Los panameños aumentaron el uso del crédito para comprar automóviles, financiar gastos personales y realizar consumos con tarjetas durante el primer semestre de 2026.

La expansión de estos productos convirtió al financiamiento de los hogares en uno de los principales motores de la actividad bancaria, en contraste con el comportamiento más débil de los préstamos destinados a algunos sectores empresariales.

Al mismo tiempo, la banca registró más depósitos, elevada liquidez y una reducción proporcional de la morosidad, aunque persisten señales que deberán vigilarse durante los próximos meses.

La cartera crediticia local del Sistema Bancario Nacional alcanzó 65,592.7 millones de dólares al cierre de junio, un crecimiento interanual de apenas 1.26%. Sin embargo, esta cifra general oculta diferencias importantes.

El crédito al sector público aumentó 19.39% y explicó alrededor del 56% de todo el incremento, mientras el financiamiento al sector privado creció solamente 0.58%.

Esto significa que el avance de los préstamos no estuvo impulsado de manera uniforme por las empresas y los consumidores, sino que una parte considerable respondió al mayor financiamiento otorgado a entidades públicas.

Dentro del sector privado, el mayor dinamismo se concentró en los hogares. El financiamiento destinado a vivienda y consumo personal alcanzó 36,997.9 millones de dólares, después de crecer 3.26% en un año. De ese total, 21,614 millones correspondieron a préstamos hipotecarios y 15,383.9 millones a créditos de consumo.

Aunque las hipotecas continúan representando la mayor parte de la deuda de las familias, solo aumentaron 1.50%, mientras el consumo avanzó a un ritmo casi cuatro veces superior, con un crecimiento de 5.83%.

El producto con mayor crecimiento porcentual fueron los préstamos para la compra de automóviles, cuyo saldo pasó de 2,129 millones a 2,371 millones de dólares, un aumento de 11.4%.

La cartera sumó 242 millones de dólares adicionales en doce meses y representó aproximadamente 15.4% de todo el crédito de consumo. El resultado muestra una mayor demanda de financiamiento para vehículos, aunque el informe de la Superintendencia de Bancos no distingue entre automóviles nuevos y usados ni permite determinar cuánto del incremento estuvo relacionado con cambios en los precios de los vehículos.

Los préstamos personales continuaron siendo el principal componente del crédito de consumo, con un saldo de 10,159 millones de dólares y una participación cercana al 66%.

En comparación con junio de 2025, aumentaron 403 millones de dólares, equivalentes a 4.1%. Estos préstamos son generalmente de libre disponibilidad y pueden emplearse para educación, mejoras de vivienda, gastos médicos, consolidación de obligaciones o compra de bienes y servicios.

También aumentaron los saldos de las tarjetas de crédito, que pasaron de 2,652 millones a 2,854 millones de dólares, un incremento de 7.6%. Las tarjetas concentraron alrededor de 18.6% de la cartera de consumo y sumaron 202 millones de dólares adicionales.

Este avance puede estar relacionado con un mayor volumen de compras y pagos financiados, pero también obliga a observar la capacidad de pago de las familias, debido a que este producto suele tener un costo financiero más elevado que los préstamos personales, hipotecarios o para automóviles.

En el mercado de vivienda, el crecimiento fue más moderado. La cartera hipotecaria aumentó 320.4 millones de dólares, hasta alcanzar 21,614 millones, con una variación de 1.50%.

No obstante, junio dejó una señal de recuperación: los nuevos préstamos hipotecarios crecieron 34.3%, hasta 157.5 millones de dólares, mientras las nuevas colocaciones para construcción aumentaron 37.1%, hasta 208.4 millones.

En conjunto, ambos segmentos originaron 365.9 millones durante ese mes, 35.9% más que un año antes. Pese al repunte, el acumulado semestral todavía se mantuvo por debajo de 2025.

El financiamiento empresarial ofreció una imagen menos uniforme. La cartera destinada a empresas representó aproximadamente 41.1% del crédito privado y se situó en 25,766 millones de dólares. El comercio, principal componente, creció apenas 0.94%, hasta 13,831.7 millones.

En contraste, el saldo de los créditos a la industria disminuyó 13.79% y el destinado a construcción cayó 10.20%. Agricultura bajó 5.62% y ganadería 2.13%, mientras aumentaron las actividades financieras, la pesca y la minería, aunque estas dos últimas parten de saldos considerablemente menores.

Las nuevas colocaciones, sin embargo, mostraron una mejora importante al final del semestre. En junio se otorgaron 2,859.6 millones de dólares en créditos nuevos, un incremento de 44.07% y el mayor monto mensual desde el inicio de la serie en 2012. El aumento estuvo liderado por empresas financieras, industria y entidades públicas.

En el acumulado de enero a junio, la originación industrial creció 27.69% y la de empresas financieras 27.65%, mientras el comercio siguió siendo el principal receptor de crédito empresarial, pese a registrar una reducción de 1.94% en las nuevas colocaciones.

La morosidad general permaneció controlada. La cartera morosa y vencida del Centro Bancario Internacional alcanzó 3,757.8 millones de dólares, prácticamente igual que un año antes, mientras su incidencia bajó de 3.69% a 3.55% del total. La cartera vencida disminuyó de 2,268.5 millones a 2,244.3 millones. Entre los hogares, sin embargo, los créditos morosos aumentaron de 1,036 millones a 1,101 millones y su peso pasó de 3% a 3.1%, aunque los préstamos vencidos disminuyeron de 1,037 millones a 999 millones.

El sistema mantiene una posición amplia para enfrentar esos riesgos. Los depósitos alcanzaron 121,866 millones de dólares, después de crecer 7.69%, muy por encima del aumento del crédito. Los depósitos de particulares explicaron aproximadamente 93.5% del incremento, mientras las captaciones externas crecieron 11.69%.

No obstante, el gasto de los bancos en provisiones para posibles pérdidas aumentó 36%, una advertencia de que las entidades están reforzando sus coberturas. La principal prueba para el segundo semestre será determinar si el repunte de junio continúa sin provocar un deterioro en la capacidad de pago de hogares y empresas.

Los deudores de préstamos estudiantiles federales tienen hasta el 30 de septiembre para inscribirse en pagos automáticos y obtener una reducción del 1% en su tasa de interés. El beneficio, adoptado por el Departamento de Educación de Estados Unidos, se extiende hasta el 30 de junio de 2028 y el plazo para inscribirse vence el 30 de septiembre de 2026.

La medida llega en un momento en que aproximadamente 9,5 millones de estadounidenses —uno de cada cinco deudores de préstamos federales— acumulan más de nueve meses de atraso en sus pagos. El gobierno quiere revertir esa tendencia con un incentivo temporal.

De qué trata el descuento y quién puede acceder

El programa de pago automático permite que el monto mensual del préstamo se descuente directamente de una cuenta corriente o de ahorros. La inscripción es gratuita.

Quienes ya estaban inscritos en pagos automáticos antes de que se anunciara el beneficio ampliado también son elegibles para el descuento del 1%. No es necesario volver a registrarse.

Para acceder al beneficio, el préstamo debe haber sido emitido después del 1 de julio de 2012. Los préstamos anteriores a esa fecha no califican, independientemente del saldo o del plan de pago vigente.

Cuánto se puede ahorrar según el nivel de deuda

El ahorro varía según el monto adeudado. El Urban Institute, un centro de análisis no partidista, calculó que una reducción de 1 punto porcentual para un deudor con préstamos por USD 5.000 a una tasa de 6,39% representa apenas USD 2 menos al mes durante 10 años.

El panorama cambia para quienes deben más. La firma de investigación Education Data Initiative estima que el deudor federal promedio acumula alrededor de USD 40.000. A ese nivel de deuda, la misma reducción de tasa genera un ahorro mensual y total mayor.

Un ejemplo concreto: un estudiante de pregrado con un préstamo al 6,39% vería su tasa bajar a 5,39% hasta mediados de 2028, según datos del Departamento de Educación recogidos por CBS News.

Cómo inscribirse paso a paso

El proceso de registro se completa en el sitio web del administrador del préstamo (loan servicer). Los pasos, según la guía oficial del Departamento de Educación, son:

• Ingresar a la cuenta del administrador del préstamo.
• Seleccionar la opción “auto pay” en el menú de navegación.
• Ingresar los datos bancarios (número de cuenta y de ruta).
• Confirmar los montos de pago programados.

El trámite no tiene costo y el descuento entra en vigor una vez que el sistema procesa la primera deducción automática.

Beneficios y riesgos del pago automático

Más allá del descuento en la tasa, el pago automático elimina el riesgo de olvidar una cuota y acumular cargos por mora. La puntualidad en los pagos también protege el historial crediticio del deudor.

No obstante, el mecanismo tiene un riesgo concreto que conviene tener presente. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) advierte: “Si olvidas monitorear el saldo de tu cuenta y está muy bajo cuando vence un pago, es posible que debas pagar cargos por sobregiro o fondos insuficientes”.

Para evitarlo, los expertos recomiendan:

• Programar una alerta bancaria unos días antes de cada fecha de débito.
• Mantener un colchón mínimo en la cuenta vinculada.
• Revisar el estado de cuenta mensualmente para detectar descuentos no autorizados.

La meta del gobierno y los números actuales

Hoy, solo el 40% de los deudores de préstamos federales está inscrito en pagos automáticos. El Departamento de Educación quiere duplicar esa cifra hasta aproximadamente el 80%, el nivel registrado antes de la pandemia.

Nicholas Kent, subsecretario de Educación, explicó el objetivo al anunciar el beneficio ampliado: “Esta reducción de tasa ayudará a los deudores mientras consideran nuevos planes de pago accesibles y trabajan para saldar sus préstamos a tiempo”, según información oficial recogida por CBS News. Kent también anticipó que el incentivo temporal “mejorará de forma significativa la salud general del portafolio de préstamos estudiantiles federales”.

El plazo para inscribirse y acceder al descuento del 1% vence el 30 de septiembre de 2026, y que el beneficio se extiende hasta el 30 de junio de 2028 para todos los deudores que cumplan con la fecha límite de registro. Los 9,5 millones de deudores actualmente en mora no podrán acceder al descuento mientras mantengan ese estatus.

La mora volvió a crecer: en mayo, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7%, 5,1 puntos porcentuales (p.p.) más en comparación interanual, y a 12,8% para el financiamiento de las familias, según el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sin embargo, para los bancos, esta situación habría tocado un techo y, en el segundo semestre, debería empezar a ceder. Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, afirma que se trata de un asunto “entre privados”, necesita que la tendencia se revierta para impulsar el crédito y la recuperación de la actividad.

Las fuentes del sistema financiero en dialogo con Infobae aseguraron en que el deterioro de la cartera de créditos ya habría alcanzado su punto máximo. Una importante voz sectorial afirmó en off the record: “Los bancos vienen trabajando en la cuestión y ofrecen distintas alternativas a los clientes y sus situaciones particulares. La mora habría llegado a su techo y a partir de ahora debería bajar en este segundo semestre”.

El último Informe de Bancos del BCRA mostró que el incremento de la morosidad tuvo como principal motor el deterioro en los créditos familiares. En mayo, el indicador de irregularidad para ese segmento llegó en mayo a 12,8%, 0,7 p.p. más que el mes anterior y 8,3 p.p. por encima del mismo período de 2025. Dentro de la cartera para hogares, los créditos personales encabezan el ranking de mora con 15,9%, seguidos por las tarjetas de crédito (13,1%), los préstamos con garantía prendaria (7,7%), los hipotecarios (1,6%) y otros (39,3%).

Otro de los factores que preocupa es la carga mensual asociada al pago de deuda de los hogares. Según el BCRA, en abril llegó al 24,1% de la masa salarial formal cuando dos años atrás era menor al 9 por ciento. El salto en la proporción de ingresos destinados a deudas está directamente vinculado a la menor capacidad de pago de los hogares y a la inflación acumulada.

Para el Gobierno es clave que comience a revertirse esta situación para que se reactive el crédito y con ello, repunte la actividad económica. Esto quedó de manifiesto en al conferencia de prensa del lunes por parte de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien marcó la reducción de la mora como una de las medidas a las que debe apuntar el Gobierno en esta etapa. “Algunos bancos han acumulado préstamos en mora más altos y hay que gestionarlo, hay forma de gestionarlo y se tiene la voluntad de abordarlo ya”, sostuvo.

El organismo multilateral habla de que existe una voluntad de revertir esta situación y en los bancos lo dan a entender también. “El FMI nos consulta habitualmente nuestro punto de vista. Siempre mantenemos contacto. Muchas veces tenemos objetivos coincidentes. El que mencionas es uno”, marcó una fuente del sector privado.

Pese a la postura inicial del equipo económico, en los últimos meses, los bancos -en especial, los públicos- lanzaron lineas de refinanciamiento. Uno de ellos fue el Banco Nación Argentina (BNA) que ofreció un kit de soluciones para ordenar las obligaciones financieras. Tanto para consolidación de deudas con una línea a tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $100 millones. Como para refinanciación de tarjeta de crédito para clientes del banco que registran hasta 90 días de atraso en el pago con la posibilita reestructurar saldos pendientes de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35 por ciento.

La postura oficial

La postura del ministro Caputo es que el crecimiento de la mora es producto de que “los bancos volvieron a actuar de bancos”: dejaron de prestarle al Tesoro o al BCRA y ahora redirigen el financiamiento a sus clientes. No obstante, reconoció que, durante ese proceso, otorgaron créditos de baja calidad y ahora muestran mayor cautela a la hora de conceder nuevos préstamos.

“Algunos bancos tienen la teoría de que para recobrar esos malos créditos cobran una tasa alta. Eso fue típicamente lo que pasó en Argentina; ellos dicen que con que uno me pague una tasa del 120% o del 140% ya me compensó esos tres; después vendo esta cartera mala, deduzco ganancias por las pérdidas de esto y, mal que mal, salgo bien. Nosotros hemos hablado con los bancos y les hemos dicho: ‘No funciona así, denle plazo y tasa baja porque si no no van a poder’”, sostuvo el funcionario nacional en una entrevista con Economía de quincho.

Sin embargo, los primeros bancos que tomaron el consejo del ministro Caputo fueron los públicos como el BNA y los provinciales, luego de varios meses de cobrar tasas altas a sus clientes por incumplimientos de pago. “Afortunadamente los bancos tenían las previsiones y colchones de capital para ‘digerir’ sin afectar su funcionamiento“, destacó una fuente del sector a este medio.

En los seis meses que resta del año, en los bancos esperan que la mora comience a bajar. El FMI ya habló de un compromiso en la conferencia de prensa de este lunes, siendo esta una de las condiciones necesarias para que se produzca la reactivación de los sectores rezagados -junto con el desarrollo del mercado de capitales y la mejora de infraestructura-. Caputo también sabe que necesita que se revierta más allá de que se trata de una “situación entre privados”.

Fue un miércoles negro para los inversores del mundo. A pesar de que el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (Fed) mantuvo las tasas de interés sin cambios, tres de los doce miembros votaron por una suba de un cuarto de punto.

El titular de la Fed, Kevin Warsh, resaltó la firmeza con la que actuaron los gobernadores del directorio y señaló que les pidió debatir con la intensidad de una discusión familiar para sustentar su voto. También aclaró que esto no representa una pausa, lo que sugiere que mantiene el objetivo de dos aumentos adicionales en las tasas y que buscan alcanzar una inflación anual del 2 por ciento.

Estas declaraciones aumentaron la tensión entre los inversores. El 80% de los analistas estimaba ayer que en la próxima reunión de dos días, prevista para el 15 y 16 de septiembre, la Fed subirá las tasas. Durante ese encuentro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia sobre una posible escalada del conflicto con Irán tras las represalias.

Si con el intercambio de misiles no bastaba, los balances de las grandes empresas tecnológicas que arribaban a las Bolsas hicieron el resto. Los resultados, con excepción de Microsoft, no cumplieron las expectativas. Destacó especialmente la caída de Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, que perdió 8% de su valor en la jornada.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL señaló que “hubo una profundización en el castigo al sector de Semiconductores: el ETF que los mide (SMH) acumuló su quinta rueda consecutiva en terreno negativo, marcando su peor racha bajista desde diciembre. Las dudas sobre la sostenibilidad del financiamiento cruzado en Inteligencia Artificial y la sorpresiva compresión de márgenes informada en Asia por SK Hynix (-9,6%) castigaron a Micron (-10,07%), SanDisk (-7,30%), AMD (-5,51%) y Nvidia (-3,50%)”.

Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía. indicó que “luego del fuerte rally de las grandes acciones tecnológicas de la mano del boom de la IA, en los últimos meses se observó una progresiva rotación hacia sectores más tradicionales que habían quedado rezagados. Asimismo, fueron surgiendo dudas en el mercado sobre la sostenibilidad del crecimiento exponencial de la inversión en IA (modelos, software, equipamiento) por parte del sector empresarial. La recuperación relativa del “S&P 493” (excluyendo las Mag 7) explica la mejor performance del índice equal weight (todas las empresas tienen el mismo peso) en lo que va del año”.

Por cierto, tampoco se salvaron las acciones clásicas; el Dow Jones perdió 2,2%, superando la baja del Nasdaq de las tecnológicas que cayó 1,7 por ciento.

En tanto, los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaron su cotización y elevaron su rendimiento a 4,67% ante el riesgo de una suba de tasas en septiembre, lo que impactó en los títulos de toda la región. El índice de mercados emergentes retrocedió 2,1 por ciento. El oro, por momentos, recuperó su rol de refugio y subió más de 1 por ciento. Al mismo tiempo, el petróleo registró un alza de 7 por ciento.

La Argentina no estuvo al margen de la crisis y lo sintió en el precio de los bonos soberanos que cedieron un promedio de 0,5 por ciento. El riesgo país creció 4 unidades (0,5%) a 445 puntos básicos. A su vez, el Merval de las acciones líderes cayó 0,7% en pesos y subió 0,2% en dólares por la fuerte caída de casi 1% del CCL.

Sin embargo, Moody’s elevó la calificación internacional de la provincia de Buenos Aires de Caa3 a Caa2, tanto para el emisor como para su deuda senior no garantizada, y mantuvo la perspectiva estable.

Sobre las inversiones en bonos, María Paz Aguilar, Javier Casabal y Federico Filippini de Adcap Grupo financiero, señalaron que “gran parte del universo de bonos corporativos argentinos ya cotiza con rendimientos ajustados, pero las empresas de servicios públicos (utilities) siguen siendo una de las pocas excepciones. El sector continúa ofreciendo algunos de los rendimientos más atractivos, respaldado por la mejora de los fundamentos operativos, la normalización tarifaria y un contexto macroeconómico más favorable”.

El otro dato positivo fue la licitación de los Bonos del Tesoro donde se renovaron más del 144% de los vencimientos al tomar $12,2 billones para cubrir 8,5 billones de pesos. De esta manera, salen de circulación 3,8 billones de pesos.

La letra más esperada fue la dual TAMAR-dollar linked, con vencimiento en enero de 2028. Este instrumento permite al inversor, al momento del vencimiento, optar entre el rendimiento de la tasa de plazo fijo para depósitos superiores a $1.000 millones a 30 días o la variación del dólar mayorista. El bono captó $4,72 billones a un margen anual de 6,64%, lo que representó el 39% del total adjudicado por el Tesoro.

Por otra parte, la LECAP que vence en octubre de 2026, la contracara del dual por lo cercano de su vencimiento, se alzó con $4,6 billones a una tasa de 2,05% efectivo mensual, casi 38% de lo licitado.

El otro bono observado era el AO29 que se licitó en dólares a una tasa de 8,33 por ciento. En la primera vuelta (hoy será la segunda por USD 150 millones) concentró 309 millones de dólares. En dos ruedas colocó casi 50% del cupo estipulado por el equipo económico en 2.000 millones de dólares. A pesar de que bancos como el Citi, señalaron que el riesgo más grande son las próximas elecciones, el comportamiento de este título indica que los inversores apuestan a la continuidad del actual Gobierno.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini observó que “en dollar linked el valor nominal adjudicado fue el mayor a de todas las licitaciones de, al menos, 2026 y si le sumamos lo del dual el salto en la cobertura otorgada en licitaciones fue abrupto, totalizando USD 4.831 millones (VN) cuando el mayor era de USD 1.295 millones”.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), se operaron USD 418 millones y el Banco Central compró 36 millones de dólares. El dólar mayorista bajó $2 a 1.496 pesos. En la plaza financiera, el MEP bajó 0,6% a $1.524 y el contado con liquidación (CCL) casi 1% a 1.586 pesos. El “blue” se mantuvo en 1.570 pesos.

Desde Rosario Finanzas acotaron que “la disparidad de las cotizaciones genera un clima de cautela entre los inversores y empresarios de Rosario y la región. La persistente brecha cambiaria dificulta la planificación económica y la toma de decisiones especialmente para aquellos sectores vinculados al comercio exterior y la inversión productiva. La volatilidad del dólar blue, que no ha mostrado retrocesos en lo que va de la semana, subraya la necesidad de monitorear de cerca las políticas económicas y su impacto en la estabilidad cambiaria”.

Anoche en el mercado overnite, se registraba un leve rebote en las Bolsas de Nueva York impulsados por el buen balance de Microsoft que se conoció tras el cierre de ayer. En Europa las aperturas de las Bolsas eran mixtas. El petróleo se mantenía estable en USD 88 al tiempo que subía el dólar frente a las demás monedas del mundo al apostar a que en setiembre subirán las tasas en Estados Unidos.

El panorama para la Argentina sigue complicado. Las elevadas tasas de los bonos del Tesoro norteamericano dificultan la cotización de los títulos de la deuda argentina.

El Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027 asciende a $35,111.7 millones, frente a los $34,913.8 millones del presupuesto modificado de 2026, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman durante una presentación ante el Consejo de Gabinete.

Al detallar el proyecto de ley, Chapman indicó que el incremento neto es de $197.9 millones, equivalente al 0.6%, lo que refleja que no se trata de una expansión generalizada del gasto público, sino de una recomposición de prioridades orientada a fortalecer las áreas de mayor impacto para la población.

Durante su intervención, el funcionario destacó que el presupuesto tiene como propósito fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, mejorar la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos del Estado y contribuir al desarrollo humano, la estabilidad económica y la responsabilidad intergeneracional que demanda el país.

Una nota de prensa oficial indica que el titular de Economía y Finanzas explicó ante el Consejo de Gabinete que el eje central del Presupuesto General del Estado para 2027 es “mejorar la calidad de vida de los panameños mediante mayores asignaciones para educación, salud, seguridad social, infraestructura, vivienda, agua potable, seguridad ciudadana y programas dirigidos a reducir las brechas sociales y territoriales”.

Como parte de este esfuerzo, explicó que el presupuesto incorpora aproximadamente $3,400 millones destinados al financiamiento de subsidios y programas de apoyo económico.

De ese total, alrededor de $1,496 millones corresponden a los aportes solidarios del Gobierno Central para los programas administrados por la Caja de Seguro Social, incluyendo aproximadamente $1,044 millones destinados al Fondo Único Solidario.

El ministro sostuvo que este esfuerzo reafirma el compromiso del Estado con la protección social y el bienestar de la población, al tiempo que subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de focalización, evaluación y seguimiento para garantizar que estos recursos beneficien efectivamente a quienes más los necesitan y contribuyan a un uso eficiente y sostenible de las finanzas públicas.

Otros detalles indican que el proyecto también refleja una reducción en el presupuesto del Gobierno Central, que pasa de $17,935.6 millones en 2026 a $16,534.5 millones para 2027, una disminución de $1,401 millones (7.8%).

Esta variación, siempre de acuerdo a la información oficial, responde principalmente al comportamiento del Servicio de la Deuda Pública y no a una reducción de los programas esenciales del Estado.

En ese sentido, se manifestó que el Servicio de la Deuda Pública disminuye de $7,938.9 millones en 2026 a $5,496.1 millones en 2027, una reducción de $2,442.7 millones (30.8%), producto del calendario anual de vencimientos y de las operaciones de financiamiento.

Chapman aclaró que esta disminución no representa una reducción automática del saldo de la deuda, sino que responde a la programación financiera del Estado.

Por otra parte, recién se informó que el déficit fiscal de Panamá se redujo 22.4% durante los primeros cinco meses de 2026, pero parte de esa mejora no solo obedeció al aumento de la recaudación, sino también a que el Estado ejecutó $174.3 millones menos en inversión pública que un año antes.

Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas destacó que logró reducir el costo promedio de la deuda de 4.97% a 4.65%, los intereses continúan absorbiendo una parte importante de los recursos públicos.

Los resultados acumulados hasta mayo muestran que Panamá se mantiene por debajo del límite fiscal de 3.5% del Producto Interno Bruto establecido para 2026 y reflejan avances en el proceso de consolidación de las cuentas públicas.

El gobierno de Javier Milei consiguió otros USD 309 millones para robustecer el programa financiero diseñado con el objetivo de cubrir todos los compromisos hasta 2027 y, en paralelo, no liberó pesos al mercado en la licitación clave de deuda que tuvo lugar este miércoles.

La Secretaría de Finanzas informó que la subasta resultó en una adjudicación total de $12,21 billones, tras recibir ofertas por 13,98 billones de pesos. Este resultado implica un rollover del 144,53% respecto a los vencimientos del día, que ascendían a 8,5 billones de pesos.

El bono AO29, denominado en moneda estadounidense y con vencimiento el 31 de octubre de 2029, captó USD 309 millones tras recibir ofertas por 366 millones de dólares. La tasa de corte se ubicó en 8,33% TIREA (8,02% TNA).

Este instrumento, que tiene un tope de USD 2.000 millones, tuvo su debut a mediados de julio. En la primera licitación, el pasado 15 de este mes, la demanda del título resultó muy elevada y la oferta alcanzó los USD 1.046 millones, luego de que se informara que el límite máximo para la adjudicación sería hasta completar el cupo establecido.

No obstante, Finanzas optó por colocar USD 470 millones en la primera ronda y USD 150 millones extra al día siguiente, por lo que el monto total se elevó a 620 millones de dólares. En la última licitación de julio, celebrada hoy, no solo cayó el monto adjudicado sino también el ofertado y restan colocar 1.071 millones de dólares.

El AO29 es clave para la estrategia financiera del ministro de Economía, Luis Caputo. El fin último de estas colocaciones es fortalecer la posición del Tesoro en dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda que quedan para el resto de 2026.

Por otra parte, la licitación en pesos mostró una fuerte participación en los instrumentos a tasa fija. En el caso de las Lecap y Boncap con vencimiento el 16 de octubre de 2026 (S16O6), se adjudicaron $4,61 billones, con una tasa efectiva mensual de 2,05% y una tasa interna de retorno efectiva anual de 27,57 por ciento.

Además, se presentó, por primera vez, un bono dual que actualiza su valor según la TAMAR (la tasa mayorista utilizada como referencia) o el tipo de cambio Dólar Linked, abonando al inversor la rentabilidad más elevada entre ambas alternativas.

Este nuevo título, un cupón cero con vencimiento el 31 de enero de 2028, permite optar por el ajuste más conveniente: ya sea la tasa mayorista para depósitos superiores a $1.000 millones o la evolución del dólar oficial. En tal sentido, el TMVE8 sumó $4,72 billones, con un margen de 6,64% sobre la tasa dual.

En los bonos ajustados por CER/TAMAR, el TXMD8, que vence el 15 de diciembre de 2028, captó $0,87 billones, con una TIREA CER de 5,40 por ciento. En el segmento de instrumentos dólar linked, el D30S6, que expira el 30 de septiembre de 2026, recibió $0,67 billones, con una TIREA de 7,25%, mientras que el D15E7 (vencimiento el 15 de enero de 2027) alcanzó los $1,33 billones, con una TIREA de 5,51 por ciento.

Eric Ritondale, economista jefe de Puente, señaló que la licitación “permitió capturar un volumen elevado de refinanciación, donde la introducción del nuevo bono dual demostró ser una herramienta eficiente para canalizar la demanda de plazos largos (2028), mientras que la LECAP corta ofreció la flexibilidad requerida para la gestión de liquidez de fin de mes”.

“Ante vencimientos por $8,5 billones, la demanda se concentró fuertemente en el nuevo Dual TAMAR/DLK (novedoso siendo el primer instrumento en moneda dual emitido por esta gestión) que colocó VN USD 3.467 millones aún dejando afuera posturas por VN USD 560 millones y en la LECAP (a 77 días, la de menor plazo ofrecida desde el 28/04/2026); representaron el 39% y el 38% de la colocación, respectivamente”, analizó el economista Federico García Martínez.

Por otro lado, García Martínez interpretó que la demanda de cobertura en instrumentos atados a la evolución del dólar se mantuvo “más que firme” con USD 1.610 millones ofertados en conjunto, de los cuales se adjudicaron USD 1.364 millones, excluyendo el TMVE8.

Por su parte, el director de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño, sostuvo que el Tesoro absorbió $3,71 billones con una tasa en pesos “corta cortando arriba del secundario”. “El Tesoro no tenia necesidad de pesos, así que difícil no leer la licitación en clave cambiaría. Mas aún con un menú que tuvo mucho DLK y qué terminó tomando mucho por ahí”, sumó Caamaño.

El Gobierno destinará USD 120 millones (unos 3,213 millones de lempiras) a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para su repotenciación, según informó el secretario de Finanzas, Emilio Hércules. La estatal también mantiene un programa de colocación de bonos con un techo de 16 mil millones de lempiras para pagar obligaciones pendientes con proveedores.

Según Hércules, los recursos para la repotenciación serán financiados con fondos del Tesoro Nacional y apuntan a mejorar la capacidad operativa de la ENEE, en especial en la infraestructura del sistema eléctrico y el fortalecimiento de la red de transmisión.

“Todos nos hemos subido al barco del rescate de la empresa. Esto no pasa solo por transmisión, sino también por inversión”, expresó Hércules sobre las acciones del Gobierno para recuperar la situación financiera de la estatal.

La ENEE mantiene en paralelo un programa de bonos para obtener recursos con los que cancelar obligaciones pendientes con empresas proveedoras.

De acuerdo con Hércules, el mecanismo financiero comenzó hace un mes y medio y contempla un techo de 16 mil millones de lempiras para el pago gradual de compromisos acumulados con distintos proveedores.

El funcionario explicó que los desembolsos se realizan de forma semanal y que las emisiones han tenido respuesta favorable en el mercado financiero, ya que ofrecen tasas de interés que han resultado atractivas para los inversionistas.

Inversión y bonos soberanos

La estrategia apunta a mejorar el flujo de caja de la empresa y reducir la presión financiera derivada de las obligaciones pendientes, que durante años afectó la capacidad operativa de la estatal.

La ENEE enfrenta desde hace varios años altos niveles de endeudamiento, pérdidas técnicas y no técnicas, además de dificultades para mantener al día los pagos a proveedores y ejecutar inversiones en infraestructura.

Analistas del sector energético señalaron que fortalecer las finanzas de la empresa resulta clave para garantizar la continuidad del servicio eléctrico y avanzar en proyectos para modernizar la red nacional, reducir interrupciones y mejorar la eficiencia del sistema.

El Gobierno también espera que la aprobación de reformas al subsector eléctrico facilite la colocación total de los bonos autorizados y permita ampliar las herramientas financieras para atender las necesidades de la empresa.

La recuperación financiera de la ENEE es considerada uno de los principales desafíos para el sistema eléctrico hondureño. Durante años, la empresa ha enfrentado problemas derivados del elevado endeudamiento, pérdidas de energía, atrasos en el pago a proveedores y limitaciones para invertir en la modernización de la infraestructura, factores que han impactado su capacidad operativa y la calidad del servicio.

La inversión anunciada por el Gobierno busca fortalecer áreas estratégicas de la empresa, especialmente en la red de transmisión y distribución de energía. La modernización de estas instalaciones es vista como una pieza clave para reducir fallas en el sistema, mejorar la estabilidad del suministro eléctrico y responder al crecimiento de la demanda de energía tanto en los hogares como en el sector productivo.

En paralelo, la colocación de bonos representa una alternativa para obtener liquidez sin afectar el funcionamiento inmediato de la estatal.

El pago gradual de las obligaciones con proveedores permitiría mejorar la relación con las empresas que suministran bienes y servicios a la ENEE, además de facilitar la continuidad de proyectos de mantenimiento, expansión y operación de la red eléctrica.

El déficit fiscal de Panamá se redujo 22.4% durante los primeros cinco meses de 2026, pero parte de esa mejora no solo obedeció al aumento de la recaudación, sino también a que el Estado ejecutó $174.3 millones menos en inversión pública que un año antes.

El resultado permitió reducir el desbalance de las cuentas públicas a $1,729.6 millones, equivalente al 1.82% del Producto Interno Bruto (PIB), frente a los $2,228.4 millones, o 2.46% del PIB, registrados en el mismo período de 2025.

El comportamiento de las cuentas públicas muestra que los ingresos crecieron mucho más rápido que los gastos. Entre enero y mayo, el SPNF registró ingresos por $6,016.7 millones, un aumento de 9.5% respecto al mismo período de 2025, mientras que los gastos totales apenas crecieron 0.3%, al pasar de $7,721.6 millones a $7,746.3 millones.

Esta diferencia permitió mejorar tanto el déficit total como el balance primario, que pasó de 1.11% a 0.52% del PIB, antes del pago de intereses de la deuda.

El aumento de los ingresos estuvo impulsado principalmente por la Caja de Seguro Social (CSS), cuyos ingresos crecieron $267.7 millones, además de $97 millones adicionales del Gobierno Central y $198.2 millones en ingresos de capital.

En paralelo, la recaudación tributaria del Gobierno Central aumentó 6.6%, impulsada por un mejor desempeño del ITBMS sobre ventas, el impuesto de inmuebles, el ITBMS a las importaciones y el impuesto sobre la renta proveniente de salarios. También crecieron los impuestos selectivos al consumo, especialmente sobre automóviles y cigarrillos.

Sin embargo, la reducción del déficit no se explica únicamente por una mayor recaudación. Uno de los factores con mayor incidencia fue la caída de la inversión pública, reflejada en un descenso de 11% del gasto de capital.

Entre enero y mayo, este rubro pasó de $1,578.6 millones a $1,404.3 millones, es decir, $174.3 millones menos que en igual período de 2025. Al ejecutarse menos recursos en infraestructura y otros proyectos, el crecimiento del gasto total permaneció prácticamente estancado, favoreciendo directamente la reducción del déficit.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) atribuye esa disminución a un efecto de comparación, al señalar que durante 2025 se realizaron desembolsos extraordinarios para proyectos de infraestructura del sector salud que elevaron la base del año anterior.

Según la entidad, la ejecución observada en 2026 mantiene un ritmo acorde con la programación prevista. Sin embargo, desde el punto de vista económico, la inversión pública suele ser el componente más flexible del presupuesto, ya que puede aplazarse para aliviar las presiones fiscales, a diferencia de gastos rígidos como salarios, pensiones o intereses de la deuda.

La inversión pública tiene además un papel determinante sobre la actividad económica, al financiar carreteras, hospitales, escuelas, obras de infraestructura y otros proyectos que impulsan el empleo y la demanda interna.

Si bien una menor ejecución contribuye a mejorar el balance fiscal en el corto plazo, también puede retrasar obras estratégicas y reducir el efecto dinamizador que estas tienen sobre sectores como la construcción, el transporte y los servicios.

El desafío para las autoridades será mantener la consolidación fiscal sin comprometer inversiones clave para el crecimiento económico.

Mientras tanto, las principales presiones sobre las finanzas públicas continúan concentrándose en el gasto rígido. Mientras la inversión pública cayó $174.3 millones, el Estado destinó $1,235.3 millones únicamente al pago de intereses de la deuda, un incremento de 1.1% respecto al año anterior.

A ello se suma que el gasto corriente de la Caja de Seguro Social aumentó 8.3%, impulsado por un mayor pago de pensiones y jubilaciones debido al crecimiento del número de beneficiarios.

Aunque el MEF destaca que logró reducir el costo promedio de la deuda de 4.97% a 4.65%, los intereses continúan absorbiendo una parte importante de los recursos públicos.

Los resultados acumulados hasta mayo muestran que Panamá se mantiene por debajo del límite fiscal de 3.5% del PIB establecido para 2026 y reflejan avances en el proceso de consolidación de las cuentas públicas.

Sin embargo, las propias cifras dejan claro que el reto para el resto del año será mantener la reducción del déficit sin seguir apoyándose en una menor ejecución de inversiones, al tiempo que se enfrentan las crecientes presiones derivadas de las pensiones y del servicio de la deuda, dos de los principales desafíos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Desde comienzos de año, el sistema bancario argentino enfrenta una paradoja que impacta sobre empresas y particulares. Las tasas de interés de los depósitos bajan de manera sostenida, pero el costo de los préstamos para las familias y las empresas se mantiene elevado y muestra una fuerte resistencia a la baja. Este fenómeno, que afecta la capacidad de acceso al crédito y la dinámica del consumo, se explica por una combinación de factores que incluyen niveles históricos de morosidad, requisitos regulatorios, riesgos de crédito y una presión impositiva persistente.

Un informe de la consultora Econométrica que lleva la firma de Sebastián Cao señala que durante la gestión de Javier Milei, el crédito bancario al sector privado duplicó su peso relativo respecto al Producto Interno Bruto (PIB), aunque esta expansión partió de mínimos históricos y luego perdió impulso. “Gracias al equilibrio fiscal, el sector público redujo significativamente su absorción de financiamiento bancario, revirtiendo el fenómeno de crowding out observado durante los años anteriores”, describe el informe. Así, los bancos canalizaron más recursos hacia el sector privado, que pasó de representar apenas 6 puntos del PIB en 2023 a 12,6 puntos en el primer trimestre de 2026.

En términos de montos, el financiamiento bancario al sector público bajó en 40 billones de pesos desde fines de 2023, situándose en los 100 billones actuales. Al mismo tiempo, el stock de préstamos al sector privado escaló de 57 a 133 billones de pesos en junio de 2026, la mitad correspondiente a las familias. Sin embargo, desde mediados de 2025, el financiamiento total al sector privado se estancó. “El financiamiento al sector privado en su conjunto —empresas y familias— se amesetó a mediados de 2025, en línea con la incertidumbre preelectoral que afectó a toda la economía, y todavía no muestra para las familias signos de recuperación”, puntualiza Econométrica.

La situación de las familias destaca por un salto en la morosidad. El último dato subraya que la mora bancaria de las familias llegó al 12,8% en mayo, el mayor nivel en más de veinte años. En el segmento de créditos personales, la irregularidad alcanzó el 15,9%, mientras que en tarjetas de crédito se ubicó en 13,1%. Los préstamos con garantía prendaria y los hipotecarios mostraron niveles de mora de 7,7% y 1,6%, respectivamente. El informe oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sitúa el ratio de irregularidad global del crédito al sector privado en 7,7% para ese mismo mes.

Este deterioro impacta de lleno en la dinámica de tasas. “Parte de la explicación de este estancamiento real del crédito a las familias podemos encontrarla en una tasa de interés de financiamiento que presenta una fuerte resistencia a la baja”, sostiene Econométrica. Mientras la tasa de plazo fijo perforó el 20%, siguiendo la moderación de las expectativas inflacionarias, la percepción general es que las tasas activas no acompañaron este descenso. “En los últimos meses las tasas de interés recuperaron la tendencia decreciente previa al periodo preelectoral, pero la brecha entre tasas activas y pasivas se ha ampliado en casi 20 puntos porcentuales, reflejando la rigidez de la tasa activa de interés.”

La consultora descompone la tasa de interés en varias capas. La primera es el costo de fondeo, es decir, lo que el banco paga por el dinero que presta, que promedia cerca de 20 puntos porcentuales. Sin embargo, las exigencias de encaje —actualmente en torno al 25% de los depósitos a plazo— elevan ese costo por encima de los 25 puntos. Econométrica remarca que “el banco remunera el total del depósito, pero solo puede prestar la porción neta de encaje, encaje que prácticamente no es remunerado”.

A esto se suma el riesgo de crédito, que se incrementó por el deterioro en la capacidad de pago de las familias: “La situación de las familias se empezó a agravar a partir del segundo trimestre de 2025, y la situación de deterioro se consolidó a partir de mediados del año pasado con la suba de tasas de interés que se desató en la crisis preelectoral, afectando principalmente al financiamiento sin garantía”. El ratio de irregularidad en los pagos superó el 12% para las familias, un salto atribuido a que “las tasas activas no descendieron a igual ritmo de la inflación durante los últimos dos años, elevando notoriamente el costo del crédito en términos reales”.

Las cifras de Infobae confirman el fenómeno. El informe señala que la “carga mensual de los servicios de deuda de las familias representó en abril el 24,1% de la masa salarial formal, un nivel que hace dos años no llegaba al 9 por ciento”. El salto en la morosidad también golpea más fuerte a los deudores más jóvenes y a quienes obtienen crédito en entidades no financieras: entre los deudores de 18 a 25 años, la irregularidad supera el 40%, y en entidades no bancarias, casi el 30%.

Un análisis de First Capital Group aporta contexto sobre el comportamiento reciente del crédito. Después de cinco meses de caída, en junio el saldo total de préstamos en pesos al sector privado creció en términos nominales un 3,6% mensual, con un saldo que llegó a 103,1 billones de pesos, y un crecimiento interanual del 35,6%. En términos reales, se registró un aumento mensual del 1,7% y un incremento anual del 1,3%. Según el socio de la firma, Guillermo Barbero, “luego de cinco meses de retroceso, por fin alcanzamos un mes con variación positiva en términos reales”.

El análisis individual de las carteras muestra que el mayor dinamismo correspondió a los préstamos comerciales, que subieron en términos reales un 4,5% mensual, aunque en la comparación anual aún se observa una disminución. En contraste, los préstamos personales exhibieron una caída mensual real del 1% y una disminución anual del 2,9%. “El nivel de tasas es todavía muy alto en relación a la inflación esperada, esto pone freno a la demanda de nuevas operaciones”, explica Barbero. Además, la irregularidad de la cartera restringe la oferta de las entidades financieras, que priorizan recuperar los ratios de mora antes de avanzar comercialmente.

El informe de Econométrica detalla que la tasa activa —la que pagan los deudores— está anclada a una serie de costos adicionales al costo de fondeo. “Mientras el costo de captación de depósitos para intermediación en créditos se ha abaratado tanto, ¿por qué la tasa activa apenas cede?”, pregunta el documento. Entre los factores que explican la rigidez, Econométrica destaca el encaje, la mora y el riesgo país. “Casi 24 puntos de interés suman los riesgos al costo del financiamiento, donde más de 15 puntos se explican por el riesgo de crédito, y otros más de 8 por el riesgo de tasa y depreciación de la moneda.”

La rentabilidad exigida sobre el capital agrega más de 5 puntos porcentuales, mientras que los costos operativos de la estructura bancaria suman otros casi 6 puntos. “El sistema financiero tiene prohibido desde hace una década establecer comisiones de originación y gestión de préstamos, comisiones que pretendían compensar los costos administrativos, y si bien no afecta finalmente al costo del financiamiento total, esos cargos terminaron internalizados en la tasa de interés”, señala el informe.

El análisis de Econométrica suma otra capa clave: los impuestos. “La última capa la conforman los impuestos implícitos, que explican más de 7 puntos porcentuales de interés, principalmente el impuesto sobre los ingresos brutos que cobran las provincias con traslado total sobre los deudores, y a una alícuota promedio para el país de 8,4% sobre los intereses.” Al sumar el impuesto a los sellos y el IVA sobre los intereses, el costo financiero total para los préstamos personales se ubica en el 82,8% nominal anual, con un costo efectivo anual de 122,7%.

En el caso de las tarjetas de crédito, el costo de la opcionalidad de financiación —la posibilidad de endeudarse a demanda— suma una prima adicional de 11 puntos porcentuales. Así, la tasa mínima para el financiamiento con tarjeta ronda el 77% nominal anual, aunque la tasa observada en junio trepó a 87,5%. Econométrica explica que la diferencia residual se debe a un componente disuasorio: “La diferencia residual de casi 11 puntos se explica por un alto componente disuasorio para desalentar el pago mínimo y el uso de la tarjeta como forma permanente de financiamiento por un lado, y por otro, el deudor que no cancela el total del resumen, revela transitoriamente su propia iliquidez y mayor riesgo crediticio”.

Las perspectivas para una baja de tasas dependen de la mejora en la calidad de la cartera y de una reducción de los costos regulatorios e impositivos. Econométrica calcula que “un descenso de la mora a valores normales, alrededor del 5,5% total, significaría en promedio casi 12 puntos porcentuales menos de tasa, mientras que otros casi 8 puntos menos podrían esperarse si se mantiene la baja de volatilidad cambiaria actual”. Además, “llevar los encajes de 25% a 15% promedio sobre depósitos a plazo y duplicar la integración remunerada, permitiría reducir más de 3 puntos porcentuales adicionales”.

El informe concluye que la persistencia de tasas activas elevadas encuentra justificación en “un deterioro de la calidad de la cartera de financiamiento sin garantía a las familias, encajes todavía altos y finalmente, factores de riesgo que aún pueden comprimir todavía más”. La presión fiscal representa otro eje central: “Los impuestos, principalmente IVA y IIBB, elevan más de 43 puntos el costo financiero efectivo anual, desde un 79% e.a sin impuestos.”

De acuerdo con Econométrica, “reducirlos, o mejor aún, eliminarlos con bajo costo fiscal, permitiría catalizar la mejora en la mora de las familias al reducir un tercio del costo financiero, potenciando una nueva expansión del crédito y del consumo interno”.

Este miércoles será una jornada clave para el ministro de Economía, Luis Caputo. En la licitación quincenal de deuda, la Secretaría de Finanzas saldrá a buscar USD 1.351 millones con el Bonar 2029 (AO29) a la par de renovar y extender los vencimientos por 8,5 billones de pesos. En esta ocasión se suma una novedad: un bono dual diseñado para quienes desean mantener exposición en pesos y, al mismo tiempo, contar con cobertura frente al tipo de cambio oficial.

El menú de instrumentos para la subasta de hoy incluye opciones a tasa fija, bonos Cer/Tamar, títulos dólar linked, el hard dollar AO29 y la incorporación del bono dual, que ajusta por la tasa mayorista para plazos fijos de más de $1.000 millones -Tamar- o por dólar linked. Este último instrumento, un cupón cero con vencimiento el 28 de enero de 2028, se diseñó para pagar el mayor rendimiento entre ambos mecanismos de ajuste. Según PPI, el equipo de Finanzas busca con esta herramienta no solo testear el apetito de los inversores por nuevas alternativas de cobertura, sino también extender el plazo promedio de la deuda en moneda local, en especial ante los compromisos que se concentran en el año electoral de 2027.

Actualmente, el bono de referencia más cercano para valorar el nuevo dual es el Boncer TZX28, que rinde cerca de 8%, mientras que un dólar linked de duración similar ofrece 8,9%, una diferencia de 90 puntos básicos que el mercado asigna al riesgo de una posible brecha cambiaria después de las elecciones presidenciales. El carácter dual del nuevo bono intenta captar la atención de aquellos inversores que priorizan la doble cobertura ante la inestabilidad cambiaria, sin renunciar a la exposición en moneda local.

La oferta de este nuevo instrumento se da luego de que la semana pasada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que es “una posibilidad” que el dólar llegue a $ 1.800 en los próximos meses. Más tarde, el funcionario nacional aclaró que se refería a octubre de 2027. Cabe destacar que desde enero, el tipo de cambio mayorista se mantiene -con variaciones- en torno a 1.500 pesos.

Ignacio Morales, director de inversiones de Wise Capital, consideró que los comentarios de Ravier sobre la posibilidad de un dólar oficial en $1.800 no tendrían un impacto determinante en la licitación. Morales sostuvo que, si bien el mercado prestó atención a esas declaraciones, el Gobierno probablemente esperará consolidar la desinflación antes de convalidar una suba brusca del tipo de cambio.

Además, proyectó que los instrumentos dólar linked, especialmente la Lelink de septiembre y el nuevo bono dual, recibirán buena demanda. “Creemos que los inversores van a aceptar alargar duration a cambio de contar con esa doble cobertura”, afirmó. Esta preferencia se vincula con la búsqueda de protección ante escenarios de volatilidad y el deseo de asegurar cobertura tanto frente a la inflación como frente a movimientos cambiarios.

Tasa sobre todo

El otra test estará en la colocación del AO29 con el que se busca 1.351 millones de dólares. El cronograma oficial prevé que, si no se reúne la suma buscada en la primera instancia de la licitación, el jueves se abrirá una segunda vuelta donde se podrá colocar hasta USD 150 millones adicionales del AO29. Esta secuencia responde a la necesidad de completar el objetivo de USD 2.000 millones para este instrumento.

La estrategia quedó en evidencia durante última la licitación. En esa ocasión, Finanzas recibió ofertas por USD 985 millones en la primera vuelta, pero adjudicó solo USD 470 millones, con el objetivo de mantener la Tasa Nominal Anual (TNA) por debajo del 8 por ciento. En la segunda vuelta, de USD 260 millones ofertados, solo incorporó 150 millones de dólares. Este comportamiento confirmó que la prioridad del Ministerio no se enfocó en captar la mayor cantidad posible de dólares, sino en preservar la tasa, restringiendo el volumen adjudicado para evitar un costo mayor de financiamiento.

En el segmento hard dollar, Nicolás Capella, Sales Trader de Invertir en Bolsa, anticipó que la licitación del AO29 probablemente se defina en valores cercanos al 8% en el mercado secundario y estimó que el monto adjudicado podría ubicarse entre USD 300 millones y USD 500 millones sumando ambas rondas. Capella señaló que un dato negativo para el clima de negocios es la caída del Índice de Confianza en el gobierno medido por la Universidad Torcuato Di Tella, que retrocedió más de 6% respecto al mes anterior y se ubicó en el menor registro de la gestión de Javier Milei. El mercado utiliza este índice como termómetro electoral y de expectativas políticas.

En ese contexto, los inversores observan con atención el clima político y las expectativas sobre la política cambiaria, acentuadas por la caída en la confianza medida por la Universidad Di Tella. La aparición del bono dual introduce una opción para quienes buscan cobertura frente a posibles saltos del tipo de cambio, sin abandonar la renta en pesos.

La definición de la licitación del Bonar 2029 y el debut del bono dual ajustable por Tamar/dólar linked marcan un nuevo capítulo en la estrategia financiera del Gobierno, que busca equilibrar la necesidad de fondos frescos con la administración de riesgos y la extensión de plazos. El resultado servirá para medir la confianza de los inversores en la hoja de ruta de Caputo y el margen de maniobra de Finanzas ante un escenario de alta sensibilidad.

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, recorrió el martes Loma Campana, uno de los yacimientos más importantes de la petrolera de mayoría estatal YPF, que aporta el 16% del petróleo que produce la Argentina en Vaca Muerta. La visita a la cuenca neuquina representó el contacto más directo del organismo con el motor energético que el país espera convertir en su principal fuente de divisas para honrar una deuda que supera los 50.000 millones de dólares.

Georgieva llegó al aeropuerto Presidente Perón de Neuquén junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro José Luis Daza, y desde allí viajó en helicóptero hasta Loma Campana. En el yacimiento los esperaba el presidente de YPF, Horacio Marín, quien ofició de anfitrión. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, también participó de la recepción en el aeropuerto. La visita, prevista de 10 a 12, se extendió hasta las 13 por la demanda de tiempo que generó el recorrido.

Marín describió la jornada como “muy productiva” y señaló que la delegación internacional recorrió “un equipo de perforación de última generación”, donde Georgieva “pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos”.

El propio Caputo había revelado el interés de Georgieva por la formación donde la Argentina atesora la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo: “Ha escuchado tanto de Vaca Muerta que quiere verlo con sus propios ojos”, dijo el ministro. La visita fue la primera de Georgieva al país en su carácter de directora gerente del FMI, y se produjo nueve meses después del último encuentro entre ella y el presidente Javier Milei, en septiembre de 2025 en Nueva York, cuando el equipo económico negociaba con el gobierno de Donald Trump el respaldo financiero previo a las elecciones legislativas.

El interés del organismo en el sector energético argentino tiene una base aritmética. La Argentina es el principal deudor del FMI: sus compromisos equivalen al 1.100% de su cuota, frente al parámetro habitual del 200%, según señaló Héctor Torres, ex director ejecutivo del organismo en el país, durante su participación en Infobae en Vivo. El programa de acceso excepcional, acordado en 2025, asciende a USD 20.000 millones, aunque la deuda aumulada del país con el organismo financiero internacional supera los 50.000 millones de dólares. Con esa concentración crediticia, el FMI tiene un interés directo en que la Argentina recupere el acceso al mercado de capitales privados, y Vaca Muerta aparece como la variable más concreta en esa ecuación.

El lunes, durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, Georgieva ya había señalado el peso del sector en el programa: “Tenemos un fuerte desempeño en petróleo, gas y minería, y ese desempeño fuerte está arraigado en la mejora en la confianza de la economía argentina”.

Los números respaldan ese diagnóstico. En el primer semestre de 2026, la balanza comercial de combustibles y energía acumuló un superávit de USD 5.076 millones, un salto del 61,7% frente al mismo período de 2025. Las exportaciones del sector alcanzaron USD 6.594 millones, con un alza del 42,5% interanual. El petróleo crudo desplazó a la harina de soja como el principal producto de exportación individual de la Argentina entre enero y junio, con ingresos por USD 4.693 millones, según un informe del Instituto Argentina Grande elaborado con datos del Indec.

El dato tiene una dimensión histórica. En el primer semestre de 2006, combustibles y energía (CyE) representaba el 17,1% de las exportaciones. En los años siguientes, el sector cayó sin pausa: entre 2016 y 2020, cuando el país era importador neto de energía, ese rubro llegó a representar apenas el 4% del total exportado. La reversión de ese ciclo tiene un epicentro geográfico preciso.

Según el Indec, Neuquén exportó USD 4.283 millones en el primer semestre, de los cuales USD 4.205 millones correspondieron a combustibles y energía. Casi la totalidad de su aporte al comercio exterior proviene de Vaca Muerta, que ya explica el 67% de la producción petrolera nacional y el 58% del gas. Solo en junio, la provincia exportó 819 millones de dólares.

La proyección hacia adelante amplía esa perspectiva. De acuerdo con un informe de la consultora Economía & Energía para la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), las exportaciones energéticas podrían crecer desde los USD 11.000 millones de 2025 hasta USD 28.000 millones en 2030 y aproximarse a los USD 42.000 millones hacia 2035. Para este año, la estimación es de USD 14.700 millones en ventas externas, con un superávit comercial cercano a los 10.700 millones de dólares. A partir de 2027 se espera un salto adicional con la entrada en operación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y la llegada del buque de licuefacción Hilli Episeyo, en el marco del proyecto Southern Energy —liderado por Pan American Energy— que ampliará las exportaciones de gas natural licuado.

YPF, por su parte, impulsa su propio proyecto de GNL. En un comunicado posterior a la visita, la petrolera de mayoría estatal destacó que lidera las iniciativas VMOS y Argentina LNG, con las que busca transformar al país en un exportador neto de energía y generar ingresos por exportaciones superiores a los USD 30.000 millones anuales adicionales a partir de 2030. La estrategia también contempla la expansión del offshore y el crecimiento de las energías renovables, segmento en el que YPF se consolidó como el tercer productor de energía eléctrica del país, con 18 proyectos en operación y construcción y una capacidad instalada superior a los 3,8 GW.

Horas después de la recorrida, Georgieva publicó un mensaje en la red social X en el que celebró la visita. “Gran visita a las operaciones de Loma Campana de YPF con Luis Caputo y Horacio Marín. Ver Vaca Muerta de primera mano destacó el talento, la innovación y el emprendimiento que las empresas públicas y privadas están desplegando para impulsar el brillante futuro energético de Argentina”, escribió la funcionaria.

Tras concluir la visita a Loma Campana, Georgieva regresó a Buenos Aires. El miércoles partirá hacia Uruguay para reunirse con el presidente Yamandú Orsi.

Panamá quiere movilizar hasta $1,000 millones en financiamiento e inversión privada sin recurrir a deuda pública ni crear un fondo estatal.

Esa es la apuesta detrás de la alianza estratégica anunciada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con BID Invest, el brazo para el sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un modelo que busca canalizar recursos hacia empresas y proyectos con potencial de crecimiento mientras el Estado actúa únicamente como facilitador de las inversiones.

A diferencia de los préstamos tradicionales otorgados a los gobiernos, el dinero no ingresará al Tesoro Nacional ni será administrado por el Estado. Cada proyecto será identificado, evaluado y aprobado de forma independiente por BID Invest, que definirá si cumple con sus criterios financieros, ambientales y sociales antes de otorgar el financiamiento.

El papel del MEF consistirá en promover un entorno favorable para la inversión y facilitar la coordinación entre el sector privado y el organismo multilateral, sin asumir el riesgo financiero de las operaciones.

El esquema también contempla dos modalidades de financiamiento. Los recursos podrán llegar directamente a empresas privadas que desarrollen proyectos de inversión o canalizarse a través de bancos e instituciones financieras para ampliar el acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), consideradas uno de los principales motores de la economía panameña.

Según el MEF, las operaciones serán asumidas por las empresas beneficiarias o por las entidades financieras que reciban los recursos, por lo que no se contabilizarán como deuda pública ni requerirán garantías soberanas del Estado.

BID Invest es un banco multilateral de desarrollo especializado en financiar al sector privado en América Latina y el Caribe. A diferencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que presta recursos a los gobiernos para obras públicas y programas estatales, BID Invest trabaja directamente con empresas, bancos y proyectos privados, combinando financiamiento, movilización de capital y asistencia técnica.

La institución administra una cartera superior a $22,000 millones y opera en 25 países de la región, con un enfoque en inversiones sostenibles y proyectos que generen impacto económico, social y ambiental.

El acuerdo tiene un alcance multisectorial. Aunque inicialmente se identificaron como prioritarios los sectores de construcción, turismo y logística, también podrán recibir apoyo iniciativas relacionadas con energía, agua y saneamiento, vivienda, infraestructura digital, manufactura, agronegocios y servicios financieros.

Todos los proyectos deberán cumplir estándares internacionales de gobernanza, integridad, sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. En algunos casos, el financiamiento comercial podrá complementarse con asistencia técnica o recursos concesionales para impulsar iniciativas vinculadas con energías renovables, eficiencia energética, movilidad eléctrica o infraestructura resiliente.

El modelo no parte de cero. BID Invest ya mantiene una cartera importante de proyectos privados en Panamá, lo que ofrece una referencia sobre el tipo de inversiones que podrían ampliarse con esta nueva estrategia.

Entre las operaciones recientes figura el financiamiento por $336 millones para el tramo subterráneo de la Línea 3 del Metro de Panamá, una estructura que permitió movilizar recursos de la banca comercial dentro de un paquete total superior a $1,330 millones para la obra.

También respaldó con hasta $58 millones la expansión del centro de distribución de Rey Holding, mediante Corporación Favorita, incluyendo un proyecto piloto de almacenamiento de energía con baterías en supermercados.

