El Sistema de Evaluación de Riesgo Financiero (SERF) de Fidelitas marcó 38,3 puntos en agosto, tras una baja mensual de 6,9 puntos, y ubicó el escenario empresario dentro de la categoría de “Riesgo Elevado”. El dato coincidió con un alza de la cantidad de firmas con pagos irregulares, que llegó a 57.045 en julio.

El informe de la compañía, publicado en septiembre y fechado en Buenos Aires el 15 de septiembre de 2026, señaló que el indicador pasó de los 45,2 puntos de julio a 38,3 en agosto. El descenso desplazó al SERF desde la categoría “Señales Mixtas” y reflejó mayores exigencias para las empresas y sus cadenas de valor.

El SERF bajó a 38,3 puntos y pasó a Riesgo Elevado

El reporte evaluó la actividad, el crédito y la morosidad como componentes de un contexto más exigente. Félix El Idd, CEO de Fidelitas, afirmó: “El indicador muestra que la estabilización de algunas variables macroeconómicas todavía no logra traducirse en una mejora generalizada de las condiciones en las que operan las empresas”.

El directivo ubicó la principal fragilidad en el crédito. “El Índice de Riesgo Crediticio descendió hasta 17,8 puntos, reflejando dificultades de pago que restringen la capacidad del financiamiento para impulsar ventas e inversión”, explicó. Según la empresa, el endeudamiento a través de préstamos continuó en niveles bajos y la mora se mantuvo elevada, con especial incidencia entre las firmas.

El documento difundido en septiembre indicó que “la estabilización de precios todavía no se traduce en una mejora de la capacidad de pago ni en una recuperación expansiva de la economía”. También planteó que el contexto obliga a las compañías a priorizar cobranzas, liquidez y una selección más cuidadosa del riesgo comercial.

Las firmas con pagos irregulares llegaron a 57.045 en julio

La cantidad de empresas en mora alcanzó las 57.045 en julio de 2026. Esa cifra equivale a casi el 12% de las aproximadamente 480.000 empresas activas y representó una suba interanual de 56,5%, según los datos informados por Fidelitas.

Entre enero y julio, el número de organizaciones con situación irregular aumentó 18,7%. La comparación sectorial mostró que Servicios concentró 25.308 empresas morosas en julio, frente a 22.098 en enero y 13.960 en enero de 2025. Comercio reunió 15.718, luego de registrar 12.511 a comienzos de 2026 y 6.541 un año antes.

Agropecuaria sumó 5.273 casos en julio, Manufactura alcanzó 5.080 y Constructora contabilizó 4.759. El sector financiero registró 185 organizaciones con pagos irregulares; Industrial, 81; y el grupo “Otra”, 641. Servicios y Comercio concentraron juntos el 71,9% de la morosidad empresarial total.

La variación entre enero y julio fue de 14,5% en Servicios, 25,6% en Comercio, 18,8% en Agropecuaria y 24,4% en Manufactura. Constructora aumentó 13,7%, mientras que Financiero descendió 5,1%. Industrial creció 3,8% y “Otra” avanzó 30,8%, la mayor variación porcentual de la tabla.

En la comparación interanual por actividad, el informe señaló incrementos de 78% en Comercio, de 76,3% en Manufactura y de 65,6% en Agropecuario. El documento vinculó la evolución del crédito con el crecimiento de la morosidad.

La industria cayó 4,9% interanual durante julio

La actividad manufacturera figuró entre los factores que incidieron sobre el indicador. La producción industrial descendió 4,9% interanual en julio y acumuló una contracción de 2,6% entre enero y julio de 2026. En la medición desestacionalizada, retrocedió 5% respecto de junio.

Doce de las 16 divisiones manufactureras anotaron bajas interanuales. Los descensos se concentraron en bienes durables y de capital. Maquinaria y equipo cayó 26,7%, con una retracción de 46,6% en maquinaria agropecuaria, que incluye tractores, cosechadoras y pulverizadoras. Los aparatos de uso doméstico bajaron 20,9%.

Otros equipos, aparatos e instrumentos retrocedieron 31,4%. Dentro de ese rubro, la electrónica de consumo se contrajo 49,8% y los equipos eléctricos disminuyeron 25%. Prendas de vestir, cuero y calzado bajaron 15,9%, mientras que el calzado cayó 26,5%.

Cuatro divisiones mostraron crecimiento en la comparación interanual: refinación de petróleo avanzó 8,1%; madera y papel, 7,1%; metálicas básicas, 1,6%; y otro equipo de transporte, 2,6%. Este último resultado tuvo impulso de las motocicletas.

El Índice de Actividad del SERF quedó en 54,2 puntos. El avance interanual de 2,7% del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de junio aportó al indicador, aunque su tendencia-ciclo permaneció prácticamente estable. Los datos preliminares del mes posterior tampoco permitieron anticipar una mejora relevante, según el reporte.

Los cheques rechazados rondaron los 80.000 por mes

La empresa también informó un nivel persistente de cheques rechazados, cercano a 80.000 mensuales. Durante los primeros ocho meses de 2026, el volumen acumulado de rechazos alcanzó una cantidad equivalente a la anotada durante los doce meses de 2025.

Fidelitas describió el efecto de esa combinación sobre la cadena de pagos: “Una empresa que demora sus obligaciones puede trasladar la presión a proveedores que hasta ese momento operaban normalmente, multiplicando el riesgo cuando varias contrapartes pertenecen al mismo sector o dependen de un mismo ciclo de demanda”.

La compañía agregó que la elección de proveedores debe contemplar distintas variables. “Hoy en día, la elección de un proveedor no solo debe incluir aspectos de calidad en el producto o servicio, equipo de profesionales o tecnología implementada, sino también solidez financiera para no estar incorporando un problema a futuro en la cadena de producción de quien hace la contratación”, explicaron desde la firma.

La diferencia entre tasas de préstamos y depósitos llegó a 65,46 puntos

El costo del financiamiento integró otro de los factores relevados. En agosto, la distancia entre la tasa efectiva anual con capitalización mensual de los préstamos personales, de 88,86%, y la de los depósitos, de 23,40%, fue de aproximadamente 65,46 puntos porcentuales.

El informe indicó que la presión se concentra en el capital de trabajo. “Cuando una compañía cobra más tarde debe financiar durante más tiempo mercadería, salarios e impuestos. Si los márgenes comerciales no compensan ese costo, un aumento de las ventas puede incluso deteriorar la posición de caja”, señaló.

También sostuvo que “el crecimiento de la facturación pierde valor cuando queda inmovilizado en cuentas por cobrar o en sobrestocks”. A esa situación sumó la evolución de los costos empresariales medidos en dólares, que comprime márgenes y deteriora la competitividad cuando no existe una mejora equivalente de productividad.

La baja de la inflación a 1,7% en agosto y el desempeño del comercio exterior fueron consignados como señales favorables, aunque el documento indicó que no compensaron la debilidad del mercado interno y el deterioro crediticio. Además, Fidelitas detectó en sus bases de datos más empresas con deudas previsionales impagas y un mayor número de sanciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“En definitiva, el desafío empresario ya no pasa solamente por vender, sino por vender cobrando, preservar liquidez y administrar cuidadosamente el riesgo de cada operación”, concluyeron desde Fidelitas.

El Gobierno enfrenta vencimientos de deuda en moneda extranjera por cerca de USD 4.000 millones en lo que resta del año. Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero y detalló las fuentes previstas para cubrir esos compromisos hasta el final del mandato de Javier Milei, el mercado sigue de cerca la evolución de las cuentas públicas para evaluar la disponibilidad de dólares. Los analistas identifican distintas fuentes que podrían aportar los recursos necesarios.

Un informe de la consultora Analytica estimó obligaciones en dólares por USD 3.826 millones entre septiembre y diciembre de 2026. El cronograma reúne pagos a acreedores privados, al Fondo Monetario Internacional (FMI), por el Bopreal -un bono que se otorgó a empresas para cancelar deuda comercial con el exterior- y a otros organismos internacionales. La atención está puesta en la capacidad del Tesoro para sostener la disponibilidad de divisas frente a esa agenda de obligaciones y en las fuentes de financiamiento que el programa oficial contempla para los próximos meses.

Este mes, los vencimientos suman USD 1.452 millones, de los cuales USD 800 millones corresponden a un pago de capital al FMI. Para octubre, noviembre y diciembre, las obligaciones son algo menor y en el acumulado de los últimos cuatro meses del año, suman un total de casi 4.000 millones de dólares.

Una cifra similar estima la consultora Eco Go. El economista Lucio Garay Méndez señaló que aún restan compromisos por USD 4.100 millones este año. Cerca de la mitad corresponde a pagos de capital e intereses al FMI, incluido un vencimiento previsto para septiembre. El resto del calendario contempla pagos puntuales a otros organismos internacionales y cupones de bonos soberanos en dólares. “El Tesoro no tiene de momento, con énfasis en esto último, un desafío en el programa financiero de dólares”, afirmó en conversación con Infobae.

La evaluación de Garay Méndez se apoya en los recursos que el Tesoro mantiene depositados y en los ingresos que el programa financiero contempla. Hasta el 10 de septiembre, el último informe monetario diario registró depósitos en moneda extranjera por USD 2.762 millones en el BCRA. El monto equivalía a $4,1 billones, con un tipo de cambio de 1.512 pesos.

Esos depósitos podrían permitir afrontar el pago próximo con el FMI, aunque la operación implicará una reducción importante de las tenencias en moneda extranjera del Tesoro. Tras ese vencimiento, la disponibilidad de dólares caerían a niveles bajos. Por eso, el seguimiento del mercado no se limita a la cifra de depósitos existente en una fecha determinada. También incluye la llegada de nuevos fondos, el resultado de las emisiones de deuda y los ingresos que el Gobierno espera obtener mediante otras operaciones incluidas en el programa financiero.

Ingresos de dólares

Entre los recursos previstos figura un desembolso pendiente del FMI por 1.000 millones de dólares. Garay Méndez indicó que ese giro debería llegar antes de fin de año. Según su análisis, la combinación entre los depósitos del Tesoro y ese desembolso permitiría cubrir la secuencia de vencimientos hasta diciembre. “Con el desembolso del Fondo que debería llegar antes de fin de año, los compromisos hasta diciembre estarían cubiertos”, sostuvo. El ingreso aparece como una fuente necesaria para recomponer la disponibilidad de divisas después del pago de septiembre.

El programa financiero que Caputo presentó a mitad de año también identificó otras alternativas para sumar dólares. Una de ellas son las colocaciones del Bonar 2029 (AO29). Hasta el momento, la Secretaría de Finanzas colocó USD 1.179 millones a través de ese instrumento. El monto total previsto para esa vía asciende a USD 2.000 millones, por lo que queda un margen de USD 821 millones para captar mediante nuevas adjudicaciones. Esos recursos se agregan al saldo depositado en el BCRA y al desembolso pendiente del FMI dentro de la estructura de financiamiento oficial.

Otra de las fuentes que contempla el plan oficial son los ingresos por privatizaciones. La previsión oficial alcanza hasta USD 800 millones por ventas de empresas estatales, con una expectativa de recursos concentrada sobre todo en el segundo semestre.

A su vez, esta semana se conoció que el equipo económico negocia una nueva garantía con el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) y otra con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La operación busca permitir el acceso a un préstamo de hasta 800 millones de dólares. Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron a Infobae las negociaciones y aseguraron que ese mecanismo siempre estuvo incluido en la hoja de ruta oficial.

El pago al Fondo previsto para septiembre será el primer movimiento de un cronograma que seguirá con compromisos en octubre, noviembre y diciembre. En ese período, el mercado observará el saldo de los depósitos del Tesoro en el BCRA, el ingreso pendiente de USD 1.000 millones del FMI, las nuevas colocaciones del Bonar 2029, los recursos asociados a las privatizaciones y el avance de la negociación con Fonplata y la CAF por el crédito de hasta USD 800 millones.

La morosidad de las familias argentinas lleva más de un año y medio de crecimiento sin pausa, aunque el recorrido empezó a mostrar matices en julio. El deterioro de la cartera crediticia no avanza igual en todo el país ni de la misma manera según quién otorgue el préstamo: hay provincias donde el problema apenas roza a los hogares y otras donde alcanza a una porción amplia de los deudores, así como una brecha marcada entre lo que ocurre en los bancos y lo que sucede en el circuito de crédito no bancario.

El informe “Crédito a las familias: radiografía provincial”, elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y Eco Go a partir de datos de la Central de Deudores del BCRA, el Indec y la Cepal, permite reconstruir ese panorama con el corte de julio.

El dato que marca el mes es la contracción del crédito real. Según el informe, el financiamiento a las personas físicas alcanzó los $99,4 billones en julio, con una caída de 0,7% en términos reales respecto de junio. Ese retroceso convive con un nivel todavía superior al de un año atrás: el crédito acumula un alza de 4,7% interanual.

En paralelo, la mora total por monto continuó en ascenso. Llegó al 18,0% del crédito, 0,5 puntos porcentuales más que en junio y 10,3 puntos más que en julio de 2025. Con ese registro, acumuló 21 meses consecutivos de aumento. El deterioro también alcanza a la cantidad de personas: en julio, el 26,6% de los deudores registraba al menos un saldo irregular, 0,3 puntos porcentuales más que el mes anterior y 8,3 puntos más que un año atrás.

Frente a esa suba sostenida, el informe incorpora un indicador complementario: la mora operativa, que excluye los créditos en situación 5, la categoría de mayor irregularidad (mora superior a un año). Ese indicador se ubicó en 11,8% de la cartera y, a diferencia de la mora total, mostró una señal de moderación. Según el estudio, esa medición “sirve como un indicador más genuino de la mora al evitar los diferentes criterios de las empresas” en el tratamiento de los créditos más deteriorados, por lo que ofrece una lectura distinta sobre la evolución de la calidad de la cartera.

Qué pasó con el crédito en julio

La caída del crédito real de julio no se repartió de igual manera entre las provincias. La Pampa fue la única jurisdicción con una expansión mensual positiva, de 0,5% real, mientras que en el resto del país el crédito se contrajo. La mayor retracción del mes se dio en Chaco, con una caída de 2,1 por ciento.

La comparación interanual todavía muestra un panorama distinto. De las 24 jurisdicciones relevadas, 21 exhiben crecimiento real frente a julio de 2025 y solo tres registran caídas: La Rioja y Tierra del Fuego, con una retracción de 0,7%, y Misiones, con una baja de 0,5 por ciento. En el otro extremo, Neuquén lidera la expansión interanual con 9,3%, seguido por La Pampa (8,8%), Mendoza (8,4%) y la Ciudad de Buenos Aires (7,9%).

Por otro lado, se puede comparar el nivel de endeudamiento de las familias con el producto de cada provincia. A nivel nacional, el crédito equivale al 8,8% del Producto Bruto Interno (PBI). Ese porcentaje es más alto en Tucumán (13,5% del PBG), Catamarca (12,3%) y Formosa (11,8%)-

A esas diferencias se agregan las de penetración crediticia y deuda promedio. Mientras que a nivel nacional hay 445 deudores cada 1.000 habitantes, ese número sube a 665 en la Ciudad de Buenos Aires, 574 en Tierra del Fuego, 560 en Santa Cruz y 535 en Neuquén. La deuda promedio por deudor, de $4,8 millones a nivel país, también es más alta en esas mismas jurisdicciones: $8,6 millones en Tierra del Fuego, $7,1 millones en la Ciudad de Buenos Aires, $6,9 millones en Santa Cruz, $6,8 millones en Neuquén, $6,3 millones en La Pampa y $6,2 millones en Chubut.

La mora por provincia

El nivel de mora también presenta fuertes diferencias entre jurisdicciones, aunque con una dirección común: todas las provincias registraron un aumento tanto mensual como interanual de la mora por monto, según precisa el informe.

La Rioja concentra la mora por monto más alta del país, con 25,3% del crédito informado, seguida por Santa Cruz (23,6%) y San Luis (23,5%). En el otro extremo se ubican La Pampa (9,6%), la Ciudad de Buenos Aires (12,4%) y Entre Ríos (14,0%), las tres jurisdicciones con los niveles más bajos.

Al observar la proporción de deudores en mora, en lugar del monto adeudado, el mapa se mantiene en gran medida similar. La Rioja vuelve a encabezar el ranking, con el 36,5% de sus deudores en situación irregular, seguida por San Juan (35,6%), Catamarca (35,5%) y San Luis (34,7%). El promedio nacional de este indicador, cabe recordar, es de 26,6 por ciento.

Los créditos no bancarios

Una parte del deterioro de la cartera está asociada al tipo de otorgante. El sistema financiero concentra el 85,4% del crédito a las familias y presenta una mora del 15,8%, mientras que los proveedores no financieros de crédito (PNFC) explican el 14,6% restante, equivalente a $14,5 billones, con una mora que asciende al 31,3 por ciento.

El peso del crédito no bancario también varía mucho entre provincias. La Rioja es la jurisdicción donde más incide este segmento, con el 36% del crédito provincial canalizado a través de PNFC, seguida por Santiago del Estero y Formosa. Dentro de ese segmento, además, los niveles de mora más altos se concentran en Misiones (39,3%), San Luis (36,8%) y Chaco (35,8%), muy por encima del promedio del 31,3% que exhiben los PNFC a nivel nacional.

Este fenómeno del crédito no bancario tiene un correlato directo en un problema que excede al sistema financiero. Una informe reciente de Eco Go, señaló que el deterioro de la cartera no constituye un riesgo sistémico, en la medida en que los proveedores no financieros no captan depósitos ni intermedian el ahorro del público de la misma manera que los bancos. Sin embargo, los especialistas plantean que el problema golpea por otro canal: deteriora el balance de las familias, encarece y restringe el acceso al crédito nuevo y, en una economía donde crece el trabajo informal, termina afectando incluso la capacidad de las personas de generar ingresos, al comprometer bienes que funcionan al mismo tiempo como patrimonio familiar y como capital de trabajo.

En el otro extremo del mapa de incidencia del PNFC aparecen los distritos con mayor acceso al sistema bancario tradicional. La Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción donde este segmento tiene menor peso, con poco más del 6% del crédito provincial, seguida por porcentajes apenas superiores en La Pampa, la provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Fe y Córdoba.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los programas sociales estén provocando un mayor endeudamiento del país y respondió a las críticas de sus opositores sobre el manejo de las finanzas públicas.

Durante un acto por su segundo año de gobierno en Campeche, aseguró que los recursos destinados a los programas del Bienestar provienen de los impuestos que paga la población.

Ante más de 4 mil personas reunidas en la Concha Acústica, la mandataria federal sostuvo que el dinero recaudado por el gobierno se utiliza para atender las necesidades de la población a través de los distintos programas sociales, así como mediante obras y acciones públicas.

“Dicen que están endeudando al país, que manejan muy mal las finanzas, falso”, afirmó Sheinbaum durante su discurso, en el que defendió la política social implementada por los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

Sheinbaum defiende recursos para programas del Bienestar

La presidenta explicó que, desde su perspectiva, el mecanismo es sencillo: los impuestos que paga el pueblo de México son recaudados por el gobierno y posteriormente regresan a la población mediante los programas sociales.

“Lo que hacemos es muy sencillo, el dinero que paga de impuestos el pueblo de México se les regresa a través de los programas del bienestar”, expresó.

Sheinbaum vinculó esta política con el proyecto de transformación iniciado en 2018 durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, periodo que, dijo, marcó un cambio en la manera de utilizar los recursos públicos.

Recordó que en ese año comenzó, según su discurso, la Cuarta Transformación de la vida pública de México, con un gobierno que volvió a atender las demandas de la población.

La presidenta también retomó una expresión que había utilizado previamente para describir los programas sociales, al señalar que representan “el amor del pueblo convertido en política, en acciones de gobierno”.

“México cambió y está cambiando”, afirma la presidenta

Durante su intervención, Sheinbaum aseguró que los programas del Bienestar forman parte de una política pública que busca colocar al pueblo como prioridad en la utilización del presupuesto federal.

La presidenta contrastó esta estrategia con los gobiernos que antecedieron a la Cuarta Transformación. Aseguró que durante un periodo de 36 años, desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el de Enrique Peña Nieto, México vivió lo que calificó como una “triste noche neoliberal”.

Según Sheinbaum, durante ese periodo se vendieron empresas que pertenecían al pueblo y se permitió que una élite tuviera una influencia determinante en las decisiones del país.

Sheinbaum reivindica la Cuarta Transformación

Frente a ese escenario, la presidenta sostuvo que con la llegada de la Cuarta Transformación se modificó la orientación del presupuesto público, al enfocarlo en programas sociales, obras y acciones destinadas a la población.

Su mensaje se centró en defender la política de bienestar y responder a los cuestionamientos sobre el supuesto impacto de estos programas en las finanzas nacionales.

Sheinbaum reiteró que los apoyos sociales forman parte de una estrategia mediante la cual el dinero recaudado a través de los impuestos regresa a la población.

La mandataria federal cerró así su intervención con una defensa de los programas del Bienestar como uno de los principales ejes de la Cuarta Transformación y afirmó que México cambió y continúa cambiando mediante esta política de gobierno.

El Banco Provincia emitirá nuevos títulos de deuda en pesos y dólares bajo la modalidad dólar MEP, con el objetivo de captar fondos para ampliar los créditos productivos destinados a pymes y los préstamos de consumo para familias bonaerenses. La operación será el lunes 14 de septiembre.

Será la segunda colocación de deuda de la entidad durante este año. En la emisión anterior, concretada el 4 de junio, se adjudicaron títulos por más de USD 97 millones, un 43% por encima del objetivo previsto, tras recibir ofertas superiores a las expectativas y una amplia participación de inversores institucionales.

La licitación estará disponible entre las 10:00 y las 15:30 a través del homebanking BIP. De acuerdo con Banco Provincia, la nueva emisión busca diversificar las fuentes de financiamiento y obtener fondeo de mayor plazo en el mercado de capitales.

Dos instrumentos con plazos de 12 y 24 meses

La Clase VII estará denominada, integrada y pagadera en pesos, con un plazo de 12 meses. Devengará una tasa variable compuesta por TAMAR más un margen que se definirá en la licitación, pagará intereses trimestrales y amortizará el total del capital al vencimiento.

El monto mínimo para suscribir esta clase será de $1.000.000, con múltiplos de $1. La calificadora de riesgo Fix SCR le asignó la nota A1+ (arg).

La Clase VIII estará denominada en dólares estadounidenses bajo la modalidad dólar MEP y tendrá un plazo de 24 meses. Ofrecerá una tasa fija que se determinará en la colocación, abonará intereses semestrales y devolverá el capital íntegramente al vencimiento.

La suscripción mínima para este instrumento será de USD 1.100, con múltiplos de USD 1. Fix SCR calificó esta clase con AA (arg).

La campaña Baño de inversión, orientada a acercar estas herramientas financieras a más personas, establece que la licitación no tendrá comisión. La comisión de custodia también estará bonificada al 100% para la cartera de Individuos.

Los recursos obtenidos permitirán a la banca pública bonaerense complementar sus vías tradicionales de financiamiento. Ese fondeo se destinará a sostener la oferta de créditos para empresas, pymes, emprendimientos y consumos de los hogares de la provincia de Buenos Aires.

Cuenta comitente y caja de ahorro en dólares vinculadas

Las personas interesadas en suscribir cualquiera de los títulos deberán contar con una cuenta a la vista y una Cuenta Comitente de Títulos. La apertura de la cuenta de inversión puede realizarse desde BIP mediante la ruta.

Quienes opten por los bonos Clase VIII deberán tener, además, una caja de ahorro en dólares asociada a la cuenta comitente.

Hipotecarios

Infobae contó esta semana que el Banco Central excluyó al Banco Provincia de la primera licitación de fondos de la Anses destinados a nuevos créditos hipotecarios, al impedir la participación de entidades sujetas a un plan de regularización y saneamiento que la banca bonaerense busca cerrar desde hace al menos dos años.

La subasta movilizó 200.000 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y recibió 42 propuestas de 18 bancos por $258.640 millones. Trece entidades resultaron adjudicatarias, por un monto equivalente al 77% de las ofertas recibidas.

La restricción surgió de las reglas elaboradas por el BCRA el viernes anterior a la colocación. La norma definió como entidades elegibles a los bancos que no estén alcanzados por planes de regularización y saneamiento, no adeuden cargos previstos en la Ley 21.526 ni tengan sanciones firmes con restricciones operativas vigentes.

El Banco Provincia es la única entidad del sistema financiero incluida en un plan de regularización y saneamiento. Fuentes del sector sostuvieron que la entidad solicitó al Central, desde hace por lo menos dos años, el levantamiento de ese esquema tras cumplir los requisitos exigidos, pero el trámite nunca se concretó.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede embargar bienes heredados cuando la persona fallecida dejó deudas fiscales sin pagar. La medida no aparece de forma automática: depende del origen del adeudo, del tipo de bienes involucrados y de los plazos que marca la ley para que los herederos actúen.

Cuando un contribuyente muere, sus obligaciones con el fisco no se cancelan. El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que los créditos fiscales pendientes se integran a la masa hereditaria, por lo que los herederos reciben tanto los bienes como las deudas que haya dejado el fallecido, incluidas las de carácter tributario.

Por qué las deudas fiscales no desaparecen con la muerte

Si un adeudo con el SAT ya existía en vida del contribuyente, la autoridad conserva la facultad de continuar el cobro después del fallecimiento. Esto aplica sin importar la etapa en la que se encuentre el proceso.

Si los bienes ya estaban embargados antes de la muerte, el SAT prosigue con el remate, es decir, con la venta en subasta pública para cubrir el crédito fiscal. Si el embargo aún no se había ejecutado, la autoridad puede iniciarlo durante el proceso sucesorio, mientras los bienes todavía no pasan a propiedad definitiva de los herederos.

Durante ese periodo, quien debe responder ante el SAT es el albacea, la persona encargada de administrar el patrimonio del fallecido hasta que se reparta entre los herederos. El albacea cumple con las obligaciones fiscales pendientes utilizando los recursos de la masa hereditaria, no su propio patrimonio.

El fisco mantiene esta facultad de cobro incluso años después del deceso, siempre que el crédito fiscal continúe vigente y no se haya extinguido por falta de bienes o por prescripción.

En qué casos el SAT puede embargar bienes heredados

No todas las deudas del fallecido se heredan de la misma manera. El origen del adeudo determina si los bienes heredados pueden ser embargados.

Si la persona fallecida generaba ingresos por actividad empresarial, servicios profesionales independientes o arrendamiento de inmuebles, esas deudas fiscales sí se integran a la sucesión y deben cubrirse con los bienes heredados. En cambio, si el adeudo proviene de sueldos y salarios como trabajador subordinado, esa obligación no se transmite a los herederos.

Existe además un límite que protege a las familias: en México, la herencia se acepta a beneficio de inventario. Esto significa que los sucesores responden ante el SAT únicamente hasta donde alcance el valor de los bienes heredados, sin comprometer su patrimonio personal. Si la deuda supera el valor de los activos heredados, el fisco no puede exigir la diferencia a los familiares, quienes conservan el derecho de repudiar formalmente la herencia.

Para que el embargo proceda, el crédito fiscal debe estar determinado y notificado, y el plazo otorgado para pagarlo o garantizarlo debe haberse agotado sin que el albacea o los herederos actúen. Solo entonces el SAT puede recurrir al Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE).

Qué bienes están protegidos y cuáles pueden ser embargados

El Código Fiscal de la Federación establece un orden específico para señalar los bienes sujetos a embargo. Primero se consideran el dinero en efectivo, los metales preciosos y los depósitos bancarios. Después, acciones, bonos y créditos de fácil cobro a cargo de dependencias o empresas solventes. En tercer lugar, otros bienes muebles y, por último, los bienes inmuebles.

Entre los activos que pueden quedar sujetos a embargo se encuentran cuentas de ahorro e inversión, casas, terrenos, vehículos, joyas y derechos sobre marcas o patentes. También pueden inmovilizarse depósitos bancarios mediante un oficio dirigido directamente a la institución financiera o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La ley excluye expresamente ciertos bienes del embargo. No pueden tocarse el lecho y la vestimenta del deudor y su familia, los muebles de uso indispensable que no sean de lujo, los instrumentos y el mobiliario necesarios para ejercer una profesión u oficio, ni la maquinaria y los animales indispensables para la actividad de un negocio.

Tampoco es embargable el patrimonio de familia debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad, ni los sueldos, las pensiones, los ejidos o el derecho de usufructo. Un automóvil heredado que no tenía vínculo con una actividad empresarial, por ejemplo, no debería quedar sujeto a este procedimiento.

Paso a paso: qué hacer si el SAT reclama una deuda heredada

El trámite ante el SAT varía según exista o no un testamento, y depende de quién quede facultado para representar al fallecido ante la autoridad fiscal.

1. Identificar quién debe presentarse ante el SAT.Si el fallecido dejó testamento con un heredero designado, esa persona debe acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente (ALSC) más cercana al domicilio del fallecido. Si se nombró un albacea, o si no existe testamento y se inició un juicio sucesorio, es el albacea quien debe presentarse.

2. Reunir la documentación necesaria. El heredero debe presentar copia certificada del documento que acredite su personalidad, como la adjudicación testamentaria, junto con una identificación oficial vigente. El albacea debe mostrar el documento que lo acredite como tal, además de su identificación.

3. Solicitar información sobre los adeudos. En el módulo de atención, preferentemente con cita previa, se puede pedir el detalle de los créditos fiscales del fallecido: origen, monto y fecha de cada adeudo.

4. Hacer un inventario de bienes y deudas. Antes de aceptar o repartir la herencia, conviene que el albacea o los herederos determinen con precisión qué bienes dejó el fallecido y qué obligaciones fiscales existen, para decidir si conviene aceptar la herencia o repudiarla.

5. Pagar o garantizar el adeudo dentro del plazo. Una vez notificado el crédito fiscal, existe un plazo definido para cubrirlo o garantizarlo. Si transcurre sin que se realice ninguna acción, el SAT inicia el proceso de cobro forzoso.

6. Evitar el embargo mediante una garantía. Ofrecer una garantía suficiente ante el SAT permite suspender el Procedimiento Administrativo de Ejecución mientras se negocia, aclara o impugna el crédito fiscal.

7. Buscar orientación en caso de conflicto. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) puede auxiliar a los herederos cuando exista una controversia sobre el embargo o el monto del adeudo determinado por el SAT.

8. Separar los bienes personales de los del negocio. Cuando el fallecido tenía actividad empresarial, es recomendable diferenciar los bienes vinculados al negocio de los bienes personales de los herederos, para evitar que el embargo se extienda más allá de lo necesario.

Cuando el fallecido solo generaba ingresos por sueldos y salarios como trabajador subordinado, o por honorarios como prestador de servicios independientes, cualquier familiar u otra persona interesada puede solicitar directamente al SAT información sobre sus adeudos, sin necesidad de acreditar el carácter de heredero o albacea.

Qué ocurre si nadie reclama la herencia

Existe un escenario distinto al embargo fiscal, aunque también implica que el patrimonio termine en manos del Estado: la herencia vacante. Esta figura se activa cuando, tras un proceso judicial con intervención del Ministerio Público, un juez confirma que no existe ningún heredero, ni siquiera parientes colaterales hasta el cuarto grado.

En ese caso, los bienes se declaran vacantes y se adjudican al Fisco Federal o a instituciones de asistencia social, según lo determine cada entidad. En la Ciudad de México, el artículo 1668 del Código Civil local establece que esos bienes pasan al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que los destina a asistencia social. En otros estados, el destino es el erario estatal o instituciones de beneficencia pública equivalentes.

El Código Civil Federal contempla además una figura complementaria: los bienes vacantes, aquellos inmuebles sin dueño cierto y conocido. Quien tenga noticia de su existencia puede denunciarlos ante el Ministerio Público, que evalúa si corresponde solicitar ante un juez que se declaren vacantes y se adjudiquen al Fisco Federal. Quien realiza la denuncia tiene derecho a recibir una cuarta parte del valor catastral de los bienes denunciados.

Esta situación es poco frecuente, ya que la ley contempla un abanico amplio de parientes con derecho a heredar antes de que el Estado sea considerado el último eslabón en la línea de sucesión.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión a mantener como prioridad la estabilidad de las finanzas públicas ante la presentación del Paquete Económico 2027, al considerar que México debe conservar el grado de inversión, disminuir gradualmente el déficit público y desacelerar el crecimiento de la deuda.

El organismo empresarial señaló que el objetivo debe ser construir condiciones que permitan a la economía mexicana crecer a un ritmo mayor, al tiempo que se mantiene la estabilidad económica y se generan mejores condiciones para la inversión y la creación de empleos formales.

De acuerdo con el CCE, la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal representa un avance hacia unas finanzas públicas sostenibles, aunque consideró necesario mantener una revisión técnica de las medidas planteadas y de sus posibles efectos sobre empresas, trabajadores y consumidores.

CCE pide eficiencia en el gasto público

Entre sus principales planteamientos, el sector empresarial solicitó un ejercicio eficiente del gasto público y la búsqueda de soluciones estructurales para las empresas del Estado.

El CCE sostuvo que la disciplina en el uso de los recursos públicos resulta fundamental para fortalecer la posición financiera del país y generar confianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros.

También pidió avanzar en una estrategia que permita ampliar la base de contribuyentes, fortalecer la formalidad y combatir la evasión fiscal, además de enfrentar las redes relacionadas con la facturación falsa.

En este sentido, el organismo consideró que la prioridad debe ser que quienes actualmente no cumplen con sus obligaciones fiscales paguen los impuestos que les corresponden, en lugar de concentrar mayores cargas sobre los contribuyentes que ya se encuentran dentro de la formalidad.

Empresarios piden reglas claras para invertir

En materia de ingresos, el CCE consideró positivo mantener el diálogo técnico con las autoridades para evaluar el impacto de las medidas propuestas y, en su caso, realizar los ajustes necesarios para procurar que sus efectos sean equitativos.

Al mismo tiempo, el sector privado planteó que para impulsar la inversión y el crecimiento económico se requieren reglas claras, seguridad y certidumbre fiscal.

El acceso suficiente a energía y agua también fue señalado como una condición indispensable para atraer nuevas inversiones y permitir la expansión de empresas ya establecidas en México.

El organismo empresarial destacó que estas condiciones son especialmente relevantes para mantener la llegada de capital nacional y extranjero en un entorno económico internacional complejo.

PyMEs, una pieza clave para el empleo

El CCE también reconoció los incentivos contemplados para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), al considerar que representan un componente fundamental de la actividad económica del país.

El sector empresarial destacó que las PyMEs generan alrededor del 70% del empleo en México, por lo que cualquier política económica debe considerar mecanismos que favorezcan su crecimiento, formalización y permanencia.

Asimismo, el CCE valoró el acuerdo para mantener un diálogo permanente con el Gobierno Federal y evaluar los posibles efectos del Paquete Económico 2027.

Para ello, propuso utilizar un mecanismo formal de seguimiento que permita analizar los resultados de las medidas y plantear modificaciones cuando sean necesarias.

CCE busca acuerdo con Gobierno Federal

El Consejo Coordinador Empresarial sostuvo que existe un objetivo compartido entre el Gobierno y el sector privado: aumentar el crecimiento económico y proteger el bienestar de los mexicanos.

Para lograrlo, consideró necesario mantener como prioridades el gasto social en áreas como salud y educación, además de fortalecer la inversión en infraestructura.

Finalmente, el organismo empresarial señaló que la construcción de acuerdos entre el Gobierno y el sector privado envía una señal positiva tanto dentro como fuera de México.

A su juicio, mantener este entendimiento demuestra que el país puede generar consensos y actuar con responsabilidad frente a un escenario económico complejo, al mismo tiempo que busca preservar la estabilidad, atraer inversión y crear más empleos formales.

El problema de los altos niveles de morosidad no es nuevo, pero hay múltiples aristas que se pueden analizar para entender mejor el origen de los endeudamientos. En este caso, un simple análisis de las tasas de endeudamiento por género y rango etario permite entender que algunas de las situaciones más graves se concentran en mujeres jóvenes, de menos de 25 años. Se trata de un grupo de la población particularmente afectado por la informalidad laboral, la brecha de género y los bajos ingresos.

Un informe elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad a partir de su Mapa de la Deuda, con información actualizada a julio de este año, permite dimensionar el nivel de incumplimiento que registra ese segmento en cada provincia del país y en los municipios bonaerenses donde el problema resulta más agudo.

En el total del país, la tasa de morosidad de las mujeres de hasta 25 años se ubicó en 38,25%, considerando topo tipo de entidades financieras. El universo de deudoras de esa franja etaria alcanza las 784.172 personas, de las cuales 311.087 registran atrasos en sus pagos. La deuda promedio de ese grupo es de $1.020.000, mientras que entre quienes están en mora ese monto asciende a 987.660 pesos.

Los hombres de ese mismo rango etario también tienen una tasa de morosidad alta, pero inferior a la de las mujeres (37,1% en el total nacional). En otros grupos de edades las tasas son sensiblemente menores y el promedio total nacional de ese mes fue de 17,94%, según la información publicada.

Las provincias con mayor morosidad femenina

Considerando siempre a las mujeres de menos de 25 años, San Luis encabeza el ranking provincial de endeudamiento, con una tasa de morosidad del 46,35 por ciento. Le siguen Chaco, con 43,73%, y Catamarca, con 42,83 por ciento. Más atrás se ubican San Juan, con 42,29%, y La Rioja y Corrientes, ambas con 41,94%.

Otras provincias con niveles por encima del promedio nacional son Santa Cruz, con 41,67%; Buenos Aires, con 40,47% y Chubut, con 39,95 por ciento. En tanto, los valores más bajos del país corresponden a La Pampa, con 31,65%, y Neuquén, con 30,03 por ciento.

Los municipios bonaerenses más golpeados

Si bien Buenos Aires tiene una tasa de morosidad de 40,47% entre las mujeres de menos de 25 años, algunos partidos muestran una situación mucho más grave. Pila encabeza esa lista, con una tasa de 65,18 por ciento. Le siguen General Lavalle, con 63,53%, y Castelli, con 62,06% en julio. Más atrás aparecen Tordillo, con 55,53%; Pellegrini, con 51,16%; Puán, con 51,09%, y Alberti, con 50,08%, por citar algunos ejemplos.

Estos partidos comparten algunas condiciones en particular. En general se trata de municipios chicos, con poca población y, por tanto, con pocas deudas en términos absolutos. Es decir, las tasas de morosidad son extremadamente altas, pero en la realidad son pocas decenas de mujeres las que conforman esos porcentajes.

Más allá de esto, hay otros datos que sí son preocupantes. En Pila, por ejemplo, la deuda promedio de las mujeres de hasta 25 años es de $1.750.000, un monto que supera ampliamente los $987.660 de deuda promedio del total general de ese rango etario. Pasa lo mismo en otros partidos. En Castelli, la deuda promedio se ubica en $1.680.000 y la deuda en mora promedio alcanza los $3.380.000, uno de los niveles más altos entre los casos relevados.

Una porción chica, pero con tasas alarmantes

Ahora bien, el peso de las mujeres menores de 25 años dentro del total de la deuda de los hogares resulta acotado. Entre las 311.087 mujeres de esa edad que se encuentran en una situación de morosidad, la deuda en mora asciende a $307.248 millones, lo que representa apenas el 1,78% de la deuda en mora total de Argentina, que en julio fue de $17,23 billones.

Eso no quita, por supuesto, que se trata de un problema preocupante. Un informe de la consultora Econviews, que analizó el perfil de los deudores del sistema, señaló que la deuda mediana de los menores de 25 años es de $280.000, frente a más de $1.500.000 entre quienes tienen 35 años o más. Según la consultora, se trata de personas con montos chicos, mientras que el grueso del dinero en mora se concentra en las edades intermedias.

Esa combinación entre bajo peso relativo y alta incidencia también aparece en otros indicadores. La consultora sostuvo que los jóvenes entran en mora 3,6 veces más rápido que los mayores de 65 años y que, cuando caen, lo hacen de manera más completa: el 82% de los morosos menores de 25 años tiene todas sus deudas atrasadas, contra el 46% en el caso de los deudores de mayor edad. De esta manera, aunque el monto individual de la deuda es bajo, la proporción de mujeres jóvenes que no logra cumplir con sus pagos se mantiene en niveles altos en todo el país.

Econviews también destacó el rol del crédito no bancario en el crecimiento de la morosidad. Ese segmento explica menos del 10% del financiamiento total, pero concentra más de una cuarta parte de los pesos en mora y una cantidad de deudores en mora superior a la de los bancos, debido a que se trata de préstamos de montos chicos otorgados a un número mayor de personas. Dentro de ese universo, las fintech aparecen con frecuencia entre los nuevos morosos, aunque su mora por persona resulta más baja que la del resto del crédito no bancario.

Si te has preguntado ¿Qué pasa si un acreditado de Infonavit deja de pagar su crédito? es importante saber que el instituto inicia primero procedimientos de cobranza administrativa y solo tras un incumplimiento prolongado —generalmente superior a doce meses sin acuerdo posible— puede iniciar un juicio especial de adjudicación ante juzgados civiles, con base en el artículo 49 de la Ley del Infonavit. El proceso no es automático ni inmediato.

Pese a que la cartera vencida bajó 5,669 millones de pesos frente a marzo, el propio instituto reconoce que la reducción no responde a un mayor cumplimiento de pago, sino a la condonación de adeudos, la disminución del saldo o la rebaja en la tasa de interés aplicadas a través de sus programas de apoyo.

Magnitud de la morosidad en el instituto

La cartera vencida del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) llegó a 404,511 millones de pesos al cierre de junio de 2026, de acuerdo con información obtenida mediante solicitudes de transparencia y los estados financieros del instituto. La cifra equivale al 21.07% de su saldo total de crédito, frente al 21.21% reportado tres meses antes.

El monto duplica la morosidad de toda la banca comercial mexicana, que registra 193,161 millones de pesos en cartera vencida —un índice de 2.3%—, según el informe de agosto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El número de créditos en mora pasó de 907,850 casos en marzo de este año a 970,155 al cierre de junio, un incremento de 62,305 expedientes. Se trata de cuentas que fueron reestructuradas pero que volvieron a caer en impago, lo que refleja que la baja en el monto total de la deuda convive con un aumento en la cantidad de acreditados afectados.

El programa Infonavit Solución Integral y otros esquemas del instituto

Entre 2025 y 2026, el programa Infonavit Solución Integral reestructuró a la baja 4,436,481 créditos, por un monto de 313,879.6 millones de pesos. Este esquema, vigente desde el 31 de diciembre de 2025, está dirigido a quienes contrataron un crédito hipotecario antes de mayo de 2021, cuando los financiamientos se denominaban en Veces Salario Mínimo (VSM) o Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La bolsa de apoyos se distribuye así:

42,291 millones de pesos condonados tras la cancelación de 242,395 créditos.

157,741 millones de pesos en descuentos directos al saldo final, aplicados a 1,088,000 acreditados.

113,847 millones de pesos derivados de la reducción en tasas de interés para 3,106,000 deudores.

Solución Integral convierte el saldo de VSM o UMA a pesos, a tasa fija, con descuento sobre el capital y reducción de la cuota mensual. El programa es gratuito y no exige trámite: si el acreditado califica, el sistema muestra un aviso en la sección “Mi Crédito” de la plataforma Mi Cuenta Infonavit.

El esquema no aplica en los siguientes casos:

Créditos contratados después de mayo de 2021 (ya están en pesos a tasa fija).

Créditos en proceso de adjudicación o ya cancelados.

Créditos coparticipados, bursatilizados o fideicomitidos.

Etapas del proceso ante el impago

De acuerdo con el marco legal del instituto, el camino hacia una eventual pérdida de la vivienda atraviesa fases diferenciadas:

Primeros meses de atraso (1 a 3 meses):

Llamadas telefónicas de recordatorio.

Mensajes de texto y correos con notificaciones de pago.

Cartas de requerimiento al domicilio.

Registro negativo en el Buró de Crédito.

Atraso prolongado (4 a 12 meses):

Visitas domiciliarias de gestores de cobranza.

Notificaciones formales sobre posibles acciones legales.

Ofrecimiento de programas de reestructura o prórroga.

Actualización constante en Buró de Crédito.

Procedimiento judicial (después de 12 meses o más):

Demanda de adjudicación presentada por Infonavit.

Emplazamiento al deudor.

Período para contestar la demanda.

Audiencia de pruebas y alegatos.

Sentencia judicial y, de proceder, ejecución con desalojo.

El juicio de adjudicación es un procedimiento sumario: no requiere remate, ya que el instituto puede adjudicarse directamente el inmueble. Se fundamenta en los artículos 41 al 51 de la Ley del Infonavit.

Derechos del acreditado y postura del instituto sobre desalojos

Durante el proceso judicial, el acreditado conserva derechos que puede ejercer:

Ser notificado de todas las actuaciones judiciales.

Contestar la demanda y presentar pruebas.

Ofrecer el pago total del adeudo antes de la sentencia definitiva.

Recibir asesoría legal gratuita a través de la Defensoría Pública.

El 16 de junio de 2025, la dirección del Infonavit informó la existencia de 843,000 viviendas adquiridas sin cubrir su pago, de las cuales 145,000 se encuentran habitadas o invadidas. El instituto precisó entonces que no se ejecutarán lanzamientos ni desalojos.

Aunque el instituto tiene capacidad legal para embargar una propiedad, su política es evitar los desalojos. Mientras el acreditado realice pagos parciales o mantenga contacto con Infonavit, el embargo resulta altamente improbable.

Qué hacer si se acumulan atrasos en el pago

El instituto ofrece varios canales oficiales y gratuitos para quienes enfrentan dificultades de pago. Entre las opciones disponibles:

Prórroga por desempleo:

Aplica de forma automática si el acreditado dejó de cotizar y tiene meses disponibles.

Desde la reforma de abril de 2025, no genera intereses durante su vigencia.

Es acumulable hasta por 24 meses durante la vida del crédito.

Se solicita a través de Mi Cuenta Infonavit o llamando a Infonatel al 800 008 3900.

Nivela tu Pago:

Ofrece un descuento de entre 25% y 75% en la mensualidad durante 12 meses.

Requiere haber pagado al menos 12 mensualidades completas desde el inicio del crédito.

No debe haber más de 12 mensualidades pendientes de pago.

Se solicita en Mi Cuenta Infonavit, en la app móvil o en un Centro de Servicio Infonavit (Cesi).

Borrón y Cuenta Nueva por Convenio Privado:

Aplica si el crédito no se encuentra en proceso jurídico por falta de pago.

Exige no contar con otra reestructura vigente.

El crédito debe liquidarse en el plazo acordado en el contrato inicial.

Puede solicitarse hasta dos veces al año.

Documentación general requerida en trámites presenciales:

Número de crédito o Número de Seguridad Social (NSS).

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses.

La recomendación central para quienes enfrentan atrasos es no dejar acumular meses sin avisar al instituto. Los trámites de prórroga y reestructura son gratuitos, y cualquier gestor externo que cobre por “arreglar” o “condonar” una deuda con Infonavit constituye una señal de alerta ante posibles fraudes.

“España mantiene el pulso de crecimiento y eso apunta al 2,6% que hemos previsto de cara al conjunto del año”. Las palabras pronunciadas el pasado lunes por el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reflejan el buen momento que atraviesa la economía española, que acumula tres años consecutivos liderando el crecimiento entre las grandes economías del mundo.

Sin embargo, este escenario favorable empieza a verse amenazado por dos factores que pueden poner a prueba la fortaleza del ciclo expansivo: el repunte de la inflación, impulsado por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio y la escalada de los precios energéticos, y el aumento del coste de financiación de la deuda pública. Según previsiones de Funcas, la factura de los intereses de la deuda española aumentará cerca de un 50% hasta 2030.

Por el momento, los principales indicadores de actividad y empleo mantienen el tono positivo y confirman que el ciclo expansivo conserva buena parte de su impulso. El turismo, la construcción y, sobre todo, los servicios continúan sosteniendo la actividad, mientras la industria permanece rezagada. Sin embargo, detrás de esta fortaleza empiezan a acumularse señales de alerta que podrían condicionar la evolución de los próximos meses.

La inflación se disparada

La principal amenaza llega de la inflación. El índice de precios de consumo (IPC) registró en agosto un incremento interanual del 4,3%, mientras que en términos armonizados alcanzó el 4,5%. La cifra contrasta con el 3,3% registrado en el conjunto de la eurozona y amplía una brecha que España ya había comenzado a experimentar durante la recuperación. Aunque el repunte de los precios afecta también a otras economías del euro, el diferencial español se ha ensanchado.

A la presión inflacionista se suma un segundo problema que va a más: el coste de financiar la deuda pública. Los mercados internacionales han comenzado a exigir mayores rentabilidades por los bonos soberanos, en un contexto marcado por el aumento de los déficits, las necesidades de inversión, el gasto militar y el envejecimiento de la población. España no queda al margen de esta tendencia y el rendimiento de su bono a diez años ha superado el 3,8%, alrededor de medio punto más que a comienzos de año, aunque la prima de riesgo continúa en niveles reducidos.

Todo ello hace que el escenario por el que transita la economía española muestre una dualidad. Por un lado mantiene la velocidad suficiente para evitar un frenazo brusco, pero los factores que alimentan el crecimiento conviven con otros que amenazan con hacerlo más costoso y menos sostenible. La inflación energética, el endurecimiento financiero y el aumento de los intereses de la deuda dibujan un horizonte en el que las administraciones tendrán menos margen de maniobra para responder ante nuevas crisis.

La subida de precios puede impactar en el consumo

El repunte de la inflación tiene un componente energético. El prolongado bloqueo del estrecho de Ormuz ha tensionado los mercados de hidrocarburos y ha provocado una nueva oleada inflacionista en España. El gasoil, la gasolina, la electricidad, los transportes y los costes de las empresas han subido. El problema, a juicio de los analistas de Funcas, es que cuanto más tiempo permanece elevada la inflación, más difícil resultará considerarla un fenómeno pasajero.

Esta persistencia puede tener consecuencias directas sobre el consumo. Los salarios pactados en convenio avanzan alrededor de un 3% de media, un ritmo inferior al de los precios. En este contexto, la pérdida de poder adquisitivo puede llevar a los hogares a contener sus compras y a reducir el ahorro que permitió mantener el gasto durante las primeras fases de la crisis energética. Si cambia esa percepción de transitoriedad, el consumo podría convertirse en uno de los principales frenos del crecimiento, señalan los analistas.

Más subidas de tipos de interés

La escalada de la inflación ya ha impulsado al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés. Tras el primer ajuste realizado en julio, que colocó el precio del dinero en el 2,25%, el mercado descuenta una nueva subida de 25 puntos básicos en la reunión que hoy, 10 de septiembre, va a mantener el Consejo de Gobierno del eurobanco. Esta previsión ya ha provocado una subida del euríbor que en septiembre ya supera el 3,1% y que ha provocado un encarecimiento de las cuotas de las hipotecas cercano a los 1.000 euros de media.

El problema no se limita a las familias. Unos tipos más elevados encarecen también los préstamos a las empresas y pueden frenar la inversión. Las pequeñas compañías, más dependientes del crédito bancario, son especialmente vulnerables a este cambio de condiciones. La economía española tiene solidez para absorber el golpe, pero la capacidad de maniobra se reducirá si la inflación permanece elevada durante más tiempo, advierten desde Funcas.

La factura de la deuda se encarece

La otra gran señal de alerta procede de los mercados de deuda. El rendimiento del bono estadounidense a diez años se ha disparado hasta situarse cerca del 5%, mientras el alemán ronda el 3,5%. España sigue la misma tendencia y la cotización de su bono a diez años supera el 3,8%, medio punto más que a inicios de año. Sin embargo, la prima de riesgo permanece en niveles reducidos.

La tendencia al alza de la deuda pública no se debe solo al repunte de los precios y la perspectiva nuevas subidas de tipos de interés por parte del BCE. “También contribuye la sensación de incapacidad de los gobiernos para contener el deterioro de los desequilibrios presupuestarios y prevenir una acumulación insostenible de deuda”, afirman los expertos de Funcas.

Subrayan que lo que está en el fondo de este sentimiento de los inversores es, por una parte, “la presión sobre el gasto provocada por los programas de rearme, las ayudas para paliar los efectos de los conflictos geopolíticos y el coste del envejecimiento, cada vez más visible. Y, por otra parte, la dificultad para generar ingresos suficientes para financiar ese gasto”.

Esto se traduce en un fuerte encarecimiento de los costes financieros que deberán asumir los Estados en los próximos años. Respecto a España, desde Funcas prevén un incremento del gasto en intereses cercano al 50 % entre 2025 y 2030 debido a la subida de tipos de interés y la necesidad de refinanciar deuda que fue emitida a tipos de interés muy reducidos durante la época de la expansión cuantitativa.

57.000 millones de euros en intereses para 2030

Si los tipos se mantienen en los mismos niveles que en 2025 (en torno al 3,2 % los de largo plazo y el 2,2 % los de corto plazo), los pagos por intereses se situarían en 2030 en unos 57.000 millones de euros, es decir, 17.000 millones más que en 2025, calculan los analistas.

En torno a la mitad de dicho incremento, algo más de 8.000 millones, serían los intereses por pagar por la nueva deuda que se emitirá, como consecuencia de los déficits esperados para los próximos años, y la otra mitad sería consecuencia de la refinanciación de la deuda que vencerá a lo largo de ese periodo a tipos de interés superiores a los que fue emitida.

“Si a ello sumamos la subida de los tipos de interés —en torno a medio punto en relación con 2025, mantenido a lo largo de todo el periodo—, la factura por intereses se elevaría en unos 3.600 millones más en 2030, hasta situarse algo por encima de los 60.000 millones de euros”, cifran los economistas de Funcas. Consideran que en este escenario el principal desafío para España ahora es que aproveche el actual el ciclo expansivo para generar margen de maniobra y así reducir la vulnerabilidad ante futuros shocks.

Granja Tres Arroyos, la empresa que supo ser la mayor avícola de la Argentina, pidió este miércoles la apertura de su concurso preventivo, una herramienta judicial que utilizará para reorganizar sus pasivos, según pudo confirmar Infobae con más de una fuente al tanto de las negociaciones de la compañía.

El proceso concursal formal está encabezado por Wade, una de las sociedades que integra del grupo empresario que controla la familia De Grazia.

La medida formaliza ante el ámbito judicial una reestructuración que la avícola lleva meses intentando resolver en forma privada. La compañía arrastra una deuda estimada en USD 350,9 millones y venía negociando con sus acreedores con la asistencia del banco de inversión VALO un esquema que contemplaba quitas de hasta el 75% del capital adeudado y plazos de pago de hasta siete años, además de la venta de activos no estratégicos. Sin embargo, la sucesión de cierres, suspensiones y despidos en sus plantas evidenció que la situación operativa continuó deteriorándose mientras esas conversaciones avanzaban.

La empresa acumula cerca de 1.730 despidos desde el inicio del conflicto

Desde que comenzó la crisis, a fines de 2024, el total de trabajadores desvinculados en las distintas plantas del grupo se acerca a los 1.730 casos, aunque la cifra todavía no está cerrada porque resta consolidar el detalle por establecimiento, según fuentes cercanas a las compañías.

La crisis se profundizó a fines de agosto con la paralización de la planta de Capitán Sarmiento, una de las instalaciones históricas del grupo y el corazón productivo de una ciudad bonaerense de apenas 15.000 habitantes. La empresa comunicó al personal que las operaciones quedaban suspendidas “hasta nuevo aviso” y pidió a los trabajadores que no concurrieran a sus puestos. En los días siguientes llegaron más de 700 telegramas de despido: 554 correspondieron a empleados de Capitán Sarmiento y otros 150 a trabajadores de localidades aledañas.

La empresa atribuyó la medida a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor”. Muchos de los despedidos llevaban más de 20 años en la compañía.

El alcance de los últimos despidos también abarcó a 50 empleados de la planta de Pilar y a 450 de la planta de Esteban Echeverría. Otras plantas del grupo habían sido alcanzadas previamente: en julio, la planta Avex en Río Cuarto, Córdoba, dejó de operar con unos 350 trabajadores involucrados; en agosto, la planta Pinazo, en Pilar, suspendió a la totalidad de su personal; y en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, se produjeron alrededor de 250 despidos adicionales.

El gobierno bonaerense dictó la conciliación obligatoria

Ante el avance de los despidos, el Ministerio de Trabajo bonaerense dispuso la conciliación obligatoria por 15 días hábiles y ordenó la reincorporación de los 1.200 trabajadores desvinculados en los últimos tramos del conflicto. La medida, que puede extenderse por otros cinco días, busca abrir una instancia de diálogo entre las empresas y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (Steapba). Sin embargo, Granja Tres Arroyos no acató la conciliación.

En la audiencia participaron representantes de las compañías, del gremio y de las autoridades provinciales, junto con el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción, Ariel Aguilar; la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; y Alejandro Bonomo, en representación del municipio de Esteban Echeverría. Las partes acordaron la entrega de 1.000 cajones de pollo para los trabajadores afectados y un pago a cuenta para la semana siguiente.

Capitán Sarmiento, una ciudad en estado de shock

En Capitán Sarmiento, el impacto social del conflicto es difícil de dimensionar. Uno de cada diez empleos en la ciudad dependía de la planta avícola, cuyos salarios —en promedio, unos $3 millones mensuales— generaban un fuerte derrame en comercios y servicios de la zona. Con los despidos masivos, decenas de familias enfrentan dificultades para pagar el alquiler o los servicios básicos. Trabajadores que habían llegado de otras ciudades a emplearse en la planta planean ahora su partida, y algunos chicos deberán cambiar de escuela siguiendo a sus padres en busca de trabajo.

La comunidad, sin embargo, respondió con una ola de solidaridad. El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) lleva meses entregando mercadería a quienes no cobraban sus salarios en tiempo y forma; desde el lunes comenzó además a realizar ollas populares nocturnas en su sede. Los clubes de la ciudad organizaron jornadas deportivas para recolectar alimentos, y hasta un salón de fiestas privado abrió sus puertas para recibir a cualquiera que necesite un plato de comida.

“Nos vamos a poner a disposición con todos los recursos hasta donde podamos. Estamos ayudando a la gente asistiendo con alimentos, y con la luz y el agua”, afirmó Astorino en declaraciones a Infobae. La intendenta, que responde a La Libertad Avanza, indicó que el municipio gestiona también que no se corten los servicios a quienes no pueden pagarlos y que la farmacia del hospital asista con medicación a los despedidos.

El ingreso al concurso preventivo y la posterior convocatoria de acreedores es el mecanismo por el cual una compañía con dificultades para cumplir sus compromisos busca reorganizar su situación financiera y evitar la quiebra. Para los trabajadores, la principal incógnita continúa siendo el futuro de los puestos de trabajo y el cobro de los salarios, aguinaldos e indemnizaciones pendientes —que, en algunos casos, superan los dos meses y medio de atraso—.

El proceso tiene antecedentes: en diciembre de 2024, Granja Tres Arroyos había solicitado la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, trámite que no llegó a formalizarse en el plano nacional. Desde entonces, la empresa adoptó sucesivas medidas de reducción en sus establecimientos, entre ellas el cierre de la planta de Tristán Suárez, con 200 desvinculaciones, y el cierre definitivo de la planta Becar en Concepción del Uruguay.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que el empresario Ricardo Salinas Pliego ha cumplido con los pagos mensuales establecidos en el acuerdo para liquidar la deuda fiscal de Grupo Salinas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre las publicaciones en las que el propietario de Grupo Elektra y TV Azteca asegura que ya no tiene adeudos tributarios con el Gobierno de México.

Sheinbaum aclaró que el empresario todavía se encuentra dentro de un programa de pagos a 18 meses, por lo que podrá considerar saldadas sus obligaciones una vez que cubra todas las parcialidades, siempre que no incurra en alguna nueva irregularidad fiscal.

Al explicar la situación fiscal del empresario, Claudia Sheinbaum señaló que el mecanismo acordado contempla un desembolso inicial y posteriores pagos mensuales.

“Él está pagando cada mes por lo que debía de Elektra. Entonces, se hizo un mecanismo”, respondió la presidenta.

De acuerdo con la mandataria, Salinas Pliego terminó obligado a cubrir una cantidad considerablemente mayor debido a que no pagó oportunamente lo que le correspondía durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por no pagar lo que le correspondía en el periodo del presidente López Obrador, ahora tuvo que pagar prácticamente el doble”, afirmó.

Sheinbaum mencionó una cantidad cercana a los 31 mil millones de pesos y aseguró que los recursos obtenidos mediante la recaudación fiscal se destinan principalmente al financiamiento de los Programas para el Bienestar, incluidas las becas entregadas por el Gobierno federal.

El esquema de cumplimiento, explicó, quedó dividido de la siguiente manera:

• Un primer pago realizado al formalizar el acuerdo con la autoridad fiscal.
• El resto de la cantidad distribuido en mensualidades.
• Un plazo total de 18 meses para completar el pago.
• La extinción de los adeudos una vez cubiertas todas las parcialidades, salvo que se detecten nuevas irregularidades.

Ante una pregunta directa sobre si el empresario ha respetado el calendario establecido, la presidenta respondió afirmativamente.

“Sí, ha cumplido cada mes”, confirmó Sheinbaum, antes de bromear con que el empresario probablemente respondería mediante sus redes sociales.

¿Cuál es el origen de la deuda fiscal de Ricardo Salinas Pliego?

La controversia entre las empresas de Ricardo Salinas Pliego y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se prolongó durante varios años mediante distintos litigios relacionados principalmente con créditos fiscales de Grupo Elektra.

Los adeudos derivaron de ejercicios fiscales anteriores y fueron discutidos en tribunales por las compañías del conglomerado. Después de diversas resoluciones judiciales, en enero de 2026 se anunció un acuerdo para cubrir las obligaciones pendientes.

El 29 de enero, el SAT informó que empresas de Grupo Salinas pagarían 32 mil 132 millones de pesos. Según el reporte difundido entonces, el conglomerado ingresó un primer monto de 10 mil 400.63 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, mientras que la cantidad restante se cubriría mediante 18 parcialidades.

La autoridad tributaria indicó que el convenio se realizó conforme a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales correspondientes.

Por su parte, Grupo Salinas comunicó que había decidido realizar el pago pese a mantener su desacuerdo con las determinaciones fiscales. La empresa sostuvo que buscaba cerrar el conflicto con las autoridades y aseguró que, durante las últimas dos décadas, sus compañías habían pagado más de 300 mil millones de pesos en impuestos. El conglomerado también afirmó que el acuerdo superaba los términos discutidos originalmente en 2024.

Cuando se dio a conocer el convenio, Claudia Sheinbaum calificó el pago como uno de los más grandes registrados en México para un caso de esta naturaleza. También negó que el procedimiento tuviera motivaciones políticas y aseguró que se trataba del cumplimiento de obligaciones fiscales confirmadas por instancias judiciales.

La presidenta sostuvo que la política tributaria de su gobierno busca evitar privilegios para los grandes contribuyentes y recordó que durante la administración de López Obrador se prohibió constitucionalmente la condonación de impuestos.

Este miércoles, Sheinbaum precisó que el cumplimiento total se alcanzará cuando el empresario concluya el calendario de 18 pagos mensuales. Hasta ahora, aseguró, Salinas Pliego no ha dejado de cubrir ninguna de las parcialidades pactadas.

“Al pagar los 18 meses, en efecto, ya no tiene deudas, a menos que haya alguna otra cosa, alguna irregularidad que él cometa”, puntualizó la mandataria.

La aclaración distingue entre estar al corriente con un convenio de pago y haber liquidado por completo el adeudo: aunque Salinas Pliego cumple mensualmente, el proceso permanecerá abierto hasta que termine el plazo acordado con el SAT.

El déficit del Sector Público No Financiero de Panamá llegó a $2.642 millones entre enero y julio de 2026, equivalente al 2,78% del producto interno bruto. Aunque el resultado mantiene una fuerte presión sobre las cuentas estatales, representa una reducción interanual de $313 millones, o 10,60%.

Durante los primeros siete meses de 2025, el desbalance había alcanzado $2.955 millones y representaba el 3,27% del PIB. La mejora de 0,49 puntos porcentuales estuvo acompañada por un descenso del déficit primario, que pasó de $1.261 millones a $910 millones este año.

Los ingresos totales del sector público sumaron $8.376 millones hasta julio, con un incremento interanual de $618 millones, equivalente al 8,00%. El avance estuvo impulsado principalmente por las recaudaciones del Gobierno General y por los mayores aportes recibidos por la Caja de Seguro Social.

Los ingresos corrientes del Gobierno General llegaron a $7.920 millones, unos $459 millones adicionales frente al año anterior. Dentro de ese total, el Gobierno Central aportó $4.729 millones, mientras la Caja de Seguro Social recibió $3.060 millones, un aumento del 14,10%.

