Integrantes del grupo delictivo conocido como La Chokiza agredieron físicamente a un menor de 14 años en la colonia Héroes de la Independencia, municipio de Ecatepec, Estado de México. Así lo dio a conocer el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, quien además, en sus redes sociales, compartió un video en el que se ve el momento de la agresión.

El ataque ocurrió frente a una niña pequeña, hermana de la víctima, quien presenció la escena entre lágrimas. Los hechos se desencadenaron por una presunta deuda económica atribuida al tío del adolescente, a quien los agresores buscaban localizar.

El incidente quedó registrado en cámaras de seguridad. Un primer sujeto, vestido con sudadera negra y a bordo de una motocicleta, llegó al domicilio y preguntó insistentemente por el paradero del tío. Al no obtener respuesta, aguardó en la calle y minutos después arribó un segundo individuo, identificado como “El Mudo”, en una camioneta blanca. Tras algunas llamadas telefónicas, este último golpeó al menor y trató de despojarlo de su teléfono móvil. El adolescente fue sacado a la vía pública y golpeado nuevamente, aunque logró escapar de sus agresores.

Posteriormente, los integrantes de La Chokiza ingresaron sin autorización a la vivienda para buscar al deudor. Al no encontrarlo, amenazaron de muerte a las mujeres de la familia, exigiendo el pago de 200 mil pesos y advirtiendo represalias en caso de incumplimiento. El miedo provocado por la agresión obligó a la familia a abandonar su hogar de manera definitiva.

Según reportes de seguridad, La Chokiza mantiene una presencia activa en Ecatepec pese a los operativos implementados en la zona. La organización se dedica principalmente a la extorsión, el narcomenudeo y la violencia contra deudores, utilizando la intimidación y ataques directos como mecanismo de presión. Actualmente, el grupo está bajo el mando de David “N” tras la captura de su hermano Alejandro “N”, alias “El Choko”, quien lideró la agrupación hasta su detención.

El caso provocó indignación y preocupación entre vecinos y autoridades locales, pues evidencia la vulnerabilidad de menores y familias ante los métodos de cobro violentos de las bandas criminales. Hasta el momento, no se reportó la detención de los responsables, a pesar de la evidencia en video difundida en redes sociales y medios de comunicación.

Las autoridades continúan con las investigaciones y han reiterado el llamado a la ciudadanía para denunciar actos de extorsión y violencia, a fin de fortalecer la seguridad y protección de las comunidades afectadas por la actividad delictiva de grupos como La Chokiza.

Panamá cerró el primer trimestre de 2026 con un saldo total de deuda pública de $60,008 millones, una cifra que refleja una leve caída frente a febrero, pero que confirma un aumento respecto a enero, consolidando una tendencia al alza en el acumulado del trimestre.

El ajuste de marzo estuvo marcado por variaciones cambiarias negativas y descuentos, que compensaron parcialmente los desembolsos y capitalizaciones del período, en una dinámica donde el Gobierno ha optado por administrar el perfil de la deuda más que reducir su saldo de forma inmediata.

El comportamiento en los tres primeros meses del año muestra que la deuda aumentó en enero impulsada por desembolsos relevantes, volvió a incrementarse en febrero, y luego registró una corrección marginal en marzo de aproximadamente $50 millones, lo que no revierte la tendencia general.

Este patrón confirma que, aunque existen operaciones puntuales de manejo de pasivos, el país sigue en una trayectoria de crecimiento del endeudamiento, influida por necesidades de financiamiento y el peso del déficit fiscal.

Al analizar la estructura, la deuda externa se mantiene como el principal componente, con un saldo de $49,222 millones, mientras que la deuda interna se ubicó en $10,785 millones, con un aumento en el mes.

Esta una alta dependencia de financiamiento externo, aunque en los últimos meses se observa un mayor uso de instrumentos internos, especialmente letras y notas del Tesoro, como parte de una estrategia para gestionar liquidez en el corto plazo y reducir exposición a mercados internacionales.

Uno de los cambios más relevantes en la estrategia de financiamiento es el crecimiento de los préstamos directos con bancos, que alcanzan más de $7,354 millones, consolidándose como una herramienta clave del actual gobierno. Este tipo de financiamiento ha ganado espacio frente a los bonos globales, debido a que permite acceder a mejores condiciones de tasas y plazos, en un contexto donde el encarecimiento del crédito internacional ha elevado el costo de nuevas emisiones.

Solo esta semana, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concretó un nuevo crédito con Citibank por el equivalente a cerca de $2,200 millones, lo que refuerza una tendencia en la que el país busca diversificar sus fuentes y reducir costos frente a los mercados tradicionales.

Pese a ello, los bonos siguen representando el mayor volumen de la deuda, con un saldo superior a $31,096 millones, lo que mantiene al país expuesto a las condiciones de los mercados internacionales.

Este peso se traduce en una carga significativa por intereses, que en el acumulado del primer trimestre superaron los $1,005 millones, reflejando el impacto del mayor endeudamiento y del entorno de tasas elevadas sobre las finanzas públicas.