La entidad también ha impulsado operaciones en otros sectores estratégicos. Participó como inversionista ancla en el primer bono vinculado a sostenibilidad de Bern Hotels & Resorts, respaldó el primer bono sostenible emitido por Banistmo, otorgó un crédito verde a Global Bank para ampliar su cartera de financiamiento ambiental y aprobó $50 millones para apoyar la construcción de las plantas potabilizadoras Howard I y Sabanitas II, en Arraiján y Colón.

El MEF informó que durante el primer semestre de 2026 ya se comprometieron alrededor de $200 millones en nuevas operaciones vinculadas a esta estrategia y que el volumen continuará creciendo conforme se estructuren y aprueben nuevos proyectos.

El éxito de la iniciativa no se medirá únicamente por el monto movilizado, sino también por indicadores como la generación de empleo, el acceso al financiamiento para las mipymes, la ejecución de infraestructura, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico inclusivo.

Para el Gobierno, la alianza representa una herramienta para acelerar la inversión privada en un contexto de desaceleración económica, mientras que para BID Invest constituye una oportunidad para ampliar su presencia en uno de los principales centros logísticos de América Latina.

El desafío ahora será traducir la meta de $1,000 millones en proyectos concretos que impulsen la actividad productiva y generen resultados medibles para la economía panameña.

El saldo de la deuda en tarjetas de crédito en Costa Rica ascendió a ₡1,710,188 millones (USD 3,717.8 millones) al cierre de 2025, de acuerdo con el más reciente informe semestral del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que también reveló un aumento en la cantidad de tarjetas de crédito y débito emitidas en el país.

El estudio, elaborado en cumplimiento de la Ley N.º 9859 contra la Usura Crediticia, determinó que el saldo pendiente representa un incremento de ₡92,025 millones (USD 200.1 millones), equivalente al 5.68 %, respecto al semestre anterior.

No obstante, el Ministerio enfatizó que esta cifra corresponde únicamente al crédito utilizado y pendiente de pago al cierre del período, por lo que no puede interpretarse automáticamente como un aumento del endeudamiento de los hogares costarricenses.

Según el informe, la variación puede responder a diversos factores, entre ellos cambios estacionales en el consumo, fluctuaciones del tipo de cambio, modificaciones en los límites de crédito, estrategias de refinanciamiento o el incremento en la cantidad de tarjetas activas.

El análisis del MEIC, basado en información suministrada por bancos públicos, privados, cooperativas y otros emisores financieros con corte al 31 de diciembre de 2025, muestra que el mercado continúa expandiéndose.

En total se contabilizaron 3,183,825 tarjetas de crédito en circulación, lo que representa un crecimiento de 173,186 plásticos, equivalente a un aumento del 5.7 % respecto al semestre anterior. De ese total, 2,325,941 corresponden a tarjetas titulares, mientras que 857,884 son tarjetas adicionales.

En cuanto a la oferta, el informe identificó 363 tipos distintos de tarjetas de crédito, una reducción del 23.7 % frente al reporte previo.

El saldo total de deuda aumentó desde los ₡1,618,163 millones (USD 3,517.7 millones) registrados en junio de 2025 hasta los ₡1,710,188 millones (USD 3.717.8 millones) al cierre del año, incremento que refleja un mayor volumen de crédito utilizado durante el semestre.

El estudio también revisó las condiciones financieras ofrecidas por las entidades emisoras. Las tasas de interés corrientes anuales para tarjetas de crédito en colones oscilan entre 3.7 % y 36.6 %, mientras que en dólares varían entre 3.7 % y 30.4 %.

El MEIC destacó que ninguna supera el límite máximo establecido por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el marco de la Ley contra la Usura Crediticia.

Respecto a los costos asociados, el informe señala que ninguno de los 363 tipos de tarjetas de crédito cobra membresía inicial y que 354 productos no aplican anualidad. Solamente dos emisores cobran renovación, con montos de USD 10 y USD 20, mientras que más de la mitad de las tarjetas aplica comisiones por retiros de efectivo.

Además, 299 tipos de tarjetas ofrecen entre 15 y 30 días para cancelar el saldo de contado sin generar intereses.

En el caso de las tarjetas de débito, el informe contabilizó 7,450,701 tarjetas emitidas, un incremento de 469.265 unidades, equivalente al 6.72 %, respecto al estudio anterior. Del total, 7,295,422 corresponden a tarjetas titulares y 155.279 a tarjetas adicionales.

El Ministerio aclaró que esta cifra incluye tarjetas canceladas, vencidas, no activadas o en desuso, por lo que no necesariamente representa el número de tarjetas utilizadas de manera activa por los consumidores.

Asimismo, el informe identificó 329 tipos de tarjetas de débito, un aumento del 4.44 % respecto al semestre anterior.

En cuanto a los costos, 150 tipos de tarjetas de débito no cobran apertura, mientras que el resto aplica cargos que van desde USD 1 hasta ₡5,000 (USD 10.87). En materia de renovación, 196 productos no generan ningún cobro, aunque algunas entidades financieras aplican cargos de hasta ₡6,000 (USD 13.04).

Solo 16 tipos de tarjetas de débito cobran anualidad, con tarifas que oscilan entre USD 10 y ₡6,000 (USD 13.04).

Por otra parte, los bancos públicos continúan ofreciendo cinco retiros mensuales gratuitos en cajeros automáticos, mientras que en bancos privados y cooperativas las comisiones por retiros en cajeros de otras entidades oscilan entre USD 1 y USD 5, dependiendo del emisor.

Ante este panorama, el MEIC recomendó a los consumidores comparar cuidadosamente las tasas de interés, los costos de renovación, las comisiones por retiros de efectivo y los plazos disponibles para realizar pagos de contado antes de contratar una tarjeta de crédito o débito.

Asimismo, la institución aconsejó revisar periódicamente los estados de cuenta, utilizar el crédito de forma responsable y analizar las condiciones de cada producto financiero para tomar decisiones informadas y evitar un uso excesivo del financiamiento.

El pago de deuda al FMI el año que viene asciende a una cifra millonaria y es un tema que inquieta al equipo económico. En pleno año electoral, el Gobierno deberá cancelar nada menos que USD 7.500 millones con el organismo, una cifra récord desde que Argentina volvió al paraguas del Fondo hace ya más de ocho años.

Por supuesto que ambas partes saben que se trata de un compromiso por demás exigente. Pero nadie habla al menos por el momento de realizar alguna modificación al programa en curso.

“No vemos a la Argentina necesitando financiamiento adicional del Fondo. Incluso bajo escenarios adversos, veo un gobierno muy comprometido con reconstruir reservas y una estrategia integral para garantizar el acceso al financiamiento durante 2027″, aseguró ayer la número uno del FMI, Kristalina Georgieva, en la conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Según destacó el propio Gobierno al presentar el plan financiero que abarca el segundo semestre de 2026 y todo el 2027, al FMI habrá que cancelarle USD 4.400 millones de capital y otros USD 3.100 millones de intereses hasta fines del año próximo.

Claro que el organismo también hará desembolsos a favor de la Argentina por un total de 1.700 millones de dólares. Por lo tanto, los pagos netos que deberá realizar el Gobierno ascienden a una cifra considerable de 5.800 millones de dólares.

El “Plan A” que habían elaborado el FMI y el Gobierno al firmar el nuevo acuerdo a principios de 2025 era apuntar a un regreso de la Argentina a los mercados internacionales de crédito. De esta forma, se obtendrían sin mayores problemas los fondos suficientes para empezar a devolverle al organismo, al que se le deben arriba de los 50.000 millones de dólares.

Pero por ahora esa idea no se pudo poner en marcha y hay dudas sobre si será posible lograrlo al menos antes de las elecciones presidenciales. El riesgo país bajó, pero quedó en un nivel todavía elevado de 440 puntos básicos. Pero sobre todo la tasa de interés a diez años en Estados Unidos (que es la que toma como referencia el mercado) voló a 4,70% anual.

En este contexto el Gobierno precisa que se den dos cosas simultáneamente: bajar un escalón adicional el riesgo país (por lo menos hasta 350 puntos) y al mismo tiempo que baja el rendimiento de los bonos norteamericanos hasta alrededor de 4% anual.

De acuerdo a la presentación del plan financiero de hace tres semanas, Caputo se comprometió a que podrá cumplir con todos los compromisos financieros del año que viene, por un total de casi 25.000 millones de dólares.

Para eso, el ministro de Economía explicó que continuarán las colocaciones de deuda locales por unos 5.000 millones de dólares. Pero además, exige al Central a continuar con una fuerte compra de dólares para luego venderle al Tesoro, tal como sucedió este año.

¿Tendrá espacio el BCRA para comprar arriba de USD 10.000 millones como se propuso para este año? Una de las incógnitas es qué pasará con los niveles de dolarización del público. Es razonable esperar que la demanda de divisas para atesoramiento aumente sensiblemente a medida que se acercan las elecciones presidenciales.

En ese caso, el espacio para que el Central continúe con su ritmo de compras sería mucho menor, lo que obligaría a recalcular todo el programa y las fuentes de financiamiento.

La opción que nadie quiere mencionar por ahora es una renegociación del acuerdo para conseguir un poco más de aire en 2027, sobre todo si el mercado internacional se mantiene cerrado para el Gobierno.

Algo factible, por ejemplo, sería afrontar los vencimientos de intereses con dinero del superávit fiscal. Pero al mismo tiempo lograr nuevos desembolsos del Fondo que sirvan para enfrentar la totalidad de los pagos de capital, que suman 4.400 millones de dólares.

Siendo Estados Unidos el principal accionista del FMI no se trata de una posibilidad descabellada. Si el año pasado fue el propio Tesoro norteamericano el que salió a socorrer al Gobierno en plena corrida cambiaria, no sería ilógico pensar que en caso de una situación financiera apretada sea el propio Fondo el que brinde alivio.

Las declaraciones de Georgieva en su breve paso por Argentina dejaron en claro que el apoyo del organismo al Gobierno y al plan económico es total, en la misma línea que mantiene el gobierno norteamericano.

Este lunes, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegará a la Argentina por invitación del presidente Javier Milei. La visita se extenderá hasta el martes y llega en un momento particular para la relación entre el organismo y el Gobierno: con un programa vigente que exhibe avances concretos, pero también con señales de advertencia que empiezan a correr el eje de las preocupaciones desde el frente cambiario hacia el fiscal, en medio de un año marcado por el calendario electoral.

La agenda todavía no fue confirmada de manera oficial ni por el Ministerio de Economía ni por la Casa Rosada, aunque desde el propio FMI precisaron que Georgieva permanecerá en el país durante esos dos días. Fuentes del Gobierno adelantaron que la funcionaria búlgara mantendrá un encuentro con Milei, ofrecerá una conferencia de prensa en la sede del Palacio de Hacienda y dará una charla en el Palacio Libertad, en Buenos Aires. También se descuenta una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque ese tramo de la agenda no fue confirmado con precisión.

El otro punto saliente del recorrido es la visita a Vaca Muerta, prevista para el martes. Georgieva llegará hasta Loma Campana, en la provincia de Neuquén, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín. Se trata de la única actividad confirmada por fuera de los encuentros protocolares en Buenos Aires, y su inclusión no es casual: la formación neuquina es hoy uno de los pilares del programa económico oficial, tanto por su capacidad exportadora como por el rol que se le asigna en la generación de divisas genuinas.

El último contacto presencial entre Caputo y Georgieva se produjo en abril, durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington. En esa oportunidad, el equipo económico argentino cerró las negociaciones de garantías con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo que después se integraron al esquema financiero proyectado hasta 2027. Milei y Georgieva, en cambio, no se ven cara a cara desde septiembre de 2025, cuando coincidieron en Nueva York y repasaron el impacto del swap por USD 20.000 millones que el gobierno de Donald Trump le otorgó a la Argentina.

El telón de fondo de la visita es el acuerdo de facilidades extendidas firmado en abril de 2025, el número 23 en la historia de pactos entre la Argentina y el FMI. El programa fijó como uno de sus objetivos centrales el fortalecimiento de las reservas del Banco Central, con desembolsos por unos 20.000 millones de dólares. Hasta el momento se giraron USD 15.800 millones, luego de que en mayo el directorio aprobara la segunda revisión pese a un nuevo incumplimiento de la meta de acumulación de reservas. La deuda total de la Argentina con el organismo asciende a USD 57.870 millones, lo que la convierte en el mayor deudor del Fondo, con el 34,6% del total de créditos pendientes de cobro en todo el mundo. Para lo que resta de 2026, el país debe cancelar vencimientos por 2.745 millones de dólares.

La meta fiscal, bajo la lupa

Durante gran parte del programa vigente, el frente que concentró los mayores desvíos fue el de las reservas. Ese cuadro empezó a modificarse este año: el Banco Central lleva comprados más de 13.000 millones de dólares en 2026 y logró cumplir el objetivo de acumulación del primer semestre. En ese contexto, la atención del organismo empezó a desplazarse hacia las cuentas fiscales, justo cuando el dato de junio encendió una luz amarilla.

El sexto mes del año cerró con un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones, con un pago de intereses netos de 328.049 millones de pesos. Fue el primer resultado deficitario del año y llevó a un incumplimiento leve de la meta comprometida con el Fondo: según el Staff Report de mayo, el Gobierno se había obligado a acumular un superávit primario de $6,86 billones en el primer semestre y terminó consiguiendo 6,29 billones de pesos. Desde la consultora EconViews señalaron que “la distancia no es enorme” y que “el organismo probablemente conceda un waiver”, aunque advirtieron que el episodio es una señal de que el margen de maniobra es menor al de años anteriores.

El optimismo por las reservas

Si el frente fiscal aporta la principal duda de cara a la visita de Georgieva, el frente cambiario ofrece una lectura más favorable. El programa financiero presentado por Caputo a comienzos de julio había fijado que el Tesoro le compraría al Banco Central 6.700 millones de dólares a lo largo del año, dentro de un esquema de fuentes por 22.900 millones de dólares destinado a cubrir vencimientos por 19.200 millones. Esa meta ya fue superada: entre enero y julio, el Tesoro acumuló compras por 6.875 millones de dólares, unos 175 millones por encima de lo previsto.

Desde el Ministerio de Economía atribuyeron el excedente a una decisión prudencial, tomada ante la falta de certeza sobre el momento exacto en que llegarían los desembolsos de los préstamos con garantía de organismos multilaterales y ante eventuales diferencias en la cotización de los bonos denominados en euros utilizados para el pago de intereses. El resto del esquema de financiamiento contempla garantías del Banco Mundial y el BID, desembolsos del propio FMI por USD 1.900 millones, otros USD 2.800 millones de organismos internacionales, y emisiones locales por USD 6.000 millones, de las cuales ya se colocaron USD 4.000 millones a través de los bonos Bonar 2027 y 2028. El colchón resultante entre necesidades y fuentes previstas se estima en 3.700 millones de dólares.

El desafío mayor, coinciden los analistas del mercado, está puesto en 2027: el Tesoro proyecta comprarle al Banco Central otros USD 4.900 millones de dólares y colocar USD 5.000 millones adicionales en el mercado de capitales local, en pleno año electoral.

El peso de la incertidumbre electoral

Otro tema central en el marco de la relación con el FMI es la incertidumbre sobre qué pasará con el rumbo económico después de las elecciones. La semana pasada, Moody’s hizo referencia a la importancia de ese punto en particular. Tras elevar la calificación de la deuda soberana argentina de Caa1 a B3, el vicepresidente de la calificadora de riesgo, Jaime Reusche, explicó que la nota argentina podría haber subido más de un escalón de no haber existido un riesgo político que todavía condiciona el análisis.

Según Reusche, el organismo evalúa si las políticas actuales pueden transformarse en una “política de Estado que trascienda al gobierno de turno”, algo que recién podrá confirmarse después de la elección.

Reusche remarcó además que la brecha entre la calificación crediticia y el riesgo país que mide el mercado también refleja esa cautela: los inversores, dijo, todavía tienen presente el intento de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, que no logró sostenerse en el tiempo, y por eso exigen una prima adicional. Como referencia, comparó la situación argentina con la de El Salvador, un país con calificación similar pero riesgo país más bajo, justamente por tener un riesgo político menor.

Es en ese cruce de señales, entre una meta fiscal que se complicó pero no descarriló, un frente de reservas que exhibe resultados por encima de lo comprometido y una incógnita electoral que condiciona cualquier lectura de largo plazo, que se enmarca la llegada de Georgieva a la Argentina.

Neuquén concretó una emisión internacional de deuda por USD 500 millones de dólares a una tasa de 7,35% anual, marcando su regreso a los mercados globales después de nueve años.

La operación, realizada con una vida media de siete años, posicionó a la provincia como la jurisdicción argentina que obtuvo la menor tasa de financiamiento desde el retorno de los gobiernos regionales a los mercados globales.

De acuerdo a lo informado por la gestión de Rolando Figueroa, los fondos obtenidos se destinarán a “acelerar el plan de infraestructura que acompaña a la expansión económica impulsada por Vaca Muerta, el crecimiento de la producción energética y el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL)”.

Esta colocación de bonos subsoberanos representa la primera emisión internacional de la provincia bajo la modalidad de “new money” desde abril de 2017.

El proceso de colocación incluyó un roadshow virtual de tres días, donde funcionarios provinciales mantuvieron reuniones con más de 30 inversores internacionales y más de 170 inversores locales. El gobierno provincial destacó que la demanda superó ampliamente el monto ofrecido: “Se recibieron ofertas por más del doble del monto que la provincia pretendía colocar”.

La administración de Figueroa remarcó que la operación “permitió obtener la menor tasa de financiamiento alcanzada por una jurisdicción provincial argentina desde el regreso de las provincias al mercado internacional”.

La estrategia oficial apunta a fortalecer la infraestructura necesaria para sostener una etapa de crecimiento económico. El comunicado oficial subrayó que el desarrollo de Vaca Muerta, junto con la duplicación de la producción de petróleo y el incremento cercano al 50% en la producción de gas previstos para 2030, “modificarán la escala de la economía neuquina y consolidarán a la provincia como uno de los principales polos energéticos del hemisferio”. El avance de la infraestructura energética, la construcción de nuevos oleoductos y gasoductos y el desarrollo del GNL forman parte de este proceso.

Según el gobierno neuquino, los recursos obtenidos por la colocación internacional financiarán nuevas rutas, hospitales, escuelas, redes de agua, viviendas y obras de conectividad, además de infraestructura energética, para “sostener ese desarrollo sin generar cuellos de botella”.

El esquema de pagos de la nueva deuda contempla amortizaciones anuales equivalentes a un tercio del capital en los años 2032, 2033 y 2034, con una opción de recompra (“call”) a la par en 2031. De acuerdo al documento oficial, “esa cláusula permitirá que, llegado ese momento, la Provincia evalúe cuál es la alternativa más conveniente para los intereses de los neuquinos”.

El comunicado destaca un cambio en la administración de los recursos públicos. Se plantea que, “mientras históricamente muchas emisiones de deuda estuvieron asociadas a cubrir déficits o atender necesidades de corto plazo, Neuquén utiliza el financiamiento como una herramienta para potenciar el desarrollo futuro, preservando al mismo tiempo el equilibrio de las cuentas públicas”.

Respecto al perfil de la deuda, el comunicado informa que “como resultado del ordenamiento de las cuentas públicas y de la reducción sostenida del peso de la deuda, para 2032 los compromisos financieros de Neuquén representarán menos de un tercio de la carga actual”. Este perfil de vencimientos, consideran las autoridades provinciales, “fortalece la sostenibilidad fiscal, amplía el margen para continuar invirtiendo y mejora la capacidad de la Provincia para afrontar los desafíos de una economía en plena expansión”.

La operación, según el gobierno neuquino, “ratifica un modelo de gestión basado en el equilibrio fiscal, la planificación de largo plazo y la inversión estratégica, transformando el financiamiento en una herramienta para acompañar el crecimiento y convertir la oportunidad histórica que representa Vaca Muerta en más infraestructura, más desarrollo y una mejor calidad de vida para todos los neuquinos”.

Las microempresas de subsistencia en El Salvador enfrentan una realidad compleja marcada por el sobreendeudamiento y la exclusión financiera, según revela el estudio presentado por la Asociación de Organizaciones de Microfinanzas (ASOMI).

Este sector agrupa a más de 580,000 unidades económicas, que representan el 65.9% del total nacional, que se caracteriza por operar con ventas mínimas y sin capacidad de acumulación, lo que limita sus posibilidades de crecimiento y las expone a una fragilidad estructural en el acceso al crédito formal.

En 2023, la mitad de los propietarios de microempresas de subsistencia manifestó disposición a abandonar su negocio si lograra un empleo formal con ingresos similares. La otra mitad prefiere mantener su actividad, impulsada por una necesidad de autonomía y resiliencia, aunque convive con una alta vulnerabilidad económica. Las crisis recientes han dejado huellas profundas: durante la pandemia de COVID-19, el 80% de estas microempresas cerró temporalmente, un 16% operó parcialmente y un 20% suspendió actividades de manera definitiva.

Entre 2021 y 2023, la inflación en alimentos deterioró el poder adquisitivo y la capacidad de pago, tanto de microempresarios como de sus clientes, incrementando la presión financiera sobre este segmento.

El informe de ASOMI destaca que el 78.2% de los asesores de crédito percibió un aumento en la mora y la salida de microempresarios del sistema financiero formal, intensificado en los momentos más agudos de la pandemia y con el impacto de la inflación.

Una vez excluidos, el 78.8% de los microempresarios recurre a prestamistas informales, mientras el resto opta por cerrar o vender activos. Los motivos principales para acceder al financiamiento informal son los antecedentes crediticios negativos, la menor exigencia de requisitos, la rapidez y la ausencia de garantías.

El contexto normativo, marcado por la Ley contra la Usura, tampoco ha generado los impactos esperados. El 40.1% de los asesores considera que esta legislación ha resultado negativa para el sector, ya que no regula a los prestamistas informales y los topes a las tasas de interés dificultan la atención a los microempresarios más vulnerables. Además, los mecanismos para denunciar prácticas abusivas no resultan efectivos; casi la mitad de los asesores señala que sus clientes evitan denunciar por temor a perder acceso a fuentes de financiamiento, mientras otros mencionan el desconocimiento de los procedimientos y el miedo a represalias.

El sobreendeudamiento tiene efectos directos en el ecosistema de las microfinanzas salvadoreñas. Según el estudio, el 46.7% de los asesores reporta una reducción en la cartera de clientes, el 37.7% observa mayor competencia de prestamistas informales y el 37.3% señala dificultades para cumplir con metas comerciales.

Además, el 11.8% enfrenta obstáculos adicionales para acceder a fondeadores.

La rotación de microempresarios entre diferentes instituciones financieras, sumada al acceso simultáneo a fuentes formales e informales, genera un sobreendeudamiento diversificado y aumenta los riesgos sistémicos para las entidades del sector.

Solo el 17.4% de los desertores termina excluido completamente del sistema formal, pero la multiplicidad de deudas incrementa la fragilidad financiera general.

Un dato relevante del estudio es el perfil de quienes abandonan las instituciones afiliadas a ASOMI: el 71.1% son mujeres, con predominancia de niveles educativos bajos. Las actividades principales son comercio y servicios.

La urgencia de liquidez para cubrir necesidades familiares, operativas o el pago de otras deudas empuja a buscar financiamiento informal. Solo el 2.6% depende exclusivamente de prestamistas informales, aunque el 10.3% acumula deudas en varias fuentes de manera simultánea.

En cuanto a la experiencia de los microempresarios con las instituciones formales, el 62.4% la califica como “buena” debido a la atención y rapidez, aunque la tasa de interés se percibe como el principal obstáculo.

Entre quienes recurren a prestamistas informales, el 53% valora la menor exigencia de requisitos y la rapidez, pero el 75% de quienes tuvieron una mala experiencia señala las tasas abusivas y el temor a represalias en caso de impago.

El estudio de ASOMI desarrollando con datos que abarcan hasta 2025 también recoge las demandas de los microempresarios desertores, quienes consideran prioritario el acceso a programas de reestructuración de deuda con tasas más bajas, asesoría personalizada en gestión de deudas y capacitación financiera.

Panamá reestructuró uno de sus principales compromisos financieros con la banca internacional al sustituir un préstamo vigente por una nueva facilidad de 1,700 millones de euros, equivalentes a casi $1,980 millones, una operación que no representa endeudamiento nuevo por la totalidad del monto, sino la renovación de una obligación existente bajo mejores condiciones y la incorporación de $580 millones adicionales para fortalecer la liquidez del Estado.

La operación fue autorizada mediante una resolución publicada en la Gaceta Oficial y establece los términos del contrato suscrito entre la República de Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); The Bank of New York Mellon, como agente de la facilidad; y Merrill Lynch International, como agente coordinador y prestamista.

A primera vista, el monto podría interpretarse como un nuevo préstamo por casi $2,000 millones, pero la estructura de la operación es distinta. Del total, aproximadamente $1,400 millones corresponden al saldo pendiente del crédito contratado en marzo de 2025, mientras que los otros $580 millones constituyen recursos frescos que serán desembolsados al Estado.

En otras palabras, el Gobierno cancelará anticipadamente el préstamo anterior, lo reemplazará por uno nuevo y, al mismo tiempo, obtendrá financiamiento adicional. Según la resolución, esos recursos podrán utilizarse para financiar parcialmente el Presupuesto General del Estado, futuras vigencias fiscales, proyectos de inversión y cubrir los costos asociados a la nueva operación financiera.

La propia resolución explica que el MEF negoció la nueva facilidad para mitigar los riesgos de mercado y mejorar las condiciones del financiamiento. Entre las principales modificaciones figura un plazo de cinco años amortizables y una tasa de interés fija, condiciones que reemplazan el contrato original firmado con Merrill Lynch en marzo de 2025.

Más allá de esta operación específica, el contrato confirma el cambio de estrategia que ha seguido Panamá para financiar sus necesidades de caja. Tradicionalmente, el país acudía a los mercados internacionales mediante emisiones de bonos soberanos, pero desde 2024 ha privilegiado la negociación directa con bancos comerciales internacionales, evitando nuevas colocaciones de deuda en un entorno de tasas de interés elevadas.

Las cifras oficiales reflejan ese cambio. Al cierre de junio de 2026, la deuda pública ascendía a USD 61,526.8 millones, de los cuales $9,692.4 millones correspondían a préstamos con banca comercial, equivalentes al 15.8 % del total del endeudamiento.

Aunque los bonos globales siguen siendo el principal componente de la deuda, con USD 31,096.7 millones, su peso relativo ha comenzado a disminuir frente al crecimiento de los créditos bancarios.

La estrategia responde principalmente a un criterio de costo financiero. Emitir bonos obliga al Gobierno a aceptar el rendimiento que exijan los inversionistas en ese momento. Tras el incremento de las tasas de interés internacionales y el deterioro de la calificación crediticia de Panamá en los últimos años, obtener recursos mediante préstamos bancarios ha resultado una alternativa más flexible, al menos mientras las condiciones de mercado mejoran.

Sin embargo, las calificadoras consideran que esta estrategia también implica riesgos. Fitch Ratings señala que Panamá ha continuado recurriendo a préstamos bancarios denominados principalmente en euros y francos suizos, evitando regresar al mercado internacional de bonos desde febrero de 2024.

Según la agencia, esta política permitió asegurar aproximadamente $5,300 millones equivalentes mediante financiamiento bancario durante 2025.

La preocupación de Fitch no se centra únicamente en el monto de la deuda, sino en el perfil de sus vencimientos. Mientras los bonos soberanos suelen emitirse a 10, 20 o incluso 30 años, los préstamos bancarios normalmente tienen plazos de dos a cinco años, lo que obliga al Estado a refinanciar con mayor frecuencia sus obligaciones y concentra importantes vencimientos entre 2027 y 2028.

La calificadora también advierte que el uso de créditos denominados en monedas distintas al dólar introduce riesgos cambiarios. Aunque Panamá mantiene una economía dolarizada, parte de estos préstamos deberá pagarse en euros o francos suizos, por lo que el costo final dependerá también de la evolución del mercado cambiario.

Con la operación autorizada esta semana, Panamá no solo sustituye un préstamo vigente, sino que incorpora alrededor de $580 millones en recursos adicionales para financiar parcialmente el Presupuesto General del Estado y futuras vigencias fiscales, mientras gana margen para volver al mercado internacional de bonos cuando las condiciones financieras resulten más favorables.

El desafío, sin embargo, trasciende esta operación puntual. Si bien la estrategia de acudir a la banca comercial puede reducir el costo inmediato del financiamiento y ofrecer mayor flexibilidad, también implica que una parte creciente de la deuda pública dependerá de créditos de menor plazo, aumentando las necesidades de refinanciación en los próximos años.

En un contexto donde la deuda pública supera los $61,500 millones y el pago de intereses continúa presionando las finanzas estatales, el equilibrio entre obtener liquidez y mantener un perfil sostenible de vencimientos será uno de los principales retos de la política fiscal panameña.

Un nuevo conflicto judicial se abrió en Estados Unidos contra la provincia de Buenos Aires por el canje de deuda que se llevó a cabo en 2021. La firma de inversión alemana Daniels Invest GmbH presentó una demanda contra el distrito bonaerense ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en reclamo de dos series de bonos emitidos al haber rechazado la propuesta y ahora exige el cobro de títulos que suman un valor nominal original de €15,1 millones en bonos en euros y USD 2,6 millones en bonos en dólares.

El fondo europeo no adhirió a la reestructuración que propuso la provincia en 2021 y ahora reclama el pago de 2,5 millones de euros y 866.000 dólares de capital pendientes. Otros acreedores que también rechazaron el canje siguen de cerca la evolución del caso para evaluar si la provincia opta por cerrar la demanda mediante un pago, como ocurrió en otros litigios durante el mismo año.

La reestructuración de deuda bajo ley extranjera se realizó hace cinco años, bajo la gestión del ministro de Hacienda y Finanzas provincial, Pablo López. En su momento, el funcionario comunicó que la jurisdicción que conduce Axel Kicillof obtuvo una adhesión suficiente para canjear prácticamente el 98% de la deuda alcanzada por la propuesta. Según López, el acuerdo permitió restablecer condiciones para lograr una deuda sostenible y generó un alivio financiero superior a USD 4.600 millones entre 2021 y 2027.

El trasfondo del canje

El ministro explicó que la nueva estructura de vencimientos le dio margen al Ejecutivo para asignar recursos a obras en infraestructura y extensión de plazos. La reestructuración redujo el costo promedio de la deuda y permitió estabilizar el perfil de vencimientos para el largo plazo. El contexto que motivó el canje incluyó una acumulación de deuda en moneda extranjera en años previos. Entre 2016 y 2017, bajo el mandato de María Eugenia Vidal, la provincia emitió bonos por más de USD 5.000 millones en el mercado internacional de capitales. Según el oficialismo actual, en el decenio anterior, las emisiones fueron por 3.500 millones de dólares.

La presentación oficial de ese momento mostró que, al contar con ingresos en moneda local y deuda en dólares y euros, la provincia incrementó su exposición al riesgo cambiario. Las devaluaciones de 2018 y 2019 afectaron la capacidad de pago. El peso de los servicios de deuda sobre los recursos netos de coparticipación se duplicó: pasó del 10% en 2016 al 20% en 2019. El cupón promedio de los bonos en dólares llegó al 8,3 por ciento.

El perfil de vencimientos antes de la reestructuración concentraba pagos en el corto y mediano plazo. Entre 2020 y 2023, la provincia de Buenos Aires debía afrontar servicios de bonos bajo ley extranjera por más de USD 5.600 millones, un promedio anual de USD 1.400 millones, y el 76% de esos vencimientos correspondía a deuda emitida en el período 2016-2019 bajo la gestión de Cambiemos.

La renegociación involucró 11 bonos bajo dos indentures distintos y cubrió deuda elegible por USD 7.178 millones más intereses devengados, que representaba el 68% del stock total provincial. El 81% del monto total estaba denominado en dólares y el 19% en euros. Luego del proceso, el 98% de la deuda se canjeó por nuevos bonos con vencimientos extendidos y cupones iniciales más bajos.

La nueva estructura de bonos incluyó un período de gracia para el pago de capital hasta 2024, lo que le dio aire al distrito bonaerense para afrontar los pagos significativos. Además, la vida media de los bonos se triplicó, pasando de 3,2 años a 10,6 años, y la reducción del cupón promedio ponderado fue de 7,5% a 5,7 por ciento.

Con precedente

El rechazo de algunos acreedores a la propuesta provincial derivó ahora en el inicio de litigios como el de Daniels Invest GmbH, que ahora reclama en la justicia estadounidense por el capital impago. Otros holdouts (fondos buitres) que no ingresaron al canje siguen de cerca la resolución de este caso, atentos a la posibilidad de que la provincia acuerde un pago para cerrar el litigio. Esta situación genera incertidumbre sobre el comportamiento de quienes todavía conservan títulos sin reestructurar.

La demanda presentada por Daniels Invest GmbH se enmarca en lo que el CEO de Latin Advisors, Sebastian Maril, describió como “el típico proceso litigioso en Estados Unidos contra un subsoberano que tiene una deuda reestructurada que ya cerró y se quedaron algunos holdouts afuera”. El especialista explicó que los fondos más conocidos iniciaron juicio y recuperaron unos USD 150 millones a comienzos de 2026, después de varios años de litigio. Según Maril, “ahora aparecieron otros holdouts que son alemanes, que buscan copiar la iniciativa que tomaron los primeros y, como hay precedente en la Corte, ellos también quieren cobrar”.

Maril detalló que el proceso avanza paso por paso y que resta esperar la estrategia de defensa de la provincia, así como la decisión del juez respecto a si el caso se tramita con rapidez o sigue el derrotero de litigios previos. “Aunque dudo que sea así, para mí va a ser un proceso lento como el anterior”, subrayó el CEO de Latin Advisors.

El mercado argentino de obligaciones negociables (ON) cerró el primer semestre del año con emisiones por USD 9.632 millones en 169 series, un 8% más que el mismo período del año anterior. De ese total, las empresas energéticas absorbieron 55 de cada 100 dólares, pese a haber realizado apenas el 14% de las emisiones del período.

Los datos surgen de un informe que elaboró Ricsa ALyC en base a datos de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Según consignó el estudio, el sector energético emitió USD 5.307 millones a través de solo 24 series, frente a los 145 restantes del resto de la economía. Dicho de otra forma, las empresas de energía levantaron en promedio USD 221 millones por operación, frente a un promedio general de USD 56,9 millones. El tamaño de cada ticket energético es casi cuatro veces mayor al del resto del mercado.

YPF encabezó el ranking con tres emisiones por un total de USD 833 millones. Le siguieron Pampa Energía con USD 700 millones, Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte (Edenor) con USD 640 millones, Vista Energy Argentina con USD 617 millones y Pluspetrol con USD 500 millones. Entre las cinco empresas explicaron el 62% del financiamiento del sector. Si se suman los diez principales emisores, la cifra trepa al 90,8% del volumen energético total, equivalente a la mitad de todo el mercado de ONs del semestre.

El segundo trimestre aceleró todo

La actividad no fue pareja a lo largo del semestre. Entre enero y marzo, las empresas emitieron USD 3.956 millones. Entre abril y junio, esa cifra saltó a USD 5.676 millones, un 43% más en apenas tres meses. Dentro del sector energético, la aceleración fue aún más pronunciada: el financiamiento pasó de USD 1.848 millones en el primer trimestre a USD 3.459 millones en el segundo, un incremento del 87 por ciento.

Ese ritmo se inscribe en una tendencia que viene desde 2025, cuando el mercado de ONs en Argentina superó los USD 20.000 millones anuales, el mayor volumen en al menos una década, con el sector energético explicando cerca de la mitad de ese total. El arranque de 2026 profundizó esa dinámica: en enero, las colocaciones en dólares sumaron USD 2.350 millones a través de 13 operaciones, más del doble del monto emitido en diciembre de 2025.

Quién paga más y quién paga menos

El informe de Ricsa precisó la dispersión de tasas dentro del propio sector energético. La diferencia entre el emisor más barato y el más caro llegó a 640 puntos básicos. Mientras Pampa Energía se financió al 5% anual en dólares, CGC (Compañía General de Combustibles, de Eduardo Eurnekian) pagó hasta el 12% por operaciones de corto plazo. Más del 60% de las colocaciones del sector se ubicó en una banda de entre 8% y 10% anual, que empieza a funcionar como referencia para el segmento.

El informe de Ricsa destacó, sin embargo, que los plazos más largos no son los que pagan las tasas más altas. Vista Energy y Pampa Energía lograron financiarse a más de diez años —146 y 140 meses respectivamente— por debajo del 8% anual. En cambio, CGC y Crown Point pagaron entre 11% y 12% por deuda de apenas dos o tres años. La tasa, concluye el informe, depende del perfil crediticio de cada empresa, no de cuánto tiempo pide el dinero prestado.

Otro rasgo del semestre fue la consolidación en operaciones de mayor escala. El sector energético pasó de 37 emisiones en el primer semestre de 2025 a 24 en el mismo período de 2026, una caída del 35% en cantidad. Pero el volumen total pasó de USD 4.927 millones a USD 5.307 millones. Eso significa que el tamaño promedio por emisión creció de USD 133 millones a USD 221 millones, un salto del 66% en el ticket promedio.

En este escenario, el 99,4% de las emisiones energéticas del semestre se realizó en dólares, lo que refleja la preferencia del sector por captar financiamiento en moneda dura. Esa dolarización casi total contrasta con el resto del mercado, donde el 42% de las series se emitió en pesos. En el consolidado general, el 58% del volumen total correspondió a emisiones en dólares y el 42% restante a emisiones en moneda local.

De cara al segundo semestre, las proyecciones del sector apuntan a un volumen adicional de entre USD 10.000 y USD 15.000 millones en nuevas emisiones, impulsado por el avance de proyectos vinculados a Vaca Muerta, energías renovables y el desarrollo de plantas de gas natural licuado.

La CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe— siguió los pasos del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al aprobar una garantía de riesgo soberano por hasta USD 250 millones para la Argentina, con el objetivo de ampliar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento.

La decisión, adoptada por el Directorio de la CAF, establece que el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas, será el organismo encargado de ejecutar esta garantía.

De esta manera, precisaron que la operación acompaña la Argentina en su estrategia de “movilización de nuevas fuentes de financiamiento”. A través de una garantía parcial de crédito, CAF respalda obligaciones de pago del país frente a entidades financieras y le “abre la puerta” a recursos de terceros.

“CAF apoya de manera sistemática a sus países miembros, acompañándolos en los momentos que más lo necesitan. Así lo hicimos con Argentina a través de dos créditos puente que permitieron afrontar los pagos al FMI en 2022 y 2023, por un total de 1.970 millones de dólares entre ambas operaciones, y hoy lo reafirmamos con una garantía de 250 millones de dólares para hacer frente a vencimientos de deuda”, señaló Christian Asinelli, vicepresidente argentino de la entidad.

Bajo la perspectiva de la CAF, el mayor valor de la herramienta “está en su efecto multiplicador”. En tal sentido, explicaron que las garantías permiten que un banco de desarrollo haga rendir su capital “muy por encima” de su propio balance: “Cada dólar respaldado atrae capital de terceros, mejora las condiciones de financiamiento y fortalece la confianza del mercado”.

“La operación se inscribe en el principio de CAF de apoyar a sus países accionistas en la gestión estratégica de sus finanzas y se suma a instrumentos similares otorgados por otros organismos multilaterales de crédito, consolidando una arquitectura de apoyo coordinada”, sumó el comunicado oficial del banco de desarrollo latinoamericano.

En tanto, el presidente ejecutivo del organismo multilateral, Sergio Díaz-Granados, expresó que la garantía aprobada para la Argentina “refleja la confianza de CAF en la solidez y el rumbo de la política financiera de Argentina, y nuestra voluntad de acompañar al país en la apertura de nuevos canales de crédito que amplíen su margen de maniobra fiscal, diversifiquen sus fuentes de financiamiento y movilicen inversión privada en condiciones más favorables para el desarrollo sostenible”.

Cómo funcionan las garantías

Las garantías recientemente aprobadas actúan como respaldo financiero y facilitan la obtención de nuevos fondos en condiciones más favorables. La del Banco Mundial es la más significativa, por un monto de USD 2.000 millones, mientras que la otorgada por el BID asciende a 550 millones de dólares.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso de esas garantías para el pago de un vencimiento de deuda de julio, tras contar con la habilitación para gestionar préstamos con organismos financieros internacionales por hasta 5.000 millones de dólares. Estas autorizaciones permiten acceder a financiamiento internacional con tasas inferiores a las del mercado, un punto que el propio Caputo resaltó en sus declaraciones públicas.

De acuerdo con lo informado por el Banco Mundial y el BID, las garantías buscan facilitar el retorno de Argentina a los mercados internacionales y apoyar el programa de sostenibilidad fiscal pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El respaldo del Banco Mundial, que integra garantías del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), cubre el 95% de los pagos del servicio de la deuda de un nuevo crédito comercial, con un plazo de seis años y un período de gracia de tres años.

En efecto, el Gobierno cerró dos operaciones de crédito con bancos del exterior y garantía de organismos interaccionales por un total de USD 3.200 millones a comienzos de julio. Esos recursos se utilizaron para pagar un compromiso con bonistas por 4.300 millones de dólares.

La primera de ellas fue por USD 2.000 millones con los bancos BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) y Santander, en ambos casos a través de la sucursal de Nueva York, con garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) / Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI o MIGA por su sigla en inglés).

También se acordó otro préstamo por USD 1.200 millones con el Deutsche Bank, con “garantía parcial” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta USD 550 millones. Ayer, las reservas del BCRA aumentaron USD 1.264 millones y fuentes oficiales confirmaron que el incremento respondió al ingreso de préstamos garantizados.

Moody’s fue la tercera calificadora que se sumó a la mejora de la nota de la deuda argentina. Pero la espera vino con un condimento inesperado y favorable al Gobierno: dejó la perspectiva como positiva, dejando abierta así la posibilidad de una suba adicional entre los próximos 6 a 24 meses. En cambio, Standard and Poor’s y Fitch la habían mantenido “estable”.

En las consideraciones de la mejora de la nota, Moody’s hizo referencia a las reformas estructurales encaradas por el gobierno de Javier Milei, el aumento de las exportaciones y el fortalecimiento de las reservas.

En ese sentido, se muestra muy optimista respecto a la evolución de la economía para este año, por encima del consenso de mercado. Pronostica un crecimiento de 3,4% en 2026 y de 3,5% para el año próximo.

Bajo esa perspectiva, las políticas implementadas por el Gobierno “están mejorando el entorno empresarial y promoviendo un reequilibrio gradual en la composición de la inversión y la actividad económica hacia un modelo de crecimiento económico impulsado en mayor medida por el sector privado”.

Con esta mejora de la nota, desde Caa1 a B3, la Argentina se aleja de la posibilidad de un default, al menos en la visión de la calificadora. La agencia consideró que las chances de que el Gobierno incumpla con el pago de la deuda al menos hasta fines del año que viene se redujeron significativamente. La persistencia del superávit fiscal es vista como uno de los principales logros.

Pero Moody’s también reconoce que el ciclo político, y más precisamente las elecciones presidenciales del año próximo, limitan mejoras adicionales de la calificación. De esta manera, la misma agencia pone en duda que se vaya a mejorar la nota en los próximos meses por la cercanía del proceso electoral.

“El riesgo político sigue siendo una limitación clave para la calificación”, aseguró el comunicado de Moody’s. La elección de “un gobierno más intervencionista” que revierta parcialmente las reformas recientes supondría el riesgo de que se reintrodujeran distorsiones en la inversión, el comercio, el mercado cambiario y la gestión fiscal.

Es probable -consideraron- que “un cambio de este tipo debilite la confianza de los inversores”. En ese caso, se frenaría los flujos procedentes de inversiones y se afectaría la acumulación de colchones externos: “Esto erosionaría gradualmente las mejoras crediticias alcanzadas durante el actual proceso de ajuste”.

A pesar de esta fuerte advertencia, también buscó ciertos matices. Si bien persiste la incertidumbre respecto de la orientación de las políticas tras las elecciones generales de 2027, “el rango de posibles resultados en materia de políticas se ha reducido en comparación con ciclos electorales anteriores”.

Según la agencia, hay una “creciente aceptación social de la disciplina fiscal” y hay “mayor apoyo político” a la estabilidad macroeconómica. Las recientes mejoras de la calificación de la deuda argentina gatillaron una significativa mejora del riesgo país, que estuvo a punto de perforar los 400 puntos básicos en las últimas semanas.

Sin embargo, ayer cerró levemente por debajo de los 420 puntos en una jornada de toma de ganancias sobre todo para los bonos largos en dólares. Los analistas indican que las cotizaciones ahora están “lateralizando”, sin variaciones significativas.

Los inversores y Moody’s parecen coincidir en la advertencia respecto a lo que podría suceder en las próximas elecciones presidenciales. Y esto es lo que parece trabar una mejora adicional en la cotización de los bonos y una consiguiente reducción adicional del riesgo país.

El comentario de la calificadora resume bien los temores del mercado. Por un lado, indica que el espacio para probar con políticas alternativas a las actuales es más bien acotado si se busca cuidar el ingreso de dólares y los compromisos de inversión. Pero al mismo tiempo advierte que un gobierno más intervencionista que asuma en 2027 pondría en riesgo los avances logrados.

Moody’s elevó la calificación crediticia de Argentina y modificó su perspectiva a positiva tras observar una reducción significativa del riesgo de default y avances en la estabilización macroeconómica. La agencia se suma a Standard & Poor’s y Fitch Ratings, que en meses anteriores también mejoraron su nota sobre el país. Esta nueva mejora plantea interrogantes sobre el impacto real que podrá tener en el riesgo país y si podría abrir la puerta a un eventual retorno de Argentina a los mercados financieros globales.

La pregunta central es si el reconocimiento de los logros fiscales, la acumulación de reservas y la baja de la inflación, señalados por Moody’s, serán suficientes para que la confianza de los inversores internacionales se traduzca en un descenso sostenido del indicador elaborado por JP Morgan, la condición clave para volver a financiarse en el exterior. El reconocimiento de las tres principales calificadoras internacionales marca un hito para el crédito argentino, cuya emisión en el exterior se clausuró en 2018.

Consultados por Infobae, analistas y consultores coinciden en que la mejora de la nota representa una señal positiva y necesaria, aunque no se traduciría en una reducción muy significativa del riesgo país. Si bien la decisión de la agencia estadounidense confirma una tendencia —ya que las otras calificadoras habían actuado en la misma dirección—, el acceso a los mercados globales dependerá de la evolución del riesgo país y de las decisiones de política económica del Gobierno. Si logra perforar el umbral de los 400 puntos básicos -actualmente en 421-, la posibilidad podría volverse más concreta, aunque por ahora el equipo económico mantiene una estrategia de financiamiento local.

Fernando Marull, titular de la consultora FMyA, destacó que las implicancias de la mejora de la nota crediticia son “muy positivas” para el país ya que la calificadora “reconoce avances macros y consistencia en el plan de estabilización”.

Al ser consultado sobre si esta decisión acerca al equipo económico a los mercados internacionales, Marrull planteó que “si esto ayuda a bajar mas el riesgo país debajo de los 400 puntos básicos, puede ser”. En tal sentido, aclaró que dependerá del Gobierno ya que “hay mercado” para colocar deuda en el exterior.

A su turno, el analista financiero Christian Buteler explicó que por sus estatutos, los fondos internacionales tienen permitido operar o invertir en ciertos activos de riesgo y cuanto mejor es la calificación, los fondos que manejan más dinero tienen la posibilidad de invertir en activos argentinos, en este caso bonos.

“Toda mejora abre la puerta hacia más capitales que pueden fluir hacia la Argentina. El mercado esperaba que esta mejora venga esta semana. Por lo tanto, no es que en forma concreta vas a tener una reacción realmente muy llamativa en el precio de los bonos. Igualmente, es bueno que todas las calificadoras estén viendo lo mismo: una mejora sobre el riesgo argentino”, subrayó.

En ese contexto, Buteler subrayó que la administración libertaria ya cuenta con la posibilidad de emitir deuda en el exterior con un riesgo país que ronda los 400 puntos básicos, aunque por el momento optó por financiarse en el plano local a tasas más bajas y menor duración.

Para María Castiglioni Cotter, directora de C&T Asesores Económicos, “probablemente esto tenga un efecto positivo en los mercados y en el riesgo país, y es un paso importante para que el Gobierno vuelva a los mercados”.

“Esto no implica que lo vaya a hacer definitivamente. De hecho, presentó un programa financiero para este año y el que viene que no requiere la salida de los mercados, pero lo que remarco es que las condiciones para que ello pueda ocurrir van mejorando con estas noticias”, apuntó Castiglioni Cotter.

“Las principales implicancias llegaron cuando nos recalificó S&P, que fue la segunda de las tres. En ese momento, el riesgo país comprimió alrededor de 50 puntos básicos hasta el nivel actual. Si bien lo de Moody’s reconfirma el mejor posicionamiento de Argentina, para la mayoría de los fondos alcanza con 2 de 3 calificadores para estar habilitados a invertir”, aportó Federico Machado, economista de la consultora LLZ.

Respecto a un posible regreso al endeudamiento externo, Matías de Luca, jefe de Research de Parakeet Capital, planteó que “es una decisión más personal del equipo económico” y que los funcionarios de la cartera presidida por Luis Caputo “fueron bastante claros en ese sentido: de momento no está la intención”.

“Si uno mira hoy Argentina con la perspectiva de comercio exterior que tiene por delante, con cómo honró todos los pagos de deudas, cómo sigue comprando reservas, cómo es prolijo en lo fiscal, la realidad es que hay fundamentos para que te guste el crédito argentino y también para pensar que en el futuro los bonos podrían rendir menos”, opinó de Luca.

Y acotó: “En el medio se tiene que destrabar lo político el año que viene. Destrabar lo político es que haya o no haya cambio de mandato, que los andamios de este programa, principalmente el orden fiscal, se mantengan”.

Por su parte, Tobias Sanchez, portfolio manager de Cocos, consideró que la suba de Moody’s no sorprende, ya que el mercado la venía anticipando y, en buena parte, ya estaba descontada del precio de los activos argentinos.

“Pero hay algo que sí marca un punto de inflexión, con este movimiento se completa el tres de tres, las tres grandes calificadoras nos subieron la nota en lo que va del año. Fitch y S&P ya lo habían hecho entre mayo y junio, y ahora Moody’s se suma en el mismo nivel que las otras dos. Cuando las tres apuntan en la misma dirección, la señal deja de ser un dato aislado y pasa a ser tendencia. Lo relevante no es la letra en sí, sino lo que confirma, que la Argentina dejó de ser el país al borde del default y empieza a mostrar una mejora con bases más sólidas”, juzgó Sanchez.

Desde Puente mencionaron que, en principio, los bonos soberanos argentinos no evidenciaron una reacción significativa frente a la noticia de Moody’s, “dado que el mercado en su mayor parte ya estaba cerrado”. “No obstante, tampoco esperamos mucho ajuste tras esta noticia, dado que el repricing de la deuda a un nivel de B- ya se había hecho en su mayor parte luego de las primeras dos acciones de las calificadoras”, señalaron hacia adelante.

La calificadora Moody’s elevó la nota crediticia de la deuda soberana de Argentina, pasando de Caa1 a B3 para los compromisos en moneda local y extranjera, y modificó la perspectiva de estable a positiva. Según la agencia, esta mejora obedece a una reducción significativa del riesgo de default, en un contexto en el que la estabilización macroeconómica avanzó hacia una mejora más sostenible de los fundamentos crediticios, lo que también refleja un fortalecimiento en la gobernanza.

La calificadora destaca que los superávits fiscales sostenidos, la baja de la inflación y la continuidad de la liberalización económica refuerzan la credibilidad de las políticas y disminuyen la volatilidad macroeconómica. Además, resalta que el panorama externo de Argentina muestra una mejora notable, respaldada por un mejor desempeño exportador y un aumento de la inversión extranjera directa en los sectores de energía y minería, junto con un acceso más fluido al financiamiento internacional.

Según explicó la firma estadounidense, la perspectiva positiva refleja la visión de que el perfil crediticio de Argentina “podría fortalecerse aún más si las mejoras estructurales en las finanzas externas se combinan con la estabilización macroeconómica en curso”.

“Aunque persisten riesgos políticos de cara a las elecciones generales de 2027, se considera que el abanico de posibles políticas se ha reducido respecto a ciclos anteriores, lo que aumenta la probabilidad de continuidad en las medidas actuales y de mejoras sostenidas en la liquidez externa y la capacidad de pago de la deuda”, agregó el informe de Moody’s.

En tal sentido, precisaron que la calificación en moneda local se elevó a Ba3 desde B1, mientras que en moneda extranjera subió a B1 desde B2. La diferencia de tres escalones entre ambos representa “una mayor previsibilidad en las acciones e instituciones del gobierno y una menor intervención estatal en la economía y el sistema financiero, frente a riesgos políticos persistentes y desequilibrios externos que mejoran de forma gradual”. En tanto, la divergencia entre las notas en moneda extranjera y el de moneda local responde a una “mayor eficacia de las políticas y un bajo nivel de endeudamiento externo, aunque limitada por la baja apertura de la cuenta de capital”.

Tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el viceministro de Economía, José Luis Daza, destacaron la decisión de la calificadora. “Con esta decisión, las tres grandes calificadoras (Moody’s, S&P y Fitch) quedan alineadas en B- por primera vez en más de una década. Miles de mandatos institucionales que exigen dos o tres agencias, o que utilizan la calificación promedio, tienen desde hoy luz verde para invertir en Argentina”, planteó Daza en su cuenta oficial de X.

Las razones detrás de la mejor calificación

En diálogo con Infobae en Vivo, el vicepresidente de Moody´s, Jaime Reusche, explicó las causas detrás de la decisión de mejorar la calificación de Argentina. “Vimos un proceso de ajuste macroeconómico que continúa y la economía se está empezando a asentar. Hay posibilidad de que estas políticas públicas rebalanceen la economía”, comentó.

“Un punto importante que hemos estado evaluando en los últimos meses, desde que visitamos Buenos Aires en mayo, son las finanzas externas del país. En otras palabras, la balanza de pagos, evaluando cuántas divisas entran y salen del país. En base a eso, evaluamos la posibilidad de que el Gobierno cumpla los compromisos externos. Ahí sí, hemos visto una mejora importante”, completó Reusche.

En su comunicado, Moody’s explicó que el ajuste macroeconómico argentino evolucionó hacia un proceso de normalización más integral, sostenido por superávits fiscales continuos y un giro definitivo hacia la estabilización de la política económica y monetaria. Según la calificadora, el superávit fiscal funciona como el ancla central del programa de estabilización, ya que sostiene la desinflación, reduce las vulnerabilidades de financiamiento y fortalece la credibilidad de las políticas.

A diferencia de intentos de estabilización previos, que dependieron en gran medida de medidas transitorias o de ingresos externos de corto plazo, la agencia remarcó que el ajuste actual se apoya en una corrección sostenida de los desequilibrios fiscales, la eliminación del financiamiento monetario y las distorsiones de mercado, una normalización progresiva de los esquemas monetario y cambiario, y flujos genuinos de inversión. “La combinación de estas políticas redujo significativamente la volatilidad macroeconómica, fortaleció la confianza y creó condiciones para una recuperación gradual de la actividad del sector privado, evitando a la vez un resurgimiento de los desequilibrios que derivaron en la crisis de balance de pagos de 2023”, señaló Moody’s.

La firma también destacó que la credibilidad de las políticas se ve reforzada por mejoras institucionales y patrimoniales en todo el sector público, entre ellas la recapitalización del Banco Central y la reducción de los pasivos intra sector público, mientras que la baja de la inflación favorece la recuperación de los ingresos reales y de la confianza.

A esto se suman las reformas estructurales, incluidos los cambios en el mercado laboral y la desregulación en sectores clave, que a criterio de la calificadora están mejorando el entorno de negocios y promoviendo un reequilibrio gradual en la composición de la inversión y la actividad económica, hacia un modelo de crecimiento liderado por el sector privado. En ese marco, Moody’s proyectó una expansión del producto bruto interno de 3,4% para 2026 y de 3,5% para 2027.

Mejora estructural en las cuentas externas

El otro pilar de la suba de calificación es el frente externo. La calificadora sostuvo que “la posición externa de Argentina mejoró de manera sustancial” y que esa mejora se caracteriza cada vez más por avances estructurales en la generación de divisas. Históricamente, remarcó el informe, los desequilibrios externos, la pérdida de reservas y las crisis recurrentes de balance de pagos representaron la principal fuente de vulnerabilidad del país, restringiendo en forma reiterada el crecimiento económico y limitando la capacidad de pago.

De acuerdo con Moody’s, el desempeño exportador se fortaleció en una base amplia de sectores, entre ellos agricultura, manufacturas y servicios, mientras que el sector energético pasó de ser una fuente de presión externa a generar un superávit creciente. La agencia atribuyó esta mejora tanto al éxito del ajuste macroeconómico como a una transformación profunda en marcha en el sector exportador del país, impulsada por inversiones a gran escala en hidrocarburos, minería e infraestructura.

En ese sentido, el informe puso el foco en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), orientado a atraer inversiones de gran escala y largo plazo en sectores con capacidad de incrementar de manera significativa la capacidad exportadora del país. Moody’s repasó que ese régimen catalizó flujos de inversión considerables, con una cartera de proyectos por USD 141.700 millones —equivalente a alrededor del 20% del producto bruto interno—, de los cuales USD 45.000 millones se encuentran en proceso de ejecución.

La calificadora precisó que estas inversiones se financian en gran medida en el largo plazo, lo que reduce la dependencia del endeudamiento soberano y a la vez genera un ingreso sostenido de divisas. A esto se agrega una mejora en la composición del financiamiento externo, con mayor peso de la inversión extranjera directa, el apoyo multilateral y el endeudamiento del sector privado, factores que refuerzan la disponibilidad de divisas y la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones externas.

Respecto de las reservas, Moody’s remarcó que la acumulación se fortaleció de manera significativa durante 2026, con compras del Banco Central por más de USD 11.000 millones hasta la mitad del año, sin que ese proceso generara presiones sobre el tipo de cambio. Aunque reconoció que los colchones de reservas siguen siendo relativamente débiles, la calificadora consideró que la mejora en la dinámica externa subyacente y en la capacidad de financiamiento redujo los riesgos de balance de pagos y disminuyó las preocupaciones en torno a las presiones de pago de deuda, en particular para 2026 y 2027.

Los riesgos que persisten de cara a 2027

Sobre la perspectiva positiva, la calificadora amplió que la fortaleza fiscal, la baja de la inflación y la creciente credibilidad de las políticas probablemente continúen, mientras que las inversiones de gran escala en energía y minería se traducirían en ganancias sostenidas de capacidad exportadora e ingreso de divisas. No obstante, Moody’s advirtió que "el ajuste macroeconómico deberá continuar hasta que una porción mayor de los proyectos del sector externo se concreten en 2027″, ya que, pese a las mejoras recientes, los colchones externos todavía no son lo suficientemente sólidos como para resistir un shock político o de balance de pagos.