El Gobierno Central también registró un comportamiento favorable en sus ingresos tributarios, que alcanzaron $3.894 millones y crecieron 5,10%. La mayor contribución provino de los impuestos indirectos, con $1.708 millones, mientras los tributos directos generaron $2.186 millones durante el periodo analizado.

Entre los principales motores de la recaudación sobresalió el impuesto a la transferencia de bienes y servicios, cuya modalidad aplicada a ventas internas aumentó $78 millones. El cobro sobre importaciones sumó $29 millones adicionales y el impuesto de inmuebles aportó otros $25 millones.

También crecieron $21 millones los ingresos por transferencia de propiedades, mientras los gravámenes selectivos sobre automóviles avanzaron $15 millones y los aplicados a cigarrillos aumentaron $11 millones. Los peajes vinculados al Canal de Panamá generaron $23 millones más que en 2025.

Ese desempeño contrastó con la caída de 10,30% registrada en los ingresos no tributarios, que quedaron en $930 millones hasta julio. La comparación estuvo afectada por recursos extraordinarios recibidos en 2025 de Tocumen, la Lotería Nacional y otros fondos, que no se repitieron con igual magnitud durante 2026.

Del otro lado de las cuentas, el gasto total del Sector Público No Financiero alcanzó $11.018 millones, un incremento interanual de 2,80%. Los desembolsos corrientes concentraron $9.004 millones, mientras la inversión y otras erogaciones de capital representaron $2.014 millones en los primeros siete meses.

El gasto corriente excluyendo intereses aumentó 4,40% y se situó en $7.272 millones, reflejando las necesidades operativas de las instituciones. La Caja de Seguro Social gastó $2.848 millones, unos $179 millones más, debido principalmente al crecimiento de las jubilaciones y pensiones pagadas a nuevos beneficiarios.

En el Gobierno Central, los servicios personales absorbieron $2,570 millones y aumentaron $131 millones. Las compras de bienes y servicios llegaron a $375 millones, mientras las transferencias bajaron 19,80%, hasta $1.810 millones, por un desembolso extraordinario realizado a la CSS durante 2025.

El servicio de la deuda continuó entre las mayores presiones. Panamá pagó $1.732 millones únicamente en intereses, un crecimiento de $38 millones. De esa suma, $1.497 millones correspondieron a obligaciones externas y $235 millones a compromisos contraídos dentro del mercado local.

Pese al mayor desembolso, el costo promedio ponderado de la deuda pública descendió desde 4,97% en diciembre de 2025 hasta 4,67% al cierre de julio de 2026. La reducción ofrece cierto alivio financiero, aunque el volumen de las obligaciones mantiene los intereses como uno de los gastos más significativos del presupuesto.

La inversión pública, en cambio, mostró una ligera contracción. Los gastos de capital del sector público bajaron $38 millones y quedaron en $2.014 millones, equivalentes al 2,12% del PIB. En el Gobierno Central alcanzaron $1.777 millones, con un crecimiento interanual moderado de $21 millones.

El balance del Gobierno Central fue más amplio que el consolidado del sector público: registró un déficit de $3.371 millones, inferior en $536 millones al observado un año antes. El resultado representó 3,54% del PIB, frente al 4,32% de julio de 2025, con una mejora de 0,77 puntos porcentuales.

Para todo 2026, el límite legal del déficit del Sector Público No Financiero es 3,5% del PIB, estimado en $95.102 millones. Esto equivale a un máximo aproximado de $3.329 millones, por lo que el desbalance acumulado hasta julio ya representa cerca del 79,4% del margen autorizado para todo el año.

En términos nominales quedarían alrededor de $686 millones antes de alcanzar ese techo, aunque la trayectoria no puede proyectarse de manera lineal. Cerca del 44,50% de los ingresos anuales suele concentrarse en el último trimestre, cuando ingresan aportes del Canal y dividendos de empresas públicas recibidos principalmente en diciembre.

Esa estacionalidad podría moderar el déficit durante el cierre del año, pero el resultado dependerá de la recaudación efectiva y del ritmo de ejecución presupuestaria. Las pensiones, la planilla, los intereses y las necesidades de inversión seguirán condicionando unas finanzas que, aunque mejoraron frente a 2025, mantienen un espacio fiscal limitado para los próximos meses.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que dedicará una conferencia matutina especial a explicar el origen, la evolución y el costo actual del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), mecanismo creado en 1990 y utilizado durante la crisis financiera de 1994-1995.

Durante la Mañanera, la mandataria afirmó que un estudio reciente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concluyó que la deuda derivada del rescate bancario difícilmente podrá liquidarse bajo el esquema vigente, debido a que los recursos destinados anualmente se concentran en cubrir intereses y no el capital.

“En realidad, pues nunca va a acabar de pagarse, porque nunca se paga el capital, solamente se paga una parte de los intereses y además otra parte se financia con deuda”, señaló Sheinbaum, quien adelantó que el secretario de Hacienda y la subsecretaria correspondiente acudirán a Palacio Nacional para exponer detalladamente el análisis.

Mañanera especial en torno al Fobaproa

La presidenta explicó que la participación de los funcionarios de Hacienda estará relacionada con la presentación del Paquete Económico y con modificaciones a distintas leyes. Además de abordar estas iniciativas, el Gobierno federal preparará una exposición específica sobre el Fobaproa, cuyas obligaciones son administradas actualmente por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Según lo adelantado por la mandataria, la presentación permitirá explicar:

• Cómo se diseñó originalmente el Fobaproa.
• De qué manera fue utilizado durante la crisis bancaria de 1994-1995.
• Cómo se transformaron sus obligaciones con la creación del IPAB.
• Cuánto se destina al pago de intereses.
• Por qué el capital no disminuye en la proporción esperada.
• Qué parte de las obligaciones se refinancia mediante nueva deuda.
• Por qué el plazo estimado alrededor de 2050 podría resultar insuficiente.

Sheinbaum sostuvo que inicialmente se calculaba que las obligaciones podrían terminar de pagarse aproximadamente en 2050. Sin embargo, advirtió que el nuevo análisis de Hacienda muestra que, con las condiciones actuales, difícilmente podrá cumplirse esa previsión.

“En una mañanera especial vamos a hablar del FOBAPROA o el IPAB (…) Ya lo vamos a explicar, que venga el secretario de Hacienda y la subsecretaria del ramo, para poder explicar claramente cómo se hizo el FOBAPROA y cómo es una deuda prácticamente impagable para las y los mexicanos", expresó.

La afirmación de que la deuda es “impagable” corresponde a la valoración política y financiera presentada por la mandataria. El estudio completo, sus proyecciones y la metodología empleada serán expuestos posteriormente por las autoridades hacendarias.

¿Qué fue el Fobaproa y por qué se convirtió en deuda pública?

El Fobaproa fue establecido en 1990, durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, antes del proceso de reprivatización bancaria. Su propósito original era funcionar como un mecanismo para atender problemas financieros extraordinarios y proteger los depósitos de los ahorradores ante una eventual insolvencia de las instituciones bancarias.

Un análisis de la Cámara de Diputados explica que fue concebido como un seguro de depósitos y operó como un fideicomiso en el que Banco de México fungía como fiduciario. Su comité técnico incluía representantes de Hacienda, Banxico y las autoridades reguladoras financieras.

El fondo adquirió una dimensión distinta después de la crisis iniciada a finales de 1994. Durante la administración del presidente Ernesto Zedillo, el Gobierno utilizó el mecanismo para absorber carteras vencidas y obligaciones de instituciones financieras, con el argumento de evitar el colapso del sistema bancario y proteger los ahorros.

En 1998, el Ejecutivo solicitó al Congreso reconocer como deuda pública directa obligaciones derivadas del rescate financiero por aproximadamente 552 mil 300 millones de pesos, de acuerdo con documentos de la Cámara de Diputados. Posteriormente fue aprobada la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que dio origen al IPAB, organismo que asumió las operaciones y pasivos vinculados al Fobaproa.

El “error de diciembre” de 1994 y su relación con el Fobaproa

El llamado “error de diciembre” se refiere a la crisis cambiaria que estalló al comienzo del gobierno de Ernesto Zedillo, después de que las autoridades modificaron la política cambiaria en diciembre de 1994. La decisión provocó una fuerte pérdida de valor del peso, salida de capitales, reducción de reservas internacionales y un aumento acelerado de las tasas de interés.

El “Informe Anual 1995 de Banco de México” documentó que la devaluación de diciembre de 1994, los bajos niveles de reservas y la movilidad de los flujos internacionales llevaron a adoptar un régimen cambiario de libre flotación.

La crisis golpeó directamente a empresas y familias que habían contratado créditos. Al dispararse las tasas de interés, aumentó la cartera vencida y numerosas personas dejaron de tener capacidad para pagar hipotecas, tarjetas y préstamos empresariales.

Al mismo tiempo, los bancos enfrentaron problemas de liquidez, capitalización y recuperación de créditos. Fue en ese escenario cuando el Fobaproa, que ya existía desde 1990, se utilizó ampliamente para intervenir instituciones y adquirir activos deteriorados. Es decir, el “error de diciembre” no creó el fondo, pero la crisis económica y bancaria posterior provocó su activación como instrumento de rescate.

El Informe Anual 1994 de Banco de México registró que la cartera vencida de la banca comercial, incluidos los intereses, pasó de 31 mil 765 millones de nuevos pesos en 1993 a 51 mil 816 millones en 1994, un crecimiento real de 44.6%.

Sheinbaum acusa que el rescate también benefició a grupos privilegiados

La presidenta indicó que la conferencia especial no se limitará a explicar el funcionamiento financiero del fondo. También se revisará quiénes recibieron apoyos y bajo qué condiciones algunas obligaciones privadas fueron trasladadas al Estado.

“Vamos a presentar cómo fue que se diseñó el Fobaproa desde su origen, cómo ha ido modificándose”, afirmó Sheinbaum. Añadió que su gobierno expondrá los casos en los que, desde su perspectiva, el mecanismo benefició a personas o empresas que no debieron ser rescatadas.

La mandataria vinculó el episodio con el modelo económico aplicado por los gobiernos del PRI y del PAN. Aseguró que el rescate bancario formó parte de una alianza política construida durante el periodo neoliberal y caracterizada, según dijo, por la defensa de intereses económicos, la corrupción y los privilegios.

Estas declaraciones surgieron después de que un reportero mencionara la reunión entre el expresidente Vicente Fox y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Sheinbaum afirmó que la colaboración entre ambas fuerzas políticas no es nueva y utilizó el caso del Fobaproa como uno de los ejemplos históricos de esa relación.

La próxima exposición de Hacienda será clave para conocer las cifras actualizadas, el costo proyectado del rescate y las razones técnicas por las que el Gobierno considera que la deuda podría no terminar de pagarse siquiera hacia 2050.

El gobierno de Chubut anunció un plan para refinanciar deudas en mora de tarjetas de crédito del Banco del Chubut con un año de gracia y hasta 72 cuotas, una medida dirigida a empleados públicos provinciales que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento, en un contexto en el que otras jurisdicciones argentinas también activaron herramientas de alivio mientras la administración nacional descarta una intervención general.

El anuncio fue realizado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, quien informó que la ampliación del Programa de Alivio Financiero incorporará ahora los saldos impagos de tarjetas emitidas por la entidad bancaria provincial. El esquema replica las condiciones ya vigentes para obligaciones con mutuales y cooperativas.

Los empleados públicos podrán refinanciar con tasa fija del 25% durante dos años

Según detalló la Provincia, quienes integran la Administración Pública Provincial podrán cancelar y reestructurar esas deudas con un año de gracia para el pago del capital, una tasa fija del 25% durante los primeros 24 meses y un plazo de hasta 72 cuotas.

“Si tenés deudas con tus tarjetas de crédito del Banco del Chubut, ahora podés refinanciarlas con las mejores condiciones del mercado: un año de gracia, una tasa fija del 25% durante los primeros 24 meses y hasta 72 cuotas”, expresó Torres en su cuenta de X.

El mandatario vinculó la nueva medida con la política de alivio financiero que la gestión provincial ya había puesto en marcha para otros pasivos. En ese sentido, sostuvo que el plan previo con mutuales y cooperativas “ya permitió aliviar la situación económica de más de 600 familias” en distintos puntos del territorio chubutense.

La provincia busca extender el alivio a otros deudores mediante una ley

En paralelo al anuncio administrativo, el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de Ley de Alivio al Sobreendeudamiento para ampliar el alcance de la asistencia más allá de los trabajadores estatales alcanzados por el programa actual.

La iniciativa está dirigida a residentes de Chubut que registren deudas en mora por tarjetas de crédito o préstamos personales con entidades financieras y cuyos ingresos familiares sean inferiores a diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. El texto también contempla otras condiciones de acceso que deberán definirse en el trámite legislativo.

Para esos casos, el proyecto prevé créditos especiales de refinanciación con una Tasa Nominal Anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses. A su vez, las entidades que adhieran podrán ofrecer condiciones más favorables, ya sea mediante una tasa menor o un período de devolución más amplio.

Otras provincias también activaron planes para deudas en mora

La decisión de Chubut se suma a una serie de medidas adoptadas en otros distritos ante el aumento de la morosidad en los hogares. En la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia puso en marcha el programa “Ponete al día”, con opciones de refinanciación para deudas en mora y plazos de hasta 72 meses, según informó Mora récord en los hogares: cuáles son los bancos públicos y las provincias que ofrecen planes de desendeudamiento.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Legislatura aprobó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal para pasivos bancarios en mora por tarjetas y préstamos personales, con una tasa nominal anual máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses, de acuerdo con Mora récord: una por una, todas las provincias que lanzaron programas para desendeudar a las familias.

También avanzaron Santa Fe, con un plan que busca que la cuota no supere el 25% de los ingresos; Corrientes, con refinanciación de tarjetas en 6 o 12 cuotas fijas; Córdoba, con esquemas de consolidación de deudas; Neuquén, con una tasa fija de hasta 35% anual; y Misiones y Jujuy, con programas focalizados en trabajadores públicos y clientes de sus bancos agentes, según consignó Morosidad récord: de Buenos Aires a Jujuy, las 12 provincias que lanzaron medidas para refinanciar deudas.

La respuesta provincial contrasta con la postura del Gobierno nacional

El despliegue de programas provinciales coincidió con una posición opuesta de la administración de Javier Milei, que rechazó la necesidad de una política pública específica frente al aumento de la mora. “Es un problema entre privados”, sostuvo el Presidente, según recogió La morosidad de las familias se cuadruplica en Argentina, pero Milei rechaza intervenir: ‘Es un problema entre privados’.

En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que “no hay que confundir la empatía con las políticas públicas”, mientras el Gobierno mantuvo su criterio de que la regularización debe resolverse entre deudores y acreedores, de acuerdo con La morosidad de las familias se cuadruplica en Argentina, pero Milei rechaza intervenir: ‘Es un problema entre privados’.

Otro reporte señaló que la Casa Rosada ratificó que no avanzará con una intervención general porque entiende que el sistema ya ofrece mecanismos de refinanciación a través del Banco de la Nación Argentina (BNA) y de acuerdos individuales con entidades financieras, según El Gobierno considera que el pico de morosidad empezó a ceder y mantiene su decisión de no intervenir.

El proyecto fija límites a descuentos sobre salarios y excluye asignaciones familiares

Como parte del esquema, el gobierno provincial propuso un incentivo fiscal para promover la adhesión de bancos y otras entidades: una reducción del 50% en la alícuota de Ingresos Brutos sobre los ingresos generados por esos créditos.

El proyecto incorpora además un mecanismo de protección salarial para los trabajadores del sector público provincial. De aprobarse, los descuentos vinculados con préstamos y otras obligaciones incluidas en la norma no podrán superar el 25% de la remuneración bruta, y después de esas deducciones cada trabajador deberá conservar al menos un ingreso equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La propuesta también establece que las asignaciones familiares quedarán excluidas de cualquier descuento y fija un tope al Costo Financiero Total de los créditos cobrados por descuento de haberes, con referencia en la tasa de préstamos personales que informa mensualmente el Banco del Chubut.

La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para avanzar con el tratamiento de los proyectos de morosidad y la emergencia en discapacidad y establecer un cronograma de dictámenes. En esta puja, los bloques disidentes a La Libertad Avanza (LLA) lograron imponerse y convocaron a una sesión para esta semana y así evitar que los proyectos queden sin tratamiento legislativo.

A solo una semana de que LLA rechazó el debate en el recinto, el bloque abrió la comisión de Finanzas que encabeza el libertario Santiago Pauli, quien recibió a los diputados con un cronograma. Pauli estableció dos reuniones informativas adicionales. La primera para mañana por la tarde, es decir un día antes de la sesión que pidió la oposición y la segunda para el miércoles de la semana que viene. Una vez concluida, el oficialismo dispuso otras dos reuniones: el 23 de septiembre y el 30 de septiembre como fecha para dictamen. Pauli señaló que se compromete a trabajar para la unificación de giros.

Sin embargo, diferentes bloques opositores rechazaron el cronograma y ratificaron la sesión para este miércoles, que no tendrá como objetivo aprobar esas iniciativas. Los bloques críticos intentarán que el pleno emplace a las comisiones y fije una fecha para tener los dictámenes sobre proyectos vinculados con la morosidad y la emergencia en discapacidad.

En este contexto, acusaron a La Libertad Avanza y los legisladores dialoguistas de intentar dilatar el tratamiento de los proyectos que buscan dar una respuesta a la problemática de la morosidad.

“Aprendieron los peores vicios de lo que denominan casta política. Esto es una maniobra para ganar tiempo”, disparó Cecilia Moreau. “Esta cámara tiene que legislar para dar una respuesta sobre una emergencia que afecta a millones de argentinos y el gobierno lo niega sistemáticamente”, agregó.

La primera respuesta llegó de la diputada ex PRO hoy LLA, Laura Rodríguez Machado, quien señaló como necesario sumar a la jornada de oradores “a los sindicalistas y las financieras”. Esto generó el primer griterío en la sala donde se destacaron las acusaciones de “seguir dilatando” el debate.

La diputada Myriam Bregman siguió en la lista de oradores y señaló que les llamaba la atención “que arranque la comisión con un cronograma que es más largo que la Copa Libertadores”. “Ratificamos la sesión del 9 de septiembre y que vengan con un cronograma que llega hasta Navidad es una tomada de pelo. Pedimos suspender los pagos, es urgente declarar la emergencia y suspender los cobros”, aseguró.

Por el tercer sector de la oposición que empuja la sesión del 9 de septiembre, Unidos, tomó la palabra el diputado Pablo Juliano, quien también calificó el llamado a esta comisión informativa y el cronograma como una “tomada de pelo”. “Hace una semana pedí tratar el tema y el oficialismo y sus socios se negaron. Y en esta discusión hay un gran ausente que es la Comisión de Defensa del Consumidor. Es un tema que no tiene una sola salida pero que es transversal”, consideró.

El diputado radical reiteró que irán al recinto. “No somos estúpidos, tenemos más de 40 proyectos. Lo que vamos a hacer el 9 de septiembre es darnos un cronograma que termine en una sesión y una sanción, no en una tomada de pelo”, afirmó.

Luego de estos primeros planteos comenzaron los oradores invitados por LLA, la UCR y el PRO que hicieron un repaso de la problemática pero no así de posibles soluciones.

El 66% de las personas que dijo haberse atrasado en pagos en medio de un récord histórico de la morosidad crediticia que afecta a casi 6 millones de usuarios de servicios financieros aseguró que dejó de pagar sus préstamos por la caída de sus ingresos. La mayoría de ellos dijo estar atrasada en los pagos de tarjetas de crédito, bancarias y no bancarias, aunque los encuestados también resaltaron la relevancia de los atrasos en el pago de servicios públicos, deudas intrafamiliares y otros rubros. Cuatro de cada 10 morosos, además, aseguraron destinar más del 40% de sus ingresos al pago de deudas.

Los números son los resultados de una encuesta de D’Alessio Irol/Berenztein sobre actualidad política que se presentaron en la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se celebra en Puerto Iguazú, Misiones.

El sondeo consultó sobre distintos aspectos vinculados a los atrasos:

• la situación frente a los pagos,
• las diferencias por nivel socioeconómico,
• la parte de los ingresos destinada a cancelar deudas,
• los acreedores,
• el tiempo de incumplimiento,
• las causas del atraso, y
• los obstáculos para volver a estar al día.

El 35% de los deudores registró al menos un pago atrasado

El primer resultado mostró que el 64% de los consultados estaba al día con todos sus pagos. El 15% indicó que tenía al menos un compromiso atrasado hace menos de 30 días, mientras que el 20% acumulaba una demora superior a 30 días.

Esto es uno de cada 5 en situación de mora según los estándares estadísticos del Banco Central. Y el 35% de los encuestados con algún nivel de atraso.

La encuesta también mostró que el problema es muy distinto según el nivel socioeconómico de cada encuestado. Mientras que sólo el 5% de los encuestados de nivel socioeconómico alto dijo tener atrasos de más de 30 días, en el nivel socioeconómico bajo esa cifra llega al 30 por ciento.

Las tarjetas concentraron el mayor porcentaje de incumplimiento

La tarjeta de crédito bancaria o no bancaria ocupó el primer lugar entre las obligaciones impagas. El 59% de los respondentes con pagos atrasados la mencionó como una de las deudas pendientes. La pregunta admitió más de una respuesta, por lo que los porcentajes expresan la presencia de cada tipo de compromiso dentro del grupo alcanzado por la mora. Pero la mora llega mucho más allá del sector financiero.

Las facturas de luz, gas, agua, telefonía o internet quedaron en segundo lugar, con el 37%. Los préstamos, adelantos o descubiertos bancarios alcanzaron el 33% de los consultados.

El 26% indicó atrasos con familiares, amigos o prestamistas particulares, una categoría que incluyó obligaciones tomadas fuera del sistema bancario formal.

El 18% de los encuestados mencionó deudas con otra billetera, aplicación o plataforma de préstamos. A su vez, el 16% tenía pagos pendientes de alquiler, expensas o vivienda. El 9% manifestó compromisos con un comercio o una casa donde compró algún producto, mientras que otro 9% incluyó otros tipos de deuda.

La antigüedad de esos atrasos mostró una distribución concentrada en los primeros 11 meses. El 29% de quienes tenían pagos pendientes indicó una demora inferior a tres meses. El 27% ubicó su atraso entre seis y 11 meses, y el 24% entre tres y seis meses.

La caída de ingresos y los aumentos de servicios

A la hora de explicar cuáles creen que fueron las causas de su imposibilidad de pagar sus deudas, los encuestados hicieron foco en la caída de sus ingresos.

La pérdida o reducción de ingresos encabezó las razones que los encuestados asociaron con el incumplimiento. El 66% dijo que perdió ingresos o sufrió caída en sus recursos en términos de poder adquisitivo, por encima de cualquier otro motivo relevado por el estudio.

El 58% mencionó aumentos en luz, cable o internet. Los gastos de salud ocuparon el tercer puesto: el 27% dijo que tuvo que afrontar ese tipo de desembolsos y que no le alcanzó para pagar la cuota. El 22% citó una emergencia o un gasto inesperado.

También surgieron otros gastos que afectaron el pago de una obligación. El 20% indicó que tuvo que pagar alquiler o expensas y no contó con dinero suficiente para la cuota.

El 15% mencionó la ayuda económica a familiares como origen de sus retrasos

El mismo porcentaje respondió que destinó recursos al pago de otra deuda.

El 15% mencionó la ayuda económica a familiares como origen de sus retrasos. Imprevistos como las reparaciones del auto o de la casa aparecieron en el 14% de las respuestas.

En los últimos lugares quedaron la compra de electrodomésticos o muebles, con el 2%, y el inicio de otro trabajo o emprendimiento, con el 1%. La compra de un auto también representó el 1% de las respuestas de quienes tenían pagos atrasados.

Creciente proporción de las cuotas en el presupuesto del hogar

La encuesta incorporó una pregunta sobre la parte del ingreso destinada al pago de deudas, con un desglose según el voto en las elecciones legislativas de 2025. En el total de la muestra, el 37% respondió que asignaba entre 41% y 50% de sus ingresos a ese fin.

El 25% dijo destinar entre 31% y 40%. El 12% ubicó esa proporción entre 21% y 30%, mientras que el 7% respondió entre 11% y 20 por ciento.

Entre los votantes de La Libertad Avanza (LLA), el 28% destinaba entre 41% y 50% de sus ingresos a los pagos de deuda. El 20% informó una proporción de entre 31% y 40%; el 15%, más de 50%; el 12%, entre 21% y 30 por ciento.

Entre los votantes de Fuerza Patria (FP), el 39% señaló que utilizaba entre 41% y 50% de sus ingresos. El 28% se ubicó en el rango de 31% a 40%, el 13% entre 21% y 30 por ciento.

Seis de cada 10 consultados no cuenta con ingresos para regularizar

La encuesta también consultó respecto a cuáles son los obstáculos que impiden regularizar deudas atrasadas hoy. En esa línea, el 60% respondió que sus ingresos no alcanzaban. El 16% explicó que debía priorizar alimentos, vivienda, salud u otros gastos básicos. El 9% sostuvo que los intereses y recargos hicieron crecer demasiado el monto adeudado.

La presentación de estos datos formó parte de la Convención Anual del IAEF en Puerto Iguazú. La encuesta reunió respuestas sobre el peso de las deudas, los atrasos, los acreedores y los motivos económicos mencionados por los consultados.

La crisis financiera y operativa que atraviesa Granja Tres Arroyos y Wade, otra empresa del mismo grupo empresario, sumó un nuevo capítulo. Fuentes cercanas a las empresas confirmaron que ambas firmas se presentarían en convocatoria de acreedores en los próximos días, mientras el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria para que se reincorporen 1.200 empleados despedidos.

El movimiento judicial se produce después de meses de dificultades financieras, conflictos laborales, cierres y suspensiones en distintas plantas del grupo. En paralelo, la cantidad de trabajadores desvinculados se acerca a los 1.730 casos acumulados en total desde el inicio del conflicto, de acuerdo con la información disponible hasta el momento.

De hecho, la cartera laboral de la provincia de Buenos Aires dispuso la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en el conflicto por los últimos 1.200 despidos en las plantas. La medida, que puede extenderse por otros cinco días, establece la reincorporación de los trabajadores desvinculados mientras avanza la negociación entre las empresas y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (Steapba).

El alcance de los despidos incluye a 700 empleados de la planta de Capitán Sarmiento, 50 de la fábrica ubicada en Pilar y 450 de la planta de Esteban Echeverría. La intervención provincial busca suspender las medidas de fuerza y abrir una instancia de diálogo para intentar preservar los puestos de trabajo.

Durante la audiencia participaron representantes de las compañías, del gremio y de las autoridades bonaerenses. También asistieron el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción, Ariel Aguilar; la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; y Alejandro Bonomo, en representación del municipio de Esteban Echeverría.

Las partes acordaron además la entrega de 1.000 cajones de pollo para los trabajadores afectados y un pago a cuenta que se hará efectivo durante la próxima semana. La próxima audiencia quedó prevista para el jueves, dentro del período de conciliación obligatoria.

La situación de Granja Tres Arroyos se agravó en los últimos días con la paralización de su planta de Capitán Sarmiento, una de las instalaciones históricas de la compañía. La empresa comunicó al personal que las operaciones quedaban suspendidas “hasta nuevo aviso” y pidió a los trabajadores que no concurrieran a sus puestos, salvo que fueran convocados expresamente por un encargado o supervisor.

Ahora, el escenario incorpora la posibilidad concreta de que tanto Wade como Granja Tres Arroyos queden bajo un proceso concursal. La convocatoria de acreedores es un mecanismo mediante el cual una empresa que enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones busca ordenar su situación financiera frente a sus acreedores y evitar, en determinadas circunstancias, una instancia de quiebra. En este caso, el eventual ingreso de ambas compañías a ese proceso se produciría después de una reestructuración que lleva meses sin alcanzar una solución definitiva.

Una crisis que impacta en el empleo

El impacto laboral es uno de los principales indicadores de la profundidad del conflicto. Según fuentes cercanas, el acumulado de despidos desde el comienzo del proceso se ubica actualmente en torno de 1.730 trabajadores, aunque el dato todavía no está cerrado porque resta determinar con precisión cómo se distribuyen las desvinculaciones entre las diferentes plantas.

La falta de un número definitivo responde, según fuentes cercanas, a que todavía no se terminó de consolidar el detalle de las desvinculaciones producidas en cada establecimiento. Lo cierto es que el proceso de reducción de personal comenzó a tomar forma con mayor intensidad después de que Granja Tres Arroyos solicitara, en diciembre de 2024, la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. Ese trámite no llegó a formalizarse a nivel nacional, pero desde entonces la empresa fue adoptando distintas medidas sobre sus establecimientos.

Uno de los primeros cierres relevantes fue el de la planta de Tristán Suárez, donde se produjeron 200 desvinculaciones sobre una dotación de 270 trabajadores. Posteriormente, la compañía anunció el cierre definitivo de la planta Becar, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y trasladó a sus trabajadores hacia la planta La China, ubicada en las inmediaciones.

A mediados de agosto, además, se conocieron alrededor de 250 despidos en una planta de Concepción del Uruguay que contaba con unos 900 empleados. Los telegramas enviados a los trabajadores invocaron “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad”.

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) cuestionó entonces las desvinculaciones y señaló que existían trabajadores con salarios atrasados.

Capitán Sarmiento, el último foco de conflicto

La situación de Capitán Sarmiento llevó la crisis a una nueva dimensión. La planta dejó de operar a partir del 31 de agosto, luego de que la compañía comunicara internamente la suspensión de las tareas productivas.

La empresa atribuyó la medida a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento”. El comunicado no estableció una fecha para el regreso de las actividades y tampoco precisó qué ocurriría con los puestos de trabajo involucrados.

El conflicto se profundizó por la incertidumbre respecto del futuro de la planta. Trabajadores y personas vinculadas con el establecimiento advirtieron que parte de la maquinaria concesionada que se utilizaba allí ya no se encontraba en las instalaciones el momento de anunciarse la suspensión de actividades. También señalaron que integrantes del directorio habrían retirado pertenencias de sus oficinas.

Paralizaciones en distintas plantas

Capitán Sarmiento no fue el único establecimiento alcanzado por las medidas. Durante los últimos meses, el grupo atravesó diferentes situaciones de paralización y reducción de actividad.

En julio, la planta Avex, ubicada en Río Cuarto, Córdoba, dejó de operar. Inicialmente se había informado que se trataba de una “parada programada de dos semanas”, pero la interrupción se extendió durante otros 15 días y terminó alcanzando un mes. La medida involucró a unos 350 trabajadores.

En agosto, la planta Pinazo, en Pilar, suspendió a la totalidad de su personal. También se registraron conflictos salariales y bloqueos en Wade II, en Esteban Echeverría, mientras que Wade I, ubicada en Ezeiza, continuó funcionando con una reducción significativa de su nivel de actividad.

La situación de Wade se incorporó así al cuadro general del grupo y ahora quedaría alcanzada por una instancia judicial de convocatoria de acreedores, según fuentes cercanas. El paso de Granja Tres Arroyos seguiría la misma dirección durante los próximos días.

Una deuda que condiciona el futuro del grupo

La decisión de avanzar hacia una convocatoria de acreedores se da mientras Granja Tres Arroyos intenta reestructurar una deuda estimada en USD 350,9 millones.

La compañía lleva adelante negociaciones con sus acreedores con la asistencia de la banca de inversión VALO. El esquema que se venía analizando contempla una reestructuración de los compromisos financieros, con quitas de hasta el 75% del capital adeudado, plazos de pago que podrían extenderse hasta siete años y la venta de activos considerados no estratégicos.

El objetivo de ese proceso era encontrar una alternativa que permitiera ordenar las obligaciones financieras de la compañía y sostener su funcionamiento. Sin embargo, la sucesión de cierres, suspensiones y despidos muestra que la situación operativa continuó deteriorándose mientras esas conversaciones avanzaban.

El ingreso a una convocatoria de acreedores modificaría el escenario de las negociaciones, ya que trasladaría parte de la discusión sobre las obligaciones de las empresas al ámbito judicial. Para los trabajadores, en tanto, la principal incógnita sigue siendo el futuro de los puestos de trabajo y el cobro de los salarios y eventuales indemnizaciones pendientes.

El informe se concentró en personas que destinan más del 10% de sus ingresos al pago de compromisos financieros. Entre quienes tienen deudas, el 77,2% afirmó que recurrió a nuevos préstamos para cancelar obligaciones anteriores y el 62,1% reconoció tener al menos un pago atrasado. Además, el 56,2% de las familias endeudadas destina al menos el 40% de sus ingresos al pago de sus compromisos.

Escolar explicó que la investigación buscó mirar el endeudamiento más allá de los hogares con grandes volúmenes de deuda. La consultora cuenta con un seguimiento diario de encuestas desde 2019 y, al cruzar los ingresos declarados con las obligaciones financieras, detectó una diferencia cada vez mayor entre quienes pueden cubrir sus gastos y quienes necesitan crédito para hacerlo.

Endeudarse para pagar la deuda

Uno de los principales hallazgos del estudio es que el endeudamiento no suele terminar con el primer préstamo. Cuando los ingresos no alcanzan, muchos hogares recurren a una nueva fuente de financiamiento para cubrir una obligación anterior.

En los sectores de clase media baja y media predominan las tarjetas de crédito bancarizadas, los préstamos bancarios y las billeteras virtuales. Entre quienes perciben menos de $600.000 mensuales, en cambio, ganan peso los préstamos familiares y los prestamistas informales.

El informe buscó incluir también esas formas de financiamiento que quedan fuera de las estadísticas tradicionales. Según los datos expuestos durante la entrevista, quienes recurren a prestamistas pueden enfrentar tasas superiores al 12% mensual, generalmente por créditos de montos pequeños destinados a resolver una urgencia inmediata.

La secuencia puede repetirse mes tras mes. “Tomo deuda para pagar alimentos, para pagar servicios. Al mes siguiente la situación no mejoró, no la puedo pagar y tengo que seguir pagando los alimentos y los servicios. Tomo otro préstamo para pagar interés sobre interés”, explicó Escobar.

El economista destacó que muchas de las personas relevadas intentan cumplir con sus obligaciones, incluso pagando al menos el mínimo de la tarjeta de crédito. El problema aparece cuando la relación entre ingresos y deuda se vuelve imposible de sostener. “Yo veo personas que ganan menos de 600 mil con deudas de más de 500 mil”, señaló. La conclusión, según el investigador, es directa: “No pueden pagarlo”.

La comida y los gastos básicos explican gran parte de la deuda

Los motivos por los que los hogares toman deuda muestran la dimensión del problema. El 44,5% de los encuestados se endeudó para comprar alimentos y productos básicos, mientras que el 32% lo hizo para afrontar servicios, impuestos, alquiler o gastos de vivienda. Salud y educación representaron el 5,5%, y ropa, calzado y bienes para el hogar, el 5,1%.

En los sectores más vulnerables, la situación es todavía más marcada: la proporción de personas que necesita endeudarse para cubrir alimentos y servicios básicos llega al 90%.

Los datos sobre los ingresos disponibles acompañan ese escenario. El 38,16% de los encuestados dijo que no consigue cubrir sus necesidades básicas y otro 29,1% afirmó que apenas alcanza a hacerlo. En total, el 86,4% no logra cubrir la totalidad de los gastos familiares.

Para Escolar, esa situación explica por qué el crédito puede transformarse rápidamente en una cadena de obligaciones. “Hay una responsabilidad de pago en estas personas”, sostuvo, pero cuando el ingreso no alcanza para cubrir los gastos cotidianos y las cuotas acumuladas, una deuda termina financiando a la siguiente.

Solo el 2% logró refinanciar su deuda con un banco

El estudio también encontró una dificultad para salir de ese circuito: apenas el 2% de las personas que no pueden pagar sus deudas logró establecer un plan de refinanciación con un banco.

Escolar consideró que el dato debe analizarse en un contexto en el que el crédito privado argentino continúa siendo reducido. Según explicó, representa alrededor del 5% del PBI, frente a niveles cercanos al 50% en países como Chile y Brasil. Por eso, diferenció el problema de las familias de un eventual riesgo sistémico para el sistema financiero.

“No hay un riesgo sistémico por eso. Ahora, lo que estamos viendo es que las familias sí tienen un problema super grave”, afirmó.

Para el economista, el desafío consiste en encontrar una salida que permita a los hogares regularizar sus obligaciones sin cerrarles definitivamente el acceso al crédito. “Tenemos que permitir que puedan pagar, porque quieren pagar, y en simultáneo construir una solución que permita que el crédito en Argentina siga creciendo a largo plazo”, planteó.

El dato más significativo del relevamiento, en ese sentido, no es solamente cuánto deben los hogares, sino para qué necesitan endeudarse. Cuando el crédito se utiliza para comprar comida, pagar servicios o sostener la vivienda, deja de funcionar como una herramienta para financiar consumos extraordinarios y pasa a cubrir necesidades que forman parte de la vida cotidiana. Y cuando esa deuda no puede cancelarse, el mecanismo se retroalimenta con nuevos préstamos, intereses y atrasos.

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Septiembre inició con varios factores que podrían sostener la estabilidad cambiaria durante el mes, en un contexto en el que buena parte de los analistas privados observa condiciones más favorables para que el tipo de cambio transite las próximas semanas sin sobresaltos. La combinación incluye una menor demanda de divisas para importar energía, un flujo todavía relevante del agro, una mayor oferta vinculada a emisiones de deuda y una baja de algunas fuentes de presión que habían pesado sobre el mercado en meses previos.

En ese esquema, uno de los cambios más visibles aparece por el lado de la estacionalidad. Con el final de los meses de mayor consumo de gas natural licuado y combustibles, septiembre abre una etapa de menor necesidad de dólares para abastecer la demanda energética. Esa reducción importa porque quita presión sobre el Mercado Libre de Cambios (MLC) y mejora el equilibrio entre oferta y demanda en un momento clave del calendario financiero.

A la vez, el frente exportador suma señales que el mercado sigue de cerca. La mejora reciente de las cotizaciones internacionales de la soja y otros granos refuerza la expectativa de que el sector agropecuario mantenga un nivel de liquidación significativo, aún si la comparación interanual de septiembre aparece condicionada por una base exigente. Para el equipo económico, ese ingreso de divisas resulta central porque amplía el colchón de oferta en un mes en el que cada flujo adicional ayuda a sostener la calma cambiaria.

Las colocaciones de deuda de empresas y provincias vienen aportando dólares al mercado y todo indica que ese canal podría intensificarse en las próximas semanas

También juega a favor la dinámica financiera. Las colocaciones de deuda de empresas y provincias vienen aportando dólares al mercado y todo indica que ese canal podría intensificarse en las próximas semanas.

Si a eso se suma una menor salida por dividendos, pagos ya realizados de deuda pública provincial y una probable desaceleración de la demanda privada de divisas asociada al turismo, el panorama que describen las fuentes relevadas es el de un septiembre con mejores condiciones para preservar la estabilidad del tipo de cambio.

Menos importaciones de energía

Un informe del equipo de Research del Banco Galicia sostuvo que septiembre arranca con una “menor presión cambiaria” apoyada, entre otros factores, en “menores importaciones de energía por la estacionalidad de la demanda de GNL”. El informe también señaló que la provincia de Buenos Aires ya canceló USD 390 millones de intereses y capital de sus bonos en dólares, un dato que, según la firma, reduce una fuente de demanda en el mercado.

La misma lectura apareció en IEB Research, que sostuvo que el frente externo “se mantiene sólido” luego de que el balance cambiario de julio mostrara una cuenta corriente superavitaria de USD 413 millones por cuarto mes consecutivo. Según esa visión, la dinámica podría continuar en septiembre favorecida por las liquidaciones pendientes del agro, el fin de la estacionalidad negativa de la energía y una reducción de los giros de dividendos.

El frente externo “se mantiene sólido” luego de que el balance cambiario de julio mostrara una cuenta corriente superavitaria de USD 413 millones por cuarto mes consecutivo (IEB Research)

En la misma línea, Outlier planteó que “la demanda de divisas para importación de gas y combustibles cae significativamente” con la llegada de la primavera, lo que reduce la presión sobre el mercado oficial. La consultora ubicó ese cambio estacional como uno de los primeros factores que pueden apuntalar la estabilidad cambiaria en el arranque del mes.

Las buenas perspectivas del agro

El segundo sostén que repiten las fuentes está vinculado con el complejo agroexportador. Mariano Ortiz Villafañe, economista jefe de Aldazabal y Cía., indicó que “la liquidación de divisas del agro totalizó USD 2.750 millones en agosto”, una cifra que quedó levemente por debajo de julio, pero se ubicó 51% por encima del mismo mes del año pasado.

El economista agregó que la liquidación acumulada en lo que va del año trepó a USD 19.048 millones y remarcó que, con buenos rindes en la campaña 2025/2026 y una tendencia alcista en los precios internacionales de los granos, esperan que el campo continúe liquidando montos elevados en lo que resta del año. Al mismo tiempo, aclaró que en septiembre podría observarse una caída interanual por la base de comparación que dejó la reducción temporaria de retenciones del año pasado.

Desde Galicia añadieron que, a esta altura del año, el agro liquidó unos USD 2.300 millones menos que en 2025, pese a que las proyecciones de ingreso al mercado oficial para todo 2026 se ubican casi USD 800 millones por encima del año previo. El informe sumó además una mejora de 10% en los términos de intercambio desde los mínimos de junio y de 21% en lo que va del año.

Con los valores internacionales en los actuales niveles, crece el incentivo a vender al menos una parte de la producción para capturar mejores cotizaciones (Outlier)

Para Outlier, todavía queda mercadería con capacidad de aportar oferta. La consultora sostuvo que la liquidación pendiente llega con un stock valorizado en torno a los USD 18.000 millones y resaltó que ese remanente está respaldado por precios de la soja en máximos de 26 meses. En ese marco, resaltó que, con los valores internacionales en los actuales niveles, crece el incentivo a vender al menos una parte de la producción para capturar mejores cotizaciones.

Emisiones corporativas y provinciales

Otro de los ejes destacados por las fuentes es el aporte del financiamiento privado y subsoberano. De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), empresas y provincias emitieron deuda en dólares por USD 20.200 millones desde octubre de 2025 y liquidaron en el mercado local unos USD 15.800 millones hasta fines de agosto. Eso deja todavía USD 4.400 millones por liquidar, un remanente que, de concretarse, implicará mayor oferta para el mercado cambiario.

Desde Banco Galicia incluyeron entre sus factores un “flujo creciente de obligaciones negociables en las próximas semanas”, mientras que Outlier puso el foco en una posible reactivación del flujo financiero. Según la consultora, “los corporativos tratarán de adelantarse a la volatilidad” y al posible ruido que podría traer más adelante el calendario electoral, una estrategia que podría traducirse en oferta adicional de divisas en los próximos meses.

A esa dinámica se suma el calendario de emisiones provinciales. Se espera que en las próximas semanas la provincia de San Juan emita hasta USD 600 millones en los mercados internacionales. Se trataría de bonos con un plazo de nueve años y amortización de capital en cuotas iguales durante los últimos tres años.

Dividendos, turismo y vencimientos

Septiembre también podría encontrar una demanda más contenida por otros canales. Uno de esos ejes es el stock de dividendos retenidos, que se desaceleró en julio a USD 450 millones, frente a USD 1.015 millones en junio. IEB Research mostró una secuencia similar al señalar que los giros de dividendos bajaron de USD 1.030 millones a USD 470 millones entre esos dos meses.

Por fuera de las empresas, BlackToro observó que en julio la demanda neta de activos externos del sector privado no financiero fue de USD 3.143 millones, el mayor registro del año, aunque recordó que durante el primer semestre el promedio había sido de 2.160 millones de dólares. Según la firma, parte de ese salto respondió a una demanda estacional ligada al turismo, por lo que en los próximos meses esa presión podría moderarse.

Con menos importaciones de energía, un flujo agroexportador todavía relevante, más colocaciones de deuda y una reducción de varias fuentes de demanda, septiembre se perfila como un mes en el que el Gobierno buscará sostener el orden cambiario con mejores condiciones que las que enfrentó en los meses previos.

En un contexto de mora en niveles récord, el Banco Nación anunció una reducción de entre 6 y 10 puntos porcentuales en las tasas de sus préstamos personales para clientes que cobran sus haberes o beneficios previsionales en la entidad, una medida que apunta a abaratar las cuotas e incrementar el acceso al financiamiento.

La decisión alcanza a los usuarios que perciben sus ingresos en el BNA y se inscribe en una serie de medidas con las que la entidad busca ampliar su oferta crediticia. El banco señaló que la rebaja se aplica sobre préstamos personales con condiciones preferenciales para ese segmento.

De acuerdo con un comunicado oficial, la reducción de tasas permite “obtener cuotas más bajas e incrementar la capacidad de acceso al financiamiento”. A modo ilustrativo, se ofrece el alcance de la medida con un préstamo de $10.000.000 a 72 meses para un cliente que cobra su salario en la entidad.

En ese caso, la cuota inicial baja de $582.839 a $518.328, una diferencia de $64.511, equivalente al 11,1 por ciento. A su vez, el ingreso mínimo requerido desciende de $1.665.252 a $1.480.938, lo que implica una reducción de $184.314, también del 11,1 por ciento.

De manera indirecta, la entidad planteó que esa disminución en cuotas e ingresos exigidos amplía las posibilidades de acceso al crédito para trabajadores y jubilados que operan de manera habitual con el banco.

Esta reducción de los rendimientos se suma a la oferta que el banco expandió en los últimos meses para que sus clientes puedan reorganizar su economía personal. Dentro de ellas, se incluyen alternativas para consolidar deudas tomadas en distintas entidades en una sola financiación.

También existen opciones para refinanciar préstamos vigentes mediante esquemas de largo plazo con cuotas iniciales más accesibles y para cancelar saldos de tarjeta de crédito bajo “criterios de sustentabilidad financiera”.

Planes de refinanciación

A fines de junio, el Banco Nación puso en marcha un mecanismo destinado a reordenar deudas de consumo en mora. La alternativa estuvo dirigida a trabajadores, jubilados, pensionados y microempresas con obligaciones pendientes.

La medida formó parte del Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad de la entidad. Su objetivo fue sumar opciones para reestructurar compromisos vencidos, facilitar la normalización de los pagos y contribuir a que los clientes recuperaran su capacidad de cumplimiento.

El esquema permitió refinanciar deudas contraídas en pesos o en unidades de valor adquisitivo (UVA), ajustadas por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Alcanzó a dos grupos de usuarios:

• Personas con actividad laboral, jubilados y pensionados que acreditaban sus haberes en el Banco Nación.
• Autónomos, monotributistas y clientes que no cobraban sus ingresos a través de la entidad.

También pudieron acceder, cuando correspondía, los deudores monoproducto incluidos en las normas aplicables al segmento de microempresas y emprendedores, siempre que las obligaciones pertenecieran a la cartera de consumo.

Los créditos tuvieron un plazo de devolución de hasta 120 meses, con cuotas mensuales bajo el sistema francés de amortización.

La tasa varió de acuerdo con la vinculación del cliente con el banco. Quienes cobraban sus haberes en la entidad accedieron a una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 12%, mientras que para los demás usuarios la TNA fue del 14%. El Banco Nación indicó que la tasa preferencial quedó sujeta a que el beneficiario mantuviera la acreditación de haberes durante toda la vida del préstamo.

Los clientes que ya percibían sus ingresos en el banco también tuvieron la posibilidad de contratar una prima para establecer un límite de cuota vinculado al Coeficiente de Variación Salarial (CVS). De ese modo, si la cuota calculada en UVA superaba la evolución de ese indicador, se aplicaba el tope definido por el CVS.

Otro plan a tasa fija

La herramienta se incorporó a otras alternativas que el Banco Nación había presentado en mayo para personas humanas con cuotas vencidas o impagas. Entre ellas estuvieron las siguientes:

• Unificación de deudas: estuvo disponible para clientes que cobraban salarios, jubilaciones o pensiones en el Banco Nación. Permitió consolidar obligaciones financieras tomadas tanto en la entidad como en otros bancos. Ofreció una tasa fija, un plazo máximo de 72 meses, una TNA del 65% y montos de hasta $100 millones.
• Refinanciación de saldos de tarjetas de crédito: se dirigió a usuarios con hasta 90 días de atraso en tarjetas emitidas por el banco. La propuesta permitió reprogramar montos de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35 por ciento. La tarjeta se mantuvo activa y las cuotas comenzaron a abonarse desde el resumen siguiente, aunque los límites de compra podían modificarse de forma temporal. Para casos con atrasos superiores a 90 días, la entidad ofreció planes de pago de hasta 96 meses, sujetos a análisis crediticio y a las condiciones vigentes.
• Análisis individual de cada caso: el Banco Nación informó que sus equipos especializados evaluaron cada solicitud según la situación económica del cliente, su perfil y las características de las obligaciones que buscaba reestructurar.

Según estimaciones de la consultora 1816 elaboradas a partir de las cifras del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el nivel de irregularidad crediticia del sector privado no financiero pasó del 7,63% en junio al 7,73% durante el mes siguiente. En los préstamos a hogares, los incumplimientos con más de 90 días de demora avanzaron del 12,77% al 12,94 por ciento. Para las empresas, en tanto, la mora se elevó del 3,50% al 3,61 por ciento.

La economía de Panamá atraviesa un cambio decisivo hacia un escenario más favorable, impulsado por la aceleración de la actividad, los ingresos del Canal y el ajuste de las finanzas públicas, según UBS.

El banco considera que las preocupaciones que dominaron el panorama durante los últimos dos años están perdiendo intensidad.

El informe Panama: Let the Good Times Roll, publicado por la oficina de inversiones de UBS Global Wealth Management, sostiene que el producto interno bruto crecerá alrededor de 5% en 2026.

La entidad incluso estima que la expansión podría superar ese nivel, apoyada por varios motores y no solamente por un efecto estadístico.

Durante el primer semestre de 2026, la actividad económica aumentó 5.5%, el desempeño más sólido entre las principales economías latinoamericanas, de acuerdo con el reporte. UBS señala que también constituye el mejor resultado semestral de Panamá desde 2017, excluyendo el rebote extraordinario registrado después de la pandemia.

El crecimiento ha estado respaldado por el consumo de los hogares, la recuperación de la construcción y los ingresos vinculados al turismo. A esos factores se suma el desempeño del Canal de Panamá, cuyas actividades se beneficiaron de la reorganización de rutas comerciales provocada por las tensiones en el estrecho de Ormuz.

La expansión ocurre después de que la economía creciera cerca de 4.5% en 2025, por lo que UBS descarta que el avance actual responda únicamente a una baja base de comparación. Sin embargo, advierte una paradoja: el crédito bancario permanece contenido mientras la actividad económica continúa acelerándose.

El banco considera que esa combinación indica que la demanda interna está siendo financiada con ingresos disponibles de los hogares o inversión extranjera. Desde 2024, los depósitos privados han aumentado entre $5,000 millones y $6,000 millones anuales, una suma equivalente a aproximadamente 5% del producto interno bruto.

Pese a esa disponibilidad de recursos, los bancos han destinado gran parte de la liquidez a inversiones financieras, principalmente fuera del país, en lugar de aumentar los préstamos locales. UBS explica que los proyectos nacionales podrían ofrecer rendimientos ajustados al riesgo menos atractivos que los activos internacionales, favorecidos por las elevadas tasas globales.

Panamá posee, por tanto, la capacidad financiera necesaria para sostener un ciclo crediticio más fuerte, pero todavía no cuenta con suficientes incentivos para generarlo. La liquidez no representa la principal limitación; el desafío consiste en canalizar esos recursos hacia actividades productivas y proyectos domésticos rentables.

El ajuste fiscal constituye otro de los puntos centrales. El déficit del sector público no financiero bajó de 6.4% del PIB en el primer trimestre de 2025 a 3.3% en el segundo trimestre de 2026. UBS califica la consolidación ejecutada por el Gobierno como una de las más profundas del continente.

La reducción se sustentó en recortes del gasto equivalentes a cerca de dos puntos porcentuales del PIB, distribuidos de forma similar entre funcionamiento e inversión. Paralelamente, los ingresos tributarios aumentaron aproximadamente 0.7 puntos porcentuales, mientras el déficit primario descendió hasta 0.3% del producto interno bruto.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha manifestado que el Gobierno pretende alcanzar un superávit primario durante 2026. Para UBS, el avance fiscal ha sido más rápido de lo esperado y permitió que la trayectoria de la deuda pública comenzara a estabilizarse, aunque todavía supera los niveles anteriores a la pandemia.

La deuda bruta se ha mantenido entre 65% y 67% del PIB durante los últimos cuatro trimestres, comportamiento que reduce los riesgos inmediatos sobre su sostenibilidad. UBS reconoce que las métricas siguen siendo imperfectas, pero considera que la magnitud del ajuste respalda la conservación del grado de inversión de Panamá.

El análisis incorpora también una advertencia política. Aunque la economía avanza, la aprobación del presidente José Raúl Mulino habría caído por debajo de 20%, más de 50 puntos porcentuales frente a dos años atrás. El deterioro estaría relacionado con la percepción de que el crecimiento no beneficia a la mayoría de la población.

Según UBS, los ciudadanos consideran que las mejoras se concentran principalmente entre los sectores de mayores ingresos, una desconexión que podría limitar el respaldo a las reformas. Aun así, el banco sostiene que los riesgos de gobernabilidad permanecen contenidos, porque la administración ha logrado impulsar su agenda pese a su menor popularidad.

Entre los avances menciona la aprobación de la reforma de la seguridad social, la reducción del déficit y la posibilidad de reabrir la mina de cobre. Este último punto representa una expectativa de UBS y no una decisión concretada. El informe añade que las relaciones con Estados Unidos permanecen sólidas y el Canal mantiene ingresos elevados.

En materia de inversión, Panamá conserva una calificación soberana compuesta de BBB- y sus bonos en dólares acumulan un retorno cercano a 3% durante 2026. La deuda ofrece rendimientos de entre 5% y 6%, aproximadamente 150 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro estadounidense.

UBS concluye que el panorama macroeconómico es considerablemente más sólido que hace algunos trimestres, cuando el deterioro fiscal y el cierre minero amenazaban la calificación del país. No obstante, identifica los fenómenos climáticos y los riesgos de gobernabilidad como amenazas capaces de afectar la economía y las operaciones del Canal.

Pese a la mejora registrada, la deuda pública mantiene al país con un margen fiscal reducido para responder a nuevas crisis. Un aumento del costo del financiamiento, una emergencia climática o una desaceleración internacional podrían obligar al Gobierno a realizar ajustes adicionales o buscar nuevas fuentes de ingresos.

El ajuste fiscal también plantea un desafío, debido a que los recortes se distribuyeron entre los gastos de funcionamiento y la inversión pública. Si la reducción del gasto de capital se prolonga, podría limitar la ejecución de infraestructuras, la generación de empleo y la capacidad productiva futura del país, señala el banco.

Otra vulnerabilidad procede de la dependencia de los ingresos turísticos, la inversión extranjera y las actividades relacionadas con el comercio internacional. Para la entidad bancaria, una desaceleración mundial, nuevos conflictos geopolíticos o cambios en las rutas marítimas podrían debilitar algunos de los motores que actualmente sostienen el crecimiento panameño.

Para el asesor empresarial René Quevedo, el informe de UBS plantea un panorama optimista para la economía panameña, sustentado en un ajuste fiscal más rápido de lo esperado, una leve mejora de los ingresos tributarios y reducciones del déficit y del gasto público.

Quevedo destaca que el reporte califica como paradójico “el crecimiento de la demanda interna sin una fuerte expansión del crédito”, situación que atribuye a la vigorosa recuperación del empleo formal privado, pese a que el financiamiento bancario no acompaña con la misma intensidad el dinamismo económico.

Asimismo, señala que el banco suizo destaca los altos niveles de liquidez del sistema bancario nacional, aunque esos recursos no se están canalizando hacia el crédito interno, sino principalmente hacia inversiones financieras y colocaciones en el extranjero.

De acuerdo con Quevedo, las cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá correspondientes a junio de 2026 muestran que un tercio de los créditos y dos terceras partes de las inversiones en valores del sistema bancario nacional, que en conjunto superan los $62 mil millones, están colocados en el extranjero.

Finalmente, Quevedo indicó que UBS considera probable la reapertura de la mina de Donoso, una perspectiva que coincide con un reciente pronunciamiento de JPMorgan Chase sobre el futuro del proyecto minero.

Desde Puerto Iguazú, Misiones- El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, afirmó que la respuesta ante el récord de mora crediticia de las familias debe surgir de acuerdos entre entidades financieras y deudores. Durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Puerto Iguazú, sostuvo que las refinanciaciones con intereses más bajos y plazos más extensos constituyen una vía para reducir los incumplimientos de las familias. “Las soluciones reales son las que atacan la causa raíz y no atentan contra el acceso al crédito”, dijo Werning.

El funcionario ubicó el costo del financiamiento en pesos como uno de los factores centrales del problema y contrastó la evolución de los préstamos a empresas con la de los créditos otorgados a hogares. Según expuso, tras el salto de tasas durante el shock cambiario de las elecciones 2025 las entidades redujeron con rapidez las tasas reales que cobraban a compañías. Atribuyó esa baja a una menor percepción de riesgo político, a expectativas favorables sobre reformas y a perspectivas de remonetización y acumulación de reservas. En ese escenario, señaló, el costo financiero de las empresas quedó en torno a un quinto del nivel que registró durante el punto de mayor incertidumbre.

Así, la mora empresarial se mantuvo acotada bajo esas condiciones. “Es más, es menor la mora en empresas hoy que durante el último ciclo de expansión de crédito del sector privado en la era de Macri”, señaló.

Según el funcionario, esta realidad no se repitió en el mercado de crédito a las familias. Según Werning, el descenso del costo financiero resultó menor en ese segmento. Indicó que las tasas bajaron apenas una cuarta parte respecto del máximo de la etapa electoral y todavía equivalen a tres cuartos de aquel pico. “Las tasas de interés son altas y esas tasas de interés altas inducen a la mora porque son impagables en términos reales para muchos”, afirmó.

El número dos del BCRA vinculó parte de esa situación con las decisiones que tomaron personas que esperaban una aceleración de la inflación o una devaluación después de las elecciones. También planteó que el contraste entre ambos segmentos mostró una diferencia en la trayectoria de las tasas reales: las empresas accedieron a un alivio más amplio, mientras que las familias continuaron bajo costos financieros elevados.

Ante un auditorio de ejecutivos de finanzas, Werning sostuvo que la salida debe concentrarse en la renegociación de esas deudas. “Las refinanciaciones tienen que venir con tasas de interés mucho más bajas para darle oportunidad de pago. Tienen que venir con plazos más largos”, expresó. En ese punto, dejó la intervención estatal fuera de la solución que propuso y asignó el proceso de reestructuración a bancos y clientes.

El vicepresidente del Banco Central cuestionó a los bancos y otras dadoras de préstamos, que a su entender buscan recuperar las pérdidas de la cartera morosa a través de intereses más altos para los hogares. “En la medida que haya bancos que quieran compensar el costo de la mora, de las pérdidas en que incurrieron, no con capital sino cobrándole mucho más a las familias, la probabilidad de generar un círculo virtuoso de repago de crédito es muy baja”, dijo.

Su planteo fue que los bancos absorban las pérdidas con sus propios recursos y renegocien los créditos con condiciones que permitan sostener los pagos. “Los bancos que reconocen que una pérdida es una pérdida y hay que buscar recuperar lo posible y mirar hacia adelante quizás pueden tener una política de tasas con las familias con una dinámica mucho más similar a la que tuvieron con las empresas”, afirmó.

“Es una solución entre privados, entre los bancos y los deudores”, insistió Werning al referirse al mecanismo para encarar los incumplimientos. También señaló que el volumen de refinanciaciones creció con fuerza y que ese movimiento podía anticipar una baja futura de la mora, aunque condicionó ese resultado a los términos que ofrezcan las entidades.

“La clave es a qué costo los bancos refinancian”, remarcó. De acuerdo con su exposición, el crédito a las familias dejó de contraerse, aunque todavía no mostró una expansión. El funcionario señaló que un aumento del stock de préstamos, junto con una menor entrada de nuevos deudores en situación de mora, podría modificar la relación entre cartera crediticia e incumplimientos.

En su presentación, además, Werning sostuvo que la mora llegó o se acercó a su máximo. Dijo que el indicador se mantuvo estable durante los últimos tres meses, en torno a 7,7, y que el crédito bancario al sector privado aceleró desde mayo, con mayor impulso en los préstamos en dólares y en el segmento empresario.

La exposición incluyó críticas a algunas alternativas discutidas a nivel legislativo para aliviar la mora. Werning las calificó como propuestas “populistas” porque, según sostuvo, pueden restringir el acceso futuro al crédito.

Los préstamos BNPL (buy now, pay later) nacieron como una alternativa para diferir compras prescindibles. Hoy, en Estados Unidos, financian lo que no puede esperar: el alquiler del mes, la factura de la luz y la compra del supermercado, tal y como reflejan los resultados citados por CBS News sobre el avance de estos créditos en los gastos esenciales.

El cambio no es menor, implica que una porción creciente de hogares ya no llega a fin de mes con sus propios ingresos.

En 2025, los estadounidenses tomaron USD 160.000 millones en préstamos BNPL, el doble que dos años antes, de acuerdo con un informe de economistas de la Reserva Federal. La expansión del sector coincide con el deterioro del poder adquisitivo tras años de inflación elevada.

Los gastos básicos ya representan el principal destino de los préstamos BNPL

El perfil de uso cambió de forma significativa. Casi el 30% de los usuarios declaró haber pagado el supermercado con BNPL, frente al 14% de dos años atrás, tal como indica una encuesta de LendingTree.

Otro 23% lo usó para gastos médicos, dentales, veterinarios o para cubrir el alquiler. Y el 54% afirma que sin este financiamiento no podría cubrir sus gastos básicos.

Matt Schulz, analista de crédito de la plataforma LendingTree, explicó el fenómeno en declaraciones a CBS News: “Las empresas BNPL hicieron un trabajo muy bueno para que este tipo de préstamos sea accesible para pagar casi cualquier cosa”.

Para Ariel Nelson, abogada sénior del Centro Nacional de Derecho del Consumidor (CNDC), el dato más relevante no es el crecimiento del sector, sino lo que exhibe sobre la economía doméstica.

“Lo más importante de estos préstamos es lo que dicen sobre el estado de la asequibilidad —o falta de ella— en nuestro país: que la gente tiene dificultades para pagar el alquiler y los servicios a tiempo y en un solo pago”, dijo al medio.

Membresías y comisiones convierten el “sin intereses” en un costo real

Dos empresas ilustran cómo funciona el modelo en la práctica. Affirm, con sede en San Francisco, lanzó en enero de 2026 un piloto junto a Esusu Pay que permite a los inquilinos dividir el alquiler mensual en dos cuotas.

El servicio no cobra intereses ni cargos por atraso, pero exige una membresía de entre USD 35 y USD 50 por mes.

La firma Flex, con base en Nueva York, va más lejos: permite fraccionar el alquiler, los servicios, el teléfono, internet y el pago del automóvil.

Su estructura de costos incluye USD 6 mensuales fijos, más el 3% del monto del préstamo y una comisión de procesamiento del 0,5%. Para un alquiler de USD 1.500, el costo mensual oscila entre USD 30 y USD 40.

Ryan Metcalf, vicepresidente de asuntos públicos de Flex, definió el producto como una solución a un problema de timing. “No vendemos dinero, vendemos tiempo”, aseguró en declaraciones a CBS News, al señalar que muchos inquilinos no cobran su sueldo cuando vence el alquiler.

Los cargos ocultos pueden transformar una solución temporal en una trampa de deuda

Las advertencias del sector de defensa del consumidor apuntan a una arquitectura de costos que no siempre resulta visible al momento de contratar.

Jennifer Zhang, analista de políticas e investigación en Protect Borrowers, una organización sin fines de lucro que investiga abusos financieros, detalló el riesgo ante CBS News: “Pueden estar repletos de cargos por mora y comisiones basura que se acumulan y se convierten en una fuente de dificultades económicas para mucha gente”.

Nelson, del CNDC, reforzó ese punto. “Los productos están estructurados para parecer baratos, pero en realidad no lo son”, afirmó.

Un riesgo adicional surge cuando los usuarios toman varios préstamos BNPL de distintas plataformas al mismo tiempo: al superponerse los vencimientos, los débitos automáticos pueden vaciar la cuenta bancaria y generar cargos por sobregiro que multiplican el costo total del financiamiento.

Schulz, de LendingTree, reconoció el doble filo del producto. “Puede ser muy útil porque es predecible y sin intereses, pero es fácil pasarse de la raya”, advirtió, al destacar que la facilidad para obtenerlos es, al mismo tiempo, su mayor riesgo.

