En Colombia, los ciudadanos pueden consultar si tienen deudas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a través de su plataforma digital, utilizando usuario y contraseña previamente registrados, según información obtenida por Caracol Radio.

La entidad permite revisar el estado de cuenta en línea, donde se detallan las obligaciones pendientes, así como los pagos realizados o saldos a favor del contribuyente, citado por Caracol Radio.

Además, la normativa establece que las deudas tributarias pueden prescribir bajo ciertas condiciones y dentro de plazos definidos por la ley, según información obtenida por ese medio de comunicación.

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Cómo consultar si tiene deudas con la DIAN

Para verificar si tiene obligaciones pendientes con la DIAN, es necesario ingresar al portal oficial de la entidad.

El usuario debe acceder con su cuenta registrada y dirigirse al menú principal.

Allí encontrará la opción denominada “Obligación Financiera del Contribuyente” o “Consulta obligación”.

En este espacio se presenta el detalle completo de las deudas, incluyendo aquellas que están pendientes, al día o con excedentes.

Este proceso permite conocer el estado tributario actualizado del contribuyente.

Qué dice la ley sobre la prescripción

La DIAN explicó que las obligaciones fiscales tienen como finalidad principal ser pagadas.

Sin embargo, existen mecanismos legales mediante los cuales pueden extinguirse.

Uno de ellos es la prescripción de la acción de cobro, contemplada en la normativa vigente.

Según lo indicado, este proceso tiene sustento en el Código Civil y en el Estatuto Tributario.

Plazo para que prescriban las deudas

De acuerdo con la regulación, la prescripción de las deudas tributarias opera en un plazo de cinco años.

Este término se cuenta a partir de diferentes momentos, dependiendo del caso.

Entre ellos se encuentran la fecha de vencimiento para declarar, la presentación extemporánea, las correcciones o la ejecutoria de actos administrativos.

Estos criterios determinan el inicio del conteo del tiempo para la prescripción.

Cómo se aplica la prescripción

La prescripción puede ser declarada por la DIAN o solicitada por el contribuyente.

Esta decisión corresponde a la entidad o a los funcionarios autorizados para ello.

El proceso permite extinguir la obligación cuando se cumplen los requisitos establecidos por la ley.

Casos en los que se interrumpe el plazo

El Estatuto Tributario también establece situaciones en las que el término de prescripción puede interrumpirse.

Entre ellas se encuentra la notificación de un mandamiento de pago.

También aplica cuando se otorgan facilidades de pago o se inicia un proceso administrativo como el concordato.

Asimismo, puede interrumpirse en casos de liquidación forzosa administrativa.

Estos escenarios reinician el conteo del plazo de prescripción.

Importancia de revisar el estado tributario

Consultar el estado de las obligaciones con la DIAN permite evitar sanciones y tomar decisiones oportunas.

El acceso a la plataforma facilita el seguimiento de las deudas y su evolución.

Además, conocer los plazos legales ayuda a identificar si una obligación podría extinguirse bajo la figura de prescripción.

El control de esta información es clave para el cumplimiento de las responsabilidades tributarias en el país.

La Secretaría Distrital de Hacienda anunció que contactará a más de 190.000 contribuyentes morosos para que regularicen sus deudas tributarias en Bogotá, según información obtenida por Revista Semana. La medida busca reducir la cartera pendiente y evitar procesos de cobro más severos que puedan afectar el patrimonio de los ciudadanos.

Las obligaciones corresponden a diferentes impuestos como predial, vehículos, ICA y otros tributos distritales acumulados entre 2004 y 2025, según información obtenida por Revista Semana. Estas deudas representan una carga significativa para las finanzas del Distrito y han llevado a reforzar los mecanismos de recaudo.

Las notificaciones serán enviadas por medios físicos y electrónicos para alertar a los contribuyentes sobre su situación y las posibles consecuencias legales, incluyendo procesos de embargo y sanciones si no cumplen con sus obligaciones en los plazos establecidos.

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Notificaciones y medidas de cobro

La entidad precisó que se enviarán 183.741 comunicaciones a personas naturales y 7.132 a personas jurídicas, utilizando canales como correo físico, correo electrónico y otros medios de contacto. Estas notificaciones contarán con códigos QR que permitirán verificar su autenticidad, con el fin de evitar posibles fraudes o suplantaciones.

La cartera total por impuestos en Bogotá asciende a 219.000 millones de pesos, siendo el impuesto de vehículos el de mayor valor adeudado con 89.000 millones, seguido por el predial con 79.000 millones y el ICA con 35.000 millones. También se registran obligaciones pendientes en conceptos como ReteICA, delineación urbana, azar y espectáculos, e información exógena.

Desde la entidad distrital se hizo un llamado a los contribuyentes para evitar consecuencias legales más complejas. “Desde Hacienda Bogotá invitamos a los contribuyentes con deudas de vigencias anteriores con la ciudad a ponerse al día en sus obligaciones y evitar procesos de cobro que puedan derivar en embargos de cuentas o bienes”, afirmó Luis Fernando Granados, director de cobro de la entidad, citado por Revista Semana.

Opciones de pago y consecuencias legales

Los contribuyentes que presenten deudas podrán optar por pagar la totalidad de la obligación o solicitar facilidades de pago, lo que permite acordar cuotas y evitar sanciones adicionales. Estas alternativas buscan ofrecer mecanismos para que los ciudadanos regularicen su situación sin necesidad de enfrentar procesos judiciales.

Sin embargo, en caso de incumplimiento, la Secretaría puede iniciar procesos de cobro coactivo, lo que implica medidas más estrictas como el embargo de cuentas bancarias, salarios o bienes. Este tipo de acciones se aplican cuando no se atienden los requerimientos previos o se incumplen los acuerdos establecidos.

Además, las autoridades advirtieron que las comunicaciones oficiales nunca solicitarán pagos a cuentas personales ni a través de aplicaciones externas. Por ello, se recomienda a los contribuyentes verificar siempre la autenticidad de los mensajes y evitar caer en posibles fraudes.

El fortalecimiento de estos procesos de cobro también responde a la necesidad de garantizar el recaudo tributario en la ciudad, en un contexto en el que las finanzas públicas requieren estabilidad para sostener programas sociales, infraestructura y servicios esenciales.

En ese sentido, la administración distrital insiste en que ponerse al día con los impuestos no solo evita sanciones, sino que contribuye al funcionamiento de la ciudad y al cumplimiento de obligaciones colectivas. La recomendación principal es atender las notificaciones a tiempo y evaluar las opciones disponibles para evitar que la deuda avance a instancias legales más complejas.

Los ciudadanos en Colombia que tengan deudas tributarias o incumplan sus obligaciones fiscales podrían enfrentar el embargo de cuentas bancarias o bienes, según información publicada por Semana. Estas medidas pueden aplicarse cuando los contribuyentes no atienden los compromisos financieros ni responden a las notificaciones enviadas por las autoridades.

Cada año los colombianos deben cumplir diferentes responsabilidades tributarias como el pago de impuestos, la presentación de la declaración de renta y otras obligaciones fiscales, de acuerdo con ese medio de comunicación. Cuando estas responsabilidades no se cumplen, las entidades encargadas del control financiero pueden iniciar procesos de cobro para recuperar los recursos pendientes.

Antes de ejecutar un embargo, las autoridades realizan varias notificaciones para que el ciudadano regularice su situación o acuerde un plan de pago, citado por Semana. El objetivo de estas comunicaciones es evitar que los contribuyentes lleguen a procesos legales más complejos que puedan afectar sus cuentas bancarias o patrimonio.

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Quiénes pueden enfrentar embargos por deudas en Colombia

Las medidas de embargo pueden aplicarse a personas que tengan obligaciones pendientes relacionadas con impuestos, sanciones, multas o intereses acumulados con entidades del Estado.

Según lo explicado por las autoridades financieras, estas acciones también pueden aplicarse cuando los ciudadanos ignoran las citaciones o notificaciones enviadas por entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En esos casos, las entidades encargadas de la gestión fiscal pueden iniciar procesos de cobro coactivo para recuperar las obligaciones pendientes.

Antes de que se adopten estas medidas, las instituciones suelen enviar comunicaciones formales a los contribuyentes para informarles sobre la deuda y ofrecer alternativas de pago.

Estas notificaciones buscan que las personas regularicen su situación financiera antes de que se inicien procesos judiciales o administrativos.

A pesar de estos llamados, cada año se registran casos de ciudadanos que no responden a las citaciones ni realizan los pagos correspondientes.

Cuando ocurre esta situación, las autoridades pueden avanzar en procedimientos más estrictos para recuperar los recursos adeudados.

Medidas que puede tomar la DIAN contra los deudores

Entre las acciones que pueden aplicar las entidades encargadas del control fiscal se encuentra el embargo de cuentas bancarias o bienes del deudor.

Esta medida permite congelar recursos financieros o afectar bienes del contribuyente para garantizar el pago de la deuda.

Otra de las acciones contempladas por la normativa es la inclusión del deudor en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

Esta medida puede aplicarse cuando la obligación supera los $7.117.500, cifra equivalente a cinco salarios mínimos, y cuando la deuda tiene más de seis meses de mora.

La inclusión en este boletín puede generar restricciones adicionales para el ciudadano en procesos administrativos o financieros.

Además, en determinados casos la ley permite que los procesos avancen hacia procedimientos de carácter penal cuando se detectan conductas que lo ameriten.

Las autoridades recuerdan que todas estas actuaciones deben realizarse conforme a lo establecido por la normativa vigente y respetando los límites legales.

En estos procesos también se garantiza que los contribuyentes reciban las notificaciones correspondientes antes de que se adopten medidas como el embargo.

Las personas que tengan obligaciones pendientes pueden consultar su estado financiero a través de las plataformas digitales de la DIAN u otras entidades del Estado.

Allí es posible verificar si existen deudas registradas, sanciones o procesos administrativos en curso.

Los contribuyentes también tienen la posibilidad de acudir a las oficinas de las entidades para solicitar información o explorar alternativas de pago que les permitan resolver su situación.

Durante estos procedimientos, los ciudadanos pueden contar con el acompañamiento de abogados o contadores de su confianza para analizar las opciones disponibles.

Las autoridades financieras insisten en que cumplir con las obligaciones tributarias es fundamental para el funcionamiento del Estado.