En cuanto al escenario electoral, el informe planteó que un cambio en el panorama político tras los comicios de 2027 podría alterar la trayectoria de las políticas actuales. “La elección de una administración más intervencionista que revierta parcialmente las reformas recientes implicaría el riesgo de reintroducir distorsiones en la inversión, el comercio, el mercado cambiario y el manejo fiscal”, sostuvo Moody’s, y agregó que ese escenario probablemente debilitaría la confianza de los inversores, desaceleraría los flujos de inversión y limitaría la acumulación de reservas externas, erosionando de manera gradual las mejoras crediticias logradas durante el ajuste actual.

El lado positivo, más allá de lo que ocurra en las elecciones, es que la mejora en la calificación crediticia ayudaría al Gobierno nacional a enfrentar los vencimientos de deuda del año próximo. “La mejora en la calificación da una opinión sobre cuál es el riesgo de invertir en el país. Esto probablemente traiga más inversiones para la Argentina y haga más barato el costo del financiamiento, tanto para el Gobierno como a las empresas, los bancos, al sector público e incluso a los individuos, en un segundo plano”, señaló Jaime Reusche, de Moody’s.

La calificadora internacional Fitch Ratings considera que la economía panameña mantendrá uno de los mejores desempeños de América Latina durante este año, con un crecimiento proyectado del 4%, impulsado por el Canal de Panamá, la construcción y el comercio.

Sin embargo, la agencia advierte que el país aún enfrenta importantes desafíos relacionados con el aumento de la deuda pública, el desempleo, la informalidad y la sostenibilidad del ajuste fiscal.

En una actualización sobre la situación crediticia de Panamá, publicada el 16 de julio, Fitch mantuvo su perspectiva estable para la calificación soberana de largo plazo en moneda extranjera de BB+, aunque aclaró que el documento no constituye una nueva acción de calificación, sino una actualización del análisis realizado previamente.

La firma destacó que el producto interno bruto panameño creció cuatro coma ocho por ciento durante el primer trimestre de 2026, luego de haber registrado una expansión del 4.4% en todo 2025.

El desempeño estuvo respaldado principalmente por el sector transporte, favorecido por el aumento de la demanda de tránsito a través del Canal de Panamá debido al conflicto en Oriente Medio, además del dinamismo de la construcción y el comercio.

No obstante, Fitch advierte que el crecimiento económico continúa conviviendo con problemas estructurales, entre ellos una tasa de desempleo del 10.4% y elevados niveles de informalidad laboral, factores que siguen limitando una recuperación más equilibrada.

Uno de los temas que más atención dedica el informe es el futuro de la mina Cobre Panamá. La calificadora señala que la auditoría independiente divulgada en junio concluyó que el proyecto cumple en gran medida con sus obligaciones legales, ambientales y operativas, aunque identificó algunas deficiencias importantes.

Añade que el gobierno del presidente José Raúl Mulino evalúa distintas alternativas para reabrir la mina, incluso mediante un esquema de propiedad estatal que evitaría la aprobación legislativa.

De concretarse la reapertura, Fitch estima que podría aportar alrededor de 2 puntos porcentuales adicionales al crecimiento económico, equivalente al impacto perdido tras el cierre de la mina entre 2023 y 2024.

En materia fiscal, la agencia considera que la consolidación de las finanzas públicas avanza conforme a lo previsto y estima que Panamá podrá cumplir este año la meta de déficit del Sector Público No Financiero de 3.5% del PIB.

Sin embargo, advierte que parte de esa mejora responde a factores temporales, como la venta extraordinaria de terrenos al Canal de Panamá y nuevos recortes en la inversión pública, cuya sostenibilidad todavía genera interrogantes debido a que algunos pagos simplemente fueron postergados.

Fitch también observa que las reformas estructurales planteadas por el Gobierno no han logrado avances significativos. Entre ellas menciona la modificación del mandato constitucional que destina el 7% del PIB al presupuesto educativo y los incrementos automáticos de salarios del sector público.

Además, resalta que la administración ha descartado aumentos generalizados de impuestos, pese a que Panamá mantiene una de las recaudaciones tributarias más bajas de la región, equivalente al 7% del PIB.

Otro de los focos del informe es el incremento del endeudamiento público. Según Fitch, la deuda bruta del gobierno general aumentó hasta 65,7% del PIB en 2025, frente al 62,5% registrado un año antes.

Aunque la consolidación fiscal debería moderar ese crecimiento y estabilizar la deuda a partir de 2027, la calificadora advierte que el peso del servicio de intereses seguirá siendo elevado y cercano al 20% de los ingresos del Gobierno, muy por encima del promedio regional.

La agencia también llama la atención sobre la estrategia de financiamiento del Gobierno, que continúa dependiendo en gran medida de préstamos externos. Durante este año Panamá obtuvo un crédito equivalente a 1.400 millones denominado en yenes japoneses con garantías multilaterales y otro préstamo por 2.300 millones de francos suizos, además de regresar a los mercados internacionales de capital para operaciones de manejo de pasivos.

Si bien esta estrategia busca reducir el costo financiero, Fitch advierte que incrementa la exposición a riesgos cambiarios y de refinanciamiento en los próximos años.

Finalmente, el informe identifica como uno de los principales riesgos para la economía panameña la posible aparición de un episodio de El Niño durante este año. La calificadora recuerda que el fenómeno climático de 2023 y 2024 redujo significativamente los niveles de agua que alimentan el Canal de Panamá y obligó a restringir los tránsitos.

No obstante, reconoce que la Autoridad del Canal ha logrado mantener las operaciones normales gracias a una gestión preventiva del recurso hídrico-

Argentina y España se preparan para disputar la final del Mundial y mientras el folklore futbolero domina la previa, existe otro terreno en el que ambos países también compiten todos los días, sin árbitro ni VAR: el de sus economías.

A diferencia de lo que ocurre en una cancha, en materia económica los resultados no se miden en un partido sino en desempeños y datos que se acumulan año tras año y permiten cotejar con la fina: dos selecciones, dos estilos, y también dos economías con trayectorias bien distintas.

Con la información oficial disponible, es posible armar un cuadro comparativo en once variables económicas centrales, más otras cuatro que sirven de contexto pero no admiten una calificación de “ganador” porque dependen directamente del tamaño de cada economía. El resultado de ese comparativo arroja una ventaja clara para una de las dos economías, aunque esa diferencia no tiene ningún poder predictivo sobre lo que va a ocurrir en la cancha.

Ingresos y salarios: la brecha más marcada

La primera diferencia aparece en el ingreso por habitante. El PBI per cápita de España se ubica en USD 38.627, más del doble que el de Argentina, de USD 14.898 de acuerdo a datos del Banco Mundial. Esa brecha responde a una combinación de productividad, tipo de cambio y tamaño de la economía, pero de cualquier manera define con qué país genera más riqueza por cada uno de sus habitantes.

El salario promedio expresado en dólares repite el mismo patrón. En España, el salario promedio se ubica en USD 3.093, mientras que en Argentina se ubica en 1.294 dólares. Ergo,el ingreso salarial promedio español es 140% superior al argentino, medidos en la misma moneda.

Ahora bien, conviene aclarar que ambos países manejan poblaciones de tamaño similar, por lo cual estas comparaciones no están distorsionadas por diferencias demográficas significativas. Argentina tiene 45.892.285 habitantes y España 49.687.120, una diferencia de apenas unos cuatro millones de personas.

Precios, crecimiento y desempleo

En materia de inflación, la distancia entre ambos países es una de las más pronunciadas. Argentina cerró su último dato de inflación anual en 33,5%, mientras que España se ubica en 3,2%, distancia que refleja dos realidades monetarias muy distintas: la Argentina atraviesa un proceso de desinflación del que España no tiene ni recuerdos.

No obstante, hay una variable central en la que Argentina se impone. Indec midió un crecimiento del PBI de 4,4% en el 2025, por encima del 2,8% de España.

El desempleo es la segunda variable en la que Argentina luce mejor. La tasa de desocupación argentina se ubica en 7,5%, frente al 10,83% que registra España. Así, el mercado laboral argentino exhibe, en este indicador puntual, un mejor desempeño relativo, más allá de las diferencias estructurales entre ambos mercados de trabajo.

Grandes brechas en el comercio exterior

En comercio exterior, la diferencia de escala entre ambas economías se hace notar. España exportó USD 451.092 millones en 2025, volumen que quintuplica los USD 87.111 millones que exportó la Argentina. Algo similar ocurre con las importaciones: en España alcanzaron los USD 527.015 millones, contra 75.791 millones en el caso argentino. Estas dos últimas cifras, más que “mejores” o “peores”, tienen que ver con el tamaño de la economía y su grado de integración internacional, que en el caso español se ve facilitado por su pertenencia a la Unión Europea.

Cuando las exportaciones se miden por habitante, la comparación sí resulta calificable y también favorece a España: exporta USD 9.079 per cápita, contra USD 1.898 per cápita de Argentina.

El cuanto al saldo comercial, en 2025 Argentina logró un superávit de USD 11.320 millones, mientras que España registró un déficit comercial de 75.923 millones.

Deuda y reservas de cada país

En cuanto a las cuentas públicas, la deuda como porcentaje del PBI es otra variable en que Argentina luce mejor. La deuda pública equivale al 59,10% del PBI, mientras en España el ratio trepa al 100,2 por ciento.

La ventaja argentina anterior se diluye al mirar la calificación de deuda que otorgan las agencias internacionales. Moody’s ubica a Argentina en Caa1, una categoría asociada a un riesgo crediticio elevado, mientras que España cuenta con una calificación de A3, varios escalones por encima, ya con “grado de inversión”. Esa diferencia no depende solo del nivel de endeudamiento, sino también del historias de pagos, la estabilidad institucional y el grado de acceso a los mercados.

Las reservas internacionales completan el panorama financiero y también inclinan la balanza a favor de España. El Banco de España administra reservas por USD 123.477 millones, más del doble de los USD 48.617 millones que administra el BCRA. Ese colchón de reservas es una de las variables que los mercados observan con mayor atención a la hora de evaluar la capacidad de un país para responder a shocks externos.

El resultado del “partido económico”

De las once variables que admiten una calificación, España se impone en siete: PBI per cápita, inflación, calificación de deuda, exportaciones anuales, exportaciones per cápita, reservas internacionales y salario promedio en dólares. Argentina, por su parte, se queda con las cuatro restantes: crecimiento en 2025, desempleo, saldo comercial y deuda pública como porcentaje del PBI.

El resultado del cotejo económico es una ventaja para España en la mayoría de los indicadores relevados.

Pero ninguno de los números relevados entrará a la cancha este domingo. No hay exportación o saldo comercial que frene un contraataque, ni rating crediticio que ataje un penal, ni tasa de inflación que haga goles. La final del Mundial la decidirán factores que no figuran en ningún cuadro comparativo ni dependen del Banco Mundial, del Indec o de Moody’s: el estado físico de los jugadores, el planteo técnico y la pasión, inspiración y talento que entreguen los jugadores en noventa minutos o el tiempo o los penales que hagan falta.

El fuerte crecimiento del crédito registrado en los últimos dos años vino acompañado por un marcado deterioro en la capacidad de pago de las familias. La morosidad se disparó en todos los segmentos y alcanzó niveles récord, con un dato que refleja la mayor vulnerabilidad financiera de los hogares: 1,3 millones de personas presentan atrasos simultáneamente en sus obligaciones con bancos y con entidades no financieras.

De acuerdo con un informe de Equilibra, la mora del crédito al sector privado —considerando atrasos de tres meses o más— se quintuplicó en apenas 18 meses, al pasar del 2% en noviembre de 2024 al 9,7% en mayo de 2026. Si bien el incumplimiento es considerablemente mayor entre las personas que entre las empresas (16,1% frente a 3,5%), y más elevado en las entidades no financieras que en las financieras (30,3% contra 7,6%), la tendencia alcista fue generalizada.

En el caso de las personas, la consultora destacó que la morosidad alcanzó un máximo histórico. Tras caer al 3,4% en noviembre de 2024, el indicador trepó hasta el 16,1% en mayo de este año, más que duplicando el pico de 7,8% registrado a mediados de 2019.

El informe señala que hay alrededor de 34,7 millones de personas mayores de 18 años. De ese total, 20,7 millones —casi el 60% de la población adulta— tienen algún tipo de financiamiento formal, ya sea un préstamo o una tarjeta de crédito.

Sin embargo, la cantidad de personas en mora llegó a 5,8 millones en mayo, equivalente al 28% de quienes poseen crédito formal. El trabajo aclara que ese porcentaje supera la tasa de mora medida sobre el monto total de los préstamos a personas (16,1%), ya que un mismo individuo puede tener varias líneas de crédito.

Uno de los datos más relevantes es que 1,3 millones de argentinos presentan incumplimientos tanto en bancos como en entidades no financieras. Este grupo representa el 17% de las 7,6 millones de personas que operan en ambos canales de financiamiento, una situación que Equilibra identifica como de morosidad “por partida doble”.

A su vez, el mayor nivel de incumplimiento se registra entre quienes sólo acceden al crédito a través de entidades no financieras. En ese segmento, 2,9 millones de personas están en mora sobre un universo de 5,3 millones de clientes, lo que implica una tasa superior al 50%.

En contraste, entre quienes operan exclusivamente con bancos y otras entidades financieras, hay 1,6 millones de morosos sobre un total de 7,8 millones de tomadores de crédito, equivalente al 20%.

La consultora también puso el foco en los jóvenes. Apenas el 40% de las personas de entre 18 y 29 años accede al crédito formal, y la mayor parte de ese financiamiento proviene de entidades no financieras. Dentro de ese universo, casi cuatro de cada diez jóvenes que tomaron crédito están en situación de mora, mientras que entre quienes sólo recurren a entidades no financieras el incumplimiento alcanza al 50%.

Según Equilibra, el deterioro en la capacidad de pago estuvo precedido por un fuerte crecimiento del crédito al sector privado. El fenómeno se produjo tras el equilibrio fiscal y la reducción del financiamiento del Tesoro por parte de los bancos, que permitió redireccionar préstamos hacia empresas y familias. Al mismo tiempo, muchos hogares recurrieron al crédito para compensar la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos.

En los últimos dos años, la cantidad de personas con financiamiento formal pasó de 17,1 millones a 20,7 millones. Para la consultora, esa expansión puede responder a una combinación de mayor inclusión financiera, un auge del consumo financiado o la necesidad de endeudarse para afrontar gastos corrientes ante ingresos insuficientes.

Por otra parte, el informe detectó diferencias regionales. Mientras la penetración del crédito es más elevada en la Patagonia y el centro del país, las provincias del Norte presentan menores niveles de acceso al financiamiento y, al mismo tiempo, las mayores tasas de morosidad. En esa región, más del 30% de las personas con crédito registra incumplimientos, con la única excepción de Jujuy.

Como conclusión, Equilibra señaló: “La suba exponencial de la mora en menos de dos años- pasó de 2,4 a 5,8 millones de personas- es un problema macroeconómico: el canal del crédito-principalmente en pesos y a individuos- está dañado, por lo cual será difícil revertir la anemia de la demanda interna. Pero como indican las encuestas de opinión pública, además es un problema socio-económico: a las familias no les alcanza el ingreso, la mora no es sólo con el crédito, también viene creciendo el atraso de pagos en expensas, prepagas, cuotas de clubes, etc”.

Horas antes del doblete sísmico que estremeció a Venezuela el 24 de junio, una noticia publicada por el Financial Times sacudió a la opinión pública local. Según el medio británico, la deuda venezolana ascendía a unos 240 mil millones de dólares, cifra muy superior a la estimada por expertos y organismos independientes.

La discusión sobre las obligaciones del país tomó fuerza luego de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunciara el 13 de mayo “el lanzamiento formal de un proceso integral y ordenado de reestructuración de la deuda pública externa de la República y PDVSA (Petróleos de Venezuela)”.

“Esta decisión tiene un objetivo central: poner la economía al servicio del pueblo venezolano y liberar al país de la carga de la deuda acumulada, garantizando su futuro y un renacer de prosperidad, justicia e igualdad”, declaró al Ejecutivo a través de un comunicado, donde atribuyó las causas del default vigente desde 2017 a las “sanciones financieras” impuestas en su momento por Estados Unidos.

Antes de los terremotos, el debate giraba sobre las acciones que debían llevarse a cabo para recuperar a la maltrecha economía venezolana, destruida por años de intervencionismo, controles y desviaciones administrativas. Ahora entra en escena la necesidad de sanear las cuentas para emprender las labores de reconstrucción, que demandarían una inversión mayor a los 12 mil millones de dólares, según algunos cálculos.

Pero, ¿a cuánto asciende en realidad la deuda de Venezuela? Aquí nadie sabe. Por esa razón, economistas destacan la importancia de revisar los números con lupa, advirtiendo que la corrupción del régimen también se expresa en esos pasivos.

Vacío

Tras subrayar que “no se dispone de información oficial que permita determinar con exactitud el monto” pendiente, la Academia Nacional de Ciencias Económica propone “enmarcar el proceso de reestructuración en un programa formal de recuperación, crecimiento y estabilización de la economía y de reformas institucionales con el apoyo de los organismos multilaterales y la comunidad financiera internacional”.

“La robustez legal del proceso de reestructuración será clave para evitar posibles cuestionamientos a la fundamentación y legitimidad de las deudas a reestructurar y evitar litigios futuros que comprometan su sostenibilidad y acarreen apreciables costos para el país”, expone la Academia.

La economista Rosana Sosa García escribió un ensayo en el que advierte que “el problema más grave no va a ser el tamaño de la quita ni la dureza de los acreedores. Va a ser otro, mucho menos visible: que hoy nadie puede decir con certeza jurídica quién debe qué, a quién, en qué condiciones y con qué prioridad de cobro”.

García Sosa indica que Venezuela tiene 22 años sin completar una consulta del artículo IV del Fondo Monetario Internacional, esto es, “sin una evaluación macroeconómica seria, validada por alguien distinto del propio gobierno”.

“Sin un análisis de sostenibilidad de la deuda hecho bajo los estándares del FMI, no hay base técnica para una oferta de canje que resista en tribunales. La mayoría de los bonos de la República y de PDVSA se rigen por la ley de Nueva York, y esa ley obliga al emisor a revelar toda la información que un inversor razonable consideraría relevante antes de decidir. Difícil cumplir con semejante exigencia cuando ni el propio Estado conoce el cuadro completo de lo que debe”, sostiene la profesora.

Cero

En otro artículo, Sosa García y su colega Arturo Araujo Martínez enfatizan que “hay algo que distingue a la deuda venezolana de cualquier otra reestructuración soberana reciente: una parte de los bonos que hoy circulan en el mercado fue, en algún momento, instrumento de un robo al Estado que ya tiene condena judicial firme”.

Los investigadores recuerdan que jueces federales de Estados Unidos determinaron que “dos Tesoreros Nacionales cobraron sobornos millonarios para que altos jerarcas y su red pudieran comprar bonos del Tesoro venezolano pagando bolívares al tipo oficial -artificialmente barato por el control cambiario- y revenderlos en el mercado internacional a la tasa de cambio del mercado libre o paralelo”.

“Esas sentencias judiciales no desaparecen porque ahora haya un proceso de reestructuración. Reposan en el registro público de los mismos tribunales de Nueva York que rigen el 87% de los bonos de la República”, observan.

Sosa García y Araujo Martínez apuntan que la Unión Europea “clasificó a Venezuela como jurisdicción de alto riesgo de blanqueo de capitales”, situación que “obliga por ley a los bancos europeos a verificar el origen de cualquier activo venezolano antes de procesarlo”.

La experta en prevención de lavado de dinero alerta sobre los peligros de la improvisación y la falta de transparencia en la reestructuración.

“Los venezolanos ya pagamos esta deuda una vez: en servicios públicos desfinanciados, en salarios pulverizados por la hiperinflación, en bienestar que se esfumó. Corremos el riesgo de pagarla dos veces más: una en los tribunales, si el canje nace impugnable, y otra en la década de exclusión financiera que seguiría a un proceso fallido”, precisa.

Con la reapertura de ayer, el Gobierno colocó USD 620 millones en la primera licitación del AO29, el nuevo bono que servirá para financiar los vencimientos de deuda que restan en 2026 y al mismo tiempo preparar un colchón para el año próximo.

Según el programa financiero presentado hace menos de dos semanas, el Tesoro se concentraría casi exclusivamente en la emisión de este título para financiarse en el mercado local. En total, se plantean colocaciones por USD 5.000 millones en 2027. El volumen luce posible pero al mismo tiempo ambicioso.

Este año el equipo económico planea colocar un total de USD 6.000 millones en bonos en el mercado local. De ese total ya consiguió USD 4.000 millones via el AO27 y AO28. Y ahora va USD 620 millones del AO29, por lo que se espera completar ese monto en sucesivas licitaciones, que se realizan de manera quincenal.

El signo de interrogación se plantea para el año próximo. ¿Conseguirá el Gobierno el financiamiento que busca en el mercado local? Al tratarse de un año electoral, no es tan sencilla la respuesta. Así como es razonable esperar que aumente la dolarización de portafolios por cobertura, también es lógico proyectar que la demanda por deuda del Tesoro disminuirá en un contexto de incertidumbre.

Este tipo de emisiones apunta a los dólares que los ahorristas tienen en el sistema bancario y que en un porcentaje importante no se encuentran directamente invertidos o lo están pero a tasas muy bajas.

El problema para el Ministerio de Economía es que no está solo en la búsqueda de este financiamiento con dólares ociosos. Además, empresas y bancos también acuden al mercado para financiarse en dólares MEP. Esto significa que se trata de colocaciones que pueden ser adquiridas directamente con dólares de los ahorristas, pero también es posible comprar dólares con pesos con el objetivo de suscribir estas emisiones.

A diferencia de lo que hizo este año, el plan presentado consiste en colocar USD 5.000 millones del mismo bono, el AO29. Esto implica necesariamente que el ahorrista deberá esperar hasta la próxima administración para recuperar el capital invertido. La apuesta tiene un elemento de incertidumbre, que está relacionado con la incertidumbre por el resultado de las elecciones y quién será el Presidente cuando toque pagar el nuevo título.

Por ese motivo este bono salió a una tasa levemente por debajo del 8,5% cuando el AO27, que vence el año que viene (cuando Javier Milei todavía sea presidente) y rinde apenas 5% anual en dólares.

El Gobierno fue a buscar al inversor minorista con un producto novedoso para este tipo de instrumento: paga intereses en dólares todos los meses, asimilándolo a los ingresos de un alquiler. Esto marca una diferencia relevante en relación a otros bonos emitidos por empresas o bancos, que en general pagan intereses en forma semestral.

La duda latente es si habrá profundidad suficiente el año próximo en el mercado tanto para la administración libertaria como para emisores privados. En un escenario de alta incertidumbre, si es que no hay un favorito claro para las elecciones, es muy probable que el riesgo país sufra un incremento.

En la práctica, esto implicaría un mayor costo de financiamiento para el Gobierno, que habrá que ver hasta dónde está dispuesto a convalidar.

Mientras tanto, la expectativa latente sigue siendo la posibilidad de reabrir el mercado internacional para conseguir financiamiento de largo plazo. Claro que esto no sucede desde el 2018, justo antes que se produjera la crisis cambiaria durante el gobierno de Mauricio Macri.

Por ahora, el riesgo país encontró una resistencia levemente por encima de los 400 puntos básicos. Y la tasa de interés en Estados Unidos se mantiene arriba del 4,5% para los bonos a diez años. Por lo tanto, la posibilidad de una colocación internacional sigue latente, pero no parece factible la menos en los próximos 60 días.

El “súper martes” que llegó con datos de inflación tanto en Argentina como en Estados Unidos resultó favorable para la estrategia del Gobierno. Desde el punto de vista del índice nacional que ayer por la tarde difundió el Indec, la noticia fue que rompió en junio la barrera del 2% por primera vez en el año, confirmando tres meses consecutivos de desinflación.

La inflación minorista en Estados Unidos, en tanto, arrojó una caída de 0,4 por ciento. Si bien la deflación era algo que ya habían proyectado los analistas, finalmente resultó mucho más pronunciada respecto al -0,1% del consenso.

Esa caída, la primera en dos años, estuvo directamente relacionada con la baja del precio del petróleo y una disminución en los surtidores norteamericanos (casi 10% el mes pasado). Esto alejó las chances de una suba de tasas por parte de la Reserva Federal para combatir la presión inflacionaria. Las chances asignadas por el mercado a este evento se redujeron significativamente.

La tasa de los títulos norteamericanos a diez años cayó levemente hasta 4,58% anual. Se trata de una noticia relevante para el Gobierno argentino, que precisa que la tasa de referencia de Estados Unidos para el inversor baje un par de escalones adicionales, posiblemente hasta niveles del 4 por ciento. Esto acercaría mucho la posibilidad de recuperar acceso a los mercados internacionales de crédito, algo que no se consigue hace ocho años.

Por lo pronto, el riesgo país argentino se mantiene cerca de perforar los 400 puntos básicos, algo que podría suceder si se consolida un mejor clima internacional.

Los nuevos bombardeos en el Golfo Pérsico, sin embargo, provocaron un fuerte repunte del precio del petróleo. El barril Brent, que había perforado los USD 75 hace dos semanas ahora volvió a niveles de 85 dólares. Por lo tanto, será más difícil consolidar el proceso de baja de la inflación. Con el último dato la suba anual cayó sensiblemente desde 4,2% a 3,5 por ciento.

La nueva caída de la inflación en Argentina era un dato ya descontado en los últimos días, pero que no deja de ser relevante para el Gobierno. La desaceleración inflacionaria está permitiendo que gradualmente los salarios y otros ingresos empiecen a recuperar terreno en relación a los precios.

La expectativa es que el consumo interno empiece a recuperar terreno, luego de una caída fuerte a partir del repunte que tuvo la inflación entre fines del año pasado y el primer trimestre de 2026.

La imagen del Gobierno también empezó a repuntar en coincidencia con la desaceleración inflacionaria. A esto se le sumó la disminución del tipo de cambio. El dólar oficial cayó de los $1.500 en Banco Nación y también aflojaron las cotizaciones financieras. Esto debería a su vez ayudar para que no se produzca un rebote de los precios en julio. Se estima que este mes el índice volvería a ubicarse en niveles muy parecidos al 1,9% del mes pasado.

Un informe de IOL destacó que el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una disminución relevante en la última medición desde 2,5% a 1,3 por ciento. A su vez, la inflación núcleo finalizó en 1,6%, bien por debajo de la general.

“La desaceleración de lácteos y verduras explican la mayor moderación del rubro alimentos, mientras que indumentaria tuvo un segundo mes consecutivo con incrementos inferiores al 0,5%”, agregaron.

Según el relevamiento de IOL, en mayo el 66% de los precios corría por encima del 2% mensual. En junio, ese nivel cayó sustancialmente al 33 por ciento. Este dato junto a la reducción de la inflación núcleo a 1,6% permite esperar con cierto optimismo la evolución de los precios en los próximos meses.

Para julio algunas consultoras ya empezaron a calcular que el índice podría mantenerse por debajo del 2% aún cuando se trata de un mes con estacionalidad más alta por las vacaciones de invierno y el cobro del medio aguinaldo a fines de junio.

La Caja de Seguro Social (CSS) destinará este año más de $1.2 millones para pagar turnos y bonos adeudados a médicos internos y residentes desde 2022, 2023, 2024 y 2025. Esta situación ha obligado a las autoridades sanitarias a reconstruir expedientes, solicitar certificaciones, verificar planillas y realizar ajustes presupuestarios para cumplir obligaciones que debieron tramitarse en su momento.

De acuerdo con las autoridades de la CSS, las deudas permanecieron pendientes debido a la ausencia, entrega tardía o falta de validación de la documentación necesaria para completar su trámite. Además de los pagos que comienzan a ejecutarse, la CSS ya ha desembolsado $1,661,930.66 por turnos correspondientes a 2024 y 2025, así como por salarios de vigencias expiradas.

También informó que se ha completado más del 80% de las actualizaciones relacionadas con cambios de categoría y se han pagado los retroactivos correspondientes.

La entidad adujo que considera necesario que la población conozca con claridad que las demoras no obedecieron a falta de recursos económicos ni a ausencia de voluntad de pago por parte de la actual administración.

En numerosos casos, dijo, las planillas de turnos, las certificaciones y otros documentos indispensables no fueron presentados dentro de los plazos establecidos, llegaron incompletos o no fueron validados oportunamente por los médicos residentes e internos y los jefes de servicio responsables de certificar la información.

Incluso, hasta hace pocos días la institución continuaba recibiendo planillas correspondientes al último trimestre de 2025 y del primer trimestre de 2026, lo que evidencia que aún persisten incumplimientos en los procedimientos administrativos establecidos.

Ninguna institución pública puede presupuestar, comprometer recursos o efectuar pagos por obligaciones que no hayan sido reportadas y sustentadas oportunamente. Pretender que la administración pague aquello que no ha sido informado es incompatible con una gestión responsable de los recursos públicos, se indicó.

La CSS administra fondos que pertenecen a todos los panameños. Por ello, cada desembolso requiere documentación completa, certificaciones y los controles legales, financieros y de auditoría correspondientes. Cuando la información no se presenta dentro de los plazos, se generan retrasos, revisiones adicionales y reprogramaciones presupuestarias.

En adelante, los médicos residentes e internos, así como los jefes de servicio responsables de certificar los turnos, deberán, según la entidad, presentar y validar toda la documentación dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, conforme a los procedimientos institucionales.

La CSS auditará los pagos acumulados entre 2022 y 2024 para identificar las causas de los atrasos, determinar las responsabilidades administrativas que correspondan y evitar que situaciones similares se repitan.

En adelante, cuando los retrasos en los pagos, las afectaciones a los servicios o cualquier situación que perjudique a los asegurados sean consecuencia del incumplimiento de los procedimientos administrativos por parte de residentes, jefes de servicio o cualquier otro funcionario responsable, la institución iniciará las investigaciones correspondientes y aplicará las medidas administrativas y disciplinarias previstas en la ley.

La responsabilidad debe recaer sobre quien incumpla sus obligaciones y no sobre una institución que actuó, escuchó, verificó la información y resolvió el problema, dijo Dino Mon Vásquez, director general de la Caja de Seguro Social. Manifestó que la institución ha asumido este tema con seriedad, responsabilidad y sentido de urgencia, pese a la complejidad de resolver obligaciones que no fueron tramitadas oportunamente y que se acumularon durante varios años.

La actual administración, agregó, decidió enfrentar y resolver el problema, en lugar de continuar postergándolo, para brindar una respuesta concreta a los médicos internos y residentes y evitar que estas obligaciones sigan acumulándose.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que la cantidad de préstamos renegociados duplicó su volumen en tan solo seis meses, alcanzando niveles históricos. El saldo refinanciado representa actualmente el 3,2% del stock total de crédito a los hogares, lo que implica un aumento de 2,3 puntos porcentuales respecto de un año atrás. En octubre de 2025, la cifra era de 1,6%. De acuerdo con el BCRA, este porcentaje constituye el dato más alto registrado desde 2010, superando los picos de 2019 y de la pandemia, cuando apenas llegaba al 1%.

Frente a este escenario, los bancos públicos comenzaron a ofrecer planes especiales de refinanciación de deudas para préstamos al consumo. El Gobierno puso el foco en las explicaciones estructurales del fenómeno y en las medidas que buscan mitigar el impacto en las familias.

Adrián Ravier sostuvo que el regreso del crédito en la economía argentina genera la aparición de la morosidad como fenómeno esperable. “Yo creo que cuando una economía recupera el crédito, es normal que aparezca de nuevo la morosidad”, afirmó el funcionario nacional. Según expuso, la ausencia de crédito en los años anteriores impidió que existieran registros crediticios y, por lo tanto, no hubo mora. “No va a haber morosidad si no hay crédito, pero además desaparecen las carpetas crediticias”, resaltó.

El vocero presidencial argumentó que la economía argentina atraviesa una etapa de reaprendizaje tanto para las entidades financieras como para los usuarios. “Esta Argentina que recupera el crédito inicia un proceso de reaprendizaje de información, de antecedentes crediticios, al que nos tenemos que adaptar, digamos, tanto el banco como las personas”, señaló. El proceso involucra la readaptación de los bancos en la evaluación de riesgos y la necesidad de que los individuos comprendan su capacidad real de endeudamiento.

Ravier remarcó que el resurgimiento de la morosidad está vinculado a la falta de experiencia de muchas personas en el manejo de sus ingresos y obligaciones financieras. “A veces la gente misma se expone a riesgos de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones”, puntualizó. Para el vocero, esta situación requiere un periodo de aprendizaje colectivo, tras años en los que la alta inflación y la inestabilidad financiera dejaron a la mayoría de la población fuera del acceso al crédito.

Según los datos del Banco Central, la mayor utilización reciente de las refinanciaciones refleja la intensidad del fenómeno. El informe oficial indica que la tendencia es especialmente notoria entre los hogares, que concentran el grueso de los créditos renegociados. Las entidades bancarias, en respuesta, implementaron estrategias de refinanciación enfocadas en tasas de interés más bajas y plazos más extensos, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones y recuperar el capital prestado.

El propio Adrián Ravier explicó que los bancos están evaluando con mayor detalle las garantías, los ingresos y los antecedentes de pago antes de otorgar nuevos créditos. Según sus palabras, “primero el banco de ver a quién le otorga el crédito, en este momento a todas esas personas que están entrando en morosidad las están tratando de refinanciar con tasas bajas, a un plazo largo para recuperar lo que invirtieron. Pero por otro lado también las personas de saber hasta donde puede tomar crédito”. El funcionario destacó la importancia de que los individuos conozcan el límite de su capacidad de endeudamiento para evitar situaciones de impago.

El incremento de la mora y las renegociaciones de deuda llevó a que los bancos desarrollaran nuevos productos y campañas específicas para la refinanciación de préstamos al consumo. Según reveló el Gobierno, estas iniciativas buscan prevenir un deterioro mayor en la cartera crediticia de las entidades y evitar un impacto negativo en la economía de los hogares. El proceso, remarcó Ravier, requiere tanto la adaptación de las instituciones como de las familias.

El vocero presidencial insistió en que la reaparición del crédito exige un aprendizaje conjunto. “Es un proceso de aprendizaje que después de tanto tiempo de falta de crédito, creo que tenemos que pasar”, sostuvo. La perspectiva oficial enfatiza que la morosidad actual forma parte de una etapa de transición, derivada de la normalización del sistema financiero y del acceso a nuevas líneas de financiamiento.

La autoridad monetaria reconoció en su informe que la aceleración de las refinanciaciones de préstamos es un fenómeno reciente, que se intensificó en los últimos meses. El saldo refinanciado de los hogares, que representa ya el 3,2% del total, duplica los registros de octubre del año pasado y marca un récord absoluto en la serie histórica. Los picos anteriores, en 2019 y durante la pandemia, no superaron el 1%, lo que evidencia la magnitud de la situación actual.

El Gobierno buscó restar dramatismo a la problemática y destacó la existencia de alternativas de refinanciación que ofrecen las entidades bancarias. Según Adrián Ravier, “preocupa pero hay alternativas de los bancos para refinanciar, y con el correr del tiempo y la baja de la tasa de interés esto se va a ir facilitando”. El funcionario se mostró confiado en que la reducción de tasas y la continuidad de las líneas de crédito más accesibles permitan aliviar la situación en el mediano plazo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo régimen especial de facilidades de pago destinado a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro. La medida quedó establecida mediante la Resolución General 5875/2026 y busca permitir la regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026, además de multas e intereses.

El régimen alcanza exclusivamente a determinados contribuyentes y establece condiciones específicas para acceder, como la obligación de realizar un pago a cuenta, una cantidad máxima de cuotas según el tipo de deuda y un plazo determinado para adherirse. También define qué obligaciones pueden incluirse, cuáles quedan excluidas y en qué casos el plan caduca automáticamente.

De acuerdo con el análisis elaborado por el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, la iniciativa responde a la necesidad de ofrecer una herramienta para que muchas MiPyMEs regularicen deudas fiscales acumuladas como consecuencia de las dificultades económicas de los últimos años y eviten procesos de ejecución fiscal y embargos. Sin embargo, advirtió que algunas condiciones del esquema pueden limitar el acceso para determinados contribuyentes, entre ellas el pago a cuenta exigido, la cantidad de cuotas disponibles y la tasa de financiación.

Quiénes pueden adherirse

La resolución definió tres grupos de beneficiarios.

• En primer lugar, podrán incorporarse las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas —Tramos 1 y 2— que cuenten con Certificado MiPyME vigente al momento del acogimiento y tengan la caracterización correspondiente en el Sistema Registral de ARCA.
• También podrán acceder los pequeños contribuyentes, es decir, personas humanas y sucesiones indivisas caracterizadas en el Sistema Registral con el código 547 - Pequeño Contribuyente, conforme a la Resolución General 5321.
• El tercer grupo comprende a las entidades sin fines de lucro registradas ante ARCA bajo alguna de las formas jurídicas previstas por la norma. Entre ellas, figuran asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales, consorcios de propietarios, cooperadoras, iglesias y otras entidades civiles.

La resolución también enumeró quiénes no podrán adherir. Entre los excluidos aparecen personas condenadas por determinados delitos tributarios, aduaneros o vinculados con incumplimientos fiscales, personas jurídicas cuyos directivos registren ese tipo de condenas, responsables solidarios respecto de las obligaciones comprendidas y garantes de obligaciones impositivas y aduaneras contempladas por el régimen de garantía. La exclusión rige cuando existe sentencia firme y la condena permanece vigente.

Qué deudas pueden regularizarse

El plan comprende un universo amplio de obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026.

Entre ellas, figuran las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, junto con sus accesorios; las retenciones y percepciones impositivas, también con sus accesorios; y las obligaciones aduaneras correspondientes a tributos sobre importaciones o exportaciones, además de los intereses previstos en el Código Aduanero. La resolución también incorporó las multas aplicadas hasta esa fecha.

No obstante, el régimen aclaró que la regularización no implica una reducción de intereses resarcitorios o punitorios ni la liberación de sanciones. Según explicó Domínguez, el beneficio consiste exclusivamente en la posibilidad de financiar la deuda mediante cuotas y no supone una quita del monto adeudado.

Las obligaciones excluidas

La resolución también estableció una lista de conceptos que no podrán incorporarse al régimen.

Entre ellos aparecen las retenciones y percepciones previsionales, salvo los aportes personales correspondientes a trabajadores en relación de dependencia; los anticipos y pagos a cuenta; el IVA correspondiente a determinados servicios digitales y prestaciones efectuadas desde el exterior; los aportes y contribuciones destinados a obras sociales, con excepción de los correspondientes a monotributistas; las cuotas de planes de facilidades de pago vigentes; las cuotas destinadas a las ART y al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio; además de otros conceptos detallados en la resolución.

También quedaron fuera determinadas obligaciones vinculadas con el Régimen Simplificado sobre Ingresos Brutos, tributos específicos, algunas multas aduaneras e intereses asociados a conceptos excluidos.

Cuántas cuotas ofrece el plan

Uno de los aspectos centrales del régimen corresponde a las condiciones de financiación.

Para las Micro y Pequeñas Empresas, los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro, el esquema prevé hasta 18 cuotas para obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social y hasta 9 cuotas para retenciones y percepciones impositivas.

En ambos casos deberán realizar un pago a cuenta del 5% sobre la deuda consolidada y la tasa de financiación será del 2,75% mensual, equivalente a la tasa de interés resarcitorio vigente establecida por la Resolución 3/24 del Ministerio de Economía.

En el caso de las Medianas Empresas Tramos 1 y 2, el régimen contempla hasta 15 cuotas para obligaciones generales y hasta 7 cuotas para retenciones y percepciones, con un anticipo del 10% y la misma tasa mensual del 2,75%.

La resolución además fijó un monto mínimo de $50.000 tanto para el pago a cuenta como para cada cuota. Los pagos serán mensuales, iguales y consecutivos, mientras que el pago inicial se calculará sobre el total de la deuda consolidada.

Domínguez señaló que el pago a cuenta, la cantidad de cuotas y la tasa de financiación pueden dificultar la adhesión de algunos contribuyentes. También sostuvo que la eliminación del anticipo habría facilitado el ingreso al régimen para quienes enfrentan mayores restricciones financieras.

Cómo adherirse

El acogimiento deberá realizarse exclusivamente mediante el servicio web “Mis Facilidades”, dentro de la opción “Régimen Especial de Facilidades de Pago - Obligaciones vencidas al 30/06/2026”. La resolución fijó como fecha límite para adherirse el 30 de octubre de 2026.

La deuda se consolidará cuando el contribuyente efectúe el pago a cuenta. En ese momento el sistema presentará automáticamente el plan y comunicará esa presentación mediante el Domicilio Fiscal Electrónico. Además, la norma indicó que no existirá un límite respecto de la cantidad de planes que un mismo contribuyente podrá presentar.

Cuándo caduca el beneficio

La resolución también precisó las situaciones en las que el plan perderá vigencia.

La caducidad operará automáticamente cuando el contribuyente deje de pagar dos cuotas, consecutivas o alternadas, y transcurran 60 días corridos desde el vencimiento de la segunda de ellas. También caducará cuando no se pague la última cuota y pasen 60 días corridos desde su vencimiento.

Una vez declarada la caducidad, ARCA quedará habilitada para iniciar acciones judiciales destinadas al cobro de la totalidad de la deuda pendiente. En esos casos, el organismo notificará la situación mediante el Domicilio Fiscal Electrónico y el contribuyente deberá cancelar el saldo pendiente mediante transferencia electrónica, con los intereses correspondientes. Si el plan incluyó deuda aduanera, el Sistema Informático MALVINA actuará conforme a lo previsto por el Código Aduanero.

Otro de los aspectos destacados por el análisis de Domínguez corresponde a una consecuencia jurídica prevista por la resolución.

La adhesión al régimen implica la renuncia a la acción y al derecho de repetición contemplados en la Ley 11.683 y en el Código Aduanero respecto de los períodos y montos incluidos en el plan. En la práctica, eso significa que el contribuyente no podrá reclamar posteriormente la devolución de los importes incorporados al régimen.

El especialista también indicó que conviene analizar caso por caso las obligaciones que resultará conveniente incorporar, verificar la vigencia del Certificado MiPyME cuando corresponda y evaluar la capacidad de cumplir con el pago de las cuotas para evitar la caducidad del plan. Además, recordó que las deudas que no se incorporen al régimen continuarán expuestas al inicio de acciones de cobro por parte de ARCA.

El Gobierno de Venezuela anunció que mantendrá el proceso ordenado de reestructuración de su deuda externa, iniciado en mayo, a pesar del impacto del doble terremoto que afectó la zona norte del país el pasado 24 de junio. El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, afirmó durante un acto del Consejo Nacional de Economía que, en las últimas semanas, se han realizado “intercambios técnicos intensivos con nuestros socios y con las instituciones financieras internacionales”.

Ortega explicó que continúan afinando tanto el marco macroeconómico como el análisis de sostenibilidad de la deuda, incorporando el “impacto económico de los terremotos”. Señaló que se espera publicar estos trabajos en las próximas semanas y que constituirán una base para avanzar en una reestructuración “ordenada, transparente y creíble” que permita crear el espacio fiscal necesario para la reconstrucción del país.

El funcionario advirtió que la recuperación será más difícil sin nuevos financiamientos, lo que requiere “normalizar progresivamente la relación de Venezuela con socios financieros internacionales”. Ortega subrayó que la reestructuración de la deuda es una condición indispensable para restablecer el acceso al financiamiento externo.

El pasado 13 de mayo, el Gobierno de Venezuela anunció el lanzamiento de un proceso formal e integral para la reestructuración de la deuda pública externa del país y de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), aunque no detalló el monto total involucrado. El Ministerio de Economía calificó la decisión como “responsable, nacionalista y social”, y remarcó que el objetivo es reconstruir la capacidad de movilizar financiamiento, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar la calidad de vida de los venezolanos.

Según un informe publicado en marzo por Transparencia Venezuela, la deuda externa venezolana supera los 170.000 millones de dólares. La organización explicó que el cálculo responde a la falta de información oficial sobre el monto real.

Respuesta del Fondo Monetario Internacional

En una conferencia de prensa, la directora del Departamento de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozak, transmitió el apoyo institucional del organismo frente a la catástrofe natural. “Estamos profundamente entristecidos por el impacto del terremoto en Venezuela. Expresamos nuestra profunda simpatía a todos los afectados y nuestros pensamientos están con el pueblo de Venezuela en este momento tan difícil para el país”, expresó Kozak.

El FMI mantuvo la cautela técnica sobre el uso de recursos y su rol financiero en la recuperación venezolana. Kozak indicó que la institución sigue de cerca la situación y reiteró la disposición del Fondo para conversar sobre posibles apoyos, aunque no estableció compromisos concretos en materia de financiamiento.

Las autoridades venezolanas confirmaron que, tras el doble terremoto del 24 de junio, el balance oficial asciende a 4.561 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin viviendas. Este desastre representa un nuevo desafío para la economía del país y para el proceso de reestructuración en curso.

Hoy será un “súper martes” en materia de datos económicos y particularmente de la inflación. No solo el Indec divulgará el índice nacional de junio, sino que en Estados Unidos se conocerá varias horas antes, a las 9.30 de Argentina, qué pasó con la evolución de los precios en la economía doméstica.

Ambos datos serán muy tenidos en cuenta por los inversores. En el caso de Argentina, la expectativa es que perfore por primera vez en el año el 2 por ciento. En la ciudad de Buenos Aires arrojó 1,8% la medición correspondiente al mes pasado y se espera que a nivel nacional arroje un valor bastante parecido. Incluso para junio los analistas piensan que podría mantenerse abajo del 2 por ciento.

Es un dato de gran relevancia porque sería el tercer mes consecutivo de inflación en baja, demostrando que el plan de restringir la cantidad de dinero en la economía y de mantener estabilidad cambiaria está funcionando.

En el caso de Estados Unidos, se espera que en junio el índice arroje deflación, es decir una caída del índice de precios al consumidor del orden del -0,2 por ciento. En caso de confirmarse, sería la primera vez que ocurre en los últimos dos años. Esto sería consecuencia directa de la caída del barril de petróleo, que en junio volvió a la zona de USD 70 como consecuencia de la tregua del conflicto bélico en el Golfo Pérsico.

Se estima que el índice anual bajaría desde 4,2% a 3,8 por ciento. Esta disminución dejaría en claro que la inflación ya habría tocado un pico y empezará a bajar gradualmente.

Esta expectativa se ve amenazada otra vez por el nuevo salto del precio del petróleo ante la escalada del conflicto en los últimos días. El presidente Donald Trump aclaró que sigue negociando con Irán, pero que ya no rige el alto el fuego.

¿Por qué se trata de un dato relevante para Argentina? La expectativa es que si baja la inflación se alejen los temores del mercado de una nueva suba de tasas en Estados Unidos con el objetivo de frenar presiones en los precios.

Ese dato resultaría clave para que aflojen las tasas largas y baje el costo del financiamiento para el Gobierno argentino. Hasta ahora el rendimiento de los bonos norteamericanos a diez años se mantiene arriba del 4,5% anual. Pero si se moderan las tensiones inflacionarias podría volver a niveles de 4% ó incluso menos.

Con un riesgo país en torno a los 400 puntos básicos, una reducción de tasas en Estados Unidos ayudaría para financiarse en los mercados internacionales a niveles del 8% anual. Por eso el Gobierno está tan pendiente ahora no solo de la reducción del riesgo país, sino también de lo que suceda con las tasas en Estados Unidos.

La inflación norteamericana mostró una aceleración en los últimos meses, impulsada principalmente por el encarecimiento de la energía, mientras que la inflación subyacente (o “core inflation”), que excluye los componentes más volátiles como alimentos y combustibles, continúa exhibiendo una dinámica más moderada.

El Índice de Precios al Consumidor (CPI, por sus siglas en ingles) pasó de una variación interanual del 3,3% en marzo al 3,8% en abril y alcanzó el 4,2% en mayo, reflejando el impacto del aumento de los precios energéticos sobre la inflación general.

En contraste, el índice subyacente evolucionó con mayor estabilidad. La inflación core se ubicó en torno al 2,7% interanual en marzo, avanzó al 2,8% en abril y alcanzó el 2,9% en mayo, lo que evidencia que las presiones inflacionarias de fondo permanecen contenidas, aunque todavía por encima de la meta del 2% fijada por la Reserva Federal.

De cara a la publicación del dato correspondiente a junio, prevista para este martes, el consenso del mercado anticipa una moderación de la inflación general hasta la zona del 3,8% interanual, favorecida por una desaceleración en los precios de la energía. Para la inflación subyacente, en tanto, las estimaciones apuntan a una leve baja hasta el 2,8%, un nivel que seguiría reflejando la persistencia de las presiones sobre los precios de los servicios y la vivienda, factores que continúan siendo monitoreados de cerca por la Reserva Federal al momento de definir el rumbo de la política monetaria.

La magnitud de la carga de deuda de Venezuela, y la composición de los acreedores que la poseen, ayudarán a determinar las pérdidas que afrontan los inversionistas, en la que podría ser una de las mayores reestructuraciones de deuda soberana de la historia.

Venezuela no ha publicado estadísticas completas sobre su deuda en años, y las sanciones de 2017 la aislaron en gran medida del mundo financiero occidental. Caracas ha declarado que su objetivo era completar una evaluación exhaustiva de la deuda para finales de junio. Los inversionistas esperan que se publique este mes, pero no está claro si se dará a conocer al público en general.

La mayoría de los analistas estimaban deudas de entre 150.000 y 200.000 millones de dólares, pero el Financial Times informó que Venezuela iba a revelar una deuda mayor de lo esperado, de 240.000 millones de dólares.

Aquí les presentamos algunos detalles sobre el volumen de la deuda de Venezuela:

¿Cuánto debe Caracas en bonos?

Venezuela anunció en mayo su intención de reestructurar la deuda pendiente de bonos emitidos por el Gobierno y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Estos bonos suman un valor nominal de aproximadamente 60.000 millones de dólares, pero también han estado generando intereses desde el impago de 2017. JPMorgan calcula que el total de reclamaciones relacionadas con los bonos, incluidos los intereses vencidos, asciende a 102.000 millones de dólares.

Las distintas condiciones de los bonos podrían complicar el acuerdo. El bono PDVSA 2020 está respaldado por una participación mayoritaria en el refinador estadounidense Citgo. Otros bonos más antiguos son más vulnerables a litigios.

¿Cuánto debe Venezuela a otros gobiernos?

Según los informes, el total de préstamos bilaterales de Venezuela asciende a aproximadamente 25.000 millones de dólares.

Los acreedores bilaterales suelen ser los primeros en reestructurar sus deudas. El Club de París, un grupo de 22 naciones acreedoras oficiales, suele servir de referencia para el alivio de la deuda que se espera de los demás acreedores. Venezuela adeuda 8.690 millones de dólares a los miembros del Club de París.

Según AidData, solo Rusia concedió al menos dos préstamos en los últimos 15 años, incluidos 3.200 millones de dólares reestructurados en 2017.

Venezuela también le debe a China una cantidad sustancial a través de préstamos respaldados por petróleo, lo que podría darle a Beijing una ventaja sobre los acreedores. JPMorgan estima esas obligaciones entre 13.000 y 15.000 millones de dólares.

Venezuela se ha mostrado imprecisa sobre sus planes para la deuda oficial, afirmando que se abordaría mediante una “normalización institucional” sin detallar el proceso ni si esto implicaría una reestructuración formal.

¿Qué debe Caracas a los prestamistas multilaterales?

Según Fitch, el país adeuda alrededor de 4.000 millones de dólares a bancos multilaterales de desarrollo, principalmente al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con sede en Caracas, y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Estas instituciones suelen gozar de la condición de acreedores preferentes y no se espera que sufran pérdidas en una reestructuración.

¿A cuánto aumentan las reclamaciones de arbitraje y las indemnizaciones judiciales?

Más de 50 empresas han presentado demandas contra Venezuela y PDVSA tras las expropiaciones llevadas a cabo durante el mandato del ex mandatario Hugo Chávez.

Los datos recopilados por Transparencia Venezuela y #PublicDebtIsPublic muestran que los laudos arbitrales y las sentencias judiciales superan los 20.000 millones de dólares, sin incluir los intereses vencidos, aunque este último grupo advierte que sus datos podrían no abarcar todas las reclamaciones. Algunos acreedores buscan recuperar la deuda mediante la venta de Citgo Petroleum ordenada por un tribunal, lo cual requiere la aprobación de Estados Unidos.

Los laudos arbitrales y las sentencias judiciales son reclamaciones legalmente exigibles de diversos acreedores, sin un mecanismo colectivo que los vincule a un acuerdo negociado. Dado que representan al menos el 10% de la deuda venezolana, los expertos señalan que será necesario abordarlos.

Y luego el resto...

El límite superior de las estimaciones de deuda ronda los 200.000 millones de dólares. ¿Dónde están los 40.000 millones restantes?

Algunas deudas nunca llegaron a los tribunales ni al arbitraje, lo que dificulta su seguimiento.

Por ejemplo, la petrolera española Repsol dice que Venezuela le debe 4.550 millones de euros (5.160 millones de dólares), mientras que la italiana ENI declaró que su factura atrasada con PDVSA ascendía a 3.300 millones de dólares a finales de 2025, incluyendo alrededor de 1.000 millones de dólares en intereses acumulados.

Otras reclamaciones pueden incluir pagarés, que son obligaciones legalmente vinculantes vinculadas a créditos de exportación o de proveedores. La deuda interna también podría incrementarse, lo que preocupaba a algunos inversionistas, debido a que sería más difícil determinar si estos casos son legítimos.

Sin una auditoría externa ni la participación de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial, los inversionistas pueden cuestionar cómo se evalúan las reclamaciones y qué deudas se incluyen. Venezuela ocupó el puesto 180 de 182 países y territorios en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2025.

Las reclamaciones consideradas suficientemente válidas como para ser incluidas en el ámbito de la reestructuración de la deuda podrían resultar controvertidas, porque su inclusión podría aumentar el total de la deuda y ocasionar mayores pérdidas para los acreedores.

(REUTERS)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 125 días seguidos con saldo positivo en sus operaciones cambiarias, luego de superar el objetivo anual de compras de divisas. Este lunes, la entidad sumó USD 280 millones, el mayor nivel en un mes y medio y el quinto más elevado del año, y el total acumulado en 2026 ya sobrepasa los 11.700 millones de dólares.

Desde la implementación del actual esquema monetario en enero, el BCRA compró USD 11.735 millones tanto dentro como fuera del mercado de cambios. Solo el 2 de enero cerró con resultado negativo; el resto de las jornadas el saldo fue favorable. La mayor adquisición diaria ocurrió el 10 de abril, con 457 millones de dólares.

Las proyecciones oficiales para 2026 situaban el saldo neto de compras entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, considerando tanto la oferta de divisas como la demanda de pesos. El titular del BCRA, Santiago Bausili, señaló que el comportamiento de estas variables será determinante para cumplir las metas anuales.

En junio, la autoridad monetaria redujo su intervención para evitar una mayor presión sobre el dólar. Ese mes se incrementó la demanda de la divisa, lo que provocó un aumento superior al 5% en su cotización, superando el ritmo de la inflación por primera vez desde octubre de 2025.

Durante ese período, las compras sumaron USD 1.418 millones, cifra inferior a los USD 2.596 millones de mayo y el segundo registro más bajo del año, solo por encima de enero. En lo que va de julio, las adquisiciones ascienden a 570 millones de dólares.

La autoridad monetaria ya alcanzó la meta de acumulación de reservas fijada para 2026. En el primer trimestre, el crecimiento de las reservas netas estuvo influido por las necesidades de financiamiento del Tesoro. Para mantener el ritmo de compras, el BCRA emitió pesos sin esterilizarlos y el Tesoro absorbió parte de ese excedente mediante la colocación de deuda en moneda local, con el objetivo de estabilizar el dólar y la inflación.

El flujo de divisas provenientes de las exportaciones del sector agrícola continúa siendo clave para reforzar las reservas internacionales. En el último mes, el ritmo de liquidación del agro se incrementó y se consolidó como la principal fuente de recursos para las compras del Central.

De acuerdo con datos oficiales, el stock de reservas del BCRA cerró en USD 48.205 millones, lo que representa una caída de USD 517 millones en la jornada. Este descenso se explica por la salida de divisas tras el pago de un abultado vencimiento de deuda en moneda extranjera.

El dólar volvió a bajar

Este lunes, el volumen negociado en el segmento de contado del mercado mayorista alcanzó USD 497,9 millones. El dólar bajó seis pesos, equivalente al 0,4%, y cerró a $1.482, el valor más bajo desde el 30 de junio.

Con este movimiento, el tipo de cambio oficial acumula un aumento de solo 27 pesos o 1,9% en lo que va de 2026. El Banco Central estableció el tope de las bandas cambiarias en $1.822,74, por lo que el dólar mayorista dispone de un margen de 340,74 pesos, es decir, un 23% de recorrido hasta alcanzar ese límite, dentro de los parámetros oficiales. Esta diferencia representa la brecha más amplia desde el 18 de junio.

En el segmento minorista, el dólar al público retrocedió cinco pesos, o 0,3%, y se ubicó en $1.505 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue subió 15 pesos, o 1,1%, y terminó en $1.525.

Según datos del BCRA, el dólar minorista promedió $1.508,83 para la venta y $1.457,27 para la compra en las entidades financieras.

La mora en la Argentina llegó a su nivel más alto, lo que reavivó las dudas sobre la disponibilidad de crédito y la situación financiera de hogares y empresas. En este escenario, el historial crediticio adquiere un papel clave, ya que determina quién puede acceder a financiamiento, bajo qué condiciones y cuáles son los riesgos asociados a un contexto con indicadores en ascenso.

El perfil crediticio actúa como una radiografía financiera de cada individuo o compañía. Es la referencia que consultan bancos, entidades financieras, comercios y prestadores de servicios antes de autorizar préstamos, emitir tarjetas o establecer límites de consumo. Este historial no solo muestra la puntualidad en los pagos, sino también el tipo y cantidad de productos financieros en uso, demoras registradas y solicitudes recientes de nuevos créditos.

La valoración promedio es de 3,4 puntos sobre 5. El historial no solo define si una persona puede recibir una tarjeta o un préstamo, sino que también incide en el monto, la tasa de interés, los plazos y hasta en operaciones como alquileres, donde se suele requerir un informe antes de concretar el contrato.

Existen alternativas oficiales y gratuitas para consultar el propio historial crediticio, cada una con características y alcances específicos. Este acceso está garantizado por la legislación vigente.

Central de Deudores del Banco Central

El Banco Central de la República Argentina cuenta con la Central de Deudores, una plataforma donde, con el CUIT o CUIL, se puede obtener un informe sobre deudas bancarias, tarjetas de crédito y cheques rechazados de los últimos 24 meses. El sistema califica la situación en una escala del 1 al 6 según el cumplimiento y los días de atraso:

• Situación 1: al día
• Situación 2: atrasos menores
• Situación 3: problemas de pago
• Situación 4: alto riesgo de incobrabilidad
• Situación 5: deuda incobrable
• Situación 6: incobrable por razones técnicas

El acceso no tiene costo y solo requiere el número de CUIT o CUIL. El documento detalla el cumplimiento de las obligaciones y la entidad que reportó cada deuda.