El cese de actividades de la planta de Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento abrió un frente de conflicto entre el municipio y la empresa avícola. La intendente Fernanda Astorino cuestionó públicamente a la compañía y, en una carta dirigida a su titular, reclamó precisiones sobre el futuro de los trabajadores. También anticipó que pedirá una mesa de diálogo con la firma y el Ministerio de Trabajo de la Nación.

La misiva está dirigida a Joaquín De Grazia, quien está al frente de firma, y comienza con una referencia directa a la situación que atraviesan los empleados de la planta local. “Me dirijo a usted en mi carácter de Intendente Municipal de Capitán Sarmiento, ante los telegramas que comenzaron a recibir trabajadores de Granja Tres Arroyos y la situación de profunda incertidumbre que esto genera en numerosas familias de nuestra ciudad”, escribió Astorino.

A partir de ese planteo, la jefa comunal pidió la conformación de una instancia de diálogo con participación oficial. “Ante la gravedad de esta situación, exijo la participación activa de Granja Tres Arroyos, junto con el Ministerio de Trabajo, en una mesa de diálogo y concertación, con el propósito de conocer de primera mano el estado real de la situación y coordinar acciones inmediatas que protejan las fuentes de empleo de nuestros vecinos”, indicó. Y agregó: “Estamos hablando de trabajadores y de familias que, de un día para otro, quedaron sin certezas sobre su fuente de trabajo y sobre cómo afrontar sus obligaciones cotidianas”.

Reclamo directo a la empresa

En otro tramo de la carta, Astorino apuntó contra la forma en que la empresa comunicó la medida. “Granja Tres Arroyos conoce perfectamente la importancia que tiene su actividad para Capitán Sarmiento y la cantidad de familias que dependen de estos puestos de trabajo”, planteó, para luego cuestionar: “Por eso resulta difícil comprender que se haya avanzado de esta manera, sin contemplar adecuadamente las consecuencias para quienes durante años formaron parte de la empresa”.

La intendente detalló además las acciones que el municipio puso en marcha desde que se conoció la situación de los trabajadores. “Desde el primer momento, el Municipio estuvo presente. Recibimos a los trabajadores, escuchamos sus situaciones particulares, comenzamos a brindar asistencia a las familias y realizamos gestiones ante prestadores de servicios esenciales y obras sociales para acompañar a quienes hoy atraviesan dificultades”, señaló. No obstante, remarcó los límites de esa intervención: “Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Pero el Municipio no puede ni debe reemplazar a una empresa privada en las responsabilidades y obligaciones que mantiene con sus trabajadores”.

Sobre esa base, Astorino formalizó su pedido a la empresa. “Por todo ello, solicito que brinde explicaciones claras respecto de la decisión adoptada, las circunstancias que llevaron al envío de estos telegramas y, fundamentalmente, cuáles serán las respuestas concretas de la empresa frente a las obligaciones que aún mantiene con sus trabajadores”, escribió.

Qué había comunicado la compañía

El pedido de la intendente llegó dos días después de que Granja Tres Arroyos notificara, mediante un comunicado interno, la suspensión de las tareas operativas en la planta de Capitán Sarmiento “hasta nuevo aviso a partir del 31 de agosto de 2026”. El documento instruyó al personal a no concurrir a prestar servicios, salvo convocatoria expresa de un encargado o supervisor, y atribuyó la medida a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento”. La empresa no precisó una fecha de reanudación de actividades ni garantizó la continuidad de los puestos de trabajo afectados por la medida.

El cierre de la planta de Capitán Sarmiento se suma a una serie de cierres, suspensiones y despidos que la compañía acumula desde diciembre de 2024, cuando solicitó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. Desde entonces, Granja Tres Arroyos cerró su planta de Tristán Suárez, con 200 desvinculaciones sobre un plantel de 270 trabajadores, y anunció el cierre definitivo de la planta de Becar, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, cuyo personal fue trasladado a la planta La China. Esta última permanece cerrada desde fines de mayo.

A esos antecedentes se sumó, en julio, la paralización de la planta Avex, en Río Cuarto, Córdoba, presentada en un primer momento como una “parada programada de dos semanas” que terminó extendiéndose por otros 15 días a comienzos de agosto, hasta completar un mes de inactividad que afectó a 350 trabajadores. Ya en agosto, la planta Pinazo, en Pilar, suspendió a la totalidad de su personal, mientras que la planta Wade II, en Esteban Echeverría, registró paralizaciones por conflictos salariales y bloqueos, y la planta Wade I, en Ezeiza, opera con una fuerte reducción de actividad.

A mediados de agosto, la empresa había desvinculado a 250 trabajadores de su planta industrial de Concepción del Uruguay, sobre un plantel total de 900 empleados, a través de telegramas que invocaron “una grave disminución de trabajo, originada en circunstancias extraordinarias”. En paralelo, Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores la reestructuración de una deuda de USD 350,9 millones, con la banca de inversión VALO como asesora del proceso, en un plan que contempla quitas de hasta el 75% del capital adeudado, plazos de pago de hasta siete años y la venta de al menos cinco activos considerados no estratégicos para el grupo. La compañía es conducida por Joaquín De Grazia y, desde 2022, el 34% de su capital pertenece a la estadounidense Tyson Foods.

La industria láctea atraviesa un momento exigente. La combinación de un consumo interno debilitado, un consumidor que busca precios más bajos y una estructura de costos logísticos que no cede, viene golpeando los balances de las principales compañías del sector. En ese escenario se inscribe el resultado del primer semestre de Mastellone Hermanos S.A., la sociedad dueña de La Serenísima, que volvió a cerrar en rojo un período de seis meses.

La compañía difundió sus estados financieros correspondientes al primer semestre de 2026, en la modalidad de presentación oficial de resultados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). A partir de esa información, el análisis de los números arroja un dato central: la pérdida neta del período llegó a $4.791 millones, un monto más de cuatro veces superior a los $1.161 millones negativos registrados en el primer semestre de 2025.

Ese resultado surge de la combinación de una caída en las ventas, un deterioro en el margen bruto y un nivel de gastos comerciales que absorbió buena parte de lo que la compañía logró facturar. Los ingresos totales del semestre sumaron $908.674 millones, expresados en moneda homogénea al cierre del período, lo que representa una caída real de 6,7% frente a los $973.850 millones obtenidos un año antes.

Es importante aclarar que se trata del último balance que refleja los resultados de la conducción anterior de La Serenísima. En marzo de este año, el Grupo Arcor y la multinacional francesa Danone anunciaron la concreción de un acuerdo estratégico para adquirir la mayoría accionaria de Mastellone Hermanos S.A.. La operación se realizó a través de Bagley Argentina S.A., sociedad mediante la cual ambos grupos económicos tomaron el control del 51,32% que restaba del capital social y de los votos que permanecían en manos de la familia fundadora y del fondo de inversión Dallpoint Investments LLC. Tras varios meses de negociaciones y aprobaciones regulatorias, el 1° de agosto finalmente Arcor y Danone tomaron el control de La Serenísima.

Menos ventas y menor margen

La contracción de los ingresos estuvo explicada, de manera casi excluyente, por el desempeño del mercado argentino. Las ventas locales bajaron de $807.199 millones a $723.996 millones, una disminución real de 10,3%.

En sentido contrario, los ingresos por exportaciones crecieron 10,5%, hasta $172.242 millones, y pasaron de representar cerca de 16% de la facturación total en el primer semestre de 2025 a aproximadamente 19% un año después. El mercado externo funcionó así como un amortiguador parcial, aunque no alcanzó para compensar la caída de las ventas domésticas.

A esa merma en la facturación se sumó un deterioro en la rentabilidad industrial. El costo de ventas bajó 4,1%, de $723.626 millones a $693.621 millones, pero lo hizo a un ritmo menor que los ingresos. Como consecuencia, la ganancia bruta cayó 14,1%, de $250.224 millones a $215.053 millones, y el margen bruto sobre ventas pasó de 25,7% a 23,7%. La pérdida de dos puntos porcentuales de margen en apenas doce meses es uno de los datos que explica por qué la compañía terminó el semestre con un resultado más negativo que el año anterior, pese a haber logrado bajar sus costos de producción en términos nominales.

Sobre esa ganancia bruta ya reducida incidieron los gastos de comercialización, que treparon 2,8% en moneda constante hasta $219.568 millones. Dentro de esa partida se encuentra la operación logística de la compañía, uno de los componentes que más presión ejerció sobre la estructura de costos del semestre. En los hechos, el total de gastos necesarios para colocar y distribuir los productos terminó superando la totalidad del margen bruto generado por la actividad, un desequilibrio que rara vez se observa en una empresa de consumo masivo con la escala de Mastellone.

El peso de la logística

La estructura de costos de la compañía ayuda a entender por qué la variable logística ocupa un lugar tan relevante en la explicación del resultado. Según datos del sector, el sistema logístico constituye hoy el segundo rubro en peso dentro de la estructura de costos de la industria láctea, detrás de la materia prima. En ese contexto, el propio detalle de gastos que acompaña los estados financieros muestra que los fletes representaron $148.045 millones entre gastos de fabricación y de comercialización durante el semestre, frente a $137.510 millones un año atrás.

La combinación entre menores ventas, caída del margen bruto y gastos comerciales en alza llevó a que el resultado antes de impuestos pasara de una pérdida de $7.925 millones en el primer semestre de 2025 a una pérdida de $10.647 millones en el mismo período de este año. El beneficio por impuesto a las ganancias, que había atenuado el quebranto en 2025, achicó su aporte de $6.764 millones a $5.856 millones, lo que terminó de definir la pérdida neta de $4.791 millones.

Una caída de consumo que lleva una década

El deterioro de las ventas locales de Mastellone no puede leerse de manera aislada del comportamiento general del consumo de lácteos en la Argentina. Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), las ventas de lácteos en supermercados cayeron 10% en términos reales durante el primer semestre de 2026. El fenómeno, además, no es reciente: en la última década el consumo de leche acumula una caída de 15%.

El propio observatorio señala que la recuperación del consumo, cuando se produce, se concentra en productos básicos, en detrimento de las especialidades y de las categorías con mayor valor agregado. A eso se suma un desplazamiento del gasto hacia comercios de cercanía y circuitos que no siempre son capturados de manera plena por los relevamientos industriales tradicionales. El problema para una compañía como Mastellone no parece limitarse entonces a cuántos litros de leche consume la población, sino a qué productos elige, en qué canal compra y con qué frecuencia sigue accediendo a las primeras marcas.

Una recuperación parcial en el segundo trimestre

Pese al resultado semestral negativo, la trayectoria dentro de esos seis meses no fue lineal. Durante el segundo trimestre, entre abril y junio, Mastellone obtuvo una ganancia neta de $7.405 millones, en contraste con una pérdida de $3.069 millones registrada en el mismo trimestre de 2025. Esa diferencia permite inferir que la pérdida del semestre se concentró de manera desproporcionada en los primeros tres meses del año, mientras que el segundo trimestre mostró una recuperación relevante.

Esa mejora también se reflejó en la generación de caja. El flujo neto de efectivo proveniente de las actividades de operación llegó a $51.016 millones, más del doble de los $25.449 millones generados en el primer semestre de 2025. Al mismo tiempo, la compañía redujo su endeudamiento financiero de corto plazo, que pasó de $268.948 millones a fines de 2025 a $161.614 millones al cierre de junio, en un proceso de reperfilamiento hacia obligaciones de mayor plazo, que llevó la deuda financiera no corriente de $51.165 millones a $97.524 millones en el mismo lapso.

El balance de Mastellone combina así dos lecturas distintas. Desde el plano estrictamente comercial, la compañía sufrió una caída considerable de sus ventas locales, perdió margen bruto y multiplicó por cuatro su pérdida semestral. Desde el plano financiero, en cambio, generó más efectivo, alivió su perfil de deuda de corto plazo y mostró señales de recuperación hacia el final del período. El patrimonio total de la sociedad, de todos modos, bajó de $401.449 millones a $393.307 millones entre diciembre y junio, como reflejo directo de la pérdida acumulada del semestre.

Pagar una sentencia por deudas en su totalidad debería detener el embargo salarial, pero en Estados Unidos ese freno no siempre se refleja de inmediato en el recibo de sueldo.

Aunque la deuda quede cancelada, el acreedor, el tribunal y el empleador todavía pueden necesitar completar trámites antes de que el descuento deje de aplicarse, según explicó CBS News.

La clave para quien ya saldó la deuda es entender que el pago elimina la base legal del embargo salarial, pero no necesariamente corta la retención en el mismo momento en que se acredita el dinero.

En la práctica, el proceso puede demorarse por la documentación que debe circular entre las partes y por los tiempos internos de nómina.

El embargo puede seguir activo hasta que el empleador reciba la orden formal de detenerlo

El empleador descuenta parte del salario porque recibió una orden judicial u otra instrucción legal obligatoria.

Por eso, pagarle al acreedor no siempre habilita de forma automática al área de nómina a dejar de retener dinero.

De acuerdo con CBS News, después de cobrar el monto total, el acreedor puede tener que presentar ante el tribunal un documento que certifique que la sentencia fue satisfecha.

Según el estado y el procedimiento aplicable, también pueden hacer falta otros formularios para cerrar formalmente el embargo salarial y notificar al empleador.

Ese recorrido administrativo puede abrir una brecha entre la fecha del pago y el día en que cesa efectivamente la deducción.

Si el empleador ya procesó un salario antes de recibir la notificación de cierre, todavía podría aplicarse un descuento adicional.

La demora también depende del calendario de nómina y de los pasos que exija cada estado

El tiempo de resolución no es igual en todos los casos. El procedimiento exacto puede variar según el estado y según el tipo de deuda, lo que impide suponer que todos los expedientes se cerrarán con la misma rapidez o con los mismos documentos.

En ese marco, CBS News recomendó no dar por terminado el proceso solo porque el pago ya impactó.

Una de las medidas más importantes es pedir al acreedor una confirmación por escrito de que la sentencia fue pagada en su totalidad, además de consultar qué documentos se presentarán para poner fin al embargo y, si hace falta, verificarlo ante el tribunal.

También puede ser necesario confirmar con el departamento de nómina que ya recibió la documentación exigida para dejar de retener el salario.

Esa comprobación cobra importancia cuando el descuento sigue apareciendo en pagos posteriores, pese a que la deuda ya fue cancelada.

Si siguen reteniendo dinero, el deudor debe contactar al acreedor y al tribunal cuanto antes

Cuando el descuento continúa después de haber cancelado la deuda, la recomendación es comunicarse sin demora con el acreedor y con el tribunal o la agencia que administra el embargo. El objetivo es establecer qué ocurrió y cómo se corregirá cualquier pago en exceso.

El procedimiento puede incluir la revisión de pagos retenidos de más, sobre todo si la orden de cierre llegó después de que una liquidación salarial ya había sido procesada.

En esos casos, la solución dependerá de las reglas estatales y del estado del expediente judicial.

Quienes no pueden pagar toda la deuda todavía pueden intentar acuerdos alternativos

Para muchas personas, reunir de una sola vez el dinero necesario para cancelar una sentencia no resulta viable, en especial cuando el saldo es elevado.

Antes de que el embargo salarial deteriore más las finanzas del hogar, todavía puede haber otras vías para ordenar la deuda.

Una posibilidad es contactar al acreedor o al cobrador para evaluar otro esquema de pago. El acreedor puede aceptar una liquidación por una suma global negociada o un plan de pagos, aunque no existe garantía de que modifique las condiciones una vez que ya obtuvo una sentencia y cuenta con la vía judicial para cobrar.

El artículo citado también sugirió revisar el resto de las deudas no garantizadas.

Los saldos de tarjetas de crédito en Estados Unidos aumentaron en 21.000 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2026 y llegaron a 1,26 billones de dólares, en un contexto de precios en alza y gastos cotidianos que absorben una mayor parte de los ingresos.

Entre las alternativas mencionadas figuran un plan de administración de deuda y la negociación de deuda para algunos deudores que no pueden pagar íntegramente.

Aun así, CBS News advirtió que inscribirse en un programa de alivio de deuda no detiene automáticamente un embargo ya existente cuando la obligación ya quedó respaldada por una decisión judicial.

La Cámara de Diputados de la Nación comenzó el debate por los proyectos de morosidad en una nueva edición de la intención de la oposición de avanzar rápidamente y la del oficialismo y sus socios de dilatarlo.

A solo una semana en la que La Libertad Avanza rechazó el tratamiento en el recinto, el bloque abrió la comisión de Finanzas que encabeza el libertario Santiago Pauli, quien recibió a los diputados con un cronograma. Pauli estableció dos reuniones informativas adicionales. La primera el martes 8/9 por la tarde, es decir un día antes de la sesión que pidió la oposición, la segunda el miércoles 16/9. Una vez concluida esta, el oficialismo dispuso dos reuniones: el 23 de septiembre y el 30 de septiembre como fecha para dictamen. Pauli señaló que se compromete a trabajar para la unificación de giros.

Este cronograma fue rechazado por la oposición que, desde diferentes bloques, ratificó la sesión del jueves que viene y volvieron a acusar a La Libertad Avanza y sus socios de dilatar el tratamiento.

“Aprendieron los peores vicios de lo que denominan casta política. Esto es una maniobra para ganar tiempo”, disparó Cecilia Moreau. “Esta cámara tiene que legislar para dar una respuesta sobre una emergencia que afecta a millones de argentinos y el gobierno lo niega sistemáticamente”, agregó.

La primera respuesta llegó de la diputada ex PRO hoy LLA, Laura Rodríguez Machado, quien señaló como necesario sumar a la jornada de oradores “a los sindicalistas y las financieras”. Esto generó el primer griterío en la sala donde se destacaron las acusaciones de “seguir dilatando” el debate.

La diputada Myriam Bregman siguió en la lista de oradores y señaló que les llamaba la atención “que arranque la comisión con un cronograma que es más largo que la Copa Libertadores. Ratificamos la sesión del 9 de septiembre y que vengan con un cronograma que llega hasta Navidad es una tomada de pelo. Pedimos suspender los pagos, es urgente declarar la emergencia y suspender los cobros”.

Por el tercer sector de la oposición que empuja la sesión del 9 de septiembre, Unidos, tomó la palabra el diputado Pablo Juliano, quien también calificó el llamado a esta comisión informativa y el cronograma como una “tomada de pelo. Hace una semana pedí tratar el tema y el oficialismo y sus socios se negaron. Y en esta discusión hay un gran ausente que es la Comisión de Defensa del Consumidor. Es un tema que no tiene una sola salida pero que es transversal”.

El diputado radical reiteró que irán al recinto. “No somos estúpidos, tenemos más de 40 proyectos. Lo que vamos a hacer el 9 de septiembre es darnos un cronograma que termine en una sesión y una sanción, no en una tomada de pelo”.

El Poder Ejecutivo arma una orgía de frases: “que nadie les puso un arma en la cabeza a los deudores”, “que compraron televisores para el Mundial”, “que hace falta educación financiera”, “que hay una operación de los 133 diputados que mocionamos la semana pasada”. ¡Que el Ejecutivo diga lo que quiera! Pero hay argentinos recontra empeñados. No se empeñaron por diversión, sino porque no llegan a fin de mes, porque pagan hoy el plato de fideos que compraron en abril.

Luego de estos primeros planteos comenzaron los oradores invitados por LLA, la UCR y el PRO que hicieron un repaso de la problemática pero no así de posibles soluciones.

La suba de las tasas de interés en los mercados globales es por estas horas el tema que domina las agendas de los inversores y también está presente en el encuentro de ministros de Finanzas del G-20 en Carolina del Norte. Para el equipo económico representa un nuevo escollo: se encarece el costo del dinero y la posibilidad de volver a los mercados financieros se aleja cada vez más.

El plan financiero presentado por Luis “Toto” Caputo ya preveía este escenario. En ese sentido, todas las fuentes de fondeo para pagar la deuda en 2027 dependen del mercado interno, más compra de dólares y financiamiento de organismos.

La tasa de 10 años del bono del Tesoro norteamericano subió ayer a 4,80% anual, mientras que la de 30 años se mantiene arriba de 5,20% anual, los niveles más altos en por lo menos 15 años.

También Japón dio la nota y los rendimientos en los bonos a diez años saltó al 3% anual, un nivel que no se veía desde 1996. Esto significa que los tiempos del dinero barato o casi regalado están cada vez más lejanos.

El FMI señala que varios bancos centrales de economías desarrolladas y emergentes están revisando al alza sus tasas de referencia o sus expectativas de política monetaria. El organismo identifica una combinación de inflación, shocks de oferta, precios energéticos y riesgos fiscales que está obligando a los responsables de política económica a actuar con mayor cautela.

La particularidad de 2026 es que la inflación ya no responde solamente al exceso de demanda. Los conflictos geopolíticos y las interrupciones potenciales del suministro energético pueden elevar los precios incluso cuando la economía pierde velocidad.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que duplicará las compras de bonos del Tesoro a partir de la licitación del 9 de septiembre y mantendrá esta postura hasta noviembre. Con el anuncio buscó subir las paridades y bajar las tasas. Pero más allá de una reacción inicial positiva, con el paso de los días esta iniciativa se diluyó. Ahora habrá que esperar si tiene resultados concretos una vez que empiece a comprar desde la semana próxima.

Este incremento significa que una reducción del riesgo país para la Argentina no tendría todo el impacto positivo que se puede esperar. Al nivel actual de 500 puntos básicos, implica un rendimiento de los bonos dolarizados en torno al 10% anual.

Y si bien hay margen para una compresión, aún volviendo a los 400 puntos de julio sería insuficiente para colocar deuda en los mercados internacionales, ya que el Gobierno debería avalar una tasa todavía alta del 9% anual en dólares.

En la última licitación de la semana pasada, el Tesoro decidió no colocar un nuevo tramo del Bonar 2029 (AO29) justamente para no convalidar una tasa cercana a dos dígitos para un bono corto. Por eso, salió con todos títulos en pesos de corto plazo, que vencen dentro del actual mandato presidencial.

Si bien el contexto internacional complica al Gobierno, que por ahora no podrá conseguir financiamiento en los mercados, también hay algunas variables que juegan a favor. El petróleo se mantiene firme en niveles de USD 90 lo que beneficia a las exportaciones argentinas. El recrudecimiento del conflicto en el Golfo Pérsico provocó una suba del barril en los últimos días. La balanza energética ya supera los USD 6.800 millones de superávit y seguirá en aumento.

Pero además la soja también opera firme, a USD 480 la tonelada internacional, lo que representa un buen incentivo para la próxima campaña. Se trata de un incremento cercano al 25 por ciento.

El aumento de tasas largas en Estados Unidos representa un problema para la mayoría de las familias y un tema de preocupación para el gobierno de Donald Trump. Para quienes tienen préstamos a tasa variable, por ejemplo hipotecarios, una política monetaria más restrictiva significa mayores cuotas. Para quienes buscan una hipoteca o financiamiento empresarial, significa que pedir dinero prestado se vuelve más caro.

También cambia el atractivo de ahorrar. Las tasas más elevadas pueden mejorar los rendimientos de depósitos y bonos, pero al mismo tiempo reducen el incentivo para consumir e invertir.

Los gobiernos tampoco quedan al margen. Países con elevados niveles de deuda enfrentan mayores costos de financiamiento cuando los rendimientos de sus bonos suben.

Y para los mercados financieros, el cambio puede ser todavía más importante. Durante años, los inversores pudieron obtener financiamiento barato y buscar mayores rendimientos en acciones, bonos corporativos y mercados emergentes. Una etapa prolongada de tasas elevadas reduce ese incentivo y puede provocar una reevaluación de los precios de numerosos activos.

El endeudamiento familiar viene escalando en los renglones de la agenda pública. El oficialismo lo registra y trata de bajarle el tono argumentando que es una cuestión entre privados que no requiere respuesta del Estado. Resulta difícil frente al elevado nivel de mora, pero con ese objetivo trabaja el oficialismo. Es el caso de Diputados, donde busca desarmar el intento opositor de instalar el debate en el recinto. El problema es que el tema creció mediáticamente y parece desbordar el límite de los cruces políticos: la Iglesia acaba de sumar su voz, en tono de reclamo doblemente significativo para el Gobierno.

El oficialismo, por momentos, queda enredado en su propio juego. Combina la expectativa sobre una baja de los registros de mora -en el ámbito bancario y en el circuito no estrictamente financiero- y la intención de restarle trascendencia. En junio, el incumplimiento mostró un leve declive, que en medios libertarios buscaron mostrar como un cambio de tendencia, pero en julio mostró un repunte según cálculos en base a datos oficiales. Pasó de 12,77% a 12,99%. En las últimas horas, desde el Gobierno se deja trascender que agosto cerraría en baja. Se verá cómo evolucionan los números, pero asoma limitada la idea de clausurar el tema de ese modo.

Por lo pronto, un foco se lo llevó el Congreso por iniciativa opositora, la semana pasada, cuando la LLA exponía números cómodos para avanzar con la segunda entrega de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Quedó claro que los acuerdos son proyecto por proyecto, porque algunos dialoguistas -y más bien aliados- expusieron su margen de espacio propio. Dieron apoyo para facilitar los objetivos violetas y, a la vez, algunos acompañaron la votación para plantear el tema del endeudamiento familiar.

Estaba claro que ese ensayo los iba a exponer muy lejos de la mayoría especial para tratar en el recinto las iniciativas sobre morosidad, que se cuentan de a decenas, pero la intención de los promotores era testear si había chances de impulsar después una sesión especial. Sumaron 133 votos, es decir, cuatro por encima de las 129 presencias para garantizar quórum. Y lo que se abrió de inmediato fue la operación del oficialismo para revertir ese cuadro, es decir, restarle al menos unos pocos apoyos para desvanecer el movimiento.

Las autoridades libertarias decidieron repetir en Diputados lo hecho cuando la orden desde Olivos era bloquear la ofensiva sobre Manuel Adorni. El entonces jefe de Gabinete arrastraba tres meses de deterioro -con costo generalizado para el Presidente, Karina Milei y el Gobierno en general- y enfrentaba la posibilidad cierta de una interpelación. La oposición avanzaba en esa línea y hasta socios de LLA apuntaban en la misma dirección. Se había planteado una sesión para emplazar al tratamiento en comisiones, pero el oficialismo citó a una de las comisiones para restarle sustento a la movida. Sumó el acompañamiento del PRO, el radicalismo oficial y coronó su contraofensiva: hizo fracasar la sesión del 23 de junio. El Senado exhibía un panorama más difícil. Finalmente, el 27 de ese mes Adorni presentó su renuncia.

El oficialismo busca reproducir ahora la “estrategia Adorni” para frustrar la jugada opositora. Los proyectos sobre morosidad suman alrededor de cincuenta. Muchos de ellos, con giro a la comisión de Finanzas, presidida por el libertario fueguino Santiago Pauli. Tendrá reunión mañana, miércoles, como parte de las fichas movidas desde el despacho de Martín Menem. No está claro cuando sería convocada otra de las comisiones, como Defensa del Consumidor, que también cuenta con iniciativas que le fueron remitidas. Y todo indica que el mismo camino para enfriar el tema, y si es posible congelarlo, seguiría el reclamo de extensión de la emergencia en el área de discapacidad.

La oposición convocó a una sesión especial para el miércoles de la semana que viene. Y apunta a motorizar desde allí un plenario de todas las comisiones que deben intervenir en esta materia, para avanzar efectivamente y marchar después al recinto. El foco se concentra en la actitud que tomen algunos espacios y, sobre todo, gobernadores cuyos diputados apoyaron el impulso del tema. En particular, el interrogante alcanza al tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, al salteño Gustavo Sáenz y al misionero Hugo Passalacqua.

El oficialismo iba cerrando su estrategia cuando surgió un gesto inesperado, una doble señal que desde las filas violetas buscan amortiguar como si se tratara de una declaración sin otras connotaciones. Desde la jerarquía de la Iglesia, le dieron trascendencia al tema en sí mismo -es decir, lo que expondrían los actuales niveles de morosidad en el endeudamiento familiar- y cuestionaron de hecho la posición del Gobierno.

El mensaje estuvo a cargo del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo. En declaraciones radiales, habló de la gravedad del tema, lo vinculó además con otros problemas sociales como la ludopatía -cuestión con debate pendiente en el Congreso- y puso en la mira la falta de criterios claros, razonables, sobre los intereses. Y agregó: “No se puede tener una mirada superficial, ni menos decir: no nos interesa o que se arreglen”.

El Gobierno sostiene como letra discursiva que el tema es una cuestión entre privados. Y que hace exclusivamente al riesgo tomado por quienes se endeudaron. Milei lo sostiene públicamente y, en sus encuentros con ministros y legisladores, dejó en claro que no hay margen para matices. Quizá el diputado Alberto Benegas Lynch fue quien más extremó esa posición: dijo entre otras cosas que hay gente que compró pantallas de TV para ver el Mundial y no quiere pagar las cuotas porque Argentina no logró coronar la final.

Las declaraciones de monseñor Colombo se producen en días marcados por reuniones oficiales para definir cuestiones prácticas de la visita de León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre. Precisamente, el titular del episcopado y el secretario general de la CEA, Raúl Pizarro, fueron recibidos el jueves pasado por el Papa para analizar aspectos del viaje. El contexto no parece ser un dato menor.

El religioso trazó un paralelismo con la preocupación que la Iglesia ya había expresado frente a la ludopatía online: “Familias que se endeudaban por razón del juego, como adicción. Ahora, esta situación que se agrega, que es el tener que afrontar muchas veces por causa del uso de las billeteras electrónicas”, señaló el prelado en declaraciones a Radio Mitre Mendoza.

Para el titular de la CEA, la situación requiere una respuesta concreta: “Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar”, afirmó.

Además, Colombo distinguió entre distintos tipos de endeudamiento: “Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer”.

El diagnóstico eclesial llega en un momento de deterioro acelerado de la capacidad de pago de los hogares. Según el informe del CEPA con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Central de Deudores (CENDEU), la mora bancaria familiar trepó al 12,8% en junio de 2026, mientras que en billeteras virtuales alcanzó el 30,1%, superando el pico del 27,1% registrado durante la pandemia en mayo de 2020. En total, 5,91 millones de personas se encuentran en situación irregular dentro de un universo de 20,96 millones de deudores.

Colombo fue categórico al rechazar la inacción ante este escenario. “Lo que no se puede es tener una mirada superficial, ni menos decir: ‘No nos interesa o que se arreglen’”, sostuvo. El titular de la CEA mencionó específicamente las dificultades que enfrentan muchas personas que deben endeudarse para cubrir necesidades básicas: “ponerse en deudas para sacrificar algún ítem necesario para tener alguna situación de poder satisfacer algún ítem, no deja de preocupar y sobre todo, las consecuencias”.

Los datos del BCRA citados en el informe del CEPA indican que en abril de 2026 la carga mensual de los servicios de deuda de las familias representó el 24,1% de la masa salarial. Los préstamos personales y las tarjetas de crédito concentraban el 73% del saldo irregular de los hogares a mayo de 2026, según la misma fuente.

Una visita muy esperada

El papa León XIV llegará a la Argentina el próximo 8 de noviembre, en el marco de un viaje apostólico que lo llevará también por Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 del mismo mes. Será la primera visita de un pontífice al país desde 1987, cuando Juan Pablo II estuvo presente en la Jornada Mundial de la Juventud.

El esquema inicial prevé que el Papa permanezca el lunes 9 en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján, con base en la Nunciatura porteña durante toda su estadía en el país.

Al respecto, monseñor Colombo se refirió a la expectativa del líder de la Iglesia católica y aseguró: “El espíritu y el entusiasmo del Papa es muy grande. Creo que está con mucho interés”.

La agenda definitiva de León XIV en Argentina aún no está cerrada, pero la semana pasada llegó al país una misión vaticana con el objetivo de terminar de definir el itinerario y los aspectos de seguridad del viaje.

Entre las actividades en análisis figuran misas multitudinarias, encuentros con seminaristas, religiosos y jóvenes, visitas a personas privadas de la libertad —con la cárcel de Villa Devoto como posible sede— y recorridos por instituciones que atienden a personas con discapacidad. También se evalúa un acto masivo en el estadio Monumental de Buenos Aires, aunque todavía no hay confirmación oficial.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, difundió un anuncio con eje en la situación crediticia de las familias y confirmó una serie de medidas que aplicará el Banco Rioja para préstamos personales, regularización de deudas en mora y saldos de tarjeta Mastercard. El planteo incluyó además la referencia a una emergencia crediticia por 180 días y se presentó como una intervención provincial frente al deterioro de la capacidad de pago de los hogares.

En el inicio del mensaje, Quintela ubicó la decisión en un escenario de dificultades crecientes para afrontar gastos corrientes y obligaciones financieras. “En un contexto económico nacional que viene deteriorando la capacidad de pago de los hogares y llevando a muchas familias a recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos o cubrir compromisos anteriores, continuamos acompañando con medidas concretas”, sostuvo el mandatario. La definición fijó el marco general de la iniciativa y vinculó las resoluciones del banco provincial con un cuadro de mayor morosidad y endeudamiento de los consumidores.

El anuncio se apoyó en una lectura según la cual una parte de los hogares recurrió al crédito para gastos de todos los días o para cubrir deudas previas. Ese punto coincidió con un escenario nacional de crecimiento de los problemas para pagar compromisos financieros, con estimaciones privadas que registraron una suba de la mora en julio y una presión mayor sobre las economías familiares. En ese cuadro, la comunicación oficial de Quintela presentó las medidas como una respuesta directa desde la estructura financiera de la provincia.

“Por eso, a la declaración de la emergencia crediticia por 180 días contra los abusos financieros, le sumamos 3 herramientas concretas a través del Banco Rioja”, expresó Ricardo Quintela al introducir el paquete. El mensaje no detalló fechas de implementación, requisitos operativos ni alcance cuantitativo de cada línea, aunque sí precisó los instrumentos que integraron la medida y los segmentos de clientes alcanzados.

La primera definición apuntó al costo de los préstamos personales. Según la comunicación del gobernador, la entidad provincial aplicará una baja de 20 puntos en la tasa de préstamos personales, con alcance para nuevas operaciones y para refinanciaciones de clientes que mantengan su situación al día. En el mismo tramo del anuncio, Quintela habló de “baja de 20 puntos en la tasa de préstamos personales (nuevos y refinanciaciones al día)”, con una formulación orientada a remarcar que la reducción alcanzará tanto a quienes tomen crédito nuevo como a quienes reordenen financiamiento vigente sin atraso.

La segunda herramienta se dirigió a quienes registran atraso sostenido en sus obligaciones. El texto difundido por el gobernador indicó que habrá condiciones especiales de regularización para moras de 90 días o más. La frase incorporó un criterio temporal concreto para delimitar el universo alcanzado por esa instancia de regularización. El anuncio no sumó precisiones sobre bonificaciones, quitas, recálculo de intereses o esquema de cuotas, aunque sí señaló que el mecanismo se enfocará en los clientes con mayor nivel de atraso.

La tercera medida quedó vinculada a la deuda de tarjeta. En ese punto, Quintela informó un “plan de reestructuración de tarjeta Mastercard del Banco Rioja hasta en 36 meses, con tasas fijas”. El alcance quedó limitado, según el texto difundido, a los saldos vinculados con ese plástico de la entidad provincial. La mención a cuotas de hasta 36 meses y a tasas fijas apareció como uno de los datos centrales del paquete anunciado.

En otro pasaje del mensaje, el gobernador contrapuso la intervención provincial con las condiciones de financiamiento que atribuyó al sistema privado. “Frente a las especulaciones y las tasas desmedidas del mercado privado y las billeteras virtuales, defendemos a las familias con herramientas transparentes”, afirmó. La frase funcionó como definición política del sentido de la medida y como señal de contraste con el crédito ofrecido por bancos privados y plataformas de pagos.

Esa caracterización se completó con otra referencia institucional. “El gobierno de la provincia está al servicio de la gente y al lado de cada riojano y riojana”, dijo Quintela al cierre de su comunicación. La secuencia del anuncio mantuvo así dos planos: por un lado, la descripción de instrumentos financieros concretos; por otro, una presentación política sobre el papel del Estado provincial ante el cuadro económico y el endeudamiento de los hogares.

Las medidas anunciadas por el mandatario pueden ordenarse del siguiente modo:

• Reducción de 20 puntos en la tasa de préstamos personales del Banco Rioja.
• Alcance para nuevos préstamos y para refinanciaciones al día.
• Condiciones especiales de regularización para deudas con 90 días o más de mora.
• Reestructuración de saldos de tarjeta Mastercard del Banco Rioja en hasta 36 meses.
• Aplicación de tasas fijas en ese esquema de reestructuración.
• Continuidad de la emergencia crediticia por 180 días contra los “abusos financieros”.

La referencia a la emergencia crediticia aportó otro eje del anuncio. Quintela no la presentó como una decisión aislada, sino como un marco previo al que ahora se agregaron nuevos instrumentos del banco provincial. La formulación “a la declaración de la emergencia crediticia por 180 días contra los abusos financieros, le sumamos 3 herramientas concretas” ubicó a esta batería de medidas como una ampliación de una política ya definida por la provincia.

El contexto nacional mencionado en el mensaje oficial giró sobre la pérdida de capacidad de pago de las familias. Esa descripción incluyó dos elementos puntuales: el uso del crédito para gastos cotidianos y la toma de financiamiento para cubrir compromisos anteriores. Ambos factores formaron parte del encuadre del anuncio y dialogaron con los datos de un escenario de mora en aumento a nivel nacional, según estimaciones privadas que registraron nuevas dificultades en los hogares para sostener pagos financieros en julio.

Dentro de ese marco, el uso de la banca pública provincial apareció en el anuncio como la vía elegida para instrumentar alivio financiero. Quintela concentró la comunicación en el Banco Rioja y no hizo referencia a otras entidades. Tampoco incorporó datos sobre montos máximos, stock de clientes alcanzados, costo fiscal, volumen de deuda bajo reestructuración o universo total de préstamos personales comprendidos por la baja de tasas.

La decisión provincial también planteó una diferenciación sobre el tipo de herramienta ofrecida. El texto habló de “herramientas transparentes” y colocó esa expresión en contraste con “las especulaciones” y “las tasas desmedidas” del sector privado y de las billeteras virtuales. Esa comparación quedó incluida en el anuncio original y formó parte del sentido político del mensaje difundido por el gobernador riojano.

La estructura del anuncio combinó así una descripción de medidas bancarias concretas con una lectura de la coyuntura económica nacional. En ese esquema, la provincia ligó la reducción de tasas, la regularización de atrasos severos y la refinanciación de deuda de tarjeta con un cuadro de presión financiera sobre los hogares, en especial en sectores que recurrieron al crédito para sostener consumo o cancelar obligaciones anteriores.

El mensaje no incorporó precisiones adicionales sobre plazos administrativos, canales de acceso, vigencia exacta ni reglamentación operativa. Tampoco informó si la baja de tasas aplicará de forma automática o mediante evaluación previa de cada caso. La comunicación oficial sí dejó establecidos los tres instrumentos centrales, el papel del Banco Rioja como vehículo de implementación y el marco de la emergencia crediticia por 180 días mencionado por Quintela.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto calificó de “estúpido” el argumento del Gobierno que atribuye el endeudamiento familiar a la compra de televisores para el Mundial y sostuvo que el problema central es otro: la deuda por alimentos, en un cuadro que vinculó con pérdida de empleo, cierres de industrias y comercios y caída del poder adquisitivo.

También se refirió al escenario electoral y apuntó que Cristina Fernández de Kirchner mantiene una intención de voto “muy alta”.

La referencia al endeudamiento la hizo luego de que el presidente Javier Milei adjudicara el aumento de la morosidad de las familias a un supuesto “efecto Mundial”. Ese indicador llegó al 12,8%, una explicación que también fue respaldada por el diputado Alberto Benegas Lynch y que recibió cuestionamientos de otros sectores, entre ellos la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

En declaraciones a Radio Mitre, Pichetto dijo que cuando se analiza el nivel de endeudamiento y su impacto sobre las familias y los sectores populares, “es fundamentalmente la deuda por alimentos”. Para el legislador de Encuentro Republicano Federal, la crisis económica se profundiza en esos sectores por la combinación de menor ingreso real, destrucción de puestos de trabajo y cierre de actividades.

Pichetto cuestionó el crédito hipotecario y habló de un plan económico que “no está funcionando”

El diputado también apuntó contra el relanzamiento del crédito hipotecario impulsado por el ministro de Economía Luis Caputo. “No va a alcanzar este último intento del ministro Caputo de generar un esquema de reactivación del crédito hipotecario. Está destinado a un sector de salarios altos. No va a llegar a la clase media”, afirmó.

Pichetto describió al actual rumbo económico como “un modelo insatisfactorio” y añadió: “También provoca en el propio presidente enojo y reacciones, porque está viendo o está percibiendo que su plan económico no está funcionando”. En esa línea, habló de una crisis “muy profunda” y de señales de alarma en el empleo y los ingresos.

Según su diagnóstico, el impacto más fuerte se concentra en los “centros urbanos”, donde, dijo, vive “casi el 85%” de la población argentina. Allí, sostuvo, se verifica el “deterioro más agudo” por la “caída del consumo”, la “pérdida de poder adquisitivo” y la “fragilidad del empleo formal”, en un escenario en el que además crece el “trabajo de plataformas”.

En ese mismo reportaje, el legislador vinculó parte de la tensión oficial con el funcionamiento interno del Gobierno. Dijo que observa una gravitación fuerte de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y mencionó preocupación por lo que consideró el “aislamiento del presidente en Olivos”. “Empieza a haber una gran preocupación”, añadió, sobre “quién gobierna en la Argentina”.

Pichetto también cuestionó el tono verbal del jefe de Estado y recordó su paso esta semana por la escuela secundaria ORT. Afirmó que Milei tiene “un nivel de agresividad insoportable, de violencia verbal en todos los ámbitos, incluso en una escuela el otro día de la comunidad judía”, y expresó solidaridad con periodistas “humillados, agraviados” por la administración nacional.

Defendió las PASO y dijo que Cristina Kirchner conserva una intención de voto “muy alta”

En el plano electoral, Pichetto rechazó cambios en las primarias abiertas. “Hay que tratar de mantener el sistema electoral como está, no modificarlo porque le conviene hoy al Gobierno. Vamos a ver si podemos defender la primaria, que es un método democrático”, planteó.

Para el diputado, ese mecanismo puede ordenar la competencia opositora en los próximos 11 meses. Señaló que de una primaria podría surgir un liderazgo capaz de contener una propuesta más amplia y sostuvo que ya existen diálogos con otros sectores y también con actores económicos relevantes.

Sobre Cristina Fernández de Kirchner, Pichetto sostuvo que la expresidenta transita “un camino totalmente válido y legítimo” al recurrir su condena ante organismos internacionales. La exmandataria cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para impugnar la sentencia y pidió, entre otros puntos, la suspensión de su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El legislador fue explícito sobre ese punto: “La inhabilitación perpetua no es una pena de este siglo”. También sostuvo que una eventual resolución favorable en el plano internacional “obligaría a la justicia argentina a revisarla”, y consideró que esa revisión podría habilitar la posibilidad de competir electoralmente.

Pichetto agregó que mantiene diálogo con la exmandataria, en especial sobre la cuestión jurídica, y dijo que la condena es “totalmente nula”. Argumentó que el proceso no está agotado mientras existan recursos de revisión y citó como instancias posibles a la Corte Interamericana y a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Cuando se le preguntó si una centralidad política de Kirchner favorecería a Milei, respondió que tiene “serias dudas” sobre esa hipótesis. Como respaldo, mencionó una encuesta del distrito de La Matanza y aseguró: “La figura de la expresidenta está con una intención de voto muy alta”.

La foto del panel de la Cámara de Diputados, que mostró que la oposición juntaba un piso de 133 votos para debatir los proyectos de morosidad de las familias y de la extensión de la emergencia en discapacidad, no pasó desapercibida en los despachos de La Libertad Avanza, donde se toman las decisiones.

A pesar de que entienden que los bloques opositores se juntan por temas puntuales y que no se impone la idea de “no darles nada”, como piden algunos que en otro momento acompañaban bajo el eslogan de la gobernabilidad, saben que a esa agenda se va a sumar todo lo que no sea libertario o pseudo libertario.

“En temas de impacto social vamos a ir todos unidos; después, el juego se diferencia según cada uno de los sectores”, explicó a Infobae un diputado opositor. “Es tema por tema. En algunos temas, los que eran aliados y que ahora son circunstanciales van a mostrar los dientes, como pasó con los misioneros y los salteños”, agregó, en referencia al bloque que responde a los gobernadores Hugo Passalacqua, de Misiones, y Gustavo Sáenz, de Salta, que acompañaron la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el pedido de tratamiento de los proyectos de morosidad y discapacidad.

La oposición enfrenta la búsqueda de un consenso, ya que hay 48 proyectos de ley y resoluciones al respecto. En contraposición, el oficialismo hará todo lo posible por dilatar el debate.

En este sentido, se espera que hoy salga el llamado para las comisiones de Discapacidad y Salud, por un lado, y de Finanzas y Defensa del Consumidor, por el otro. Con esto, el bloque de LLA buscará controlar el ritmo del debate, y tanto es así que las primeras citaciones no serán para todas las comisiones implicadas.

Según explicaron desde el oficialismo parlamentario, se citará a la comisión de Finanzas —que preside Santiago Pauli, de LLA—, a la de Discapacidad —presidida por Gerardo Huesen, de LLA— y a la de Salud —a cargo de Manuel Quintar, de LLA— para comenzar a debatir la semana que viene.

“Ellos —por los libertarios— llaman a las comisiones para hacer que abren el debate y darles una excusa a los aliados para que no vayan a la sesión del 9 de septiembre. Es lo mismo que hicieron con el caso Adorni”, explicó un diputado opositor.

En este punto, donde cada sector pone en funcionamiento las estrategias parlamentarias para avanzar o frenar según la conveniencia, en los sectores que juntaron 133 votos —y que, sumando a los ausentes, podrían llegar a 137— entienden que deberán buscar opciones, porque no van a ser comisiones para dictaminar, sino informativas. “Van a traer a dos o tres a exponer”.

En ese contexto, la oposición trabaja en mantener el llamado para el 9 de septiembre. “Más allá de esta jugarreta, la única garantía de avanzar hacia un dictamen es ratificar la convocatoria a sesión especial para el 9 de septiembre”, dijo el diputado socialista Esteban Paulón, autor de uno de los proyectos.

El oficialismo sabe que en esta jugada puede arrastrar a los diputados que responden a gobernadores y hacer caer el quórum. En la oposición, el argumento para mantener el número es que saben que, sin un emplazamiento que ponga fecha para dictaminar, La Libertad Avanza dilatará el debate y no se buscará una solución para las más de 6 millones de personas con problemas financieros.

En total, hoy hay 48 proyectos de ley que buscan encontrar una solución al incremento de la morosidad en las familias, que ya alcanza a 6,5 millones de personas. En el caso de la prórroga por un año de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el proyecto es autoría del diputado de Unión por la Patria Juan Marino, y cuenta con el acompañamiento de diferentes bloques.

La cartera vencida en México se activa formalmente cuando un crédito acumula 90 días naturales sin pago. A partir de ese punto, el banco puede suspender el financiamiento, transferir la deuda a despachos de cobranza externos e iniciar un juicio mercantil para recuperar el dinero mediante embargo de bienes.

Al cierre del primer semestre de 2026, los créditos con problemas de pago en la banca mexicana alcanzaron 193,161 millones de pesos, un salto real de 14.16% frente al mismo periodo de 2025, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Es el nivel de morosidad más alto registrado en al menos 26 años.

Qué ocurre dentro del sistema financiero

El deterioro no ocurre de golpe. Entre el día uno y el 30 de atraso, el banco emite recordatorios y comienzan a generarse intereses moratorios. Entre los días 31 y 89, la cuenta adquiere un nivel de riesgo mayor y las posibilidades de lograr una reestructuración simple se vuelven más estrechas.

Al cruzar el umbral de los 90 días, la institución queda facultada para suspender el crédito de forma definitiva. Desde ese momento, ya no hay mensualidades ni pagos mínimos: el banco puede exigir el pago total de la deuda, según explicó Ángel González, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor a medios.

El golpe al historial en el Buró de Crédito

El reporte negativo llega antes que el embargo. La ley obliga a las instituciones financieras a notificar a las Sociedades de Información Crediticia —Buró de Crédito y Círculo de Crédito— los atrasos desde el primer mes de mora.

El Buró de Crédito asigna claves mensuales del 1 al 9 según el comportamiento de pago. La clave 1 indica pago puntual; la clave 9, la categoría MOP-9, registra atrasos superiores a 12 meses, cuentas sin recuperación o fraude. Es la marca más baja posible y bloquea el acceso a financiamientos futuros.

El tiempo que permanece ese registro negativo depende del monto de la deuda. La Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia establece que las deudas entre 1,000 y 400,000 UDIS —el rango más común en créditos de consumo— permanecen en el historial cuatro años después de saldadas. Las deudas mayores a 400,000 UDIS (aproximadamente 3.2 millones de pesos) permanecen seis años.

Cuándo y cómo llega el embargo

El banco no puede embargar bienes por cuenta propia. Para eso debe existir un proceso judicial. En México, el marco aplicable es el Código de Comercio, que regula los juicios ejecutivos mercantiles.

El proceso inicia cuando el acreedor presenta su demanda con un título ejecutivo: un pagaré, un contrato de crédito firmado y reconocido judicialmente, o cualquier documento al que la ley reconozca fuerza ejecutiva. El juez provee un auto con efectos de mandamiento para que el deudor sea requerido de pago. Si no paga en ese momento, se le embargan bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y las costas.

Si el deudor no se encuentra en su domicilio a la primera visita, se le deja citatorio con un plazo de entre seis y 72 horas. Si no aguarda, la diligencia se practica con quien se encuentre en el domicilio. El ejecutado tiene ocho días para contestar la demanda y oponer excepciones.

Qué bienes pueden quedar afectados

El artículo 1,395 del Código de Comercio establece el orden en que deben embargarse los bienes: primero las mercancías, luego los créditos de fácil cobro, después los demás muebles, a continuación los inmuebles y, por último, las demás acciones y derechos del deudor.

Una vez trabado el embargo, el ejecutado no puede alterar el bien ni celebrar contratos sobre él sin autorización judicial. Quien transmita el uso de un bien embargado sin esa autorización comete el delito de desobediencia.

Los bienes muebles quedan registrados en la Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio. Si el bien es finalmente rematado, el producto se destina a cubrir el crédito reclamado.

Opciones para evitar que el proceso escale

El momento clave para actuar es antes de los 90 días. Entre los 30 y los 90 días de mora, el banco aún gestiona la deuda internamente y es más receptivo a acuerdos. Pasados los 90 días, la cuenta puede transferirse a un despacho externo, aunque la negociación directa con el banco sigue siendo posible antes de ese traspaso.

Las alternativas disponibles incluyen la prórroga —extensión del plazo sin cambiar la tasa—, la reestructuración —modificación de tasa, plazo y condiciones con un nuevo calendario de pagos— y la quita parcial, mediante la cual el banco acepta un monto menor al saldo total como liquidación. Las quitas pueden alcanzar entre 20% y 60% del saldo, según la antigüedad de la deuda y la política del banco, aunque dejan una marca en el Buró de Crédito.

Si el acreedor se niega a negociar, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) ofrece mediación gratuita. El trámite puede iniciarse en condusef.gob.mx o llamando al 800 999 8080.

La CONDUSEF cita a ambas partes a una audiencia de conciliación; si hay acuerdo, se firma un convenio con validez legal.

Cualquier acuerdo debe solicitarse por escrito y firmado antes de realizar cualquier pago. Una vez liquidado, el deudor debe exigir una carta de no adeudo para gestionar la actualización del reporte ante el Buró de Crédito, que tiene 29 días hábiles para investigar y resolver impugnaciones.

El Gobierno enfrentó el jueves un test financiero clave al colocar deuda en pesos a plazos más cortos y suspender la emisión del bono en dólares AO29, una decisión que responde tanto a las condiciones del mercado local como a la estrategia del Ministerio de Economía para reducir costos y riesgos en la gestión de la deuda pública.

Durante la última licitación, Economía afrontó vencimientos por 12,6 billones de pesos. Frente a ese “paredón” que vencía, el equipo económico recibió ofertas por $13,68 billones, pero optó por tomar $12,16 billones y, por ende, inyectó aproximadamente 0,5 billones de pesos en el mercado. La idea es que esa mayor liquidez redunde en una estabilización de las tasas de interés, que habían experimentado cierta volatilidad en las últimas semanas.

La decisión de acortar los plazos de colocación y limitar la oferta de títulos largos responde a una estrategia para evitar convalidar las tasas elevadas que exige actualmente el mercado para la deuda de vencimiento más lejano.

“Por segunda licitación consecutiva no se ofrecieron instrumentos en pesos con vencimiento a partir de 2028, buscando evitar convalidar los altos rendimientos actuales de los bonos largos y una sobreoferta de títulos en esa parte de la curva. Tampoco se ofreció Bonar 2029 en dólares (AO29), que paga una TIR de casi 10% en el mercado secundario, muy por encima del 8,7% convalidado en la última licitación.”, indicó la consultora Equilibra.

A contramano de otras subastas, los inversores se inclinaron por las letras a tasa fija que expiran a fines de noviembre de este año y el plazo promedio de la emisión fue de 4,7 meses. Ese instrumento, denominado S30N6, se llevó la mitad del monto total que colocó Economía: $6,09 billones a una tasa mensual de 2,19%, apenas por encima a la del mercado secundario.

La alternativa más demandada fue seguida por el bono T31Y7, que adjudicó $2,45 billones, y por la letra S29E7, con $2,38 billones; ambos concentraron alrededor del 20% del total cada uno y vencen en mayo y enero de 2027, respectivamente.

En paralelo, el título dollar-linked, atado a la evolución del tipo de cambio, cosechó apenas $0,42 billones, lo que deja entrever una menor demanda de cobertura por parte de los operadores. Algo similar ocurrió con un papel CER, vinculado a la trayectoria de la inflación, que obtuvo $0,83 billones de pesos.

“Si bien estimamos que tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central ofrecieron cobertura vía dollar-linked/futuros, consideramos que se trata de una licitación muy satisfactoria para el equipo económico donde vencía cobertura cambiaria por USD 3.000 millones (D31G6 siendo un 33% del vencimiento) y solo se adjudicaron un 3% del total, sin necesariamente estar convalidando tasas exageradamente altas en el segmento primario”, definieron desde Romano Group.

Martín de la Fuente, analista financiero de Bavsa, consideró acertada la decisión oficial en cuanto al rollover, dado que la licitación se realizó en un contexto de liquidez más holgada y tasas overnight en torno al 20 por ciento. El financiamiento neto negativo inyectó cerca de 0,5 billones adicionales al sistema. “El Tesoro volvió a ofrecer un menú acotado y sin instrumentos duales ni TAMAR, en una estrategia consistente con el estrés del tramo largo de la curva en pesos”, explicó de la Fuente.

Según el equipo de Research de Puente, la limitada liquidez de las últimas semanas condicionó el comportamiento del mercado y se reflejó en una renovación de vencimientos menor al 100 por ciento. La ALyC estimó que la inyección de pesos contribuirá a aliviar la plaza y podría influir en las tasas de interés, que ya venían mostrando señales de normalización.

La ausencia del bono en dólares

La ausencia del Bono AO29 en dólares marcó otro aspecto central de la estrategia oficial. Este título, utilizado por el Gobierno para captar dólares y enfrentar compromisos en moneda extranjera, no se ofreció en la licitación, debido a que, en el mercado secundario, paga una tasa cercana al 10%, muy por encima del 8,7% convalidado en la última ronda.

Nicolás Cappella, Sales Trader en Grupo IEB, interpretó que el Gobierno considera “caras” las tasas actuales de financiamiento y prefirió una licitación de duration corta, esperando que la compresión de la curva abarate el costo en futuras operaciones. “Habrá que seguir de cerca cuánto dura esta tendencia de no ofrecer el AO29, ya que será fundamental para el programa financiero de 2027”, advirtió.

La última licitación presentó una dinámica distinta respecto a las anteriores. La Secretaría de Finanzas decidió no incluir en el menú el AO20. En la subasta previa, había fijado un tope de USD 50 millones en cada una de las dos rondas, un nivel menor al que se observó en convocatorias previas. Este ajuste busca responder tanto a las condiciones internacionales como al objetivo oficial de mantener bajo control el costo del financiamiento.

En licitaciones pasadas, la estrategia para captar dólares permitía adjudicar montos sin restricción en la primera ronda y hasta USD 150 millones en la segunda, lo que facilitaba absorber mayor cantidad de divisas. El recorte actual en los límites de emisión se asocia con una actitud más cautelosa ante la volatilidad externa y la suba de tasas en los títulos soberanos, con un riesgo país en torno a los 509 puntos básicos.

El programa financiero impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para cubrir vencimientos por USD 19.200 millones este año incluye emisiones en el mercado por 6.000 millones millones. De ese total, USD 4.000 millones ya se obtuvieron mediante colocaciones de Bonar 2027 (AO27) y Bonar 2028 (AO28). Restan por adjudicar USD 2.000 millones, que se intentan reunir a través de las actuales licitaciones del Bonar 2029.

De acuerdo a la hora de ruta oficial, el Gobierno dispone de margen para administrar el ritmo de las próximas emisiones. Con AO20, Economía lleva colocados USD 1.176 millones, quedando un saldo de USD 824 millones para alcanzar la meta. El cupo total autorizado para este bono es de USD 2.000 millones, que marca el techo para las colocaciones dentro de la estrategia vigente.

Tras una tendencia a la baja en la primera quincena de agosto, el dólar se ubica alrededor de los 3.345 soles, un nivel que abre una pregunta concreta para miles de peruanos con créditos en moneda extranjera: ¿es el momento de cancelar esa deuda o vale la pena aguardar una caída adicional del tipo de cambio? Según informó Andina Noticias, las proyecciones del mercado sitúan el cierre de año entre 3.35 y 3.40 soles, aunque algunos bancos contemplan un escenario más optimista de 3.30 soles.

El interrogante no tiene una respuesta única. El equipo de expertos de IB1 Investment Business One advierte que la decisión depende, ante todo, del costo financiero de mantener abierta la deuda. Si el tipo de cambio descendiera de 3.40 a 3.30 soles, el ahorro cambiario rondaría el 2.9%; pero ese margen se diluye cuando los intereses del crédito son altos y siguen acumulándose durante el tiempo de espera.

Costro del crédito

De acuerdo con Andina Noticias, IB1 resume la lógica con una premisa directa: “El dólar tiene que bajar más rápido de lo que la deuda cuesta en intereses”. Bajo ese criterio, esperar tiene mayor sentido cuando el crédito tiene un costo financiero bajo; una deuda cara, en cambio, hace más conveniente la cancelación anticipada. La firma recomienda, en todos los casos, comparar el posible ahorro cambiario con la tasa de interés vigente antes de tomar cualquier decisión.

Junto a ese análisis, IB1 plantea una alternativa para quienes no quieren apostar a un único escenario: cancelar una parte de la deuda ahora y mantener el saldo pendiente. Esta estrategia permite reducir de inmediato la carga de intereses, pero conserva cierta exposición a una eventual baja adicional del dólar. La firma la presenta como una vía intermedia entre la cancelación total y la espera indefinida.

Riesgo cambiario

Ningún pronóstico garantiza que el dólar alcance un nivel determinado. Apostar a que la divisa llegará exactamente a 3.25 soles, por ejemplo, implica asumir el riesgo de que esa caída tarde más de lo previsto mientras los intereses continúan su marcha. Ante esa incertidumbre, IB1 Investment Business One considera que aprovechar una cotización de alrededor de 3.36 soles puede funcionar también como una herramienta de reducción del riesgo cambiario, sobre todo para quienes perciben sus ingresos en soles. La firma recomienda trabajar con un rango de escenarios posibles y no fijar la decisión en una cifra exacta.

Andina Noticias recoge, además, otro elemento que IB1 incorpora al análisis: qué ocurre con el dinero destinado al pago mientras permanece disponible. Si esos fondos generan algún rendimiento durante la espera, el costo de postergar la decisión disminuye. Si simplemente permanecen inactivos, la ventaja de aguardar se reduce de manera considerable. “Nadie tiene una bola de cristal y ningún pronóstico es garantía. El tiempo juega en contra de quien espera el momento perfecto”, concluyó la firma.

La movida para hacer subir al dólar mayorista no comenzó hoy, aún cuando los volúmenes operados señalen algo distinto. El movimiento empezó el lunes cuando el tipo de cambio saltó a $1.510, para luego tocar los $1.511,50 el martes y los $1.514 el miércoles. En tres días el precio de la divisa aumentó 1,5 por ciento.

Detrás de ese valor se encontraban los tenedores del bono dollar linked D31G6, atado a la devaluación, cuyo vencimiento está previsto para fin de mes, aunque ayer quedó fijado el precio. Estos inversores fueron quienes se beneficiaron con el aumento. El monto a vencer el lunes asciende a USD 2.595 millones, que se pagarán en pesos al tipo de cambio de $1.514 por dólar.

Se sabía que la puja iba a ser intensa porque cuando el Tesoro llamó la semana pasada a canjearlos por otro bono con vencimiento al fin del mes siguiente, estimo una renovación de 50 por ciento. Pero el mercado, que prioriza la cobertura, le respondió con una renovación de solo 34% de los títulos, por lo que le dejó un elevado monto a cancelar en los próximos días.

Por supuesto, quienes reciban los pesos por los títulos que vencen buscarán cobertura, ya sea a través de bonos dollar linked o directamente en divisas. Esta demanda adicional sumará presión sobre el mercado cambiario.

En el Mercado Libre de cambios (MLC), la mayor demanda se vio en el monto operado de 679 millones de dólares. A diferencia de la misma situación que se vivió a fin del mes pasado, esta vez el Banco Central compró 61 millones de dólares. En aquella oportunidad interrumpió, 135 ruedas consecutivas de compra de divisas para no alimentar la demanda.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “los futuros experimentaron un salto en el volumen a 3.571.536 contratos que es el mayor registro desde el 7 de mayo de 2025. Sin embargo, el rollover explica en gran medida este salto dado que en el contrato que vence a fin de agosto se acentuó el desarme y perdió otros USD 352 millones en interés abierto que fueron más que compensados por USD 420,5 millones en nuevas posiciones abiertas en el contrato que vence a fin de septiembre”.

“Las tasas implícitas volvieron a caer y los rendimientos de los sintéticos aumentaron. En la rueda de soberanos dollar linked en BYMA (t+1) también se verificó un salto en el volumen de magnitud dado que este alcanzó los USD 1.117 millones (VN) y para encontrar un registro superior debemos retroceder hasta el 25 de junio”, sumó.

Y concluyó: ”Por lo tanto, la demanda por renovación de cobertura fue exigente, pero estuvo bien surtida y la oferta fue suficiente como para no causar presiones en el spot habida cuenta de que, además, sobró margen para que el BCRA incremente el saldo de compras. El Gobierno logró resolver sin sobresaltos una rueda desafiante en materia cambiaria inyectando cobertura”.

En la plaza financiera, subieron el MEP y el contado con liquidación (CCL) a $1.542 (+0,3% y $1.601 (+0,2%). El “blue” retrocedió $5 a 1.565 pesos.

La preocupación se centra en los bonos soberanos, que ayer registraron una nueva caída promedio de 0,20%. Esta baja llevó el riesgo país a 517 puntos básicos.

La preocupación surge por el desempeño de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, ya que los inversores mantienen una visión pesimista respecto al programa de recompras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, implementará a partir del 9 de septiembre. Cuestionan la intención de reducir la tasa de rendimiento en un contexto de inflación y alta volatilidad derivada del conflicto con Irán. Consideran que intentar revalorizar la deuda estadounidense de esta forma resulta artificial y anticipan que provocará una reacción adversa en el mercado.

Por eso, ayer los bonos bajaron después de la recuperación del martes, y su rendimiento se elevó a 4,65 por ciento. El movimiento afectó también a los bonos de Brasil, sensibles por el estado pre electoral que vive la economía. Con todo, los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York cerraron en baja. La suba del dólar ante las demás monedas del mundo, que hizo bajar al oro, muestra que hay más analistas que ven cerca la posibilidad de una suba de tasas en septiembre o diciembre.

Sin embargo, a los inversores no les cierra esta operación de venta de bonos por la cantidad de dinero que se inyectará al mercado en medio de los esfuerzos de la Reserva Federal por bajar la inflación. De hecho, apuestan a una operación que no se hace desde la crisis de 2011 y que se había hecho en 1961 durante el mandato de John Kennedy: la “Operación Twist”. Esta consiste en vender bonos cortos y con ese dinero recomprar los largos. En este caso, sería una medida más genuina para el mercado.