“Cumplir con los pagos es fundamental, ya que los recursos obtenidos mediante los impuestos permiten al Estado ejecutar sus planes, financiar programas y fortalecer los mecanismos de control. Además, las declaraciones y tributos aportan información que facilita el seguimiento de las actividades económicas que se desarrollan en el país”, señalaron las autoridades financieras, citadas por ese medio de comunicación.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) llevó a cabo el primer Operativo Nacional de Cobranza de 2026 el 23 de enero, con la intervención simultánea en establecimientos de más de 1.500 contribuyentes en 21 regiones. Esta jornada estuvo enfocada en contribuyentes de distintos sectores económicos que mantenían deudas tributarias en etapa coactiva y no habían regularizado su situación pese a requerimientos previos.

Según datos de la SUNAT, más de 280 colaboradores participaron en este despliegue coordinado en todo el país. Las acciones incluyeron la ejecución de medidas cautelares como embargos de ingresos en la jornada laboral, verificaciones patrimoniales y económicas, así como la inmovilización y embargo de bienes.

SUNAT recupera más de S/25 millones en primer operativo de cobranza de 2026

Como resultado de esta intervención, la SUNAT logró la recuperación de más de S/25 millones en deudas tributarias, cifra alcanzada gracias a los pagos voluntarios efectuados por los contribuyentes tras las acciones de cobranza.

Estas operaciones forman parte de una estrategia institucional que busca reducir las brechas de incumplimiento y fortalecer la recaudación fiscal.

El procedimiento de cobranza coactiva inicia cuando el contribuyente no atiende las notificaciones previas, como órdenes de pago o resoluciones de multa, emitidas con plazos para regularizar la deuda.

Si la situación persiste, la SUNAT emite una Resolución de Ejecución Coactiva, lo que permite el embargo de bienes y la intervención directa en las cuentas o ingresos del deudor, de acuerdo con lo estipulado en la normativa vigente.

La entidad recaudadora despliega medidas de embargo

Durante el año 2025, la SUNAT organizó 11 operativos de cobranza a nivel nacional, que derivaron en más de 15.000 intervenciones y permitieron la recuperación de más de S/148 millones, sumando pagos directos y acuerdos de fraccionamiento.

Estos operativos han sido implementados como respuesta al crecimiento de la deuda tributaria y a la necesidad de garantizar los recursos para el presupuesto público nacional.

La institución detalló que el cumplimiento de las obligaciones tributarias contribuye a financiar servicios esenciales como salud, educación y seguridad ciudadana.

Además, subrayó que la regularización voluntaria evita la aplicación de sanciones y embargos, facilitando la continuidad de las actividades económicas de los contribuyentes.

¿Cuánto se recaudó en 2025?

El operativo de 2026 involucró a contribuyentes que desarrollan actividades económicas diversas, lo que refleja el alcance transversal de la estrategia de la SUNAT.

La entidad reiteró que estas campañas periódicas forman parte de un esfuerzo sostenido para incrementar la recaudación, mejorar la equidad fiscal y fortalecer la gestión pública.

La Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional de la SUNAT precisó que las acciones de cobranza continuarán durante el año, con nuevos operativos previstos en diferentes regiones. El objetivo es mantener la presión sobre los deudores y promover una cultura tributaria basada en el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales.

SUNAT: Operativos continuos para asegurar el cumplimiento de obligaciones

En este contexto, la SUNAT ha reforzado la difusión de información sobre los procedimientos de cobranza y las facilidades disponibles para los contribuyentes, como fraccionamientos y plazos extendidos para el pago de deudas.

Estas medidas buscan fomentar el pago voluntario y evitar que los casos lleguen a la etapa de ejecución coactiva, donde las consecuencias para el contribuyente pueden ser más severas.

Según la SUNAT, el primer operativo nacional de cobranza de 2026 marca el inicio de una nueva etapa en la gestión de la deuda tributaria en el Perú, con una apuesta renovada por la eficiencia administrativa y la transparencia en los procesos de recaudación.

Solo entre el viernes 20 y lunes 23 de febrero, el congresista Guido Bellido (ahora en Podemos Perú) ha presentado 50 proyectos de ley. Uno de estos hace directamente mención a uno de los candidatos a la presidencia de la República: Rafael López Aliaga.

Su propuesta, si bien no aplicará a estas elecciones 2026, sí podría cambiar las próximas, dado que busca que los candidatos con deuda ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria no puedan postular a cargos de elección popular.

El texto que sustenta su propuesta menciona directamente el caso del actual candidato Rafael López Aliaga: según información difundida por el diario La República, en la hoja de vida de Rafael López Aliaga figuran siete empresas en situación de ‘baja de oficio’ ante la Sunat, las cuales tendrían graves incumplimientos tributarios, por hasta casi S/13 millones.

Deudas tributarias limitarían candidatos

“La presente ley tiene por objeto fortalecer la idoneidad, probidad y responsabilidad fiscal de quienes postulan a cargos de elección popular, estableciendo como requisito indispensable para la inscripción de candidaturas el no mantener deudas tributarias exigibles y coactivas con el Estado, a fin de garantizar el respeto al principio de solidaridad fiscal y la correcta administración de los recursos públicos”, señala la propuesta de Bellido.

Lo que plante esta iniciativa legislativa es cambiar el texto del Constitución Política del Perú, exactamente los artículos 90°, 110° y 124°, que hablan sobre los requisitos para postular a elecciones. Por ejemplo, plantea que el texto de requisitos para postular a la presidenncia cambie así:

“El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación. Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser peruano por nacimiento, tener más de treinta y cinco (35) años de edad al momento de la postulación, gozar del derecho de sufragio, estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y no mantener deudas tributarias exigibles ni en cobranza coactiva con la Sunat u otra administración tributaria".

Asimismo, el mismo requisito se aplicaría para los que postulen a diputados, senadores, alcaldes y hasta para los ministros de Estado.

“El Jurado Nacional de Elecciones verifica el cumplimiento del requisito de no adeudo tributario exigible mediante la información proporcionada por la Sunat y las administraciones tributarias regionales y municipales, conforme a los mecanismos de interoperabilidad que se establezcan”, agrega el texto. Este, de aprobar, estaría vigente a partir del siguiente proceso electoral general, regional o municipal.

La justificación

Para Bellido, la situación de que hayan postulantes con deudas tributarias “resulta particularmente preocupante, pues quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales frente al Estado pretenden asumir funciones públicas desde las cuales se adoptan decisiones trascendentales que afectan directamente al erario nacional”.

“Tal situación vulnera el principio de ejemplaridad que debe regir el ejercicio de la función pública y transmite a la ciudadanía un mensaje negativo. al normalizar el incumplimiento tributario, debilitar la cultura fiscal y erosionar la autoridad moral del Estado para exigir el pago de tributos y sancionar la evasión o morosidad fiscal”, acota Bellido.

Así, detalla que considera que medida no constituye una sanción ni una restricción arbitraria del derecho a la participación política, sino una exigencia objetiva, verificable y directamente vinculada al interés público, orientada a fortalecer la idoneidad ética y la responsabilidad fiscal de quienes aspiran a ejercer funciones de representación y gobierno.

El Poder Ejecutivo de Perú promulgó el Decreto Legislativo N° 1713, que modifica el Decreto Legislativo N° 940 y otorga a la SUNAT la facultad de embargar o retener los fondos de las cuentas de detracciones de personas naturales y empresas con deudas tributarias exigibles.

Esta medida, publicada en el Diario Oficial El Peruano, representa un cambio relevante en la política de cobranza fiscal del país, ya que permite a la administración tributaria acceder de forma directa a los fondos retenidos, sin solicitar autorización al titular de la cuenta.

¿Qué son las cuentas de detracciones?

Las cuentas de detracciones forman parte del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT), un mecanismo creado para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

En este sistema, al comprar determinados bienes o servicios, el comprador retiene un porcentaje del pago y lo deposita en una cuenta especial a nombre del proveedor. El propósito es que estos fondos sirvan exclusivamente para saldar impuestos y otras obligaciones pendientes, favoreciendo la formalidad y reduciendo la evasión fiscal en Perú.

SUNAT podrá aplicar retención automática

Con la entrada en vigor del Decreto Legislativo N° 1713, la SUNAT está autorizada a embargar automáticamente los fondos de las cuentas de detracciones de los contribuyentes que mantengan deuda tributaria exigible.

Hasta ahora, los titulares de estas cuentas podían utilizar los fondos únicamente para pagar tributos y obligaciones relacionadas, según su propio criterio. Con la nueva norma, si la SUNAT detecta una deuda exigible, tomará directamente el dinero de la cuenta para cubrir el monto adeudado.

Esta disposición aplica tanto a personas naturales como a empresas, sin importar el tamaño o sector, con la excepción de las micro y pequeñas empresas (MYPES), que conservarán el régimen legal anterior. De acuerdo con la información publicada en El Peruano, la norma excluye cualquier afectación al marco legal específico de las MYPES.

Qué es una deuda tributaria exigible

Según la definición de la autoridad tributaria, una deuda tributaria exigible corresponde a una obligación de pago cuyo plazo ha vencido, por lo que puede ser cobrada por la SUNAT.

Este concepto abarca deudas tanto en etapa ordinaria como en etapa coactiva. Es suficiente con que la obligación esté vencida y pendiente para que la administración pueda ejecutar la retención, sin que sea necesario que el caso haya avanzado a la fase de cobranza coactiva.

El objetivo es que los fondos depositados en cuentas de detracciones sirvan realmente para el pago de deudas tributarias y no sean utilizados por contribuyentes morosos para otros fines.

Nueva estrategia para fortalecer el cumplimiento fiscal

La principal finalidad de esta reforma es garantizar que los recursos acumulados en las cuentas de detracciones se destinen efectivamente al pago de tributos pendientes, cerrando posibles vías de elusión. Al permitir la retención automática, la SUNAT refuerza su capacidad recaudatoria y limita la morosidad, utilizando los mecanismos de control del SPOT como herramienta directa de cobranza.

El Decreto Legislativo N° 1713 entrará en vigencia el primer día calendario del mes siguiente a su publicación. A partir de esa fecha, la SUNAT podrá embargar los saldos de las cuentas de detracciones de personas naturales y empresas con deudas tributarias exigibles, aplicando la nueva causal de recaudación de manera inmediata.

La Sunat es el organismo encargado de la recaudación, administración y fiscalización de los tributos internos y aduaneros en Perú. Su función principal consiste en asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, combatir la evasión fiscal y facilitar el comercio exterior, contribuyendo así a la financiación de los servicios públicos y al sostenimiento del Estado.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) extendió hasta el 9 de enero de 2026 el plazo para acceder a la condonación total de intereses destinada a quienes regularicen sus deudas en un solo pago, en el marco de la moratoria vigente hasta el 31 de enero.

La medida, según explicó el organismo tributario del gobierno porteño, responde “al alto nivel de adhesión, con más de 70.000 inscriptos desde su lanzamiento", por lo que se ofrece “una ventana adicional para aprovechar esta alternativa”.