Derecho de acceso en Veraz (Equifax)

Veraz, uno de los principales burós de crédito, debe entregar de manera gratuita un informe completo cada seis meses, conforme a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. El trámite está disponible por teléfono al (011) 5352-4800 y en la web oficial. El informe de Veraz incluye datos más amplios que los del BCRA, como consultas de terceros y deudas con comercios fuera del sistema financiero formal.

Derecho de acceso en Nosis

Nosis, otro actor relevante del sector privado, también debe facilitar el acceso gratuito al informe propio, ya sea mediante la aplicación “Mi Nosis” o desde su sitio web. Consultar Nosis ofrece una perspectiva más abarcativa, ya que algunas empresas reportan información solo a este registro y no a otros.

Importancia del perfil crediticio

El historial crediticio influye en cada instancia donde se evalúa la confiabilidad financiera de personas y empresas. Entre los principales efectos de tener un buen o mal perfil se encuentran:

• Más posibilidades de obtener créditos personales, hipotecarios o prendarios.
• Acceso a mejores tasas y montos superiores.
• Condiciones más favorables en compras importantes.
• Mejor capacidad de negociación en contratos de alquiler.

Con diecisiete meses consecutivos de suba en la mora, consultar y monitorear el historial crediticio adquiere un papel central. Cumplir con los pagos, evitar atrasos y mantener productos financieros activos son aspectos que ayudan a construir una imagen positiva.

Factores que influyen en el historial crediticio

Diversas conductas pueden impactar en el historial crediticio, más allá de la existencia de deudas. Entre las más relevantes se encuentran:

• Mantenerse al día con pagos de servicios y tarjetas.
• Registrar atrasos, incluso si luego se regularizan.
• No contar con productos financieros activos, lo que dificulta formar un historial.
• Solicitar varios préstamos en poco tiempo, lo que puede alertar sobre un posible aumento de riesgo.

Las entidades financieras suelen analizar estos datos de manera automática, por lo que un pago fuera de término puede afectar la calificación durante varios meses, incluso una vez regularizada la situación.

Fuentes oficiales y legales para consultar información crediticia

Para acceder a datos crediticios de manera segura y conforme a la legislación vigente, es fundamental recurrir a los canales oficiales:

• Banco Central de la República Argentina: a través del sitio BCRA y Vos, los usuarios encuentran material informativo y pueden ingresar directamente a la Central de Deudores.
• Argentina.gob.ar - Datos Personales: detalla la normativa de la Ley 25.326 y facilita procedimientos para corregir datos incorrectos o desactualizados.
• Defensa del Consumidor: ofrece orientación y gestiones para eliminar deudas ya saldadas que aún aparecen en los antecedentes crediticios.

Mecanismos de clasificación y monitoreo de la mora

El incremento de la mora en el sistema financiero argentino, documentado por fuentes oficiales, destaca la importancia de conocer y proteger el historial crediticio propio y el de empresas. El sistema de calificación de entidades como el BCRA y los burós privados resulta esencial para anticipar posibles trabas o condiciones menos favorables al solicitar financiamiento o negociar acuerdos.

Impacto de un historial negativo

Tener un historial crediticio desfavorable puede dificultar el acceso a productos financieros, aumentar los costos de financiamiento y generar obstáculos en transacciones habituales como compras en cuotas, adquisición de vehículos o alquiler de inmuebles. Los atrasos o deudas clasificadas como incobrables reducen las opciones de negociación y suelen dar lugar a condiciones más exigentes.

Aspectos clave para una administración adecuada

Una gestión activa del historial crediticio requiere estar informado sobre los compromisos asumidos, realizar consultas periódicas en los registros habilitados y aprovechar las herramientas de control disponibles. Los bancos suelen ofrecer aplicaciones y plataformas web para verificar productos, límites y fechas de vencimiento, lo que contribuye a organizar los pagos y evitar inconvenientes.

Los inversores extranjeros cobraron ayer parte de los USD 4.200 millones correspondiente al vencimiento de capital e intereses de los bonos en dólares. Los locales, en cambio, cobrarán el próximo lunes debido a los feriados. La semana próxima el Gobierno buscará captar parte de esos dólares pagados en el mercado local a través de la emisión de un nuevo bono, el Bonar 2029.

Este título de deuda, al igual que lo sucedido con las series 27 y 28, pagarán intereses mensuales. De esta forma, se busca atraer a inversores minoristas que buscan equiparar este ingreso a los de un alquiler, que también se cobra mes a mes.

En total será una emisión de USD 2.000 millones y hay una posibilidad de colocarlo todo en la licitación prevista para el 15 de julio. En caso contrario, se irá colocado en otras licitaciones hasta completar el cupo.

Considerando que el Bonar 2028 se fue colocando en sucesivas licitaciones a una tasa de 8,5% anual en dólares, es posible que el nuevo título salga a un rendimiento similar o incluso ligeramente menor. El motivo es que el riesgo país viene comprimiendo: ayer luego de los pagos de vencimientos en dólares el riesgo país quedó a un paso de perforar los 400 puntos básicos.

Esta emisión de Bonares sería la última prevista hasta fines del año que viene, al menos según los detalles del programa financiero presentado a principios de esta semana por el equipo económico.

Allí se detalla que el Gobierno buscará otras fuentes para financiar los USD 25.000 millones que vencen el año que viene. Aparecen compras de dólares del Tesoro al Central por casi USD 5.000 millones, unos USD 1.500 millones por futuras privatizaciones y refinanciaciones de organismos multilaterales.

La gran incógnita es si Argentina podrá recuperar acceso a los mercados internacionales de crédito. En los supuestos para cumplir con las obligaciones financieras en 2027 el propio Gobierno se ocupó de no incluir esta posibilidad. Luis Caputo aseguró que la colocación de bonos en el exterior ”no es un objetivo, es una opción”.

Claramente la gradual pero continua disminución del riesgo país hace que esta posibilidad se acerque cada vez más. Todavía falta una reducción adicional del riesgo país (idealmente a zona de 350 puntos básicos) y también que baje un escalón la tasa de bonos norteamericanos a diez años, que sigue por encima del 4,50% anual. Combinadas, implican que Argentina todavía debería pagar un rendimiento superior al 8% anual en dólares para financiarse en el exterior.

Si bien ayer los mercados festejaron el pago de capital e intereses por parte del Gobierno, no pasó lo mismo con los ADR de compañías argentinas que cotizan en Wall Street, aunque se registraron algunas subas puntuales

Globant subió 4,58%, Tenaris avanzó 1,32% y Telecom Argentina mejoró 0,73%. El resto de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York terminó el día con descensos. Mercado Libre perdió 0,09%, Ternium retrocedió 0,36%, Banco BBVA Argentina cayó 0,41%, Transportadora de Gas del Sur bajó 0,46%, Banco Macro cedió 0,61% y Corporación América Airports perdió 0,81%.

Los descensos también alcanzaron a IRSA (-1,11%), Cresud (-1,23%), Loma Negra (-1,40%), Central Puerto (-1,50%), Pampa Energía (-1,61%), Edenor (-1,64%), Grupo Financiero Galicia (-1,71%), YPF (-1,82%), Adecoagro (-2,16%), Vista Energy (-2,28%) y Grupo Supervielle (-2,82%). El comportamiento negativo fue predominante, reflejando la cautela de los inversores extranjeros frente a los activos argentinos en un día sin referencia local.

Los analistas remarcaron que, si bien el ajuste del riesgo país mantiene a la Argentina en niveles relativamente bajos respecto de semanas anteriores, la volatilidad internacional y los desafíos internos siguen condicionando el panorama de los activos domésticos.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió que la deuda pública podría alcanzar su nivel más alto de la historia en 2026, por lo que reclamó medidas estructurales para contener ese deterioro. De acuerdo con la entidad, Colombia necesita reformar la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del PIB y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB) y aplicar un ajuste cercano al 5% del PIB porque la deuda neta llegaría al 61% del PIB en 2026, por encima del ancla legal de 55%, mientras el servicio de la deuda absorbe una porción cada vez mayor de los ingresos tributarios y reduce el margen para gasto social e inversión.

La advertencia la presentó el director técnico del Carf, Juan Sebastián Betancur, el jueves 9 de julio, en la apertura del seminario “Regla Fiscal y Sostenibilidad de la Deuda”. Allí afirmó que “la situación fiscal actual es crítica, sin precedentes, y requiere urgentemente medidas estructurales”.

Betancur sostuvo que el país necesita un proceso de consolidación que permita estabilizar la deuda pública. También advirtió que los gastos superan con amplitud los ingresos, que las rigideces presupuestales se profundizaron y que el costo del servicio de la deuda continúa en aumento, con menos margen de maniobra para las finanzas públicas.

Cómo la deuda presiona los ingresos del Estado

Uno de los mensajes del Comité fue la presión que ejerce la deuda sobre los recursos públicos. Betancur recordó que “$1 de cada $3 se destina al pago de la deuda”, mientras que hace una década la proporción era de uno por cada seis pesos. Según él, ese peso del servicio de la deuda reduce recursos para programas sociales e inversión productiva. Además, aumenta el riesgo de que el Gobierno enfrente mayores dificultades para proveer bienes y servicios esenciales.

El escenario planteado por el Carf muestra que, si se mantiene la tendencia actual, el gasto en intereses equivaldría a la mitad de los ingresos tributarios en 2029. En 2033 representaría $3 de cada $4 y hacia 2037 superaría el total del recaudo tributario.

Betancur aclaró que se trata de un ejercicio ilustrativo. Aun así, remarcó la advertencia con una frase tajante: “Si nos cruzamos de brazos, la deuda explota, punto”.

Los factores que explican el deterioro fiscal

El Carf identificó tres causas para explicar el deterioro de las finanzas públicas:

• Gasto: permanece muy por encima de la tendencia observada antes de la pandemia, a diferencia de otros países de la región que lograron corregir ese comportamiento.
• Ingresos públicos: aunque Colombia aprueba reformas tributarias con frecuencia, esos ingresos siguen una trayectoria de largo plazo y no muestran un aumento permanente acorde con esos cambios normativos.
• Sobrestimación sistemática de los ingresos tributarios en el presupuesto: en 2024, esa diferencia llegó a 4,1% del PIB, equivalente a más de $80 billones a precios actuales. Para 2025, la sobrestimación fue de 1,8% del PIB. Para 2026, el Carf estima que volverá a superar 1% del producto interno bruto.

El tamaño del ajuste que calcula el Carf

El Comité calcula que la deuda neta alcanzará 61% del PIB en 2026. La cifra superaría el ancla de deuda de 55% fijada por la ley y llevaría al país a su máximo histórico en ese indicador. Ante ese panorama, estima que estabilizar la deuda pública requerirá un ajuste fiscal cercano a 5 puntos del PIB frente al escenario actual. Además, para cumplir la meta de 2027 el país necesitaría un ajuste inmediato de $80 billones, equivalente a 3,7% del PIB.

De igual forma, el organismo planteó una meta de superávits primarios para los próximos años. El objetivo es llegar de manera gradual a un rango de entre 0,5% y 1,2% del PIB hacia 2030.

Betancur sostuvo que la estrategia del próximo gobierno debe partir del restablecimiento de un ancla fiscal que fortalezca la credibilidad del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y de la regla fiscal. Añadió que el ajuste debe ser gradual para limitar su efecto sobre la actividad económica, aunque con señales oportunas y creíbles.

Insistió en que ese esfuerzo no puede descansar exclusivamente en recortes del gasto o en mayores ingresos. También debe combinar ambas vías, impulsar el crecimiento económico de mediano y largo plazo y preservar la protección de los hogares más vulnerables.

Reforma institucional

Por su parte, el presidente del Carf, Juan Carlos Ramírez, afirmó que la estabilidad fiscal depende también de una reforma de la arquitectura de la regla fiscal. Recordó que la reforma de 2021 introdujo límites y anclas de deuda y creó el comité, pero dijo que aún persisten oportunidades de mejora urgentes.

Dentro de los cambios planteados figura ampliar la cobertura del pasivo para incluir obligaciones que hoy no son explícitas. Ramírez mencionó también:

• Traslados pensionales.
• Títulos de devolución de impuestos (Tidis).
• Vigencias futuras obligadas.

Asimismo, el Comité propuso endogenizar el parámetro del balance primario. La idea es enlazarlo con choques macroeconómicos, climáticos y sociales, en lugar de mantenerlo estático pese a los cambios en la relación entre tasas de interés y crecimiento económico. A eso se suma la propuesta de fijar por ley mecanismos y magnitudes de corrección automáticas cuando se incumplan las metas. Según el Carf, ese paso ayudaría a evitar que la discrecionalidad debilite el ancla fiscal.

Ramírez expuso esa visión con una analogía: “Una analogía con la historia de Ulises frente al canto de las sirenas: Ulises, el Gobierno, debe atarse al mástil, que es adoptar una Regla Fiscal, con el fin de mantener el rumbo de ese barco, es decir, para preservar la sostenibilidad fiscal ante el atractivo político”.

Bajo esa lógica, el comité trazó cinco pilares para el próximo gobierno:

• Marco creíble sin sesgos optimistas en el recaudo.
• Ajuste progresivo con acciones prontas.
• Racionalización del gasto sin depender solo de impuestos.
• Crecimiento económico por encima del 3%.
• Protección a los hogares vulnerables.

Para el organismo, encauzar las cuentas públicas exige reglas más firmes frente a la presión de las decisiones de corto plazo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que el programa financiero anunciado esta semana por el equipo económico para afrontar los abultados vencimientos en moneda extranjera del Tesoro aumentará la confianza del mercado. Además, apoyó los cambios de la Carta Orgánica del BCRA que prepara el Gobierno, los cuales, a criterio del organismo, tienen como fin último la baja de la inflación.

Julie Kozack, vocera del FMI, en conferencia de prensa, celebró la publicación del plan financiero y aseguró: “Una mayor transparencia y previsibilidad en torno al financiamiento del sector público y a la acumulación de reservas contribuirán a fortalecer la confianza de los mercados”. En ese sentido, destacó la disminución del riesgo país tras la presentación.

“Consideramos que esta estrategia de financiamiento respalda los esfuerzos de Argentina por recuperar de manera duradera el acceso a los mercados internacionales”, enfatizó y agregó: “Mantener flexibilidad respecto del momento y las modalidades del reingreso contribuirá a reforzar la credibilidad de Argentina”.

Según el secretario de Finanzas, Federico Furiase, las necesidades para lo que resta de 2026 ascienden a USD 19.200 millones, mientras que las fuentes de financiamiento suman USD 22.900 millones. Para 2027, se requieren USD 24.900 millones y se cuenta con esa misma cifra, partiendo del saldo de USD 3.700 millones que dejaría este año.

El esquema no contempla la vuelta a los mercados internacionales. “Es una opción, no un objetivo”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo. “La tasa a la que se financia el país hace mucha diferencia“, resaltó, ya que, incluso con la baja del riesgo país, seguiría siendo elevada.

Sobre la intención de reformar la Carta Orgánica del BCRA, Kozack respaldó la decisión y señaló que “fortalecerá las salvaguardas institucionales que protegen la independencia de su política, permitirá aclarar su mandato, mejorará la rendición de cuentas y la transparencia, y reducirá las vulnerabilidades asociadas a lo que llamamos dominancia fiscal, que es, esencialmente, una situación en la que el Banco Central financia al Gobierno”.

“Todos estos esfuerzos están orientados a respaldar una reducción sostenida de la inflación, que constituye una prioridad central”, puntualizó la portavoz.

La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina los días 28 y 29 de julio por invitación del presidente Javier Milei. El anuncio fue realizado por Caputo, quien destacó el “excelente” diálogo entre el Gobierno y la entidad, y consideró que el encuentro se produce “en el marco del exitoso programa económico en curso”.

Caputo dijo que la llegada de Georgieva “permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento”.

Kozack confirmó la reunión y contó que la directora mantendrá diálogo también con actores del sector privado. “La visita refleja nuestro compromiso estrecho y constructivo con Argentina y brindará una oportunidad para intercambiar opiniones sobre los avances, los desafíos y las oportunidades del país”.

“Todas las visitas que realiza Georgieva a los países miembros son una excelente oportunidad para escuchar de primera mano las opiniones de la gente y de sus distintos interlocutores”, añadió, aclarando que la fecha elegida se relaciona con cuestiones de agenda.

Más allá de los elogios recibidos en varias ocasiones por las compras de divisas del BCRA, que ya superaron los USD 11.000 millones en lo que va del año, el staff report difundido luego de la segunda revisión del acuerdo en mayo pasado delineó los próximos pasos a seguir.

El organismo pidió una “flexibilidad cambiaria continua para reconstruir decisivamente las reservas externas y fortalecer la capacidad de Argentina para gestionar crisis”. También instó a acelerar la adquisición de divisas con el objetivo de superar la meta de reservas netas, establecida en USD 8.000 millones.

Y subrayó: “Dadas las vulnerabilidades que aún persisten, los directores alentaron a las autoridades a implementar un paquete de políticas equilibrado que respalde la desinflación, al tiempo que fortalezca la estabilidad externa y sostenga el crecimiento, incluyendo la garantía de un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales”, con el objetivo de refinanciar los vencimientos de deuda y reducir gradualmente la exposición al propio organismo.

Por otro lado, apuntó: “Los avances en la desregulación de la economía y la adopción de legislación reformista en los ámbitos fiscal, comercial y laboral han sido impresionantes. Deben continuar los esfuerzos por crear una economía más competitiva y abierta, incluso mejorando la previsibilidad de los marcos tributarios y regulatorios, para liberar el potencial de los sectores estratégicos de Argentina en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento”.

Cabe mencionar que, en su último World Economic Outlook (WEO), el Fondo mantuvo sin cambios su pronóstico de crecimiento para la Argentina, con una expansión de 3,5% en 2026 y 4% en 2027.

“Argentina es un exportador neto de energía, y eso ha contribuido a sostener la economía frente al impacto del conflicto en Medio Oriente”, explicó Kozack.

En materia tributaria, el FMI había planteado la necesidad de avanzar con una reforma que incluya cambios en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el monotributo y Ganancias, además de una evaluación de los gastos tributarios.

Otro punto destacado fue el pedido de una reforma previsional integral orientada a generar mayores incentivos a los aportes, mejorar la equidad entre los trabajadores y garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. El reporte detalló que el Ejecutivo se comprometió a lanzarla a fines de 2027.

En otro orden, la entidad afirmó que el equipo económico sostendrá el equilibrio fiscal mediante “mayores reducciones en los subsidios a la energía, una mejor focalización de las transferencias sociales y la contención del gasto discrecional para contrarrestar el impacto de las iniciativas de gasto del Congreso”.

Adicionalmente, resaltó la importancia de actualizar la metodología utilizada para medir la inflación, a fin de que resulte más representativa de la canasta de consumo actual.

De acuerdo con el WEO, se prevé que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) siga desacelerando y cierre el año en torno al 25%. Según sus proyecciones, recién se ubicará en un dígito en 2028.

Durante los primeros meses de 2026, el crecimiento de la mora bancaria en créditos al consumo y tarjetas motivó que varias provincias y bancos públicos pusieran en marcha programas para asistir a las familias más golpeadas por el endeudamiento. Estas políticas procuran facilitar la regularización de compromisos a través de refinanciaciones con tasas subsidiadas, plazos más amplios y diferentes esquemas de consolidación de deudas.

La última jurisdicción en implementar una medida de este tipo fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En junio, la Legislatura porteña sancionó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, una iniciativa para refinanciar deudas bancarias en mora relacionadas con préstamos personales y tarjetas de crédito.

Los préstamos que se otorgan mediante este plan solo pueden destinarse a cancelar compromisos con el Banco Ciudad o con cualquier “entidad bancaria regulada por el BCRA”. Quedan excluidas las deudas con billeteras virtuales o entidades fuera del control bancario, una limitación relevante ante el aumento de la morosidad en ese segmento.

Las líneas de refinanciación establecen una tasa nominal anual fija máxima del 35% y un plazo de devolución de al menos 24 cuotas mensuales. Estos son los requisitos mínimos, por lo que cada entidad financiera puede ofrecer condiciones más ventajosas.

Una vez que la ley entre en vigencia, habrá un período de 60 días para solicitar estos créditos. Para acceder, se deberán cumplir simultáneamente los siguientes cinco requisitos:

• Registrar deudas originadas en tarjetas de crédito y/o préstamos personales otorgados exclusivamente por entidades financieras.
• Estar calificado en la Central de Deudores del Banco Central en Situación 2 (deudas con atraso entre 60 y 90 días) o en Situación 3 (deudas con atraso entre 90 y 180 días) al 1° de junio de 2026.
• Contar con ingresos mensuales del grupo familiar inferiores a diez (10) salarios mínimos, hoy equivalentes a 3.678.000 pesos.
• Demostrar que las cuotas impagas representan más del 30% del ingreso mensual del hogar.
• Tener domicilio real en CABA con una residencia mínima de dos años.

En la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia lanzó “Ponete al día”, un programa de refinanciación destinado a personas con deudas en mora hasta el 31 de mayo. La iniciativa busca brindar un alivio financiero y facilitar la regularización de compromisos a través de una reducción de tasas, extensión de plazos y condiciones más flexibles.

El esquema incorpora una disminución en los intereses y la opción de extender los plazos de pago hasta 72 meses. Las alternativas se ajustan según el perfil y la situación crediticia de cada usuario.

“Ponete al día” establece dos categorías de mora: temprana y avanzada. En el caso de mora temprana, que abarca atrasos de hasta 90 días, quienes perciban haberes, jubilaciones o pensiones en el Banco Provincia pueden acceder a una tasa anual del 50 por ciento. Para quienes perciben ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos ($1.470.000), la tasa baja al 39% anual. En este grupo, la cuota mensual estimada por cada $1.000.000 de deuda, a 72 meses, es de 36.110 pesos.

En situación de mora avanzada, es decir, con atrasos superiores a los 90 días, se ofrece una tasa especial del 31% anual para personas consideradas sobreendeudadas, es decir, aquellas cuya carga financiera supera el 50% de sus ingresos bajo una tasa convencional. Para este segmento, la cuota mensual por cada $1.000.000 de deuda, también a 72 meses, se ubica en 30.732 pesos.

A su vez, se contempla una tasa diferenciada del 32,5% anual para trabajadores del sector público que perciben sueldos o beneficios previsionales en el banco y presentan mora avanzada.

Hacia fines de abril, Santa Fe puso en marcha el Plan de Protección de los Ingresos, destinado a empleados públicos y privados, autónomos y jubilados que enfrentan descuentos en sus haberes por créditos impagos.

“En la provincia, el 33% de los empleados estatales registra descuentos por créditos en sus recibos de haberes; de ese total, unos 12.000 superan el umbral del 25% de afectación salarial. A ellos se suman 7.000 jubilados y cerca de 60.000 trabajadores privados y autónomos en situación similar”, indicaron desde el gobierno de Maximiliano Pullaro.

Por su parte, Corrientes activó el programa “Corrientes Sostiene”, una política pública que destina más de $130.000 millones a familias endeudadas con tarjetas. El mecanismo permite refinanciar estas deudas en 6 o 12 cuotas fijas, con una reducción de 29 puntos porcentuales respecto a las condiciones habituales. El universo de beneficiarios se estima en aproximadamente 89.000 personas.

En Misiones, la gestión de Hugo Passalaqua amplió un acuerdo con el Banco Macro para ofrecer condiciones especiales de refinanciación en tarjetas y préstamos. Las tasas se encuentran bonificadas y el beneficio está pensado para empleados públicos, municipales, jubilados y pensionados en situación de mora.

En Córdoba, el Banco de Córdoba (Bancor) presentó una propuesta que permite a sus clientes, tanto del sector público como privado que cobren sus salarios en la entidad, unificar todas sus deudas en un solo pago mensual. El programa prevé tasas anuales entre el 45% y el 70%, según el plazo seleccionado, que puede llegar hasta 60 meses.

El gobierno de Salta se anunció un plan para la reestruturación de deudas de empleados públicos provinciales y municipales. A través del Banco Macro, agente financiero provincial, se ofrecen tasas especiales para quienes tengan entre 30 y 89 días de mora y también para quienes superen ese plazo de atraso. La medida está disponible tanto para los que cobren su salario en la entidad como para quienes no lo hacen.

Una medida similar se lanzó en Jujuy, donde Macro también es agente financiero. El plan de refinanciación de deudas en mora está dirigido a los clientes del Plan Sueldo Público, provincial o municipal. El beneficio consiste en la reducción de los intereses. Para quienes tengan retrasos en los pagos menores a 30 días, se prevé una quita de 7 puntos porcentuales sobre la tasa de referencia. En el caso de mora entre 31 y 90 días, la quita será de hasta 6 puntos porcentuales.

El plan del Banco Nación

A nivel nacional, el Banco Nación sumó a fines de junio una nueva opción para refinanciar deudas de consumo en mora. Esta herramienta está disponible para empleados, jubilados y microempresas.

Bajo el “Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad”, la propuesta amplía las alternativas para ordenar compromisos vencidos, facilita la recuperación de la capacidad de pago y busca sostener el cumplimiento de obligaciones a largo plazo.

La nueva línea permite refinanciar deudas en pesos o en UVA (actualizadas por CER) y está orientada a dos grupos principales:

• Personas en actividad laboral, jubilados o pensionados que cobren haberes a través del Banco Nación.
• Autónomos, monotributistas y quienes no perciban ingresos en la entidad.

También pueden incluirse deudores monoproducto bajo las normativas para Microempresas/Emprendedores, cuando correspondan a cartera de consumo.

Entre las condiciones principales, la línea ofrece un plazo de hasta 120 meses y amortización mensual mediante sistema francés.

La tasa de interés varía según el perfil del cliente: quienes reciban haberes por el Banco Nación accederán a una tasa nominal anual fija del 12%, mientras que para el resto la tasa será del 14%. “Para mantener la tasa preferencial, el interesado deberá conservar el cobro de sus haberes en la entidad durante toda la vigencia del préstamo”, aclaró la comunicación oficial.

Además, quienes ya cobran en la entidad pueden optar por un tope de cuota vinculado al Coeficiente de Variación Salarial (CVS), mediante la contratación de una prima. Así, si la cuota en UVA supera la evolución del CVS, se aplicará el tope correspondiente a ese índice.

Esta propuesta se suma a las alternativas de unificación de deudas lanzadas en mayo para personas humanas con cuotas vencidas e impagas en el BNA. Las opciones presentadas previamente para regularizar compromisos son:

• Consolidación de deudas: dirigida a quienes cobran ingresos en el Banco Nación, permite unificar deudas en la entidad y en otras instituciones, facilitando la administración y el pago. Ofrece tasa fija, plazo máximo de 72 meses, una TNA del 65% y montos de hasta $100 millones.
• Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito: disponible para usuarios con hasta 90 días de atraso en tarjetas emitidas por el banco, permite reprogramar deudas de hasta $10 millones, a un plazo máximo de 60 meses y con una TNA del 35%. La modalidad permite continuar usando la tarjeta, comenzar el pago en cuotas desde el siguiente resumen y ajustes temporales en los límites. Para atrasos superiores a 90 días, el banco habilita financiamiento en plazos de hasta 96 meses, sujeto a evaluación y condiciones establecidas.
• Evaluación personalizada: cada solicitud es analizada de manera individual por equipos especializados, considerando el perfil del solicitante, su situación financiera y las características de las deudas a reestructurar. Este enfoque permite ofrecer alternativas adaptadas a cada caso y promueve una gestión responsable de los compromisos financieros.

En el programa financiero de 2026-2027, las privatizaciones juegan un rol importante. El ministro de Economía, Luis Caputo, busca captar ingresos por más de USD 2.000 millones por esta vía hasta el final del mandato de Javier Milei. ¿El objetivo? Afrontar los vencimientos en moneda extranjera.

La hoja de ruta oficial presentada por Caputo incluye entradas de flujos por la venta de activos estatales en los meses que restan del 2026, pero el mayor grueso se daría el próximo año. “Las privatizaciones, alguna ya se ha materializado, como el caso de Transener, tenemos alguna otra que probablemente se va a materializar este año, como es el caso de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA)“, sostuvo el titular de la cartera económica en la conferencia.

También señaló que la privatización de las termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano podría concretarse antes de fin de año. “Conservadoramente hemos puesto que se dé el año que viene, pero tenemos la expectativa de que se materialice antes”, detalló el funcionario nacional.

El proceso de desprendimiento de AySA es el que registra mayor avance, aunque la llegada de los dólares se prevé recién para octubre. Por su parte, las mencionadas centrales térmicas se encuentran en la etapa de preparación de documentos para iniciar las licitaciones.

El programa financiero prevé ingresos por privatizaciones de USD 800 millones en 2026 y USD 1.500 millones en 2027, lo que totaliza 2.300 millones de dólares. No obstante, los dólares correspondientes a estas operaciones ingresarían a la cuenta del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recién hacia fines de este año, según indicaron a Infobae fuentes vinculadas a la operación.

AySA: próxima apertura de sobres

Caputo también afirmó que los dólares que ingresarían este año por privatizaciones corresponderían a AySA y, posiblemente, a las termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano. Sin embargo, los procesos de transferencia al sector privado no avanzan al mismo ritmo.

La venta de AySA avanza con definiciones precisas y fechas estipuladas divididas en dos etapas. Fuentes al tanto de la operación explicaron a Infobae que el proceso contempla dos etapas: el 27 de agosto es la apertura de los sobres técnica y en mediados de septiembre las ofertas económico.

“El pago se estaría recibiendo a mediados de octubre y luego de eso es la firma de contrato determinada por la resolución de adjudicación”, comentaron a este medio. Es que, según explicaron, la primera instancia involucra la evaluación técnica, donde los interesados deben acreditar capacidad financiera y experiencia comprobada. Solo quienes cumplen esos requisitos pueden acceder a la apertura de las ofertas económicas.

La presentación de propuestas exige que los interesados entreguen ambos sobres —el técnico y el monetario— antes de la apertura del primero. “La etapa 1 comprende la oferta técnica, se evalúan esas ofertas y quienes cumplen con esos criterios técnicos pasan a la apertura de la oferta económica. Si bien la apertura es en dos instancias distintas, la presentación de ambos sobres debe ser con carácter previo a la apertura del sobre 1”, especificaron fuentes con conocimiento en el tema.

El procedimiento requiere que los oferentes presenten la documentación técnica y la propuesta monetaria en simultáneo. “Ahora tiene que presentar las ofertas, el sobre técnico en donde tiene que cumplir con las condiciones de capacidad financiera, la experiencia y, aparte, el sobre respecto a la oferta monetaria. Una vez que se abre, el mejor precio es el que gana y a partir de ahí comienza el proceso de adjudicación. Hasta el 27 de agosto no hay novedades a no ser que alguno pida prórroga”, precisaron a Infobae. En caso de que ello suceda, el proceso podría prolongarse y con ello el ingreso de los dólares.

Mientras tanto, otras privatizaciones incluidas en el plan del Gobierno avanzan en distintas fases administrativas. Fuentes vinculadas a las operaciones de privatización sostuvieron que, en el caso de las termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano, está en fase de preparación de documentos para lanzar las licitaciones en los próximos meses.

Mayor dependencia otras fuentes

El hecho de que el ingreso de dólares por AySA, la empresa pública con el proceso de privatización más avanzado, se concrete recién en octubre revela la dependencia que tendrá el ministro Caputo de otros mecanismos de financiamiento para afrontar los vencimientos en moneda extranjera del Tesoro, que este año alcanzan los 19.200 millones de dólares.

El plan de privatizaciones se alinea con la estrategia de financiamiento externo del Gobierno, en un contexto en el que los vencimientos de deuda en moneda extranjera requieren generar nuevas fuentes de ingresos.

El banco JP Morgan dio su visión sobre el programa financiero presentado por el equipo económico y sostuvo que algunos puntos pueden verse sometidos a “estrés” si se da un escenario de escasa ventaja electoral para el Gobierno.

Vale recordar que las necesidades para lo que resta de 2026 llegan a USD 19.200 millones, mientras que las fuentes de financiamiento obtenidas suman USD 22.900 millones. Con aproximadamente la mitad del año ya transcurrida, el excedente alcanzaría los 3.700 millones de dólares.

“Los supuestos para el resto de 2026 lucen factibles y, en términos generales, alineados con nuestro escenario base”, consideró JP Morgan en su último reporte a clientes.

El Tesoro proyecta compras de dólares al BCRA por USD 6.700 millones durante 2026 (ya ejecutadas en lo que va del año), la obtención de USD 4.000 millones en préstamos garantizados por organismos multilaterales y canalizados a través de bancos internacionales, la renovación total de los vencimientos de capital con organismos financieros internacionales y el ingreso de USD 800 millones por privatizaciones.

En el frente de mercado, el programa también contempla la emisión adicional de USD 2.000 millones en bonos Bonar denominados en dólares bajo ley local (AO29), además de los USD 4.000 millones ya obtenidos mediante las emisiones de los AO27 y AO28.

JP Morgan resaltó: “El excedente proyectado de USD 3.700 millones en 2026 proporciona un colchón frente a las importantes necesidades de financiamiento estimadas para 2027, por USD 24.900 millones".

Ahora bien, durante el próximo año el Tesoro deberá afrontar vencimientos de capital por USD 15.700 millones, de los cuales USD 8.500 millones corresponden a deuda con el mercado, a lo que se suman pagos de intereses por USD 9.200 millones.

Del lado del financiamiento, el programa presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, incluye:

1. USD 5.000 millones en emisiones de Bonar, lo que implica una renovación del 100% de las amortizaciones de capital de esos bonos
2. USD 4.200 millones de financiamiento multilateral (excluido el FMI), lo que supone refinanciar la totalidad del capital y cerca del 70% de los intereses
3. USD 1.500 millones adicionales provenientes de privatizaciones.
4. USD 2.000 millones de “otras” fuentes de financiamiento, identificadas durante la conferencia de prensa como préstamos bilaterales

En ese marco, JP Morgan indicó: “Consideramos que estos supuestos son consistentes con un escenario en el que el presidente Milei mantiene una sólida ventaja competitiva sobre el candidato opositor a lo largo del ciclo electoral”.

“En un escenario electoral más polarizado, sometemos a estrés los principales supuestos del programa, reduciendo la emisión de Bonar a USD 2.500 millones, las privatizaciones a USD 1.000 millones y el financiamiento de organismos multilaterales (excluido el FMI) a USD 3.500 millones", precisó el banco de inversión.

De este modo, y sin otras alternativas de financiamiento, la brecha restante probablemente debería cubrirse mediante mayores compras de dólares del Tesoro al BCRA, que ascenderían a USD 10.700 millones, frente a los USD 4.900 millones contemplados en el escenario base del Gobierno.

En este punto, la entidad hizo dos consideraciones. Por un lado, aclaró que su escenario de estrés no contempla la eventual materialización de pasivos contingentes, como una sentencia definitiva sobre el cupón atado al PBI denominado en euros, cuyo monto asciende a aproximadamente EUR 1.300 millones más intereses.

Por otro lado, señaló que, si bien no forman parte de las necesidades de financiamiento del Tesoro, el BCRA deberá hacer frente en 2027 a vencimientos de deuda correspondientes a los bonos Bopreal por hasta USD 5.300 millones, pagos que probablemente deberán ser atendidos con reservas internacionales.

“Esto refuerza la importancia de seguir ampliando el conjunto de herramientas de financiamiento —tal como las autoridades vienen haciendo de manera proactiva— y, al mismo tiempo, mantener un ritmo sostenido de acumulación de reservas para ayudar a mitigar la volatilidad propia de un año electoral", afirmó el gigante de Wall Street.

“En términos generales, 2026 ofrece cierto margen de maniobra y los avances macroeconómicos han sido significativos, aunque aún queda trabajo por hacer para fortalecer la antifragilidad de la economía de cara a 2027″, concluyó.

Si bien el plan es valorado en la City porteña, existen dudas sobre la capacidad del mercado local para absorber las emisiones previstas, especialmente los USD 5.000 millones en bonos locales en 2027. Expertos señalan que la demanda dependerá del clima político y económico, considerando un escenario electoral incierto y crecimiento de la compra de dólar ahorro.

El Banco Nación volvió a salir al mercado de capitales local para colocar deuda, en el marco de la estrategia que la entidad viene desplegando este año para diversificar sus fuentes de financiamiento. La operación se suma a una serie de emisiones que la entidad pública inició meses atrás y que continúa ejecutando de manera escalonada.

La entidad bancaria cerró este miércoles su segunda emisión de Títulos de Deuda en el mercado de capitales doméstico, con un monto total equivalente a 270 millones de dólares. La colocación correspondió a las Clases 4, 5 y 6, destinadas a obtener fondos para sostener el liderazgo del banco en el otorgamiento de préstamos al sector privado argentino.

El objetivo inicial del Banco Nación era obtener el equivalente a USD 150 millones, cifra que terminó siendo ampliamente superada. Según indicó la entidad, con el monto, las tasas y los plazos obtenidos podrá seguir protagonizando el financiamiento a las familias y a las pymes del país.

Las condiciones de cada clase

Cada una de las tres clases colocadas tuvo condiciones diferenciadas según la moneda y el instrumento. La Clase 4, en pesos, pagará una tasa de TAMAR más 3,25 por ciento. La Clase 5, en dólares MEP, ofreció una tasa del 6%, mientras que la Clase 6, en UVA, quedó con una tasa del 6,5 por ciento.

De esta manera, el banco combinó nuevamente instrumentos en las tres monedas y referencias que había utilizado en la última colocación. Con esta operación, la entidad continúa ejecutando su programa global de emisiones por hasta USD 1.500 millones y profundiza su estrategia de diversificación de fuentes de fondeo.

Sobre el resultado de la colocación, el Banco Nación remarcó que fortalece su capacidad para acompañar el crecimiento de la economía real mediante instrumentos transparentes y competitivos en el mercado de capitales. “De esta manera, el mercado demostró nuevamente su confianza en la gestión profesional del Banco”, señaló la entidad en su comunicado.

La primera colocación se había realizado en mayo

Esta segunda emisión se da apenas dos meses después de que el Banco Nación realizara su primera colocación de este tipo en más de tres décadas. En aquella oportunidad, la entidad había obtenido el equivalente a USD 370 millones a través de las Clases 1, 2 y 3, también en pesos, dólares y UVA.

En ese primer tramo, la Clase 1 en pesos había pagado TAMAR más 4,25 por ciento, la Clase 2 en dólares MEP había ofrecido 5,50 por ciento y la Clase 3 en UVA, destinada a financiar la línea de hipotecas del banco, había quedado con una tasa de 5,25 por ciento.

El financiamiento al sector privado

Ahora bien, el destino declarado de los fondos obtenidos en esta nueva emisión se vincula con el desempeño que el Banco Nación viene mostrando en el otorgamiento de créditos al sector privado. Según un informe de la propia entidad correspondiente al primer cuatrimestre de 2026, el banco alcanzó una participación del 20,3 por ciento en el mercado de préstamos al sector privado en pesos, con una suba de 2,1 puntos porcentuales respecto de diciembre de 2025.

Los créditos otorgados en dólares por la entidad registraron en ese período un incremento del 19,4%, mientras que la cartera total creció un 6,8 por ciento en términos reales. El mismo informe señaló que el ratio de irregularidad del Banco Nación se mantuvo por debajo del promedio del mercado.

En el primer cuatrimestre del año, el sistema financiero total incrementó los préstamos al sector privado en pesos en 5,2 billones, de los cuales el Banco Nación aportó 3,2 billones, equivalente al 61 por ciento del total. Sobre este contexto, la entidad había señalado que, en el marco de la normalización macroeconómica en curso, con la inflación retomando una senda descendente y las tasas convergiendo hacia niveles de mayor estabilidad, el costo del financiamiento cedió de manera sostenida, lo que abrió el acceso al crédito a un universo más amplio de empresas y familias.

Tras tocar un récord en la era Milei, las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) experimentaron una caída intradiaria de más de USD 800 millones por el pago de un vencimiento de deuda clave.

Según datos oficiales del BCRA, el stock cerró el miércoles en USD 48.722 millones, lo que implica una contracción de USD 814 millones en el día. Este retroceso responde a la salida de divisas por USD 2.500 millones en concepto de pago de los bonos Globales. En simultáneo, se dio una baja de cotizaciones de activos claves que integran las reservas, como el oro, lo que potenció la baja.

Luego de llegar a USD 49.536 millones, el mayor nivel desde septiembre de 2019, el martes por el ingreso de los créditos garantizados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es posible que las tenencias internacionales de la autoridad monetaria vuelvan a reducirse por el pago de los Bonares, los títulos que se emitieron bajo ley local. En total, sumando Bonares y Globales, los vencimientos ascienden a 4.300 millones de dólares.

El Gobierno oficializó este miércoles préstamos por USD 3.200 millones respaldados por garantías del BID, tal como había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, antes del pago a los bonistas. Aunque el riesgo país disminuyó, desde la Secretaría de Finanzas remarcaron que no se trata de un endeudamiento adicional, sino de una refinanciación con condiciones más ventajosas frente a una emisión en los mercados internacionales.

A través del Boletín Oficial, se informó la aprobación de un crédito por USD 2.000 millones otorgado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. y el Banco Santander S.A., ambos con sede en Nueva York, con garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Además, se concretó un segundo préstamo por USD 1.200 millones con Deutsche Bank AG, sucursal de Londres, parcialmente avalado por el BID mediante una garantía de 550 millones de dólares.

Desde el Ministerio de Economía señalaron a Infobae que el Deutsche Bank otorgó USD 1.200 millones a la Argentina y acordó una garantía de USD 550 millones con el BID. “El préstamo es de los bancos y ellos tienen esas garantías”, detallaron. Así, los bancos internacionales aportaron los fondos y los organismos multilaterales respaldaron la operación para su concreción.

Siguen las compras

En paralelo, el Banco Central hilvanó 124 jornadas consecutivas con compras dentro y fuera del mercado cambiario. Este miércoles, adquirió otros USD 34 millones y suma USD 11.455 millones en lo que va de 2026.

Dicho de otra forma, la entidad conducida por Santiago Bausili compró dólares todos los días del año salvo el 2 de enero, cuando se registró un saldo neutro. La mayor adquisición diaria ocurrió el 10 de abril, con 457 millones de dólares.

Las proyecciones oficiales para 2026 estimaban que el saldo neto comprador oscilaría entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, dependiendo del ingreso de divisas y la demanda de pesos. Bausili subrayó que estos elementos serán clave para cumplir los objetivos previstos.

En junio, la autoridad monetaria redujo su intervención para evitar una mayor presión sobre el dólar. Ese mes se incrementó la demanda de la divisa, lo que provocó un aumento superior al 5% en su cotización, superando el ritmo de la inflación por primera vez desde octubre de 2025.

Durante ese período, las compras sumaron USD 1.418 millones, cifra inferior a los USD 2.596 millones de mayo y el segundo registro más bajo del año, solo por encima de enero. En los primeros cinco días hábiles de julio, el Central adquirió 290 millones de dólares.

Pese a la menor velocidad de acumulación, la entidad ya alcanzó la meta anual de reservas. En los primeros meses de 2026, el crecimiento de las reservas netas estuvo condicionado por las necesidades financieras del Tesoro. Para mantener su intervención, el Banco Central emitió pesos sin esterilizar y el Tesoro apeló a financiamiento local para limitar el impacto sobre el tipo de cambio y la inflación.

El flujo de dólares provenientes de exportaciones agropecuarias y energéticas, junto con la emisión de deuda externa por parte de empresas y provincias, permitió al Banco Central contar con mayor margen de maniobra.

Carsa, la empresa chaqueña propietaria de la cadena de retail Musimundo, solicitó la apertura de su concurso preventivo. La presentación fue comunicada formalmente mediante una carta que la propia compañía envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. No es la primera vez que la compañía recurre a la Justicia para reordenar sus cuentas: en junio de 2018 la firma recurrió a esta figura, con una deuda declarada entonces de $900 millones.

De acuerdo con el central de deudores del Banco Central, al cierre de mayo de 2026, Carsa acumulaba pasivos bancarios por unos $3.060 millones. El Banco de la Nación Argentina encabeza la lista con una exposición de $1.549 millones. El Nuevo Banco del Chaco registra otros $300 millones. El resto de los acreedores suman montos menores. Se estima que la decisión no responde a un default bancario inmediato, sino a una estrategia para reordenar el pasivo total de la empresa.

Carsa retiene hoy algo más de 50 locales bajo la marca Musimundo, distribuidos mayoritariamente en el norte del país, aunque las mismas fuentes señalan que se trata de plazas con escasa rentabilidad. El avance del comercio electrónico en el segmento de retail de electrodomésticos y tecnología erosionó progresivamente el negocio de las cadenas físicas, y en el último período Musimundo había anunciado el cierre de cinco sucursales.

La decisión llega en un momento de fuerte competencia entre los canales tradicionales y el comercio electrónico. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante 2025 el universo de compradores online en la Argentina alcanzó los 25 millones de personas y el sector facturó $34 billones, equivalente al 6% del consumo privado. En tanto, la vacancia de locales comerciales en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó su nivel más alto en cuatro años: entre enero y abril de 2026 se registraron 1.291 locales sin actividad, con una tasa de desocupación del 10%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba).

Según comentaron fuentes con conocimiento del proceso a Infobae, en las semanas previas a la presentación se negociaba una posible venta de Musimundo a los dueños de On City, la cadena surgida del rebranding de los locales que operaba Electrónica Megatone tras la ruptura de la alianza que ambas empresas mantenían.

Los orígenes de Musimundo

La historia de la empresa es inseparable de la de la Red Megatone, la alianza que integraron desde fines de los años 80 Bazar Avenida, Carsa y Electrónica Megatone. En 2011, Carsa y Electrónica Megatone adquirieron la marca Musimundo al grupo Pegasus por unos USD 15 millones, con el objetivo de unificar su red de locales bajo un nombre de mayor reconocimiento en el mercado nacional.

Ya para 2019, Electrónica Megatone había absorbido 37 locales que la chaqueña operaba bajo la marca Musimundo —en un acuerdo que involucró a 335 trabajadores— como parte de un alivio de estructura que le permitiera a Carsa hacer frente a sus obligaciones bancarias. Esa operación redujo en un 43% la red de sucursales que Carsa administraba directamente.

En octubre de 2024, Electrónica Megatone ejecutó un proceso de rebranding y rebautizó cerca de 200 sucursales con la nueva identidad comercial, mientras que unas 70 continuaron operando bajo el nombre Musimundo, ya exclusivamente en manos de Carsa.

La responsable de relaciones con el Mercado de Carsa, María Elisa Domínguez, firmó la comunicación enviada a la CNV en la que se informó que “oportunamente se informará sobre cualquier hecho o circunstancia relevante” que derive del proceso concursal.

El pago mensual promedio de un auto nuevo en Estados Unidos llegó a USD 770 en el primer trimestre de 2026, un alza de 2,9% interanual.

En ese período, la deuda pendiente por préstamos para automóviles sumó USD 1,685 billones, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Esa cifra representó un aumento del 57,3% frente a los USD 1,071 billones registrados en el mismo período pero de 2016.

Según Fox Business, los pagos por leasing de vehículos nuevos subieron 3,2% en un año hasta un promedio de USD 619. En los autos usados, el pago mensual promedio alcanzó USD 531, con una suba interanual de 1,5%.

Qué pasa con las cuotas según el perfil crediticio

El informe de LendingTree, elaborado con datos de Experian para el primer trimestre de 2026, mostró que los prestatarios no preferenciales, con puntajes de crédito entre 601 y 660, afrontaron los pagos mensuales más altos para vehículos nuevos: USD 811. Detrás quedaron los prestatarios de alto riesgo, con puntajes entre 501 y 600, que pagaron USD 792.

En el otro extremo, los prestatarios de perfil superpreferencial, con puntajes entre 781 y 850, registraron la cuota mensual más baja para un vehículo nuevo, con USD 753.

El dato mostró que la carga mensual no dependió solo de la tasa o del perfil crediticio, sino también del tipo de vehículo y del monto financiado.

Los préstamos promedio para autos nuevos fueron de USD 43.925 en el primer trimestre, mientras que en los usados se ubicaron en USD 27.070, de acuerdo con Experian.

En comparación con el trimestre anterior, el promedio para vehículos nuevos había sido de USD 43.582 y el de usados, de USD 27.528.

Los compradores con crédito preferencial, con puntajes entre 661 y 780, tomaron los préstamos más altos para vehículos nuevos, con un promedio de USD 46.244.

Entre los compradores de autos usados, el mayor monto promedio correspondió a los prestatarios superpreferenciales, con USD 29.599.

El peso de la deuda por autos entre los consumidores

Los préstamos para automóviles representaron el 9% de la deuda total de los consumidores en Estados Unidos, mientras que las hipotecas concentraron el 70,2%, según la Reserva Federal de Nueva York.

Los créditos para vehículos ya se ubicaron como la segunda mayor categoría de deuda del consumidor, apenas por encima de los USD 1,658 billones en deuda estudiantil.

La publicación señaló que el crecimiento de los saldos también respondió al nivel de precios de los vehículos. Los datos más recientes del índice de precios al consumidor difundidos por la Oficina de Estadísticas Laborales mostraron en mayo una suba interanual de 0,2% en los precios de los autos nuevos, mientras que los autos y camiones usados bajaron 2%.

El ritmo de las nuevas originaciones

El volumen de nuevas originaciones de préstamos para automóviles fue de USD 182.100 millones en el primer trimestre de 2026.

El registro quedó apenas por encima de los USD 180.800 millones del cuarto trimestre de 2025, aunque por debajo del máximo de 2025, cuando en el segundo trimestre se habían originado USD 187.900 millones.

El nivel más alto de originación de préstamos para autos del que tenga registro la Reserva Federal de Nueva York ocurrió en el segundo trimestre de 2021, con USD 201.900 millones. Esa referencia mostró que el mercado siguió activo, aunque lejos de su pico reciente.

Qué grupos etarios tomaron más préstamos

Por edades, los estadounidenses de entre 30 y 39 años originaron USD 38.600 millones en préstamos para autos durante el primer trimestre, y los de entre 40 y 49 años sumaron USD 40.000 millones.

Ambos grupos superaron por poco a los prestatarios de entre 50 y 59 años, que originaron USD 38.300 millones.

Los consumidores de entre 18 y 29 años tomaron USD 25.300 millones en préstamos para automóviles en ese período. Los estadounidenses de entre 60 y 69 años registraron exactamente el mismo monto, según los datos citados por Fox Business.

A horas de un vencimiento de deuda clave, las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) superaron los USD 49.000 millones y tocaron su nivel máximo en casi nueve años. Al mismo tiempo, la autoridad monetaria adquirió USD 25 millones en el mercado cambiario.

El stock del BCRA ascendió a USD 49.536 millones, el nivel más alto de la gestión de Javier Milei, tras experimentar un aumento de más de USD 1.264 millones en un día. Fuentes oficiales confirmaron que el incremento responde al ingreso de parte de los créditos de los fondos garantizados por organismos multilaterales antes del pago de los USD 4.300 millones del 9 de julio.

El anterior registro de las reservas había sido el 28 de mayo, cuando las tenencias en moneda extranjera y otros activos alcanzó los 48.511 millones de dólares. De esta manera, llegó a niveles del 20 de septiembre de 2019 (USD 49.602 millones).

Siguen las compras

Desde la implementación del nuevo régimen monetario en enero, el Banco Central suma 123 jornadas consecutivas con saldo comprador en las que acumuló USD 11.421 millones a través de operaciones en el mercado y en bloque. Solo el 2 de enero se registró un saldo negativo; el resto de los días se concretaron compras de divisas. La mayor adquisición diaria ocurrió el 10 de abril, con 457 millones de dólares.

Las proyecciones oficiales para 2026 preveían un saldo neto comprador de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, según la dinámica del ingreso de divisas y la demanda de pesos. Santiago Bausili, presidente del BCRA, remarcó que el comportamiento de estos factores resultará determinante para alcanzar las metas propuestas.

En junio, la entidad moderó su intervención para evitar mayor presión sobre el tipo de cambio. Durante ese mes, aumentó la demanda de dólares, lo que impulsó una suba de más del 5% en la cotización, superando el índice de inflación por primera vez desde octubre de 2025.

En ese período, las compras totalizaron USD 1.418 millones, por debajo de los USD 2.596 millones de mayo, transformándose en el segundo registro mensual más bajo de 2026, solo por encima de enero. Durante los primeros cinco días hábiles de julio, se sumaron 256 millones de dólares.

A pesar de la desaceleración, el Banco Central ya superó el objetivo anual de acumulación de reservas. En los primeros meses del año, el aumento de las reservas netas estuvo condicionado por las necesidades de financiamiento del Tesoro. Para sostener su nivel de intervención, el BCRA emitió pesos sin esterilización, mientras que el Tesoro recurrió a endeudamiento local como mecanismo para contener el impacto en el tipo de cambio y la inflación.

El ingreso de divisas por exportaciones agropecuarias y energéticas, junto con la colocación de deuda externa por parte de empresas y provincias, amplió el margen de acción del Banco Central.

El dólar, en récord nominal

El dólar mayorista avanzó 5,50 pesos o 0,4% en la jornada, alcanzando los 1.492 pesos. Este valor iguala el récord nominal registrado al cierre del 24 de octubre pasado, durante el desenlace de la corrida cambiaria en las elecciones de medio término de 2025, cuando el Tesoro de Estados Unidos debió intervenir con ventas de divisas en el mercado contado.

A pesar de este nivel, la inflación acumulada en los últimos nueve meses, cercana al 25%, ubica el valor actual del dólar por debajo del de entonces en términos reales.

En el segmento spot del mercado de cambios se operaron USD 432,7 millones, un monto inferior al promedio diario de más de USD 700 millones que se observó en lo que va de julio.

El Banco Central fijó el techo de la banda cambiaria en $1.815,42, situando al dólar mayorista a 323,42 pesos o 21,7% por debajo de ese límite. En julio, el tipo de cambio mayorista suma una suba de diez pesos o 0,7%, y en lo que va de 2026 acumula un alza de 37 pesos o 2,5 por ciento.

En el Banco Nación, el dólar al público aumentó cinco pesos o 0,3%, ubicándose en $1.515 para la venta, el valor más alto desde el 24 de octubre. Así, la cotización minorista corta una racha de cuatro jornadas en $1.510. Por su parte, el dólar blue también se negoció a 1.515 pesos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que, ante el aumento de la mora en el crédito familiar, algunos bancos privados comenzaron a ofrecer refinanciación de deudas a tasas anuales del 25% y plazos extendidos. Según definió el titular del Palacio de Hacienda, la respuesta del sistema financiero ante este fenómeno es “bastante optimista”.

Durante una conferencia de prensa, Caputo explicó: “Hemos hablado por supuesto con los bancos para entender cómo iban a encarar este tema. La respuesta es bastante optimista porque por lo menos están apuntando a refinanciar estas deudas a más largo plazo y a tasas más bajas”. El funcionario relató que, tras una charla en IDEA, tres entidades privadas le informaron que ya estaban refinanciando a quienes presentan problemas de pago con tasas del 25% anual y plazos más extensos. “Esa es una buena noticia”, subrayó.

Consultado sobre la posibilidad de implementar un programa oficial de asistencia para quienes no pueden afrontar sus compromisos, Caputo descartó un salvataje estatal y remarcó que la resolución de la mora queda en manos de cada entidad bancaria. “También está lo del Banco Nación, pero es un problema lógico porque el año pasado hubo una suba fuerte de tasas y los bancos empezaron a actuar de bancos nuevamente. Antes simplemente captaban depósitos y se lo prestaban ya sea al Tesoro o al Banco Central”, puntualizó.

La situación de la morosidad se agravó en los últimos meses. De acuerdo al último relevamiento, el porcentaje de familias que no logró sostener los pagos de sus deudas alcanzó el 12,7% en mayo, el registro más alto en la serie histórica disponible. Los especialistas atribuyen este fenómeno a la combinación de una fuerte suba de tasas de interés durante el año anterior y a la recuperación del rol crediticio de los bancos en el contexto actual.

El avance de la mora impacta directamente en el acceso al crédito. Según datos recientes, casi siete millones de personas ya no reúnen las condiciones para obtener nuevos préstamos bancarios. Esta cifra representa un universo significativo de la población económicamente activa, lo que genera preocupación en el sistema financiero y en los sectores vinculados al consumo.

La estrategia de los bancos privados apunta a contener el deterioro ofreciendo alternativas a quienes acumularon atrasos. Según la información transmitida al Ministerio de Economía, las refinanciaciones proponen períodos de pago más largos y tasas sensiblemente menores a las vigentes en el mercado durante el pico de suba. “El crédito aumentó fuertemente durante estos dos años. Como parte de eso, la mora subió porque las tasas en su momento fueron muy altas”, explicó Caputo.

El jefe del Palacio de Hacienda también insistió en que los bancos deben volver a cumplir su función tradicional de intermediación financiera, evaluando el riesgo de los clientes y prestando a quienes acrediten capacidad de pago. “Los bancos empezaron a trabajar de bancos, nuevamente”, sintetizó el funcionario para describir el proceso por el cual las entidades volvieron a prestar al sector privado después de un periodo en el que concentraron sus operaciones en el financiamiento al sector público.

En este contexto, la oferta de refinanciaciones a tasas del 25% anual se presenta como una salida para evitar que la morosidad continúe en aumento y que más familias queden fuera del sistema de crédito formal. El Ministerio de Economía monitorea los resultados de estas medidas y mantiene el contacto con las entidades para seguir de cerca el comportamiento de la cartera de préstamos y las condiciones para quienes buscan regularizar su situación.

La decisión de no avanzar con un plan de salvataje estatal para deudores morosos marca una diferencia respecto de etapas anteriores, en las que el Estado intervino para asistir a los sectores más afectados por la suba de tasas y el deterioro de los ingresos reales. En esta oportunidad, la resolución de los casos queda sujeta a la política comercial de cada banco y a los acuerdos individuales con los clientes.

El aumento de la morosidad y la respuesta de los bancos privados a través de refinanciaciones a tasas más bajas se da en un contexto de restricciones para el acceso al crédito y de una economía que todavía muestra señales de fragilidad. El seguimiento de la evolución de la cartera de préstamos y del comportamiento de pago de las familias se mantiene como un tema central para las autoridades y para el sistema financiero.

Los atrasos en el pago de las expensas siguen ubicándose en niveles altos, cercanos al 17%, lo que impacta en la economía de los consorcios tanto de edificios como de barrios cerrados, según reflejaron dos informes de plataformas de administración de consorcios. La morosidad continúa como uno de los desafíos estructurales más relevantes en la gestión de propiedades, lo que afecta la planificación financiera de los administradores de propiedad horizontal.

De acuerdo con los datos recabados por Octavo Piso, la morosidad en el pago de expensas mostró una leve baja durante los primeros cinco meses de 2026 y se ubicó en torno al 17%, un punto porcentual menos que el valor registrado en igual período de 2025. El relevamiento de la empresa, realizado sobre más de 200.000 unidades funcionales, señaló que el promedio de morosidad descendió al 17% frente al 18% de 2025. El informe puntualizó que el nivel de incumplimiento se mantiene como uno de los principales problemas en la administración de consorcios y barrios cerrados, con especial énfasis en estos últimos, donde los niveles de deuda resultan más elevados.