Todo lo que sucedió ayer en la Argentina debe examinarse con cuidado. Los mercados, salvo el cambiario, operaron con menor volumen a la espera del resultado de la licitación de bonos de hoy, con vencimientos por $12,6 billones, que puede dar señales sobre el futuro de las tasas de interés que ayer subieron. La tasa de LECAP de mediano plazo está en 2,12% efectivo mensual.

En materia de tasas, la novedad fue el anuncio del Gobierno de destinar $2 billones a los bancos para otorgar préstamos destinados a la primera vivienda, con un plazo de 15 años y una tasa del 7,50% más UVA, es decir, la inflación más 7,5 por ciento. Los fondos provendrán del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El mercado reaccionó de forma positiva tanto a esta medida como a la media sanción en Diputados de la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

Otra noticia favorable fue el aumento de los precios de los productos agropecuarios en los mercados internacionales, que alcanzaron los niveles más altos de los últimos tres años. La soja registró una suba de USD 10 y se ubicó en USD 465 por tonelada.

El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario señaló que “llegando a mitad de semana, las fuertes subas en Chicago tuvieron su correlato tanto en los precios como en el volumen operado en el mercado doméstico. El maíz continuó liderando la actividad, sosteniendo sus valores negociados en el disponible, aunque mostrando ofertas al alza en el resto de las posiciones ofrecidas. Misma tónica de precios para la soja, que continuó con su rally, con el foco puesto en las entregas cercanas y las fijaciones. Finalmente, los segmentos del trigo nuevo ganaron dinamismo, de la mano de las subas en la plaza internacional”.

El reporte agregó que en Chicago “el trigo cerró con una fuerte suba de 6,6%, impulsado por la virtual paralización de las cargas en los puertos del Mar Negro y las dificultades en Novorossiysk, que elevan el riesgo de una interrupción prolongada de las exportaciones rusas y ucranianas”.

Y acotó: “El maíz encontró sostén en las menores perspectivas de producción estadounidense, luego de que la recorrida de cultivos proyectara una cosecha inferior a la estimación del Departamento de Agricultura y el organismo reportara un deterioro de la condición mayor al esperado. Finalmente, la continuidad de las compras chinas de soja estadounidense y las expectativas de una demanda asiática firme llevó a la oleaginosa al terreno positivo, aunque la caída del petróleo limitó mayores ganancias”.

El petróleo ayer tuvo una suba de 0,5% que fue insuficiente para recuperar el 5% perdido el día anterior. La Bolsa tuvo otra rueda positiva con alzas selectivas que hicieron que el Merval de las acciones líderes suba 0,5% en pesos y 0,3% en dólares. Se destacaron Transener (4,9%) y Metrogas (+2,9%).

Por su parte, anoche en el mercado overnite, tras la publicación de un índice de gastos del consumidor superior a lo previsto en EE.UU. pero sin generar preocupación respecto a posibles cambios en la postura de la Reserva Federal, las Bolsas de Nueva York abrieron en alza, impulsadas por el buen balance presentado por Nvidia.

En tanto, el oro recuperaba parte de lo perdido y estaba en alza de 0,50%, mientras el dólar se fortalecía 0,23 por ciento. El petróleo exhibió un retroceso de 0,50% por las noticias de que Omán e Irán habilitarían una franja del estrecho de Ormuz para dar paso a algunos barcos, al margen del conflicto con Estados Unidos.

El precio del dólar hoy miércoles 26 de agosto de 2026 abrió en un promedio de 16.92 pesos mexicanos por unidad, una caída de 0.15% frente a los 16.95 pesos registrados al cierre de la jornada anterior, de acuerdo con datos de Dow Jones. El movimiento vuelve a colocar al denominado superpeso mexicano como protagonista del mercado cambiario.

La fortaleza de la moneda nacional no es un fenómeno aislado de esta semana. El peso acumula una apreciación cercana al 20% desde enero de 2025 y durante agosto consiguió perforar la barrera de las 17 unidades, contrario a las previsiones de depreciación que existían anteriormente. Entre los factores que explican su avance están un dólar internacional más débil, las tasas de interés mexicanas y el atractivo de las operaciones de carry trade.

A este escenario se ha sumado un elemento que comienza a pesar sobre la moneda estadounidense: las inquietudes alrededor de la deuda de Estados Unidos y las medidas del Departamento del Tesoro para intervenir en el mercado de bonos de largo plazo.

El aumento de las recompras ha generado entre algunos inversionistas temores sobre una posible pérdida de valor del dólar, aunque este miércoles el billete verde recuperaba parcialmente terreno después de conocerse nuevos datos de inflación estadounidense.

¿En cuánto abrió el dólar hoy miércoles 26 de agosto?

La cotización de apertura del dólar se situó en aproximadamente 16.92 pesos mexicanos, frente a un cierre anterior de 16.95 pesos, por lo que inicialmente la divisa estadounidense registró una depreciación de 0.15%.

Durante las operaciones posteriores, sin embargo, el dólar recuperó parte del terreno perdido. La cotización USD/MXN llegó a ubicarse alrededor de 16.96-16.97 pesos, reflejando un cambio de tendencia conforme los mercados reaccionaron a nuevos indicadores económicos de Estados Unidos.

En perspectiva, el desempeño continúa favoreciendo ampliamente a la moneda mexicana. El dólar acumula una disminución de alrededor de 8.18% frente al peso durante el último año, mientras que en los últimos siete días conserva una caída cercana a 0.11%.

Superpeso mexicano: ¿por qué se ha fortalecido tanto?

El término superpeso volvió a cobrar relevancia después de que la moneda mexicana consiguiera romper la barrera de las 17 unidades por dólar y alcanzara sus niveles más fuertes desde mayo de 2024.

Un análisis de Reuters destaca que el peso se ha fortalecido alrededor de 20% desde enero de 2025, un desempeño impulsado por una combinación de factores externos e internos.

Entre las principales razones detrás de la fortaleza del peso mexicano se encuentran:

• Debilidad internacional del dólar: las preocupaciones sobre la deuda estadounidense y las expectativas en torno a la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) han reducido el atractivo del billete verde en distintos momentos.
• Tasas de interés en México: el nivel de las tasas mexicanas mantiene atractivo el rendimiento de algunos instrumentos financieros denominados en pesos.
• Carry trade: inversionistas internacionales aprovechan el diferencial de tasas para financiarse en monedas con menores rendimientos y colocar recursos en activos mexicanos que ofrecen retornos superiores.
• Estabilidad macroeconómica: la percepción sobre las condiciones económicas de México también ha contribuido a sostener la demanda por activos denominados en moneda nacional.
• Exportaciones mexicanas: el desempeño del sector exportador, especialmente de industrias vinculadas con la manufactura avanzada, aporta soporte adicional a la divisa.

La apreciación, sin embargo, tiene ganadores y perdedores. Un peso fuerte puede abaratar productos importados y reducir el costo en moneda nacional de algunas compras realizadas en dólares, pero también disminuye los ingresos convertidos a pesos de las compañías exportadoras.

Reuters señala que empresas como Grupo Bimbo y Becle, productora de José Cuervo, han reportado presiones relacionadas con la apreciación cambiaria.

¿Puede el superpeso mantener su fortaleza?

Pese al buen desempeño reciente, la fortaleza del peso mexicano no está garantizada. Parte importante de la apreciación ha estado respaldada por inversionistas de corto plazo, incluidos fondos de cobertura que buscan aprovechar el diferencial de tasas entre México y otras economías.

Un cambio abrupto en las expectativas sobre las tasas estadounidenses, un aumento de la aversión al riesgo o nuevas tensiones comerciales relacionadas con el T-MEC podrían provocar una salida de estas posiciones y presionar nuevamente al peso.

Por ahora, el dólar abrió este miércoles 26 de agosto en aproximadamente 16.92 pesos, aunque posteriormente recuperó terreno hacia la zona de 16.96-16.97 unidades. La combinación entre la fortaleza reciente del superpeso, las preocupaciones por la deuda de Estados Unidos y las expectativas sobre las próximas decisiones de la Fed seguirá marcando el rumbo del tipo de cambio durante las próximas sesiones.

Deuda de Estados Unidos presiona al dólar: ¿Qué está pasando?

Uno de los factores que ha ganado relevancia para explicar la reciente debilidad del dólar es el comportamiento de la deuda pública estadounidense.

El mercado ha enfrentado presiones en los bonos del Tesoro de largo plazo, cuyos rendimientos han aumentado ante preocupaciones sobre la cantidad de deuda que Estados Unidos necesita colocar y la compensación que los inversionistas exigen para adquirirla.

Ante esta situación, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, encabezado por Scott Bessent, anunció recientemente que duplicaría las recompras de determinados bonos de largo plazo. El objetivo es aportar liquidez al mercado y reducir parte de las tensiones sobre los rendimientos.

Sin embargo, la estrategia también generó dudas entre algunos inversionistas. Reuters reportó que las recompras alimentaron preocupaciones sobre una eventual depreciación o pérdida de poder adquisitivo del dólar, especialmente ante la posibilidad de utilizar el saldo de efectivo del Tesoro para adquirir deuda de largo plazo.

El reconocido inversionista Stanley Druckenmiller también cuestionó la estrategia, al advertir que las medidas destinadas a mejorar la liquidez del mercado no solucionan por sí mismas los problemas relacionados con la solvencia y el creciente endeudamiento estadounidense.

El fenómeno ayuda a explicar por qué otros activos han ganado atractivo. Reuters señala que tanto el oro como el bitcoin se mantienen fuertes en medio de las preocupaciones sobre la deuda estadounidense y una posible pérdida de valor de la moneda derivada de las medidas del Tesoro.

Inflación de Estados Unidos da un respiro al dólar

Aunque el dólar abrió a la baja frente al peso, durante la mañana encontró soporte en nuevos datos económicos estadounidenses.

El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), una de las mediciones de inflación más observadas por la Reserva Federal (Fed), aumentó 3.7% anual en julio, ligeramente por encima del 3.6% esperado por el mercado.

El dato fortaleció las apuestas sobre una posible subida de tasas de interés por parte de la Fed. Tras su publicación, la probabilidad implícita de un incremento de 25 puntos base en septiembre avanzó a aproximadamente 40.1%, frente al 36% observado anteriormente.

Como consecuencia, el índice dólar avanzó alrededor de 0.21% durante la jornada, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro volvieron a subir. El rendimiento de la deuda estadounidense a 10 años llegó aproximadamente a 4.65%.

La dificultad de millones de argentinos para pagar sus deudas se convirtió en un foco de tensión para el gobierno de Javier Milei y llegó a las páginas del periódico británico especializado Financial Times. A 14 meses de su intento de reelección y con la mirada puesta en 2027, el aumento de los préstamos en mora expone uno de los costos sociales más visibles de su ajuste, aun cuando la inflación anual cayó desde un pico de 289% a comienzos de 2024 hasta 34%.

El dato más contundente surge del último tramo del problema: 5,8 millones de personas ya están atrasadas en sus pagos, casi un tercio de todos los prestatarios, según reconstruyó Financial Times a partir de cifras de la consultora Equilibra. El centro de estudios estimó además que 16,3% del crédito otorgado a individuos acumula al menos tres meses de mora.

Esa combinación abrió un nuevo frente en el debate sobre las reformas de libre mercado del presidente. Mientras sectores exportadores como el agro y la energía muestran dinamismo, ramas como la construcción, la industria manufacturera y el comercio minorista atraviesan una desaceleración que achicó o congeló ingresos.

Nery Persichini, jefe de research de GMA Capital, resumió ese contraste ante el medio: “Hay crecimiento [económico], pero la gente no lo siente”. Y agregó: “Mucha gente la está pasando mal en esta transición”.

El crédito creció al mismo tiempo que se encareció la vida cotidiana

El gobierno de Milei redujo el gasto público y estabilizó variables que habían distorsionado el sistema financiero argentino durante años. Ese proceso incentivó a los bancos a prestar más, pero coincidió con una mayor necesidad de endeudamiento de los hogares, que ya no cuentan con una inflación acelerada que licúe el peso real de sus cuotas.

Según la publicación, las tasas reales pasaron a ser marcadamente positivas y en muchos casos treparon muy por encima de los tres dígitos. A la vez, la eliminación de subsidios al gas, la electricidad y el transporte volvió más difícil calcular la capacidad de repago.

El caso de Jonatan Verón, chofer de Uber de 41 años en La Plata, refleja ese deterioro. A comienzos de 2025 pidió un préstamo bancario de unos USD 1.300 para reparar el motor de su auto; pocos meses después empezó a incumplir pagos porque sus ingresos no acompañaron el costo de vida.

Cuando se le reventó un neumático, tomó además USD 330 de un prestamista informal con una tasa de interés de 300%. Desde entonces, sus deudas escalaron a más de USD 11.000 e incluyen compromisos con su hermana, su exesposa y su proveedor de telefonía móvil. “Es muchísimo”, dijo al diario. “Pero no tenía otra opción”.

Para el oficialismo, el salto de la morosidad no configura una crisis. La oficina del presidente afirmó el lunes que las cifras “no muestran una situación de crisis” y sostuvo que los atrasos “tienden a disminuir” luego de que los datos de junio mostraran una estabilización de la mora desde mayo.

Los funcionarios agregan que el fenómeno responde en parte a una expansión demorada del crédito privado argentino, que equivale a apenas 12% del producto interno bruto, un nivel muy bajo en comparación con países vecinos. También atribuyen el deterioro a la fuerte suba de tasas del año pasado, aplicada por las entidades para cubrirse de la volatilidad de mercado antes de las elecciones legislativas de medio término.

La deuda pasó de problema individual a riesgo político y económico

Milei dejó en claro que no comparte una mirada compasiva hacia los deudores. En una entrevista televisiva de este mes, planteó: “¿Alguien les puso un arma en la cabeza para hacerlo?”, y definió la mora como “un problema entre actores privados”.

Esa postura choca con el diagnóstico de varios economistas. Amílcar Collante, fundador de la consultora Profit, advirtió a Financial Times que, con tanta gente afectada, el fenómeno deja de ser microeconómico y amenaza con convertirse en un problema macroeconómico.

El punto es sensible para la estrategia oficial. El gobierno considera al crédito privado una de sus principales herramientas para impulsar el consumo y la actividad, dos variables que avanzan más lento de lo esperado. Collante lo resumió así: “No está claro que el crédito pueda ayudar a la actividad cuando hay tanta gente incapaz de volver a endeudarse por deudas impagas”.

Luis Caputo, ministro de Economía, busca otras vías para ampliar el mercado. A comienzos de este mes flexibilizó restricciones históricas para que los bancos presten en dólares a empresas y el miércoles presentó un esquema destinado a impulsar el mercado hipotecario.

La oposición peronista, fragmentada hasta hace poco, encontró en la deuda un eje común. Sus dirigentes acusan al Presidente de empujar a la población “a endeudarse para sobrevivir”, y la semana pasada sindicatos marcharon en Buenos Aires para exigir alivio.

Las billeteras digitales quedaron en el centro de las críticas por las tasas

La irritación social también alcanzó a las fintech y a las billeteras digitales, de uso masivo en Argentina. Más de 32% del crédito a individuos otorgado por fintech y otros prestamistas no bancarios está en mora, de acuerdo con Equilibra.

Durante las protestas de la semana pasada, manifestantes acusaron a Milei de ser “cómplice” de la “usura” de esas plataformas. Luci Cavallero, fundadora del grupo comunitario Movida Ciudad, sostuvo: “Están cobrando 200% de interés, y eso es usura si se considera la poca capacidad de pago que tiene la gente”.

Mariano Biocca, titular de la cámara fintech argentina, respondió que las billeteras deben fijar tasas más altas que los bancos porque trabajan con prestatarios de mayor riesgo. También señaló que los préstamos fintech representan una porción reducida del total de deuda vencida. “Este es un proceso de aprendizaje”, dijo, y añadió que “todos los proveedores de crédito se fueron frenando este año mientras recalibran su toma de decisiones”.

Los datos del banco central muestran que la oferta de crédito a individuos casi no se expandió desde fines de 2025. Milei descartó un rescate estatal para deudores, aunque Caputo dijo el mes pasado que los prestamistas preparaban planes propios “para refinanciar deudas a plazos más largos y tasas más bajas”.

La dificultad para sostener el consumo ya empieza a rozar la política. La economía frenada afectó este año el respaldo al Presidente: 38% de los consultados aprueba su gestión, según la encuestadora Casa Tres. Persichini explicó al diario que, cuando los bolsillos pierden poder de compra por menores ingresos disponibles, el crédito debería funcionar como motor del consumo. “Ahora mismo, ese motor está apagado”.

Durante la entrevista, el diputado sostuvo que los integrantes del Congreso que promovieron la ruptura del proceso legislativo en 2025, generaron consecuencias como el aumento del riesgo país y el encarecimiento de las tasas de interés. Según su análisis, esa agenda política continuó con un nuevo eje: el reclamo por la situación de quienes no logran pagar sus compromisos financieros. “El primer paso era romper, el segundo paso es seguir con el guion de llorar de las deudas de la gente que no puede y que poco menos se está muriendo de hambre y no puede pagar las cuentas”, remarcó.

Frente a la propuesta de rescatar a los morosos, el legislador objetó la falta de análisis individual de cada caso. Según Benegas Lynch, “no vas caso por caso. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu caso? Cada uno tomó a nivel particular las deudas, pero se agarra todo y ahí entran las motos, los electrodomésticos, el tipo que compró la televisión para el mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quiere pagar la deuda”. Para el diputado, bajo esa lógica, se mezclan deudas de distinta naturaleza, incluyendo compras de consumo, apuestas y operaciones con tarjeta de crédito en supermercados.

En el intercambio, otro de los participantes de la entrevista señaló que la defensa de los deudores representa una contradicción para quienes históricamente se posicionaron en contra del sistema financiero. “Eso me pareció muy interesante como argumento. Claro, es exactamente lo contrario de lo que dicen defender. Están defendiendo a los bancos”, observó uno de los interlocutores. Benegas Lynch coincidió y reforzó la idea de que el reclamo por los deudores implica, en los hechos, un pedido de rescate para las entidades financieras: “Quieren el bailout de los bancos, básicamente”.

El diputado también cuestionó la coherencia de quienes sostienen un discurso crítico contra el sistema financiero, pero a la vez solicitan auxilio para los bancos a través de la intervención estatal. En su diagnóstico, los pedidos de rescate para deudores suponen beneficiar indirectamente a las instituciones financieras a las que esos fondos están destinados. Para Benegas Lynch, “son tipos que vienen con el discurso siempre contra el sistema financiero usurero y todo, y ahora están defendiendo eso porque quieren el bailout de los bancos”.

En este contexto, el diputado diferenció entre quienes contrajeron deudas por necesidad y quienes lo hicieron por motivos de consumo o apuestas. Describió la situación de personas que “compraron la televisión para el mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quieren pagar la deuda”. También mencionó el uso de tarjetas de crédito en supermercados como una vía de acceso al circuito crediticio. Según su visión, el reclamo generalizado borra las diferencias entre situaciones personales y termina incluyendo casos que no corresponden a situaciones de extrema vulnerabilidad.

La crítica de Benegas Lynch se produce en un momento de tensión por el incremento de la morosidad en el país y el debate sobre el rol del Estado ante ese fenómeno. Mientras algunos sectores sostienen la necesidad de intervenir para aliviar la carga de los deudores, el legislador rechaza la idea de un rescate colectivo sin distinción de casos y advierte sobre las implicancias de tal decisión.

El menú de bonos que ofrecerá mañana el Tesoro en una licitación clave no sorprendió al mercado. Los plazos de la nueva deuda son muy cortos, buscando asegurar dos cuestiones: la refinanciación del 100% de los vencimientos y, al mismo tiempo, no convalidar suba tasas en moneda local.

Esta licitación tiene un alto volumen de vencimientos, que suman 12,6 billones de pesos. Se trata de un monto muy alto que obligó al Gobierno a manejarse en forma muy cautelosa. Por eso, el equipo económico no insistió con la postura de colocar deuda en moneda local más allá del actual mandato presidencial, como lo venía haciendo en los últimos meses.

En los últimos meses la estrategia pasó por despejar en la medida de lo posible los vencimientos en pesos del 2027 para evitar sorpresas durante la previa a las elecciones presidenciales. Todavía está fresca en la memoria la decisión del gobierno de Mauricio Macri de “reperfilar” la deuda en moneda local luego de la victoria kirchnerista en las PASO.

Para despejar el horizonte la única manera es colocar deuda que venza más allá del 2027. Hasta ahora se logró patear para después de las elecciones aproximadamente un 45% del total de vencimientos acumulados en pesos. Pero esa estrategia parece haber encontrado un límite, al menos temporario.

El menú de bonos incluye tasa fija en pesos, a través de la emisión de LECAP, y también deuda que ajusta por CER. Al mismo tiempo, también se ofrece un bono que ajusta según la evolución del dólar oficial, que vence el 30 de octubre próximo, o sea la posibilidad de tener cobertura cambiaria por los próximos 60 días.

En el caso de los títulos en pesos se ofrecen distintos plazos, pero el más largo en esta oportunidad es el 29 de enero próximo. Estas emisiones muy cortas estarían mostrando la voluntad de conseguir la refinanciación de los $12,6 billones de deuda que vencen esta semana. El peligro es que se acumularán sumas cada vez mayores para principios de 2027 si no se logra extender plazos.

Durante agosto no solo se registró mayor cobertura cambiaria y suba del riesgo país. Además, las tasas en pesos, sobre todo de largo plazo, sufrieron aumentos, lo que reflejó la decisión de muchos inversores de desprenderse de activos en moneda local. El bono favorito del mercado en los últimos tiempos había sido el bono dual, que permitió extender los plazos de vencimiento hasta 2029. Pero ahora tampoco hay margen para lograrlo, ni siquiera con un título que ofrece una doble garantía de rentabilidad a los tenedores.

Otra de las novedades es que esta emisión no incluyó la colocación de un bono en dólares, como se venía haciendo con el Bonar 2029. El aumento del riesgo país también impactó en la deuda en moneda dura, que pasó a rendir cerca del 10% anual.

Para no convalidar la colocación a tasas tan altas, el Tesoro optó por no salir a buscar nuevo fondeo en dólares, ni siquiera por montos menores como ya había hecho en la última emisión.

Por lo pronto, el riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos básicos y no se ven en el corto plazo compradores firmes que tengan intención de aumentar su exposición en activos argentinos.

La mejora en el apoyo a Javier Milei del último Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Di Tella junto con Poliarquía fue bien recibido por el mercado, pero no llega a ser un dato contundente. Las encuestas siguen mostrando más del 60% de rechazo a la política oficial.

La deuda pública de Panamá cerró julio de 2026 en $61,907 millones, después de aumentar $380.5 millones en un solo mes. El incremento estuvo marcado por una operación con Merrill Lynch-Bank of America, que permitió reemplazar préstamos anteriores y obtener recursos adicionales para cubrir las necesidades del Gobierno.

El saldo había terminado junio en $61,526.8 millones y aumentó 0.6% durante julio. Aunque el desembolso procedente de la banca internacional fue considerable, no todo correspondió a deuda nueva, porque una parte importante se destinó a cancelar anticipadamente obligaciones que Panamá ya mantenía con estas entidades financieras.

Durante julio, Merrill Lynch desembolsó $1,859.9 millones al Estado panameño, según el informe de la Dirección de Financiamiento Público. Al mismo tiempo, el Gobierno pagó $1,292 millones del capital adeudado a la banca comercial externa, por lo que la diferencia explica buena parte del aumento mensual registrado en esta categoría.

La transacción se originó en el refinanciamiento de dos préstamos contratados en euros y con vencimientos previstos para 2027. El Gobierno decidió sustituirlos antes de que llegara esa fecha, extender los pagos hasta 2031 y fijar las tasas de interés, evitando quedar expuesto a posibles aumentos en el mercado europeo.

La operación completa comprendió 2,400 millones de euros (aproximadamente $2,784 millones) correspondientes a obligaciones anteriores y otros 500 millones de euros (cerca de $580 millones) en financiamiento adicional. Esta última porción representa los recursos nuevos que el Gobierno podrá utilizar para atender necesidades presupuestarias y fiscales durante 2026.

Merrill Lynch International participó como agente coordinador y prestamista, mientras The Bank of New York Mellon actuó como agente de la facilidad. El acuerdo también modificó la forma de cancelar el capital: Panamá comenzará a realizar pagos semestrales desde el tercer año, en vez de enfrentar un solo desembolso elevado al vencimiento.

Con este movimiento, el saldo de los préstamos directos con bancos internacionales pasó de $9,692.4 millones en junio a $10,302.6 millones en julio. El aumento fue de $610.2 millones, equivalente a 6.3%, y consolidó a la banca comercial como una fuente cada vez más relevante para financiar al Estado.

Si se incorporan los $1,002.9 millones adeudados a bancos oficiales, los compromisos bancarios alcanzaron $11,305.5 millones, poco más del 18% de toda la deuda pública. Los bonos globales todavía representan el componente más grande, con $31,096 millones, pero no registraron nuevas emisiones durante julio.

El Gobierno de José Raúl Mulino ha preferido negociar directamente con bancos antes que regresar al mercado internacional de bonos. La razón principal es el costo: una nueva emisión a cinco años habría pagado alrededor de 5.44%, de acuerdo con los cálculos divulgados por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sostiene que la estrategia permitió reducir el costo promedio de la deuda de 5.39% a 4.66%. La apuesta consiste en obtener préstamos bajo condiciones negociadas mientras las tasas internacionales permanecen elevadas y regresar al mercado de bonos cuando el financiamiento resulte más favorable para Panamá.

Fitch Ratings reconoce que el país ha recurrido a créditos bancarios para cubrir sus necesidades sin emitir nueva deuda internacional desde febrero de 2024. Durante 2025, Panamá consiguió aproximadamente $5,300 millones mediante préstamos en euros y francos suizos, una práctica que continuó con las operaciones ejecutadas este año.

La calificadora, sin embargo, advierte que los préstamos bancarios normalmente tienen plazos inferiores a los bonos colocados en los mercados internacionales. Esa característica concentró pagos importantes en 2027 y 2028, elevando el riesgo de que el Gobierno tuviera que buscar nuevos recursos en poco tiempo para cancelar obligaciones anteriores.

La renegociación con Merrill Lynch responde directamente a ese problema, porque trasladó los vencimientos hasta 2031. No obstante, la operación no reduce automáticamente el monto que debe Panamá: concede más tiempo, cambia las tasas y distribuye los pagos, mientras incorpora cerca de $580 millones para financiar el presupuesto.

Julio también dejó una fuerte salida de recursos. El Gobierno pagó $2,093.7 millones por capital, intereses y comisiones, de los cuales $1,375 millones fueron destinados a la banca comercial externa. Esa cifra incluye $1,292.3 millones de capital, $60.6 millones en intereses y $22.1 millones correspondientes a comisiones.

Los bonos globales generaron otros $222.5 millones en pagos de intereses, mientras los organismos multilaterales recibieron $106.4 millones. Dentro del país, el Estado desembolsó $345.9 millones por Letras del Tesoro, $40.9 millones por bonos internos y $1.8 millones en intereses correspondientes a los bancos oficiales.

Pese al aumento general, la deuda interna disminuyó $166.2 millones y terminó en $10,013.7 millones, debido principalmente a los pagos de Letras del Tesoro. La deuda externa, en cambio, creció $546.7 millones y alcanzó $51,893.6 millones, impulsada por el nuevo saldo de los préstamos bancarios internacionales.

El cierre de julio muestra así una fotografía con dos movimientos simultáneos: Panamá pagó obligaciones elevadas, pero también contrató recursos para sustituirlas y financiar el presupuesto. La estrategia con Merrill Lynch alivió los vencimientos cercanos, aunque la deuda total continuó creciendo y quedó a solo $92.7 millones de superar la barrera de $62,000 millones.

Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, utilizó sus redes sociales para responder a los cuestionamientos públicos sobre la situación de la mora en los créditos otorgados a través de Mercado Pago, la billetera digital más grande de Argentina. En su mensaje, el empresario remarcó: “la mediana de mora de los Bancos Públicos es $1.4 millones mientras que la de Mercado Libre es de $0.1 millón... Del total de la mora del sistema, menos del 3% es de Mercado Libre mientras que Banco Nación y Provincia concentran el 15 por ciento”.

El comentario de Galperin surgió como respuesta a una publicación de Fernando Marull, economista, quien compartió datos acerca del bajo monto individual de mora en la plataforma y citó un informe reciente sobre la problemática. Galperin se refirió a los “Perionistas escandalizados por la mora” y subrayó que “no mencionan nada del aumento en la cantidad y montos de créditos que sí se pagan en tiempo y forma”. El empresario insistió en que “del total de la mora del sistema, menos del 3% es de Mercado Libre mientras que Banco Nación y Provincia concentran el 15%”.

La discusión pública sobre la morosidad en el sistema financiero argentino se intensificó tras la difusión de un informe elaborado por Matías Fernández, exfuncionario y fundador de la consultora Pública, quien analizó la base completa de deudores del país. Fernández cruzó información oficial de la Central de Deudores del Banco Central con el padrón de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de interpretar el comportamiento del crédito según edad, actividad declarada y domicilio fiscal.

El informe de Fernández apunta que la distribución de la mora presenta una fuerte concentración: el 17% de los morosos debe menos de $100.000 y casi el 40% debe menos de un salario mínimo, fijado en $376.600. Por otro lado, el 14,5% de los deudores con mayores compromisos concentra el 73% del volumen total en mora. Estos datos evidencian la desigualdad en la distribución de los montos impagos y el peso de los grandes deudores en el sistema.

Dentro del análisis del sistema financiero, Fernández detalló que los bancos tradicionales, tanto públicos como privados, concentran cerca del 65% del monto impago. Las entidades privadas agrupan el 45% del dinero adeudado, con 1,59 millones de personas en mora y una mediana de $1,46 millones por persona. En el segmento de los bancos públicos, el Banco Nación y el Banco Provincia representan en conjunto el 15% del total de montos no cobrados.

En el caso de las fintech y billeteras virtuales, Mercado Pago se destaca como la compañía con mayor cantidad de personas con deudas en el sistema financiero, superando los 6,5 millones de usuarios. Sin embargo, la participación en el total de dinero en mora resulta baja. Fernández afirmó: “Mercado Libre concentra el 19,0% de los morosos y sólo el 2,9% del monto en mora del sistema”. Esta característica responde a una estrategia de inclusión financiera basada en créditos de bajo monto y evaluación de riesgo propia.

El informe sostiene: “Mercado Pago es el mejor alumno, no el peor. Si uno viera muchas de las notas, programas de streaming, radios, editoriales y redes sociales de los últimos días pareciera que el problema de la mora es casi 1 a 1 el problema de Mercado Pago. Muchos a eso le sumaron sus críticas personales a Marcos Galperín. Pero, como muchas veces pasa, si uno mira la información es difícil sostener que Mercado Pago es el problema. De hecho, es bastante fácil mostrar que ha sido un muy buen alumno”.

La mediana de la mora en Mercado Libre, de acuerdo con el relevamiento, se sitúa en $116.000, muy por debajo de los valores registrados en la banca tradicional. Fernández comparó: “En su misma categoría la mediana de Naranja es 260.000 o la de Brubank (que tiene muy pocos deudores) es de más de medio millón de pesos. Si comparamos con otras categorías, la mediana del Banco Provincia es 1.75 millones de pesos, la de Credicuotas es 840.000”.

En lo referido a otros sectores fuera del sistema bancario, el informe señala que las tarjetas de crédito no bancarias, comercios de electrodomésticos y supermercados aglutinan al 35% de los deudores e implican el 14% del monto total en mora. Las empresas dedicadas a préstamos rápidos representan el 22% de los morosos y el 7,7% del dinero impago, con una tasa promedio de incumplimiento del 52%.

La discusión sobre la morosidad adquirió mayor visibilidad cuando el presidente Javier Milei replicó los datos del informe de Fernández y criticó a la prensa a través de sus redes sociales. Milei expresó: “El posteo deja en evidencia la opereta. Esto muestra que los periodistas que se han dedicado a agitar el tema son imbéciles con déficit de IQ y/o son unas mierdas humanas mentirosas”. De este modo, el jefe de Estado utilizó los datos para reforzar su posición ante las críticas mediáticas.

El respaldo de Galperin a la gestión de Milei no se limitó a la discusión sobre la mora. Días antes, el empresario cuestionó un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el cual reportó una caída del consumo en julio del 3,8% interanual y del 2,1% respecto de junio. Galperin sugirió: “Alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME vs el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina que crece 38% en moneda constante el último trimestre”. Milei calificó esa publicación como una “Masterclass”.

Durante el mismo periodo, Mercado Libre difundió su balance trimestral, donde informó ingresos por US$ 10.169 millones, lo que significó un incremento interanual del 50%. La firma reportó un resultado operativo de US$683 millones y una ganancia neta de US$466 millones.

Según Fernández, la falta de crédito en Argentina constituye una de las causas de la limitada movilidad social ascendente y el bajo crecimiento económico. El especialista explicó que “en Argentina hay poquísimo crédito. La mayoría de la gente en Argentina no accede al crédito. Ni para consumo masivo, ni para comprarse una casa o un auto”. El crédito hipotecario representa menos del 1% del PBI, en contraste con el 45% en Estados Unidos, el 28% en Chile y el 10% en Brasil.

La tasa de mora sobre el total de deudores, según el informe, se mantuvo estable en 13,6% hasta octubre de 2024 y aumentó hasta alcanzar el 27,8% en junio de 2026. El 93,1% de los morosos registra deudas dentro de un rango de hasta $10 millones. El informe destaca que “el 17% de los morosos debe menos de $100.000. Si subís a $150.000 ya llegás a casi el 25% de la base entera. Y casi el 40% debe menos de un salario mínimo vital y móvil, que hoy es de $376.600”.

El análisis también examina el impacto de la morosidad en los jóvenes y en diferentes regiones del país. Fernández observó que la franja de 18 a 25 años incrementó su participación en el sistema financiero, pero también exhibe la tasa de mora más alta. El documento indica que la morosidad en jóvenes alcanza al 40,8% de los deudores de ese rango etario, con variaciones marcadas según la provincia.

La carga impositiva sobre los préstamos es otro punto abordado en el informe. Fernández sostuvo que “Argentina grava el crédito con una intensidad insólita: superpone IVA, impuesto al cheque, Ingresos Brutos provincial, Sellos y tasas municipales de Seguridad e Higiene”. El especialista calculó que los impuestos representan entre una cuarta parte y un tercio del costo del financiamiento.

El documento de Fernández relevó que los bancos, tanto públicos como privados, comenzaron a implementar programas de regularización y refinanciación de deudas. El Banco Nación lanzó el Programa de Regularización para situaciones avanzadas de mora, mientras que el Banco Provincia activó la iniciativa “Ponete al Día”. Estas acciones buscan ofrecer condiciones de pago extendidas y tasas de interés diferenciadas para morosos.

Fernández argumentó que la mayor parte de la mora en volumen de dinero se encuentra en bancos y no en fintechs. “Los cuatro rubros de crédito chico —fintech, crédito rápido, tarjeta no bancaria y cartera en recupero— dan el 90,6% de los morosos contra el 26,2% del dinero. Los dos bloques bancarios grandes son el espejo exacto: 40,9% de las personas y 64,5% de la plata”, detalló.

El reporte también destacó la existencia de un 17% de morosos cuya deuda ya fue considerada perdida y transferida a carteras de recupero. Además, un 3,22% de los morosos corresponde a personas fallecidas, cuyas deudas permanecen en el sistema financiero.

El informe concluyó que el sistema financiero local enfrenta desafíos asociados a la expansión del crédito, la gestión del riesgo crediticio y la presión tributaria. Los datos muestran un crecimiento en la cantidad de personas con acceso a préstamos, aunque persisten problemas estructurales en la administración del riesgo y en la equidad de la distribución de la mora.

En medio de una mayor presión cambiaria, las miradas del mercado apuntan esta semana a la desafiante licitación de bonos que realizará el Tesoro mañana. El dato que preocupa es que vencen casi $14 billones, lo que obligará al Gobierno a ofrecer un amplio menú de opciones para refinanciar la totalidad o al menos una proporción grande de lo que debe salir a pagar.

El contexto para llevar adelante la operación presenta algunas complicaciones, en particular la presión sobre el tipo de cambio que se viene intensificando en los últimos días. Ayer el dólar mayorista superó por primera vez la barrera de los $1.500, mientras que el minorista finalizó a 1.530 pesos.

La mayor demanda para dolarizar también se notó en el contado con liquidación, que superó los 1.600 pesos. Es la operatoria que utilizan las empresas para girar divisas al exterior partiendo de una posición en moneda local. Al ser un mercado en el que no participa activamente el Tesoro, refleja con mayor transparencia los flujos de entrada y salida de dólares a través del mercado de bonos.

El Banco Central ayer compró solo USD 11 millones y el promedio de agosto apenas llega a unos USD 30 millones diarios, contra poco más de USD 100 millones del mes anterior. En los bancos reconocen que hubo un aumento de la compra de dólares del público, que no tiene restricciones para hacerlo a través del home banking o el celular. A eso se suma que agosto es un mes de baja liquidación de divisas por parte del campo y lo que entra por exportaciones de energía no llega aún a compensar esa menor oferta.

En esta situación, al Gobierno se le complica avanzar con la consabida remonetización de la economía, lo que a su vez resultaría clave para alentar la actividad económica. Una posibilidad para hacerlo es justamente no renovar el 100% de los vencimientos de deuda de las próximas horas, una buena parte nominada en pesos.

“Los próximos vencimientos por 13,9 billones de pesos probablemente requieran un menú más amplio y podrían resultar en una refinanciación significativamente inferior al 100%. Aun así, en nuestra visión, la única clase de activo capaz de atraer demanda relevante más allá de 2027 es el bono dual que ajusta por tasa TAMAR o dólar linked”, señaló ayer en un reporte Adcap Grupo Financiero.

Por lo tanto, el Tesoro se encuentra con dos desafíos no menores. Por un lado, lograr el mayor “roll over” posible de la deuda que vence mañana sin aumentar significativamente las tasas. Pero, al mismo tiempo, también será un test respecto a la posibilidad de lograr una extensión de los vencimientos, aunque luce como la parte más complicada.

En los últimos meses, el Tesoro logró colocar bonos en pesos con vencimientos en 2029 y 2030, a partir de la emisión de duales. Esto significa que el inversor cobra al final según lo que haya rendido más: tasa de interés o dólar oficial (al menos en las últimas emisiones).

Pero el aumento de la incertidumbre electoral obligó en la última licitación (de apenas $ 4,6 billones) a colocar deuda en pesos mucho más corta, con vencimiento previo a las elecciones presidenciales. Además, se achicó sustancialmente la emisión de bonos en dólares (Bonar 29).

Más allá de la presión cambiaria, el arranque de la semana aportó datos un poco más tranquilizadores para los inversores. El riesgo país se mantuvo cerca de los 500 puntos básicos. Además, los ADR argentinos subieron hasta 8% en Nueva York, especialmente las acciones bancarias.

También resultó un dato mejor al esperado el índice de confianza en el Gobierno que elabora Poliarquía para la Universidad Di Tella. Con una suba de 6%, representó un repunte significativo luego de la caída de julio y vuelve a poner a Javier Milei con buenas perspectivas electorales, lo que debería ayudar a tranquilizar a los inversores, al menos en el corto plazo.

El director ejecutivo de la cámara fintech indicó que el sector fintech está en su totalidad regulado, ya sea por el Banco Central de la República Argentina o por la Comisión Nacional de Valores. Esta regulación abarca tanto a las empresas que ofrecen servicios financieros digitales como a las billeteras virtuales y las plataformas de crédito. En la conversación, Biocca remarcó que “toda la evidencia empírica, o sea, los casos de verdad que han aplicado techo al costo del financiamiento, el resultado inmediato fue una restricción en la cantidad de personas que acceden a ese crédito formal, no una restricción en la demanda”.

Respecto a la situación de la mora, el representante de la cámara fintech detalló que se identificó un aumento en la cantidad de usuarios con retrasos en los pagos de sus créditos. “Dos punto cuatro millones de personas, en la foto actual, están con algún grado de retraso en cuotas con empresas fintech”, afirmó. Este dato se vincula con el perfil de quienes acceden a este tipo de financiamiento, que suelen ser personas con ingresos informales o con acceso limitado a la banca tradicional.

El fenómeno del crédito digital presenta características particulares en comparación con el crédito bancario tradicional. Biocca explicó que “son créditos relativamente cortos y de relativo bajo monto. Un monto promedio, un crédito ofrecido por una empresa fintech está en torno a los quinientos cuarenta mil pesos”. Además, aclaró que “en ningún momento ese crédito estuvo pensado para ser devuelto en trescientos sesenta y cinco días, sino para ser devuelto en catorce días, veintiún días, treinta días o lo que sea”. Esta dinámica de plazos breves responde a las necesidades de liquidez inmediata de los usuarios y a la gestión de riesgo de las empresas.

Sobre los costos del financiamiento, Biocca sostuvo que “todos los casos que nos termina dando un costo financiero total tan elevado son siempre adelantos muy cortos de dinero”. Según sus explicaciones, el diseño de los productos responde a la realidad de millones de personas que requieren sumas pequeñas y plazos breves para resolver urgencias o imprevistos cotidianos. La estructura del sector, de acuerdo con el titular de la cámara, busca ofrecer soluciones formales y evitar prácticas abusivas.

El entrevistado desestimó la existencia de prácticas de hostigamiento en la gestión de cobros por parte de las empresas del sector. “No es una práctica que realicen. De hecho, justamente al ser crédito formal, todas estas prácticas más vinculadas al hostigamiento y demás no son prácticas que suceden”, señaló Biocca. Añadió que “cuando una billetera o una empresa fintech cede esa cartera, firma cláusulas de no hostigamiento, porque justamente como es crédito formal, eso no se puede ni se debe hacer, ni nadie lo quiere hacer”. La interacción con los usuarios se canaliza principalmente a través de notificaciones, mensajes en la aplicación o comunicaciones por WhatsApp.

En su análisis, Biocca remarcó la diferencia entre el crédito fintech y el crédito informal. “El riesgo es inherentemente distinto, porque este sector lo que hizo fue acercarle propuestas de crédito formal a personas que generalmente desarrollan su vida en la economía informal”. Esta apertura del acceso al crédito formal constituyó uno de los cambios más importantes en la última década, según el director ejecutivo de la cámara. “Siempre en todo el sector fintech en general, en estos casi diez años de trayectoria que tiene, lo que ha hecho es incorporar un montón de personas al sistema financiero formal”.

El acceso a la información y la transparencia en las condiciones financieras también formaron parte de la conversación. Biocca consideró que “hoy uno puede, como nunca antes en la historia del sistema financiero argentino, entrar a su aplicación bancaria o a su billetera y tener en simultáneo una gran cantidad de ofertas de crédito con la claridad de cuánto vas a sacar, cuáles son las cuotas, cuál es el plazo”. Este avance tecnológico permitió que más personas puedan comparar y elegir la oferta más conveniente para su situación.

En cuanto a la regulación de tasas, el titular de la cámara fintech aclaró que “Argentina no tiene regulación de tasas”. Esta situación genera debates sobre la conveniencia de establecer límites al costo del financiamiento. Biocca argumentó que, en los países donde se aplicaron techos a las tasas, el resultado inmediato fue una reducción en la cantidad de personas que acceden al crédito formal, ya que muchas empresas dejan de operar en esos segmentos de alto riesgo o ajustan sus productos a perfiles menos riesgosos.

La cuestión del historial crediticio también surgió como un punto relevante. Biocca advirtió que “no hay peor situación para una persona que tome un crédito que después no lo puede pagar por todas estas implicancias negativas que estamos hablando del historial crediticio”. Para el sector, el objetivo es que el usuario pueda cumplir con sus compromisos y continuar accediendo a servicios financieros, evitando caer en mora y en los riesgos asociados.

El ejecutivo subrayó que “lo que mejor puede hacer una compañía que ofrece un crédito es a esa persona ofrecerle una alternativa que esa persona pueda efectivamente pagar, que le sirva y que sea un camino feliz de desarrollo”. Afirmó que la oferta de créditos está diseñada para adaptarse a las capacidades de pago de los usuarios, priorizando la sostenibilidad financiera.

La disponibilidad del dinero es otro factor clave en la experiencia de los usuarios de servicios fintech. Biocca sostuvo que “el dinero tiene que estar siempre disponible las veinticuatro horas del día en una cuenta corriente para que el usuario haga lo que quiera cuando quiera con su dinero”. Esta característica distingue a las plataformas digitales de los servicios bancarios tradicionales y se convirtió en uno de los pilares del crecimiento del sector.

Respecto al perfil de quienes acceden a estos créditos, Biocca precisó que “que el monto sea menor tiene que ver con el tipo de personas a las que les están prestando las fintech”. El foco principal radica en sectores de ingresos variables o informales, que históricamente encontraron barreras para ingresar al sistema financiero tradicional. Con la expansión de las fintech, millones de personas accedieron por primera vez a créditos formales.

La situación económica y la coyuntura local influyen en el nivel de mora y en la capacidad de pago de los usuarios. “En la foto actual de nuestro país, nos encontramos con un volumen mucho más alto del común de personas que están con algún grado de retraso en el pago de las cuotas”, indicó Biocca. El contexto desafiante impacta sobre el conjunto del sistema financiero, no sólo en el ámbito digital. “A todo el sistema financiero formal en general está atravesando una situación sensible”, concluyó el director ejecutivo de la cámara fintech durante la charla transmitida por Infobae en Vivo.

El ejecutivo también desaconsejó recurrir a prácticas que no resuelven la situación de fondo. “No lo hacen los usuarios en general y está bueno aquellos que por ahí lo tienen dando vuelta en la cabeza que no lo hagan porque no elimina la situación para nada”, señaló en relación con intentos de eludir responsabilidades crediticias.

A lo largo de la entrevista, Biocca defendió el papel de las empresas de tecnología financiera como agentes de inclusión y formalización. “El sector fintech está en su totalidad regulado”, reiteró, y remarcó que el objetivo es ampliar el acceso a servicios financieros de manera transparente y responsable.

Mirá la charla completa con Mariano Biocca:

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En entrevistas recientes, con la morosidad de las familias en niveles récord, el presidente Javier Milei volvió a descartar cualquier medida para aliviar a los deudores. Planteó la cuestión como un simple problema contractual entre partes privadas: si alguien no puede cumplir un compromiso asumido libremente con un banco o una financiera, dijo, no le corresponde al Estado “pasarle la cuenta a todos los demás”. Preguntó, retóricamente, si a esos deudores “alguien les puso una pistola en la cabeza” para tomar el crédito, y atribuyó buena parte del deterioro a los “ataques del kirchnerismo”.

Días antes, el propio ministro de Economía, Luis Caputo, había usado casi la misma fórmula -“un acuerdo entre privados”- para explicar por qué el Gobierno no contempla ningún rescate a las familias endeudadas.

La secuencia de datos que motivó esas declaraciones es contundente. Según el Banco Central, la mora del sector privado no financiero alcanzó en mayo de 2026 su nivel más alto en veinticuatro años, tras diecinueve meses consecutivos de aumento; recién en junio se registró una leve baja, del 7,7% al 7,6%, con la mora de las familias cediendo apenas de 12,8% a 12,7%. Frente a esos números, la respuesta oficial no fue de política pública sino de filosofía moral: la deuda, para el Gobierno, es un asunto que se dirime entre dos privados y en el que el Estado no tiene por qué intervenir.

Cada vez más las deudas de los hogares enlazan la política y la sociedad y se han convertido en una de las arenas donde se juzga el apoyo de los gobiernos

Sin embargo, esta respuesta -y el fastidio que generó- no es un exabrupto aislado. Es la expresión más nítida de una inflexión profunda de las democracias contemporáneas: cada vez más las deudas de los hogares enlazan la política y la sociedad, y, por lo tanto, se han convertido con el tiempo en una de las arenas centrales donde se juzga el apoyo de los gobiernos.

La filosofía moral de Milei (“acuerdo entre privados”) choca con esta realidad sociológica de la deuda.

La deuda de las familias no se limita a organizar el consumo o el presupuesto doméstico: también organiza la percepción y el juicio políticos. La capacidad -o la incapacidad- de honrar los pagos se vuelve una prueba cotidiana de la credibilidad del Estado, de la competencia del gobierno y del valor de las promesas colectivas. En ese sentido, las familias endeudadas no reproducen simplemente lógicas financieras: interpretan y evalúan el desempeño político de los gobiernos democráticos a través de sus obligaciones financieras.

En Una historia de cómo nos endeudamos (Siglo XXI editores) muestro que la deuda de las familias ha sido una arena fundamental a través de la cual los ciudadanos le atribuyeron crédito o culpa a los gobiernos democráticos de la Argentina desde 1983, mediando la relación entre ciudadanos y Estado y moldeando tanto las condiciones materiales como las expectativas morales y políticas con que los argentinos evaluaron a sus sucesivos gobiernos.

La deuda de las familias no se limita a organizar el consumo o el presupuesto doméstico: también organiza la percepción y el juicio políticos

Cada ciclo político desde el retorno de la democracia puede leerse en esa clave -incluido el que llevó al gobierno al actual presidente.

• Democracia indexada (1983-1989). La crisis de la deuda externa y la alta inflación marcaron el comienzo de los años ochenta en América Latina. En la Argentina, la redemocratización ocurrió en ese contexto, tras la dictadura de 1976-1983. El gobierno de Raúl Alfonsín fue puesto a prueba por una ola creciente de endeudamiento hipotecario: las familias no lograban sostener los pagos a causa de la inflación, y las clases medias entraban en una espiral sin precedentes de descenso social.
• Democracia neoliberal: deuda y promesa de estabilidad (1991-2001). El plan de convertibilidad del gobierno peronista de Carlos Menem unió deuda familiar y deuda soberana: mientras la primera crecía, la segunda garantizaba la estabilización y las reformas neoliberales que ampliaron el consumo —inmuebles, electrodomésticos, autos, viajes—, financiado externamente por el Estado. La crisis de 2001 cerró el ciclo: ambos tipos de deuda se volvieron impagables y las calles se llenaron de protestas.
• Democracia posneoliberal: deuda y promesa de inclusión (2003-2015). Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia y los Kirchner en la Argentina prometieron corregir los efectos del neoliberalismo, apoyados en el boom de las materias primas. La tarjeta de crédito se convirtió en pasaporte de consumo para sectores históricamente excluidos: mientras el Estado argentino pagaba su deuda soberana, nuevas deudas familiares sostenían la promesa de inclusión —un ciclo dependiente de condiciones volátiles.
• La deuda en la democracia promercado (2015-2019). Mauricio Macri sucedió ese ciclo con créditos hipotecarios e inclusión financiera como banderas promercado. Tras una fuerte devaluación del peso —que no evitó un nuevo préstamo del FMI—, los ingresos se evaporaron y las deudas aumentaron; pedir prestado a familiares y usar la tarjeta para comida, remedios y alquiler se volvió cada vez más habitual. El estrangulamiento de la deuda soberana y familiar catalizó el cambio de gobierno.
• Democracia bajo la pandemia y la alta inflación (2019-2023). La deuda de la pandemia y el retorno de la inflación por encima del 100% anual explican el descontento social y el apoyo creciente a la extrema derecha. A diferencia de otros países, que ampliaron la deuda pública para financiar la emergencia sanitaria, el gobierno argentino tuvo que negociar la deuda soberana heredada, lo que limitó su política asistencial —y empujó el crecimiento de la deuda familiar, orientada apenas a preservar la vida cotidiana. En ese escenario de fatiga económica y cansancio moral emergió Javier Milei, canalizando el resentimiento contra la clase política y prometiendo la liberación de la inflación y de la deuda.
• En diciembre de 2023, Javier Milei llegó al poder montado sobre un estado de ánimo colectivo que tenía nombre propio en las encuestas: agotamiento moral. No era simplemente la pobreza, ni la inflación aislada, ni la devaluación -era la sensación de haber hecho todo bien (trabajar, ahorrar, sacrificarse) y aun así no alcanzar; la percepción de correr en el lugar, de esforzarse sin que el esfuerzo diera frutos.

Mis investigaciones de 2023 mostraban ese estado de ánimo difundido transversalmente: quien había pedido prestado para comer y la clase media que no llegaba a fin de mes compartían la sensación de que el esfuerzo propio no encontraba retorno institucional -de que las deudas no eran el precio de algo, ni el escalón hacia ningún lugar, sino simplemente el precio de permanecer en el lugar. Para no caer.

La Argentina no está sola en este cuadro. Basta mirar a Brasil, donde en abril de 2026, por primera vez desde que el indicador se mide, más de cuatro de cada cinco familias declararon tener algún tipo de deuda. El 80,9% marcó el máximo histórico de la serie de la Encuesta de Endeudamiento e Incumplimiento del Consumidor (Peic), realizada por la Confederación Nacional de Comercio, y no fue un pico aislado: fue el quinto mes consecutivo de récords, con el índice avanzando aún más en mayo, al 81,6%. Según el Banco Central brasileño, la porción del ingreso familiar comprometida con el pago de deudas saltó de cerca del 22% en 2019 al 29,7% a fines de 2025 —casi un tercio del presupuesto doméstico ya reservado antes de llegar a la heladera, al alquiler o a la factura de luz. Frente a ese cuadro, el gobierno federal relanzó en mayo el Novo Desenrola Brasil, un programa de renegociación de deudas para familias, estudiantes y pequeños negocios asfixiados por el crédito caro —una respuesta, se podría decir, en las antípodas de la que ensaya el gobierno argentino.

La democracia no se manifiesta solo en las instituciones, los partidos o las elecciones, sino también en la vida monetaria íntima de las familias

La deuda de las familias volvió a infiltrarse en la disputa electoral brasileña, como seis años antes ya había atravesado la elección que llevó a Lula a su tercer mandato -y reaparece ahora que busca la reelección. Las finanzas domésticas ocupan un lugar cada vez más central en la política contemporánea, los ejemplos se acumulan más allá de Argentina y Brasil: difícilmente se entienda el ascenso de Gabriel Boric en Chile sin el malestar del endeudamiento exorbitante de las familias chilenas, herencia de un modelo que privatizó la educación, la salud y la previsión social y empujó al crédito a llenar el vacío dejado por el Estado. Del mismo modo, la crisis política española que proyectó a Podemos al gobierno no se explica sin las movilizaciones de hipotecados, cuya indignación contra los desalojos le dio a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca una centralidad que ningún partido tradicional supo anticipar.

La democracia no se manifiesta solo en las instituciones, los partidos o las elecciones, sino también en la vida monetaria íntima de las familias. Es allí, en la frontera donde los significados morales y políticos del endeudamiento se encuentran con las expectativas dirigidas al Estado, donde la confianza —o la desconfianza— en la promesa democrática se decide día tras día.

La sociología de la deuda enseña algo que la economía suele olvidar: el momento en que una familia no puede pagar no es solo un evento financiero, sino el momento en que se activa la pregunta sobre la responsabilidad. ¿Quién tiene la culpa, el deudor que no supo administrarse, el gobierno que no controló la inflación, o el sistema que prometió lo que no podía cumplir?

En la Argentina de hoy, esa pregunta vuelve a estar disponible: los hogares que se endeudaron para sobrevivir, que esperaron que el ajuste de Milei trajera estabilidad y ven acumularse la morosidad sin que el horizonte se abra, están en ese umbral moral en el que el sufrimiento privado busca una explicación pública y un responsable político. Que el propio Presidente responda a esa pregunta diciendo que no es asunto del Estado sino “un acuerdo entre privados” no cierra la discusión: la reabre, porque son millones de hogares los que, todos los días, deciden si esa respuesta les resulta creíble o buscarán devolver a esas palabras un rechazo tan profundo como el que llevó al propio Milei a la presidencia.

La morosidad de las familias es uno de los temas más candentes de las últimas semanas. La fuerte suba del rojo en las cuentas de los argentinos y las pymes del país es uno de los emergentes de una macro con varios signos de interrogación que no termina de despegar. Las ya famosas “dos velocidades” a las que marcha la economía vernácula muestran a sectores muy golpeados –en general, los que suelen generar más empleo, como construcción e industria–, pero impacta de manera más horizontal en personas que no llegan a pagar lo que deben.

Además de la preocupación obvia de familias y empresas que no pueden cumplir con sus obligaciones, la cuestión se convirtió probablemente en el primer tema de una campaña presidencial que aún no arrancó… ¿o sí?

“Nadie fue a esos mercados con una pistola en la cabeza. Lo hicieron libremente. Es un acuerdo entre partes, entre el prestamista y el prestatario” (Milei)

El viernes el Banco Central mostró que los datos de incumplimiento bancario de las familias de junio se mantuvieron en 12,8%, igual que el mes anterior y luego de subas consecutivas desde noviembre de 2024. Muchos cruzan los dedos para que, si ese indicador no va “pegar la vuelta” claramente –como vienen amagando que ocurrirá desde hace meses, tanto bancos como funcionarios–, al menos que esa meseta tenga algún viso de consolidación. Habrá que ver.

Si bien queda claro que no se trata de un tema sólo de estos días –este medio lo viene tratando desde hace varios meses–, en las últimas semanas tomó un tono político indiscutido. Tanto que el viernes, en Rosario, el presidente Javier Milei dejó estas frases al respecto, después de avisar que la cuestión iba a ser uno de los temas centrales de su exposición, en el 142º aniversario de la Bolsa de Comercio de esa ciudad, de relativizar que fuera un problema cuantitativo y de afirmar que “es fruto del ataque de la política”.

• “No hay elementos para culpar a la política del Gobierno por lo que está pasando con la morosidad”
• “Estamos entrando en año electoral y es parte de la estrategia de quienes no quieren que abracemos el futuro”.
• “La mora que están viendo hoy está vinculada a los préstamos de 2024”.
• “Estamos discutiendo algo que no es un verdadero problema cuantitativamente, siendo que además cambiamos el modelo de negocio de los bancos. Nos estamos comiendo otra vez las operetas kukas”.
• “Cuando ustedes miran la morosidad bancaria, tanto empresas como familias, siguen siendo números ligeramente por debajo del 12%. ¿Es un problema? No”.

En el Congreso, en tanto, hay más de 20 proyectos de ley para buscar soluciones al tema: todos de la oposición y con pocas chances de prosperar. El jueves pasado, Axel Kicillof, gobernador bonaerense, prometió investigar a Mercado Pago y otras billeteras por supuesto hostigamiento, acoso y falta de información clara. Adelantó que las multas podrían superar los 1.800 millones de pesos.

“Desde el Peronismo Federal, impulsamos un programa para que parte de los fondos del FGS de Anses se usen para una moratoria para familias endeudadas. Sin regalarle plata a nadie, para que se devuelva a tasas y plazos razonables. Además, hicimos una presentación en la Autoridad Nacional de la Competencia, para que se investigue a las 91 billeteras electrónicas para ver a qué tasas prestan y qué datos utilizan para hacer el scoring crediticio. Y presentamos un proyecto de ley para hacer un Pix local, una única plataforma que administre los mecanismos digitales de pago. No es estatizar, todo lo contrario: es tirar a la cancha un jugador nuevo, el BCRA, para que haya competencia y se puedan bajar las tasas y las comisiones. Lo que cobran Mercado Pago y las tarjetas a los comerciantes es una barbaridad”, enumeró el diputado Guillermo Michel.

Milei y su equipo, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, insisten con que se trata de un tema entre privados y advirtieron reiteradas veces sobre el riesgo moral que significaría ayudar a quienes no pueden pagar sus créditos porque generaría un incentivo perverso hacia adelante. El viernes Milei dijo que ese es el tipo de intervención estatal fue responsable de aniquilar el sistema de crédito del país.

En el Congreso hay unos 20 proyectos de ley para buscar soluciones al tema: todos de la oposición y con pocas chances de prosperar

“Nadie fue a esos mercados con una pistola en la cabeza. Lo hicieron libremente. Es un acuerdo entre partes, entre el prestamista y el prestatario. Se pusieron de acuerdo en un monto y una tasa de interés. Es un contrato entre privados”, remarcó. “Es injusto. Si hago una operación con mi contraparte y yo me equivoco, ¿por qué carajo tienen que pagar todos ustedes? Es inmoral. Es una locura”, sostuvo.

“Es un error decir que es un tema entre privados porque el Estado se mete congelando los salarios y haciendo que los servicios suban por encima de la inflación. Y, con el decreto 70, que desreguló el tope de tasas. Es mentira que sea algo meramente entre privados”, agregó Michel.

“No es un accidente privado ni una suma de imprudencias individuales. Es el resultado previsible de un esquema de incentivos que el sector público ayudó a construir, y tiene la forma de un problema de coordinación que sólo la intervención pública puede resolver”, resumieron en Fundar. Desde ese think tank proponen, como medidas que no comprometen al erario público, flexibilizar transitoriamente la clasificación de deudores e impulsar la refinanciación de deudas con tasas y plazos más accesibles.

La pelea por el arrastre

Mientras tanto, la guerra entre bancos y fintech no afloja: ambos se miran de reojo a la hora de echarse las culpas sobre este tema. Se “matan” comercial y mediáticamente desde siempre para ver quién se queda con los clientes y servicios del otro, tienen cuentas pendientes con denuncias cruzadas sobre una catarata de irregularidades que debe resolver el Gobierno y ahora se suma el capítulo de “responsabilidades” sobre la mora.

Esta semana, la Cámara Argentina Fintech, que preside Paula Arregui, número uno de Mercado Pago, movió sus piezas y señaló a los bancos por ser los que concentran el crédito, por más bajo que sea. También reconocieron que las soluciones deberían ser compartidas; entre ellas, mejorar la información crediticia disponible, bajar la carga impositiva, promover más educación financiera y diseñar opciones de respuesta temprana para quienes atraviesan dificultades.

Las fintech dicen que casi 3 de cada 10 argentinos que tienen un crédito registran un atraso de más de 90 días en el pago de su cuota, o 16,3 de cada 100 pesos solicitados a diferentes fuentes de crédito –bancos, fintech y otros proveedores no financieros regulados por el BCRA–, según la consultora Analytica, de Ricardo Delgado.

“Es un error decir que es un tema entre privados porque el Estado se mete congelando los salarios y haciendo que los servicios suban por encima de la inflación” (Michel)

También destacaron que los bancos concentran el 81,1% del crédito total ($67,2 billones) y explican el 63,3% del monto irregular ($8,5 billones); mientras las fintech representan el 11,7% del crédito ($9,7 billones) y el 16,3% del volumen irregular ($2,2 billones). Los demás proveedores concentran el 7,1% del crédito total ($5,9 billones) y explican el 20,4% de la deuda irregular ($2,8 billones).

Las fintech insisten con su queja histórica, vinculada al financiamiento: los bancos prestan dinero de los depósitos de sus clientes, mientras que ellas y los proveedores no financieros no pueden hacerlo. “Cerca de un tercio del costo del crédito, dependiendo de en qué parte del país se haya tomado, está asociado a tributos nacionales, provinciales y municipales”, agregaron.

En ese debate picante sobre los impuestos de los préstamos y sus tasas nominales y efectivas, se metió el propio Marcos Galperin.

El fundador de Mercado Libre empezó a polemizar en redes después de que se mostró que Mercado Pago tenía créditos con tasas de casi 1.400% de CFTEA, o Costo Financiero Total Efectivo Anual. Se trata de un indicador que no muestra exactamente con lo que el tomador de crédito debe reintegrar y eso es lo que salió a contrastar el empresario más rico de la Argentina, cuyos créditos, juran sus empleados, tienen tasas muy competitivas... al menos en los segmentos de menos riesgo.

“Ese informe lo pidió Galperin para pasar un mensaje: ‘no nos miren si los bancos tienen más créditos’. Es verdad que los bancos tienen menos deudores morosos reales (los que están atrasados con los bancos), pero sí es cierto que los préstamos bancarios son por montos mayores”, arremetieron desde el sector financiero tradicional.

La cuestión se convirtió probablemente en el primer tema de una campaña presidencial que aún no arrancó… ¿o sí?

Los bancos señalan a Galperin y compañía y aseguran que muchos de sus deudores irregulares son “arrastre” de las fintech. Ponen un ejemplo: un banco presta $100 y ese crédito se paga de manera normal, mes a mes; una fintech le prestó $30 al mismo deudor y ese crédito interrumpe pagos. Entonces, esa persona entra en lo que el Banco Central considera “Situación 4” de incumplimiento y, por normativa del Central, los bancos están obligados a recalificar a ese cliente como deudor, por la acreencia que tiene con otra entidad. Un moroso, en rigor, que a ese banco si le cumple. Eso, se vio en los últimos días, queda reflejado en los balances de los bancos.