El calendario actualizado establece que quienes adhieran a la moratoria entre el 10 y el 31 de enero y elijan el pago al contado accederán a una condonación del 70% de los intereses. Además, la normativa prevé planes de financiación de hasta 48 cuotas, con una reducción progresiva de los intereses resarcitorios y punitorios según la fecha de adhesión.

Boleta única

Para quienes opten por el pago al contado, AGIP implementó una boleta única que puede descargarse o abonarse desde la web, válida para deudas de Inmobiliario/ABL y Patentes de hasta $200.000. Esta boleta, identificada como cuota 219 – “CUOTA ÚNICA MORATORIA 2025”, incluye el monto total a pagar por los períodos adeudados al 31/08/2025 y ya contempla la condonación de intereses. También está disponible en Home Banking.

Quienes deban realizar el procedimiento tradicional podrán hacerlo a través del Portal del Contribuyente, que mantiene un recorrido simple, intuitivo y que se resuelve en pocos pasos.

Por otra parte, con el fin de facilitar la adhesión, la AGIP determinó la ampliación del horario de atención presencial en la sede central de Viamonte 900, que funcionará de 9 a 16.30 entre el 1 de diciembre y el 9 de enero. Durante este período, se ofrecerá asistencia y orientación a los contribuyentes interesados en sumarse a la moratoria.

El proceso de adhesión mantiene la posibilidad de utilizar tanto la Clave Ciudad como la cuenta miBA, permitiendo a los contribuyentes elegir el método más conveniente para regularizar su situación.

“La extensión del plazo y las herramientas de asistencia buscan favorecer el cumplimiento, acompañar a quienes desean ponerse al día y seguir fortaleciendo la cultura tributaria en la Ciudad”, señaló la AGIP.

Según explicaron en AGIP, el diseño general de la moratoria se orienta a brindar herramientas que faciliten la responsabilidad fiscal y promuevan un cumplimiento sostenido por parte de los contribuyentes. AGIP señaló que el conjunto de medidas se organiza con el propósito de ofrecer procesos simplificados, modalidades digitales de fácil acceso y criterios de reducción de intereses que permiten acceder a alternativas variadas según los tiempos y posibilidades de cada usuario.

El sistema digital centraliza la mayor parte del proceso y se presenta como un componente estratégico dentro del plan. La Nueva Cuenta Corriente Tributaria funciona como el espacio donde se visualiza la totalidad de las obligaciones vencidas, los períodos correspondientes y las opciones de regularización disponibles.

La sección “Planes/Moratoria” reúne las modalidades de pago, los tramos de cuotas, los porcentajes de reducción de intereses y las ventanas de adhesión. Esta organización permite que los usuarios elaboren su propio recorrido dentro del sistema de manera clara y ordenada.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció la realización de la Feria Nacional de Servicios con énfasis en cobro el próximo 26 de noviembre, una jornada dirigida especialmente a 43.000 contribuyentes que actualmente presentan obligaciones pendientes por un valor total aproximado de 6,7 billones de pesos.

Según datos oficiales, la mayor concentración de cartera se encuentra en Bogotá, donde la deuda supera los 1,56 billones de pesos. En otras capitales, como Medellín, Santa Marta, Barranquilla y Cali, las sumas en mora ascienden a 921.392 millones, 795.673 millones, 765.828 millones y 648.208 millones de pesos respectivamente.

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La Dian detalló que el evento tiene como objetivo central ofrecer soluciones para que ciudadanos con deudas tributarias puedan normalizar su situación antes de que avancen los procesos administrativos de cobro. Se dará prioridad a quienes presentan saldos pendientes en partidas como el IVA, retención en la fuente o el impuesto al consumo, entre otros tributos.

El enfoque de la feria estará en facilitar acuerdos de pago, evitar sanciones posteriores y brindar acompañamiento personalizado para resolver trámites vinculados al cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Para asegurar la mayor eficiencia, la entidad comunicó a los contribuyentes seleccionados mediante correo electrónico la citación a la jornada. Sin embargo, la feria estará abierta también a quienes deseen acercarse por voluntad propia, garantizando análisis individual de cada situación y atención sin filas, con el fin de ofrecer orientación especializada en cada caso.

En Bogotá, la feria tendrá lugar en dos sedes principales: la Escuela de Impuestos y Aduanas (avenida el Dorado #75-60) y la Dirección Seccional de Impuestos (carrera 6 # 15–32). El horario de atención será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Los asistentes podrán acceder a servicios como información sobre procesos de cobranzas, orientación para establecer facilidades de pago, resolución de inconsistencias, solicitudes de devolución y compensación, inscripción o actualización en el Registro Único Tributario (RUT) y asesoría en materia tributaria, aduanera y cambiaria.

Esta estrategia es parte de una de las acciones institucionales orientadas a reducir la cartera en mora y evitar que los contribuyentes lleguen a instancias sancionatorias que pueden afectar su patrimonio. La Dian resaltó que este acompañamiento preventivo protege los intereses de los ciudadanos, disminuye costos derivados de sanciones y ayuda a preservar la tranquilidad financiera de los hogares y empresas.

En el resto del país, el evento se realizará en las 34 direcciones seccionales de impuestos que cuentan con competencia para el cobro en sus respectivas ciudades. El listado de puntos de atención, que funcionarán en el horario ya mencionado, es el siguiente:

• Arauca: carrera 20 calle 31 esquina
• Armenia: carrera 14 n.° 20a - 22
• Barrancabermeja: calle 49 n.° 9 - 09, edificio luisa
• Barranquilla: calle 77 n.° 59 - 35, centro empresarial las Américas 3, piso 17
• Bucaramanga: calle 36 n.° 14 - 03
• Buenaventura: calle 3 n.° 2a - 18
• Cali: calle 11 n.° 3-18, piso 1
• Cartagena: calle 28 3a. avenida n.° 25 - 04, barrio manga
• Cúcuta: calle 8a n.° 3 - 50, edificio Santander, palacio nacional, piso 1
• Florencia: carrera 11 n.° 13 - 39, piso 1, barrio centro
• Girardot: calle 16 n.° 10 - 51, barrio centro, edificio Dian
• Ibagué: carrera 3 n.° 9 - 01, piso 1
• Leticia: carrera 11 n.° 8 - 25
• Manizales: carrera 23 n.° 74 - 35, sector milán
• Medellín: carrera 52 n.° 42 - 43, edificio la Alpujarra
• Montería: carrera 2 n.° 33 - 40, Palacio nacional
• Neiva: calle 7 n.° 6 - 36, edificio nacional
• Palmira: calle 32 n.° 29 - 08
• Pasto: calle 17 n.° 24 - 35
• Pereira: calle 14 bis n.° 5 - 29, edificio pinares Plaza
• Popayán: carrera 8 n.° 1 - 36, edificio portal el Molino
• Puerto asís: carrera 34 con calle 14 esquina, barrio Kennedy
• Quibdó: carrera 1 n.° 22 - 126
• Riohacha: calle 2 n.° 6 - 48
• San Andrés: avenida newball muelle marítimo
• Santa marta: carrera 5 n.° 17 - 04
• Sincelejo: calle 23 n.° 18 - 77
• Sogamoso: calle 13 n.° 10 - 71
• Tuluá: carrera 26 n.° 27 - 82
• Tunja: calle 20 n.° 9 - 40
• Valledupar: calle 16 n.° 9 - 44, edificio caja agraria piso 1
• Villavicencio: calle 40 n.° 33a - 27-29, edificio Oriana, centro
• Yopal: carrera 20 n.° 7 - 28

La Dian reiteró su invitación a participar y explicó que regularizar la situación tributaria protege el patrimonio personal, evita intereses y sanciones y contribuye a la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Los ciudadanos pueden acercarse tanto si han recibido citación previa como si deciden participar por cuenta propia, ya que todos los casos serán atendidos durante la jornada del 26 de noviembre en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

El Congreso sigue yendo a por los impuestos. No solo para empresas, como la recientemente aprobada Ley Chlimper 2.0 (que beneficiará a las agroexportadoras) y los otros proyectos pendientes que favorecerían a Mypes y otras tributantes, sino que ahora se ha presentado un proyecto de ley para las deudas tributarias prescriban “de oficio”.

Ya las deudas tributarias prescriben, en general, en cuatro años. Sin embargo, Alianza Para el Progreso, a iniciativa del congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay, ha presentado un proyecto de ley para que esto sea hecho de oficio de las Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). Es decir, sin que el deudor lo solicite.

“La prescripción de la acción para determinar, cobrar o ejecutar la deuda tributaria se declara de oficio por las entidades de la administración pública nacional, regional y local, cuando se haya configurado de acuerdo a los plazos establecidos en el artículo 43° del Código Tributario". Es decir, a los cuatro años para “la acción para exigir su pago y aplicar sanciones”, y a los seis años para quienes no hayan presentado la declaración respectiva.

Deudas de impuestos prescriben en cuatro años

Según el artículo 43 del Código Tributario, las deudas tributarias prescriben a los cuatro años, generalmente: “La acción de la Administración para determinar la deuda tributaria, así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones prescribe a los cuatro años, y a los seis años para quienes no hayan presentado la declaración respectiva. Dichas acciones prescriben a los diez años cuando el agente de retención o percepción lo ha pagado el tributo retenido o percibido”.

Sin embargo, según el artículo 47, esta prescripción solo puede ser declarada a pedido del deudor. Asimismo, el artículo 48º dice que “la prescripción puede oponerse en cualquier estado del procedimiento administrativo o judicial y la 49º, que ”el pago voluntario de la obligación prescrita no da derecho a solicitar la devolución de lo pagado".

Esto cambiaría con el nuevo proyecto de Alianza Para el Progreso. “La presente ley tiene por objeto establecer la obligación de las entidades de la administración pública nacional, regional y local de declarar de oficio la prescripción de las deudas tributarias conforme a los plazos establecidos en el artículo 43° del Código Tributario, y prohibir el inicio o la continuación de procedimientos de ejecución coactiva respecto de dichas deudas, una vez prescritas".

Es decir, los deudores ya no tendrían que pedir la prescripción de las deudas habiendo pasado el plazo determinado ya en el Código Tributario, sino que esto sería hecho de oficio por la Sunat y las entidades pertinentes.

Los plazos para notificar la prescripción

Asimismo, la propuesta plantea que las entidades de la administración pública nacional, regional y local deban emitir, en un plazo máximo de sesenta días las resoluciones que declaren, de oficio, la prescripción de las deudas tributarias que se encuentren prescritas, conforme a los plazos establecidos en el artículo 43° del Código Tributario.

