yo. En cambio yo reconozco tu integridad. Pero tampoco importás vos”, comenzó. Inmediatamente llevó la discusión a los números: “Sí importa que 28% de las personas deudoras están en mora (12,8% en monto, 15,5% incluyendo billeteras)”. Y volvió a utilizar la comparación vial para describir el escenario: “Un choque en cadena”.

El exministro apuntó entonces a la fuerte expansión previa de los préstamos. “Alguna euforia pública pudo haber sobreestimulado el crédito (+130% real los préstamos personales en 2024, récord en este siglo)”, afirmó.

Con ese dato, Lacunza incorporó al intercambio una discusión sobre las condiciones que acompañaron el crecimiento del financiamiento. También vinculó la capacidad de pago posterior con las expectativas que existían sobre la evolución de los ingresos: “Si los pronósticos de salarios reales pecaban de optimistas, la capacidad de repago iba a ser menor”.

Otro punto de su respuesta se concentró en las condiciones bajo las cuales las personas acceden al financiamiento. Lacunza habló de “típicos contratos donde el prestamista sabe más que el tomador” y señaló que “a veces las cuotas esconden tasas muy altas, más con inflación descendente”.

En ese marco, cuestionó una eventual minimización de la dimensión alcanzada por los atrasos. “Negar el problema sería una preocupación adicional”, escribió. Su planteo incorporó así a la discusión la información disponible para quienes toman los créditos, las condiciones financieras y la relación entre el crecimiento previo de los préstamos y la capacidad posterior de repago.

Pese a la dureza del intercambio, Lacunza volvió a dejar expresamente afuera de su planteo una solución que implique utilizar recursos públicos para cancelar las deudas. Fue en ese tramo donde utilizó la frase que sintetizó su posición frente al debate.

“Dejar en la banquina a tanta gente no es opción. Pero conozco tu capacidad. Sé que lo vas a resolver sin poner plata del Estado. Coincidiremos, como tantas otras veces. Abrazo”, cerró el exministro.

La suba sostenida en los niveles mora sigue dando que hablar y genera preocupación tanto en el ámbito público como el privado. En ese marco, el sector bancario presentó ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) un conjunto de propuestas destinadas a ordenar la situación de las familias con dificultades de pago, sin resignar el resguardo del sistema financiero.

La iniciativa, elevada por la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), busca “facilitar soluciones tempranas y sostenibles para las personas que atraviesan dificultades transitorias de pago, procurando al mismo tiempo preservar el acceso al crédito y la estabilidad del sistema financiero”.

El eje central de la propuesta pasa por la utilización de mecanismos regulatorios que permitan a las entidades financieras flexibilizar la clasificación de deudores y el registro contable de los saldos en mora. Según explicó Abappra, que nuclea en su mayoría a entidades públicas, ese cambio facilitaría “la mejora en las condiciones de refinanciación que estas pueden ofrecer a las personas con dificultades de pago”. La Asociación remarcó además que este tipo de herramientas “ya han sido empleados por la autoridad monetaria en otros contextos de stress sistémico y que resultaron virtuosos”, en referencia a experiencias previas de flexibilización regulatoria frente a escenarios de deterioro generalizado de la cartera crediticia.

De esta manera, la propuesta apunta a modificar el modo en que los bancos registran contablemente a los clientes en situación irregular, lo que en la práctica condiciona el margen que tienen las entidades para ofrecer nuevas condiciones de pago. Cuando un deudor cae en determinadas categorías de mora, los bancos deben constituir mayores previsiones y enfrentan restricciones para refinanciar esos saldos, lo que limita la capacidad de negociar planes de pago más accesibles. Flexibilizar esos criterios, según plantea Abappra, ampliaría el margen de maniobra de las entidades sin necesidad de asumir mayores riesgos regulatorios.

Un problema que afecta a millones

El deterioro de los indicadores no es un dato menor. Según el último Informe de Bancos del BCRA, la mora de los créditos a las familias se mantuvo en junio en 12,8%, después de dieciocho meses consecutivos de aumento.

Sin embargo, la cifra más que se duplicó en la comparación interanual: en junio de 2025 el indicador se ubicaba en 5,2 por ciento. Dentro de ese universo, los préstamos personales treparon a 16,4% de irregularidad y los prendarios a 7,9%, mientras que los créditos hipotecarios se mantuvieron estables en 1,6 por ciento. Las tarjetas de crédito, en cambio, mostraron una leve mejora hasta 12,6%, lo que ayudó a contener el promedio general del segmento.

En total, hay casi seis millones de personas en mora en Argentina, una cifra que resulta llamativa en comparación con otros períodos recientes.

El fenómeno también se refleja en la comparación regional. Un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos ubicó a la Argentina como el país con mayor irregularidad crediticia de los dieciséis relevados, con 7,3% (dato de marzo) de la cartera de préstamos al sector privado en situación de mora, frente a un promedio regional de 2,78 por ciento. A la vez, el ratio crédito/PBI local se ubicó en 14,3%, el más bajo de la región, cuyo promedio es de 47,3 por ciento. La combinación de ambos datos describe un sistema financiero con escaso volumen de financiamiento y, al mismo tiempo, con un nivel de incumplimiento elevado dentro de ese universo reducido.

Criterios comunes y mesas de trabajo

Además del pedido de flexibilización contable, Abappra propuso avanzar hacia criterios homogéneos entre los distintos proveedores de crédito en materia de evaluación de capacidad de pago, información y transparencia. El objetivo, según el comunicado, es “generar condiciones que permitan anticipar situaciones de dificultad y ofrecer alternativas antes de que los problemas de pago se profundicen”. Esta segunda pata de la propuesta busca equiparar las reglas entre bancos, fintech y otros proveedores de financiamiento no bancario, un segmento que en la actualidad concentra una porción relevante de los créditos en situación irregular.

La entidad fue explícita en delimitar los alcances de la iniciativa. “La propuesta no busca desconocer los riesgos ni promover soluciones generalizadas, sino favorecer un abordaje preventivo que permita distinguir situaciones transitorias, mejorar la información disponible y generar herramientas que contribuyan a sostener una relación crediticia saludable”, señalaron desde Abappra. La aclaración apunta a diferenciar la propuesta de una condonación o de un esquema uniforme de alivio, y a circunscribirla a los casos de dificultades de pago consideradas transitorias.

Con ese planteo, la cámara se puso a disposición de las autoridades nacionales para constituir mesas técnicas de trabajo que permitan evaluar la implementación concreta de las propuestas formuladas. La convocatoria a un ámbito técnico conjunto marca la instancia en la que se encuentra actualmente la iniciativa, todavía sin definiciones sobre los mecanismos puntuales que podría adoptar el Banco Central.

Desde la autoridad monetaria, mientras tanto, ya habían descartado la posibilidad de fijar topes a las tasas de interés como respuesta al cuadro de morosidad, una herramienta utilizada en gestiones anteriores. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, explicó en ese sentido que los indicadores de mora no responden a cambios abruptos: “Es raro que los índices de morosidad sufran saltos discretos o cambios muy acentuados en el corto plazo. Llevan tiempo y se mueven más como ondas”. Como ejemplo, precisó que una persona que accede a la refinanciación de su crédito permanece nueve meses en la categoría 5, la de deuda incobrable, antes de poder pasar a la categoría 1, correspondiente a una deuda al día.

La oposición logró anotarse este miércoles una victoria política en la Cámara de Diputados al exhibir que cuenta con mayoría suficiente para impulsar dos debates incómodos para el gobierno de Javier Milei: por un lado, la problemática del endeudamiento familiar y los niveles récord de mora; por otro, la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Al inicio de la sesión en la que el oficialismo busca la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, la oposición pidió dos apartamientos del reglamento para incluir en el temario los proyectos sobre endeudamiento familiar y para extender la emergencia en discapacidad.

La oposición necesitaba una mayoría especial de tres cuartos de los presentes, algo imposible porque los libertarios controlan más de un tercio del recinto. No obstante, al haber obtenido 133 votos confirmaron que lograron construir un consenso lo suficientemente amplio como para convocar por su cuenta a una sesión y conseguir el quórum.

Mientras en el recinto transcurría la sesión, los principales bloques de la oposición dieron una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos para anunciar que llamarán a una sesión el miércoles 9 de septiembre. “Estos 133 diputados nos permitirá avanzar en este camino al que nos obliga el oficialismo, que es emplazar a las comisiones”, dijo el diputado Germán Martínez.

“Es necesario dejar las banderías políticas porque el que está jodido es el argentino de a pie, que no logra llegar a fin de mes. Es cierto, nadie le puso el arma en la cabeza a nadie. Pero si dejás que un gobierno le ponga la soga al cuello a los argentinos, el resto vamos a bajar nuestras banderías partidarias y nos vamos a juntar, y vamos a reunir más votos para que le podamos dar una respuesta al conjunto de los argentinos, que es lo que venimos a hacer hoy acá”, planteó el radical disidente Pablo Juliano.

Los 133 votos positivos los aportaron los bloques Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal - el nuevo bloque de Misiones y Salta-; Elijo Catamarca; el Frente de Izquierda, el MID e Independencia (Tucumán). Además, entre los ausentes podrán sumar cuatro voluntades más: Juan Fernando Brugge de Provincias Unidas; Carlos Daniel Castagneto de Unión por la Patria, Natalia De la Sota, Defendamos Córdoba y Marcela Pagano de Coherencia. De hecho Brugge anunció en la conferencia que también acompañará la convocatoria a la sesión.

En la sesión del 9 de septiembre no se podrán tratar los proyectos porque ninguno cuenta con dictamen de comisión. Pero con 129 votos podrán emplazar a las comisiones que controlan los libertarios, como la estratégica Presupuesto, para obligarlos a poner en debate los proyectos de la oposición.

La postura del oficialismo, expresada tanto por el presidente Milei como por el vocero Ravier, es que se trata de un problema “entre privados” y que el Gobierno no puede intervenir más que intentando que los privados bajen sus tasas de interés. Las tasas de interés fueron desreguladas a través del decreto 70/2023, al inicio de la gestión libertaria.

Justamente por eso la oposición responsabiliza al Gobierno de la situación y exige algún tipo de solución. Las propuestas tienen diferencias respecto al nivel de intervención estatal necesario pero en general incluyen programas de refinanciación, topes para las cuotas en base al nivel de ingresos y mecanismos especiales de mediación.

Por ejemplo, uno de los proyectos presentados por el peronismo, firmado por la diputada Natalia Zaracho y con el respaldo del jefe de bloque Germán Martínez, propone declarar durante dos años la emergencia crediticia de las familias y crear un régimen específico para abordar las deudas acumuladas.

Aunque surgieron interrogantes sobre la autenticidad del caso, la publicación alcanzó una amplia difusión y recibió numerosos comentarios, centrados especialmente en las implicancias económicas de dejar de pagar una deuda y los cargos asociados a esa decisión.

En el nuevo mensaje dirigido a sus seguidores, la muchacha, quien había asegurado que incurrió en atraso en el pago de diversos compromisos con cuatro bancos, abordó los cuestionamientos que recibió sobre su orientación política y su responsabilidad frente a la situación económica del país. “Uno me pone: ‘Cheta, rubia y libertaria’. No soy rubia, no soy cheta y no soy libertaria. Ni siquiera fui a votar. También está mal, obvio. Jamás votaría a nadie de los que quiere gobernar este país”, indicó. Además, aseguró no identificarse con ningún espacio político.

La joven insistió en que su testimonio en redes sociales no tuvo como objetivo alentar el incumplimiento de obligaciones financieras. “El fin de mi video, como me preguntan acá, nunca fue incitar a que no paguen. Claramente que hay un personaje detrás, el mismo que estoy haciendo ahora, gritando, en el que exagero un montón las cosas, pero voy con la verdad y soy sincera”, explicó. En su descargo, enfatizó que su situación se debió a la imposibilidad de afrontar los pagos: “No la pagué por el simplemente hecho de que no podía pagarla”.

Durante su intervención, Valentina pidió empatía y comprensión por parte de quienes la critican. “Soy igual de trabajadora que ustedes, que se la mamó, que fui responsable y la cagué”, reconoció sobre su situación. También recordó el impacto emocional que tuvo enfrentar amenazas y presiones vinculadas a su deuda: “Si esto fuera al revés y a vos te están llamando amenazándote y estás llorando como yo en su momento lo estuve, porque ya sentí la culpa y ya estuve desinformada y recibí diez mil amenazas, si ustedes estuvieran pasando por lo mismo, creo que les hubiera gustado escuchar mi video para saber su manera de actuar a los bancos para no cometer los mismos errores”.

La joven fue tajante al afirmar que no tiene relación con figuras políticas ni con sectores de poder económico y se defendió contra quienes la criticaron. “No les afecta en nada. No te afecta el bolsillo, vos no lo vas a tener que pagar”, declaró.

Por último, Valentina sostuvo que su intención fue compartir su caso con honestidad y sin intención de incidir en el comportamiento de otros usuarios. “Yo estoy contando mi situación y estoy contando lo que pase siendo totalmente sincera”, concluyó.

La repercusión del primer video de la tiktoker había abierto un debate sobre las consecuencias legales y financieras del impago en Argentina, así como sobre las presiones que ejercen los bancos y estudios jurídicos sobre los deudores. Su descargo en redes sociales vuelve a colocar en primer plano el impacto social y personal de las deudas en un contexto de mora récord.

Cuáles son las consecuencias de no pagar

El caso relatado por Valentina refleja una vivencia particular, aunque las consecuencias del impago de créditos responden a normativas establecidas por bancos y entidades financieras. El proceso que describió encuentra respaldo en la información que estas instituciones brindan a sus clientes.

Supervielle advierte que el primer efecto de no abonar en tiempo y forma las cuotas de un préstamo es la acumulación de intereses, lo que incrementa el monto total adeudado. Además, el incumplimiento puede dar lugar a la inclusión del deudor en el Veraz, la base de datos que registra el historial crediticio, y, si la situación persiste, habilita a la entidad a iniciar acciones judiciales y a solicitar embargos.

El Veraz recopila datos financieros de personas y empresas, y los bancos lo consultan al analizar solicitudes de préstamos o tarjetas. Según Ualá, el informe abarca deudas bancarias, cheques rechazados, créditos vigentes, procesos judiciales y extrajudiciales, pedidos de quiebra y obligaciones impagas.

La clasificación en el Veraz contempla cinco niveles. Naranja X detalla que la Situación 1 corresponde a quienes mantienen sus pagos al día y conservan un buen acceso al crédito. La Situación 2 refleja pequeños atrasos de hasta 30 días que pueden revertirse rápidamente. En la Situación 3 se agrupan deudores con retrasos mayores a un mes, quienes suelen requerir la revisión de sus ingresos y acuerdos con acreedores. Cuando el atraso supera los 90 días, se ingresa en la Situación 4, considerada de mayor gravedad y con riesgo de embargos. La Situación 5, donde se ubicó Valentina, identifica deudas incobrables o judicializadas.

Incluso en la última categoría, Naranja X señala que existen alternativas como negociar con abogados, acordar quitas o reconstruir el historial crediticio con productos más básicos.

Respecto al embargo de haberes, Banco Galicia explica que esta medida solo puede efectuarse mediante una orden judicial, que se notifica al empleador. La entidad enfatiza que ningún banco, financiera o estudio de cobranzas tiene la potestad de retener el sueldo por sí mismo. Las comunicaciones de cobradores o intimaciones telefónicas no constituyen un embargo.

La legislación establece límites al embargo de salarios. El Banco Galicia precisa que el Salario Mínimo Vital y Móvil no puede ser embargado, y si el sueldo mensual no supera dos veces ese monto, solo puede afectarse hasta un 10% del excedente; si el salario es mayor, el tope alcanza el 20%. La única excepción es la cuota alimentaria, donde el porcentaje puede ser superior por decisión judicial.

Según Ualá, cualquier persona puede consultar su propio informe del Veraz de forma gratuita cada seis meses. Además, diferencia este informe de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, que solo incluye financiaciones y cheques rechazados, mientras que el Veraz ofrece un panorama más completo.

Para dejar de figurar en el Veraz, Ualá describe tres escenarios: que hayan pasado más de cinco años sin que el acreedor inicie juicio, que la deuda se haya cancelado, o que el registro sea erróneo. En todos los casos, se requiere prueba documental y el trámite puede demorar varios días.

Ante un embargo, el Banco Galicia aconseja revisar el oficio judicial, corroborar la vigencia de la deuda, controlar que la retención respete los límites legales y considerar un acuerdo de pago, ya que muchas veces es posible reducir o levantar el embargo mediante un plan de regularización.

En un escenario marcado por el aumento de la mora y las dificultades para cumplir con los pagos, conocer qué información registra el sistema financiero sobre cada persona cobra mayor relevancia. Los atrasos en tarjetas, préstamos y otras obligaciones no sólo representan una deuda pendiente: también quedan reflejados en los antecedentes que consultan bancos y otras entidades antes de otorgar nuevo financiamiento.

El deterioro en el cumplimiento de los compromisos financieros vuelve así a poner el foco sobre el historial crediticio. Revisarlo permite saber si existen deudas informadas, conocer la calificación asignada a cada obligación y detectar atrasos o incluso datos incorrectos que todavía permanecen registrados.

La morosidad en la Argentina llegó a su nivel más alto en el primer semestre del año, aunque luego de haber acumulado 19 meses en alza, en junio se mantuvo sin cambios en 12,8%, de acuerdo con el último Informe de Bancos publicado por el Banco Central (BCRA) De todos modos, el contexto sigue preocupando y reavivando las dudas sobre la disponibilidad de crédito y la situación financiera de hogares y empresas. En ese escenario, los antecedentes de cada cliente adquieren importancia porque pueden determinar no sólo si una persona accede o no a financiamiento, sino también las condiciones que recibe.

El perfil crediticio funciona como una radiografía de la situación financiera de una persona o una empresa. Es una referencia que utilizan bancos, entidades financieras, comercios y prestadores de servicios antes de autorizar préstamos, emitir tarjetas o establecer límites de consumo. También puede tener incidencia en otras operaciones, como un alquiler, donde suele solicitarse un informe antes de concretar el contrato.

Pero esa información no se limita a mostrar si una persona tiene una deuda. También refleja la puntualidad en los vencimientos, el tipo y la cantidad de productos financieros utilizados, las demoras registradas y las solicitudes recientes de nuevos créditos. Estos antecedentes pueden incidir sobre el monto de un préstamo, la tasa de interés, los plazos y otras condiciones ofrecidas.

En medio del avance de la mora, existen alternativas gratuitas para que cada persona pueda conocer qué información aparece a su nombre. Una de las principales es la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), que permite consultar la situación crediticia mediante el CUIT o CUIL.

Cómo consultar la Central de Deudores del Banco Central

La Central de Deudores permite acceder a información sobre deudas bancarias, tarjetas de crédito y cheques rechazados de los últimos 24 meses. La consulta no tiene costo y sólo requiere ingresar el CUIT o CUIL correspondiente.

El resultado muestra las obligaciones informadas y permite identificar qué entidad reportó cada deuda. De esta manera, cualquier persona puede verificar qué información aparece asociada con su identificación y comprobar si coincide con su situación real.

Uno de los principales datos que ofrece el sistema es la clasificación de cada obligación. El Banco Central utiliza una escala que va del 1 al 6, determinada según el cumplimiento de los compromisos y los días de atraso.

• La Situación 1 corresponde a quienes se encuentran al día con sus pagos.
• La Situación 2 comprende atrasos menores
• La Situación 3 refleja problemas de pago.

A partir de allí aumenta el nivel de deterioro.

• La Situación 4 representa un alto riesgo de incobrabilidad
• La Situación 5 corresponde a una deuda incobrable
• La Situación 6 identifica obligaciones consideradas incobrables por razones técnicas.

Esta clasificación permite conocer rápidamente cómo aparece informada una deuda dentro del sistema financiero. A la vez, saber qué entidad reportó la obligación resulta especialmente útil cuando figura un compromiso que la persona considera cancelado o cuando los datos no coinciden con su situación.

La consulta también permite revisar la evolución de los antecedentes durante los últimos 24 meses. De esa forma, es posible observar las obligaciones registradas en ese período y detectar atrasos que pueden continuar formando parte del historial incluso después de regularizar un pago.

Qué otros registros se pueden revisar

La Central de Deudores no es la única fuente disponible para conocer los antecedentes propios. También existen burós de crédito privados que reúnen información sobre personas y empresas y permiten acceder a los datos registrados.

Uno de ellos es Veraz (Equifax). De acuerdo con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, el usuario puede solicitar gratuitamente un informe completo cada seis meses. El trámite puede realizarse por teléfono o mediante su página oficial.

El reporte de Veraz tiene un alcance diferente al registro del Banco Central. Además de información relacionada con el sistema financiero, puede incluir consultas realizadas por terceros y obligaciones con comercios que se encuentran fuera del circuito financiero formal.

Otra alternativa es Nosis, que también debe facilitar el acceso gratuito al informe propio. La consulta puede realizarse mediante la aplicación Mi Nosis o desde su sitio web.

Los datos disponibles en cada registro no necesariamente son idénticos. Algunas compañías informan sus operaciones a una base determinada y no a todas. Por ese motivo, los distintos mecanismos pueden aportar información complementaria sobre la situación de una persona.

Mientras la Central de Deudores concentra información vinculada con obligaciones dentro del sistema financiero y muestra la clasificación asignada, los registros privados pueden incorporar antecedentes provenientes de otros ámbitos.

Cómo influye la calificación al momento de pedir un crédito

El perfil crediticio es uno de los elementos que las entidades pueden analizar cuando una persona solicita financiamiento. Una buena calificación puede ampliar las posibilidades de conseguir créditos personales, hipotecarios o prendarios y también influir sobre las tasas, los montos disponibles y los plazos ofrecidos.

La información puede tener incidencia además en determinadas compras u operaciones. Los antecedentes financieros pueden ser considerados al solicitar una tarjeta, comprar en cuotas, financiar la adquisición de un vehículo o presentar documentación para alquilar un inmueble.

En sentido contrario, un historial crediticio negativo puede dificultar el acceso a productos financieros y elevar el costo del financiamiento. Una persona con atrasos puede encontrar condiciones más exigentes al momento de solicitar un nuevo crédito.

Las demoras no son el único factor que puede formar parte de la evaluación. Mantener al día los pagos de servicios y tarjetas contribuye a construir los antecedentes financieros, mientras que los incumplimientos quedan registrados incluso cuando luego se cancela la obligación.

La ausencia de productos financieros activos también puede dificultar la construcción de antecedentes. Al mismo tiempo, solicitar varios préstamos en un período corto puede ser interpretado como una señal de un eventual incremento del riesgo.

Las entidades suelen procesar esta información de manera automática. Por eso, un pago fuera de término puede afectar la calificación durante varios meses, aun después de regularizar la obligación.

Qué hacer si tenés pagos pendientes

Si al realizar la consulta aparece una deuda que efectivamente está pendiente, el primer paso es identificar qué entidad informó la obligación y cuál es la situación asignada. La Central de Deudores permite conocer ambos datos y verificar el nivel de atraso registrado.

A partir de esa información, regularizar el compromiso permite evitar que continúe aumentando el tiempo de demora y que la obligación avance hacia una categoría de mayor riesgo dentro de la clasificación utilizada por el Banco Central.

La situación adquiere especial importancia cuando existen varias obligaciones al mismo tiempo. Tarjetas de crédito, préstamos y otros compromisos pueden tener vencimientos diferentes, por lo que revisar los productos contratados y las fechas de pago permite identificar cuáles presentan atrasos.

Una vez cancelada la obligación, la modificación de los antecedentes no necesariamente se refleja de manera inmediata. El comportamiento frente a los vencimientos forma parte del historial financiero y un atraso puede continuar apareciendo durante un período, aun después de que el pago se regularice.

Por eso, después de cancelar una deuda también se puede volver a consultar la Central de Deudores para verificar la información registrada. Si el pago ya se realizó pero la obligación continúa informada de manera incorrecta, corresponde avanzar con los mecanismos disponibles para solicitar la actualización o rectificación de los datos.

Para estos casos existen mecanismos destinados a solicitar la actualización o rectificación de la información. Argentina.gob.ar - Datos Personales brinda información sobre la Ley 25.326 y los procedimientos disponibles para corregir datos incorrectos o desactualizados.

Defensa del Consumidor también ofrece orientación y mecanismos de gestión cuando una deuda ya saldada continúa apareciendo dentro de los antecedentes crediticios.

Qué consecuencias puede tener un historial negativo

Una calificación desfavorable puede generar dificultades concretas al momento de buscar financiamiento. Puede limitar las posibilidades de acceder a nuevos productos, derivar en costos más altos o generar condiciones más exigentes.

Los efectos también pueden aparecer en operaciones habituales. Los antecedentes negativos pueden complicar las compras en cuotas, la adquisición de un vehículo o el alquiler de un inmueble, además de reducir las alternativas disponibles cuando se solicita un préstamo.

La morosidad que afecta a 5,8 millones de personas llegó a la reunión de Gabinete de este lunes y a la mesa política. Aunque el Gobierno insiste en que se trata de “un problema entre privados”, como ratificó ayer el vocero presidencial Adrián Ravier, en línea con el eje discursivo de Javier Milei, el tema se instaló en la agenda pública.

Si bien desde el Ejecutivo insisten en que “no hay una crisis”, el tema fue tomado por la oposición como uno de sus caballitos de batalla para cuestionar la política económica oficial y atacar la gestión libertaria por “la falta de empatía” con las dificultades diarias de los argentinos. De hecho, será uno de los temas cuyo debate buscará forzar hoy en el recinto de la Cámara de Diputados, ya que hay más de veintena de iniciativas presentadas para atender esta problemática. El oficialismo se opone a los proyectos de la oposición en el Congreso para regular tasas y otorgar facilidades por hasta 36 meses.

Se sumó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien cruzó en declaraciones radiales al Presidente por la crisis de endeudamiento de las familias. “La morosidad se multiplicó por cinco. No es la gente, es Javier Milei y su política económica de desregulación, tasas altas, desempleo y salarios bajos”, argumentó, al tiempo que defendió el rol del Banco Provincia en la refinanciación de deudas.

En la mesa chica del poder se destacó que hubo un freno en el aumento de la morosidad en junio, cuando la tasa de morosidad en los préstamos personales y saldos de tarjeta de crédito fue en junio de 12,8%, un 0,1% más baja que en mayo. Es el porcentaje que estaba en alza de manera ininterrumpida desde noviembre del 2024. Sin embargo, los datos del Banco Central muestran que disminuyó en las tarjetas, aunque aumentó en préstamos personales y prendarios.

No obstante, Milei se opone a implementar una política de asistencia o refinanciamiento a quienes tienen deudas con los bancos y las fintech, porque considera “injusto e inmoral” que “el costo lo paguen los 47 millones de argentinos”.

El propio Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, la billetera digital que lidera como entidad el porcentaje de morosidad sobre el total de deudores que registran atrasos en el pago de sus créditos, respaldó a Milei en medio de la discusión por las deudas familiares

Un trabajo de Matías Fernández, quien procesó la base de datos de deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), refleja el detalle de esta problemática. Bajo el título “Todo sobre la mora”, diseñó una aplicación basada en 7 Gigas de datos recolectados, que difundió en la red X. Fernández compartió parcialmente con Infobae algunas planillas con esos datos, a solicitud de este medio. Es socio fundador de Pública, una consultora de estrategia y comunicación, y anteriormente trabajó en la gestión del macrismo en el Ministerio de Producción de la Nación y en la Fundación Pensar, del PRO.

El informe señala que el grueso de los deudores contrajo créditos relativamente bajos en monto, mientras que un pequeño grupo concentra la mayor parte de la deuda total. También revela perfiles de morosidad muy distintos ya que hay diferencias importantes entre las deudas con bancos, fintechs y prestamistas no bancarios.

El trabajo de Fernández analiza la tasa de mora sobre el total de deudores en el período que va desde julio de 2024 a junio de este año.

Consideró el total de personas físicas, con al menos una deuda en situación 3, 4 o 5, sobre el total que figura en la Central de deudores del BCRA.

Según los datos, en julio de hace dos años esa mora era del 13,6%. Y hace dos meses del 27,8%: un aumento de 14,2 puntos porcentuales. La curva muestra que el ascenso comenzó en noviembre de 2024, hasta junio pasado, cuando se frenó esa suba.

En total, a junio de este año, hay 5.859.104 personas en mora que deben a distintas entidades bancarias y no bancarias, por un total de $17,7 billones.

Según el informe de Fernández sobre los datos del BCRA, el 17% de los morosos debe menos de $100.000 pesos y casi el 40% mantiene deudas inferiores a un salario mínimo, actualmente de $376.600. Por otra parte, el 14,5% de los morosos que más deuda acumula, concentra el 73% del dinero en mora. Esto implica que, aunque los morosos son muchos, la mayor parte del monto adeudado se encuentra en manos de un grupo reducido.

El análisis de la morosidad muestra diferencias según el tipo de entidad financiera acreedora. Los bancos tradicionales, tanto públicos como privados, concentran casi el 65% del dinero en situación de mora, que asciende a $17,7 billones en total. Esto significa que la mayor parte del volumen adeudado pertenece a clientes de entidades bancarias más grandes y establecidas. Los morosos en bancos privados suman 1.587.132 y en bancos públicos, 809.164.

Por otro lado, la mayor cantidad de personas con deudas impagas se encuentra en las fintechs más conocidas, como Mercado Pago, Naranja X y Ualá. Sin embargo, los montos que estas personas deben son bajos en comparación con los adeudados a bancos. Es decir, aunque muchas personas mantienen deudas en estas plataformas digitales, el impacto financiero es menor.

Mercado Libre lidera el ranking de entidades/plataformas acreedoras ya que reúne casi el 19% de los morosos totales del sistema, pero solo representa el 2,9% del dinero total en mora, ya que los préstamos son bajos.

La empresa de Galperín tiene hoy la mayor cantidad de personas con deuda en el sistema financiero, superando los 6,5 millones. Sin embargo, los montos adeudados están muy por debajo de otras entidades. Mercado Libre figura entre los clientes de PublicaLab, la consultora de Fernández, según figura en su sitio web.

El segmento de crédito rápido no bancario engloba a 68 empresas que otorgan préstamos a sola firma o con la presentación del DNI como único requisito. Este sector representa el 22% de los morosos y el 7,7% del total de la mora nacional. En promedio, la mora alcanza el 52% en estas entidades, evidenciando políticas de riesgo mucho más laxas.

Quienes recurren a este tipo de crédito suelen pertenecer a estratos sociales con mayores dificultades de acceso al sistema financiero formal, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a la morosidad y la exclusión.

Bancos y otros actores

La deuda en los bancos privados es de $41 billones y hay $8 billones en mora, con 1,59 millones de personas que no están pagando sus deudas.

Por su parte, los bancos estatales como el Banco Nación y el Banco Provincia gestionan el 15% del monto de mora. Ambas entidades lanzaron programas de regularización y refinanciación, con condiciones que varían según el nivel de endeudamiento y la situación laboral del deudor.

Por otra parte, las tarjetas de crédito no bancarias, cadenas de electrodomésticos y supermercados suman el 35% de los morosos y el 14% de la mora total. Tarjeta Naranja encabeza este segmento con un millón de clientes en mora. Las casas de electrodomésticos reportan una tasa de morosidad del 41%, mientras que las tarjetas de supermercados mantienen estrategias de congelamiento de deuda y tasas negativas ante la crisis.

Características de los deudores

La mitad de los morosos le debe a una sola entidad y el 90% a no más de tres. La rotación de deudores muestra que, en los últimos 23 meses, casi 12 millones de personas salieron del sistema financiero, la mayoría en situación regular. El verdadero cambio ha sido la caída en la cantidad de nuevos créditos otorgados por mes.

En cuanto a los créditos, la carga impositiva es un factor distintivo: los impuestos representan hasta el 44% del costo total de un préstamo, según estudios recientes, un nivel inusual frente a otros países. La mayor parte de estos impuestos termina en las arcas provinciales, lo que implica que cualquier solución, según el informe, debe involucrar a los gobiernos locales.

Después de que el Gobierno nacional sostuviera que la morosidad era “un problema entre privados” y ratificara que no habrá una intervención estatal, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció que enviará un proyecto de ley a la Legislatura provincial con la intención de ponerle un fin a “la deuda familiar”.

“Enviaré a la Legislatura de Córdoba el proyecto de ley para poner en marcha el Programa ‘Alivio Cordobés’”, anunció el mandatario por medio de un comunicado emitido en la red social X. Así, la definió como una iniciativa que tiene por objetivo “dar respuesta a una realidad que golpea la mesa de muchos hogares: la angustia de la deuda familiar”.

“No estamos hablando de números fríos, sino de la cuota de la tarjeta que nunca baja, del crédito que se sacó para arreglar la moto que te lleva al trabajo, del préstamo para que un hijo siga estudiando”, describió al remarcar que se trataban de gastos generados por “situaciones cotidianas de la vida de los argentinos”.

En línea con esto, el gobernador de Córdoba subrayó que “el cordobés es emprendedor y cumplidor, pero el sistema financiero actual se volvió imposible: la gente trabaja, paga y cada día debe más”. De acuerdo con su diagnóstico, “así la vida diaria de miles de cordobeses se torna más difícil”.

Por este motivo, el proyecto contemplará tres ejes principales. En primer término, se busca “bajar las tasas para poder pagar”, mediante la creación de un esquema de refinanciación junto al Banco de Córdoba y la invitación a la banca privada, con tasas “muy por debajo de las actuales del mercado”.

En el segundo paso, Llaryora indicó que también se permitirá a las familias “unificar sus deudas chicas en una sola cuota previsible, con plazos de hasta entre 24 y 48 cuotas dentro de la misma entidad financiera”. Finalmente, apuntó que no solo se aliviará la vida doméstica, sino que se usarán esos fondos para “mover la economía”.

“Cada peso que una familia cordobesa se ahorra de intereses, es un peso que vuelve de inmediato al almacén de barrio, a la carnicería, o al comercio local”, enfatizó el mandatario. Asimismo, resaltó que aliviar la deuda familiar “no es un gasto, es la mejor inversión para ayudar a activar el consumo y con este conservar el empleo de miles de cordobeses”.

Por esto, Llaryora sostuvo que el proyecto se planteó “desde una lógica muy nuestra que es el esfuerzo compartido” y reafirmó: “Acá nadie se salva solo”. Y detalló que “el Estado provincial pone una reducción de la carga impositiva; las entidades financieras deben resignar una parte de su rentabilidad; y las familias aportan su compromiso real de pago a través de una cuota posible”.

“No le pedimos magia a nadie, le pedimos responsabilidad a todos. No queremos regalar nada, queremos aliviar, en la medida de lo posible, una situación que angustia a muchos cordobeses”, concluyó el mandatario al presentar la iniciativa.

El Gobierno debate la transparencia del costo financiero y descartó la crisis de morosidad

Mientras que el Gobierno sostiene que la situación “comenzó a revertirse”, el tema de la morosidad fue central en la última reunión de Gabinete. Allí se subrayó la necesidad de que el Costo Financiero Total (CFT) —el importe final a pagar por un crédito— sea más visible, ya que suele no presentarse de manera clara en entidades bancarias ni en billeteras virtuales.

Tanto bancos como billeteras virtuales suelen informar principalmente la Tasa Nominal Anual (TNA), que es inferior al costo real del crédito. El CFT, por su parte, incluye la tasa básica, además de gastos adicionales, comisiones, seguros e impuestos obligatorios asociados.

Durante el encuentro, se planteó que “hoy la letra es ilegible”, lo que complica a quienes solicitan préstamos para conocer el monto total a abonar. Según fuentes oficiales del Ministerio de Economía y del Banco Central de la República Argentina (BCRA), no hay definiciones sobre eventuales medidas para exigir a bancos y billeteras digitales una mejor visualización del CFT.

Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, ofrecerá una conferencia de prensa el miércoles por la mañana para anunciar medidas económicas. Fuentes del Palacio de Hacienda adelantaron a Infobae que estas iniciativas no estarán relacionadas con la morosidad.

Durante su intervención en la Bolsa de Comercio de Rosario, el presidente Javier Milei recordó que “se está trabajando para mejorar la información y la transparencia en el otorgamiento de financiamiento”, la cual tomaría como base una normativa aprobada durante la gestión de Federico Sturzenegger en el BCRA. Y agregó: “Estamos complementando para que haya una mayor educación financiera”.

En línea con esto, Milei afirmó que los indicadores de mora “no evidencian una crisis” y sostuvo que la situación muestra “señales de mejora”, apoyándose en datos recientes del BCRA. Según esos registros, la morosidad en el sector privado bajó del 7,7% en mayo al 7,6% en junio, dato que el Ejecutivo utiliza como fundamento para descartar una intervención estatal directa.

En medio de los fuertes cuestionamientos al Gobierno por el aumento de la morosidad en la Argentina, la asociación civil VOCES envió una solicitud de acceso a la información pública para tener información del Banco Central y Arco debido al endeudamiento de personas jóvenes.

El documento está firmado por la dirigente Elisa Carrió y apunta que el “sobreendeudamiento en menores de 30 años se ha consolidado como una tendencia preocupante en nuestra sociedad”. Además, señalaron: “Asistimos también a una expansión desregulada del juego y las apuestas online, un fenómeno que penetra profundamente en la vida cotidiana de las nuevas generaciones”.

La solicitud se articula en cuatro ejes. El primero apunta a obtener series estadísticas del período 2019-2026 sobre saldo de deuda, multiplicidad de acreedores, tasas de interés y Costo Financiero Total (CFT), matrices de transición de situación crediticia, refinanciaciones y ratios de mora, desagregados por tipo de proveedor —financiero y no financiero— y variables sociodemográficas, con énfasis en el segmento de 18 a 29 años.

El segundo eje apunta a la trazabilidad de medios de pago y crédito aplicados a plataformas de apuestas: registro y categorización de flujos transaccionales a través de tarjetas, transferencias bancarias, CBU/CVU y billeteras virtuales, junto con estudios sobre su correlación con el uso de crédito y el estrés financiero.

Asimismo, el tercer punto solicita datos sobre el régimen tributario y la fiscalización de plataformas digitales: base imponible y recaudación del Impuesto Indirecto sobre Apuestas Online, nómina y estado del Registro de Control Online del Sistema de Apuestas —tanto de operadores locales como del exterior— y estimaciones del volumen transaccional no registrado.

Por último, el cuarto eje refiere a la gobernanza regulatoria: cumplimiento del convenio marco entre el BCRA y la Agencia de Lotería y Entretenimiento de Argentina (ALEA), bloqueos preventivos de cuentas vinculadas a intermediarios o juego no autorizado, y antecedentes sobre el análisis o postergación de normativas prudenciales como límites al fondeo con crédito, alertas, autoexclusión y períodos de enfriamiento.

El argumento central que articula la presentación es la posible correlación entre ambos fenómenos. Según el documento, el aumento del endeudamiento en jóvenes y la expansión del juego digital “podrían estar relacionados entre sí, y a las autoridades no les interesa entender esta situación”. VOCES también vincula estas tendencias con el aumento de casos de salud mental y de suicidios entre las nuevas generaciones, y caracteriza al Estado como omiso ante la falta de marcos regulatorios y de control efectivos sobre la ludopatía digital.

“Defender el futuro de nuestra juventud requiere un compromiso firme que traduzca la preocupación en diagnósticos claros y políticas públicas regulatorias y de protección social”, sostiene el texto.

Sobre el final, el escrito aparece firmado además por Maricel Etchecoin, Facundo Del Gaiso, Hernán Reyes, Juan Calandri, María Pace, Federico Esswein, Matías Yofe, Lucila Lehmann, Facundo Cajen y Santiago Echevarrieta.

La presentación de VOCES se produce en un contexto en el que el Gobierno nacional mantiene una postura de no intervención ante el problema de la morosidad. Este martes, el vocero presidencial Adrián Ravier fue más allá de la definición oficial de la mora como un “problema entre privados” y sostuvo en conferencia de prensa que cualquier asistencia estatal equivaldría a usar fondos de los contribuyentes para rescatar a las entidades financieras.

“El problema acá, en gran parte, es de los bancos y de las entidades financieras no bancarias que han otorgado créditos con tasas de interés elevadas, para cubrirse quizás de los riesgos que estaban asumiendo, y esto ha dejado comprometidas a estas entidades financieras. Salvar esta situación desde el Gobierno con dinero de los pagadores de impuestos de alguna manera implicaría tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos”, afirmó Ravier.

Los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran que la mora en el sector privado bajó de 7,7% en mayo a 7,6% en junio, un movimiento que el oficialismo interpreta como señal de que el pico podría haber quedado atrás. Las únicas herramientas de asistencia que el Gobierno nacional anunció para quienes se encuentran en mora son las líneas de refinanciación del Banco de la Nación Argentina (BNA): con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% para la consolidación de deudas de hasta $100 millones y del 35% para la refinanciación de saldos de tarjeta de crédito de hasta $10 millones.

En la publicación, Valentina detalla paso a paso lo que vivió desde que dejó de abonar sus cuotas: las llamadas de los bancos, la venta de la deuda a estudios jurídicos, las amenazas de embargo y las presiones sobre sus familiares. Su relato mezcla experiencia personal con consejos financieros que, según aclaró, surgieron de conversaciones con abogados.

“Lo primero que hacen los bancos es llamarte”, explicó en el video. Según su descripción, cuando el banco evalúa que el deudor no va a pagar, vende la deuda a un estudio jurídico. “Les sale más caro reclamarte la deuda que no cobrarla”, afirmó. A partir de ese momento, es el estudio el que toma contacto con el deudor y le ofrece planes de pago. “Me dicen: empezamos con una cuota de quinientos mil y después lo otro financiado, pero con intereses. O sea, terminabas pagando más”, relató.

Valentina describió que las negociaciones rápidamente derivaron en amenazas. “Me dicen que podrían hacer un allanamiento en tu casa, que podían secuestrar electrodomésticos, que podían secuestrarte el teléfono celular”, enumeró. Ante cada una de esas advertencias, respondió con argumentos concretos: la casa estaba a nombre de su madre, los electrodomésticos no estaban registrados a su nombre, y el celular era un equipo reacondicionado comprado en el mercado informal.

Sobre el embargo de sueldo, la joven señaló que en el momento en que la amenazaron con esa medida trabajaba en la informalidad, por lo que no había movimiento de cuenta que pudiera ser intervenido. Y agregó un dato que considera central: “Antes de embargarte, te tienen que mandar carta documento, tenés que ir a juicio”. Dos años después del inicio de las deudas, afirmó que nunca recibió esa carta documento. “Si no te mandan una carta documento por algo es”, dijo.

Las presiones también alcanzaron a su entorno. Los estudios jurídicos contactaron a su abuela, a su padre y a su madre. A esta última le enviaron un mensaje en el que afirmaban que, si Valentina no pagaba, la deuda recaería sobre ella. “Ella nunca firmó un papel en el que se iba a hacer cargo de mis deudas. Nunca”, aclaró Valentina en el video.

Sobre los plazos de prescripción, fue imprecisa pero optimista: “En tres o cinco años caduca tu deuda. Creo que quedás en el Veraz y después tenés que pagar una multa, pero caducan”. Y sobre el porcentaje máximo embargable en caso de perder un juicio, señaló: “El veinte por ciento máximo te pueden embargar, que si te ponés a hacer la cuenta no es mucho”. Reconoció que su situación crediticia quedó comprometida: “Estoy en situación cinco, creo que es irrecuperable”. Aun así, relativizó las consecuencias: “Si querés sacarte un auto en cuotas, lo podés hacer. Mi hermana trabajaba en un concesionario y yo intenté hacerlo y pasaba joya, por más que esté en el Veraz”.

Sí distinguió una excepción clara: los empleados del Estado. “Si trabajás para el Estado, si sos docente o policía, te embargan de una. Ahí sí no tiene perdón”, advirtió.

Qué dicen los bancos y las financieras sobre las consecuencias del impago

El relato de Valentina describe una experiencia personal, pero las consecuencias del impago de créditos están reguladas y documentadas por las propias entidades financieras. El proceso que ella narra tiene correlato en la información que los bancos y financieras ponen a disposición de sus clientes.

Según explica Supervielle, la consecuencia principal de no pagar a tiempo las cuotas de un préstamo es la generación de intereses sobre la deuda, lo que eleva el monto total a cancelar. La entidad también advierte que el incumplimiento puede derivar en el ingreso al Veraz —el registro del historial de crédito de los argentinos— y que, si la deuda no se resuelve por otros medios, el banco puede iniciar un proceso judicial y trabar un embargo de bienes.

El Veraz funciona como una base de datos que recopila información financiera de personas y empresas, y que es consultada por bancos y entidades al momento de evaluar el otorgamiento de créditos, tarjetas o préstamos. Según explica Ualá, el informe incluye datos sobre deudas con entidades bancarias, cheques rechazados en los últimos 24 meses, préstamos vigentes, procesos judiciales y extrajudiciales, pedidos de quiebra y obligaciones no canceladas.

La situación en el Veraz se clasifica en cinco niveles. Según detalla Naranja X, la Situación 1 corresponde a quienes cumplen con todos sus pagos en tiempo y forma, lo que les otorga un score alto y acceso a productos financieros. La Situación 2 refleja moras leves de hasta 30 días y es reversible rápidamente con la regularización del pago. La Situación 3 implica atrasos de más de 30 días y requiere, según la entidad, un análisis de ingresos y egresos y una negociación con los acreedores. La Situación 4 aparece cuando el atraso supera los 90 días y ya se considera un incumplimiento de magnitud, con riesgo de embargos o demandas. La Situación 5, en la que Valentina reconoció estar, corresponde a deudas incobrables o que pasaron a instancia judicial.

Naranja X señala que incluso desde la Situación 5 existen alternativas: renegociar con abogados o mediadores, cancelar deudas con quitas y reconstruir el historial con productos financieros más simples, como cuentas o tarjetas prepagas.

Sobre el embargo de sueldo, el Banco Galicia explica que se trata de una medida judicial que retiene una parte de la remuneración para saldar una deuda reclamada. Para que se aplique, debe existir un juicio y una orden de un juez, que se notifica al empleador. “Ningún banco, financiera, tarjeta o estudio de cobranzas puede retenerte el sueldo por su cuenta”, precisa la entidad. Las llamadas o intimaciones de un cobrador no constituyen un embargo: sin sentencia ni oficio judicial, el salario no puede ser intervenido.

Los límites del embargo también están fijados por ley. Según explica el Banco Galicia, la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744) y el Decreto 484/87 establecen que el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) es inembargable. Si la remuneración mensual no supera dos SMVM, pueden embargarse hasta el 10% del monto que exceda ese piso. Si lo supera, el tope sube al 20% del excedente. El cálculo se realiza sobre el sueldo neto, después de aportes y descuentos de ley. La única excepción a estos topes es la cuota alimentaria, en la que el juez puede fijar un porcentaje mayor.

Ualá aclara que consultar el propio informe del Veraz es un derecho garantizado por la Ley 25.236 y que puede hacerse de forma gratuita cada seis meses, ya sea por teléfono o a través de internet. También diferencia el Veraz de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA): mientras esta última registra financiaciones otorgadas por entidades financieras y cheques rechazados, el informe del Veraz es más completo e incluye, entre otros datos, la información que surge de esa central.

Sobre cuándo es posible salir del Veraz, Ualá menciona tres situaciones: si la deuda informada tiene más de cinco años y el acreedor no inició juicio; si la deuda ya fue abonada; o si el registro es producto de un error, como robo de identidad o equivocación de la entidad financiera. En todos los casos, el trámite requiere documentación probatoria y puede demorar varios días.

El Banco Galicia recomienda, ante una notificación de embargo, leer el oficio judicial para identificar el juzgado, el expediente y el monto reclamado; verificar que la deuda sea válida y esté vigente —dado que los plazos de prescripción pueden jugar a favor del deudor—; controlar el recibo de sueldo para confirmar que la retención respete los porcentajes legales; y explorar un acuerdo de pago, ya que en muchos casos es posible levantar o reducir el embargo con un plan cumplido.

La revisión, con corte al 31 de mayo de 2026, halló fallas de reporte en entidades públicas y detectó que deudores recibieron pagos con recursos públicos, mientras otros celebraron contratos con el Estado entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.

“En los 22 años de expedición del Bdme, este comportamiento evidencia un crecimiento significativo y sostenido de la cartera pública en mora”, señaló la Contraloría. Añadió que esa evolución refuerza la necesidad de fortalecer el reporte, el seguimiento, la depuración y la gestión de cobro.

Entidades públicas que siguen sin reportar cartera

Sobre la situación, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) cruzó desde 2019 los boletines de deudores morosos con un listado de 6.398 entidades del Estado remitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El resultado mostró que:

• 2.545 entidades reportaron cartera, equivalentes al 39,78%.
• 3.853 entidades no registraron reportes, lo que representa el 60,22% del universo revisado.

La Contraloría advirtió que “una de las principales alertas identificadas por la Diari corresponde a la completitud del reporte”. El resultado será remitido a las delegadas competentes para el próximo ejercicio auditor. La revisión buscará establecer si la ausencia de reporte obedece a inexistencia real de cartera o a posibles omisiones en el cumplimiento de la obligación legal.

Dónde se concentra la deuda

El análisis también estableció una fuerte concentración en pocos acreedores públicos. Las 20 entidades con mayores saldos reportados reúnen cerca de $135,8 billones, el 82% del total inscrito en el Bdme. La Contraloría indicó que esa concentración permite orientar acciones de seguimiento, priorización y control sobre los principales acreedores. También permite revisar su gestión de cobro, recuperación, depuración y registro contable en el próximo Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal.

Al respecto, el director de la Diari, Andrés Felipe Cifuentes, detalló la lista principal de acreedores.

Dentro de las primeras cinco están:

• Consejo Superior de la Judicatura: $59 billones.
• Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian): $37,4 billones.
• Central de Inversiones S. A.: $12,5 billones.
• Bogotá Distrito Capital: $7,6 billones.
• Unidad para Atención y Reparación de Víctimas: $6,56 billones.

Antigüedad de la cartera y las depuraciones elevan las alertas

La Diari identificó obligaciones con antigüedad igual o superior a cinco años por aproximadamente $65 billones. El componente, según el análisis, exige seguimiento por:

• Riesgos de caducidad.
• Prescripción.
• Pérdida de oportunidad de recaudo.
• Deterioro de la gestión de cobro.
• Necesidad de depuración documentada.

En el tramo más reciente de la cartera, cerca de $100,64 billones corresponden a obligaciones con menos de cinco años de antigüedad. La Contraloría sostuvo que ese segmento podría ofrecer mayor potencial de recuperación si las entidades activan acciones oportunas de cobro y seguimiento. Otro foco del informe recayó sobre los retiros de deuda del Bdme. Más del 70% del valor retirado se asoció a procesos de depuración de la información, con un impacto aproximado de $26,4 billones.

Asimismo, la entidad explicó que el comportamiento obliga a verificar si los retiros obedecen a ajustes válidos, correcciones soportadas o recuperación efectiva de cartera. También registró retiros por pago, venta de cartera y acuerdos de pago, mecanismos que deberán analizarse por separado para medir su efecto real sobre el recaudo y la confiabilidad del registro.

Cruces con Siif y Secop muestran pagos y contratos a deudores morosos

La Contraloría General de la República comparó la información del Bdme con varias bases oficiales. Entre ellas incluyó:

• Sistema Integrado de Información Financiera (Siif Nación).
• Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).
• Registros sobre delitos contra la administración pública.
• Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (eKOGUI).
• Registro Único de Beneficiarios Finales de la Dian.

Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026:

• La Diari identificó 13.282 personas naturales y jurídicas registradas como deudores morosos que recibieron pagos con recursos públicos a través de Siif Nación.
• Esos pagos sumaron cerca de $124,9 billones, mientras sus obligaciones pendientes con el Estado rondaban los $20,9 billones.
• El cruce con Secop mostró 570.827 personas naturales o jurídicas que suscribieron contratos registrados en el sistema en ese mismo periodo.
• Dentro de ese grupo, 20.238 deudores morosos celebraron contratos con entidades públicas por aproximadamente $16,3 billones, pese a acumular obligaciones por unos $11,8 billones.

La Contraloría señaló que esos resultados sirven para que las entidades competentes verifiquen el cumplimiento de las disposiciones aplicables, fortalezcan los procesos de cobro y revisen la calidad de la información reportada. También sostuvo que la información obtenida permite focalizar acciones de seguimiento sobre contratación pública, gestión de cobro y recaudo de recursos.

Con base en esos hallazgos, la CGR propuso siete frentes de trabajo:

• Verificar la completitud del reporte.
• Analizar la concentración de la deuda
• Seguir las obligaciones con más de cinco años de antigüedad.
• Revisar los retiros asociados a depuración para establecer si cuentan con soporte, trazabilidad y justificación suficiente.
• Inconsistencias frente a otras fuentes oficiales, como SIBOR, SECOP, SIIF, eKOGUI y registros de beneficiarios finales.
• Lineamientos internos y externos para el reporte y seguimiento
• Articulación directa entre la Contaduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

La entidad advirtió que hoy no existe un procedimiento institucional estandarizado que defina roles, responsabilidades, flujos de información y mecanismos de seguimiento sobre la cartera morosa. A partir de este análisis, la Diari entregará insumos técnicos a las delegadas competentes para focalizar controles, revisar el cumplimiento legal y reforzar la confiabilidad del boletín.