Durante mayo, la morosidad general llegó al 16,56%, considerado el porcentaje más bajo del año. La evolución mensual reflejó una relativa estabilidad, con un pico del 17,70% en febrero y una reducción progresiva en marzo (16,83%), abril (16,80%) y mayo (16,56%). Esta secuencia indica una tendencia a la baja, aunque los valores siguen siendo elevados en términos históricos.

El estudio de Octavo Piso también detectó diferencias entre los distintos tipos de propiedades. Entre enero y mayo de este año, los barrios cerrados mostraron una morosidad promedio del 17,76%, mientras que en los edificios el indicador se ubicó en 16,76%. En mayo, la tasa de incumplimiento en los countries fue de 17,28%, y en los edificios, de 16,32%. En comparación con el año pasado, los resultados muestran un cambio en la tendencia: en 2025, los edificios presentaron niveles de mora levemente superiores a los barrios cerrados, con un promedio anual del 18,09% para edificios y del 17,87% para barrios privados.

La situación de la morosidad en expensas también fue analizada por ConsorcioAbierto.com. Según el relevamiento de la plataforma, sobre 13.000 consorcios que utilizan su sistema, en mayo de 2026 el 17% de las unidades funcionales de un edificio poseía deuda, lo que implica que de cada 100 departamentos, 17 no cumplieron con el pago. Este porcentaje se repitió tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en la Provincia de Buenos Aires y mantuvo una tendencia estable durante todo 2025.

Costo de las expensas

En cuanto al contexto económico, la inflación de mayo alcanzó el 2,1% y la variación interanual fue del 33,2%, según el INDEC. La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió un 2,6%. En este escenario, ConsorcioAbierto.com reportó que la expensa promedio en CABA fue de $336.960 en mayo, con una suba del 0,1% respecto de abril. El incremento interanual fue del 30,5%, ya que la expensa promedio en mayo de 2025 había sido de $258.218.

Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto.com, analizó la dinámica reciente del sector y afirmó: “Después de varios años marcados por aumentos constantes, empezamos a ver una desaceleración en la velocidad con la que crecen las expensas. Sin embargo, eso no significa que administrar un edificio sea más barato. Los consorcios funcionan sobre una estructura de costos que sigue siendo exigente y que está vinculada al mantenimiento cotidiano del edificio.” El directivo agregó que la mayor parte de los recursos se destina a sostener la operación diaria del edificio: personal, mantenimiento, servicios y tareas necesarias para que todo funcione correctamente. Por esa razón, cualquier incremento en esos costos repercute de manera directa en la expensa mensual.

En relación al impacto de la morosidad en la gestión, Laiuppa sostuvo: “La morosidad persistente es un indicador que refleja la situación de muchas familias, pero también impacta en la capacidad de planificación del edificio.” Esta situación obliga a las administraciones a buscar alternativas para optimizar recursos y reducir tareas manuales, así como a ordenar la información y anticipar problemas antes de que se transformen en gastos mayores. En este sentido, el uso de herramientas digitales y la incorporación de inteligencia artificial empieza a ocupar un lugar concreto dentro de la gestión diaria de los edificios.

Por su parte, Diego Espada, cofundador de Octavo Piso, atribuyó el descenso observado en la morosidad a una serie de medidas implementadas por las administraciones. Entre ellas, mencionó el mayor seguimiento de las deudas, el envío de recordatorios de pago, la regularización de saldos pendientes y la utilización de soluciones tecnológicas que facilitan el cobro de las expensas.

Espada advirtió que el nivel de incumplimiento continúa siendo elevado y sigue afectando las finanzas de los consorcios. “La evolución de los próximos meses será determinante para confirmar si la tendencia descendente logra consolidarse o si responde a una variación coyuntural. Mientras tanto, la cobrabilidad continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales para la administración de propiedades en Argentina”, remarcó.

En la previa del vencimiento por USD 4.200 millones con bonistas, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero para lo que resta de 2026 y 2027. El titular del Palacio de Hacienda puso las cartas sobre la mesa respecto a cómo plantea pagar los vencimientos en moneda extranjera para llevar tranquilidad en la previa de un año electoral. Si bien en la City porteña festejan el accionar del equipo económico, tienen sus reparos respecto a una fuente de financiamiento: las colocaciones en el mercado local, que se esperan sean de USD 2.000 millones más este año y USD 5.000 millones el próximo.

El detalle del plan oficial muestra que, según el Ministerio de Economía, las necesidades para lo que resta de 2026 suman USD 19.200 millones, mientras que las fuentes de financiamiento totalizan USD 22.900 millones, lo que deja un colchón de 3.700 millones de dólares. Dentro de las vías más relevantes, se destacan la compra de dólares al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que asciende a USD 6.700 millones, el roll over intra sector público a USD 800 millones y los préstamos con garantías de organismos internacionales a 4.000 millones de dólares.

El programa financiero también prevé desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 1.900 millones, de organismos internacionales ajenos al FMI por USD 2.800 millones, y emisiones locales por 6.000 millones de dólares. De este último monto, USD 4.000 millones ya se emitieron con el Bonar 2027 y el Bonar 2028. En la próxima licitación debutará el Bonar 2029 (AO29), sin un monto máximo en la primera colocación, aunque con un cupo de 2.000 millones de dólares. A su vez, las privatizaciones sumarían unos USD 800 millones para el resto de 2026. El capítulo de emisiones internacionales quedó abierto, sin cifras precisas, como opción según la evolución de los mercados globales y domésticos.

Para 2027, el esquema financiero parte del saldo excedente de USD 3.700 millones y contempla nuevas compras de dólares al BCRA por USD 4.900 millones, roll over intra sector público por USD 1.800 millones, desembolsos del FMI por USD 1.700 millones, transferencias de organismos internacionales por USD 4.200 millones, emisiones locales por USD 5.000 millones, préstamos bilaterales por USD 2.000 millones y privatizaciones por 1.500 millones de dólares.

La principal duda de los analistas

De todas las fuentes de financiamiento antes mencionadas, la mirada de la City se detuvo sobre la capacidad del Tesoro para captar fondos en el mercado local. Nicolás Cappella, de Invertir en Bolsa (IEB), sostuvo que los objetivos más ambiciosos son los USD 5.000 millones que Caputo pretende conseguir en 2027 y los USD 4.900 millones que el Tesoro planea comprar al BCRA. “Va a depender mucho de cómo esté el ánimo del mercado de cara a las elecciones. Si hay un clima de optimismo, debería poder cumplirse. Si no, va a ser un poco más desafiante”, advirtió. Para quien la próxima licitación del Tesoro -el miércoles 15 de julio- será el primer test, con el debut del AO29, para medir el apetito de los inversores domésticos.

Desde la consultora Analytica calificaron la operación como una colocación “desafiante”. “Una emisión de USD 5.000 millones en el mercado local el año próximo puede ser desafiante. La demanda de dólar ahorro va a crecer y sin un escenario electoral claro, los inversores pueden desestimar dirigir esos dólares a deuda pública”, alertaron.

Compras al Banco Central

Alejandro Giacoia, economista de Econviews, señaló que el programa financiero oficial coincidió con las proyecciones previas. Subrayó que el Gobierno planea emitir deuda en dólares bajo legislación local tanto este año como el próximo. Además, puso el acento en las compras que realizará el Tesoro al BCRA, estimadas en USD 6.700 millones para 2026 y USD 4.900 millones para 2027.

“Eso te da un indicio de cuanto tiene que comprar como mínimo el Central en el mercado para poder acumular reservas”, destacó Giacoia. Este lunes, la entidad que conduce Santiago Bausili compró USD 81 millones en medio de los cuestionamientos por la baja en el ritmo de adquisiciones, que en la semana del 22 al 26 de junio fue en promedio de USD 48 millones diarios.

En este aspecto, la consultora Analytica expresó algunas reservas. La compra de dólares del Tesoro al Banco Central se realiza con pesos provenientes del superávit, pero en lo que va del año la recaudación registró una caída de 5,3% en el primer semestre y el ministro Caputo ya admitió las dificultades para profundizar el ajuste.

Desde Adcap, el análisis apuntó a la construcción de un colchón inicial para los vencimientos de 2027. Al igual que Cappella, la consultora subrayó que el punto central para el próximo año es el refinanciamiento de los Bonares y que la tasa de reinversión de los pagos será clave para evaluar la demanda por instrumentos locales. “El Gobierno indicó que incluirá el nuevo AO29 en la próxima licitación, con el objetivo de captar parte del capital que se pague por los Bonares y canalizarlo hacia este nuevo instrumento”, detallaron.

Adcap también enfatizó la decisión del ministro Caputo de priorizar fuentes de financiamiento de bajo costo por encima de un regreso forzado a los mercados internacionales. Según la presentación oficial, el programa de financiamiento de 2026 cerraría con USD 3.700 millones de excedente, respaldado por emisiones en dólares bajo legislación local, préstamos garantizados y recursos provenientes de privatizaciones. Ese saldo positivo constituiría un colchón para 2027. La performance de los niveles de reinversión y la respuesta del mercado a los nuevos instrumentos serán pruebas determinantes para la estrategia.

El debate sobre la capacidad del mercado local para absorber nuevas emisiones, la disposición de fondos internacionales a sostener financiamiento y el impacto de las privatizaciones proyectadas se instaló en el centro de la estrategia oficial. Para los analistas, la evolución de estas variables dependerá de las condiciones del mercado financiero y del clima político en la antesala electoral.

Durante la presentación del programa financiero para pagar los vencimientos de deuda en lo que resta de 2026 y todo 2027, el gobierno de Javier Milei anunció la emisión de un nuevo bono en dólares en el mercado local para seguir sumando divisas a fin de afrontar los compromisos venideros.

El equipo económico informó que para cubrir los vencimientos por USD 19.200 millones previstos para el resto de 2026, se utilizarán diversos mecanismos de financiamiento, entre ellos la colocación de bonos en el mercado local por 6.000 millones de dólares.

A la fecha, la Secretaría de Finanzas ya alcanzó el límite de USD 2.000 millones tanto en Bonar 2027 (AO27) como en Bonar 2028 (AO28). Por este motivo, a partir de la próxima licitación, prevista para el 15 de julio, se lanzará una nueva serie: el Bonar 2029 (AO29), que tendrá un tope global de USD 2.000 millones, aunque en la primera colocación no habrá un límite específico.

El secretario de Finanzas, Furiase, explicó que la principal diferencia respecto a los bonos anteriores radica en que no se fijará un monto máximo en la primera licitación, aunque sí habrá un límite total de 2.000 millones de dólares. “En la próxima licitación inicia el Bonar 2029. La única diferencia con el Bonar 2027 y Bonar 2028, si bien tiene el monto máximo de USD 2.000 millones, en la primera licitación no le vamos a poner ese monto máximo que tenían los otros bonos de USD 150 millones en la primera vuelta y USD 100 millones en la segunda vuelta. Esto de alguna manera es para aprovechar el pago del vencimiento y, obviamente, ahí podemos tener más demanda eventualmente producto de que se hizo el pago del bono”, detalló.

Por su parte, Caputo argumentó que la decisión de no establecer un tope inicial se relaciona con el flujo de inversores interesados en reinvertir los fondos recibidos tras el cobro de cupones. “Esto es porque mucha gente, una vez que cobra el cupón, trata de reinvertirlo, como estamos pagando USD 4.200 millones en esta colocación, decimos: ‘No le ponemos un límite de USD 150 millones’ porque tal vez haya más gente que quiere reinvertirlo y por ahí es una colocación un poco mayor”, sostuvo.

El esquema financiero presentado por Furiase expone que las necesidades previstas para el resto de 2026 ascienden a USD 19.200 millones, mientras que las fuentes de financiamiento totalizan USD 22.900 millones, generando así un margen financiero de USD 3.700 millones. Entre los recursos principales figuran la compra de dólares al Banco Central de la República Argentina (BCRA) por USD 6.700 millones y el roll over intra sector público (capital e intereses) por USD 800 millones. Además, se incluyen préstamos garantizados por organismos internacionales por 4.000 millones de dólares.

El programa contempla, además, desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 1.900 millones y de otros organismos internacionales, excluyendo al FMI, por 2.800 millones de dólares. El Tesoro prevé la emisión de deuda local por un total de USD 6.000 millones en lo que queda del año, de los cuales ya se colocaron USD 4.000 millones a través de los Bonar 2027 y Bonar 2028.

El plan presentado por Economía también estima ingresos por privatizaciones de USD 800 millones para lo que resta de 2026 y otros USD 1.500 millones por esta vía. Furiase añadió que el programa incluye la posibilidad de realizar emisiones en el mercado internacional, aunque sin un monto predeterminado. “En emisiones internacionales pusimos un guion y no cero. Es una opción el mercado internacional en función de cómo evolucione el mercado nacional, internacional y las tasas”, indicó el secretario de Finanzas.

Fuentes de financiamiento para 2026

Con el objetivo de afrontar obligaciones por USD 19.200 millones durante 2026, el Gobierno proyecta obtener USD 22.900 millones a través de distintas fuentes de financiamiento. Este cálculo dejaría un excedente de USD 3.700 millones, que, de acuerdo con el esquema oficial, se trasladaría al ejercicio siguiente.

Las fuentes de financiamiento para 2026 contemplan:

• Compra de dólares al Banco Central: USD 6.700 millones
• Roll over intra sector público (capital e intereses): USD 800 millones
• Préstamos con garantía de organismos internacionales: USD 4.000 millones
• Desembolso del FMI: USD 1.900 millones
• Organismos internacionales (excluyendo FMI): USD 2.800 millones
• Emisiones locales: USD 6.000 millones
• Emisiones internacionales: No se definió un monto (el Gobierno aclara que es una opción, no un objetivo inmediato)
• Otras fuentes de financiamiento: No se informaron montos para 2026
• Privatizaciones: USD 800 millones

Fuentes de financiamiento para 2027

Las fuentes para 2027 serán de la siguiente manera:

• Saldo del programa financiero 2026: USD 3.700 millones (el excedente acumulado el año anterior)
• Compra de dólares al Banco Central: USD 4.900 millones
• Roll over intra sector público (capital e intereses): USD 1.800 millones
• Préstamos con garantía de organismos internacionales: No se asignó monto específico para este rubro en 2027
• Desembolso del FMI: USD 1.700 millones
• Organismos internacionales (excluyendo FMI): USD 4.200 millones
• Emisiones locales: USD 5.000 millones
• Emisiones internacionales: No se estimó un monto concreto, figura como opción
• Otras fuentes de financiamiento: USD 2.000 millones
• Privatizaciones: USD 1.500 millones

Luego de anunciar el programa financiero para hacer frente a los vencimientos de deuda en 2026 y 2027, el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó que la suba del dólar está en línea con lo ocurrido en todo el mundo, proyectó que la inflación continuará a la baja y pronosticó un crecimiento de la economía en los próximos meses, al tiempo que minimizó el impacto de la salida de Manuel Adorni en las variables financieras.

Al analizar la cuestión cambiaria, Caputo aseguró que “el peso argentino replicó el comportamiento que tuvieron las demás monedas del mundo respecto al dólar”. Cuestionó la falta de consistencia de quienes critican la política oficial según el nivel del tipo de cambio: “Si en $1.400 militan atraso cambiario, no pueden militar preocupación en $1.500. Está todo muy bien con el dólar”.

Respecto a los precios, el titular de la cartera económica afirmó: “Trabajamos para que la inflación siga bajando. Habíamos dicho que estábamos recuperando el sendero de desinflación a partir de abril y está pasando”. En una entrevista en La Nación Más, señaló que la continuidad de la ortodoxia fiscal y monetaria permitirá que “la inflación va a converger a una inflación internacional”. Según el titular de la cartera económica, “puede tardar un poco más o un poco menos, pero la gente se puede quedar tranquila que la inflación va a seguir a la baja”.

Por otra parte, el jefe del Palacio de Hacienda ratificó que “os próximos 18 meses serán ”los mejores" del gobierno de Javier Milei. “No estoy diciendo que en 18 meses vamos a ser Suiza o Estados Unidos. Digo que van a ser nuestros mejores 18 meses porque lo muestran los datos. Estamos en récord de PBI, récord de exportaciones y récord de consumo. Con inflación a la baja, se seguirán recuperando los salarios y las jubilaciones. Si se recuperan, es razonable asumir que el consumo va a seguir recuperando”, sumó.

En cuanto a la crisis política generada por la salida de Manuel Adorni de la jefatura de Gabinete, Caputo minimizó sus efectos sobre la economía: “El caso Adorni se combinó con un shock externo muy brutal: la guerra en Medio Oriente. Así y todo, tocamos el mínimo en el riesgo país y el Banco Central, lejos de tener que defender el valor del peso, estaba comprando dólares y la inflación para abajo. Cuando veo los datos, no pareció afectar”.

A propósito del incremento de la mora bancaria entre las familias, el ministro de Economía consideró que “las deudas existen pero no es por los aumentos de las tarifas. Ni los propios bancos saben para qué tomaron esa deuda”. Relacionó la situación con el derrumbe de la demanda de dinero en la previa electoral de 2025. “Tres banqueros de tres bancos importantes me dijeron que están refinanciando las deudas a plazos más largos y al 25% anual de tasa. Es una muy buena noticia. Es un problema que, de a poco, se va a ir solucionando”, sumó.

El programa financiero

Esta mañana, el ministro presentó el programa financiero para cubrir los compromisos en lo que resta de este año y el próximo. De acuerdo con los datos oficiales el Tesoro nacional debe afrontar necesidades de financiamiento en dólares por USD 19.200 millones en 2026 y USD 24.900 millones en 2027. Estos montos abarcan tanto pagos de capital e intereses de la deuda como otras obligaciones específicas.

El programa financiero especifica no solo los compromisos de pago del país, sino también las vías previstas para obtener los fondos requeridos. El Gobierno dio a conocer el detalle de las fuentes de financiamiento para cada año, con los montos correspondientes a cada instrumento.

Fuentes previstas para 2026

El Gobierno proyecta obtener USD 22.900 millones en fuentes de financiamiento para 2026, cifra que supera en USD 3.700 millones las necesidades estimadas de USD 19.200 millones. De acuerdo con el plan oficial, ese excedente se reservará para el año siguiente.

A continuación, se detallan las fuentes de financiamiento para 2026:

• Compra de dólares al Banco Central: USD 6.700 millones
• Roll over intra sector público (capital e intereses): USD 800 millones
• Préstamos con garantía de organismos internacionales: USD 4.000 millones
• Desembolso del FMI: USD 1.900 millones
• Organismos internacionales (excluyendo FMI): USD 2.800 millones
• Emisiones locales: USD 6.000 millones
• Emisiones internacionales: No se definió un monto (el Gobierno aclara que es una opción, no un objetivo inmediato)
• Otras fuentes de financiamiento: No se informaron montos para 2026
• Privatizaciones: USD 800 millones

Fuentes previstas para 2027

El esquema financiero para 2027 contempla tanto necesidades como fuentes por USD 24.900 millones. La planificación establece así la cobertura total de los compromisos previstos para ese año.

Las fuentes previstas para 2027 son las siguientes:

• Saldo del programa financiero 2026: USD 3.700 millones (el excedente acumulado el año anterior)
• Compra de dólares al Banco Central: USD 4.900 millones
• Roll over intra sector público (capital e intereses): USD 1.800 millones
• Préstamos con garantía de organismos internacionales: No se asignó monto específico para este rubro en 2027
• Desembolso del FMI: USD 1.700 millones
• Organismos internacionales (excluyendo FMI): USD 4.200 millones
• Emisiones locales: USD 5.000 millones
• Emisiones internacionales: No se estimó un monto concreto, figura como opción
• Otras fuentes de financiamiento: USD 2.000 millones
• Privatizaciones: USD 1.500 millones

En diálogo con Infobae en Vivo, Castiñeira destacó en primer lugar que Argentina exhibe actualmente superávit fiscal y externo, una situación que pocos países alcanzan y que representa dos de los pilares más relevantes en términos macroeconómicos. A pesar de este desempeño, aún no tiene acceso a los mercados internacionales.

El economista señaló que, a pesar de los avances logrados por la gestión de Javier Milei en materia de cuentas públicas, el mercado financiero internacional mantiene una actitud cautelosa.

Explicó que la administración de Milei no logró realizar colocaciones de deuda en el exterior y que recién ahora se observa un riesgo país cercano a los 400 puntos básicos. Sin embargo, ese nivel todavía resulta elevado para obtener financiamiento en el mercado internacional, donde países como Brasil, Uruguay y Chile operan con riesgos país de entre 100 y 250 puntos y acceden, por tanto, a menores tasas.

Castiñeira remarcó que el ajuste de las cuentas públicas permitió que el BCRA adquiriera más de 10.000 millones de dólares solo en el primer semestre del año. Además, precisó que el saldo comercial alcanzó los 20.000 millones de dólares y el saldo energético, 10.000 millones.

No obstante, el economista advirtió sobre la persistencia de la desconfianza internacional: “Todo eso es el famoso colchón que está haciendo la macroeconomía, pero la realidad es que el miedo a que vuelva un peronismo, que usualmente te patea la deuda, te la reprograma, no te la paga, hace que Argentina no logre tener crédito todavía”.

Agregó que existe una “desconfianza de los mercados a un posible retorno de las formas de hacer macroeconomía del pasado. Dicen ‘yo a Milei le presto, pero si le presto a Milei quiero que me pague Milei’”.

Relató que desde 2001 hasta la fecha, Standard & Poor’s declaró cuatro defaults para la deuda argentina. Castiñeira repasó los hitos de estos episodios: el primer default ocurrió en 2001, cuando Argentina dejó de pagar 100.000 millones de dólares, el más grande de la historia.

Posteriormente, tras los canjes de deuda en 2005 y 2006, una parte de los acreedores quedó fuera del acuerdo y surgió un fallo judicial adverso en 2014. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el país desconoció ese fallo y volvió a incurrir en default externo en 2014 y 2015.

La historia reciente de la deuda argentina incluyó el reperfilamiento de la deuda en pesos en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, y una nueva negociación de la deuda externa bajo la administración de Alberto Fernández. Castiñeira recordó que Fernández renegoció 70.000 millones de dólares, postergando vencimientos para el siguiente gobierno.

Actualmente, Argentina afronta los pagos que fueron diferidos en los acuerdos previos. “Por eso, Javier Milei fue el presidente que más dólares compró y el que menos acumuló”, expresó Castiñeira. Añadió: “Se está pagando todo el aumento de la deuda pública durante las últimas 2 décadas. Es increíble el número y como no toman nota de que toda la fiesta populista que vivimos nos endeudó”.

El economista puntualizó que en 2001 el stock de deuda pública era de 140.000 millones de dólares, mientras que al asumir Milei ascendía a 550.000 millones. Esto implica un incremento de 380.000 millones en dos décadas, periodo que algunos denominaron “década ganada”. Castiñeira concluyó: “No solo hubo un endeudamiento masivo, sino que también destruyeron la moneda”.

En suma, Castiñeira sostuvo: “La política económica que suele utilizar el peronismo es una copia del fascismo italiano. Entonces, se quedó en el tiempo y no propone otra cosa que una economía cerrada, basada en el reparto del gasto público y de prebendas. No se anima a hacer algo distinto, porque avanzar hacia la apertura económica y hacia una institucionalidad similar a la del resto de Occidente choca con la forma de hacer política del peronismo”.

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La morosidad en los créditos familiares y comerciales se disparó a lo largo de los últimos meses y rompió todos los registros de los últimos veinte años. El último informe de la Central de Deudores del Banco Central mostró que la irregularidad en el cumplimiento de obligaciones financieras subió del 12,1% en abril al 12,7% en mayo. En empresas, el ratio avanzó del 3,3% al 3,5%, mientras que el total de préstamos al sector privado alcanzó el 7,7%. Estos datos sitúan a la Argentina en un escenario de alerta para el sistema financiero y para las posibilidades de recuperación del consumo interno.

El deterioro de la capacidad de pago de las familias se refleja en que más del 27% de quienes accedieron a un préstamo dejó de ser sujeto de crédito. Esta exclusión afecta a casi siete millones de personas, que no pueden acceder a nuevas líneas de financiamiento ni regularizar su situación por los canales tradicionales. La suma de saldos en mora, tanto en entidades bancarias como no bancarias, evidencia una pérdida de solvencia extendida en todo el entramado social.

El impacto de la crisis crediticia difiere por franja etaria. Los jóvenes aparecen como el segmento más golpeado: el 40% de las personas menores de 35 años con créditos activos tiene al menos una obligación en situación irregular. Entre los deudores de 18 a 25 años, el nivel de morosidad escala al 42,8%, mientras que en el grupo de 26 a 35 años llega al 39,3%. En las siguientes franjas, la proporción desciende, aunque se mantiene elevada: el 31% de quienes tienen entre 36 y 45 años y el 23,5% de quienes tienen entre 46 y 55 años registra algún atraso.

En el segmento de entidades no financieras, donde se concentra cerca del 17% del total de créditos a familias, el nivel de mora alcanzó el 32,2% en mayo, comparado con menos del 10% un año y medio atrás. Esta dinámica refuerza la idea de que la crisis trasciende el circuito bancario tradicional y se expande hacia alternativas de financiamiento informal, con consecuencias directas para la estabilidad de los hogares.

El deterioro de los indicadores crediticios ocurre en paralelo a una drástica reducción de la oferta de préstamos por parte de los bancos privados. Estas entidades optaron por limitar la concesión de nuevos créditos, endurecer los requisitos de aprobación y evitar la actualización de límites en productos como tarjetas de crédito. La decisión obedece a la necesidad de “limpiar” sus carteras, priorizar la liquidez y reducir el nivel de riesgo en un contexto de retracción del consumo y alta volatilidad macroeconómica.

El intento de los bancos por reflotar a sus clientes

Mientras tanto, la banca pública cumplió un rol de contención, sosteniendo el nivel de préstamos y lanzando programas específicos para mitigar el impacto de la morosidad. El Banco Provincia puso en marcha el plan “Ponete al día”, que permite a los clientes regularizar deudas en mora hasta el 31 de mayo mediante la reducción de tasas, la extensión de plazos hasta 72 meses y condiciones personalizadas según el perfil crediticio. El esquema diferencia entre mora temprana y avanzada. Para quienes presentan atrasos de hasta 90 días y cobran sueldos, jubilaciones o pensiones en la entidad, la tasa anual es del 50%, con una reducción al 39% para ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos. En casos de mora avanzada, la tasa baja al 31% anual, dirigida a quienes estarían sobreendeudados bajo condiciones convencionales. El plan incluye una alternativa específica para refinanciar deudas con tarjetas de crédito, con tasas del 41% anual en 60 cuotas para atrasos de hasta 70 días y deudas de hasta 10 millones de pesos.

El foco de estos programas está puesto en los sectores más vulnerables. Según datos oficiales del banco, en los primeros cinco meses del año se concretaron más de 66.000 acuerdos de recuperación de deuda por un monto de 234.000 millones de pesos, lo que implicó un crecimiento del 157% respecto a igual período del año anterior.

La presión sobre los ingresos familiares y la dificultad para afrontar vencimientos de préstamos se traduce en una preocupación central para la sociedad argentina. Una encuesta reciente de la consultora Zentrix reveló que el 53% de los votantes del oficialismo considera que el peso de las deudas personales es su máxima inquietud económica. En el universo opositor, la incertidumbre económica y la pérdida de poder adquisitivo ocupan el primer lugar, seguidos por la preocupación por los ingresos y salarios. Entre quienes apoyan al oficialismo, la corrupción y la incertidumbre económica también figuran como temas relevantes, aunque en menor medida que el endeudamiento.

La evaluación sobre la relación entre salarios e inflación muestra que dos tercios de los votantes oficialistas percibe que sus ingresos no logran superar la suba de precios. A pesar de ello, la proporción que considera que puede ahorrar llega al 18,5%, una cifra tres veces mayor que la de los votantes opositores. En este último segmento, la posibilidad de ahorrar es casi inexistente y la mayoría declara que sus ingresos sólo alcanzan hasta el día 20 de cada mes.

El análisis del contexto crediticio muestra que los bancos no están dispuestos a expandir los préstamos hasta que consigan reducir el nivel de riesgo y “depurar” sus carteras. La falta de demanda de financiamiento, el estancamiento del consumo privado y la preferencia de las entidades por colocar fondos en deuda pública explican la retracción. La única excepción radica en el crédito en dólares, que creció por el buen desempeño del comercio exterior y la prefinanciación de exportaciones. Algunas entidades presionan para flexibilizar las condiciones para prestar en moneda extranjera, aunque se mantienen restricciones desde la crisis de 2001.

En paralelo, distintas provincias lanzaron programas de desendeudamiento para amortiguar el avance de la mora bancaria y aliviar la situación financiera de los sectores más afectados. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, aprobó un plan de refinanciación para deudas bancarias por préstamos personales y tarjetas de crédito, con tasas máximas del 35% y plazos de devolución de al menos 24 cuotas mensuales. El acceso está limitado a familias con ingresos inferiores a diez salarios mínimos y que presenten atrasos de entre 60 y 180 días. En la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia ofrece plazos de hasta 72 meses y tasas diferenciadas según el nivel de atraso. Santa Fe, Corrientes, Misiones y Córdoba implementaron esquemas similares, con bonificaciones en tasas y condiciones especiales para empleados estatales, jubilados y trabajadores privados o autónomos.

El Congreso nacional mantiene en carpeta varios proyectos de desendeudamiento familiar, impulsados por distintos bloques legislativos. El debate refleja la preocupación política y social por el crecimiento del endeudamiento y la necesidad de encontrar soluciones que eviten una profundización de la exclusión financiera.

Desde el Gobierno, confían en que la marcha de la macro va a poner las cosas en su lugar. El portavoz presidencial Adrián Ravier aseguró en su primera conferencia de prensa que la recuperación del crédito depende de ganarle a la inflación y que la baja de tasas favorecerá la actividad económica, la inversión y el consumo.

El último dato de inflación, del 2,1%, alimenta las expectativas oficiales de que el próximo registro baje aún más y permita romper la inercia inflacionaria. Mientras tanto, la recaudación tributaria nacional muestra una caída real del 5,6% en comparación con el año anterior, lo que genera tensiones con los gobernadores y complica la posibilidad de alcanzar acuerdos fiscales entre la Nación, las provincias y los municipios.

De cara a las elecciones presidenciales 2027, y ante la posibilidad de que se replique la dolarización de las carteras que ocurrió en los comicios legislativos del año pasado, tanto el presidente Javier Milei como el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguraron que el equipo económico se está blindando. En los próximos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, dará a conocer el plan financiero para cubrir los vencimientos de deuda del año que viene.

“Estamos armando un arsenal enorme para proteger a la economía el año que viene, y la economía va a crecer. Pierde sentido un ataque especulativo”, destacó Milei en declaraciones recientes, a la vez que afirmó que están "hiperblindados“. Y sumó: “Ya compramos USD 11.000 millones y estamos a mitad de año. Tenemos cerrado todo el financiamiento hasta que termine el Gobierno”.

Por su parte, Ravier indicó que el equipo que conduce Caputo se está preparando de cara a las elecciones del próximo año. “En Argentina cada vez que hay un cambio electoral hay un cambio de escenario y hay un riesgo kuka como se le llama popularmente al hecho de que un cambio de Gobierno podría implicar un cambio de reglas y ese cambio de reglas pueda significar que inversiones hundidas se pierdan parcialmente y eso por supuesto genera un costo para la Argentina. Yo creo que el equipo económico se está adelantando a esos hechos. Todos los días hay colocaciones financieras que permiten sumar reservas y blindarse como un escenario como aquel”, sostuvo durante la conferencia de prensa del lunes.

Asimismo, el vocero presidencial señaló que, en los primeros seis meses del año, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró sumar más de 10.000 millones de dólares a su balance, alcanzando en la primera mitad de 2026 la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para todo el año. “Nos quedan seis meses más. Eso va a dar certezas, va a blindar esos riesgos y va a ayudar que para adelante el mercado a la hora de invertir confíe”, afirmó, aunque no hizo alusión a la baja del ritmo de compra de los últimos días que se dio en medio de la suba del dólar.

Más allá de las adquisiciones de divisas, el Central refinanció USD 6.000 millones de préstamos repo con bancos internacionales. El nuevo acuerdo posterga el vencimiento de esas obligaciones hasta septiembre de 2028, después de las elecciones presidenciales, y busca reducir la eventual volatilidad que pueda surgir en el año electoral.

En paralelo, el lunes próximo Caputo anunciará el esquema financiero diseñado para afrontar los compromisos de deuda en dólares correspondientes a 2026 y 2027. Desde el quinto piso del Palacio de Hacienda anticiparon que la propuesta tendrá un enfoque prudente, tanto en los supuestos como en las alternativas de financiamiento y las emisiones previstas para 2027, e incluirá márgenes de seguridad y distintas opciones.

El eje de este esquema estará en detallar los vencimientos de deuda en dólares del Tesoro para esos años y en precisar las fuentes que se utilizarán para cubrir esas obligaciones.

“Es un programa financiero muy conservador en lo que tiene que ver con los supuestos, las colocaciones y las fuentes de financiamiento que se van a hacer 2027. Es un programa financiero que muestra el armado de colchones, de buffers con el que llegamos a 2027”, señaló Federico Furiase, secretario de Finanzas, en declaraciones en el canal de streaming Carajo.

Las nuevas dudas

Aunque Caputo todavía no mostró todos los detalles sobre cómo afrontará los vencimientos en moneda extranjera hasta el 10 de diciembre de 2027, en el mercado consideran que dispone de los recursos necesarios para cumplir con esos compromisos. Sin embargo, ahora surge una nueva preocupación: la disponibilidad de recursos líquidos para mantener la estabilidad en caso de presiones sobre el dólar.

Según la consultora 1816, entre lo que resta de 2026 y el año 2027, la Argentina debe enfrentar pagos por USD 30.700 millones en moneda extranjera, incluyendo compromisos con el sector privado, el FMI y el Club de París. Para cubrir esa suma, el Tesoro reunió USD 3.082 millones mediante licitaciones de Bonares, depósitos que ya se encuentran en el Banco Central. Además, recibió la confirmación de garantías del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que habilitó financiamiento privado por cerca de USD 4.000 millones a seis años.

Con todos estos factores, 1816 calculó que el país cuenta con USD 13.100 millones para enfrentar los vencimientos, y que restaría conseguir USD 17.600 millones hasta diciembre de 2027. Para cubrir esa brecha, la consultora planteó alternativas: emisión de nuevos Bonares (con un remanente de USD 366 millones del bono AO28 y la posibilidad de lanzar otros títulos), emisión internacional de deuda (los Globales largos rinden menos de 9%), rollover del FMI (los pagos netos al Fondo suman USD 7.900 millones, lo que exigiría negociar un nuevo programa) o el uso directo de reservas internacionales.

Así, el verdadero desafío podría ser la cantidad de recursos líquidos para sostener la estabilidad cambiaria si el contexto político o electoral incrementa la demanda de dólares. Por eso, los analistas de la mencionada firma de análisis macroeconómico no descartan que el Gobierno lance una emisión de deuda offshore en lo que resta de 2026 como parte de la “preparación para 2027”.

Existe una diferencia central. La asistencia que recibió el Gobierno a través del swap con el Tesoro de los Estados Unidos, que colaboró para frenar la suba del dólar, difícilmente se repita. Esto se debe a que la administración de Donald Trump enfrentará un contexto distinto, ya que este año se celebran elecciones de medio término en noviembre, y porque el rescate a la Argentina generó fuertes cuestionamientos en la política interna de EE.UU.

Ya se observan señales, aunque de menor magnitud que en la antesala de las elecciones legislativas de 2025. En abril, último dato disponible, los ahorristas adquirieron USD 1.800 millones, una cifra que casi duplicó la de marzo y fue la más alta desde octubre del año pasado. Todo indica que esta tendencia continuó en mayo y junio, aunque en junio coincidió con una suba en la cotización y el pago del aguinaldo.

La jornada en Estados Unidos fue limitada, ya que los bonos corporativos y los del Tesoro registraron dos horas menos de operación que las acciones, como suele ocurrir en la víspera del Día de la Independencia. El volumen de negocios disminuyó porque, para muchos operadores, representó el inicio de un fin de semana largo. Por este motivo, un dato clave como el de empleo se difundió con un día de anticipación, lo que tuvo un fuerte impacto en el mercado y cuyos efectos completos se observarán el lunes.

El indicador no estuvo en línea con lo que los analistas esperaban: la creación de 114.000 puestos de trabajo. Los nuevos empleos fueron 57.000 y la tasa de desempleo descendió a 4,2 por ciento.

Por supuesto, hubo alivio inicial porque se alejó el temor a que la Reserva Federal suba las tasas de interés en setiembre porque los analistas creen que la economía se ve firme, a pesar de la inflación. Tras el cierre, el análisis detallado del índice trajo calma, aunque se identificaron señales negativas. El porcentaje de personas que busca trabajo bajó a 61,5%, el nivel más bajo desde 2021, en plena etapa posterior a la pandemia.

Este dato favoreció al Dow Jones (+1,14%), un índice compuesto principalmente por empresas tradicionales, con escasa presencia del sector tecnológico y que marcó un nuevo récord. Entre las 30 principales compañías que lo integran figuran Walt Disney Co, Coca-Cola, McDonald’s Corporation, Johnson & Johnson, J.P. Morgan Chase, Microsoft, Visa y Walmart, entre otras. En tanto, el S&P 500 bajó 0,06% y el Nasdaq, 0,80 por ciento.

En este escenario, subieron los bonos del Tesoro de Estados Unidos pero su rendimiento bajó de 4,49% a 4,47 por ciento. El mérito de los títulos soberanos de la Argentina fue aprovechar este escenario y subir hasta 0,9 por ciento.

Con este comportamiento, el riesgo país cedió 6 unidades (-1,4%) a 415 puntos básicos, el menor nivel desde fines de abril de 2018. Si la semana próxima sigue la fe, el indicador de JP Morgan entraría en la deseada centena de los 300 puntos aproximándose al momento en que el país puede financiarse como los demás: emitiendo bonos en el mercado internacional y tomando deuda libremente en lugar de acudir a los organismos multilaterales.

Para Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL “el dato de empleo significativamente más débil de lo previsto quitó presión inmediata a las tasas de interés de la Reserva Federal, dándole un fuerte impulso a la renta fija y al oro. La plaza financiera local capitalizó el entorno externo menos adverso: los bonos soberanos extendieron su firme recuperación, permitiendo que el Riesgo País quiebre un nuevo soporte histórico, mientras que la renta variable local rebotó con fuerza acoplándose al optimismo”.

En un contexto más favorable, el dólar retrocedió 0,5% frente a las principales monedas y el oro registró un alza superior al 2 por ciento. El S&P Merval avanzó 1,13% en pesos y 0,49% en dólares. Loma Negra lideró las subas con un incremento de 4,2%, seguida por Banco Supervielle con 3,3% y Grupo Galicia con 2,9 por ciento.

Loas ADR -certificados de tenencias de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York al precio del dólar CCL- tuvieron subas generalizadas por la mejor cotización de la divisa frente al peso. Los más destacado fueron Loma Negra (+3,6%), Grupo Supervielle (+3,2%) y Grupo Financiero Galicia (+2,7%).

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 558 millones, USD 300 millones menos que la rueda anterior influenciados por el menor monto de negocios que hubo en Estados Unidos por la víspera del feriado. El dólar mayorista bajó $1 (-0,1%) a $1.488 y el Banco Central compró 25 millones de dólares.

Según el informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “en futuros volvió a contraerse en volumen a 1.413.485 contratos con ajustes mixtos y poco significativos. El interés abierto, sin embargo, cerró con un agregado de casi USD 119 millones y la posición julio acumuló un stock de USD 2.000 millones. En la rueda de soberanos dollar linked también se evidenció una caída del volumen de operaciones desde USD 528 millones a USD 258 millones. Por lo tanto, si bien no parece que se haya tratado de una jornada libre de intervenciones oficiales, es probable que hayan menguado porque la mesa del BCRA tuvo una rueda más liviana”.

En la plaza financiera, sobre el final de la rueda, los dólares salieron de su letargo y anotaron leves alzas que llevaron al MEP a $1.530 (+0,6%) y al CCL a $1,576 (+0,5%). El “blue” quedó sin cambios en 1.525 pesos.

El feriado de este viernes de Estados Unidos impedirá que los mercados locales funcionen a pleno. Lo que pueda ocurrir no será representativo y los volúmenes de negocios, escasos.

La alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, acusó a la empresa española Acciona y a su filial Grupo MAS de intentar trasladar al Ayuntamiento la responsabilidad de cobrar una presunta cartera vencida superior a los 2,660 millones de pesos atribuida a usuarios del servicio de agua potable.

La presidenta municipal aseguró que su administración no realizará cobros a la población sin que existan expedientes debidamente integrados y anunció que continuará impulsando acciones legales e institucionales para poner fin a la concesión del servicio, al considerar que ha sido perjudicial para el municipio.

Ayuntamiento cuestiona la documentación entregada por Grupo MAS

De acuerdo con la alcaldesa, el pasado 13 de mayo el Instituto Metropolitano del Agua (IMA) recibió un oficio de Grupo MAS acompañado únicamente por una memoria USB con un archivo de Excel que contenía una relación de presuntos usuarios morosos.

Explicó que la información carecía de expedientes individuales, documentos de respaldo y evidencia de que se hubieran seguido los procedimientos legales correspondientes para acreditar cada uno de los adeudos.

Ante ello, el Ayuntamiento respondió el 15 de junio solicitando que la empresa entregara la documentación completa para analizar cada caso, petición que, afirmó, no fue atendida.

Grupo MAS plantea descuentos a la contraprestación que paga al IMA

Según Hernández Espejo, el 23 de junio la concesionaria envió un nuevo oficio en el que insistió en que el Ayuntamiento debía realizar el cobro de la cartera vencida.

Además, señaló que la empresa advirtió que, si el municipio no emprendía dichas acciones, descontaría mensualmente esos recursos de la contraprestación que entrega al Instituto Metropolitano del Agua.

La alcaldesa rechazó esa postura y sostuvo que el gobierno municipal no aceptará asumir una responsabilidad que, dijo, no cuenta con el sustento jurídico suficiente.

Cronología del conflicto

• 13 de mayo: Grupo MAS entrega al IMA una memoria USB con un listado de presuntos usuarios morosos.
• 15 de junio: El Ayuntamiento responde que la información es insuficiente y solicita expedientes completos.
• 23 de junio: La empresa insiste en el cobro de la cartera y plantea descontar recursos de la contraprestación al IMA.
• Finales de junio e inicios de julio: El gobierno municipal reitera que no cobrará adeudos sin sustento legal y mantendrá su estrategia para terminar la concesión.

Alcaldesa asegura que existen adeudos con más de una década de antigüedad

La presidenta municipal afirmó que dentro del listado existen casos con más de diez años de antigüedad e incluso correspondientes a periodos anteriores a que Grupo MAS obtuviera la concesión.

En ese sentido, sostuvo que la legislación establece límites para este tipo de cobros, por lo que su administración no trasladará esa carga a la ciudadanía mientras no exista documentación que respalde cada expediente.

“No vamos a cobrarle al pueblo adeudos que no están debidamente sustentados ni integrados conforme a derecho”, sostuvo la alcaldesa durante su posicionamiento.

Rosa María Hernández mantiene su intención de terminar la concesión

Hernández Espejo reiteró que su gobierno agotará todas las vías legales e institucionales para buscar la conclusión de la concesión otorgada a Grupo MAS.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para respaldar al Ayuntamiento en este proceso, al considerar que el contrato ha resultado perjudicial para los habitantes del puerto.

La alcaldesa insistió en que su administración continuará defendiendo el acceso de la población a un servicio de agua potable de calidad y reiteró su postura frente a la empresa.

“No les tenemos miedo. Vamos a seguir luchando para que Grupo MAS se vaya”, expresó, al señalar que el Ayuntamiento no asumirá el cobro de una cartera de adeudos que considera insuficientemente acreditada y que continuará informando sobre las acciones legales que emprenda en este conflicto.

Más del 87% de los costarricenses tiene alguna deuda, y quienes están en mejor situación destinan cerca de un tercio de sus ingresos a pagarla. El dato fue difundido por Método PENIEL, empresa afiliada a la Cámara de Comercio de Costa Rica, que presentó un programa para abordar el impacto financiero, emocional y laboral del sobreendeudamiento.

La organización lanzó el miércoles su Programa de Sostenibilidad Financiera. La iniciativa combina educación financiera, asesoría especializada y atención a factores emocionales vinculados con el gasto.

Qué factores impulsan el sobreendeudamiento

El director de Método PENIEL, Eduardo Arias, identificó el nudo central del problema: “Muchas personas saben qué deberían hacer, pero detrás del gasto existen factores como la ansiedad, la presión social, la necesidad de aprobación o hábitos profundamente arraigados”.

Para Arias, esas causas emocionales son el primer obstáculo antes de hablar de cifras. El programa contempla sesiones individuales de acompañamiento para identificar patrones de consumo y detonantes conductuales, con el objetivo de que cada participante recupere el control de sus finanzas.

La iniciativa también advierte sobre el crecimiento de los préstamos informales conocidos como “gota a gota”, mecanismos que pueden agravar la situación de familias que ya no tienen acceso al crédito formal.

El impacto en el trabajo y las alianzas previstas

El programa no está dirigido solo a personas con dificultades económicas. También apunta a empresas, cooperativas, asociaciones solidaristas e instituciones públicas, porque el sobreendeudamiento de un trabajador tiene consecuencias directas en su entorno laboral.

“Cuando una persona llega al trabajo preocupada porque no sabe cómo pagará sus deudas, esa carga también afecta su concentración, su rendimiento y su bienestar”, señaló Arias. Desde esa perspectiva, el programa plantea que atender las deudas de los colaboradores también es una decisión de gestión del talento.

Cómo se refleja el problema en Centroamérica

El sobreendeudamiento de los hogares costarricenses no es una excepción en Centroamérica. Un estudio regional de Kantar reveló que el 77% de los hogares centroamericanos tiene algún tipo de deuda y que cerca del 30% enfrenta dificultades diarias para cubrir sus necesidades básicas.

Panamá encabeza la lista de países con mayor carga financiera familiar en el istmo. Al cierre de noviembre de 2025, el sistema de referencias de crédito de la APC Experian registraba 2.4 millones de personas con al menos una obligación activa, con una deuda total acumulada de USD 42,557 millones.

Las hipotecas bancarias concentraban USD 21,308 millones de ese monto, con una morosidad del 4,8%. Las tarjetas de crédito registraban la mora más alta del sistema: 8.7%.

En Guatemala, el crédito de consumo se convirtió al cierre de enero de 2026 en el segmento dominante de la banca, con el 49.28% de la cartera total, según la Superintendencia de Bancos.

El consumo personal concentra el 72% del destino de los activos crediticios, por encima del crédito empresarial. El Banco de Guatemala advirtió una desaceleración: el endeudamiento de los hogares creció un 6.9% en diciembre de 2025, frente al 17% registrado el año anterior, lo que atribuyó a señales de enfriamiento en el mercado laboral formal.

El peso del consumo y la vivienda en otros países

En El Salvador, los salvadoreños acumulaban hasta mayo de 2025 deudas en créditos de consumo por USD 6.7 millones, el doble del saldo destinado a créditos de vivienda, según la Superintendencia del Sistema Financiero.

Solo en abril de ese año se otorgaron 162,879 créditos de consumo. Un analista citado por El Diario de Hoy describió la tendencia: “El crédito se está usando para mantener el nivel de vida, en lugar de ajustarse a la capacidad de pago o para construir patrimonio”.

Nicaragua muestra la dinámica más acelerada de la región en materia hipotecaria. El Banco Central reportó que el financiamiento para vivienda creció un 37.5% interanual al tercer trimestre de 2025, el ritmo más alto entre todos los rubros crediticios. Las tarjetas de crédito subieron un 24.5% y los préstamos personales, un 24.2% en el mismo período. La cartera total de bancos, financieras y microfinancieras alcanzó el equivalente al 50.6% del PIB anual.

Honduras y El Salvador comparten el perfil más vulnerable de la región: más del 30% de sus hogares enfrenta dificultades para cubrir necesidades básicas, y solo el 24% se encuentra en una situación financiera cómoda, según el estudio de Kantar.

La nueva caída del riesgo país hasta los 421 puntos refleja la solidez de los bonos en dólares. La mejora en la calificación de riesgo por parte de Fitch y Standard and Poor’s les dieron un importante envión en el último mes. La gran duda ahora es si hay espacio para que las cotizaciones sigan subiendo o por el momento ya se llegó a un límite.

Aunque los papeles de la deuda en dólares subió más de 10% en el primer semestre, las posibilidades de una mejora adicional se mantienen. Ahora el mercado espera el pago de capital y cupones de los Bonares, que se producirá a mediados de la semana que viene. La expectativa es que parte de los USD 4.200 millones que pagará el Tesoro se reinviertan y esto le dé un impulso adicional a las cotizaciones.

Sin embargo, el margen alcista es ahora mucho más acotado. Un informe de Delphos Investment indicó que “si bien queda la posibilidad de un nuevo impulso, vemos una ventana para capitalizar parte de las ganancias y administrar riesgo, con rotación hacia ON de empresas de primera línea como alternativa más defensiva”.

El informe destaca que el riesgo país perforó mínimos de los últimos ocho años y ayer finalizó a 421 puntos. Los países con calificación en el área de las “B”, similar a la que actualmente tiene Argentina, presentan niveles cercanos a los 300 puntos básicos. Por lo tanto, aún quedaría margen para una compresión adicional, pero que no es lineal ni inmediata.

En este análisis surge que todavía existiría espacio para una baja extra del riesgo del orden de los 130 a los 150 puntos básicos: “Ese diferencial es el que puede traccionar un flujo que hasta ahora se mantuvo afuera. La comparación contra Latinoamérica refuerza el argumento, con Argentina rindiendo por encima de sus pares regionales”.

En los bonos más largos en dólares es donde se mantendría un mayor potencial alcista. Si se compara contra El Salvador, Nigeria o Ghana, por ejemplo, la posibilidad de suba se ubica entre un 8% y un 16 por ciento.

“Sin embargo, para un inversor que capturó la mayor parte del rally desde niveles distress creemos que es momento de capitalizar parte de las ganancias y bajar exposición en una rotación hacia corporativos”, señalaron de Delphos. Mientras que los bonos soberanos todavía rinden alrededor del 9% en dólares, los títulos emitidos por empresas en el mercado internacional están en niveles promedio de 6,5% a 7,5% anual.

A pesar de la compresión del riesgo país, la posibilidad de colocar deuda en el mercado internacional sigue acotada. El motivo es que subió la tasa de interés norteamericana, lo que encarece las colocaciones locales. Por eso, la compresión de los rendimientos de los bonos locales fue compensada por la suba de tasas de los bonos norteamericanos a diez años, que ayer sufrieron un nuevo salto hasta 4,47% anual.

Por tercera rueda consecutiva el mercado cambiario mayorista negoció con muy alto monto de operaciones por encima de los USD 800 millones, volumen que a la vez coincidió con una suba del tipo de cambio, reflejo de una demanda que continúa muy activa.

El dólar mayorista ganó siete pesos o 0,5% en el día, a $1.489, muy cerca del récord nominal de $1.492 del 24 de octubre del año pasado. En 2026 el dólar comercial sostiene una suba de 34 pesos o 2,3 por ciento. El volumen operado en el segmento de contado alcanzó 823,9 millones de dólares.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, presentó este 1 de julio ante la Asamblea Nacional el inicio de una segunda etapa de su gobierno, después de dos años que describió como un periodo de ordenamiento económico, ajuste gradual y recuperación de la confianza del país tras recibir, según dijo, unas finanzas públicas deterioradas y una administración con obras detenidas.

En su informe de gestión al comenzar su tercer año al frente del Ejecutivo, Mulino afirmó que el país entra ahora en una fase más enfocada en empleo, crecimiento económico y bienestar directo para las familias.

El eje de esa nueva etapa será el programa “Panamá Pa’ Ti”, una estrategia que concentrará los esfuerzos del Gobierno en cuatro prioridades: empleo, salud, canasta básica y agua.

El mandatario construyó buena parte de su discurso sobre una idea central: los primeros dos años fueron para “limpiar la tierra antes de sembrar”. Con esa metáfora, defendió el ajuste aplicado por su administración y aseguró que rechazó medidas como reducir en 20% la planilla estatal o aumentar impuestos, porque —según dijo— habrían trasladado el costo de la crisis a los panameños.

“No fui elegido para trasladarles el problema a los panameños, fui elegido para resolverlo”, sostuvo Mulino, al explicar que su gobierno optó por sanear las cuentas públicas, bajar el déficit fiscal, desacelerar el endeudamiento y recuperar la credibilidad internacional de Panamá. También defendió que la estabilidad macroeconómica no era una preocupación de técnicos o calificadoras, sino una condición para evitar créditos más caros, menos inversión y menos empleo.

Pero el propio presidente reconoció que esos resultados todavía no se sienten con suficiente fuerza en los hogares. “Ningún panameño vive del déficit fiscal”, dijo, en una de las frases más políticas de su intervención. A partir de allí, intentó mover el foco del discurso desde el reacomodo fiscal hacia la generación de oportunidades.

El primer eje de “Panamá Pa’ Ti” será el empleo. Mulino prometió impulsar la creación de 80.000 nuevos empleos privados, no estatales, mediante una alianza con el sector productivo. En ese punto colocó a la construcción como uno de los motores principales de la nueva fase económica, con un programa de viviendas al alcance de las familias panameñas, especialmente en el interior del país.

El mandatario insistió en que cada vivienda construida genera movimiento económico, activa comercios, demanda mano de obra y dinamiza comunidades. También pidió a los empresarios de la construcción contratar trabajadores de las zonas donde se desarrollen las obras, para que los proyectos tengan un impacto más directo en las economías locales.

En infraestructura, Mulino repasó proyectos que, según dijo, muestran el avance de la gestión. Mencionó la Línea 3 del Metro, el Cuarto Puente sobre el Canal, el Corredor de las Playas, el Corredor del Caribe, la carretera Loma Campana-Santiago y más de 700 obras públicas en ejecución. Sobre el Cuarto Puente, afirmó que pasó de menos de 1% de avance al inicio de su administración a 38%, con 2.000 trabajadores y otros 2.000 previstos para los próximos meses.

La construcción, sin embargo, no fue el único sector que el presidente presentó como fuente de empleo. También anunció una ley de incentivos turísticos, un programa nacional de formación con prácticas remuneradas en turismo y la iniciativa Talent Up Panamá, en alianza con Google, para capacitar gratuitamente a 10.000 panameños en inteligencia artificial, computación en la nube, ciberseguridad y análisis de datos.

Mulino también habló de una alianza con BID Invest por $1.000 millones para financiar directamente al sector privado, especialmente a pequeñas y medianas empresas. Según explicó, los recursos no pasarán por el Gobierno, sino que estarán dirigidos a empresas con capacidad de generar empleo.

En Colón, anunció que en noviembre comenzarán las obras de expansión de la Zona Libre por $250 millones, mientras que en el sector agropecuario adelantó el programa Primer Empleo Agro, que beneficiará a unos 2.000 jóvenes en Los Santos, Herrera, Veraguas y Darién.

El presidente también dedicó una parte breve, pero sensible, a la mina. Dijo que el informe técnico elaborado por expertos internacionales ya está disponible en la página del Ministerio de Ambiente y que será analizado por un equipo de Gobierno encabezado por el ministro Roberto Linares Montoto, junto con los ministros Felipe Chapman y Juan Carlos Navarro. Mulino evitó adelantar una decisión, pero sí marcó distancia de los extremos: dijo que las posturas del “sí porque sí” y del “no porque no” evaden la argumentación lógica.

rte fue el tren Panamá-David, una de sus principales promesas de campaña. Mulino afirmó que el proyecto ya no se concibe únicamente como un tren, sino como una obra de integración nacional. Aseguró que un estudio internacional concluyó que es viable, aunque será sometido a una validación independiente antes de avanzar. También admitió que no será una obra que termine durante su administración, pero defendió que debe asumirse como un proyecto de Estado, similar al Metro de Panamá.

El discurso se produjo el mismo día en que la Asamblea Nacional instaló su nuevo periodo ordinario y eligió a su Junta Directiva para los próximos 12 meses. La diputada Shirley Castañeda, del partido Realizando Metas, colectivo que impulsó la candidatura presidencial de Mulino, fue electa presidenta del Legislativo con 42 votos. Su rival, Grace Hernández, postulada por la bancada independiente Vamos y Seguimos, obtuvo 21 votos.

La nueva directiva quedó completada con Manuel Cohen Salerno, de Cambio Democrático, como primer vicepresidente, y Manuel Chen, de Realizando Metas, como segundo vicepresidente. La votación confirmó el control de las bancadas tradicionales y oficialistas sobre la Asamblea, en una jornada marcada por tensiones, cuestionamientos de diputados independientes sobre presunta injerencia del Ejecutivo y la abstención del Partido Panameñista.

Mulino cerró su discurso con un mensaje directo a su gabinete. Dijo que los anuncios realizados no eran simples promesas, sino una “orden de proceder para ministros, directores y funcionarios. También felicitó a la nueva presidenta de la Asamblea y pidió una relación de independencia, pero también de unidad.

El tono fue claro: el presidente quiere dejar atrás el relato de la crisis heredada y pasar a la ejecución. El reto, como siempre, será que el discurso no se quede en aplausos de pleno. Panamá ya ha escuchado muchas veces que vienen buenos tiempos; ahora Mulino tendrá que demostrar que esta vez vienen con fecha, presupuesto y resultados.

Casi 7 millones de personas quedaron excluidas para recibir créditos bancarios o extrabancarios tras el constante crecimiento de la morosidad en el financiamiento a las familias, que lleva 19 meses consecutivos de alza, según explicó un informe de la consultora 1816.

“De acá a las elecciones del año que viene difícilmente el crédito a familias sea un motor muy relevante de la actividad económica, como lo fue en el segundo semestre de 2024 y primer semestre de 2025, dado que más d el 27% de las personas que tomaron préstamos dejaron de ser ‘sujetos de crédito’, por estar en mora”, señaló el reporte de la consultora, que analizó los datos de la Central de Deudores del BCRA que la autoridad monetaria publicará hacia fin de julio.

Pese a ello, las perspectivas de crecimiento no son malas, dada la escasa incidencia del financimiento en la actividad: “Lo ‘positivo’ es que el peso del crédito en la economía local es tan pequeño que eso no significa que el PBI no pueda continuar creciendo en los próximos 12 meses”.

La morosidad en el crédito bancario y no bancario continuó creciendo en mayo, a pesar de que tanto el Gobierno como los bancos venían advirtiendo que la irregularidad ya había tocado su pico durante el verano. El informe de 1816 destacó que el aumento de la irregularidad tuvo especial impacto entre los jóvenes. El fenómeno afecta a 4 de cada 10 personas menores de 35 años con préstamos activos, quienes presentan al menos una obligación en mora, tanto en entidades financieras como no financieras.