“No es un tema menor. Podría impactar en los planes de fondeo en el exterior, por ejemplo. Tener varios puntos porcentuales de diferencia entre sus morosos reales y los que por normativa, tienen que contabilizar, es un tema delicado”, dijeron en un banco grande.

“El llamado ‘efecto arrastre’ forma parte del régimen de clasificación que fija el BCRA y busca reflejar la situación integral de cada persona en el sistema. Puede ser útil evaluar mecanismos que permitan distinguir con mayor precisión entre los atrasos efectivos en cada obligación y las recategorizaciones regulatorias”, reconocen en la Cámara fintech.

“Esa discusión debe darse con una mirada integral y basada en criterios homogéneos. Con la información disponible, no existen elementos suficientes para atribuir ese efecto a un tipo determinado de proveedor ni para concluir que opera en un único sentido. La mora es un desafío compartido entre todos los actores del sistema. Argentina necesita más y mejor crédito y todos juegan un rol importante en lograr que los argentinos accedan a financiar sus proyectos de vida”, agregaron.

En una de las principales empresas fintech no fueron tan diplomáticos. “El ‘efecto arrastre’ existe y puede ser razonable revisar la metodología, pero de ahí no se desprende que la mora bancaria haya sido provocada por las nosotros”, explicaron. Y también muestran sus cálculos: entre 4,2 millones de personas que tienen simultáneamente deuda con bancos y fintech (sin deuda con otros proveedores no bancarios), un total de 940.000 registran al menos un crédito irregular: 398.000 en ambos sectores, 318.000 sólo en bancos y 225.000 sólo en fintech. Entre quienes tienen irregularidad concentrada en un solo sector, los casos registrados únicamente en bancos son 41% más numerosos que los registrados únicamente en fintech.

Los bancos señalan a Galperin y compañía y aseguran que muchos de sus deudores irregulares son “arrastre” de las fintech

“Queda claro que los datos no permiten atribuir causalidad en qué sentido, pero sí muestran que no se puede respaldar la tesis de que el ‘contagio’ lo generan las fintech. No corresponde convertir una regla prudencial del BCRA, que considera el comportamiento del deudor en todo el sistema, en una acusación contra un sector determinado”, afirmaron.

Hay pedidos ante en Central para que cambie esa reclasificación, pero se cree que el regulador esperará a que baje la mora para hacer cualquier tipo de cambios. No quieren que parezca que están “rompiendo el termómetro” que refleja las cifras de morosos, especularon en el sector financiero.

También, según los bancos, hay una suerte de “contagio directo”: un tomador de varios créditos, de bancos y billeteras, deja de pagar primero la cuota con tasa más alta, en general de estas últimas y luego, una vez que se asume como deudor, deja de pagar todo. Los bancos están convencidos de que esa cascada que los involucra arranca en las fintech, que prestan “rápido, fácil y sin tanto control sobre el scoring de ese tomador”.

“La mora es un desafío compartido entre todos los actores del sistema. Argentina necesita más y mejor crédito” (Cámara Fintech)

“Ese informe no habla de tasas, además. Parte del problema es que las tasas de las fintech no son pagables y las de los bancos por lo general sí. Entonces los deudores que no les pagan a las fintech y sí le pagan a los bancos es porque las tasas los terminan haciendo volcar”, destacó la primera fuente mencionada del sector financiero tradicional.

Otro punto central a la hora de hablar de mora es hasta cuándo se es deudor. Si un cliente refinancia su deuda con un banco y comienza a pagar de manera sistemática, tienen que pasar unos 9 meses para que el sistema lo muestre como no moroso. Eso impacta en él personalmente –porque su nombre sigue apareciendo en los sistemas de riesgo crediticio, con el impacto que eso genera en su planificación económica–, en los datos de los bancos y en los números oficiales, que no bajan o lo hacen a cuentagotas.

En un año electoral, con la mora que se instaló como el primer gran tema de campaña que vendrá, o que ya arrancó, según quien lo mire, no parece un tema menor.

El índice EMBI de JP Morgan, que mide la sobretasa que paga la deuda argentina por sobre emisiones similares de los Estados Unidos, subió de 403 a 505 puntos en poco más de un mes, dando una señal de alarma sobre la capacidad del país de volver a los mercados, tras meses de mejoras. El salto del riesgo país muestra que en las últimas semanas crecieron dudas sobre la sostenibilidad del programa económico de Javier Milei, la confianza en la continuidad de sus políticas y el impacto de factores tanto internos como globales. Analistas coinciden en que la suba responde a una combinación de motivos, desde la incertidumbre electoral hasta el deterioro del entorno macroeconómico y la presión de la coyuntura internacional.

Factores locales y contexto global

La discusión sobre el origen del repunte del riesgo país encuentra consenso en que la dinámica responde principalmente a variables internas, aunque la coyuntura internacional tampoco resulta neutral. Según un análisis de Nery Persichini para GMA Capital, “el reciente price action de los activos argentinos no parece responder a una simple toma de ganancias. Entre los operadores hay consenso: se trata de un movimiento idiosincrático”. El informe sostiene que la reacción del mercado no replicó lo ocurrido en otras plazas emergentes y señala que “desde el 7 de julio, el riesgo país subió 103 puntos, de 403 a 505 bps”.

Los bonos en dólares argentinos recortaron más de 5%, muy por encima del 0,6% que corrigió el resto de la deuda emergente, mientras que las acciones se hundieron 13% en moneda dura, señaló Persichini.

La consultora LCG, por otra parte, refuerza esta interpretación: “La suba del EMBI local responde principalmente a factores locales: el spread con el EMBI Latino supera los 250 pbs, 100 pbs más en sólo un mes”. La consultora destaca que los bonos largos argentinos rinden nuevamente arriba del 10%, mientras que el diferencial con otros países latinoamericanos se amplió de manera significativa.

Mientras tant, Portfolio Personal Inversiones (PPI) aporta una mirada que incorpora el impacto del entorno global, pero sin dejar de subrayar la especificidad argentina. “El contexto internacional adverso y factores locales se combinaron para amplificar las pérdidas”, señala el informe. PPI describe cómo el rebote de las tasas largas de los Treasuries, junto con episodios de tensión geopolítica global, “revirtió parte del alivio observado en la rueda anterior”. Sin embargo, aclara que “los factores idiosincráticos tampoco pueden quedar fuera de la ecuación: los Globales volvieron a amplificar el movimiento de sus pares emergentes, profundizando las pérdidas frente al EMB”.

En la misma línea, Econviews subrayó que el aumento del riesgo país se vincula a “la combinación de factores locales, deterioro político y contexto internacional adverso”. El informe que conduce Miguel Kiguel advierte que “el encarecimiento del costo de emitir deuda es un problema grande porque el Gobierno necesita colocar unos US$ 10 mil millones de acá a las elecciones para cumplir con el programa financiero”.

El peso de la incertidumbre política y electoral

La política y el escenario electoral ocupan un lugar central en la percepción de riesgo de los inversores. Para GMA Capital, “los inversores anticipan una etapa marcada por la incertidumbre electoral”. El reporte enfatiza que “el mercado penaliza con dureza cada punto que el oficialismo pudiera perder” y que la atención se traslada a los indicadores de imagen y confianza ante la ausencia de encuestas confiables.

La mirada de LCG coincide en que “cae la imagen del presidente, crecen las dudas sobre gobernabilidad hacia 2027, y el EMBI vuelve a un incómodo nivel arriba de los 500 pbs”. La desconfianza sobre la capacidad del actual Gobierno de sostener la estabilidad política y económica a mediano plazo condiciona las decisiones de los inversores.

Desde PPI, marcaron que la inquietud se refleja en la estructura misma del mercado de deuda: “El mercado percibe un mayor riesgo de default en el mediano y largo plazo, vinculado a incertidumbre política y económica”. El informe destaca que las probabilidades acumuladas de default a cuatro y diez años aumentaron 400 y 510 puntos básicos, respectivamente, desde comienzos de mes, lo que “refleja que el deterioro en la percepción de riesgo se concentró principalmente en horizontes más largos, donde el mercado incorpora una mayor incertidumbre sobre la capacidad de sostener la historia de crédito en el tiempo”.

Sin la macro no se puede, con la macro no alcanza

Los fundamentos económicos profundizan el escepticismo del mercado sobre la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento. En ese sentido, llamó la atención la mala semana que tuvo la deuda soberana en días en los que se conoció un superávit comercial récord, un regreso al superávit fiscal en el mes de julio -un 0,9% del PBI que no impide ni garantiza la meta del 1,4% para el año- y hasta un dato de actividad de junio que, si bien no interrumpió la percepción de que la economía alterna subas y bajas como un serrucho, sin dudas sorprendió al ser mejor de lo esperado.

Persichini advierte que la sensación es que sin la macro no se puede, pero con la macro no alcanz. El análisis de GMA Capital señaló que “se requieren mejoras macro y microeconómicas y una oposición más moderada para reducir el riesgo país, aunque esto se percibe como poco probable”. Para la consultora, la polarización política y la falta de avances claros en la economía real dificultan cualquier baja sostenida del indicador.

Por su parte LCG sumó que “el rebote en algunos indicadores económicos no alcanza para disipar las dudas sobre la solidez y sostenibilidad del crecimiento”. El informe remarca que la actividad local muestra señales de recuperación, pero no lo suficiente para revertir la caída acumulada frente a diciembre y sin motores claros de expansión en el corto plazo.

Por su parte, Econviews agregó que “el segundo semestre muestra un panorama más adverso, con menor ingreso de dólares y actividad económica débil”. La consultora sostiene que la política oficial de mantener estable el tipo de cambio obliga a endurecer la política monetaria, lo que complica la recuperación de una economía “aletargada, con casi 6 millones de morosos y con salarios e ingreso disponible que siguen anémicos”. Además, alerta que “la estabilidad cambiaria, sin dudas, ayuda a contener la inflación, como mostraron esta semana los precios mayoristas. Pero sostenerla con tanta rigidez puede terminar generando efectos secundarios cada vez más difíciles de corregir en el futuro”.

El riesgo país es un dato que expresa la mirada del mundo sobre nosotros, configura un hecho fundamental que desnuda la falta de coherencia de un proyecto que fue limitando los consumos de la ciudadanía hasta llegar a un punto en el cual las deudas internas, más la baja del consumo, marcan la impotencia de la salida de esta coyuntura irracional a la que estamos sometidos.

El endeudamiento es un hecho indiscutible de la debilidad de una sociedad. Nunca falta quien, con pocas luces y acentuada mala fe, se refiera a los niveles de deuda de un país desarrollado, cuando en el nuestro, el resultado es el de los necesitados yendo a buscar en el crédito aquello —incluso lo indispensable— que no pueden alcanzar con los salarios. El cínico y patético concepto del Presidente y de su ministro de Economía de que se trata de un contrato entre privados demuestra la nula solidaridad que tienen estos personajes con la sociedad que intentan conducir. Si es cierto que la deuda es a una moneda estable, lo que queda claro es que los intereses fueron una decisión del Estado que llevó a los endeudados a una coyuntura sin salida.

Hubo una frase del ministro que mostró a las claras la situación cuando habló de “movilizar la economía”, penosa forma de asumir la absoluta parálisis en que se encuentra la sociedad. Es que, en rigor, desde toda lógica y coherencia económica y política, el sistema planteado por Milei y sus seguidores no da otra salida que la muerte de la sociedad de consumo y el ensalzamiento de la concentración de la riqueza en pocas manos. Todos los números de la economía apuntan al claro fracaso del “intento mileísta”. Luego viene eso que llaman batalla cultural, plagada de lugares comunes a los que se suma el innoble concepto de apoliticismo. Aquellos que dicen “a mí nadie me dio nada”, olvidan que lo esencial del Estado es que les otorgue a los ciudadanos las posibilidades de crecer. Si crecieron, fue porque un Estado se lo permitió, y ahora dejaron de hacerlo porque un Estado se lo impidió.

Quizá la consigna más reiterada, más sin sentido, sea “apoyar el cambio”, lo que implica siempre asumir una situación de frustración y de fracaso que lleva a buscar salidas como si fuera coherente alterar las del sentido común, que es, en nuestro caso y más que nunca, el menos común de los sentidos, para emplear ex profeso un manido cliché.

La necesidad libertaria y liberal de asegurar la reelección de Milei está basada en un hecho clave: el proyecto que transitan no soportaría una derrota electoral, y en su rigidez, jamás permitiría que ese logro se obtuviera. Si los beneficiarios de este antiestatismo representan menos del 30%, ¿cuál sería el dato que favorecería al gobierno para ganar en primera vuelta o, lo que es mucho más riesgoso, tener alguna opción de hacerlo en un balotaje?

La oposición necesita la alternativa de las PASO, de elecciones internas que le permitan revalidar los títulos al que salga triunfador, y el gobierno, en su desesperación, busca apoyo de los gobernadores para destruir esta opción de elección interna. Podríamos decir que si la oposición no lograra detenerlo, podría por sí misma optar por un sistema de elecciones que contribuyera a recuperar su prestigio y su lugar.

Los libertarios quisieron al principio de su aventura pintar el país de violeta. Esa voluntad se desnuda ahora en su impotencia con la mayoría de los gobernadores separando las elecciones provinciales de las nacionales, para no tener cada cual en su caso, el daño que la deteriorada imagen presidencial le haría a sus candidaturas.

Casi una lamentable nota de color: el insólito supuesto homenaje que el Presidente intentó hacer al General San Martín. En su pequeñez, en su mediocridad e ignorancia, Milei reduce el pensamiento del Libertador a las limitaciones mentales de su propuesta ideológica. ¿Pretendía, acaso, afiliar al héroe a la risible estrechez de su partido cuando no compararse con él?

Por su parte, el cuestionado personaje de Fernando Cerimedo, en Bolivia, deja en claro la bajeza de aquellos que disfrazaban de ideología la desmesura de sus intereses, y en alguna medida, al escuchar a sus abogados que hablan de un autoatentado, el tránsito por el ridículo para personajes como este que participó hasta del golpe de Bolsonaro, indican que hay un momento en que las justificaciones transitan el débil espacio de la frivolidad. Hasta existió una supuesta senadora evangélica que expuso su teoría de que la justicia social estaba en contra de la Biblia.

Sin duda, la visita del Papa tendrá un peso importante en nuestra sociedad, y creo que, después de ella, el nivel de egoísmo expresado por el gobierno será difícil de sostener, de justificar, ante una fe que se impone hoy como la defensa central del humanismo.

En las políticas de Milei y sus secuaces los daños enormes están a la vista, y los logros, hasta el momento, siguen en discusión mientras la mayoría de nosotros piensa que ni siquiera existen.

Para cerrar, mencionaré un tema horrendo: el intento de destruir la sacralidad del histórico cementerio de Recoleta incorporando una cafetería frente a las tumbas de Sarmiento y Mitre. La degradación de los mercados está a la vista y, en verdad, no deja lugar a discusión. El discurso de Milei en el cierre del Council of the Americas 2026 dejó a su concurrencia el sabor de que la figura presidencial sufre un indisimulable deterioro. Ese auditorio, afín a Milei desde el inicio, terminó azorado por los conceptos vertidos por su líder. Aquel que alguna vez pretendió deslumbrar por su lucidez —siempre empañada por exabruptos, groserías, insultos y descalificaciones que sus seguidores solían aplaudir sin objeción alguna—, ahora llega a un punto en el que solo genera espanto por su incoherencia.

La mesa de entrada de la Cámara de Diputados se va llenando de proyectos de distintos legisladores de la oposición que apuntan a resolver un tema que hoy se volvió central en la discusión política y en la cotidianeidad de los ciudadanos: el endeudamiento de las familias.

Mientras el Gobierno nacional intenta, a través de todos sus voceros —sean legisladores, ministros o el propio Presidente—, establecer que es un problema entre privados en el que no se va a inmiscuir, los legisladores de la oposición acumulan casi 30 proyectos con diferentes soluciones a la mora y al papel que debe tener el Estado nacional en esa resolución.

Las propuestas incluyen planes de refinanciación, topes al peso de las cuotas sobre los ingresos, regulaciones al crédito y mecanismos especiales para consumidores que ya no pueden cumplir con sus obligaciones. La acumulación de proyectos plantea un desafío para la oposición y un problema para el oficialismo y sus socios parlamentarios.

Para los primeros, esa cantidad de iniciativas genera una fragmentación de los votos que dificulta avanzar. “Obviamente que cada uno entiende que el propio es mejor y es difícil encontrar puntos en común para avanzar con uno solo si hay buena cantidad de proyectos y varios de ellos nacen del mismo bloque”, explicó el autor de uno de los ya presentados.

Para La Libertad Avanza el conflicto es que esa cantidad demuestra que el tema está instalado y que existe el riesgo real de un acuerdo parlamentario para avanzar. “Si eso sucede, se veta”, reflexionó un libertario con cierta frialdad. En el caso de los socios el impacto podría ser más de carácter político: con seis millones de personas endeudadas y la mitad en modo incobrable, será difícil diferenciarse del discurso oficial.

La idea de avanzar en una especie de “emergencia crediticia” genera más que resquemor en el oficialismo, que en medio de todo esto busca que los bancos sean quienes lo resuelvan.

La oposición, en cambio, quiere avanzar, y los proyectos —del peronismo, de la izquierda y de sectores de Provincias Unidas y lo que era Innovación Federal— se van acumulando en busca del número que les permita hacerlo.

En ese contexto comenzaron las conversaciones, porque sin el apoyo del bloque del radicalismo y del PRO la oposición sabe que debe recorrer el camino “largo” para llegar al principio del debate.

“Hay que conseguir el número para poder ir al recinto y a partir de ahí emplazar a las comisiones para tratar el tema porque los libertarios no las abren para esto. Después necesitamos acordar para bajar la cantidad de proyectos y dictaminar. Y ahí, nuevamente, conseguir el número para ir al recinto”, explicó un diputado opositor. “Y necesitamos un número importante para que los socios de LLA no tengan opción y se sumen”, agregó.

Los números hoy no están, pero todos hacen cuentas. Las reuniones se multiplican en los pasillos del Palacio Legislativo y en las comisiones, donde se puede ver cómo los legisladores de los diferentes bloques conversan sobre el tema.

Marchas

El jueves pasado se realizó una movilización al Ministerio de Economía de la Nación. La CGT, la UTEP y las dos CTA marcharon a la sede de la cartera para visibilizar una crisis de morosidad. Jorge Sola, secretario general de la CGT, estuvo presente y habló con los canales de televisión: “Marchamos al Ministerio de Economía a mostrar esta pandemia de endeudamientos que está atravesando a la ciudadanía argentina. Efectivamente, no es un asunto entre privados, es una responsabilidad de la política económica del Gobierno. El endeudamiento lo produce el proyecto político del gobierno, efectivamente tienen la responsabilidad”, remarcó. La discusión respecto del rol del Gobierno se enmarca en la desregulación de las tasas que pueden cobrar las entidades financieras, y también en el impacto del DNU 70/2024, que, entre otras cosas, permite que no haya piso ni techo.

Tras 19 meses de alza, la mora bancaria de las familias se mantuvo sin cambios en junio en 12,8%, de acuerdo con el último Informe de Bancos publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

A la vez, la irregularidad del crédito al sector privado descendió levemente hasta ubicarse en 7,6% a nivel agregado. La entidad resaltó que el comportamiento de la mora mostró diferencias entre los principales productos de financiamiento. Las tarjetas de crédito registraron una disminución en su nivel de morosidad (12,6%), lo que aportó cierta contención en el promedio general del segmento de familias.

En cuanto a la morosidad del financiamiento a los hogares, más que se duplicó en la medición interanual. En junio de 2025, la cifra ascendía a 5,2%, mientras que en el sexto mes de este año, se ubicó en 12,8 por ciento.

Por otro lado, el reporte oficial indicó que las líneas de préstamos personales y prendarios evidenciaron un incremento en su índice de mora durante el mes, ubicándose en 16,4% y 7,9% respectivamente. Este aumento contrastó con la estabilidad observada en los créditos hipotecarios (1,6%), donde no se registraron cambios significativos. “El indicador de mora de las financiaciones a las familias se situó en 12,8%, con desempeños heterogéneos entre las asistencias crediticias”, señala el documento oficial.

“El desempeño verificado en junio por el ratio de irregularidad del financiamiento al sector privado (y a las familias) estuvo explicado por una desaceleración en el ritmo de crecimiento real de la cartera irregular (numerador del ratio; en parte derivado del envío a irrecuperables fuera de balance de deudores que hasta mayo estaban en situación irregular) y un aumento real del financiamiento total (denominador del ratio)”, precisó la autoridad monetaria.

En tanto, el financiamiento a las empresas mostró un coeficiente de irregularidad de 3,5 por ciento. Según el Banco Central, este índice registró leves subas en los sectores de construcción, comercio e industria, mientras que descendió ligeramente en la producción primaria.

El Central también utiliza la probabilidad de default estimada (PDE) para analizar el riesgo crediticio, ya que refleja cuántos deudores pasan de estar al día a presentar atrasos. Durante junio, la PDE de los créditos al sector privado bajó 0,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

El Ministerio de Economía y el BCRA siguen de cerca la evolución de la mora bancaria junto con el sector financiero. Bajo la perspectiva oficial, se observa un punto de inflexión y aparecerían las primeras señales de reversión, luego de que la mora se quintuplicara en los últimos dieciocho meses.

Durante los últimos días, el equipo económico mantuvo un encuentro con representantes de los bancos para analizar la información más reciente sobre el tema. La reunión tuvo carácter de seguimiento, sin intervenciones directas en la operatoria del sector.

Desde la autoridad monetaria negaron la posibilidad de establecer topes a las tasas de interés, una medida que se implementó en gestiones previas. La estrategia actual apunta a que la recuperación del crédito permita disminuir el índice de irregularidad en los préstamos en pesos, y a que las entidades bancarias ofrezcan planes de refinanciación acordes a la realidad de las familias con atrasos en los pagos. Según estimaciones de Economía, los bancos ofrecen tasas anuales de entre 20% y 25% a tres años de plazo para quienes presentan morosidad.

Fuentes del BCRA explicaron que existe un desfase entre la mejora efectiva en el pago de los créditos y el momento en que esto se refleja en los indicadores. El sistema de registro y calificación determina que, aunque las familias regularicen su situación, la baja en los índices oficiales puede tardar varios meses en aparecer por cuestiones administrativas.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, remarcó que “es raro que los índices de morosidad sufran saltos discretos o cambios muy acentuados en el corto plazo. Llevan tiempo y se mueven más como ondas”. A modo de ejemplo, una persona que accede a la refinanciación de su crédito permanece nueve meses en la categoría 5 (deuda incobrable) antes de pasar a la categoría 1 (deuda al día).

La cotización de un préstamo de 1.200 millones de dólares otorgado a Guggenheim Partners descendió abruptamente hasta ubicarse en valores de “distressed territory”, es decir, territorio de deuda de alto riesgo, tras una conferencia con inversores que profundizó la incertidumbre sobre la salud financiera del grupo liderado por Mark Walter. Según informó el Financial Times, la caída se produjo después de que los principales ejecutivos no lograran despejar las dudas del mercado respecto al futuro de la empresa y sus complejos vínculos con el universo asegurador estadounidense.

El préstamo, vinculado a la división de gestión de activos de Guggenheim Partners, se negoció este jueves a 78 centavos por dólar. Una semana antes, la misma operación cotizaba a 96 centavos. Este retroceso convirtió al préstamo en uno de los indicadores más observados por los analistas, ya que la compañía no tiene acciones cotizadas en bolsa y su deuda funciona como termómetro de confianza. El impacto de la situación no se limita a Estados Unidos: hay conexiones directas con inversores y estructuras empresariales argentinas, que monitorean de cerca el desarrollo del caso.

La reacción del mercado siguió a una llamada de urgencia entre ejecutivos de Guggenheim Investments y acreedores, en la que se buscó explicar el estado financiero del vehículo conocido como GIH Borrower, responsable de tomar el préstamo. La conferencia, encabezada por Dina DiLorenzo, presidenta de Guggenheim Investments, se centró en aclarar la relación entre el grupo y las entidades aseguradoras bajo el control de Walter. En ese contexto, surgieron dudas sobre la forma en que la unidad de inversiones privadas de Guggenheim reconoció sus ingresos y sobre las perspectivas de generación de nuevos negocios para el grupo.

Según la información recogida por el Financial Times, los ejecutivos señalaron que dos de los cuatro principales clientes de la unidad Guggenheim Private Investments mantenían lazos con otras empresas del propio Walter. Además, informaron que las aseguradoras Delaware Life y Clear Spring, que se encuentran bajo investigación de autoridades federales, no figuraban entre los clientes de esa unidad específica. De todas formas, la decisión de no ofrecer proyecciones de resultados para 2027 intensificó la preocupación de los acreedores respecto a la sostenibilidad de los ingresos de Guggenheim Private Investments, un aspecto considerado clave para la estabilidad financiera de la firma.

El trasfondo del conflicto involucra a las aseguradoras Delaware Life y Clear Spring Life, ambas controladas por el grupo TWG, de Mark Walter. Estas compañías reconocieron haber otorgado préstamos por 20.000 millones de dólares a empresas relacionadas con el propio Walter, según registros que motivaron el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). De acuerdo con el Wall Street Journal, la pesquisa se focaliza en la correcta clasificación de los activos de las aseguradoras y en posibles irregularidades en la transferencia de fondos entre compañías vinculadas.

En julio, tanto Delaware Life como Clear Spring recibieron citaciones judiciales y, poco después, anunciaron un acuerdo para intercambiar hasta 6.500 millones de dólares en activos relacionados con afiliadas corporativas por inversiones no vinculadas al grupo. Estas maniobras buscan reducir la exposición de las aseguradoras a eventuales conflictos de interés y fortalecer el perfil regulatorio de las compañías, en un momento de máxima atención pública y supervisión por parte del sistema financiero estadounidense.

La crisis de confianza en Guggenheim Partners también afectó directamente a la figura de Mark Walter, quien en las últimas semanas aceleró la venta de activos emblemáticos. El empresario, de 66 años, acordó desprenderse de la mayoría de su participación en el equipo de baloncesto Los Angeles Lakers, en una operación que valuó la franquicia en 12.500 millones de dólares. Además, mantiene negociaciones para vender una parte minoritaria de su participación en el club inglés Chelsea Football Club, y es copropietario de los LA Dodgers, uno de los equipos más importantes de la MLB.

En el mercado financiero argentino, el escándalo no pasó inadvertido. La madeja de relaciones e inversiones de Walter incluye vínculos con banqueros y empresarios de origen nacional, algunos de los cuales gestionan activos o estructuras financieras en el exterior, ligados a fondos gestionados por Guggenheim o a operaciones de seguros y reaseguros con presencia en América Latina. En particular, Juan y Diego Ball, dos financistas que fueron parte de Guugenheim y que a través de la firma ABS Capital recibieron parte de los préstamos fondeados con dinero de aseguradoras controladas por Walter.

El episodio también puso bajo la lupa el papel de los auditores externos. De acuerdo con el comunicado oficial de Guggenheim, las denuncias de un informante interno (whistleblower) presentadas en 2025 fueron entregadas a los auditores, quienes confirmaron los balances sin objeciones para los ejercicios 2024 y 2025. A pesar de esta validación, la falta de claridad sobre la sustentabilidad de los ingresos y la exposición a conflictos de interés mantiene la presión sobre la firma y sus directivos.

La investigación federal y el clima de desconfianza en el mercado obligaron a los principales responsables del grupo a buscar alternativas para fortalecer la liquidez y evitar una mayor degradación de la deuda. Walter, en particular, impulsó la venta de activos de alto perfil y negoció nuevas líneas de financiamiento para enfrentar posibles retiros o exigencias de los acreedores. El desenlace de la crisis permanece abierto, mientras los actores involucrados esperan definiciones regulatorias y movimientos de inversores institucionales.

La situación de Guggenheim Partners y su repercusión en los mercados ilustra la fragilidad de ciertas estructuras financieras donde confluyen intereses personales, gestión de aseguradoras y movimientos de capital a gran escala. La atención de reguladores y del mercado continuará enfocada en los pasos que dé el grupo y en la respuesta de los actores financieros con nexos en distintos países, entre ellos, la Argentina.

En apenas dos meses, el riesgo país pasó de un piso de 403 a 532 puntos básicos, el cierre de ayer. Este incremento revirtió buena parte de la compresión que había acompañado al mercado durante el primer semestre.

Con las caídas de las últimas jornadas, el rendimiento de los bonos en dólares volvió a los dos dígitos, algo que parecía haber quedado atrás. Sin embargo, el mensaje que empezaron a transmitir desde algunas Alycs y bancos es que se trata de un buen momento para posicionarse en deuda local.

“Las cuentas públicas se mantienen con superávit fiscal, el Banco Central acumuló dólares a lo largo del año y todavía falta más de un año para las elecciones. Nos parece un buen momento para comprar bonos, aprovechando la ola de ventas de las últimas semanas y con un horizonte de largo plazo”, explicó el CEO de Insider Finance, Pablo Lazzati.

Desde PPI consideraron que la mayor incertidumbre le está pegando a la deuda soberana, pero no necesariamente hay que bajar exposición al riesgo argentino: “Una opción que tiene lógica es pasarse de bonos soberanos a provinciales, que tienen rendimientos atractivos y presentan mucha seguridad para los inversores, como los casos de la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén o Santa Fe”.

La baja del riesgo país se había consolidado con la mejora de la calificación de riesgo por parte de las tres agencias principales. Uno de los argumentos clave fue justamente la compra de dólares por parte del Central, que suma más de USD 13.700 millones en lo que va del año.

Sin embargo, las señales de alerta llegaron con las encuestas que marcan una caída en el apoyo al Gobierno y las dudas respecto al resultado electoral del año próximo.

Tras haber estado a punto de perforar los 400 puntos básicos a mediados de julio, esta semana el riesgo país volvió a superar holgadamente los 500 puntos básicos. Algunos consideran que el deterioro podría acentuarse, pero otros creen que el mercado está ante una buena oportunidad de compra y que vale la pena el riesgos versus el potencial beneficio.

El mercado comenzó a incorporar una combinación de factores domésticos: señales de debilidad en la actividad, inflación todavía persistente, dudas acerca del esquema monetario y cambiario y una creciente atención sobre el escenario político de cara a 2027.

El deterioro de los bonos locales fue mucho más significativo que el promedio de mercados emergentes, lo que muestra a las claras que están pesando más los factores locales que los externos.

Sin embargo, los mercados globales se vieron impactados negativamente por la suba de las tasas largas en Estados Unidos, que en el caso de los bonos a 30 años superaron el 5,3% anual.

Esta situación llevó al titular del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, a anunciar un aumento del programa de recompra de bonos, que pasará de USD 2.000 a USD 4.000 por licitación. De esta forma, procuró ponerle un piso a las cotizaciones y al mismo tiempo frenar el aumento de la tasa larga.

Las recompras abarcarán principalmente bonos con vencimientos de 10 a 30 años, y se realizarán entre septiembre y comienzos de noviembre.

El objetivo declarado es mejorar la liquidez del mercado y aliviar la presión sobre las tasas largas, que habían subido con fuerza. El rendimiento del Treasury a 30 años había llegado a 5,34%, máximo desde 2007.

Si las tasas largas de EE.UU. permanecen elevadas, el rendimiento que los inversores pueden obtener en activos considerados de menor riesgo también aumenta. Eso normalmente eleva la vara que deben superar los bonos emergentes —incluidos los argentinos— para resultar atractivos, y puede contribuir a ampliar los spreads soberanos.

Los mercados de Estados Unidos no se equivocaron cuando el miércoles recibieron con cautela la notica de que el Tesoro norteamericano iba a doblar la recompra de bonos largos. La tasa del título estadounidense a 10 años, el de referencia para calcular el riesgo país, bajó a 4,64 por ciento. La felicidad duró un día: ayer las cotizaciones bajaron y elevaron su rendimiento a 4,70%, el nivel más alto desde el 1 de septiembre de 2023.

Los inversores hicieron un cálculo simple. Esa recompra es una gota en el mar ya que la deuda del Tesoro de EE.UU. es de USD 40 billones y toma dinero a tasas cada vez más elevadas para cerrar el déficit fiscal. En la primera presidencia de Trump, la deuda de Estados Unidos era de 10 billones de dólares. Cada Gobierno duplicó la deuda del anterior. En mayo de 2025, Moody’s bajó la calificación a los bonos norteamericanos. Por otra parte, el derrumbe de las acciones de WallMart dejó en evidencia que el consumo está en caída.

Además, el petróleo aumentó 2% y todos los días aporta un grano de arena a la inflación de Estados Unidos y del mundo. El de Medio Oriente es un conflicto que no se apaga y siembra dudas con las que conviven los inversores. La incertidumbre se revela en forma de volatilidad constante a tal punto que se convirtió en la normalidad de esta época. Por supuesto, cayeron las Bolsas de Nueva York hasta 1 por ciento.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL agregó que “en paralelo, las declaraciones del presidente Donald Trump prometiendo una guerra económica y sanciones sin precedentes contra Irán, llevaron al precio del petróleo a máximos de casi un mes, reavivando el fantasma inflacionario. El clima bursátil se vio además impactado en el plano corporativo por el desplome de Walmart (-9,15%), cuyo débil reporte de ventas minoristas contrarrestó las subas en firmas de maquinaria como John Deere (+6,93%)”.

La adversidad también alcanzó a la Argentina, que junto a Brasil figura entre los países más vulnerables por el riesgo preelectoral. Los bonos soberanos registraron bajas de hasta 1,5 por ciento. El promedio de los títulos que sigue el indicador EMBI de JP Morgan retrocedió 0,75%, lo que implicó un aumento del riesgo país de 15 unidades (+2,9%), hasta alcanzar los 532 puntos básicos. El mercado acumula 13 ruedas consecutivas en baja. En lo que va del mes, el índice subió 21 por ciento.

En tanto, las tasas de interés no acompañan. Las LECAP de mediano plazo a tasa fija se mantienen en 2,18% efectivo mensual. La BONCAP que vence el 30 de abril rinde 2,28 por ciento. Estos niveles complican la vida de los morosos y son una de las causas de la caída del consumo que se reflejó en el Índice de Confianza del Consumidor que mide la Universidad Torcuato Di Tella que cayó 1,1% contra el 4,8% que había retrocedido en julio.

En cuanto a los indicadores clave, el resultado fue parejo. La actividad económica registró un aumento de 0,8% en junio. Resta conocer el tercer indicador, el Índice de Confianza en el Gobierno, que se publicará en los próximos días.

Otro dato positivo fue que la balanza comercial registró un superávit de USD 2.115 millones en julio, impulsado por las exportaciones de energía y el freno en las importaciones. El tema mereció el elogio del ministro de Economía, Luis Caputo, que posteó que “las exportaciones y la balanza comercial en julio alcanzaron un récord histórico para el mes”.

Por otro lado, hay un frente que puede traer complicaciones si se concreta. El fracaso en las negociaciones paritarias con la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA), que llamó a un paro general en todos los puertos del país.

La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) emitió un comunicado donde informa que propuso “un incremento salarial efectivo del 16% sobre los básicos de febrero aplicable a partir de los salarios de agosto, lo que eleva el ajuste acumulado anualizado (enero-diciembre de 2026) al 31,99%, cifra que supera la inflación proyectada”.

Este aumento, al que se agregan montos no remunerativos, fue rechazado: el gremio quiere un incremento de 35% que había sido vetado por la cámara empresarial ya que “impactaría severamente en la base salarial futura de las empresas y alteraría la ecuación económica general, representando un anticipo injustificado de casi un trimestre de inflación estimada”. El cierre de puertos recuerda al reciente conflicto cuando Federico Sturzenegger que intentó modificar el convenio con los prácticos y paralizó el tráfico marítimo. El incidente reavivó la interna en el Gobierno. La sensibilidad es alta y cada adversidad siempre encuentra un culpable.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el dólar mayorista operó estable en $1.497, el Banco Central compró USD 89 millones y se negociaron 439 millones de dólares.

El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini subrayó que “el volumen operado en futuros se contrajo a 978.295 contratos luego de los más de 1,47 millones de la jornada previa y el interés abierto se ensanchó en USD 113,5 millones luego de sumar 126,4 millones el miércoles. Los ajustes fueron negativos mientras que las implícitas se corrieron levemente al alza lo que, sumado a la compresión registrada en la curva pesos, tuvo como resultado un desplazamiento a la baja en la curva de sintéticos. En la rueda de soberanos dollar linked en BYMA (t+1) el volumen de operaciones sigue en retroceso habiéndose concretado operaciones por USD 61 millones (VN), el menor volumen desde el 15 de julio y la tercera caída consecutiva. Si bien es probable que se estén realizando intervenciones oficiales para sostener al tipo de cambio, no serían de gran magnitud”.

En la plaza financiera, el MEP aumentó 0,1% a $1.524, mientras el contado con liquidación (CCL) avanzó 0,2% a 1582 pesos. El “blue” cedió $10 a 1.550 pesos.

A la vez, la Bolsa local sigue defraudando a los inversores. El Merval de las acciones líderes aumentó 0,1% en pesos y bajó 0,5% en pesos por el aumento del CCL. Las subas más destacadas correspondieron a Transportadora Gas del Norte (+3,8%), Transportadora Gas del Sur (+2,2%) y VALO (1,6%) a favor de un balance positivo que exhibió un Resultado Integral Neto de $25.536 millones y en el semestre ganó $40.600 millones con firmes indicadores de rentabilidad, eficiencia y calidad de activos.

Anoche, en el mercado overnite, se observaba una leve resurrección de las Bolsas neoyorquinas, el oro estaba en alza y el petróleo Brent subía 0,25% a 93,40 dólares. El Bitcoin seguía en alza camino a los USD 75.000 por la ley que está instrumentando el gobierno de Estados Unidos. El dólar se debilitaba en 0,03 por ciento.

Por su parte, la Argentina necesita noticias políticas. Los bonos soberanos están afectados por razones que van más allá de la economía.

En un encendido discurso en el Council of the Americas, en el hotel Alvear, el presidente Javier Milei expuso los fundamentos y resultados de su política económica, articulando sus argumentos principales en torno a la inflación, el crecimiento económico, el consumo privado, el empleo y la gestión fiscal.

El mandatario enumeró variables económicas positivas que fueron desde la baja de la inflación y el control del déficit fiscal, logros que pocos le discuten, hasta otros más polémicos como la celebración de una mejora en el mercado de empleo o el debate entre un consumo privado récord por oposición a un consumo masivo en caída.

A propósito de la defensa que hizo el mandatario de su gestión, Infobae consultó a especialistas respecto a qué tan sólidas son las afirmaciones respecto de la marcha de la economía. Guido Zack, director de Economía de Fundar; Eduardo Setti, referente de la massista Fundación Encuentro; y Federico Machado, economista de la consultora LLZ evaluaron las declaraciones del jefe de Estado sobre los cinco ejes claves.

Inflación

En su discurso, Milei definió la lucha contra la inflación como la demanda más urgente de la población al momento de asumir la presidencia. “Cuando nosotros llegamos al poder, la demanda más urgente, más apremiante que tenía la población era la tasa de inflación. Y una de las cosas que dije es que iba a terminar con la inflación. Entonces, veamos cómo venimos”.

El presidente repasó la evolución de la inflación en los últimos mandatos: “Néstor Kirchner asumió con una tasa de inflación anual que era del 3,7%. Entregó su mandato con 8,5%. La inflación con la que asumió Cristina Fernández de Kirchner fue del 8,5% y entregó 26,9%. En el caso de Mauricio Macri, la recibió en 26,9% y la entregó en 53,8%. La inflación con la que asumió Alberto Fernández fue de 53,8%; entregó 211%. Nosotros la recibimos en 211,4% y está viajando al 31,5%. Es decir, bajamos 85% de la inflación”.

Guido Zack: “El único resultado que puede mostrar el Gobierno en términos macroeconómicos es la baja de la inflación, eso es indudable, aunque falte todavía para llegar al objetivo, es imposible no considerarlo es un logro que no han podido lograr los gobiernos anteriores. Puedo criticar que la bajaron anclando todo, el tipo de cambio, y los salarios en términos reales”.

Federico Machado: “Comparado con los anteriores gobiernos, prácticamente todos los últimos, definitivamente es un punto a favor de Milei. Aunque comparado con las propias metas de que la inflación iba a empezar con cero a mitad de 2026, está por debajo de sus objetivos. En la evaluación del costo-beneficio, se pueden discutir algunos factores. Pero no es discutible que es el Gobienro al que mejor le fue en este rubro”.

Crecimiento económico

El segundo eje del discurso de Milei giró en torno al crecimiento económico y la comparación con la evolución de la OCDE. “Después del rebote de la convertibilidad y de tener los mejores términos de intercambio, ¿qué pasó con Argentina? Del 2011 al 2015, con la señora en el poder, Argentina se expandió 1,5% en un contexto en que la OCDE lo hizo al 8%. Si toman eso en términos per cápita, significa que el PBI per cápita cayó”.

Sobre la gestión de Mauricio Macri, afirmó: “En el período 2015-2019, la economía argentina cayó 4% en un mundo donde la OCDE se expandió 9%”. Sobre los años recientes, Milei señaló: “Entre el 2019 y el 2023, la economía rebotó, tuvo una suba de 3,8%, con la OCDE en 5,4%”.

Respecto a la gestión actual, indicó: “Este período terminaría subiendo 8,3%. Y cuando comparamos con la OCDE, es la primera vez que vamos a estar por encima”. Y agregó: “Cuando tomamos el EMAE desestacionalizado en diciembre del 23 y miramos qué pasó en el 24, crecimos 6% a pesar de haber hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad: cinco en el Tesoro y diez en el Banco Central, puntos del PBI”. En cuanto al acumulado, subrayó: “En los dos primeros años acumulamos una expansión de más de diez puntos porcentuales”.

Zack: “En el agregado, hasta ahora, hay un crecimiento. Lo cierto es que la economía está totalmente partida en dos, no hay un crecimiento en dos velocidades porque eso implicaría que se crece distinto. Lo que hay es una economía partida en dos: una parte que crece fuerte y otra que cae directamente, lo cual es un problema porque son los principales generadores de empleo los que caen. Es claro que los procesos de crecimiento no suelen ser homogéneos, pero no tienen tampoco una diferencia tan marcada como en la Argentina. Consumo masivo, inversión, importaciones, recaudación, empleo, creación de empresas -todas las variables que crecen cuando crece el PIB- están cayendo”.

Setti: “Había cuestiones que estaban dadas de antemano, las proyecciones en energía y minería llegando a 2030 eran estas. Que haya dos o tres sectores que estén empujando la economía, y que caigan un montón de otros que son los más neurálgicos de la Argentina como el automotriz o la construcción, no deja mucho que festejar”.

Machado: “La economía va, realmente, a dos velocidades. Hay sectores que están creciendo fuertemente -energía, agro e intermediación financiera financiera- y otros que directamente caen. No es una economía a dos velocidades, sino que los que consiguen divisas crecen y los que generan empleos son los que están cayendo, generando un saldo deficitario en el mercado de trabajo”.

Consumo privado

Al referirse al consumo privado, Milei sostuvo: “El consumo privado está en máximos históricos, igual que el PBI, igual que las exportaciones”. El mandatario criticó los cuestionamientos basados en encuestas y defendió sus datos: “Operadores baratos, en algún momento, frente a la exposición de mi parte sobre nuestro dato sobre consumo privado —el cual está en máximos históricos— salieron a confrontar el dato en base a una encuesta hecha por enemigos y con mil casos. Y ponderaban más una encuestita berreta hecha por nuestros enemigos de mil casos”.

Zack: “La respuesta es claramente no: el consumo privado no está en récord. No está en máximos históricos, porque no está considerado en términos per cápita, máximos que deben haber sido alcanzados en torno a 2011-2012. El factor poblacional no lo está considerando. Pero por otro lado, no es lo mismo el componente consumo privado del PBI que del consumo masivo, que es de lo que se habla muchas veces cuando se habla de la caída del consumo. El consumo privado, que es un componente de cuentas nacionales, puede mostrar una suba en el turimso internaciona y una caída en la venta de fideos al mismo tiempo, o sea consumos de distinto poder adquisitivo que se mueven diferente y no te dan una información clara”.

Setti: “Si el consumo está en récord mirá la recaudación y mirá los impuestos que están ligados a la actividad económica y al consumo, como IVA y Ganancias, que caen mes a mes. Evidentemente la facturación de esos sectores están en baja, salvo que se haya disparado enormemente la economía en negro. No coincido para nada con eso”.

Machado: “El consumo masivo está cayendo. El concepto de consumo privado, muy asociado a cuentas nacionales, es un concepto distinto. Y crece, sí, pero no está en récords si se lo mide per cápita. E incluso ese crecimiento merece un análisis porque, por ejemplo, antes buena parte del gasto en tarifas estaba subdisidiado, con lo cual era parte del consumo público y, al bajar los subsidios, pasa a ser parte del consumo privado”.

Empleo

Durante otro tramo, Milei abordó la evolución del empleo formal e informal y el comportamiento del mercado laboral: “El sector privado formal está igual, pero solamente mirar esos dos sectores es deshonesto intelectualmente, porque el cincuenta por ciento del mercado es informal. Y el informal está ganando más de cuarenta por ciento. Y cuando sumamos todo, se crearon puestos de trabajo”.

Hizo hincapié en el nivel de desempleo: “El desempleo está en 7,8%. ¿De qué estamos hablando?”. Sobre la dinámica empresarial, señaló: “Desaparecen empresas de una sola persona. Y aparecen empresas que contratan de repente diez personas. Primero, es muy deshonesto solo mirar las que cierran. Hay que mirar las que cierran y las que abren”.

Zack: “El deterioro del mercado laboral es indudable, porque el desempleo ha aumentado levemente, aunque no se encuentra en un lugar grave. Lo que sí es grave es el aumento de la informalidad y la destrucción del empleo formal, que no causa desempleo porque las nuevas tecnologías les permiten a los que pierden un empleo trabajar de manera precaria. Es correcto que cierran empresas de 1 empleado, pero nosotros que seguimos en Fundar un monitor de empresas vemos que cierran empresas con distintas cantidades de empleados. Todos los tamaños de empresas reducen empleo, ya sea porque desaparecen o porque las que tienen más empleados se transforman en empresas de menor cantidad de empleados”.

Setti: “Levemente va subiendo la desocupación, ahí no hay un gran número, pero en lo que es empleo registrado hay una continua caída en la que los empleos formales van pasando a informales. Hasta cuando mirás el dato de empleo de minería, da para abajo, se ve una recuperación mínima de empleo en el agro, pero comercio, industria está todo para abajo. Cambiás empleo en blanco por empleo no registrado y de baja calidad”.

Machado: “Lo que se ve es una destrucción muy clara del empleo registrado, de mejor calidad, y un crecimiento fuerte del monotributo. No es un dato positivo lo que se está mostrando en materia de empleo, sino todo lo contrario”.

Déficit, deuda y ajuste fiscal

En materia fiscal, Milei enumeró los resultados de su política de ajuste: “Llegamos con un déficit consolidado de quince puntos del PBI. En un mes arreglamos el desequilibrio del Tesoro y en seis meses el del Banco Central. Es decir, hicimos un ajuste de quince puntos del PBI, le devolvimos a los argentinos quince puntos del PBI”.

La reducción de impuestos fue otro punto destacado: “Bajamos impuestos por tres, con lo cual le devolvimos a los argentinos USD 100.000 millones”. Sobre el riesgo país, destacó: “El riesgo país, de niveles de tres mil cuando nosotros llegamos, hoy está entre los cuatrocientos cincuenta y los quinientos puntos”.

Zack: “Se redujo efectivamente en 5 puntos del PIB, es incorrecto decir que son 15 puntos del PIB porque es incluir el déficir cuasifiscal -N. de la R.: el déficit cargado en el balance del BCRA- en esa cuenta, y en el balance de 2023 el BCRA tuvo superávit. Eso es incorrecto. Habla de déficit cuasifiscal por los intereses de las Leliq, pero era intereses negativos en términos reales. Es cierto que eliminó algunos impuestos, bajó otros y subió algunos otros. La presión tributaria bajó, de la mano de la caída del gasto. Pero fueron los impuestos que afectan a las clases más bajas como pueden ser IVA o Ingresos Brutos -que no es nacional pero se podría coordinar con provincias-, tampoco el Impuesto al Cheque. Fueron Bienes Personales e Impuestos Internos los que bajaron, un beneficio para los sectores de mayor poder adquisitivo. Las retenciones se redujeron, pero poco y sin contrapesos que permitan proveer servicios básicos como infraestructura, entre otros. Todo esto no es algo virtuoso”.

Machado: “Está midiendo los intereses de la deuda del BCRA en forma nominal para llegar a 15 puntos del producto, si un midiera los intereses del Tesoro de hoy en forma nominal el Tesoro tendría déficir. Es cierto que hizo un ajuste que es monumental, que es récord y que es impresionante que lo haya hecho, pero está exagerado. No discuto el superávit, pero si el tamaño de la reducción de la que habla”.

El gobierno de Estados Unidos dio ayer una señal de respaldo al mercado de deuda soberana al duplicar el tamaño de sus operaciones de recompra de bonos del Tesoro de largo plazo, en un intento por contener el fuerte repunte de las tasas que en las últimas jornadas llevó al rendimiento del bono a 30 años a máximos no vistos desde 2007.

La decisión generó alivio entre los inversores. Detuvo en seco la caída incipiente que venían mostrando los principales índices bursátiles de Wall Street. Además, logró disminuir las tasas de los bonos de 10 y 30 años, lo que a su vez impactó positivamente en los activos de mercados emergentes.

No fue el único efecto. Además, el techo implícito a las tasas derivados de la decisión de la Reserva Federal norteamericana generó una fuerte suba en activos alternativos al dólar. El oro subió 4% y volvió a los 4.500 dólares. Mientras que el Bitcoin trepó más de 6%, superando los USD 69.000, niveles que no tocaba desde principios de junio.

Sin embargo, las acciones y bonos locales quedaron totalmente al margen de esta reacción favorable de los activos de riesgo. Durante toda la jornada operaron en baja, prácticamente sin mostrar reacción.

Como resultado, el riesgo país subió medio escalón más luego de haber superado los 500 puntos básicos en la jornada del martes. Ayer siguió en alza para finalizar a 517 puntos y en la apertura del jueves llegó a subir 10 puntos más. Los bonos en dólares ya rinden un promedio de 10% anual, aunque los de mayor plazo son los más castigados.

La señal de los inversores por estos días parece ser bastante clara: estos rendimientos por ahora no compensan el riesgo de estar comprado cuando se acercan las elecciones presidenciales.

Si bien es cierto que para los comicios falta más de un año, la preocupación de los inversores pasa por la caída del apoyo al Gobierno en los últimos meses. Con 35% de aprobación, hoy Javier Milei está lejos de asegurar una reelección en 2027.

El escenario de mayor incertidumbre se hace notar especialmente en los bonos en dólares. Incluso los últimos bonos colocados por el Gobierno en el mercado local también sufrieron caídas, como el Bonar 28 y el 29.

Los bonos en pesos también sufrieron ventas, generando un aumento de las tasas especialmente en los duales, que devuelven el capital después de las elecciones. Los rendimientos en estos papeles llegan ahora a 10% anual por encima de la tasa TAMAR, plazo fijo mayorista.

Las acciones tampoco lograron remontar. Se mantuvieron las caídas en los ADR bancarios, que acumulan un rojo cercano que supera el 15% en dólares en lo que va de agosto. El índice Merval sufrió una disminución menor de solo 0,59 por ciento.

El panorama ofrece pocos motivos para el optimismo al menos en el corto plazo. En la medida que el consumo y los salarios no muestren una señal de repunte es muy difícil que la imagen del Gobierno muestre un rebote. Y eso solo puede generar mayor inquietud de inversores tanto locales como del exterior.

¿Qué anunció el titular de la secretaría del Tesoro de EEUU, Scott Bessent? La recompra de bonos pasará de USD 2.000 millones a USD 4.000 millones por operación entre el 9 de septiembre y el 4 de noviembre, estarán concentradas en títulos nominales con vencimientos de entre 10 y 30 años.

El objetivo declarado es mejorar la liquidez y reducir las presiones en el extremo largo de la curva, donde la oferta de deuda, las expectativas de inflación y las dudas sobre la demanda han generado una creciente prima de riesgo.

La reacción fue inmediata. El rendimiento del Treasury a 30 años, que había llegado a 5,284%, retrocedió hasta alrededor de 5,18%-5,21%, mientras el bono a 10 años descendió hacia el 4,64 por ciento. Las acciones también recibieron el anuncio con alivio: el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq avanzaron levemente durante la jornada.

Una nueva empresa textil solicitó su concurso preventivo, la herramienta judicial que suspende las ejecuciones de los acreedores y le permite a una compañía negociar su deuda mientras busca una salida a su crisis productiva.

Se trata de IGT33 S.A., la sociedad detrás de las marcas de indumentaria para hombres Rever Pass y Be Rebel, que recurrió a la Justicia con un pasivo de más de $7.000 millones (con el fisco y con bancos) y pérdidas que casi se multiplicaron en un año.

La compañía tiene más de cuatro décadas de presencia en el mercado argentino de indumentaria. Desde 2007 integra en su estructura las tareas de corte, confección, estampería y bordado, además de las áreas comerciales, administrativas y logísticas. Cuenta con más de 100 trabajadores, 13 locales en centros comerciales y una planta industrial propia ubicada en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre.

Según reveló la compañía en su presentación judicial, las ventas cayeron de $15.475 millones a $11.814 millones en moneda constante entre los ejercicios 2024 y 2025, una baja de casi 24%. La ganancia bruta se redujo de $8.962 millones a $5.678 millones, mientras que los gastos de comercialización y administración sumaron $8.567 millones. El resultado financiero aportó otros $1.200 millones negativos, y el ejercicio cerrado en noviembre de 2025 terminó con un rojo de $4.365 millones, frente a una pérdida de $515 millones en el período anterior.

Según consta en el expediente judicial, la empresa describe un proceso acumulado desde 2024 que combinó varios factores: la retracción del consumo interno de indumentaria, el avance de las importaciones a través de plataformas digitales internacionales —principalmente de origen oriental—, el aumento de los costos de producción y el encarecimiento del crédito, que llegó a niveles cercanos al 100% anual durante 2025. “Tuvimos que hacer un cambio de matriz, dejar de tener una matriz productiva para adaptarnos a una de producto importado. Cuando se abre la importación, empezamos la readaptación, porque Rever Pass no deja de ser una marca que compite con el mercado internacional”, explicó a Infobae Pablo Sonne, CEO de la compañía.

Uno de los argumentos centrales del escrito presentado ante la Justicia apunta a la asimetría competitiva con las plataformas de venta directa desde el exterior, como Shein y Temu. La empresa sostiene que esas plataformas pueden llegar al consumidor sin mantener una estructura física en el país, mientras que las marcas locales deben absorber gastos de locales, personal, cargas sociales, impuestos y logística. “Empezás a ver que hay una invasión de plataformas internacionales. Se vuelve desequilibrante. Cuando cambian las reglas de juego, tenés que competir contra quienes están más armados que vos hace años. Es una carrera muy desventajosa”, sostuvo Sonne.

En el sector hay una lectura crítica sobre cómo se gestionó la apertura del mercado a las plataformas extranjeras. La visión de muchas firmas es que el problema no es la transformación en sí —que asumen como inevitable— sino la falta de un programa que la acompañe. La comparación que se hace puertas adentro es con sectores como la minería, el agro o el petróleo, que recibieron planes específicos y reducción de retenciones. Para la industria textil y el comercio, según esa lectura, esa atención no llegó: se les pide reconvertirse sin reforma laboral vigente, sin reforma impositiva concretada y sin acceso a financiamiento.

Shoppings, e-commerce y una reconversión pendiente

El cambio en los hábitos de compra también presionó sobre el modelo de negocio. El avance del comercio electrónico fue erosionando la rentabilidad de los locales en shoppings, cuyos alquileres, expensas, fondos de publicidad y costos laborales asociados ya no podían cubrirse con las ventas generadas. Eso llevó a la empresa a cerrar puntos de venta en centros comerciales y en la Costa Atlántica, con el objetivo de concentrar la actividad en canales que considera más eficientes. En ese marco, la empresa se plantea pasar de una matriz predominantemente productiva a otra que combine producción local con importación de productos terminados, una estrategia que, según el escrito, permitiría reducir costos y competir en precio con las prendas importadas.

Para sostener la operación, la firma recurrió en los últimos tres años a créditos bancarios destinados a cubrir remuneraciones, indemnizaciones, renovación de locales e incorporación de nuevas líneas de productos. Los propios accionistas y socios fundadores realizaron aportes mediante préstamos extraordinarios, según consta en el expediente. “Te encontrás con ese escenario y con baja de ventas. Vas teniendo un déficit, necesidades financieras. Las tasas empezaron a irse por las nubes. El concurso es una herramienta en donde tratás de llegar a un entendimiento con tus acreedores”, describió el ejecutivo, quien admitió, por otro lado, que todo este plan tiene como objetivo continuar con la marca en el mercado.

El pasivo tiene como principal componente la deuda bancaria, que alcanza unos $3.276 millones. El Banco de la Nación Argentina concentra alrededor de $2.264 millones y el Banco Provincia aparece con unos $866 millones. A eso se suman $975 millones de deuda fiscal, $1.725 millones de obligaciones previsionales y compromisos laborales, sindicales y con proveedores. Al 31 de mayo, la empresa registraba unos $262 millones en cheques diferidos a proveedores, mientras que en el mercado ya figuraban 65 cheques rechazados por algo más de $300 millones. Esos incumplimientos derivaron en embargos sobre las cuentas de la sociedad, que amenazaban con paralizar la operación. “Si bien el escenario sigue siendo muy competitivo, estamos siendo muy optimistas con la colección de verano. Fuimos optimizando proveedores y la propuesta será muy buena, con precios muy competitivos”, cerró Sonne.

El presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, presentó un proyecto de ley que busca limitar el endeudamiento de los empleados públicos bonaerenses mediante descuentos sobre el salario, en un escenario de morosidad récord y fuerte presión gremial.

La iniciativa, presentada por el legislador peronista, se convirtió en eje de la discusión interna del oficialismo, ya que llega luego del lanzamiento del programa “Ponete al Día”, lanzado por el Banco Provincia. La iniciativa de la banca pública se da también tras la advertencia de los gremios estatales y municipios del conurbano sobre el impacto del sobreendeudamiento familiar.

La normativa impulsada por Berni establece que las obligaciones voluntarias no podrán superar el 30% de la remuneración neta protegida, garantizando que cada trabajador conserve al menos el 70% de su haber o el equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil. La medida abarca a la administración pública central y descentralizada, organismos autárquicos y entidades cuyos haberes se liquiden a través del sistema de códigos de descuento de la provincia. El Ejecutivo podrá incorporar de manera progresiva otros regímenes de liquidación.

La presentación del proyecto de Berni no escapa a la discusión interna del peronismo bonaerense. Los canales de diálogo entre el Ejecutivo y la conducción de los bloques legislativos son escasos. Los niveles de morosidad familiar son una agenda que se impuso a la realidad, al punto de que los gremios exigieron respuestas urgentes ante el avance de la deuda familiar. Por primera vez, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, participó del encuentro con los sindicatos y anunció el lanzamiento de un programa especial de desendeudamiento, “Ponete al Día”, que ya alcanzó a 84.000 clientes con planes de refinanciación por un total de $344.800 millones, según datos oficiales.

La crisis de morosidad atraviesa a todos los sectores sociales. En mayo de 2026, 1,84 millones de bonaerenses estaban en mora, según el Mapa de la deuda elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad y la Fundación Ebert, con una deuda total impaga de $6,49 billones. El promedio provincial de morosidad es del 20,17%, pero la situación es aún más crítica en el conurbano: José C. Paz lidera el ranking de los municipios más afectados, con una tasa de morosidad de 32,86%, seguido por Presidente Perón (32,73%) y Florencio Varela (32,48%). En José C. Paz, la deuda impaga asciende a $132.955,92 millones y afecta a 45.682 personas. Los más jóvenes presentan los peores indicadores: la tasa de mora llega al 46,17% en el grupo de hasta 25 años.

El fenómeno, lejos de ser homogéneo, muestra diferencias por edad y género, pero atraviesa todos los municipios del primer y segundo cordón del conurbano, muchos con tasas por encima del 30%. La situación no distingue canales: en fintech, cadenas comerciales y tarjetas de consumo, la morosidad supera el 30%.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, expuso en su última conferencia de prensa que la mora bancaria de las familias se quintuplicó en menos de dos años, pasando del 2,5% al 12,8%. La crisis, sostuvo, no es consecuencia de la irresponsabilidad individual, sino de las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional de Javier Milei.

La respuesta del Gobierno de Javier Milei

El presidente Javier Milei relativizó la crisis de endeudamiento familiar y defendió la no intervención del Estado. “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás, y eso me parece que no está bien”, afirmó en entrevistas recientes con LN+ y Radio Mitre. Además, sostuvo: “Es una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados”. Para Milei, trasladar la responsabilidad al Estado “no está bien” y “es una distorsión del mercado”.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó este enfoque: “Es un tema entre privados”. El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo: “Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen mora y que con eso paguen”.

En respuesta, Bianco subrayó que el discurso nacional “niega el problema y responsabiliza a la gente que no llega a fin de mes y se debe endeudar para comprar alimentos”. El funcionario remarcó que el principal detonante de la crisis es la caída real de los ingresos y el aumento del peso de los servicios públicos sobre el salario formal, que pasó del 6% al 15% en pocos meses. “El responsable del endeudamiento de las familias es Milei, que pisó los ingresos, aumentó las tarifas y subió el costo crediticio”, afirmó Bianco.

La ley que el kirchnerismo buscará llevar a debate en el Senado bonaerense incorpora mecanismos de alerta temprana al alcanzar el 20% de afectación salarial y bloqueos automáticos al llegar al tope legal. Prohíbe cualquier intento de eludir los límites y obliga a las entidades financieras, mutuales y cooperativas a informar de manera clara y completa el costo total del financiamiento, además de prohibir el traslado de cargos administrativos a los empleados públicos. El sistema se financiará con una tasa mensual sobre la masa de descuentos, de la cual el 75% nutrirá un fondo especial de protección del ingreso y reordenamiento financiero.

La autoridad de aplicación podrá sancionar con multas, suspensión o baja del registro a las entidades que incumplan los límites o dificulten la cancelación de deudas. Además, el régimen prevé la publicación anual de informes con estadísticas sobre el alcance del sistema, el porcentaje de ingresos afectados, la cantidad de refinanciaciones y las sanciones aplicadas.

Sin embargo, el Banco Provincia, lanzó en julio de este año el programa Ponete al Día. Allí, la banca que conduce el gobierno de Kicillof promueve un plan integral destinado a la refinanciación de deudas para clientes en mora al 31 de mayo de 2026. El programa contempla una reducción significativa de tasas de interés, ampliación de plazos hasta 72 meses y condiciones segmentadas según el perfil del cliente. Entre las medidas, quienes presentan mora temprana (hasta 90 días de atraso) pueden acceder a una tasa del 50% anual si cobran haberes en el banco, y al 39% si perciben ingresos de hasta cuatro salarios mínimos. Para casos de mora avanzada (más de 90 días), la tasa desciende al 31% anual para personas sobreendeudadas, con cuotas mensuales más accesibles.

El plan incluye una opción especial para refinanciar consumos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad, con una tasa del 41% en hasta 60 cuotas y la posibilidad de mantener operativa la tarjeta por el saldo disponible tras la operación. Además se flexibilizó las condiciones para excombatientes de Malvinas y trabajadoras de casas particulares, quienes podrán acceder a tasas preferenciales y plazos extendido.

El reciente anuncio de la entrega de 60 nuevos autobuses procedentes de la República Popular China que forman parte de un lote total de 2,200 unidades adquiridas por Managua ha sido presentado en los medios oficiales como un avance clave para la modernización del transporte público.

Sin embargo, más allá del discurso gubernamental pronunciado por Rosario Murillo, analistas independientes, cooperativas de transporte y usuarios han encendido las alarmas sobre el verdadero costo financiero, operativo y social que esta transacción representa para el país centroamericano.

Detrás de las entregas públicas y el uso de los vehículos para propaganda oficial, se esconde una red de problemas estructurales que van desde la falta de transparencia en los contratos hasta fallas técnicas de diseño incompatibles con la economía popular nicaragüense.

Opacidad financiera y endeudamiento forzoso para los transportistas

Uno de los aspectos más cuestionados de esta operación comercial entre la empresa Yutong y el régimen de Daniel Ortega es el hermetismo con el que se ha manejado la transacción. Hasta la fecha, las autoridades no han divulgado los detalles sobre el costo unitario real de los vehículos, los términos de los créditos firmados con las entidades chinas, ni el esquema bajo el cual se transfieren los autobuses a los sectores del transporte.