La crisis de Lácteos Verónica sumó un nuevo capítulo con la presentación de la empresa en concurso preventivo de acreedores, después de meses marcados por la parálisis productiva, la falta de pago de salarios y el crecimiento de las deudas. La histórica compañía, que cuenta con tres plantas de procesamiento en Santa Fe, declaró un pasivo de $15.945 millones y recurrió a la Justicia comercial con el objetivo de evitar la quiebra.

La presentación tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 17, Secretaría N° 34, en la ciudad de Buenos Aires, con el patrocinio del Estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo. La firma, administrada por la familia Espiñeira, expuso un cuadro financiero que incluye obligaciones bancarias por $4.745 millones y más de 2.900 cheques rechazados por un saldo superior a $11.200 millones.

Los compromisos con entidades financieras involucran a Catalinas Cooperativa de Crédito, Credibel, Banco Galicia, Banco Santander, Banco Provincia, Banco Ciudad, Banco Industrial, Banco Nación y Banco Macro. A esa deuda se agregó el volumen de documentos rechazados, que creció durante el conflicto y alcanzó a una extensa red de proveedores y acreedores vinculados con la operatoria de la compañía.

El deterioro financiero se desarrolló en paralelo con una crisis productiva y laboral que afectó a las tres plantas que Lácteos Verónica posee en territorio santafesino: Clason, Lehmann y Suardi. La empresa cesó la producción y dejó de pagar salarios, mientras los trabajadores reclamaron respuestas sobre la continuidad de las fuentes laborales y el cobro de los haberes adeudados.

La situación también impactó sobre unos 150 productores tamberos que suministraron materia prima a la compañía y reclamaron acreencias acumuladas. Las estimaciones ubicaron esa deuda en alrededor de USD 60 millones. De esta manera, la crisis alcanzó no sólo al personal de las fábricas, sino también a una parte de la cadena de proveedores que abastecía de leche a la empresa.

Antes de recurrir al concurso preventivo, Verónica intentó avanzar con un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que contemplaba la desvinculación de alrededor de 200 empleados. La iniciativa no logró resolver el conflicto y la situación continuó con dificultades financieras, interrupciones en la actividad y reclamos de trabajadores y proveedores.

El escenario laboral se agravó con el cese del pago de salarios. Frente a esa situación, el gobierno de Santa Fe otorgó asistencia económica y alimentaria a las familias afectadas y la Municipalidad de Suardi continuó durante un período con el aporte de alimentos. Los trabajadores de las tres plantas también acudieron a legisladores provinciales cuando aumentó el conflicto y persistió la falta de respuestas empresarias.

La presentación judicial no sorprendió a las autoridades santafesinas. Desde el Ministerio de Trabajo provincial, que encabeza Roald Báscolo, señalaron que “era sabido que podría ocurrir”. La provincia siguió la evolución del conflicto durante los meses de parálisis y participó en la asistencia destinada a los operarios afectados por la falta de haberes.

En Lehmann, el delegado del gremio Atilra, Domingo Possetto, describió la incertidumbre que atravesaron los empleados ante la ausencia de definiciones de la empresa. “No sabemos qué puede ocurrir. Los trabajadores no quieren confrontar sino trabajar y cobrar, algo que hace mucho tiempo no pueden hacer”, expresó. La falta de respuestas directas del directorio se mantuvo mientras avanzó la instancia judicial.

El concurso preventivo constituye una instancia con la que la empresa busca evitar la quiebra definitiva en medio de un pasivo que se acercó a los $16.000 millones. La presentación concentró un cuadro de obligaciones compuesto principalmente por deuda bancaria y cheques rechazados, además de los reclamos vinculados con productores tamberos y trabajadores.

En paralelo con el proceso judicial, surgió una alternativa para recuperar parcialmente la actividad en una de las tres instalaciones. La cooperativa cordobesa Copalac, radicada en Morteros e integrada por productores tamberos, acordó con Verónica operar a fasón la planta de Suardi, ubicada en el departamento San Cristóbal.

El esquema contempla el ingreso de leche cruda a la planta para realizar el secado y la posterior elaboración de leche en polvo. La operatoria permite una ocupación provisoria para alrededor de 30 trabajadores, aunque el alcance es parcial frente a la dimensión del conflicto que atraviesa la compañía y a la situación de las otras instalaciones.

Atilra precisó las condiciones laborales vinculadas con esa operatoria. “Copalac asumirá la responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social de los empleados que se incorporen a prestar tareas en el marco de este acuerdo”, señaló el gremio al referirse al entendimiento para utilizar las instalaciones de Suardi.

El acuerdo interrumpió de manera parcial la parálisis de una compañía con una extensa trayectoria en la industria láctea. Históricamente, la producción de Verónica se orientó a quesos, manteca y leche en polvo, con una parte de sus productos destinada a mercados internacionales. La empresa exportó a Argelia y a otros destinos de África y Medio Oriente.

Entre enero de 2020 y abril de 2025, las ventas externas de la firma superaron los USD 102 millones. Ese antecedente exportador precedió al período en el que la empresa cesó operaciones bajo el argumento de insolvencia financiera y económica, dejó de abonar salarios y otros beneficios y enfrentó protestas en las localidades santafesinas donde funcionan sus plantas.

Los altos niveles de morosidad, que afectan tanto a familias como a empresas, mantienen vivo un debate que excede lo estrictamente financiero y que tiene un correlato político de cara a las elecciones presidenciales de 2027: qué llevó a que miles de argentinos dejaran de pagar sus créditos y si, frente a ese escenario, el Estado debe intervenir para asistir a los deudores.

En ese contexto llegó la palabra del presidente Javier Milei, que utilizó su presencia en el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario para fijar postura sobre el tema. El mandatario dedicó buena parte de su discurso a desarmar, punto por punto, los argumentos que responsabilizan a su gestión por el nivel de incumplimiento y a explicar por qué, a su juicio, el Gobierno no tiene margen ni motivo para salir a rescatar a los morosos.

“No hay margen para responsabilizar al Gobierno”

Milei fue categórico al descartar cualquier vínculo entre las decisiones oficiales y el crecimiento de la mora. “No hay elementos para culpar a la política del Gobierno por lo que está pasando en términos de morosidad. Están utilizando políticamente una categoría de mercado que entra en la definición de ‘repugnante’ y se está tratando de cargar esas culpas sobre el Gobierno cuando el Gobierno anunció la política que iba a hacer y la cumplió”, señaló ante empresarios y referentes del sector financiero.

El mandatario fue más allá y apuntó directamente contra quienes, según su lectura, buscan reinstalar el reclamo de intervención estatal. “¿Ustedes recuerdan todas las cosas que hicieron los que quieren que volvamos al pasado? Ahora entramos como imbéciles nuevamente diciendo: ‘No, el problema es la morosidad’. Me niego a creer que seamos tan pelotudos”, disparó, en una definición que dejó en claro el tono con el que decidió abordar la controversia.

El debate sobre las tasas y la figura del usurero

Uno de los ejes del discurso presidencial giró en torno a si las tasas que enfrentan hoy los tomadores de crédito son de mercado o usurarias, discusión que derivó en la aparición de la figura del prestamista que cobra por encima de lo considerado razonable. Milei cuestionó esa mirada con una serie de preguntas retóricas. “¿Quién es el usurero? Aquel que cobra tasas por encima de lo que sería la tasa normal. ¿Y quién define qué es la tasa normal? ¿Alguien se puso a pensar por qué el usurero puede hacer ese tipo de operaciones? ¿No será que hay individuos que no califican en el mercado formal y terminan yendo a un mercado que está dispuesto a tomar más riesgos? Si yo voy a tomar más riesgo, ¿no sería normal que pida más retorno? Obviamente que una transacción más riesgosa va a tener incluida más tasa de interés”, planteó.

El presidente ubicó el origen del problema en la segunda mitad de 2025, cuando, según su relato, la volatilidad preelectoral derivó en una suba abrupta del riesgo país y de las tasas de interés. Ese contexto, sostuvo, llevó a los bancos a restringir el otorgamiento de préstamos. “Al subir la tasa de interés, los beneficios suben. Pero menos que proporcionalmente. Llegan un momento que encuentran un máximo y después de ahí puede seguir subiendo, pero no van a prestar más porque están tomando tanto riesgo que los beneficios esperados le caen”, explicó.

A partir de ese razonamiento, Milei sostuvo que la morosidad que se observa actualmente no corresponde a los créditos otorgados durante el año pasado. “La mora que están viendo hoy no es por préstamos de 2025. Durante el 2025, los bancos racionaron. Es mora vinculada a los préstamos del 2024. Como hubo una suba abrupta del riesgo país, fruto del intento de golpe de Estado, se subió tanto la tasa de interés, se frenó la actividad económica, se congelaron los ingresos y los salarios reales cayeron. Como consecuencia de ello, la gente no pudo pagar”, detalló.

El mandatario agregó que, ante la restricción del crédito bancario, buena parte de la demanda se desplazó hacia otras alternativas de financiamiento. “La gente terminó yendo a entidades no bancarias. Los que están del otro lado saben que son préstamos más riesgosos. Es obvio que va a haber más tasa de interés”, afirmó, en una referencia directa al crecimiento que tuvieron en el último tiempo los créditos otorgados por entidades no financieras, entre ellas las billeteras virtuales.

La comparación con Estados Unidos

Milei también recurrió a una comparación internacional para relativizar la magnitud del problema. Según sus estimaciones, la mora en Estados Unidos se ubica en el 13%, un nivel similar al que registra la Argentina. “¿Se dan cuenta que estamos discutiendo de algo que no es un verdadero problema cuantitativamente? Siendo que además cambiamos el modelo de negocios de los bancos. Nos estamos comiendo otra vez las operetas ‘kukas’”, sostuvo, en referencia a lo que consideró un uso distorsivo del tema por parte de sus críticos.

En esa misma línea, el presidente vinculó el aumento de la mora con la recomposición del crédito al sector privado que impulsó su gestión, en contraste con el esquema previo, en el que los bancos destinaban buena parte de sus recursos a financiar al Banco Central para sostener el esquema monetario del gobierno anterior. Desde su óptica, el propio crecimiento del crédito trajo aparejada una mayor morosidad como “una consecuencia natural del cambio de portafolio”.

Por qué el Gobierno descarta intervenir

El tramo más contundente del discurso fue el que dedicó a explicar por qué su gestión no contempla ningún tipo de auxilio estatal para los deudores. Milei apeló al concepto de “riesgo moral” para argumentar que salir a rescatar a quienes no pudieron pagar sus créditos —al igual que rescatar a los bancos— generaría un incentivo perverso hacia adelante. Bajo su lectura, fue justamente ese tipo de intervención estatal la que en el pasado terminó deteriorando el sistema crediticio argentino.

“Nadie fue a esos mercados con una pistola en la cabeza. Lo hicieron libremente. Es un acuerdo entre partes, entre el prestamista y el prestatario. Se pusieron de acuerdo en un monto y una tasa de interés. Es un contrato entre privados”, remarcó, antes de cuestionar en duros términos cualquier reclamo de que el Estado se haga cargo de esas deudas. “Es injusto. Si hago una operación con mi contraparte y yo me equivoco, ¿por qué carajo tienen que pagar todos ustedes? Es inmoral. Es una locura”, sostuvo.

Refinanciación y transparencia como única salida

Pese a descartar cualquier intervención directa, Milei planteó que la baja de la tasa de interés que impulsa su gestión ya está permitiendo estirar los plazos de pago para quienes se encuentran en mora. “Hoy el sistema financiero se está coordinando para renegociar estas deudas al 20% a tres años”, afirmó, en una definición que coincide con lo que vienen reportando fuentes del equipo económico sobre los esquemas de refinanciación que ofrecen las entidades bancarias.

Por otra parte, el presidente adelantó que el Gobierno trabaja en mejorar la información disponible para quienes acceden a un crédito, sobre la base de una normativa aprobada durante el paso de Federico Sturzenegger, hoy ministro de Desregulación, por el Banco Central. “Estamos complementando para que haya una mayor educación financiera”, señaló, en lo que presentó como el único terreno en el que el Estado tiene un rol que jugar frente al problema de la morosidad.

El Evangelio de esta semana nos regala una de las parábolas más económicas que pronunció Jesús. Pedro pregunta cuántas veces hay que perdonar; la respuesta —setenta veces siete— no es un número, es un horizonte sin límite. Y para explicarlo, el Maestro elige una escena de deudas: un rey le perdona a su siervo una suma imposible, diez mil talentos, una fortuna que jamás podría saldar. Pero ese mismo siervo, apenas perdonado, sale a la calle, encuentra a un compañero que le debe una miseria —cien denarios— y lo toma del cuello para exigirle hasta el último peso.

Veinte siglos después, la parábola se lee como una crónica de la Argentina de hoy.

Porque en nuestro país hay millones de familias que son ese compañero al que se aprieta del cuello por una deuda pequeña. Los números del Banco Central lo confirman con crudeza: la morosidad de los hogares trepó al 12,6% en mayo, el nivel más alto desde el final de la convertibilidad, con una suba de más de ocho puntos en apenas un año. El servicio de la deuda ya devora cerca de una cuarta parte del ingreso familiar: uno de cada cuatro pesos se va en la cuota, y no en la mesa. Y el dato que más debería conmovernos es que buena parte de esa deuda con tarjeta se contrajo, sencillamente, para comprar alimentos.

Que quede claro, entonces, de qué hablamos. Nuestras familias no se endeudaron por imprudencia ni por consumo desmedido. Se endeudaron para comer, para no caer, para sostener lo mínimo mientras el salario real quedaba clavado en los niveles de hace tres años. El crédito no fue un lujo: fue el parche con el que taparon lo que el sueldo ya no alcanzaba a cubrir.

La parábola no condena la deuda. Condena la falta de misericordia. Condena al que, habiendo recibido clemencia, se la niega al más débil. Y esa es, exactamente, la pregunta moral que la Argentina tiene pendiente. Cuando desde los despachos se celebra que el costo de la morosidad es “bajo” porque el sistema financiero argentino es pequeño, se está admirando, sin advertirlo, una carencia: la de un país donde el crédito apenas pesa el 13% del producto —contra el 75% de Brasil— porque los que menos tienen directamente no acceden a él. Se festeja como fortaleza lo que en verdad es la confesión de un subdesarrollo.

Aquí, la Iglesia tiene una palabra para dar, y la viene dando desde siempre. Desde el Jubileo bíblico, que cada cierto tiempo mandaba condonar las deudas para que ningún hermano quedara esclavizado por ellas, hasta la Doctrina Social que nace con León XIII; desde el Jubileo del año 2000 que impulsó Juan Pablo II para aliviar la deuda de los pueblos pobres, hasta la advertencia de Francisco contra “una economía que mata” y la continuidad que hoy ofrece León XIV. La Iglesia no se opone al mercado ni a la ganancia legítima. Reclama algo más hondo: que la economía esté al servicio de la persona, y que la deuda nunca se convierta en un instrumento para dominar al que menos puede.

Pero el Evangelio no se detiene en perdonar la deuda; nos empuja a construir de otro modo. La misericordia que se agota en el alivio es apenas un parche. La forma estructural de la misericordia se llama desarrollo. Un desarrollo que produzca trabajo genuino, registrado y bien pago, para que la familia argentina no tenga que pedir prestado para comer. Un salario que alcanza vale más que cualquier cuota refinanciada.

Y esa es la misión de la economía productiva, de las pymes, de la industria y el comercio nacionales que representamos. Porque esas mismas familias que hoy no pagan la cuota son las clientas del almacén de la esquina, del taller, de la pyme del barrio. Cuando la familia no llega, el comercio no vende, y la rueda se frena para todos. No hay mercado interno sin salarios; no hay salarios sin producción; no hay producción sin un proyecto de desarrollo que el país todavía se debe. El desarrollo de una nación no se mide solo por su rentabilidad, sino por su capacidad de generar trabajo, integración y oportunidades.

Pedro preguntó cuántas veces hay que perdonar. La respuesta fue el perdón sin medida. Pero la enseñanza más profunda de la parábola es que quien mucho ha recibido no puede después estrangular al más débil. Una Argentina que quiera estar en paz con su conciencia y con su futuro tiene que dejar de exigirles a sus familias más frágiles lo que no pueden pagar, y empezar a construir el país productivo donde esa deuda, sencillamente, no sea necesaria.

La caridad alivia. El desarrollo redime.

La dificultad de las familias argentinas para afrontar sus obligaciones financieras alcanzó también a uno de los gastos más cotidianos del hogar: las expensas. Según el último relevamiento de ConsorcioAbierto, realizado entre 15.000 consorcios que utilizan su plataforma, el 15% de las unidades funcionales de la Ciudad de Buenos Aires y el 16% de las de la provincia de Buenos Aires registran deuda. Es decir, de cada 100 departamentos, 15 en CABA y 16 en territorio bonaerense no están al día con el pago.

El dato se inscribe en un escenario de morosidad elevada a nivel nacional, que se mantiene en 12,7% para las familias, el nivel más alto en dos décadas.

En ese contexto de ingresos ajustados y capacidad de pago debilitada, la mora en las expensas se sostuvo a lo largo de todo 2025 en los niveles actuales, tanto en CABA como en la provincia de Buenos Aires. Desde la empresa explicaron que las administraciones despliegan distintas estrategias para intentar revertir la situación antes de que se profundice. “Las administraciones envían recordatorios de pago y notificaciones de vencimiento. Cuando la deuda persiste buscan acordar planes de pago o medidas que incentiven el cumplimiento, siempre tratando de evitar llegar a instancias judiciales”, explicó Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto.

Cuánto cuesta vivir en un consorcio

El informe, que releva información de más de 550.000 expensas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, precisó que en julio la expensa promedio en CABA fue de $354.652, con una baja del 0,6% respecto de los $356.790 registrados en junio. Si se compara con julio de 2025, cuando el promedio era de 281.516 pesos, el incremento interanual asciende al 26 por ciento.

En la provincia de Buenos Aires, en cambio, las expensas continuaron en alza, pero con un valor más bajo: el promedio de julio fue de $182.107, un 3,5% más que en junio. En la comparación interanual, el aumento llegó al 36,4 por ciento.

El informe también relevó la evolución en otras provincias. En Córdoba, la expensa promedio de julio fue de $152.235, con una fuerte suba del 7,9% respecto de junio y del 24,9% interanual. En Santa Fe, el promedio se ubicó en $135.795, con una baja del 12,2% mensual y una suba del 19,8% interanual. En Entre Ríos, el promedio fue de $78.112, con una caída del 5,3% respecto de junio y un incremento interanual del 44,4 por ciento.

De acuerdo con el Indec, la inflación de julio fue del 2,1%, con una variación interanual del 33,8%. Dentro de ese índice, la división de “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, donde están incluidas las expensas, subió un 2,2% en el mes.

En qué se va la plata de las expensas

El relevamiento de ConsorcioAbierto identificó los cinco principales rubros de gasto de los consorcios. En CABA, el ítem de mayor peso es “personal y sueldos”, que representa el 35% del total. Le siguen los “gastos operativos y de mantenimiento”, con el 26%; los “gastos administrativos, bancarios e impositivos”, con el 14%; los “servicios públicos”, con el 12%, y el “mantenimiento extraordinario y las obras”, con el 8 por ciento. En la provincia de Buenos Aires, la estructura es similar.

Según el relevamiento, en los edificios pequeños, de hasta 50 unidades funcionales, el peso de personal y sueldos tiende a aumentar, mientras que en los edificios grandes, de más de 200 unidades, ese rubro se reduce por efecto de las economías de escala. Con los gastos operativos y de mantenimiento ocurre el proceso inverso: pierden peso relativo en los consorcios chicos y lo ganan en los más grandes, en particular por servicios como limpieza y seguridad.

“La estructura de gastos se mantiene relativamente estable y confirma que gran parte de la expensa está vinculada al funcionamiento cotidiano del edificio: personal, mantenimiento, servicios y tareas necesarias para que todo funcione correctamente”, señaló Laiuppa.

Buenas prácticas para evitar más deudas

La entidad que estudia a los consorcios de diferentes partes del país planteó cinco criterios para evaluar la salud financiera de un consorcio. El primero es contar con expensas más predecibles, con menor dispersión mensual y variaciones más acotadas a lo largo del año. El segundo es mantener los costos fijos bajo control, con una relación estable entre el tamaño del edificio y los gastos de administración y personal.

El tercer criterio es la gestión de la morosidad, a través de un seguimiento sistemático que evite que la deuda se vuelva persistente. El cuarto apunta a reducir el peso relativo de los gastos extraordinarios para lograr mayor previsibilidad en el gasto operativo. El quinto criterio es contar con gastos trazables, es decir, rubros claros, consistentes y comparables en el tiempo.

Roberto Urquía, dueño de la aceitera General Deheza y uno de los empresarios más ricos del país, alertó por la caída del consumo en distintos sectores de la economía argentina y aseguró que los trabajadores tienen problemas para llegar a fin de mes.

El empresario industrial sostuvo que el problema no pasa por el origen de los productos, sino por la falta de ventas en general. “No es un problema de tener un producto de la China o nacional, ya no vende directamente, sea chino, sea nacional”, afirmó.

El ex senador nacional por el Frente para la Victoria de Córdoba distinguió entre los sectores que atraviesan un buen momento y los que están en crisis. Mencionó a la minería, a Vaca Muerta y, en parte, al campo como actividades que hoy muestran una situación favorable. En el otro extremo, ubicó al comercio y a otras actividades que, según dijo, no hace falta nombrar porque son de público conocimiento.

El empresario cordobés relató lo que observa en su propia comunidad, donde según explicó, puede verse de cerca el impacto de la crisis sobre comerciantes con una larga trayectoria. “En esta comunidad es chica, donde vemos gente que ha trabajado treinta, cuarenta años en un comercio y está preocupado, con deudas y no vendiendo”, describió. “Esperemos que todo esto pase pronto y que la gente esté un poco mejor”, agregó en declaraciones a Radio Vos.

Salarios que no alcanzan

Urquía puso el foco en la relación entre los sueldos y el costo de vida, y planteó una situación que calificó de paradójica. Según explicó, hoy conviven la dificultad de las empresas para afrontar el pago de salarios con la imposibilidad de los trabajadores de cubrir sus gastos con esos mismos ingresos.

“A los trabajadores no les alcanza para llegar al 15 de cada mes, dependiendo en qué estamento esté en el tema salarial”, agregó.

Consultado sobre posibles soluciones, Urquía reconoció que no tiene una respuesta única para el problema, pero remarcó la importancia de no perder de vista la realidad cotidiana de los distintos sectores productivos, más allá de los resultados generales de la economía. “Yo no tengo la fórmula mágica, pero creo que lo fundamental es el equilibrio de la macro. Igualmente, no hay que descuidar lo que uno observa en la micro. La macro hoy no llega a algunos sectores de la micro”, explicó.

Productos importados y mano de obra local

El dueño de General Deheza también se refirió al ingreso de productos extranjeros al mercado argentino, en particular a aquellos que llegan con subsidios de los países de origen. Para Urquía, este fenómeno tiene un efecto directo sobre el empleo local. “Llegan muchas cosas del exterior con subsidios de los países donde se producen. Tengamos cuidado con eso, porque en realidad nos están enviando mano de obra de un país extranjero y quitándole trabajo a nuestra gente”, advirtió.

El empresario consideró que existen medidas pendientes para atender esta situación, aunque no detalló cuáles debieran ser.

Tasas de interés y el rol del Estado

Otro de los puntos que abordó Urquía fue el nivel de las tasas de interés que aplican algunas entidades financieras no bancarias que operan en el mercado. “Hay fintech o estas financieras que han salido nuevas, que están cobrando hasta el 1.300% de interés anual. Es algo increíble”, planteó.

Urquía comparó esa cifra con tasas que, si bien también son altas, entran dentro de un rango que consideró más razonable. “Te cobran un interés del cuarenta, del cincuenta, del sesenta, hasta del setenta, pero el 1.300 por ciento es una cosa de locos”, dijo. “Eso no hay que permitirlo. Ahí tiene que estar la intervención del Gobierno. El Gobierno está para eso, está para los abusos”, sostuvo.

Al mismo tiempo, Urquía diferenció el problema de las tasas del endeudamiento de las personas en sí mismo, sobre el cual dijo no tener una solución. “No hay forma de solucionar el endeudamiento de la gente. Y si la gente se endeudó, habrá tenido motivos. Pero lo importante es que no sean intereses usurarios como los que estamos escuchando”, agregó.

Capital extranjero versus producción nacional

Por último, el referente empresarial comparó el tratamiento que reciben las inversiones que llegan desde el exterior con el que recibe la producción nacional. “Me parece que se le da mucha importancia al capital extranjero. Al que viene de afuera, se le pone la alfombra roja”, expresó.

El empresario cerró su planteo con una crítica sobre la falta de representación institucional para lo que se produce dentro del país. “Los que estamos produciendo en la Argentina, la verdad, no tenemos un embajador que nos defienda”, concluyó.

La denuncia que radicó Jonatan Gómez, actual volante de Sarmiento de Junín, por extorsiones a raíz de una deuda por medio millón de dólares por haber operado una plataforma clandestina de casino online fue desestimada por la Justicia santafesina. La resolución fue tomada por el fiscal Aquiles Balbis, quien consideró que no existieron intimidaciones de las personas demandadas y que el propio futbolista –ex Racing y Rosario Central– propuso firmar los pagarés en una escribanía luego de haber negociado el monto de la operación.

El futbolista había realizado la presentación judicial en febrero de este año. Allí, señaló haber sido intimidado por una “organización” que exigía el dinero adeudado, que inicialmente había sido de 50 mil dólares tras “una mala racha de juego” en la plataforma Lexus, donde jugaba a la ruleta y otros juegos de azar.

Los aprietes, según la presentación hecha por Gómez, se dieron de dos formas: una, con visitas en agosto de 2025 al predio de Junín donde entrena con Sarmiento, club en el que tiene contrato; y la otra, con advertencias presenciales en su domicilio de la ciudad de Capitán Bermúdez, situada a pocos kilómetros de Rosario.

El abogado de Gómez, Paul Krupnik, destacó en Radio 2 que al jugador lo habían obligado a subir a un vehículo el 29 de octubre de 2025 para firmar en una escribanía de Junín cuatro pagarés por una cifra de 505 mil dólares, cuando el monto adeudado, supuestamente, era de 50 mil dólares. Dicha operación, según la denuncia, fue bajo amenaza de muerte.

El fiscal a cargo de investigar esa presentación señaló que los “aprietes” por WhatsApp que adujo el mediocampista fueron borrados y no constan pruebas de esos mensajes. Añadió que los impactos de las antenas de los celulares de dos de los tres denunciados muestran que no estaban en Junín el 29 de agosto de 2025, fecha indicada por amenazas durante una práctica de Sarmiento, y que según los testimonios de familiares de Jonatan tampoco fueron visitados en su domicilio por personas que los intimidaron.

Por el contrario, Balbis expuso que Gómez tenía una relación “absolutamente cercana” con uno de los denunciados, que él negoció el monto a pagar por la deuda y que también coordinó la escribanía de Junín en la que se suscribieron los documentos. Es más, remarcó que el propio volante acudió solo a la escribanía y bajo ningún tipo de violencia o coerción.

“Corresponde desestimar todo cuanto refiere al delito de extorsión denunciado por parte de Jonatan Gómez, por carecer de elementos de convicción serios para avanzar en una investigación penal”, concluyó el escrito del funcionario del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal subrayó: “Los audios que se acompañan reflejan que Gómez acudió solo y de forma voluntaria –sin violencia o intimidación alguna– a la escribanía, y que incluso suscribió cuanto estimó conveniente. De hecho, disconforme por la fecha consignada en los pagarés, el denunciante refirió ‘si lo ejecutan se comen un pijón porque tarda una banda y me van a tener que embargar una casa y tarda mil años eso’ y que ‘el de los intereses no lo iba a firmar’ (reconociendo implícitamente el concepto de la deuda de este último); a pesar de lo cual igualmente fue suscripto”.

El jueves pasado, el ministro Luis Caputo convocó a una conferencia de prensa una hora antes de que se conociera que la inflación volvió a subir en la Argentina. En esa reunión anunció que los bancos argentinos, por primera vez desde la crisis del 2001, serán habilitados para prestar dólares a empresas que no los generen. Dios sabrá si semejante imprudencia no provocará una estampida: es lo que suele suceder con esas imprudencias en la Argentina. De todos modos, el objetivo de la conferencia de prensa no se cumplió ya que, al rato, la resiliente inflación ocupó el centro del debate público. Sobre el final del encuentro, además, se produjo un intercambio muy relevante sobre otro asunto: el endeudamiento y la morosidad récord que afecta a millones de argentinos.

-Con respecto a las tasas en pesos, hay billeteras virtuales que están cobrando un costo financiero del 700 por ciento o tasas arriba del 400 por ciento. ¿El equipo económico considera la posibilidad de tomar medidas ante estas tasas que parecen abusivas?— preguntó el periodista Juan Manuel Barca.

-Del 700, la verdad que no he visto—respondió el ministro.

-Costo financiero total—aclaró el colega.

-Si están cobrando tasas del 700 o del 400, obviamente son tasas abusivas. Hoy no hay nada que les impida a ellos hacerlo. Esa es la realidad. No creo que puedan mantener un negocio cobrando tasas de ese tipo. Las billeteras a lo que apuntan…eh…son sectores que apuntan al crecimiento, son sectores de, lo que se dice, de growth. Si vos apuntás a cobrar tasas de ese tipo, yo pensaría de este lado que estás en el negocio equivocado. Así que digamos, como dije, es un tema entre privados. No creo que sea muy buen negocio para ellos si están haciendo, eh, digamos, estas cosas—concluyó Caputo.

Cobran tasas abusivas, pero no hay nada que se pueda hacer. Es toda una definición, sobre todo cuando hay millones de personas que fueron afectadas por esta situación.

Existen muchas maneras de contar esta historia. Una de ellas es como sigue. En 2024 el Gobierno puso en marcha un plan que derrumbó salarios y jubilaciones a partir del shock inflacionario y del aumento de los servicios. En ese contexto de reducción de ingresos, las mismas personas que los sufrían eran acosadas por billeteras virtuales que les ofrecían –y les siguen ofreciendo- créditos a un solo click, a tasas increíblemente altas, desreguladas por el mismo gobierno. La tentación era mucha, especialmente porque el propio Presidente prometía que rápidamente los salarios se recuperarían. Las deudas crecieron enormemente luego de la suba brutal de tasas de interés, que decidió el mismo Banco Central en agosto de 2025. Pero los salarios no subieron. Fue una trampa, en cuya construcción el Gobierno jugó un rol muy activo. Así, una parte significativa del ingreso de los más pobres fue captada por empresas poderosísimas, cuyos máximos referentes han militado a favor del proyecto libertario. Pero además este proceso provocó un inmenso daño macroeconómico. La gente dejó de consumir, los comercios de vender y muchas pymes de producir.

Para una mirada tradicional de cómo funcionan las cosas, parece obvio que en un contexto así el Estado debe intervenir. Es más, parece una inmoralidad que no lo haya hecho desde el principio. Un presidente, un ministro o un presidente del Banco Central debe estar atento cuando su plan produce una caída de ingresos y, al mismo tiempo, hay un nuevo actor, muy poderoso, que ofrece una solución de corto plazo a tasas leoninas. Desde este punto de vista, no intervenir parece un gesto de sospechosa complicidad con la apropiación de recursos de los más débiles por parte de los más poderosos, con consecuencias asfixiantes para la vida de los primeros.

Pero Milei, Caputo y Bausili tienen un punto muy razonable. Ellos creen en la libertad, y que la libertad se define por la no intervención del Estado en la vida de los individuos. Lo han dicho una y mil veces. Entonces, no se meten. Ni cuando se generó el problema, ni ahora. Es un tema de convicciones profundas. El Estado no se debe meter y no se mete. Es consistente con un punto de vista filosófico y existencial repetido hasta el hartazgo. En todo caso, si las tasas son muy altas, el mercado las regulará a su tiempo, y habrá menos víctimas.

La indignación frente a la indiferencia del Gobierno, en todo caso, es coherente con una mirada que admite, en ciertas circunstancias, la intervención estatal. Pero si alguien defiende la “libertad”, o esa particular idea de la libertad que domina en estos tiempos la política local, debe defender la posición de Milei, Caputo y Cia. Milei dice: “Nadie les puso la pistola en la cabeza”. Podría decir: “¿No era libertad lo que querían?”. Y tendría toda la razón del mundo.

Es un caso de análisis interesantísimo para entender estos años de la Argentina. La historia del capitalismo está recorrida por varios debates centrales. Uno de ellos gira alrededor de cuánto y cómo debe intervenir el Estado en la regulación de las relaciones privadas. Un exceso de regulación ahoga la economía. Pero la eliminación completa puede ser muy riesgosa. Para cualquier persona pragmática, hay casos en los que cae de cajón que el Estado debe intervenir. Por ejemplo, en este.

Para un libertario, no. Nunca. Su convicción moral se lo impide. A eso se refiere el Presidente cuando habla de “la moral como política de Estado”. Del otro lado se podrá argumentar, como se hizo siempre, que se trata de una pátina filosófica para justificar que el lobo se coma a los corderos. Pero no es lo que piensa el Gobierno. Ayer mismo Federico Sturzenegger presumía de haber eliminado 17 mil regulaciones.

Es una mirada que puede dejar un tendal. Pero tiene consenso. Hay muchísimos empresarios y colegas que la respaldan. En estos días, conscientes del problema, personalidades muy variadas, como Gustavo Lazzari, Hernán Lacunza, Marín Guzmán, Martín Redrado, entre tantos otros, reclamaron algún tipo de solución. Pero es pedirle a Milei que no sea Milei, que renuncie a su principal motivo de orgullo. El reclamo de “empatía”, en este marco, es un contrasentido, porque se trata de una forma amable de pedir intervención. Y eso no va. Que los damnificados se arreglen como puedan. Papá Estado no se mete.

Bienvenidos a la Argentina libertaria.

La mirada libertaria de la vida ha dado otra lección, más dramática aún, en estos días. Por primera vez en la historia, las dos máximas autoridades de la ANMAT fueron detenidas por haber permitido que se distribuya un medicamento contaminado. Se trata del caso del Fentanilo, que provocó al menos cien muertes. Es la peor tragedia sanitaria de la historia argentina. Solo las víctimas identificadas duplican a las de la tragedia de Once. El tema es gravísimo y, sin embargo, las máximas autoridades del Gobierno se mantienen en absoluto silencio.

Las dos detenidas fueron designadas por Javier Milei y se mantuvieron en sus cargos hasta mucho después del desastre. Las evidencias son muy categóricas: los subordinados les pedían que retiraran los lotes contaminados y ellas no lo hacían. En el Congreso, mientras tanto, los bloques libertarios frenaban cualquier intento de investigación independiente.

Es evidente que en esta tragedia, como en todas, hay un componente individual, una responsabilidad personal. Pero hay otro que es ideológico. La ANMAT es un organismo estatal, que controla y regula la distribución de alimentos y medicamentos. Desde la asunción de Milei sufrió despidos de inspectores, disminución de sueldos, reducción de facultades: el mismo proceso de destrucción del Estado desde adentro que se vivió en todas las reparticiones. Hay que escuchar un rato a los familiares de las víctimas –que curiosamente tienen poco espacio en los medios- para entender hasta qué punto esta mirada jugó un rol central en la tragedia. Al final de la historia, claro, no es un buen negocio repartir fentanilo contaminado: la empresa culpable quebrará, nadie más le comprará nada y eso ordenará todo. En el medio, pasan cosas. La libertad tiene sus riesgos, dirán. Lo contrario es el comunismo.

La moral como política de Estado.

Un libertario consecuente sí podría criticar, como lo hacen muchos de ellos, las intervenciones del Estado que se perpetúan tanto tiempo después de la asunción de Milei: que siga existiendo el cepo para las empresas, o que, por ejemplo, se le suba violentamente, en este contexto, el precio de la electricidad a las pymes, porque es una transferencia deliberada de ingresos a las energéticas, que ya ganan mucho, mientras empujan a las pymes al abismo. Hay veces, que el Gobierno se olvida de sus dogmas. En muchísimos casos, el Gobierno libertario interviene para favorecer a unos y perjudicar a otros. Esa contradicción es evidente. Pero un libertario puede criticarlas por exceso de regulación, no porque el Estado no se meta.

Esto mismo sucede en ámbitos muy diversos. Es, como dijo el presidente Milei, el topo destruyendo al Estado. Se supone que, a largo plazo, esto tendría efectos beneficiosos. Quién dice.

Mientras tanto, el Presidente acaba de firmar un decreto que permite a los bancos prestar en dólares a empresas que no los generan. Parece un negoción. Como los préstamos son en dólares, la tasa será muy baja. Muy tentador. Además, el dólar está quieto. Y seguramente no se va a mover nunca más, por los siglos de los siglos. Muy tentador. Sobre todo en este momento en que tantas empresas necesitan fondearse para atravesar tiempos de malaria.

Guido Sandleris, el ex presidente del Banco Central durante la última etapa del macrismo, escribió:

-“Después de la crisis de 2001 se establecieron regulaciones que dividieron al sistema bancario en dos segmentos —pesos y dólares—, aislados entre sí. Los depósitos en dólares sólo podían prestarse, esencialmente, a quienes también generaban dólares. El objetivo era evitar que una fuerte depreciación del peso volviera impagables esos créditos y terminara poniendo en riesgo la capacidad de los bancos para devolver los depósitos en dólares”.

-“Esa regulación prudencial permitió que la Argentina atravesara todas las crisis cambiarias desde 2001 sin sufrir una crisis bancaria. No fue casualidad: fue el resultado de haber aprendido una lección muy costosa”.

-“Históricamente, la Argentina ha tenido enormes dificultades para construir reglas estables. Por eso no parece una buena idea debilitar una de las pocas que funcionó durante más de dos décadas con el fin de expandir el crédito ante una necesidad coyuntural. Las regulaciones financieras prudenciales suelen implicar costos de corto plazo, pero existen para proteger un bien mucho más valioso: la estabilidad financiera”.

Y si algún día, hubiera una corrida, una devaluación brusca o una necesidad genuina de depreciar el peso: ¿qué pasaría con esas empresas? ¿Qué debería hacer el gobierno para salvarlas?

Nada, obviamente.

Acuerdo entre privados.

Nadie les pone una pistola en la cabeza.

Vivimos “en un país libre, el cual solamente puede ser libre”, como decía, en otro contexto, el cantautor cubano Silvio Rodróguez.

¿Sabías que cancelar una deuda no significa que desaparezca de tu reporte crediticio de Infocorp? Si bien cancelar una deuda suele traer tranquilidad, no necesariamente va a desaparecer de tus historial crediticio.

“Cuando llega el momento de solicitar una nueva tarjeta de crédito, un préstamo personal o un crédito hipotecario, muchas personas revisan su reporte de crédito y se sorprenden al encontrar que ese crédito todavía figura registrado”, revela Equifax - Infocorp, pero explica qué se debe esto.

Si aparece tu crédito como deuda aún, puede deberse a los plazos en que estos se actualizan. Pero según Equifax - Infocorp no necesariamente el registro de tu crédito desaparecerá, sino solo cambiará su estado. Como se recuerda, ‘aparecer en Infocorp’ no implica tener deudas, sino solo tener un reporte crediticio generado.

¿Qué pasa si mi deuda sigue apareciendo en Infocorp?

Se debe recordar que el reporte de crédito reúne el historial crediticio de una persona y refleja cómo ha administrado sus obligaciones financieras a lo largo del tiempo.

“Cuando una persona cancela una deuda, lo más importante no es que ese crédito deje de aparecer, sino que la información refleje correctamente su situación. Antes de solicitar un nuevo financiamiento, conviene revisar que no exista un saldo pendiente y que los datos reportados estén actualizados. Esa revisión previa puede ayudar a detectar inconsistencias y corregirlas antes de iniciar una nueva evaluación crediticia”, explica Maria Chirinos, Gerente de Ventas Personales de Equifax – Infocorp.

Así, para evitar confusiones y asegurarse de que la información refleje correctamente la situación financiera, el experto de Equifax recomienda prestar atención a algunos aspectos que explican cómo se ve la deuda en el reporte.

Reporte de Infocorp

Primero, no esperes que tu crédito ya pagado desaparezca del reporte: “El reporte de crédito es un documento que contiene el historial crediticio de una persona. Haber cancelado una deuda no elimina ese antecedente; lo que debe cambiar es el estado de la obligación”, señala la empresa.

Pero también debes revisa cómo aparece registrada la deuda. Así, más que comprobar si el crédito sigue figurando, verifica que ya no aparezca con un saldo pendiente y que la información refleje correctamente que la obligación fue cancelada.

No olvides considerar que la información se actualiza periódicamente. “Las entidades financieras remiten información a la SBS de manera periódica. Por ello, la actualización no siempre se refleja inmediatamente después de realizar el pago, sino cuando la entidad incorpora ese cambio en el siguiente envío de información”, añaden.

Igual se recomienda conservar el sustento del pago. Si pagaste una cuota y aún no se refleja correctamente en tu reporte de crédito, guarda el comprobante de pago para facilitar cualquier verificación con la entidad financiera. Si cancelaste la deuda en su totalidad, solicita y conserva la carta de no adeudo como respaldo de que ya no mantienes obligaciones pendientes con esa entidad.

Pero si la información no cambia, consulta con tu entidad financiera. “Si luego de la actualización periódica la deuda continúa apareciendo como pendiente, comunícate con la entidad que otorgó el crédito para confirmar que el pago fue procesado y reportado correctamente. Si ya notificaste la situación y la información aún no ha sido corregida, puedes solicitar formalmente la rectificación de los datos reportados”, añade Equifax - Infocorp.

Asimismo, si identificas una inconsistencia, solicita su revisión. Cuando la información registrada no coincide con la realidad, el consumidor puede presentar un reclamo ante la entidad financiera para que verifique el caso y, de corresponder, actualice la información reportada.

El ex presidente del BCRA, Martín Redrado, advirtió sobre la creciente morosidad y sostuvo que es necesario buscar alternativas para aliviar la situación de los deudores que atraviesan dificultades para cumplir con sus compromisos. En ese sentido, consideró que existen herramientas que podrían contribuir a ordenar el endeudamiento de los hogares y evitar que el deterioro de su situación financiera termine afectando también al consumo y a la actividad económica.

Para el economista, la carga de la deuda sobre gran parte de las familias argentinas necesita soluciones creativas que “no impliquen un solo peso de gasto fiscal o cuasi fiscal”.

Junto con su consultora, Fundación Capital, Redrado considera fundamental reducir y reordenar la carga financiera de las familias para liberar recursos destinados al consumo y la producción, y así impulsar “una virtuosa secuencia de mayores ingresos, consumo, producción y empleo”.

A través de su cuenta de X, el ex funcionario aseguró: “El Banco Central establece que las refinanciaciones, cuyo otorgamiento a las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito inscriptos en la entidad rectora del sistema financiero notifiquen hasta el 31/12/2027 a los deudores que presenten dificultades financieras conforme al punto 5.5. de la NIIF 9, con motivo de un impacto significativo en su deterioro crediticio, no serán consideradas para la degradación de su clasificación crediticia”.

“Por lo tanto, tales refinanciaciones se excluirán para el cálculo de la pérdida crediticia esperada sobre deudor refinanciado y para la constitución de mayores previsiones regulatorias por riesgo de incobrabilidad, siempre que cumpla puntualmente el pago de las cuotas emergentes de esas nuevas facilidades crediticias, considerando el plazo de 90 días a los fines de ese cumplimiento, con carácter de tratamiento especial, hasta el 30/4/2027″, agregó.

“Consecuentemente, desde el 1/5/2027, el plazo para el cómputo de los días de atraso será de 30 días, de conformidad con las disposiciones de carácter general aplicables en la materia”, concluyó Redrado.

En términos más sencillos, el economista planteó, en diálogo con A24, que los deudores que tengan voluntad de pago deberían contar con un plazo más extenso y una tasa de interés fija para poder afrontar sus compromisos. A modo de ejemplo, explicó que una persona con un ingreso mensual de $1.000.000 puede no estar en condiciones de pagar una cuota de $400.000 si, además, debe afrontar gastos de alquiler, servicios y alimentación, pero sí podría destinar $100.000 al pago de la deuda.

En ese sentido, sostuvo que, en lugar de otorgarle un plazo de 90 días o un año, sería necesario extender la renegociación a cinco años y establecer una tasa fija que permita al deudor cumplir con sus obligaciones.

El economista también advirtió sobre el impacto que tiene el proceso de renegociación sobre la calificación crediticia de los deudores. Explicó que, de acuerdo con la Central de Deudores del Banco Central, una persona que se encuentra al día está clasificada en situación 1, mientras que, a medida que acumula incumplimientos, su calificación empeora y los bancos deben incrementar las previsiones y registrar mayores pérdidas.

Por eso, propuso que, hasta fines del año próximo, aquellos deudores que demuestren voluntad de pago permanezcan en situación 1, aun cuando durante el período de renegociación estén pagando un monto inferior al originalmente pactado.

Cabe mencionar que esto surge en un contexto en que la mora total consolidada del crédito a personas físicas continúa creciendo: en junio alcanzó el 17,5% del monto total otorgado, según el Monitor mensual de crédito a las familias elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral junto con EcoGo. Se trata del vigésimo aumento mensual consecutivo.

“La mora sigue subiendo y ya se lleva casi uno de cada seis pesos prestados”, advirtió el reporte.

La radiografía provincial muestra importantes contrastes. La Rioja registra la mayor mora por monto del país, con 24,5%, seguida por San Luis (22,6%) y Santa Cruz (22,2%). En el otro extremo se encuentran La Pampa (9,1%), CABA (11,9%) y Entre Ríos (13,4%).

Los proveedores no financieros de crédito (PNFC) representan el 14,1% del crédito nacional a personas, pero presentan una mora por monto del 31%, más del doble que el 15,2% del sistema financiero.

Una mujer de Florida fue arrestada tras ser acusada de fingir que tenía cáncer para obtener donaciones de vecinos y conocidos, en un caso que, de acuerdo con Fox News, habría afectado a 238 personas y superado los USD 40.000.

La cadena detalló que la acusada es Maribeth Ellen Jones, de 51 años, residente de Bonita Springs, en el estado de Florida, y que enfrenta un cargo de hurto mayor (grand theft) por una suma que va de USD 20.000 a USD 100.000.

La investigación quedó en manos de la Oficina del Sheriff del Condado de Collier, que sostuvo que la mujer se presentó durante años ante miembros de su comunidad como una paciente oncológica en tratamiento.

Tal y como contó Fox News, esa versión llevó a decenas de personas a organizar colectas y aportes económicos para ayudarla con supuestos gastos médicos.

La oficina del sheriff añadió que la acusada incluso recurrió a gestos destinados a reforzar el engaño ante su entorno, lo que consolidó la confianza de quienes resolvieron asistirla económicamente.

La acusación sostiene que el engaño se extendió entre 2022 y 2024

De acuerdo con Fox News, Jones habría dicho entre 2022 y 2024 que tenía cáncer y que se sometía a tratamientos.

A partir de ese relato, residentes de la zona impulsaron distintas formas de ayuda, entre ellas una campaña en la plataforma GoFundMe, cuyo dinero quedó vinculado a una cuenta bancaria personal de la acusada.

La Oficina del Sheriff del Condado de Collier aseguró que parte de esos fondos llegó por vías directas. Los detectives concluyeron, según Fox News, que la acusada no tenía cáncer y que el dinero reunido fue destinado a pagar deudas personales.

Entre los elementos del expediente, las autoridades afirmaron que integrantes de la comunidad llegaron a cortarle el cabello para que pareciera que se preparaba para recibir quimioterapia, una escena que, para los investigadores, ayudó a sostener la apariencia de enfermedad ante vecinos y allegados.

La causa, además, no se limita a una sola campaña. La oficina del sheriff indicó que Jones ya había sido beneficiaria de otras dos colectas en GoFundMe en las que también afirmaba padecer cáncer. Ese dato amplió la magnitud del caso y reforzó la hipótesis de una maniobra repetida en el tiempo.

GoFundMe reembolsó más de USD 41.000 y bloqueó futuras campañas

En paralelo al avance judicial, la plataforma GoFundMe tomó medidas sobre las campañas vinculadas al caso. Un vocero de la empresa aseguró, en declaraciones reproducidas por Fox News, que la plataforma tiene “tolerancia cero ante el uso indebido” de su sistema.

La compañía también informó que eliminó las recaudaciones, prohibió a la mujer realizar nuevas campañas y devolvió más de USD 41.000 a los donantes a través de su programa de garantías.

“Podemos confirmar que las campañas organizadas en nombre de Maribeth Jones fueron retiradas de nuestra plataforma y que su cuenta quedó bloqueada para futuras recaudaciones. Más de USD 41.000 fueron reembolsados a los donantes”, afirmó la compañía, tal y como reprodujo Fox News.

El reembolso permite dimensionar el volumen de dinero que circuló a través de la plataforma. La investigación, además, sostiene que parte de los fondos también llegó por fuera de GoFundMe, mediante aportes directos.

Qué dijo la Justicia local y cuál es la situación de la acusada

La acusada, identificada como Maribeth Ellen Jones, se entregó esta semana en el Naples Jail Center después de que los detectives obtuvieran una orden de arresto por un delito grave de segundo grado, indicó la Oficina del Sheriff del Condado de Collier.

La investigación sostiene que la maniobra perjudicó a 238 residentes de Naples y de zonas cercanas.

El sheriff Kevin Rambosk describió el expediente como un caso que explotó la solidaridad de personas que creían asistir a alguien en una situación límite.

“Este es un caso indignante porque explotó la bondad y la generosidad de personas que de verdad querían ayudar a alguien que creían que estaba luchando por su vida”, afirmó Rambosk en una declaración difundida por la oficina y citada por Fox News.

El funcionario añadió que este tipo de fraude no solo provoca pérdidas económicas. También erosiona la confianza en las campañas legítimas para personas que sí necesitan ayuda.

La exigencia de que los bancos panameños entreguen una tabla de amortización con siete datos mínimos al aprobar créditos en cuotas, marca un cambio relevante para la protección del consumidor financiero en el país.

Esta disposición, que entrará en vigencia el próximo 22 de octubre, obliga a que cada cliente reciba, sin costo, información detallada sobre el pago de su deuda, que le permita conocer, desde el primer día, el monto total que deberá abonar durante la vida del préstamo.

El nuevo procedimiento, regulado por el Acuerdo 6-2026 de la Superintendencia de Bancos de Panamá, busca que la información sobre tasas, comisiones, cargos adicionales y condiciones del crédito sea más clara y accesible.

Con este cambio, los bancos deberán proporcionar la tabla de amortización y aclarar todas las dudas del cliente antes de dejar constancia de la entrega.

Si el banco modifica la tasa de interés u otra condición que afecte el cronograma de pagos, está obligado a entregar de inmediato una tabla recalculada, también de manera gratuita.

De igual manera, la notificación de cambios ya no se limita a una dirección física o llamada telefónica, como ocurría antes. Los bancos ahora tendrán que avisar a los clientes por correo electrónico y por cualquier otro medio pactado en el contrato.

Además, cada comunicación deberá quedar archivada en el expediente crediticio, permitiendo su revisión posterior por la Superintendencia.

La disposición fortalece la transparencia y facilita la comparación entre ofertas, facilitando que las familias tomen decisiones informadas antes de endeudarse.

En la tabla de amortización, según se explica, los clientes encontrarán: el monto de cada cuota, el desglose entre capital e intereses, el saldo principal después de cada pago, la tasa aplicada, el número total de cuotas pactadas y el costo total del crédito como cifra global en dólares.

El dato más novedoso es la obligación de declarar el costo total del crédito, que hasta ahora no era un requisito normativo.

Esto implica que el cliente podrá saber con exactitud cuánto terminará pagando en total, sumando capital, intereses y todos los cargos incluidos en el esquema de pagos, como comisiones, seguros obligatorios o gastos por cuenta de terceros.

Para quienes se preguntan cómo afecta la medida a productos como las tarjetas de crédito, la Superintendencia de Bancos y la Autoridad de Protección al Consumidor (Acodeco) han explicado que también deberán entregarse tablas de amortización que indiquen el costo total, adaptándose a la lógica particular de estos productos revolventes.

La actualización normativa reduce la asimetría de información entre bancos y consumidores, refuerza la competencia en el sistema financiero y permite detectar comisiones y cargos antes poco visibles.

La Superintendencia de Bancos de Panamá ha destacado que la medida fomenta la confianza y la capacidad de reclamo ante posibles abusos.

El sector bancario, por su parte, ha expresado reservas sobre el posible impacto en la dinámica del crédito, aunque tanto la entidad reguladora como la Acodeco sostienen que la prioridad es que los clientes comprendan plenamente las obligaciones que asumen.

En definitiva, quienes soliciten un préstamo en Panamá a partir del 22 de octubre deberán recibir información clara y completa, con la garantía de conocer, desde el primer día, el monto exacto que pagarán y las condiciones de su deuda. Esta obligación representa un avance hacia una mayor protección y empoderamiento del consumidor financiero.

Al referirse al costo total del crédito, la información disponible reitera que se trata de un dato que antes no existía como exigencia normativa, y que ahora se vuelve obligatorio, representando el total que el cliente pagará al final del plazo, sumando capital, intereses y otros cargos que integren el crédito.

Lo que parecía un secuestro pasó a ser investigado como un presunto autosecuestro en La Paz, Honduras, después de que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones localizaran con vida y sin lesiones a un hombre de 27 años que, según la Policía, habría enviado pedidos de dinero a personas de su entorno laboral.