“La resolución que declare la prescripción de oficio debe ser notificada al contribuyente dentro del plazo máximo de tres días hábiles siguientes a su emisión, bajo responsabilidad del funcionario competente”, añaden sobre la medida que afectará a la Sunat.

De esta manera, no se podrá tampoco iniciar ni continuar un procedimiento de ejecución coactiva respecto de una deuda tributaria cuando haya operado su prescripción. “El ejecutor coactivo está obligado a verificar el plazo de prescripción antes de iniciar un procedimiento de ejecución coactiva o dictar o ejecutar medidas coactivas”, aclaran.

Un total de 88.447 personas y empresas en Bogotá entrarán desde el miércoles 30 de julio a una lista nada deseable, el Boletín de Deudores Morosos del Estado (Bdme), un documento oficial que expone públicamente a quienes tienen deudas con entidades públicas y no las han saldado en más de seis meses.

La medida, que incluye a contribuyentes con obligaciones superiores a cinco salarios mínimos (más de 7,1 millones de pesos en 2025), fue anunciada por la Secretaría Distrital de Hacienda tras reportar el listado a la Contaduría General de la Nación. En total, estas personas le deben al Distrito unos $6,7 billones.

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Pero, más allá de la cifra, estar en el boletín tiene implicaciones reales y concretas. Quienes aparecen allí pierden la posibilidad de contratar con entidades del Estado, asumir cargos públicos o acceder a créditos bancarios. También podrían enfrentar embargos de cuentas o bienes y, en el intermedio, se siguen acumulando intereses moratorios, lo que agrava aún más su situación financiera con el paso del tiempo.

La razón detrás del boletín no es únicamente sancionatoria. Desde Hacienda explican que lo que se busca es recuperar dinero que debería estar financiando obras, servicios públicos y programas sociales. “Trabajamos para recuperar estos recursos, fundamentales para invertir en bienes y servicios que mejoran la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad”, afirmó la entidad.

Luis Fernando Granados, director de Cobro de la Secretaría, fue aún más claro: “Más de 88.000 contribuyentes le deben a Bogotá $6,7 billones. El llamado es a que se pongan al día con sus obligaciones tributarias y eviten contratiempos como el reporte en el Boletín de Deudores Morosos del Estado o enfrentar medidas como el embargo de cuentas bancarias o bienes”.

Los casos incluidos en este boletín no son fortuitos ni desconocidos para los contribuyentes. Se trata, en su mayoría, de deudas asociadas al impuesto predial, vehículos, industria y comercio, y otras obligaciones tributarias. La condición para ser reportado es tener una mora mayor a seis meses y deber un monto igual o superior a cinco salarios mínimos.

Si bien el reporte parece una sentencia, quienes ya hayan pagado su deuda o consideren que fueron incluidos por error podrán solicitar su retiro del boletín. A partir del 1 de agosto, se habilitará el canal para enviar solicitudes de exclusión. Basta con descargar el formato correspondiente, diligenciarlo y enviarlo al correo radicacionhaciendabogota@shd.gov.co.

También hay opciones para quienes aún no se han puesto al día pero quieren hacerlo. En la página web de la Secretaría de Hacienda está disponible el botón ‘Pagos Bogotá’, que permite cancelar directamente o imprimir la factura para hacer el pago presencial. Además, se puede acceder a un acuerdo de pago con un abono inicial del 10%, una condición más flexible que el 30% que se exigía anteriormente.

Lo que está en juego no es solo un tema administrativo. El Bdme es un documento de consulta pública que muchas entidades revisan antes de otorgar contratos, empleos o créditos. Su impacto va más allá de lo contable, puede cerrar puertas laborales y financieras, afectar la reputación de empresas y limitar decisiones de inversión o expansión, especialmente en sectores donde la transparencia y el cumplimiento son requisitos indispensables para operar.

Para Hacienda, esta acción es un llamado a la responsabilidad tributaria, pero también una herramienta de presión efectiva. La publicación del boletín actúa como un punto de quiebre, o se paga, o se asumen las consecuencias, en un contexto donde los recursos públicos escasean y la ciudad necesita liquidez para sostener su funcionamiento básico.

El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia publicada este jueves que la Administración debe probar la culpa del administrador para imputarle la responsabilidad subsidiaria de las deudas tributarias y las sanciones.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado en la sentencia de 20 de mayo de 2025 que la responsabilidad subsidiaria establecida en el artículo 43.1.a) de la Ley General Tributaria tiene naturaleza sancionadora y que la Administración debe probar la culpa del administrador para imputarle la responsabilidad subsidiaria de las deudas tributarias y sanciones.

El fallo, hecho público este jueves, establece que la Administración debe acreditar la existencia de una conducta culpable por parte del administrador antes de exigirle el pago de las deudas tributarias y sanciones de la sociedad, rechazando que baste la mera condición de administrador para derivar dicha responsabilidad.

"No cabe basar la derivación de responsabilidad en la existencia de una responsabilidad meramente objetiva en la conducta de los responsables, pues se predica la naturaleza sancionadora de este procedimiento de responsabilidad, lo que implica que, como en cualquier sanción, se ha de acreditar que concurre culpa en la conducta del sancionado", señala el Supremo en la sentencia.

Por ello, la declaración de responsabilidad subsidiaria no se satisface con la simple identificación de la cualidad de administrador, sino que es preciso algo más. Se exige que éste incurra en las conductas que describe la ley, lo que impone a la Administración una explicación de por qué al administrador a quien señala como responsable le atribuye alguna de aquéllas.

ANULA UNA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Con este fallo, el Tribunal Supremo anula una sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó el acto de derivación de responsabilidad subsidiaria al administrador de una empresa que tenía deudas derivadas tanto en concepto de liquidación como de sanción por IVA de los ejercicios 2006 a 2008. El recurrente ya había dejado de ejercer como administrador cuando se produjo la inspección tributaria.

La Audiencia Nacional consideró que si la empresa había sido sancionada por una infracción tributaria y no podía pagar la deuda (estaba fallida) en ese caso se podía reclamar el pago al administrador si había actuado con pasividad o negligencia.

Según la sentencia ahora anulada, bastaba con que la Administración acreditase la sanción a la sociedad y la insolvencia de ésta para activar la responsabilidad subsidiaria del administrador. A partir de ahí, era el propio administrador quien, según la sentencia recurrida, debía probar que actuó correctamente con la diligencia exigida por la ley mercantil.

Ahora el Supremo ha fijado, en definitiva, que no corresponde al administrador probar la inexistencia de culpabilidad, sino que es la Administración a quien incumbe acreditar esa culpabilidad, por ausencia de diligencia del administrador al cumplir las obligaciones fiscales del deudor principal.

El anuncio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) sobre la reducción de la tasa de interés de financiación para los planes de facilidades de pago al 4% mensual genera múltiples interpretaciones.

Desde una perspectiva macroeconómica, el alineamiento con la tasa de interés resarcitoria fijada por ARCA parece una medida coherente para evitar distorsiones y brindar previsibilidad a los contribuyentes. Sin embargo, la centralización de la fijación de tasas abre un interrogante: ¿se trata de un beneficio real o de un reordenamiento estratégico de la carga fiscal?

Para dimensionar el impacto de la reducción, es clave compararla con la inflación. Según los datos oficiales, la suba del Índice de Precios al Consumidor fue en el primer trimestre de 2025 de 8,6%, a un ritmo de menos de 3% acumulativo mensual, y por tanto muy inferior a la tasa de interés de 4% mensual que rige para los planes de facilidades de pago.

La tasa de interés real resulta de la diferencia entre la tasa nominal mensual y la de variación del Índice de Precios al Consumidor

Para ello, es necesario comprender que la tasa real resulta de la diferencia entre la tasa nominal (en este caso, el 4% mensual) y la inflación.

• Si la tasa nominal es superior, la tasa real es positiva. Por ejemplo, si la tasa de interés es del 8% mensual y la inflación es del 6%, la tasa real será del 2% (8% - 6%). Esto significa que financiarse con el fisco es más caro que la inflación, ya que el interés aplicado a la deuda crece más rápido que la pérdida de valor del dinero. En este escenario, los contribuyentes prefieren saldar sus deudas cuanto antes para evitar costos financieros elevados.
• Si la tasa nominal es inferior, la tasa real es negativa. Por ejemplo, con la tasa actual del 4% mensual y una inflación del 7%, la tasa real será negativa en 3 puntos porcentuales (4% - 7%). En este caso, financiarse con el fisco resulta conveniente, porque el interés aplicado a la deuda es menor que la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Esto incentiva a los contribuyentes a optar por planes de pago en lugar de cancelar sus deudas de inmediato.

Ahora bien, si la inflación desciende o el Estado enfrenta restricciones de financiamiento y decide aumentar nuevamente las tasas de interés en los planes de facilidades de pago, podrían darse varios escenarios con impacto directo en los contribuyentes y en la recaudación fiscal:

• Aumento del costo financiero para los contribuyentes. Si la tasa del 4% mensual se incrementa para compensar una menor inflación o una mayor necesidad de financiamiento por parte del Estado, los contribuyentes que ingresen a planes de pago futuros enfrentarán un costo más alto para regularizar sus deudas. Esto podría desalentar el uso de estos mecanismos y aumentar la morosidad. Por ejemplo, si la tasa de interés sube del 4% al 7% mensual, la carga financiera sobre una deuda de $1.000.000 en un plan de 12 meses pasaría de $600.000 a $1.060.000 en intereses, prácticamente duplicando el costo del financiamiento.
• Pérdida de confianza y aceleración de pagos anticipados. Si los contribuyentes perciben que el Gobierno puede modificar las tasas de manera circunstancial, podría generarse incertidumbre. Empresas y personas con deudas en planes de pago podrían optar por cancelar anticipadamente sus obligaciones antes de que la tasa aumente. En el corto plazo, esto favorecería la recaudación, pero a futuro podría reducir la adhesión a nuevos programas de regularización.
• Menor incentivo para financiarse con el fisco y mayor presión sobre el crédito privado. Actualmente, con una tasa del 4% mensual (aproximadamente 60% anual), el financiamiento con el fisco resulta más barato que con el sistema financiero. No obstante, si las tasas aumentan, los contribuyentes podrían recurrir a bancos u otras entidades privadas que, en un contexto de menor inflación, podrían ofrecer costos de financiamiento similares o incluso inferiores. Esto trasladaría la presión a otros sectores del mercado financiero.
• Impacto en la recaudación fiscal. Un aumento en las tasas podría tener un efecto negativo en la recaudación si los planes de pago dejan de ser atractivos. En ese caso, la ARCA podría enfrentar mayores niveles de morosidad y menor adhesión a regularizaciones voluntarias. Además, si las tasas aumentan mientras la inflación se mantiene contenida, el cumplimiento fiscal podría verse afectado, lo que impactaría en el flujo de ingresos públicos.