La tendencia alcista se evidenció en la mayoría de los indicadores clave. El informe, que aplica la misma metodología utilizada en los reportes oficiales del Banco Central, calculó que la mora de familias subió de un 12,1% en abril a un 12,7% en mayo. En el caso de las empresas, el indicador pasó de 3,3% a 3,5%, y el total del sector privado avanzó de 7,3% a 7,7 por ciento. El informe advirtió que el dato definitivo podría experimentar algún ajuste marginal, ya que el BCRA suele actualizar más de una vez la base de datos de la Cendeu.

Este incremento representa la decimonovena suba mensual consecutiva en la irregularidad de los créditos a hogares. La tasa de mora se multiplicó por más de cinco en menos de dos años: en octubre de 2024 la irregularidad era de 2,5%, mientras que en mayo de 2026 superó el 12 por ciento. Este salto no encuentra antecedentes en el sistema financiero argentino desde la crisis de la Convertibilidad.

Para que descienda el porcentaje de morosidad, el saldo total de financiaciones debería crecer más rápido que el de los préstamos en mora. Si bien desde mayo el crédito en pesos al sector privado dejó de caer en términos reales, se mantuvo prácticamente sin cambios, y la banca pública evitó una caída más pronunciada. Los bancos privados redujeron de manera marcada la generación de préstamos durante los primeros meses del año, según se desprende de los balances de las entidades financieras.

La morosidad subió en la mayoría de las entidades. De las 30 instituciones más grandes en términos de préstamos a familias, en 26 de ellas la mora de mayo fue superior a la de abril. Los datos de mayo a nivel de entidad ya se encuentran disponibles en la plataforma web de la consultora, en la sección destinada a “Morosidad” dentro del apartado de “Sistema financiero”.

El informe también examinó la situación de las entidades no financieras, que representan alrededor del 17% del total de préstamos a familias. En este segmento, la morosidad alcanzó en mayo el 32,2%, mientras que hace un año y medio era inferior al 10%. La suma de los saldos irregulares tanto de entidades financieras como no financieras refleja el deterioro de la capacidad de pago de las familias argentinas.

Al analizar la distribución de la mora por segmentos etarios, el informe subrayó que el fenómeno es más grave entre los jóvenes. Casi el 40% de los menores de 35 años que mantienen créditos vigentes, ya sea en entidades financieras o no financieras, registra al menos un préstamo en situación irregular. Este porcentaje se ubica muy por encima del promedio general, y evidencia que las dificultades para cumplir con las obligaciones afectan más intensamente a los grupos de menor edad. En los tramos siguientes, la proporción cae: entre 36 y 45 años, el 31% tiene al menos un crédito en mora, y entre 46 y 55 años, el 23,5 por ciento.

La evolución del crédito durante el primer cuatrimestre del año mostró que la banca pública sostuvo el nivel de préstamos, en contraste con los bancos privados que recortaron de manera significativa la oferta. El crédito en pesos al sector privado se mantuvo estable en términos reales en mayo y junio, aunque no alcanzó una recuperación que permitiera revertir la tendencia de aumento en la irregularidad.

La irregularidad continuó subiendo en la amplia mayoría de las entidades financieras. De las 30 entidades más grandes en términos de préstamos a familias, en 26 la mora subió en mayo contra abril. La mora en los créditos a familias por parte de entidades no financieras también subió en mayo, según los datos de la Cendeu. En este caso, la irregularidad llegó al 32,2% en mayo, frente a menos de 10% hace un año y medio.

El informe resaltó que la morosidad de los individuos es elevada en todos los segmentos etarios, pero especialmente alta entre los más jóvenes. Según los cálculos de la consultora, casi el 40% de los menores de 35 años con créditos vigentes tiene al menos un préstamo irregular. Esta cifra surge de la suma de datos de entidades financieras y no financieras. Entre los deudores de 18 a 25 años, la irregularidad alcanza el 42,8%, y entre los de 26 a 35 años, el 39,3 por ciento. El porcentaje desciende de manera progresiva en los grupos de mayor edad.

Por otra parte, el informe de 1816 destacó que la prioridad principal del Gobierno sigue siendo el control del tipo de cambio (FX), aunque en los últimos meses logró mantener baja la volatilidad tanto en las tasas de interés como en el dólar. Desde marzo, ambas variables flotaron dentro de márgenes acotados, en contraste con la elevada volatilidad registrada hasta febrero, cuando las tasas tuvieron variaciones pronunciadas, incluso intradiarias.

El informe puntualizó que los próximos datos oficiales, correspondientes a junio y julio, permitirán determinar si la tendencia alcista se sostiene o si el “efecto aguinaldo” contribuye a una reducción de la morosidad. El dato oficial de mayo se publicará a fines de julio, pero la estimación de la consultora anticipó con exactitud las cifras que luego validó el Banco Central en informes anteriores.

El exministro de Economía, Hernán Lacunza, publicó en su cuenta de la red social X una carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que retomó las recientes referencias presidenciales al reperfilamiento de deuda de 2019. En el texto, Lacunza reconstruyó el contexto económico y político de aquellos meses, diferenció lo que llamó “el dilema en pesos” del “dilema en dólares”, y cerró con una reflexión sobre el tipo de debate público que, a su entender, debería primar de cara a 2027.

Durante una entrevista con el canal de streaming Neura, Milei abordó la situación económica que vivía Argentina hacia mediados de 2019, cuando Cambiemos estaba en el poder. El presidente sostuvo: “El propio gobierno de Mauricio Macri estafó a los argentinos defaulteando la deuda en pesos. ¿Reperfilamiento? Una palabra educada para decir default“. Esta no es la única ocasión en la que expresó esa postura; días atrás, en un evento de la Fundación Faro, expuso el mismo razonamiento.

La carta de Lacunza comienza con un reconocimiento a la forma en que el jefe de Estado instaló el debate económico desde su llegada a la escena pública. El exfuncionario sostuvo que el mandatario “supo irrumpir en el debate económico con asertividad” y le atribuyó haber contribuido a desarmar lo que definió como “la telaraña de eslóganes vacíos” vigentes hasta 2023, entre los que mencionó “vivir con lo nuestro”, “más Estado ante cualquier necesidad” y “la emisión no genera inflación”. Según el economista, esas consignas “hundieron en la pobreza a casi la mitad de los argentinos y desembocaron en más de 200% de inflación”.

A partir de ahí, el texto se centra en lo que motivó la publicación: las menciones presidenciales, en las últimas dos semanas, a un episodio ocurrido siete años atrás, el reperfilamiento de deuda posterior a las PASO de agosto de 2019. Lacunza señaló que, de cara a 2027, la sociedad probablemente esté “más ávida de escucharnos sobre el presente y el futuro”, pero consideró que la coyuntura sirve de todos modos para coincidir en un punto central: evitar que la economía llegue a una situación límite, porque una vez allí, las salidas disponibles dejan de ser buenas en términos absolutos. En sus palabras, “lo importante es evitar que la nave con 47 millones de pasajeros se declare en emergencia, porque una vez ocurrido, el aterrizaje forzoso suele ser una opción mejor que una catástrofe”.

El antecedente de las elecciones de medio término

En ese marco, Lacunza recordó que el propio Gobierno de Milei no fue ajeno a episodios de tensión financiera. Apuntó que las turbulencias del proceso electoral de medio término de 2025 “dispararon el riesgo país y desplomaron la demanda de pesos a niveles absurdos”, una situación que, según relató, terminó siendo sorteada “con pericia pero también con una asistencia del Fondo Monetario y un puente financiero del Tesoro de Estados Unidos”.

El economista dedicó un párrafo a precisar la naturaleza de la medida adoptada en 2019. Aclaró que prefiere no detenerse en la semántica entre “default en pesos” y “reperfilamiento”, y explicó que este último término remite a “una convocatoria de acreedores en una ventana de tiempo acotada, sin quita de capital ni de intereses, para que una nueva gestión, empoderada por el voto popular, pueda superar el bache con un programa financiero plurianual y consistente”.

Sostuvo además que esa decisión tuvo más relación con lo que se avecinaba que con la gestión previa, y agregó que nada de eso habría ocurrido si Mauricio Macri hubiera renovado su mandato, ya que el entonces presidente “habría conservado el crédito voluntario que dispuso hasta el día anterior a las elecciones primarias de agosto”.

Dilema en pesos: reperfilamiento o hiperinflación

Lacunza planteó que, en materia de moneda local, el escenario de 2019 se reducía a una disyuntiva entre el reperfilamiento y la hiperinflación. Recordó que el propio Milei explicó en numerosas ocasiones que “el exceso de oferta de dinero provoca inflación”, y aplicó ese principio a la situación de aquel momento: sin capacidad de renovar los vencimientos y con la demanda de dinero derrumbándose ante la perspectiva de un triunfo de Alberto Fernández, quien prometía “aumentar jubilaciones con maquinita y desconocer las deudas”, habría sido “temerario” emitir en dos meses el equivalente al 30% de la base monetaria, monto que representaban los vencimientos de deuda en pesos.

Para reforzar ese argumento, Lacunza apeló a un antecedente histórico. Mencionó que, a fines de los años ochenta, durante la transición entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem, el denominado “festival de bonos” financiado con emisión monetaria “había terminado en hiperinflación”, y le pidió a Milei que imaginara no solo el impacto en la pobreza sino también “el riesgo institucional de una transición semejante”.

En ese tramo de la carta, formuló una serie de preguntas retóricas sobre los recursos disponibles en ese escenario: con qué se podrían haber pagado los vencimientos sin liquidez ni crédito, qué hubiera pasado con la inflación, con la pobreza y con la independencia del Banco Central. Cerró el pasaje con una referencia al pasado de Milei como arquero de fútbol, al señalar que, tras dos años y medio de gestión, el presidente ya sabe que “en la política pública es tan importante hacer goles como atajar penales”, una idea que, según escribió, el economista brasileño Edmar Bacha “lo explica con mayor elegancia”.

Dilema en dólares: cepo o corralito

El segundo eje de la carta abordó la dimensión cambiaria de aquellos meses. Lacunza explicó que, en simultáneo, se repusieron los controles de capitales, y detalló la magnitud de los compromisos en danza: además de los vencimientos de deuda de corto plazo por 15.000 millones de dólares y otro monto similar en pesos, había pesos en circulación y depósitos en pesos equivalentes a 15.000 y 73.000 millones de dólares, respectivamente, a los que se sumaban 23.000 millones de dólares en depósitos en moneda extranjera dentro del sistema financiero. Frente a ese cuadro, concluye, “el Banco Central disponía de apenas 16.000 millones de dólares de reservas disponibles", una cifra que representaba menos del 15% de la demanda potencial de dólares, estimada en unos 110.000 millones al tipo de cambio vigente en ese momento.

Según Lacunza, esa diferencia entre los compromisos y las reservas disponibles obligaba nuevamente a optar por “el mal menor”, y apeló a otro antecedente histórico para justificar la decisión: el corralito de 2001, que “había terminado con cinco presidentes en una semana y 39 muertos en todo el país”. El economista admitió que tanto el reperfilamiento como el cepo tuvieron “daños colaterales desde el punto de vista económico y financiero”, pero sostuvo que esas medidas permitieron “normalizar el tránsito electoral en paz social” y llegar a la finalización del mandato de un gobierno no peronista, algo que, según remarcó, no ocurría “en casi un siglo”.

La carta cierra con un párrafo en el que Lacunza formuló un deseo sobre el legado del primer mandato de Milei, sea renovado o no en las elecciones del año próximo. Expresó que ese legado debería incluir no solo una realidad económica con menor inflación y pobreza, “como hasta ahora”, sino también “un escalón superior en la discusión pública, sin chicanas atractivas para los títulos y las redes, pero poco edificantes para el desarrollo que todos anhelamos”.

La morosidad en el sistema financiero argentino volvió a registrar un incremento en mayo, y alcanzó niveles que no se observaban desde la salida de la Convertibilidad. El último informe especial elaborado a partir de los datos de la Central de Deudores del BCRA (Cendeu) confirmó un nuevo aumento en la irregularidad del crédito de las entidades financieras, especialmente entre los jóvenes. El fenómeno afecta a 4 de cada 10 personas menores de 35 años con préstamos activos, quienes presentan al menos una obligación en mora, tanto en entidades financieras como no financieras.

La tendencia alcista se evidenció en la mayoría de los indicadores clave. El informe, que aplica la misma metodología utilizada en los reportes oficiales del Banco Central, calculó que la mora de familias subió de un 12,1% en abril a un 12,7% en mayo. En el caso de las empresas, el indicador pasó de 3,3% a 3,5%, y el total del sector privado avanzó de 7,3% a 7,7 por ciento. El informe advirtió que el dato definitivo podría experimentar algún ajuste marginal, ya que el BCRA suele actualizar más de una vez la base de datos de la Cendeu.

Este incremento representa la decimonovena suba mensual consecutiva en la irregularidad de los créditos a hogares. La tasa de mora se multiplicó por más de cinco en menos de dos años: en octubre de 2024 la irregularidad era de 2,5%, mientras que en mayo de 2026 superó el 12 por ciento. Este salto no encuentra antecedentes en el sistema financiero argentino desde la crisis de la Convertibilidad.

Para que descienda el porcentaje de morosidad, el saldo total de financiaciones debería crecer más rápido que el de los préstamos en mora. Si bien desde mayo el crédito en pesos al sector privado dejó de caer en términos reales, se mantuvo prácticamente sin cambios, y la banca pública evitó una caída más pronunciada. Los bancos privados redujeron de manera marcada la generación de préstamos durante los primeros meses del año, según se desprende de los balances de las entidades financieras.

La morosidad subió en la mayoría de las entidades. De las 30 instituciones más grandes en términos de préstamos a familias, en 26 de ellas la mora de mayo fue superior a la de abril. Los datos de mayo a nivel de entidad ya se encuentran disponibles en la plataforma web de la consultora, en la sección destinada a “Morosidad” dentro del apartado de “Sistema financiero”.

El informe también examinó la situación de las entidades no financieras, que representan alrededor del 17% del total de préstamos a familias. En este segmento, la morosidad alcanzó en mayo el 32,2%, mientras que hace un año y medio era inferior al 10%. La suma de los saldos irregulares tanto de entidades financieras como no financieras refleja el deterioro de la capacidad de pago de las familias argentinas.

Al analizar la distribución de la mora por segmentos etarios, el informe subrayó que el fenómeno es más grave entre los jóvenes. Casi el 40% de los menores de 35 años que mantienen créditos vigentes, ya sea en entidades financieras o no financieras, registra al menos un préstamo en situación irregular. Este porcentaje se ubica muy por encima del promedio general, y evidencia que las dificultades para cumplir con las obligaciones afectan más intensamente a los grupos de menor edad. En los tramos siguientes, la proporción cae: entre 36 y 45 años, el 31% tiene al menos un crédito en mora, y entre 46 y 55 años, el 23,5 por ciento.

El documento indica que más del 27% de quienes tomaron préstamos dejó de ser sujeto de crédito, ya que presentan irregularidades en sus compromisos financieros. En este cálculo se incluye también el crédito otorgado por entidades no financieras, y el porcentaje se refiere a personas en mora con independencia del saldo. La pérdida de la condición de sujetos de crédito restringe el acceso a nuevas vías de financiamiento y limita la capacidad de consumo.

La evolución del crédito durante el primer cuatrimestre del año mostró que la banca pública sostuvo el nivel de préstamos, en contraste con los bancos privados que recortaron de manera significativa la oferta. El crédito en pesos al sector privado se mantuvo estable en términos reales en mayo y junio, aunque no alcanzó una recuperación que permitiera revertir la tendencia de aumento en la irregularidad.

La irregularidad continuó subiendo en la amplia mayoría de las entidades financieras. De las 30 entidades más grandes en términos de préstamos a familias, en 26 la mora subió en mayo contra abril. Los datos de mayo a nivel de entidad están disponibles en la plataforma web de la consultora, en la sección dedicada a “Morosidad” dentro del segmento “Sistema financiero”. La mora en los créditos a familias por parte de entidades no financieras también subió en mayo, según los datos de la Cendeu. En este caso, la irregularidad llegó al 32,2% en mayo, frente a menos de 10% hace un año y medio.

El informe resaltó que la morosidad de los individuos es elevada en todos los segmentos etarios, pero especialmente alta entre los más jóvenes. Según los cálculos de la consultora, casi el 40% de los menores de 35 años con créditos vigentes tiene al menos un préstamo irregular. Esta cifra surge de la suma de datos de entidades financieras y no financieras. Entre los deudores de 18 a 25 años, la irregularidad alcanza el 42,8%, y entre los de 26 a 35 años, el 39,3 por ciento. El porcentaje desciende de manera progresiva en los grupos de mayor edad.

El informe abordó también las condiciones monetarias y la política de tasas. Durante cuatro meses consecutivos, las tasas de referencia a un día (REPO y caución) se mantuvieron cerca del 20%. Una excepción ocurrió el viernes previo al cierre del informe, cuando, por ventas extraordinarias de bonos USD linked del BCRA y el aumento estacional de la demanda de circulante en junio, casi desapareció el colchón de liquidez del sistema. La situación se resolvió a través de una inyección de pesos por parte del Tesoro en el mercado secundario, lo que permitió estabilizar las tasas. El análisis consideró que el régimen sigue siendo de tasa variable, aunque con baja volatilidad desde marzo.

El informe destacó que la prioridad principal del Gobierno sigue siendo el control del tipo de cambio (FX), aunque en los últimos meses logró mantener baja la volatilidad tanto en las tasas de interés como en el dólar. Desde marzo, ambas variables flotaron dentro de márgenes acotados, en contraste con la elevada volatilidad registrada hasta febrero, cuando las tasas tuvieron variaciones pronunciadas, incluso intradiarias.

Respecto a las perspectivas para los próximos meses, la consultora estimó que el crédito a familias difícilmente vuelva a ser un motor relevante de la actividad económica de cara a las elecciones del año siguiente. Entre los factores que explican este diagnóstico, se encuentra la alta proporción de personas en mora y la pérdida de acceso al crédito formal. El informe subrayó que, aunque el peso del crédito en la economía argentina resulta pequeño, la dinámica del PBI no depende exclusivamente de este factor y podría mantener su crecimiento incluso en un contexto de morosidad elevada.

La evolución de los préstamos en pesos al sector privado mostró oscilaciones en los últimos meses, con variaciones mensuales reales que alternaron entre caídas y leves subas. La banca pública sostuvo el nivel de créditos, mientras que los bancos privados recortaron su exposición al segmento familiar. Esta dinámica contribuyó a que el crecimiento de los saldos en mora supere al de las financiaciones totales, y que el ratio de irregularidad continúe en alza.

El informe puntualizó que los próximos datos oficiales, correspondientes a junio y julio, permitirán determinar si la tendencia alcista se sostiene o si el “efecto aguinaldo” contribuye a una reducción de la morosidad. El dato oficial de mayo se publicará a fines de julio, pero la estimación de la consultora anticipó con exactitud las cifras que luego validó el Banco Central en informes anteriores.

Las autoridades del Banco Central, encabezadas por Werning, consideran que la mora tocó un techo durante el segundo trimestre del año, aunque reconocen que el indicador depende de la evolución de la economía y de la capacidad de pago de las familias. La consultora remarcó que los datos pueden experimentar ajustes marginales a medida que el Banco Central actualice la base de la CENDEU.

El documento advierte que, aunque el crédito no vuelva a ser un motor de la actividad en el corto plazo, la economía argentina podría sostener su crecimiento por otras vías. La proporción de personas que dejó de ser sujeto de crédito y la elevada irregularidad entre los más jóvenes plantean desafíos para la recuperación del consumo y el acceso al financiamiento.

Brasil lanzó un programa de refinanciación de deuda para trabajadores informales al corriente de sus pagos, en una nueva medida de estímulo económico impulsada por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a meses de las elecciones de octubre.

El plan permite a estos trabajadores reemplazar créditos más costosos por préstamos con una tasa de interés máxima del 1,99% mensual, con préstamos de hasta 15.000 reales (USD 2.895) por entidad financiera. El gobierno también habilitará una extensión de seis meses en los plazos de amortización.

El programa está dirigido a trabajadores del sector informal sin deudas atrasadas o con un retraso de hasta 90 días. Según el Ministerio de Finanzas, la iniciativa beneficiará a entre 200.000 y 500.000 brasileños.

Los bancos estatales Banco do Brasil y Caixa Econômica Federal serán los principales oferentes de los préstamos, aunque el gobierno también instó a la banca privada a sumarse. En paralelo, se habilitará el uso del saldo del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS) —el fondo de indemnización laboral— como garantía para préstamos descontados de nómina, con cobertura de hasta el 50% del valor de cada crédito.

El ministro de Planificación Bruno Moretti informó que el gobierno destinará entre 3.000 y 4.000 millones de reales para subsidiar las tasas de interés del programa, sin afectar la meta fiscal del año. El gobierno de Lula apunta a un modesto superávit primario —excluyendo el pago de intereses— para el ejercicio en curso.

El ministro de Finanzas Dario Durigan rechazó en un acto en Brasilia que estas medidas constituyan estímulo económico. “Hablar de estímulo es una exageración enorme”, sostuvo, argumentando que los beneficiarios ya honran sus deudas a tasas más altas. Durigan también descartó que la iniciativa pueda interferir con la política monetaria del banco central.

Esta iniciativa se suma a una cadena de medidas de alivio económico que el gobierno de Lula ha desplegado en los meses previos al proceso electoral. A principios de mayo, el ejecutivo anunció un programa similar orientado a deudores morosos que ganan hasta cinco veces el salario mínimo, umbral notablemente superior al límite de dos salarios mínimos fijado en la primera versión del plan, lanzada en 2023.

El gobierno izquierdista también puso en marcha crédito subsidiado para la compra de camiones, vehículos y motocicletas destinado a repartidores que operan a través de aplicaciones. Lula, de 80 años, aspira a un cuarto mandato no consecutivo en la presidencia.

Las encuestas indican que estos programas le otorgan ventaja frente a Flávio Bolsonaro, su principal rival en una contienda que se prevé decidida por márgenes estrechos.

Varios economistas han advertido que el conjunto de medidas impulsará la demanda en un contexto en que el banco central mantiene una política monetaria restrictiva para reconducir la inflación hacia su objetivo del 3%. Los precios al consumidor acumulan una variación del 4,8% en los últimos doce meses, según datos de principios de junio.

A comienzos de este mes, el banco central recortó su tasa de referencia Selic en 25 puntos básicos, hasta el 14,25%, y advirtió por primera vez que las medidas de estímulo gubernamental representan riesgos al alza para una perspectiva inflacionaria que ya se deteriora. Los responsables de la institución describieron este escenario como un equilibrio de riesgos asimétrico.

Durigan rebatió esa lectura al señalar que, si el propio banco central reconoce en sus minutas que las tasas han desacelerado la actividad económica, resulta difícil sostener que exista un estímulo fiscal que comprometa la política monetaria. Los estudiantes con préstamos educativos también accederán, en el marco de este paquete, a líneas de crédito orientadas a la creación de nuevos emprendimientos.

(Con información de Reuters y Bloomberg)

El proceso de liquidación de SanCor derivó en una batalla judicial en tres frentes que amenaza con paralizar la venta de los activos de la láctea antes de que se concrete cualquier transacción.

El enfrentamiento tiene, por un lado, a un consorcio de más de 1.000 acreedores que pide anular la quiebra y apartar al juez; por el otro, a Gustavo Scaglione, dueño de Fidulac S.A. y uno de los interesados en adquirir la empresa, quien impugnó el pliego de licitación aprobado el 11 de junio; y, finalmente, un síndico disidente que denunció ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe al magistrado que lleva el expediente por presuntas irregularidades en el control del proceso concursal.

El nudo de la disputa es uno: si los activos de SanCor —seis plantas industriales y las marcas— deben venderse por separado o como unidad económica. El juez Marcelo Gelcich, titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito N° 5 en lo Civil y Comercial de Rafaela, aprobó un pliego que divide los bienes en siete lotes diferenciados, con un precio mínimo total de USD 52,1 millones. Esa decisión, adoptada el 11 de junio de 2026, es el detonante de la ofensiva legal.

De esta forma, las instalaciones fueron tasadas en conjunto en USD 27,4 millones, mientras que el paquete marcario alcanza los USD 24,7 millones, de los cuales USD 18,7 millones corresponden a la marca principal y USD 6 millones a submarcas como Mendicrim, Tolem y Quesabores.

Entre los interesados en quedarse con parte o la totalidad de los activos figuran Savencia —dueña de la marca Milkaut—, Adecoagro —fabricante de Las Tres Niñas—, Punta del Agua, Elcor —marca La Tonadita— y La Tarantela. Todos son empresas del sector lácteo que ya habían tomado contacto con SanCor cuando surgieron los primeros rumores de quiebra el año pasado. El vínculo data al menos de noviembre de 2025, cuando el juez a cargo del concurso convocó a los acreedores a presentar alternativas concretas para reactivar la empresa. Scaglione ya había presentado en dos oportunidades un plan para rescatar a la cooperativa, incluso antes de la quiebra. En ambos casos, no tuvo éxito.

A la vez, mientras se dirimen los conflictos en la Justicia, la semana pasada se desvincularon 736 empleados de los 914 que tenía SanCor al inicio del proceso. La cifra surge de descontar los 178 puestos que el gremio y el juez Marcelo Gelcich acordaron preservar para mantener operativas las seis plantas que aún funcionan. La empresa lleva 60 días paralizada desde que el magistrado firmó la quiebra a mediados abril, y los salarios no se pagan con regularidad. El gremio lácteo, Atilra, se posicionó también contra la justicia y apela por una venta total de la compañía.

La pelea por el método de venta

El recurso de revocatoria que presentaron la semana pasada los abogados de Scaglione ataca el esquema de liquidación en su núcleo. El escrito, con patrocinio del doctor Leandro Salvatierra, sostiene que el pliego aprobado “permite la enajenación separada de las marcas respecto de las plantas industriales”, lo que —según la presentación— destruiría valor en lugar de maximizarlo.

El argumento central es económico: el valor de SanCor no reside en sus plantas ni en sus marcas consideradas de forma aislada, sino en la articulación entre ambas. Una planta láctea sin las marcas bajo las cuales elaboró y comercializó sus productos históricamente queda reducida a un conjunto de instalaciones y maquinaria cuya explotación futura depende de una inversión adicional y de un posicionamiento comercial que habría que construir desde cero. A la inversa, quien adquiera las marcas no tiene ninguna obligación de seguir produciendo en las fábricas de SanCor.

La presentación también cuestiona la legalidad del procedimiento. La Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) establece, en su artículo 204, que la primera alternativa de realización de activos en una quiebra debe ser la venta de la empresa como unidad. La fragmentación en lotes separados es una opción subsidiaria, que requiere justificación. Según Fidulac, la resolución judicial no contiene ningún análisis que explique por qué se descartó la venta integral ni una valuación comparativa que demuestre que la suma de las partes supera o iguala el valor del todo.

A eso se suma un cuestionamiento específico sobre la planta de Sunchales. El tasador oficial, el ingeniero Pablo Bacchetta, la había valuado en USD 3 millones. Tras un incendio ocurrido el 7 de junio de este año, la sindicatura y la coadministración propusieron una reducción del 20%, que el juez receptó sin más, lo que fijó el valor en USD 2,4 millones. El recurso señala que entre el siniestro y la constatación transcurrieron menos de 24 horas, y que no existe un informe técnico que respalde esa quita porcentual ni que detalle qué bienes fueron destruidos o inutilizados.

Otro flanco del recurso apunta al proceso previo al pliego: los acreedores no tuvieron acceso a las tasaciones que sirvieron de base para fijar los valores mínimos. Esa documentación quedó alojada en un “Data Room” al que solo se puede ingresar previo pago de USD 10.000, el mismo monto que deben abonar quienes quieran participar como oferentes. Para Fidulac, esa condición impidió a los acreedores ejercer el control que la ley les garantiza sobre las decisiones que afectan el patrimonio destinado a pagar sus créditos.

La sindicatura dividida y la denuncia al juez

Mientras Scaglione litiga en el expediente principal, desde adentro del propio proceso concursal se gestó una segunda línea de ataque. Un integrante de la sindicatura plural designada para la quiebra —identificado en los documentos como síndico “disidente”— presentó ante la Corte Suprema santafesina una denuncia por irregularidades institucionales contra el juez Gelcich.

La denuncia describe un patrón: el magistrado habría montado un esquema para desplazar el control independiente de la sindicatura y concentrar las funciones estratégicas del proceso en una coadministración de su propia creación. La contadora Lucila Inés Prono fue designada coadministradora directamente por el juez, eludiendo el sorteo obligatorio del registro de la Corte. Lo que nació como un órgano auxiliar para asistir a la sindicatura ante la reticencia de la empresa a entregar información terminó, según la denuncia, absorbiendo funciones que la ley reserva exclusivamente a los síndicos.

La fractura interna de la sindicatura plural es uno de los ejes del escrito. Mientras dos de sus integrantes —identificados como Epstein y Tomat— mantuvieron un rol de control estricto, el tercero, Ignacio Pacheco Huber, se alineó con las directivas del juzgado y de la coadministradora. Epstein terminó renunciando. Su vacante no fue cubierta por sorteo, como exige la ley, lo que dejó al proceso con una sindicatura reducida mientras la coadministración conservaba sus amplias facultades.

La denuncia incluye episodios concretos. En el caso conocido como incidente “Hypred”, desaparecieron 24.640 kilogramos de queso que estaban bajo resguardo judicial como garantía (warrants), con un valor estimado en al menos USD 209.440. Según el escrito, en lugar de investigar el destino de ese dinero, el juez rechazó la denuncia y sancionó con un apercibimiento a los síndicos que la habían formulado, por considerarlos “negligentes”. En otro episodio, el síndico disidente fue sancionado con una “falta grave” por entregar el relevamiento físico de seis plantas industriales —distribuidas en dos provincias— un día después del plazo de cinco días hábiles que se le había fijado, por razones logísticas.

El denunciante sostiene que esa metodología —plazos imposibles seguidos de sanciones— fue el mecanismo sistemático para transferir funciones hacia la coadministración y marginar el control independiente. El síndico fue excluido de la elaboración del pliego de licitación y solo recibió el documento para su revisión con 24 horas de anticipación. La denuncia ante la Corte pide una investigación urgente, medidas preventivas para asegurar la independencia de la sindicatura y, eventualmente, un sumario administrativo contra el magistrado.

El consorcio de acreedores y el pedido de nulidad

La tercera pata del conflicto la protagoniza el Estudio Jurídico Dr. Regali & Asociados, conducido por el abogado Aldo Regali, quien representa a un consorcio de 1.066 acreedores de SanCor. El grupo incluye productores tamberos, proveedores comerciales, extrabajadores activos y empleados que formaron parte del programa de Retiro Voluntario Anticipado.

El consorcio apela contra la venta de los activos, pide declarar nula la quiebra y reclama que se considere su propio plan de salvataje para la firma. La presentación ante la Corte Suprema de Santa Fe busca también impulsar un juicio político contra el juez Gelcich por las irregularidades denunciadas en el manejo del concurso.

El trasfondo de este frente es el mismo que el de Fidulac: la objeción a que los activos se vendan desintegrados. Para los productores y proveedores que integran el consorcio, la fragmentación del patrimonio de SanCor reduce las chances de que alguien se haga cargo de las plantas como unidades productivas en funcionamiento, lo que afecta directamente sus posibilidades de cobrar sus acreencias.

La quiebra de SanCor se concretó el 22 de abril de este año por decisión del propio juez Gelcich, quien la definió como una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”. La cooperativa acumula una deuda de más de USD 120 millones, alrededor de 300 pedidos de quiebra y un concurso preventivo iniciado en febrero de 2025 que no logró revertir la situación. De las 14 plantas que llegó a operar en su etapa de mayor expansión, conserva seis, con producción muy por debajo de la capacidad instalada.

El gobierno de la Argentina prepara un plan para otorgar ciudadanía a cambio de inversiones o aportes por hasta USD 1 millón, una apuesta de la administración de Javier Milei para captar divisas y ayudar a afrontar los vencimientos de deuda que el país debe cubrir en los próximos años, publicó Financial Times.

El medio británico afirma que la iniciativa, que según fuentes oficiales consultadas por Infobae está todavía en estudio y sujeta a cambios, sería lanzada este año.

Al respecto, cita a dos personas “al tanto de las conversaciones” según las cuales el documento se expediría a cambio de un pago no reembolsable de USD 500.000 o la compra de bonos soberanos “cupón cero” (así se llama a los que no pagan cupón de intereses y se cancelan enteramente a su vencimiento) por un millón de dólares.

Según menciona el FT, la expectativa oficial es que el programa aporte recursos por “decenas de miles de millones” de dólares. Un dato de contexto que menciona es que la Argentina no volvió a los mercados globales de capital desde la reestructuración de deuda de 2020 y procura mecanismos alternativos para conseguir dólares.

Acceso sin visa a 170 países

De concretarse la iniciativa, Argentina pasaría a ser uno de los países más grandes del mundo en ofrecer ciudadanía por inversión. Quienes obtengan la ciudadanía por esa vía tendrían acceso sin visa a casi 170 países, lo que según el medio británico es más que cualquier otro programa de este tipo actualmente vigente.

Argentina pasaría a ser uno de los países más grandes del mundo en ofrecer ciudadanía por inversión

Los llamados “pasaportes dorados” crecieron con rapidez en distintas regiones como herramienta para atraer aportes de personas de alto patrimonio. Paraguay comenzó en abril a ofrecer residencia a cambio de inversiones desde USD 70.000. Los programas que otorgan ciudadanía directa generaron más controversia y varios países terminaron desistiendo de ellos. El modelo recibió críticas de organizaciones que promueven la transparencia y advierten sobre riesgos de seguridad y corrupción.

Tecno-magnate y embajador

El medio británico menciona al tecno-magnate Peter Thiel, que recientemente se instaló temporalmente en Buenos Aires como una suerte de “embajador” del programa. Dice además que consultores que participaron en el proyecto creen que la propuesta puede interesar a ciudadanos de Estados Unidos y Europa preocupados por la polarización política, los debates sobre impuestos en sus países y la posibilidad de una guerra con Rusia.

David Lincoln, fundador de Lincoln Global Partners, dijo que clientes de alto patrimonio ya mostraron interés por la “ubicación estratégica” de Argentina, lejos de zonas de conflicto. Lincoln agregó que “la preocupación por la dirección que está tomando el mundo es un motor cada vez mayor de nuestra industria”. También señaló que la ciudadanía argentina sería más barata que la visa para inversores de Nueva Zelanda, cuyo costo asciende en moneda neozelandesa a cerca de USD 3 millones.

Otro experto citado es Eric Major, director ejecutivo de Latitude Group, que también asesoró al gobierno y afirmó al FT: “simplemente no hay nada como Argentina en el mercado de ciudadanía por inversión”, por ser mucho más atractivo que los de pequeñas islas del Caribe y del Pacífico sur.

Otra fuente es Armand Arton, fundador de Arton Capital, consultora que según el FT asesoró al gobierno en el diseño del programa y lo promociona entre sus clientes. Según Arton, cuya firma tiene como lema “empoderar al ciudadano global” y asesora en trámites de ciudadanía por inversión, “Peter Thiel es un gran embajador del programa antes de su lanzamiento”. Además, aseguró al diario británica que es poco probable que el esquema incluya un requisito de residencia, lo cual limitaría la carga impositiva de quienes ingresen al programa

El FT también recuerda que el año pasado el gobierno de Milei modificó las reglas de ciudadanía, en parte para habilitar este programa. De todos modos, agrega, esa reforma enfrenta impugnaciones judiciales aún en curso, ya que la Constitución argentina otorga al Congreso la facultad sobre las leyes de ciudadanía.

Residencia por inversión

Muchos países grandes ofrecen residencia por inversión, pero no ciudadanía plena. El presidente de Estados Unidos Donald Trump, aliado cercano de Milei, lanzó el año pasado un permiso de residencia acelerado por USD 1 millón, aunque recibió pocas solicitudes. La puesta en marcha del esquema coincide con el intento del gobierno de Milei de reposicionar al país como un destino atractivo para los capitales, después de años en los que los impuestos al patrimonio y la volatilidad económica empujaron a parte de la élite local a mudarse al exterior.

El artículo puntualiza también que en 2024 la Corte de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal el esquema de Malta, que ofrecía un programa de ciudadanía por inversión, por convertir “la adquisición de la nacionalidad en una mera transacción comercial”. Cerró así la última vía de pasaporte dorado dentro de la Unión Europea, después de que Chipre y Bulgaria ya abandonaron sus propios planes. Otro antecedente citado es el del Reino Unido, que en 2022 eliminó su programa de residencia por inversión como parte de una ofensiva contra el lavado de dinero y además suprimió el ingreso sin visa para algunos países con esquemas de ciudadanía por inversión, como Dominica y Santa Lucía. Según las autoridades británicas, el pasaporte por inversión es “intrínsecamente de alto riesgo”.

Por último el Financial Times cita a Paula Carello, abogada migratoria y exfuncionaria de la oficina argentina de ciudadanías, quien también advierte “muchos riesgos” del sistema en materia de seguridad y reputación que a su criterio probablemente “superan los beneficios para un país del tamaño y perfil de la Argentina.

El gobierno de Javier Milei consiguió otros USD 266 millones para pagar el vencimiento de USD 4.300 millones de comienzos de julio y, en paralelo, inyectó $3 billones al mercado en la licitación de deuda en moneda extranjera y local que se llevó a cabo este viernes.

La subasta de la Secretaría de Finanzas tuvo como eje principal la colocación del bono AO28, instrumento central para enfrentar el compromiso con bonistas del próximo 9 de julio.

Según informó Finanzas, se adjudicaron 266 millones de dólares en AO28, con una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 7,83% y una tasa nominal anual (TNA) de 7,56 por ciento, lo que implica una baja respecto al 8% que se pagó en instancias anteriores. Esta operación representa la primera parte de la estrategia oficial para reunir los fondos necesarios para la cancelación de compromisos externos en el corto plazo.

La licitación incluyó la apertura de un segundo tramo del AO28 por hasta USD 100 millones adicionales, que se ofrecerán el próximo lunes al mismo precio de corte fijado en la jornada de hoy. Con esta segunda vuelta, el cupo total del instrumento alcanzaría los USD 2.000 millones previstos por el equipo económico.

En cuanto al resultado de la subasta en sí, Economía precisó que el monto total adjudicado ascendió a $13,22 billones, tras recibir ofertas por $14,93 billones, cuando había vencimientos por más de 16 billones de pesos. Esto implicó un rollover del 81,26% sobre los vencimientos del día, es decir, el Estado renovó poco más de ocho de cada diez pesos que debía afrontar.

“Se estiró la vida promedio de la cartera en 1,81 años y se patearon vencimientos a 2028 por $6,5 billones”, estimó Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, y uno de los directores del BICE.

Tras varios meses con refinanciamientos por encima del 100%, la administración nacional decidió no refinanciar la totalidad de los vencimientos, lo que implicó la liberación de pesos al mercado y un cambio en la dinámica de absorción monetaria.

“Por primera vez desde febrero, el Tesoro no logró renovar la totalidad de los vencimientos en pesos en la última licitación de junio. Alcanzó un rollover de 81,3% a pesar de ofrecer un menú para todos los gustos: nuevos instrumentos tasa fija (S13N6), CER (TZXO7, TZXD8) y TAMAR (TML27), y la reapertura del BONCER a marzo 2028, dual CER/TAMAR +3% a diciembre 2029 y los dólar-linked incorporados en la licitación previa (D31G6 y TZVD8)”, destacó un informe de la consultora Equilibra.

La colocación de instrumentos en pesos estuvo compuesta por distintos títulos de corto y mediano plazo. El bono más demandado fue la LECAP con vencimiento en noviembre de 2026 (S13N6), que recibió adjudicaciones por 4,18 billones de pesos, con una tasa efectiva mensual (TEM) del 2,10% y una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) del 28,32%, lo que reflejó el interés de los inversores por instrumentos de corto plazo y tasa fija ante el escenario de tasas reales positivas.

Además de la LECAP, la licitación incluyó títulos ajustados por inflación (CER) y por tipo de cambio. Entre los bonos CER, se colocaron $470.000 millones a octubre de 2027 (TZXO7) con una TIREA de 6,47%, $200.000 millones a marzo de 2028 (TZXM8) con 8,09% de TIREA, y 1,48 billones a diciembre de 2028 (TZXD8) con 8,41 por ciento. Para los instrumentos duales, que combinan CER y TAMAR, el título TXMD9 (vencimiento diciembre de 2029) adjudicó $3,77 billones, con una TIREA TAMAR de 9,16% y una TIREA CER de 6,27 por ciento.

En el segmento ajustado por la tasa mayorista (TAMAR), el bono TML27, con vencimiento en julio de 2027, adjudicó $2,43 billones a un margen de 5,40 por ciento. Los títulos dólar linked, que se ajustan por la evolución del tipo de cambio oficial, sumaron $570.000 millones con vencimiento en agosto de 2026 (D31G6), a una TIREA de 6,41%, y $120.000 millones con vencimiento en diciembre de 2028 (TZVD8), a una TIREA de 8,57 por ciento.

“Nuevamente una buena licitación para el Tesoro; esta vez, a diferencia de las licitaciones pasadas, el escenario era adverso, tanto por el nivel de los vencimientos como por la dinámica de FX y tasas”, consideró Martín de la Fuente, analista de Bavsa.

Bajo su perspectiva, el Tesoro encaraba la licitación con un mercado que mostraba “síntomas de liquidez acotada, razón por la cual vemos acertada la decisión de no rollear el 100% de los vencimientos y dejar pesos en el mercado”. “Pese a dicho contexto, logró estirar duration a tasas razonables y alivianar el mercado de pesos que en las últimas ruedas mostró cierto estrés en las tasas overnight”, sumó de la Fuente.

Por su parte, Sofía Bishop, analista de Cocos Capital, planteó que “ante tasas picaditas, el rollover fue 100%, dejando aproximadamente 3 billones de pesos. Vuelta al menú de las tasas fijas, saliendo 2,1% TEM, representando el 31% de lo adjudicado. Dual representó el 28,5%, la TAMAR 18% y CER el 11 por ciento. El 42% de la deuda ($5,5 billones) la rollearon post elecciones”

De esta manera, el Gobierno liberó liquidez al no rollear la totalidad de los vencimientos, una decisión que modifica la tendencia de los últimos meses, cuando las colocaciones cubrían más del 100% de los compromisos.

La estrategia de la jornada permitió al Tesoro obtener financiamiento extra en moneda dura y mantener la demanda por instrumentos en pesos, en un contexto en el que la liquidez comienza a aumentar por la salida de pesos liberados. La segunda vuelta de la licitación del AO28, que se concretará el lunes, será clave para completar el financiamiento requerido para el pago de la deuda en dólares de julio.

Por último, la estructura de la licitación mostró que las LECAP fueron el instrumento más elegido por los inversores, seguidas por los bonos duales. La colocación adicional del lunes definirán el margen de maniobra financiera del Gobierno en el inicio del segundo semestre del año.

En medio de un nivel morosidad récord, el Banco Nación incorporó una nueva herramienta para refinanciar las obligaciones de consumo en situación irregular. La herramienta podrá ser utilizada por trabajadores, jubilados y microempresas.

En el marco de su “Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad”, la propuesta de la entidad busca ampliar las opciones de refinanciación disponibles y ofrecer un instrumento que permita ordenar compromisos vencidos, facilitar la recuperación de la capacidad de pago y sostener el cumplimiento de las obligaciones en el tiempo.

La línea, que contempla la posibilidad de refinanciar deudas originadas en pesos o en UVA (bajo modalidad UVA, con actualización por CER), está dirigida a dos segmentos de usuarios:

• Personas humanas en actividad laboral, jubilados y/o pensionados que perciban sus haberes a través del Banco Nación.
• Autónomos, monotributistas y usuarios que no cobren sus haberes en la entidad.
• Podrán incluirse deudores monoproducto asistidos bajo las reglamentaciones destinadas al segmento Microempresas/Emprendedores, cuando correspondan a cartera de consumo

Entre sus principales características, contempla un plazo de hasta 120 meses y amortización mensual por sistema francés.

La tasa de interés será diferencial según el perfil del usuario: quienes perciban sus haberes a través del Banco accederán a una Tasa Nominal Anual fija del 12%, mientras que para el resto de los usuarios será del 14%. “Para mantener la tasa preferencial, el interesado deberá conservar el cobro de sus haberes en la entidad durante toda la vigencia del préstamo”, aclaró el comunicado oficial.

Además, quienes ya cobran en el banco podrán optar por incorporar un tope de cuota por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), mediante la contratación de una prima. Esta opción permite que, en caso de que la cuota calculada por UVA supere la evolución determinada por el CVS, se aplique como referencia el tope asociado a dicho índice.

La opción estará vigente a partir del lunes 29 de junio, y para solicitar esta refinanciación o para recibir más información, los clientes deberán acercarse a las sucursales del banco.

Otro plan, a tasa fija

Esta nueva herramienta se suma a las líneas lanzadas en mayo de unificación de deudas para personas humanas con cuotas vencidas e impagas en el BNA. Las alternativas anunciadas en forma previa para regularizar deudas son:

• Consolidación de deudas: dirigida a quienes cobran sus ingresos (salarios, jubilaciones o pensiones) a través del Banco Nación, esta opción posibilita unificar deudas financieras tanto en esa entidad como en otras, simplificando la gestión de compromisos y la planificación de pagos. La propuesta ofrece tasa fija, plazo máximo de 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y permite acceder a montos de hasta $100 millones.
• Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito: disponible para usuarios que presentan hasta 90 días de mora en el pago de tarjetas de crédito emitidas por la entidad. Permite reprogramar deudas de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35 por ciento. La modalidad prevé la continuidad de la tarjeta, el comienzo del pago en cuotas a partir del siguiente resumen y ajustes temporales en los límites de compra. En casos de mora superior a 90 días, el Banco ofrece opciones de financiamiento para extender los pagos hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones establecidas.
• Evaluación personalizada: Cada pedido se evalúa de forma particular por los equipos especializados del Banco, que tienen en cuenta el perfil del cliente, su situación económica y los detalles de las deudas a reestructurar. Este método posibilita brindar opciones ajustadas a cada caso, favoreciendo una gestión responsable de los compromisos financieros.

Cabe recordar que la mora de los préstamos bancarios a las familias alcanzó el 12,1% del total de créditos en abril, el nivel más alto en más de 20 años. El indicador se triplicó en los últimos doce meses y avanzó 0,5 puntos porcentuales respecto de marzo. Según estimaciones de 1816, más de 5,3 millones de personas ya tienen al menos un crédito en situación irregular.

El Banco Nación lanzó una nueva línea UVA para regularizar deudas de consumo en mora, con un plazo de hasta 120 meses y una tasa fija desde el 12% de TNA, según el perfil del cliente. La herramienta forma parte del “Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad” y estará vigente desde el lunes 29 de junio.

La entidad precisó que el préstamo permite refinanciar obligaciones originadas en pesos o en UVA bajo modalidad UVA, con actualización por CER, para usuarios clasificados en situación irregular 3, 4 o 5 de acuerdo con las normas del Banco Central de la República Argentina.

La TNA será fija del 12% para quienes perciban haberes a través del Banco y del 14% para el resto; para conservar la tasa preferencia

El esquema incluye amortización mensual por sistema francés. La TNA será fija del 12% para quienes perciban haberes a través del Banco y del 14% para el resto; para conservar la tasa preferencial, el solicitante deberá mantener el cobro de haberes en la entidad durante toda la vigencia del crédito.

Para quienes cobren sus haberes en el Banco, también habrá una opción de tope de cuota por índice CVS mediante la contratación de una prima: si la cuota calculada por UVA supera la evolución marcada por el Coeficiente de Variación Salarial, se aplicará el límite asociado a ese índice.

La línea se suma a otras alternativas ya anunciadas por el Banco Nación: unificación de deudas para personas humanas con cuotas vencidas e impagas en situación crediticia uno o dos, refinanciación de saldos de tarjeta de crédito y consolidación de deudas que reúne obligaciones en esta y otras entidades. Para solicitar la refinanciación o recibir información, los clientes deberán acercarse a las sucursales.

Varios bancos internacionales ya presentaron ofertas al Gobierno para participar en la licitación de la nueva deuda que colocará Argentina con garantías de organismos multilaterales. La tasa de interés, según adelantó el propio ministro de Economía, Luis Caputo, estaría cerca del 6% anual en dólares.

En total, la intención oficial es colocar USD 5.000 millones, que servirían para refinanciar vencimientos el año que viene. Mientras el Banco Mundial encabezó la iniciativa con garantías por USD 2.000 millones, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también se sumó con otros 550 millones de dólares.

Ahora la expectativa es a qué plazo se conseguirá este financiamiento de grandes entidades internacionales y también cuál será finalmente la tasa de interés.

Caputo remarcó que los fondos no serán utilizados para incrementar el stock de deuda, sino para reemplazar pasivos existentes por otros más convenientes en términos de costo financiero.

Desde el Ministerio de Economía consideran que este mecanismo permitirá reducir el peso de los intereses futuros y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública.

En ese contexto, el ministro también comparó la estrategia actual con la de administraciones anteriores y aseguró que el kirchnerismo dejó obligaciones por USD 177.000 millones a tasas elevadas. Además, sostuvo que la actual gestión ya canceló cerca de USD 20.000 millones de deuda gracias al ajuste fiscal implementado desde diciembre de 2023.

En el mercado creen que éste es el primer paso para un regreso del Gobierno a los mercados voluntarios de deuda. Una vez que se complete esta colocación, la expectativa es que se logre colocar nuevos bonos bajo ley neoyorkina, pero ya sin estas garantías especiales.

La baja del riesgo país, que se mantiene por debajo de los 450 puntos básicos, implica que ese objetivo esta más cerca. Sin embargo, como también subió el piso que es la tasa de los bonos norteamericanos, por lo que financiarse a estos niveles todavía es muy caro.

El rendimiento del bono norteamericano bajó de 4,60% a 4,40% anual, pero sigue muy alto. Esto significa que una emisión argentina debería todavía pagar en un rango del 8,5% a 9% anual. El equipo económico pretende tasas menores.

Uno de los puntos resaltados por el FMI fue la reducción del riesgo país y el cambio de percepción de los mercados internacionales respecto de la Argentina.

La vocera del FMI, Julie Kozack, enfatizó ayer que los spreads soberanos se ubican actualmente por debajo de los 450 puntos básicos, reflejando una mejora en la confianza de los inversores. La portavoz sostuvo que este cambio responde a que “el sentimiento de mercado con respecto a Argentina se ha vuelto más favorable”, algo que también se vio reflejado en las recientes mejoras de calificación otorgadas por agencias internacionales de riesgo.

Pese a reconocer la mejora de las condiciones financieras, el FMI evitó pronunciarse sobre una posible emisión de deuda en los mercados internacionales. “La decisión sobre el momento y las condiciones de acceso a los mercados corresponde a las autoridades argentinas”, afirmó la funcionaria.

No obstante, el organismo señaló que la continuidad de las políticas orientadas a fortalecer las reservas y sostener la credibilidad macroeconómica contribuirá a facilitar un acceso más sólido y duradero al financiamiento internacional en el futuro.

También aparecieron los críticos a esta iniciativa del Gobierno. El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, indicó que “es muy mala idea” tomar el préstamo del Banco Mundial para colocar deuda en el mercado. “Debería utilizarse esa ayuda para financiar obras de infraestructura, porque este Gobierno no invirtió nada y hay un gran déficit en ese terreno”.

Además, reiteró que la mejor manera de conseguir financiamiento en los mercados es “liberar totalmente el flujo de capitales y no mantener los controles que existen actualmente. Eso genera incertidumbre entre los inversores, porque las reglas de juego siguen sin estar claras”.

Un hombre de 57 años permanece internado bajo cuidados especiales tras ser herido de gravedad durante una disputa económica en la localidad de Tunuyán, provincia de Mendoza.

El hecho se registró alrededor de las 22:00 del miércoles en un establecimiento comercial ubicado sobre el kilómetro 83 de la Ruta 40, en la zona de Puente de Río.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario Los Andes, según indicó el Ministerio de Seguridad y Justicia, la víctima —identificada como J. L. R.— se presentó en el local para exigir el pago de una deuda pendiente. La conversación, inicialmente de carácter económico, derivó rápidamente en una discusión acalorada. En línea con las primeras averiguaciones, el intercambio verbal fue escalando en intensidad hasta que el presunto agresor, que se encontraba en el sitio, extrajo un arma de fuego de fabricación casera y disparó a corta distancia contra el rostro de J. L. R.

Tras el ataque, el hombre fue asistido en primera instancia por clientes y empleados del local, quienes solicitaron ayuda médica de inmediato. Personal sanitario arribó al lugar y dispuso el traslado urgente al Hospital Scaravelli, donde recibió los primeros auxilios para controlar la hemorragia y estabilizar las constantes vitales. La gravedad de la herida, que comprometió parte del rostro, motivó la decisión de derivarlo en ambulancia al Hospital Lagomaggiore, en la Ciudad de Mendoza.

En el centro médico de referencia provincial, el paciente permanece internado bajo observación y tratamiento especializado. De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, la víctima se encuentra fuera de peligro, aunque su evolución continúa siendo monitoreada de manera permanente por el equipo médico.

La Fiscalía actuante dispuso la intervención inmediata de la Policía Científica y del personal de Investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del ataque. Durante las primeras horas posteriores al hecho, se realizó un relevo del lugar, se incautaron elementos de interés para la causa y se tomaron declaraciones a testigos presenciales.

Conforme a la información oficial, horas más tarde, se logró la detención del presunto agresor, quien permanece a disposición de la Justicia. La identidad del detenido no fue difundida por las autoridades, en cumplimiento de las normativas vigentes sobre el proceso de investigación. Se espera que en los próximos días avance la imputación formal y se determine la calificación legal del hecho.

Las autoridades indicaron que el arma utilizada fue secuestrada y será sometida a peritajes para establecer sus características y el mecanismo empleado en el disparo.

Hace tan solo una semana, un hombre amanezó con un hacha a los empleados de una panadería y disparó su arma. Se trata de una persona de 71 años, en la ciudad de La Plata.

El episodio se desencadenó en las inmediaciones de las calles 17 y 54, donde G.M.L. de 71 años —identificado como vecino de la zona— se acercó al comercio denominado “La Catedral” e insultó a sus propietarios antes de golpear uno de los vidrios del local con el hacha.

Las víctimas, los hermanos B.V. y L.V., son dueños de la panadería. Ante la agresión, B.V. llamó por teléfono a su hermano, quien se dirigió al domicilio de G.M.L., ubicado a unos 100 metros del comercio. Fue en ese momento cuando el agresor extrajo un arma de entre sus ropas y efectuó un disparo al piso.

El Grupo de Trabajo Operativo (GTO) de la Superintendencia de Seguridad Regional I tomó conocimiento del hecho a partir de reportes sobre detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, el personal policial se entrevistó también con efectivos del Servicio de Apoyo a la Seguridad Urbana (SASU), quienes se acercaron al sitio de forma simultánea. Juntos recabaron el testimonio de los damnificados.

Al trasladarse al domicilio de G.M.L., el propio imputado abrió la puerta y entregó voluntariamente el arma: un revólver calibre 32 largo, marca CTG. Al momento de la incautación, el cilindro contenía seis proyectiles intactos calibre 32 largo, lo que indica que solo se realizó un disparo.

Más de 1.800 personas fallecidas figuran como contribuyentes activos en la Municipalidad de Garabito, lo que pone en riesgo el cobro de ¢3,595 millones (aproximadamente USD 6,900,000), según la Contraloría General de la República. La causa principal radica en inconsistencias, omisiones y errores en las bases de datos, afectando la recaudación municipal.

Al cierre de 2025, el saldo pendiente por recaudar ascendía a ¢8,205.41 millones (alrededor de USD 15,800,000), con el 84.10% de ese monto sin ningún proceso de cobro administrativo. Según la Contraloría, esta debilidad operativa expone a prescripción gran parte de las deudas, lo que dificultaría su recuperación por antigüedad.

De ese total, se reportó que 509 fallecidos mantienen saldos pendientes. Se suman ¢1,311 millones (unos USD 2,500,000) ligados a patentes inactivas. El 50.1% de las patentes comerciales y el 51.5% de las de licores están inactivas, pero siguen generando cuentas por cobrar.

Deficiencias en la base de datos y gestión de cobro

La Contraloría reportó que 5,039 contribuyentes no tienen ningún medio de localización y, entre los 37,746 registrados, 18,420 carecen de correo electrónico válido y 9,976 no cuentan con teléfono registrado.

El diagnóstico también identificó problemas en la identificación: poco más de 1,000 cédulas con formato incorrecto, 843 DIMEX no coincidentes con los registros de Migración y 115 cédulas físicas que no existen en el Tribunal Supremo de Elecciones, según El Observador.

El informe atribuyó parte del problema a la falta de controles en el ingreso de datos. La recomendación fue que el sistema municipal impida almacenar información incorrecta o incompleta, para resguardar la integridad de los registros.

En el área inmobiliaria, 16,865 fincas llevan seis años o más sin actualización de valor y 2,074 aparecen con montos entre ¢0 y ¢100,000 (hasta USD 200), cifras que la Contraloría calificó de irrazonables.

Deudas en riesgo de prescripción y acciones municipales

La municipalidad enfrenta la posibilidad de no poder recuperar ¢3,595 millones (aproximadamente USD 6,900,000) si las deudas prescriben. De ese monto, ¢1,666 millones (cerca de USD 3,200,000) corresponden al impuesto sobre bienes inmuebles vencido hace más de cuatro años. El resto, ¢1,929 millones (alrededor de USD 3,700,000), se reparte entre patentes, servicios públicos, cementerio, construcción y otros ingresos, todos con antigüedad superior a seis años.

La Contraloría señaló que la falta de actualización de los datos podría afectar los ingresos municipales y limitar la inversión en obras y servicios para la comunidad. Además, subrayó que la calidad de la información es esencial para la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

El alcalde Francisco González reconoció que las inconsistencias provienen de administraciones anteriores y aseguró que ya se trabaja en corregirlas. La municipalidad afirmó que dichas irregularidades existen desde 2009 y que, antes de la notificación, ya había iniciado campañas para reducir la morosidad y depurar los datos. El Departamento de Gestión de Cobros informó sobre la emisión de notificaciones y la publicación de edictos jurídicos en La Gaceta citado por El Observador para atender montos en riesgo de prescripción.

Órdenes de la Contraloría para corregir la base tributaria

La Contraloría dictó seis disposiciones obligatorias. Las tres primeras requieren definir un plan para corregir inconsistencias, implementar controles para evitar datos erróneos y establecer procedimientos internos para la actualización continua, con plazos entre el 15 y el 30 de noviembre de 2026.

El informe también exige analizar fincas sin actualizar, patentes inactivas y montos en riesgo de prescripción para decidir acciones legales. Además, ordena gestionar los saldos de fallecidos y empresas inactivas sin cobro activo y ejecutar capacitación sobre el sistema y la normativa de calidad de datos, con reporte previsto para el 30 de junio de 2027.

La Contraloría advirtió que el incumplimiento de estas órdenes constituye causal de responsabilidad para las autoridades municipales.