El hombre fue hallado en una finca cafetalera del municipio de Marcala, en el departamento de La Paz, después de un operativo de especialistas de la Unidad Nacional Antisecuestros.

Según la información, el trabajador habría solicitado un millón de lempiras (L 1.000.000) es decir, más de 37 mil dólares a su jefe inmediato y a dos compañeros de trabajo como condición para su supuesta liberación.

El caso comenzó el viernes 7 de agosto, cuando el hombre, que trabaja como albañil para una empresa constructora, pidió autorización para salir a comprar en una pulpería cercana al lugar donde se encontraba alojado junto con otros empleados.

La compañía desarrolla un proyecto de bacheo en Marcala. Según la Policía, alrededor de 20 trabajadores permanecen hospedados en un apartamento ubicado en ese municipio. Después de salir del alojamiento, el trabajador no regresó.

Al día siguiente tampoco se presentó a sus labores, lo que llamó la atención de su jefe inmediato. El responsable de la empresa decidió comunicarse con el por mensajería para conocer los motivos de su ausencia. La respuesta elevó la preocupación: a través de un mensaje se informó que el trabajador supuestamente había sido secuestrado.

Revelan autosecuestro y fraude

Los mensajes establecían que debían entregar una fuerte suma de dinero para conseguir su liberación. Las mismas solicitudes de dinero fueron dirigidas también a dos compañeros de trabajo del hombre. Ante la posibilidad de que se tratara de un secuestro real, se activaron los protocolos de investigación.

La unidad investiga movilizó desde Tegucigalpa un equipo especializado en el departamento de La Paz para comenzar las labores de inteligencia y búsqueda. Los investigadores desarrollaron distintas diligencias para establecer qué había ocurrido con el trabajador y determinar su ubicación.

El hombre fue encontrado sano y salvo, lo que llevó a los investigadores a profundizar en las circunstancias de su supuesta desaparición y en los mensajes con los que se había solicitado el dinero. Durante las diligencias, según la Policía, el propio hombre reconoció ante los investigadores haber realizado las exigencias económicas.

La explicación que habría dado fue que pretendía ausentarse de su trabajo durante ese día y conseguir dinero para resolver obligaciones económicas personales. Con los elementos recabados durante las primeras diligencias, la Policía considera que no se trató de un secuestro cometido por terceros, sino de una desaparición simulada.

La modalidad consiste en hacer creer a familiares, amigos, compañeros de trabajo u otras personas cercanas que alguien ha sido privado de su libertad para luego solicitar dinero a cambio de una supuesta liberación.

La Policía informó que, de acuerdo con el Código Penal de Honduras, los hechos estarían relacionados con el delito de simulación de infracción inexistente, contemplado en el artículo 529.

Ocho casos de autosecuestro

La Policía Nacional señaló que este caso eleva a ocho autosecuestros o secuestros fingidos el número de hechos registrados por la Unidad Nacional Antisecuestros en Honduras durante 2026.

A diferencia de un secuestro convencional, en estos casos la persona que aparentemente es víctima participa en la creación de la situación ficticia y, en algunos casos, interviene directamente en las comunicaciones destinadas a obtener dinero.

Las motivaciones pueden estar relacionadas con problemas económicos, deudas u otras necesidades personales, según los casos investigados por las autoridades.

Ante una denuncia por un posible secuestro, la Policía Nacional recomienda a la población mantener la calma y comunicarse de inmediato con las autoridades especializadas. La recomendación incluye evitar realizar pagos o tomar decisiones precipitadas antes de recibir orientación de los investigadores.

En Estados Unidos, varios cobradores de deudas pueden reclamar el pago de una misma cuenta, pero no todos tienen derecho a cobrarla al mismo tiempo.

Según CBS News, esa superposición suele ocurrir cuando los derechos de cobro fueron transferidos entre agencias o cuando la deuda fue vendida a un nuevo propietario, un escenario que puede exponer al deudor a errores costosos si paga sin verificar quién tiene la autoridad legal.

La publicación señaló que, en esos casos, una salida negociada puede incluso reducir lo adeudado entre 30% y 50% si la situación financiera ya es inmanejable y se opta por una liquidación de deuda.

Ese dato aparece como una de las alternativas para quienes no pueden devolver el total del saldo.

La respuesta breve es sí: más de un cobrador puede contactar a una persona por la misma deuda. Eso puede pasar a lo largo del tiempo, porque el acreedor original contrata a una agencia de cobro y, si no logra recuperar el dinero, reasigna la cuenta a otra o vende la deuda a un comprador especializado.

Durante esa transición pueden producirse cruces: una agencia puede estar cerrando sus gestiones mientras otra ya empezó a llamar o enviar cartas.

Además, retrasos administrativos, demoras en los registros o información desactualizada pueden hacer que parezca que varias empresas persiguen simultáneamente la misma cuenta.

Dos empresas no deberían cobrar al mismo tiempo si solo una tiene autoridad legal

En términos generales, no debería ocurrir que dos compañías distintas reciban pagos de la misma deuda al mismo tiempo si solo una de ellas tiene la facultad legal para hacerlo.

Si esa situación parece darse, el deudor no debe asumir que ambas tienen derecho a exigir el dinero. También puede haber una confusión más simple: no siempre se trata de la misma obligación.

CBS News explicó que dos tarjetas de crédito distintas emitidas por el mismo banco pueden terminar en manos de agencias de cobro diferentes, de modo que una aparente duplicación puede corresponder, en realidad, a dos cuentas separadas.

Si una persona cree que un cobrador intenta reclamar una deuda que no posee o que no puede verificar, tiene derecho a impugnarla.

Conservar copias de cartas, correos electrónicos y comprobantes de pago también ayuda a resolver reclamos contradictorios si aparecen.

El cuadro descrito por la publicación se inserta en un contexto de presión sobre los hogares: niveles elevados de deuda doméstica, costos de financiamiento todavía caros en términos históricos e inflación que encarece los gastos cotidianos.

Cuando alguien se atrasa en los pagos, esa tensión suele empezar con cartas y llamadas, y terminar con contactos de empresas desconocidas que exigen el cobro.

Consolidación, administración o liquidación: las vías que menciona la publicación

Cuando los avisos de cobro múltiples son solo una señal de un problema de deuda más amplio, resolver los saldos de fondo puede ser más útil que lidiar con cada cobrador por separado. La alternativa adecuada, indicó el medio, depende de la situación financiera de cada persona.

Si el crédito todavía se mantiene en condiciones relativamente buenas y el total adeudado sigue siendo manejable, un préstamo de consolidación puede reunir varias deudas de tasa alta en un solo pago mensual con un interés menor. Eso simplifica el calendario de pagos y puede abaratar la cancelación del saldo.

Si el atraso se debe a la dificultad de seguir varias deudas no garantizadas, pero la persona todavía puede afrontar pagos regulares, una opción es un plan de administración de deuda a través de una agencia de asesoramiento crediticio.

En ese esquema, el objetivo es bajar tasas de interés y cargos, además de simplificar el proceso de devolución sin tomar un nuevo préstamo.

Si la deuda ya dejó de ser sostenible y pagar el total no es realista, la liquidación puede ser la salida. Ese mecanismo busca acordar con los acreedores un pago único por un monto inferior al saldo completo, aunque la publicación advirtió que esa estrategia puede traer consecuencias sobre la calificación crediticia y sobre los impuestos.

Antes de entregar dinero, la recomendación central es verificar quién tiene autoridad legal para cobrar, pedir validación de la deuda si hace falta y guardar un registro detallado de cada comunicación.

Si los reclamos de varios cobradores reflejan un deterioro financiero mayor, actuar temprano sobre el problema de fondo puede evitar que la situación siga escalando.

Contar con una tarjeta de crédito puede abrirte muchas puertas para adquirir bienes, pagar servicios o resolver imprevistos. A pesar de esto, si no comprendes sus características principales y el lenguaje financiero asociado, podrías poner en riesgo tu economía. La falta de información suele llevar a que las personas utilicen estos productos sin considerar sus responsabilidades y posibles consecuencias.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aceptar este instrumento sin leer los conceptos clave del contrato o del estado de cuenta es más habitual de lo que parece. Familiarizarte con estos términos te permitirá tomar decisiones informadas, comparar alternativas y evitar caer en deudas difíciles de manejar. Es fundamental que quienes buscan contratar o ya poseen el plástico conozcan los aspectos esenciales de su funcionamiento.

Antes de comenzar a utilizar este medio de pago, resulta necesario identificar y entender los elementos más relevantes que influyen en su uso responsable. Esto no solo protege tu bolsillo, sino que contribuye a una mejor administración de tus finanzas personales.

Conceptos clave de la tarjeta de crédito: especificaciones fundamentales

Una tarjeta de crédito está conformada por varios conceptos que determinan su operación. Conocer cada uno te permitirá aprovechar sus ventajas y evitar sorpresas desagradables.

• Límite de crédito
• • Es la suma máxima que el banco te autoriza a utilizar.
  • Conforme pagas tu deuda, el límite se restablece y puedes volver a disponer de ese monto.
• Fecha de corte
• • Es el día en que la institución financiera contabiliza tus consumos del periodo.
  • Las compras posteriores a esta fecha se registran en el siguiente ciclo.
• Fecha límite de pago
• • Es el último día para saldar tu deuda sin intereses adicionales.
  • No cumplir con este plazo puede impactar tu historial y aumentar tu deuda.
• Pago mínimo
• • Cantidad más baja que puedes abonar para mantener la tarjeta activa.
  • Pagar solo el mínimo alarga el tiempo para liquidar el saldo y eleva el costo total.
• Pago para no generar intereses
• • Es el monto total que deberías cubrir antes de la fecha límite para evitar cargos extra.
  • Es la forma más recomendable de utilizar una tarjeta de crédito.
• Intereses
• • Son los cargos que el banco aplica si no pagas el saldo completo.
  • Mientras más tardes en cubrir el total, más intereses acumularás.
• CAT (Costo Anual Total)
• • Indicador que refleja el costo real del crédito e incluye intereses, comisiones, anualidad y otros gastos.
  • Un CAT bajo suele significar menor costo por financiarte.
• Anualidad
• • Es el cobro que algunas tarjetas aplican cada año por el servicio.
• Comisiones
• • Son cobros adicionales por operaciones como retiros en efectivo, pagos tardíos, reposición del plástico o uso internacional.

Comprender estos componentes es indispensable para usar esta herramienta de manera inteligente y proteger tu salud financiera.

Los jóvenes precarizados concentran el impacto más duro de la morosidad en los créditos: un estudio del Centro de Estudios de la Ciudad con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert ubicó en 17,4% la tasa de mora de las deudas de personas físicas en junio de 2026 y mostró que el atraso en los pagos crece con más fuerza entre menores de 35 años, en las áreas metropolitanas y en las zonas urbanas más desiguales.

Uno de los hallazgos centrales del informe es la “juventud endeudada”. Las personas menores de 35 años muestran tasas de mora superiores al 25% y, según el tipo de acreedor, alcanzan picos de hasta el 50%.

El trabajo atribuye ese patrón a la informalidad laboral que desplaza a muchos jóvenes del sistema bancario tradicional. Como resultado, el 36% de los deudores jóvenes concentra sus compromisos en billeteras digitales.

“La tasa de mora es más alta entre menores de 25 años: 38,2%. Sin embargo, el mayor volumen de personas con deuda se concentra en el grupo de 36-45 años”, señaló el informe.

Otra de las causas que impulsaron ese fenómeno, según la investigación, es la desregulación financiera iniciada a principios de 2024 por las que las plataformas y el sistema financiero en general elevaron con fuerza las tasas de interés de los préstamos. El informe sostiene que llegaron a cobrar hasta 100 puntos porcentuales más que la banca tradicional.

Mora en aumento

El relevamiento, plasmado en la herramienta “Mapa de la Deuda”, también registró un contraste territorial marcado. En la Ciudad de Buenos Aires, el 81% de la población adulta tiene deudas, pero solo el 11,5% está en mora, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires los mayores índices de atraso rondan el 25%, frente a entre 10% y 15% en el resto del territorio bonaerense.

Según el estudio, desde comienzos de 2026 el volumen de crédito otorgado en términos reales dejó de crecer, pero el monto de la deuda en mora siguió en aumento. Ese desfasaje llevó los niveles de atraso a récords históricos mes tras mes.

El Centro de Estudios de la Ciudad añade otro factor sobre ese segmento: el uso de algoritmos de microsegmentación y predicción de comportamiento para influir en las decisiones de consumo de una población especialmente vulnerable al endeudamiento.

Las provincias con más retraso

El “mapa de la deuda” permite observar el fenómeno a escala nacional y provincial. Según el informe, la mora es más alta en provincias como La Rioja, San Luis, Catamarca, Santa Cruz y San Juan.

A nivel provincial, las mayores tasas de mora sobre el monto adeudado corresponden a La Rioja con 23,9%, San Luis con 22,2%, Santa Cruz con 21,9%, Catamarca con 21,5% y San Juan con 20,5%. En el extremo opuesto aparecen La Pampa con 9%, la Ciudad de Buenos Aires con 11,7%, Entre Ríos con 13,3%, Santa Fe con 14,3% y Córdoba con 15%.

La desigualdad también se repite dentro de cada distrito. En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios del sur rondan el 20% de mora, mientras que en los del norte se mueve entre 8% y 10%.

Una dinámica similar se observa en Santa Fe y Córdoba, donde el atraso golpea con más fuerza en los cordones que rodean a Rosario y a Córdoba capital. El informe interpreta esas diferencias como parte de las asimetrías del tejido urbano y regional.

Los proveedores no financieros rozan el 48% de mora

El ecosistema de deuda cambia de manera drástica según quién otorga el crédito. Los Proveedores No Financieros de Crédito exhiben el índice de mora más alto del mercado con 47,8%, seguidos por las tarjetas no bancarias con 33,27% y las billeteras digitales con 23,34%.

La banca tradicional presenta niveles más bajos. El atraso llega a 18,61% en bancos privados y a 10,13% en bancos públicos, donde además continuó creciendo el monto de los créditos otorgados.

El informe señala que las compañías financieras, en especial las vinculadas con terminales automotrices que ofrecen préstamos prendarios, muestran la tasa más baja del país. Ese segmento registra un nivel de mora de 4,88%.

Con información de NA

En un contexto de alta morosidad, el Banco Nación lanzó una nueva modalidad de refinanciación 100% digital y autogestiva para clientes en situación de mora o irregularidad crediticia.

La propuesta, que forma parte del programa para el ordenamiento de compromisos financieros de los clientes, busca facilitar el acceso a soluciones para quienes presentan deudas en tarjetas de crédito. En tal sentido, el organismo estatal detalló que la operatoria está disponible en una primera etapa para usuarios con deudas de tarjetas de crédito en situación 3, 4 o 5, quienes pueden acceder a planes de hasta 96 meses.

“En el marco de este programa, el Banco incorporó además un nuevo canal digital, 100% autogestivo, que permite a los clientes refinanciar sus deudas de tarjeta de crédito sin concurrir a una sucursal y con contabilización automática de la operación”, afirmó el texto oficial.

Según datos difundidos por la institución, ya se alcanzaron más de 62.000 refinanciaciones en lo que va de 2026, por un monto superior a 310.000 millones de pesos. El nuevo canal digital, 100% autogestivo, permite a los clientes gestionar la refinanciación sin acudir a una sucursal y con contabilización automática de la operación. “La modalidad registró más de 7.500 refinanciaciones durante sus primeras 24 horas de funcionamiento”, destacó el comunicado.

Al mismo tiempo, la entidad indicó que la herramienta se consolida como “una alternativa ágil, simple y completamente digital para los clientes alcanzados”, permitiendo que las personas en situación de mora accedan a opciones para regularizar sus deudas sin intermediarios ni trámites presenciales.

Con este desarrollo, Banco Nación amplía su kit de soluciones digitales y refuerza su propuesta para quienes enfrentan dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

Más planes

En el contexto de su “Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad”, la entidad presentó una iniciativa destinada a ampliar las alternativas de refinanciación y a ofrecer una herramienta para reorganizar deudas atrasadas, facilitar la recuperación de la capacidad de pago y mantener el cumplimiento de las obligaciones a lo largo del tiempo.

La propuesta permite refinanciar deudas en pesos o en UVA (bajo modalidad UVA, ajustable por CER) y está orientada a dos grupos de usuarios:

• Personas humanas en actividad laboral, jubilados y/o pensionados que perciban sus haberes a través del Banco Nación.
• Autónomos, monotributistas y usuarios que no cobren sus haberes en la entidad.
• Podrán incluirse deudores monoproducto asistidos bajo las reglamentaciones destinadas al segmento Microempresas/Emprendedores, cuando correspondan a cartera de consumo

Entre los aspectos principales de la línea, se incluye un plazo máximo de 120 meses y la amortización mensual bajo el sistema francés.

La tasa de interés varía según el perfil del usuario: quienes cobren sus haberes a través del banco tendrán acceso a una Tasa Nominal Anual fija del 12%, mientras que para el resto de los clientes será del 14 por ciento.

Además, quienes ya perciben sus ingresos en la entidad podrán elegir la incorporación de un tope de cuota basado en el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) mediante la contratación de una prima. Esta alternativa establece que, si la cuota calculada en UVA supera el ajuste definido por el CVS, se aplicará como límite el tope correspondiente a ese índice.

La opción se encuentra disponible desde el lunes 29 de junio. Para solicitar la refinanciación o recibir información adicional, los interesados deben acercarse a las sucursales de la entidad.

Cómo refinanciar las deudas

Esta nueva herramienta complementó las líneas presentadas en mayo para la unificación de deudas destinadas a personas físicas con cuotas vencidas e impagas en el BNA. Las opciones anunciadas anteriormente para la regularización de deudas son las siguientes:

• Consolidación de deudas: dirigida a quienes cobran sus ingresos (salarios, jubilaciones o pensiones) a través del Banco Nación, esta opción posibilita unificar deudas financieras tanto en esa entidad como en otras, simplificando la gestión de compromisos y la planificación de pagos. La propuesta ofrece tasa fija, plazo máximo de 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y permite acceder a montos de hasta $100 millones.
• Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito: disponible para usuarios que presentan hasta 90 días de mora en el pago de tarjetas de crédito emitidas por la entidad. Permite reprogramar deudas de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35 por ciento. La modalidad prevé la continuidad de la tarjeta, el comienzo del pago en cuotas a partir del siguiente resumen y ajustes temporales en los límites de compra. En casos de mora superior a 90 días, el Banco ofrece opciones de financiamiento para extender los pagos hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones establecidas.
• Evaluación personalizada: Cada pedido se evalúa de forma particular por los equipos especializados del Banco, que tienen en cuenta el perfil del cliente, su situación económica y los detalles de las deudas a reestructurar. Este método posibilita brindar opciones ajustadas a cada caso, favoreciendo una gestión responsable de los compromisos financieros.

El jefe de Estado atribuyó el aumento de la morosidad a la oposición: “Es uno de los efectos colaterales de los ataques del kirchnerismo”. Además, planteó que decir que es una problemática que la tiene que arreglar el Estado “es pasarle la cuenta a todos los demás”.

El mandatario afirmó que “obviamente” quien se endeuda es responsable de esa decisión y, al ser consultado por las familias que hoy no pueden afrontar el pago de sus créditos, respondió: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”.

Para el Presidente, la refinanciación que están haciendo la mayoría de los bancos “es un problema entre privados”. “De hecho, nosotros fomentamos la refinanciación”, aseguró en diálogo con LN+.

Milei afirmó que la mejora en la calificación crediticia de la Argentina por parte de tres agencias de riesgo permitirá reducir el riesgo país y, en consecuencia, abaratar el costo del financiamiento. Según explicó, ese escenario favorecerá una baja de las tasas de interés y plazos más largos.

“Todo lo que podemos hacer desde la macroeconomía lo hacemos”, afirmó el Presidente, quien además remarcó que el proceso de desaceleración de la inflación contribuye a consolidar ese panorama. “Bajar la inflación también ayuda a tener tasas de interés más bajas y plazos de financiamiento más largos”, señaló.

“Si yo me meto entre los privados, le voy a tener que tocar el bolsillo a otro, y eso me parece que está mal”, consideró Milei.

“Y hacemos mucho también porque el riesgo país, que después de la elección estaba en 1.500 puntos, hoy está en 420. Le paso un dato: la economía argentina, con un riesgo país de 500 puntos, puede crecer entre un 7% y un 8%. Mire si vienen cosas lindas para la economía argentina en términos de crecimiento, ingresos, consumo, salarios y caída de la pobreza”, sostuvo.

Asimismo, destacó que heredó “un 57% de pobreza y hoy está en el 29%. Es un montón. La dirección es la correcta”.

Es importante recordar que la morosidad del sistema financiero volvió a aumentar en mayo, impulsada principalmente por el deterioro en los préstamos otorgados a las familias. La irregularidad en los créditos de los hogares trepó al 12,8% durante el quinto mes del año, el nivel más alto de los últimos más de 20 años.

Por tipo de financiamiento, los créditos personales exhiben el mayor nivel de irregularidad entre los hogares: en mayo registraron una mora del 15,9%, 10,4 puntos porcentuales por encima del mismo mes del año pasado. Les siguieron las tarjetas de crédito, con una tasa de mora del 13,1%, y los préstamos con garantía prendaria, con el 7,7%. Más atrás se ubicaron los créditos con garantía hipotecaria (1,6%) y el rubro “otros”, que alcanzó el 39,3%.

Otro punto de preocupación es que 1,3 millones de personas presentan atrasos simultáneamente en sus obligaciones con bancos y con entidades no financieras. Este grupo representa el 17% de las 7,6 millones de personas que operan en ambos canales de financiamiento, una situación que Equilibra identifica como de morosidad “por partida doble”.

Sobre eventuales medidas de alivio orientadas al consumo, el mandatario dijo: “No voy a entregar mi reputación y legado histórico haciendo la barrabasada que hizo el kirchnerismo”.

Milei afirmó que su estrategia no va a cambiar por el calendario político y planteó que su administración se mantendrá en el rumbo fiscal y monetario que viene defendiendo. “No voy a hacer populismo. Voy a morir con las botas puestas. No me voy a mover de hacer las cosas bien”.

Por otro lado, en diálogo con Radio Mitre, Milei dijo: “No somos Suiza, pero estamos mucho mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es mucho menos que lo que había cuando nosotros iniciamos”.

El video rápidamente comenzó a circular en plataformas como TikTok y X, donde cientos de internautas reaccionaron tanto a la cantidad adeudada como a la forma en que la joven relató su situación financiera.

Durante la grabación explicó que recientemente recibió la notificación del banco para efectuar el pago necesario con el objetivo de evitar la generación de intereses, aunque reconoció que atraviesa un momento económico complicado.

“Debo 130 mil pesos en BBVA y ya me llegó mi pago para no generar intereses... No tengo dinero, no tengo ni un peso”, comentó frente a la cámara.

La declaración generó sorpresa entre los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse cómo llegó a acumular una deuda de esa magnitud.

Revela por qué utilizó el dinero

A lo largo del video, la joven decidió detallar el destino de buena parte del crédito utilizado.

Entre las compras que mencionó se encuentran un iPhone 17 Pro Max, una MacBook Pro, el pago del deducible de su automóvil después de verse involucrada en un accidente, la renta temporal de otro vehículo y diversos gastos relacionados con reuniones, entretenimiento y consumo de bebidas alcohólicas.

Incluso reconoció que una parte importante del dinero terminó destinándose a actividades recreativas.

“Se vino el Fan Fest y empecé a gastar desmesuradamente en alcohol y salidas; básicamente eso”, reconoció.

Sus declaraciones provocaron que numerosos usuarios cuestionaran la manera en que administró el crédito, ya que varios de los gastos mencionados fueron considerados prescindibles y no relacionados con una necesidad urgente.

Las redes reaccionan

Como suele ocurrir con este tipo de historias, el video dio paso a una avalancha de comentarios de personas que compartieron opiniones muy distintas sobre el caso.

Algunos usuarios confesaron sentirse identificados con la preocupación que generan las deudas, mientras otros aseguraron que la actitud de la joven reflejaba una falta de planeación financiera.

Entre los mensajes que más interacción generaron aparecieron frases como: “Y yo muriéndome porque debo 8 mil pesos”, “Pero, ¿cómo le hizo para obtener un crédito tan alto?” y “Hay gente a la que le encanta la adrenalina financiera.”

Las respuestas evidenciaron cómo el tema despertó curiosidad y abrió una conversación sobre la facilidad con la que algunas personas pueden acceder a líneas de crédito elevadas.

Un caso que reabre el debate sobre el uso del crédito

Más allá de la viralidad del video, la historia volvió a poner sobre la mesa la importancia de administrar correctamente los productos financieros.

Especialistas en finanzas personales suelen recomendar utilizar las tarjetas de crédito únicamente cuando existe un plan claro para cubrir los pagos dentro de los plazos establecidos, ya que de lo contrario los intereses pueden incrementar considerablemente el monto original de la deuda.

Aunque las tarjetas representan una herramienta útil para realizar compras, enfrentar emergencias o generar historial crediticio, utilizarlas sin una estrategia de pago puede convertir gastos cotidianos en compromisos financieros difíciles de sostener con el paso del tiempo.

Mientras el video continúa acumulando reproducciones y comentarios, la experiencia de esta joven sigue alimentando el debate entre quienes consideran que fue una decisión irresponsable y quienes ven su historia como un ejemplo de los riesgos que implica utilizar el crédito sin una adecuada planificación económica.

La tradicional cadena especializada en empanadas, pizzas y tartas Solo Empanadas enfrenta un nuevo capítulo de crisis financiera tras solicitar nuevamente la apertura de un concurso preventivo de acreedores. La empresa, que se hizo popular a fines de la década de 1990 gracias a sus campañas publicitarias en la vía pública y su fuerte expansión mediante franquicias, acumula cheques rechazados por más $1.000 millones y una deuda bancaria superior a $3.800 millones.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 11 del Departamento Judicial de General San Martín, a cargo de Marcelo Escola, abrió el concurso preventivo de Divaflo SRL, según consta en un edicto publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.

Solo Empanadas es una cadena especializada en empanadas, pizzas y tartas que nació en 1999 y creció bajo el formato de franquicias. La marca tuvo una fuerte expansión durante los años 2000, con presencia en distintas ciudades del país.

En relación con los plazos del proceso, el edicto señala que la sindicatura presentará el informe individual el 27 de octubre y el informe general el 11 de diciembre. Además, se fijó una audiencia para el 24 de junio de 2027, ya que el período de exclusividad finalizará el 1° de julio del próximo año. Hasta esa fecha, la empresa podrá presentar una propuesta a los acreedores en el ámbito judicial, quienes deberán comparecer para verificar sus créditos.

La compañía registra actualmente 231 cheques rechazados por un total de $1.032.723.382,18 y mantiene deudas bancarias por $3.845 millones con Banco Nación, Santander, Banco Provincia, Galicia, Macro y Supervielle. La mayoría de esas obligaciones ya figuraba en las categorías 2, 3 y 4, es decir, con un elevado riesgo de incumplimiento.

Se trata de la segunda vez que la marca solicita la apertura de un concurso preventivo, luego de un antecedente similar ocurrido hace más de una década.

La primera crisis se produjo en 2009, cuando Franquicias Argentinas S.A., la empresa encargada de desarrollar la red de franquicias de la marca, pidió la apertura del concurso preventivo. Un año más tarde, en 2010, la Justicia declaró su quiebra.

Después de permanecer varios años fuera del mercado, la marca reapareció en 2021 de la mano de Divaflo, que impulsó un plan de relanzamiento en plena pandemia. Sin embargo, pese al regreso y a la reapertura de algunos locales, no logró recuperar el auge que había alcanzado a fines de la década de 1990, cuando se consolidó como una de las principales cadenas del rubro en el país.

La compañía tiene su planta de producción, de 4.000 metros cuadrados, en Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, y administra otras firmas como Morita, Kiosco de Empanadas, Fábrica de Pizzas, y Directo de Fábrica.

Según señalan en su sitio, cuentan con una red de más de 200 sucursales distribuidas entre la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Mar del Plata. Recientemente habían incorporado una línea de productos congelados con el objetivo de facilitar la apertura de nuevos locales en diferentes puntos del país y ampliar sus canales de comercialización.

Divaflo atribuye sus dificultades financieras a la decisión de trasladar su planta industrial para acompañar el crecimiento de la empresa. La fábrica original resultaba insuficiente por la expansión de franquicias, el aumento de la demanda y la suma de nuevas líneas de productos.

La mudanza demandó una inversión muy superior a la prevista. Una parte fue financiada con fondos propios y el resto mediante préstamos bancarios, lo que elevó el nivel de endeudamiento de la empresa. Si bien en una primera etapa pudo cumplir con sus compromisos financieros, el deterioro del contexto macroeconómico se produjo antes de que esa inversión comenzara a generar resultados.

La caída en la apertura de nuevas franquicias y la retracción del consumo, especialmente durante 2024, se combinaron con el aumento de las tasas de interés y de las tarifas de los servicios públicos. En ese escenario, la compañía dejó de poder afrontar sus obligaciones, que incluían deudas contraídas para el pago de salarios, impuestos y proveedores.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este 30 de julio que la economía de México creció 1.5% en el segundo trimestre de 2026, su mayor avance desde el cuarto trimestre de 2020, mientras las finanzas públicas cierran junio con balances mejores a lo previsto y una deuda equivalente a 51% del PIB, en línea con la meta de disciplina fiscal del gobierno federal.

El dato económico se acompañó de una mejora en las cuentas públicas: el déficit presupuestario quedó en 358 mil millones de pesos por debajo del programa y el balance primario presupuestario registró un superávit de 115 mil millones de pesos en el primer semestre. La dependencia sostuvo que ese resultado ayuda a mantener una trayectoria estable de la deuda pública.

La secretaría también reportó que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubica en 51% del PIB, 1.6 puntos porcentuales menos de lo previsto. La deuda neta del gobierno federal representa 47.8% del PIB y conserva un portafolio mayoritariamente en moneda nacional, a tasa fija y con vencimientos de largo plazo.

El consumo, la construcción y las exportaciones empujan el crecimiento

De acuerdo con el informe de Hacienda, la recuperación del segundo trimestre se extendió a los tres grandes sectores de la economía. Las actividades primarias repuntaron tras las afectaciones climáticas de inicios de año, la industria avanzó por la manufactura y la construcción, y los servicios mantuvieron un desempeño favorable por el comercio al mayoreo y las actividades ligadas al consumo interno.

La demanda interna siguió como motor del crecimiento. En abril, el consumo privado subió 0.1% mensual y la formación bruta de capital fijo aumentó 4% mensual con cifras ajustadas por estacionalidad; dentro de ese resultado, la construcción crece 6.5% y la edificación residencial 12.4%.

El mercado laboral también mostró fortaleza. La población ocupada aumentó en 353 mil personas frente al año previo y la tasa de desempleo se mantiene en 2.7%, cercana a mínimos históricos.

El salario real mediano registrado en el IMSS subió 6.7% anual y el ingreso laboral por hora mediano reportado en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo crece 2.9%. Los salarios reales conservaron una trayectoria al alza.

La inflación general promedió 3.9% anual en el segundo trimestre y regresó al intervalo de variabilidad del objetivo del Banco de México. La inflación subyacente se ubicó en 4.2% promedio anual, con su mayor disminución trimestral desde el segundo trimestre de 2024, mientras la no subyacente repunta ligeramente por alzas temporales en frutas y verduras, entre ellas el jitomate.

El IVA marca su mayor avance semestral desde 2014

La respuesta central de Hacienda sobre los ingresos del gobierno está en la recaudación tributaria. El IVA superó en 100 mil millones de pesos el monto programado y creció 10.6% real anual, el mayor aumento para un primer semestre desde 2014.

Hacienda atribuyó ese resultado al fortalecimiento de la fiscalización y al dinamismo del consumo interno. Dentro del mismo impuesto, junio destacó con un incremento de 53.6% real anual, el mayor para un mes comparable.

Los ingresos tributarios totales aumentaron 0.4% real anual. El avance del IVA, del IEPS y de los impuestos a las importaciones compensa parcialmente la menor recaudación por ISR.

Subieron 6.4% real anual los ingresos por importaciones, apoyados por el mercado interno y por la actualización de fracciones arancelarias para países sin tratado comercial con México. Aun así, quedan por debajo de lo calendarizado.

El gasto social sube y el grado de inversión se mantiene favorable

En el primer semestre de 2026, el gasto público mantuvo una trayectoria ordenada, según la secretaría. Las erogaciones en salud aumentaron 18.3%, en educación 13.5%, en protección social 6.1% y en vivienda 3.2%.

Dentro del gasto social, la dependencia destacó que el rubro de desarrollo social creció 9.7% real anual, su tasa más alta para un primer semestre desde que hay registro. Hacienda vinculó ese resultado con una mayor cobertura de los Programas para el Bienestar.

En materia de deuda, el costo financiero se redujo 4.8% real anual en el primer semestre. La secretaría atribuyó esa baja al efecto cambiario sobre pasivos en moneda extranjera y a una estrategia de refinanciamiento que genera ahorros por 111 mil millones de pesos frente al monto programado.

Además, México conserva el grado de inversión ante las principales calificadoras. Fitch Ratings, S&P Global Ratings y R&I ratifican sus calificaciones soberanas, mientras Moody’s modifica la nota de Baa2 a Baa3 y mejora la perspectiva de negativa a estable.

La morosidad más grave del sistema financiero tiene un mapa definido: en varias provincias del norte y de Cuyo, uno de cada cinco deudores ya se encuentra en situación “irrecuperable”, es decir, mantiene al menos una línea de crédito con un año o más de atraso en el pago, lo que el Banco Central clasifica como situación 5.

A nivel nacional, de acuerdo a un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), entre mayo de 2025 e igual mes de este año, la proporción de deudores irrecuperables sobre el total de deudores pasó del 9,8% al 17,2%.

En el norte, el peso sobre el total de deudores ronda el 20%, consolidando a esa región como la más afectada por el deterioro del crédito.

Los casos más críticos se concentran en San Juan (23,8%), La Rioja (21,7%), Catamarca (21,6%), Salta (20,7%), Tucumán (23%), Santiago del Estero (20,8%), Chaco (20,9%), Formosa (20,4%), Misiones (20,4%), San Luis (21,7%) y Corrientes (20,4%).

Pero los mayores saltos interanuales se registraron en Neuquén, Chubut, Chaco y Santa Fe. En esas cuatro provincias, el porcentaje de deudores irrecuperables creció 12 puntos porcentuales en un año. En conjunto, sumaron 220.000 nuevos deudores irrecuperables, una parte significativa del incremento registrado a nivel nacional.

En términos absolutos, el país pasó de alrededor de 2 millones de deudores irrecuperables en mayo de 2025 a 3,6 millones en mayo pasado. Esto implica 1,6 millones de personas más en la categoría de mayor riesgo crediticio en apenas doce meses.

Si se considera a todos los deudores morosos —aquellos con al menos tres meses de atraso— la cifra asciende a 5,8 millones de personas, equivalente al 12,5% de la población argentina, que tiene por lo menos una línea de crédito en situación irregular.

Deudas bajas, pero imposibles de pagar para muchos

El análisis de los montos muestra que el problema no está concentrado en grandes créditos hipotecarios o prendarios. Por el contrario, los deudores irrecuperables suelen tener obligaciones relativamente bajas, asociadas al financiamiento de gastos cotidianos como compras en supermercados, servicios o arreglos del hogar.

La mitad de los deudores irrecuperables adeuda $309.000 o menos, mientras que entre los deudores que están al día la mitad mantiene deudas de $668.000 o menos.

En promedio, los deudores irrecuperables adeudan 53,7% menos que quienes no registran atrasos en sus pagos. El dato sugiere que son los hogares con menor capacidad de endeudamiento y con créditos de menor monto los que están enfrentando mayores dificultades para devolver lo adeudado.

A su vez, los jóvenes lideran el aumento de deudores con más de un año de mora: este grupo registró un crecimiento del 87%. En segundo lugar se ubican las personas de 75 años o más, con un incremento del 11%.

Esto se vincula, según el IAG, con que el salario del sector privado registrado frenó su recuperación a mediados del año pasado y se ubica 5,3% por debajo en términos reales de los niveles de 2023. }

Por otro lado, los salarios del sector público permanecen estancados en niveles bajos, ubicándose un 21% por debajo del promedio de 2023. A su vez, el ingreso disponible —medido como el salario menos los gastos fijos en servicios— se redujo aún más debido al aumento de las tarifas y del costo del transporte.

En el caso de los trabajadores del sector privado, este indicador acumula una caída del 9,7% desde el cambio de gestión.

En este contexto, “la capacidad de repago de las personas no mejorará mientras sus ingresos no se recuperen”, consideró el IAG.

Ahora bien, con 19 meses consecutivos de aumento en la morosidad de las familias, cerca de 7 millones de personas quedaron excluidas del acceso a créditos bancarios y no bancarios.

Este escenario choca con la apuesta del Gobierno de que la recuperación de la actividad económica, y especialmente del consumo, se sostenga en una mayor expansión del crédito, sobre todo si se considera que el poder adquisitivo de los hogares sigue deteriorándose.

Esta es la escena: un colaborador (a) que pide un adelanto de nómina. Es la segunda vez este trimestre. Y posiblemente más de una vez le hemos escuchado hablar de deudas en lo que va del mes.

Nadie en Recursos Humanos lo lee como una señal; todos lo leen como, “así estamos la mayoría de los mexicanos”. De repente, la persona renuncia y la pregunta es ¿cómo empresa no supimos ver la red flag? Pasamos por alto el momento que vive y que eso puede llevarlo a buscar más ingresos, formal o informalmente hablando.

El estudio que le pone número a esta escena, tan común que a veces no reparamos en ello, es del Instituto del Propósito y Bienestar Integral. Desde el observatorio de bienestar nos dimos a la tarea de analizar cómo el historial crediticio puede ser predictor de la renuncia. Tal vez parezca una curiosidad de nicho: ¿el buró de crédito predice renuncias?

Resulta que este estudio analizó el historial crediticio real de 51 mil 796 trabajadores mexicanos. Para evaluar se utilizó el puntaje FICO, la calificación de 300 a 850 puntos que Círculo de Crédito, uno de los dos buró de crédito del país, usa para medir qué tan al corriente está una persona con sus pagos.

Va de 300 a 850 puntos, y entre más alto, mejor es el historial crediticio. Un trabajador con un puntaje cercano a 300 —el mínimo de la escala— registra una probabilidad de renuncia de 12%; uno cercano a los 850, la reduce a 4.5%. Dicho de otra forma: moverse de un extremo a otro de la escala se asocia con una diferencia de más de 7 puntos porcentuales en la probabilidad de dejar el empleo.

Entonces, una persona con mal manejo de crédito tiene hasta el triple de probabilidad de renunciar que alguien con finanzas sanas. Cada tarjeta de crédito adicional abierta suma 3.1 puntos porcentuales de riesgo; cada préstamo personal vigente, un punto más. Tiene sentido si se piensa a qué escala llega el agobio por conseguir más recursos y pagar deudas.

Otras mediciones sobre estrés financiero en México ya ubicaban a 6 de cada 10 trabajadores sin poder dormir bien por sus deudas. No es que deber dinero vuelva a alguien menos comprometido con su trabajo. Es que pagar intereses, mes tras mes, termina pesando más que cualquier plan de carrera que Recursos Humanos le tenga preparado.

Del diagnóstico a la acción

Aquí conviene bajar del diagnóstico a la cancha, porque el propio estudio deja pistas de por dónde empezar. Las conversaciones sobre educación financiera aplicada, adelantos de nómina alineados a las reglas de la organización y asesoría para reestructurar deudas tienen que suceder ya, y no verse como un beneficio de catálogo que se activa hasta que la persona renunció.

Hay un matiz que se nos suele escapar: estos beneficios ya existen en el mercado mexicano, pero pareciera que necesitamos validar que a otra empresa le fue bien aplicándolos antes de decidirnos a implementarlos en la propia. Diagnosticar el estrés financiero de la fuerza laboral y, al mismo tiempo, seguir sosteniendo frases como “si él o ella se endeudó es su culpa y no se relaciona con la empresa” son dos cosas que no pueden convivir.

Porque la realidad es que ese trabajador estresado, agobiado, es el que llega todos los días a tu empresa, y el que tarde o temprano va a buscar fuentes de ingreso diferente. Este reporte justo se realiza con la intención de impulsar tomar acciones antes de que sea demasiado tarde.

Así que las empresas que tengan una mirada más integral y holística sobre lo que sucede con el colaborador van a adelantarse a la fuga de talento con una conversación oportuna. Aquellas que se dediquen a auditar solo clima laboral y desempeño se van a enterar hasta que llegue la carta de renuncia, si es que llega, porque a veces ni siquiera eso: solo se van a quedar con una plantilla cada vez más cansada.

*Ivonne Vargas es Directora del Observatorio de Bienestar del Instituto del Propósito y Bienestar Integral de Tecmilenio, cofundadora del Instituto Internacional de Desarrollo Organizacional con sede en Barcelona.

La morosidad del sistema financiero argentino registró un nuevo avance en mayo, impulsada principalmente por el deterioro en los préstamos otorgados a las familias. De acuerdo a datos oficiales, la irregularidad de los hogares ascendió a 12,8 por ciento durante el quinto mes del año. Se trata del mayor nivel en más de 20 años.

Según el último Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% a nivel agregado, lo que representa un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto de abril y 5,1 puntos más en comparación interanual.

El informe oficial destaca que el incremento de la mora tuvo como principal motor el desempeño de los créditos familiares. En mayo, el indicador de irregularidad para este segmento alcanzó 12,8%, superando en 0,7 puntos porcentuales el registro del mes anterior y en 8,3 puntos el dato de hace un año. Aunque el ritmo de deterioro se moderó en los últimos meses, la cartera irregular sigue mostrando un crecimiento real sostenido, impactando en la capacidad de pago de los hogares.

Ahora bien, si se analiza la calidad de cartera por línea, se encuentra que el mayor ratio de irregularidad entre hogares la tienen los créditos personales, que alcanzaron en mayo un nivel de mora del 15,9% (10,4 puntos más que igual mes del año pasado). Le siguieron las tarjetas de crédito (13,1%), los préstamos con garantía prendaria (7,7%). Completan la lista los créditos con garantía hipotecaria (1,6%) y otros (39,3%).

Empresas y freno en el deterioro del crédito

En las empresas, el indicador de irregularidad se ubicó en 3,5% durante mayo, 0,1 punto porcentual por encima de abril y 2,5 puntos más que un año atrás. Se trata de un nivel sensiblemente menor al de las familias, aunque también en ascenso.

El BCRA reconoció que el crédito comenzó a mostrar señales de recomposición. El saldo real de préstamos al sector privado en pesos aumentó 0,3% en mayo, luego de cuatro meses consecutivos de caídas, impulsado por las líneas comerciales y las de garantía real, mientras que el consumo volvió a retroceder.

En moneda extranjera, el financiamiento a privados creció 2,6% entre puntas de mes. En tanto, los depósitos del sector privado en pesos se redujeron 0,9% real, golpeados principalmente por las colocaciones a plazo.

Cobertura y solvencia

De acuerdo con el Banco Central, pese al avance de la mora, el sistema financiero mantiene un colchón amplio para afrontarla. Las previsiones constituidas por las entidades cubrían en mayo el 86,3% de la cartera irregular y el 6,6% del total de créditos otorgados. Al considerar en conjunto la morosidad, el nivel de previsiones y el capital regulatorio, el crédito en situación irregular neto de previsiones representó apenas 2,2% de la Responsabilidad Patrimonial Computable.

En ese marco, la integración de capital del sistema se ubicó en 30,7% de los activos ponderados por riesgo, con un exceso de integración de 280,3% por encima de la exigencia normativa. Estos niveles de solvencia le otorgan a la banca margen para absorber el impacto de la mora sin comprometer su estabilidad.

Por otro lado, los indicadores de liquidez también se mantuvieron en niveles sólidos. El indicador que contempla únicamente las disponibilidades en pesos se ubicó en 11,9% de los depósitos en esa moneda, mientras que al sumar los títulos públicos y las operaciones de corto plazo con el BCRA, el ratio ampliado alcanzó 32,7 por ciento. En moneda extranjera, los activos líquidos representaron 50,9% de los depósitos en esa denominación.

El peso de las cuotas en el salario

El deterioro no se limita al porcentaje de cartera irregular. Según el último Informe de Estabilidad Financiera del BCRA, la carga mensual de los servicios de deuda de las familias representó en abril el 24,1% de la masa salarial formal, un nivel que hace dos años no llegaba al 9 por ciento.

El salto responde, entre otros factores, a que la tasa de interés real de los créditos a personas dejó de licuarse por la inflación y se volvió significativamente positiva.

Jóvenes y entidades no financieras, los más afectados

Los datos oficiales señalan que el deterioro golpea con mayor intensidad a los segmentos más jóvenes: entre los deudores de 18 a 25 años la irregularidad supera el 40%, mientras que la proporción desciende de manera progresiva a medida que aumenta la edad. La morosidad también es más pronunciada en las entidades no financieras, que concentran cerca del 17% del crédito a familias y donde el indicador ya ronda el 30%, muy por encima del promedio del sistema bancario tradicional.

Las diferencias también tienen un correlato territorial. En el norte del país, la proporción de personas en mora supera el 30%, mientras que en el centro y en provincias como Neuquén se ubica por debajo del promedio nacional. A su vez, entre quienes accedieron a préstamos exclusivamente a través de entidades no bancarias, por dificultades para calificar en la banca tradicional, el nivel de incumplimiento supera el 50 por ciento.

La Gobernación del Valle del Cauca anunció el traslado de 6.000 millones de pesos para apoyar a los hospitales de Sevilla, Roldanillo y Zarzal, tres centros asistenciales afectados por retrasos salariales, deudas acumuladas y falta de pagos por parte de EPS intervenidas.

La medida busca aliviar la crisis financiera que atraviesan estas instituciones del norte del departamento y garantizar que la atención a los pacientes no se siga viendo comprometida. El anuncio se produjo después de las protestas realizadas por trabajadores de la salud, quienes bloquearon la vía Panorama para exigir soluciones urgentes ante los incumplimientos en el pago de salarios.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la gobernadora Dilian Francisca Toro explicó que los recursos serán destinados a respaldar a los hospitales y a dar tranquilidad al personal médico y administrativo que venía reclamando respuestas.

“La idea es que, si ellos están tranquilos, puedan atender muy bien a los pacientes. Eso es lo que buscamos: que los pacientes tengan una atención con calidad, oportunidad y humanización”, afirmó la mandataria.

Los trabajadores de los hospitales de Roldanillo, Sevilla y Zarzal retomaron sus labores tras el anuncio del giro departamental. La decisión permitió levantar la presión inmediata en estas instituciones, aunque las autoridades locales advierten que el problema de fondo sigue sin resolverse.

Alcaldes piden solución nacional para deudas de EPS

Uno de los primeros en reaccionar fue el alcalde de Sevilla, Manuel Felipe Quintero, quien calificó el traslado de recursos como un “oxígeno” para el Hospital Departamental Centenario. Sin embargo, aclaró que la inyección de dinero solo permite atender la urgencia del momento y no elimina la crisis estructural causada por la cartera acumulada.

“Esa inyección de recursos es fundamental para que el Hospital Centenario de Sevilla funcione, pero el llamado es para el Gobierno nacional para avanzar en el saneamiento financiero del sistema”, aseguró el mandatario local.

Quintero advirtió que la situación del hospital continúa siendo crítica por las deudas que mantienen las EPS. Solo Emssanar, según el alcalde, le adeuda al Hospital Centenario más de 16.000 millones de pesos, una cifra que supera ampliamente el apoyo recibido y que muestra la magnitud del desfinanciamiento.

La crisis no solo afecta el pago de nómina. También compromete la compra de insumos, el funcionamiento de servicios, la contratación de personal y la capacidad de respuesta de hospitales que atienden a miles de usuarios del norte del Valle.

Valle reporta cartera cercana a $7 billones

La Gobernación del Valle aseguró que el departamento enfrenta una cartera cercana a 7 billones de pesos dentro del sistema de salud. A esto se suma la pérdida de 2.400 empleos y el cierre de cerca de 2.000 servicios, cifras que reflejan el deterioro de la red asistencial.

El traslado de los 6.000 millones de pesos busca evitar que la crisis se profundice en Sevilla, Roldanillo y Zarzal, pero también deja en evidencia la fragilidad financiera de los hospitales públicos frente al incumplimiento de las EPS.

Para la gobernadora Toro, la prioridad es que los trabajadores puedan prestar el servicio sin la presión de salarios atrasados y que los pacientes reciban atención oportuna. La mandataria insistió en que la estabilidad del personal de salud repercute directamente en la calidad del servicio.

El anuncio departamental permitió destrabar la atención en los tres hospitales, pero el reclamo de los alcaldes y trabajadores apunta al Gobierno nacional. La región pide medidas de fondo para sanear las deudas, evitar nuevos cierres de servicios y proteger la red hospitalaria que sostiene la atención en el norte del Valle del Cauca.

El caso vuelve a mostrar la presión que enfrentan los hospitales públicos cuando las EPS acumulan cartera y los giros no llegan a tiempo.

Fitch Ratings evaluó el plan de financiamiento que el Tesoro argentino presentó para el período 2026-2027 y concluyó que la estrategia oficial muestra un enfoque proactivo para cubrir las necesidades de fondos en moneda extranjera antes de las elecciones legislativas del año próximo. La calificadora advirtió, sin embargo, que ese esquema deberá estar acompañado por nuevas compras relevantes de divisas por parte del Banco Central para asegurar la acumulación de reservas internacionales.

Según Fitch, la mejora de los colchones externos del país será determinante para la trayectoria futura de la calificación soberana, luego de la suba que la propia agencia le otorgó a la Argentina en mayo, cuando elevó la nota a B- con perspectiva estable. Esa mejora había marcado un punto de inflexión en la lectura que el mercado internacional hacía sobre la capacidad de pago del país, y el nuevo informe retoma ese diagnóstico para analizar qué desafíos se abren de cara a los próximos dos años.

El plan fue presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el 6 de julio, y contempla financiar los pagos de deuda en moneda extranjera tanto de este año como del próximo a través de una combinación de instrumentos. Entre ellos, préstamos multilaterales, garantías que respaldan préstamos comerciales, privatizaciones y la emisión de bonos locales en dólares estadounidenses. Fitch remarcó que el esquema no contempla la reanudación de la emisión de bonos internacionales, una alternativa que el propio Gobierno describe como una “opción” pero no un “objetivo”. La agencia señaló que esta decisión se toma pese a la significativa reducción de los diferenciales de los bonos soberanos argentinos, que llegaron a ubicarse incluso por debajo de los de soberanos con calificaciones similares, como Ecuador, países que sí volvieron a los mercados internacionales de deuda.

Una señal de previsibilidad ante el calendario electoral

Para Fitch, el anuncio del plan de financiamiento constituye una muestra de la proactividad del Gobierno a la hora de comunicar de qué manera piensa cubrir el servicio de su deuda en dólares en torno a las elecciones generales previstas para octubre de 2027. La calificadora entiende que esa anticipación podría contribuir a reducir los riesgos de volatilidad en los mercados financieros que suelen derivarse de los ciclos electorales, en la medida en que despeja incertidumbre sobre cómo se afrontarán los vencimientos en un año particularmente sensible desde el punto de vista político.

En cuanto al financiamiento correspondiente a este año, el informe consideró que su entrega “parece razonablemente asegurada”. Fitch fundamentó esa lectura en que los 4.000 millones de dólares que en un primer momento se habían previsto en bonos nacionales en dólares ya fueron emitidos, una cifra que luego fue ampliada a un nuevo objetivo de 6.000 millones de dólares en el último anuncio oficial. A eso se suma que ya se desembolsaron 3.200 millones de dólares, sobre un total previsto de 4.000 millones, en préstamos bancarios respaldados por garantías de bancos multilaterales de desarrollo. Estos movimientos se concretaron antes de los pagos realizados en julio sobre los bonos en dólares estadounidenses, lo que para la calificadora refuerza la idea de que el frente de corto plazo está cubierto.

El desafío de 2027 y las fuentes de financiamiento previstas

El panorama se vuelve más exigente cuando se observa la evolución de las necesidades de financiamiento del Tesoro en dólares estadounidenses, que según el informe aumentan de 19.200 millones de dólares en 2026 a 24.900 millones de dólares en 2027. Fitch advirtió que el cumplimiento de esas metas dependerá en parte de las condiciones de mercado, que pueden variar de manera significativa en un año atravesado por el proceso electoral.

Entre las fuentes de financiamiento previstas para cubrir esas necesidades, el informe detalló la emisión continua de deuda en dólares en el mercado local, por 5.000 millones de dólares, y privatizaciones, por 1.500 millones de dólares. A esto se agregan 2.000 millones de dólares que provendrían de “otras” fuentes que todavía no fueron identificadas con precisión, pero que Fitch consideró concretas dentro del esquema presentado por el Gobierno.

El rol central del Banco Central en la acumulación de reservas

Uno de los puntos que más desarrolló Fitch en su análisis es el peso que tendrá el Banco Central dentro de este esquema. El plan de financiamiento del Tesoro para el período 2026-2027 muestra necesidades residuales de financiamiento en dólares que se cubrirían mediante compras de divisas al BCRA. Esto implicaría que la entidad monetaria pase a convertirse en un comprador neto de reservas internacionales, en lugar de actuar como un contribuyente de divisas al Tesoro.