Tipos de intereses aplicados

Es importante recordar que el fisco maneja tres tipos de intereses:

• Resarcitorios: se aplican en casos de mora en el pago de una deuda.
• Punitorios: corresponden a intereses adicionales que se generan desde el inicio de un juicio de ejecución fiscal.
• A favor del contribuyente: son los que el fisco paga en casos de demoras en devoluciones, compensaciones y reintegros impositivos.

A diferencia de estos últimos, los resarcitorios y punitorios deben ser abonados por los contribuyentes.

A modo de cierre, la reducción de intereses en los planes de pago es una decisión que puede aliviar la carga financiera de los contribuyentes en un contexto inflacionario, pero su impacto dependerá de la evolución de los precios y de la política fiscal futura.

Si la medida no se acompaña de incentivos para el cumplimiento voluntario, podría terminar funcionando más como una herramienta de recaudación coyuntural que como una solución estructural para la carga impositiva en Argentina.

La autora es Contadora Pública, especializada en tributación y docente UB

La Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció la realización de la Gran Feria de Servicios 2025, un evento que se llevará a cabo del lunes 21 al viernes 25 de abril en el Movistar Arena, con un horario continuo de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

Según informó la entidad, la iniciativa pretende fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con especial atención en los impuestos predial y de vehículos, además de incentivar el aporte voluntario del 10%. El evento coincide con la última semana para pagar el impuesto predial con descuento, lo que lo convierte en una oportunidad estratégica tanto para los contribuyentes como para el distrito.

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La feria contará con más de 50 ventanillas de atención, puntos exprés, quioscos digitales, orientación tributaria y una unidad móvil, diseñados para ofrecer un servicio ágil y personalizado. Asimismo, se espera contactar a más de 166.000 contribuyentes morosos que presentan deudas relacionadas con impuestos como predial, vehículos, delineación urbana, publicidad exterior y el de Industria y Comercio (ICA), correspondientes a vigencias anteriores y al sexto bimestre de 2024. El objetivo es que estos ciudadanos puedan normalizar su situación y evitar procesos de cobro coactivo.

El director de cobro de la Secretaría de Hacienda, Luis Fernando Granados, destacó la importancia de esta feria para los contribuyentes que tienen deudas pendientes. “La Secretaría de Hacienda está invitando a los deudores que por algún motivo no cumplieron con su pago, a que se pongan al día y eviten el inicio de cobro coactivo. Si tienen dudas sobre su proceso o desean realizar un acuerdo de pago, pueden acercarse a la Gran Feria de Servicios de Hacienda y ponerse al día con Bogotá”.

Según detalló la entidad, 164.000 de los morosos corresponden a impuestos como predial, vehículos, delineación urbana y publicidad exterior, con una cartera que supera los 290.000 millones de pesos. Por su parte, 1.717 contribuyentes adeudan el impuesto de Industria y Comercio (ICA) del sexto bimestre de 2024, acumulando una deuda superior a los 17.000 millones de pesos. La Secretaría advirtió que, de no realizarse los pagos, los intereses y sanciones continuarán incrementándose.

Los contribuyentes interesados en regularizar su situación podrán realizar sus trámites a través de diferentes canales. Además de la feria presencial en el Movistar Arena, la Secretaría de Hacienda habilitó la sección ‘Cero deudas con Bogotá’ en su sitio web, así como otros canales de atención virtual y presencial. Para quienes necesiten acompañamiento personalizado, la feria será el espacio ideal para resolver dudas y establecer acuerdos de pago.

La entidad también hizo un llamado a la ciudadanía para estar alerta frente a posibles intentos de fraude. Las notificaciones enviadas por la secretaría son exclusivamente informativas y persuasivas, y cuentan con mecanismos para verificar su autenticidad. En ningún caso se solicita el envío de dinero a cuentas bancarias o aplicaciones. Asimismo, se recomendó a los contribuyentes mantener actualizados sus datos en el Registro de Información Tributaria (RIT) para garantizar la recepción oportuna de notificaciones y respuestas a trámites.

En paralelo a la atención personalizada, la feria incluirá un componente educativo a través de la ‘Escuela Hacendaria’, un espacio donde expertos impartirán conferencias sobre temas como facturación electrónica, el régimen simple de tributación y los fundamentos del impuesto de Industria y Comercio (ICA). Estas sesiones serán transmitidas en vivo por el canal oficial de YouTube de la Secretaría de Hacienda, permitiendo que más ciudadanos puedan acceder a esta información.

La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, resaltó la importancia de estos espacios académicos. “Además de la atención personalizada a todos los contribuyentes, tendremos varios espacios académicos en los que los ciudadanos podrán participar para conocer en detalle cómo funcionan y qué estamos haciendo por mantener unas finanzas sanas para Bogotá”.

El evento también contará con la participación de entidades del sector Hacienda, como la Lotería de Bogotá, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (Foncep) y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (Uaecd), que presentarán su rendición de cuentas. Asimismo, estarán presentes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Secretaría de Desarrollo Económico y TransMilenio, ampliando la oferta de servicios disponibles para los asistentes.

Finalmente, para facilitar el acceso a los servicios, la Secretaría de Hacienda dispuso atención especial en los Centros de Atención Especializada de Hacienda Bogotá el sábado 19 de abril, en horario de 8:00 a. m. a 12:30 p. m.

Los puntos habilitados serán los de la Carrera 19 con 114 y Plaza de las Américas, donde los ciudadanos podrán obtener facturas de pago, resolver dudas sobre impuestos predial y de vehículos, o solucionar situaciones particulares. Sin embargo, ese mismo día no habrá atención en la Red Cade, que retomará su horario habitual el lunes 21 de abril.

El nuevo plazo para el acogimiento al Fraccionamiento Especial de deudas tributarias vence el 28 de febrero del presente año, según recordó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Como se recuerda, de acuerdo con la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32220, vigente desde el 30 de diciembre de 2024, este plazo se amplió.

Esto significado que los contribuyentes deudores podrán acceder a este fraccionamiento hasta el final del próximo mes, y optar por una de las tres modalidades de pago, que tienen sus propios beneficios y bonos de descuentos diferenciados. Estos son los siguientes:

• Pago al contado: Este contempla el pago total de la deuda acogida menos el bono de descuento. No se requiere el pago cuando el deudor solo tenga deuda por concepto de intereses y multas con sus respectivos intereses, y estos se extingan por efecto de la aplicación del bono de descuento de hasta el 100%, de corresponder
• Pago sumario: Este requiere una cuota de acogimiento no menor al 25% del monto de la deuda acogida menos el bono de descuento y el saldo se paga hasta en tres cuotas mensuales
• Pago fraccionado: Requiere una cuota de acogimiento no menor al 10% de la deuda y el saldo a pagar se fracciona hasta en 72 cuotas mensuales. La cuota mensual no puede ser inferior a S/260, salvo la última cuota

¿Quiénes se acogen al fraccionamiento especial?

Esta medida promovida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el año pasado, entró en vigencia hace unos meses, pero se amplió su plazo a este 28 de febrero de 2025.

Con respecto al pago al contado o de la cuota de acogimiento, estas se deben realizar el mismo día de presentada la solicitud de Fraccionamiento Especial. También, pueden acogerse los saldos de aplazamientos y/o fraccionamientos que se encuentren vigentes o no. “Una vez que se apruebe la solicitud, se concluirá la cobranza coactiva y se levantarán las medidas cautelares adoptadas en dicho procedimiento”, acota la entidad.

Para acogerse a este beneficio, el contribuyente deberá utilizar el Formulario Virtual N° 1707, el cual se encuentra disponible en el Portal de la Sunat (www.sunat.gob.pe).

Bonos del fraccionamiento especial

La Sunat ha detallado que los bonos de descuento para este fraccionamiento especial se aplican sobre los intereses y las multas con sus respectivos intereses, pero en ningún caso afecta el monto del tributo no pagado. Sin embargo, si un contribuyente solo tiene multas por esos conceptos, efectivamente no pagará ningun monto y se condonarían las deudas (solo por intereses y multas)

Este bono se determina en función del rango total de las deudas que se pueden acoger al Fraccionamiento Especial de la manera en que se detalla el siguiente cuadro:

Para obtener más información sobre el Fraccionamiento Especial y todos los beneficios que tiene, los contribuyentes pueden visitar el micrositio especializado https://emprender.sunat.gob.pe/.

¿Deudas con el fisco? La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha implementado un nuevo mecanismo para facilitar el pago de deudas tributarias en Perú, que ataca directamente las multas e intereses y permitiría una aministía o condonación de hasta el 100% de estos.

A partir del pasado sábado 19 de octubre, los contribuyentes con deudas exigibles al 31 de diciembre de 2023 pueden solicitar el Fraccionamiento Especial mediante el Formulario Virtual N° 1707, disponible en el portal oficial de la Sunat.

El plazo para acogerse a este beneficio vence el 20 de diciembre, ofreciendo a los contribuyentes la oportunidad de regularizar sus obligaciones fiscales.

Las deudas que pueden ser fraccionadas incluyen aquellas administradas por la Sunat que constituyen ingresos del Tesoro Público, como el Impuesto a la Renta, IGV, ISC, Impuesto Especial a la Minería, y derechos arancelarios, entre otros. Estas deudas deben estar pendientes de pago al momento de presentar la solicitud.

También deudas impugnadas o en cobranza coactiva

Vale precisar que el fraccionamiento abarca deudas contenidas en Resoluciones de Determinación, Órdenes de Pago, Resoluciones de Multa, y Liquidaciones de Cobranza, así como liquidaciones relacionadas con declaraciones aduaneras.

Incluso las deudas impugnadas o en cobranza coactiva pueden ser incluidas en este proceso. Además, los saldos de aplazamientos y/o fraccionamientos vigentes o que hayan incurrido en causal de pérdida también son elegibles para este beneficio.

Una vez aprobada la solicitud de fraccionamiento, se detendrá la cobranza coactiva y se levantarán las medidas cautelares adoptadas en dicho procedimiento. Es decir, usted tendrá que abandonar el juicio si quiere, apenas, postular al bono.

“Con esta medida, se busca reducir la litigiosidad tributaria y posibilitar la regularización de las obligaciones tributarias”, destacó la Administración.