Desde una perspectiva histórica, el crecimiento de la deuda ha sido acelerado. Panamá pasó de $20,227 millones en 2016 a más de $60,000 millones en 2026, con el mayor incremento concentrado entre 2019 y 2024, durante la administración de Laurentino Cortizo, cuando el saldo aumentó en más de $24,000 millones en cinco años.

En la actual administración, iniciada en julio de 2024, el ritmo ha sido más moderado, aunque el saldo continúa creciendo, con un aumento superior a $8,100 millones hasta febrero de 2026, lo que evidencia que la presión fiscal se mantiene.

En términos de sostenibilidad, la relación deuda/PIB sigue siendo uno de los principales indicadores de seguimiento. Con un PIB nominal proyectado de $95,102 millones para 2026, el saldo de deuda al cierre de marzo implica una relación aproximada de 63.1%, un nivel que se mantiene elevado frente a estándares históricos del país.

En los últimos años, este indicador pasó de 56.44% en 2023 a 65.61% en 2025, reflejando un deterioro progresivo que aún no logra revertirse completamente.

A nivel sectorial, la deuda continúa concentrándose en el sector financiero, con más de $55,000 millones, muy por encima de otros sectores como transporte, salud o educación.

Esta distribución responde a la naturaleza del endeudamiento del Gobierno central, pero también evidencia que el financiamiento sigue enfocado en cubrir necesidades fiscales más que en proyectos sectoriales específicos, lo que limita su impacto directo en áreas productivas.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha reconocido que la deuda pública continuará creciendo mientras persista el déficit fiscal, señalando que el saldo ronda los $59,000 millones. No obstante, ha insistido en que la estrategia del Gobierno apunta a reducir el déficit de manera progresiva, evitando medidas que puedan afectar el empleo o la actividad económica.

Este enfoque busca equilibrar la estabilidad fiscal con la necesidad de mantener el crecimiento, en un contexto internacional aún exigente.

Como ya se implementó en la década de 1990, la Argentina negocia garantías con organismos internacionales para conseguir financiamiento más barato. La noticia aceleró ayer la baja del riesgo país, que de todas formas todavía no perfora los 500 puntos básicos. Pero es posible que lo logre rápido si se mantiene el buen clima en los mercados y se avanza en la puesta en marcha del nuevo esquema, que estará liderado por el Banco Mundial por una cifra aproximada de 2.000 millones de dólares.

El país ya había avanzado con este tipo de esquemas especialmente en la década de 1990. El plan Brady consistió en la emisión de bonos que tenían intereses garantizados por el propio Tesoro de Estados Unidos. Y en 1998 colocó bonos en dólares que también tenían el respaldo del Banco Mundial.

Aquella operación con Roque Fernández como ministro de Economía consistió en la colocación de bonos “cero cupón”, es decir sin pago de intereses semestrales, con garantía parcial del organismo.

Esto permitía que el título obtuviera una calificación de investment grade y que pudiera ser comprado por inversores que de otro modo no podían comprar deuda argentina por ser de alto riesgo y baja calificación.

En la crisis de 2001, estos bonos entraron en default junto al resto de la deuda y Banco Mundial tuvo que pagar esa garantía, por unos 250 millones de dólares. En otras palabras, los inversores recuperaron parte de la deuda que le habían comprado al gobierno argentino y que había entrado en cesación de pagos.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, habló de estas negociaciones con el organismo internacional en su estadía en Washington, en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el propio Banco Mundial.

“Lo primero que hay que aclarar es que no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital. Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado. ¿Por qué no salimos al mercado? Porque es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda ante una pregunta de Infobae.

Respecto a la tasa de interés que tendrá la operación, el funcionario argentino estimó que se ubicará entre 5,5% y 6,5% anual con un plazo de seis años, aunque reconoció que ese aspecto aún se está discutiendo en las negociaciones con la entidad multilateral.

Mientras tanto, Caputo confirmó que seguirán colocando bonos de corto plazo en el mercado local. En la licitación realizada el miércoles, el Tesoro pagó apenas 5% por un nuevo tramo del Bonar 2027, mientras que para el Bonar 2028 la tasa cayó a 8,20% anual.

Esta disminución de rendimientos también está en línea con la baja del riesgo país, que ayer cayó del 519 puntos básicos. La mejora del clima internacional favoreció a los bonos argentinos en las últimas jornadas. Pedro Siaba Serrate, analista de Portfolio Personal Inversiones (PPI), explicó que “en este momento favorecemos a los bonos dolarizados, que tienen más posibilidad de recorrida al alza. Nos parece que con un tipo de cambio tan bajo la apuesta por tasa en pesos se volvió un poco más riesgosa”.

Respecto al cronograma de vencimientos de deuda en moneda extranjera de julio, Luis Caputo precisó que “de los USD 4.300 que vencen cada 6 meses, de capital son unos USD 3.000 millones, que es lo que queremos refinanciar. Pagamos intereses, unos USD 1.300 millones, con el superávit primario”.

Ayer fue una día de buenas noticias para la Argentina pero que no se reflejó a pleno en los mercados. La garantía del Banco Mundial para que la Argentina obtenga financiamiento por USD 2.000 millones, que se sumarán a los USD 1.000 millones del FMI, aseguraron los pagos de los vencimientos de USD 4.300 millones de julio. Lo positivo es que se toma nueva deuda para pagar la vieja deuda a seis años a tasas que pueden rondar 6%, inferiores a las que pagaría por financiarse en los mercados internacionales.