Fitch fue claro en señalar que ese mecanismo requeriría más que compras compensatorias por parte del Banco Central para lograr el aumento de reservas que exige el programa vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un objetivo al que, según prevé la calificadora, las autoridades seguirán dando prioridad incluso en un año electoral.

El informe repasó también el desempeño reciente del Banco Central en materia de compras de divisas. Con 12.400 millones de dólares acumulados hasta mediados de julio, las compras ya superaron el límite inferior del rango objetivo fijado para este año, que se ubica entre los 10.000 y los 17.000 millones de dólares. Fitch recordó que la acumulación de reservas suele resultar más difícil en la segunda mitad del año, una vez finalizada la cosecha de soja, aunque consideró que la menor dependencia de las importaciones de energía podría facilitar ese proceso. La calificadora destacó, además, que el Banco Central realizó recientemente algunas compras especialmente importantes.

Las elecciones de 2027 como punto de mayor incertidumbre

De cara al año próximo, Fitch anticipó que la acumulación de reservas podría volverse más compleja antes de las elecciones de octubre de 2027. De todos modos, planteó que un buen desempeño en la acumulación de reservas durante este año podría facilitar el cumplimiento del objetivo fijado para 2027, ya que el programa del FMI podría evaluar esa meta de manera acumulativa y no solamente año a año.

El informe fue enfático en un punto: dado que el plan de financiación anunciado no incorpora la emisión internacional que había sido prevista por el FMI, cualquier acumulación de reservas significativamente mayor “requeriría otro año de grandes compras del BCRA, similares a las de este año”.

Fitch consideró que la mejora estructural de la balanza comercial, impulsada por el creciente superávit energético y por el aumento de las exportaciones mineras, podría respaldar ese proceso. Al mismo tiempo, advirtió que ese escenario podría volverse más difícil si los acontecimientos propios del ciclo electoral impulsan la demanda del sector privado de dólares y generan presión sobre la depreciación del peso argentino.

Menores costos financieros, pero con impacto en la liquidez

Por último, Fitch analizó las implicancias de la decisión oficial de evitar la emisión de deuda en los mercados internacionales. Según el informe, esa determinación refleja el deseo de las autoridades de no incurrir en mayores costos de intereses, algo que en principio debería beneficiar los indicadores fiscales del país. No obstante, la calificadora advirtió que esa misma decisión dificultaría una mejora significativa de la liquidez en moneda extranjera, un factor que consideró crucial para fortalecer la estabilidad macroeconómica general, la capacidad de servicio de la deuda y el mantenimiento de la confianza del mercado.

En ese sentido, el informe concluyó que una eventual mejora en los indicadores de liquidez externa tendrá mayores repercusiones sobre la trayectoria futura de la calificación soberana de Argentina, en un contexto en el que la acumulación de reservas y el comportamiento del Banco Central aparecen como las variables centrales a monitorear de cara a las elecciones de 2027.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó este 20 de julio una emisión sindicada de Udibonos (bonos que protegen contra la inflación) a 10 años por un monto equivalente a 6 mil 763 millones de pesos, como nueva referencia en la curva de rendimiento indexada a la inflación.

De forma complementaria, la Secretaría de Hacienda reportó una operación de refinanciamiento por 183 mil 202 millones de pesos, con la que extiende en 3.64 años el plazo promedio de la deuda interna refinanciada. La dependencia detalló que esta operación también da liquidez adicional a la nueva referencia de Udibonos por 4 mil 113 millones de pesos.

Hacienda precisó que el nuevo Udibonos a 10 años, con clave de emisión S 370423, vence en abril de 2037, paga un cupón de 4% y ofrece un rendimiento de 4.60%. El monto total en circulación del instrumento quedará en alrededor de 10 mil 876 millones de pesos.

En el refinanciamiento, la SHCP señaló que recompró instrumentos como Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos: 95 mil 441 millones de pesos correspondieron a vencimientos de 2026, 21 mil 894 millones de pesos a 2027 y 65 mil 867 millones de pesos a vencimientos posteriores a 2028, en línea con el Plan Anual de Financiamiento de 2026.

Hacienda reporta un déficit de 418 mil 749 millones de pesos entre enero y mayo de 2026

México registró un déficit de 418 mil 749 millones de pesos en las finanzas públicas entre enero y mayo de 2026, resultado de menores ingresos presupuestarios y un mayor gasto, aunque el saldo negativo quedó por debajo de lo que había previsto la SHCP para ese periodo.

Según el Informe de Finanzas Públicas de Hacienda mostró un contraste en el balance primario: cerró con un superávit de 15 mil millones de pesos, cuando la previsión oficial apuntaba a un déficit de 165 mil 371 millones. Ese resultado reflejó una menor presión por el costo financiero de la deuda.

El déficit, de acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas, observado fue inferior al programado, que ascendía a 685 mil 092 millones de pesos. En el mismo lapso, la recaudación presupuestaria cayó 1.8% y el gasto público subió 2.3%.

Pago de intereses quedó por debajo de lo previsto

Entre enero y mayo, el gobierno pagó 433 mil 775 millones de pesos por intereses de la deuda, por debajo de los 519 mil 720 millones presupuestados. Hacienda indicó que eso implicó una disminución real anual de 9.6%.

La dependencia atribuyó esa reducción a la estrategia de refinanciamiento del Gobierno Federal. Según la secretaría, esa política mejoró el perfil de vencimientos y generó ahorros en un entorno de volatilidad e incertidumbre en los mercados internacionales.

Hacienda también señaló que la apreciación cambiaria ayudó a contener los pasivos en moneda extranjera y la carga financiera asociada a la deuda pública. Ese efecto, agregó la dependencia, contribuyó a reducir el costo frente a lo originalmente programado.

El saldo de la deuda pública se ubicó en 47.4% del PIB, frente al 49.2% registrado al cierre de mayo de 2025. La publicación también consignó que México mantuvo el grado de inversión con las ocho agencias calificadoras que evalúan su deuda soberana.

En ese periodo, S&P Global Ratings y R&I ratificaron la calificación de la deuda mexicana. Moody’s la ajustó y mejoró la perspectiva de negativa a estable.

El gasto social sube y el operativo baja

Además, Hacienda informó que el gasto en desarrollo social aumentó 13.1% real anual, impulsado por un alza de 21.1% en mayo. Dentro de ese rubro, educación creció 21%, salud 20.9%, protección social 8.6% y vivienda 3.9%.

La inversión física en vivienda y servicios a la comunidad avanzó 6% real anual. La destinada a infraestructura educativa subió 19.2%, mientras la inversión en salud se triplicó en términos reales frente a 2025.

En un contexto de mora en niveles récord, los argentinos destinan prácticamente un cuarto de su salario para pagar deudas: en los últimos dos años, el peso de las cuotas de créditos sobre los sueldos formales casi se triplicó. Lo que antes representaba menos del 9% de los ingresos, ahora se acerca al 25 por ciento. Este cambio muestra cómo las familias argentinas deben dedicar una parte cada vez mayor de sus remuneraciones a afrontar compromisos financieros.

El dato surge del Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central de la República Argentina (BCRA). “Se estima que la carga mensual asociada a los servicios de la deuda de las familias representó 24,1% de la masa de salarial en abril (16,9% de la masa salarial amplia y 4,6% del PIB), nivel ligeramente superior al registrado en el último IEF”, reza el reporte oficial.

Según la consultora Equilibra, este fenómeno está directamente vinculado con un retroceso de los ingresos de millones de personas. El informe señaló que “la fuerte caída del ingreso real registrado y disponible de 14,5 millones de personas en lo que va de la gestión Milei” resultó uno de los factores centrales detrás del salto en los niveles de morosidad. A la vez, los analistas remarcaron que el deterioro del empleo formal —tanto público como privado— fue sustituido por trabajo en “servicios de baja productividad, principalmente cuentapropista y no registrado”.

La morosidad del crédito al sector privado prácticamente se quintuplicó en un lapso de 18 meses, pasando de 2% en noviembre de 2024 a 9,7% en mayo de 2026. El incumplimiento es más elevado en personas que en empresas: la tasa de mora en individuos alcanzó el 16,1% mientras que en compañías fue del 3,5 por ciento. Además, la situación es más grave en entidades no financieras, donde la morosidad tocó el 30,3%, frente al 7,6% en entidades financieras.

En tal sentido, la cantidad de personas en situación irregular creció de manera exponencial. En dos años, el número de deudores con retrasos pasó de 2,4 a 5,8 millones de argentinos. Equilibra puntualizó que “la población adulta de Argentina alcanza 34,7 millones, de los cuales 20,7 millones —casi 60%— tiene financiamiento formal”. Entre quienes tomaron crédito, el 28% figura actualmente en mora, un porcentaje que supera ampliamente el ratio entre monto en mora y el total prestado.

La morosidad no sólo afecta al crédito bancario. Equilibra advirtió que “a las familias no les alcanza el ingreso, la mora no es sólo con el crédito, también viene creciendo el atraso de pagos en expensas, prepagas, cuotas de clubes, etc.”.

El aumento de la carga financiera se combinó con un cambio en las condiciones crediticias. Durante este período, “la tasa de interés real de créditos a personas se volvió significativamente positiva” y dejó de licuarse por efecto de la inflación. En paralelo, trepó con fuerza en la previa electoral de 2025, en medio de una creciente presión cambiaria. Estas condiciones provocaron que, en sólo 24 meses, la carga de los servicios del crédito a personas en entidades financieras pasara de 8,7% al borde del 25% de la masa salarial formal.

El canal de crédito, especialmente en pesos y orientado a individuos, mostró una baja desde mediados de 2025, a medida que los bancos endurecieron las condiciones para otorgar financiamiento frente al crecimiento de la irregularidad en los pagos.

De acuerdo al reporte de Equilibra, la cantidad de personas que recurrió a préstamos en entidades financieras y no financieras aumentó de 17,1 a 20,7 millones en dos años. El salto puede responder tanto a una “mayor inclusión financiera, como a un boom de consumo o a crecientes dificultades para llegar a fin de mes”.

En este contexto, la suba de personas en mora fue explicada en gran parte por quienes sólo accedieron a préstamos no bancarios, por la dificultad de acceder a créditos bancarios tradicionales. “El incumplimiento de las personas que tomaron crédito sólo con entidades no financieras —por dificultad de acceso a préstamos bancarios— supera 50%”, destacó el documento.

Las diferencias también se reflejan en el plano generacional y geográfico. Solo el 40% de los jóvenes de 18 a 29 años accede al crédito formal, y casi el 40% de quienes sí lo hacen ya están en mora. En el norte del país, el porcentaje de personas en mora supera el 30%, mientras que en el centro y en provincias como Neuquén se ubica por debajo del promedio nacional.

Entre las respuestas del sistema financiero, las entidades comenzaron a ofrecer mayores plazos y menores tasas para regularizar deudas, aunque la consultora advierte que “no será sencillo sin una mejora significativa del ingreso disponible de las personas”. La falta de recuperación de la demanda interna y la exclusión de casi 6 millones de personas del acceso a préstamos formales configuran un panorama restrictivo para la economía local.

“La insuficiencia de ingresos de las familias no afecta sólo al repago de préstamos formales: los atrasos en expensas, pago de prepagas, cuotas de clubes, etc. también treparon. Pareciera que el boom de crédito escondió transitoriamente el deterioro de la hoja de balance de los agentes económicos. Por ende, revertir la anemia de la demanda interna de los últimos 5 trimestres no será sencillo”, concluyó Equilibra.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro ya pueden adherirse al nuevo plan de facilidades de pago implementado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El régimen permite regularizar deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026 mediante un esquema de financiación que contempla distintas condiciones de acuerdo con el perfil de cada contribuyente.

La medida fue establecida por la Resolución General 5875/2026 y alcanza también multas e intereses asociados a esas obligaciones. El plan no prevé condonaciones de capital, intereses ni sanciones, sino que ofrece la posibilidad de cancelar las deudas en cuotas dentro de un plazo determinado.

Quiénes pueden acceder

El régimen está destinado a tres grupos de contribuyentes.

1. Podrán adherirse las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Tramos 1 y 2) que cuenten con Certificado MiPyME vigente y la caracterización correspondiente en el Sistema Registral de ARCA.
2. También podrán incorporarse los pequeños contribuyentes, es decir, personas humanas y sucesiones indivisas identificadas con el código 547 del Sistema Registral.
3. El beneficio también alcanza a entidades sin fines de lucro, entre ellas asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, mutuales, consorcios de propietarios, cooperadoras e iglesias registradas ante ARCA.

Quedan excluidas las personas condenadas por determinados delitos tributarios o aduaneros con sentencia firme, las personas jurídicas cuyos directivos se encuentren en esa situación, los responsables solidarios respecto de las obligaciones incluidas y determinados garantes de deudas fiscales.

Cómo funciona el plan

El régimen contempla diferentes condiciones de financiación según el tipo de contribuyente.

Las Micro y Pequeñas Empresas, los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro podrán financiar obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social en hasta 18 cuotas. En el caso de las retenciones y percepciones impositivas, el máximo será de 9 cuotas.

Para acceder deberán realizar un pago a cuenta equivalente al 5% de la deuda consolidada. La tasa de financiación será del 2,75% mensual y tanto el anticipo como cada cuota deberán ser de, al menos, $50.000.

Las Medianas Empresas Tramos 1 y 2, en tanto, podrán acceder a planes de hasta 15 cuotas para obligaciones generales y de hasta 7 cuotas para retenciones y percepciones. En estos casos, el anticipo asciende al 10% de la deuda consolidada y la tasa de financiación también será del 2,75% mensual.

Los pagos serán mensuales, iguales y consecutivos.

El plan comprende obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026, junto con sus accesorios.

También permite incorporar retenciones y percepciones impositivas, obligaciones aduaneras vinculadas con tributos sobre importaciones y exportaciones y multas aplicadas hasta esa fecha.

En cambio, quedan excluidos distintos conceptos, entre ellos las retenciones y percepciones previsionales —con excepción de los aportes personales de trabajadores en relación de dependencia—, los anticipos y pagos a cuenta, determinadas obligaciones de IVA sobre servicios digitales prestados desde el exterior, aportes y contribuciones destinados a obras sociales, cuotas de planes de pago vigentes, obligaciones con las ART y otros conceptos expresamente previstos por la resolución.

Cómo adherirse y cuándo se pierde el beneficio

La adhesión deberá realizarse exclusivamente a través del servicio web “Mis Facilidades”, seleccionando la opción “Régimen Especial de Facilidades de Pago - Obligaciones vencidas al 30/06/2026”.

El plazo para incorporarse vence el 30 de octubre de 2026. Una vez realizado el pago a cuenta, la deuda quedará consolidada y el sistema generará automáticamente el plan. La normativa también establece que un mismo contribuyente podrá presentar más de un plan de facilidades.

El plan caducará automáticamente cuando el contribuyente acumule dos cuotas impagas, consecutivas o alternadas, y transcurran 60 días desde el vencimiento de la segunda.

También perderá vigencia cuando no se cancele la última cuota y pasen 60 días desde su vencimiento. En esos casos, ARCA podrá iniciar las acciones correspondientes para reclamar el cobro de la deuda pendiente.

El programa se llama Descuento por Liquidación Anticipada y aplica para quienes ya pagaron al menos el 75% de su deuda original, según con la descripción del programa, disponible en el portal oficial del Instituto.

El trámite se inicia en Mi Cuenta Infonavit a partir del día 10 de cada mes, y el pago debe hacerse en un solo depósito antes del último día hábil del mismo mes.

El beneficio existe porque el instituto reconoce el cumplimiento del acreditado: quien llegó a ese punto de su crédito lo hizo con pagos sostenidos durante años.

El Infonavit publica los montos elegibles a partir del día 10 de cada mes

El monto con descuento se publica mes a mes y puede variar.

Si el acreditado no realiza el pago en el periodo correspondiente, puede consultar el siguiente mes si sigue siendo candidato al beneficio.

El instituto valida los saldos el día 1 de cada mes. Si el saldo actual del crédito es menor o igual al saldo original —es decir, si no hay intereses acumulados que lo hayan inflado por encima del monto inicial—, el acreditado entra al cálculo.

Los montos con descuento quedan disponibles en la plataforma a partir del día 10.

El monto se calcula de forma individual para cada acreditado. Quien no pueda consultarlo en línea tiene dos opciones: acudir al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano o llamar a Infonatel al 800 008 3900.

Requisitos: saldo menor o igual al 25% del crédito original

Para ser elegible, el saldo pendiente debe ser igual o menor al 25% del monto original del crédito. Eso significa que el acreditado ya liquidó, al menos, tres cuartas partes de su deuda.

El segundo requisito es que el crédito no pertenezca a los productos excluidos del programa.

El Infonavit no aplica el descuento a créditos Infonavit Total, Infonavit Total AG, Mejoravit, Arrendavit, Tu Casa es Posible, ConstruYO, Fideicomisos, Segundo Crédito, Cumplir Cuenta ni Crediterreno.

Tampoco es aplicable a los créditos reestructurados bajo el programa de Responsabilidad Compartida antes de mayo de 2022 ni a créditos otorgados en ministraciones que no estén 100% ejercidos.

Cómo pagar: un solo depósito en banco autorizado antes del cierre del mes

El pago debe realizarse en un solo depósito por el monto exacto indicado en la plataforma, usando el número de crédito de 10 dígitos como referencia en cualquier banco autorizado. El plazo vence el último día hábil del mes.

El Infonavit recomienda imprimir la página con el monto a liquidar y guardar el comprobante de pago.

Los pagos recibidos el día 1 de cada mes no se consideran parte del monto a liquidar, porque ese día el instituto realiza el proceso de elegibilidad.

Pago incorrecto, excedente o liquidación total: qué le pasa a tu dinero en cada caso

Si el acreditado deposita menos del monto indicado, el descuento no aplica.

La elegibilidad se confirma mes a mes y no hay garantía de que el beneficio aplique en periodos futuros, de acuerdo con el Infonavit.

La cantidad abonada se suma al saldo del crédito y podrá consultarse el mes siguiente; el acreditado puede volver a intentarlo si sigue cumpliendo el requisito.

Si paga más del monto con descuento pero menos que el saldo total, el Infonavit aplica el descuento sobre el remanente.

El excedente no se devuelve: se absorbe como parte del pago. En los tres casos, el pago es irreversible.

Si en cambio liquida el 100% de la deuda sin usar el programa, el descuento ya no tiene efecto porque no queda saldo sobre el que aplicarlo.

El Infonavit tiene un programa llamado Apoyo a Jubilados que permite reducir la mensualidad de un crédito hipotecario al 25% de la jubilación o pensión mensual del derechohabiente.

Lo pueden solicitar quienes se pensionaron por cesantía o vejez, dejaron de cotizar al IMSS y llevan al menos 120 mensualidades pagadas.

El trámite se hace de forma presencial en el Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o en la Delegación del Infonavit más cercana al domicilio.

El beneficio existe para evitar que el peso de una mensualidad fija lleve al incumplimiento cuando los ingresos bajan con la jubilación.

Conocerlo puede marcar la diferencia entre mantener el crédito al corriente o no, al asegurar una mensualidad acorde a los ingresos de la jubilación.

El estado de cuenta del Infonavit: fecha de corte, saldo y mensualidad en un solo lugar

El estado de cuenta del crédito hipotecario es la herramienta básica para saber en qué punto está la deuda.

Según el portal oficial del Infonavit, en él se encuentran la fecha de corte, el importe de la mensualidad, lo que se ha pagado y lo que se debe, además de los intereses del mes que se aplicarán al saldo.

Se consulta en la página Mi Cuenta Infonavit, en la sección Mi Crédito, apartado Saldos y Movimientos.

La periodicidad de consulta depende de la situación laboral. Quienes tienen empleo formal y reciben el descuento por nómina pueden revisar su estado de cuenta de forma bimestral.

Quienes no tienen relación laboral formal lo pueden consultar mensualmente.

El sistema también envía un recordatorio al correo electrónico registrado para que el deudor descargue su estado de cuenta.

Qué gastos sí debes seguir pagando aunque el Infonavit reduzca tu mensualidad

Los seguros y comisiones no tienen descuento dentro del programa, por lo que se cubren de forma adicional al monto ajustado, de acuerdo con el portal oficial del Infonavit.

El apoyo aplica tanto para créditos denominados en Veces Salario Mínimo como para los denominados en pesos, sin importar la fecha de contratación.

Requisitos necesarios para tramitar el Apoyo a Jubilados

Para acceder al programa, el derechohabiente debe contar con una resolución de pensión por retiro, cesantía o vejez y no cotizar al IMSS al momento de la solicitud.

También debe haber pagado al menos 120 mensualidades completas y no estar en proceso jurídico por falta de pago.

Por último, el crédito no debe estar próximo a liquidarse: deben faltar más de 12 meses para terminar de pagarlo.

Los documentos requeridos son: identificación oficial vigente con fotografía —INE o pasaporte— y el original del dictamen o resolución de jubilación o pensión por retiro, cesantía en edad avanzada o vejez.

La resolución de jubilación debe estar emitida por el IMSS, ISSSTE, Afore o aseguradora.

Quien no pueda acudir personalmente puede designar a otra persona mediante poder notarial o carta poder. Esa persona deberá presentar dicho documento junto con su propia identificación oficial vigente.

Casos en los que el apoyo podría cancelarse

Una vez revisada la documentación, el Infonavit informa al solicitante cuál será su nueva mensualidad. Si la acepta, firma un convenio y recibe una copia.

El pago debe realizarse de forma completa y en los tiempos establecidos: si se incumple, se pierde el beneficio y la mensualidad regresa a las condiciones previas.

Si el beneficio se pierde por incumplimiento, la mensualidad regresa exactamente a las condiciones que tenía antes de firmar el convenio.

El programa se cancela de forma automática si el derechohabiente vuelve a cotizar al IMSS, ya que aplica exclusivamente para quienes no tienen trabajo formal.

El Apoyo a Jubilados puede solicitarse hasta tres veces durante la vida del crédito. Si se pierde, es necesario realizar dos pagos consecutivos para poder solicitarlo de nuevo.

La propuesta fue difundida por la cuenta de Instagram @finanzasnomadas, donde la influencer Gabriela Vila explica el sistema en un video que acumuló miles de reproducciones. En la publicación, la especialista utiliza como ejemplo un sueldo de 1.500 euros (equivale a 2.625.000 pesos argentinos) y, a partir de esa cifra, aplica una serie de multiplicaciones y divisiones que permiten visualizar de manera inmediata distintas metas financieras.

Aunque los cálculos que muestra Vila están expresados en euros, el sistema no depende de esa moneda en particular. Lo que la especialista propone es un esquema de proporciones que puede aplicarse a cualquier ingreso, sin importar en qué país o con qué divisa se perciba. Lo relevante, en definitiva, son las cuentas y los porcentajes que se desprenden de cada operación, no el valor de referencia utilizado en el ejemplo.

La descripción del video resume la lógica detrás de la propuesta. “Ganar más dinero no garantiza tranquilidad si no sabes cómo administrarlo”, señala el texto que acompaña la publicación. Y agrega: “Tener referencias para ahorrar, invertir y controlar tus gastos te ayuda a convertir tus ingresos en un verdadero plan financiero”. Según ese mismo texto, “cuando organizas tu dinero con objetivos claros, cada decisión tiene un propósito y resulta mucho más fácil avanzar hacia la libertad financiera”.

Las cinco operaciones que propone el método

El video comienza con la meta más ambiciosa del esquema: alcanzar la independencia financiera. Para eso, Vila propone tomar el sueldo mensual y multiplicarlo por 120. “Este es el valor que necesitas tener invertido para recibir tu sueldo sin necesidad de trabajar y vivir de rentas”, explica. En el ejemplo que utiliza, un sueldo de 1.500 euros multiplicado por 120 arroja un capital de 180.000 euros, que sería la suma necesaria para generar una renta mensual equivalente al ingreso original sin necesidad de trabajar. En moneda argentina, esto equivale a un monto de $315.000.000, considerando la cotización del euro en Banco Nación ($1.750 para la venta).

La segunda operación indica cuánto dinero debería destinarse cada mes para alcanzar esa meta. Allí, la cuenta consiste en multiplicar el sueldo por 0,2. “Este es el valor que necesitas invertir por mes para alcanzar la meta número uno”, detalla Vila, en el video que acumula más de un millón de reproducciones. En el caso del ejemplo, esa cifra equivale a 300 euros mensuales ($525.000), que sería el monto sugerido a invertir de manera sostenida hasta acumular el capital necesario para vivir de rentas.

El fondo de tranquilidad y los gastos mensuales

El tercer cálculo del método se vincula con una meta de ahorro de corto y mediano plazo, más accesible que la del punto de partida. En este caso, la operación consiste en multiplicar el sueldo por seis. “Esta es la primera meta de ahorro que necesitas para alcanzar tu fondo de tranquilidad”, indica la especialista. Tomando el mismo sueldo de referencia, esa cuenta da como resultado 9.000 euros o 15.750.000 pesos argentinos, un monto pensado para cubrir imprevistos o sostener un período sin ingresos.

A partir de ahí, el esquema avanza sobre los gastos cotidianos. La cuarta operación multiplica el sueldo por 0,3 y define el margen disponible para gastos variables durante el mes. “Este es el valor para gastar en el mes”, resume Vila en el video, y en el ejemplo equivale a 450 euros ($787.500). Por último, la quinta cuenta divide el sueldo por dos y establece un techo para los gastos fijos. “Este debe ser el valor máximo para cubrir tus gastos fijos: luz, electricidad, Internet, alquiler, etcétera”, precisa la especialista, lo que en el caso del ejemplo arroja un límite de 750 euros ($1.312.500).

Control financiero antes que mayores ingresos

Al cierre del video, Vila plantea la idea central que atraviesa todo el método. “Estos valores son referencias ideales que podés adoptar como modelo”, afirma, y remarca que el objetivo no pasa por incrementar los ingresos sino por ordenar su administración. “Acá lo que quiero que veas es que no necesitas ganar más dinero, sino que necesitas más control financiero”, concluye.

Esa idea también aparece reflejada en la descripción de la publicación, donde se sostiene que “todo empieza con el control de tus finanzas, no con aumentar tu sueldo”. El planteo ubica al orden y a la planificación como el punto de partida para avanzar hacia una situación económica más estable, antes que la búsqueda de un ingreso mayor.

Un método que se apoya en una regla ya conocida

Detrás de esta propuesta se reconoce, en parte, la lógica de la regla 50/30/20, un método de organización financiera ya difundido previamente por distintas entidades. Según la explicación difundida por NaranjaX, ese esquema propone dividir los ingresos en tres grandes categorías: un 50% destinado a las necesidades básicas, como el alquiler, los servicios, el transporte y la alimentación; un 30% para los denominados deseos, es decir, gastos vinculados al estilo de vida, como salidas, suscripciones o actividades recreativas; y un 20% reservado para el ahorro o el pago de deudas.

Esa misma fuente detalla que el tramo del 20% cumple una función central en la estabilidad financiera de mediano plazo. Allí se recomienda construir un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de gastos básicos, además de destinar parte de ese porcentaje al pago de deudas pendientes y, una vez cubiertos esos dos frentes, a la inversión.

En ese punto se encuentra una de las coincidencias entre ambos esquemas: mientras la regla 50/30/20 fija un fondo de emergencia de entre tres y seis meses de gastos, el método difundido por Vila propone una meta similar, aunque calculada directamente sobre el sueldo y no sobre los gastos básicos, al establecer como primer objetivo de ahorro un monto equivalente a seis sueldos mensuales.

La coincidencia entre ambos sistemas también se refleja en el techo que se establece para los gastos fijos. Dentro de la regla 50/30/20 ese 50% del ingreso debe cubrir el alquiler o la hipoteca, los servicios de agua, luz, gas e internet, el transporte y la alimentación esencial, sin margen para gastos superfluos. El mismo porcentaje aparece en el método de Vila, cuando fija en la mitad del sueldo el límite máximo destinado a los gastos fijos mensuales.

Hoy en día, muchísimas personas, sobre todo jóvenes, enfrentan dificultades para tener una cuenta o un producto financiero. Algunos nunca han tenido una tarjeta, otros no cumplen con los requisitos que piden los bancos, y muchos ni siquiera han considerado la idea de pedir un préstamo por lo complicado que puede parecer.

Lo cierto es que la inclusión financiera sigue siendo uno de los grandes pendientes del país. Aunque millones de personas tienen un celular en la mano, no todas cuentan con una cuenta bancaria o acceso a servicios que les permitan ahorrar, pedir un crédito o pagar de forma digital.

Las soluciones digitales están ayudando a cambiar esa experiencia. Desde una aplicación en el celular, cualquier persona puede conocer opciones de crédito, solicitar una tarjeta o hacer pagos diarios sin tener que ir a una sucursal, llenar formularios ni pagar comisiones que no siempre se entienden. Y lo más importante: estos servicios ponen en manos del usuario una nueva forma de planificar sus gastos, gestionar su dinero y realizar pagos desde un solo lugar, en un solo clic.

En esta línea, DiDi se ha posicionado como un actor clave con soluciones que ya están siendo utilizadas por millones de personas en México: DiDi Préstamos, DiDi Card y DiDi Pay. Todas funcionan desde la misma app y buscan que el manejo del dinero sea más accesible, ágil y flexible para quienes necesitan soluciones reales en su día a día.

Esa combinación de simplicidad, agilidad y control financiero empieza a marcar la diferencia en la vida cotidiana de muchas personas.

Todo en una sola app, sin vueltas

Uno de los puntos fuertes de esta propuesta es que todos los servicios financieros están concentrados en la misma app: se puede pedir un préstamo, usar una tarjeta, hacer pagos y tener el control del dinero en un solo lugar.

Y como muchas personas ya conocen la aplicación por los servicios de transporte o comida, no hay que empezar desde cero. Solo es cuestión de explorar lo nuevo que se ofrece desde el mismo espacio. A continuación, te compartimos las principales soluciones financieras que ofrece la DiDi:

La primera tarjeta

Tener una tarjeta puede parecer algo común, pero en realidad no lo es para todos. Hay muchas personas que nunca han tenido una, y que ahora están empezando a manejar su dinero de forma más organizada gracias a opciones pensadas justamente para eso.

Con DiDi Card, más de un millón de personas ya dieron ese paso. Es más, de acuerdo con datos de la empresa, entre julio y octubre de 2024, el 60% de los solicitantes no contaban previamente con tarjeta de crédito. ¿Por qué se animaron ahora? Porque esta tarjeta no cobra anualidad y ofrece cashback por compras.

Todo esto hace que sea una alternativa ideal para quienes buscan empezar a manejar su plata, controlar sus gastos y construir un historial financiero sin pagar de más.

Apoyo económico cuando más se necesita

Cuando surge una emergencia o simplemente se necesita una mano extra para llegar a fin de mes, poder acceder a un préstamo sin complicaciones puede marcar una gran diferencia. Por eso, DiDi Préstamos ofrece hasta $30,000 pesos de forma sencilla, sin tantos requisitos y todo desde el celular.

Lo que está pasando con este servicio es que muchas personas están confiando en él. Entre julio y octubre de 2024, el 74% de quienes lo solicitaron no habían acudido a otra institución en los tres meses anteriores. Eso habla de una opción que realmente abre la puerta a nuevos usuarios.

También hay otro dato importante: el 47% de los préstamos fueron para mujeres, lo cual muestra que estas herramientas están ayudando a reducir desigualdades en el acceso al dinero. Especialmente en momentos difíciles, contar con un crédito rápido, confiable y fácil de gestionar puede ser clave.

Hacer pagos desde el celular sin perder tiempo

Ir al banco o hacer fila para pagar un servicio ya no tiene sentido si se puede hacer todo desde el teléfono. DiDi Pay creció un 400% en 2024 y ya registra más de 10 millones de pagos, lo cual muestra lo útil que ha sido para muchas personas.

Con este servicio se puede pagar la luz, el agua, hacer recargas de tiempo aire, o comprar tarjetas de regalo sin comisiones ni complicaciones. Todo queda registrado y se hace en segundos. Para quienes viven ocupados o quieren evitar traslados, es una forma muy práctica de tener todo bajo control.

Tecnología que está cambiando la forma de manejar el dinero

Lo que está ocurriendo no es solo una cuestión de números, sino de hábitos. Las personas están descubriendo que pueden tomar decisiones financieras más fáciles, rápidas y seguras, sin tener que depender de trámites largos o visitas al banco.

Al final del día, se trata de tener más herramientas a mano: pedir ayuda económica cuando hace falta, pagar sin moverse de casa o gestionar compras con beneficios. Todo eso ahora es posible desde una aplicación que, en pocos pasos, pone los servicios financieros al alcance de más gente.

A mitad de 2024, DiDi dio un paso clave al obtener permiso para operar una SOFIPO (Sociedad Financiera Popular). Esto significa que puede ofrecer nuevas soluciones a los mexicanos operando bajo estricta supervisión regulatoria de la CNBV y la CONDUSEF, y brindando mayor seguridad y confianza.

Con esta figura legal, se abren nuevas posibilidades para crear productos financieros pensados especialmente para quienes no tienen acceso a un banco tradicional.

Servicios financieros a nivel global: la experiencia de 99Pay de DiDi en Brasil

Desde julio de 2020, 99Pay se ha convertido en la primera cuenta digital creada por una app de movilidad en Brasil, facilitando el acceso financiero a la población no bancarizada. Actualmente, cuenta con más de 20 millones de usuarios, y esta exitosa experiencia refuerza la capacidad de DiDi para desarrollar e implementar soluciones financieras digitales que promueven la inclusión y brindan acceso a servicios financieros a millones de mexicanos.

Liquidar una deuda con una tienda departamental no borra su rastro del Buró de Crédito: el registro del atraso permanece visible en el historial crediticio durante años y puede impedir la aprobación de un crédito hipotecario, aunque el saldo sea cero.

Así lo establece la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, supervisada por el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La norma aplica por igual a bancos, tiendas departamentales, fintechs y cualquier otorgante de crédito que reporte a una Sociedad de Información Crediticia (SIC).

Pagar no es lo mismo que borrar

Cuando se liquida una deuda con atrasos, el Buró actualiza el estatus de la cuenta: pasa de “impaga” a “liquidada con atraso”. Pero los registros de incumplimiento no desaparecen.

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el Buró de Crédito no es una lista negra ni una herramienta punitiva: es una base de datos que documenta el comportamiento financiero de cada persona, tanto los pagos puntuales como los retrasos.

Lo que sí cambia al pagar es la señal que reciben los bancos. Un estatus de “liquidada” es mejor que “impaga”, pero los atrasos previos siguen visibles para cualquier institución que consulte el historial.

Por qué el Buró tarda semanas en reflejar el pago

El Buró de Crédito no se actualiza en tiempo real. Los otorgantes —bancos, tiendas departamentales, fintechs— están obligados a reportar mensualmente el comportamiento de sus clientes a las SIC. Cada institución tiene su propio día de corte.

La CNBV precisa que, una vez realizado el pago, el otorgante tiene cinco días hábiles para notificar el cambio a la SIC. El Buró incorpora esa información en un plazo de hasta 72 horas tras recibirla.

En la práctica, el ciclo completo puede tomar entre 10 y 45 días naturales. Dos personas que pagaron el mismo día pueden ver el cambio reflejado en fechas distintas, dependiendo del corte interno de cada institución.

Cuánto tiempo permanece el registro negativo

Los plazos de eliminación están fijados en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y se miden en Unidades de Inversión (UDIS), cuyo valor publica el Banco de México de forma diaria. En julio de 2026, una UDI ronda los $8.24 pesos mexicanos.

Los plazos vigentes son:

Deudas menores a 25 UDIS (~$206 MXN): 1 año

Deudas de 25 a 500 UDIS (~$4,121 MXN): 2 años

Deudas de 500 a 1,000 UDIS (~$8,241 MXN): 4 años

Deudas mayores a 1,000 UDIS: 6 años

El contador arranca desde la primera vez que el otorgante reportó el atraso a la SIC, no desde la fecha en que se liquidó la deuda. Si la deuda está en proceso judicial o involucra fraude comprobado, el registro puede permanecer de forma indefinida.

El efecto directo sobre la hipoteca

Cuando una institución financiera evalúa una solicitud de crédito hipotecario, revisa el historial completo del solicitante: atrasos recientes, quitas, reestructuras e impagos. El score crediticio —que va de 400 a 850 puntos— sintetiza ese comportamiento.

Según información de la CONDUSEF, algunos bancos rechazan de forma automática solicitudes con más de un mes de atraso registrado en los últimos 12 meses. Un perfil con score por debajo de 550 puntos se considera de muy difícil aprobación, incluso si la deuda que generó el atraso ya fue saldada.

Una deuda de tienda departamental mayor a 1,000 UDIS con historial de incumplimiento puede mantenerse visible en el Buró hasta seis años desde el primer reporte, período durante el cual cualquier solicitud hipotecaria quedará condicionada por esa marca.

Qué hacer si el pago no aparece en el historial

Si transcurridos 40 días naturales el pago no se refleja en el Reporte de Crédito Especial, la CONDUSEF recomienda contactar primero al otorgante para confirmar que el movimiento fue reportado.

Si el problema persiste, el deudor puede presentar una reclamación gratuita directamente ante el Buró de Crédito, con derecho a dos reclamaciones sin costo al año. La institución tiene 29 días hábiles para investigar y emitir una resolución.

En caso de que el otorgante sea una tienda comercial y no responda, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) puede intervenir como instancia de mediación. La CONDUSEF, por su parte, puede obligar al otorgante a revisar o corregir la información reportada, aunque no tiene facultad para modificar directamente el registro en el Buró.

Ninguna institución ni empresa puede eliminar legalmente un registro negativo verificado antes de que venza el plazo que establece la ley. La CONDUSEF advierte que las empresas que ofrecen “limpiar” el Buró a cambio de dinero operan al margen de la norma.

En México, deber dinero no es un delito. El impago de un préstamo, una tarjeta de crédito o cualquier deuda civil no lleva a prisión. La consecuencia ordinaria es patrimonial: el acreedor puede iniciar un proceso judicial civil y solicitar embargos sobre bienes o ingresos del deudor, pero no exigir su encarcelamiento.

Así lo establece el artículo 17 de la Constitución Política, que prohíbe de forma expresa la prisión por deudas de carácter civil.

Sin embargo, existe una excepción que sí activa el derecho penal, y tiene que ver con lo que ocurrió antes de firmar el contrato.

Cuándo una deuda deja de ser asunto civil

Si al solicitar un crédito el deudor utilizó un engaño para obtenerlo —falsear ingresos, presentar documentación apócrifa, usar una identidad ajena o simular una solvencia inexistente—, el impago posterior puede dejar de ser un problema civil y convertirse en un delito de fraude.

El artículo 386 del Código Penal Federal define el fraude como la conducta de quien, engañando a otro o aprovechándose del error en que este se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. La clave es que el engaño debe existir desde el inicio de la operación, no que el pago no llegue después.

No pagar un préstamo porque sobrevino una pérdida de empleo, una enfermedad u otra circunstancia involuntaria no constituye delito. Lo que penaliza el Código Penal no es la insolvencia real, sino la intención fraudulenta demostrable desde el momento en que se firmó el contrato.

Las penas, según el monto defraudado

El artículo 386 establece tres tramos de sanción según la cuantía del fraude, tomando como referencia el salario mínimo vigente:

• Cuando lo defraudado no excede de diez veces el salario: prisión de tres días a seis meses, o multa de 30 a 180 días.
• Cuando supera las diez veces el salario, pero no las 500: prisión de seis meses a tres años y multa de 10 a 100 veces el salario.
• Cuando lo defraudado supera las 500 veces el salario: prisión de tres a doce años y multa de hasta 120 veces el salario.

A mayor monto obtenido mediante el engaño, mayor es la pena. El umbral de 500 salarios mínimos es el que puede derivar en una condena de hasta 12 años de cárcel.

El fraude con identidad ajena, una modalidad en alza

Una de las formas más frecuentes de fraude crediticio en México es la suplantación de identidad: usar la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) o los datos personales de otra persona para solicitar créditos sin su consentimiento.

Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), al cierre del tercer trimestre de 2025 el monto reclamado por robo de identidad al sector bancario llegó a mil 122 millones de pesos, 22.5% por encima del mismo periodo del año anterior. La Guardia Nacional registró un aumento de 327% en casos de usurpación de identidad entre 2024 y 2025, al pasar de mil 590 a seis mil 791 registros.

Quien usa una credencial del INE ajena para solicitar un crédito puede enfrentar cargos simultáneos por fraude y falsificación de documentos públicos, con penas que varían según el daño económico causado y las circunstancias del caso.

Otras conductas que también pueden derivar en prisión

Más allá del engaño en la solicitud, el Código Penal Federal recoge otra figura que puede llevar a la cárcel en el contexto de deudas: la insolvencia provocada.

El artículo 388 Bis castiga con prisión de seis meses a cuatro años y multa de 50 a 300 días a quien se coloca deliberadamente en estado de insolvencia con el propósito de eludir las obligaciones a su cargo frente a los acreedores.

No se sanciona la insolvencia real derivada de una crisis económica genuina, sino las maniobras intencionales para aparentar no tener bienes: transferir propiedades a terceros, vaciar cuentas o simular deudas inexistentes antes de un proceso de cobro.

La gratificación de julio representa para miles de trabajadores un ingreso adicional que puede convertirse en una oportunidad para ordenar sus finanzas personales. Este beneficio laboral, entregado por Fiestas Patrias a los trabajadores del sector privado que cumplen con los requisitos establecidos por ley, suele ser utilizado para cubrir gastos pendientes, realizar compras o afrontar compromisos económicos acumulados.

Sin embargo, especialistas en finanzas personales recomiendan evaluar cuidadosamente el destino de este dinero antes de gastarlo. En el caso de quienes mantienen deudas, la gratificación puede ser una herramienta para reducir obligaciones financieras, especialmente aquellas que generan mayores intereses, y evitar que los pagos se prolonguen durante más tiempo.

Priorizar el pago de deudas con mayores intereses

Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), señaló que quienes tienen deudas deberían utilizar la mayor parte de la gratificación para reducir sus obligaciones financieras.

La especialista recomendó destinar entre 70% y 90% del monto recibido al pago de deudas, mientras que el porcentaje restante puede orientarse a la creación de un fondo de emergencia.

El objetivo es aprovechar este ingreso extraordinario para disminuir la carga financiera y evitar que las deudas continúen acumulando intereses, especialmente en productos como tarjetas de crédito u otros créditos con costos elevados.

¿Qué deuda conviene pagar primero?

Antes de realizar un pago, es importante identificar cuáles son las obligaciones que representan un mayor costo financiero. Según la especialista, se debe priorizar aquellas deudas que tienen tasas de interés más altas.

Por ejemplo, si una persona mantiene varios compromisos financieros, puede resultar más conveniente adelantar pagos en una deuda con intereses elevados antes que cancelar una obligación con menor costo financiero.

De esta manera, el trabajador puede reducir el monto total que terminará pagando por el crédito y mejorar progresivamente su situación económica.

Reservar una parte para emergencias

Aunque el pago de deudas debe ser una prioridad para quienes tienen obligaciones pendientes, Sícoli también plantea la importancia de conservar una parte del dinero recibido para contar con un respaldo económico.

Contar con un fondo de emergencia permite afrontar gastos inesperados sin recurrir nuevamente a préstamos o al uso de tarjetas de crédito, evitando caer en un nuevo ciclo de endeudamiento.

La proporción destinada a este fondo dependerá de la situación de cada persona, sus ingresos, gastos mensuales y nivel de endeudamiento.

¿Conviene invertir la gratificación?

Para quienes no tienen deudas o ya cuentan con una situación financiera estable, la gratificación puede ser evaluada como una oportunidad para otras alternativas, como el ahorro o la inversión.

No obstante, la especialista recomienda que las personas consideren primero su situación financiera antes de asumir opciones de inversión, debido a que estas pueden implicar distintos niveles de riesgo.

La elección dependerá del perfil de cada trabajador, sus objetivos financieros y el nivel de conocimiento que tenga sobre los instrumentos disponibles.

Errores que se deben evitar al recibir este ingreso

Uno de los principales riesgos al recibir una gratificación es destinar todo el dinero a gastos inmediatos sin considerar las obligaciones pendientes. Los especialistas recomiendan realizar primero una evaluación de la situación financiera personal y establecer prioridades.

Antes de utilizar este ingreso adicional, es recomendable elaborar una lista de deudas, revisar los intereses que genera cada una y definir un plan de pago que permita mejorar la economía del hogar.

De esta manera, la gratificación de julio puede convertirse en una oportunidad para reducir compromisos financieros y fortalecer la estabilidad económica en los siguientes meses.

Las aplicaciones de préstamos fraudulentas, conocidas como “montadeudas”, registraron más de cinco mil 800 reportes ante la Policía Cibernética de la Ciudad de México solo entre enero y febrero de 2026. La Unidad de Inteligencia Cibernética de la PDI emite una serie de recomendaciones para que la ciudadanía no caiga en este esquema de fraude y extorsión.

Estas plataformas operan sin registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ni ante la CONDUSEF. Se presentan como instituciones financieras legales y atraen a sus víctimas mediante publicidad engañosa en redes sociales que promete dinero inmediato, sin historial crediticio y sin documentación.

Cómo operan los montadeudas

Al momento de la descarga, la aplicación solicita permisos para acceder a los contactos, la galería de fotos, la ubicación y los archivos del teléfono. Con esa información, los operadores presionan al deudor con mensajes difamatorios enviados a sus familiares y círculos sociales.

Una vez entregado el préstamo, los intereses suben sin previo aviso. Si el usuario se retrasa en el pago, comienzan las amenazas, los insultos y las extorsiones directas para forzar la liquidación de montos muy superiores a los pactados.

La doctora en derecho Erika Vanesa García Rico lo describe así: “Las aplicaciones ‘montadeudas’ otorgan préstamos aparentemente sin garantías y con bajos intereses, pero cambian las condiciones sin previo aviso“. Eso las vuelve impagables y abre la puerta a la extorsión sistemática.

Recomendaciones de la PDI para no ser víctima

1. Verifica el listado de prestamistas con reporte de fraude. Antes de descargar cualquier aplicación de préstamo, consulta el registro del Consejo Ciudadano disponible en consejociudadanomx.org. Si la plataforma aparece en ese listado, no la instales bajo ninguna circunstancia.

2. Confirma el registro ante la CONDUSEF. Toda aplicación financiera que opere legalmente en México debe estar inscrita en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros). Una búsqueda rápida en ese portal confirma si la plataforma es legítima antes de aceptar cualquier crédito.

3. Lee los términos y condiciones antes de aceptar. Ningún préstamo debe aceptarse sin revisar el contrato completo. Las instituciones reguladas especifican con claridad los montos, las fechas de pago y las tasas de interés sin cambiarlas después.

4. Desconfía de anuncios en redes sociales que prometan préstamos rápidos y sin restricciones. Ese tipo de publicidad es una señal de alerta. Las financieras legales no operan exclusivamente a través de promociones en plataformas digitales ni ofrecen aprobación sin ningún tipo de verificación.

5. Lee los comentarios de otros usuarios antes de instalar. Las reseñas y calificaciones en las tiendas de aplicaciones revelan experiencias previas. Una app con quejas reiteradas sobre cobros abusivos o acoso debe descartarse de inmediato.

6. Otorga solo los permisos básicos al instalar cualquier aplicación. Si una app de préstamos solicita acceso a tus contactos, cámara, fotos, micrófono o ubicación, cancela la instalación. Esos permisos son la materia prima del esquema de extorsión.

7. No compartas datos personales ni bancarios a través de aplicaciones no verificadas. Las instituciones reguladas no solicitan identificaciones oficiales ni información de tarjetas por canales informales. Cualquier solicitud de ese tipo es una señal de fraude.

8. No cedas ante amenazas ni realices pagos indebidos. Ángel González Badillo, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, advierte que “aunque pagues la deuda, ellos seguirán exigiendo más”. Pagar no detiene el acoso; solo lo alimenta.

Qué hacer si ya eres víctima

9. Alerta a tus contactos de inmediato. Pídeles que reporten y bloqueen los mensajes provenientes de números desconocidos. Eso limita el alcance del daño a tu reputación y reduce la presión que ejercen los operadores.

10. Elimina el contenido personal del dispositivo. Antes de desinstalar la aplicación, realiza capturas de pantalla de las conversaciones dentro de la plataforma, los montos del depósito y los pagos ya efectuados. Esas imágenes son la prueba para la denuncia.

11. Bloquea los permisos concedidos y cambia tus contraseñas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX recomienda revocar de inmediato el acceso que la app tiene sobre el dispositivo y actualizar todas las claves de acceso a cuentas bancarias y redes sociales.

12. Presenta la denuncia ante el Ministerio Público más cercano. Acude con las capturas de pantalla como respaldo. La extorsión está contemplada en el Código Penal Federal con penas de hasta ocho años de prisión, y las autoridades cuentan con facultades para actuar contra estas plataformas.

13. Comunícate al Consejo Ciudadano. La línea 55 5533 5533 ofrece orientación jurídica gratuita y confidencial para víctimas de montadeudas. El servicio está disponible para cualquier persona que haya sido objeto de acoso o extorsión por parte de estas aplicaciones.

14. Contacta a la Unidad de Inteligencia Cibernética de la PDI. La dependencia atiende reportes a través del número (55) 5242 6489 y del correo ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx. Documentar cada intento de extorsión y notificarlo a las autoridades es el paso que más dificulta la operación de estas redes.

15. Denuncia ante la Policía Cibernética de tu entidad. El directorio de unidades estatales está disponible en gob.mx/sspc. Cada reporte fortalece la base de datos que permite identificar, rastrear y desmantelar las redes de montadeudas que operan en el país.

Felipe VI tuvo que tirar de los ahorros que tiene la Casa de Su Majestad el Rey para poner en orden las cuentas de la institución, teniendo en cuenta que la asignación que recibe del Estado está congelada desde el año 2023, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó los últimos presupuestos. Esa asignación es de 8.431.150 euros. No fue suficiente. A lo largo del ejercicio 2025 la Casa del Rey tuvo que realizar ocho modificaciones, de las que cinco fueron “transferencias presupuestarias” (traspasos de dotaciones entre créditos sin alterar la cuantía total del presupuesto) y tres fueron “suplementos de crédito” valorados en 983.403 euros procedentes del fondo de remanentes de la propia Casa.

Es decir, de sus ahorros. Es una de las principales conclusiones de la auditoría que el Tribunal de Cuentas ha publicado esta misma semana tras analizar las cuentas de la monarquía española. Estos tres “suplementos de crédito no suponen ingresos adicionales, sino la utilización de recursos financieros propios de la Casa de Su Majestad el Rey, por lo que su aprobación supone un incremento del presupuesto total del ejercicio con cargo a los fondos propios del organismo, lo que ha producido una disminución de la Tesorería", explica el órgano fiscalizador.

¿Por qué ha tenido que tirar Felipe VI de sus ahorros? Para financiar un objetivo y actualizar los salarios de su personal. En primer lugar, estos suplementos de crédito se han destinado a pagar “el proceso de transformación digital y modernización de la Casa” que el rey ha querido poner en marcha. Cuando Felipe VI ascendió al trono, el rey y la reina decidieron cambiar muchas cosas en la familia real, empezando por la comunicación: más cercanos, más directos y con mensajes muy estudiados. Y también, incorporando sistemas más seguros y más modernos. La Casa aprobó un “proyecto de prestación de servicios seguros de comunicaciones y tecnologías de la información” y un Plan Estratégico 2025-2026 para la financiación de los desarrollos de sistemas de información. Solo en comunicaciones telefónicas, el gasto en 2025 ascendió a 719.323 euros.

En segundo lugar, Felipe VI ha tenido que afrontar las actualizaciones retributivas fijadas en el ‘Real Decreto Ley 14/2025′, que aprobó subidas salariales del 2,5%. Los miembros de la Familia Real recibieron el año pasado salarios que suman 571.371 euros, mientras que las nóminas de los altos cargos y personal que trabaja para la institución alcanzaron los 3.799.085, cantidad a la que hay que sumar otros 548.926 euros en cargas sociales. Para afrontar esta subida, el Consejo de Ministros aprobó el 23 de diciembre de 2025 una transferencia adicional de 250.000 euros destinada a financiar las subidas retributivas. Sin embargo, ese dinero no llegó a la cuenta de la Casa del Rey hasta el 5 de enero de 2026, ya en el ejercicio siguiente.

Tesorería resentida

Por el principio contable de devengo, esa cantidad figura como derecho pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2025, aunque presupuestariamente se imputará a 2026. Un desfase que ha obligado a tirar de los remanentes de tesorería, una tesorería que se ha resentido. A 31 de diciembre de 2025, el saldo en las cuentas de tesorería de la Casa del Rey ascendía a 4.132.954 euros, dinero que se encuentra depositado principalmente en cuentas bancarias, en el Banco de España, y en caja (efectivo disponible). Unos depósitos que producen intereses: 146.623,84 euros.

La tesorería actual es inferior (en 810.000 euros) a la existente a 31 de diciembre de 2024 (4.943.512,31 euros), “debido principalmente a que la asignación procedente de los Presupuestos Generales del Estado no ha sido suficiente para financiar el gasto y ha sido de nuevo preciso acudir al fondo de remanentes”, recalcan desde el Tribunal de Cuentas. La auditoría también revela que la Casa del Rey mantiene deudas con acreedores que se elevan a los 797.948 euros. Es la partida de pasivo más significativa e incluye deudas por operaciones devengadas (527.877 euros) y deudas con la Hacienda Pública por retenciones de IRPF y con la Seguridad Social derivadas de las nóminas de diciembre de 2025.