Fraccionamiento especial: Bonos de descuento van hasta el 100%

Sunat ha detallado las condiciones del Bono de descuento que se aplica a los intereses y multas, pero no afecta el monto del tributo no pagado. Este bono se calcula según el rango total de las deudas que pueden acogerse al Fraccionamiento Especial, informó la entidad.

La tasa de interés para el Fraccionamiento Especial es del 60% de la Tasa de Interés Moratorio (TIM), aplicable tanto en la modalidad de pago sumario como fraccionado. Este esquema busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ofreciendo condiciones más accesibles para los contribuyentes.

Además, Sunat ha especificado que las garantías solo se requerirán cuando el saldo de la deuda actualizada, descontada la cuota de acogimiento, supere las 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Fraccionamiento Especial: ¿Cómo pagar?

La Sunat ha dispuesto hasta tres modalidades de pago a las que podrán postular los contribuyentes para el pago del Fraccionamiento Especial. Infobae Perú se las detalla a continuación:

• Una de las opciones más accesibles es el pago fraccionado, que permite dividir el saldo en hasta 72 cuotas mensuales, siempre que la cuota inicial sea al menos el 10% de la deuda total. Esta modalidad asegura que la cuota mensual no sea inferior a S/260, con la excepción de la última cuota, y aplica un bono de descuento en las últimas cuotas, lo que puede aliviar la carga financiera del deudor.
• Otra alternativa es el pago sumario, que requiere un pago inicial no menor al 25% del monto de la deuda, descontando el bono aplicable. El saldo restante se puede abonar en un máximo de tres cuotas mensuales. Esta opción es ideal para quienes buscan liquidar su deuda en un plazo más corto, beneficiándose al mismo tiempo de un descuento.
• Por último, el pago al contado es una opción para quienes desean saldar la totalidad de su deuda de una sola vez. En este caso, no es necesario realizar el pago si la deuda se compone únicamente de intereses y multas que se extinguen con la aplicación de un bono de descuento de hasta el 100%, si corresponde.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha dictado nuevas normas que explican el proceso y cómo solicitar, finalmente, el fraccionamiento especial de deudas que aprobó el gobierno de Dina Boluarte para este año.

Así, con la intención de paliar el incumplimiento de la regla del déficit fiscal (que este 2024 sería el segundo año consecutivo en que esta situación se daría), se han dictado normas para promover que contribuyentes paguen sus deudas tributarias.

Desde HOY, domingo 19 de octubre, hasta el viernes 20 de diciembre de 2024, los contribuyentes podrán presentar sus solicitudes con el Formulario Virtual N° 1707, y podrán acceder a bonos de descuento de hasta 100%, según sea el caso, en base a las deudas que tengan.

¿Cómo se solicita el Fraccionamiento especial?

Según el procedimiento aprobado en Sunat, para la presentación de la solicitud de acogimiento al fraccionamiento especial primero se debe utilizar el número de RUC para obtener la deuda personalizada. Para esto, se debe hacer el pedido de deuda que se obtiene ingresando a Sunat Operaciones en Línea con su código de usuario y clave SOL en este LINK: https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu2/MenuInternetPlataforma.htm?exe=55.1.1.1.1.

La deuda personalizada se encuentra actualizada a la fecha en que se efectúa el pedido de deuda. Así, esto se hace según se trate de los siguientes conceptos:

• Las deudas tributarias materia de acogimiento al Fraccionamiento Especial generadas por obligaciones tributarias aduaneras
• Las otras deudas tributarias materia de acogimiento.

Tras esto, la solicitud de acogimiento se debe presentar en la misma fecha en que se obtiene la deuda personalizada y se genera y presenta de forma independiente por cada uno de los conceptos anteriormente señalados. Así, deberás hacer para llenar este formulario 1707.

• Ingresa a SUNAT Operaciones en Línea y coloca tu código de usuario y clave SOL y ubica la opción “Solicito Fraccionamiento Especial”.
• Obtén la deuda personalizada (o múltiples de esta) a través del pedido de deuda
• Ubica el Formulario Virtual Nº 1707 - “Formulario Virtual de Fraccionamiento Especial”
• Verifica la información cargada en el citado formulario virtual
• Identifica y confirma la deuda tributaria por la que se presenta la solicitud de acogimiento.
• Elige la modalidad de pago del Fraccionamiento Especial: que puede ser pago al contado, pago sumario o pago fraccionado

Pagos y bonos de descuento

Según el tipo de pago escogido, se accederán a una serie de bonos de descuento. Así, la Sunat detalla estas modalidades tras el llenado del formulario 1707:

• Pago al contado: El pago debe realizarse en la fecha que se presenta la solicitud de acogimiento. En esta modalidad no se requiere realizar pago alguno cuando el contribuyente solo tenga “deuda por concepto de multas y los intereses”.
• Pago sumario o pago fraccionado: Se debe indicar en la solicitud de acogimiento el monto de la cuota de acogimiento, el cual debe pagarse en la misma fecha que se presenta la solicitud de acogimiento. En la modalidad de pago sumario la cuota de acogimiento no debe ser menor al 25% del importe total referido. Mientras, en la modalidad de pago fraccionado la cuota de acogimiento no debe ser menor al 10% de la deuda tributaria. También en la solicitud debe indicarse el número de las cuotas en que se pagará la deuda tributaria materia de acogimiento a fraccionar o si el pago de dicha deuda se realizará en una sola cuota.

En el caso de los bonos de descuento, estos se detallan así:

• Pago al contado: Así, para una deuda de 0 hasta 100 UIT (S/495.000), el bono es de 100%. Para más de 100 UIT hasta 2.000 (S/9.900.000), de 90%. Más de 2.000 UIT hasta 5.000 (S/24.750.000), de 70%. Más de 5.000 UIT, 50%.
• Pago sumario: Se toman los porcentajes anteriores, pero se debe efectuar el pago de una cuota de acogimiento en la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento, cuyo monto no puede ser menor al veinticinco por ciento (25%) de la deuda materia de acogimiento al Fraccionamiento Especial, luego de aplicado el bono de descuento”.
• Pago fraccionado: Los deudores que se acojan al pago fraccionado deben efectuar el pago de una cuota de acogimiento en la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento, cuyo monto no puede ser menor al diez por ciento (10%) de la deuda materia de acogimiento al Fraccionamiento Especial. Aquí los bonos de descuento son similares al pago al contado, pero menores: Así, para una deuda de 0 hasta 100 UIT (S/495.000), el bono es de 90%. Más de 100 UIT hasta 2.000 (S/9.900.000), de 70%. Más de 2.000 UIT hasta 5.000 (S/24.750.000), de 50%. Más de 5.000 UIT, 30%

Cuando una persona o empresa no paga sus impuestos municipales, estas deudas pueden acumularse con intereses por mora. Sin embargo, existe la posibilidad de que prescriban, es decir, que pierdan su exigibilidad después de un tiempo definido.

Esta prescripción depende de ciertos requisitos y plazos que varían según la normativa vigente y la municipalidad involucrada, lo que puede aliviar a quienes no han podido cumplir con sus pagos.

Los años que deben pasar para que una deuda con la municipalidad prescriba

El tiempo para que una deuda tributaria con la municipalidad prescriba es de cuatro años, siempre que la entidad estatal no haya hecho ninguna notificación al contribuyente sobre la deuda. Es fundamental recordar que no todas las deudas prescriben automáticamente; el contribuyente debe solicitar la prescripción de manera formal. Para ello, hay que cumplir ciertos requisitos y presentar la documentación necesaria.

Documentos a presentar para solicitar la prescripción de una deuda tributaria

Para pedir la prescripción de una deuda tributaria, debes presentar la documentación exigida por el municipio correspondiente. Primero, necesitas completar el formulario de prescripción de pagos, que se considera una declaración jurada y se puede obtener en el municipio. Asegúrate de tener tu DNI. Si el titular no puede ir y otro familiar lo hace en su lugar, es necesario presentar una carta poder con firma legalizada.

Así puedes solicitar la prescripción de una deuda tributaria

Si ya tienes los documentos necesarios, para tramitar la prescripción de la deuda tributaria debes ir a la sede de tu municipalidad. Una vez allí, completa el formulario de prescripción y preséntalo en la mesa de partes. Luego, deberás esperar 45 días hábiles para recibir la resolución de prescripción de pagos. Sigue cuidadosamente cada paso para completar el proceso eficazmente.

¿Cuáles son los tributos municipales que generan más obligaciones?

Entre los tributos municipales más comunes que generan obligaciones se encuentran el impuesto predial, el impuesto vehicular y la tasa de limpieza pública, entre otros. El primero se cobra anualmente y se aplica a la propiedad de bienes inmuebles.

Por otro lado, el impuesto vehicular está dirigido a quienes poseen vehículos registrados en el distrito. Estos tributos municipales son esenciales para financiar servicios y obras que benefician a la comunidad en su conjunto. Además, cumplir con estas obligaciones ayuda al desarrollo y mantenimiento de la infraestructura urbana, así como a garantizar servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos.

¿Qué entidades pueden embargar tu sueldo por deudas?

En Perú, la legislación actual permite solo a tres entidades retener una parte del salario de una persona. La Sunat tiene la facultad de retener ingresos si hay deudas tributarias o multas administrativas impagas tras el vencimiento del plazo establecido. Esta entidad puede solicitar a los empleadores que deduzcan hasta un 30% del salario neto del trabajador hasta que la deuda quede liquidada.

Los bancos también están autorizados para retener sueldos en caso de deudas impagas relacionadas con préstamos, tarjetas de crédito u otros productos financieros, pero esto solo se lleva a cabo mediante una orden judicial y con un límite similar al establecido por la Sunat.

En cuanto a deudas con el sistema de pensiones, las AFP pueden solicitar la retención del salario del trabajador; como en los casos anteriores, este embargo requiere una resolución judicial que especifique el monto y las condiciones para el cobro.

Así pueden embargar tu sueldo por deudas

• Orden judicial: Para que una entidad financiera o una AFP pueda deducir una parte del salario, es imprescindible obtener una autorización judicial. Esta retención se efectúa solo cuando se han agotado todas las vías de cobro fuera del ámbito judicial y la deuda continúa sin saldarse.
• Notificación previa: Antes de proceder con el embargo, el deudor debe recibir una notificación que incluya la resolución judicial, el monto total adeudado y la proporción del ingreso que será retenido mensualmente.
• Límite de embargo: Conforme al Código Procesal Civil de Perú, el embargo no puede ser superior al 30% del ingreso neto del trabajador y debe garantizar un mínimo intocable, equivalente a la remuneración mínima vital de S/ 1,025, asegurando que el empleado disponga de esta suma para su sustento.