El sorpresivo incremento en la oferta de los Bonar 2027 y 2028 en dólares durante la última licitación del Tesoro, que superó con creces los USD 200 millones adjudicados, evidencia una mayor confianza por parte de los inversores. Se recibieron propuestas por USD 392 millones para el Bonar 2027 y USD 222 millones para el Bonar 2028. Un dato relevante es que el bono con vencimiento en 2028, considerado el de mayor riesgo, cubrió su cupo y dejó fuera ofertas por 122 millones de dólares. La tasa anual superior al 8%, con pagos mensuales, contribuye a su atractivo. Según el economista Salvador Vitelli, se ofrecieron USD 614 millones y quedó una demanda latente de 414 millones de dólares.

Al mismo tiempo, el Banco Central redujo los encajes a los bancos en 10 puntos porcentuales para consolidar la baja de tasas en un intento de reactivar el consumo y bajar la morosidad del sistema por el elevado endeudamiento de las familias. A la vez, para los bancos se reactivaron los pases activos entre las 17 y 17.30 de cada día para proveerles liquidez y evitar la volatilidad de las tasas.

El Gobierno parece afectado por la inflación de marzo y busca recuperar la iniciativa tratando de ganar la confianza de los inversores que tambaleó después de las últimas encuestas que marcaban un retroceso en la imagen gubernamental.

Según Inversiones Pergamino “el Banco Central volvió a mover una pieza sensible dentro del esquema monetario y financiero. A través de una nueva adecuación sobre efectivo mínimo, la señal de fondo parece clara: profundizar el proceso de baja de tasas y seguir estimulando el crédito, sin alterar el corazón del programa económico. La medida llega en un contexto donde la última renovación de deuda del Tesoro mostró un rollover completo, pero sin inyectar pesos al mercado. Ese dato no es menor: al no volcar liquidez adicional, se consolidó un escenario de mayor orden monetario, con tasas de caución ya perforando la zona del 25% anual y con el dólar operando en torno a los $1.400, todavía sin mostrar desbordes”.

En este escenario, los bonos de la deuda no tuvieron la reacción esperada y operaron con leves bajas a pesar de las cuales el riesgo país bajó 9 unidades (-1,7%) a 518 puntos básicos.

Según el informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “se mantienen las esperanzas de que pronto se alcance una salida diplomática al conflicto en Medio Oriente, aunque según las declaraciones desde Teherán aún persisten algunas diferencias, más allá de que se han logrado avances importantes. Los índices accionarios volvieron a cerrar con alzas incluidos el ETF de Brasil y el Merval en dólares”.

“El dólar contra las principales monedas del mundo exhibió un leve fortalecimiento y eso pudo haber resentido a la deuda de emergentes. La curva hard dollar local cerró mixta, pero eso le alcanzó para que el Riesgo País muestre otro descenso. Los spreads globales han vuelto a retomar la tendencia hacia la compresión, lo que vuelve a acercar a Argentina a los mercados internacionales de deuda”, sumó el informe.

Y continuó: “El Gobierno logró sostener el superávit fiscal tanto en la línea primaria ($930.284 millones) como financiera ($445.495 millones). En términos interanuales los gastos primarios han mostrado un descenso del 5,8% real, lo mismo que los ingresos totales, lo que muestra que el gobierno no ha perdido cintura para el control de gastos. Existen cuestionamientos por la deuda flotante y son válidos dado que el mismo FMI ha mencionado en el comunicado del último Staff-Level Agreement la necesidad de mejorar la calidad del equilibrio fiscal”.

En paralelo, los dólares financieros registraron leves subas, especialmente el MEP, que avanzó $7,70 (+0,6%) hasta $1.406 y dejó atrás la breve situación de cotizar por debajo de 1.400 pesos. Aun así, continúa como el tipo de cambio más bajo del sistema, ya que el “blue” aumentó $5 y llegó a $1.415, impulsado por la demanda estacional de quienes viajan al exterior. Por su parte, el contado con liquidación (CCL) retrocedió $1,18 (-0,1%) y cerró en 1.453 pesos.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 402 millones y el Banco Central compró USD 75 millones, con el dólar mayorista bajando una unidad a 1.358 pesos.

Florencia Blanc, analista de Aldazabal & Cia., advirtió que “los préstamos en dólares podrían estar explicando nuevamente parte de las compras del BCRA, como sucedió durante enero. Cuando comenzó el proceso, habíamos notado que gran parte de esta compra tenía su contrapartida en los préstamos en dólares que tienen obligatoriedad de ser liquidados en el MLC”.

“Las compras de enero sumaron USD 1.158 millones, mientras que los préstamos en USD aumentaron USD 1.155 millones. En febrero, la dinámica de ambas series se desacopló, con los préstamos en dólares dejando de explicar la compra de reservas (aumentaron sólo USD 545 millones mientras que las compras fueron de USD 1.557 millones). Notamos que en marzo y en lo que va de este mes la dinámica volvió a acoplarse. Los préstamos crecieron USD 1.208 millones en marzo, y USD 406 millones hasta el 9 de abril. Las compras del BCRA para el mismo periodo fue de USD 1.671 millones y USD 582 millones respectivamente”, detalló Blanc.