En el apartado de gastos, la Casa del Rey ha desembolsado 106.800 euros en el arrendamiento de medios de transporte, aunque los viajes oficiales de la Familia Real son sufragados por el Estado, 693.000 euros en contratar servicios de otros profesionales y 689.000 euros en atenciones protocolarias. El grado de ejecución del presupuesto de gastos ha alcanzado el 99,74%, una cifra que demuestra que la institución ha agotado prácticamente hasta el último euro disponible para cuadrar su actividad anual. A pesar de estos datos, el Tribunal de Cuentas no ha detectado irregularidades de fondo. En su dictamen, firmado por la presidenta Enriqueta Chicano, concluye que las cuentas “expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera” de la institución, y afirma que “no existen cuestiones clave o riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar”.

Se intensificó el escenario de incertidumbre jurídica y financiera que enfrenta el Colegio Refous Roland Jeangros S.A.S. que continúa en el proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116 de 2006, con pasivos que ya superan los 63.000 millones de pesos.

El curso del procedimiento entró en una nueva etapa preocupante para los acreedores de la institución, que insisten en cuestionar la información financiera presentada por la entidad educativa y advierten sobre nuevas inconsistencias en los activos reportados ante la Superintendencia de Sociedades.

Los nuevos detalles del litigio se centran en dos aspectos: además de las presuntas inconsistencias en la información financiera entregada por el colegio, se reportó la aparición de inmuebles en la relación de activos del colegio, cuya titularidad no correspondería a la sociedad, así como la ausencia de documentos de soporte.

Aunque la administración del Colegio Refous sostiene que solo identificó las matrículas de los terrenos donde opera la institución, los acreedores consideran que las explicaciones no resuelven las observaciones formuladas por la autoridad.

En medio del lío entre las partes, el equipo legal de los demandantes, entre ellos la firma Estructuración, acudió al mecanismo de ejecución de garantías, que, de acuerdo con la definición del Centro de Arbitraje y Conciliación —vigilado por el Ministerio de Justicia— es un servicio en el cual “el acreedor garantizado tiene la posibilidad de que en el momento en que el deudor incumpla con el pago de la obligación (crédito), pueda acceder a un procedimiento especial para hacer efectiva la garantía y obtener el pago de su acreencia”.

Al respecto, los demandantes reportaron que “las directivas del colegio sostienen que se busca afectar la operación educativa o ‘apropiarse’ de los terrenos”; sin embargo, justificaron el hecho como ”un ejercicio legítimo de recuperación de cartera y no una estrategia de despojo, como han sugerido algunos directivos del colegio".

“Cualquier acreedor que enfrenta un incumplimiento prolongado está facultado para acudir a las herramientas que le otorga la ley para proteger su crédito. Lo que se busca es recuperar el dinero que se prestó de buena fe, no quedarse con bienes de manera caprichosa. Ese nunca fue el objeto del negocio jurídico celebrado”, afirmó Carlos Ramírez, abogado de la firma afectada.

Adicionalmente, algunos demandantes consideran que las explicaciones suministradas desde la institución buscan “dilatar la revisión de los activos y la toma de decisiones dentro de la reorganización empresarial.

“La información incompleta o susceptible de interpretaciones genera nuevos requerimientos, solicitudes de documentos y verificaciones adicionales por parte de las autoridades”, indicaron los voceros de los demandantes.

Por su parte, la Superintendencia de Sociedades solicitó información complementaria y aclaraciones sobre lo ya aportado debido a las inconsistencias que persisten, y advirtieron las consecuencias legales del incumplimiento de las cargas procesales y la falta de claridad en los estados financieros. Hasta el momento, las partes siguen a la espera de una mayor transparencia.

Los padres de familia están preocupados por la situación

El proceso ya es de conocimiento por parte de los padres de familia que, ante las inquietudes, participaron en una reunión convocada por las directivas del plantel educativo. Durante el encuentro, la administración afirmó que la situación financiera y jurídica está bajo control y que la continuidad de la institución no corre riesgo.

Sin embargo, algunos padres señalaron que el hecho de “acogerse a un mecanismo de insolvencia — conocido como reorganización o admisión de deudor—" deja en evidencia dificultades financieras que requieren intervención y seguimiento, y cuestionan la supuesta protección total de los activos.

Pese a que se sigue desarrollando el proceso de reorganización, los acreedores indicaron a este medio que el patrimonio del deudor —el colegio—es la garantía general de sus obligaciones y que, si los bienes que respaldan la operación pertenecen a terceros, la viabilidad de un acuerdo a largo plazo se ve comprometida, con el riesgo de una posible liquidación judicial.

“Cientos de acreedores, que van desde entidades financieras hasta pequeñas y medianas empresas, enfrentan un complejo escenario de incertidumbre, congelamiento de flujos de caja y el reto de descifrar la verdadera realidad patrimonial de su deudor”, confirmaron.

Mientras tanto, la administración del colegio ha anunciado proyectos de internacionalización y la posible adopción del Bachillerato Internacional (IB), aunque varios padres consideran que la prioridad debe ser la entrega de información clara y verificable sobre la situación financiera del colegio.

El Banco Provincia presentó “Ponete al día”, un plan de refinanciación dirigido a personas en situación de morosidad hasta el 31 de mayo con el objetivo de ofrecer alivio financiero y facilitar la regularización de deudas mediante reducción de tasas, ampliación de plazos y condiciones más accesibles.

En medio de una mora récord, que en mayo volvió a tocar el mayor nivel en más de 20 años, el nuevo esquema contempla una baja de tasas y la posibilidad de extender los plazos de refinanciación hasta 72 meses, con alternativas segmentadas según el perfil y la situación crediticia de cada cliente.

Refinanciación para mora temprana y avanzada

“Ponete al día” diferencia entre dos tipos de mora: temprana y avanzada. Para la mora temprana, definida como hasta 90 días de atraso, quienes cobren sueldos, jubilaciones o pensiones en el Banco podrán acceder a una tasa anual del 50 por ciento. Para aquellas personas cuyos ingresos no superen los cuatro salarios mínimos ($1.470.000), la tasa se reduce al 39% anual. En este segmento, la cuota mensual estimada por cada $1.000.000 de deuda, a 72 meses, es de 36.110 pesos.

En el caso de mora avanzada, es decir, cuando el atraso supera los 90 días, se ofrece una tasa especial del 31% anual, destinada exclusivamente a personas en situación de sobreendeudamiento, aquellas que, con una tasa convencional, verían comprometido más del 50% de sus ingresos. En estos casos, la cuota mensual estimada por cada $1.000.000 de deuda, también a 72 meses, es de 30.732 pesos.

Además, hay una tasa diferenciada del 32,5% anual para trabajadores del sector público que cobran haberes y/o beneficios previsionales en el banco y se encuentren en mora avanzada.

Plan especial para tarjetas de crédito

El comunicado detalla una opción específica para quienes necesitan refinanciar deudas generadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia. Los clientes con un atraso de hasta 70 días en el pago de la tarjeta y deudas de hasta $10 millones podrán acceder a una tasa del 41% anual en 60 cuotas mensuales. Por cada $1.000.000 refinanciado a 60 meses, la cuota mensual será de 39.418 pesos.

Un aspecto destacado de esta propuesta es que permite mantener operativa la tarjeta por el margen disponible luego de concretar la refinanciación. El banco ejemplifica: si una persona tenía un disponible de $2 millones y refinancia $500.000, el nuevo monto máximo para el uso del plástico será de 1,5 millones de pesos.

Foco en sectores vulnerables y resultados del plan

“Ponete al día” está disponible para todas las personas en mora, aunque el foco principal está puesto en los 2,1 millones de clientes que cobran haberes y beneficios previsionales en el banco. Según la entidad, este grupo enfrenta mayores dificultades para sostener sus compromisos financieros, por lo que se busca acompañarlo con condiciones más accesibles y sostenibles.

En el comunicado se subrayó que, desde comienzos de 2026, Banco Provincia sostiene un esquema de refinanciación para quienes entraron en mora durante junio, combinando tasas bajas, plazos extendidos y soluciones adaptadas tanto para familias como para empresas. Los resultados indican que, durante los primeros cinco meses de 2026, se alcanzaron más de 66.000 acuerdos de recupero de deuda por 234.000 millones de pesos, un aumento del 157% respecto al mismo período de 2025.

Cómo acceder a la refinanciación

Las gestiones para adherirse a “Ponete al día” pueden realizarse en sucursales de lunes a viernes de 10 a 15, a través de la línea telefónica exclusiva 0810 222 6672, o mediante el WhatsApp oficial de la entidad. Además, algunos clientes recibirán ofertas personalizadas de refinanciación en sus perfiles de Home Banking BIP y en la app BIP móvil, donde podrán aceptar la propuesta y autogestionar el trámite.

El plan detalla el esquema de tasas según el atraso registrado al 31 de mayo: hasta 72 meses de plazo, 39% anual para trabajadores con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, 50% anual para trabajadores del sector público con haberes y beneficios previsionales en el banco, 31% anual para casos de sobreendeudamiento y 32,5% anual para trabajadores públicos en mora avanzada.

Una deuda bancaria olvidada en México puede terminar en embargo judicial sin que el titular haya recibido una llamada del banco ni una alerta del Buró de Crédito: la ley no obliga a ninguna de las dos instituciones a advertir al deudor antes de que un proceso legal avance.

El Buró de Crédito no es un ente que persigue deudas ni activa procedimientos judiciales. Su función es registrar el comportamiento de pago de personas y empresas ante bancos, tiendas departamentales y otras entidades financieras. No decide si se otorga o niega un crédito, y tampoco avisa cuando una cuenta entra en mora.

El registro negativo aparece tras tres meses de atraso y puede permanecer en el historial hasta seis años, dependiendo del monto adeudado.

Cómo escala una deuda hasta el juzgado

Cuando una persona deja de pagar una tarjeta de crédito o un préstamo personal, la primera respuesta del acreedor es la cobranza extrajudicial: llamadas, correos y propuestas de negociación. Estas acciones no tienen facultad legal para embargar bienes.

Solo cuando la institución presenta una demanda ante un juez —generalmente a través de un juicio ejecutivo mercantil— el proceso adquiere consecuencias patrimoniales reales. Ese procedimiento incluye pasos obligatorios que la ley no permite saltarse:

Presentación de la demanda

Revisión del caso por un juez

Notificación formal al deudor por un actuario

Requerimiento de pago en ese acto

Si el deudor cubre el adeudo en el momento del requerimiento, el embargo no se ejecuta. El proceso completo puede durar meses o años.

Por qué el deudor puede no enterarse a tiempo

En México, una deuda bancaria impaga puede derivar en embargo sin que el titular lo perciba con anticipación porque ni el banco ni el Buró de Crédito están obligados a emitir una advertencia directa antes de demandar. La notificación formal llega cuando ya hay un juicio en curso, a través de un actuario judicial. Si el deudor no actualiza su domicilio o ignora las comunicaciones del acreedor, el proceso puede avanzar sin que tenga conocimiento real de ello.

En el caso del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el mecanismo es aún más directo: el artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF) faculta a la autoridad para ordenar la inmovilización de cuentas bancarias sin notificar primero al contribuyente. El oficio se dirige directamente al banco, que tiene hasta tres días hábiles para ejecutar el bloqueo. Solo entonces el SAT notifica al titular.

Qué puede embargarse y qué queda protegido

La ley establece que el embargo debe ser proporcional a la deuda. Una obligación de $50,000 pesos no justifica asegurar bienes por cientos de miles de pesos si existen otras opciones suficientes para cubrir el adeudo.

Solo una autoridad judicial puede ordenar un embargo, y este recae únicamente sobre bienes registrados a nombre del deudor. Quedan expresamente excluidos:

Bienes de familiares

Artículos indispensables: cama, ropa y herramientas de trabajo

Cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias

Ningún despacho de cobranza privado tiene facultad para ejecutar un embargo por cuenta propia. Si alguien ingresa a un domicilio sin orden judicial, el afectado puede presentar una denuncia por allanamiento de morada.

El historial crediticio: daño que persiste años

Los plazos de permanencia en el Buró de Crédito dependen del monto de la deuda. Con el valor de la Unidad de Inversión (UDI) al 30 de junio de 2026 en $8.82 pesos, los rangos en moneda corriente son los siguientes:

Deudas de hasta $220 pesos: se eliminan al año

Deudas de entre $220 y $4,408 pesos: se borran a los dos años

Deudas de entre $4,408 y $8,816 pesos: desaparecen a los cuatro años

Deudas superiores a $8,816 pesos: no se eliminan de forma automática

Las deudas con un proceso judicial activo tampoco desaparecen aunque transcurran los plazos. Pagar una deuda no la borra del historial de inmediato: el registro cambia a estatus “liquidado”, lo que mejora la calificación pero no elimina la huella del incumplimiento.

Derechos del deudor y vías de defensa

El artículo 17 de la Constitución Mexicana prohíbe la prisión por deudas de carácter civil. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirma que esto aplica para tarjetas departamentales, préstamos personales, créditos bancarios y financiamientos similares con instituciones como BBVA, HSBC y Banamex.

La excepción ocurre cuando existe fraude o un delito patrimonial comprobable —como proporcionar información falsa al solicitar un crédito o pagar con cheque sin fondos—, contemplados en el artículo 386 del Código Penal Federal.

Si el acreedor no reclama la deuda en un plazo de 10 años, el derecho a cobrar prescribe y el embargo deja de proceder legalmente, aunque los despachos de cobranza puedan continuar con intentos extrajudiciales. Quienes reciban amenazas extralegales pueden acudir a la Profeco o a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para solicitar orientación.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pone en marcha en 2026 un programa que permite a personas físicas y empresas con adeudos de años anteriores pagar solo el impuesto original sin multas ni recargos.

El programa arrancó el 1 de enero de 2026 y tiene fechas límite distintas según el tipo de adeudo.

Quien no actúe a tiempo pierde el beneficio y deberá cubrir el monto completo, incluidos recargos y sanciones.

Lo que el SAT no adelanta es cuánto puede ahorrar un contribuyente ni cuáles son las condiciones exactas que determinan si la reducción es del 100% o del 90%. Eso depende del tipo de deuda y de cómo se originó.

Así se calcula cuánto te descuenta el SAT: 100% o 90% según el tipo de deuda

El programa cubre adeudos de ejercicios 2024 o anteriores determinados tanto por el SAT como por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Incluye multas por infracciones a leyes fiscales, aduaneras y de comercio exterior, así como multas con agravantes.

Según el portal oficial del SAT, la reducción del 100% aplica cuando el crédito fiscal incluye contribuciones federales omitidas —propias, retenidas o trasladadas—, aprovechamientos o cuotas compensatorias.

En ese caso, las multas, los recargos y los gastos de ejecución asociados desaparecen del monto a pagar.

La reducción baja al 90% cuando el crédito fiscal está integrado exclusivamente por multas derivadas del incumplimiento de obligaciones distintas al pago, por ejemplo, no presentar una declaración informativa.

En ese caso, el porcentaje de disminución aplica siempre que el contribuyente cumpla la obligación omitida que dio origen a la multa.

Tu situación fiscal determina cuál de las tres vías debes seguir para obtener el beneficio

El SAT establece tres vías de acceso al beneficio, según la situación fiscal del contribuyente.

El primero aplica a quienes detectan su propio adeudo sin que la autoridad lo haya determinado.

Deben presentar la declaración correspondiente en el portal del SAT, seleccionar la opción “Estímulo de regularización fiscal” en el campo de estímulos y realizar el pago en una sola exhibición antes del 31 de diciembre de 2026.

El segundo corresponde a contribuyentes que ya están bajo facultades de comprobación, es decir, en medio de una auditoría.

Pueden acceder al beneficio si se autocorrigen y pagan dentro del plazo que fije la autoridad revisora, antes de que se emita la resolución definitiva y a más tardar el último día del año.

El tercero es para quienes ya tienen un crédito fiscal firme notificado, incluso si lo impugnaron.

Deben ingresar a Mi Portal, seleccionar la opción ESTIMULO FISCAL LIF 2026 y presentar la solicitud antes del 31 de octubre de 2026.

Si el adeudo está impugnado, deben adjuntar el acuse de desistimiento.

En este supuesto, el pago puede hacerse hasta en seis parcialidades, con la última a más tardar el 30 de noviembre de 2026.

Requisitos y condiciones que excluyen del programa

El beneficio aplica a contribuyentes cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 no excedieron los 300 millones de pesos mexicanos.

El SAT excluye a quienes recibieron condonaciones en programas generalizados anteriores al amparo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2019.

Tampoco pueden solicitar el beneficio quienes ya fueron beneficiados por el estímulo del Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025.

También quedan fuera quienes tengan sentencia condenatoria firme por delitos fiscales.

Lo mismo aplica para las instituciones y organismos que ejecutan gasto federal, referidos en el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El SAT advierte que al presentar la solicitud de créditos firmes, el contribuyente consiente íntegramente el adeudo. Si después lo impugna, el estímulo pierde efectos.

Las prioridades económicas dividen con fuerza a los votantes oficialistas y opositores en la Argentina. Mientras quienes apoyan a La Libertad Avanza identifican el peso de las deudas como su principal preocupación, los opositores se enfocan en la incertidumbre económica y la pérdida de poder adquisitivo.

Así se desprende de la última encuesta de la consultora Zentrix. Las respuestas ante la inflación, la llegada a fin de mes y la posibilidad de ahorrar reflejan dos agendas distintas que conviven bajo una presión económica generalizada, aunque con matices notables según la afinidad política.

La principal preocupación de los que votaron a Milei

Entre los votantes de La Libertad Avanza, la principal preocupación es el peso de las deudas personales. El 53,2% de quienes apoyaron al oficialismo en 2025 señala las deudas como su mayor inquietud, ubicando este problema por encima de otros temas económicos y sociales. En menor medida, mencionan la corrupción (46,7%) y la incertidumbre económica (35,5%).

El foco en el endeudamiento destaca una dinámica particular dentro del electorado oficialista, que asocia su malestar económico más a la acumulación de compromisos financieros que a la evolución de los ingresos o la estabilidad laboral. En un contexto de mora en récord, esta preocupación por las deudas se traslada a la percepción sobre el poder adquisitivo y la capacidad de cubrir necesidades básicas a lo largo del mes.

Cuando se consulta sobre la relación entre salario e inflación, el 25,8% de los votantes oficialistas considera que su ingreso le gana a la suba de precios, mientras que el 66,2% opina que no lo logra. Aunque este porcentaje es mucho mayor al registrado entre los opositores, la mayoría del sector oficialista reconoce el rezago de los salarios frente a la inflación. Un 8,1% no sabe o prefiere no contestar a esta pregunta.

La evaluación sobre hasta qué fecha del mes alcanzan los ingresos muestra que el 52,5% de los oficialistas llega, como máximo, al día 20. Un 18,5% asegura que puede ahorrar, cifra que representa el triple de la proporción que lo logra entre los opositores.

Ingresos y salarios en el votante opositor

En el caso de los votantes opositores, la preocupación central se desplaza hacia la incertidumbre económica. El 59,4% de este grupo menciona esa inquietud como la más relevante, seguida por los ingresos y el salario (52,6%). La corrupción también aparece entre las principales preocupaciones, con 51,6%, lo que la convierte en un punto de coincidencia con el oficialismo, aunque con un peso relativo distinto.

La atención puesta en la incertidumbre y en los ingresos refleja una percepción de vulnerabilidad ante posibles cambios en la economía y una mayor preocupación por la pérdida de capacidad de compra. La sensación de que los salarios no acompañan el aumento de precios se ve confirmada en la consulta sobre el poder adquisitivo: solo el 0,9% de los votantes opositores cree que su salario supera a la inflación, mientras que el 98,7% sostiene que no es así.

La dificultad para llegar a fin de mes es más marcada en este segmento. El 73% afirma que sus ingresos solo alcanzan hasta el día 20. La posibilidad de ahorrar es casi inexistente: apenas el 3,9% declara que logra guardar dinero una vez cubiertos los gastos básicos.

Estas diferencias no solo reflejan realidades materiales distintas, sino también percepciones y expectativas divergentes sobre el presente y el futuro económico. Mientras en el oficialismo predomina la preocupación por el endeudamiento, acompañada de cierta confianza en la recuperación del poder de compra, en la oposición se impone la visión de un deterioro constante de los ingresos y un clima de incertidumbre persistente. Ambos grupos comparten el malestar ante la corrupción, aunque la ubican en lugares diferentes de su agenda diaria.

El relevamiento de Zentrix que permitió identificar estas divisiones se basó en una encuesta autoadministrada en línea con 1.315 casos en todo el país. Participaron personas mayores de 16 años con acceso a internet, residentes en las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires.

La segmentación política se determinó según el voto en las elecciones legislativas de 2025. El diseño muestral fue no probabilístico, con cuotas por sexo, edad y región, calibrado según la estructura del padrón nacional. Los resultados, según la ficha técnica, tienen validez a nivel nacional y no deben extrapolarse a provincias o localidades específicas.

Hans siempre pensó que la primera impresión lo era todo. Cuando en la fiesta de una amiga de la secundaria apareció una extranjera de 27, que acababa de llegar a la Argentina para visitar a sus padres diplomáticos, no encontró mejor idea que intentar impactarla con su simpatía, sus chistes y su estilo de vida. La imagen que quería proyectar de sí mismo para conquistar el corazón de esa mujer era la de un hombre de mundo, exitoso, seguro y solvente.

Fue una mala idea. Ese retrato estaba muy lejos de lo que podría ofrecer y lo terminó conduciendo al descalabro absoluto.

Crecer con complejos

Hagamos un poco de historia. Los padres de Hans eran profesionales con una vida de clase media acomodada en la localidad de Martínez, provincia de Buenos Aires. Tres hijos, buenos trabajos, una camioneta importada, vacaciones cada verano, colegios privados y algunos viajes al exterior. Ambos de origen alemán, hacía dos generaciones que vivían en la Argentina. Hans era el mayor de sus hijos. Jugaba al fútbol, al tenis, hablaba tres idiomas y prometía a todos que estudiaría Derecho.

Fue alrededor de cuarto año del secundario que todo se fue al garete. Su padre perdió el empleo y su madre enfermó y cayó en una seria depresión. En el colegio tuvieron que pedir paciencia hasta que pudieran pagar las cuotas de los tres hijos. La casa en la que vivían, por suerte, era propia, pero se les empezó a hacer cuesta arriba mantener el estilo de vida al que estaban acostumbrados. Tuvieron que ir abandonando ciertos lujos. Anularon las salidas a comer afuera, se terminaron los viajes y, poco después, también, los veraneos del mes de enero. Hubo que seguir ajustando y su padre les pidió que ya no invitaran amigos a su casa porque las cuentas no daban para asados, picadas y bebidas. Era inevitable, la caída continuó. Adiós a la empleada que iba a limpiar todos los días y al jardinero. Todo lo doméstico lo empezaron a hacer ellos mismos los fines de semana y sin chistar. Se repartían tareas y administraban el poco dinero que quedaba.

Dentro de Hans, con cada retroceso en su forma de vida, crecían la inseguridad y la vergüenza ante los ojos de sus amigos.

“Me daba muchísimo pudor que alguien que nos conocía de antes viera cómo vivíamos ahora. Nada estaba demasiado limpio. Las cosas se volvieron caóticas. Si se nos rompía algo y no podíamos arreglarlo nosotros, no se arreglaba y punto. La casa en tres años envejeció treinta. Lo primero que quedó inutilizado para nuestro espanto fue el lavarropas. Arreglarlo era imposible y comprar uno nuevo menos. A lavar. Después fue el aire acondicionado del living. ¡Ni hablar las goteras! El quincho estaba inutilizable con varios baldes. Las canillas de los baños las arreglaba mi viejo como podía. Mientras yo veía el progreso que tenían mis amigos, nosotros íbamos marchando hacia atrás. Cuando se murió nuestro perro, que ya estaba viejito, lloramos desconsolados, pero paradójicamente fue un alivio pensar que ya no habría que ir al veterinario, comprar medicamentos y su comida. Mamá se pasaba casi todo el día en la cama. No podíamos contar con ella. Aunque por suerte siempre pudimos mantener la prepaga de salud, nos pasamos al plan más económico. La medicación de mamá era importante que la tomara y cara. Mi madre parecía dopada y se volvió abandonada. Perdió la coquetería y dejó de teñirse el pelo y de maquillarse. A veces, ni siquiera se vestía, se quedaba en camisón todo el día. Parecía eterna. Yo no podía mantener un diálogo con ella, ni tampoco quería. No sabía qué decirle. Estaba triste y enojado, sentía que mis viejos me habían arruinado la vida y quería esconderme debajo de mi cama. Tampoco tenía plata para entretenerme con mis amigos y salir, ni para ir a un cumpleaños porque no podía comprar un regalo. Horrible. Mis hermanos más chicos, lo llevaban mejor. A mí me afectó muchísimo la situación económica. Tenía la autoestima por el piso y me llené de miedos. Apenas me recibí comencé a estudiar derecho en la UBA. Papá consiguió plata prestada para pagar lo que se debía del colegio y cambió a mis hermanos a un establecimiento estatal. Las cosas siguieron a los tumbos. Mi viejo laburaba de lo que encontraba pero los sueldos que le ofrecían no alcanzaban para pagar la manutención de la familia”.

Fue cuando murió el abuelo paterno que su familia heredó dinero y una propiedad que estaba alquilada. Al mismo tiempo sucedió que el padre de Hans consiguió un trabajo mejor. Las cuentas familiares se estabilizaron. Poco después de esa mejora, el que consiguió un buen sueldo y trabajo fue Hans. Dos meses después decidió mudarse a vivir con unos amigos para escapar de su casa. Lo necesitaba.

“El ambiente familiar había mejorado, pero yo lo seguía sintiendo depresivo. Me hacía mal. Tenía 20 años y quería tomar distancia”, cuenta.

Hans siguió estudiando Derecho y visitando a sus padres y hermanos. Vivía relativamente cerca. Su madre cambió de psiquiatra y medicación. El resultado fue alentador porque mejoró mucho.

“Por suerte la situación se volvió más amena y sana y volvieron las risas a mi casa familiar”, recuerda con melancolía, “Pero resulta que yo no era buen estudiante y me aburría en la carrera. Estudiaba por la imagen que puede dar un título, no por vocación. No me interesaba nada el Derecho. Empecé a fracasar en los exámenes y a los 26, después de varios bochazos, dejé la carrera. Decidí que intentaría progresar en mi trabajo en el área de logística de una empresa importante. No ganaba demasiado, pero como tenía gastos compartidos me resultaba fácil mantenerme. Que yo dejara la carrera frustró mucho a mis padres. Insistieron, pero no lograron que yo retomara los estudios”.

Hans se dedicó a trabajar de sol a sol y nunca más tocó un libro. Tuvo algunas novias pasajeras, pero su cabeza estaba en ganar más dinero para poder hacer la vida cómoda que había soñado de chico.

La chica escandinava

Fue en el cumpleaños de 30 de Rocío, una compañera de la secundaria, en su impresionante casa en una barranca hacia el río, que la vida de Hans volcó.

En ese festejo conoció a una chica de 27 años de origen escandinavo que lo deslumbró. Sigrid con su altura, con su elegancia y con su sonrisa lo desarmó. Sintió algo que no había experimentado antes. Esta bella mujer extranjera, con la que se entendía en inglés, le pareció un desafío y le despertó el cuerpo y el alma.

“Fue un enamoramiento instantáneo. No le saqué los ojos de encima y desplegué toda mi seducción. Lo logré: ella pasó la noche entera charlando conmigo. Literalmente caí a sus pies”, relata sobre ese primer encuentro en el jardín. Sentados en el pasto, mirando el cielo, se animó a darle un beso. Ella aceptó.

Pero Hans sentía que vivía de prestado. Para él ese mundo al que había pertenecido económicamente ahora era imposible de alcanzar. Sus amigos tenían un pasar fácil, autos buenos, salidas caras, deportes y escapadas de fin de semana. Nada de eso tenía él. Con Sigrid salieron un par de veces y Hans se gastó sus pocos ahorros en esas salidas.

“La primera vez fuimos a un vip de un boliche en la costanera que fue carísimo. Imposible. Yo pedía la mejor bebida para impresionarla... La segunda vez la invité a comer a un super restaurante. Otra vez, gasté una fortuna para mi presupuesto”, reconoce horrorizado.

Las relaciones sexuales ocurrieron en un hotel de categoría: “No podía llevarla a mi casa compartida en comunidad, tampoco a lo de mis padres o a donde vivía ella con su familia. Ir a un telo era impensable, así que pelé tarjeta y pagué un buen hotel de 4 estrellas. Eso fue en otras dos noches que dormimos juntos y felices”.

Sigrid estaría unos diez días más en el país y luego se volvería a su país donde estudiaba el último semestre de bioquímica. Hans, en sus desvelos nocturnos, se preguntaba ¿qué podría ofrecerle a Sigrid, además de un amor incondicional, para que ella quisiera pasar con él el resto de su vida? No encontraba la respuesta. Se repetía que el amor puede ser poderoso, pero dudaba. No creía que ella quisiera tener una vida como la que él podía pagar: un ph hippie, con baño compartido y sin auto o viajes.

“Antes de que se fuera decidí sacar un crédito personal para poder invitarla a Punta del Este el fin de semana largo, a todo trapo ”, rememora, “Buen hotel, avión, alquiler de auto y comidas a precio dólar. Lo pasamos increíble. Sigrid se fue y yo me quedé pagando mis desmanes. Si bien ella sabía que yo vivía con amigos, no había estado en mi departamento porque no la invité. No me animé. ¿Cómo mostrarle los colchones berretas, la bacha siempre llena de platos, las paredes medio descascaradas y el desorden propio de tres tipos viviendo juntos?”.

Hans quedó enamorado en Argentina; ella se fue a Europa desconociendo los sinsabores de la vida de él. Sigrid no sabía que Hans no tenía un peso. No podía imaginar que si lo sacudía dado vuelta de sus bolsillos solamente caerían deudas. Deudas que había contraído para conquistarla.

La separación sería por un tiempo. Ella, a finales de ese año, terminaría la carrera y regresaría al país. En sus largas charlas a la distancia empezaron a soñar con una posible vida en Buenos Aires. Los padres de Sigrid tenían contactos y podrían conseguirle un buen trabajo en Argentina, dijo ella. Podrían probar y vivir juntos, dijo él.

“Claro que, si yo pretendía que ella se instalara acá conmigo, tenía que ofrecerle un lugar lógico para estar solos. ¿Cómo iba a hacer? Tenía que alquilar algo de nivel y dejar a mis amigos. Te confieso que ni siquiera hablábamos del asunto. Supongo que Sigrid daba por sentado que yo estaba bien en mi trabajo y yo me moría antes de sacar el tema para hablar de plata. En mi casa me educaron que de dinero no se habla, que es de mal gusto”, reconoce.

En esos meses Hans pidió aumento y tuvo la suerte de que se lo dieron. Pero un 20 por ciento no fue más que un alivio momentáneo. Decidió que como con el crédito personal anterior a corto plazo le había ido bastante bien, ahora sacaría uno por mucha más plata al plazo más largo posible para poder alquilar un buen departamento. Convenció a sus padres para que pusieran su casa en garantía.

“La tasa del crédito era altísima. Pero en ese momento no me preocupaba que la cuota fuera asfixiante, solo quería que ella viniera y viera un lindo lugar para quedarse conmigo. Empecé a mirar departamentos y se los enseñaba por videollamada. Al final, con su aprobación, elegí uno de tres ambientes con terraza y parrilla. A lo lejos, se veía el Río de la Plata. Era perfecto. Más de medio sueldo mío se iría en el alquiler. El crédito iba a ir al depósito y me daba aire por un buen tiempo. Un mes antes de que Sigrid llegara me mudé. Compré heladera en mil cuotas y mandé a hacer las cortinas de black out en otras mil cosas”, recuerda Hans. También se metió en un plan de un cero kilómetro modesto. Necesitaban en qué moverse.

Ella llegó y el refugio para el amor le pareció perfecto. Colaboró comprando sábanas, buenos platos y el supermercado. A los dos meses de llegar, Sigrid consiguió trabajo. Eran felices.

Una montaña de deudas

Hans creía que todo se resolvería y que las cuentas un día cerrarían mágicamente. Pero no fue así. Entre salidas con amigos, fines de semana a una bodega mendocina, a Cariló o a un casamiento chic en Córdoba, la plata del crédito personal se agotó. Y su sueldo, aun con la colaboración de Sigrid, no cubría todos los agujeros económicos que había que tapar. Los pagos de las tarjetas, la cuota y gastos del auto, el alquiler del garaje y del depto con las expensas, el abono del gym de Sigrid, el cable, el wi fi… Por suerte, ambos tenían cubiertas por sus trabajos la prepaga de salud.

Hans dejaba que Sigrid comprara todo en el super y él se hacía el distraído. No podía sumar más gastos.

Así las cosas, comenzó a hacer pagos mínimos en sus tres tarjetas de crédito. Primero en una, luego en la otra y, al final, en las tres.

“Los intereses por los saldos que dejaba cada mes eran voraces. Yo lo sabía, pero soñaba con que algo iba a suceder y todo se iba a arreglar. Algo pasaría que acomodaría todo. Solo pateaba la pelota para el mes siguiente. Mientras, disfrutaba de mi vida con ella. Estábamos muy enamorados y nos llevábamos super bien. Ella además del super gastaba su sueldo en peluquería, en ropa y algún viaje que hizo con sus amigas argentinas. ¡No tenía idea de que estaba con un insolvente total! Confiaba en mí. A los ocho meses yo ya estaba con el agua al cuello. Empecé a desesperarme. Pero seguí sin hablar de plata con Sigrid”.

Hans no sabía a quién recurrir para asesorarse. No lo comentó ni con sus amigos más cercanos. Para él la imagen lo era todo. No se animaba a hacerla trizas con una confesión de ese estilo. Pensaba que todavía había tiempo, ya encontraría alguna salida. La vergüenza lo podía. Eso sí, estaba aterrado con que ella pudiera quedar embarazada por algún descuido. No podía costear ni una sola cuenta más. Estaba en rojo por todos los costados.

Primero dejó de pagar una de las tarjetas y la dejó escondida en un cajón. En esa no tenía débitos automáticos. Ya vería.

Al mes siguiente, dejó de pagar el gym y se atrasó con las expensas. Le inventó algo a Sigrid y ella empezó a pagarse el gimnasio sin prestar demasiada atención al asunto.

Como al cuarto o quinto mes de haber dejado de pagar las expensas, el dueño del departamento lo llamó. Se había enterado. Hans, aterrado, prometió ponerse al día. Tenía toda la intención, pero no pudo hacerlo.

Ya tampoco llegaba a pagar el mínimo de la segunda tarjeta y eso lo puso muy nervioso. Sigrid lo notó y le preguntó qué le pasaba. Él no pudo decirle la verdad, solo esbozó problemas momentáneos en el trabajo y esquivó la realidad.

“Evidentemente, tenía un problema porque no podía hablar sinceramente con ella. Me sentía menos que Sigrid. Creía que no me iba a entender, que me iba a dejar. Estaba emocionalmente bloqueado y acomplejado. La amaba tanto que temía demasiado. Sigrid era un poco fría, pero básicamente era una persona buena, transparente y solidaria. Hoy creo que si hubiese sido claro y frontal, ella hubiese estado para apoyarme porque me quería. Pero no lo vi de esa manera y arruiné mi gran amor con las mentiras, una tras otra, hasta que se hizo una gran bola que me aplastó. Nos aplastó.”.

Lo siguiente, desató la tormenta.

El juicio final

Un día al volver del trabajo Hans encontró a una Sigrid que ya no sonreía. Aunque mantenía la calma notó que ella estaba como desencajada. El encargado le había comentado lo de la deuda de las expensas, algo que Hans no había calculado que podía pasar porque ese tema lo manejaba él. Preocupada Sigrid había hilado el tema con la montaña de sobres sin abrir que él iba guardando en un cajón del ropero. Fue directo al placard e hizo algo que Hans tampoco creyó que una mujer como ella, super protectora de la intimidad de cada uno, pudiera hacer. Sigrid realizó lo impensable: invadió su intimidad y abrió todos los sobres. Descubrió que la mayoría eran intimaciones legales por la falta de pago de las tarjetas. También encontró varios extractos de la cuenta de Hans donde estaban los montos del crédito.

Sigrid arrancó la charla pidiendo perdón por lo que había hecho, pero se justificó diciéndole que estaba asustada. Y siguió con que ella jamás le debía dinero, que jamás mentía, que jamás había tenido deudas, que jamás gastaba lo que no tenía. Hans ensayó algunas excusas. Ella le reprochó, con tono tranquilo: ¿cómo podía ser que él hubiera armado semejante enredo de embustes? Él balbuceó verdades a medias, habló de su infancia y ella respondió que estaba muy decepcionada porque él no era quién ella había creído. Que se terminaba. Que se iba. Fue al dormitorio y sacó sus valijas y comenzó a hacerlas. Sin rabia, más bien con una gran tristeza definitiva.

“Unos días antes habíamos hablado de la posibilidad de tener hijos. Ella soñaba con eso. ¿Cómo podía ser que ahora estuviera armando sus valijas para irse con sus padres? No podía creerlo. Me pesaba lo que fueran a pensar ellos y, también, darle la noticia a mi familia. Yo era un bluff, un auténtico fracaso. Me bajoneé de inmediato si es que ya no lo estaba”, revela.

Lo que vino fue una etapa oscura. Devolver el departamento, volver con sus padres que estaban anonadados con este hijo al que todo le salía pésimo. Ahora, el deprimido era él, no su madre. Tuvieron que apoyarse en un abogado amigo para solucionar los temas de Hans, sacarlo del registro de deudores y buscar psiquiatra para que lo atendiera por su estado anímico. Además, debió pedir una licencia laboral. Unos meses después, Hans optó por renunciar a su trabajo.

Le llevó un buen tiempo recuperarse pero, pasado un año y medio, las cosas mejoraron. Hans consiguió un nuevo empleo y se animó a comenzar de nuevo con 34 años.

“De Sigrid no supe nada más. Ella fue terminante. Así era su carácter: todo o nada. No daba vueltas. Con terapia pude empezar a ver qué había hecho mal. Mis problemas de inseguridad y autoestima quedaron a la vista. Por eso es que hoy me animo a contar mi historia. Trabajando con la psicóloga pude revertir mis miedos al rechazo y evitar esa estúpida necesidad de llevar un nivel de vida que no puedo costear. Hoy conozco mis límites, me va bien y estoy saliendo con una chica separada a la que conocí en una terapia de grupo. Hago una vida acorde a lo que me ingresa y estoy ahorrando para volver a alquilar y vivir solo, o quizá con ella, ya veremos. Tuve que tocar fondo para poder salir. Soy otra persona. Me aterran las deudas, no compro nada en cuotas para evitar cualquier descontrol. Ya no me deslumbro con tonterías y aprendí que lo que hoy no se habla dentro de la pareja es un grave problema para mañana. Eso es lo que quiero enfatizar: la sinceridad en la pareja. Si hay amor, seguramente casi todo se pueda sobrellevar. La mentira solo funciona por un rato, después te hunde. Hay que quererse más y no subestimarse. Jamás tirarse a menos porque no tengas dinero. De a dos se puede. Pero yo no le di la oportunidad a Sigrid para demostrarme cuánto me amaba y, lamentablemente, la perdí. No puedo quedarme en los lamentos de haber tirado por la borda el amor más grande que sentí en mi vida porque de ese dolor aprendí mucho. Gracias a lo aprendido hoy soy mejor y estoy seguro de que no voy a volver a cometer el mismo error”.

*Escribinos y contanos tu historia: amoresreales@infobae.com

* Amores Reales es una serie de historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. En algunas de ellas, los nombres de los protagonistas serán cambiados para proteger su identidad y las fotos, ilustrativas

Revisar deudas pendientes no solo sirve para ordenar las finanzas: también puede evitar sorpresas al solicitar un crédito, vender un vehículo o incluso postular a un empleo donde se pide “buena calificación”. En Perú, existen plataformas que permiten consultar información financiera y, además, páginas oficiales para verificar obligaciones por tránsito, tributos municipales o sanciones electorales.

¿Cómo consultar gratis tu reporte de deudas financieras?

Para el sistema financiero, la consulta más directa parte del reporte de deuda que permite acceder a información sobre créditos contratados con empresas del sistema, además de la calificación asignada por esas entidades en función del comportamiento de pago.

Ppara obtener el documento debes ingresar al portal de Reporte de Deudas de la SBS (LINK), registrarte con tu correo electrónico y número de DNI y crear una cuenta. Tras colocar los datos del documento de identidad, el sistema entrega de inmediato el reporte del último mes con la relación de créditos y la calificación correspondiente. La misma ficha detalla que también existe modalidad presencial en una de sus oficinas para solicitar el informe.

Papeletas de tránsito pendientes: Búsqueda por placa vehicular en el SAT y el MTC

Las infracciones de tránsito también generan obligaciones que, con el tiempo, pueden acumularse. Para revisar sanciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ofrece el servicio “Récord de conductor”, donde el ciudadano puede verificar si registra multas o sanciones y ver el estado asociado a cada una.

La guía oficial indica que, al ingresar a esta página (LINK), se puede filtrar la búsqueda por número de documento o por número de récord, completar los datos solicitados y hacer clic en “Buscar”. El sistema mostrará el detalle del récord de infracciones, el estado de la sanción, la infracción cometida y su consecuencia, además del historial de trámites realizados.

En el caso del SAT de Lima, hay un módulo de consulta de papeletas por placa. Los interesados pueden ingresar a este ENLACE para revisar todos los detalles.

Deudas tributarias municipales: ¿Cómo revisar tu estado de arbitrios e impuesto predial?

Las obligaciones municipales suelen pasar desapercibidas hasta que se intenta vender un inmueble, solicitar un certificado o regularizar un trámite registral. En el Cercado de Lima, el SAT ofrece información sobre impuesto predial y arbitrios, e indica que es posible operar mediante su agencia virtual (LINK) las 24 horas.

De acuerdo con su sección informativa, el impuesto predial grava el valor de los predios urbanos y rústicos en base al autovalúo, y la recaudación y administración corresponde a la municipalidad distrital donde se ubica el predio. En el caso de inmuebles del Cercado de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima es la encargada de esa recaudación, administración y fiscalización.

¿Cómo verificar si tienes multas electorales pendientes de pago en el JNE?

Otra obligación que puede bloquear trámites es la relacionada con el sistema electoral. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuenta con una plataforma oficial para verificar si existen multas pendientes por omisión al sufragio, inasistencia a la instalación de mesa o por negarse a integrar la mesa electoral.

El ciudadano puede consultar con el número de DNI si hay multas registradas, conocer el monto y el motivo, además de revisar canales de pago y regularización. El acceso informativo está disponible en este LINK.

El impacto de las deudas en tu calificación crediticia y cómo acceder a fraccionamientos

El reporte de la SBS es relevante porque refleja la relación de créditos en el sistema financiero y la calificación asignada por las entidades, lo que puede influir en evaluaciones para nuevos productos. La guía del Estado subraya que el documento se obtiene de manera inmediata en modalidad online y que también puede solicitarse presencialmente.

En cuanto a fraccionamientos, la información específica y los requisitos varían según la institución y el tipo de obligación (tributaria municipal, sanción administrativa o multa). Por ello, el paso inicial es identificar la deuda con precisión en la plataforma correspondiente (SBS para sistema financiero; MTC para récord; SAT para tributos o papeletas; JNE para multas electorales) y, con ese dato, gestionar la regularización por los canales oficiales de cada entidad.

El SAT puede embargar tu casa en México sin necesidad de una orden judicial: el organismo tributario está facultado para iniciar un cobro forzoso sobre el patrimonio del deudor —incluidos los inmuebles— y rematarlos en subasta pública hasta cubrir el total del adeudo. El proceso opera bajo el Código Fiscal de la Federación (CFF) y los plazos corren desde el día siguiente a la notificación.

Ignorar la notificación es el error más común y el más costoso. Los plazos para actuar son cortos y su incumplimiento puede agravar la situación hasta el punto de perder el inmueble sin posibilidad de recurso.

Qué ocurre desde el momento de la notificación

Desde que surte efectos el aviso del crédito fiscal, el contribuyente tiene 30 días hábiles para pagar el adeudo o garantizarlo ante la autoridad. Si ese plazo vence sin ninguna acción, el SAT queda facultado para activar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), el mecanismo que abre la puerta al cobro forzoso.

El primer instrumento que emite la autoridad es el mandamiento de ejecución. Con ese documento, funcionarios fiscales pueden presentarse en el domicilio del contribuyente y requerir comprobante de pago en ese momento. Si no se acredita el pago, el embargo se ejecuta de forma inmediata.

El CFF establece un orden de prelación para el embargo: primero el dinero en efectivo, metales preciosos y depósitos bancarios; luego acciones, bonos y créditos de fácil cobro; después bienes muebles como vehículos y maquinaria; y en cuarto lugar, los bienes inmuebles, incluida la vivienda. Esto significa que el SAT debe haber agotado las opciones anteriores antes de llegar al inmueble.

Herramientas legales para frenar el proceso

El contribuyente dispone de varias vías para detener el embargo antes de que avance. La más directa es liquidar el adeudo dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación.

Una opción menos difundida, pero igual de eficaz, es garantizar el adeudo. Las formas aceptadas por el SAT, según el artículo 141 del CFF, son: billete de depósito, carta de crédito, prenda o hipoteca, fianza y obligación solidaria de tercero. Garantizar suspende el PAE mientras el contribuyente negocia, aclara o impugna el crédito.

Quienes consideren incorrecta la determinación del SAT pueden interponer un recurso de revocación ante la propia autoridad, con un plazo de 30 días hábiles desde que surte efectos la notificación. También está disponible el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con un plazo de entre 30 y 45 días hábiles.

Embargo bancario: un proceso que sí requiere un juez

A diferencia del SAT, un banco o institución financiera no puede embargar una vivienda por su propia voluntad. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es claro: solo un juez puede ordenar el embargo, tras un proceso legal en el que se acrediten la deuda y el incumplimiento. Ninguna llamada de cobranza, carta o amenaza extrajudicial tiene validez para retener bienes.

El proceso formal suele iniciarse entre el tercer y el sexto mes de impago, aunque el incumplimiento se computa desde la primera mensualidad no cubierta. Antes de llegar a esa instancia, la mayoría de las instituciones ofrecen alternativas de reestructura o convenios de pago, pues un juicio resulta costoso y prolongado para ambas partes.

El cambio de reglas que entró en vigor en 2026

Hasta 2025, interponer un recurso de revocación eximía al contribuyente de garantizar el crédito durante la tramitación. Esa facilidad desapareció con la Ley de Ingresos de la Federación 2026.

Ahora, quien presente el recurso debe constituir una garantía del interés fiscal en un plazo de seis meses, o en 10 días hábiles si la resolución llega antes de ese término. Se trata de un cambio que reduce el margen de maniobra de los deudores que antes podían impugnar sin comprometer bienes adicionales.

Una tercera vía es acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), que puede actuar como intermediaria cuando detecta irregularidades en el procedimiento fiscal. Su intervención puede derivar en la suspensión temporal del embargo mientras se revisa el caso.

Bienes que el SAT no puede tocar

El artículo 157 del CFF establece un listado de bienes inembargables. Entre ellos figuran las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias; sueldos, salarios y pensiones de cualquier tipo; recursos vinculados a programas sociales del gobierno federal; el lecho cotidiano y los vestidos del deudor y su familia; los muebles de uso indispensable del hogar que no sean de lujo; y los libros, instrumentos y mobiliario necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio del deudor.

En ningún caso el SAT puede inmovilizar un monto mayor al del crédito fiscal actualizado más sus accesorios legales.

Qué hacer si el embargo ya fue ejecutado

Una vez embargado el inmueble, peritos del SAT determinan su valor comercial mediante avalúo. Luego, la autoridad publica una convocatoria de remate al menos 10 días antes de la subasta, con un precio mínimo equivalente a dos terceras partes del valor del avalúo.

Si el monto obtenido en la subasta cubre la totalidad del adeudo, el procedimiento se cierra y la deuda queda liquidada. Cuando el valor de los bienes rematados resulta insuficiente, el SAT emite un nuevo requerimiento, amplía el embargo y puede retener más bienes del contribuyente hasta cubrir el crédito fiscal por completo.

Especialistas en derecho fiscal recomiendan reunir desde el primer momento toda la documentación disponible: estados de cuenta, contratos, facturas y cualquier comunicación previa con la autoridad. Esos registros son la base de cualquier defensa, ya sea administrativa o ante los tribunales.

El SAT puede embargar tu casa si no atiendes a tiempo una notificación de crédito fiscal: el organismo tributario está facultado para iniciar un cobro forzoso, retener bienes —incluidos inmuebles— y rematarlos en subasta pública hasta cubrir el total del adeudo. El proceso, regulado por el Código Fiscal de la Federación (CFF), opera sin orden judicial y con plazos que corren desde el día siguiente a la notificación.

Recibir una notificación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) activa de inmediato un proceso legal con consecuencias patrimoniales. No se trata de una carta informativa: es el reconocimiento formal de una deuda que obliga al contribuyente a actuar dentro de plazos estrictos.

Los 30 días hábiles que definen todo

Desde que surte efectos la notificación del crédito fiscal, el contribuyente cuenta con 30 días hábiles para pagar el adeudo o garantizarlo ante la autoridad.

Si ese plazo vence sin ninguna acción, el SAT queda facultado para iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), el mecanismo legal que abre la puerta al cobro forzoso sobre el patrimonio del deudor.

El primer instrumento que emite la autoridad es el mandamiento de ejecución. Con ese documento, funcionarios fiscales pueden presentarse en el domicilio del contribuyente —o donde se encuentren sus bienes— y requerir comprobante de pago en ese momento. Si no se acredita el pago, el embargo se ejecuta de forma inmediata.

Qué puede embargar el SAT y en qué orden

El SAT no toma cualquier bien de forma arbitraria. El CFF establece un orden de prelación para el embargo:

Dinero en efectivo, metales preciosos y depósitos bancarios

Acciones, bonos y créditos de fácil cobro

Bienes muebles: vehículos y maquinaria

Bienes inmuebles, incluida la vivienda

La casa, entonces, no es el primer objetivo del fisco, pero sí puede serlo si los bienes anteriores no alcanzan para cubrir el monto total del crédito fiscal actualizado con recargos y multas.

Una vez embargado un inmueble, peritos determinan su valor comercial mediante avalúo. Luego, el SAT publica una convocatoria de remate al menos 10 días antes de la subasta, con un precio mínimo equivalente a dos terceras partes del valor del avalúo.

Qué pasa si el remate no alcanza para pagar la deuda

Si el monto obtenido en la subasta cubre la totalidad del adeudo, el procedimiento se cierra y la deuda queda liquidada.

Cuando el valor de los bienes rematados resulta insuficiente, el SAT no da por terminado el caso. Emite un nuevo requerimiento, amplía el embargo y puede retener más bienes del contribuyente hasta cubrir el crédito fiscal por completo.

El embargo precautorio: una amenaza que llega antes

Existe una modalidad aún más temprana: el embargo precautorio. A diferencia del PAE, esta medida puede aplicarse incluso antes de que el crédito fiscal quede totalmente firme.

El SAT puede recurrir a ella cuando detecta riesgo de insolvencia, presume que el contribuyente podría ocultar bienes o estima que existe riesgo de evasión de pago. Su alcance incluye cuentas bancarias, vehículos, maquinaria, inventario comercial y bienes inmuebles.

La medida es temporal y debe ser proporcional al monto estimado del adeudo. Puede levantarse si el contribuyente presenta pruebas, aporta documentación o garantiza el interés fiscal.

Qué hacer antes de que llegue el embargo

El contribuyente dispone de varias herramientas para frenar el proceso antes de que avance al embargo formal. La más directa es pagar el adeudo dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación.

Una opción menos conocida, pero igual de efectiva para detener el cobro, es garantizar el adeudo. Las formas aceptadas por el SAT, según el artículo 141 del CFF, son: billete de depósito, carta de crédito, prenda o hipoteca, fianza y obligación solidaria de tercero. Garantizar suspende el PAE mientras el contribuyente negocia, aclara o impugna el crédito.

Quienes consideren que la determinación del SAT es incorrecta pueden interponer un recurso de revocación ante la propia autoridad, con un plazo de 30 días hábiles desde que surte efectos la notificación. También está disponible el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con un plazo de 30 a 45 días hábiles.

Un cambio relevante en 2026 afecta directamente esta estrategia de defensa: hasta 2025, interponer un recurso de revocación eximía al contribuyente de garantizar el crédito durante la tramitación. Esa facilidad desapareció con la Ley de Ingresos de la Federación 2026. Ahora, quien presente el recurso debe constituir una garantía del interés fiscal en un plazo de seis meses, o en 10 días hábiles si la resolución llega antes.

Una tercera vía es acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), que puede actuar como intermediaria cuando detecta irregularidades en el procedimiento fiscal.