El Gobierno publicó hoy el Decreto Legislativo N° 1634, que aprueba un fraccionamiento especial para las deudas tributarias administradas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), tal como había anunciado anteriormente el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, José Arista.

Con el objetivo de regular un mecanismo de pago más accesible para las deudas al fisco que constituyen ingresos del tesoro público (tales como impuestos a la renta, impuesto general a las ventas, entre otros) la nora publicada en el boletín del Diario Oficial El Peruano, crea un beneficio que permite a los deudores optar por diferentes modalidades de pago, incluyendo el pago al contado, pago sumario o fraccionado, cada una con sus respectivas ventajas y descuentos aplicables.

¿De qué se trata?

El decreto legislativo crea un bono de descuento que se aplica a los intereses y las multas generadas de las deudas tributarias de los contribuyentes, tanto personas naturales como empresas. Y este cubre deudas exigibles hasta el 31 de diciembre de 2023, e incluye intereses, actualizaciones y multas asociadas. Así, no se comprende en este fraccionamiento las deudas ya en procedimientos concursales, aquellas generadas por tributos retenidos, o las que tienen resolución judicial firme.

Esto quiere decir que si tienes una deuda con la Sunat que ha acarreado en intereses o multas, podrás descontar una gran parte de estas en tanto sea más grande el monto que debes. “El bono de descuento en ningún caso afecta el insoluto del tributo”, aclara la norma.

Para acceder a este beneficio, sin embargo, los deudores deberán presentar su solicitud hasta el 20 de diciembre de 2024. Aún el proceso en que se realiza esto deberá esclarecerse con el reglamento que deberá aprobar la Sunat.

Bonos y escalas

Para este beneficio tributario se ha establecido bonificaciones en los intereses y multas dependiendo del rango de la deuda y la modalidad de pago elegida. Asimismo, se debe tomar en cuenta, que, según la norma, la UIT que se toma en cuenta es la de 2023, que fue de S/4.950.

Pago al contado

La primera modalidad es el pago al contado. En este “el bono de descuento se calcula y aplica a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento al Fraccionamiento Especial, debiendo realizar el pago a dicha fecha”. Sin embargo, se señala que no se requiere el pago cuando el deudor solo tenga deuda por concepto de multas y sus respectivos intereses, actualizaciones e intereses capitalizados, y “estos se extingan, por efecto de la aplicación del bono de descuento del 100%”.

• Así, para una deuda de 0 hasta 100 UIT (S/495.000), el bono es de 100%
• Más de 100 UIT hasta 2.000 (S/9.900.000), de 90%
• Más de 2.000 UIT hasta 5.000 (S/24.750.000), de 70%
• Más de 5.000 UIT, 50%

Pago sumario

En la modalidad de pago sumario el deudor que se acoja “debe efectuar el pago de una cuota de acogimiento en la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento, cuyo monto no puede ser menor al veinticinco por ciento (25%) de la deuda materia de acogimiento al Fraccionamiento Especial, luego de aplicado el bono de descuento”.

Así, una vez deducida la cuota de acogimiento, la deuda se actualiza conforme a lo previsto en el Código Tributario hasta la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento, y se paga hasta en tres cuotas mensuales. “Dichas cuotas están constituidas por amortización y los intereses considerando la aplicación del respectivo bono de descuento como si el deudor hubiera culminado el pago de las cuotas”, señala la norma. En este caso, se consideran también los porcentajes señalados anteriormente en el pago al contado.

Pago fraccionado

Finalmente, los deudores que se acojan al pago fraccionado deben efectuar el pago de una cuota de acogimiento en la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento, cuyo monto no puede ser menor al diez por ciento (10%) de la deuda materia de acogimiento al Fraccionamiento Especial. “Una vez deducida la cuota de acogimiento, el saldo de la deuda continúa actualizándose conforme a lo previsto en el Código Tributario hasta la fecha de aprobación de la solicitud de acogimiento y se paga en cuotas mensuales iguales, salvo la última, considerando el bono de descuento. Dichas cuotas están constituidas por amortización e intereses de fraccionamiento”, señala la norma.

Aquí los bonos de descuento son similares al pago al contado, pero menores.

• Así, para una deuda de 0 hasta 100 UIT (S/495.000), el bono es de 90%
• Más de 100 UIT hasta 2.000 (S/9.900.000), de 70%
• Más de 2.000 UIT hasta 5.000 (S/24.750.000), de 570%
• Más de 5.000 UIT, 30%

Bajo la forma de un bono de descuento, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lanzará en los próximos días una amnistía tributaria para todos los contribuyentes que mantengan controversias fiscales con el Estado peruano, sea a nivel de Sunat, Tribunal Fiscal o Poder Judicial. La reducción de los intereses y multas generadas por el incumplimiento de pago irá entre el 50% y 100%, de acuerdo a la modalidad de pago.

En días que el MEF alista el proyecto de Presupuesto Público más laxo de su historia, el ministro José Arista anunció que, de los S/26.000 millones en controversias a nivel de Tribunal Fiscal que heredó su gestión, ya se han resuelto unos S/6.000 millones. Se espera que, hasta diciembre, se resuelvan otros S/10.000 millones, y el resto durante el año 2025.

Vale decir que, mientras el caso no se resuelva, se generan intereses y moras adicionales que deberá pagar el contribuyente en caso pierda el caso al final de todo el proceso. Es ahí donde espera atacar el MEF, que espera reducir los plazos del Tribunal Fiscal de 9 años a 9 meses, como dicta su ley orgánica.

“Este nuevo mecanismo está dirigido tanto a personas naturales como a empresas, es decir, personas jurídicas. El plazo máximo de acogimiento es hasta el 20 de diciembre del 2024 y comprende un bono de descuento que se aplicará sobre los intereses y multas generados en el incumplimiento del pago de las obligaciones. Eso significa que no afectará el monto del tributo insoluto de la deuda, es decir, este beneficio va sobre los intereses y las moras y no va sobre el tributo insoluto”, declaró tras la reunión del Consejo de Ministros.

El nuevo bono de descuento del MEF

Este nuevo bono de descuento, que fue anticipado por el MEF como parte del pedido de facultades legislativas solicitas al Congreso, comprende un fraccionamiento de carácter “especial y excepcional” de las deudas tributarias.

Según detalló el ministro, busca incentivar el pago de los compromisos pendientes con el Tesoro que se encuentran a nivel de Sunat, Tribunal Fiscal o Poder Judicial. Además, ira de la mano “con una fiscalización más activa”.

“El bono de descuento se establece en función al rango de la deuda. Va desde el 100% hasta el 50% en el caso de las multas e intereses para los contribuyentes que decidan pagar al contado. Se establecen tres formas de pago: al contado, sumario (con una cuota de acogimiento y hasta tres meses para pagar), y el pago fraccionado (cuota de acogimiento de 10% y hasta 72 cuotas de pago)”, relató el ministro.

“No queremos que se ese contribuyente se sienta acorralado por las deudas tributarias, queremos darle un puente de plata para que se ponga a derecho”, agregó.

Otros dos proyectos del MEF para destrabar obras

De forma paralela, Arista anunció otros dos decretos legislativos para reactivar las obras de infraestructura en el Perú. El primero pasa por una modificación de la Ley 31589, Ley General de Contrataciones Públicas, referida a las adjudicaciones de proyectos paralizados que se encuentran bajo la lupa de la Contraloría.

“Estamos proponiendo una norma alternativa, un procedimiento de selección especial con un plazo perentorio de 23 días hábiles que permita a los actores asignar estos proyectos para su reactivación y pronta culminación de las obras públicas paralizadas”, detalló el titular del MEF.

MEF estima que podrían ser hasta 1.868 obras a beneficiarse con este nuevo esquema. Además, el Gobierno peruano presentará un proyecto para que las obras cuyo monto de inversión es menor a los S/200 millones -y, por tanto, no son acogidos por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)- puedan pasar a Invierte.pe.

“Estas obras menores a S/200 millones, en manos de gobiernos locales y regionales, se han quedado sin financiamiento y a mitad de construir. Estamos generando un mecanismo para migrar todos esos proyectos, uno 3.000 en total, hacia el sistema de Invierte.pe, donde se les da todo el soporte técnico para darles priorización y financiamiento”, concluyó Arista.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reveló recientemente que más de 230.982 contribuyentes en Colombia acumulan una deuda superior a los 9.3 billones de pesos en obligaciones tributarias.

Esta situación ha llevado a la entidad a promover planes de facilidad de pago para que los deudores puedan regularizar su situación y evitar sanciones extremas, como embargos y demandas judiciales.

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El trámite es gratuito y no necesita intermediarios. Según el manual facilitado por la Dian, los contribuyentes interesados en acogerse a estas facilidades deben radicar una solicitud a través de los buzones electrónicos de la entidad o en las ventanillas de correspondencia habilitadas en sus sedes.

Esta medida responde a que, hasta ahora, varios de estos contribuyentes fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación debido a la morosidad en sus pagos. De ahí la insistencia de la entidad para que se haga uso de estas facilidades y así evitar consecuencias legales.

Los acuerdos de pago ofrecidos por la Dian solo aplican para impuestos de orden nacional, tales como el Impuesto de Renta y complementarios, el Impuesto a la Riqueza, el IVA (Impuesto al Valor Agregado), entre otros impuestos internos nacionales cuya competencia no está asignada a otras entidades del Estado.

Los contribuyentes que buscan realizar la solicitud deben asegurarse de incluir ciertos datos indispensables, como la ciudad, fecha, y la dirección seccional de la Dian correspondiente a su domicilio tributario; además de su nombre o razón social, Número de Identificación Tributaria (NIT), dirección y teléfono. Es esencial plasmar la firma y número del documento de identificación del solicitante, representante legal o apoderado, y especificar en qué calidad actúa.

“Necesitará presentar una garantía si el plazo solicitado excede un año”, indica la Dian en un manual. Esta garantía puede ser una póliza de seguros, el aval de un banco, o una hipoteca, dependiendo del tiempo solicitado para el plan de pago.

En el caso de los asalariados, se añade el requisito de adjuntar el certificado de ingresos y retenciones emitido por su empleador. Este paso adicional busca garantizar que la persona cuenta con los recursos necesarios para cumplir con el plan de pagos propuesto.

La entidad también subrayó repetidamente que no adelantará medidas externas como embargos mientras se esté acordando y cumpliendo un plan de pago. Esto significa que el proceso de cobro se suspende, beneficiando así a los contribuyentes con deudas pendientes.