El S&P Merval de las acciones líderes tuvo una leve recuperación al subir 0,2% en pesos y 0,1% en dólares, lejos de la recuperación de los mercados del mundo.

Las tasas de interés mantuvieron su tendencia a la baja. La TAMAR, utilizada como referencia en el mercado por corresponder a plazos fijos de entre 30 y 35 días superiores a $1.000 millones, descendió a 22,13% anual, frente al 22,65% registrado dos días atrás. Además, todas las LECAP (bonos a tasa fija en pesos) ofrecen un rendimiento inferior al 2% efectivo mensual hasta fin de año.

Según Federico Filippini (Head of Research) y Javier Casabal (Sr Fixed Income Strategist) de Adcap Grupo Financiero “las condiciones cambiarias continúan favorables, con la temporada de cosecha impulsando la oferta y el Banco Central acelerando la acumulación de reservas. Tras un fuerte rally —BONCERs arriba 7% frente a bonos en pesos y 17% frente a instrumentos en moneda dura -comienzan a aparecer señales de agotamiento, con los breakevens ya incorporando gran parte del escenario inflacionario-. Esperamos una inflación de abril en torno a 2,7%, dato que sería interpretado como confirmación de que el proceso de desinflación vuelve a retomarse".

Anoche en el mercado overnite, continuaba el moderado optimismo en las Bolsas de Nueva York, mientras el oro insinuaba un leve repunte y el petróleo no tenía tendencia definida con el barril de Brent cotizando a USD 98, cuatro dólares por encima de la rueda de ayer.

Todo indica que hoy la Argentina debería vivir una buena rueda para los mercados de bonos y acciones.

(Desde Washington, Estados Unidos) Luis Caputo participó de una disertación organizada por el Atlantic Council, adonde describió la actual situación del programa de ajuste. El jefe del Palacio de Hacienda ratificó el rumbo económico, a pocas horas de haber cerrado un acuerdo inédito con el Banco Mundial para garantizar el pago de la deuda privada que vence en julio.

Al concluir su exposición, en diálogo con Infobae y otros medios nacionales, Caputo explicó cómo será la garantía de hasta USD 2.000 millones que concederá el Banco Mundial para asistir a la Argentina en el refinanciamiento de su deuda externa.

“Lo primero que hay que aclarar es que no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital. Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado. ¿Por qué no salimos al mercado? Porque es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado", sostuvo Caputo ante una pregunta de este corresponsal.

En cuanto a la tasa de interés a la que se cerrará la operación, el funcionario argentino estimó que será de entre 5,5% y 6,5% anual a un plazo de seis años, aunque reconoció que las negociaciones todavía están abiertas sobre este punto.

“Esto nos permite acceder a fuentes de financiamiento, a instituciones a las cuales antes no teníamos llegada. Lo hacemos utilizando organismos internacionales, que instrumentan, para llegar a instituciones de todo el mundo, como aseguradoras y bancos. En el caso del Banco Mundial, ellos aportan las instituciones y nos dan el dinero. Son USD 2.000 millones”, detalló el ministro.

En tanto, remarcó que el esquema para los préstamos de la Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aún se están negociando, podrían ser similares o utilizar otro mecanismo.

Respecto al cronograma de vencimientos de julio, el titular del Palacio de Hacienda precisó que “de los USD 4.300 que vencen cada 6 meses, de capital son unos USD 3.000 millones, que es lo que queremos refinanciar. Pagamos intereses, unos USD 1.300 millones, con el superávit primario”.

“Además, tenemos un programa de licitaciones locales de un total de USD 4.000 millones (bonos 2027 y 2028). Este programa nuevo aportará USD 3000 o 4.000 millones más. Un total de USD 8.000 millones para pagar los USD 3.000 millones de julio, otros USD 3.000 millones de enero y sobran USD 2.000 millones para otros pagos eventuales”, enumeró.

Bajo su perspectiva, “todo mundo valora el esfuerzo que está haciendo Argentina” y “en las reuniones del G20 y el Fondo, Argentina pasó a ser el ejemplo”.

El ministro de Economía argumentó que “en medio de este shock una de las preocupaciones de los managers es justamente que producto de la crisis global algunos países incurran en un mayor déficit fiscal, más deuda y mayores tasas. Algo que puede terminar complicando al mundo todavía más que el propio shock”.

Y añadió: “Ponen a Argentina como ejemplo de un país que por tener la macroeconomía ordenada, tener superávit y no ser importador de energía, está en el mejor cuadrante. Por eso la bolsa argentina funciona bien. Un shock en otro momento hubiera tenido al BCRA en problemas y ahora el presidente del Banco Central tiene que defender el valor del dólar en el valor del dólar en lugar del peso”.

Caputo cierra mañana su gira por DC: tiene previsto un encuentro con Kristalina Georgieva -directora gerente del FMI- y una reunión con el titular del BID, Illan Goldfajn, para solicitar una garantía de 500 millones de dólares destinados a pagar la deuda privada que vence en julio.