Bienes que el SAT no puede tocar

El artículo 157 del CFF establece un listado de bienes inembargables. Entre ellos figuran:

Las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias

Sueldos, salarios y pensiones de cualquier tipo

Recursos vinculados a programas sociales del gobierno federal

El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y su familia

Los muebles de uso indispensable del hogar que no sean de lujo

Los libros, instrumentos y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión u oficio del deudor

En ningún caso el SAT puede inmovilizar un monto mayor al del crédito fiscal actualizado más sus accesorios legales.

Si tenemos al frente una deuda y no nos queda más opción que iniciar el largo camino judicial, a la tramitación del caso -que suele ser largo- se le suma otra dificultad: el cobro efectivo. Con suerte, es posible recurrir al juez y obtener medidas cautelares sobre cuentas o bienes de titularidad del deudor, situación que podría asegurar la recuperación de todo o una parte de lo adeudado. Sin embargo, esto no siempre es así, porque muchas veces tienes al frente a un deudor cuya cobranza se vuelve mucho más complicada: el Estado.

En nuestro país, el cumplimiento de sentencias con órdenes de pago por parte de Estado es uno de los puntos más críticos de la tutela jurisdiccional; la orden de pago de un juez frente al Estado no tiene efectos inmediatos, casi siempre tiene en frente a una restricción que los funcionarios suelen utilizar: las normas de presupuesto. Lo que no resulta ni razonable ni legal es que a los ciudadanos nos obliguen a cumplir de forma inmediata y en sus términos, las sentencias que tienen la calidad de cosa juzgada, mientras que al Estado no. Las entidades públicas no tienen esa obligación, pues pueden oponer al pago las limitaciones presupuestales así como formas de pago dilatorias, como consecuencia de la propia normativa presupuestal, lo que genera una diferencia más que discutible, pero de poco interés por parte de nuestros legisladores.

Ni siquiera el Arbitraje se salva de esta problemática: los laudos deben pasar también por un proceso judicial para ejecutar un mandato de pago, por lo que quien le ganó un proceso arbitral al Estado muchas veces se encuentra también bajo la misma problemática.

Actualmente, el presupuesto público se regula a partir de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, complementado con las leyes anuales de presupuesto público. La normativa antes señalada establece que el pago de sentencias judiciales solo se realiza siempre que se cuente con presupuesto asignado expresamente para ello. Una vez que se tiene al frente una sentencia firme (es decir, tras ser impugnada y luego de concluida la etapa impugnatoria, o consentida), se empieza otra etapa procesal, igual de compleja: la etapa de ejecución. Lo que puede parecer en el común de los casos, una etapa de mayor simplicidad y resultados, no es así cuando tu deudor es el Estado. La problemática tiene varias causas:

• Falta de previsión presupuestaria oportuna.
• Uso excesivo de argumentos de insuficiencia presupuestal.
• Falta de registros actualizados de deuda judicial.
• Ausencia de responsabilidad efectiva de funcionarios que no gestionan el pago.
• Dilación administrativa aun después de que la sentencia ha adquirido firmeza.
• Trato desigual entre acreedores del Estado según capacidad de presión o visibilidad.

El Estado no debería ser un litigante con ventajas de pago frente al resto de litigantes: Si el ciudadano o las empresas privadas están en la obligación de cumplir las sentencias, sufriendo incluso apercibimientos con efectos duros para ellos, las entidades públicas no tienen ese mismo estándar de cumplimiento. La tutela jurisdiccional (o tutela judicial efectiva) implica que todo aquello que haya sido decidido por un Juez (en el ejercicio de su función de impartir justicia) debe tener eficacia. Es decir, sus órdenes deben cumplirse, como garantía fundamental de la protección de derechos y cuya afectación motivó al titular a buscar su protección a través de un proceso judicial.

Al respecto, en la Sentencia 763-2005-PA/TC el Tribunal Constitucional ha desarrollado la extensión del mencionado precepto constitucional:

“(…)

1. (…) con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia. (…)”

Uno de los aspectos claves de la tutela jurisdiccional es la necesidad de que las resoluciones judiciales sean efectivas; éstas materializan las decisiones emitidas por los jueces, resolviendo los diversos pedidos formulados por las partes. La sentencia representa el principal pronunciamiento en un proceso judicial y es la providencia a través de la cual Juez imparte justicia.

Además del uniforme desarrollo constitucional previamente resumido, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes se encuentra, expresamente recogido en el en su artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-93-JUS, donde se establece que:

“Carácter vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la administración de justicia. Artículo 4.- Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. (….)”

Lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial es un concepto clave para la vigencia de la tutela jurisdiccional y no admite duda sobre sus alcances: toda persona tiene la obligación de cumplir con las resoluciones judiciales, bajo los alcances precisados en las mismas y sin la posibilidad de realizar interpretación alguna.

En consecuencia, tan pronto una sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada, será obligación del demandado cumplir con lo ordenado en ella, sin la necesidad de esperar algún requerimiento o decisión adicional. Esta eficacia además debe ser garantizada dentro del proceso y por el Juzgador, como consecuencia de la implementación de la etapa de ejecución.

Respecto de las deudas del Estado frente a los particulares, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente:

“(…) El artículo 73º de la Constitución Política del Estado establece, que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles, deduciéndose de ello, que no gozan de aquellas inmunidades los bienes que conforman el patrimonio privado del Estado. (…) Los tratadistas de Derecho Constitucional consideran que el Estado tiene una doble personalidad jurídica, cuando ejerce el ius imperium, actúa como persona de derecho público, y cuando contrata o administra sus bienes patrimoniales privados actúa como persona de derecho privado. En consecuencia, cuando contrata y se obliga ante particulares, ambas partes deben someterse a las mismas reglas y no puede el Estado tener un nivel de preeminencia, lo contrario sería ir contra el principio constitucional de igualdad ante la ley. La persona que acude, en busca de justicia, a la función jurisdiccional, sea quien fuera, recurre pidiendo solución a un conflicto de intereses intersubjetivos y no puede hacerlo con más privilegios que la otra parte o contrario, así sea éste el Estado quien con mayor obligación debe acudir sin otro privilegio que la razón o el derecho; es decir, que ambos recurrentes deben hacerlo en igualdad de condiciones y con la plena confianza de que van a obtener justicia en forma igualitaria, de tal suerte que no se merme la seguridad jurídica. (…)” (El resaltado es nuestro)

Es decir, una sentencia firme se cumple, una entidad pública no puede revisar su contenido, reinterpretarlo, restringir sus efectos ni diferirlo indefinidamente bajo el argumento genérico de falta de presupuesto. El problema técnico es que el Estado no puede actuar como un deudor privado, pues sus funcionarios no pueden disponer libremente de fondos públicos ni afectar partidas sin habilitación legal. Por ello, la jurisprudencia y la normativa presupuestaria admiten un tratamiento diferenciado: el pago debe sujetarse a reglas de programación, priorización y disponibilidad presupuestal. Sin embargo, este tratamiento suele ser utilizado como una carta de inmunidad frente a sus acreedores, pues no solo hay fata de presupuesto, sino que además hay inacción por parte de los funcionarios.

En la práctica, muchas entidades públicas utilizan el régimen presupuestal como una herramienta de postergación de pagos; ante las resoluciones de requerimiento, las entidades suele dar respuestas como: (i) no hay disponibilidad presupuestal, (ii) se atenderá conforme a la programación a ser implementada por la entidad (iii) se encuentra en evaluación; ninguna de estas respuestas permite apreciar un acto concreto destinado al cumplimiento de lo ordenado, omitiendo información que permita identificar actos concretos destinados a realizar la mencionada programación del pago: (i) el registro de la deuda, (ii) la identificación del pliego o modificación presupuestaria para considerar el pago; (iii) inclusión en listados de priorización de pagos (iv) preparación del cronograma de pago (v) liquidación de intereses devengados.

Vemos entonces que el litigante no puede únicamente pedir a un juez el cumplimiento de la sentencia; es necesario realizar diversos actos procesales destinados a buscar la eficacia de la sentencia, considerando (i) la identificación de los funcionarios responsables del pago, (ii) informes de presupuesto que integren la deuda pendiente de pago, (iii) el cronograma de pago y actualización de intereses; además, es posible pedir medidas de ejecución sobre cuentas o bienes públicos pero de uso privado y embargables. Como vemos, la sentencia con la calidad de cosa juzgada no logra la conclusión del litigio, pues luego de ello, empieza otra etapa de igual complejidad, destinada a materializar el cumplimiento real de la sentencia.

Conclusiones:

• El sistema de presupuesto público peruano permite que el Estado funcione como un deudor privilegiado: tiene restricciones para ser embargado, aplica procedimientos presupuestarios complejos, con baja responsabilidad individual de funcionarios; evidentemente, esto afecta la confianza en la justicia.
• Sí es posible implementar acciones destinadas a eludir la dilación por parte del Estado para asumir sus obligaciones de pago, las que van desde la identificación de los bienes cuya ejecución sea posible, hasta la programación de la fecha de pago que corresponda, pudiendo además pedir que el Juez a cargo del proceso promueva una investigación fiscal por desobediencia a la autoridad, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y de carácter funcional que corresponda.
• El Estado debe implementar la normativa presupuestaria que facilite el cumplimiento oportuno de las sentencias, sin caer en procedimientos que más bien generen excusas para dilatar los pagos ordenados luego de culminado un proceso judicial.

La mora de los préstamos bancarios a las familias alcanzó al 12,1% de los créditos en abril y anotó un nuevo máximo en más de 20 años. Además, se triplicó en el último año y creció medio punto en comparación con marzo. Según estimaciones privadas, la cifra de personas con algún crédito en situación irregular ya supera los 5,3 millones.

De acuerdo con el último Informe sobre Bancos elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el porcentaje de financiamiento al sector privado en situación de atraso llegó al 7,3% en el cuarto mes del año. Esto representa un incremento de 0,3 puntos porcentuales frente a marzo y de 5,1 puntos en comparación con abril de 2025.

El aumento de la morosidad se observó en todos los tipos de entidades financieras, siendo más pronunciado en los préstamos otorgados a familias, donde el índice subió 0,5 puntos en solo un mes y 8,3 unidades porcentuales respecto al índice del cuarto mes del año pasado. En cuanto a la irregularidad de la cartera en las empresas, se incrementó 0,2 p.p. en el mes, hasta totalizar 3,3% en abril (+2,4 p.p. i.a.).

“En los últimos meses viene registrándose una desaceleración en el ritmo de aumento del ratio de irregularidad del crédito los hogares. Este desempeño recoge principalmente el efecto de la evolución de la cartera en situación irregular (numerador), cuyo crecimiento real viene atemperándose gradualmente”, subrayó el informe del BCRA.

En tanto, el segmento de crédito dirigido a hogares muestra dieciocho incrementos mensuales consecutivos en la tasa de morosidad, alcanzando niveles que no se registraban desde 2004. En octubre de 2024, la morosidad era de solo 2,5%, valor que se multiplicó casi por cinco en los últimos dieciocho meses, pese a que el Producto Bruto Interno (PBI) mantuvo su crecimiento en ese lapso.

En cuanto a la evolución de la mora en cada línea, los préstamos personales tocaron el 14,9%, lo que refleja una suba de 0,5 puntos porcentuales frente al mes anterior. En los créditos hipotecarios, el índice de irregularidad se ubicó en 1,5%, tras subir 0,1 punto porcentual. Las líneas prendarias registraron un nivel de mora del 7,3%, con una suba de 0,3 puntos. En tarjetas de crédito, la morosidad llegó al 12,5%, mostrando una variación mensual de 0,7 puntos porcentuales respecto a marzo.

“Quizás lo peor del dato de abril es que, a diferencia de lo que habíamos visto en marzo, se aceleró el aumento. Si bien todavía es posible que veamos un pico en algún momento del segundo trimestre de 2026, ahora hay motivos para tener dudas sobre el tema”, señaló un informe de la consultora 1816.

En abril, la proporción de familias con deudas impagas en entidades no financieras también subió, alcanzando el 31,5%, frente al 30,7% registrado en marzo y se acopla al fenómeno que se advierte en los bancos.

“Uno de los problemas que tiene el fenómeno de la elevada morosidad es que muchos individuos dejarán de ser ‘sujetos de crédito’ durante un tiempo, limitando la expansión de los préstamos a familias en el futuro inmediato. Según nuestro procesamiento de los datos, hay 5,3 millones de personas con al menos un crédito irregular (es decir, impago hace al menos 90 días), sea con entidades financieras o no financieras, sobre un universo de 20 millones de personas con préstamos”, precisó el reporte.

En síntesis, el 26,7% de las personas con algún tipo de financiamiento presenta al menos un préstamo en situación irregular. “Eso significa que, al menos hasta las elecciones del próximo año (si hay PASO serán en apenas 14 meses), difícilmente el crédito a las familias pueda convertirse en un motor muy relevante de la actividad económica, como lo fue en el segundo semestre 2024 y el primer semestre 2025″, explicó el análisis de 1816.

A propósito de esta problemática, a fines de mayo, desde el sector bancario sostuvieron que el nivel de mora dejó de subir y consideran posible una reactivación del crédito en el corto plazo.

“No diría que está en pleno descenso pero sí que se amesetó, que ya no crece. La situación es delicada y requiere mucha cercanía con el cliente, para refinanciar o reestructurar la deuda, apoyados en la estabilidad de la tasa”, señaló Gustavo “Paco” Manríquez, CEO de Banco Supervielle, en el marco del evento AI in Finance - AIFI 2026.

Por otro lado, un relevamiento de la Cámara Argentina Fintech junto al ITBA concluyó: “Si bien la mora de la cartera fintech aumentó en sintonía con el total del sistema, indicadores de alta frecuencia muestran una desaceleración desde noviembre”.

El Banco de la Nación Argentina lanzó una nueva línea de crédito destinada a personas que tienen cuotas vencidas e impagas en la entidad y quieren regularizar su situación antes de caer en mora. El programa permite unificar todas las deudas pendientes en un solo préstamo personal, con plazos de hasta 10 años y una estructura en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) que mantiene las cuotas iniciales bajas.

La herramienta está disponible desde el jueves 26 de junio en todas las sucursales del banco y apunta a clientes con situación crediticia 1 o 2, es decir, aquellos que aún no ingresaron en mora pero acumulan atrasos en sus obligaciones.

Cómo funciona el préstamo

El mecanismo es el de una unificación de deudas: el banco no entrega dinero en efectivo al cliente, sino que aplica el monto del préstamo directamente a la cancelación de las cuotas impagas. El financiamiento puede cubrir hasta el 100% de la deuda consolidada, con un tope de $100 millones.

El plazo máximo es de 120 meses —equivalente a 10 años—, lo que permite distribuir el peso de las obligaciones en un período más largo y, en consecuencia, reducir el monto de cada cuota mensual. La tasa de interés es del 10% más UVA. Quienes opten por la cobertura CER-CVS abonan un punto porcentual adicional, pero a cambio sus cuotas se ajustan por la evolución de los salarios, lo que puede resultar conveniente en contextos de actualización salarial.

La afectación de ingresos prevista es del 25% bajo el esquema UVA, en línea con los criterios habituales de evaluación crediticia del sistema bancario.

Cuánto se paga por mes

El comunicado del banco incluye un ejemplo concreto para ilustrar el impacto de la refinanciación. Tomando como referencia una deuda de $1 millón, la cuota mensual actual bajo un plazo de 36 meses es de $67.670. Con el nuevo programa, a 120 meses de plazo, esa cuota inicial baja a $15.279 en la modalidad UVA más 10%. Si se elige la opción con cobertura CER-CVS, la cuota inicial asciende a $16.030.

La diferencia es significativa: en el escenario más conveniente, la cuota se reduce más de un 77% respecto al valor actual. La contrapartida es que el plazo se extiende considerablemente y el saldo se actualiza por inflación a través del índice UVA.

Quiénes pueden acceder

El beneficio está dirigido exclusivamente a clientes que cobran sus haberes en el Banco Nación. Quienes no cumplan con esa condición deberán transferir su cuenta sueldo a la entidad para poder acceder al programa.

El requisito de situación crediticia 1 o 2 implica que la herramienta está diseñada para actuar de forma preventiva: el objetivo es evitar que los deudores con cuotas atrasadas pasen a una categoría de mora que afecte su historial crediticio y limite su acceso futuro al sistema financiero. Una vez en mora, la regularización se vuelve más costosa y las opciones disponibles se reducen.

Los interesados pueden gestionar el trámite en cualquier sucursal desde el 26 de junio. Se pueden consultar las condiciones en la web del Nación o comunicarse con el “Contact Center” del banco.

La mora en máximos de más de dos décadas

El lanzamiento se produce en un momento en que la morosidad bancaria de las familias atraviesa uno de sus peores momentos en más de 20 años. Según datos del Banco Central, la proporción de créditos irregulares en los hogares alcanzó el 12,1% en abril —un máximo desde 2004—, frente al 3,7% registrado en el mismo mes del año anterior.

Los préstamos personales, la línea más extendida entre las familias, registraron un índice de mora del 14,9%. Según estimaciones privadas, más de 5,3 millones de personas tienen al menos un crédito en situación irregular, lo que equivale al 26,7% del universo de personas con algún tipo de financiamiento.

La presión financiera sobre los hogares estadounidenses ha alcanzado niveles sin precedentes. La deuda acumulada de las familias estadounidenses llegó a un récord histórico en el primer trimestre del año, impulsada por el aumento sostenido de los precios y el encarecimiento del costo de vida. La inflación ha reducido la capacidad de muchas familias para cubrir sus facturas mensuales y servicios básicos, mientras que las tasas de interés elevadas en las tarjetas de crédito han acelerado la acumulación de saldos. Las personas quedan atrapadas en un ciclo difícil de romper, donde el pago de intereses se lleva una parte considerable de los ingresos y dificulta el ahorro o la creación de un fondo de emergencia.

El escenario actual exige organización y planificación para enfrentar las deudas. Entre los métodos recomendados, sobresalen dos estrategias principales. El método de la bola de nieve propone listar las deudas de menor a mayor monto, pagar el mínimo en todas y destinar cualquier dinero extra a la tarjeta con el saldo más bajo. Este enfoque brinda una satisfacción emocional rápida al ver cómo desaparecen cuentas pendientes, lo que puede motivar a seguir el plan. Por otro lado, el método de la avalancha ordena las deudas según la tasa de interés, de mayor a menor, y concentra los pagos adicionales en la tarjeta con el APR más alto. Aunque la motivación emocional es menor al inicio, este método permite ahorrar más dinero en cargos financieros a largo plazo.

Cuando las deudas se vuelven inmanejables, existen alternativas de ayuda profesional y financiera. Los expertos recomiendan primero negociar directamente con los acreedores o bancos emisores para pedir una reducción en las tasas de interés antes de iniciar cualquier estrategia de pago. También se sugiere buscar asesoría crediticia sin fines de lucro, donde agencias especializadas evalúan la situación financiera de cada persona y diseñan planes de pago ajustados a su realidad. Una opción adicional es ingresar a un plan de manejo de deuda, que consolida múltiples tarjetas en un único pago mensual fijo, reduce los intereses promedio aplicados y permite liquidar la deuda total en un plazo razonable, evitando que el saldo se extienda durante décadas.

La crisis no afecta a todos por igual. Las familias latinas en Estados Unidos enfrentan un doble desafío: sostienen niveles de deuda en tarjetas de crédito más altos que otros grupos demográficos y, al mismo tiempo, el costo de vida presiona sus presupuestos. La mayoría recurre a las tarjetas para cubrir gastos básicos, lo que incrementa el saldo mes tras mes. Según una encuesta de abril de 2026 realizada por National Debt Relief, el 72% de los hispanos declaró tener algún tipo de deuda, frente al 68% de los no hispanos. En tarjetas de crédito, el 41% mantuvo saldo de un mes a otro con un promedio de USD 10.933, y el 43% expresó sentirse agobiado por sus obligaciones financieras. Este fenómeno es especialmente visible en estados como Nueva York, California, Texas y Florida, donde los altos costos de vivienda, transporte y servicios empujan a financiar gastos corrientes con crédito.

El costo de financiar compras con tarjeta se incrementa por varios factores. No solo importa el monto adeudado, sino también cómo y cuándo se paga. El pago mínimo mensual, que suele ubicarse entre el 1% y 2% del saldo total, incluye los intereses generados en el período y reduce el capital de forma lenta. Así, la deuda puede extenderse durante años, incluso si el titular cree estar al día por no atrasarse. Por ejemplo, una deuda de USD 5.000 con una tasa anual del 24% puede terminar costando casi el doble si solo se cubre el mínimo mes a mes. Cada USD 100 que no se paga en el presente se convierte en intereses adicionales en los meses siguientes, encareciendo el financiamiento total de compras cotidianas.

En muchos casos, los errores que agravan la deuda no provienen de gastos excepcionales, sino de decisiones cotidianas. Consejeros financieros y organizaciones que trabajan con población hispana identifican patrones como mezclar compras esenciales y discrecionales en la misma tarjeta, no verificar las tasas de interés, aceptar aumentos de límite como si fueran dinero disponible y usar tarjetas para enviar remesas sin tener un plan de pago claro. La acumulación suele ser resultado de rutinas: usar la tarjeta para el supermercado cada mes, pagar servicios básicos con crédito de alto interés o no poder liquidar el total al cierre. Cuando la deuda se acumula, la prioridad deja de ser mejorar el puntaje crediticio y pasa a ser frenar el aumento del saldo pendiente.

Para este mes, las acciones recomendadas incluyen dejar de usar la tarjeta con la tasa más alta, aunque tenga el límite mayor; hacer una lista con el saldo, la tasa y el pago mínimo de cada cuenta; y concentrar los pagos extra en la tarjeta más cara, manteniendo el mínimo en las demás. Esta táctica, conocida como “avalancha”, reduce el costo financiero total más rápido que repartir pagos adicionales sin un criterio definido. Otra vía útil es negociar con el banco una baja de tasa o un plan temporal de pagos. Además, es recomendable buscar apoyo en organizaciones comunitarias que ofrecen consejería financiera gratuita en español, especialmente en ciudades con alta población latina.

Para evitar que la tarjeta financie la vida diaria, el informe sugiere ajustar gastos fijos como el plan de teléfono, suscripciones y servicios duplicados, buscar ingresos adicionales temporales y poner un límite claro al uso de la tarjeta. Es fundamental reservarla solo para emergencias médicas reales o compras planificadas que puedan pagarse al cierre.

En cuanto a las preguntas frecuentes, desde un criterio matemático, conviene cancelar primero la tarjeta con la tasa más alta porque es la que genera más intereses. Si se decide cancelar una tarjeta, hay que considerar que esto puede afectar el puntaje crediticio al reducir el límite total disponible y aumentar el porcentaje de utilización. La consolidación de deudas solo es útil si el nuevo préstamo ofrece una tasa más baja y un plazo razonable; de lo contrario, existe el riesgo de saldar las tarjetas y volver a endeudarse. Los avances de efectivo y el pago de una tarjeta con otra generalmente no convienen, ya que suelen implicar tasas más altas y comisiones adicionales.

La dificultad para cumplir con los compromisos financieros no es un fenómeno exclusivo de las familias argentinas. En el sector empresarial, los indicadores de mora llevan más de un año en alza sostenida y los últimos datos disponibles muestran que el deterioro se aceleró en los primeros meses de 2026.

Un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado en base a datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Empresarial y Urbano (Cendeu) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), revela que la cartera irregular de las empresas trepó al 3,1% del total adeudado, frente al 0,9% registrado un año atrás, y que el número de firmas en la categoría de mayor riesgo crediticio prácticamente se duplicó en ese período.

Un problema creciente

La tasa de morosidad de la cartera crediticia de las empresas subió más de tres puntos porcentuales en doce meses. El informe detalla esa evolución por tipo de línea: adelantos, documentos, créditos con garantía hipotecaria y créditos con garantía prendaria. En todos los casos, la tendencia es la misma: un recorrido ascendente que, según el instituto, no se había observado desde la pandemia.

En detalle, a marzo de 2026 la morosidad más alta entre las empresas se registra en las líneas de crédito con garantía hipotecaria (5,4%), seguidas por las garantías prebendarias (4,2%), los adelantos (3,2%) y finalmente, los documentos (2,7%).

Un dato a considerar, es que la tasa de morosidad es mayor que la que capta el indicador de monto adeudado, dado que muchas empresas que se endeudan por valores bajos no hacen subir el monto moroso, pero sí elevan la cantidad de deudores con atrasos. Esa distinción es relevante para entender la magnitud del fenómeno. El incumplimiento está más extendido en cantidad de firmas que lo que el número agregado permite ver a simple vista.

Los casos más críticos

Uno de los datos más llamativos del informe es el crecimiento de las empresas clasificadas en situación 5, que corresponde a la categoría de "deudores irrecuperables", es decir, aquellos que acumulan más de un año de atraso en al menos una línea de crédito. En marzo de 2026, esa cifra alcanzó las 21.948 empresas, lo que representa el 7,7% del total de firmas deudoras ante el sistema financiero. En términos relativos, el crecimiento fue del 65% en solo doce meses.

La evolución no fue gradual sino que se aceleró de manera pronunciada en la segunda mitad de 2025. En abril de 2024, el número de empresas en situación 5 era de 10.813. Desde ese punto, la curva trepó mes a mes hasta superar las 21.000 en los primeros meses de este año. El informe subraya que cuando se contempla las situaciones 3, 4 y 5 en conjunto —que agrupan a todas las empresas con dificultades de pago de diverso grado—, ese porcentaje sube al 13,5% del total de firmas deudoras.

El norte del país, el más afectado

La distribución geográfica de la morosidad empresarial muestra diferencias significativas entre provincias. Según los datos del informe para marzo de 2026, La Rioja encabeza el ranking con una tasa del 13,2%, seguida por Santiago del Estero (12,3%) y Chubut (9,2%). Le siguen Mendoza (7,2%), Chaco (6,6%), Corrientes (5,2%), Formosa (5,2%) y Salta (5%).

La comparación con los datos de un año atrás revela dónde el deterioro fue más intenso. La Rioja pasó de una tasa del 0,4% en marzo de 2025 al 13,2% en marzo de 2026, una variación de 12,8 puntos porcentuales. El informe del Instituto Argentina Grande la señala como la jurisdicción con mayor crecimiento de la morosidad del país. Santiago del Estero subió 5,3 puntos porcentuales en el mismo período; Chubut, 5,5; Mendoza, 4,9; Chaco, 5,8; y Corrientes, 4,8.

En el extremo opuesto, las jurisdicciones con niveles de morosidad más bajos son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1,4%), Santa Cruz (1,4%), Tierra del Fuego (0,8%) y Jujuy (0,5%). Sin embargo, incluso en estos casos la tendencia también es al alza respecto de un año atrás.

El informe advierte que La Rioja y Santiago del Estero se destacan por sus altos niveles de morosidad, aunque con una particularidad: se trata de provincias donde hay muy pocas empresas con alguna línea de crédito activa. Para el caso de La Rioja, solo 822 firmas registran algún crédito con el sistema financiero. Que la tasa sea tan elevada, entonces, no indica necesariamente una crisis crediticia masiva en términos de cantidad de empresas afectadas, sino un deterioro pronunciado dentro de un universo pequeño.

Un fenómeno que también afecta a los hogares

El aumento de la morosidad no se circunscribe al sector empresarial. Un informe reciente de la consultora Analytica sobre crédito a familias reveló que el 26,9% de quienes tienen alguna deuda en el sistema financiero ampliado registra mora tardía, lo que equivale a 5,3 millones de personas. La irregularidad es especialmente pronunciada en los jóvenes de entre 18 y 30 años, donde la tasa de morosidad se acerca al 40% tanto en hombres como en mujeres, fenómeno que la consultora vincula con el deterioro de la inserción laboral en ese segmento etario.

En el plano geográfico, el mismo patrón regional que aparece en la mora empresarial se replica en los hogares: las provincias del norte y Cuyo concentran los niveles más altos de incumplimiento. San Juan lidera ese ranking con una tasa del 36%, seguida por La Rioja (35,3%) y Catamarca (34,8%). En el extremo opuesto, la Ciudad de Buenos Aires presenta el nivel más bajo del país, con el 16,1% de los deudores en situación irregular.

Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que dialogó con los bancos para que extiendan los plazos y bajen las tasas a las que refinancian las deudas de sus clientes, se conoció que la mora en abril escaló al 26,9%. Pero el dato más alarmante está en los jóvenes de 18 a 30 años, donde la morosidad casi llega al 40% y afecta sobre todo a los ciudadanos de las provincias del norte del país.

El informe de Analytica sobre crédito a familias en abril describió un contexto marcado por la alta morosidad y fuertes diferencias entre regiones y edades. El reporte detalla que el 15,4% de la cartera de crédito a familias en el sistema financiero ampliado figura como irregular, cifra que incluye préstamos de bancos, fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros.

En cantidad de personas, el fenómeno resulta más grave: el 26,9% de quienes tienen alguna deuda en el sistema financiero ampliado registra mora tardía (incumplimiento en el pago de una obligación financiera que supera los 90 a 120 días de atraso), lo que se traduce en 5,3 millones de personas. Según Analytica, 19,8 millones de argentinos tienen algún crédito activo. De ese total, 14,3 millones mantienen al menos una deuda con bancos, mientras 5,5 millones lo hacen exclusivamente fuera del circuito bancario formal.

La composición del endeudamiento revela que los bancos concentran el 82,4% de la deuda total de familias, seguidos por las fintech (10,1%) y el resto de entidades (7,5%). En cuanto a irregularidad de cartera, los bancos presentan un 11,9%, las fintech un 21,6% y el resto de entidades un 43,1%. Entre quienes solo tienen deudas con bancos, el 19,2% está en mora; en fintech, ese porcentaje asciende al 28,9%. El segmento más crítico corresponde a otras entidades no financieras, donde el 96,4% de los deudores está en mora tardía.

La alerta en los jovenes

El impacto en los jóvenes destaca como uno de los fenómenos más preocupantes. Según Analytica, entre las personas de 18 a 30 años, la morosidad alcanza casi el 40%: 39% para hombres y 38,1% para mujeres. En montos involucrados, los hombres presentan un 27,9% y las mujeres un 26,8% de irregularidad. La consultora vincula estos datos con el deterioro de la inserción laboral juvenil. La tasa de desocupación en mujeres de 14 a 29 años subió de 13,8% a 16,8% entre finales de 2024 y 2025, y en hombres pasó de 12,5% a 16,2 por ciento.

El informe de la consultora subraya que la morosidad también crece entre los segmentos de menores ingresos. En la categoría A del monotributo, la irregularidad de cartera llega al 14% y el 17,9% de personas se encuentra en mora tardía, los valores más altos del segmento. En la categoría K, la de mayor facturación, los porcentajes bajan a 7,5% y 8,5 por ciento.

Los datos alarman porque se conocen luego de que el ministro de Economía Caputo reconoció que hablaron con los bancos para que cambien las condiciones que le daban a sus clientes para refinanciar las deudas. “Nosotros hemos hablado con los bancos y les hemos dicho: ‘Muchachos, no funciona así, denle plazo y tasa baja porque si no, no van a poder’. Y entiendo que varios bancos lo están haciendo, están hablando con las pymes y les están dando tasa más razonable y plazo más largo”, aseguró en una entrevista.

Es que en la lectura del Gobierno, el aumento de las mora es lógico ya que durante la gestión de los Fernandez la mitad de los prestamos iban al sector público y solo el 22% al privado y ahora los bancos volvieron a actuar de bancos. Sin embargo, en esa transición apuntan a que las entidad “dieron algunos créditos malos y ahora, como tienen mora, están más reticentes a seguir dando crédito”.

Diferencias por provincias

Pero las diferencia no solo son por edad sino también por región del país. San Juan lidera el índice de morosidad con 36%, seguida por La Rioja (35,3%) y Catamarca (34,8%). En el otro extremo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) presenta el nivel más bajo con 16,1%, junto a La Pampa (19,5%) y Neuquén (23,6%). Aunque se debe tener en cuenta que las provincias del norte no sólo tienen altos niveles de morosidad, sino también una baja incidencia de crédito formal por habitante. Santiago del Estero, Corrientes y Jujuy se encuentran entre las jurisdicciones con menor proporción de deudores formales respecto de la población.

El informe también destaca que la Patagonia lidera en deuda mediana, con Tierra del Fuego a la cabeza (1.126.000 pesos), seguida por Neuquén (842.000) y Santa Cruz (819.000). CABA muestra un nivel elevado (796.000 pesos). La provincia de Buenos Aires y Chaco figuran con 537.000 pesos de deuda mediana, mientras Formosa registra el valor más bajo (457.000 pesos).

Y esta diferencia también se produce dentro de la provincia, ejemplo de ello es Buenos Aires en donde en el conurbano bonaerense, la dispersión entre municipios es considerable. Vicente López exhibe el menor porcentaje de deudores en mora tardía (15,1%), seguido por San Isidro (20,2%), Morón (21,9%), Tres de Febrero (23%) e Ituzaingó (25%). Florencio Varela encabeza la lista de mayor morosidad (38,3%), seguido por José C. Paz (37,3%), Moreno (35,9%), Malvinas Argentinas (35,1%) y Merlo (34,4%).

Miles de colombianos enfrentan cada año procesos de embargo por deudas pendientes, obligaciones tributarias o decisiones judiciales. Sin embargo, la normativa vigente contempla mecanismos de protección que impiden que una persona quede completamente sin recursos económicos como consecuencia de estas medidas.

Por esa razón, existen montos y recursos específicos que no pueden ser afectados por embargos, incluso cuando hay una orden judicial o administrativa en curso.

La regulación colombiana establece un límite de inembargabilidad para las cuentas de ahorro de personas naturales, con el objetivo de garantizar el llamado mínimo vital.

Esta protección busca que quienes enfrentan procesos de cobro puedan conservar una parte de sus recursos para cubrir necesidades básicas mientras se resuelve la obligación pendiente.

Las disposiciones vigentes para el período comprendido entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 fijan un monto máximo protegido que supera los 55 millones de pesos. No obstante, existen excepciones relacionadas con obligaciones alimentarias, deudas con entidades estatales y otros procesos especiales contemplados por la ley.

¿Cuál es el monto que no puede ser embargado?

De acuerdo con la regulación establecida por la Superintendencia Financiera, desde el 1 de octubre de 2025 y hasta el 30 de septiembre de 2026 el límite de inembargabilidad para las cuentas de ahorro de personas naturales quedó fijado en $55.099.308.

Esto significa que si una persona tiene un saldo igual o inferior a esa cifra en sus cuentas protegidas, esos recursos no pueden ser objeto de embargo. Cuando el dinero supera dicho monto, únicamente puede ser retenida la parte excedente y no la totalidad del saldo disponible.

La medida también cobija algunos productos financieros digitales cuyo titular sea una persona natural, incluidos servicios de depósitos electrónicos y billeteras digitales que operan bajo las mismas condiciones establecidas para las cuentas de ahorro.

Las autoridades recuerdan que este límite se actualiza periódicamente, por lo que los montos pueden variar de un año a otro conforme a las disposiciones expedidas por la Superintendencia Financiera.

La protección no aplica por cada cuenta

Uno de los aspectos que suele generar más dudas entre los usuarios es si el límite protegido opera individualmente para cada cuenta bancaria.

La respuesta es no. Las autoridades financieras explican que para determinar la inembargabilidad se toma en consideración el total de los recursos que una persona natural posee en las diferentes cuentas que puedan estar sujetas al proceso.

Por esa razón, los saldos existentes en varias cuentas pueden sumarse para verificar si superan o no el límite establecido por la regulación vigente.

El objetivo de esta disposición es evitar que una persona distribuya sus recursos en múltiples productos financieros con la intención de evadir las medidas de embargo autorizadas por las autoridades competentes.

Casos en los que sí procede el embargo

Aunque existe una protección general para ciertos recursos, la ley contempla excepciones específicas.

Entre ellas se encuentran las obligaciones relacionadas con cuotas alimentarias, las deudas derivadas de procesos adelantados por entidades estatales y algunos compromisos adquiridos con cooperativas.

Las obligaciones tributarias, sanciones económicas y multas impuestas por organismos públicos también pueden dar lugar a medidas de embargo dentro de los procedimientos legales establecidos.

Otro aspecto importante es que las entidades financieras no pueden embargar recursos por iniciativa propia. Para que la medida sea válida debe existir una orden judicial expedida por un juez o un acto administrativo emitido por una autoridad competente, como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Asimismo, la normativa protege determinados recursos considerados esenciales para la subsistencia, entre ellos el salario mínimo legal en los casos previstos por la ley y algunas prestaciones sociales con carácter alimentario.

Por el contrario, las personas jurídicas no cuentan con el beneficio general de inembargabilidad que sí protege a las personas naturales. En consecuencia, las empresas y sociedades pueden estar sujetas a medidas de embargo conforme a las obligaciones que mantengan pendientes.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos revisar periódicamente su situación financiera y atender oportunamente cualquier requerimiento judicial o administrativo para evitar que los procesos de cobro lleguen a instancias que impliquen la inmovilización de recursos bancarios.

La alfabetización financiera de los adultos en Estados Unidos cayó en 2025 a su nivel más bajo en una década, según un informe publicado por la Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC) de la Universidad de Stanford y el TIAA Institute.

De acuerdo con datos difundidos por CBS News, solo el 47% de las respuestas en una prueba de 28 preguntas sobre conceptos financieros básicos fueron correctas, una cifra que representa el registro más bajo desde que comenzó la medición hace 10 años.

Brechas generacionales y de género en el conocimiento financiero

El estudio, citado por CBS News, revela que las diferencias en conocimientos financieros resultan notorias entre grupos de edad y género. Las mujeres respondieron correctamente el 44% de las preguntas, mientras que los hombres lograron un 50%.

Entre generaciones, los adultos de la Generación Z (personas de 18 a 29 años) obtuvieron la puntuación más baja con un 38%, en contraste con el 54% que alcanzaron los baby boomers.

Surya Kolluri, director del TIAA Institute, explicó a CBS News que parte de la brecha generacional puede atribuirse a la edad y a la falta de experiencia de los jóvenes en temas de retiro, que forman parte de la evaluación.

Además, sostuvo que influyen factores como la elevada deuda estudiantil y la percepción de que la adquisición de una vivienda resulta inalcanzable para muchos jóvenes. El informe destaca que uno de cada cuatro estadounidenses presenta niveles muy bajos de comprensión financiera, un aumento respecto al 20% registrado una década atrás.

Factores detrás del descenso y consecuencias para los hogares

Si bien el estudio no analiza en profundidad las causas del deterioro en la alfabetización financiera, CBS News informa que el avance de información engañosa en redes sociales, la disminución de la alfabetización general y las presiones económicas figuran entre las hipótesis señaladas por los autores.

Kolluri subrayó a CBS News que las personas con menor dominio de conceptos financieros son cuatro veces más propensas a tener dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Además, los encuestados con bajo nivel de conocimiento financiero tienden a enfrentar mayores niveles de endeudamiento y fragilidad económica.

Expertos recogidos por CBS News abren un debate sobre la responsabilidad individual y la complejidad del sistema. John Campbell, profesor de la Universidad de Harvard, y Tarun Ramadorai, Imperial College London, sostienen en un libro citado por el medio que el sistema de retiro estadounidense “parece demasiado complejo para que muchas personas lo entiendan”.

Por su parte, Matt Schulz, analista jefe de finanzas del consumidor en LendingTree, indicó al medio que, a pesar del aumento en la sofisticación de los productos financieros, los conceptos elementales permanecen estables: “El hecho de que a la gente le vaya cada vez peor en estos exámenes es preocupante”, señaló.

Schulz también atribuye parte del retroceso a la proliferación de información financiera inexacta en internet. Según sus declaraciones en CBS News, para quienes carecen de una base sólida, distinguir entre buenos y malos consejos financieros resulta especialmente difícil, lo que puede derivar en decisiones perjudiciales.

Cómo se evalúa la alfabetización financiera y qué temas aborda

El informe difundido por TIAA y GFLEC incluye un conjunto de preguntas diseñadas para medir la comprensión sobre temas como salario, presupuesto familiar, inflación, diversificación de inversiones, interés compuesto, seguros, valor esperado en loterías y adecuación de consejos de inversión según la edad.

CBS News detalla que la última edición del examen muestra un desempeño particularmente bajo en áreas como el entendimiento del riesgo financiero, donde solo el 36% de las respuestas fueron correctas. Los resultados del estudio ponen en relieve la urgencia de fortalecer la educación financiera en Estados Unidos.

De acuerdo con las instituciones responsables del informe, quienes obtienen peores resultados no solo enfrentan mayores dificultades para administrar sus recursos, sino que también presentan una mayor probabilidad de experimentar inestabilidad financiera a lo largo de su vida laboral y en la jubilación.

El artículo 2001 del Código Civil referido a los Plazos prescriptorios de acciones civiles dice textualmente:

“Artículo 2001.- Prescriben, salvo disposición diversa de la ley: 1.- A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico. 2.- A los siete años, la acción de daños y perjuicios derivados para las partes de la violación de un acto simulado. 3.- A los tres años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios prestados como consecuencia de vínculo no laboral. 4.- A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la que proviene de pensión alimenticia, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo”.

Una acción civil se refiere al derecho o mecanismo legal que tiene una persona para acudir al órgano jurisdiccional y exigir la resolución de un conflicto de intereses o la defensa de un derecho privado. Su objetivo no es castigar un delito con prisión, sino restablecer un derecho vulnerado, exigir el cumplimiento de una obligación o reparar un daño económico o moral. En caso de deudas, puede ser un embargo o cobranza coactiva.

Es decir, la ley establece un plazo de diez años para la acción real —que incluye el embargo de bienes como inmuebles o vehículos— y también para la acción personal. Ese plazo comienza a correr desde el momento en que el deudor incumple con sus obligaciones. Si transcurre esa década sin que el acreedor presente una demanda, el deudor puede solicitar ante un juez que declare prescrita la deuda. El tribunal, si acepta la solicitud, la anula de forma oficial.

Obligación económica persiste

Pero la historia no termina ahí. Lo que Rojas describe con precisión es que la obligación económica subyacente persiste aunque la acción legal haya caducado. Un banco puede seguir reconociendo la deuda en sus registros internos y negarse a prestar servicios al deudor moroso, incluso si ya vendió esa cartera a un estudio de cobranza.

Esa práctica, como el propio abogado admite, no está respaldada por ninguna norma explícita —y podría ser materia de queja ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)—, pero ocurre con frecuencia en el sistema financiero peruano.

Hay un segundo frente: las centrales de riesgo. Aunque haya una prescripción legal, su rastro puede permanecer en plataformas como Infocorp —administrada por Equifax— durante un período de hasta cinco años. El gerente legal de Equifax, Javier Mori, ha explicado que “la prescripción de la deuda no elimina su rastro en el historial crediticio, lo que puede seguir afectando la calificación financiera del deudor”. En el caso de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el registro no tiene un período definido de prescripción, lo que significa que la información puede mantenerse activa de forma indefinida.

Ese historial negativo tiene consecuencias prácticas: el acceso a préstamos personales, hipotecas o cualquier producto financiero queda comprometido mientras la mancha permanezca en el sistema, con independencia de que la deuda ya no sea legalmente exigible.

La prescripción tampoco opera de forma automática. El deudor debe solicitarla ante un tribunal; si no lo hace, la deuda puede seguir siendo cobrada extrajudicialmente. Entidades financieras, cajas municipales y estudios de cobranza tienen plena facultad para contactar al deudor, negociar y presionar por el pago, siempre que no recurran a vías judiciales.

Carteras morosas

Rojas también menciona en el audio que los bancos suelen vender las carteras morosas a terceros antes de que venza el plazo de prescripción. Esa práctica es habitual: una vez que la deuda cambia de manos, el nuevo acreedor —generalmente un estudio jurídico especializado en cobranza— retoma el conteo o inicia sus propias gestiones. El deudor que cree estar a salvo porque “ya pasaron los diez años” puede encontrarse frente a un acreedor distinto con el plazo aún vigente.

El Congreso de la República aprobó en mayo de 2025 una modificación a la Ley 28587 que obliga a las entidades financieras a retirar a los deudores de las centrales de riesgo en un plazo máximo de siete días hábiles una vez que hayan regularizado su situación. La norma también exige que la SBS refleje esa actualización en su siguiente reporte de la Central de Riesgos. La medida apunta a reducir los tiempos de rehabilitación crediticia, pero no altera los plazos de prescripción ni elimina el registro de deudas impagas que aún no han sido saldadas.

Hay también plazos distintos según el tipo de deuda. Las acciones cambiarias —derivadas de títulos valores como letras o pagarés— prescriben en tres años, conforme a la Ley de Títulos Valores. Las deudas por prestaciones periódicas, como alquileres o pensiones alimenticias, tienen un plazo de dos años. La pensión alimenticia, por su parte, cuenta con un plazo de quince años.

El futbolista Jonatan Gómez, ex jugador de Rosario Central y Racing —actualmente en Sarmiento de Junín—, denunció haber sido extorsionado para firmar cuatro pagarés en una escribanía por una deuda de 505 mil dólares contraída por haber operado una plataforma clandestina de casino online. Producto del conflicto, que tiene intervención judicial, embargaron una casa, un departamento, un auto y sus cuentas bancarias.

De acuerdo a los datos recolectados por Infobae, el futbolista denunció en febrero de este año haber sido intimidado por una “organización” que exige el dinero adeudado, que inicialmente había sido de 50 mil dólares tras “una mala racha de juego” en la plataforma Lexus, donde jugaba a la ruleta y otros juegos de azar.

Los aprietes, según la presentación hecha por Gómez, se dieron de dos formas: una, con visitas al predio de Junín donde entrena con Sarmiento, club en el que tiene contrato, y la otra, con advertencias presenciales en su domicilio de la ciudad de Capitán Bermúdez, situada a pocos kilómetros de Rosario.

“Son dos investigaciones que se tramitan en la ciudad de San Lorenzo. Una tiene que ver con una organización que opera el juego clandestino en Santa Fe. La otra, con la suscripción de pagarés que se hicieron mediante mecanismos extorsivos por un monto muy alto, de medio millón de dólares”, comentó Paul Krupnik, abogado del futbolista, en diálogo con Radio 2.

Krupnik señaló que uno de los presuntos miembros de la organización dedicada al juego clandestino es primo de la esposa de Gómez. “Esto no tiene que ver con apuestas deportivas, es más con las maquinitas, ruleta. A él lo llevaron bajo amenaza a una escribanía”, amplió.

Según la documentación a la que accedió Infobae, el inicio de la deuda del mediocampista fue a mediados del año pasado. Los reclamos de la plata se hicieron mediante llamadas o mensajes de WhatsApp que él eliminó de su teléfono para que su familia no tuviera conocimiento del caso.

Gómez, en un escrito, explicó que dos rosarinos que operan la plataforma de casino online clandestino lo amenazaron frente a varios compañeros de Sarmiento de Junín, cuando le dijeron que si no cancelaba la deuda “iba a tener consecuencias”. Acto seguido, fueron a un domicilio familiar, donde exigieron el dinero.

La situación continuó el 29 de octubre de 2025, cuando el ex volante de Racing fue a una escribanía de Junín y firmó cuatro pagarés por 505 mil dólares, según aseguró, bajo amenaza de que si no lo hacía su familia “era boleta”.

Uno de los pagarés era por 25 mil dólares —con vencimiento inmediato, el 31 de octubre de 2025—, dos por 180 mil dólares —con vencimiento en noviembre y diciembre de ese año— y otro por 120 mil dólares —a abonar en enero de 2026—.

“Me obligaron a firmar en contra de mi voluntad, siendo ese monto (505.000 dólares) diez veces más de lo que les debo”, concluyó Gómez en uno de los escritos que forman parte de la investigación.

Las intimidaciones continuaron, de acuerdo a la exposición de Gómez, en febrero de este año cuando amenazaron a su actual esposa.

En tanto, en diciembre del año pasado, los acreedores —figuran dos rosarinos— iniciaron una demanda en el fuero Civil y Comercial para cobrar el dinero. Es por eso que desde el Juzgado de primera instancia Civil y Comercial de San Lorenzo 2ª Nominación se inhibieron bienes del futbolista: una casa del barrio cerrado “Aguadas” de la ciudad de Funes, un departamento ubicado en Malabia al 100 de Rosario, un Mercedes Benz GLB 200 y las cuentas bancarias. No obstante, la resolución fue recurrida, ya que en la vía penal se denuncia que el monto de la deuda fue “inflado” a través del mecanismo intimidatorio que aún no fue zanjado.

La atención médica para afiliados de Nueva EPS en Barranquilla volvió a generar preocupación luego de que asociaciones de usuarios y veedores de salud denunciaran restricciones en varios servicios por presuntas deudas de la EPS con clínicas del Atlántico.

Según la denuncia conocida en las últimas horas, la Clínica General del Norte únicamente estaría recibiendo pacientes catalogados como urgencias vitales, mientras que otros casos estarían siendo remitidos a diferentes centros asistenciales.

Usuarios y veedores señalaron que la medida estaría vigente desde la semana pasada y que, hasta el momento, no habría claridad sobre cuándo se normalizaría la atención médica.

La denuncia fue realizada por integrantes de la Asociación de Usuarios de Nueva EPS en Atlántico, quienes anunciaron reuniones con directivos de la entidad para exigir explicaciones sobre la situación.

Denuncian restricciones en la atención médica

De acuerdo con los reportes entregados por representantes de usuarios, algunas personas afiliadas a Nueva EPS han encontrado dificultades para recibir atención en la Clínica General del Norte, uno de los principales centros médicos de Barranquilla.

Los veedores aseguraron que solo se estaría permitiendo el ingreso de pacientes con urgencias consideradas críticas o vitales, mientras otros casos son direccionados hacia diferentes instituciones de salud.

Entre los casos que sí estarían siendo atendidos figuran pacientes con cuadros graves como infartos o personas heridas por arma blanca, según las denuncias conocidas en Barranquilla.

El veedor de salud Andrés Meza Pérez afirmó que la situación mantiene en incertidumbre a cientos de afiliados de la EPS en el departamento.

Usuarios anuncian reuniones y posibles denuncias

Los representantes de usuarios confirmaron que este miércoles sostendrán una reunión con funcionarios zonales de Nueva EPS en Barranquilla para conocer las razones detrás de las presuntas restricciones en la atención.

Además de la preocupación por las urgencias, los veedores aseguraron que continúan recibiendo reportes sobre demoras reiteradas en la entrega de medicamentos para pacientes afiliados.

Los usuarios advirtieron que, si no obtienen respuestas claras, podrían acudir a organismos como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo o la Personería Distrital de Barranquilla.

“Siempre que vamos nos mantienen con pañitos de agua tibia y ya estamos cansados de esto”, manifestó Andrés Meza Pérez al referirse a las dificultades que, según afirmó, enfrentan los afiliados en el acceso a servicios médicos.

Pacientes estarían siendo remitidos a otras clínicas

De acuerdo con los testimonios recopilados por los veedores, algunos pacientes con síntomas como fiebre o presión arterial elevada estarían siendo enviados hacia la Clínica del Prado.

Sin embargo, denunciaron que en ciertos casos tampoco estarían encontrando atención inmediata en ese centro asistencial.

La situación incrementó la preocupación entre usuarios de Nueva EPS en Barranquilla, quienes temen que las restricciones afecten tratamientos médicos y consultas urgentes.

La reunión programada para revisar el panorama será liderada por Luis Fernando Cristancho, directivo zonal de la entidad en el Atlántico.

Crisis en la atención genera preocupación

Al encuentro también asistirán otros representantes de usuarios y veedores de salud, entre ellos César Martínez, José De Moya, Rubén Martínez y Fredy Granados, presidente de la Asociación de Usuarios de la Clínica General del Norte.

Los asistentes buscarán establecer si existen problemas financieros o administrativos que estén afectando la prestación de servicios médicos para los afiliados de Nueva EPS en la región Caribe.

La situación ocurre en medio de múltiples cuestionamientos nacionales relacionados con retrasos en medicamentos, autorizaciones y atención médica para usuarios de distintas EPS en Colombia.

Hasta el momento, la Clínica General del Norte no se ha pronunciado oficialmente sobre las denuncias realizadas por los usuarios y veedores de salud en Barranquilla.

El 19 de mayo de 2026 fue expedida por el Gobierno nacional la Ley 2573 de 2026, “por medio de la cual se establecen medidas para proteger a las personas del reporte negativo ante operadores de información y el cobro de obligaciones en casos de suplantación de identidad ante los operadores de telecomunicaciones, las entidades financieras - crediticias y demás establecimientos comerciales con esta competencia y se dictan otras disposiciones”.

Con esta se marca un hito en la protección contra la suplantación de identidad en Colombia, un problema que registra un crecimiento sostenido en los últimos años. Solo en 2025 se registraron 62.299 denuncias por delitos informáticos vinculados a fraudes de este tipo, de acuerdo con datos oficiales.

Dicha norma introduce nuevas salvaguardas jurídicas: dispone la suspensión inmediata de cobros, prohíbe reportes negativos en centrales de riesgo y exige a bancos, comercios y operadores de telefonía reforzar sus sistemas de validación. Las víctimas deben denunciar penalmente el hecho, pero la responsabilidad de probar la autenticidad de una operación ahora recae sobre la entidad implicada, que debe facilitar la documentación y reportar el incidente a las autoridades.

Y es que cada vez es más común que ciudadanos encuentren deudas crediticias o de telefonía que jamás solicitaron. Más allá del impacto económico, las víctimas suelen ver afectado el historial crediticio y padecen gestiones de cobranza y señalamientos injustificados en centrales de riesgo.