Colombia y el ajuste fiscal volvieron al centro de las alertas económicas ante un informe de Oxford Economics, que ubicó al país en el séptimo lugar entre 46 economías desarrolladas y emergentes con mayores necesidades de corrección en sus cuentas públicas. En América Latina, quedó en el cuarto puesto, detrás de Brasil, Uruguay y México.

Oxford Economics advierte que Colombia aparece entre los países con mayor necesidad de ajuste fiscal porque gasta mucho más de lo que recauda y debe seguir endeudándose para cubrir ese faltante.

Si esa situación continúa durante varios años, la deuda seguirá creciendo y el hecho de conseguir nuevos préstamos será cada vez más costoso. Ese faltante obliga a buscar nuevos préstamos y, si la tendencia se mantiene, la deuda sigue creciendo y el financiamiento se encarece.

Cómo se mide la presión fiscal

Para llegar a esa conclusión, Oxford Economics usó el Balance Primario Estabilizador de la Deuda (Dspb). El indicador calcula cuánto tendría que ahorrar un gobierno, antes de pagar intereses, para impedir que la deuda siga aumentando frente al tamaño de la economía.

La pregunta que responde es directa: ¿cuánto debe ajustar sus cuentas un país para dejar de seguir endeudándose cada año?. Cuanto mayor sea ese esfuerzo, mayor será la presión sobre las finanzas públicas.

Qué dice el informe sobre Colombia y otras economías

El estudio señala que más de una cuarta parte de las 46 economías analizadas necesita mantener superávits fiscales permanentes. Además, cerca de 10% de esos países requiere superávits superiores al 1% del PIB de forma indefinida.

Colombia aparece junto con Italia, Japón y Sudáfrica en un proceso de “desgaste fiscal prolongado”. Con esa expresión, Oxford Economics describe casos que necesitarán varios años de disciplina fiscal para evitar que la deuda continúe en ascenso.

El caso más delicado del grupo es Brasil, que necesita un ajuste cercano a 3% del Producto Interno Bruto (PIB). El informe plantea que una corrección de ese tamaño ha sido difícil de sostener en la historia, porque suele exigir recortes del gasto, alzas de impuestos o una combinación de ambas.

Por qué el ajuste luce difícil y prolongado

En el caso de Colombia, el informe muestra un deterioro desde la pandemia del covid-19. Indica la entidad que las necesidades de ajuste fiscal son hoy mayores que antes del covid-19, una trayectoria que también se observa en Brasil y México.

La firma añade que las tasas de interés más altas que pagan países como Colombia por su deuda todavía no bastan para forzar una corrección. Aunque el acceso al financiamiento se encareció, eso no produjo las reformas fiscales necesarias para estabilizar la deuda pública.

Oxford Economics también sostiene que las salidas rápidas casi no existen. Al revisar varias décadas de experiencias internacionales, concluye que los pocos países que corrigieron problemas similares necesitaron muchos años de disciplina y que, en la mayoría de los casos, los ajustes de fondo llegaron en medio de crisis económicas o financieras.

Acumulado durante décadas

Sobre la situación, el exvicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) Andrés Langebaek, analista privado, dijo a La República que el problema está en una trayectoria de largo plazo. Según él, el deterioro de las finanzas públicas “no es un problema reciente, sino que se ha acumulado durante décadas”. Recordó que la deuda pública equivalía a 4,4% del PIB en 1996. Después subió a 34,2% por la crisis financiera de finales de los años noventa.

El analista añadió que la deuda retomó su tendencia ascendente desde 2012. Durante la pandemia dio otro salto, cuando el Gobierno elevó el gasto al tiempo que los ingresos tributarios caían por la recesión.

Según su explicación, en los últimos años el desequilibrio volvió a agravarse porque el gasto creció más rápido que los ingresos del Estado. Agregó que la deuda probablemente llega a 64% del PIB, una carga que deja menos margen para frenar su avance sin una corrección de las cuentas públicas.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles con 139 votos positivos y 97 negativos una autorización para ejecutar un plan de pago a dos “fondos buitres” que mantienen títulos de la deuda defaulteada del 2001 y con los que el gobierno de Javier Milei había alcanzado un acuerdo de conciliación económica.

La iniciativa, que ya tenía media sanción del Senado con 40 votos positivos contra 22 negativos, debía ser aprobada antes del 30 de junio, plazo límite fijado en el entendimiento. Producto de este acuerdo de conciliación entre las partes alcanzado en la Justicia norteamericana, que incluye una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%, se definió que el Estado argentino deberá abonar USD 67 millones a la firma “Bainbridge Ltd.” y USD 104 millones al grupo de holdouts encabezado por “Attestor Value Master Fund LP.”, lo que hace a un total de USD 171 millones.

Ambos fondos integran el grupo de los últimos holdouts con reclamos activos que no adhirieron a los canjes de deuda que se ejecutaron tras el default (cesación de pagos) declarado a fines de 2001. La ratificación parlamentaria del acuerdo permitirá dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

El oficialismo finalmente logró una amplia mayoría de 139 votos positivos. Contó con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, gran parte de Provincias Unidas (Santa Fe y Córdoba), Innovación Federal (Salta y Misiones), La Neuquinidad, Producción y Trabajo (San Juan), Por Santa Cruz e Independencia (Tucumán). En contra se pronunciaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota, Elijo Catamarca.

Al inicio del debate, el diputado libertario Bertie Benegas Lynch afirmó que Argentina tiene la oportunidad “de cerrar esta herida de deshonra internacional después de 25 años”. Además explicó que la urgencia de aprobar el acuerdo tiene tres motivos: “Primero, se negoció una condición de quita de un 30% de este remanente; segundo, se nos exime de pagar honorarios legales; y tercero, los acreedores se comprometen a no hacer nuevas acciones legales”.

“Estos dos fondos que nos traen a este momento tienen una sentencia dictada por la Justicia de Estados Unidos. Este gobierno ahora logra una quita sobre esa sentencia con una condición de entrega por pago. Nos van a devolver acciones de clase A, B y D de YPF. Estas acciones que tienen estos buitres van a permitir que YPF termine estando libre de cualquier otro conflicto”, explicó la oficialista Silvana Giudici.

Por su parte, el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto rechazó el acuerdo pero hizo hincapié en que la ley impulsada por el oficialismo “carece de la asignación presupuestaria que exige la Ley de Administración Financiera y también el decreto del propio presidente de la Nación que dice que no puede haber ninguna ley sin que se le asigne correspondientemente el gasto en el Presupuesto nacional”.

En ese sentido, señaló que esa fue la misma razón que motivó el veto de la Ley de Financiamiento Universitario “con el agravante de que en aquel caso existía una fuente mencionada que era el incremento de ingresos corrientes del Presupuesto, aunque el Ejecutivo la consideró insuficiente”.

Asumió el diputado que reemplazará a Adrián Ravier

Al inicio de la sesión el pleno aceptó la renuncia de Adrián Ravier y tomó juramento a Martín Matzkin como su reemplazante. El nuevo legislador ocupará su banca por La Libertad Avanza.

Matzkin, diputado nacional por la provincia de La Pampa, es un dirigente cercano a la senadora Patricia Bullrich, que estuvo presente durante la jura. La presencia de la jefa del bloque libertario en el Senado no pasó inadvertida en el recinto, en un contexto marcado por la interna oficialista en torno a la situación del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Bullrich viene manteniendo posiciones críticas dentro del espacio respecto del manejo político del tema y recientemente protagonizó un cruce con el funcionario.

Antes de asumir su banca, Matzkin se desempeñó como subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad y llegó a ese cargo de la mano de Bullrich, con quien compartió militancia reciente en el PRO.

Diputados aprobó convenios internacionales con Francia, Suiza y San Marino

La Cámara de Diputados aprobó una serie de convenios internacionales incluidos en el temario de la sesión, con amplias mayorías y sin votos en contra en la mayoría de los casos.

En primer lugar, se aprobó con 225 votos afirmativos y 4 negativos un acuerdo con Francia para evitar la doble imposición. Luego, se sancionó por unanimidad un convenio sobre medidas destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, con 228 votos positivos.

También se aprobó el convenio de seguridad social entre la Argentina y Suiza con 230 votos afirmativos, sin rechazos ni abstenciones. Finalmente, se dio luz verde a un acuerdo con San Marino, que reunió 231 votos a favor, consolidando el respaldo casi unánime de la Cámara a los tratados internacionales tratados en la jornada.

El mercado financiero argentino registró un aumento en la emisión de deuda en dólares por parte de empresas en los últimos meses, una tendencia que se prevé continuará en las próximas semanas junto con la salida de provincias al mercado internacional. Este movimiento podría contribuir a revertir la desaceleración en la acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el mercado de cambios.

De acuerdo con la consultora Invecq, luego de un freno en las emisiones de Obligaciones Negociables (ONs) en febrero y marzo, el mercado recuperó dinamismo a partir de abril. Y durante la primera parte de mayo, las colocaciones superaron los USD 1.600 millones, cifra que ya sobrepasó todo lo emitido en abril, lo que reflejó una mejora en las condiciones financieras locales. Entre las operaciones más relevantes, la Ciudad de Buenos Aires realizó una colocación por USD 500 millones, equivalente al 33% del total emitido ese mes.

Las emisiones de ONs se concentraron principalmente en empresas de energía, que representaron el 47% del total. El sector de servicios financieros capturó, por su parte, el 11 por ciento. El resto correspondió a compañías del agro, servicios no financieros e industria.

Entre las colocaciones más destacadas, Arcor emitió deuda en dólares a tres años con una tasa del 5,25% anual en el mercado local, que implicó un riesgo país implícito inferior a los 300 puntos básicos (p.b). Mercado Pago lanzó una ON con vencimiento en septiembre a tasa 0 por ciento. Pampa Energía concretó una colocación por USD 500 millones a 18 meses con una tasa anual del 7,775 por ciento.

Los datos de Romano Group respaldan esta tendencia. Según la consultora, en mayo las empresas emitieron deuda por USD 1.630 millones y los sub-soberanos sumaron otros USD 500 millones, totalizando 2.130 millones de dólares. En lo que va de junio, el sector privado ya colocó 1.110 millones de dólares.

La dinámica muestra señales de continuidad en las próximas semanas. Recientemente, la Legislatura de San Juan autorizó al gobierno provincial a buscar financiamiento en los mercados internacionales por hasta USD 600 millones, lo que podría convertirse en una nueva fuente para que el BCRA continúe sumando reservas.

Por otro lado, la empresa Juramento, dedicada a la producción de carne premium en el norte del país, anunció una nueva emisión de deuda en dólares destinada a inversores interesados en respaldar su crecimiento a largo plazo. Esta colocación tendrá vencimiento bullet a 24 meses, con pago semestral de intereses, y el período de licitación se fijó entre el 17 y el 23 de junio.

Lo que restaba

Los dólares que faltan liquidar en el mercado de cambios resultan claves para que el BCRA puedan acelerar el ritmo de compra de reservas internacional. El último dato oficial disponible pertenece a una presentación del vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, que mostró que la emisión total de bonos corporativos en dólares alcanzó los USD 9.900 millones desde el 25 de octubre. Y de ese monto, USD 6.800 millones se liquidaron, mientras que USD 3.200 millones permanecieron pendientes de liquidación en el mercado de cambios.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del BCRA sobre la cantidad de dólares que aún restaban por girarse de colocaciones de ONs de empresas o emisiones en el mercado internacional de provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aseguraron no tener información al cierre de esta nota.

La baja en el ritmo de compras por parte del BCRA no sorprende. Antes de que se cumpliera la meta de compra de reservas de USD 10.000 millones que se fijo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Luis Caputo, ya había anticipado de que era muy difícil que se mantenga en los meses que restan del año por eso ubicó la meta máxima en 17.000 millones de dólares.

En la tercera semana de junio, el Central redujo la velocidad de adquisición en el mercado de cambios. El lunes fue feriado, el martes adquirió USD 79 millones, el miércoles USD 34 millones, el jueves USD 70 millones y el viernes USD 50 millones, lo que arrojó un promedio diario semanal de USD 58 millones, mientras que este lunes bajó a USD 20 millones de dólares. Este ritmo se ubicó por debajo del promedio de abril y mayo, cuando las compras diarias superaron los USD 100 millones, en sintonía con la liquidación de la cosecha gruesa.

La consultora Analytica explicó que el menor ritmo de compras del BCRA respondió a un mercado de cambios más demandante y a la desaceleración de la liquidación de granos. La caída de los precios internacionales del sector agropecuario en las últimas semanas afectó la oferta de divisas, lo que dejó menos margen para que el Central interviniera. No obstante, la desaceleración de las compras se mantuvo dentro de lo previsible para el semestre, debido a la reducción estacional de la oferta del sector agropecuario.

Aunque ayer fue una jornada floja para Wall Street y los mercados financieros en general, los bonos argentinos en dólares continuaron de racha. Como consecuencia el riesgo país cayó hasta 421 puntos básicos, tocando nuevamente los mínimos niveles del año. La expectativa de los inversores ahora es que logre perforar los 400 puntos, algo que no sucede desde el gobierno de Mauricio Macri. Se trata del nivel más bajo alcanzado en los últimos ocho años.

Ayer impactó positivamente el avance para emitir deuda garantizada por organismos multilaterales por USD 5.000 millones, que se publicó en el Boletín Oficial.

La norma señala en sus considerandos que con “el objetivo de reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional, se considera conveniente realizar operaciones de financiamiento denominadas en dólares estadounidenses con entidades financieras internacionales de reconocida trayectoria, las cuales serán instrumentadas a través de préstamos, que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito”.

La brecha entre el riesgo argentino y el de países emergentes también está en el nivel menor de los últimos diez años: 250 puntos básicos. De la misma forma, los bonos argentinos achicaron notablemente la diferencia en rendimiento que los separa de bonos emitidos por empresas argentinas.

La semana pasada el BID aprobó una garantía de hasta USD 550 millones destinada a fortalecer las políticas de seguridad y justicia en Argentina, además de facilitar el acceso del país a los mercados de capitales. Esta es la primera vez que el organismo otorga una garantía de este tipo a Argentina.

El comunicado oficial indica que la garantía permitirá movilizar 1.200 millones de dólares en financiamiento privado, lo que facilitará la llegada de recursos internacionales alineados con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tanto, el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron un paquete de garantías por USD 2.000 millones, que serán claves de cara a los vencimientos en moneda extranjera que tiene que enfrentar el Gobierno en 2026 y 2027. El organismo remarcó que el objetivo de esta ayuda es facilitar el regreso del país a los mercados internacionales.

Estas colocaciones son vistas como la antesala del regreso de Argentina a los mercados internacionales con nuevos bonos. Hasta ahora, el equipo económico se negó a colocar deuda nueva en el mercado por considerar que las tasas seguían muy altas.

Pero ahora la perspectiva luce diferente. Con un riesgo país que podría encaminarse a niveles de 350 puntos básicos, esta posibilidad ya pasa a ser mucho más significativa.

La intención oficial es acumular financiamiento para hacer frente ya a los vencimientos de deuda que se presentan el año que viene. Solo al FMI habrá que pagarle USD 7.700 millones, a lo que se suman más de USD 10.000 millones de vencimiento de Bonares y Bopreales.

Al tratarse de un año electoral, lo más razonable es asegurarse en la medida de lo posible el financiamiento lo antes posible. La turbulencia que afectará seguramente a los activos argentinos por cobertura se sentirá no solo en la presión cambiaria. Además, podrían sufrir los bonos, generando una caída en la cotización que complique el financiamiento en la previa a las elecciones.

Las garantías de organismos multilaterales permitirán que bancos internacionales le presten a la Argentina a tasas más bajas que la de mercado. Se estima que podrían ubicarse en niveles de 6% anual.

Pero este financiamiento actuaría como un trampolín hacia otro objetivo, que es el regreso a los mercados internacionales pero ya sin garantía alguna. Para eso, el riesgo país debería caer un escalón adicional hasta acercarse a los 350 puntos básicos.

El pago de bonos por USD 4.200 millones previsto para el 9 de julio también debería ayudar para que sigan mejorando las cotizaciones, considerando que una parte de los dólares que se paguen podría ser reinvertido en los mismos títulos.

Esta semana podría ser la última colocación del Bonar 2028 (AO28), es que el equipo económico se acerca al límite que se fijó de USD 2.000 millones. Y si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, ya cuenta con la mayoría de los dólares para enfrentar el pago de julio por USD 4.200 millones con bonistas, aún hay una diferencia. Los movimientos en los depósitos del Tesoro en los últimos días.

La Secretaría de Finanzas lleva colocados USD 1.632 millones en AO28 hasta el momento, quedando un margen de USD 368 millones antes de alcanzar el tope autorizado. El miércoles, el área que conduce Caputo informará sobre los instrumentos que se ofrecerán en la licitación del viernes, donde se conocerá si se agota el cupo del AO28. Según pudo saber Infobae con fuentes del Ministerio de Economía, una vez que se alcance el mismo no se va a ampliar. Lo mismo que sucedió con el Bonar 2027.

El foco está puesto en el vencimiento de USD 4.200 millones con bonistas que el Tesoro debe afrontar en los primeros días de julio. Como ya adelanto Infobae, fuentes de Economía al tanto de la operación afirmaron que se hará con los dólares que cuenta el Tesoro y que no se utilizarán las garantías con el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se anunciaron la semana pasada por USD 2.000 millones y USD 550 millones respectivamente.

De acuerdo con el último balance diario del BCRA, al 17 de junio, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro sumaban USD 3.680 millones, mientras que los depósitos en moneda nacional bajaron a 11,7 billones de pesos. Si Finanzas logra colocar la totalidad del remanente en AO28, los dólares acumulados llegarían a USD 4.048 millones, quedando un faltante de USD 152 millones para cubrir el total del pago de julio.

Movimientos en el Tesoro

El seguimiento de los depósitos muestra movimientos relevantes. Al 16 de junio, el Banco Central registró USD 3.082 millones en moneda extranjera y $12,5 billones en moneda nacional. Pero un día más tarde, los depósitos en dólares subieron a USD 3.680 millones y los depósitos en pesos cayeron a 11,7 billones de pesos. El crecimiento de USD 598 millones en moneda extranjera sugiere que el Tesoro reforzó la posición en dólares en vísperas del vencimiento.

El mercado financiero observa con atención cada movimiento en los depósitos del Tesoro y la evolución de la licitación. El aumento de dólares en las cuentas públicas coincide con el calendario de pagos a los bonistas, y el resultado de la próxima subasta será clave para determinar si se logra cubrir toda la obligación o si el Gobierno debe acudir a nuevas fuentes de financiamiento.

La definición de los instrumentos a licitar y el monto que finalmente se logre colocar marcarán el rumbo de los próximos días para el Tesoro. Como Economía ya tomó la decisión de que no va a ampliar el cupo de los USD 2.000 millones del Bonar 2028, los dólares que falten para cubrir el vencimiento podría llegar a salir de compras del Tesoro al BCRA, lo que impactaría en las reservas internacionales brutas. Cuando en las última ruedas bajo el ritmo de compra a un promedio diario menor a USD 100 millones (nivel que hubo en abril y mayo).

El seguimiento de la evolución de los depósitos y la respuesta del mercado en la licitación del viernes serán decisivos para cerrar el capítulo del AO28. El desenlace dependerá de la estrategia final de Luis Caputo y su equipo, en un escenario donde cada dólar cuenta para cumplir con los compromisos externos. Aunque se cara a lo que viene después de julio en el circulo rojo no descartan que se anuncie nuevos bonos en dólares.

Sin embargo de cara a los compromisos que tiene que enfrentar el equipo económico luego de julio, en la City porteña no descartan que Economía lance nuevos bonos en dólares. “Restarían conseguirse unos USD 17.600 millones. Ese residuo podría cubrirse con una combinación de nuevos Bonares (quedan USD 366 millones para colocar de los USD 2.000 millones de AO28 , pero luego podrían emitir otro papel)”, destacaron en el último informe de la consultora 1816.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya cuenta con la garantía del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de la autorización para negociar préstamos con instituciones financieras internacionales por hasta 5.000 millones de dólares. A pesar de estos avances, todavía queda pendiente la garantía del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se debatirá recién a fines de julio. Según pudo saber Infobae, el monto se ubicaría entre USD 250 millones y 300 millones de dólares.

Las garantías aprobadas funcionan como aval financiero y permiten negociar fondos frescos en mejores condiciones. La aportada por parte del Banco Mundial es la de mayor volumen, con USD 2.000 millones, mientras que la del BID alcanza los 550 millones de dólares.

En ambos casos, las autorizaciones abren la puerta a obtener créditos internacionales con tasas de interés más bajas que las del mercado, aspecto que el propio Caputo destacó públicamente tras reunirse con la directora regional del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra. Pese a la baja del riesgo país de los últimos días, según el ministro, “la tasa de interés será sustancialmente más baja que la tasa actual del mercado, lo que representa un ahorro significativo para todos los argentinos”.

Pero el tema está en lo que el Gobierno elige no contar. Fuentes al tanto de la operación señalaron a este medio, la garantía del Banco Mundial “vale por 1″: permite a Caputo negociar préstamos por el mismo valor del aval, es decir, hasta 2.000 millones de dólares. Esto se debe al estado de los balances del organismo. En cambio, las garantías del BID y la CAF, aunque representan montos menores, “valen por más de 1”. Esto significa que, aun siendo más bajas en monto, habilitan la posibilidad de obtener préstamos superiores a sus valores nominales. Por ejemplo, la garantía del BID de USD 550 millones permite movilizar hasta USD 1.200 millones en financiamiento privado.

Según comunicaron tanto el Banco Mundial como el BID, las garantías aprobadas tienen como propósito facilitar el regreso de Argentina a los mercados internacionales y respaldar el programa de sostenibilidad fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El paquete del Banco Mundial, que combina garantías del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), cubre un 95% de los pagos del servicio de la deuda de un nuevo préstamo comercial, con un plazo de seis años y un período de gracia de tres años.

El BID, por su parte, también confirmó que su garantía se destinará a fortalecer el acceso de la Argentina a los mercados de capital y a financiar el programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (Projesus). Este plan oficial apunta a reforzar la capacidad del sistema de seguridad y de justicia, incrementar la persecución penal y recuperar activos de origen ilícito. Además, el BID remarcó que el costo directo del crimen y la violencia en el país equivale al 3,9% del PIB, superando el promedio regional.

La confirmación de ambas garantías, si bien implican una ayuda para el ministro Caputo para conformar la estrategia financiera 2026-2027 y despejar las presiones durante el año electoral, le marcaron la cancha: para ambos organismos internacionales el objetivo final tiene que ser que Argentina salga a colocar en el mercado internacional. Y a estas presiones se le sumo la baja del riesgo país de los últimos días.

A raíz de la mejora en la calificación por parte de Standard and Poor’s de ‘CCC’+ a ‘B’ y el clima internacional de optimismo, el riesgo país bajó a 421 puntos básicos en el comienzo de esta semana, lo que, según analistas de mercado, genera una ventana de oportunidad para colocar deuda a tasas más bajas. Pero Caputo volvió a negarlo tras su reunión con la vicepresidente del Banco Mundial.

Pese a ello, en el circulo rojo consideran que se esta preparando el terreno y que en el segundo semestre el Gobierno va a salir a colocar en el mercado internacional. “Lo que sí está en juego para el año que viene es con cuántos recursos contará el Gobierno para defender la estabilidad cambiaria si los inversores se asustan con las encuestas (o con el resultado de las PASO) y por eso , en nuestra opinión, es probable que veamos una emisión de deuda offshore en lo que resta de este año”, destacaron en el último informe de la consultora 1816.

Tras la aprobación de garantías por parte del BID y el Banco Mundial para afrontar los próximos vencimientos, que en conjunto suman USD 2.550 millones, el Gobierno autorizó la toma de préstamos internacionales con garantía de organismos multilaterales por hasta USD 5.000 millones, permitiendo prorrogar la jurisdicción a tribunales de Nueva York para controversias legales, sin renunciar a la inmunidad de ejecución sobre bienes estratégicos del Estado.

Así fue oficializado este lunes a través del Decreto 478/2026, publicado hoy. La norma señala en sus considerandos que con “el objetivo de reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional, se considera conveniente realizar operaciones de financiamiento denominadas en dólares estadounidenses con entidades financieras internacionales de reconocida trayectoria, las cuales serán instrumentadas a través de préstamos, que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito”.

El decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera, por hasta USD 5.000 millones, a incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales federales y estaduales de Nueva York y a renunciar a oponer la defensa de inmunidad de jurisdicción, exclusivamente respecto de los reclamos vinculados con los acuerdos de préstamo garantizados por organismos multilaterales de crédito que pudieran tramitarse en dicha jurisdicción.

No obstante, se establecieron límites para resguardar el patrimonio nacional, por lo que no habrá renuncia a la inmunidad de ejecución sobre una serie de bienes estratégicos:

• Quedan excluidos de posibles embargos los activos y reservas del Banco Central.
• No podrán afectarse bienes del dominio público del Estado argentino.
• Se protegen los bienes destinados a servicios públicos esenciales o declarados de utilidad pública.
• Quedan resguardados los fondos y activos vinculados a la ejecución del presupuesto nacional.
• Se mantienen inmunes los bienes, cuentas y sedes diplomáticas y consulares argentinas.
• También quedan protegidos los bienes utilizados por representaciones diplomáticas, gubernamentales o consulares.
• No podrán embargarse impuestos, regalías ni los derechos del Estado a percibirlos.
• Se excluyen los bienes militares y aquellos bajo control de organismos de defensa y seguridad.
• Se protege el patrimonio cultural de la Argentina.
• Permanecen vigentes todas las inmunidades previstas por la legislación aplicable sobre soberanía estatal.
• También quedan excluidos los bienes que por ley hayan sido declarados inembargables o intransferibles sin autorización del Congreso.

Además, el decreto faculta al órgano encargado de la administración financiera del Estado a definir los plazos, monedas, modalidades y condiciones de los préstamos, así como a seleccionar las entidades financieras que participarán en las operaciones.

También lo habilita a contratar agentes fiscales, de pago, custodia y calificación de riesgo, suscribir los acuerdos necesarios, afrontar comisiones, honorarios y otros gastos asociados en línea con los estándares del mercado internacional, y delegar en funcionarios competentes la firma de la documentación requerida para concretar las operaciones.

Vale recordar que la semana pasada el BID aprobó una garantía de hasta USD 550 millones destinada a fortalecer las políticas de seguridad y justicia en Argentina, además de facilitar el acceso del país a los mercados de capitales. Esta es la primera vez que el organismo otorga una garantía de este tipo a Argentina.

El comunicado oficial indica que la garantía permitirá movilizar 1.200 millones de dólares en financiamiento privado, lo que facilitará la llegada de recursos internacionales alineados con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Asimismo, el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron un paquete de garantías por USD 2.000 millones, que serán claves de cara a los vencimientos en moneda extranjera que tiene que enfrentar el Gobierno en 2026 y 2027. El organismo remarcó que el objetivo de esta ayuda es facilitar el regreso del país a los mercados internacionales.

El mercado argentino viene de semanas de entusiasmo tras registrar tres logros clave que impulsaron una mejora en la percepción de los activos locales. La suba en la calificación soberana, el avance de los principales índices bursátiles y la fuerte reducción del riesgo país se convirtieron en los “goles” más festejados por los inversores.

Sucede que luego de la mejora de Fitch en mayo, Standard & Poor’s (S&P) elevó la nota soberana de CCC+ a B-. Como resultado, el S&P Merval superó los USD 2.200 con el sector financiero subiendo 11% en promedio. A su vez, los bonos Globales treparon hasta 2,3% y el riesgo país cayó por debajo de los 400 puntos básicos, marcando mínimos desde 2018. Así, la compresión acumulada ya supera los 1.500 puntos básicos frente a los máximos registrados en enero de 2024.

S&P indicó en su informe que la perspectiva estable para las calificaciones de largo plazo se fundamenta en la expectativa de que el Gobierno continuará con el ajuste fiscal y que “el Banco Central aumentará sus reservas internacionales, sosteniendo el crecimiento económico y reduciendo la inflación”.

La calificadora destacó también la menor vulnerabilidad económica y la mejora gradual en la liquidez externa, lo cual “sienta las bases para que continúe la recuperación económica”.

De todos modos, advierten que persisten desafíos y que “es probable que persistan tensiones en los próximos 12 a 18 meses que podrían afectar la estabilidad económica”. S&P considera que el gobierno debería poder afrontar estos retos “sin caer en default ni en un canje de deuda estresado”.

GMA Capital resaltó que este upgrade no logró todavía eliminar la prima argentina. “Aunque el costo financiero se comprimió más de 1.500 puntos básicos desde los máximos de enero de 2024, la Argentina todavía exhibe un riesgo soberano superior a 400 puntos, muy por encima de México (164), Brasil (178) o Perú (91)”, detalló.

En otros términos, “si bien el campeón del mundo gana en la cancha, lleva décadas perdiendo en el campo financiero. La Argentina acumula 10 rupturas de contratos con bonistas en toda su historia, y la memoria de esos episodios sigue incorporada en el precio que hoy paga el riesgo argentino”, aseguraron desde GMA.

De hecho, si la Argentina convergiera hacia los niveles de sus pares regionales, el país podría reducir cerca de un cuarto de su costo financiero total de 873 puntos básicos.

Por ese motivo, dice la consultora, el upgrade debe interpretarse más como el inicio de un recorrido que como una meta alcanzada. Brasil (BB), México (BBB-) y Chile (A-) construyeron durante décadas la credibilidad que hoy les permite acceder al financiamiento en condiciones mucho más favorables.

“Corregir los desequilibrios macroeconómicos era el primer paso, pero el desafío de fondo sigue siendo otro: reducir estructuralmente la volatilidad y desplazar a Argentina hacia el cuadrante donde se encuentran las economías que logran crecer más, durante más tiempo y con menos sobresaltos”, consideró el informe.

Tras la mejora de la calificación, en Fitch destacaron la estabilidad macroeconómica y las reformas que motivaron el pase de “CCC+” a “B-” en mayo pasado. La agencia valoró el superávit fiscal y externo, la acumulación de reservas y el cumplimiento de metas con el FMI

Sin embargo, señalaron que persisten desafíos estructurales como la baja oferta monetaria, el mercado financiero poco desarrollado, las escasas reservas internacionales en relación al PBI y la limitada inversión extranjera directa.

Fitch considera fundamental aumentar las reservas para seguir mejorando la calificación y monitorea la política cambiaria ante posibles presiones en 2027.

Además, en la calificadora explican que aunque la economía muestra crecimiento impulsado por inversiones y sectores generadores de dólares, como el agro, la energía y la minería; la expansión no se refleja en salarios y pensiones reales, y el riesgo político, de cara a las elecciones del próximo año, sigue siendo un factor agravante en la evaluación del país.

¿Vuelta a los mercados internacionales?

En este marco, revivió el debate sobre una posible vuelta del país a los mercados internacionales de deuda. Si bien los compromisos de 2026 no representan una preocupación inmediata, el desafío empieza a correrse hacia 2027, cuando ascienden a USD 23.600 millones.

La baja del riesgo país y las garantías ofrecidas por organismos multilaterales abren una ventana de oportunidad, aunque el escenario internacional resulta más adverso que en la última colocación de títulos soberanos bajo ley extranjera en agosto de 2020.

GMA precisó que entre 2016 y 2018, la tasa libre de riesgo promediaba el 2%, pero hoy el Treasury a 10 años ronda el 4,5%. A eso se suma un cambio de tono en la política monetaria global: a pesar del acuerdo entre Irán y EEUU, la inflación es un hueso duro de roer y los bancos centrales empiezan a adoptar posturas más “hawkish” o contractivas.

La expectativa de tasas más altas en EEUU reduce el atractivo de una vuelta de Argentina a los mercados internacionales. Aunque el riesgo país se encuentra en niveles similares a los de 2016-2018, el contexto financiero es distinto: mientras entre esos años el Tesoro colocaba deuda en dólares a una tasa promedio de 6,4% anual, hoy una emisión probablemente se ubicaría por debajo del 9%, pero aún con un costo significativamente mayor.

“Para que los rendimientos argentinos volvieran a los niveles de las emisiones de Macri, el riesgo país debería caer por debajo de los 200 puntos básicos, un umbral exigente incluso contra el mejor registro de Cambiemos, cuando el EMBI tocó un piso de 346 bps en diciembre de 2017″, explicó GMA.

“La decisión, entonces, no pasa por si la tasa actual es ‘barata’ en términos históricos, porque no lo es. Pasa por si conviene pagar una prima para reabrir el mercado, testear demanda y empezar a comprar tiempo para 2027, aprovechando el respaldo de las garantías multilaterales”, sostuvo la consultora.

“Esperar podría permitir una mayor compresión del riesgo argentino, pero también implica apostar a que el contexto global no se vuelva más adverso. En ese equilibrio se juega la ventana: no es perfecta, pero puede ser suficientemente útil si el objetivo es reconstruir el acceso internacional antes de que el calendario de deuda vuelva a apretar”, agregó.

Para las familias que buscan reorganizar sus finanzas, contar con herramientas que permitan administrar los compromisos económicos adquiere cada vez mayor relevancia. La posibilidad de simplificar pagos y extender plazos aparece como una alternativa para recuperar previsibilidad en el presupuesto mensual.

En ese contexto, el Banco Nación anunció una nueva solución destinada a clientes que necesitan ordenar sus obligaciones. La propuesta consiste en un préstamo personal para unificar deudas dentro de la entidad y facilitar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

La iniciativa está dirigida a personas físicas que registren cuotas vencidas e impagas en el BNA y mantengan una situación crediticia 1 o 2. El objetivo es evitar el pasaje a mora, preservar el historial financiero y ofrecer una estructura de pagos más accesible.

Una alternativa para reunir todas las obligaciones

Uno de los principales atributos de la nueva línea es la posibilidad de unificar distintas deudas en una única cuota mensual. De esa manera, los usuarios pueden administrar sus compromisos con mayor claridad y reducir la complejidad de afrontar varios vencimientos al mismo tiempo.

Además, el préstamo ofrece un plazo de hasta 120 meses, equivalente a 10 años. Esa extensión permite disminuir el valor de cada cuota inicial y aliviar la carga financiera mensual.

El financiamiento puede cubrir hasta el 100% de la deuda, con un monto máximo de 100 millones de pesos . Los fondos no se entregan al solicitante, ya que se destinan directamente a cancelar las obligaciones alcanzadas por la operatoria.

Por otra parte, la línea funciona bajo la modalidad UVA e incorpora la posibilidad de elegir una cobertura CER-CVS. Ese mecanismo brinda la opción de que la cuota acompañe la evolución de los salarios, lo que aporta una alternativa para afrontar los pagos en el tiempo.

Condiciones y acceso al beneficio

Entre las condiciones establecidas, el esquema contempla una afectación máxima del 25% de los ingresos del cliente, un criterio que busca mantener un nivel de endeudamiento compatible con la capacidad de pago de cada persona.

Cabe destacar que la tasa prevista para el préstamo es del 10% más UVA. En caso de seleccionar la cobertura CER-CVS, se adiciona un punto porcentual a esa condición financiera.

A modo de referencia, una deuda de 1 millón de pesos, cuya cuota mensual podría rondar actualmente los $67.670 en un plazo de tres años, pasaría a una cuota inicial cercana a los $15.279 con un plazo de 120 meses. En la alternativa con cobertura CER-CVS, el valor inicial sería de aproximadamente $16.030.

La operatoria estará disponible en todas las sucursales del Banco Nación desde el 25 de junio. Los interesados también podrán consultar las condiciones a través de los canales de atención de la entidad.

Desde el BNA señalan que, para quienes no perciban sus haberes a través de esta entidad, será necesario trasladar la cuenta sueldo, de modo tal que puedan acceder a esta línea de financiamiento.

Una propuesta para aliviar el presupuesto familiar

La nueva herramienta forma parte del conjunto de soluciones financieras que el Banco Nación viene incorporando para acompañar a sus clientes. En este caso, el foco está puesto en prevenir situaciones de mora antes de que las deudas generen un deterioro en el perfil crediticio.

Al mismo tiempo, la posibilidad de ampliar los plazos y reunir todas las obligaciones en un solo préstamo busca ofrecer una mayor previsibilidad para la administración de los ingresos familiares. Esa característica puede resultar especialmente útil para personas que necesitan reorganizar sus finanzas sin incrementar el número de compromisos vigentes.

La incorporación de esta línea de unificación de deudas amplía las alternativas disponibles para clientes del Banco Nación que buscan recuperar equilibrio en sus cuentas. A través de un esquema de pagos más ordenado y plazos más extensos, la entidad apuesta por brindar una solución orientada a fortalecer la capacidad de cumplimiento financiero de las familias.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2026 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dejó, según los análisis de Corficolombiana y Fedesarrollo, un ajuste fiscal mayor al previsto por el Gobierno de Gustavo Petro y trasladó parte de la carga al próximo mandato en Colombia. Las advertencias apuntan a un deterioro de las cuentas públicas, con un faltante oficial de $30,2 billones para 2027.

Las entidades advirtieron que el MFMP 2026 confirma el deterioro de las finanzas públicas de Colombia, sostiene la estabilización de la deuda sobre supuestos débiles y deja al próximo gobierno la tarea de aplicar una corrección de gran magnitud. Según ambos análisis, el ajuste supera lo que refleja el documento oficial y no se resolvería solo con una reforma tributaria.

Como se recordará, el documento es el último elaborado durante el Gobierno Petro y funciona como hoja de ruta sobre el estado de las finanzas públicas y sus perspectivas.

Ajuste que está pendiente

Para Corficolombiana, además, la regla fiscal seguiría suspendida hasta 2027 y su retorno pleno en 2028 luce poco probable. Dicha firma sostiene que el ajuste pendiente podría acercarse a 4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). También considera que esa magnitud obliga a combinar ingresos permanentes, recorte del gasto primario y mayor crecimiento económico para estabilizar la relación entre deuda y PIB.

Corficolombiana resumió su diagnóstico con una advertencia sobre el alcance real de las maniobras recientes: “El alivio financiero no debe confundirse con consolidación fiscal”. Según la misma, las operaciones de manejo de deuda alivian caja e intereses en el corto plazo, pero no corrigen la brecha entre ingresos permanentes y gasto estructural.

Asimismo, afirmó que “el problema fiscal no se resuelve solo con una reforma tributaria adicional”. El análisis añade que un gasto primario inflexible puede absorber con rapidez mayores ingresos si no existe una estrategia creíble de contención.

Las cuentas de la deuda descansan sobre supuestos frágiles

Para Corficolombiana, la senda de deuda planteada por el Ministerio de Hacienda no refleja una mejora estructural, sino que depende de supuestos “frágiles y optimistas”. El Gobierno proyecta una deuda neta cercana a 59% del PIB en 2026 y de 58,6% en 2027.

Calcula también un escenario distinto: 60,7% del PIB este año y 63,7% en 2027. Ese contraste parte de variables que el Ejecutivo no controla por completo, como la tasa de cambio, el crecimiento económico, niveles de ingresos públicos históricamente altos y un balance primario positivo en 2028.

Esto, teniendo en cuenta que el Ministerio basa su escenario en:

• Crecimiento tendencial de 2,9% en el mediano plazo.
• Fortalecimiento estructural de ingresos de 1,6% del PIB por lucha contra la evasión y mayor eficiencia de la Dian.
• Superávit primario de 0,5% dentro de dos años.
• Un dólar promedio de $3.757 en 2026.

El MFMP prevé, además, que la deuda llegue a un máximo de 59,6% en 2029 y luego baje a 57,3% en 2037. Aun así, el propio documento reconoce que esa cifra seguiría por encima del ancla fiscal de 55% del PIB.

Déficit, gasto e ingresos bajo presión

Las diferencias también aparecen en el déficit del Gobierno Nacional Central. Mientras el Ministerio proyecta 5,3% del PIB en 2026 y 4,5% en 2027, Corficolombiana estima 6,9% este año y 5,2% en 2027.

Según la firma, la apreciación del peso y las operaciones de manejo de deuda solo dieron un alivio contable temporal. Para el director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pabón, el problema quedó trasladado a la siguiente administración: “Sin sorpresas, el Ministerio de Hacienda deja un hueco fiscal y le pasa la factura al próximo gobierno, sugiriendo un ajuste mediante reforma tributaria de $30 billones (1,4 % del PIB) para arreglar la casa”.

Y es que el documento oficial admite que para consolidar las cuentas en 2027 se necesita un ajuste de $30,2 billones, equivalente a 1,4% del PIB. También plantea que esa corrección exige una nueva reforma tributaria antes de finalizar este año.

Fedesarrollo tomó como punto de partida el mismo marco y sostuvo que el ajuste requerido en la vigencia actual supera el monto que muestra el Ministerio. Precisó, por medio de un comunicado, que “el Ministerio proyecta un déficit fiscal de 5,3% del PIB, que se reduciría en 1,1% del PIB con respecto a 2025. Consistentemente con esa proyección, el déficit primario pasaría de 3,5% del PIB en 2025 a 2,1% en 2026”.

Añadió que esa reducción descansaría en una baja del gasto primario de 2,1% del PIB frente a 2025 y de 1,1% del PIB frente al promedio de los últimos cinco años. De 2027 en adelante, el Ministerio plantea una trayectoria de recorte del déficit primario hasta convertirlo en un superávit creciente por encima de 1% del PIB desde 2030.

Fedesarrollo también cuestionó la falta de detalle operativo del plan. “El documento no precisa cómo se materializará el ajuste del gasto primario, ni cómo se hará permanente”, indicó.

Dicha observación se acompaña de un cálculo adicional: aunque el gasto primario cae 1,7% del PIB frente a 2025, el ajuste subyacente sería cercano a 2,1% del PIB al descontar los recursos de la emergencia económica incluidos en 2026. Frente a su nivel tendencial, equivaldría a entre 1% y 1,5% del PIB.

La entidad también advirtió sobre los ingresos. Señaló que el MFMP supone un aumento del recaudo que no se explica por la reforma tributaria estructural ni por el crecimiento económico.

El alivio financiero no corrige el desequilibrio de fondo

Corficolombiana remarcó que la actualización del Plan Financiero para 2026 mostró una estrategia de financiamiento más activa y compleja que la presentada en marzo. La Dirección de Crédito Público combinó subastas de títulos de deuda (TES), operaciones de tesorería, deuda externa, títulos de tesorería a corto plazo (TCO) y manejo de deuda para cubrir mayores necesidades de recursos y suavizar vencimientos.

También reconoce que esa estrategia redujo pagos de intereses en el corto plazo, administró riesgos de liquidez y evitó más presión sobre el mercado local. Aun así, advirtió que el Gobierno no detalló por completo la composición de las fuentes adicionales de financiamiento previstas para este año.

Ese vacío, según el análisis, importa porque define cuánta presión deberá absorber el mercado de TES. Si la financiación sigue dependiendo en buena parte del mercado local, sobre todo en los tramos donde se concentró la emisión reciente, las tasas podrían seguir incorporando una prima ligada a mayor oferta, deterioro fiscal y necesidades de financiamiento del Gobierno. Otro punto bajo revisión es la reserva estratégica de caja prevista en el MFMP. Corficolombiana señaló que la comparación entre la meta cercana a $20 billones y la posición actual permitirá medir si la estrategia redujo riesgos de liquidez o solo desplazó presiones hacia 2027.

Fedesarrollo añadió un riesgo adicional para la próxima administración. El centro de estudios sostuvo que los rezagos y obligaciones acumuladas en sectores como salud y energía elevan el punto de partida efectivo de la deuda pública, porque cuando esos pagos se reconozcan en el presupuesto o se financien con más deuda, el esfuerzo de ajuste aumentará.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves la ley que habilita al Gobierno porteño a tomar préstamos por hasta USD 1.350 millones con el objetivo de financiar la construcción de la nueva Línea F de subte. Este proyecto, que busca ampliar la red de transporte subterráneo en la ciudad, representa una de las inversiones de infraestructura más relevantes de los últimos años para el área metropolitana.

El ministro de Hacienda de CABA, Gustavo Arengo, destacó que la autorización se fundamenta en la “excelente reputación crediticia” de la Ciudad. “En sus 30 años de autonomía siempre cumplió con sus compromisos de deuda, aún en contextos económicos complejos del país”, remarcó Arengo. El funcionario puntualizó que el orden fiscal sostenido permitió a la Ciudad acceder a mejores condiciones para la toma de deuda, lo que habilita la planificación de obras de gran escala.

Durante el mes de mayo, Buenos Aires concretó una colocación exitosa de USD 500 millones en el mercado internacional a una tasa del 7,3%, considerada la más baja para la Ciudad en su historial. A ese contexto se suma la reciente mejora en la calificación crediticia por parte de Moody’s local, que subió de AA+ a AAA en moneda local y extranjera, lo que facilitaría el proceso de búsqueda de financiamiento externo.

“El sostenido orden en las cuentas fiscales le permite a la Ciudad poder acceder a préstamos con mejores condiciones crediticias y así llevar adelante obras de infraestructura que mejorarán la calidad de vida de todos los porteños”, aseguró Arengo.

Cómo será la Línea F de subte

La Línea F se proyecta como una arteria clave en el sistema de transporte subterráneo porteño. El nuevo trazado tendrá una extensión total de 9,8 kilómetros y contará con 12 estaciones a lo largo de su recorrido. Según la información oficial, la línea conectará los barrios de Barracas, Constitución, Monserrat, San Cristóbal, Balvanera, Recoleta y Palermo, y ofrecerá correspondencia operativa con las seis líneas de subte existentes (A, B, C, D, E y H), así como con los ferrocarriles Roca y San Martín.

Las nuevas estaciones que integrarán la Línea F serán: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico.

El proceso de construcción

La Línea F se construirá en dos fases diferenciadas. El primer tramo incluirá seis estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso y Tucumán. En la segunda etapa, el recorrido sumará nuevas paradas hasta alcanzar un total de once estaciones.

La iniciativa busca fortalecer la conexión entre los sectores norte y sur de la Ciudad de Buenos Aires, descongestionar la Línea C y favorecer la integración con el resto de la red de subtes y el Ferrocarril Roca. El recorrido atravesará barrios como San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás y Recoleta.

El desarrollo de la Línea F se inscribe dentro de un programa más amplio de modernización del sistema de transporte urbano, que también abarca intervenciones en el Premetro y la puesta en marcha de dos líneas de TramBUS eléctrico.

Este modelo busca aunar la capacidad operativa del subte con la adaptabilidad del Metrobus. Las nuevas rutas permitirán comunicar barrios del norte y del sur mediante trayectos transversales, con carriles exclusivos y semáforos programados para agilizar la circulación, lo que facilita una reducción de los tiempos de viaje de hasta un 40%.

El TramBUS 1 (T1) conecta la Costanera, a la altura del Aeroparque, con el Centro de Trasbordo Sáenz, atravesando zonas como Palermo, Caballito, Boedo y Nueva Pompeya. Por su parte, el TramBUS 2 (T2) recorre el trayecto entre Belgrano C y San Pedrito, pasando por Villa Urquiza, Villa del Parque y Flores.

Generación Mediterránea anunció la finalización de su reordenamiento financiero integral, un proceso de un año con el que la empresa del Grupo Albanesi reestructuró pasivos por cerca de USD 1.500 millones y readecuó sus plazos de pago a su capacidad real de cumplimiento, después de una situación iniciada en abril de 2025 por una combinación de factores externos e internos.

La reestructuración abarcó el mercado de capitales nacional e internacional y se realizó sin quitas de capital, según informó la propia compañía. El pasivo alcanzado por el proceso fue cercano a USD 1.500 millones.

La empresa sostuvo durante todo ese período la operación ininterrumpida de sus 10 centrales de generación al máximo de su disponibilidad de despacho. Para eso, acordó con proveedores estratégicos la continuidad de mantenimientos y el suministro de repuestos, y alineó los planes de intervención con el nivel de actividad.

10 centrales en funcionamiento en 7 provincias

Generación Mediterránea concentra el negocio de generación de energía del Grupo Albanesi. Sus 10 centrales están distribuidas en siete provincias: dos en Buenos Aires, dos en Santa Fe, y una en Córdoba, Río Negro, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero.

La capacidad instalada total de esas plantas es de 1.855 MW, un nivel que representa casi el 8% de la energía térmica de la Argentina, de acuerdo con los datos difundidos por la compañía. Ese peso en el sistema explica la relevancia operativa del proceso que la empresa dio por cerrado.

Como parte de las medidas adoptadas durante el reordenamiento, la compañía buscó preservar la continuidad operativa y completar inversiones críticas por USD 600 millones. Entre esos proyectos, informó la firma, se cuentan la puesta en marcha de la Central Térmica de Cogeneración Arroyo Seco, en Santa Fe, y la ampliación de las centrales Ezeiza, en Buenos Aires, y Modesto Maranzana, en Córdoba.

En septiembre de 2025, Generación Mediterránea firmó el primer contrato en el marco de la Resolución 21/25 de la Secretaría de Energía de la Nación para proveer energía a Louis Dreyfus Company en Timbúes, Santa Fe, según indicó la empresa. Ese acuerdo fue presentado por la compañía como un paso que consolidó su posición en el mercado energético nacional.

La situación que derivó en el reordenamiento financiero había comenzado en abril de 2025. El cierre del proceso implicó adecuar el calendario de pagos a la capacidad efectiva de cumplimiento y concluir una reestructuración integral de sus compromisos financieros.

La compañía señaló, además, que mantiene su objetivo de sostener una operación eficiente para abastecer energía con tecnología moderna al aparato productivo del país.

El peronismo y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acordaron avanzar en un proyecto de ley para crear un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, presentada por Leandro Santoro, y que respaldan también la UCR y el bloque de Horacio Rodríguez Larreta, busca refinanciar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales a tasas más bajas y plazos más extensos. Según supo Infobae, LLA se opondrá, aunque se comprometió a habilitar el tratamiento sobre tablas, y se prevé que se apruebe en la sesión de este jueves en la Legislatura.

La iniciativa establece que el Banco Ciudad y las entidades privadas que adhieran podrán otorgar créditos de refinanciación con una tasa nominal anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses. El beneficio está dirigido a familias con ingresos de hasta 10 salarios mínimos cuyas deudas representen más del 30% de sus ingresos mensuales, con foco en quienes acumulen atrasos de entre 60 y 180 días. Quedan excluidos quienes posean patrimonio suficiente para cancelar sus obligaciones por cuenta propia.

Para incentivar la adhesión de la banca privada, el texto prevé una reducción del 50% en Ingresos Brutos sobre los intereses generados por estos créditos. Según las proyecciones de la iniciativa, una familia con ingresos de $3,68 millones y una deuda equivalente al doble de ese monto podría ahorrar alrededor de $240.000 por mes y $5,7 millones en intereses frente a una refinanciación a tasas de mercado.

El proyecto de Santoro, pero sobre todo el aval de casi todo el espectro político porteño, replica la tendencia que se repite en varias provincias del país, impulsada por el avance sostenido de la morosidad, uno de los puntos débiles del programa económico del gobierno nacional de Javier Milei. La mora de las familias marcó un nuevo récord en abril y ya hay 5,3 millones de personas con problemas para pagar sus deudas.

Y responde, además, a la necesidad de los principales espacios políticos de mostrar capacidad de gestión y sensibilidad ante demandas urgentes de la sociedad. Eso acercó posiciones entre bloques con posiciones históricamente enfrentadas. “Los libertarios estaban furiosos por ese acuerdo con el PRO”, sostuvo un dirigente peronista ante la consulta de Infobae. Desde la bancada oficialista, a su vez, ironizaron: “Todo lo que es desendeudamiento, los libertarios deberían bancarlo, salvo que para ellos sea un gasto”. Desde LLA aseguran que el proyecto responde al acuerdo político entre Jorge Macri y Juan Manuel Olmos, peronista todo terreno, histórico del PJ porteño.

En Córdoba, el Banco de Córdoba (Bancor) puso en marcha un plan de alivio financiero que unifica deudas en una sola cuota mensual, con tasas de entre el 45% y el 70% según el plazo —de hasta 60 meses— y acceso tanto para empleados estatales como privados que cobren sus haberes en la entidad. En la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia (Bapro) ofrece refinanciación de consumo en mora temprana con plazos de hasta 72 meses, y el gobierno bonaerense anunció recientemente una línea adicional con tasas del 39% anual para deudas con hasta 90 días de atraso y del 31% para casos de sobreendeudamiento con mora superior a ese período.

En Corrientes, el gobierno del gobernador Gustavo Valdés lanzó "Corrientes Sostiene“, un plan con una asistencia financiera superior a los $130.000 millones que permite refinanciar deudas de tarjeta en 6 o 12 cuotas fijas con una reducción de 29 puntos respecto de las condiciones habituales, con alcance a unos 89.000 correntinos.

En Misiones, el gobernador Hugo Passalaqua prorrogó un esquema similar en conjunto con el Banco Macro, con tasas bonificadas para empleados públicos, municipales, jubilados y pensionados con mora en tarjetas y préstamos.

A nivel legislativo, el senador peronista mendocino Mauricio Sat presentó un proyecto para crear un “Programa Provincial de Rescate Financiero de Hogares Mendocinos”, con plazos de entre 36 y 60 cuotas, tasas subsidiadas y el mismo límite de acceso que la iniciativa porteña: ingresos familiares de hasta 10 salarios mínimos.

En Chubut, la diputada Norma Arbilla impulsó el proyecto PL014/2026, orientado a empleados públicos y clientes del Banco del Chubut, con un fondo de garantía para subsidiar tasas y facilitar el acceso al crédito de refinanciación.

Este tipo de discusiones se analizan en el Congreso desde hace varios meses. Se fueron acumulando en paralelo a la gestión económica. Hay proyectos del peronismo, de Provincias Unidas, del bloque Coherencia, y también del PRO, preocupado por el crecimiento de las deudas, y que viene con una estrategia política de diferenciarse del gobierno nacional en temas puntuales. Quizá, la situación de Manuel Adorni es el mejor ejemplo: el partido liderado por Mauricio Macri ya anticipó que acompañará una eventual interpelación o moción de censura contra el Jefe de Gabinete si continúa en el Gobierno.

El proyecto de desendeudamiento no será el único tema en la agenda legislativa porteña. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene prevista una sesión en la que se tratarán, además, el financiamiento de la Línea F de subte, la regulación de los vapeadores, modificaciones en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el proyecto conocido como "Hojarasca" —ambos de La Libertad Avanza (LLA)—, y la regulación de los denominados "trapitos". La sesión también contempla el ingreso de pliegos para la designación del defensor del pueblo, el fiscal general y las autoridades del ente regulador de la Ciudad.

La economía argentina sigue avanzando entre dos escenarios contradictorios. Por un lado, los mercados internacionales están en una situación de extrema volatilidad de la que no salen a pesar de que se aproxima un acuerdo que parece definitivo para terminar el conflicto en Medio Oriente.

Por el otro lado, la deuda recibió una mejora en su calificación y, tras la aprobación de garantías por USD 550 millones del BID, en solo dos días se sumaron avales por 2.550 millones de dólares. Estos respaldos permitirán cubrir sin dificultades los USD 4.300 millones necesarios para afrontar el vencimiento de julio, recursos que se buscarán en el mercado internacional de capitales. Así, las reservas quedarán intactas para sostener el valor del dólar en 2027, año de elecciones.

El dato desfavorable fue que la inflación mayorista de mayo fue de 2,5%, por encima de 2,1% del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, hubo otro indicador que no fue del todo favorable. Según Iván Cachanosky, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso “el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires subió 2,7% en mayo, acelerando frente a los meses previos y acumulando 12,8% en el año (29% interanual).

“La aceleración del mes se explica principalmente por dos factores puntuales: el acuerdo salarial de UOCRA homologado en abril, que impactó en mayo con una suba de 3,5% en Mano de Obra (el capítulo de mayor incidencia), y la actualización de tarifas eléctricas, de agua y de gas, que llevó a Gastos generales a subir 4%. Materiales, en cambio, subió apenas 1,6%, con el hierro para la construcción casi sin moverse (-0,1%). En cuanto al costo total de construir una vivienda, el modelo unifamiliar aceleró a 3,6% mensual (el mayor salto del año) y el multifamiliar a 2,3%. En síntesis, la suba de mayo responde más a ajustes regulados y a la negociación salarial sectorial que a una presión generalizada de demanda. Habrá que ver si se sostiene o si vuelve a moderarse en los próximos meses”, sostuvo Cachanosky.

Por otra parte, hoy se prevé que Morgan Stanley Capital International (MSCI) anuncie la revisión del estatus de la Argentina como país “Standalone”, la categoría más baja dentro de su clasificación. Esta revisión podría anticipar un cambio a la condición de “Frontera”, el escalón previo a la categoría de “Emergente”, en la que se ubican las principales economías de la región.

A partir de la baja en el riesgo país, la Argentina avanza en medidas previas a la salida del cepo. Ayer, se flexibilizaron las regulaciones para que las sociedades de Bolsa puedan operar libremente el dólar contado con liquidación (CCL). Se eliminaron las restricciones para operar bonos contra dólares, lo que permitirá a estas entidades vender bonos y adquirir divisas según su propio patrimonio. Aunque no es una medida dirigida al público general, sí impacta en traders e inversores, quienes ahora contarán con mayor margen de acción y contribuirán a transparentar el mercado.

La otra sorpresa la dio el debut de Kevin Warsh en la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Si bien mantuvo sin cambios la tasa de interés, dio a entender que habrá al menos una suba antes de fin de año. Algunos especulan que puede ser en julio. Lo que preocupa es que hubo una encuesta interna sobre el futuro de las tasa entre los 18 de los 19 integrantes del Comité porque Warsh se excusó por su rango de titular de la Reserva Federal.

De los 18 miembros, solo 8 creen que no habrá cambio en las tasas este año. Cinco creen que habrá dos aumentos, uno arriesgó que serán 4 y otro que habrá una reducción de tasas. Fue sorpresa para los inversores que esperaban un comportamiento más moderado un funcionario alineado ideológicamente con Donald Trump. Warsh dejó en claro que la prioridad es bajar la inflación.

En este escenario, el S&P Merval de las acciones líderes tuvo una suba de 1,14% en pesos y 0,8% en dólares. Los bancos fueron los motores del avance. En tanto, los bonos soberanos tuvieron alzas y bajas, que hicieron que el riesgo país tuviera una leve suba de 5 unidades (+1,2%) a 435 puntos básicos.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), se operaron USD 607 millones y el Banco Central compró 39 millones de dólares. El dólar mayorista subió $5 (+0,8%) a $1.441,50 y se revalorizó frente al billete norteamericano que está en alza frente a las principales monedas del mundo. En la plaza financiera el MEP aumentó $8 (+0,5%) a $1.462, mientras el CCL perforó el techo de $1.500 al aumentar $8,50 a 1.505 pesos.

Según la consultora F2 de Andrés Reschini “el dólar se fortaleció en el mundo y las principales monedas de la región se debilitaron frente a la divisa norteamericana. El peso argentino tuvo en desempeño alineado con el escenario global”.