El viernes a la noche, regresa a Buenos Aires.

El Gobierno avanza en vías de financiamiento para blindar el pago de capital e intereses por más de USD 4.000 millones de los títulos Bonares y Globales, previsto para el próximo 9 de julio, y dar señales de solvencia a los fondos de inversión.

En esta dirección, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en Washington, en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. El encuentro se desarrolló mientras la delegación argentina busca avanzar en la obtención de garantías internacionales que permitan acceder a financiamiento para afrontar los próximos vencimientos de deuda externa.

Además de los USD 1.000 millones que podrían llegar de la mano del FMI, se sumarían ahora USD 2.000 millones del Banco Mundial y otros USD 1.000 millones de la CAF y el BID. Estos últimos podrían utilizarse como avales para obtener los fondos necesarios para honrar los próximos compromisos sin sacrificar reservas.

Más allá de este anuncio, poco antes de las 15 los bonos en dólares operaban con una baja promedio de 0,4%, mientras que el riesgo país descontaba siete unidades, a 519 puntos básicos, tras un mínimo por la mañana en los 515 puntos.

Con un riesgo país por encima de los 500 puntos básicos, los Bonares (con ley argentina) y Globales (ley extranjera), con Tasas Internas de Retorno (TIR) por encima del 9% anual en dólares.

En la misma línea, las fuertes compras de divisas que está efectuando el Banco Central, cercanas USD 6.000 millones en 2026, abonan esta visión de que los pagos van a estar cubiertos sin sobresaltos.

Argentina enfrenta un vencimiento de capital de casi USD 4.300 millones en julio y busca alternativas para evitar la utilización de reservas del Banco Central. La estrategia liderada por Caputo apunta a reducir el costo del financiamiento externo mediante el respaldo de instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). El objetivo central del equipo económico es obtener una tasa de interés cercana al 5%, muy por debajo de los niveles que el mercado internacional exigiría a Argentina en una emisión tradicional de deuda.

El Banco Mundial confirmó las gestiones a través de un comunicado: “El Grupo Banco Mundial está trabajando en una garantía de hasta USD 2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”.

“La operación propuesta está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial”, agregó el comunicado del organismo.

¿Por qué el riesgo país no cae más rápido?

La garantía de los próximos pagos de deuda en moneda extranjera permitiría elevar las cotizaciones de los títulos soberanos al reciente máximo del 28 de enero, cuando el riesgo país tocó un piso de 481 puntos básicos. Pero esta mejora, aún incipiente sería un primer paso, aunque no suficiente para regresar a los mercados internacionales de deuda a tasas razonables.

Para este objetivo, el riesgo país debería caer a unos 370 puntos básicos, para poder emitir un bono a 10 años en Wall Street con una tasa del 8%, dado que el bono del Tesoro norteamericano a diez años rinde hoy 4,3% anual.

Esta tasa argentina sería aún muy alta, pero accesible; basta recordar que Ecuador emitió en enero dos bonos con vencimiento en 2034 y 2039 por un total de USD 4.000 millones a una tasa promedio de 8,975 por ciento.

En el caso argentino, todavía pesa la incertidumbre política ante las elecciones presidenciales que se realizarán en octubre de 2027, pues una eventual salida de Javier Milei del Gobierno significaría un gran interrogante acerca de la continuidad de los pagos de próximos vencimientos.

Ejemplo de esto fue la licitación de deuda pública de este miércoles, que volvió a reflejar una importante prima electoral para extender vencimientos después de los comicios, pues el AO28 (con vencimiento en octubre de 2028, un año después de las elecciones) convalidó una tasa de 8,5%, en contraste con el AO27, que rinde 5 por ciento.

“A pesar de estos mejores costos de financiamiento, la brecha de tasas entre ambos plazos sugiere que los inversores mantienen cautela frente a los compromisos de deuda a largo plazo. Con este resultado, el equipo económico logra despejar el horizonte de vencimientos inmediatos y consolida la tendencia a la baja en el costo del endeudamiento público bajo condiciones de mercado favorables”, comentó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Para el economista Gabriel Caamaño, de Outlier, “más allá del crédito con garantía de organismos, la escasa reacción de los bonos domésticos puede ser porque seguimos con soluciones coyunturales, pero sin terminar de ir a lo que es la solución sustentable, que sería recuperar el acceso al mercado en condiciones aceptables. Tampoco podes llevar este esquema durante mucho tiempo más. Igual, también hay que decirlo, los bonos venían de unas cuantas ruedas muy buenas”, con siete alzas consecutivas entre el 6 y el 14 de abril.

“El acuerdo técnico con el FMI no cambia mucho, el flujo neto con el FMI es negativo y era algo que se descontaba que estaba al caer”, añadió Caamaño, quien relativizó a la vez que el riesgo político esté condicionando hoy a los bonos: “Creo que ese riesgo lo instala algunas veces más la administración Milei con algunas expresiones poco felices, no lo veo tanto por ahí aun”.