A pesar de que el discurso oficial insinúa un gesto de beneficio social, la realidad para las cooperativas locales es muy distinta. Diversos socios de líneas históricas han denunciado que las unidades no son donaciones, sino adquisiciones impuestas. Para recibir la nueva flota, los transportistas son obligados a entregar sus autobuses anteriores muchos de ellos en aceptable estado de funcionamiento bajo la figura legal de “donación”.

En su lugar, el régimen de Daniel Ortega les impone deudas individuales que oscilan entre los $120,000 y $213,000 dólares por cada vehículo chino. Esto se traduce en cuotas de pago obligatorias de aproximadamente $400 dólares mensuales por unidad. Como resultado, las cooperativas quedan sujetas a un modelo de dependencia crediticia con firmas chinas y bajo un estricto control administrativo por parte del régimen.

Incompatibilidad técnica y choque con la realidad de los comerciantes

Las fallas en la planificación técnica del proyecto también han generado severos contratiempos en el servicio diario. Las primeras flotas del fabricante Yutong puestas en circulación carecían por completo de canasteras y maleteros de gran capacidad. Esta característica generó un inmediato conflicto con los comerciantes y mayoristas que viajan a diario desde los departamentos hacia los grandes centros de abastecimiento, como el Mercado Oriental en Managua.

Ante la falta de espacios adecuados para transportar sacos de granos, cajas y mercadería voluminosa, los pasillos interiores de los autobuses terminaban bloqueados.

La desesperación de los transportistas por acomodar la carga sobre las filas de asientos llevó a la intervención del Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma), organismo que aplicó suspensiones y sanciones a conductores por sobrecarga.

Aunque el lote más reciente de 60 unidades ha intentado solucionar esta deficiencia mediante la adición de canasteras externas, el problema dejó al descubierto la falta de consulta previa con la población usuaria.

Finalmente, usuarios frecuentes coinciden en que la llegada de los autobuses no ha resuelto los problemas históricos del servicio: las frecuencias inestables de las rutas, el hacinamiento extremo durante las horas pico y la inseguridad dentro de las unidades persisten a pesar de la inversión estatal.

En paralelo, el congelamiento de la tarifa del pasaje urbano requiere una asignación masiva de subsidios que roza los 33 millones de dólares anuales en el presupuesto público, manteniendo bajo constante presión financiera a toda la estructura del transporte nacional.

El sobreendeudamiento y sus problemas derivados se convirtieron en uno de los temas presentes para las familias en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según un informe reciente realizado por la consultora Eunomia, sobre un universo de 5.400.192 deudores únicos relevados en los 40 municipios analizados, 1.467.470 presentan situación irregular, es decir, atrasos superiores a 90 días según la clasificación del BCRA.

Al indagar entre las causas posibles, el trabajo destacó que entre enero de 2025 y marzo de 2026, el salario privado registrado subió 35,2% mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires (GBA) acumuló 40,8%. Esa diferencia de casi cinco puntos se amplió en los rubros que los hogares no pueden diferir: alimentos treparon 45,1%, transporte público 49,7%, vivienda y servicios 50,4%, y alquiler 70,9%. Frente al costo de la vivienda, el salario formal promedio perdió más de 20 puntos de capacidad de compra en poco más de un año.

Sobre ese terreno de presión presupuestaria, una porción creciente de familias recurrió al crédito para cubrir gastos corrientes. En el primer semestre de 2025, el 51% de quienes ya tenían financiamiento aumentó su saldo en términos reales; alrededor de uno de cada cinco más que duplicó su nivel de deuda en apenas seis meses. El saldo promedio por deudor en préstamos personales creció 22% real en ese período, y las operaciones en cuotas avanzaron entre cinco y siete puntos porcentuales más que las realizadas en un solo pago.

El resultado, a junio de 2026, es una mora que afecta a 27,2% de los deudores en los 40 partidos bonaerenses que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Así lo establece el estudio titulado “Del ingreso al atraso: cómo se construyó el sobreendeudamiento y dónde golpea en el AMBA”, elaborado Eunomia a partir del cruce de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Secretaría de Trabajo y el relevamiento territorial de Mapa de la Deuda, del Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) con apoyo de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

La distribución territorial de la morosidad es pronunciadamente desigual. Presidente Perón encabeza el listado con 37,04% de sus deudores en mora, seguido por Florencio Varela (36,06%) y José C. Paz (35,42%). San Vicente (34,31%), Malvinas Argentinas (33,07%), Moreno (33,06%), Ezeiza (32,46%), Marcos Paz (31,96%), Merlo (31,78%) y Ensenada (31,11%) completan los diez municipios con mayor incidencia. En todos ellos, más de tres de cada diez personas con deuda registrada acumula atrasos. En el extremo opuesto, Vicente López registra la proporción más baja (13,02%), seguido por San Isidro (15,46%) y Morón (17,80%).

El informe advierte que la lectura territorial no mide qué porcentaje de la población total está endeudado, sino cuántos de quienes ya figuran con deuda registrada presentan mora. Tampoco permite inferir niveles de multideuda o tasas efectivas a escala municipal, ya que esos datos no están disponibles por partido.

La acumulación de obligaciones sobre personas que ya estaban financiadas es uno de los rasgos más nítidos del ciclo descripto. A diciembre de 2025, 6,7 millones de personas combinaban crédito de entidades financieras y proveedores no financieros de crédito (PNFC), el mayor nivel de la serie del BCRA. En el segmento fintech, de los dos millones de nuevos deudores incorporados durante 2025, 1,6 millones —el 80%— ya mantenían otra deuda activa. El crédito digital no amplió mayoritariamente la base de personas sin financiamiento previo: sumó una fuente adicional sobre quienes ya cargaban compromisos anteriores.

El shock de tasas de septiembre de 2025 —cuando la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio de préstamos personales de PNFC saltó a 152,2% y se mantuvo cerca de 153% hasta noviembre— aparece en el análisis como un factor que encareció la refinanciación, no como el origen del deterioro. Entre enero y agosto de ese año, con tasas prácticamente estables en torno a 130%-134%, la irregularidad ya había escalado de 12,1% a 21,4%.

“El crédito dejó de ser solo una herramienta de consumo y pasó a ser, para una porción creciente de familias, el mecanismo para llegar a fin de mes. Cuando eso ocurre en simultáneo con un salto de tasas, el resultado es la foto de atraso que estamos viendo hoy en el AMBA”, señaló Juan Vallejos, director de Eunomia.

La fase final del ciclo combina desaceleración del crédito con mora en ascenso. Entre agosto de 2025 y febrero de 2026, la cartera real de PNFC apenas avanzó alrededor de 2%, mientras la irregularidad total saltó de 17,2% a 26,9%, un aumento de 9,7 puntos en ese tramo. En el mismo período, la deuda promedio por cliente cayó 3% real. Esa combinación —menor financiamiento disponible, saldo por persona en descenso y mora en alza— describe, según el informe, una fase en la que el problema central ya no es acceder a nuevo crédito sino sostener las obligaciones acumuladas.

La Reserva Federal de Nueva York informó que en el segundo trimestre de 2026 mejoró la morosidad agregada de los hogares, aunque los nuevas moras en préstamos para autos y tarjetas de crédito siguieron altos o subieron levemente.

Según Fox Business, 4,7% de la deuda pendiente estuvo en alguna etapa de mora. Los ingresos en mora grave (atrasos de 90 días o más) se mantuvieron relativamente estables en el último año, aunque con una ligera suba en varios productos.

Las tarjetas de crédito registraron el mayor atraso, con deudas superiores a 30 días en torno al 9% de los saldos, frente al 8% en préstamos para autos y 4% en hipotecas.

Joelle Scally, asesora de política económica del banco, dijo a Fox Business: “las tasas de morosidad en la mayoría de los productos se han mantenido estables durante los últimos dos años”.

Añadió: “Aun así, las nuevas moras en préstamos para autos y tarjetas de crédito siguen en niveles elevados, una tendencia que seguiremos monitoreando”.

Las moras graves subieron en tarjetas, autos e hipotecas

En la comparación interanual, la proporción de deuda de tarjetas que ingresó en mora grave aumentó de 6,93% a 6,97% entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026. En los préstamos para autos, ese indicador pasó de 2,93% a 3%.

Las hipotecas también mostraron un alza. La porción que ingresó en mora grave avanzó de 1,29% a 1,52% en ese mismo lapso, de acuerdo con la Reserva Federal de Nueva York.

El informe distinguió entre los flujos de nueva morosidad y el volumen acumulado de deudas viejas ya castigadas. En tarjetas, si se excluyen las deudas ya dadas de baja contablemente, las nuevas moras se ubicaron cerca del 3% de los saldos desde 2024 y la medición más reciente fue de 2,95%.

La publicación señaló además que la deuda de tarjetas que alcanzó los 90 días de atraso representó 6,97% del saldo en el trimestre relevado. Dentro de ese universo, la porción con atrasos superiores a 90 días fue de 2,3%.

En el caso de los préstamos para autos, el movimiento interanual también fue al alza, aunque de magnitud acotada.

El dato acompañó la idea central del reporte: la presión no se concentró solo en el volumen total de deuda en mora, sino en la entrada de nuevos atrasos y en la persistencia de niveles altos en los segmentos más sensibles del consumo.

El impacto de las deudas antiguas y el caso de los préstamos estudiantiles

Los préstamos estudiantiles aparecieron como una excepción dentro del panorama general. El banco indicó que la reanudación del registro de deuda estudiantil en incumplimiento introdujo distorsiones luego del fin de la pausa aplicada durante la pandemia sobre los impagos.

En su análisis, la entidad sostuvo que entre el tercer trimestre de 2022 y el primero de 2026 el porcentaje de saldos de tarjetas con más de 90 días de mora subió de 7,6% a 12,8%.

Ese dato de stock, explicó el banco, incluyó deudas castigadas, por lo que no reflejó de la misma manera la evolución de los nuevos incumplimientos.

Economistas de la Reserva Federal de Nueva York explicaron que “la tasa de morosidad acumulada está aumentando por un conjunto de deudas antiguas ya dadas de baja que los prestamistas han estado reportando durante períodos más largos, más que por un deterioro fundamental en la incidencia de la morosidad”.

El reporte buscó separar lo que ocurre en el flujo de nuevos atrasos de la foto del stock total.

Esa diferencia resultó clave para leer el cuadro general: mientras la morosidad agregada mostró una mejora, los atrasos recientes en tarjetas y autos se mantuvieron en una zona de alerta para los analistas del banco y para el mercado, por su vínculo directo con el consumo de los hogares.

COC Global reclamó al fondo de inversión estadounidense Cartesian Capital Group -accionista y parte del directorio de Flybondi- que tome las medidas necesarias para reconducir el proceso de normalización de la aerolínea de bajo costo que atraviesa una crisis financiera y operativa agravada por embargos sobre sus cuentas bancarias.

La intimación, que según un comunicado de COC al que accedió Infobae “derivará en acciones legales en tribunales locales e internacionales”, llega semanas después de silencio del accionista ante los reiterados intentos de comunicación del grupo inversor que ingresó en la compañía en mayo del año pasado.

El detonante inmediato de la escalada, según reveló COC en el escrito, fue la decisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de trabar embargos sobre las cuentas de Flybondi, “lo que impide a la compañía realizar cualquier pago o transferencia bancaria”. Esa medida dejó a la aerolínea sin margen de maniobra para efectuar compromisos con sus trabajadores y sostener la operación.

Según el comunicado difundido por COC Global este martes, los representantes de Cartesian no respondieron ninguno de los contactos realizados desde que el 15 de julio pasado se hizo pública la existencia de pasivos ocultos, desvíos de fondos y decisiones fuera de toda lógica comercial en la gestión anterior de la aerolínea. “Como resultado de la ausencia del accionista, la compañía se ve impedida de tomar las decisiones necesarias para normalizar su situación financiera y operativa”, señala el texto.

La crisis tiene antecedentes que se remontan al ingreso de COC Global a la empresa. En ese momento, la aerolínea acumulaba cancelaciones y retrasos que la ubicaban como la línea de peor desempeño del mercado local, con un índice de impuntualidad de 2,04 entre enero y marzo de 2025, según datos de la consultora Adventus, más del triple del registrado por la segunda compañía en ese ranking.

Desde su ingreso, COC extendió más de USD 70 millones a la compañía y apoyó la reestructuración de parte de sus pasivos. “Previo al involucramiento de COC Global, Flybondi se encontraba en una situación financiera y operativa critica”, señaló el comunicado que resaltó que Cartesian, en cambio, no realizó aportes ni extensión de fondos durante ese período, según indica el comunicado.

La situación se agudizó en julio pasado, cuando una investigación interna reveló las irregularidades atribuidas al equipo directivo anterior, encabezado por el ex CEO Mauricio Sana, actualmente fuera de sus funciones. En ese marco, Flybondi reinició operaciones el 14 de julio con dos aeronaves.

“Los directivos que condujeron la aerolínea hasta mayo de este año eran los mismos que la manejaban antes del ingreso de COC Global”, aclaró este último grupo en el comunicado. El holding sostiene que esa gestión fue la que derivó en las maniobras que llevaron a Flybondi a su situación actual, y que los abogados de la empresa trabajan en la presentación de pruebas ante la Justicia para iniciar acciones legales contra los responsables.

COC Global instó a Cartesian Capital Group a “tomar las decisiones requeridas para reconducir el proceso de normalización” e indicó que iniciará acciones legales en tribunales locales y extranjeros para forzar esa regularización. El fondo también expresó su acompañamiento a trabajadores, extrabajadores y pasajeros afectados por la crisis de la aerolínea.

“Comprendemos el malestar de trabajadores y extrabajadores y los acompañamos en este difícil momento. También las dificultades que enfrentan los pasajeros de Flybondi”, agregó el comunicado.

COC Global Enterprise es un fondo de inversión privado estadounidense con presencia en 20 países, una flota de más de 11.500 vehículos y más de 20.000 empleados, con experiencia en los sectores de tecnología y aviación en Estados Unidos y América Latina.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores, y la CTA Autónoma marcharán este jueves 20 de agosto al Palacio de Hacienda para reclamar soluciones ante el sobreendeudamiento de millones de familias argentinas, en lo que constituye un nuevo mojón conjunto entre las organizaciones sociales y sindicales frente al gobierno de Javier Milei.

La concentración partirá a las 14:00 desde dos puntos centrales: Paseo Colón y Estados Unidos y la intersección entre las avenidas Independencia y Paseo Colón y la Avenida Independencia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino al Ministerio de Economía, en Hipólito Yrigoyen 250. El reclamo apunta a visibilizar la situación de más de 5,5 millones de familias con créditos impagos o atrasos graves, que en su mayoría contrajeron deudas para cubrir alimentos, medicamentos y servicios básicos.

En el comunicado que convoca a “una masiva movilización”, la UTEP, cuyo secretario general es Alejandro Gramajo, describen: “La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar. La falta de crédito formal empuja a miles de familias a las garras de los usureros para cubrir necesidades básicas como lo es la comida. Por eso movilizamos el próximo 20 de agosto en unidad de lucha al Ministerio de Economía junto con la @cgtok @cta_autonoma @cta”.

El telón de fondo de la protesta es una crisis de morosidad sin precedentes en la historia reciente del país. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento en préstamos a hogares trepó al 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024. En términos absolutos, 5,8 millones de argentinos acumulan atrasos superiores a 90 días, lo que representa un aumento del 132% desde febrero de 2024. La situación es aún más grave en el sector de las fintech y billeteras virtuales, donde la morosidad alcanza al 33% de los deudores, según un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) precisó que la mora bancaria pasó del 2,5% al 12,1% entre noviembre de 2024 y abril de 2026, mientras que en los monederos electrónicos saltó del 7,3% al 29,6% en el mismo período. “Cuando le preguntÁs a una persona que debe, no tiene un problema, tiene cinco: les debe a tres bancos y a dos monederos electrónicos. Y las altas tasas agravaron un problema cuyo origen es la falta de ingreso”, señaló Hernán Letcher, director del CEPA, en declaraciones al medio español elDiario.es. Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense indicó que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año y que, dentro de ese grupo, el 73,5% aún mantiene deudas activas.

Un sondeo de la consultora Management & Fit anticipado por Infobae reveló que más del 50% de las familias argentinas atraviesa dificultades de ingresos que, en más de la mitad de los casos, les impide llegar a fin de mes. El 71,9% de esos hogares recurre a alguna forma de endeudamiento, tanto en el sector financiero formal como en el informal. Incluso, desde la Fundación Pensar —el think tank del PRO, aliado del gobierno— se reconoció que las familias no se endeudan para financiar bienes durables o inversiones, sino para cubrir gastos cotidianos de supervivencia.

La frase que encendió la controversia

La movilización tiene un blanco político concreto: la posición del Gobierno nacional, que descartó toda intervención estatal en la crisis. El presidente Milei fue el primero en marcar el tono. El domingo 2 de agosto, durante una entrevista con el periodista Luis Majul en LN+, el mandatario rechazó cualquier asistencia pública a los deudores con una pregunta que se volvió el eje del debate: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás, y eso me parece que no está bien”.

Al día siguiente, en diálogo con Radio Mitre, Milei ratificó esa postura y definió la situación como “una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados”. El ministro de Economía, Luis Caputo, siguió la misma línea días después, durante una conferencia en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde descartó medidas extraordinarias y afirmó que se trata de “un tema entre privados”. El vocero presidencial, Adrián Ravier, cerró el ciclo de declaraciones oficiales el 11 de agosto con un mensaje dirigido a los deudores: “Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen mora y que con eso paguen”.

Frente a esas declaraciones, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió a contraatacar el 8 de agosto con un informe titulado “La culpa es de Milei”, en el que su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, expuso que la mora bancaria de las familias se quintuplicó en menos de dos años. “La gente que se está endeudando es porque los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas”, afirmó Kicillof, y rechazó la tesis de la responsabilidad individual al señalar que el fenómeno se extiende en todas las provincias, todas las edades y ambos géneros.

Proyectos legislativos en el Congreso

La crisis también llegó al Congreso de la Nación, donde distintos bloques de la oposición presentaron cerca de una treintena de iniciativas legislativas. Una de las propuestas más concretas, impulsada por los diputados Diego Giuliano y Caren Teep, plantea crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas a través de una línea de crédito de la ANSES, destinada a trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y monotributistas de las categorías más bajas. El proyecto fija créditos de hasta 1,5 millones de pesos, con un costo financiero total limitado a la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales, y establece que la cuota mensual no podrá superar el 30% del ingreso neto del beneficiario.

Otra iniciativa, con respaldo de legisladores de distintos partidos, contempla una condonación mínima del 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados, planes de pago extendidos de hasta 60 meses y una tasa preferencial para quienes estén en situación de mora. Algunos proyectos van más lejos y proponen la creación de un Registro Nacional de Personas y Hogares Endeudados por Gastos Esenciales (RENAPHEGE), que permitiría identificar y asistir de forma diferenciada a quienes contrajeron deudas para cubrir alimentación, vivienda, salud, educación y servicios básicos. En el Senado, otra propuesta busca quitas de intereses y planes de pago de hasta 60 meses para familias en mora.

En paralelo a las iniciativas parlamentarias, la Fundación Alameda y más de 40 organizaciones de todo el país lanzaron una campaña de recolección de firmas para exigir que el Congreso trate una Ley de Emergencia Nacional por Deudas Esenciales. “¿Por qué esa misma decisión política no puede ponerse al servicio de quienes se endeudaron para comer, pagar el alquiler, comprar medicamentos o evitar que les corten la luz, el gas o el agua?”, planteó Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda y ex legislador porteño.

La UTEP amplía su frente de acción

Para los movimientos sociales y las asociaciones gremiales la marcha del 20 de agosto no es un hecho aislado, sino el eslabón más reciente de un plan de lucha que busca articular a la central obrera con sectores populares para protestar contra las políticas del gobierno libertario. “El 71,9% de esos hogares recurre a alguna forma de endeudamiento, tanto en el sector financiero formal como en el informal.”

Después de la acción del jueves, la UTEP continuarán su plan de movilizaciones con una concentración cuando delibere el Consejo del Salario Mínimo —aún sin fecha confirmada—, una participación en la Semana Social de la Iglesia, una movilización por el Día de la Industria el 2 de septiembre y acciones de acompañamiento a la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre próximo, ocasión en la que UTEP y la CGT convocarán a sumarse a la misa que se oficiará en Luján y buscará una audiencia privada con el sucesor de Jorge Bergoglio, el impulso de la lucha por “las tres T”, tierra, techo y trabajo.

Una de las preocupaciones del equipo económico a lo largo del año fue estirar los vencimientos de la deuda en pesos. El objetivo es claro: evitar las típicas complicaciones previas a las elecciones, despejando todo lo posible la necesidad de refinanciar deuda los meses previos a los comicios.

Un informe de Delphos Investment destacó que “la proporción de vencimientos posteriores a las elecciones pasó del 18% al 45%. En las últimas diez licitaciones adjudicó en promedio el 40% del valor efectivo en dicho segmento”.

Solo en la última licitación, la del miércoles pasado, el Gobierno optó por sacar el pie del acelerador. El Tesoro renovó la totalidad de los vencimientos en moneda local de la semana, pero colocó títulos de corto plazo. Toda la deuda emitida vence antes de las elecciones presidenciales, en distintos plazos.

El “fantasma” que quiere ahuyentar el ministro de Economía, Luis Caputo, es el reperfilamiento de la deuda en pesos definido por el gobierno de Mauricio Macri en 2019, luego de las PASO de ese año.

El temor de los inversores luego de la victoria kirchnerista llevó a muchos a dolarizarse a toda costa. Como consecuencia, nadie estuvo dispuesto a refinanciar sus tenencias en pesos, lo que llevó en aquel momento a avanzar en una refinanciación compulsiva. El ex ministro de Economía de aquella gestión, Hernán Lacunza, defendió hace pocos días aquella decisión porque lo contrario hubiera sido avanzar hacia una enorme emisión de pesos con el impacto inflacionario que eso implicaba.

Para curarse en salud, los esfuerzos estuvieron puestos en estirar todo lo posible los vencimientos en moneda local hasta después de las elecciones presidenciales. Claro que los costos que debe pagar el Tesoro son más altos y también se ofrecen productos con un atractivo especial para lograr la suscripción a plazos más largos.

La “estrella” del momento son los bonos duales, que ofrecen dos alternativas de retorno y al momento del vencimiento. En una primera etapa se ofrecieron como ajuste el CER (o sea el índice de inflación minorista) o la tasa de interés para grandes depositantes TAMAR.

Ya en las últimas licitaciones apareció otra opción, que es la alternativa del ajuste por dólar oficial. Esta opción proporcionó a muchos inversores la posibilidad de cubrirse ante un salto cambiario post elecciones 2027.

“Al priorizar la extensión de plazos, el Tesoro presionó el tramo largo de las curvas en pesos, particularmente la de los duales. Las estimaciones de duration de las carteras de renta fija de los FCI evidencian una extensión sostenida desde el inicio de esa estrategia”, agregaron desde Delphos.

Sin embargo, esta extensión encuentra un límite natural y la demanda por duales comienza a mostrar signos de agotamiento. La consecuencia fue una caída de los precios de estos bonos en pesos y un aumento de los rendimientos hasta 11% por sobre la tasa TAMAR.

Según JP Morgan, el aumento de las tasas en pesos de las últimas semanas brinda oportunidad de compra. Especialmente el banco puso el foco en los Boncap que vencen en mayo 2027, que presentan un potencial de apreciación cercano al 10 por ciento.

Para no seguir tensionando los plazos largos, se optó por colocar deuda que no supere las elecciones, con lo cual se detuvo el proceso de estiramiento de plazos. La gran incógnita es si esto será solo un efecto temporario o hacia adelante se seguirá complicando.

Todo dependerá de cómo siga la demanda de pesos, pero los últimos indicios son preocupantes. De hecho, los bonos en dólares vienen cayendo fuerte a lo largo de agosto. El riesgo país subió ayer más de 3% y terminó en 489 puntos. Así se aleja de los 400 puntos que llegó a rozar a fines de julio, lo que complica al Gobierno la posibilidad de colocar un bono en el mercado internacional.

En un contexto de altos niveles de morosidad en la Argentina, el Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un programa para fomentar la refinanciación de las deudas de los porteños, iniciativa a la que ya se sumaron nueve entidades bancarias.

Se trata del Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, que cuenta con sustento en la Ley N° 6.959 aprobada por la Legislatura porteña en junio pasado. La regulación permite a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) refinanciar deudas en mora a una tasa fija que no puede superar el 35% de Tasa Nominal Anual (TNA) y con un plazo mínimo de devolución de 24 meses.

Las entidades adheridas son Banco Ciudad, Banco Macro, Banco Santander, ICBC, Banco Supervielle, Banco Credicoop, Banco Comafi, BBVA, Banco Galicia y Banco Piano. Según detalló la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), el trámite se inicia directamente en cualquiera de estas instituciones; no interviene el organismo fiscal porteño.

El programa no implica una condonación ni una quita. Se trata de un crédito nuevo, con condiciones fijadas por ley, destinado de forma exclusiva a cancelar o refinanciar pasivos preexistentes originados en tarjetas de crédito y préstamos personales otorgados por entidades reguladas por el Banco Central (BCRA).

Quedan fuera las deudas con billeteras virtuales o financieras no bancarias, precisamente los segmentos donde la morosidad trepó al 33% en junio de 2026, según datos de la Central de Deudores (Cendeu) del BCRA procesados por la consultora 1816. Este número fue casi el triple del 7,6% registrado por los bancos en el mismo período.

“El programa permitirá que las familias porteñas refinancien sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día”, afirmó Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, al presentar la iniciativa. Macri añadió que la propuesta fue elaborada en conjunto entre el Poder Ejecutivo porteño y la Legislatura “para convertirla en una ley financieramente viable”.

Quiénes pueden acceder

Para ingresar al programa, los solicitantes deben reunir en forma simultánea cinco condiciones.

1. Registrar deudas originadas exclusivamente en tarjetas de crédito o préstamos personales otorgados por entidades financieras reguladas.
2. Estar calificado en la Cendeu (Central de Deudores) en situación 2 o 3 —atrasos de entre 60 y 180 días— al 1° de junio de 2026.
3. Tener ingresos familiares inferiores a 10 salarios mínimos, vitales y móviles, equivalentes a $3.678.000 pesos en la actualidad.
4. Acreditar que los compromisos mensuales de deuda representan más del 30% de los ingresos del hogar.
5. Contar con domicilio real en CABA con una antigüedad mínima de dos años.

Quiénes quedan excluidos

La ley establece restricciones patrimoniales para circunscribir el beneficio a quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad financiera real. No pueden acceder al programa los propietarios de más de un inmueble, los titulares de vehículos con menos de cinco años de antigüedad —salvo que los destinen a actividades laborales debidamente acreditadas—, ni quienes sean titulares de embarcaciones, aeronaves u otros bienes suntuarios sujetos a registro.

Tampoco pueden ingresar quienes posean activos financieros —plazos fijos, títulos, bonos, cuotapartes de fondos comunes de inversión, acciones o moneda extranjera— que superen el monto total de la deuda reclamada, ni quienes hayan comprado divisas durante el período en que se generaron las obligaciones a refinanciar.

El procedimiento que describe la AGIP consta de tres pasos: acercarse al Banco Ciudad o a alguna de las entidades adheridas, consultar qué documentación exige la institución para verificar los requisitos y aguardar la evaluación. Si el solicitante reúne las condiciones, el banco informa las condiciones definitivas del crédito. El plazo para presentar la solicitud vence el 13 de octubre de 2026.

Incentivo fiscal para los bancos

Para estimular la participación de las entidades privadas, la Ciudad dispuso una reducción del 50% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a los intereses percibidos por las refinanciaciones otorgadas bajo este régimen. Las entidades pueden, además, ofrecer condiciones más favorables que las fijadas como piso por la normativa.

La Ley N° 6.959 también incorporó una línea específica a través de Ciudad Microempresas S.A.U., la firma del Banco Ciudad, para refinanciar deudas de emprendedores y trabajadores no registrados que mantengan obligaciones con esa entidad al 1° de junio de 2026. Esta línea aplica los mismos parámetros del programa general y alcanza a quienes registren atrasos de entre 60 y 180 días.

Como siempre, el recetario liberal enriquece a los poderosos a la par que multiplica en los humildes la pobreza, las deudas y las necesidades.

Las promesas de mejoría, de brotes verdes, de luz después al final del túnel, todas esas ficciones son falsedades generadas para ocultar la verdad: el proyecto de un país para pocos que implica la dolorosa devaluación del país de los muchos.

Escuché, azorado, el diálogo entre Carlos Pagni y Joaquín de la Torre, personaje que representa, sin duda, un claro ejemplo de la fe del converso, alguien que perteneció al campo popular y lentamente fue abandonando todas sus convicciones de ayer. Joaquín de la Torre se refería peyorativamente a un sacerdote, el encargado del CIAS (Centro de Investigación y Acción Social), Rodrigo Zarazaga, como ‘los Zarazaga de la vida’, cuando él no logró aportar a nuestra empobrecida sociedad ningún elemento válido ni digno de consideración. Se ocuparon durante unos minutos de reivindicar el país de las estancias, como si aquella Argentina hubiera encontrado su lugar en el mundo a partir de la concentración de las tierras, de los descendientes de alambradores, de la dependencia de Inglaterra y de la enorme pobreza que sembraron, sin asumir siquiera dos elementos clave de la historia: la Revolución Industrial y la democracia.

“La patria no se vende” no fue solo una consigna, sino la recuperación de una mínima dignidad que jamás deberíamos haber transgredido ni intentado desconocer. Considerar a los millones de endeudados como un problema entre privados —Caputo dixit—, cuando fue el Estado el que, para impedir el creciente precio del dólar, definió tasas de una rentabilidad sideral y llevó a tanta gente a una coyuntura de la cual le es difícil o casi imposible salir, una vez contraída su deuda. Un Estado genuino y responsable pondría límites tales como: “Ninguna entidad pública o privada tiene derecho a más que duplicar la deuda de cualquier persona que haya necesitado del dinero de la sociedad para resolver su situación individual”.

Las encuestas, aun las mejor pagas, repiten que el Gobierno no puede ganar en primera vuelta y mucho menos, en segunda. Frente a esa coyuntura, debemos esperar el momento en el cual los mercados, ese poder superior al voto de la sociedad, le impongan al régimen una limitación concreta, que será la del valor de la moneda. Aparecen ya candidaturas liberales a presidente, cual testimonio concreto de que los más lúcidos toman nota de que al señor Milei le va a ser imposible repetir su hazaña.

Claro que, así como Alberto Fernández dejó al campo nacional y popular en su mayor nivel de degradación histórica, Milei va a terminar dejando al supuesto liberalismo en una situación donde, para la derecha, va a ser difícil durante un largo tiempo volver, salvo que sus herederos sean de una ineficiencia tal que lo equiparen o igualen en sus errores, cosa que hasta el momento a todos nos resulta absolutamente imposible.

Si pensamos en la bestialidad del ajuste de Milei y sus secuaces, la disolución del coro de niños marca la perversión de un gobierno que no vino a ahorrar, sino simplemente a destruir. El dato de que se haya aportado a la provincia de Jujuy un número de valor económico mayor que a la de Buenos Aires en mejora de las rutas desnuda un modelo según el cual, empobreciendo a la provincia de Buenos Aires, se va a sembrar una miseria que le impedirá elegir a su heredero.

Joaquín de la Torre termina proponiendo una solución que es, sin duda, continuidad de aquella del napalm o del regalo de la provincia, la eliminación del cargo de gobernador, en una clara muestra de que este personaje, que alguna vez fue intendente, tiene plena conciencia de que por más que la mediocridad de la política esté instalada, no llega al nivel necesario como para imponer un candidato de su catadura. Estamos ante un discurso irracional, de una llamativa agresividad, que muestra a las claras cómo aquellos sectores oportunistas, seguidores del poder de turno, toman conciencia de que su éxito y su logro fueron pasajeros.

Hay periodistas y políticos a quienes, después del anunciado patético final del actual presidente, les va a costar demasiado ocultar, disimular o superar la exageración de su pequeñez, de su obsecuencia, de su oficialismo a cualquier costo, en síntesis, de la construcción de una supuesta ideología cuyo elemento central era simplemente el odio a los más débiles.

El padre Zarazaga es capaz de construir una investigación sobre la provincia de Buenos Aires basada en el conocimiento y la solidaridad que perturba y enoja a algunas miradas susceptibles de apoyar la destrucción, el aislamiento o la eliminación lisa y llana de la figura del gobernador. En rigor, este grado de liberalismo sin solidaridad no soporta proceso electoral alguno, porque en alguna medida, cuando hablan de riesgo “Kuka”, están soñando con que sean los mercados los que elijan los gobiernos frente a una ciudadanía silenciosa que los escuche y se humille ante ellos.

No me canso de reiterar que hay una opción que une, que nos permitió un triunfo por el 14%, y otra que divide y trabaja para el enemigo, aquella donde perdimos desde la provincia de Buenos Aires al resto del país y redujimos nuestras fuerzas a casi la mitad.

Néstor y Cristina no tuvieron piedad contra el Menem que los había derrotado ni mucho menos contra los Duhalde que los habían instalado. Quien quiera recuperar la conducción del movimiento nacional, aquel espacio que convoque a peronistas, radicales, socialistas y hasta a conservadores, debe actuar de la misma manera, eliminando todo atisbo de retorno a aquellas causas que generaron la decadente conducción que hoy tanto perjudica a nuestro país.

Insisto en que el peronismo es solo un recuerdo que dio votos y ahora ya no los aporta, pero tenemos la remembranza de aquella patria que acompañó a Canadá, México y Brasil en su grandeza, ocupando un lugar de paridad con esas naciones. Hoy es el liberalismo el que nos reduce a la triste comparsa de los países derrotados del continente, de aquellos que no pudieron superar el cruel destino de ser colonia o patio interno del poder de Estados Unidos.

Los endeudados, desocupados y empobrecidos se acercan a los dos tercios de la sociedad, lo cual convierte en una utopía el triunfo de cualquier fuerza de derecha, cualquier esquema conservador que intente rescatar del actual gobierno decisiones rentables para las minorías, pero que nada tienen que ver con el resto de la sociedad.

En la última parte del año, la visita del Santo Padre marcará duramente los límites de la injusticia. En el presente, la Iglesia recupera los valores del ser humano por encima de los de la riqueza y del egoísmo; una sociedad digna es aquella que tiene integrada a la mayoría de sus habitantes, como lo logró Europa, como lo están logrando algunos países hermanos y como estamos nosotros cada vez más lejos de hacerlo.

No es cuestión de hablar del peronismo, que sin duda fue una lúcida etapa de nuestro pasado, sino del patriotismo. Ese que fue convocado por Perón en el 73, cuestionado y vaciado por la violencia sin sentido de los grupos guerrilleros, y que hoy necesitamos recuperar como siempre. El patriotismo es lo permanente, puede tener sus variantes peronistas, radicales, socialistas o conservadoras, pero en rigor, la carnadura de la patria y su amor a ella nos permitirán tener una burguesía industrial para ser un buen país capitalista con un pueblo trabajador que acceda dignamente a sus puestos de trabajo.

Por eso, se equivocan aquellos que creen que hubo una consigna o un eslogan que expresaba ‘la patria no se vende’. Era un acto de fe, la manifestación del dogma de toda conciencia bien nacida; el resto es un mal pasajero.

La mora en el sistema financiero argentino acumula meses de escalada y, aunque los primeros indicios de estabilización empiezan a aparecer en algunos segmentos, el nivel de endeudamiento de las familias y las empresas mantiene en alerta al sector bancario.

El dato que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica como indicador sistémico de irregularidad —que cerró 2025 en 5,5% para el total del sector privado y trepó al 7% en los primeros meses de 2026— no refleja, según advierten desde la banca privada, la situación real de las entidades tradicionales. La razón está en la metodología: ese número consolida en un solo indicador la mora de los bancos, la de las billeteras virtuales y la de las financieras y retailers que otorgan microcréditos a tasas que pueden superar el 150% anual.

La queja que circula en los pasillos del sistema financiero apunta a lo que los propios banqueros llaman “efecto de arrastre”. El mecanismo es el siguiente: un cliente con buen historial de pago en su banco toma un crédito en una billetera virtual a una tasa que difícilmente pueda afrontar. Cuando ese cliente entra en mora con la fintech, el indicador sistémico sube. Y si la presión financiera crece, termina dejando de pagar también al banco.

Según fuentes del sector, el porcentaje de mora “propio” de los bancos más grandes se ubica entre el 4% y el 6%, muy por debajo del 12,7% que informes privados en base a datos del BCRA reportaron como indicador de irregularidad para el crédito a hogares en junio de 2026. La brecha, que en algunos casos llega al 60% del número total, no puede desglosarse dentro del balance de las entidades. Las normas de la SEC —el regulador bursátil de Estados Unidos, ante el cual los bancos argentinos que cotizan en Nueva York presentan sus estados financieros— impiden incorporar al cuerpo del balance información que no sea exigida por un organismo regulador local. Lo que sí pueden hacer es explicitar la diferencia en los comunicados de prensa de resultados o en la reseña informativa, pero eso tiene un alcance limitado frente al impacto reputacional del número consolidado.

Según pudo saber este medio, desde las entidades bancarias se transmitió al Central la necesidad de separar el indicador de mora bancaria del correspondiente a las entidades no bancarias. La propuesta no implica ocultar información, sino desagregar el dato para que refleje con precisión el desempeño de cada tipo de actor. El regulador, según trascendió, empezó a mirar el tema con atención. Una alternativa que se analiza es que cada banco pueda reportar su propio indicador de irregularidad de forma diferenciada dentro de los estados contables, algo que hoy la normativa no habilita.

El problema de fondo, advierten desde el sector, excede la disputa metodológica. Las billeteras virtuales y las financieras no bancarias operan bajo un esquema regulatorio menos exigente que el de los bancos en materia de transparencia sobre el costo financiero total.

Uno de los principales enfrentamientos es la tasa efectiva anual (TEA), que no se aplica con la misma rigurosidad en una financiera chica que en una entidad bancaria de primera línea. Eso habilita la proliferación de microcréditos con tasas de entre 150% y 200% anual que, una vez tomados, generan una espiral de deuda de la que el tomador difícilmente pueda salir. De hecho, la mora en entidades no bancarias llegó al 33% en junio de 2026, según datos de la Central de Deudores (Cendeu) del BCRA procesados por la consultora 1816, casi el triple del indicador bancario, que cerró en 7,6% en el mismo mes.

La apuesta por refinanciar

Ante ese escenario, la posición que prevalece en la banca privada descarta una solución de tipo amnistía. El argumento es que cualquier señal en esa dirección desincentivaría el pago y reproduciría la dinámica observada durante la pandemia de COVID-19, cuando la suspensión de obligaciones derivó en una caída generalizada del cumplimiento.

Por caso, la alternativa que se impulsa es la refinanciación con extensión de plazos y períodos de gracia, combinada con mecanismos que eviten que un deudor que tomó un préstamo en un banco pueda trasladar su sueldo a otra entidad sin arrastrar también el débito de la cuota. La reforma laboral aprobada recientemente habilitó el código de descuento en el sector privado —hasta ahora reservado para empleados públicos—, lo que abre la puerta a ese tipo de esquema, aunque su implementación operativa todavía está en proceso de definición.

En cuanto a la evolución reciente de la cartera, los bancos que adoptaron criterios más estrictos de originación de crédito desde mediados de 2025 empiezan a ver resultados. En el segmento de individuos, la mora se estabilizó y ya empieza a mostrar una tendencia a la baja: los meses de mayor deterioro quedaron atrás y las nuevas carteras, generadas con criterios más selectivos, tienen un comportamiento sensiblemente mejor que las anteriores.

Tras diecinueve aumentos mensuales consecutivos, el indicador de irregularidad del crédito a las familias dejó de crecer en junio: según el informe de la consultora 1816 en base a datos de la Central de Deudores, la mora total retrocedió del 7,7% al 7,6%, mientras que la correspondiente a hogares pasó del 12,8% —el nivel más alto en más de dos décadas, registrado en mayo— al 12,7% de la cartera. Detrás de ese número agregado, los préstamos personales exhibieron una irregularidad del 15,9%, las tarjetas de crédito del 13,1% y los prendarios del 7,7%; los hipotecarios, en cambio, se mantuvieron en el 1,6 por ciento. La mejora no responde a una recuperación espontánea del poder de pago, sino a un filtro más estricto en la originación: alrededor de 6 millones de personas quedaron excluidas del crédito nuevo por registrar algún impago, lo que depuró el universo de tomadores hacia perfiles de menor riesgo.

La variable que los bancos señalan como condición necesaria para una baja sostenida de la mora es el salario real. Sin recuperación del poder adquisitivo, las herramientas de refinanciación son paliativas, no estructurales. El consenso de los economistas proyectaba para este año un crecimiento del PBI de alrededor de 2,5%, con algunos analistas revisando esa cifra a la baja. En ese contexto, la política del gobierno de priorizar el ancla cambiaria y la desinflación por sobre el estímulo a la actividad mantiene una presión contractiva sobre el consumo y el crédito que, por ahora, no cede.

Tener tres pagos atrasados en una tarjeta de crédito puede convertir una mora inicial en una deuda mucho más grave: la cuenta pasa a figurar con atrasos de 30, 60 y 90 días, lo que deteriora el historial crediticio y la expone a una tasa penal

Este umbral representa un punto de inflexión, especialmente en un contexto donde los saldos de tarjetas en Estados Unidos siguen en aumento y la morosidad de los hogares refleja una presión creciente sobre los deudores. En este escenario, el impacto de tres pagos atrasados resulta aún más significativo.

Según CBS News, los saldos de tarjetas de crédito aumentaron en USD 21.000 millones durante el segundo trimestre de 2026 y llegaron a USD 1,26 billones, de acuerdo con el Household Debt and Credit Report del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Al mismo tiempo, el 4.7% de toda la deuda pendiente de los hogares estaba en alguna etapa de mora.

El tercer pago perdido suele marcar un cambio en la deuda: la cuenta puede quedar informada con atrasos de 30, 60 y 90 días, deteriorar el historial crediticio y encarecer el saldo. En Estados Unidos, el aumento de los saldos y de la morosidad vuelve más relevante ese umbral.

La cuenta puede ser reportada como morosa una vez que acumula al menos 30 días de atraso. Si el incumplimiento continúa, el emisor puede informarla luego como atrasada 60 días y más tarde 90 días.

La mora avanza por etapas y puede afectar el historial durante 7 años

El historial de pagos es un factor relevante en el cálculo del puntaje crediticio. Una secuencia de incumplimientos puede causar un deterioro importante, y la información negativa de pago puede permanecer en los informes crediticios hasta 7 años.

Ponerse al día no borra de inmediato ese antecedente: lo que desaparece es la continuidad de la mora, no el registro de que existió.

Citado por CBS News, el impacto económico también puede agravarse antes de que la cuenta sea castigada contablemente.

Las normas federales sobre tarjetas de crédito, en general, restringen a los emisores para subir la tasa sobre un saldo existente solo por un pago tardío, pero esa limitación tiene una excepción cuando la mora llega a 60 días.

A los 60 días puede aparecer una tasa penal y a los 90 crece la presión de cobro

En ese punto, el emisor puede aplicar una tasa penal sobre el saldo ya adeudado. Como los intereses siguen corriendo, una tasa más alta encarece todavía más la deuda y dificulta recuperar la cuenta.

La línea disponible también puede volverse menos confiable a medida que la mora avanza. Según el emisor y la situación del cliente, la tarjeta puede quedar suspendida o cerrada, lo que impide hacer nuevas compras, aunque no elimina la obligación de pagar el saldo pendiente.

Alrededor de los 90 días de atraso, la cuenta por lo general todavía no alcanzó el punto estándar de castigo contable para deuda de tarjeta de crédito.

Eso no significa que el emisor espere sin intervenir: puede intensificar las comunicaciones sobre el saldo vencido, reforzar sus gestiones internas de cobranza u ofrecer alternativas para reencauzar los pagos.

Tres pagos impagos también pueden indicar que el problema dejó de ser una falta puntual de liquidez.

Si el titular no tenía dinero suficiente para poner la cuenta al día, o si arrastraba atrasos en varias tarjetas, CBS News señaló que podía ser momento de evaluar alguna forma de alivio de deuda.

Opciones para evitar que la deuda se vuelva inmanejable

La primera opción es contactar al emisor. Muchos ofrecen programas por dificultades económicas que permiten reducir temporalmente pagos o tasas de interés, perdonar ciertas comisiones o volver más manejable el plan de repago.

También puede considerarse la asesoría crediticia o un plan de manejo de deuda cuando la persona puede devolver los saldos, pero necesita una tasa menor o una estructura de pagos más ordenada.

La consolidación de deuda aparece como otra alternativa si el deudor califica para un financiamiento con una tasa más baja y puede afrontar la nueva cuota.

Si la dificultad financiera es más profunda y no resultaba realista devolver por completo saldos no garantizados, otra posibilidad es la condonación negociada de deuda, también conocida como acuerdo de liquidación.

En ese esquema, el objetivo es pactar con los acreedores un pago menor al total adeudado, aunque la publicación advirtió que esa vía tenía desventajas y exigía revisar todos los factores antes de avanzar.

El Gobierno renovó el 100% de los vencimientos de deuda pública en la licitación de este miércoles y no liberó pesos al mercado. Además, colocó USD 50 millones en el bono en dólares que utilizará para pagar futuros compromisos de deuda.

Según informó la Secretaría de Finanzas, la colocación total alcanzó los $4,49 billones, frente a vencimientos por $4,48 billones, lo que representó un rollover del 100,26 por ciento. De esta manera, el equipo económico se aseguró de no inyectar liquidez, aunque, a contramano de lo que ocurrió en subastas anteriores, prácticamente no retiró pesos de circulación.

El instrumento más demandado fue la LECAP con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (S30N6), que concentró 3,29 billones de pesos adjudicados, con una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,11% y una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 28,54 por ciento. De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Economía, las ofertas totales presentadas por el mercado ascendieron a 6,49 billones de pesos.

Por el lado de los instrumentos ajustados por inflación (CER), la colocación del bono X29E7 con vencimiento el 29 de enero de 2027 sumó 0,65 billones de pesos y se adjudicó a una TIREA CER de 4,51 por ciento.

En el segmento dollar linked, el Gobierno adjudicó 0,23 billones de pesos en el bono D30S6 (vencimiento 30 de septiembre de 2026) a una TIREA de 7,33%, y 0,32 billones de pesos en el bono D30O6 (vencimiento 30 de octubre de 2026) a una TIREA de 6,91 por ciento.

“Al haber resultado una colocación prácticamente equivalente al nivel de vencimientos en pesos, el efecto directo de la licitación sobre la liquidez del sistema financiero resulta neutro. Si bien la liquidez general continuará respondiendo en los próximos días a la dinámica de otros factores (como la actividad en la ventanilla de pases o el mercado secundario), el resultado elimina cualquier efecto inmediato de absorción o expansión de liquidez sobre las tasas de corto plazo”, evaluó Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

En paralelo, Ritondale remarcó que en respuesta a la volatilidad reciente del mercado local de renta fija, el Tesoro “optó por un menú de instrumentos concentrado exclusivamente en el corto plazo (sin vencer más allá de la gestión actual)”. “Esta estrategia de pausar el estiramiento de duration permitió evitar una presión adicional sobre el tramo largo de la curva en pesos, priorizando una renovación limpia de los vencimientos”, sumó el especialista

Por su parte, el analista financiero de Bavsa, Martín de la Fuente, indicó que el contexto al cual se enfrentaba Economía era “de un mercado ajustado de liquidez: desde la última licitación del Tesoro el nivel de liquidez del sistema se mantuvo acotado (en promedio el monto que absorbió el BCRA en la REPO ronda los $1,2 billones, vs. los $3 billones de nivel previo a la licitación del 29/07), lo que provocó un reacomodamiento en las tasas overnight (caución y repo encontrando un equilibrio más cerca de 22%/23%)”.

En tanto, de la Fuente puntualizó que el plazo promedio de emisión de los títulos cayó a 111 días cuando había sido de 325 días promedio en la subasta previa. A su juicio, este cambio resulta “lógico” ya que el Tesoro optó por un menú corto y “es lo que necesitaba el mercado”. La forma mediante la cual el Tesoro venía extendiendo duration era con los duales CER/TAMAR, y estos en secundario se mostraban muy ofrecidos, producto de las continuas reaperturas (la aparición del TMVE8 aceleró la caída de los ‘duales viejos’) y de una suba en la tasa de fondeo", precisó.

Otros USD 50 millones en el A029

El único instrumento en dólares, el bono AO29 con vencimiento el 31 de octubre de 2029, adjudicó USD 50 millones a una TIREA de 8,72% (8,39% TNA). En este caso, Economía tuvo que ofrecer una tasa algo más alta que en licitaciones anteriores para conseguir los fondos.

La modalidad adoptada en esta licitación introdujo una diferencia respecto a los esquemas anteriores. La Secretaría de Finanzas decidió limitar la emisión a USD 50 millones en la primera ronda y otros USD 50 millones en la segunda, montos por debajo de los utilizados en licitaciones previas. Analistas atribuyen esta modificación tanto al clima internacional como a la intención oficial de moderar el costo de financiamiento.

En ciclos anteriores, la estrategia para los títulos en dólares permitía una colocación sin límite en la primera vuelta y un tope de hasta USD 150 millones en la segunda, en un intento por captar la mayor cantidad de divisas disponible. Ahora, el recorte en los montos parece vincularse con una postura más prudente ante la volatilidad internacional y el incremento en las tasas para la deuda soberana.

El programa financiero diseñado por el ministro Luis Caputo para afrontar vencimientos por USD 19.200 millones durante el año incluyó emisiones de deuda en el mercado de capitales por USD 6.000 millones. De esa suma, USD 4.000 millones se obtuvieron a través de los bonos Bonar 2027 (AO27) y Bonar 2028 (AO28), por lo que quedan pendientes USD 2.000 millones a cubrir mediante las licitaciones en curso del Bonar 2029 (AO29).

De acuerdo con la evolución del plan de financiamiento, el Gobierno mantiene margen para dosificar la oferta de deuda en los próximos meses. Con las emisiones del Bonar 2029, la Secretaría de Finanzas lleva reunidos USD 1.176 millones, restando aún USD 824 millones para completar el objetivo. El cupo total autorizado para este bono asciende a USD 2.000 millones, cifra que delimita la meta máxima de colocación bajo la estrategia vigente.

La deuda de los estadounidenses en tarjetas de crédito alcanzó USD 1,26 billones en el segundo trimestre de 2026, a solo un paso del máximo histórico de USD 1,28 billones registrado a finales del año pasado.

El dato surge del informe trimestral sobre deuda de los hogares que la Reserva Federal de Nueva York publicó el martes 11 de agosto. El análisis se elaboró a partir de una muestra anónima y representativa a nivel nacional de los reportes crediticios de Equifax, una de las tres agencias de crédito más grandes del país, encargada de registrar el historial financiero de los consumidores estadounidenses.

El saldo creció USD 21 mil millones respecto al trimestre anterior, un alza de 1,7% en apenas tres meses. Detrás de ese aumento, los economistas señalan dos fuerzas combinadas: el gasto de los consumidores se mantiene elevado y los precios de productos básicos —como alimentos y gasolina— siguen presionando los presupuestos familiares.

¿Quiénes resultan más afectados por el aumento de la deuda?

Unos 175 millones de estadounidenses tienen al menos una tarjeta de crédito. De ese universo, aproximadamente el 60% carga con deuda renovable mes a mes, según los investigadores de la Reserva Federal de Nueva York, lo que los deja en una posición financiera más frágil ante cualquier imprevisto.

El 55% de los consumidores usa las tarjetas para cubrir gastos esenciales, de acuerdo con un informe separado de la empresa de gestión de deudas Achieve, basado en una encuesta a 2.000 personas realizada en junio. El mismo sondeo reveló que el 56% de quienes tienen deuda tardaría seis meses o más en pagarla por completo.

¿Cuándo y por qué creció la deuda?

La presión sobre los hogares no es nueva. La Reserva Federal de Nueva York registra una tendencia al alza desde mediados de 2022, impulsada por la inflación persistente que obligó a muchas familias a recurrir al crédito para llegar a fin de mes.

Matt Schulz, analista jefe de crédito de LendingTree, lo explicó con claridad al medio CNBC: “El aumento de la deuda en tarjetas de crédito, líneas de crédito sobre el valor de la vivienda y otros préstamos muestra con claridad que la gente busca formas de estirar su presupuesto ante una inflación que no cede”.

Brad Stroh, cofundador y co-CEO de Achieve, agregó en un comunicado que “las deudas a corto plazo suelen comenzar como una solución temporal para cubrir huecos en el presupuesto familiar”. El problema, advirtió, es que “con el alto costo de vida y los intereses acumulados, esas deudas pueden generar una presión sostenida sobre las finanzas del hogar”.

¿Dónde se observan los mayores incrementos y en qué categorías?

La deuda total de los hogares estadounidenses asciende a USD 18,8 billones. Dentro de ese total, los préstamos para autos alcanzaron un nuevo récord de USD 1,71 billones entre abril y junio, al igual que las líneas de crédito sobre el valor de la vivienda (conocidas como HELOC, por sus siglas en inglés), cuya participación en el total de préstamos creció durante el año.

En contraste, la deuda estudiantil y la deuda hipotecaria bajaron en el mismo período. Otros informes también indican que los préstamos sobre el valor de la vivienda acaparan una porción mayor del crédito total en lo que va de 2026.

¿Cómo impacta la morosidad en los hogares estadounidenses?

El porcentaje de saldos de tarjetas con más de 90 días de atraso —lo que se conoce como morosidad grave— subió de 7,6% a 12,8% entre mediados de 2022 y comienzos de 2026. Los investigadores de la Reserva Federal de Nueva York advirtieron que esa cifra “genera preocupación de que los estadounidenses se estén atrasando en sus pagos a tasas no vistas desde la Gran Recesión”.

Sin embargo, el propio equipo del banco aclaró en la rueda de prensa que este indicador es rezagado: refleja deudas antiguas que permanecen en los historiales crediticios, no necesariamente nuevos incumplimientos. “Es un indicador tardío y refleja deudas pasadas que siguen apareciendo en los reportes de crédito”, precisaron.

¿Qué dicen los expertos y qué podría pasar en los próximos meses?

Los investigadores de la Reserva Federal de Nueva York describieron la situación con una imagen precisa: la de una economía en forma de “K”, donde algunos hogares prosperan mientras otros se quedan atrás. “Hay muchos hogares que viven de quincena en quincena”, señalaron, y agregaron que “basta con que les ocurra una sola cosa para que caigan en mora”.

La tasa de nuevas deudas que pasan a estado de morosidad se mantuvo estable, aunque en niveles altos: el 6,97% de los saldos transitó hacia ese estado en el último año. Los investigadores indicaron que seguirán monitoreando esa tendencia de cerca.

El panorama para los próximos meses depende, en gran medida, de si la inflación cede y de si los hogares más vulnerables logran absorber los costos acumulados sin recurrir a más crédito.

El Ministerio de Economía oficializó una nueva recompra de Letras Intransferibles por USD 781 millones al Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de reducir la deuda pública y avanzar con el saneo del balance de la autoridad monetaria.

La operación se concretó el lunes 10 de agosto y fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 47/2026 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda publicada este martes en el Boletín Oficial.

Las Letras Intransferibles (LI) son títulos de deuda que el Tesoro Nacional comenzó a emitir en enero de 2006, bajo la gestión de Néstor Kirchner, y se destinaron al Banco Central como compensación por la entrega de reservas internacionales para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Desde entonces, el Tesoro recurrió en diversas oportunidades a este mecanismo para acceder a dólares y atender pagos de deuda, utilizando su cuenta corriente en el Banco Central. La operatoria consiste en que el Tesoro cubre sus pasivos empleando como respaldo las reservas internacionales, consideradas un activo del BCRA. Con el tiempo, el volumen de estos títulos aumentó y se transformó en una parte significativa de los activos del BCRA.

En el ámbito financiero, estas Letras son vistas como activos de valor incierto debido a que no pueden venderse ni negociarse en el mercado secundario. Generalmente, estos instrumentos se emiten con vencimientos de una década, ofrecen intereses bajos o nulos y suelen renovarse de manera automática.

En esta oportunidad, la recompra incluyó dos instrumentos: una letra con vencimiento el 30 de junio de 2031, por un valor nominal original de USD 76.248.473; y otra con vencimiento el 20 de abril de 2032, por un valor nominal original de USD 1.226.343.706. El precio pagado por cada uno se fijó según los mecanismos habituales del mercado.

Según explicaron desde el Gobierno, esta mecánica permite reducir la deuda pública registrada en los balances del Estado. De acuerdo con la resolución, “los títulos recibidos por la operación serán dados de baja de los registros de la deuda pública”. La medida forma parte de la estrategia de administración de pasivos de la administración central, que busca mejorar la composición y sostenibilidad del endeudamiento nacional y el balance del Central.

En la práctica, la recompra de Letras Intransferibles por parte del Tesoro implica una disminución de los compromisos con el Banco Central de la República Argentina, al tiempo que libera al ente monetario de títulos que no tienen valor de mercado.

De acuerdo a los cálculos de la administración de Santiago Bausili, titular del BCRA, entre 2003 y 2023, la financiación del Central al Tesoro implicó, entre otros ítems, la colocación de USD 116.000 millones en Letras Intransferibles.

Cabe destacar que el proyecto del oficialismo para modificar la Carta Orgánica de la entidad monetaria contempla la eliminación de estos títulos. La iniciativa, que el Gobierno buscará aprobar en las próximas semanas, prohíbe que el Tesoro transfiera este tipo de títulos al Banco Central como forma de obtener reservas internacionales.

En mayo, el ministerio comandado por Luis Caputo ya había realizado un movimiento similar luego de que la autoridad conducida por Bausili le gire $24,4 billones en concepto de dividendos del ejercicio 2025.

Por ese entonces, la cartera económica utilizó $18,4 billones a la recompra de LI en cartera del BCRA por un total estimado de USD 21.700 millones en valor nominal original. Según estimaciones de Economía, la operación redundó en una reducción de la deuda bruta del Tesoro Nacional de aproximadamente 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Vale recordar que las Letras Intransferibles se colocaron al BCRA como contrapartida del uso de reservas internacionales por parte del Tesoro, en un contexto de déficit fiscal crónico y cierre de los mercados voluntarios de capitales. Esto implicó un fuerte deterioro acumulado en el activo del BCRA, al reemplazar un activo líquido y valioso (dólar) por otro ilíquido y sin valor de mercado, con reservas netas que a principios de diciembre de 2023 eran negativas en más de USD 11.000 millones”, aclaró el Palacio de Hacienda acerca de la recompra.

Un año antes, el Banco Central obtuvo USD 12.000 millones en efectivo por la cancelación total de LI con vencimiento el 1 de junio de 2025 y el 29 de abril de 2026, así como por la cancelación parcial de un título que vence el 3 de abril de 2029. Esos fondos provinieron del acuerdo rubricado con el FMI por 20.000 millones de dólares.

Los hogares de Estados Unidos elevaron entre abril y junio la toma de préstamos para automóviles hasta USD 211.000 millones, mientras la morosidad total bajó de 4,8% a 4,7%, según el informe trimestral sobre deuda y crédito de los hogares de la Reserva Federal de Nueva York citado por Reuters.

El reporte indicó que la deuda total de los consumidores retrocedió levemente hasta USD 18,8 billones. Ese descenso, explicó la institución, respondió a un cambio en la forma de informar los datos hipotecarios, por lo que la baja del segundo trimestre debería compensarse con un aumento similar en el próximo reporte.

Según la lectura de la Reserva Federal de Nueva York, la baja de la morosidad general indica que, en promedio, la situación financiera de los hogares siguió siendo firme. Esa conclusión convive con ingresos reales debilitados y con la incógnita que, de acuerdo con economistas y autoridades monetarias citados en la nota, sigue abierta: en qué momento el alza de precios más rápida que los ingresos empezará a traducirse en una tensión más visible sobre el consumo o la deuda.

La mejora en los atrasos apareció al mismo tiempo que siguieron creciendo los saldos de tarjetas de crédito y de préstamos hipotecarios.

Préstamos con garantía hipotecaria

Según investigadores de la Reserva Federal de Nueva York, el patrimonio neto vinculado a las viviendas aumentó en USD 19.000 millones.

Para la institución, el incremento en préstamos con garantía hipotecaria formó parte de una tendencia de cuatro años que economistas interpretaron como una sustitución: propietarios de mayor edad recurrieron a ese instrumento para evitar las tasas hipotecarias elevadas que implicaría una refinanciación completa.

El informe también precisó que el récord en financiamiento para automóviles fue nominal, sin ajuste por inflación. En ese marco, recordó que durante 2021, en plena pandemia de COVID-19, el aumento de las compras de vehículos también había llevado los préstamos trimestrales para autos a alrededor de USD 200.000 millones, en un contexto de precios más altos.

Tarjetas de crédito y morosidad

En una entrada de blog que acompañó al informe, economistas de la Reserva Federal de Nueva York señalaron que las tasas de morosidad de las tarjetas de crédito continuaron elevadas frente al período previo a la pandemia, aunque mostraron señales de estabilización.

En su análisis, el punto central no estuvo en la foto del saldo impago acumulado, sino en el flujo trimestral de cuentas que entran en mora.

Ese flujo subió tras la pandemia y se mantuvo estable durante cerca de dos años. Los investigadores destacaron que, al medir cómo están hoy los hogares, el ritmo de mora en tarjetas siguió siendo alto, pero “se ha mantenido bastante estable desde 2024”, con cerca del 7% de los saldos entrando en mora de un trimestre a otro.

La proporción de deuda de tarjetas con más de 90 días de atraso pasó de 7,6% a fines de 2022 a 12,8% a comienzos de este año, un salto que había encendido alertas sobre un deterioro en las finanzas familiares.

Sin embargo, el análisis más detallado de los datos, según la propia institución, mostró otra dinámica: el aumento de esa proporción obedeció a que los prestamistas conservaron durante más tiempo en sus balances “deudas antiguas y canceladas”, y no a “un empeoramiento fundamental en la incidencia de la morosidad”.

Consumo y señales de datos privados

El reporte de la Reserva Federal de Nueva York se conoció en un contexto en el que el gasto de los consumidores siguió sosteniendo la actividad, de acuerdo con las cifras citadas en la nota.

El consumo personal creció 3,2% en el segundo trimestre, una recuperación frente al débil avance del primer trimestre, y ayudó a evitar una desaceleración mayor del crecimiento económico general, que se ubicó en una tasa anual de 1,5%, por debajo del 2,1% previo.

Un análisis del Bank of America Institute sobre datos de julio añadió otra señal en la misma dirección. Según ese estudio, el gasto con tarjeta de crédito, excluyendo gasolina, subió “4,3%”, incluso cuando empezaba a disiparse el impulso temporal asociado a eventos como la Copa Mundial de la FIFA.

El informe del Bank of America Institute también registró señales de “convergencia” entre distintos grupos de ingresos y una menor dinámica de economía en “K”.

El instituto concluyó: “La salud financiera de los consumidores parece sólida. A pesar de las presiones del costo de vida en sectores como la gasolina, el porcentaje de hogares que pagan sus facturas de tarjetas de crédito en su totalidad cada mes ha aumentado. Y hay pocos indicios de una aceleración en el uso de los ahorros por parte de los hogares”.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene vigente el Programa de Regularización Fiscal 2026, que ofrece descuentos de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución a personas físicas y empresas con adeudos fiscales pendientes. La solicitud puede presentarse hasta el 31 de octubre de 2026.

El programa está activo desde el 1 de enero de 2026 y busca que los contribuyentes corrijan su situación fiscal con una carga financiera menor derivada de sanciones acumuladas.

Qué beneficios ofrece el programa

El SAT condona hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución. Además, permite cubrir el adeudo en una sola exhibición o mediante hasta seis parcialidades, con la condición de que el último pago se realice a más tardar el 30 de noviembre de 2026.

El beneficio no elimina el impuesto principal adeudado, sino los accesorios: las sanciones y los cargos adicionales que se acumulan sobre la deuda original.

Quiénes pueden solicitarlo

Pueden acceder al programa las personas físicas y morales cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 no hayan superado los 300 millones de pesos. El requisito aplica tanto para quienes tienen créditos fiscales ya determinados por la autoridad como para quienes desean corregir su situación de forma voluntaria.

También pueden incorporarse contribuyentes sujetos a facultades de comprobación o que cuenten con créditos fiscales firmes determinados por el SAT o por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Qué adeudos cubre

El esquema contempla adeudos generados en 2024 o ejercicios anteriores. Incluye contribuciones federales propias, retenidas o trasladadas; aprovechamientos; cuotas compensatorias; recargos; gastos de ejecución; y multas por infracciones fiscales, aduaneras o de comercio exterior.