Qué establece la Ley 2573 de 2026 sobre la suplantación de identidad

El propósito central de la Ley 2573 es brindar protección a víctimas de suplantación que afrontan reclamaciones financieras por contratos o deudas resultantes de este delito. El texto define como objetivo “proteger a las víctimas de suplantación de identidad frente a los cobros injustificados y los reportes negativos en las centrales de riesgo”.

Asimismo, la ley impone a operadores de telecomunicaciones, bancos y comercios la obligación de fortalecer los mecanismos de autenticación de identidad. Incluye directrices para el tratamiento de información ante las centrales de riesgo y modifica el esquema tradicional de responsabilidades en la verificación de identidad.

Dentro de las innovaciones está la “carga dinámica de la prueba”, una disposición que exige a la entidad involucrada demostrar que fue el cliente quien solicitó el servicio o producto bajo investigación.

Procedimientos y plazos para víctimas

La normativa fija pasos concretos para las personas que se vean afectadas por dicho delito. La persona debe:

• Informar el fraude a la entidad apenas tenga conocimiento
• A partir de ese momento, dispone de 20 días hábiles para presentar una denuncia penal ante la Fiscalía.
• Durante el plazo, la víctima tiene que aportar los documentos requeridos y someterse a procedimientos de validación para verificar su identidad.

Si no cumple estos requisitos en el periodo establecido, la entidad queda habilitada para retomar la gestión de cobro, incluidos intereses y gastos causados durante la suspensión.

Las entidades, por su parte, están obligadas a:

• Integrar la denuncia y la información al expediente y entregar copias de los documentos que se usaron inicialmente para aprobar el producto o servicio.
• Esto permite una revisión exhaustiva del caso ante las autoridades competentes.
• Además, la ley exige que, dentro de un plazo de 10 días hábiles, la entidad reporte la situación a las centrales de riesgo con la marcación de “Víctima de Falsedad Personal”, lo que garantiza que no se afecte el historial financiero durante la investigación.

Responsabilidades de las entidades ante casos de fraude

Después de la notificación de la víctima, la suspensión del cobro debe ser inmediata. La normativa establece que la entidad “suspenda de manera inmediata el cobro del bien y/o servicio incluyendo los intereses, gastos de cobranza y demás que se pudieren haber generado”. La medida protectora se mantiene hasta que la autoridad decida el desenlace del caso.

Mientras el proceso esté abierto, no se puede generar ni conservar ningún reporte negativo en las centrales de riesgo. Según se establece, la marcación de “Víctima de Falsedad Personal” “no podrá tenerse como un reporte negativo ni podrá ser causa de disminución en la calificación de riesgo ni alterar sus estudios financieros o crediticios”.

Las organizaciones involucradas deben, además, reforzar los controles de autenticación e informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) cuando se detecten productos fraudulentos que puedan ocasionar obligaciones tributarias a la víctima. En circunstancias en que la entidad, mediante una investigación interna, logre comprobar el fraude antes de que la víctima interponga la denuncia penal, las protecciones pueden aplicarse de manera anticipada.

Qué ocurre después de la investigación penal en casos de suplantación

Las consecuencias para la víctima dependen del resultado de la investigación judicial o interna. Cuando se confirma la suplantación, la persona queda completamente liberada de la obligación y de cualquier repercusión en su historial financiero.

La ley dispone que el afectado será “exonerada y desvinculada de cualquier cobro y reporte negativo en las centrales de riesgo” vinculados a ese contrato. Si la investigación penal se archiva pero se puede establecer la existencia de la falsedad por otros medios, la protección se mantiene para evitar nuevas afectaciones. Por el contrario, si se determina que no hubo suplantación, la persona debe responder penalmente y la entidad reanuda los cobros, añadiendo intereses y gastos generados durante la suspensión.

La “carga dinámica de la prueba” significa que la entidad debe entregar la documentación que respalde la legitimidad de la operación y aportar los medios técnicos necesarios, lo que facilita la defensa de la persona afectada.

La nueva regulación también busca eliminar los obstáculos que enfrentaban quienes debían demostrar que no autorizaron un contrato o una solicitud de crédito.

Implementación y estrategias de prevención

La Ley 2573 entrará en vigor seis meses después de su promulgación. Durante este periodo, el Gobierno, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC) deben diseñar una ruta de atención específica para víctimas.

Estas entidades están obligadas a lanzar campañas educativas en medios públicos, orientadas a la prevención del fraude y protección de los datos personales de los ciudadanos.

Asimismo, deberán establecer protocolos para la atención rápida de reportes y fortalecer los filtros de validación, asegurando que la protección opere desde el momento en que la víctima comunica el caso. Gracias a este nuevo marco legal, las personas que logren demostrar la suplantación dejarán de enfrentar cobros injustos y podrán restablecer su historial crediticio, en línea con las garantías promovidas por la Ley 2573.

Vivir en un conjunto residencial implica contar con beneficios como seguridad, mantenimiento de zonas comunes y servicios compartidos.

Sin embargo, también exige el cumplimiento de obligaciones económicas a través del pago puntual de las cuotas de administración.

En Colombia, la legislación determina en qué momento estas deudas dejan de ser exigibles judicialmente, bajo qué condiciones se interrumpe ese plazo y cuáles son las sanciones que puede aplicar la administración en caso de incumplimiento.

El Código Civil establece los plazos generales de prescripción de las acciones. Según la normativa, “la acción ejecutiva prescribe en cinco (5) años y la ordinaria en diez (10) años”.

Esto significa que, en procesos de cobro derivados de expensas comunes, puede invocarse la prescripción después de cinco años desde la fecha en que surgió la obligación, salvo que dicho plazo se haya interrumpido por un pago parcial, una demanda u otro acto jurídico que acredite reconocimiento de la deuda.

No obstante, en la práctica suele surgir un debate: si las cuotas de administración deben reclamarse a través de una acción ejecutiva o una ordinaria. El tipo de proceso determina el término aplicable, por lo que cada caso debe evaluarse de acuerdo con la naturaleza del título y el procedimiento seguido por la copropiedad.

Un punto central es que la prescripción no opera de manera automática. El deudor debe alegarla en un proceso judicial para que la obligación se extinga legalmente.

En palabras del artículo publicado por Semana, “la extinción de la obligación por prescripción no se produce automáticamente en la práctica procesal. Para que el acreedor deje de poder cobrar judicialmente una suma por prescripción, el deudor debe invocar la excepción de prescripción ante un juez o iniciar la acción correspondiente para obtener la declaración judicial”. Hasta que no exista esa decisión, la copropiedad mantiene la facultad de continuar las gestiones de cobro.

El Código Civil también señala que un pago parcial, una conciliación o incluso la interposición de una demanda interrumpen la prescripción. En ese caso, el conteo de los años se reinicia desde cero. El artículo 2536 del mismo código lo regula de manera expresa.

En materia de intereses y sanciones, la Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal, contempla medidas adicionales. Según el texto citado por Semana, “el retardo en el pago de expensas causa intereses de mora equivalentes a una vez y media (1,5×) el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera, salvo que la asamblea haya fijado un interés inferior en el reglamento”. Esto significa que cada copropiedad puede reducir ese porcentaje si así lo acuerdan los copropietarios, pero nunca superarlo.

Para agosto de 2025, la Superintendencia Financiera fijó el interés bancario corriente para crédito de consumo y ordinario en 16,78% efectivo anual. Multiplicado por 1,5, el resultado arroja un interés moratorio cercano a 25,17% anual. Esa cifra es la referencia general para calcular intereses en procesos de mora, salvo que exista un acuerdo en la asamblea que determine una tasa más baja.

Adicionalmente, la ley autoriza otras medidas de presión económica y social frente al incumplimiento. Entre ellas, la publicación interna del listado de morosos dentro del conjunto, la imposición de multas que pueden alcanzar hasta el doble del valor de la cuota mensual —con un límite de diez veces ese valor— y la restricción temporal en el uso de bienes comunes no esenciales como piscina, gimnasio o salón comunal. Todas estas sanciones deben estar contempladas en el reglamento de propiedad horizontal y aplicarse respetando el debido proceso.

En caso de que un propietario considere que su deuda ya cumplió el término de prescripción, no basta con manifestarlo ante la administración. La normativa indica que debe solicitarse ante un juez para que este lo declare. La publicación de Semana subraya que “si considera que la deuda ya está prescrita, la vía correcta no es exigirlo por carta: debe plantear ante un juez la excepción de prescripción o la demanda correspondiente para que un juez lo declare”.

Por otra parte, si se trata de un administrador o integrante de la junta, es fundamental documentar todas las gestiones realizadas frente al deudor, ya que esas actuaciones pueden interrumpir los plazos de prescripción. La constancia de comunicaciones, pagos parciales o reconocimientos de la deuda será revisada por un juez en caso de litigio.

La agencia calificadora Moody’s Ratings redujo la calificación crediticia de México de Baa2 a Baa3, dejando al país a un solo escalón de perder el llamado grado de inversión y entrar en la categoría conocida como “bono basura” o deuda especulativa.

La decisión, que ya era anticipada por analistas financieros desde finales de 2024, fue acompañada de una perspectiva “estable”.

Sin embargo, la rebaja refleja la preocupación de la agencia por el deterioro de las finanzas públicas mexicanas, el aumento de la deuda y el costo creciente del respaldo financiero a Pemex.

De acuerdo con Moody’s, la situación fiscal del país se ha debilitado de forma sostenida desde 2024, principalmente por el incremento del gasto público, una recaudación limitada y el apoyo constante a la petrolera estatal.

Las dos grandes agencias ya pusieron a México en alerta: ¿Qué falta para que el país caiga en “deuda basura”?

La primera señal de alerta llegó en noviembre de 2024, cuando Moody’s cambió la perspectiva de México de estable a negativa.

En ese momento, la agencia mencionó preocupaciones relacionadas con la reforma judicial, el debilitamiento de contrapesos institucionales y el deterioro fiscal.

Posteriormente, en mayo de 2026, S&P Global Ratings también redujo la perspectiva de México de estable a negativa, aunque mantuvo la nota en BBB.

Días después, analistas de Banamex advirtieron que el movimiento reforzaba la posibilidad de un recorte por parte de Moody’s.

La agencia prevé además que el crecimiento económico de México permanezca débil en los próximos años, lo que limitaría aún más la capacidad del gobierno para aumentar ingresos y reducir deuda.

Para perder el grado de inversión, México tendría que sufrir un recorte adicional en su calificación crediticia que lo lleve por debajo de BBB-/Baa3, lo que normalmente ocurriría si se deterioran aún más factores como el crecimiento económico, el déficit fiscal, el nivel de deuda o el respaldo financiero a empresas estatales como Pemex, reduciendo la confianza de los inversionistas internacionales.

¿Qué significa que México esté cerca del “bono basura”?

Las agencias calificadoras utilizan escalas para medir qué tan confiable es un país o una empresa para pagar sus deudas.

En el caso de Moody’s, la categoría Baa3 todavía se considera grado de inversión, pero es la última antes de entrar al nivel especulativo.

En términos prácticos, una rebaja crediticia significa que los inversionistas consideran más riesgoso prestar dinero al país. Esto puede provocar:

• Tasas de interés más altas para México.
• Créditos más caros para empresas y ciudadanos.
• Menor llegada de inversiones.
• Presión sobre el peso mexicano.
• Riesgo de salida de capitales extranjeros.

Además, algunos fondos internacionales solo pueden invertir en países con grado de inversión, por lo que una nueva rebaja podría generar ventas masivas de bonos mexicanos.

Pemex y el déficit fiscal, los principales focos rojos

Uno de los factores centrales detrás de la decisión de Moody’s es la situación financiera de Petróleos Mexicanos, considerada una de las petroleras más endeudadas del mundo.

La calificadora estimó que el gobierno mexicano otorgó apoyos a Pemex por alrededor de 35 mil millones de dólares durante 2025, equivalentes a cerca de 1.9% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para 2026 ya se contemplan otros 14 mil millones de dólares en respaldo financiero.

Moody’s señaló que no observa una mejora significativa en las operaciones de la empresa, por lo que prevé que los apoyos continúen en los próximos años.

A esto se suma el aumento del déficit fiscal. Según la agencia, el desequilibrio en las finanzas públicas se mantuvo cerca de 5% del PIB en 2025, apenas por debajo del 5.3% registrado el año anterior.

Como consecuencia, la deuda bruta del gobierno pasó de 39.8% del PIB en 2023 a 49.3% en 2025.

¿Qué es Moody’s y por qué influye tanto en la economía?

Moody’s Ratings es una de las tres agencias de calificación crediticia más importantes del mundo, junto con S&P Global Ratings y Fitch Ratings.

Su función es evaluar la capacidad de gobiernos, bancos y empresas para cumplir con el pago de sus deudas.

Con base en ello, asigna calificaciones que van desde Aaa, considerada la más segura, hasta categorías de alto riesgo.

Estas evaluaciones son clave para inversionistas internacionales, ya que influyen directamente en la confianza financiera y en el costo del financiamiento de un país.

El Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) cuenta con mecanismos para proteger el patrimonio del acreditado, conforme al Plan Estratégico y Financiero 2026 aprobado por su Asamblea General.

Cuando una persona pierde su trabajo y tiene un crédito vigente, el Infonavit recomienda informar cuanto antes su nueva situación laboral.

Se puede notificar en el portal “Mi Cuenta Infonavit”, en el Centro de Servicio Infonavit (CESI) o por Infonatel.

El aviso oportuno permite al Instituto activar acompañamiento y alternativas preventivas para evitar que el crédito se deteriore.

Notificar la pérdida de empleo es el primer paso para acceder a soluciones

Perder el empleo mientras se tiene un crédito activo con el Infonavit no implica la pérdida automática de la vivienda.

La notificación inmediata de la pérdida de empleo permite al Instituto analizar el caso.

Esta comunicación temprana es clave para mantener la protección sobre la vivienda y aprovechar los mecanismos institucionales.

Con la reforma a la Ley Infonavit que entró en vigor en abril de 2025, la prórroga automática tras la pérdida de empleo deja de generar intereses.

Este beneficio se activa al dejar de recibir cuatro pagos continuos y contar con meses de prórroga disponibles, siempre que no se hayan realizado pagos tras el cese laboral.

Apoyos para evitar la pérdida de la vivienda tras la pérdida de empleo

De acuerdo con el Plan Estratégico 2026, durante los primeros 30 días tras la pérdida del empleo, el Infonavit puede implementar un modelo de recuperación de cartera si se notifica sobre la pérdida de empleo.

El objetivo es evitar la acumulación de morosidad y acompañar al acreditado antes de que el retraso en los pagos supere un mes.

Las alternativas inmediatas disponibles son:

1. Prórrogas temporales: Dependiendo del historial de pago y situación crediticia, se evalúa la posibilidad de otorgar prórrogas para dar tiempo al acreditado de reincorporarse al mercado laboral.
2. Reestructuración de pagos: El Instituto puede ajustar temporalmente los esquemas de pago, evitando la acumulación de intereses o cargos excesivos.
3. Cobranza social preventiva: La cobranza busca ajustar las condiciones conforme a la realidad del trabajador.

El Instituto señala que cualquier trámite debe realizarse exclusivamente por canales oficiales: el portal institucional, los centros CESI y la línea Infonatel.

En estos espacios se puede obtener información sobre alternativas de pago específicas, beneficios temporales o regularización de adeudos.

El Infonavit revisa la elegibilidad para programas de protección en los primeros 30 días

El Instituto ha implementado medidas como la reducción de tasas, de mensualidades y el congelamiento de saldos.

El trabajador puede solicitar la evaluación de su caso en los primeros 30 días después de perder el empleo para acceder a estos apoyos, evitando que el saldo aumente o que el crédito avance a etapas críticas.

Las autoridades el Infonavit recomiendan documentar todo el proceso. Es fundamental conservar copias de notificaciones, acuerdos y comunicaciones con el Instituto.

Esta práctica respalda a la persona acreditada y da seguimiento a los compromisos entre ambas partes.

El aviso oportuno permite prórrogas y reestructuración de pagos

Para conservar la vivienda es necesario informar a la institución de inmediato sobre cualquier cambio laboral o la pérdida de empleo, en cumplimiento de lo establecido en el Plan Estratégico 2026.

Las acciones instrumentadas durante los primeros 30 días después de perder el empleo están orientadas a ofrecer soluciones preventivas, para que el acreditado no pierda su propiedad y regularice su situación lo antes posible.

Las alternativas disponibles —como prórrogas, reestructuración de pagos y programas de protección— buscan evitar la pérdida del patrimonio, siempre y cuando se haga la correcta notificación y se cuente con los documentos necesarios para el proceso.

En medio de la crisis que enfrenta el campo michoacano por el aumento de costos, la inseguridad y la caída en la rentabilidad agrícola, el Gobierno de México anunció la condonación y reestructuración de deudas para miles de productores del estado mediante el programa “Volver a Crecer”.

La estrategia, impulsada por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) como liquidador de la Financiera Nacional para el Desarrollo (FND), beneficiará a 2 mil 800 personas en Michoacán, entre ellas 860 mujeres productoras y mil 940 pequeños productores que obtendrán la liberación total de sus adeudos.

El anuncio fue presentado por la directora general del INDEP, Mónica Fernández Balboa, durante una conferencia encabezada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

La funcionaria señaló que el objetivo es brindar una nueva oportunidad a productores que quedaron atrapados en créditos considerados impagables y que perdieron capacidad productiva debido a las dificultades económicas del sector.

Crisis del campo en Michoacán presiona a productores de maíz, limón y aguacate

La medida federal llega en un contexto de creciente inconformidad entre agricultores y ganaderos de Michoacán, uno de los principales estados agrícolas del país y líder nacional en la producción de aguacate, zarzamora, limón y fresa.

En los últimos meses, productores han denunciado una combinación de factores que ha golpeado severamente al campo: incremento en el precio de fertilizantes y combustibles, bajos precios de compra para cultivos como maíz y limón, problemas climáticos y extorsiones ligadas al crimen organizado.

Hace apenas unas semanas, integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo advirtieron sobre posibles bloqueos carreteros en autopistas del occidente del país debido a la falta de apoyos suficientes y a la inseguridad en carreteras.

Los agricultores señalaron que los costos de producción continúan superando las ganancias obtenidas por las cosechas, situación que ha generado pérdidas económicas y protestas constantes.

Además, algunas huertas de aguacate enfrentan restricciones para exportar a Estados Unidos debido a observaciones ambientales relacionadas con deforestación y cambio de uso de suelo.

Mujeres productoras y pequeños agricultores recibirán apoyo financiero

El programa “Volver a Crecer” contempla dos esquemas de apoyo para productores del estado.

El primero consiste en la cancelación total de adeudos y la entrega de beneficios como:

• Carta de finiquito de crédito.
• Cancelación de acciones legales.
• Liberación de garantías.
• Actualización positiva en buró de crédito.
• Posibilidad de acceder nuevamente a financiamiento.

A la par, se implementará un segundo esquema de reestructuración financiera dirigido a productores con deudas más elevadas.

En este apartado se beneficiará a 250 mujeres productoras y mil 592 pequeños productores con adeudos que van desde los 248 mil hasta los 10 millones de pesos.

El esquema contempla un descuento del 30 por ciento del monto total y la reestructuración del 70 por ciento restante en pagos de 12, 24 o 36 meses.

Fernández Balboa aseguró que el programa busca recuperar la estabilidad económica de quienes perdieron capacidad productiva tras años de dificultades financieras.

Municipios agrícolas concentran la mayor cantidad de beneficiarios

El gobierno federal informó que el programa tendrá presencia en 86 de los 113 municipios de Michoacán.

Entre las regiones con mayor número de beneficiarios destacan:

• Los Reyes, con 321 beneficiarios.
• Zitácuaro, con 321 beneficiarios.
• Tuzantla, con 255 beneficiarios.
• José Sixto Verduzco, con 170 beneficiarios.
• Arteaga, con 167 beneficiarios.

Estas zonas forman parte de regiones agrícolas estratégicas para el estado, principalmente en la producción de aguacate, berries, cítricos y granos.

Municipios como Uruapan, Tancítaro, Zamora y Apatzingán concentran gran parte de la actividad agroexportadora de Michoacán, considerada clave para la economía estatal y nacional.

Gobierno de Claudia Sheinbaum busca aliviar presión social en el campo

Durante la presentación del programa, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla calificó la estrategia como “un acto de justicia social” para productores que durante años solicitaron apoyo ante la imposibilidad de liquidar sus créditos.

El mandatario invitó a los interesados a acudir a las oficinas habilitadas en Morelia, Lázaro Cárdenas y Zamora para recibir información personalizada y comenzar sus trámites.

La implementación del programa ocurre después de meses de movilizaciones agrícolas en distintos estados del país, donde organizaciones campesinas han exigido mejores precios de garantía, subsidios y mayores apoyos para enfrentar la crisis del sector agropecuario.

El Consejo de Estado fijó un nuevo criterio sobre el inicio del plazo de prescripción para el cobro de deuda tributaria en Colombia. Según la sentencia 29114 del 26 de marzo de 2026, el periodo de cinco años para que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) exija el pago no comienza desde la fecha límite de la declaración, sino desde que el acto administrativo sancionatorio queda ejecutoriado, es decir, cuando la decisión adquiere firmeza legal.

“El término para ejercer la acción de cobro se debe contabilizar desde el 18 de agosto de 2018”, explicó el alto tribunal, al ejemplificar que el conteo arranca desde la ejecutoria de la resolución sancionatoria y no del vencimiento original de la obligación.

La nueva jurisprudencia indica que el periodo de prescripción para cobrar una deuda tributaria en Colombia se cuenta desde el momento en que el acto administrativo que determina la deuda queda ejecutoriado y no desde el vencimiento de la declaración de impuestos. Esto puede extender el plazo que tiene la autoridad fiscal para exigir el pago a los contribuyentes, lo que permite iniciar acciones de cobro en un periodo más amplio al originalmente previsto.

Acción de cobro extemporánea

En el fallo, la Compañía de Vigilancia Privada VER Ltda. argumentó que la acción de cobro era extemporánea, ya que interpretaba que el plazo debía iniciar en abril de 2014, fecha límite para declarar renta del año gravable 2013. Sin embargo, la Sección Cuarta del Consejo de Estado determinó que la resolución sancionatoria quedó ejecutoriada en agosto de 2018, porque la empresa no interpuso recursos contra la decisión de la autoridad tributaria.

Dicho criterio cambia los plazos para numerosos contribuyentes y empresas con procesos análogos en el país. El alto tribunal enfatizó que solo desde la ejecutoria del acto administrativo comienza a correr el plazo de cinco años establecido en el artículo 817 del Estatuto Tributario. Así, la Dian notificó el mandamiento de pago en noviembre de 2020, con lo que actuó dentro del término permitido por la ley.

De igual forma, el tribunal remarcó un punto adicional: los temas discutidos dentro del proceso sancionatorio no pueden reabrirse en la etapa de cobro coactivo. “No es posible discutir en la etapa de cobro asuntos propios del proceso sancionatorio”, puntualizó el Consejo de Estado al sustentar el fallo.

Efectos de la sentencia y obligaciones para deudores solidarios

El pronunciamiento tiene implicaciones específicas para los deudores solidarios, como socios y representantes legales de sociedades. Los magistrados recordaron la jurisprudencia de unificación de 2019 sobre la necesidad de individualizar a estos responsables. “Es necesario individualizar los sujetos que resultan ser solidariamente responsables”, reiteró el Consejo de Estado al resaltar que tales personas no pueden incluirse en la fase de cobro sin haber sido vinculadas en el procedimiento previo de determinación.

Además, en el proceso de VER Ltda., una socia alegó vulneración del debido proceso al no haber sido citada formalmente ni en la fiscalización ni en el cobro coactivo. La Sala concluyó que no hubo tal afectación, ya que la Dian solo libró el mandamiento de pago contra la sociedad y no contra la socia como deudora solidaria.

De acuerdo con la sentencia, la falta de vinculación de un socio o responsable solidario no afecta la validez del procedimiento iniciado contra la empresa. La regla protege garantías procesales y exige individualizar a los responsables en la etapa correspondiente, pero permite ejecutar acciones contra la persona jurídica principal, incluso si faltó esa vinculación.

Implicaciones prácticas para contribuyentes y empresas

El criterio adoptado amplía el margen de actuación de la Dian en materia de cobro. En lugar de empezar el conteo desde la generación de la deuda o el vencimiento de la declaración, el plazo para exigir el pago comienza cuando la resolución sancionatoria queda firme. Por ejemplo, si una empresa debía declarar renta en 2018, pero la sanción se ejecutorió en 2022, los cinco años para iniciar el cobro se calculan desde 2022 y no desde el vencimiento original.

Dicho cambio afecta la expectativa de caducidad de obligaciones fiscales para muchas personas naturales y jurídicas, pues habilita a la administración tributaria para reclamar deudas por periodos más extensos de lo que se consideraba frecuente hasta ahora. Los procesos en curso podrían ser miles, dado que la interpretación previa favorecía a los deudores, acortando el lapso para exigir el pago.

La directriz consolidada por el Consejo de Estado incluye certidumbre jurídica en litigios futuros, al establecer que la potestad de cobro no se pierde por el simple transcurso del tiempo desde la obligación inicial, sino únicamente cuando han transcurrido cinco años desde que la sanción queda ejecutoriada.

Qué dice la Dian sobre los plazos y consulta de deudas

Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la fecha inicial para el plazo prescriptivo depende del tipo y momento de origen de la obligación. La entidad explicó, en abril de 2026, que, si la declaración se presenta a tiempo, los cinco años corren desde la fecha límite fijada por el Gobierno. Si es extemporánea, el plazo comienza el día en que se presenta la declaración fuera de término.

Cuando existen correcciones voluntarias que aumentan el valor a pagar, los cinco años inician con esa modificación. Si la deuda surge de actos administrativos, como resoluciones sancionatorias o liquidaciones oficiales, el conteo parte cuando la decisión queda en firme tras agotar recursos del contribuyente.

La Dian también señaló que determinadas situaciones pueden interrumpir o suspender el plazo. Entre estas se encuentran:

• Notificación del mandamiento de pago.
• Formalización de acuerdos de pago.
• Procesos concursales o trámites de liquidación forzosa—momentos en los que el tiempo se detiene y reanuda tras su conclusión.

Además, durante actuaciones judiciales o resoluciones administrativas específicas, el conteo se suspende, lo que afecta la fecha de prescripción efectiva y da más margen para la acción de cobro.

Para consultar si existen obligaciones pendientes, la Dian recomienda que los ciudadanos Ingresen al portal de la entidad con sus credenciales y revisen el módulo de obligaciones financieras para verificar las deudas vigentes, los saldos a la fecha y los periodos fiscales afectados.

El debilitamiento del sistema energético hondureño continúa generando preocupación entre autoridades, empresarios y sectores políticos, tras advertencias sobre el impacto que la crisis eléctrica está teniendo en la economía nacional y en la capacidad del país para atraer nuevas inversiones.

El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña Panting, reconoció que el sector eléctrico se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico de Honduras debido a las limitaciones operativas y financieras que enfrenta la estatal energética.

De acuerdo con el funcionario, la ENEE atraviesa una etapa compleja, marcada por dificultades para cubrir compromisos financieros, deudas acumuladas y una infraestructura insuficiente para responder a la creciente demanda energética del país.

Peña Panting explicó que empresas interesadas en invertir en Honduras y conectarse al sistema nacional de energía encuentran limitaciones, ya que la capacidad instalada y las redes de transmisión no están preparadas para soportar nuevas cargas eléctricas de gran escala.

“El sector eléctrico es el que más le atrasa el crecimiento económico actualmente”, manifestó el titular de la estatal, al referirse al impacto directo de la crisis energética en la competitividad nacional.

Reestructuración presupuestaria

En tanto señala que la administración trabaja en un proceso de transformación interna de la ENEE, orientado al ordenamiento financiero y administrativo de la empresa pública. La estrategia, según expuso, contempla fortalecer las áreas de distribución, transmisión y generación, además de impulsar mecanismos de transparencia dentro de la institución.

Ante los cuestionamientos sobre el futuro de la estatal eléctrica, Peña Panting rechazó la existencia de un proceso de privatización, afirmando que las acciones impulsadas por el gobierno buscan mantener el control estatal del sistema energético.

Aseguró también que las decisiones sobre la reestructuración de la ENEE responden a lineamientos directos del Poder Ejecutivo, y que los cambios se desarrollarán con esquemas transparentes.

Mientras tanto, desde el sector generador privado persisten las alertas sobre el deterioro financiero del sistema eléctrico nacional.

La vicepresidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), Karla Martínez, destacó que la deuda acumulada de la ENEE con las empresas generadoras ya alcanza aproximadamente 26 mil millones de lempiras, una cifra que, según indicó, mantiene al sector en una condición crítica.

Deudas millonarias

Martínez explicó que la mora millonaria representa un riesgo para la estabilidad del suministro eléctrico en el país, por las dificultades que enfrentan las empresas generadoras para sostener operaciones y cumplir compromisos financieros.

La representante del sector energético declaró que la falta de liquidez y los retrasos en los pagos siguen debilitando la confianza de los inversionistas, en un momento en el que Honduras requiere ampliar su capacidad energética para responder al crecimiento de la demanda.

El diputado del Partido Liberal, Fernando Castro, consideró necesario implementar mayores controles y mecanismos de focalización en la entrega de subsidios al servicio eléctrico, argumentando que actualmente hay beneficios que no llegan exclusivamente a los sectores más vulnerables.

El congresista reclamó que personas con capacidad económica continúen recibiendo subsidios estatales, mientras miles de familias en condiciones precarias siguen necesitando apoyo para cubrir el costo de la energía.

“No podemos darle subsidios a una persona que vive en Lomas del Guijarro. Nosotros ya sabemos cuáles son las colonias a nivel nacional donde viven las personas que necesitan hacer uso de esos subsidios”, afirmó el parlamentario.

Castro propuso que el Gobierno impulse un censo nacional que permita identificar con precisión a los hogares que realmente requieren asistencia estatal para el pago de energía eléctrica, con el objetivo de optimizar los recursos públicos y reducir distorsiones en el sistema de subsidios.

La crisis financiera de la ENEE, el aumento de la deuda con generadores y las limitaciones de infraestructura mantienen al sistema energético hondureño bajo presión, en un contexto donde expertos y sectores productivos coinciden en que resolver los problemas estructurales del sector será clave para impulsar la inversión, la estabilidad económica y el crecimiento del país.

La situación de los créditos no bancarios volvió a deteriorarse durante marzo y mostró un fuerte aumento en los niveles de mora más severos. Según un informe de la consultora EcoGo, la participación de los préstamos catalogados como “irrecuperables” dentro de la cartera total de crédito no bancario pasó de 2,6% en marzo de 2025 a 10,8% en marzo de 2026, lo que implica que se cuadruplicó en apenas un año.

En términos absolutos, el stock de créditos considerados irrecuperables ascendió de $232.000 millones a $1,542 billones entre ambos períodos. El salto se produjo en paralelo a un deterioro general de la calidad de las carteras de financiamiento no bancario, en un contexto de mayores dificultades para afrontar pagos y de desaceleración del crédito al consumo.

El informe muestra además que el total del crédito no bancario alcanzó en marzo los $14,273 billones. De ese monto, $3,925 billones correspondieron a créditos irregulares, es decir, aquellos encuadrados en categorías de riesgo medio, alto o directamente irrecuperables. La irregularidad total de la cartera llegó así a 27,5%, frente al 10% registrado un año antes.

La dinámica refleja un deterioro acelerado desde la segunda mitad de 2025. En septiembre del año pasado, la irregularidad total era de 18,7%; en diciembre había escalado a 23,1%; en enero de este año trepó a 24,8% y en marzo alcanzó el máximo actual de 27,5 por ciento.

El crecimiento de los casos más críticos

Dentro de la cartera irregular, el mayor crecimiento se observó justamente en los segmentos de mayor riesgo. Los créditos clasificados como “riesgo alto” pasaron de representar 3,1% del total en marzo de 2025 a 9,9% en marzo de este año. En valores absolutos, subieron de $281.000 millones a 1,409 billones de pesos.

Pero el dato más significativo apareció en la categoría “irrecuperable”, que reúne los préstamos con menores posibilidades de cobro. Hace un año representaban apenas 2,6% de la cartera y hoy explican más de uno de cada diez pesos prestados por entidades no bancarias.

El informe también mostró una caída persistente de los créditos considerados regulares. La suma de las categorías “situación normal” y “riesgo bajo” pasó de representar 90% del total en marzo de 2025 a 72,5% en marzo de 2026.

La mora sigue subiendo en todo el sistema

El deterioro de las carteras no bancarias ocurre en un contexto de aumento general de la morosidad en el sistema financiero argentino. En marzo, la irregularidad de las entidades financieras alcanzó el 6,7%, según EcoGo, el valor más alto desde febrero de 2020.

En el caso específico de las familias, la mora bancaria llegó a 11,6%, también en máximos de varios años. Los informes privados vienen señalando desde hace meses que el problema se concentra especialmente en hogares endeudados con préstamos personales y tarjetas de crédito.

Un informe reciente de la consultora 1816 indicó que la mora de las familias subió en marzo por decimoséptimo mes consecutivo y describió un escenario en el que la recuperación de la actividad económica no se traduce todavía en una mejora clara de los ingresos disponibles de los hogares.

El mismo reporte señaló que las tasas activas continúan en niveles elevados. En los primeros días de mayo, los préstamos personales bancarios promediaban una tasa nominal anual de 68,3%, prácticamente sin cambios respecto de meses anteriores.

En paralelo, el crédito en pesos al sector privado mostró una desaceleración marcada desde la segunda mitad de 2025. Según los analistas, la combinación entre tasas elevadas, menor capacidad de refinanciación y caída del ingreso disponible complicó la capacidad de pago de muchas familias.

El peso del endeudamiento familiar

EcoGo señaló que el 92% del crédito no bancario está destinado a familias. El informe calculó además que el endeudamiento de los hogares con entidades no bancarias equivale al 36,7% de una masa salarial mensual.

Si se incorpora también el crédito bancario, el peso total del endeudamiento asciende a 145,4% de la masa salarial mensual. Aunque ese indicador mostró una leve baja frente a febrero, sigue en niveles elevados en términos históricos.

La situación es todavía más exigente para trabajadores informales y cuentapropistas. En ese segmento, el crédito no bancario equivale al 161% de la masa salarial mensual estimada.

El informe destacó además que el crédito no bancario representa actualmente 25,3% del crédito al consumo y 13,4% del crédito total del sistema financiero.

Caída del crédito y avance de la banca digital

Más allá del deterioro de las carteras, marzo también mostró una contracción del financiamiento. El crédito no bancario retrocedió 1,4% real respecto de febrero y acumuló dos meses consecutivos de caída.

El crédito bancario al consumo también cayó, con una baja real mensual de 1,9%, encadenando cinco meses consecutivos en retroceso.

Aun así, EcoGo remarcó que el nivel actual del crédito no bancario sigue ubicándose 139,8% por encima de marzo de 2024 en términos reales y un 20% por encima del máximo previo registrado en mayo de 2018.

En cuanto a la estructura del sector, Tarjeta Naranja continúa liderando el mercado de financiamiento no bancario, con una participación de 37,7% en marzo. Detrás aparecen MercadoLibre, con 14,8%, y otras compañías vinculadas al financiamiento digital y al crédito de consumo.

El informe también mostró que la participación de la banca digital continúa creciendo. Mientras en diciembre de 2023 explicaba 6,1% del financiamiento total, en marzo de este año alcanzó 15,1%.

En ese contexto, las consultoras privadas vienen advirtiendo sobre el deterioro sostenido de la calidad crediticia, especialmente en segmentos vinculados al consumo de hogares. El aumento de la mora en entidades no bancarias ya supera ampliamente los niveles observados en el sistema financiero tradicional y se convirtió en uno de los principales focos de preocupación dentro del mercado de crédito argentino.

Millones de hogares en Colombia con ingresos inferiores a un salario mínimo legal enfrentan dificultades para cubrir sus deudas y las consecuencias legales asociadas al impago. En muchos casos, estas obligaciones superan tres salarios mínimos, lo que incrementa la presión financiera y el riesgo de sanciones judiciales.

Si una persona no puede pagar una deuda en Colombia, existen alternativas legales como la negociación directa, la refinanciación, la reestructuración de la deuda o la insolvencia de persona natural no comerciante, alternativas que se deben tener en cuenta ante el proceso legal que puede incluir notificaciones, cobros judiciales, embargo de bienes y registros negativos en los centros de información financiera.

Además, es necesario tener en cuenta que hay límites y plazos establecidos para el embargo y la permanencia de reportes negativos, lo que fue explicado por la abogada Claudia García directora jurídica de Clave Judicial.

La experta aseguró que el proceso comienza con el cobro prejurídico, donde el deudor recibe llamadas o notificaciones sobre el pago pendiente. Si no hay un acuerdo, el caso avanza a cobro jurídico y puede terminar en una demanda formal, lo que permite que un juez pueda ordenar el embargo de bienes o salarios.

Opciones para negociar y refinanciar deudas

Los ciudadanos que enfrentan deudas disponen de mecanismos legales para resolverlas sin llegar a instancias judiciales, debido a que pueden negociar acuerdos de pago, refinanciar, o reestructurar directamente con el acreedor.

También existe el procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante, que permite reorganizar obligaciones, congelar embargos y reestructurar pagos bajo supervisión. Este trámite se realiza ante centros de conciliación autorizados o en notarías habilitadas y se regula en el Código General del Proceso, de acuerdo con lo informado por García.

Consecuencias legales del impago de deudas

En etapa judicial, la ley faculta al juez para ordenar el embargo de bienes, cuentas bancarias y hasta el 50% del valor que exceda el salario mínimo legal vigente. Esto ofrece un resguardo parcial para aquellos que solo cubren necesidades básicas.

Así lo explicó la experta: “La ley permite que un juez embargue bienes, cuentas bancarias y parte del salario. En materia salarial, solo es embargable hasta el 50% del valor que exceda el salario mínimo legal vigente, conforme a la legislación laboral y procesal colombiana y en el caso de cuentas bancarias que no exceda el límite de inembargabilidad que corresponde a un valor de $55.099.308, conforme a la Circular 058 de 2025 de la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente entre el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026”.

Del mismo modo, la abogada aseguró que los intereses por mora solo pueden cobrarse dentro de los límites fijados por la autoridad supervisora, y cualquier cobro superior es ilegal y puede denunciarse.

Prescripción de deudas y reportes en Datacrédito

El periodo de prescripción de las deudas, según el tipo de obligación y respaldos legales, varía generalmente entre 3 y 5 años. En cuanto a los reportes negativos en centros de información financiera como Datacrédito, la Ley 2157 de 2021 establece que permanecerán el doble del tiempo en mora y hasta un máximo de cuatro años una vez cancelada la obligación.

“El reporte negativo caduca en un plazo máximo de 8 años contados desde la fecha de la mora, independientemente de si la obligación fue pagada o no”, explicó, lo que se respalda con la Ley de Borrón y Cuenta Nueva.

Preguntas frecuentes sobre deudas impagas

En Colombia, está prohibida la cárcel por deudas civiles, salvo en casos de incumplimiento de obligaciones alimentarias, que pueden constituir delito.

Cuando una persona fallece con deudas pendientes, estas se incluyen en la sucesión y se pagan con los bienes del fallecido. Los herederos solo responden con su patrimonio si aceptan la herencia sin inventario o sin reserva.

Es fundamental buscar vías legales de negociación antes de que las deudas lleguen al embargo, ya que existen opciones para regularizar la situación y proteger el patrimonio.

Perder un juicio no es un delito. Tampoco lo es fracasar en un negocio (puede pasar: ¿cuántas veces las mejores intenciones han llevado a desenlaces no deseados?). No pagar una deuda, por sí solo, tampoco representa un ilícito.

El Derecho Penal no está para transformar cada factura impaga en una causa criminal. El dinero del dueño de una empresa, en principio, es independiente del dinero de esa empresa. Pero en todas estas definiciones hay líneas rojas: cuando alguien, sabiendo que debe pagar, empieza a mover, esconder, vaciar o disfrazar su patrimonio para evadir el peso de una sentencia, el problema deja de ser solamente civil o comercial. El reproche toma otro color, más denso y complejo.

Y es que una cosa es no poder pagar y otra muy distinta es “fabricar” la escasez de recursos. Pero, ¿realmente se puede armar esa situación de carencia? Sí, pero no es gratuito hacerlo. Es aquí donde aparece la figura de la insolvencia fraudulenta, prevista en el artículo 179, segundo párrafo, del Código Penal de la Nación. La norma reprime con prisión de seis meses a tres años a quien, durante el curso de un proceso o después de una sentencia condenatoria, maliciosamente destruye, inutiliza, daña, oculta o hace desaparecer bienes de su patrimonio, o disminuye fraudulentamente su valor, y de ese modo frustra, total o parcialmente, el cumplimiento de obligaciones civiles.

El mismo artículo también fija penas de hasta cuatro años de prisión para el deudor no comerciante concursado civilmente que, para defraudar a sus acreedores, simule deudas, gastos o pérdidas, o conceda ventajas indebidas a algún otro acreedor, entre varios supuestos.

Se trata de una pauta básica que busca la transparencia en las relaciones comerciales y que, si algo sale mal en el normal desenvolvimiento de una actividad comercial, no se realicen conductas que busquen perjudicar a quienes mantuvieron acuerdos o negocios de buena fe con el sujeto que debe determinada suma.

La clave está en tres palabras: proceso, malicia y frustración. No alcanza con que una persona o una empresa tenga problemas económicos. Tampoco basta con que el acreedor esté enojado —aunque a veces tenga excelentes motivos para estarlo—. Para que haya delito, debe existir una maniobra orientada a impedir que el acreedor cobre lo que un proceso judicial, un laudo reconocido o una sentencia le reconocen.

El caso reciente resuelto por la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional es ilustrativo. En “N., M. J. A. y otros s/ insolvencia procesal fraudulenta”, del 25 de febrero de 2026, la pesquisa se inició contra socios y representantes de una sociedad que había sido condenada a pagar sumas derivadas de un laudo arbitral extranjero, luego reconocido en Argentina.

La acusación sostuvo que, frente a ese escenario adverso, los imputados habrían vaciado la sociedad obligada y trasladado recursos económicos, técnicos, clientela y personal a una nueva sociedad con igual o similar integración, objeto y funcionamiento. La imagen es bastante clara: se apagan las luces en una empresa, pero al lado se enciende otra con el mismo decorado, los mismos actores y, según la imputación, el mismo negocio. Cambia el cartel de la puerta, pero el alma comercial sigue respirando. La deuda, en cambio, queda atrás, como un mueble viejo que nadie quiere cargar.

La mayoría de la Cámara confirmó el procesamiento de los imputados como coautores del delito de insolvencia procesal fraudulenta. Conviene subrayarlo: se trató de un procesamiento, no de una condena. En esa instancia provisoria, el tribunal entendió que las pruebas incorporadas permitían sostener que se habrían concretado maniobras tendientes a despojar a la sociedad condenada de su patrimonio para evitar el pago derivado del laudo arbitral. Entre los datos valorados aparecían la constitución de una nueva sociedad, con idéntica participación societaria, mismo domicilio y objeto, y el presunto desvío de recursos económicos, técnicos y humanos.

Ahora bien, el caso tiene un costado jurídicamente muy interesante. La defensa sostuvo que los socios no podían ser autores del delito porque la única deudora era la sociedad. Es decir, el laudo arbitral y la ejecución comercial recaían sobre una SRL, no sobre las personas físicas. La discusión no es menor. En las sociedades de responsabilidad limitada, conforme al artículo 146 de la Ley General de Sociedades, el capital se divide en cuotas y los socios limitan su responsabilidad a la integración de las que suscriban o adquieran, sin perjuicio de la garantía prevista en el artículo 150 de esa misma ley. Pero la mayoría del tribunal puso el foco en otro aspecto: no miró solamente quién figuraba como deudor formal, sino quiénes habrían ejecutado materialmente las maniobras de vaciamiento.

Para esa postura, si las personas físicas usan el ropaje societario como vehículo para desviar bienes, clientela, empleados y actividad hacia otra estructura, la personalidad jurídica no puede funcionar como una capa de invisibilidad. Por eso, cuando se dice que “hecha la ley, hecha la trampa”, nadie habla de las consecuencias de cometer esas trampas y pocos recuerdan en esos momentos otra frase de uso popular: “El que las hace, las paga”.

Contar con un fondo de emergencia es la base para fortalecer la estabilidad financiera y evitar que un imprevisto desestabilice la economía familiar.

Un accidente, desastre natural, la pérdida de empleo o una urgencia médica pueden presentarse en cualquier momento y, sin un respaldo, obligar a recurrir a préstamos, vender bienes o adquirir deudas que ponen en riesgo los ingresos futuros.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sostiene que la mejor manera de enfrentar estas circunstancias es anticiparse y construir un fondo que permita solventar gastos inesperados sin comprometer el equilibrio financiero.

Un fondo de emergencia previene deudas y protege la estabilidad

El fondo de emergencia debe ser un recurso reservado exclusivamente para cubrir eventualidades que no pueden postergarse y que no están contempladas en el presupuesto mensual.

El INEGI demuestra que persisten diferencias importantes entre regiones y sectores de la población para el acceso a instrumentos de ahorro formal.

En zonas urbanas como la Ciudad de México, el porcentaje de personas con cuenta de ahorro formal es más alto que en regiones del sur del país.

Aunque más del 60% de la población reporta contar con algún instrumento de ahorro formal, los hombres tienen mayor acceso que las mujeres, con una diferencia de más de 9 puntos porcentuales

¿Cómo crear un fondo de ahorro? Recomendaciones de los expertos

La Condusef recomienda definir primero los gastos prioritarios y elaborar un presupuesto detallado, lo que permite calcular el monto ideal del fondo.

El fondo debe mantenerse en una cuenta separada, de bajo riesgo y fácil acceso, de preferencia en una institución financiera formal, de acuerdo con la Condusef.

Guardar el dinero fuera de las cuentas de uso diario ayuda a evitar que se gaste por error y asegura su disponibilidad cuando realmente se presenta una emergencia.

La institución aconseja elegir productos que permitan disponer del dinero de manera inmediata y sin penalizaciones.

Destinar periódicamente una parte del ingreso al fondo de emergencia es una práctica que brinda tranquilidad y previene la acumulación de deudas en caso de un imprevisto.

Incluso pequeñas aportaciones mensuales pueden, con el tiempo, convertirse en un respaldo suficiente para afrontar emergencias. La clave, subraya la Condusef, es la constancia más que la rapidez para alcanzar la meta.

Qué hacer si no se cuenta con un fondo de ahorro

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, elaborada por el INEGI, muestra que un 33,6% de la población nacional reporta no realizar ningún tipo de ahorro.

Para quienes aún no cuentan con un fondo de emergencia, la Condusef recomienda iniciar con metas pequeñas y alcanzables, ajustando el monto objetivo conforme se fortalezca el hábito de ahorrar.

El fondo debe usarse únicamente en situaciones que representen un verdadero riesgo para la estabilidad financiera, como una enfermedad grave, desempleo o reparaciones urgentes en el hogar.

Un fondo de emergencia es respaldo, no sustituto de ingresos

El fondo de emergencia no sustituye otras formas de ahorro ni reemplaza la planeación a largo plazo.

Su función principal es brindar un respiro temporal mientras se resuelve la contingencia.

Instituciones internacionales especializadas en apoyo financiero, como la Escuela de Graduados de Artes y Ciencias de Harvard, coinciden en que este tipo de fondos deben emplearse solo frente a circunstancias imprevistas que no pueden resolverse mediante créditos educativos, apoyos familiares o recursos personales.

La administración adecuada del fondo implica guardar comprobantes de los gastos y revisar periódicamente tanto el monto acumulado como las condiciones personales y familiares.

Si el fondo se utiliza, es fundamental reponerlo a la brevedad posible para mantener la protección financiera.

Mantener este respaldo puede marcar la diferencia entre la tranquilidad y la vulnerabilidad financiera ante cualquier eventualidad, de acuerdo con la Condusef.

El Gobierno nacional actualizó el listado de medicamentos, tratamientos y procedimientos que dejarán de ser financiados por las EPS en Colombia durante 2026, en medio de la creciente crisis que enfrenta el sistema de salud del país.

La medida quedó establecida en la Resolución 695 de 2026 del Ministerio de Salud, documento que consolidó más de 100 exclusiones dentro del Plan de Beneficios en Salud (PBS).

La decisión se conoce en un momento de máxima tensión para hospitales, clínicas y usuarios, debido a los problemas financieros que atraviesan varias EPS y centros médicos del país.

La actualización incluye medicamentos para la caída del cabello, tratamientos articulares, terapias alternativas y múltiples procedimientos estéticos que ya no serán entregados con recursos públicos.

Entre los medicamentos que quedaron excluidos aparece el minoxidil, utilizado principalmente para tratar la alopecia o caída del cabello. También fue retirada la diacereína, usada en algunos tratamientos contra la osteoartritis y enfermedades articulares, según información conocida por Revista Semana.

El Ministerio de Salud también mantuvo restricciones para ciertos medicamentos que solo podrán utilizarse bajo condiciones clínicas específicas y con criterios médicos determinados.

Dentro de ese grupo aparecen combinaciones de acetaminofén con codeína o hidrocodona, algunos usos del diazepam y tratamientos con erlotinib cuando no exista una mutación específica diagnosticada.

La resolución además ratificó que las EPS no financiarán procedimientos con fines exclusivamente estéticos o cosméticos, salvo que exista una necesidad médica comprobada.

En la lista de exclusiones se encuentran procedimientos como liposucción, rinoplastia estética, lifting facial, mamoplastia de aumento, gluteoplastia, bichectomía y rejuvenecimiento vaginal.

También quedaron por fuera diferentes intervenciones de modificación corporal realizadas únicamente con fines estéticos.

La medida igualmente afecta tratamientos de fertilidad como la fecundación in vitro y la inseminación artificial, procedimientos que desde hace varios años han generado discusiones dentro del sistema de salud colombiano.

Otra de las decisiones que más ha generado controversia es la exclusión de terapias alternativas que no cuentan con suficiente respaldo científico.

Dentro de las prácticas que ya no serán cubiertas por las EPS aparecen la ozonoterapia, aromaterapia, delfinoterapia, psicomagia y otros tratamientos similares.

El documento también excluye productos considerados cosméticos o de uso personal, entre ellos cremas hidratantes, gel antibacterial, pañitos húmedos y algunos suplementos dietarios.

Según explicó el Ministerio de Salud, el objetivo principal de estas medidas es concentrar los recursos públicos en tratamientos prioritarios, tecnologías médicas con evidencia científica y procedimientos considerados esenciales para la vida de los pacientes.

La actualización ocurre mientras distintas clínicas y hospitales advierten sobre una grave crisis financiera derivada de retrasos en pagos por parte de las EPS.

En Bogotá, varias instituciones médicas ya comenzaron a reducir servicios y capacidad hospitalaria debido a las dificultades económicas que enfrenta el sector salud.

Uno de los casos más críticos es el de la Clínica Juan N. Corpas, que recientemente confirmó que opera con solo cuatro camas UCI disponibles tras la renuncia de parte de su personal especializado.

A eso se suma el cierre de varias sedes de la Clínica Medical y la suspensión de algunos servicios especializados, incluidos tratamientos oncológicos y procedimientos de alta complejidad.

El panorama ha generado preocupación entre pacientes y trabajadores del sistema de salud, quienes advierten que las restricciones financieras podrían seguir impactando la atención médica en diferentes regiones del país.

La Resolución 695 de 2026 se convierte así en una de las medidas más relevantes dentro de la discusión sobre la sostenibilidad del sistema de salud colombiano y el futuro de las EPS.

Mientras tanto, sectores médicos y asociaciones de pacientes continúan alertando sobre el riesgo de nuevas limitaciones en el acceso a tratamientos y servicios especializados si la crisis financiera del sector continúa agravándose durante los próximos meses.

En el intercambio con el equipo, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Daicich explicó: “Lo que está teniendo la familia es un problema de solvencia y ese, ese problema de solvencia sí, claramente es estructural y por eso, aun refinanciando los bancos o tomando una nueva deuda para pagar, estás en una encerrona en el cual no podés salir”.

La explosión de la morosidad y el ciclo de exclusión financiera

Según el informe presentado en el programa, la situación de mora es la más grave de los últimos 25 años en Argentina. Matías Barbería detalló que “deudores zombis es un apodo que tiene que ver con los que dejan de pagar algún préstamo, estando en la base de la pirámide y en base a eso se quedan afuera por varios años de la posibilidad de tener crédito”.

El especialista subrayó que, de acuerdo a los sistemas de scoring y buró de crédito, quienes caen en mora pueden quedar excluidos del sistema financiero entre tres y cinco años.

Daicich aportó que “una vez que uno sale del sistema en este tipo de... con el scoring que te hace tanto una fintech como un banco, uno tarda mucho tiempo en volver al sistema”.

Remarcó que, para las familias que hoy quedan fuera del circuito, “no es una elección: lo que está teniendo la familia es un problema de solvencia” y advirtió que la mayor parte de la deuda en mora corresponde a montos pequeños pero extendidos en miles de personas.

Gonzalo Aziz precisó que “el 11% de la mora está en el sistema bancario y en el sistema no bancario está en el 30. Es dato objetivo”. Mica Mendelevich puntualizó que “estamos hablando de deudas bajas”, a lo que Daicich respondió: “La mayor parte, este, de trabajo lo hizo el Centro de Estudios Económicos de el Banco Provincia, con tres meses de atraso. Estaba calculando, hasta el 70% estaban en créditos de abajo del millón y medio. Es muy micro, es muy micro. Son mucha gente”.