El economista Gustavo Ber explicó que “los operadores ven en esta etapa como consolidado el programa ‘macro’, y las miradas se concentran más en la capacidad de acumular reservas así como en la estrategia de roll-over a fin de que el riesgo país pueda seguir comprimiendo. Despejar los vencimientos de deuda en dólares más cortos sería un importante evento para transitar un 2027 electoral con menores necesidades de financiamiento, y además sería ampliamente valorado por inversores".

“El acuerdo técnico con el FMI -por la segunda revisión- permite a los activos domésticos presentarse más sostenidos, y seguir aprovechando el envión del norte, mientras se siguen analizando señales más focalizadas en la ‘micro’ y en la dinámica del humor social a partir de encuestas”, evaluó Gustavo Ber.

GMA Capital subrayó que “a la hora de analizar la lectura del mercado, el riesgo país es la variable clave. Más allá de los valores promedio, la comparación de la evolución durante los terceros años de Mauricio Macri y Javier Milei es particularmente interesante. Algo los hermana: ambas gestiones son market friendly, orientadas a la apertura y a destrabar regulaciones. Pero la similitud de perfil no implica similitud de riesgo".

“El carry trade de portafolio, que en 2018 fue el mecanismo de transmisión de la crisis, prácticamente no existe como factor de riesgo sistémico. A eso se suma un Tesoro que llega al tercer año sin déficit que financiar y un BCRA que acumula reservas en lugar de quemarlas. El régimen cambiario tiene sus tensiones, pero opera como señal coordinadora: algo que en 2018 brilló por su ausencia", observó GMA Capital.

Muy exigente calendario de vencimientos

Incrementar los pasivos con organismos multilaterales no necesariamente contribuye a la mejora de precios de bonos soberanos y caída del riesgo país, pues estas entidades son acreedores privilegiados, que compiten con ventaja frente a los acreedores privados. Cuando Argentina cayó en default entre 2001 y 2005, los organismos cobraron en tiempo y forma -renegociaciones mediante- en medio de la crisis doméstica.

El contexto presente es delicado dado el calendario de pagos que se viene. En 2027 el Tesoro y el BCRA en conjunto deberán afrontar desembolsos en moneda extranjera por unos USD 33.100 millones por los bonos hard dollar, cancelación de Bopreal, pagos al FMI y multilaterales, y el crédito REPO con la banca internacional.

El próximo gobierno deberá efectuar además pagos en promedio de USD 27.000 millones anuales entre 2028 y 2031, que deja en evidencia la prioridad de refinanciar los vencimientos con colocaciones por similar magnitud en los mercados internacionales.

Con ese escenario, la acumulación de reservas y eventuales aportes organismos servirían para cubrir una parte menor de todas las obligaciones.

Entre los puntos clave del acuerdo técnico entre el staff del FMI y el Gobierno de esta semana fijó una nueva meta de acumulación de reservas de USD8.000 millones para 2026. “En nuestra lectura, la señal es claramente positiva para el marco macro y para la narrativa de acceso al mercado, aunque todavía queda el paso formal del Board y la implementación de las medidas pendientes”, consignó Balanz Capital.

El Gobierno debe celebrar la licitación de los bonos del Tesoro. En primer lugar, porque los dos Bonares en dólares que vencen en 2027 y 2028, lograron reunir 300 millones de dólares. Misión cumplida, en parte. Falta la licitación posterior de hoy por USD 200 millones, donde se descuenta que el AO27 los captará. Sin embargo, hay dudas, que pronto disipará el mercado, sobre el destino del AO28.

En la subasta del miércoles, las ofertas por el 2027 fueron de USD 571 millones y por el 2028, de 166 millones de dólares. Es decir, quedó para hoy un excedente de apenas USD 16 millones para el segundo. Los bonos se licitarán hoy a la misma tasa que pagaron los inversores ayer o sea 5% y 8,20 por ciento.

De este modo, se logró renovar más deuda de la que vencía: se adjudicaron $9,92 billones para cubrir compromisos por $9,3 billones, lo que representa una renovación del 127 por ciento. Esto permitió retirar de circulación poco más de $600.000 millones, en un contexto de descenso de las tasas de interés.

Un dato relevante es que cerca del 50% de las ofertas se concentraron en la LECAP, el bono a tasa fija más corto, que vence a fines de agosto de 2026 y ofrece un rendimiento efectivo mensual del 2%, levemente superior al 1,96% que pagaba hasta la jornada anterior. Aun así, resulta positivo que el plazo más próximo de vencimiento sea dentro de 15 meses. Actualmente, el promedio de vencimiento de la deuda en pesos se extendió a un año y ocho meses.

Los Bonos CER no despertaron tanta adhesión, ya que entre el que vence en septiembre de 2028 y el de marzo de 2029, sumaron 2,1 billones de pesos. El título dollar linked (atado a la devaluación) con vencimiento el 30 de junio de 2028, se alzo con 4.520 millones de pesos.

A esto se suman casi $6 billones provenientes de la conversión de los BONCER con vencimiento el 15 de diciembre y del bono Dual, que vence el 15 de septiembre. Ambos instrumentos fueron canjeados por BONCER que expiran el 25 de febrero y el 31 de marzo de 2028. Así, se logró postergar hasta 2028 vencimientos por más de $15 billones.