También abarca sanciones por incumplimiento de obligaciones fiscales distintas al pago.

Plazos para presentar la solicitud

Los contribuyentes con créditos fiscales determinados por la autoridad tienen hasta el 31 de octubre de 2026 para presentar su solicitud. Quienes no cuenten con créditos fiscales determinados disponen de un plazo extendido hasta el 31 de diciembre de 2026.

En ambos casos, el pago en parcialidades debe quedar saldado a más tardar el 30 de noviembre.

Cómo solicitar el beneficio ante el SAT

El trámite puede realizarse por dos vías. En línea, el contribuyente debe ingresar a sat.gob.mx, acceder a Mi Portal con su RFC y contraseña, y enviar un escrito libre con la solicitud de adhesión.

De forma presencial, puede acudir a la oficina desconcentrada del SAT correspondiente a su domicilio para recibir orientación y apoyo en el proceso. El SAT recomienda verificar previamente que los adeudos estén registrados y definir la modalidad de pago antes de iniciar el trámite.

Resultados del programa hasta agosto de 2026

Al corte más reciente, el Programa de Regularización Fiscal 2026 ha aportado 6,436 millones de pesos al erario. Un total de 38,399 contribuyentes se han beneficiado: 11,404 empresas y 26,995 personas físicas.

Qué se condona exactamente y qué no

El beneficio no es uniforme en todos los casos. Según el comunicado oficial 51/2026 del SAT publicado en gob.mx/sat, la condonación llega al 100% en multas, recargos y gastos de ejecución cuando se trata de adeudos firmes.

Para multas derivadas exclusivamente de incumplimientos formales —es decir, obligaciones distintas al pago de un monto adeudado—, el porcentaje de condonación baja a 90%.

Quiénes quedan excluidos del programa

No todos los contribuyentes con adeudos pueden acceder al beneficio. El SAT precisó que quedan fuera quienes ya recibieron condonación en programas generalizados anteriores, quienes tengan sentencia firme por delito fiscal, y quienes figuren en los listados definitivos de los artículos 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación, relativos a operaciones simuladas.

La autoridad recomienda revisar el historial fiscal antes de iniciar cualquier trámite.

Paso a paso para solicitar la regularización

El SAT estableció el siguiente procedimiento para adherirse al programa:

1. Verifica tu situación fiscal. Revisa en tu buzón tributario o en el portal sat.gob.mx si tienes créditos fiscales firmes susceptibles de regularizarse. Este paso es previo a cualquier trámite.

2. Identifica tu escenario. Define si tu adeudo ya fue determinado por la autoridad o si deseas corregir tu situación de forma voluntaria. El canal y los plazos pueden variar según el caso.

3. Elige la vía de solicitud. Puedes hacerlo en línea desde sat.gob.mx —ingresando a Mi Portal con tu RFC y contraseña para enviar un escrito libre— o de forma presencial en la oficina desconcentrada del SAT más cercana a tu domicilio.

4. Presenta la solicitud antes del plazo. La fecha límite es el 31 de octubre de 2026 para contribuyentes con créditos fiscales determinados, y el 31 de diciembre de 2026 para quienes corrijan su situación de forma voluntaria.

5. Espera la respuesta de la autoridad. Al presentar la solicitud, el procedimiento administrativo de ejecución queda suspendido de forma automática, sin necesidad de garantizar el interés fiscal.

6. Realiza el pago. Una vez aprobada la solicitud, cubre el adeudo en una sola exhibición o en hasta seis parcialidades. El último pago debe liquidarse a más tardar el 30 de noviembre de 2026.

El economista y exministro peronista Matías Kulfas aseguró que la Argentina no está en condiciones de atravesar otra reestructuración de deuda.

“Ya me parece que hemos tenido demasiadas en lo que va del siglo 21”, afirmó el exministro de Desarrollo Productivo del gobierno de Alberto Fernández en el podcast “La Argentina en el Fondo”, conducido por Alejandro Werner, exdirector de Hemisferio del FMI, y el periodista Martín Kanenguiser.

La advertencia llegó acompañada de un llamado directo al espacio peronista: el próximo gobierno que surja de ese sector deberá construir confianza —con la sociedad y con los actores del sistema económico— antes que asumir cualquier postura de confrontación con los mercados.

La declaración adquiere peso propio por el momento en que se produce. El peronismo llega al tramo final del mandato de Javier Milei sin candidato definido y con una fractura interna que sus propios dirigentes no logran disimular. La disputa entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner tensiona al espacio en un momento en que la oposición necesita proyectar unidad.

En ese contexto, la voz de Kulfas apunta a trazar un programa económico alternativo alejado de los extremos y que, según él, es lo que la sociedad demandará en 2027.

El exfuncionario diferenció entre una reestructuración de deuda y las operaciones que considera válidas: refinanciación de vencimientos, mejora de perfiles de pasivos y reducción del riesgo país. Esas herramientas, dijo, son parte del funcionamiento normal de cualquier país en su vínculo con el mercado de capitales. Lo que descartó es cualquier movimiento que implique una ruptura formal con los acreedores. “Lo que la Argentina necesita hoy es fortalecer la confianza”, sostuvo y aclaró que esa confianza debe alcanzar tanto a los actores financieros y productivos, como al mundo del trabajo.

La posición de Kulfas choca con la línea que sostienen otros referentes del mismo espacio. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, había advertido en una entrevista anterior que un eventual gobierno peronista revisará todas las medidas del actual presidente. “Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. Lo digo para que no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado”, afirmó el mandatario riojano. Quintela busca posicionarse como articulador de la unidad del espacio de cara a las elecciones de 2027, aunque ese proyecto choca con las mismas divisiones internas que pretende resolver.

A contramano

Sobre la economía del gobierno libertario, Kulfas trazó una lectura que va a contramano del relato oficial. Describió una Argentina con dos economías que se mueven en sentidos opuestos: el sector de los recursos naturales —energía, minería, campo y finanzas— creció 30% desde que Milei asumió, mientras que el resto de la actividad cayó 2,5%. El dato más relevante de esa brecha es el empleo: el sector que avanza genera menos del 8% de los puestos de trabajo del país, en tanto el que retrocede explica más del 90% del empleo urbano. “Son dos economías completamente distintas”, afirmó el economista autor de “Los tres kirchnerismos: Una historia de la economía argentina”.

En materia cambiaria, Kulfas rechazó tanto la posición del gobierno —un tipo de cambio que, dijo, “no refleja en absoluto la productividad de la Argentina”— como las propuestas de devaluación abrupta que circulan en algunos sectores. Su propuesta apunta a un tipo de cambio real entre 25% y 30% más alto que el vigente, con estabilidad en ese nivel como condición de sostenibilidad.

Sobre los controles de capital, trazó una distinción entre los cepos cambiarios —que calificó como herramientas “solo aceptables en crisis muy profundas”— y la regulación financiera que aplican la mayoría de los países. “Entrar es fácil y después tomar la decisión de salir cuesta muchísimo”, advirtió a partir de su experiencia como ministro durante el cepo del gobierno de Fernández.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), impulsada por Milei, también fue objeto de análisis. Kulfas dijo estar a favor de limitar las facultades del BCRA para financiar al Tesoro, pero reclamó que esa restricción vaya acompañada de límites al endeudamiento externo excesivo, práctica que atribuyó tanto a administraciones peronistas como a las de Mauricio Macri y el propio Milei. “Las leyes no blindan nada en Argentina”, sentenció, y apuntó que legisladores del país han votado en sentidos opuestos sobre las mismas cuestiones en distintos momentos históricos.

El primer semestre del año fue positivo para el Banco Central de la República Argentina (BCRA): en base caja el balance cambiario permitió un aumento de USD 3.775 millones en las reservas brutas, pero con un fuerte giro en junio. Hasta mayo el resultado fue superavitario a un ritmo promedio de USD 1.420 millones, pero en junio hubo un déficit de USD 3.323 millones, debido a una serie de pagos internacionales.

“Con el aumento del nivel de reservas en el periodo se estaría sobre-cumpliendo la meta de acumulación de reservas internacionales netas de junio de 2026 acordada con el Fondo Monetario Internacional (USD -8,6 miles de millones vs USD +2,9 miles de millones), lo cual dejaría un margen importante para cumplir la meta de diciembre de 2026 (USD -4,1 miles de millones)”, dice un informe de Quantum, que aclara que las metas son la variación (aumento o disminución) de reservas a partir del stock que había en diciembre de 2024.

Según el informe de la consultora fundada por Daniel Marx, exsecretario de Financiamiento de la Nación, las perspectivas del balance comercial siguen siendo sólidas, con un aumento esperado de las exportaciones, tanto agrícolas como de petróleo, gas y minería y también es de preverse un resultado favorable de la cuenta corriente, pero inferior al del primer semestre del año, en buena medida porque el grueso de las exportaciones se realizó en la primera mitad del año.

Atesoramiento de dólares

A su vez, dice Quantum, el saldo comercial podría ser compensado por los movimientos financieros, “particularmente las compras de divisas por particulares, en especial para atesoramiento”, que desde el levantamiento del cepo a personas humanas, en abril del año pasado, parece haber encontrado un piso en unos USD 2.000 millones mensuales.

De lado de la cuenta corriente, el resultado del primer semestre fue afectado por un pago de importaciones de bienes mayor al de igual período del año pasado, pero también hubo mayores exportaciones, en especial agroindustriales y energéticas, amén de que se pagaron USD 1.023 millones de utilidades y dividendos, y a la vez los pagos de intereses del sector público fueron inferiores a los de igual período de 2025.

“En el acumulado del primer semestre, la cuenta corriente registró un superávit de USD 2.867 millones”, resultante de un superávit en el comercio de bienes de USD 15.996 millones, un déficit en el de servicios por USD 4.310 millones (rojo turístico de USD 4.953 millones atenuado por saldo a favor de ingresos de sectores basado en el conocimiento) y pagos de intereses de deuda por USD 6.021 millones, de los cuales el 64% fueron pagos netos del sector público (mayores a los de 2025, debido a la estructura creciente de los cupones blobales y los intereses del Bopreal) y giros de utilidades y dividendos por USD 2.863 millones.

Los movimientos financieros

La cuenta capital y financiera mostró en junio un rojo de USD 3.181 millones, luego de cinco meses de promedio mensual positivo de USD 805 millones. Las causas que enumera Quantum son la mejora de la posición de cambios de los bancos, que recompusieron caídas ocurridas en abril y mayo, una menor colocación de bonos de empresas y provincias y pagos del Gobierno Nacional a Organismos Internacionales y otras obligaciones.

De resultas, en el primer semestre también la cuenta capital fue superavitaria (USD 846 millones) gracias a las colocaciones de deuda de empresas y provincias y la compra de dólares, principalmente para atesoramiento- de personas humanas, que sumó USD 12.957 millones, un promedio mensual de USD 2.160 millones.

El Salvador ha demostrado una resiliencia económica que le permitiría continuar su programa económico incluso en ausencia de un acuerdo activo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque el estancamiento en las negociaciones con el organismo plantea desafíos para la sostenibilidad fiscal y la percepción internacional de riesgo. Así lo indica el último informe de la consultora financiera EMFI, que analiza la coyuntura y las perspectivas del país centroamericano en el contexto de 2026.

El reporte de EMFI señala que, a pesar de la falta de avances en la reforma del sistema de pensiones y otros compromisos estructurales exigidos por el FMI, la economía salvadoreña ha mantenido un crecimiento superior al esperado. El Producto Interno Bruto (PIB) creció 4.6% interanual en el primer trimestre de 2026, impulsado por el consumo privado y la inversión, especialmente en el sector de la construcción y la infraestructura pública.

De acuerdo con el análisis de EMFI, la probabilidad de que el programa con el FMI termine el año sin revisiones aprobadas alcanza el 75%, mientras que la posibilidad de una ruptura total se sitúa en torno al 40%. La falta de revisiones aprobadas y la posibilidad de una ruptura total ponen en duda el respaldo externo, pero la firma destaca que El Salvador ha gestionado su economía sin apoyo del Fondo, gracias a la demanda interna y al flujo constante de remesas.

El informe detalla que, aunque la ausencia de un acuerdo con el FMI limita el acceso a financiamiento concesional y puede elevar las percepciones de riesgo en los mercados, las autoridades salvadoreñas han buscado alternativas para financiar sus necesidades. Entre ellas, se encuentran la emisión de eurobonos y la movilización de recursos internos, que han permitido cubrir parte de los compromisos fiscales y sostener el gasto en infraestructura.

Las exigencias para sostener la estabilidad

EMFI destaca que, para mantener la estabilidad y disipar dudas sobre la sostenibilidad de la deuda y la liquidez, El Salvador deberá reforzar su disciplina fiscal. La firma recomienda un esfuerzo adicional para contener el crecimiento del gasto y mejorar la recaudación tributaria, con el objetivo de evitar presiones sobre las reservas internacionales y el tipo de cambio.

Según el análisis de la financiera, los fondos de la deuda de pensiones alcanzaron USD 11,600 millones en mayo de 2026, equivalentes al 30% del PIB, mientras que las reservas internacionales netas superaron USD 5,100 millones al cierre del primer semestre, un aumento de 15% respecto al año anterior. Estos indicadores reflejan una posición relativamente sólida, aunque persiste el desafío de mantener el equilibrio sin el respaldo explícito del FMI.

Qué ve EMFI en los bonos salvadoreños

El análisis de EMFI advierte que el estancamiento en la relación con el Fondo podría tener un impacto en el costo del financiamiento externo. Los eurobonos salvadoreños, por ejemplo, acumularon un rendimiento total de -0.5% en los últimos 30 días, aunque muestran una rentabilidad positiva de 2.9% en lo que va del año. La firma mantiene una recomendación de mantener estos activos, argumentando que el rendimiento actual compensa los riesgos, aunque subraya la importancia de seguir de cerca la evolución del entorno internacional.

Para EMFI, la continuidad del crecimiento y la estabilidad macroeconómica en El Salvador dependerán de la capacidad de las autoridades para gestionar la deuda y mantener la confianza de los inversionistas, mientras el estancamiento del programa con el FMI sigue siendo un factor de riesgo para la percepción internacional y las condiciones de financiamiento del país.

En marzo de este año, EMFI advirtió que los mercados financieros prevén que El Salvador mantendrá retrasos en las revisiones de su programa con el FMI durante todo 2026 ante la falta de avances en dos compromisos centrales: la reforma de pensiones y la estrategia oficial de compra de Bitcoin, un freno que, según la financiera británica añade incertidumbre para los inversores y presiona a los bonos soberanos del país.

De acuerdo con el informe de la firma, el programa acumulaba dos revisiones programadas con retraso y no había concretado nuevos desembolsos. El año pasado, el Fondo Monetario entregó poco más de $232 millones.

La financiera inglesa destaca un dato concreto: en febrero de este año el gobierno de Nayib Bukele debía presentar una propuesta para modificar el sistema de pensiones, pero esa iniciativa no fue entregada. El reporte añade que tampoco hubo cambios en la política vinculada a la criptomoneda.

“El programa EFF de USD 1400 millones del FMI continúa sin avanzar, con dos revisiones programadas retrasadas y desembolsos asociados aún por materializarse”, señaló el informe citado por el medio. Sobre los dos puntos pendientes, añadió: “No se observó ningún progreso en el último mes en ninguno de los dos frentes”.

La lectura de los inversores, según la publicación, es que durante este año pueden aparecer nuevos retrasos en la ejecución del programa. Ese diagnóstico pesa sobre la valoración de los bonos aun cuando, según EMFI, los datos de crecimiento económico del país han sido sólidos.

La financiera considera que la demora resulta difícil de justificar precisamente por el desempeño de la economía. Su reporte plantea que el Ejecutivo podría estar evaluando que el respaldo del Fondo Monetario Internacional ya no es imprescindible.

El programa PSLF seguirá vigente en 2026 para ciertos prestatarios con deuda estudiantil federal en Estados Unidos, pero el acceso al perdón ya no depende solo de trabajar en el sector público.

Además, exige tener préstamos Direct elegibles, estar en un plan de pago admitido y completar 120 pagos mensuales que cumplan las reglas del sistema, en un escenario alterado por reformas federales recientes y disputas judiciales, según CBS News.

La publicación señaló que el sistema federal de préstamos estudiantiles cambió de forma sustancial en el último año.

La legislación que entró en vigor el mes pasado modificó las opciones de pago para futuros prestatarios, rehízo programas de devolución y abrió nuevas dudas sobre partes del esquema de alivio de deuda.

Esos cambios afectan de manera especial a quienes buscan la condonación por servicio público. El programa fue durante años una vía de perdón para maestros, enfermeros, empleados gubernamentales y muchos trabajadores de organizaciones sin fines de lucro, pero las nuevas normas reabrieron preguntas sobre quién conserva el derecho, qué planes de pago cuentan y si quienes ya avanzaban hacia la condonación deben ajustar su estrategia.

El empleo a tiempo completo en servicio público sigue siendo la base del beneficio

La regla principal se mantuvo: para aspirar al Public Service Loan Forgiveness, el prestatario debe trabajar a tiempo completo para un empleador de servicio público que califique. El artículo indicó que ese requisito siguió siendo la base de la elegibilidad.

El medio añadió que el Departamento de Educación ofrece la herramienta PSLF Help Tool para verificar si un empleador reúne las condiciones antes de contar con que los pagos futuros servirán para la condonación.

Esa comprobación previa busca evitar errores que solo afloran cuando el prestatario ya está cerca de completar el proceso.

No todos los préstamos estudiantiles entran en el programa. La condonación se limita, en general, a los préstamos federales Direct, de modo que quienes aún tengan créditos del antiguo Federal Family Education Loan Program o préstamos Perkins suelen necesitar una consolidación en un Direct Consolidation Loan para que los pagos futuros puedan contar.

Esa consolidación no preserva automáticamente el historial previo de pagos. Por eso, el diario advirtió que los prestatarios deben entender las consecuencias antes de modificar la estructura de su deuda.

Los nuevos prestatarios desde el 1 de julio de 2026 quedan sujetos a otra regla de pago

Cumplir 120 pagos no basta si esos abonos no se hicieron bajo las condiciones exigidas por el programa. Para la mayoría de los solicitantes, esos pagos deben realizarse dentro de un plan de devolución elegible y mientras el prestatario siga empleado a tiempo completo por un empleador admitido.

Históricamente, los planes de pago en función de los ingresos fueron la vía principal para reunir esos pagos válidos. En ciertos casos, también puede servir el plan estándar a 10 años.

El cambio más relevante para los nuevos prestatarios afecta a quienes tomaron préstamos federales el 1 de julio de 2026 o después de esa fecha.

Según CBS News, ese grupo, en general, deberá utilizar el nuevo Repayment Assistance Plan, o RAP, si quiere que sus pagos cuenten para el PSLF.

Esa diferencia vuelve central una pregunta concreta: qué sistema de pago se aplica a cada préstamo. La respuesta depende de cuándo se tomó la deuda, y de esa fecha puede depender que un pago cuente o no para la futura condonación.

El artículo también remarcó que no hace falta esperar a llegar al pago número 120 para documentar el empleo. Certificar periódicamente el trabajo elegible permite que el Departamento de Educación actualice el conteo de pagos válidos y detecte problemas antes de la etapa final del perdón.

Las nuevas reglas sobre empleadores sin fines de lucro enfrentan impugnaciones judiciales

Otra modificación introducida este año afecta a los empleadores que pueden calificar. Las normas que entraron en vigor el mes pasado contemplan situaciones vinculadas con organizaciones consideradas portadoras de un “propósito ilegal sustancial”.

Partes de esos cambios enfrentan impugnaciones en tribunales federales. Por eso, los prestatarios empleados por entidades sin fines de lucro deben seguir de cerca la orientación oficial si su organización pudiera quedar alcanzada por las nuevas disposiciones.

La publicación subrayó que no todos los deudores podrán acceder al PSLF y que, incluso entre quienes reúnan las condiciones, puede faltar mucho tiempo para llegar a la condonación. Frente a eso, el sistema mantiene otras vías para reducir la carga mensual o volver más manejable la devolución.

Entre esas alternativas siguieron apareciendo los planes de pago ligados a los ingresos para muchos prestatarios con préstamos federales ya existentes, aunque la oferta disponible cambió de forma marcada durante el último año.

Si una persona dejó de reunir los requisitos para un plan, todavía podría tener acceso a otra opción basada en ingresos, según la fecha en que contrajo la deuda.

La consolidación también puede ser útil para quienes combinan distintos tipos de préstamos federales o necesitan convertir créditos antiguos en préstamos Direct para acceder a ciertos beneficios. El medio insistió en que esa decisión debe evaluarse con cuidado porque puede afectar el historial de pagos.

Quienes atraviesan dificultades financieras y no califican para el perdón por servicio público pueden contactar a la empresa administradora de su préstamo para averiguar qué ayuda existe.

Según el artículo, esa asistencia puede incluir aplazamiento, indulgencia temporal u otro acuerdo de pago mientras el prestatario recupera estabilidad económica.

También existe la refinanciación con un prestamista privado para deudores con buen crédito e ingresos estables que no planean buscar perdón federal.

Esa opción puede permitir una tasa más baja, pero elimina de forma permanente el acceso a beneficios federales como el PSLF y los planes de pago en función de los ingresos.

Nueva Jersey y Nueva York quedaron entre los estados con mayor deuda promedio de tarjetas de crédito en Estados Unidos, con saldos de USD 5.160 y USD 4.820 por persona, respectivamente, por encima de la media nacional de USD 4.350, según un estudio de Achieve, una empresa de finanzas personales digitales, basado en datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Los montos ubicaron a Nueva Jersey en el tercer lugar del país y a Nueva York en el décimo puesto.

El relevamiento, difundido por la agencia EFE, señaló que la deuda de tarjetas de crédito aumentó en los 50 estados durante el último año y que en ningún estado el saldo promedio disminuyó. Para el informe, esa dinámica reflejó “una creciente presión financiera para millones de hogares”.

Nueva Jersey ocupó el tercer lugar del país. Su saldo medio subió USD 250 en el último año, un alza de 4,2%, y quedó 18,6% por encima del promedio nacional, de acuerdo con el estudio de Achieve basado en los datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Nueva York apareció en el décimo puesto, con una deuda promedio de USD 4.820 por persona. Según el mismo reporte, ese nivel se ubicó 10,8% por encima de la media del país.

La suba se extendió a los 50 estados y no hubo retrocesos

El fundador y codirector ejecutivo de Achieve, Brad Stroh, destacó que el rasgo principal del estudio fue la extensión del fenómeno en todo el país durante 2025. “Las cantidades varían considerablemente, pero en ningún lugar del país el saldo promedio disminuyó durante el año.

Esto sugiere que no se trata solo de un problema local”, afirmó, según informó EFE.

En el mapa general, los estados con mayor deuda se concentraron “principalmente en el oeste y noreste del país”, de acuerdo con el despacho. En ese grupo, el promedio de Nueva Jersey colocó al estado entre los más comprometidos por saldo per cápita, mientras que Nueva York se mantuvo dentro del “top 10” nacional.

El informe también ubicó en la parte alta del ranking a Alaska y Hawái, donde la deuda promedio alcanzó USD 5.250 y USD 5.220 por persona, respectivamente, cifras que también superaron el promedio nacional de USD 4.350, según Achieve y los datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Los aumentos y los mínimos: California, Misisipí, Kentucky y Virginia Occidental

Además de los niveles de deuda, el estudio midió variaciones anuales. En ese punto, California registró el mayor incremento, con un aumento de más de USD 260 en la deuda promedio por persona.

En el extremo opuesto, Misisipí mostró uno de los niveles más bajos, con un promedio de USD 3.030. También se ubicaron entre los estados con menor deuda Kentucky, con USD 3.140, y Virginia Occidental, con USD 3.180, de acuerdo con el mismo informe.

El contraste entre estados subrayó la dispersión del fenómeno: los saldos promedio variaron de manera marcada, aunque el patrón general se mantuvo sin excepciones, según Achieve y la Reserva Federal de Nueva York.

El uso del crédito para cubrir gastos básicos

Achieve atribuyó parte del problema a un uso cada vez más extendido del crédito para cubrir necesidades cotidianas. De acuerdo con la empresa, “más de la mitad” de las personas con deuda en sus tarjetas las utilizaron para afrontar gastos básicos como alimentación, vivienda y servicios, según el despacho de EFE.

Ese dato apuntó a una presión sobre el presupuesto doméstico que no se limitó a compras discrecionales y que, según el reporte, se reflejó en el aumento generalizado de los saldos. La lectura del estudio, tal como fue difundida por la agencia, fue que el incremento del endeudamiento se integró a la vida diaria de los hogares, y no a episodios puntuales de consumo.

En este marco, el informe planteó un diagnóstico de alcance nacional: no se trató de una anomalía localizada en un estado o una región, sino de una tendencia uniforme en los 50 estados. La combinación entre aumentos interanuales y ausencia de retrocesos estaduales marcó, para Achieve, un escenario de tensión financiera sostenida.

Qué significa que el saldo promedio no baje

En términos prácticos, eso implicó que una proporción de consumidores terminó el período medido con más deuda que al inicio, sin que ningún territorio presentara un descenso en el promedio general.

Stroh lo interpretó como un indicio de que el problema no se explicó solo por condiciones locales. En su lectura, la variación de los montos no cambió el hecho estructural: el promedio creció en todo el país, y ese patrón sugirió un origen más amplio que el de una coyuntura estatal, de acuerdo con su declaración.

Para el informe de Achieve, el aumento de la deuda “reflejó una creciente presión financiera para millones de hogares” en Estados Unidos. En esa frase, citada por EFE, el documento vinculó el crecimiento del saldo promedio con una realidad más amplia de estrés económico familiar.

La deuda promedio de Nueva Jersey y Nueva York en el ranking nacional

Los datos ubicaron a ambos estados dentro del grupo de mayores saldos promedio per cápita, en una clasificación que, en la parte superior, incluyó a Alaska y Hawái.

Un fenómeno nacional con diferencias regionales

En paralelo, los promedios más bajos se observaron en estados del sur y del centro del país, como Misisipí, Kentucky y Virginia Occidental. Ese contraste mostró que el fenómeno tuvo un alcance nacional, pero con rangos que variaron de manera significativa según el territorio.

Aun con esas diferencias, el informe insistió en el elemento común: no hubo un solo estado en el que el promedio se redujera durante el período analizado, de acuerdo con Achieve y los datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Un aumento que, según Achieve, presiona a los hogares

Con Nueva Jersey en el tercer lugar y Nueva York en el décimo, ambos estados quedaron dentro del grupo que superó el promedio nacional de USD 4.350 por persona, en un escenario en el que, según Achieve, la carga del endeudamiento siguió en ascenso en Estados Unidos y se proyectó como un problema de alcance federal.

En Estados Unidos, varios cobradores de deudas pueden reclamar el pago de una misma cuenta, pero no todos tienen derecho a cobrarla al mismo tiempo.

Según CBS News, esa superposición suele ocurrir cuando los derechos de cobro fueron transferidos entre agencias o cuando la deuda fue vendida a un nuevo propietario, un escenario que puede exponer al deudor a errores costosos si paga sin verificar quién tiene la autoridad legal.

La publicación señaló que, en esos casos, una salida negociada puede incluso reducir lo adeudado entre 30% y 50% si la situación financiera ya es inmanejable y se opta por una liquidación de deuda.

Ese dato aparece como una de las alternativas para quienes no pueden devolver el total del saldo.

La respuesta breve es sí: más de un cobrador puede contactar a una persona por la misma deuda. Eso puede pasar a lo largo del tiempo, porque el acreedor original contrata a una agencia de cobro y, si no logra recuperar el dinero, reasigna la cuenta a otra o vende la deuda a un comprador especializado.

Durante esa transición pueden producirse cruces: una agencia puede estar cerrando sus gestiones mientras otra ya empezó a llamar o enviar cartas.

Además, retrasos administrativos, demoras en los registros o información desactualizada pueden hacer que parezca que varias empresas persiguen simultáneamente la misma cuenta.

Dos empresas no deberían cobrar al mismo tiempo si solo una tiene autoridad legal

En términos generales, no debería ocurrir que dos compañías distintas reciban pagos de la misma deuda al mismo tiempo si solo una de ellas tiene la facultad legal para hacerlo.

Si esa situación parece darse, el deudor no debe asumir que ambas tienen derecho a exigir el dinero. También puede haber una confusión más simple: no siempre se trata de la misma obligación.

CBS News explicó que dos tarjetas de crédito distintas emitidas por el mismo banco pueden terminar en manos de agencias de cobro diferentes, de modo que una aparente duplicación puede corresponder, en realidad, a dos cuentas separadas.

Si una persona cree que un cobrador intenta reclamar una deuda que no posee o que no puede verificar, tiene derecho a impugnarla.

Conservar copias de cartas, correos electrónicos y comprobantes de pago también ayuda a resolver reclamos contradictorios si aparecen.

El cuadro descrito por la publicación se inserta en un contexto de presión sobre los hogares: niveles elevados de deuda doméstica, costos de financiamiento todavía caros en términos históricos e inflación que encarece los gastos cotidianos.

Cuando alguien se atrasa en los pagos, esa tensión suele empezar con cartas y llamadas, y terminar con contactos de empresas desconocidas que exigen el cobro.

Consolidación, administración o liquidación: las vías que menciona la publicación

Cuando los avisos de cobro múltiples son solo una señal de un problema de deuda más amplio, resolver los saldos de fondo puede ser más útil que lidiar con cada cobrador por separado. La alternativa adecuada, indicó el medio, depende de la situación financiera de cada persona.

Si el crédito todavía se mantiene en condiciones relativamente buenas y el total adeudado sigue siendo manejable, un préstamo de consolidación puede reunir varias deudas de tasa alta en un solo pago mensual con un interés menor. Eso simplifica el calendario de pagos y puede abaratar la cancelación del saldo.

Si el atraso se debe a la dificultad de seguir varias deudas no garantizadas, pero la persona todavía puede afrontar pagos regulares, una opción es un plan de administración de deuda a través de una agencia de asesoramiento crediticio.

En ese esquema, el objetivo es bajar tasas de interés y cargos, además de simplificar el proceso de devolución sin tomar un nuevo préstamo.

Si la deuda ya dejó de ser sostenible y pagar el total no es realista, la liquidación puede ser la salida. Ese mecanismo busca acordar con los acreedores un pago único por un monto inferior al saldo completo, aunque la publicación advirtió que esa estrategia puede traer consecuencias sobre la calificación crediticia y sobre los impuestos.

Antes de entregar dinero, la recomendación central es verificar quién tiene autoridad legal para cobrar, pedir validación de la deuda si hace falta y guardar un registro detallado de cada comunicación.

Si los reclamos de varios cobradores reflejan un deterioro financiero mayor, actuar temprano sobre el problema de fondo puede evitar que la situación siga escalando.

México obtuvo una victoria jurídica en el ámbito internacional al ganar el arbitraje promovido por los fondos estadounidenses Cyrus Capital Partners, L.P. y Contrarian Capital Management, L.L.C. ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre inversionistas y Estados.

La Secretaría de Economía informó que el Tribunal Arbitral desestimó en su totalidad la reclamación presentada contra el Estado mexicano, con la que ambas firmas buscaban obtener una indemnización superior a los 219 millones de dólares al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

¿Por qué demandaron a México? El origen del conflicto con TV Azteca

El procedimiento arbitral inició en 2023 y tuvo como antecedente la adquisición de bonos de deuda emitidos por TV Azteca por parte de los fondos demandantes, mediante filiales establecidas en las Islas Caimán.

Las empresas argumentaron que una resolución emitida por un juzgado del Poder Judicial de la Ciudad de México afectó el valor de sus inversiones, por lo que responsabilizaron al Estado mexicano de los presuntos daños económicos.

No obstante, el Gobierno de México sostuvo desde el comienzo que el conflicto correspondía a una controversia entre particulares y que el mecanismo de arbitraje previsto en el TLCAN no era la vía adecuada para resolver una disputa relacionada con una empresa privada en la que el Estado no tenía participación.

Así fue el fallo del CIADI

• El monto reclamado superaba los 219 millones de dólares.
• El arbitraje fue promovido por Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management.
• El Tribunal Arbitral emitió su resolución el 30 de julio de 2026.
• El fallo fue unánime a favor del Estado mexicano.
• El CIADI determinó que los demandantes no calificaban como inversionistas protegidos por el TLCAN.
• También concluyó que no existía una inversión protegida conforme al tratado.
• Además de desechar la demanda, ordenó a las empresas cubrir los gastos y costos del arbitraje a favor de México.

Tribunal concluye que no tenía jurisdicción para resolver el caso

La resolución del Tribunal Arbitral estableció que Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management no reunían los requisitos para ser considerados inversionistas bajo el TLCAN y, en consecuencia, el organismo carecía de jurisdicción para analizar el fondo del asunto.

Con esta determinación, la demanda fue desestimada en su totalidad, evitando que el Estado mexicano enfrentara el pago de la indemnización millonaria reclamada por los fondos estadounidenses.

Asimismo, el tribunal ordenó que las empresas demandantes asumieran una cantidad considerable por concepto de gastos y costos derivados del procedimiento arbitral, aunque el monto específico no fue revelado.

Secretaría de Economía destaca la estrategia jurídica del Estado mexicano

La dependencia federal atribuyó el resultado a la defensa realizada por la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, adscrita a la Subsecretaría de Comercio Exterior, que contó con el respaldo de la firma internacional Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.

La estrategia jurídica se enfocó en demostrar que las reclamaciones presentaban deficiencias que impedían resolver el caso bajo las disposiciones del TLCAN, además de sostener que el Gobierno de México no tenía injerencia en la controversia entre los fondos de inversión y TV Azteca.

Laudo del CIADI será publicado tras revisión de información confidencial

La Secretaría de Economía informó que el laudo arbitral permanece en un proceso de revisión para identificar información confidencial susceptible de protección. Una vez concluida esa etapa, el documento será publicado en el portal oficial del CIADI, donde también podrá consultarse el expediente relacionado con este procedimiento.

Con esta resolución, México suma un nuevo resultado favorable en materia de arbitrajes internacionales, al evitar una reclamación económica multimillonaria y obtener, además, el reembolso de parte de los costos legales derivados del proceso.

El Gobierno de Panamá cambió el mecanismo para cancelar las obligaciones pendientes del Fondo Solidario de Vivienda, al autorizar que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda pagar total o parcialmente a promotores, bancos y financieras mediante títulos valores de deuda pública, en lugar de depender exclusivamente de desembolsos en efectivo.

La medida quedó establecida en el Decreto Ejecutivo No. 5 del 4 de agosto de 2026, publicado en la Gaceta Oficial.

La norma adiciona el artículo 7-A al Decreto Ejecutivo No. 306 de 2020, que reguló el programa durante sus últimos años. Hasta ahora, la normativa contemplaba principalmente pagos con recursos depositados por el MEF en el Banco Nacional de Panamá o con cargo a la Cuenta del Tesoro.

Con el cambio, el Estado incorpora una alternativa financiera para atender compromisos acumulados cuando no exista disponibilidad inmediata de efectivo.

En términos sencillos, los acreedores podrán recibir Letras, Notas u otros títulos emitidos por la República de Panamá, instrumentos que representan una obligación de pago del Estado y pueden conservarse hasta su vencimiento o negociarse en el mercado.

El Gobierno ya aplicó un sistema semejante para compensar obligaciones por intereses preferenciales hipotecarios. En julio de 2025, el MEF colocó $40 millones en Letras del Tesoro entre bancos que financiaban viviendas, destacando que se trataba de instrumentos líquidos y negociables en el mercado local.

El mecanismo no será automático: el MEF decidirá cuándo utilizarlo, deberá comunicar las condiciones financieras y cada promotor, banco o financiera tendrá que aceptar por escrito esta modalidad.

El decreto establece que los títulos podrán cubrir la totalidad o una parte del monto adeudado. Cuando se trate de nuevas emisiones, será necesaria la autorización previa del Consejo de Gabinete; si se utilizan instrumentos ya aprobados dentro de programas vigentes, bastará la autorización del MEF.

Una vez entregados, la deuda estatal quedará extinguida hasta el valor reconocido, que deberá registrarse en los expedientes y cartas de promesa de pago correspondientes.

La decisión busca atender obligaciones originadas en el Bono Solidario de Vivienda, un aporte estatal de $10.000 destinado al abono inicial de la primera vivienda de familias con ingresos mensuales de hasta $2.000.

El beneficio se aplicaba a casas con un precio máximo de $70.000 y el dinero no se entregaba directamente al comprador, sino que era reconocido a los promotores dentro de la operación hipotecaria.

La deuda se acumuló porque numerosas viviendas fueron construidas, vendidas y financiadas bajo el programa, pero los aportes autorizados no fueron pagados oportunamente por el Estado.

En 2024, el entonces ministro Rogelio Paredes reconoció que existían compromisos cercanos a $80 millones correspondientes a 2022 y 2023 y atribuyó el retraso a un arrastre de varios años, agravado durante la pandemia. Posteriormente se aprobaron $86 millones para atender alrededor de 10.000 expedientes.

El Fondo Solidario terminó formalmente en junio de 2024, pero quedaron vigentes los proyectos que no habían concluido y los compromisos respaldados mediante resoluciones ministeriales.

Esto significa que, aunque ya no se incorporaban nuevos beneficiarios, el Estado conservaba la obligación de pagar los bonos previamente aprobados, incluso cuando los expedientes todavía se encontraban en revisión o completando requisitos administrativos.

En mayo de 2026, el ministro de Vivienda, Jaime Jované, informó que el Miviot había pagado $118 millones relacionados con compromisos vencidos del programa.

La cifra superó la deuda de aproximadamente $80 millones encontrada inicialmente porque, al revisar los archivos, aparecieron más expedientes con derecho al beneficio que no estaban contabilizados. Jované admitió que todavía continuaba la verificación de nuevos casos, por lo que no existe una cifra pública definitiva del saldo pendiente.

Ese punto explica por qué se habilita ahora una modalidad adicional: el problema no se limita a conseguir presupuesto, sino también a evitar que los pagos dependan únicamente de liquidez inmediata.

La reforma no revive el Fondo Solidario ni crea nuevos subsidios. Tampoco modifica el monto del bono, las condiciones exigidas a las familias, los proyectos aprobados o los derechos reconocidos previamente.

Su alcance se limita a cambiar la forma en que podrán pagarse las obligaciones pendientes, incluyendo aquellas cedidas por los promotores a bancos o financieras, una práctica utilizada para obtener liquidez mientras esperaban el desembolso oficial.

El Miviot deberá remitir al MEF el detalle de cada obligación susceptible de ser cancelada, incluyendo la resolución que aprobó el aporte, el acreedor, el monto adeudado y la constancia de cumplimiento de los requisitos.

Con esa información, Economía y Finanzas establecerá el orden de pago, los plazos y las características de los títulos ofrecidos. El desafío será que el mecanismo acelere la cancelación de expedientes sin trasladar indefinidamente el problema hacia una mayor deuda pública.

La mayor empresa avícola de la Argentina extendió por otros 15 días el cierre de su planta en Río Cuarto, provincia de Córdoba. Según pudo saber Infobae, la parada, que originalmente se había anunciado como una detención técnica de dos semanas, se extiende así por un mes completo e impacta a los 350 trabajadores del establecimiento de Avex. La medida se suma a conflictos activos en otras cuatro localidades del país, donde la firma que supo ser la mayor procesadora de pollos del país tiene plantas de producción.

La fábrica cordobesa había detenido su actividad a mediados de julio bajo la definición oficial de “parada programada”, con la promesa de retomar la producción en un plazo breve. Esa fecha no se cumplió.

La extensión del cierre agrava un escenario que ya venía deteriorándose en otras unidades productivas del grupo: la planta Pinazo, en Pilar (Buenos Aires), suspendió durante agosto a la totalidad de su personal; la planta Wade II —conocida como CEISA, ex Cresta Roja—, en Esteban Echeverría, registró paralizaciones por conflictos salariales, bloqueos y demoras en los pagos; y la planta Wade I, en Ezeiza, opera con una fuerte reducción de actividad. A eso se suma la planta La China, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que permanece cerrada como parte del mismo proceso, desde fines de mayo de este año.

Granja Tres Arroyos busca reestructurar su deuda

La crisis que atraviesa la compañía tiene su origen en una combinación de factores. El primero y más inmediato fue el impacto de la influenza aviar de alta patogenicidad sobre los mercados de exportación. La Argentina perdió el acceso a los mercados de la Unión Europea y China en febrero de 2023, cuando el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó los primeros casos en establecimientos comerciales. Esa interrupción se extendió hasta agosto de aquel año y le costó al sector una caída estimada en USD 160 millones.

Un segundo brote, registrado en agosto de 2025, volvió a cerrar el acceso europeo para la carne fresca. Un tercer episodio, detectado en febrero de 2026 en la localidad bonaerense de Ranchos —con focos posteriores en Lobos, Bolívar y Alejo Ledesma, Córdoba— prolongó esa situación hasta semanas atrás. Recién el 28 de julio, la Comisión Europea publicó en su Diario Oficial el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1813, que habilita a Argentina a retomar las exportaciones de carne aviar fresca a partir del 17 de agosto, tras reconocer la recuperación del estatus de país libre de IAAP.

Para Granja Tres Arroyos, sin embargo, esa reapertura llega tarde. La empresa había solicitado en diciembre de 2024 la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, expediente que nunca se formalizó a nivel nacional pero que aceleró los recortes internos.

En paralelo, la compañía negocia con sus acreedores una reestructuración de deuda de USD 350,9 millones, con la banca de inversión VALO como asesora del proceso. El plan contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago de hasta siete años y la venta de al menos cinco activos no estratégicos del grupo.

De una dotación cercana a los 7.000 trabajadores y una faena diaria de hasta 760.000 aves, la compañía pasó a operar con una dotación menor y un volumen que llegó a caer a cerca de 200.000 pollos por día. El plan de recuperación que maneja la empresa proyecta un rebote productivo en nueve meses, con una faena diaria que podría volver a ubicarse por encima de las 400.000 aves.

La caída de la mayor procesadora de aves del país

La expansión que precedió a la crisis fue agresiva. En 2018, Granja Tres Arroyos adquirió la planta que hoy opera como Wade —la ex Cresta Roja, que ya había atravesado una quiebra decretada por la Justicia en 2015— con el aval del gobierno nacional. Luego incorporó Avex en Río Cuarto. Esa estrategia la consolidó como la principal procesadora de pollos del país, aunque también implicó administrar una estructura industrial y financiera mucho más grande y compleja.

Desde 2022, el 34% del capital de la empresa pertenece a la estadounidense Tyson Foods. A comienzos de este año, dentro del mismo proceso de búsqueda de liquidez, el grupo vendió a ACA la planta de Avex bajo un esquema de venta con alquiler posterior, que le permitió obtener fondos de manera inmediata sin perder el uso de las instalaciones, con opción de recompra dentro de cuatro años.

Tras diecinueve aumentos mensuales consecutivos en la tasa de mora del crédito a las familias, que alcanzó en mayo un 12,8% -el nivel más alto en más de dos décadas-, en junio ese indicador no mostró avances. Este fenómeno que se consolidó como una de las principales preocupaciones para la banca y los consumidores, se mantiene en alza si se toma sólo los créditos otorgados por entidades no financieras como las fintech y otras, pero por primera vez marca un posible techo en la serie de créditos bancarios.

Los números surgen de un informe de la consultora 1816 en base a datos de la Central de Deudores (Cendeu), una estimación privada que viene siendo muy precisa al adelantar los datos oficiales. El freno ya era esperado por especialistas como Damián Falcone, profesor de Gestión del Riesgo en IAE Business School, ya que el ratio de irregularidad refleja decisiones y situaciones de pago de varios meses atrás y los deudores morosos permanecen en el stock deteriorado durante meses o años. Los números, así, indicarían que no se están generando nuevos morosos dado que los bancos redujeron mucho sus préstamos y los orientaron a aquellos clientes con mayor capacidad adquisitiva y menor riesgo de impago.

El ratio de mora crediticia mide la relación entre la cartera en situación irregular y la cartera total. Ambos componentes muestran rezagos y acumulación. Por eso, lo que se observa en mayo en realidad representa, en gran parte, decisiones tomadas en febrero y refleja la inercia del daño acumulado, no la temperatura actual del sistema. Además, el indicador agrega un segundo nivel de dificultad al mezclar líneas de crédito muy dispares: préstamos personales, tarjetas de crédito, prendarios e hipotecarios muestran realidades muy distintas.

Detrás del 12,8% general, los préstamos personales exhiben una irregularidad del 15,9%, las tarjetas de crédito un 13,1% y los prendarios un 7,7%. Los créditos hipotecarios, en cambio, alcanzan solo el 1,6%. El crédito a empresas mantiene una mora del 3,5%. El deterioro se concentra, con claridad, en el financiamiento sin garantía destinado al consumo de los hogares de menores ingresos. De este panorama se desprende la necesidad de analizar los componentes del indicador por separado: cantidad de nuevos deudores que ingresan a la mora, depuración del stock deteriorado y evolución del crédito total. Estas dinámicas son independientes y no se reflejan con precisión en el ratio de mora tradicional.

El Banco Central (BCRA) usa un indicador alternativo para ofrecer una visión más anticipada: la Probabilidad de Default Estimada (PDE). Este índice mide la proporción del saldo que, estando en situación regular tres meses antes, pasa a irregular. Por su diseño, la PDE anticipa el ratio de mora en aproximadamente un trimestre y permite observar los primeros signos de cambio en el flujo de entrada a la morosidad.

Según datos del BCRA, en abril la PDE del sector privado total descendió por tercer mes consecutivo, situándose en 2,6%. En el caso del crédito a las familias, la PDE bajó a 4,4%, medio punto por debajo del pico registrado en enero.

El informe de 1816, por otra parte, le pone números a los datos de junio: la mora total cayó del 7,7% al 7,6% en junio, mientras que la mora en las familias retrocedió del 12,8% al 12,7% de la cartera. El análisis de la consultora remarca que esta mejora no responde a una recuperación de la prudencia de los bancos, sino a un filtro mucho más estricto impuesto por el sistema: alrededor de seis millones de personas quedaron excluidas de tomar crédito nuevo por registrar algún préstamo impago y más de una cuarta parte de quienes accedieron a préstamos en los últimos años dejó de ser sujeto de crédito. Así, las nuevas originaciones se concentran en un universo previamente depurado, con un perfil de riesgo mejor que el observado en 2024 y 2025.

El propio BCRA describe este proceso como un ciclo crediticio “más selectivo, saludable y sostenible”, resultado de los aprendizajes de deudores y acreedores en un contexto donde las deudas ya no se licúan. El flujo de entrada a la mora pierde fuerza y, en consecuencia, el stock deteriorado deja de crecer. Así lo explica Falcone: “Cuando el flujo de entrada merma, el stock deja de crecer”.

El efecto de depuración se observa también en la composición del stock moroso. El ratio de mora se modera principalmente por un menor ritmo de crecimiento del saldo real en situación irregular. Aunque la cartera problemática sigue creciendo, lo hace cada vez con menos intensidad. Además, la concentración de la mora en productos de corto plazo, como préstamos personales y tarjetas de crédito, favorece el envejecimiento del stock deteriorado, que migra hacia categorías irrecuperables y finalmente es castigado por las entidades, saliendo del cociente de irregularidad.

El informe de 1816 señala que el stock de préstamos al sector privado dejó de caer. En mayo, el crédito en pesos al sector privado aumentó un 0,3% en términos reales, cortando una racha de cuatro meses consecutivos de contracción. Para que el ratio de mora descienda, el saldo total debe crecer más rápido que el saldo en mora, condición que por ahora no se consolidó plenamente. La recuperación se da de manera asimétrica: las líneas comerciales subieron un 1,4% real y las garantizadas por bienes reales un 1%, mientras el crédito al consumo retrocedió un 1,1%. El cambio de tendencia, no obstante, ya se registró y modifica las perspectivas para los próximos meses.

La evolución de la probabilidad de default estimada (PDE) -ver la siguiente infografía- para el crédito al sector privado. En la serie “en saldos”, la PDE para familias trepó desde valores cercanos al 1% en 2024 hasta superar el 5% en el primer trimestre de 2026, antes de retroceder por debajo del 4%. Para empresas, la PDE subió menos de un punto porcentual en ese período, evidenciando un deterioro mucho más moderado. En el gráfico “en cantidad”, tanto la línea de familias como la de empresas muestran comportamientos similares, aunque las familias registran siempre valores superiores.

Las líneas punteadas de la infografía, que marcan los promedios de los últimos veinte años, sirven de referencia para dimensionar la magnitud de la crisis reciente y el retorno gradual hacia parámetros históricos. Dichas líneas no incluyen el impacto de medidas de alivio financiero implementadas durante la pandemia de COVID-19.

El sistema financiero se prepara para el tramo final del deterioro. Según datos oficiales, las provisiones -montos que, por regulación, los bancos deben apartar para cubri eventuales impagos- cubren el 86,3% de la cartera irregular y el crédito irregular neto de previsiones representa solo el 2,2% del capital regulatorio. Esto sugiere que el riesgo relevante no reside en la solvencia bancaria sino en la capacidad de financiamiento del consumo.

El acceso restringido al crédito formal afecta a millones de personas, que quedan excluidas del sistema y constituyen una limitación significativa para la demanda de los próximos trimestres. 1816 advierte que, aunque la mejora de la morosidad se presenta como una noticia positiva, el diagnóstico adecuado radica en identificar que el riesgo cambió de naturaleza.

El análisis de Falcone subraya que anticipar el punto de inflexión en la mora exige observar con atención las dinámicas independientes de entrada, depuración y expansión del crédito. “El ratio tiene una inercia considerable y es una fotografía del daño acumulado, no un termómetro del presente”, afirma el especialista. La combinación de menor flujo de nuevos morosos, depuración del stock y señales incipientes de recuperación en la oferta de crédito configura un escenario de transición, donde los desafíos persisten pero la trayectoria comienza a modificarse.

Una encuesta privada detectó un fuerte malestar de la sociedad argentina respecto de la situación económica. Se trata de una encuesta de la consultora Zentrix según la cual al evaluar la situación personal y la marcha de la economía dos de cada tres argentinos dijeron que sus ingresos se agotan el día 20 del mes.

El punto de partida de esa evaluación, según surge del informe de la encuesta, “es un salario que perdió la carrera contra los precios y no la recupera: el 87,4% de los encuestados afirma que su ingreso no le gana a la inflación, un techo que ya no distingue posiciones políticas: el 73% de los votantes oficialistas admite esa pérdida, cifra que entre los opositores trepa al 97,1 por ciento”.

Zentrix subraya que la la diferencia entre ambos electorados no está en si el deterioro existe sino en cómo se lo nombra: costo de transición para unos, fracaso económico para otros. “Cuando una experiencia material es tan transversal que alcanza incluso a quienes respaldan al Gobierno deja de ser un problema de gestión para convertirse en una condición de época”, afirma.

Según la misma encuesta, el 86,6% de los argentinos afirmó para llegar a fin de mes se necesitan dos o más empleos y dos de cada tres agotan sus ingresos a lo sumo el día 20 de cada mes. Menos del 10% de los encuestados (más precisamente, el 9,3%) afirmó que llega a fin de mes con alguna capacidad de ahorro.

Una de las consecuencias del rezago de los ingresos respecto de la inflación y de su insuficiencia para solventar los presupuestos personales o familiares es que -dice el informe- “el crédito dejó de ser una herramienta de progreso para volverse un mecanismo de subsistencia: el 61,9% se endeudó en los últimos seis meses y la mitad de esos hogares lo hizo para pagar los gastos básicos”.

De hecho, la compra de bienes durables explica apenas el 11,5% del endeudamiento de las familias. Gran parte de dedica a financiar el pago de alimentos y tarifas y el endeudamiento es más agudo en el segmento de 18 a 39 años, al punto que en ese rango etario el 35,8% recurrió a prestamistas o financieras informales, contra apenas el 7% entre los mayores de 60 años. De ese modo, dice el informe, “el segmento con menos respaldo patrimonial es, paradójicamente, el más expuesto a las condiciones más caras y menos reguladas del mercado, en un círculo donde la falta de espalda financiera empuja hacia el crédito más riesgoso”.

El cuadro que describe la encuesta coincide con los problemas de morosidad que surgen de los datos de los bancos privados y de los informes del Banco Central. Dice al respecto: “casi la mitad de quienes tomaron crédito no lo está pagando con comodidad: al 28,9% le cuesta mucho, el 12% ya se atrasó en algún pago y un 6,4% directamente admite que no puede pagar”. Además, el 55% cree que el nivel de las tasas hacen que el crédito “termine siendo una trampa”,

En otro pasaje, el informe señala que el cuadro económico que describe la encueta “finalmente se derrama sobre cómo los argentinos leen el país y se leen a sí mismos: la evaluación negativa de la economía personal alcanza el 42,8%, pero la del país trepa al 61,8%: una brecha de casi veinte puntos que revela que el malestar ya no se vive como una desgracia individual, sino como un diagnóstico colectivo”.

La sensación de deterioro compartido, interpreta Zentrix, se traduce en la autopercepción de clase: sumando clase baja y media-baja, el 53,9% de la sociedad se ubica hoy en la base de la pirámide. “No es un dato de ingresos sino de identidad, y ahí está su peso político: cuando el pluriempleo se vuelve norma, la deuda se vuelve subsistencia y aun con todo eso no se llega al día 20. De esta manera, la mitad del país deja de sentirse parte de una clase media que durante décadas fue el relato central de la Argentina”.

A su vez, consultados acerca de cuáles son sus principales preocupaciones, el ranking de respuestas fue encabezado por la corrupción, con 48,8%, respuesta llamativa cuando la principal preocupación es llegar a fin de mes o cómo afrontar las deudas.

De todos modos, pisándole los talones a esa respuesta aparece como segunda preocupación, con el 46,9%, el nivel de ingresos y salarios, en tercer lugar la incertidumbre económica (41,6%), en cuarto lugar el desempleo (29,1%) y en quinto las tarifas de servicios públicos (26,8%). En ese ranking de preocupaciones, dice Zentrix, “la corrupción funciona menos como un problema aislado que como el nombre que la gente le pone a su desconfianza general hacia la dirigencia”.

Los panameños aumentaron el uso del crédito para comprar automóviles, financiar gastos personales y realizar consumos con tarjetas durante el primer semestre de 2026.

La expansión de estos productos convirtió al financiamiento de los hogares en uno de los principales motores de la actividad bancaria, en contraste con el comportamiento más débil de los préstamos destinados a algunos sectores empresariales.

Al mismo tiempo, la banca registró más depósitos, elevada liquidez y una reducción proporcional de la morosidad, aunque persisten señales que deberán vigilarse durante los próximos meses.

La cartera crediticia local del Sistema Bancario Nacional alcanzó 65,592.7 millones de dólares al cierre de junio, un crecimiento interanual de apenas 1.26%. Sin embargo, esta cifra general oculta diferencias importantes.

El crédito al sector público aumentó 19.39% y explicó alrededor del 56% de todo el incremento, mientras el financiamiento al sector privado creció solamente 0.58%.

Esto significa que el avance de los préstamos no estuvo impulsado de manera uniforme por las empresas y los consumidores, sino que una parte considerable respondió al mayor financiamiento otorgado a entidades públicas.

Dentro del sector privado, el mayor dinamismo se concentró en los hogares. El financiamiento destinado a vivienda y consumo personal alcanzó 36,997.9 millones de dólares, después de crecer 3.26% en un año. De ese total, 21,614 millones correspondieron a préstamos hipotecarios y 15,383.9 millones a créditos de consumo.

Aunque las hipotecas continúan representando la mayor parte de la deuda de las familias, solo aumentaron 1.50%, mientras el consumo avanzó a un ritmo casi cuatro veces superior, con un crecimiento de 5.83%.

El producto con mayor crecimiento porcentual fueron los préstamos para la compra de automóviles, cuyo saldo pasó de 2,129 millones a 2,371 millones de dólares, un aumento de 11.4%.

La cartera sumó 242 millones de dólares adicionales en doce meses y representó aproximadamente 15.4% de todo el crédito de consumo. El resultado muestra una mayor demanda de financiamiento para vehículos, aunque el informe de la Superintendencia de Bancos no distingue entre automóviles nuevos y usados ni permite determinar cuánto del incremento estuvo relacionado con cambios en los precios de los vehículos.

Los préstamos personales continuaron siendo el principal componente del crédito de consumo, con un saldo de 10,159 millones de dólares y una participación cercana al 66%.

En comparación con junio de 2025, aumentaron 403 millones de dólares, equivalentes a 4.1%. Estos préstamos son generalmente de libre disponibilidad y pueden emplearse para educación, mejoras de vivienda, gastos médicos, consolidación de obligaciones o compra de bienes y servicios.

También aumentaron los saldos de las tarjetas de crédito, que pasaron de 2,652 millones a 2,854 millones de dólares, un incremento de 7.6%. Las tarjetas concentraron alrededor de 18.6% de la cartera de consumo y sumaron 202 millones de dólares adicionales.

Este avance puede estar relacionado con un mayor volumen de compras y pagos financiados, pero también obliga a observar la capacidad de pago de las familias, debido a que este producto suele tener un costo financiero más elevado que los préstamos personales, hipotecarios o para automóviles.

En el mercado de vivienda, el crecimiento fue más moderado. La cartera hipotecaria aumentó 320.4 millones de dólares, hasta alcanzar 21,614 millones, con una variación de 1.50%.

No obstante, junio dejó una señal de recuperación: los nuevos préstamos hipotecarios crecieron 34.3%, hasta 157.5 millones de dólares, mientras las nuevas colocaciones para construcción aumentaron 37.1%, hasta 208.4 millones.

En conjunto, ambos segmentos originaron 365.9 millones durante ese mes, 35.9% más que un año antes. Pese al repunte, el acumulado semestral todavía se mantuvo por debajo de 2025.

El financiamiento empresarial ofreció una imagen menos uniforme. La cartera destinada a empresas representó aproximadamente 41.1% del crédito privado y se situó en 25,766 millones de dólares. El comercio, principal componente, creció apenas 0.94%, hasta 13,831.7 millones.

En contraste, el saldo de los créditos a la industria disminuyó 13.79% y el destinado a construcción cayó 10.20%. Agricultura bajó 5.62% y ganadería 2.13%, mientras aumentaron las actividades financieras, la pesca y la minería, aunque estas dos últimas parten de saldos considerablemente menores.

Las nuevas colocaciones, sin embargo, mostraron una mejora importante al final del semestre. En junio se otorgaron 2,859.6 millones de dólares en créditos nuevos, un incremento de 44.07% y el mayor monto mensual desde el inicio de la serie en 2012. El aumento estuvo liderado por empresas financieras, industria y entidades públicas.

En el acumulado de enero a junio, la originación industrial creció 27.69% y la de empresas financieras 27.65%, mientras el comercio siguió siendo el principal receptor de crédito empresarial, pese a registrar una reducción de 1.94% en las nuevas colocaciones.

La morosidad general permaneció controlada. La cartera morosa y vencida del Centro Bancario Internacional alcanzó 3,757.8 millones de dólares, prácticamente igual que un año antes, mientras su incidencia bajó de 3.69% a 3.55% del total. La cartera vencida disminuyó de 2,268.5 millones a 2,244.3 millones. Entre los hogares, sin embargo, los créditos morosos aumentaron de 1,036 millones a 1,101 millones y su peso pasó de 3% a 3.1%, aunque los préstamos vencidos disminuyeron de 1,037 millones a 999 millones.

El sistema mantiene una posición amplia para enfrentar esos riesgos. Los depósitos alcanzaron 121,866 millones de dólares, después de crecer 7.69%, muy por encima del aumento del crédito. Los depósitos de particulares explicaron aproximadamente 93.5% del incremento, mientras las captaciones externas crecieron 11.69%.

No obstante, el gasto de los bancos en provisiones para posibles pérdidas aumentó 36%, una advertencia de que las entidades están reforzando sus coberturas. La principal prueba para el segundo semestre será determinar si el repunte de junio continúa sin provocar un deterioro en la capacidad de pago de hogares y empresas.

Los deudores de préstamos estudiantiles federales tienen hasta el 30 de septiembre para inscribirse en pagos automáticos y obtener una reducción del 1% en su tasa de interés. El beneficio, adoptado por el Departamento de Educación de Estados Unidos, se extiende hasta el 30 de junio de 2028 y el plazo para inscribirse vence el 30 de septiembre de 2026.

La medida llega en un momento en que aproximadamente 9,5 millones de estadounidenses —uno de cada cinco deudores de préstamos federales— acumulan más de nueve meses de atraso en sus pagos. El gobierno quiere revertir esa tendencia con un incentivo temporal.

De qué trata el descuento y quién puede acceder

El programa de pago automático permite que el monto mensual del préstamo se descuente directamente de una cuenta corriente o de ahorros. La inscripción es gratuita.

Quienes ya estaban inscritos en pagos automáticos antes de que se anunciara el beneficio ampliado también son elegibles para el descuento del 1%. No es necesario volver a registrarse.

Para acceder al beneficio, el préstamo debe haber sido emitido después del 1 de julio de 2012. Los préstamos anteriores a esa fecha no califican, independientemente del saldo o del plan de pago vigente.

Cuánto se puede ahorrar según el nivel de deuda

El ahorro varía según el monto adeudado. El Urban Institute, un centro de análisis no partidista, calculó que una reducción de 1 punto porcentual para un deudor con préstamos por USD 5.000 a una tasa de 6,39% representa apenas USD 2 menos al mes durante 10 años.

El panorama cambia para quienes deben más. La firma de investigación Education Data Initiative estima que el deudor federal promedio acumula alrededor de USD 40.000. A ese nivel de deuda, la misma reducción de tasa genera un ahorro mensual y total mayor.

Un ejemplo concreto: un estudiante de pregrado con un préstamo al 6,39% vería su tasa bajar a 5,39% hasta mediados de 2028, según datos del Departamento de Educación recogidos por CBS News.

Cómo inscribirse paso a paso

El proceso de registro se completa en el sitio web del administrador del préstamo (loan servicer). Los pasos, según la guía oficial del Departamento de Educación, son:

• Ingresar a la cuenta del administrador del préstamo.
• Seleccionar la opción “auto pay” en el menú de navegación.
• Ingresar los datos bancarios (número de cuenta y de ruta).
• Confirmar los montos de pago programados.

El trámite no tiene costo y el descuento entra en vigor una vez que el sistema procesa la primera deducción automática.

Beneficios y riesgos del pago automático

Más allá del descuento en la tasa, el pago automático elimina el riesgo de olvidar una cuota y acumular cargos por mora. La puntualidad en los pagos también protege el historial crediticio del deudor.

No obstante, el mecanismo tiene un riesgo concreto que conviene tener presente. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) advierte: “Si olvidas monitorear el saldo de tu cuenta y está muy bajo cuando vence un pago, es posible que debas pagar cargos por sobregiro o fondos insuficientes”.

Para evitarlo, los expertos recomiendan:

• Programar una alerta bancaria unos días antes de cada fecha de débito.
• Mantener un colchón mínimo en la cuenta vinculada.
• Revisar el estado de cuenta mensualmente para detectar descuentos no autorizados.

La meta del gobierno y los números actuales

Hoy, solo el 40% de los deudores de préstamos federales está inscrito en pagos automáticos. El Departamento de Educación quiere duplicar esa cifra hasta aproximadamente el 80%, el nivel registrado antes de la pandemia.

Nicholas Kent, subsecretario de Educación, explicó el objetivo al anunciar el beneficio ampliado: “Esta reducción de tasa ayudará a los deudores mientras consideran nuevos planes de pago accesibles y trabajan para saldar sus préstamos a tiempo”, según información oficial recogida por CBS News. Kent también anticipó que el incentivo temporal “mejorará de forma significativa la salud general del portafolio de préstamos estudiantiles federales”.

El plazo para inscribirse y acceder al descuento del 1% vence el 30 de septiembre de 2026, y que el beneficio se extiende hasta el 30 de junio de 2028 para todos los deudores que cumplan con la fecha límite de registro. Los 9,5 millones de deudores actualmente en mora no podrán acceder al descuento mientras mantengan ese estatus.

La mora volvió a crecer: en mayo, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7%, 5,1 puntos porcentuales (p.p.) más en comparación interanual, y a 12,8% para el financiamiento de las familias, según el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sin embargo, para los bancos, esta situación habría tocado un techo y, en el segundo semestre, debería empezar a ceder. Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, afirma que se trata de un asunto “entre privados”, necesita que la tendencia se revierta para impulsar el crédito y la recuperación de la actividad.