Factores que empujan la crisis: caída del ingreso y política monetaria

Daicich atribuyó el aumento de la morosidad a la combinación de pérdida del poder adquisitivo y cambios en la política monetaria: “Desde 2024 hubo una caída del salario real importante, que aún el día de hoy, sobre todo en algunos trabajadores formales, en el caso de los trabajadores del sector público, se nota que no han recuperado todavía los niveles de noviembre del 2023”.

“El problema es que se conjugó esa cultura que veníamos teniendo, pero con tasas que no fueron a la baja del mismo modo que la inflación fue bajando, pero sí tuviste una caída importante del salario real”, detalló.

El resultado es una “bola de nieve” de deuda donde muchas familias piden créditos para pagar otros créditos y quedan atrapadas en un ciclo sin salida. Barbería añadió que “todas las condiciones se combinaron. No hay un responsable que: ‘Che, tomaste mal el crédito, diste demasiado crédito’. Fueron todas las condiciones que se combinaron. Y como dice ella, sin una mejora en el ingreso, y yo agrego, además una baja de tasa de refinanciación, porque a esta tasa no vas a refinanciar a nadie”.

Educación financiera, regulación y la urgencia de políticas públicas

El equipo del programa puso el foco en la facilidad de acceso al crédito a través de fintech y billeteras virtuales, que presentan mayores tasas de mora y menor regulación. Daicich señaló: “En este momento, si miramos nuestras cuentas… yo puedo pedir muy poco de lo que tengo, porque no funciona lo que yo conozco”, y advirtió sobre la importancia de conocer el costo financiero total y la tasa real de los créditos.

Aziz insistió en la dimensión estructural del fenómeno: “No se salvó nadie. Está bien bancos... Esto es estructural”. Daicich coincidió: “Si la actividad económica no repunta, la gente no tiene trabajo y no tiene salarios acorde o tiene tres trabajos, pero aun con tres trabajos no llega a fin de mes, va a ser muy difícil, porque ninguna, en el fondo lo financiero te termina asfixiando”.

Sobre el final del debate, se analizaron propuestas como la implementación de una política pública similar al programa “Desenrolar” en Brasil, que permite refinanciar deudas a tasas bajas, y la necesidad de que el Estado incentive el desendeudamiento y la regulación del sector.

Daicich concluyó: “Me parece que lo interesante acá es que un poco los bancos, puertas adentro lo están haciendo, empezaron una baja de tasa más abrupta para estos clientes que se dan cuenta que no pueden pagar. Pero de base es que los salarios tienen que recuperar su poder adquisitivo para poder salir de este loop en el cual no tenés un problema financiero, tenés un problema económico”.

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Viajar a Estados Unidos implica una revisión exhaustiva más allá de la aprobación de la visa y la presentación de documentos en regla. Las autoridades estadounidenses, incluidas agencias como el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Estado, pueden imponer restricciones al uso del pasaporte en casos de deudas fiscales, problemas judiciales o inconsistencias documentales que comprometan la validez o autenticidad de la identificación presentada.

Conforme a la información oficial, una de las razones más frecuentes para que el Departamento de Estado limite el pasaporte a nacionales, incluidos quienes cuentan con doble nacionalidad estadounidense y colombiana, se vincula a la acumulación de deudas tributarias catalogadas como “seriamente morosas”.

En estos casos, el IRS puede reportar al contribuyente ante el Departamento de Estado, lo que provoca la inmediata negativa a expedir un nuevo pasaporte o a renovar el vigente. Incluso cuando el deudor se encuentra fuera del país, solo tendría acceso a un documento temporal cuya única finalidad es autorizar el regreso a territorio estadounidense.

El procedimiento ocurre específicamente cuando, junto con la deuda federal, existen procesos activos de cobro —como embargos o gravámenes— contra la persona señalada. La propia agencia federal del gobierno de Estados Unidos aclaró que esta medida no recae sobre todos los contribuyentes con obligaciones pendientes: quedan excluidos quienes mantienen acuerdos de pago vigentes, atraviesan procesos de negociación o cuentan con recursos legales reconocidos que suspenden temporalmente la restricción.

En respuesta a las dudas frecuentes de los viajeros frente a una posible retención del pasaporte, las limitaciones pueden aplicarse a ciudadanos estadounidenses con doble nacionalidad o residencia, persistan o no fuera del país, y afectan tanto el trámite de renovación como la primera expedición del pasaporte. Esta política también considera casos de manutención infantil impaga: la ley federal establece la barrera en deudas superiores a USD 2.500 lo que equivale a $9.325.300; quien supere ese monto se expone a la negativa de trámites de pasaporte hasta regularizar su situación.

Las restricciones documentales no se limitan al ámbito fiscal. Según el Departamento de Estado, también se cancela o restringe el pasaporte si existen antecedentes por fraude, uso de documentos falsificados o delitos federales relacionados con la identidad. Las autoridades estadounidenses pueden revocar de inmediato el documento a quienes intenten alterar datos en la tramitación, modificar registros oficiales o emplear identidades falsas.

El estado físico del pasaporte puede determinar la entrada o rechazo en el control migratorio

La validez del pasaporte no depende solo de la situación judicial o fiscal de su titular. Un documento deteriorado, con páginas sueltas, manchas que impidan la lectura, perforaciones, roturas visibles o cualquier alteración que genere dudas sobre su autenticidad, puede considerarse inválido por los funcionarios de migración.

Según las autoridades estadounidenses, el pasaporte será rechazado si el deterioro impide verificar la información personal o el carácter genuino del documento. No obstante, fuentes oficiales precisaron al medio que signos normales de uso, como pequeños dobleces o ligero desgaste, no provocan restricciones si los datos permanecen legibles e íntegros.

La precisión de estos procedimientos busca garantizar la seguridad del sistema migratorio estadounidense y el adecuado cumplimiento de las políticas federales en materia tributaria y judicial. Cada situación, desde la deuda fiscal hasta la manipulación o el mal estado material del documento, puede derivar en restricciones inmediatas sobre la expedición y el uso del pasaporte para ingresar a Estados Unidos, con consecuencias puntuales que pueden limitar el derecho a la movilidad internacional.

Colombianos en riesgo de deportación en Estados Unidos

La administración de Donald Trump impulsó en las últimas semanas una ofensiva judicial y política orientada a debilitar de manera sostenida las garantías que ofrece el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca) a más de medio millón de jóvenes inmigrantes en Estados Unidos, una estrategia que busca aumentar la presión sobre los llamados dreamers hasta hacerles inviable la permanencia en el país.

La determinación de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) —tribunal vinculado al Departamento de Justicia— marca un cambio sustancial en la protección judicial de este colectivo. El organismo estableció que el solo hecho de beneficiarse de Daca no puede utilizarse, en adelante, como argumento suficiente para cerrar un proceso de deportación, como ilustró el caso de la activista Catalina Santiago.

Este precedente, si bien no conlleva una expulsión automática, permite que se reabran o reconsideren numerosos expedientes de jóvenes amparados por el programa, generando incertidumbre para alrededor de 525.000 personas, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Una estimación del Instituto para la Política Migratoria (MPI) reporta que entre 3.000 y 3.500 colombianos se encuentran entre los actuales beneficiarios.

Cuando una persona fallece en México, las deudas no desaparecen automáticamente. Según la legislación vigente y organismos como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las obligaciones pendientes se integran a la masa hereditaria.

Eso significa que, antes de repartir los bienes, el patrimonio del fallecido debe usarse para saldar esas deudas.

Los herederos no están obligados a cubrir los adeudos con su propio dinero, salvo que hayan firmado como avales o coacreditados en algún contrato específico.

Heredar también significa heredar las deudas: lo que nadie te dice antes de aceptar

El Código Civil Federal señala que la herencia incluye tanto bienes como derechos y obligaciones que no se extingan con la muerte.

El artículo 1284 limita la responsabilidad de los herederos hasta donde alcance el patrimonio heredado.

Los acreedores tienen prioridad para ser pagados con los bienes de la sucesión, y solo el remanente, si lo hay, se entrega a los beneficiarios.

Si los bienes no alcanzan todas las deudas, los acreedores solo pueden cobrar hasta el monto disponible.

Nadie está obligado a pagar con recursos propios, a menos que exista responsabilidad solidaria o se trate de un cónyuge con créditos mancomunados.

Deudas bancarias y productos financieros

Las tarjetas de crédito y muchos créditos bancarios suelen estar protegidos por un seguro de vida o de saldo deudor. Si el seguro está vigente y los pagos al corriente, la aseguradora liquida el saldo pendiente tras el fallecimiento.

En caso de no existir seguro, el banco puede reclamar el pago a la sucesión, es decir, al patrimonio heredado. Es fundamental que los familiares notifiquen de inmediato a la institución financiera y presenten el acta de defunción para activar la cobertura.

En los créditos hipotecarios, la ley también requiere la existencia de un seguro de vida que, al activarse, libera el inmueble del gravamen.

Si el fallecido estaba atrasado en pagos, la aseguradora puede negar la cobertura dependiendo de las condiciones pactadas.

En créditos compartidos, como los hipotecarios conyugales, el seguro solo cubre la parte correspondiente al titular fallecido; el sobreviviente debe seguir pagando su proporción.

Créditos personales, automotrices y departamentales

Para los préstamos personales y automotrices, la existencia de un seguro depende de cada contrato. Cuando el seguro está incluido y vigente, la aseguradora paga el saldo pendiente.

Si no hay seguro, la deuda pasa a la masa hereditaria y puede pagarse con la venta de bienes, incluido el automóvil financiado. En créditos departamentales, el contrato mercantil y el Código de Comercio regulan la obligación.

Deudas fiscales y obligaciones con el SAT

Las deudas fiscales tampoco se extinguen con la muerte. El Código Fiscal de la Federación obliga a que el albacea o representante de la sucesión cubra los adeudos tributarios con los bienes del fallecido.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede ejercer embargo o remate de bienes heredados para recuperar créditos fiscales pendientes.

Si los bienes no son suficientes, la autoridad solo puede cobrar hasta donde alcance el patrimonio.

Procedimiento sucesorio y pago de deudas

El proceso de sucesión obliga al albacea a inventariar los bienes, identificar las deudas y pagar las obligaciones antes de repartir la herencia.

La documentación clave, como el acta de defunción, debe presentarse a las instituciones correspondientes.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomiendan buscar asesoría legal si existen dudas sobre la validez de los seguros o la distribución de responsabilidades.

Excepciones y casos particulares

Si alguien firmó como aval, deudor solidario o coacreditado, puede ser requerido para cubrir la deuda en su totalidad. En créditos mancomunados, el cónyuge sobreviviente debe asumir su parte proporcional.

Los contratos y pólizas de seguro deben revisarse cuidadosamente para identificar exclusiones o límites de cobertura.

En conclusión, en México, los herederos solo responden por las deudas del fallecido hasta el valor de los bienes heredados; nunca con su propio patrimonio personal, excepto en casos de garantía solidaria o coacreditación.

La clave es notificar a las instituciones, revisar la existencia de seguros y cumplir con el proceso sucesorio legal antes de adjudicar bienes.

El cese de operaciones de Spirit Airlines en la madrugada del sábado 2 de mayo de 2026 dejó a miles de personas varadas y sin respuestas en el aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood y otros destinos internacionales, según reportó Miami Herald.

La medida, adoptada por motivos de seguridad y serias dificultades financieras, tomó por sorpresa tanto a pasajeros como a cerca de 17.000 empleados, quienes se enteraron de la decisión pocas horas antes del cierre total.

De acuerdo con documentos judiciales citados por CBS News, la paralización se ejecutó a las 3:00 de la madrugada para asegurar que ninguna aeronave quedara en vuelo y que las tripulaciones pudieran regresar a sus bases.

Nikki Young, una de las pasajeras afectadas, relató al Miami Herald que se encontraba en un crucero por las Bahamas cuando supo que su vuelo había sido cancelado.

“En medio del océano, nos enteramos de que cancelaron todos los vuelos. No hubo absolutamente ninguna comunicación”, afirmó. Young, además, perdió la pista de su equipaje facturado a través de Spirit.

Otro pasajero, Fred Michel, contó que tuvo que gastar USD 400 adicionales por persona para poder regresar desde República Dominicana, sin garantías de reembolso.

Impacto laboral y financiero en la aerolínea

El cierre de Spirit Airlines dejó a miles de empleados en la incertidumbre. Oral Blackstone, supervisor de rampa con casi 20 años en la compañía, expresó: “Me fui sin recibir nada, ni explicaciones ni pago”, tras abandonar el aeropuerto con sus pertenencias, según el Miami Herald.

La empresa, que acumuló pérdidas de más de USD 2.500 millones desde la pandemia, también enfrentaba una deuda superior a USD 8.100 millones y dos declaraciones de bancarrota en los últimos dos años, de acuerdo con el Los Angeles Times.

El aumento en el precio del combustible, impulsado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, agravó la crisis financiera de la aerolínea.

El fracaso del rescate estatal y el cierre definitivo de Spirit Airlines

A esto se sumaron el fracaso de un rescate estatal de USD 500 millones y la frustrada fusión con JetBlue, bloqueada por autoridades regulatorias en 2023. Estas circunstancias dejaron a Spirit sin alternativas viables para continuar con sus operaciones.

El último vuelo de la compañía aterrizó en Dallas Fort Worth procedente de Detroit en la madrugada del sábado, marcando el fin de una era para la aerolínea de bajo costo.

Mientras tanto, cientos de empleados se congregaron frente a la sede corporativa en Dania Beach, a la espera de definiciones sobre su futuro laboral. La empresa informó que trabaja en la relocalización de tripulaciones y que otras aerolíneas abrieron procesos de contratación preferenciales para su personal desplazado.

Reacción de la industria y orientación a pasajeros

Frente a la magnitud del impacto, aerolíneas como American, Delta, JetBlue, Southwest y United anunciaron la disponibilidad de “rescue fares” o tarifas de rescate para los pasajeros afectados, según el Miami Herald. American Airlines implementó topes de precios en rutas compartidas para evitar aumentos abusivos.

Por su parte, JetBlue comunicó la apertura de 11 nuevas rutas y 27 salidas adicionales desde Fort Lauderdale-Hollywood, junto con la equiparación de estatus de lealtad para los miembros Gold y Silver de Spirit.

Las autoridades estadounidenses recomendaron a los pasajeros no presentarse en los aeropuertos, ya que los mostradores de Spirit Airlines permanecen cerrados y no hay atención presencial ni telefónica.

El Departamento de Transporte recordó que quienes hayan comprado boletos directamente a la aerolínea podrán solicitar reembolsos, mientras que aquellos que lo hicieron a través de agencias deberán gestionarlo con esos intermediarios.

El cierre abrupto, la falta de comunicación y la escala de las cancelaciones generaron críticas en la opinión pública y reavivaron el debate sobre la política de rescate a compañías en crisis y la regulación del sector aéreo en Estados Unidos.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentó un programa de renegociación de deudas, denominado “Novo Desenrola Brasil”, que establece límites de tasa de interés del 1,99%, descuentos de entre el 30 y el 90%, y autoriza el uso de hasta el 20% del Fondo de Indemnización por Despido para el pago de deudas. La medida, enmarcada en las acciones por el Día del Trabajador y en un año electoral, busca aliviar la carga financiera sobre los trabajadores.

“Los brasileños tendrán tasas de interés más bajas, con un máximo del 1,99% y descuentos del 30% al 90% sobre el monto de la deuda. De esta manera, tendrán una cuota mucho menor y más tiempo para pagar su deuda”, aseguró el jefe de Estado.

El "Nuevo Desenrola Brasil“ permitirá a las familias brasileñas renegociar diferentes tipos de deudas, como tarjetas de crédito o préstamos personales, con condiciones preferenciales.

El beneficio está dirigido a trabajadores y familias con ingresos mensuales de hasta cinco salarios mínimos, unos 8.105 reales, e incluye a quienes mantienen deudas educativas. Además, contempla la prohibición temporal de acceder a plataformas de apuestas en línea para quienes participen del programa.

Condiciones y alcances del programa

El plan permitirá renegociar deudas vinculadas a tarjetas de crédito, sobregiros, préstamos personales, créditos educativos y créditos de consumo directo. Los interesados podrán acceder a descuentos de hasta el 90% sobre el monto original, con un tope máximo de interés del 1,99%.

Los beneficiarios podrán utilizar hasta el 20% del saldo de su Fondo de Garantía (Fondo de Indemnización por Despido) para pagar sus deudas, un monto que, según el ministro del Trabajo y Empleo Luiz Marinho, podría liberar más de 4.500 millones de reales. El límite total autorizado para estos retiros es de 8.000 millones de reales. Sin embargo, el Gobierno no prevé alcanzar dicho valor máximo.

El programa incluye la renegociación de saldos pendientes del Fondo de Financiación Estudiantil, facilitando a jóvenes el acceso a condiciones más favorables para saldar sus obligaciones.

El Gobierno prevé implementarlo mediante una medida provisional, de modo que tenga validez legal inmediata mientras el Congreso discute el texto definitivo.

Restricciones para apuestas en línea

Una particularidad del "Novo Desenrola Brasil“ es la restricción que se aplica a quienes se adhieran a la renegociación: quedarán bloqueados durante un año de todas las plataformas de apuestas en línea.

De acuerdo con el ministro de Hacienda, Dario Durigan, el objetivo es “evitar nuevos ciclos de endeudamiento” entre los beneficiarios, una preocupación creciente en la economía brasileña.

El Ejecutivo fundamentó esta decisión en el aumento de gastos ligados a las apuestas digitales, un factor que contribuyó al endeudamiento de numerosos hogares.

En su discurso, Lula afirmó que la medida busca proteger a las familias para que, después de beneficiarse de la renegociación, no vuelvan a caer en insolvencia por el uso excesivo de estos servicios.

Hasta el momento, el Gobierno no especificó si la restricción entrará en vigor inmediatamente o si existirá un periodo de transición tras la puesta en marcha del programa.

Contexto político del anuncio

El anuncio ocurrió en un año clave para la política brasileña, con Lula da Silva aspirando a un nuevo mandato en los comicios del próximo 4 de octubre.

El presidente señaló avances como la reducción del desempleo y la moderación de la inflación, aunque reconoció desafíos pendientes para mejorar la calidad de vida de la población.

Durante su mensaje, también presentó propuestas complementarias, como reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y garantizar la preservación del salario, dirigidas a mejorar las condiciones de los trabajadores.

En el plano electoral, el anuncio coincide con encuestas que señalan un empate técnico entre Lula y Flávio Bolsonaro, hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro, en las intenciones de voto.

La activación oficial del programa se realizará el próximo lunes, cuando las condiciones especiales de renegociación estarán disponibles para los hogares alcanzados por el endeudamiento.

El fallecimiento de una persona en México no elimina de manera automática sus deudas con bancos o instituciones financieras. Los beneficiarios y familiares pueden enfrentar el pago de ciertos créditos, pero la decisión final depende del tipo de servicio contratado y de las reglas legales específicas que aplican a cada caso, según información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reseñada por Colprensa.

Herederos no están obligados a liquidar todas las deudas del fallecido

La ley mexicana no fuerza a los herederos a pagar las deudas de quien fallece, salvo en situaciones particulares como ser el cónyuge o albacea designado. De acuerdo con la Condusef, la mayoría de los beneficiarios no asume la responsabilidad legal, salvo que exista una obligación directa o sean solidarios en el contrato. Cuando hay deudas pendientes, las instituciones pueden utilizar el patrimonio del difunto –conocido como masa hereditaria– para saldarlas antes de entregar el resto de los bienes a los herederos.

Las deudas con tarjetas de crédito e hipotecas suelen estar cubiertas por seguros de vida. Estos seguros pagan el saldo insoluto al momento del fallecimiento, pero solo aplican si los pagos estaban al corriente y no hay atrasos mayores a tres meses. Si se hicieron cargos a la tarjeta tras la muerte del titular o hay retrasos significativos, el seguro puede no cubrir el adeudo. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detalla que los titulares de tarjetas adicionales no están obligados a responder por el saldo pendiente tras el deceso original.

Créditos hipotecarios, automotrices y la importancia del seguro de vida

En créditos como el hipotecario, el seguro de vida suele liberar a los beneficiarios de seguir pagando el préstamo, siempre y cuando el difunto cumplía con los pagos al día. Antes de aplicar ese beneficio, los herederos deben ponerse al corriente si hay mensualidades pendientes. Estos seguros cubren decesos por enfermedad o accidente posteriores a la contratación, aunque tienen restricciones específicas para casos de suicidio.

En créditos conyugales, como los ofrecidos por Infonavit o Fovissste, el seguro liquida solo la parte proporcional correspondiente al titular fallecido. Por ejemplo, si ambos participaban al 50 %, la deuda por el 50 % restante seguirá vigente y el cónyuge sobreviviente debe cubrirla conforme a lo pactado.

Los créditos automotrices también integran seguros de vida que saldan la deuda en caso de muerte, siempre y cuando la póliza esté activa y los pagos al corriente. Es indispensable notificar lo más pronto posible a la institución financiera y a la aseguradora para iniciar el proceso de cancelación de adeudos. Durante el trámite, las mensualidades deben seguirse pagando hasta que la aseguradora liquide el saldo pendiente.

La masa hereditaria como base para pagar pasivos pendientes

Jesús David Chávez Ugalde, director de Análisis y Estadísticas de Servicios y Productos Financieros, explicó a un medio especializado que cuando no hay un seguro de vida o protección similar, el pago de la deuda se cubre con los bienes del difunto. Las deudas forman parte de la masa hereditaria y deben descontarse del patrimonio antes de repartir entre los beneficiarios.

La masa hereditaria es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que conformaban el patrimonio del fallecido. Si los activos son insuficientes, los acreedores solo pueden cobrar hasta el monto disponible, sin exigir el saldo pendiente a los herederos.

Procedimientos para tramitar la liquidación de deudas tras la muerte

Para activar los seguros y liberar a los beneficiarios de la deuda, el paso inicial es notificar a la institución financiera y a la compañía de seguros sobre el fallecimiento. Los familiares deben presentar los documentos requeridos y mantenerse atentos a los términos de la póliza. No informar oportunamente puede retrasar el cierre de la cuenta o provocar cobros indebidos.

Revisar si el difunto tenía un seguro de vida asociado al crédito es clave para evitar que la carga económica recaiga sobre los herederos. De acuerdo con la Condusef y la Profeco, buscar asesoría legal es recomendable ante cualquier duda sobre la validez del seguro o la distribución de responsabilidades.

Restricciones y escenarios concretos según el tipo de crédito

El seguro de vida de tarjetas de crédito solo cubre el saldo hasta el día del fallecimiento y no incluye compras posteriores hechas con tarjetas adicionales. En hipotecas, las pólizas excluyen algunas causas particulares, como el suicidio. Los familiares que sean beneficiarios en créditos conyugales deben cubrir su parte restante si uno de los titulares fallece.

Contratar un seguro de vida asociado a los créditos es una medida preventiva que facilita la protección del patrimonio familiar y evita conflictos legales tras el deceso de un titular. La Condusef recomienda actuar con prontitud y solicitar apoyo en caso de controversia.

El episodio, registrado en video y divulgado por medios estadounidenses, involucró a la empresa Express Rental Dumpster y a los ocupantes de una residencia que habían contratado el servicio durante una mudanza.

Según relató Martin Perez, propietario de la compañía, a Fox News, la tarjeta de crédito facilitada por los clientes fue rechazada varias veces, pese a que los ocupantes prometieron en distintas ocasiones regularizar la situación.

“Siempre dicen ‘voy a pagar más tarde, voy a pagar más tarde’, pero nunca cumplen. O dicen ‘voy a cargar la tarjeta’ para que puedas cobrar, y no sucede. El lunes intentamos de nuevo. Llamamos y nos respondieron: ‘Se me olvidó’”, explicó Perez a la cadena local KTVU.

La situación financiera de Express Rental Dumpster se agravó por la negativa del pago. De acuerdo con lo informado por Fox News, trasladar los residuos a un vertedero autorizado hubiera implicado un desembolso adicional de aproximadamente USD 1.000 debido a la inclusión de electrodomésticos y materiales sujetos a tarifas especiales.

Esta circunstancia influyó directamente en la decisión de la empresa de devolver los residuos al domicilio, según subrayó Perez en declaraciones publicadas por KTVU.

El video viral, el rol policial y el desenlace administrativo

Las imágenes captadas por una cámara Ring instalada en el acceso a la vivienda muestran cómo el conductor del camión de Express Rental Dumpster dialoga fuera de plano con una persona antes de abrir la compuerta posterior y permitir que parte de la basura caiga sobre el jardín.

Luego, el operario maniobra el vehículo marcha atrás y descarga la totalidad del contenido en el área verde, a la vista de los vecinos. Durante la maniobra, un hombre sale de la residencia y lanza insultos en español hacia el conductor, según informó Fox News.

El incidente generó la intervención de la policía de San Pablo, que acudió al lugar y observó la descarga de residuos. De acuerdo con SFist, los agentes determinaron que la acción no configuraba un delito penal y derivaron el caso al área de control de códigos municipales (city code enforcement).

Los funcionarios exigieron al conductor que retirara los restos de la acera y los depositara íntegramente dentro de los límites de la propiedad privada. Según reportó KTVU, la controversia respecto al pago de la deuda persistía, con la versión de la propietaria que aseguraba haber abonado los USD 700, mientras que la empresa sostenía lo contrario.

Impacto en la comunidad y situación actual

La acumulación de basura en el césped provocó incomodidad entre los residentes del barrio. Vecinos y recicladores revisaron los residuos en busca de objetos de valor antes de que un habitante optara por cubrir la pila para evitar que se dispersara, según relató Fox News.

SFist indicó que la comunidad expresó su preocupación por la permanencia de los desechos durante más de una semana, hecho que generó malestar y debate local.

Actualmente, la oficina de control de códigos municipales de San Pablo analiza el expediente para determinar los pasos administrativos e imponer, si corresponde, sanciones relacionadas con la limpieza del terreno.

SFist precisó que la responsabilidad final de saneamiento recae sobre el dueño actual del inmueble, dado que los ocupantes previos ya se habían mudado antes del episodio.

La investigación penal se descartó y la controversia permanece en el ámbito administrativo, sin resolución pública sobre el pago reclamado por Express Rental Dumpster.

El Gobierno alcanzó un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, tras la aprobación del Directorio, habilitará el desembolso pendiente de 1.000 millones de dólares. Un punto relevante del entendimiento es la reducción de la meta fiscal para este año, que pasó del 2,2% al 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB). Este ajuste representa un alivio por parte del organismo internacional en un contexto de caída en la recaudación y de demandas de distintos sectores por deudas con el Ministerio de Economía.

El staff del FMI resaltó que el saldo de caja cero seguirá siendo el eje central del programa, en consonancia con el superávit primario del 1,4% del PIB para 2026. El organismo internacional comunicó que esta política se apoya en un control del gasto riguroso y continuo, al tiempo que deja espacio para la ayuda social focalizada. Además, la expectativa oficial es que las reformas en los marcos tributario, previsional y fiscal refuercen este anclaje. Con la publicación de este documento, la entidad presidida por Kristalina Georgieva reveló que en las negociaciones con Economía se consensuó bajar la meta fiscal en 0,8 puntos porcentuales (p.p.) en comparación con la primera revisión.

“Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, tras la difusión del acuerdo.

En febrero, el Sector Público Nacional (SPN) alcanzó un resultado financiero de $144.421 millones, con un resultado primario de $1.410.640 millones y pagos de intereses de deuda pública por 1.266.218 millones de pesos. Así, en los primeros dos meses del año, el SPN acumuló un superávit financiero cercano a 0,1% del PIB y un superávit primario aproximado de 0,4% del PIB.

Pero el dato está en que el resultado fiscal superavitario en los primeros dos meses se logró a pesar de la caída de la recaudación. En el acumulado de enero-marzo, los ingresos tributarios tuvieron una baja de 7,5%, lo que sumó presión sobre las cuentas públicas y condicionó la capacidad del Estado para sostener el sendero de superávit. En las últimas semanas surgieron cuestionamientos a la manera en que Economía logra el resultado positivo en las cuentas públicas: se conocieron reclamos de diferentes sectores por deudas pendientes, como por ejemplo las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) o los prestadores de PAMI.

La directora de la consultora C&T Asesores Económicos, María Castiglioni, analizó el cambio en la meta fiscal y señaló que el 2,2% acordado en la primera revisión del programa siempre le resultó llamativo. “El Presupuesto es acorde con la nueva meta de 1,4% de superávit primario; es lógico, tiene sentido en un contexto en donde estás bajando impuestos. Incrementar el superávit primario a 2,2% era excesivo y muy complicado de sostener”, destacó en diálogo con Infobae.

No obstante, hay quienes consideran que, aun con el recorte, la meta sigue siendo ambiciosa. “1,4% hoy luce desafiante también; el año pasado lo lograste creciendo al 4,4%, este año el mismo FMI bajó el crecimiento a 3,5 por ciento. Tienes que bajar fuertes subsidios. ¿Cómo haces con la inflación arriba del 2,5% y el mercado interno por el piso?”, planteó un analista en off the record. Es que luego de que la inflación se ubicara en 3,4% en marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que a partir de abril se vienen “los mejores 18 meses de las últimas dos décadas”, con una desaceleración de la inflación y un repunte de la actividad económica.

Para Claudio Caprarulo, director de Analytica, los cambios en las proyecciones que se desprenden del comunicado “ponen metas más factibles de cumplir este año”. “De todas formas, la dinámica del primer trimestre da cuenta que también en el plano fiscal repetir el superávit primario del año pasado será un desafío. Entre otras cosas, por la necesidad de reducir subsidios en un contexto de aceleración de la inflación y caída del salario real”, sumó el economista.

Este jueves, el Ministerio de Economía debería publicar cuál fue el resultado del Sector Público Nacional (SPN) en marzo. Si bien no debería haber mayores problemas en lograr un saldo positivo, los inconvenientes podrían llegar a surgir en los próximos meses, tanto por los pagos de deuda que se realizaron a las empresas de colectivos ($50.000 millones) como también a los prestadores del PAMI ($150.000 millones).

Desembolso pendiente

Según pudo saber Infobae con fuentes del Ministerio de Economía, el desembolso de USD 1.000 millones calculan que impactaría en las reservas del Banco Central de la República de Argentina (BCRA) en mayo. Aunque los tiempos ya no dependen del Gobierno, sino de la burocracia del organismo internacional.

“Es importante destacar que las mejoras en el marco monetario y cambiario están generando un aumento en las reservas, con compras de divisas del banco central que superan los USD 5.500 millones en lo que va del año", destacaron en el comunicado el staff del FMI. Es que a menos de cuatro meses del inicio de la “Fase 4″ del programa, la entidad que conduce Santiago Bausili logró cumplir el 58% de la meta de este año (USD 10.000 millones).

En tal sentido, el acuerdo con el Fondo determina que “las reservas internacionales netas aumentarán en al menos 8.000 millones de dólares en 2026”, impulsadas por “la movilización de financiamiento en moneda extranjera y compras sostenidas de divisas por el banco central, por un mínimo de 10.000 millones este año”.

Pese a que el BCRA retomó las compras de divisas este año, volvió a enfrentar dificultades para acumular reservas por los vencimientos de deuda del Tesoro. Tras la adquisición de USD 128 millones el miércoles, las reservas internacionales brutas se ubicaron en 45.627 millones de dólares. El desafío principal será que el área de Economía logre obtener fuentes de financiamiento que permitan al BCRA retener las divisas adquiridas.

“Se está implementando una estrategia integral para refinanciar las obligaciones en divisas mediante la emisión continua de deuda pública denominada en dólares, la venta de activos estatales, operaciones de recompra con bancos centrales y préstamos externos, potencialmente respaldados por instituciones financieras internacionales”, destacaron en el comunicado del staff.

Esta afirmación coincide con lo expresado por el ministro Caputo, quien sostuvo que ya cuenta con un mecanismo definido para afrontar el vencimiento de USD 4.300 millones en julio, al que se sumarán los dólares obtenidos mediante la colocación de los bonos Bonar 2027 y 2028, así como los recursos provenientes de privatizaciones y concesiones de empresas públicas.

Hay luces amarillas que se encendieron en varios tableros de los bancos… y también de la Casa Rosada. En medio de un contexto donde comienza a agudizarse la evolución de algunas variables macro -como la tensión inflacionaria y las dudas sobre el empleo-, la mora bancaria preocupa por lo que representa para el sector, pero mucho más por lo que dice de la situación de los afectados.

Días atrás, el presidente de Adeba, la asociación de los bancos argentinos, posteó en X un gráfico en el que se veía cómo, a finales del año pasado, el crédito había llegado al 12% del PBI. Mucho mejor que el piso de fines de 2023 (4%), más cerca del último techo de 14% en 2019, pero aún muy lejos de los ratios promedio de los países de la región y ni hablar del mundo desarrollado.

“Gran recuperación del crédito bancario los últimos dos años. Falta mucho, pero la dirección es la correcta”, escribió Javier Bolzico, integrante también del Grupo de los 6, el núcleo de asociaciones que representan a los principales sectores de la economía, desde algunos muy cercanos al Gobierno como comercio (CAC), parte del campo (SRA) y la bolsa (BCBA), hasta sectores muy golpeados, como la industria (UIA) y la construcción (Camarco). Los bancos están en el medio, podría decirse haciendo una simplificación rápida: tensión permanente e idas y vueltas con el Gobierno.

Lo cierto es que en paralelo a esa suba del crédito, a la que le falta mucho aún -como dijo el dirigente empresarial- se registra una escalada en la morosidad de créditos otorgados tanto a familias como a empresas. Según datos oficiales y estimaciones privadas, la proporción de créditos en situación irregular alcanzó niveles que no se registraban desde la crisis de 2001.

El ministro Luis Caputo, en tanto, denuncia campañas mediáticas y jura que la cosa no está mal. Todo lo contrario. “Estamos en récord histórico de nivel de actividad, de exportaciones y de consumo”, dijo días atrás en Carajo, streaming al que no iba hace varios meses y al que parece acudir cuando cree que “aparece alguna tensión o hay cosas importantes que explicar”, como definió un funcionario de Economía muy cercano a “Toto”.

“Esto me hace acordar bastante a septiembre del año pasado, cuando combinaban lo político con el tema de que la economía no llegaba al 15 del mes. Después de eso llegaron las elecciones y ganó el Presidente 41% a 24%. La interpretación en ese momento fue que era el temor de la vuelta a los kukas. Ahora, miremos los datos de julio a septiembre de ese año. Decían que la economía creció al 1,5% en ese trimestre. Entonces, el resultado de la elección empieza a tener otro fundamento”, agregó el titular del Palacio de Hacienda. El Gordo Dan y el Gordo Pablo, anfitriones de Carajo, asintieron con sus cabezas.

Como sea, la morosidad de los préstamos bancarios a familias pasó de un 2,5% a fines de 2024 a un 9,3% en diciembre de 2025, según el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Mientras, la irregularidad en créditos no bancarios, como fintechs y billeteras virtuales, trepó cerca del 25 por ciento. Si se consideran ambos canales, la proporción de familias con atrasos supera el 13%, un récord en más de una década.

El fenómeno no se limita a los hogares. El incumplimiento en créditos comerciales llegó al 2,7% en enero de 2026, triplicando el nivel de un año antes. Un informe del departamento de Estudios Económicos del Banco Provincia advirtió que 1 de cada 8 empresas con préstamos bancarios presenta atrasos, con una incidencia mayor entre pequeñas y medianas empresas, donde la tasa de mora ronda el 4%. Entre las grandes compañías, el indicador se mantiene en torno al 0,9 por ciento.

Qué dicen los bancos

Desde Adeba reconocen que la irregularidad de cartera es relativamente alta, pero enfatizan que los bancos cuentan con previsiones, reservas y capital necesario para atender este tipo de situaciones.

Los bancos nacionales tienen una explicación para parte de la irregularidad que se registra en la cartera de préstamos personales: las personas cambian de banco su cuenta sueldo para dejar de pagar más que por pérdida efectiva de empleo. O sea, la pérdida de empleo no es la causa principal de la irregularidad de cartera. De los créditos de cuenta sueldo con morosidad, aproximadamente el 50% se debe a que la persona se cambia de banco y deja de pagar.

“Esta es una anormalidad, un comportamiento oportunista de una minoría que perjudica a los que pagan, porque hacen más caro el crédito. Se está trabajando con los bancos asociados para tratar de subsanar esta situación”, afirmaron en Adeba y agregaron que la nueva ley laboral incorporó una herramienta para ayudar a desarrollar el crédito: el descuento por planilla. Algo positivo para los nuevos créditos, no para el stock.

“El crédito bancario será uno de los pilares de la reactivación económica de los próximos años. Con las condiciones adecuadas el crédito bancario crecerá y será un aliado clave del sector privado”, destacaron los banqueros. Desde una de las principales entidades privadas del país señalaron que el tema está instalado y que dejó de ser un tema marginal, como en la última década, incluso a nivel de inversores y analistas globales, que miran mucho más atentos los números de rentabilidad y tratan de anticipar si el tema dejará “heridos”.

“Ochenta por ciento de la conversación con varios fondos en las últimas semanas fue eso: los por qué del salto de la mora y, sobre todo, cuándo va a parar de crecer. El pico y la baja de esa curva es lo que preocupa. Cuándo afloja es la pregunta recurrente”, destacó un alto ejecutivo de ese banco.

“En algún momento iba a volver la mora porque siempre la hubo en el país. Con la inflación, la cuota del préstamo se licuaba y eso ahora no pasa; y si los salarios crecen menos que la inflación, peor”, resumió. En el sector reconocen que los números se dispararon, ya superan a los promedios de la región y que cierta estabilización que se esperaba para el primer trimestre del año se corrió al siguiente, en principio, porque el crédito crece, pero menos de lo esperado.

El mismo ejecutivo reconoció que la presión obliga a moderar proyecciones. “El 2026 va a ser todavía de transición. Año de rentabilidades en un dígito alto, pero no de dos, por los niveles de mora y la demanda de crédito en cero en términos reales. No va a haber crecimiento económico si no hay más crédito, no va a haber crédito si no baja los costos, no baja la tasa de interés si el Gobierno no libera más pesos o habilita el mercado de crédito en dólares”, destacaron desde otro banco local y dejaron planteado otro de los clásicos de debate de estas últimas semanas. Si bien hay algunas opciones, la alternativa aún está en el freezer, con entidades que dudan y un Gobierno que está envalentonado con la cuestión pero teme abrir una puerta con reminiscencias a 2001.

Tasas altas y salarios golpeados: los motores de la crisis

Los especialistas coinciden en que la aceleración de la mora responde principalmente a tasas de interés reales elevadas y al estancamiento de los salarios. La política monetaria restrictiva y la baja de la inflación interrumpieron el mecanismo de “licuación” de las cuotas, lo que elevó el peso de las deudas sobre los ingresos disponibles.

El impacto sobre la rentabilidad llevó a los bancos a depurar carteras y endurecer la gestión del riesgo crediticio. Bastien Consultores detalló que en enero de 2026 la mora en créditos a familias ascendió a 10,3%, aunque los indicadores adelantados sugieren que la irregularidad podría estar tocando un techo. Esta mejora se explica más por la selectividad de los bancos en la concesión de préstamos que por una recuperación genuina de la capacidad de pago de los hogares.

“Cuando la mora sube, los bancos dejan de prestar. El denominador deja de crecer y el numerador crece, con lo cual se acelera el problema. Hay una parte de resaca donde la mora va a seguir subiendo y no se va a poder ocultarlo más”, detalló otro banquero, algo más escéptico, quien también pidió off the record.

El BCRA implementó medidas como el débito automático de cuotas de préstamos para mejorar la recuperación y contener el deterioro. La restricción de la oferta se reflejó en el estancamiento de los créditos al consumo a comienzos de 2026, tras un período de fuerte expansión en 2024 y parte de 2025.

Ahora, además, un intento oficial por relajar las condiciones monetarias y bajas las tasas de corto plazo intenta -entre otros objetivos, como el de impulsar la economía- generar las condiciones para un saneamiento gradual de la mora. La mora, dicen los banqueros, se soluciona con más créditos y tasas más bajas. Y una política monetaria más laxa puede facilitar que los bancos, y fintech, salgan a limpiar sus balances otorgando créditos más blandos y a plazos más largos que permitan a los morosos salir del pozo.

Crédito alternativo, foco de mayor tensión

Cómo se dijo, el deterioro es aún más marcado fuera de la banca tradicional. Según EcoGo y la consultora 1816, la mora en fintechs, billeteras virtuales y entidades no bancarias ronda el 25%, más del doble que la de los bancos. La regularidad de estas carteras cayó de 92,1% a 76,1% entre diciembre de 2024 y enero de 2026, y la proporción de créditos irrecuperables subió de 2,7% a 8%. Tarjeta Naranja y Mercado Libre concentran casi el 60% de los préstamos a familias otorgados por proveedores no financieros. El volumen total de créditos bancarios a familias es de $63 billones, frente a menos de $13 billones en el canal no bancario, aunque la morosidad es mucho más alta en este último segmento.

En la eterna “guerra” bancos-fintech, las entidades tradicionales enfatizan que uno de los problemas es que las billeteras cobran un costo financiero (CFT) de entre 200 y 500% y esto hace “estragos en las familias”.

Empresas: la brecha entre grandes y pymes se profundiza

El avance de la mora comercial afecta principalmente a las pymes. De acuerdo con el Banco Provincia, el 42% del volumen total de crédito está en manos de solo el 0,3% de las grandes sociedades, con tasas de mora por debajo del 1%. En cambio, las pequeñas y medianas empresas muestran una tasa próxima al 4%. El informe también detalló que, en el segmento de créditos de hasta $45 millones, la irregularidad alcanzó el 10% en tres de cada cuatro préstamos pequeños.

En ese contexto, días atrás la calificadora internacional Moody’s estimó que la morosidad continuará en aumento durante el primer semestre de 2026, para comenzar a estabilizarse gradualmente en la segunda mitad del año. Según Moody’s la presión sobre la rentabilidad se refleja en un aumento de los cargos por incobrabilidad, que al cierre de 2025 representaron el 3,4% del activo neto del sistema financiero.

La empresa estadounidense también advirtió sobre los riesgos de una eventual flexibilización del crédito en dólares a sectores no generadores de divisas y señaló que el sistema mantiene niveles de capital suficientes para absorber escenarios adversos moderados. A diciembre de 2025, las previsiones cubrían el 93,7% de la cartera irregular, con un nivel de cobertura elevado respecto a otros países de la región.

El BCRA y el Tesoro buscan un equilibrio entre el objetivo de reducir la inflación y evitar un mayor deterioro de la calidad de la cartera crediticia. Quantum informó que la base monetaria aumentó 1,3% nominal entre diciembre y marzo, frente a una inflación del 9%. Ante la incertidumbre, los bancos prefieren prestar al sector público y endurecen las condiciones para el crédito privado. “No va a haber crecimiento económico si no hay crédito, no va a haber crédito si no baja el costo de crédito, no baja la tasa de interés si el Gobierno no hace una de dos: o libera más pesos, o habilita el mercado de crédito en dólares”, planteó el banquero en off the record.

El sistema financiero enfrenta una etapa de luces amarillas, con indicadores de mora familiar y empresarial en máximos de 15 años y un entorno donde la recuperación depende de la mejora de los ingresos y el repunte de la actividad.

En México existen muchos mitos acerca de lo que sucede con la deuda de créditos bancarios y los trámites del SAT después de que una persona fallece. Una situación que le genera miedo a la mayoría de las familias mexicanas.

Cuando un ciudadano muere, sus adeudos no desaparecen automáticamente. De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), estas obligaciones pasan a formar parte de su herencia o sucesión. Esto significa que deben ser cubiertas con los recursos económicos o bienes que haya dejado el fallecido, integrándose como parte del pasivo sucesorio. En otras palabras, las deudas se pagan utilizando los activos que conforman el patrimonio.

En este sentido, la Secretaría de Gobernación de México señala que el total de los propiedades que integran el legado responderá por el pago de los compromisos financieros hasta donde alcance su valor.

Si el monto de las obligaciones supera el valor de los bienes, los herederos no tienen la responsabilidad de cubrir la diferencia con su propio patrimonio. Incluso, cuentan con la posibilidad de rechazar la herencia si consideran que las deudas son mayores a los beneficios que podrían obtener.

Además, cuando existe un seguro asociado algún cargo, este puede cubrir el saldo pendiente en caso de fallecimiento del titular. Estos seguros, comunes en créditos hipotecarios o tarjetas de crédito, están diseñados para liquidar el compromiso financiero en caso de que el titular ya no pueda hacerlo.

¿Qué pasa con el SAT?

En este caso, es necesario que un familiar, representante legal o albacea informe al SAT mediante el aviso de cancelación en el RFC por defunción, preferentemente dentro del mes siguiente al fallecimiento para evitar sanciones que van de 5,400 a 10,780 pesos.

Aunque la autoridad suspende las actividades del contribuyente, los adeudos continúan vigentes y deben pagarse con los bienes que integran la herencia.

¿En qué situaciones un familiar debe pagar la deuda del fallecido?

A pesar de lo explicado anteriormente, dentro del marco general existen situaciones específicas en las que una persona puede asumir directamente la responsabilidad de pagar una deuda. Entre los principales casos se encuentran:

• Haber firmado como corresponsable, como sucede en los préstamos conjuntos, donde se adquiere la misma obligación legal que el titular original.
• Ser cónyuge del fallecido bajo el régimen de sociedad conyugal.
• Haber garantizado la deuda del cónyuge como aval o fiador, lo que implica hacerse cargo del pago si el titular no puede cumplir, incluso después de su fallecimiento.

Fuera de estas circunstancias, los familiares no están obligados a utilizar su propio patrimonio para cubrir deudas ajenas, por lo que cualquier intento de cobro sobre bienes personales distintos a la herencia carece de fundamento.

La senadora electa y actual representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, denunció que los trabajadores de la entidad promotora de salud Asmet Salud llevan más de dos meses sin salario, situación que persiste pese a que la empresa se encuentra bajo intervención estatal desde 2023.

De acuerdo con Pedraza, la falta de pago genera problemas graves en la alimentación de los empleados y afectaciones directas en su atención médica, puesto que la empresa tampoco ha consignado los aportes de seguridad social, anulando su afiliación activa al sistema de salud.

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Sindisalud-Asmet, sindicato de la EPS, elevó la preocupación. Según comunicado, la organización mantiene una deuda con sus empleados que abarca no solo los dos meses impagos de salario, sino seis meses de bonos de alimentación previamente acordados, dos meses de vacaciones y pagos pendientes de liquidaciones para quienes renunciaron a lo largo del periodo.

La asociación puntualizó que “se han recibido múltiples denuncias relacionadas con la mora en el pago de la seguridad social, generando consecuencias profundamente preocupantes, como la cancelación de citas médicas, incluso en casos de especial protección”.

Tras la denuncia, la aseguradora, por medio de un comunicado dirigido a la opinión pública, afirmó que cuenta con restricciones financieras que dificulta su operación. Sin embargo, los esfuerzos se concentran en adelantar gestiones legales para revertir la situación.

“Asmst alud EPS SAS. actualmente bajo medida de intervención administrativa, enfrenta restricciones fnancieras debido a medidas cautelares de embargo en procesos judiciales. Estas acciones han inmovilizado recursos destinados al gasto administrativo; por ello, estamos intensificando las gestiones legales para lograr su levantamiento y así, garantizar la continuidad operativa y recuperación de los recursos”, señala el documento.

Al respecto, la doctora Jessica Miena Aguime Santana, interventora sustituta temporal de la EPS, señaló que cuentan con una hoja de ruta clara para mantener el servicio y realizar los pagos correspondientes lo más pronto posible.

Frente a esta situación, “hemos activado un plan de acción riguroso poniendo en conocimiento a las autoridades de control y entes competentes para proteger los recursos públicos y asegurar su correcta destinación, no obstante, la complejidad de los casos no ha permitido avanzar al ritmo esperado”.

Paralelamente, según dijo, “estamos realizando un análisis financiero para definir un plan de normalización de pagos que se ejecutará en cuanto se liberen los recursos”.

Aguime Santana agregó: “Asmet Salud EPS SAS. en Intervención. reitera su compromiso y gestión basada en a transparencia, la defensa de los recursos de la salud y el respeto integral los derechos de sus trabajadores y usuarios”.

La intervención estatal y su crisis interna

La Superintendencia Nacional de Salud mantiene la intervención sobre Asmet Salud desde 2023. Sin embargo, la situación organizativa al interior de la EPS se agravó recientemente con la suspensión del agente especial interventor, Lain Eduardo López Martínez, que fue apartado de su cargo por decisión de la Procuraduría General de la Nación. E organismo, además, abrió procesos disciplinarios contra cinco exagentes interventores: Luis Carlos Gómez Núñez, Rafael Joaquín Manjarrés González, Javier Ignacio Cormane Fandiño, Gloria Libia Polanía Aguillón y Raúl Andrés Munévar.

El 31 de marzo de 2026, Asmet Salud notificó que la Superintendencia Nacional de Salud designó de manera temporal a una interventora sustituta, Jessica Milena Aguirre Santana. De acuerdo con el comunicado oficial de la EPS, Aguirre Santana enfocará su gestión en el fortalecimiento de la red de servicios.

“Asmet Salud EPS reitera su compromiso con la continuidad del servicio y la sostenibilidad del sistema de salud en las regiones donde hace presencia”, aseguró.

La conjunción de salarios impagos, aportes de seguridad social omitidos y falta de liquidez instaló un cuadro crítico que amenaza tanto la estabilidad laboral de cientos de trabajadores como la continuidad.

La representante a la Cámara y senadora electa Jennifer Pedraza denunció la presunta falta de pago de salarios a los trabajadores de la EPS Asmet Salud, que está intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud desde 2023. De acuerdo con la legisladora, los empleados llevan más de dos meses sin recibir el pago por su trabajo.

Según indicó, las personas se están viendo afectadas en su alimentación e incluso en su atención en salud, teniendo en cuenta que la EPS no ha efectuado el pago de su seguridad social, por lo que no están siendo atendidas en las entidades promotoras de salud a las que están afiliadas.

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En consecuencia, solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud tomar acciones para garantizar a los trabajadores el pago de los salarios atrasados.

“No tienen con que comer! Muchos ni siquiera tienen afiliación ACTIVA a su EPS porque no les han pagado su seguridad social, se quedan sin atención y sin medicamentos. Por favor @Supersalud, en esta EPS INTERVENIDA por el GOBIERNO los trabajadores no tienen garantías. Dejen de quedarse de brazos cruzados”, señaló la congresista de Dignidad y Compromiso.

El sindicato de la salud de Asmet Salud EPS (Sindisalud-Asmet) emitió un comunicado en el que expuso la situación que están afrontando los trabajadores. De acuerdo con su denuncia, a los empleados se les adeudan dos meses de salario, así como seis meses de bonos de alimentación que fueron acordados con algunos trabajadores. Además, la EPS también debe dos meses de vacaciones y las liquidaciones de las personas que han renunciado.

Por eso, los trabajadores ahora afrontan una situación “crítica”, puesto que, debido a la falta de ingresos, están teniendo dificultades para garantizar su subsistencia y la de sus familias. “Se han recibido múltiples denuncias relacionadas con la mora en el pago de la seguridad social, generando consecuencias profundamente preocupantes, como la cancelación de citas médicas, incluso en casos de especial protección”, detalló el sindicato.

Advirtió que estos casos constituyen una grave vulneración de sus derechos y afectan la dignidad y estabilidad de los empleados, porque no se les garantiza lo básico para vivir. Mientras esperan los respectivos pagos, se han llevado a cabo las gestiones necesarias para obtener soluciones, pero nada ha funcionado hasta el momento.

En consecuencia, el sindicato convocó a la asamblea de delegados a una reunión que se realizará el 1 de abril de 2026 a las 10:00 a. m., con el objetivo de poner fin a la situación. No descartan un eventual paro de actividades si no se tienen las soluciones requeridas.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que intervengan de manera inmediata y adopten medidas eficaces que garanticen el pago de salarios, el cumplimiento de las obligaciones en seguridad social y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores”, expresó.

De igual manera, pidió a la ciudadanía comprensión y solidaridad ante la crisis que están afrontando y recordó que sus exigencias son legítimas y están orientadas a garantizar condiciones dignas de trabajo para las personas que sostienen el servicio de salud.

Interventores investigados y una nueva designación

Pese a estar intervenida, la prestación de servicios de Asmet Salud se ha deteriorado, por lo que la Procuraduría General de la Nación decidió suspender al último agente especial interventor de la EPS, Lain Eduardo López Martínez, e iniciar investigaciones disciplinarias a otros cinco exagentes interventores: Luis Carlos Gómez Núñez, Rafael Joaquín Manjarrés González, Javier Ignacio Cormane Fandiño, Gloria Libia Polanía Aguillón y Raúl Andrés Munévar.

El 31 de marzo de 2026, la entidad promotora de salud emitió un comunicado en el que informó sobre la designación de una interventora sustituta temporal por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Se trata de Jessica Milena Aguirre Santana, que continuará la gestión de la entidad y, según indicó, se enfocará en fortalecer la red de servicios.

“Asmet Salud EPS reitera su compromiso con la continuidad del servicio y la sostenibilidad del sistema de salud en las regiones donde hace presencia”, expuso.