El informe agregó que “La presión de la demanda sobre el tipo de cambio se hizo sentir en la curva dollar linked al punto que en futuros el volumen de operaciones se incrementó a 1.212.379 contratos luego de tres ruedas consecutivas de contracción y el interés abierto añadió USD 22,4 millones. En la rueda de soberanos dollar linked (BYMA, t+1) también se elevó el monto de operaciones hasta USD 169 millones (VN). Posiblemente la intervención oficial haya sido clave para atenuar la demanda por spot y suavizar el alza en el tipo de cambio”.

“Hacienda informó el resultado fiscal de mayo que arrojó un superávit primario de $1.924.367 millones y de $478.613 millones en la línea financiera. Estos números son mejores que los de abril, pero no son suficientes para torcer el sendero de contracción en el acumulado a 12 meses”, sumó.

En el mercado overnite que funciona hasta la apertura de la rueda de hoy, los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York operaban con alzas sostenidas de hasta 1,5% tras conocerse el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán.

El oro estaba en un decidido descenso de más de 1% acompañado por la baja del petróleo que cotizaba a USD 83 por la perspectiva de que aumente la oferta del crudo en los próximos días. El entendimiento sirvió para equilibrar el efecto adverso de los anuncios de la Reserva Federal que adelantan una época de tasas en alza. Los inversores también están atentos al comportamiento de SpaceX que comenzó a bajar tras un debut que elevó 56% el precio de sus nuevas acciones en tres ruedas.

El mercado local sigue en modo cautela porque el escenario sigue cambiando día a día. En la Bolsa, los bancos por ahora son los elegidos por los inversores, mientras otra parte se inclina por lo bonos duales en pesos a pesar de la suba del dólar.

El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una garantía de hasta USD 550 millones para fortalecer las políticas de seguridad y justicia en la Argentina y mejorar el acceso del país a los mercados de capitales.

Esta medida representa la primera vez que el BID otorga una garantía de este tipo al país sudamericano, según informó el organismo internacional.

De acuerdo con el comunicado oficial, la garantía permitirá al país movilizar USD 1.200 millones en financiamiento privado. Este ingreso facilitará la llegada de recursos internacionales, en sintonía con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El BID explicó que el apoyo busca “mejorar el acceso a los mercados internacionales de capital, en línea con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el FMI”.

El financiamiento se destinará al programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (PROSEJUS), un conjunto de reformas impulsadas por el Gobierno argentino para enfrentar los delitos vinculados a organizaciones criminales. El proyecto pretende “fortalecer la capacidad del sistema de seguridad y justicia del país para aumentar la efectividad de la persecución penal, la investigación criminal, y la recuperación de activos de origen ilícito”, según consta en el comunicado del BID.

En el marco de la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, el proyecto incluye un enfoque integral y un programa basado en resultados. El objetivo es potenciar las capacidades de las fuerzas federales de seguridad y mejorar la investigación e inteligencia criminal. El BID subrayó que “el costo directo del crimen y la violencia en el país se estima en 3,9% del PIB, superando el promedio regional”.

“Muchas gracias, Ilan Goldfajn y al BID por este importante respaldo. La aprobación de esta garantía, la primera otorgada por el BID a la Argentina, es una muestra concreta de la confianza en el programa económico y en las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei”, expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales.

Parte de un plan de financiamiento mayor

La garantía confirmada este miércoles ya había sido anticipada en abril, cuando el Grupo BID proyectó un esquema de asistencia para la Argentina que podría superar los USD 7.200 millones durante 2026. Ese monto incluye más de USD 5.000 millones en operaciones con el sector público, entre las que se contaba la garantía ahora aprobada, además de un aporte adicional de BID Invest, el brazo de financiamiento privado del grupo, que estima movilizar inversiones por alrededor de USD 2.200 millones a lo largo del año.

El esquema anunciado en abril implicó un aumento respecto del año anterior, cuando el Grupo BID había aprobado operaciones por cerca de USD 5.000 millones en total. En ese momento, el presidente del organismo, Ilan Goldfajn, había señalado que la entidad acompañaría el proceso argentino “apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento”. La aprobación final de cada tramo del paquete quedó sujeta, en su momento, a la decisión de los directorios de los distintos organismos que integran el grupo, paso que se fue cumpliendo de manera escalonada en las últimas semanas.

La garantía se suma a la aprobada por el Banco Mundial

El anuncio del BID llegó un día después de que el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaran un paquete de garantías por USD 2.000 millones para la Argentina, orientado a cubrir el 95% de los pagos del servicio de la deuda de un nuevo préstamo comercial, con un plazo de seis años y un período de gracia de tres años.

Ambas decisiones se dieron en un contexto de baja del riesgo país, que pasó de los 520 puntos básicos registrados en abril a 425 puntos básicos al cierre del lunes, el nivel más bajo de los últimos ocho años. La mejora se explica, entre otros factores, por la suba de la calificación de la deuda argentina por parte de Standard & Poor’s, que pasó de CCC+ a B-, y por el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, sostuvo que “esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales”.

Las garantías de organismos multilaterales forman parte de la estrategia financiera que el equipo económico presentó ante el FMI para cerrar el programa correspondiente a este año. El viceministro de Economía, José Luis Daza, había explicado semanas atrás que esa estrategia contemplaba préstamos respaldados por garantías del BID, el Banco Mundial, MIGA y, posiblemente, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Según trascendió, el CAF podría sumar a fines de julio una garantía adicional de entre USD 250 y USD 500 millones, lo que completaría el esquema de respaldo multilateral previsto para 2026.

Las garantías ofrecidas por el Banco Mundial para colocar deuda a tasas más bajas es un eslabón relevante en el objetivo que se trazó el equipo económico: asegurarse los dólares para “blindar” los pagos de deuda de 2027.

El próximo será un año electoral y por lo tanto será mucho más volátil. Esa mayor incertidumbre se podría traducir no solo en una mayor presión cambiaria a medida que se acerquen los comicios, algo que viene sucediendo en cada año impar. Además, esa mayor volatilidad se sentiría en el mercado de bonos, lo que podría afectar las cotizaciones. La baja del riesgo país, que se ubica por debajo de los 450 puntos básicos, será difícil incluso de sostener en pleno período preelectoral.

El 9 de julio próximo vencen USD 4.300 millones en pago de Bonares, en lo que será el segundo vencimiento de este monto en 2026. Para hacer frente a este pago de capital e intereses el Tesoro estuvo colocando bonos de corto plazo (Bonar 2027 y 2028) en el mercado local.

El año próximo vuelve a vencer una cifra similar de Bonares (alrededor de USD 8.500 millones). A eso también se suman nuevos vencimientos de Bopreales por más de 1.000 millones de dólares.

Pero la mayor obligación del 2027 es con el FMI, ya que el Gobierno deberá cancelar USD 7.700 millones entre capital e intereses. De esta manera, empieza un largo camino para repagar los préstamos que el organismo desembolsó por USD 44.000 millones desde el salvataje al gobierno de Mauricio Macri, en 2018. Luego también hubo fondeo fresco para la administración de Javier Milei, por otros 15.000 millones de dólares.

El nuevo acuerdo firmado el año pasado incluyó fuertes desembolsos al principio del organismo, pero luego la obligación del Gobierno de comenzar a devolver paulatinamente el capital, junto al pago de intereses.

En ese sentido, desde Puente indicaron que el terreno se va preparando para una colocación internacional, que sería clave para refinanciar parte de la deuda que vence el año próximo.

“La consolidación de la segunda mejora de la nota para Argentina a B- impulsó una compresión de riesgo país de más de 60 puntos básicos, dejando el diferencial frente a mercados emergentes en mínimos de la década (apenas 250 puntos básicos). Esto sumado al renovado flujo institucional, y el anuncio del día de hoy, reabre la ventana estratégica para que el Tesoro evalúe un regreso a los mercados internacionales de crédito mediante una emisión de bonos soberanos en el tercer trimestre del año”, remarcaron.

La posibilidad de refinanciar vencimientos de deuda con acceso a los mercados internacionales permitiría una mejor defensa de los dólares que está acumulando el Central. En otras palabras, en vez de recurrir a divisas propias para pagar deuda se abre una ventaja para refinanciar esos vencimientos con nuevas colocaciones.

Desde Puente indicaron que las nuevas garantías que ofrece el Banco Mundial permitirán colocar nueva deuda por alrededor de 4.000 millones de dólares. Se trata de un nuevo espaldarazo otorgado por el gobierno norteamericano para el gobierno argentino, teniendo en cuenta que Estados Unidos siempre conserva la presidencia del organismo y tiene un fuerte peso específico en el mismo.

Las líneas comerciales obtenidas bajo este esquema estructurado contarán con un plazo de vencimiento a seis años y contemplarán un período de gracia de tres años, a tasas inferiores que las de mercado.

“Con la confirmación del paquete de garantías aprobado por el Banco Mundial, el equipo económico puede dar por cerrado el programa financiero de este año, asegurando un puente de liquidez clave que despeja los compromisos financieros, incluyendo el pago de bonos soberanos de principios de 2027”, agregaron desde Puente.

Tras la mejora en la calificación de la deuda por Standard & Poor’s y el anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, los bonos argentinos subieron y se profundizó la caída del riesgo país, que el martes cerró en 430 puntos básicos (p.b.), el nivel más bajo de los últimos ocho años.

Y si bien el Gobierno lo festejó, ahora se plantea un nuevo dilema en el mercado: el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene que salir a emitir deuda en el mercado internacional al menos como una señal para demostrar que puede rollear los pagos del 2027 o debe mantener su estrategia de buscar otros mecanismos de financiamiento.

La baja del riesgo país a niveles que no se veían desde 2018 reactivó el debate entre los analistas financieros y el sector público acerca de cuál debe ser el próximo paso del Gobierno en materia de financiamiento. El descenso comenzó el jueves pasado, cuando el indicador bajó 60 p.b. y se ubicó en 443. El viernes continuó con una baja de 6 p.b., hasta 437, y el lunes sumó otro retroceso de 12 p.b. a 425 p.b. El mercado respondió de manera positiva no solo al contexto internacional, sino también a la percepción de mayor estabilidad financiera.

Para Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go, este es un momento propicio para aprovechar las condiciones externas. “Es un buen momento para salir al mercado internacional. Generalmente, hay ventanas en donde uno puede colocar; después pueden surgir imprevistos y esas ventanas perderse”, explicó. El economista consideró, además, que sería positivo para el Gobierno adelantar el prefinanciamiento de los vencimientos de enero próximo, ya que en el segundo semestre suele haber menos oferta y se vuelve más difícil conseguir dólares en el exterior.

La idea de aprovechar la oportunidad y emitir deuda internacional se consolidó entre varios referentes del sector privado. Ricardo Delgado, presidente de Analytica, sostuvo que “es importante que el Gobierno despeje el programa financiero de acá hasta las elecciones del año que viene, sería una buena señal que descomprimiría aún más el riesgo y haría que se alejaran las turbulencias preelectorales”. Según Delgado, esto permitiría no solo fortalecer la estabilidad financiera, sino también dar un mayor margen de maniobra al sector externo y favorecer a la economía real.

En la misma línea, Christian Buteler opinó que la señal de volver al mercado internacional ya era conveniente incluso con un riesgo país más alto. “Ya era momento de salir, incluso con el riesgo país en 525 puntos básicos”, afirmó el analista financiero. A su juicio, el valor de mostrar acceso al financiamiento internacional superaba una diferencia de tasa de uno o un punto y medio en una colocación de USD 1.000 millones, porque esa señal podía acelerar la baja del riesgo país. “A estos valores estoy totalmente a favor de salir al mercado, aprovechar esta ventana que te está dando a una mejor tasa, incluso a la que teníamos hace un mes”, remarcó.

Pero no solo son los analistas quienes le recomienda a Caputo que debe salir a colocar deuda en el mercado internacional sino también los organismos internacionales en los que se basa una parte de su estrategia financiera. Este lunes, cuando se conoció la aprobación de la garantía por USD 2.000 millones del Banco Mundial, en el comunicado, resaltaron que este debe ser el objetivo. “El directorio del Banco Mundial y el del MIGA aprobaron hoy un paquete de financiamiento innovador para apoyar la agenda de reformas de Argentina y ayudar a restablecer su acceso a los mercados internacionales de capital”, escribieron.

La postura oficial

El ministro Caputo no niega que el fin último es salir al mercado internacional, lo que sostiene es que mientras existen otras mecanismo de financiamiento más baratos deben priorizarse estos.

La semana pasada, en el Congreso de IAEF, defendió la estrategia de priorizar mecanismos de financiamiento a menor costo. “Nuestra obligación es refinanciar la deuda a la tasa más baja posible”, señaló. Además, subrayó que muchas empresas acceden a tasas inferiores a las del soberano, y que el Estado no debe pagar más caro si existen métodos alternativos. “No tendría sentido buscar refinanciar deuda al 9,5% si lo podemos hacer al 6,5%”, ejemplificó.

Caputo rechazó la idea de que sea necesario salir al mercado solo para dar una señal de confianza. “No necesitamos probarle nada al mercado. El mercado sabe que tenemos acceso”, respondió ante los planteos sobre la conveniencia de emitir deuda externa. Explicó que, en la actualidad, el Gobierno consigue financiamiento a través de emisiones locales y de organismos multilaterales a tasas más bajas. “¿Cuál sería el sentido de hacerle pagar a los argentinos una tasa más alta?”, se preguntó.

Así, mientras el indicador de riesgo país continúa en niveles mínimos, el debate sigue abierto entre quienes consideran que existe una ventana de oportunidad que podría cerrarse y quienes defienden la prudencia y la cautela oficial ante las condiciones del contexto financiero internacional. Los analistas insisten en la importancia de anticipar el financiamiento para despejar el horizonte electoral, mientras que el Gobierno se aferra a su estrategia de buscar las mejores condiciones posibles para cada emisión.

De cara al vencimiento de julio por USD 4.200 millones con bonistas, Caputo no tiene la necesidad de salir al mercado internacional dado que prácticamente ya cuenta con los dólares para afrontar el vencimiento gracias a la colocación del Bonar 2027 y Bonar 2028. Al 12 de junio, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro eran de USD 2.915 millones mientras que los en moneda local de $11,5 billones.

Hubo toma de ganancias en los mercados. No era lo que se esperaba pero el acuerdo de Estados Unidos con Irán y los ataques de Israel ponen en duda el final del conflicto en Medio Oriente. Además, otros temores llegan del exterior y contagian, como el temor a una burbuja en las acciones de inteligencia artificial que tendrían un efecto dominó sobre las economías del mundo.

Los inversores optaron por la cautela pese a las noticias positivas difundidas al cierre de la rueda. Además de la inversión récord en minería, el Banco Mundial aprobó una garantía por USD 2.000 millones que permitirá a la Argentina acceder a nueva deuda. A este respaldo se sumará hoy el BID, con otros USD 550 millones, lo que facilitará que el país solicite préstamos al mercado internacional de capitales por un monto total de hasta 4.000 millones de dólares.

De esta manera, el equipo económico evitará utilizar las reservas de libre disponibilidad, un recurso clave para atender la demanda de dólares prevista para 2027, año en el que se celebrarán elecciones.

Se estima que si la Argentina sale al mercado internacional con este riesgo país de alrededor de 425 puntos y con la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos en retroceso (ayer bajó a 4,43%) podría conseguir fondos a una tasa de 6,5%, similar a la que paga hoy por bonos a dos años.

Con un dólar debilitado a pocas horas del anuncio de la Reserva Federal sobre la continuidad de las tasas de referencia, la divisa se revaluó en el mercado local. En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se registraron operaciones por USD 723,8 millones, de los cuales el Banco Central adquirió USD 79 millones, lo que permitió incrementar las reservas en USD 255 millones y ubicarlas en 47.655 millones de dólares. El dólar mayorista avanzó $8,50 (+0,6%) hasta 1.436,50 pesos.

La consultora F2 de Andrés Reschini señaló que “el volumen operado en futuros se contrajo por tercera rueda consecutiva hasta los 768.698 contratos y el interés abierto sufrió un desarme neto de USD 25 millones. Mientras tanto en la rueda de soberanos dollar linked (BYMA, t+1) se operaron USD 118 millones (VN) un volumen que es levemente inferior al registro de la jornada previa. La curva de sintéticos mejoró el atractivo del tramo más corto por una caída en la tasa implícita de fin de junio y tasas en pesos más altas".

“Por lo tanto, en la hipótesis de que la participación del BCRA en soberanos sea similar a la de la rueda anterior, habría conseguido mejorar las condiciones para el carry trade (apostar a inversiones en pesos). Pero, además, el mercado se habría quedado con una porción mayor de la rueda spot. Al mismo tiempo, la Secretaría de Finanzas anunció para mañana un canje del TZV26 (DL) que vence a fin de junio por una letra con vencimiento el 31 de julio y un bono con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 para suavizar las presiones sobre el mercado de cobertura y, eventualmente, sobre el spot que este tipo de vencimientos genera dejando sobre las espaldas del Tesoro la carga de la cobertura en lugar de forzar al BCRA a intervenir con ventas de bonos y/o futuros”, sumó el reporte.

En tanto, los bonos soberanos tuvieron leves alzas que se destacan porque en la rueda de ayer hubo una baja generalizada de emergentes. El índice que los representa bajó 1,6 por ciento. El riesgo argentino aumentó 5 unidades (+0,10%) a 430 puntos básicos.

El S&P Merval de las acciones líderes soportó una toma de ganancias que lo llevó a ceder 2,92% en pesos y 3,18% en dólares. Las bajas más importantes fueron en YPF (-8%), tras el derrumbe del petróleo en el mundo y, consecuentemente, de Transportadora Gas del Sur con 4,9% porque el retroceso del crudo provocó la baja del gas.

En paralelo, las tasas de interés tuvieron una leve suba a entre 1,7% y 1,8% desde fin de junio hasta fin de abril próximo.

En el exterior, el mercado overnite operaba con leves alzas en los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York. mientras el oro no terminaba de afirmarse. Los analistas estiman que el metal está ofrecido por la necesidad de dólares para comprar petróleo y reponer las reservas estratégicas y para pagar la compra de IPOS (nuevas acciones de empresas) que se están lanzando al mercado.

En tanto, el petróleo Brent y el WTI parecen haber detenido su caída y los futuros cercanos cotizaban neutros. El dólar estaba cediendo ante las principales monedas del mundo. Es notorio que el optimismo inicial por el acuerdo de paz con Irán, encontró un límite y quedaron pocas, pero importantes preguntas sin responder.

Se espera que hoy el mercado argentino ponga en precio los buenos anuncios del Banco Mundial a la par de que se conozca el apoyo del BID para permitir que la Argentina salga a fin de mes al mercado internacional de capitales.

En mayo, la Administración Central redujo deuda con el Banco Central de la República Argentina tras recomprar parcialmente Letras Intransferibles con dividendos que el ente monetario transfirió al Tesoro.

En el quinto mes del año, las operaciones de deuda pública de la Administración Central ascendieron a USD 78.084 millones e incluyeron financiamiento, canjes, capitalizaciones, pagos, ajustes y cancelaciones. El saldo neto registró una reducción de compromisos con el Banco Central por USD 22.284 millones, atribuida a la cancelación parcial de Letras Intransferibles con rentas de propiedad transferidas por el ente monetario.

A mediados de mes, el Banco Central de la República Argentina puso a disposición del Tesoro Nacional $24,4 billones en concepto de dividendos del ejercicio 2025, tras la aprobación del directorio sobre el estado contable del año.

La Secretaría de Hacienda informó que los fondos se distribuyeron en dos operaciones: $6 billones se destinaron a la constitución de depósitos del Tesoro en el Banco Central y $18,4 billones a la recompra de Letras Intransferibles en cartera del organismo. Con esa operación, la deuda pública consolidada con el ente monetario quedó en USD 30.306 millones.

El objetivo fue reducir la deuda bruta del Estado y modificar la composición patrimonial del ente monetario

La medida se oficializó mediante la Resolución Conjunta 27/2026 publicada en el Boletín Oficial, que habilitó la recompra de Letras Intransferibles al Banco Central. En el Ministerio de Economía resaltaron que el objetivo fue reducir la deuda bruta del Estado y modificar la composición patrimonial del ente monetario.

Qué son las Letras Intransferibles

Las Letras Intransferibles son títulos de deuda que el Tesoro Nacional comenzó a emitir en enero de 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y se entregaron al Banco Central a cambio de reservas internacionales. Se utilizan únicamente para pagos de deuda pública externa y no cotizan en el mercado de valores.

Con el paso de los años, el stock se incrementó y pasó a representar un componente relevante del activo del ente monetario. Para analistas y para el equipo económico del presidente Javier Milei, ese mecanismo implicó la descapitalización del Banco Central.

Stock según moneda y legislación

La cartera que dirige Federico Furiase informó que en mayo de 2026 el stock de deuda bruta se redujo a USD 479.273 millones, de los cuales USD 476.743 millones se encontraron en situación de pago normal. También destacó que se extendió el plazo medio de las nuevas colocaciones para cancelar vencimientos, con reducción de las tasas de interés.

Por tipo de legislación, en mayo la deuda en moneda local representó el 65,9% del total, mientras que el 34,1% restante correspondió a moneda extranjera.

Evolución consolidada y movimientos con organismos internacionales

En términos de PBI, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central bajó en mayo a 57,2%, casi dos puntos porcentuales respecto de abril, según la estimación implícita del producto por parte del Banco Central en los agregados monetarios.

Las operaciones de deuda con organismos internacionales -excluyendo al FMI-, destinadas a recapitalizar el Banco Central y financiar reformas sin requerimiento legislativo, junto con el efecto de la valuación de divisas, se estabilizaron en USD 38.786 millones.

El saldo del préstamo del FMI aumentó en USD 911 millones, reflejando la variación de monedas frente al dólar y cancelaciones netas derivadas del retraso en el desembolso esperado.

Por diferencias de cambio, los Adelantos del Banco Central transferidos a la Tesorería disminuyeron en USD 61 millones y se ubicaron en USD 2.901 millones.

El saldo del préstamo del FMI aumentó en USD 911 millones, reflejando la variación de monedas frente al dólar y cancelaciones netas

La deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 12.154 millones -aumentaron en USD 4.719 millones-, totalizó en mayo de 2026 USD 467.119 millones, y se redujo en USD 22.122 millones en comparación con el mes previo.

Composición del endeudamiento por instrumentos

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) detalló la composición de la deuda pública por instrumento, moneda, tasa de interés y factor de ajuste.

El 56% correspondió a deuda en pesos ajustable por CER, con instrumentos cuyo capital se ajusta por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que sigue la evolución de la inflación:

• Boncer y Lecer: a tasa cero, algunos amortizan semestralmente y otros al vencimiento, y a tasa fija (con TNA entre 1,2% y 4,5%) con amortización semestral.
• Discount, Par y Cuasipar: emitidos en la reestructuración de 2005-2010.
• Pagarés y préstamos garantizados.

El 41% fue deuda en pesos sin ajuste, con instrumentos cuyo capital no está sujeto a ajustes por inflación ni tipo de cambio, e incluye instrumentos capitalizables y no capitalizables:

• Títulos públicos con tasa de interés fija que capitaliza periódicamente y amortización al vencimiento.
• Lecap: Letras del Tesoro a corto plazo, devengan una tasa fija que capitaliza mensualmente y pagan al vencimiento. Amortizan al vencimiento.
• Boncap: similares a las Lecap, pero con un plazo mayor al año.
• Letras capitalizables a una tasa de interés variable, Tamar (mayorista).
• Bonos capitalizables a tasa dual: amortizan al vencimiento y devengan intereses que capitalizan mensualmente a la tasa mayor entre dos opciones.
• Instrumentos no capitalizables: Bocones PR17; bonos tasa Badlar; Bonos del Consenso Fiscal; Adelantos Transitorios del Banco Central; uso del FUCO (Fondo Unificado de Cuentas).

El 3% correspondió a deuda denominada en dólares estadounidenses pagadera en pesos: Bonos y Letras del Tesoro cuyo capital, denominado en dólares, se ajusta según la evolución del tipo de cambio mayorista (Comunicación A 3500 del Banco Central), e incluye Bonos USD linked y Lelink, además de Bonos duales 2036 emitidos bajo el DNU 164/2023.

Endeudamiento neto durantela gestión ilei

En comparación con noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central aumentó en USD 53.979 millones a mayo último. Al considerar las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro durante los primeros meses de 2024 y la variación de depósitos oficiales, el stock consolidado en los primeros 30 meses de la presidencia de Javier Milei presentó una disminución neta de USD 19.832 millones.

Ese resultado se descompuso en un alza de USD 22.364 millones con organismos internacionales y baja de USD 42.196 millones en el agregado del sector público y privado.

En términos de PBI, la deuda consolidada de 57,2%, fue la menor proporción desde julio de 2025, y casi dos puntos porcentuales por debajo de la heredada de noviembre de 2023, tras un pico de 76,3% en diciembre de ese año por el sinceramiento cambiario y la eliminación de la brecha con los tipos de cambio alternativos.

Los mercados festejaron el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Hubo subas muy fuertes en Wall Street, pero también mantuvieron la tendencia alcista las acciones argentinas que cotizan en Nueva York y los bonos en dólares. Si bien hubo feriado local, los precios deberían mañana reflejar esta mejora, que se reflejó en una nueva caída del riesgo país hasta los 425 puntos básicos.

La normalización de los mercados obliga a volver a calcular algunas situaciones. Por ejemplo, un barril de petróleo a 100 dólares implicaba un ingreso adicional por exportaciones del orden de los 5.000 millones de dólares. La balanza energética apuntaba a un superávit inédito de 12.000 millones de dólares.

Pero ahora la situación cambia, porque el barril Brent cayó a USD 83, o sea un 17% menos que aquel valor. Esto significa que el ingreso por exportaciones será menor al que se había estimado y lo mismo ocurriría con el saldo de la balanza comercial.

¿Se mantiene la proyección de exportaciones a un récord de USD 100.000 millones para el 2026? Es muy probable que el volumen quede muy cerca aunque habrá que seguir mes a mes qué pasa con los precios del barril a nivel internacional.

Por otro lado, un precio demasiado alto del petróleo hubiera generado el peligro de una recesión global. En ese escenario, hubiera pesado más un impacto negativo en las ventas más que la suba de los precios. Por otra parte, la producción de Vaca Muerta aún con un precio del barril de entre USD 70 y USD 80 se mantiene muy rentable.

El acuerdo alcanzado el fin de semana incluye la apertura del estrecho de Ormuz para la navegación de barcos petroleros. Al mismo tiempo, Estados Unidos levantará el bloqueo sobre los puertos de Irán, lo que también agrega oferta petrolera especialmente para China.

La caída del barril no se traducirá automáticamente en una baja del combustible en el mercado local, pero al menos no agregará presión al índice en los próximos dos a tres meses. Esto ayudaría a prolongar el proceso de desinflación que ya lleva dos meses. La posibilidad de perforar el 2% en junio se mantiene, aunque el promedio de economistas que participa del Relevamiento de Expectativas de Mercado espera que ocurra recién en agosto.

Pero lo más relevante del proceso de paz en Medio Oriente está relacionado con un mejor clima para los mercados financieros, que impacta positivamente en los activos argentinos. Ahora la expectativa es ver una reducción adicional del riesgo país, que ya quedó cerca de perforar los 400 puntos básicos.

A medida que se acerca a estos niveles, crecen las chances de un regreso de Argentina a los mercados internacionales para emitir deuda. Esto no sucede desde el 2018, antes de que estallara la crisis cambiaria en el tercer año del gobierno de Mauricio Macri.

La tasa de interés a diez años en Estados Unidos cayó además por debajo del nivel de 4,50% anual, lo que le da más incentivo a los inversores a buscar opciones de riesgo.

A los niveles actuales de riesgo país, el Gobierno podría colocar deuda entre 8% y 9% anual en dólares, dependiendo de los plazos y los montos.

La acumulación de reservas, junto a la mejora de la calificación de deuda le dieron un fuerte envión a los bonos en dólares, que acumulan subas promedio de 10% en lo que va de 2026. Este riesgo país ya es el menor de la “era Milei” y se acerca a los niveles más bajos que tuvo la gestión de Macri.

Ahora se suma una mejora del ánimo de los inversores que sería el empujón que faltaba para que el país regrese a los mercados. La colocación de deuda internacional es un paso fundamental para conservar los dólares de las reservas que se fueron acumulando y poder refinanciar los vencimientos de deuda del 2027.

Tras anunciar la mejora de la calificación crediticia soberana de la Argentina, la agencia internacional S&P Global Ratings le subió la nota de ocho empresas argentinas de los sectores corporativo e infraestructura.

Luego de elevar la calificación del país a ‘B-/B’ desde ‘CCC+/C’, la calificadora ajustó en igual sentido la evaluación de transferencia y convertibilidad (T&C), llevándola a ‘B’ desde ‘B-’, y actualizó la nota de Aeropuertos Argentina 2000 S.A., Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (EDEMSA), Genneia S.A., Pampa Energía S.A., Telecom Argentina S.A., Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS), YPF Energía Eléctrica S.A. (YPF Luz) y YPF S.A. a ‘B’ desde ‘B-’.

Según informó S&P Global Ratings, la decisión sobre los títulos soberanos obedece a una reducción de las vulnerabilidades económicas y a una recuperación paulatina de la liquidez externa. La agencia consideró que estos elementos “sientan las bases para una recuperación económica sostenida”.

Desde la firma señalaron que la política de austeridad fiscal y otras medidas implementadas facilitaron el acceso del Estado argentino a financiamiento voluntario en los mercados de capitales, así como a préstamos de organismos internacionales. A su juicio, este acceso permitirá hacer frente a las necesidades sustanciales de servicio de deuda comercial en moneda extranjera previstas para 2026 y 2027.

En forma posterior a la decisión sobre la calificación soberana, S&P Global Ratings mejoró la nota crediticia de las ocho empresas argentinas mencionadas. Todas estas firmas, según el organismo, poseen perfiles de crédito independientes de al menos ‘B’ y superaron el test de estrés que permite ubicarlas un escalón por encima de la calificación soberana.

Las entidades cuya calificación fue mejorada son:

• Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
• Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (EDEMSA)
• Genneia S.A.
• Pampa Energía S.A.
• Telecom Argentina S.A.
• Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS)
• YPF Energía Eléctrica S.A. (YPF Luz)
• YPF S.A.

La perspectiva de las calificaciones para cada una de estas compañías es estable, lo que refleja la tendencia observada en la propia calificación soberana y la mejora en las condiciones de transferencia y convertibilidad para el sector privado argentino. S&P Global Ratings indicó que la actualización “permite reflejar una mejora en la capacidad de las entidades para soportar condiciones adversas asociadas a un default soberano y mantener suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones financieras”.

A pesar de que algunas de las firmas no enfrentan obligaciones materiales en moneda extranjera durante los próximos 12 meses, Standard & Poor’s alertó que su capacidad de largo plazo para cumplir con pagos en divisas depende del acceso al mercado de cambios. “La capacidad de largo plazo de estas entidades para realizar pagos en moneda extranjera depende de su acceso a divisas, ya que todas generan la mayor parte de su flujo de caja en el mercado local”, señaló el reporte.

El límite de la calificación de estas entidades sigue condicionado por la evaluación de transferencia y convertibilidad de Argentina, que fue mejorada a ‘B’ en este informe. Según la agencia, el riesgo de intervención estatal en la posibilidad de acceder, convertir y transferir fondos al exterior se redujo levemente, aunque la liquidez externa del país continúa siendo frágil y vulnerable ante posibles shocks. “Las calificaciones de estas entidades siguen limitadas por la evaluación de T&C de Argentina, que fue mejorada a ‘B’ desde ‘B-’, en función de una percepción de riesgo levemente menor de interferencia soberana”, aclaró.

El documento publicado por S&P Global Ratings subrayó que la mejora en las calificaciones crediticias de las empresas argentinas ocurre luego de la actualización en la nota soberana, y que todas las entidades alcanzadas poseen la capacidad de superar las condiciones adversas planteadas en los escenarios de estrés analizados por la agencia. “Ahora calificamos a estas entidades un escalón por encima de la calificación de largo plazo en moneda extranjera para Argentina, reflejando nuestra opinión de que podrían soportar las condiciones asociadas a un default soberano”, expresó la calificadora.

A pesar de la mejora crediticia, los analistas de la agencia estadounidense advirtieron que la Argentina aún enfrenta desafíos estructurales en materia económica y financiera. El escenario base contempla la posibilidad de tensiones económicas durante los próximos 12 a 18 meses, que podrían poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, destacaron la combinación de superávits fiscales continuos y la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central fortaleció el perfil de liquidez del Estado argentino.

Por último, la comunicación puso el énfasis sobre la persistencia de desequilibrios económicos y la vulnerabilidad de la liquidez externa. Pese a la mejora en las calificaciones, la agencia sostuvo que el contexto macroeconómico argentino requiere monitoreo constante y que las condiciones internacionales y locales podrían modificar el escenario en el corto y mediano plazo.

El riesgo país consiguió ayer perforar los 450 puntos y finalizó en el nivel más bajo en lo que va del gobierno de Javier Milei. La respuesta muy favorable de los mercados a la decisión de Standard and Poor’s de subirle la calificación a la deuda argentina, siguiendo los pasos de Fitch. La suba de los bonos en dólares dejó a la Argentina un poco más cerca de regresar a los mercados internacionales para conseguir financiamiento, algo que no sucede desde 2018.

Con este nuevo impulso, el país podría colocar deuda a diez años a una tasa de entre 8,5% y 9% anual en dólares. Hasta hace unos días todavía tenía que pagar rendimientos de dos dígitos.

Por ahora, el ministro de Economía, Luis Caputo, se viene resistiendo a colocar bonos en el mercado internacional. El argumento del titular del Palacio de Hacienda es que las tasas son muy altas y no tiene sentido tomar deuda cara en el mercado internacional, cuando hay fuentes más baratas de financiamiento.

Pero esta nueva disminución del riesgo país, que ayer finalizó a 443 puntos básicos, cambia el panorama. Ahora ya queda más accesible el ingreso al mercado internacional, que resultaría clave para blindar los pagos de deuda del año próximo.

Hay otro evento que le puede dar otro impulso a los bonos en dólares, que es el pago de los vencimientos de deuda de julio, por un total de 4.300 millones de dólares. Si, como es esperable, parte de esos fondos son reinvertidos en bonos argentinos entonces las cotizaciones pueden subir otro escalón.

En ese caso, y con algo de ayuda de un mejor clima en los mercados internacionales, el riesgo país podría caer a niveles de entre 350 y 400 puntos. En ese caso, la tasa de un bono en dólares emitido por el Gobierno perforaría el 8% anual en dólares.

La suba de los bonos argentinos también contagió a las acciones locales. Los ADR de los bancos volaron ayer, registrando por lejos las subas más importantes del año. Por primera vez, además, la cotización en lo que va del año de las entidades quedó positiva, luego de haber mostrado caídas de hasta 30% en la primera parte del año.

El ADR de Banco Macro subió 11,7% en Wall Street y ya acumula 10% de suba en 2026. Galicia trepó casi lo mismo y Supervielle otro 12,7 por ciento.

El índice S&P Merval medido en dólares también mantiene un sólido recorrido y ya se ubica en niveles de 2.240 dólares (tomando como referencia el tipo de cambio del contado con liquidación), por lejos el nivel más alto del año. El máximo que había tocado había sido de 2.400 dólares a fines de 2024.

Mientras tanto, los mercados globales acompañan esta gran recuperación. Los principales índices de Wall Street cerraron este jueves con importantes ganancias, recuperando parte del terreno perdido en la sesión anterior gracias al fuerte desempeño del sector tecnológico y a una mejora en el ánimo de los inversores frente a las tensiones geopolíticas internacionales.

El índice Dow Jones avanzó alrededor de 1,8%, mientras que el S&P ganó 1,7% y el tecnológico Nasdaq Composite lideró las subas con un salto cercano al 2,5 por ciento.

El mercado encontró apoyo en señales de una posible distensión en Medio Oriente, luego de que trascendieran avances diplomáticos que redujeron los temores a una escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. La moderación de esos riesgos contribuyó a una caída en los precios del petróleo y favoreció una mayor predisposición de los inversores hacia activos de riesgo.

Las compañías tecnológicas y vinculadas a la inteligencia artificial encabezaron la recuperación, tras haber registrado fuertes correcciones en jornadas previas. El renovado interés por el sector impulsó especialmente al Nasdaq, que volvió a ubicarse entre los principales motores del mercado estadounidense.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó este jueves el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER). Se trata del mecanismo incluido dentro de la Ley de Modernización Laboral que permite a los empleadores del sector privado regularizar trabajadores no declarados o con registración deficiente, con quitas de deuda de hasta el 90% y planes de pago de hasta 72 cuotas.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 5862/2026, publicada en el Boletín Oficial. La regla alcanza aquellas relaciones laborales del sector privado iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 que se encuentren vigentes al momento de la adhesión. Los empleadores tendrán plazo hasta el 28 de noviembre de 2026 para inscribirse, y podrán incluir obligaciones vencidas hasta el último día del mes en que presenten la solicitud. Es decir, hasta las correspondientes al período de octubre de 2026.

El régimen llega en un contexto de alta informalidad: según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la informalidad laboral alcanzó al 43% de los trabajadores en el cuarto trimestre de 2025, con más de 5,6 millones de asalariados fuera del sistema previsional. La construcción y el servicio doméstico concentran las tasas más altas, con 52,6% y 78% respectivamente.

El decreto también contempla casos detectados en inspecciones ya notificadas al empleador, siempre que la deuda no haya sido cancelada, aun cuando se encuentre en discusión administrativa o judicial. Quedan excluidas las relaciones laborales del sector público.

Las quitas según el tamaño del empleador

La quita de la deuda por aportes y contribuciones a la seguridad social varía según el tamaño del empleador. Las micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro verán perdonado el 90% de lo adeudado; las medianas empresas de los tramos 1 y 2, el 80%; y el resto de los empleadores, el 70%. Quienes opten por cancelar el saldo restante al contado obtendrán una reducción adicional del 50 por ciento.

Para el Fondo del Sistema Nacional del Seguro de Salud (FSR), Riesgos del Trabajo (ART) y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (SCVO), la condonación asciende al 100%, tanto del capital como de los intereses.

Plan de facilidades de pago

La deuda restante podrá financiarse a través del plan de facilidades habilitado por ARCA, con una tasa preferencial del 1% mensual. Las micro y pequeñas empresas y las entidades sin fines de lucro podrán acceder a hasta 72 cuotas, con un pago a cuenta del 3% del monto consolidado. Las medianas empresas contarán con hasta 48 cuotas y un anticipo del 4%, mientras que los demás empleadores tendrán hasta 36 cuotas con un pago inicial del 5%. El monto mínimo de cada cuota es de 50.000 pesos.

El plan caduca ante la falta de pago de dos cuotas, ya sean consecutivas o alternadas, o por no cancelar una cuota dentro de los plazos previstos. En ese caso, ARCA quedará habilitada para reclamar el total adeudado e iniciar acciones judiciales.

Cómo adherirse

Para inscribirse, los empleadores deberán registrar a los trabajadores no declarados, corregir fechas de ingreso posteriores a las reales o informar remuneraciones inferiores a las efectivamente pagadas. El trámite se realiza a través del servicio con clave fiscal “Simplificación Registral”, con posterior incorporación en las declaraciones juradas de seguridad social originales o rectificativas. El plan de facilidades se gestiona mediante el servicio “Mis Facilidades”, disponible en el sitio web de ARCA. Ambas herramientas estarán operativas a partir del próximo martes 16 de junio.

La regularización también produce efectos penales: la adhesión al régimen extingue la acción penal por delitos tributarios vinculados a las obligaciones incluidas, siempre que no exista sentencia firme a la fecha de adhesión. Además, los empleadores que se sumen al programa obtendrán la baja automática del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por infracciones constatadas hasta el 6 de marzo de 2026. El período regularizado será computado como tiempo de servicio a los fines de acreditar prestaciones jubilatorias, por invalidez y por desempleo.

El Congreso aprobó laLey de Modernización Laboral en febrero de 2026, aunque su entrada en vigor se demoró hasta fines de abril, cuando la Justicia levantó una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) que había suspendido más de 80 artículos de la norma. El nuevo marco incorporó modificaciones en los costos laborales, nuevos instrumentos para administrar la jornada de trabajo y una actualización de los procedimientos de resolución de conflictos judiciales. Los primeros efectos concretos ya se registran: esta semana, Mirgor, fabricante de electrónica y autopartes, firmó el primer acuerdo de banco de horas con el sindicato SMATA.

Nunca más oportuna elevación de la nota de la deuda argentina a B-/B por parte de Standard & Poor’s, la calificadora más dura. Hace tiempo se pensaba que S&P iba a mantener la calificación de la Argentina, pero cedió ante las últimas evidencias de solvencia para afrontar los compromisos financieros.

Por supuesto, contribuyó a que las ofertas por el Bonar 2028 que licitó el Tesoro fueran holgadas. Se ofrecieron USD 266 millones y se aceptaron los USD 200 millones anunciados a una tasa de 8,53% efectivo anual. Hoy se licitan USD 100 millones y son pocos los que dudan de que no se pueda cubrir ese cupo.

La suba en la calificación crediticia de la deuda argentina excluye a los denominados fondos buitres, ya que pierden margen para especular con un posible default. Ahora, pueden ingresar al mercado argentino inversores institucionales que antes estaban restringidos por normas internas, como fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos de inversión. Con la calificación en CCC, estos actores no podían acceder a los activos argentinos; la mejora les permite incorporarlos a sus carteras.

En simultáneo, la deuda de la ciudad de Buenos Aires recibió una calificación AAA, que no equivale a la máxima categoría a nivel internacional, pero la posiciona como la de mayor solidez dentro del país. Sus bonos se consideran los de menor riesgo y con la tasa más baja entre los títulos sub soberanos argentinos.

Todo esto sucedía mientras el mundo se sumergía en una masiva venta de acciones por el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán y que la inflación interanual norteamericana es de 4,2%, lo que garantiza una suba de tasas a fin de julio. El Nasdaq de las tecnológicas perdió casi 2% y el S&P 500, 1,62 por ciento. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se elevó a 4,56%, al mismo tiempo que el VIX, llamado “índice del miedo”, entraba en zona de alerta al superar los 20 puntos.

Los bonos argentinos fueron afectados por el movimiento y bajaron hasta 0,8% elevando 5 unidades (+1%) el riesgo país a 503 puntos básicos. En la región, fue el menos afectado; el índice de emergentes cayó 1,8 por ciento.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el dólar mayorista bajó $8,50 (-0,6%) a $1.433,50 con negocios por USD 528 millones que le permitió al Banco Central comprar 121 millones de dólares.

En la plaza financiera los dólares bajaron hasta 0,6 por ciento. El MEP y el contado con liquidación (CCL) cerraron en $1.452 y 1.508 pesos. El “blue” se puso a la altura del MEP y descendió $10 a 1.450 pesos.

La consultora F2 de Andrés Reschini destacó que la mejora en la calificación de la deuda “empareja con Ecuador, pero la diferencia con la argentina siguen siendo cerca de 100 puntos básicos de riesgo raís. La incertidumbre política siegue siendo un obstáculo y limita las mejoras que podría conseguir la deuda soberana con el upgrade”.

Sobre el dólar futuro indicó que “el volumen operado se incrementó a 1.395.361 contratos con ajustes negativos e implícitas en su mayoría corridas levemente a la baja. El interés abierto esta vez retrocedió USD 92 millones principalmente por el desarme de 101 millones en fin de junio. En la rueda de bonos dollar linked (BYMA, t+1) el volumen se hundió a 92 millones (VN) pero a pesar de que la demanda se haya mudado a la licitación de deuda del Tesoro donde los instrumentos de cobertura cambiaria captaron unos $1,74 billones (USD 1.232 millones VN) que es levemente inferior a los $1,81 billones (USD 1.295 VN) de la colocación anterior, sigue siendo un monto relativamente elevado”.

Por otra parte, el S&P Merval de las acciones líderes consiguió una suba de 0,08% ayudado por el alza de Cresud (+2,1%) y Transportadora de Gas del Sur (+1,9%).

Las tasas estuvieron influidas por la licitación del Tesoro donde cubrió con holgura los vencimientos. Se ofrecieron $7,4 billones, pero aceptó $6,12 billones para no convalidar suba de tasas. Ese monto representó un 120% de los vencimientos, lo que indica que absorbió pesos.

Según Inversiones Pergamino, el dato es positivo ya que el Tesoro “renovó deuda y obtuvo financiamiento neto, ayudando a ordenar las expectativas de corto plazo”. “La demanda volvió a concentrarse en instrumentos defensivos: bonos duales CER/TAMAR, dollar linked (cobertura contra devaluación) y AO28 hard dollar. Esto muestra que el mercado acompaña, pero sigue buscando cobertura entre inflación, tasa y tipo de cambio. También fue relevante la conversión de TZX26 (BONCER) y TTJ26 (bono Dual), que permite extender vencimientos y descomprimir parte del perfil de deuda 2026. En síntesis: licitación sólida, con buena demanda y rollover alto. Pero el mensaje sigue siendo claro: hay apetito por rendimiento, aunque todavía con prioridad en cobertura y protección”, sumó el reporte.

En el mercado overnite, que opera antes de la apertura de las plazas del mundo, las Bolsas de Nueva York no definían tendencia. El oro seguía en baja y cerca de perforar el piso de USD 4.000 por onza, mientras el petróleo Brent avanzaba 0,20% y el WTI, 2,40 por ciento.

El clima permanece adverso para los activos de riesgo y limita el desempeño de los bonos argentinos, debido a la fortaleza sostenida del dólar ante la expectativa de un posible aumento de tasas de interés en Estados Unidos.

La agencia financiera Standard & Poor’s (S&P) subió la calificación de la deuda argentina en moneda extranjera a largo plazo de CCC+ a B-, debido al avance del programa de austeridad fiscal y el aumento de compra de divisas por parte del Banco Central, entre otros factores. La decisión sigue a la mejora anunciada por Fitch Ratings a principios de mayo y los analistas anticipan que podría redundar en una baja del riesgo país y en un acercamiento a los mercados internacionales.

En su informe, S&P fundamentó la perspectiva estable en la expectativa de que el Gobierno mantenga el ajuste fiscal y que “el Banco Central aumentará sus reservas internacionales, sosteniendo el crecimiento económico y reduciendo la inflación”. La firma remarcó una menor vulnerabilidad económica y una mejora gradual en la liquidez externa, mientras el gobierno logra fondos emitiendo bonos en dólares, utilizando garantías de organismos oficiales y acuerdos con bancos globales.

S&P advirtió que aún persisten desafíos y que “es probable que persistan tensiones en los próximos 12 a 18 meses que podrían afectar la estabilidad económica”, aunque considera que el gobierno podrá enfrentarlos “sin caer en default ni en un canje de deuda estresado, según nuestras definiciones”.

Sobre los fundamentos institucionales, la calificadora señaló que “el historial de inestabilidad macroeconómica y los cambios bruscos de política económica afectan la credibilidad y previsibilidad de las instituciones argentinas”. También destacó los avances legislativos del gobierno de Javier Milei, pero subrayó que “la estabilidad macroeconómica será clave para su implementación”.

S&P proyecta un crecimiento económico de 2,7% para 2026 y de cerca de 3% en los años siguientes, con desempeño dispar entre sectores: minería, energía y agro muestran crecimiento, mientras otros enfrentan dificultades. En el plano monetario, la agencia indicó que “el ajuste fiscal sostenido, junto con una política monetaria estricta, es el ancla del plan económico”. Aunque la acumulación de reservas se aceleró, advirtió sobre la vulnerabilidad a shocks adversos.

Entre los aspectos positivos, S&P resaltó el desarrollo de recursos energéticos no convencionales y los avances en la autonomía del Banco Central, que “podrían mejorar gradualmente la credibilidad de la política monetaria”. Concluyó que la mejora en la calificación “equilibra los riesgos derivados de vulnerabilidades económicas persistentes con los resultados fiscales positivos y otras medidas que mejoran la liquidez del Estado”.

En diálogo con Infobae, Fernando Marull, titular de la consultora FMyA, destacó que las tres calificadoras -Fitch Ratings, S&P y Moody’s-, “ya van dos y eso es positivo para que le dé un empujón a los bonos y que baje un poco más el riesgo país”.

“Con esto, se puede acercar a 450 puntos básicos solamente por este efecto. Segundo, S&P era la más reacia y se convenció. La pregunta es por qué se convenció de mejorar la nota. Un poco por la compra de reservas, los nuevos préstamos que están cubriendo los bonares que está colocando el Tesoro”, opinó Marull.

Y continuó: “Tercero, eventualmente, los nuevos financiamientos que aparezcan del Tesoro Nacional como para cubrir parte de los vencimientos de 2026 y 2027. Además de todo, los equilibrios macro que vienen reconociendo, pero es más por la parte de que les gusta cómo se descomprimió el tema de la acumulación de dólares y el nuevo financiamiento. Así que es muy positivo”.

Coincidió Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, al señalar que este tipo de noticias ayudan a reducir el riesgo país. “Las calificadoras a veces llegan un poco tarde, tanto para revisar al alza como para revisar a la baja, pero el hecho de que se den estas revisiones consolidan lo que pueda estar pasando”.

“El proceso de baja del riesgo país va más allá de lo que diga la calificadora. Tiene que ver con la política fiscal y la mejora en la política macroeconómica en general. Desde el punto de vista financiero me parece que este año ya arrancó mejor, sobre todo por el tema de la compra de reservas, y de alguna forma es como que las calificadoras ahora lo ven y validan la mejora”, sumó.

En tal sentido, Tiscornia consideró que la calificación B- responde a que a la Argentina “la condena mucho su pasado de inestabilidad macroeconómica y de incertidumbre política y que obviamente, si bien estamos acumulando reservas, falta tener más reservas”. “Veremos si mueve para abajo la aguja del riesgo país”, acotó.

A su turno, Gabriel Caamaño, economista de la consultora Outlier, expresó que la mejora en la calificación de la deuda argentina “es una buena noticia porque abre la puerta a que haya más flujo externo en deuda”.

“Hay que ver hasta qué punto el mercado no lo venía anticipando también y puede ser que parte de la noticia ya estuviera precios. Está bien porque hasta altura Macri tenía una mejora más rápida y este Gobierno tiene equilibrio fiscal y Macri no, además de pagar todo. Este contexto internacional es más adverso ahora en materia de tasas, además. Nos pone más cerca del objetivo, que es volver al volver los mercados para terminar de normalizar la macro. Falta una calificadora más de las tres, pero tener dos con mejora de nota es muy positivo”, ponderó Caamaño.

“Esto es muy positivo. La Argentina opera con riesgo país en la zona de quinientos puntos, pero tiene una calificación crediticia que es parecida a la de Ecuador y, sin embargo, Ecuador opera entre 400-430 de riesgo país. Así que o la Argentina está con un rating demasiado alto o los bonos están subvaluados. Yo creo que lo segundo”, aportó Gustavo Neffa, director de Research for Traders.

Y prosiguió: “La macro hace un delivery importante, es decir, justifica la recalificación, pero el miedo sigue latente entre los inversores para no convalidar un riesgo país mínimamente un 20% más abajo, en la zona de 400 puntos o similar, acoplado a la cifra de Ecuador".

Desde la perspectiva de Matías de Luca, jefe de Research de Parakeet, “algo viene estando metido en precios en el mercado, mientras que las calificadoras se mueven más lento, pero que las expectativas se convaliden con las noticias es lo relevante”.

“Con 2 de 3 calificadoras que nos suben el rating de CCC a B- , Argentina deja de ser deuda en distress (muy alto riesgo de default) a ser un riesgo ‘especulativo’ si se quiere, pero con capacidad de pago. Eso incluso habilita a que inversores institucionales compren deuda argentina que antes no podían. Por lo que puede significar una afluencia de plata significativa que empuje un poco más el riesgo país a la baja y le facilite al Gobierno refinanciar su deuda en dólares“, argumentó de Luca.

El analista financiero, Christian Buteler, sostuvo que la decisión de S&P de revisar al alza del rating soberano del país “es una buena noticia”. “Objetivamente, mejorar la calificación siempre es algo es algo positivo, sobre todo para un país como la Argentina, que necesita tanto llegar a un nivel de riesgo país que nos permita rolear la deuda a una tasa razonable. Está claro que mejorar la calificación acerca hacia ese hacia ese objetivo. Sin ninguna duda es una muy buena noticia”, manifestó.

Al mismo tiempo, un informe de Balanz remarcó que la suba de la calificación financiera se sustenta en una mayor liquidez para repagar la deuda y en el equilibrio fiscal. “¿Por qué es importante? La mejora en el rating crediticio puede ayudar a bajar el riesgo país. Fondos institucionales que solo pueden invertir en bonos soberanos con calificación B- o superior ahora podrían aumentar su exposición a Argentina“, indicó.

En paralelo, Agustín Etchebarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso, apuntó que “no es un punto de llegada” sino “una confirmación de dirección: superávit fiscal, caída de la inflación, normalización macro y recuperación de credibilidad. La Argentina vuelve lentamente al mundo del crédito”.

Por último, Andrés Reschini, de la consultora F2, le dijo a Infobae: “Desde ya que toda mejora en el rating crediticio es una buena noticia. Con la upgrade de S&P Global Argentina se empareja con Ecuador pero a diferencia de este, el primero tiene alrededor de 100 puntos de riesgo país más".

“Si bien puede que esta noticia genere alguna mejora en la deuda soberana local en moneda extranjera creo que la incertidumbre sobre qué pasará luego del mandato de Javier Milei sigue limitando el efecto del upgrade“, concluyó Reschini.

Tras el anuncio de mejora de la calificadora Fitch Ratings a comienzos de mayo, la agencia internacional Standard & Poor’s (S&P) mejoró la calificación de la deuda en moneda extranjera a largo plazo de la Argentina al elevarla de CCC+ a B-, lo que obedece al avance del programa de austeridad fiscal y al aumento de reservas internacionales por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA)

“Nueva mejora. Clasificaciones a largo plazo de Argentina elevadas a ‘B-’ por S&P”, celebró el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta oficial de X.

En su informe, la calificadora sostuvo que la perspectiva estable para las calificaciones de largo plazo se fundamenta en la expectativa de que el Gobierno continuará con el ajuste fiscal y que “el Banco Central aumentará sus reservas internacionales, sosteniendo el crecimiento económico y reduciendo la inflación”.

S&P indicó que la mejor calificación refleja una menor vulnerabilidad económica y una mejora gradual en la liquidez externa, lo cual “sienta las bases para que continúe la recuperación económica”. Según la agencia, el gobierno argentino “ha obtenido fondos mediante la emisión de bonos en dólares en el mercado local, garantías de organismos oficiales y acuerdos de recompra con bancos globales para cumplir con los pagos de su deuda externa comercial”. La combinación de superávits fiscales y acumulación de reservas por parte del Banco Central fortaleció la posición de liquidez del Estado.

El reporte advierte, de todos modos, que persisten desafíos y que “es probable que persistan tensiones en los próximos 12 a 18 meses que podrían afectar la estabilidad económica”. S&P considera que el gobierno debería poder afrontar estos retos “sin caer en default ni en un canje de deuda estresado, según nuestras definiciones”.

En cuanto a los fundamentos institucionales, la calificadora remarcó que “el historial de inestabilidad macroeconómica y los cambios bruscos de política económica afectan la credibilidad y previsibilidad de las instituciones argentinas”. Además, destacó los avances legislativos logrados por la administración de Javier Milei para sentar las bases de un crecimiento sostenible, aunque subrayó que “la estabilidad macroeconómica será clave para su implementación”.

Standard & Poor’s proyecta un crecimiento económico de 2,7% para 2026 y alrededor de 3% en los años siguientes. La agencia detalla que el desempeño sectorial resulta dispar, con industrias exportadoras como minería, energía y agro creciendo, mientras que otras ramas enfrentan dificultades.

Sobre la política monetaria y la inflación, S&P subrayó que “el ajuste fiscal sostenido, junto con una política monetaria estricta, es el ancla del plan económico”. Si bien reconoce que la acumulación de reservas internacionales se aceleró a lo largo de 2026, alertó que el país “sigue siendo vulnerable a shocks adversos”. Según sus previsiones, la inflación promedio bajaría a 32% en 2026 y se acercaría al 9% en 2029.

Entre los factores positivos, la calificadora destacó el desarrollo de recursos energéticos no convencionales, que “debería impulsar el crecimiento y la balanza de pagos en los próximos años”. También valoró los avances en autonomía del Banco Central, que “podrían mejorar gradualmente la credibilidad de la política monetaria”.

S&P concluyó que la mejora en la calificación “equilibra los riesgos derivados de vulnerabilidades económicas persistentes con los resultados fiscales positivos y otras medidas que mejoran la liquidez del Estado”. La agencia anticipó que podría subir la nota si la previsibilidad de la política económica facilita el acceso sostenido a liquidez externa y limita la volatilidad económica, siempre dentro de un marco de crecimiento y compromiso con el ancla fiscal.

El antecedente de Fitch Ratings

La decisión de la calificadora de riesgo se da a un mes de que Fitch Ratings, otra de las firmas que se encarga de puntuar la nota crediticia de los países, mejoró la calificación argentina al subirla de CCC+ a B-.

En este caso, la mejor respondió a “balances fiscales y externos estructuralmente mejorados, avances en reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas en moneda extranjera y la expectativa de que el gobierno logrará financiamiento suficiente para cubrir sus obligaciones de deuda”.

La firma internacional destacó que la situación externa de Argentina se robusteció luego de que el país pasara a ser exportador neto de energía. “Argentina ha fortalecido su resiliencia ante el shock global de precios de la energía”, indicó. Además, proyectó que el déficit de cuenta corriente será equivalente al 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026, “sensiblemente por debajo de la mediana de países con calificación similar”.

En relación a las reservas, Fitch Ratings señaló que el Gobierno enfocó su estrategia en incrementar el stock de divisas, con compras acumuladas por más de USD 10.000 millones hasta junio. “Las reservas internacionales netas siguen siendo bajas al considerar los pasivos de corto plazo, aunque esperamos que aumenten en USD 8.000 millones en línea con la nueva meta del acuerdo con el FMI”, detalló la agencia a comienzos de mayo.

El documento enfatiza que el equilibrio fiscal continúa como un pilar de la política económica. “El presupuesto equilibrado sigue siendo el principal ancla de la política fiscal, marcando una ruptura significativa respecto del pasado”, sostuvo la calificadora, que prevé un superávit primario de 1,1% del PBI y anticipa que el déficit general argentino se ubicará entre los mejores dentro de la categoría B.

El análisis indicó que el crecimiento económico se focalizó en sectores como minería, petróleo y gas, agricultura e intermediación financiera, en tanto que la construcción y la industria presentaron estancamiento o retracción. Para 2026, la proyección es de una expansión del 3,2 por ciento.

De cara a los comicios presidenciales y legislativos previstos para 2027, la calificadora señaló que “la oposición se mantiene débil y fragmentada, aunque el bajo crecimiento y la inflación afectan la popularidad del gobierno”. “Los mercados financieros siguen siendo sensibles a este tipo de acontecimientos políticos, como se observó antes de las elecciones de medio término del año pasado, y Argentina continúa siendo vulnerable a un shock de confianza, especialmente si la contienda electoral anticipa un cambio significativo respecto de las políticas actuales”, subrayaron los analistas.