Las fuentes del sistema financiero en dialogo con Infobae aseguraron en que el deterioro de la cartera de créditos ya habría alcanzado su punto máximo. Una importante voz sectorial afirmó en off the record: “Los bancos vienen trabajando en la cuestión y ofrecen distintas alternativas a los clientes y sus situaciones particulares. La mora habría llegado a su techo y a partir de ahora debería bajar en este segundo semestre”.

El último Informe de Bancos del BCRA mostró que el incremento de la morosidad tuvo como principal motor el deterioro en los créditos familiares. En mayo, el indicador de irregularidad para ese segmento llegó en mayo a 12,8%, 0,7 p.p. más que el mes anterior y 8,3 p.p. por encima del mismo período de 2025. Dentro de la cartera para hogares, los créditos personales encabezan el ranking de mora con 15,9%, seguidos por las tarjetas de crédito (13,1%), los préstamos con garantía prendaria (7,7%), los hipotecarios (1,6%) y otros (39,3%).

Otro de los factores que preocupa es la carga mensual asociada al pago de deuda de los hogares. Según el BCRA, en abril llegó al 24,1% de la masa salarial formal cuando dos años atrás era menor al 9 por ciento. El salto en la proporción de ingresos destinados a deudas está directamente vinculado a la menor capacidad de pago de los hogares y a la inflación acumulada.

Para el Gobierno es clave que comience a revertirse esta situación para que se reactive el crédito y con ello, repunte la actividad económica. Esto quedó de manifiesto en al conferencia de prensa del lunes por parte de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien marcó la reducción de la mora como una de las medidas a las que debe apuntar el Gobierno en esta etapa. “Algunos bancos han acumulado préstamos en mora más altos y hay que gestionarlo, hay forma de gestionarlo y se tiene la voluntad de abordarlo ya”, sostuvo.

El organismo multilateral habla de que existe una voluntad de revertir esta situación y en los bancos lo dan a entender también. “El FMI nos consulta habitualmente nuestro punto de vista. Siempre mantenemos contacto. Muchas veces tenemos objetivos coincidentes. El que mencionas es uno”, marcó una fuente del sector privado.

Pese a la postura inicial del equipo económico, en los últimos meses, los bancos -en especial, los públicos- lanzaron lineas de refinanciamiento. Uno de ellos fue el Banco Nación Argentina (BNA) que ofreció un kit de soluciones para ordenar las obligaciones financieras. Tanto para consolidación de deudas con una línea a tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $100 millones. Como para refinanciación de tarjeta de crédito para clientes del banco que registran hasta 90 días de atraso en el pago con la posibilita reestructurar saldos pendientes de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35 por ciento.

La postura oficial

La postura del ministro Caputo es que el crecimiento de la mora es producto de que “los bancos volvieron a actuar de bancos”: dejaron de prestarle al Tesoro o al BCRA y ahora redirigen el financiamiento a sus clientes. No obstante, reconoció que, durante ese proceso, otorgaron créditos de baja calidad y ahora muestran mayor cautela a la hora de conceder nuevos préstamos.

“Algunos bancos tienen la teoría de que para recobrar esos malos créditos cobran una tasa alta. Eso fue típicamente lo que pasó en Argentina; ellos dicen que con que uno me pague una tasa del 120% o del 140% ya me compensó esos tres; después vendo esta cartera mala, deduzco ganancias por las pérdidas de esto y, mal que mal, salgo bien. Nosotros hemos hablado con los bancos y les hemos dicho: ‘No funciona así, denle plazo y tasa baja porque si no no van a poder’”, sostuvo el funcionario nacional en una entrevista con Economía de quincho.

Sin embargo, los primeros bancos que tomaron el consejo del ministro Caputo fueron los públicos como el BNA y los provinciales, luego de varios meses de cobrar tasas altas a sus clientes por incumplimientos de pago. “Afortunadamente los bancos tenían las previsiones y colchones de capital para ‘digerir’ sin afectar su funcionamiento“, destacó una fuente del sector a este medio.

En los seis meses que resta del año, en los bancos esperan que la mora comience a bajar. El FMI ya habló de un compromiso en la conferencia de prensa de este lunes, siendo esta una de las condiciones necesarias para que se produzca la reactivación de los sectores rezagados -junto con el desarrollo del mercado de capitales y la mejora de infraestructura-. Caputo también sabe que necesita que se revierta más allá de que se trata de una “situación entre privados”.

Fue un miércoles negro para los inversores del mundo. A pesar de que el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (Fed) mantuvo las tasas de interés sin cambios, tres de los doce miembros votaron por una suba de un cuarto de punto.

El titular de la Fed, Kevin Warsh, resaltó la firmeza con la que actuaron los gobernadores del directorio y señaló que les pidió debatir con la intensidad de una discusión familiar para sustentar su voto. También aclaró que esto no representa una pausa, lo que sugiere que mantiene el objetivo de dos aumentos adicionales en las tasas y que buscan alcanzar una inflación anual del 2 por ciento.

Estas declaraciones aumentaron la tensión entre los inversores. El 80% de los analistas estimaba ayer que en la próxima reunión de dos días, prevista para el 15 y 16 de septiembre, la Fed subirá las tasas. Durante ese encuentro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia sobre una posible escalada del conflicto con Irán tras las represalias.

Si con el intercambio de misiles no bastaba, los balances de las grandes empresas tecnológicas que arribaban a las Bolsas hicieron el resto. Los resultados, con excepción de Microsoft, no cumplieron las expectativas. Destacó especialmente la caída de Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, que perdió 8% de su valor en la jornada.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL señaló que “hubo una profundización en el castigo al sector de Semiconductores: el ETF que los mide (SMH) acumuló su quinta rueda consecutiva en terreno negativo, marcando su peor racha bajista desde diciembre. Las dudas sobre la sostenibilidad del financiamiento cruzado en Inteligencia Artificial y la sorpresiva compresión de márgenes informada en Asia por SK Hynix (-9,6%) castigaron a Micron (-10,07%), SanDisk (-7,30%), AMD (-5,51%) y Nvidia (-3,50%)”.

Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía. indicó que “luego del fuerte rally de las grandes acciones tecnológicas de la mano del boom de la IA, en los últimos meses se observó una progresiva rotación hacia sectores más tradicionales que habían quedado rezagados. Asimismo, fueron surgiendo dudas en el mercado sobre la sostenibilidad del crecimiento exponencial de la inversión en IA (modelos, software, equipamiento) por parte del sector empresarial. La recuperación relativa del “S&P 493” (excluyendo las Mag 7) explica la mejor performance del índice equal weight (todas las empresas tienen el mismo peso) en lo que va del año”.

Por cierto, tampoco se salvaron las acciones clásicas; el Dow Jones perdió 2,2%, superando la baja del Nasdaq de las tecnológicas que cayó 1,7 por ciento.

En tanto, los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaron su cotización y elevaron su rendimiento a 4,67% ante el riesgo de una suba de tasas en septiembre, lo que impactó en los títulos de toda la región. El índice de mercados emergentes retrocedió 2,1 por ciento. El oro, por momentos, recuperó su rol de refugio y subió más de 1 por ciento. Al mismo tiempo, el petróleo registró un alza de 7 por ciento.

La Argentina no estuvo al margen de la crisis y lo sintió en el precio de los bonos soberanos que cedieron un promedio de 0,5 por ciento. El riesgo país creció 4 unidades (0,5%) a 445 puntos básicos. A su vez, el Merval de las acciones líderes cayó 0,7% en pesos y subió 0,2% en dólares por la fuerte caída de casi 1% del CCL.

Sin embargo, Moody’s elevó la calificación internacional de la provincia de Buenos Aires de Caa3 a Caa2, tanto para el emisor como para su deuda senior no garantizada, y mantuvo la perspectiva estable.

Sobre las inversiones en bonos, María Paz Aguilar, Javier Casabal y Federico Filippini de Adcap Grupo financiero, señalaron que “gran parte del universo de bonos corporativos argentinos ya cotiza con rendimientos ajustados, pero las empresas de servicios públicos (utilities) siguen siendo una de las pocas excepciones. El sector continúa ofreciendo algunos de los rendimientos más atractivos, respaldado por la mejora de los fundamentos operativos, la normalización tarifaria y un contexto macroeconómico más favorable”.

El otro dato positivo fue la licitación de los Bonos del Tesoro donde se renovaron más del 144% de los vencimientos al tomar $12,2 billones para cubrir 8,5 billones de pesos. De esta manera, salen de circulación 3,8 billones de pesos.

La letra más esperada fue la dual TAMAR-dollar linked, con vencimiento en enero de 2028. Este instrumento permite al inversor, al momento del vencimiento, optar entre el rendimiento de la tasa de plazo fijo para depósitos superiores a $1.000 millones a 30 días o la variación del dólar mayorista. El bono captó $4,72 billones a un margen anual de 6,64%, lo que representó el 39% del total adjudicado por el Tesoro.

Por otra parte, la LECAP que vence en octubre de 2026, la contracara del dual por lo cercano de su vencimiento, se alzó con $4,6 billones a una tasa de 2,05% efectivo mensual, casi 38% de lo licitado.

El otro bono observado era el AO29 que se licitó en dólares a una tasa de 8,33 por ciento. En la primera vuelta (hoy será la segunda por USD 150 millones) concentró 309 millones de dólares. En dos ruedas colocó casi 50% del cupo estipulado por el equipo económico en 2.000 millones de dólares. A pesar de que bancos como el Citi, señalaron que el riesgo más grande son las próximas elecciones, el comportamiento de este título indica que los inversores apuestan a la continuidad del actual Gobierno.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini observó que “en dollar linked el valor nominal adjudicado fue el mayor a de todas las licitaciones de, al menos, 2026 y si le sumamos lo del dual el salto en la cobertura otorgada en licitaciones fue abrupto, totalizando USD 4.831 millones (VN) cuando el mayor era de USD 1.295 millones”.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), se operaron USD 418 millones y el Banco Central compró 36 millones de dólares. El dólar mayorista bajó $2 a 1.496 pesos. En la plaza financiera, el MEP bajó 0,6% a $1.524 y el contado con liquidación (CCL) casi 1% a 1.586 pesos. El “blue” se mantuvo en 1.570 pesos.

Desde Rosario Finanzas acotaron que “la disparidad de las cotizaciones genera un clima de cautela entre los inversores y empresarios de Rosario y la región. La persistente brecha cambiaria dificulta la planificación económica y la toma de decisiones especialmente para aquellos sectores vinculados al comercio exterior y la inversión productiva. La volatilidad del dólar blue, que no ha mostrado retrocesos en lo que va de la semana, subraya la necesidad de monitorear de cerca las políticas económicas y su impacto en la estabilidad cambiaria”.

Anoche en el mercado overnite, se registraba un leve rebote en las Bolsas de Nueva York impulsados por el buen balance de Microsoft que se conoció tras el cierre de ayer. En Europa las aperturas de las Bolsas eran mixtas. El petróleo se mantenía estable en USD 88 al tiempo que subía el dólar frente a las demás monedas del mundo al apostar a que en setiembre subirán las tasas en Estados Unidos.

El panorama para la Argentina sigue complicado. Las elevadas tasas de los bonos del Tesoro norteamericano dificultan la cotización de los títulos de la deuda argentina.

El Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027 asciende a $35,111.7 millones, frente a los $34,913.8 millones del presupuesto modificado de 2026, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman durante una presentación ante el Consejo de Gabinete.

Al detallar el proyecto de ley, Chapman indicó que el incremento neto es de $197.9 millones, equivalente al 0.6%, lo que refleja que no se trata de una expansión generalizada del gasto público, sino de una recomposición de prioridades orientada a fortalecer las áreas de mayor impacto para la población.

Durante su intervención, el funcionario destacó que el presupuesto tiene como propósito fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, mejorar la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos del Estado y contribuir al desarrollo humano, la estabilidad económica y la responsabilidad intergeneracional que demanda el país.

Una nota de prensa oficial indica que el titular de Economía y Finanzas explicó ante el Consejo de Gabinete que el eje central del Presupuesto General del Estado para 2027 es “mejorar la calidad de vida de los panameños mediante mayores asignaciones para educación, salud, seguridad social, infraestructura, vivienda, agua potable, seguridad ciudadana y programas dirigidos a reducir las brechas sociales y territoriales”.

Como parte de este esfuerzo, explicó que el presupuesto incorpora aproximadamente $3,400 millones destinados al financiamiento de subsidios y programas de apoyo económico.

De ese total, alrededor de $1,496 millones corresponden a los aportes solidarios del Gobierno Central para los programas administrados por la Caja de Seguro Social, incluyendo aproximadamente $1,044 millones destinados al Fondo Único Solidario.

El ministro sostuvo que este esfuerzo reafirma el compromiso del Estado con la protección social y el bienestar de la población, al tiempo que subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de focalización, evaluación y seguimiento para garantizar que estos recursos beneficien efectivamente a quienes más los necesitan y contribuyan a un uso eficiente y sostenible de las finanzas públicas.

Otros detalles indican que el proyecto también refleja una reducción en el presupuesto del Gobierno Central, que pasa de $17,935.6 millones en 2026 a $16,534.5 millones para 2027, una disminución de $1,401 millones (7.8%).

Esta variación, siempre de acuerdo a la información oficial, responde principalmente al comportamiento del Servicio de la Deuda Pública y no a una reducción de los programas esenciales del Estado.

En ese sentido, se manifestó que el Servicio de la Deuda Pública disminuye de $7,938.9 millones en 2026 a $5,496.1 millones en 2027, una reducción de $2,442.7 millones (30.8%), producto del calendario anual de vencimientos y de las operaciones de financiamiento.

Chapman aclaró que esta disminución no representa una reducción automática del saldo de la deuda, sino que responde a la programación financiera del Estado.

Por otra parte, recién se informó que el déficit fiscal de Panamá se redujo 22.4% durante los primeros cinco meses de 2026, pero parte de esa mejora no solo obedeció al aumento de la recaudación, sino también a que el Estado ejecutó $174.3 millones menos en inversión pública que un año antes.

Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas destacó que logró reducir el costo promedio de la deuda de 4.97% a 4.65%, los intereses continúan absorbiendo una parte importante de los recursos públicos.

Los resultados acumulados hasta mayo muestran que Panamá se mantiene por debajo del límite fiscal de 3.5% del Producto Interno Bruto establecido para 2026 y reflejan avances en el proceso de consolidación de las cuentas públicas.

El gobierno de Javier Milei consiguió otros USD 309 millones para robustecer el programa financiero diseñado con el objetivo de cubrir todos los compromisos hasta 2027 y, en paralelo, no liberó pesos al mercado en la licitación clave de deuda que tuvo lugar este miércoles.

La Secretaría de Finanzas informó que la subasta resultó en una adjudicación total de $12,21 billones, tras recibir ofertas por 13,98 billones de pesos. Este resultado implica un rollover del 144,53% respecto a los vencimientos del día, que ascendían a 8,5 billones de pesos.

El bono AO29, denominado en moneda estadounidense y con vencimiento el 31 de octubre de 2029, captó USD 309 millones tras recibir ofertas por 366 millones de dólares. La tasa de corte se ubicó en 8,33% TIREA (8,02% TNA).

Este instrumento, que tiene un tope de USD 2.000 millones, tuvo su debut a mediados de julio. En la primera licitación, el pasado 15 de este mes, la demanda del título resultó muy elevada y la oferta alcanzó los USD 1.046 millones, luego de que se informara que el límite máximo para la adjudicación sería hasta completar el cupo establecido.

No obstante, Finanzas optó por colocar USD 470 millones en la primera ronda y USD 150 millones extra al día siguiente, por lo que el monto total se elevó a 620 millones de dólares. En la última licitación de julio, celebrada hoy, no solo cayó el monto adjudicado sino también el ofertado y restan colocar 1.071 millones de dólares.

El AO29 es clave para la estrategia financiera del ministro de Economía, Luis Caputo. El fin último de estas colocaciones es fortalecer la posición del Tesoro en dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda que quedan para el resto de 2026.

Por otra parte, la licitación en pesos mostró una fuerte participación en los instrumentos a tasa fija. En el caso de las Lecap y Boncap con vencimiento el 16 de octubre de 2026 (S16O6), se adjudicaron $4,61 billones, con una tasa efectiva mensual de 2,05% y una tasa interna de retorno efectiva anual de 27,57 por ciento.

Además, se presentó, por primera vez, un bono dual que actualiza su valor según la TAMAR (la tasa mayorista utilizada como referencia) o el tipo de cambio Dólar Linked, abonando al inversor la rentabilidad más elevada entre ambas alternativas.

Este nuevo título, un cupón cero con vencimiento el 31 de enero de 2028, permite optar por el ajuste más conveniente: ya sea la tasa mayorista para depósitos superiores a $1.000 millones o la evolución del dólar oficial. En tal sentido, el TMVE8 sumó $4,72 billones, con un margen de 6,64% sobre la tasa dual.

En los bonos ajustados por CER/TAMAR, el TXMD8, que vence el 15 de diciembre de 2028, captó $0,87 billones, con una TIREA CER de 5,40 por ciento. En el segmento de instrumentos dólar linked, el D30S6, que expira el 30 de septiembre de 2026, recibió $0,67 billones, con una TIREA de 7,25%, mientras que el D15E7 (vencimiento el 15 de enero de 2027) alcanzó los $1,33 billones, con una TIREA de 5,51 por ciento.

Eric Ritondale, economista jefe de Puente, señaló que la licitación “permitió capturar un volumen elevado de refinanciación, donde la introducción del nuevo bono dual demostró ser una herramienta eficiente para canalizar la demanda de plazos largos (2028), mientras que la LECAP corta ofreció la flexibilidad requerida para la gestión de liquidez de fin de mes”.

“Ante vencimientos por $8,5 billones, la demanda se concentró fuertemente en el nuevo Dual TAMAR/DLK (novedoso siendo el primer instrumento en moneda dual emitido por esta gestión) que colocó VN USD 3.467 millones aún dejando afuera posturas por VN USD 560 millones y en la LECAP (a 77 días, la de menor plazo ofrecida desde el 28/04/2026); representaron el 39% y el 38% de la colocación, respectivamente”, analizó el economista Federico García Martínez.

Por otro lado, García Martínez interpretó que la demanda de cobertura en instrumentos atados a la evolución del dólar se mantuvo “más que firme” con USD 1.610 millones ofertados en conjunto, de los cuales se adjudicaron USD 1.364 millones, excluyendo el TMVE8.

Por su parte, el director de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño, sostuvo que el Tesoro absorbió $3,71 billones con una tasa en pesos “corta cortando arriba del secundario”. “El Tesoro no tenia necesidad de pesos, así que difícil no leer la licitación en clave cambiaría. Mas aún con un menú que tuvo mucho DLK y qué terminó tomando mucho por ahí”, sumó Caamaño.

El Gobierno destinará USD 120 millones (unos 3,213 millones de lempiras) a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para su repotenciación, según informó el secretario de Finanzas, Emilio Hércules. La estatal también mantiene un programa de colocación de bonos con un techo de 16 mil millones de lempiras para pagar obligaciones pendientes con proveedores.

Según Hércules, los recursos para la repotenciación serán financiados con fondos del Tesoro Nacional y apuntan a mejorar la capacidad operativa de la ENEE, en especial en la infraestructura del sistema eléctrico y el fortalecimiento de la red de transmisión.

“Todos nos hemos subido al barco del rescate de la empresa. Esto no pasa solo por transmisión, sino también por inversión”, expresó Hércules sobre las acciones del Gobierno para recuperar la situación financiera de la estatal.

La ENEE mantiene en paralelo un programa de bonos para obtener recursos con los que cancelar obligaciones pendientes con empresas proveedoras.

De acuerdo con Hércules, el mecanismo financiero comenzó hace un mes y medio y contempla un techo de 16 mil millones de lempiras para el pago gradual de compromisos acumulados con distintos proveedores.

El funcionario explicó que los desembolsos se realizan de forma semanal y que las emisiones han tenido respuesta favorable en el mercado financiero, ya que ofrecen tasas de interés que han resultado atractivas para los inversionistas.

Inversión y bonos soberanos

La estrategia apunta a mejorar el flujo de caja de la empresa y reducir la presión financiera derivada de las obligaciones pendientes, que durante años afectó la capacidad operativa de la estatal.

La ENEE enfrenta desde hace varios años altos niveles de endeudamiento, pérdidas técnicas y no técnicas, además de dificultades para mantener al día los pagos a proveedores y ejecutar inversiones en infraestructura.

Analistas del sector energético señalaron que fortalecer las finanzas de la empresa resulta clave para garantizar la continuidad del servicio eléctrico y avanzar en proyectos para modernizar la red nacional, reducir interrupciones y mejorar la eficiencia del sistema.

El Gobierno también espera que la aprobación de reformas al subsector eléctrico facilite la colocación total de los bonos autorizados y permita ampliar las herramientas financieras para atender las necesidades de la empresa.

La recuperación financiera de la ENEE es considerada uno de los principales desafíos para el sistema eléctrico hondureño. Durante años, la empresa ha enfrentado problemas derivados del elevado endeudamiento, pérdidas de energía, atrasos en el pago a proveedores y limitaciones para invertir en la modernización de la infraestructura, factores que han impactado su capacidad operativa y la calidad del servicio.

La inversión anunciada por el Gobierno busca fortalecer áreas estratégicas de la empresa, especialmente en la red de transmisión y distribución de energía. La modernización de estas instalaciones es vista como una pieza clave para reducir fallas en el sistema, mejorar la estabilidad del suministro eléctrico y responder al crecimiento de la demanda de energía tanto en los hogares como en el sector productivo.

En paralelo, la colocación de bonos representa una alternativa para obtener liquidez sin afectar el funcionamiento inmediato de la estatal.

El pago gradual de las obligaciones con proveedores permitiría mejorar la relación con las empresas que suministran bienes y servicios a la ENEE, además de facilitar la continuidad de proyectos de mantenimiento, expansión y operación de la red eléctrica.

El déficit fiscal de Panamá se redujo 22.4% durante los primeros cinco meses de 2026, pero parte de esa mejora no solo obedeció al aumento de la recaudación, sino también a que el Estado ejecutó $174.3 millones menos en inversión pública que un año antes.

El resultado permitió reducir el desbalance de las cuentas públicas a $1,729.6 millones, equivalente al 1.82% del Producto Interno Bruto (PIB), frente a los $2,228.4 millones, o 2.46% del PIB, registrados en el mismo período de 2025.

El comportamiento de las cuentas públicas muestra que los ingresos crecieron mucho más rápido que los gastos. Entre enero y mayo, el SPNF registró ingresos por $6,016.7 millones, un aumento de 9.5% respecto al mismo período de 2025, mientras que los gastos totales apenas crecieron 0.3%, al pasar de $7,721.6 millones a $7,746.3 millones.

Esta diferencia permitió mejorar tanto el déficit total como el balance primario, que pasó de 1.11% a 0.52% del PIB, antes del pago de intereses de la deuda.

El aumento de los ingresos estuvo impulsado principalmente por la Caja de Seguro Social (CSS), cuyos ingresos crecieron $267.7 millones, además de $97 millones adicionales del Gobierno Central y $198.2 millones en ingresos de capital.

En paralelo, la recaudación tributaria del Gobierno Central aumentó 6.6%, impulsada por un mejor desempeño del ITBMS sobre ventas, el impuesto de inmuebles, el ITBMS a las importaciones y el impuesto sobre la renta proveniente de salarios. También crecieron los impuestos selectivos al consumo, especialmente sobre automóviles y cigarrillos.

Sin embargo, la reducción del déficit no se explica únicamente por una mayor recaudación. Uno de los factores con mayor incidencia fue la caída de la inversión pública, reflejada en un descenso de 11% del gasto de capital.

Entre enero y mayo, este rubro pasó de $1,578.6 millones a $1,404.3 millones, es decir, $174.3 millones menos que en igual período de 2025. Al ejecutarse menos recursos en infraestructura y otros proyectos, el crecimiento del gasto total permaneció prácticamente estancado, favoreciendo directamente la reducción del déficit.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) atribuye esa disminución a un efecto de comparación, al señalar que durante 2025 se realizaron desembolsos extraordinarios para proyectos de infraestructura del sector salud que elevaron la base del año anterior.

Según la entidad, la ejecución observada en 2026 mantiene un ritmo acorde con la programación prevista. Sin embargo, desde el punto de vista económico, la inversión pública suele ser el componente más flexible del presupuesto, ya que puede aplazarse para aliviar las presiones fiscales, a diferencia de gastos rígidos como salarios, pensiones o intereses de la deuda.

La inversión pública tiene además un papel determinante sobre la actividad económica, al financiar carreteras, hospitales, escuelas, obras de infraestructura y otros proyectos que impulsan el empleo y la demanda interna.

Si bien una menor ejecución contribuye a mejorar el balance fiscal en el corto plazo, también puede retrasar obras estratégicas y reducir el efecto dinamizador que estas tienen sobre sectores como la construcción, el transporte y los servicios.

El desafío para las autoridades será mantener la consolidación fiscal sin comprometer inversiones clave para el crecimiento económico.

Mientras tanto, las principales presiones sobre las finanzas públicas continúan concentrándose en el gasto rígido. Mientras la inversión pública cayó $174.3 millones, el Estado destinó $1,235.3 millones únicamente al pago de intereses de la deuda, un incremento de 1.1% respecto al año anterior.

A ello se suma que el gasto corriente de la Caja de Seguro Social aumentó 8.3%, impulsado por un mayor pago de pensiones y jubilaciones debido al crecimiento del número de beneficiarios.

Aunque el MEF destaca que logró reducir el costo promedio de la deuda de 4.97% a 4.65%, los intereses continúan absorbiendo una parte importante de los recursos públicos.

Los resultados acumulados hasta mayo muestran que Panamá se mantiene por debajo del límite fiscal de 3.5% del PIB establecido para 2026 y reflejan avances en el proceso de consolidación de las cuentas públicas.

Sin embargo, las propias cifras dejan claro que el reto para el resto del año será mantener la reducción del déficit sin seguir apoyándose en una menor ejecución de inversiones, al tiempo que se enfrentan las crecientes presiones derivadas de las pensiones y del servicio de la deuda, dos de los principales desafíos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Desde comienzos de año, el sistema bancario argentino enfrenta una paradoja que impacta sobre empresas y particulares. Las tasas de interés de los depósitos bajan de manera sostenida, pero el costo de los préstamos para las familias y las empresas se mantiene elevado y muestra una fuerte resistencia a la baja. Este fenómeno, que afecta la capacidad de acceso al crédito y la dinámica del consumo, se explica por una combinación de factores que incluyen niveles históricos de morosidad, requisitos regulatorios, riesgos de crédito y una presión impositiva persistente.

Un informe de la consultora Econométrica que lleva la firma de Sebastián Cao señala que durante la gestión de Javier Milei, el crédito bancario al sector privado duplicó su peso relativo respecto al Producto Interno Bruto (PIB), aunque esta expansión partió de mínimos históricos y luego perdió impulso. “Gracias al equilibrio fiscal, el sector público redujo significativamente su absorción de financiamiento bancario, revirtiendo el fenómeno de crowding out observado durante los años anteriores”, describe el informe. Así, los bancos canalizaron más recursos hacia el sector privado, que pasó de representar apenas 6 puntos del PIB en 2023 a 12,6 puntos en el primer trimestre de 2026.

En términos de montos, el financiamiento bancario al sector público bajó en 40 billones de pesos desde fines de 2023, situándose en los 100 billones actuales. Al mismo tiempo, el stock de préstamos al sector privado escaló de 57 a 133 billones de pesos en junio de 2026, la mitad correspondiente a las familias. Sin embargo, desde mediados de 2025, el financiamiento total al sector privado se estancó. “El financiamiento al sector privado en su conjunto —empresas y familias— se amesetó a mediados de 2025, en línea con la incertidumbre preelectoral que afectó a toda la economía, y todavía no muestra para las familias signos de recuperación”, puntualiza Econométrica.

La situación de las familias destaca por un salto en la morosidad. El último dato subraya que la mora bancaria de las familias llegó al 12,8% en mayo, el mayor nivel en más de veinte años. En el segmento de créditos personales, la irregularidad alcanzó el 15,9%, mientras que en tarjetas de crédito se ubicó en 13,1%. Los préstamos con garantía prendaria y los hipotecarios mostraron niveles de mora de 7,7% y 1,6%, respectivamente. El informe oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sitúa el ratio de irregularidad global del crédito al sector privado en 7,7% para ese mismo mes.

Este deterioro impacta de lleno en la dinámica de tasas. “Parte de la explicación de este estancamiento real del crédito a las familias podemos encontrarla en una tasa de interés de financiamiento que presenta una fuerte resistencia a la baja”, sostiene Econométrica. Mientras la tasa de plazo fijo perforó el 20%, siguiendo la moderación de las expectativas inflacionarias, la percepción general es que las tasas activas no acompañaron este descenso. “En los últimos meses las tasas de interés recuperaron la tendencia decreciente previa al periodo preelectoral, pero la brecha entre tasas activas y pasivas se ha ampliado en casi 20 puntos porcentuales, reflejando la rigidez de la tasa activa de interés.”

La consultora descompone la tasa de interés en varias capas. La primera es el costo de fondeo, es decir, lo que el banco paga por el dinero que presta, que promedia cerca de 20 puntos porcentuales. Sin embargo, las exigencias de encaje —actualmente en torno al 25% de los depósitos a plazo— elevan ese costo por encima de los 25 puntos. Econométrica remarca que “el banco remunera el total del depósito, pero solo puede prestar la porción neta de encaje, encaje que prácticamente no es remunerado”.

A esto se suma el riesgo de crédito, que se incrementó por el deterioro en la capacidad de pago de las familias: “La situación de las familias se empezó a agravar a partir del segundo trimestre de 2025, y la situación de deterioro se consolidó a partir de mediados del año pasado con la suba de tasas de interés que se desató en la crisis preelectoral, afectando principalmente al financiamiento sin garantía”. El ratio de irregularidad en los pagos superó el 12% para las familias, un salto atribuido a que “las tasas activas no descendieron a igual ritmo de la inflación durante los últimos dos años, elevando notoriamente el costo del crédito en términos reales”.

Las cifras de Infobae confirman el fenómeno. El informe señala que la “carga mensual de los servicios de deuda de las familias representó en abril el 24,1% de la masa salarial formal, un nivel que hace dos años no llegaba al 9 por ciento”. El salto en la morosidad también golpea más fuerte a los deudores más jóvenes y a quienes obtienen crédito en entidades no financieras: entre los deudores de 18 a 25 años, la irregularidad supera el 40%, y en entidades no bancarias, casi el 30%.

Un análisis de First Capital Group aporta contexto sobre el comportamiento reciente del crédito. Después de cinco meses de caída, en junio el saldo total de préstamos en pesos al sector privado creció en términos nominales un 3,6% mensual, con un saldo que llegó a 103,1 billones de pesos, y un crecimiento interanual del 35,6%. En términos reales, se registró un aumento mensual del 1,7% y un incremento anual del 1,3%. Según el socio de la firma, Guillermo Barbero, “luego de cinco meses de retroceso, por fin alcanzamos un mes con variación positiva en términos reales”.

El análisis individual de las carteras muestra que el mayor dinamismo correspondió a los préstamos comerciales, que subieron en términos reales un 4,5% mensual, aunque en la comparación anual aún se observa una disminución. En contraste, los préstamos personales exhibieron una caída mensual real del 1% y una disminución anual del 2,9%. “El nivel de tasas es todavía muy alto en relación a la inflación esperada, esto pone freno a la demanda de nuevas operaciones”, explica Barbero. Además, la irregularidad de la cartera restringe la oferta de las entidades financieras, que priorizan recuperar los ratios de mora antes de avanzar comercialmente.

El informe de Econométrica detalla que la tasa activa —la que pagan los deudores— está anclada a una serie de costos adicionales al costo de fondeo. “Mientras el costo de captación de depósitos para intermediación en créditos se ha abaratado tanto, ¿por qué la tasa activa apenas cede?”, pregunta el documento. Entre los factores que explican la rigidez, Econométrica destaca el encaje, la mora y el riesgo país. “Casi 24 puntos de interés suman los riesgos al costo del financiamiento, donde más de 15 puntos se explican por el riesgo de crédito, y otros más de 8 por el riesgo de tasa y depreciación de la moneda.”

La rentabilidad exigida sobre el capital agrega más de 5 puntos porcentuales, mientras que los costos operativos de la estructura bancaria suman otros casi 6 puntos. “El sistema financiero tiene prohibido desde hace una década establecer comisiones de originación y gestión de préstamos, comisiones que pretendían compensar los costos administrativos, y si bien no afecta finalmente al costo del financiamiento total, esos cargos terminaron internalizados en la tasa de interés”, señala el informe.

El análisis de Econométrica suma otra capa clave: los impuestos. “La última capa la conforman los impuestos implícitos, que explican más de 7 puntos porcentuales de interés, principalmente el impuesto sobre los ingresos brutos que cobran las provincias con traslado total sobre los deudores, y a una alícuota promedio para el país de 8,4% sobre los intereses.” Al sumar el impuesto a los sellos y el IVA sobre los intereses, el costo financiero total para los préstamos personales se ubica en el 82,8% nominal anual, con un costo efectivo anual de 122,7%.

En el caso de las tarjetas de crédito, el costo de la opcionalidad de financiación —la posibilidad de endeudarse a demanda— suma una prima adicional de 11 puntos porcentuales. Así, la tasa mínima para el financiamiento con tarjeta ronda el 77% nominal anual, aunque la tasa observada en junio trepó a 87,5%. Econométrica explica que la diferencia residual se debe a un componente disuasorio: “La diferencia residual de casi 11 puntos se explica por un alto componente disuasorio para desalentar el pago mínimo y el uso de la tarjeta como forma permanente de financiamiento por un lado, y por otro, el deudor que no cancela el total del resumen, revela transitoriamente su propia iliquidez y mayor riesgo crediticio”.

Las perspectivas para una baja de tasas dependen de la mejora en la calidad de la cartera y de una reducción de los costos regulatorios e impositivos. Econométrica calcula que “un descenso de la mora a valores normales, alrededor del 5,5% total, significaría en promedio casi 12 puntos porcentuales menos de tasa, mientras que otros casi 8 puntos menos podrían esperarse si se mantiene la baja de volatilidad cambiaria actual”. Además, “llevar los encajes de 25% a 15% promedio sobre depósitos a plazo y duplicar la integración remunerada, permitiría reducir más de 3 puntos porcentuales adicionales”.

El informe concluye que la persistencia de tasas activas elevadas encuentra justificación en “un deterioro de la calidad de la cartera de financiamiento sin garantía a las familias, encajes todavía altos y finalmente, factores de riesgo que aún pueden comprimir todavía más”. La presión fiscal representa otro eje central: “Los impuestos, principalmente IVA y IIBB, elevan más de 43 puntos el costo financiero efectivo anual, desde un 79% e.a sin impuestos.”

De acuerdo con Econométrica, “reducirlos, o mejor aún, eliminarlos con bajo costo fiscal, permitiría catalizar la mejora en la mora de las familias al reducir un tercio del costo financiero, potenciando una nueva expansión del crédito y del consumo interno”.

Este miércoles será una jornada clave para el ministro de Economía, Luis Caputo. En la licitación quincenal de deuda, la Secretaría de Finanzas saldrá a buscar USD 1.351 millones con el Bonar 2029 (AO29) a la par de renovar y extender los vencimientos por 8,5 billones de pesos. En esta ocasión se suma una novedad: un bono dual diseñado para quienes desean mantener exposición en pesos y, al mismo tiempo, contar con cobertura frente al tipo de cambio oficial.

El menú de instrumentos para la subasta de hoy incluye opciones a tasa fija, bonos Cer/Tamar, títulos dólar linked, el hard dollar AO29 y la incorporación del bono dual, que ajusta por la tasa mayorista para plazos fijos de más de $1.000 millones -Tamar- o por dólar linked. Este último instrumento, un cupón cero con vencimiento el 28 de enero de 2028, se diseñó para pagar el mayor rendimiento entre ambos mecanismos de ajuste. Según PPI, el equipo de Finanzas busca con esta herramienta no solo testear el apetito de los inversores por nuevas alternativas de cobertura, sino también extender el plazo promedio de la deuda en moneda local, en especial ante los compromisos que se concentran en el año electoral de 2027.

Actualmente, el bono de referencia más cercano para valorar el nuevo dual es el Boncer TZX28, que rinde cerca de 8%, mientras que un dólar linked de duración similar ofrece 8,9%, una diferencia de 90 puntos básicos que el mercado asigna al riesgo de una posible brecha cambiaria después de las elecciones presidenciales. El carácter dual del nuevo bono intenta captar la atención de aquellos inversores que priorizan la doble cobertura ante la inestabilidad cambiaria, sin renunciar a la exposición en moneda local.

La oferta de este nuevo instrumento se da luego de que la semana pasada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que es “una posibilidad” que el dólar llegue a $ 1.800 en los próximos meses. Más tarde, el funcionario nacional aclaró que se refería a octubre de 2027. Cabe destacar que desde enero, el tipo de cambio mayorista se mantiene -con variaciones- en torno a 1.500 pesos.

Ignacio Morales, director de inversiones de Wise Capital, consideró que los comentarios de Ravier sobre la posibilidad de un dólar oficial en $1.800 no tendrían un impacto determinante en la licitación. Morales sostuvo que, si bien el mercado prestó atención a esas declaraciones, el Gobierno probablemente esperará consolidar la desinflación antes de convalidar una suba brusca del tipo de cambio.

Además, proyectó que los instrumentos dólar linked, especialmente la Lelink de septiembre y el nuevo bono dual, recibirán buena demanda. “Creemos que los inversores van a aceptar alargar duration a cambio de contar con esa doble cobertura”, afirmó. Esta preferencia se vincula con la búsqueda de protección ante escenarios de volatilidad y el deseo de asegurar cobertura tanto frente a la inflación como frente a movimientos cambiarios.

Tasa sobre todo

El otra test estará en la colocación del AO29 con el que se busca 1.351 millones de dólares. El cronograma oficial prevé que, si no se reúne la suma buscada en la primera instancia de la licitación, el jueves se abrirá una segunda vuelta donde se podrá colocar hasta USD 150 millones adicionales del AO29. Esta secuencia responde a la necesidad de completar el objetivo de USD 2.000 millones para este instrumento.

La estrategia quedó en evidencia durante última la licitación. En esa ocasión, Finanzas recibió ofertas por USD 985 millones en la primera vuelta, pero adjudicó solo USD 470 millones, con el objetivo de mantener la Tasa Nominal Anual (TNA) por debajo del 8 por ciento. En la segunda vuelta, de USD 260 millones ofertados, solo incorporó 150 millones de dólares. Este comportamiento confirmó que la prioridad del Ministerio no se enfocó en captar la mayor cantidad posible de dólares, sino en preservar la tasa, restringiendo el volumen adjudicado para evitar un costo mayor de financiamiento.

En el segmento hard dollar, Nicolás Capella, Sales Trader de Invertir en Bolsa, anticipó que la licitación del AO29 probablemente se defina en valores cercanos al 8% en el mercado secundario y estimó que el monto adjudicado podría ubicarse entre USD 300 millones y USD 500 millones sumando ambas rondas. Capella señaló que un dato negativo para el clima de negocios es la caída del Índice de Confianza en el gobierno medido por la Universidad Torcuato Di Tella, que retrocedió más de 6% respecto al mes anterior y se ubicó en el menor registro de la gestión de Javier Milei. El mercado utiliza este índice como termómetro electoral y de expectativas políticas.

En ese contexto, los inversores observan con atención el clima político y las expectativas sobre la política cambiaria, acentuadas por la caída en la confianza medida por la Universidad Di Tella. La aparición del bono dual introduce una opción para quienes buscan cobertura frente a posibles saltos del tipo de cambio, sin abandonar la renta en pesos.

La definición de la licitación del Bonar 2029 y el debut del bono dual ajustable por Tamar/dólar linked marcan un nuevo capítulo en la estrategia financiera del Gobierno, que busca equilibrar la necesidad de fondos frescos con la administración de riesgos y la extensión de plazos. El resultado servirá para medir la confianza de los inversores en la hoja de ruta de Caputo y el margen de maniobra de Finanzas ante un escenario de alta sensibilidad.

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, recorrió el martes Loma Campana, uno de los yacimientos más importantes de la petrolera de mayoría estatal YPF, que aporta el 16% del petróleo que produce la Argentina en Vaca Muerta. La visita a la cuenca neuquina representó el contacto más directo del organismo con el motor energético que el país espera convertir en su principal fuente de divisas para honrar una deuda que supera los 50.000 millones de dólares.

Georgieva llegó al aeropuerto Presidente Perón de Neuquén junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro José Luis Daza, y desde allí viajó en helicóptero hasta Loma Campana. En el yacimiento los esperaba el presidente de YPF, Horacio Marín, quien ofició de anfitrión. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, también participó de la recepción en el aeropuerto. La visita, prevista de 10 a 12, se extendió hasta las 13 por la demanda de tiempo que generó el recorrido.

Marín describió la jornada como “muy productiva” y señaló que la delegación internacional recorrió “un equipo de perforación de última generación”, donde Georgieva “pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos”.

El propio Caputo había revelado el interés de Georgieva por la formación donde la Argentina atesora la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo: “Ha escuchado tanto de Vaca Muerta que quiere verlo con sus propios ojos”, dijo el ministro. La visita fue la primera de Georgieva al país en su carácter de directora gerente del FMI, y se produjo nueve meses después del último encuentro entre ella y el presidente Javier Milei, en septiembre de 2025 en Nueva York, cuando el equipo económico negociaba con el gobierno de Donald Trump el respaldo financiero previo a las elecciones legislativas.

El interés del organismo en el sector energético argentino tiene una base aritmética. La Argentina es el principal deudor del FMI: sus compromisos equivalen al 1.100% de su cuota, frente al parámetro habitual del 200%, según señaló Héctor Torres, ex director ejecutivo del organismo en el país, durante su participación en Infobae en Vivo. El programa de acceso excepcional, acordado en 2025, asciende a USD 20.000 millones, aunque la deuda aumulada del país con el organismo financiero internacional supera los 50.000 millones de dólares. Con esa concentración crediticia, el FMI tiene un interés directo en que la Argentina recupere el acceso al mercado de capitales privados, y Vaca Muerta aparece como la variable más concreta en esa ecuación.

El lunes, durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, Georgieva ya había señalado el peso del sector en el programa: “Tenemos un fuerte desempeño en petróleo, gas y minería, y ese desempeño fuerte está arraigado en la mejora en la confianza de la economía argentina”.

Los números respaldan ese diagnóstico. En el primer semestre de 2026, la balanza comercial de combustibles y energía acumuló un superávit de USD 5.076 millones, un salto del 61,7% frente al mismo período de 2025. Las exportaciones del sector alcanzaron USD 6.594 millones, con un alza del 42,5% interanual. El petróleo crudo desplazó a la harina de soja como el principal producto de exportación individual de la Argentina entre enero y junio, con ingresos por USD 4.693 millones, según un informe del Instituto Argentina Grande elaborado con datos del Indec.

El dato tiene una dimensión histórica. En el primer semestre de 2006, combustibles y energía (CyE) representaba el 17,1% de las exportaciones. En los años siguientes, el sector cayó sin pausa: entre 2016 y 2020, cuando el país era importador neto de energía, ese rubro llegó a representar apenas el 4% del total exportado. La reversión de ese ciclo tiene un epicentro geográfico preciso.

Según el Indec, Neuquén exportó USD 4.283 millones en el primer semestre, de los cuales USD 4.205 millones correspondieron a combustibles y energía. Casi la totalidad de su aporte al comercio exterior proviene de Vaca Muerta, que ya explica el 67% de la producción petrolera nacional y el 58% del gas. Solo en junio, la provincia exportó 819 millones de dólares.

La proyección hacia adelante amplía esa perspectiva. De acuerdo con un informe de la consultora Economía & Energía para la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), las exportaciones energéticas podrían crecer desde los USD 11.000 millones de 2025 hasta USD 28.000 millones en 2030 y aproximarse a los USD 42.000 millones hacia 2035. Para este año, la estimación es de USD 14.700 millones en ventas externas, con un superávit comercial cercano a los 10.700 millones de dólares. A partir de 2027 se espera un salto adicional con la entrada en operación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y la llegada del buque de licuefacción Hilli Episeyo, en el marco del proyecto Southern Energy —liderado por Pan American Energy— que ampliará las exportaciones de gas natural licuado.

YPF, por su parte, impulsa su propio proyecto de GNL. En un comunicado posterior a la visita, la petrolera de mayoría estatal destacó que lidera las iniciativas VMOS y Argentina LNG, con las que busca transformar al país en un exportador neto de energía y generar ingresos por exportaciones superiores a los USD 30.000 millones anuales adicionales a partir de 2030. La estrategia también contempla la expansión del offshore y el crecimiento de las energías renovables, segmento en el que YPF se consolidó como el tercer productor de energía eléctrica del país, con 18 proyectos en operación y construcción y una capacidad instalada superior a los 3,8 GW.

Horas después de la recorrida, Georgieva publicó un mensaje en la red social X en el que celebró la visita. “Gran visita a las operaciones de Loma Campana de YPF con Luis Caputo y Horacio Marín. Ver Vaca Muerta de primera mano destacó el talento, la innovación y el emprendimiento que las empresas públicas y privadas están desplegando para impulsar el brillante futuro energético de Argentina”, escribió la funcionaria.

Tras concluir la visita a Loma Campana, Georgieva regresó a Buenos Aires. El miércoles partirá hacia Uruguay para reunirse con el presidente Yamandú Orsi.

Panamá quiere movilizar hasta $1,000 millones en financiamiento e inversión privada sin recurrir a deuda pública ni crear un fondo estatal.

Esa es la apuesta detrás de la alianza estratégica anunciada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con BID Invest, el brazo para el sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un modelo que busca canalizar recursos hacia empresas y proyectos con potencial de crecimiento mientras el Estado actúa únicamente como facilitador de las inversiones.

A diferencia de los préstamos tradicionales otorgados a los gobiernos, el dinero no ingresará al Tesoro Nacional ni será administrado por el Estado. Cada proyecto será identificado, evaluado y aprobado de forma independiente por BID Invest, que definirá si cumple con sus criterios financieros, ambientales y sociales antes de otorgar el financiamiento.

El papel del MEF consistirá en promover un entorno favorable para la inversión y facilitar la coordinación entre el sector privado y el organismo multilateral, sin asumir el riesgo financiero de las operaciones.

El esquema también contempla dos modalidades de financiamiento. Los recursos podrán llegar directamente a empresas privadas que desarrollen proyectos de inversión o canalizarse a través de bancos e instituciones financieras para ampliar el acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), consideradas uno de los principales motores de la economía panameña.

Según el MEF, las operaciones serán asumidas por las empresas beneficiarias o por las entidades financieras que reciban los recursos, por lo que no se contabilizarán como deuda pública ni requerirán garantías soberanas del Estado.

BID Invest es un banco multilateral de desarrollo especializado en financiar al sector privado en América Latina y el Caribe. A diferencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que presta recursos a los gobiernos para obras públicas y programas estatales, BID Invest trabaja directamente con empresas, bancos y proyectos privados, combinando financiamiento, movilización de capital y asistencia técnica.

La institución administra una cartera superior a $22,000 millones y opera en 25 países de la región, con un enfoque en inversiones sostenibles y proyectos que generen impacto económico, social y ambiental.

El acuerdo tiene un alcance multisectorial. Aunque inicialmente se identificaron como prioritarios los sectores de construcción, turismo y logística, también podrán recibir apoyo iniciativas relacionadas con energía, agua y saneamiento, vivienda, infraestructura digital, manufactura, agronegocios y servicios financieros.

Todos los proyectos deberán cumplir estándares internacionales de gobernanza, integridad, sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. En algunos casos, el financiamiento comercial podrá complementarse con asistencia técnica o recursos concesionales para impulsar iniciativas vinculadas con energías renovables, eficiencia energética, movilidad eléctrica o infraestructura resiliente.

El modelo no parte de cero. BID Invest ya mantiene una cartera importante de proyectos privados en Panamá, lo que ofrece una referencia sobre el tipo de inversiones que podrían ampliarse con esta nueva estrategia.

Entre las operaciones recientes figura el financiamiento por $336 millones para el tramo subterráneo de la Línea 3 del Metro de Panamá, una estructura que permitió movilizar recursos de la banca comercial dentro de un paquete total superior a $1,330 millones para la obra.

También respaldó con hasta $58 millones la expansión del centro de distribución de Rey Holding, mediante Corporación Favorita, incluyendo un proyecto piloto de almacenamiento de energía con baterías en supermercados.

La entidad también ha impulsado operaciones en otros sectores estratégicos. Participó como inversionista ancla en el primer bono vinculado a sostenibilidad de Bern Hotels & Resorts, respaldó el primer bono sostenible emitido por Banistmo, otorgó un crédito verde a Global Bank para ampliar su cartera de financiamiento ambiental y aprobó $50 millones para apoyar la construcción de las plantas potabilizadoras Howard I y Sabanitas II, en Arraiján y Colón.

El MEF informó que durante el primer semestre de 2026 ya se comprometieron alrededor de $200 millones en nuevas operaciones vinculadas a esta estrategia y que el volumen continuará creciendo conforme se estructuren y aprueben nuevos proyectos.

El éxito de la iniciativa no se medirá únicamente por el monto movilizado, sino también por indicadores como la generación de empleo, el acceso al financiamiento para las mipymes, la ejecución de infraestructura, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico inclusivo.

Para el Gobierno, la alianza representa una herramienta para acelerar la inversión privada en un contexto de desaceleración económica, mientras que para BID Invest constituye una oportunidad para ampliar su presencia en uno de los principales centros logísticos de América Latina.

El desafío ahora será traducir la meta de $1,000 millones en proyectos concretos que impulsen la actividad productiva y generen resultados medibles para la economía panameña.

El saldo de la deuda en tarjetas de crédito en Costa Rica ascendió a ₡1,710,188 millones (USD 3,717.8 millones) al cierre de 2025, de acuerdo con el más reciente informe semestral del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que también reveló un aumento en la cantidad de tarjetas de crédito y débito emitidas en el país.

El estudio, elaborado en cumplimiento de la Ley N.º 9859 contra la Usura Crediticia, determinó que el saldo pendiente representa un incremento de ₡92,025 millones (USD 200.1 millones), equivalente al 5.68 %, respecto al semestre anterior.

No obstante, el Ministerio enfatizó que esta cifra corresponde únicamente al crédito utilizado y pendiente de pago al cierre del período, por lo que no puede interpretarse automáticamente como un aumento del endeudamiento de los hogares costarricenses.

Según el informe, la variación puede responder a diversos factores, entre ellos cambios estacionales en el consumo, fluctuaciones del tipo de cambio, modificaciones en los límites de crédito, estrategias de refinanciamiento o el incremento en la cantidad de tarjetas activas.

El análisis del MEIC, basado en información suministrada por bancos públicos, privados, cooperativas y otros emisores financieros con corte al 31 de diciembre de 2025, muestra que el mercado continúa expandiéndose.

En total se contabilizaron 3,183,825 tarjetas de crédito en circulación, lo que representa un crecimiento de 173,186 plásticos, equivalente a un aumento del 5.7 % respecto al semestre anterior. De ese total, 2,325,941 corresponden a tarjetas titulares, mientras que 857,884 son tarjetas adicionales.

En cuanto a la oferta, el informe identificó 363 tipos distintos de tarjetas de crédito, una reducción del 23.7 % frente al reporte previo.

El saldo total de deuda aumentó desde los ₡1,618,163 millones (USD 3,517.7 millones) registrados en junio de 2025 hasta los ₡1,710,188 millones (USD 3.717.8 millones) al cierre del año, incremento que refleja un mayor volumen de crédito utilizado durante el semestre.

El estudio también revisó las condiciones financieras ofrecidas por las entidades emisoras. Las tasas de interés corrientes anuales para tarjetas de crédito en colones oscilan entre 3.7 % y 36.6 %, mientras que en dólares varían entre 3.7 % y 30.4 %.

El MEIC destacó que ninguna supera el límite máximo establecido por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el marco de la Ley contra la Usura Crediticia.

Respecto a los costos asociados, el informe señala que ninguno de los 363 tipos de tarjetas de crédito cobra membresía inicial y que 354 productos no aplican anualidad. Solamente dos emisores cobran renovación, con montos de USD 10 y USD 20, mientras que más de la mitad de las tarjetas aplica comisiones por retiros de efectivo.

Además, 299 tipos de tarjetas ofrecen entre 15 y 30 días para cancelar el saldo de contado sin generar intereses.

En el caso de las tarjetas de débito, el informe contabilizó 7,450,701 tarjetas emitidas, un incremento de 469.265 unidades, equivalente al 6.72 %, respecto al estudio anterior. Del total, 7,295,422 corresponden a tarjetas titulares y 155.279 a tarjetas adicionales.

El Ministerio aclaró que esta cifra incluye tarjetas canceladas, vencidas, no activadas o en desuso, por lo que no necesariamente representa el número de tarjetas utilizadas de manera activa por los consumidores.

Asimismo, el informe identificó 329 tipos de tarjetas de débito, un aumento del 4.44 % respecto al semestre anterior.

En cuanto a los costos, 150 tipos de tarjetas de débito no cobran apertura, mientras que el resto aplica cargos que van desde USD 1 hasta ₡5,000 (USD 10.87). En materia de renovación, 196 productos no generan ningún cobro, aunque algunas entidades financieras aplican cargos de hasta ₡6,000 (USD 13.04).

Solo 16 tipos de tarjetas de débito cobran anualidad, con tarifas que oscilan entre USD 10 y ₡6,000 (USD 13.04).

Por otra parte, los bancos públicos continúan ofreciendo cinco retiros mensuales gratuitos en cajeros automáticos, mientras que en bancos privados y cooperativas las comisiones por retiros en cajeros de otras entidades oscilan entre USD 1 y USD 5, dependiendo del emisor.

Ante este panorama, el MEIC recomendó a los consumidores comparar cuidadosamente las tasas de interés, los costos de renovación, las comisiones por retiros de efectivo y los plazos disponibles para realizar pagos de contado antes de contratar una tarjeta de crédito o débito.

Asimismo, la institución aconsejó revisar periódicamente los estados de cuenta, utilizar el crédito de forma responsable y analizar las condiciones de cada producto financiero para tomar decisiones informadas y evitar un uso excesivo del financiamiento.

El pago de deuda al FMI el año que viene asciende a una cifra millonaria y es un tema que inquieta al equipo económico. En pleno año electoral, el Gobierno deberá cancelar nada menos que USD 7.500 millones con el organismo, una cifra récord desde que Argentina volvió al paraguas del Fondo hace ya más de ocho años.

Por supuesto que ambas partes saben que se trata de un compromiso por demás exigente. Pero nadie habla al menos por el momento de realizar alguna modificación al programa en curso.

“No vemos a la Argentina necesitando financiamiento adicional del Fondo. Incluso bajo escenarios adversos, veo un gobierno muy comprometido con reconstruir reservas y una estrategia integral para garantizar el acceso al financiamiento durante 2027″, aseguró ayer la número uno del FMI, Kristalina Georgieva, en la conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Según destacó el propio Gobierno al presentar el plan financiero que abarca el segundo semestre de 2026 y todo el 2027, al FMI habrá que cancelarle USD 4.400 millones de capital y otros USD 3.100 millones de intereses hasta fines del año próximo.

Claro que el organismo también hará desembolsos a favor de la Argentina por un total de 1.700 millones de dólares. Por lo tanto, los pagos netos que deberá realizar el Gobierno ascienden a una cifra considerable de 5.800 millones de dólares.

El “Plan A” que habían elaborado el FMI y el Gobierno al firmar el nuevo acuerdo a principios de 2025 era apuntar a un regreso de la Argentina a los mercados internacionales de crédito. De esta forma, se obtendrían sin mayores problemas los fondos suficientes para empezar a devolverle al organismo, al que se le deben arriba de los 50.000 millones de dólares.

Pero por ahora esa idea no se pudo poner en marcha y hay dudas sobre si será posible lograrlo al menos antes de las elecciones presidenciales. El riesgo país bajó, pero quedó en un nivel todavía elevado de 440 puntos básicos. Pero sobre todo la tasa de interés a diez años en Estados Unidos (que es la que toma como referencia el mercado) voló a 4,70% anual.

En este contexto el Gobierno precisa que se den dos cosas simultáneamente: bajar un escalón adicional el riesgo país (por lo menos hasta 350 puntos) y al mismo tiempo que baja el rendimiento de los bonos norteamericanos hasta alrededor de 4% anual.

De acuerdo a la presentación del plan financiero de hace tres semanas, Caputo se comprometió a que podrá cumplir con todos los compromisos financieros del año que viene, por un total de casi 25.000 millones de dólares.

Para eso, el ministro de Economía explicó que continuarán las colocaciones de deuda locales por unos 5.000 millones de dólares. Pero además, exige al Central a continuar con una fuerte compra de dólares para luego venderle al Tesoro, tal como sucedió este año.

¿Tendrá espacio el BCRA para comprar arriba de USD 10.000 millones como se propuso para este año? Una de las incógnitas es qué pasará con los niveles de dolarización del público. Es razonable esperar que la demanda de divisas para atesoramiento aumente sensiblemente a medida que se acercan las elecciones presidenciales.

En ese caso, el espacio para que el Central continúe con su ritmo de compras sería mucho menor, lo que obligaría a recalcular todo el programa y las fuentes de financiamiento.

La opción que nadie quiere mencionar por ahora es una renegociación del acuerdo para conseguir un poco más de aire en 2027, sobre todo si el mercado internacional se mantiene cerrado para el Gobierno.

Algo factible, por ejemplo, sería afrontar los vencimientos de intereses con dinero del superávit fiscal. Pero al mismo tiempo lograr nuevos desembolsos del Fondo que sirvan para enfrentar la totalidad de los pagos de capital, que suman 4.400 millones de dólares.

Siendo Estados Unidos el principal accionista del FMI no se trata de una posibilidad descabellada. Si el año pasado fue el propio Tesoro norteamericano el que salió a socorrer al Gobierno en plena corrida cambiaria, no sería ilógico pensar que en caso de una situación financiera apretada sea el propio Fondo el que brinde alivio.

Las declaraciones de Georgieva en su breve paso por Argentina dejaron en claro que el apoyo del organismo al Gobierno y al plan económico es total, en la misma línea que mantiene el gobierno norteamericano.

Este lunes, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegará a la Argentina por invitación del presidente Javier Milei. La visita se extenderá hasta el martes y llega en un momento particular para la relación entre el organismo y el Gobierno: con un programa vigente que exhibe avances concretos, pero también con señales de advertencia que empiezan a correr el eje de las preocupaciones desde el frente cambiario hacia el fiscal, en medio de un año marcado por el calendario electoral.

La agenda todavía no fue confirmada de manera oficial ni por el Ministerio de Economía ni por la Casa Rosada, aunque desde el propio FMI precisaron que Georgieva permanecerá en el país durante esos dos días. Fuentes del Gobierno adelantaron que la funcionaria búlgara mantendrá un encuentro con Milei, ofrecerá una conferencia de prensa en la sede del Palacio de Hacienda y dará una charla en el Palacio Libertad, en Buenos Aires. También se descuenta una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque ese tramo de la agenda no fue confirmado con precisión.

El otro punto saliente del recorrido es la visita a Vaca Muerta, prevista para el martes. Georgieva llegará hasta Loma Campana, en la provincia de Neuquén, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín. Se trata de la única actividad confirmada por fuera de los encuentros protocolares en Buenos Aires, y su inclusión no es casual: la formación neuquina es hoy uno de los pilares del programa económico oficial, tanto por su capacidad exportadora como por el rol que se le asigna en la generación de divisas genuinas.

El último contacto presencial entre Caputo y Georgieva se produjo en abril, durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington. En esa oportunidad, el equipo económico argentino cerró las negociaciones de garantías con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo que después se integraron al esquema financiero proyectado hasta 2027. Milei y Georgieva, en cambio, no se ven cara a cara desde septiembre de 2025, cuando coincidieron en Nueva York y repasaron el impacto del swap por USD 20.000 millones que el gobierno de Donald Trump le otorgó a la Argentina.

El telón de fondo de la visita es el acuerdo de facilidades extendidas firmado en abril de 2025, el número 23 en la historia de pactos entre la Argentina y el FMI. El programa fijó como uno de sus objetivos centrales el fortalecimiento de las reservas del Banco Central, con desembolsos por unos 20.000 millones de dólares. Hasta el momento se giraron USD 15.800 millones, luego de que en mayo el directorio aprobara la segunda revisión pese a un nuevo incumplimiento de la meta de acumulación de reservas. La deuda total de la Argentina con el organismo asciende a USD 57.870 millones, lo que la convierte en el mayor deudor del Fondo, con el 34,6% del total de créditos pendientes de cobro en todo el mundo. Para lo que resta de 2026, el país debe cancelar vencimientos por 2.745 millones de dólares.

La meta fiscal, bajo la lupa

Durante gran parte del programa vigente, el frente que concentró los mayores desvíos fue el de las reservas. Ese cuadro empezó a modificarse este año: el Banco Central lleva comprados más de 13.000 millones de dólares en 2026 y logró cumplir el objetivo de acumulación del primer semestre. En ese contexto, la atención del organismo empezó a desplazarse hacia las cuentas fiscales, justo cuando el dato de junio encendió una luz amarilla.

El sexto mes del año cerró con un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones, con un pago de intereses netos de 328.049 millones de pesos. Fue el primer resultado deficitario del año y llevó a un incumplimiento leve de la meta comprometida con el Fondo: según el Staff Report de mayo, el Gobierno se había obligado a acumular un superávit primario de $6,86 billones en el primer semestre y terminó consiguiendo 6,29 billones de pesos. Desde la consultora EconViews señalaron que “la distancia no es enorme” y que “el organismo probablemente conceda un waiver”, aunque advirtieron que el episodio es una señal de que el margen de maniobra es menor al de años anteriores.

El optimismo por las reservas

Si el frente fiscal aporta la principal duda de cara a la visita de Georgieva, el frente cambiario ofrece una lectura más favorable. El programa financiero presentado por Caputo a comienzos de julio había fijado que el Tesoro le compraría al Banco Central 6.700 millones de dólares a lo largo del año, dentro de un esquema de fuentes por 22.900 millones de dólares destinado a cubrir vencimientos por 19.200 millones. Esa meta ya fue superada: entre enero y julio, el Tesoro acumuló compras por 6.875 millones de dólares, unos 175 millones por encima de lo previsto.

Desde el Ministerio de Economía atribuyeron el excedente a una decisión prudencial, tomada ante la falta de certeza sobre el momento exacto en que llegarían los desembolsos de los préstamos con garantía de organismos multilaterales y ante eventuales diferencias en la cotización de los bonos denominados en euros utilizados para el pago de intereses. El resto del esquema de financiamiento contempla garantías del Banco Mundial y el BID, desembolsos del propio FMI por USD 1.900 millones, otros USD 2.800 millones de organismos internacionales, y emisiones locales por USD 6.000 millones, de las cuales ya se colocaron USD 4.000 millones a través de los bonos Bonar 2027 y 2028. El colchón resultante entre necesidades y fuentes previstas se estima en 3.700 millones de dólares.

El desafío mayor, coinciden los analistas del mercado, está puesto en 2027: el Tesoro proyecta comprarle al Banco Central otros USD 4.900 millones de dólares y colocar USD 5.000 millones adicionales en el mercado de capitales local, en pleno año electoral.

El peso de la incertidumbre electoral

Otro tema central en el marco de la relación con el FMI es la incertidumbre sobre qué pasará con el rumbo económico después de las elecciones. La semana pasada, Moody’s hizo referencia a la importancia de ese punto en particular. Tras elevar la calificación de la deuda soberana argentina de Caa1 a B3, el vicepresidente de la calificadora de riesgo, Jaime Reusche, explicó que la nota argentina podría haber subido más de un escalón de no haber existido un riesgo político que todavía condiciona el análisis.

Según Reusche, el organismo evalúa si las políticas actuales pueden transformarse en una “política de Estado que trascienda al gobierno de turno”, algo que recién podrá confirmarse después de la elección.

Reusche remarcó además que la brecha entre la calificación crediticia y el riesgo país que mide el mercado también refleja esa cautela: los inversores, dijo, todavía tienen presente el intento de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, que no logró sostenerse en el tiempo, y por eso exigen una prima adicional. Como referencia, comparó la situación argentina con la de El Salvador, un país con calificación similar pero riesgo país más bajo, justamente por tener un riesgo político menor.

Es en ese cruce de señales, entre una meta fiscal que se complicó pero no descarriló, un frente de reservas que exhibe resultados por encima de lo comprometido y una incógnita electoral que condiciona cualquier lectura de largo plazo, que se enmarca la llegada de Georgieva a la Argentina.