Nau Bernues analista y asesor financiero señalo que “la novedad no vino por el lado de la baja de tasas, que por mercado siguen comprimiendo, sino por repetir la meta de estirar fuertemente los vencimientos. Adicionalmente, se absorbieron pesos (rollover del 127%). Es que el Central venía emitiendo fuerte con la compra de dólares, pero nada de dejar pesos en la calle. El apretón monetario sigue intacto, para que no se traslade a precios. Vale la pena destacar que más de $2 billones fueron a CER, pero CER 2028 y 2029. Largo en serio para este país que vive el semana a semana”.

Para la consultora F2 que dirige Andrés Reschini la licitación “mejora las condiciones para enfrentar el año electoral más aliviado en cuanto a vencimientos, lo que significa menor riesgo. Con los instrumentos hard dollar logró hacerse de los USD 300 millones de tope, aunque sigue notándose un sensible spread entre 2027 y 2028 (5,12% vs 8,51% tasa de retorno, respectivamente) y con el monto ofertado para el AO28 de USD 166 millones podríamos decir que anduvo bastante justo”.

En tanto, los bonos de la deuda argentina tuvieron leves bajas al igual que los bonos de la región donde el índice de emergentes cedió 0,1 por ciento. El riesgo país quedó casi neutro porque aumento 2 unidades (+0,4%) a 527 puntos básicos.

Se esperaba que con la liberación de USD 1.000 millones del préstamo del FMI, los títulos se consolidaran. Pero hay que recordar que la tasa de retorno bajó a menos de 10% en casi todos los bonos y en los más cortos los rendimientos son de 7 por ciento. Por lo tanto, la demanda es más conservadora. Los inversores de riesgo que compraban bonos argentinos por la elevada renta, están volvieron a Wall Street tras el renacer de las Bolsas.

Según F2 “oficialmente se comunicó el acuerdo con el FMI a nivel Staff en el marco de la segunda revisión mediante el cual la entidad desembolsará USD 1.000 millones. Esto difícilmente sorprenda al mercado, pero podemos destacar que el organismo plantea una meta de reservas de USD 8.000 millones para 2026, habla sobre mejorar la calidad del resultado fiscal y redujo el target de superávit primario al 1,4%”.

El S&P Merval de las acciones lideres tuvo un leve retroceso de 1,1% en pesos, pero subió 0,3% en dólares por la fuerte caída del dólar contado con liquidación (CCL), que perdió $20 (-1,4%) y cerró en 1.452 pesos. El MEP perforó el piso de $1.400 al bajar $14 a 1.398 pesos. El “blue” se mantuvo en $1.410 y con el derrumbe del MEP dejó de ser el dólar más barato del sistema.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 503 millones y el Banco Central compró USD 128 millones. El dólar mayorista bajó $5 a 1.359 pesos.

Se espera que este jueves haya una rueda más aliviada porque se distendió el clima en el exterior. En el overnite las Bolsas de Nueva York operaban con alzas de 0,20% pero parecían firmes. El oro también subía a USD 4.853 (+0,7%) y el petróleo perdía 0,50% y cotizaba a USD 94 por barril.

En una nueva licitación de deuda quincenal, el gobierno de Javier Milei se hizo de otros USD 300 millones mediante la colocación de dos bonos en dólares y renovó más del 100% de los compromisos en pesos que vencían. De esta manera, el equipo económico tomó la decisión de no inyectar liquidez en el mercado, tras el dato de inflación de marzo.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $9,92 billones habiendo recibido ofertas por un total de $11,80 billones. Esto significa un rollover de 127% sobre los vencimientos del día de la fecha”, indicaron desde la cartera encabezada por Federico Furiase.

La alta proporción de renovación de deuda refleja que el área de Economía considera adecuada la liquidez disponible en el mercado, en un escenario de reducción de tasas y calma en el frente cambiario.

Finanzas adjudicó $4,45 billones a la LECAP con vencimiento en agosto de 2026, a una tasa efectiva mensual del 2% y una tasa efectiva anual del 26,82 por ciento. Para los bonos ajustados por CER se colocaron $1,64 billones al título que vence en septiembre de 2028 con una tasa anual del 7,60%, y $0,53 billones al que vence en marzo de 2029 con una tasa del 7,95 por ciento.

En cuanto a los bonos TAMAR, se adjudicaron $1,98 billones al que vence en febrero de 2027 con un margen de 5,02% sobre la tasa de política monetaria y $0,80 billones al que vence en agosto de 2027 con un margen de 4,88%. Por último, el bono dólar linked con vencimiento en junio de 2028 recibió $0,52 billones, con una tasa anual del 8,50%.

“Se colocaron, entre conversión de títulos y licitación, $18 billones a 2028/29. La extensión de duration promedio de la cartera fue de 1,65 años", mencionó Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo.

Para el analista financiero Nau Bernues, la novedad “no vino por el lado de la baja de tasas, que por mercado siguen comprimiendo, sino por lograr nuevamente estirar fuertemente los vencimientos. Adicionalmente, absorbe pesos (rollover del 127%). Es que sí, el Central venía emitiendo fuerte con la compra de dólares, pero nada de dejar pesos en la calle”.