Se debe tener en cuenta que la Dian emitió una guía comprensible respecto a estas facilidades, incentivando a los contribuyentes a regularizar sus deudas y evitar medidas legales más severas. En esta guía se explica claramente que los impuestos del orden nacional constituyen las únicas obligaciones que pueden incluirse en estos acuerdos de pago.

La autoridad de impuestos en el país concluyó que: “Existen otros requisitos dependiendo del tipo de contribuyente. Por ejemplo, si es asalariado, tendrá que anexar el certificado de ingresos y retenciones que emite la empresa para la que labora”.

La estrategia implementada por la Dian busca motivar a los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones fiscales ofreciendo opciones viables y seguras para poner al día sus cuentas pendientes. De este modo, también se espera reducir significativamente la deuda tributaria acumulada.

Beneficios de las facilidades de pago con la Dian: plazo adicional y cuotas ajustables

La Dian comunicó los beneficios de acceder a facilidades de pago para los contribuyentes. Entre las principales ventajas, la entidad asegura que los contribuyentes podrán “tener un plazo adicional para cumplir con la obligación, con cuotas que se ajusten a su capacidad de pago”.

Este mecanismo no solo facilita el pago en plazos adaptados a las posibilidades económicas de cada persona, sino que también tiene un impacto importante en el proceso de cobro. Según la entidad, al acogerse a este beneficio, “el proceso de cobro correspondiente se detiene”. Esto significa que la Dian no adelantará embargos u otro tipo de medidas coercitivas siempre y cuando se cumpla con el acuerdo establecido.

Sin embargo, se debe considerar un aspecto vital dentro de este beneficio: el pago de los intereses de mora. Dependiendo del tipo de deuda, los contribuyentes deberán asumir el costo adicional que representan estos intereses acumulados.

Para aquellos que están interesados en entender su situación tributaria o verificar si tienen deudas pendientes, la Dian recomienda visitar una de sus sedes. Allí, los ciudadanos pueden recibir asesoría personalizada y clarificar cualquier duda respecto a sus obligaciones fiscales. En sus oficinas, se les explicará detalladamente cuál es su situación tributaria actual y cuál es el mejor camino a seguir para regularizarla.

Además de detener el proceso de cobro y evitar embargos, cumplir con las cuotas pactadas es una estrategia que permite a los contribuyentes gestionar mejor sus finanzas y evitar mayores inconvenientes a largo plazo. No obstante, es necesario estar consciente del compromiso que esto implica y tener en cuenta que se deberá ser puntual con cada una de las cuotas asignadas.

Para obtener estos beneficios, el contribuyente debe cumplir estrictamente con los términos acordados y con el cronograma de pagos establecido. Si en algún momento se incumple con una de las cuotas, la Dian puede reactivar el proceso de cobro y proceder con medidas más severas, incluyendo embargos y otros tipos de sanciones.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) llevó a cabo un nuevo operativo de cobranza coactiva enfocado en el sector de servicios médicos en Lima. Durante el operativo, que abarcó diversas clínicas en distintos distritos de la capital, se intervino a establecimientos que acumulan una deuda exigible superior a los 5 millones de soles.

El operativo incluyó embargos bajo la modalidad de intervención en recaudación, permitiendo a la Sunat tomar control de los ingresos de los contribuyentes en dichos establecimientos para asegurar el pago de la deuda pendiente. La intervención era necesaria debido a que, si bien estos contribuyentes declararon sus ventas, no pagaron sus obligaciones tributarias.

70 colaboradores de la Sunat, incluyendo ejecutores, auxiliares coactivos, interventores y personal de apoyo, participaron en la operación que se realizó de manera simultánea en 15 clínicas y centros médicos, los cuales en total poseen 20 locales en distritos como La Molina, San Isidro, Miraflores, Pueblo Libre, Cercado de Lima, Barranco, Comas, Breña, La Victoria y Lince.

El embargo en forma de intervención en recaudación está regulado por el Reglamento de Cobranza Coactiva y se aplica como último recurso para la gestión de cobro de deuda tributaria. Cuando un contribuyente incumple con sus obligaciones, la SUNAT emite órdenes de pago, resoluciones de determinación o multas. Si estos valores no son cancelados, se inicia un procedimiento de cobro mediante una Resolución de Ejecución Coactiva (REC).

La REC ofrece a los contribuyentes un plazo de siete días hábiles para regularizar el pago de su deuda. De no hacerlo en este tiempo, la SUNAT puede adoptar medidas necesarias para recuperar la deuda, siendo el embargo en forma de intervención en recaudación una de las técnicas más efectivas.

Ranking de empresas deudoras a Sunat

Centro Liber ha revelado, a través de una solicitud de acceso a la información pública, la lista de Principales Contribuyentes Nacionales y las deudas tributarias significativas que mantienen con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Estas deudas alcanzan los 27,693 millones 532 mil 636 soles.

De acuerdo con la información proporcionada por la SUNAT y actualizada a mayo de 2022, Centro Liber ha publicado un ranking de las 100 principales empresas con mayores deudas, totalizando 25,786 millones 430 mil 125 soles. Este monto representa el 93.11% del total de la deuda tributaria de los contribuyentes en la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales (IPCN), que agrupa a 570 compañías.

Las cinco empresas con mayores deudas son Telefónica del Perú, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston, Minera Las Bambas, Scotiabank Perú y Compañía Minera Antapaccay. Telefónica del Perú, la empresa con la deuda más significativa, debe S/ 5,450,903,223. Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston adeuda S/ 1,923,983,481, mientras que Minera Las Bambas tiene una deuda de S/ 1,465,649,926. Scotiabank y Minera Antapaccay adeudan S/ 1,465,649,926 y S/ 1,311,841,440 respectivamente.

Entre las compañías mencionadas en el informe también figuran empresas del conocido “Club de la Construcción”, como Gasoducto Sur Peruano S.A. con una deuda de S/ 837,739,465, Odebrecht Latinvest Peru Ductos S.A. con S/ 134,391,886, Constructora OAS S.A. con S/ 591,493,494, y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. con S/ 446,703,413.

Por otro lado, en el sector educativo, las universidades con mayores deudas tributarias incluyen a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), que debe S/ 159,809,288, seguida por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega con una deuda de S/ 107,885,929. La Universidad San Martín de Porres y la Universidad San Ignacio de Loyola tienen deudas de S/ 66,285,933 y S/ 34,733,730 respectivamente.

En un contexto en que la recaudación tributaria en el Perú registra aún saldos en rojo (-6,3% de enero a abril del 2024 comparado al mismo periodo del 2023), las deudas de las grandes empresas que operan en el país alcanzan los S/28.325 millones, cifras actualizadas al 30 de abril, reveló el titular de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Gerardo López González.

En su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, el funcionario detalló que del total de las deudas, el 86,9%, que en cifras reales representan S/24.621 millones, no puede cobrarse debido a que está impugnado y sin resolverse. “Está en un proceso que impide su recuperación”, indicó. Por otro lado, el 12,6% de la deuda total está en plazo por impugnar, el 0,1% en etapa concursal, y el 0,4% en etapa exigible por Sunat.

La recaudación tributaria en abril creció 4%, que ha sido resaltada por el Ministerio de Economía y Finanzas como la tasa más alta en 19 meses. Una de las razones que empujaron este resultado fue, según informó Sunat, el cobro a Telefónica de una deuda de S/746 millones, tras 20 años de litigio. Se debe precisar también que en marzo, los ingresos netos del Gobierno central cayeron 25%.

Más de S/24.000 millones de deudas están impugnadas: plazo para resolverse

De acuerdo con López Gonzáles, Sunat tiene dentro de su estructura una Intendencia dedicada exclusivamente al control de los principales contribuyentes nacionales (grandes empresas) en diversos sectores productivos como minería, construcción, etc. Las deudas suelen transitar por tres instancias como la reclamación, la apelación y la demanda ante un juez.

De la deuda impugnada (S/24.621 millones), S/2.638 millones (11%) se encuentra en etapa de Reclamación ante la Sunat; mientras que S/18.899 millones (77%) está en la segunda etapa de Apelación ante el Tribunal Fiscal; y por último el 12% (S/3.084 millones) en Demanda ante el Poder Judicial.

En cuanto a plazos, Sunat proyecta resolver las reclamaciones de las deudas impugnadas en no más de seis meses, aún cuando en promedio es de 9 meses. En tanto, el Tribunal Fiscal tiene un plazo de hasta 18 meses, aunque en promedio los plazos superan los tres años para resolver el 77% que se encuentra en etapa de apelación.

En la tercera instancia, si bien el Poder Judicial (sale del ámbito administrativo) no tiene un plazo específico para resolver los S/3.084 millones que se encuentran judicializados, el tiempo promedio de resolver bordea alrededor de tres años.

El top 10 de empresas con más deudas tributarias

Con cifras actualizadas a febrero de este 2024, se puede visualizar que la Minera Las Bambas desplazó a Telefónica del Perú y ahora es la compañía que acumula más deudas tributarias al Estado peruano, según el listado al que accedió Ojo Público.

• Minera Las Bambas: S/6.214 millones 152.014
• Telefónica del Perú: S/4.975 millones 284.610
• Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston: S/2.285 millones 662.352
• Nexa Resources Peru: S/1.093 millones 787.712
• Compañía Minera Antapaccay: S/841 millones 749.997
• Minera Chinalco Perú: S/721 millones 264.014
• Ajeper: S/696 millones 201.236
• Arca Continental Lindley: S/331 millones 023.959
• Farmindustria: S/325 millones 075.577
• Nexa Resources Cajamarquilla: S/311 millones 281.635

¿Qué significa una deuda impugnada?

Una deuda impugnada, según la Sunat, se refiere a una situación en la que una empresa o contribuyente no está de acuerdo con la validez o el monto de la deuda tributaria que le ha sido notificada por parte de la misma Superintendencia de Administración Tributaria. Ello puede deberse a discrepancias en la interpretación de la normativa tributaria, errores en el cálculo de los impuestos, o cualquier otra razón que justifique la impugnación por parte del deudor.

Según explicó Luis Arias Minaya, exjefe de la Sunat, el proceso de disputa de una deuda tributaria inicia con la notificación al contribuyente, en el que se le otorga 30 días para impugnarla. Si la empresa no está de acuerdo, la deuda se convierte en una “deuda en litigio”, con un monto marcado como “reclamado”, detalló a Ojo Público.

Posteriormente, la empresa puede apelar, lo que lleva el caso a ser resuelto primero por la Sunat. Si persiste la controversia, el caso es elevado al Tribunal Fiscal, que luego de un análisis emite un veredicto. Si este favorece a la Sunat y ordena el pago, la empresa puede aún objetar y llevar el caso al Poder Judicial, donde se define en última instancia.