A su juicio, el “apretón monetario sigue intacto, no vaya a ser que se traslade a precios”. “Vale la pena destacar que más de $2 billones fueron a CER, pero CER 2028 y 2029. Largo en serio para este país que vive el semana a semana”, agregó.

Por su parte, el analista de Bavsa, Martín de la Fuente, indicó que “el plazo promedio de emisión se mantiene en niveles altos, cerrando en 405 días. En línea con la licitación pasada, el menú empujaba al mercado a posicionarse largo, siendo el título más corto la S14G6 (4 meses)”.

Además, de la Fuente planteó que Economía aprovechó el contexto favorable de liquidez, con tasas de interés comprimiendo y un tipo de cambio estable, “para apuntar a duration, tanto por new money (nuevas colocaciones) como por canje, estirando el horizonte post elecciones y dejando más limpio el perfil de vencimientos de 2027″.

USD 300 millones extra

No obstante, la atención de los inversores se centró en las colocaciones en moneda extranjera. El Gobierno ofreció dos bonos en dólares: el AO27, que vence en octubre de 2027, por USD 150 millones con una tasa del 5,12% anual, y el AO28, con vencimiento en octubre de 2028, por otros USD 150 millones y un interés anual del 8,51 por ciento.

El jueves, hasta las 13, se habilitará una nueva oportunidad para suscribir los títulos AO27 y AO28, con un cupo adicional de USD 100 millones para cada uno, a los precios fijados en la subasta vigente. Es decir, se ofrecerá a la misma tasa.

El AO28 contempla el pago íntegro del capital al momento de su vencimiento, establecido para el 31 de octubre de 2028, y abona intereses de manera mensual. Tanto este título como el AO27 cuentan con un tope total de emisión de USD 2.000 millones, aunque en cada licitación el monto adjudicado no puede superar los USD 250 millones (USD 150 millones en la primera vuelta y USD 100 millones en la segunda). Esta modalidad busca atender compromisos financieros de más de USD 4.300 millones en julio con bonistas privados.

Al comparar ambos instrumentos, se observa que el AO27 concentra mayor demanda por parte de los inversores, debido a que su vencimiento se sitúa antes de las próximas elecciones presidenciales, lo que reduce la exposición al riesgo político. En cambio, el AO28 exige mantener posiciones más allá del actual mandato, lo que implica un horizonte de incertidumbre mayor.

El déficit fiscal es aquel que ocurre cuando el gobierno gasta más dinero en servicios públicos, salarios e inversión del que recibe a través de impuestos y otras fuentes de ingreso en un periodo, usualmente un año. Este alcanzó en Colombia $33,4 billones en los dos primeros meses de 2026, lo que equivale al 1,7% del PIB, de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). El registro es el mayor para el periodo enero-febrero desde 2004 y evidencia un deterioro sin precedentes en las cuentas públicas del país.

La cifra, superior a las de los últimos años, refleja el impacto de un aumento simultáneo en ingresos y gastos estatales, así como la preocupación de los organismos técnicos por la evolución de la deuda pública y la sostenibilidad financiera.

Tasas récord de ingresos y egresos

Dicho saldo negativo de las finanzas del Estado estuvo marcado por tasas récord tanto de ingresos como de egresos. En 2025, el déficit para este mismo periodo fue del 1,6%, cifra que ya destacaba por su gravedad, mientras que en 2021, tras la pandemia, el desequilibrio fue del 1,3% del PIB.

Comparaciones históricas del déficit fiscal de Colombia

Las cifras confirman que el déficit fiscal para el arranque de 2026 superó con amplitud los registros históricos comparables. En comparación, el año anterior mostró ya una situación comprometida, pero el desbalance actual la rebasa. El investigador de la Universidad Eafit Diego Montañez-Herrera resumió la tendencia actual al resaltar que “cuando parece que tocamos fondo, el desbalance empeora”.

Los datos oficiales del Estado detallan que los ingresos totales fueron de $51,5 billones, un 10 % más que el año pasado. Al mismo tiempo, los gastos alcanzaron $85 billones, con un crecimiento del 10,7% respecto a 2025.

Ingresos, gastos estatales y composición presupuestal

Según el informe técnico, los ingresos fiscales brutos sumaron $55,2 billones, lo que representa un incremento anual del 11,4%. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) precisó que “la dinámica de ingresos es favorable, a pesar de que la cifra se ubicó por debajo de la meta de la Dian”, en referencia a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el objetivo fijado en el Plan Financiero 2026.

Por el lado del gasto público, los principales componentes fueron los gastos de funcionamiento (1,9 % del PIB) y los intereses de la deuda (0,8 %). El gasto primario creció del 1,8 % al 2,1 % sobre el PIB respecto al periodo anterior.

Las tasas sobre PIB de ingresos (2,6%) y gastos (4,3%) dejaron ver una brecha creciente frente a 2025, haciendo más evidente el deterioro fiscal. El déficit primario, que excluye pagos por intereses, descendió hasta el -0,8% del PIB y mostró un retroceso respecto a enero.

Diagnóstico del Carf y advertencias fiscales

Al respecto, el Carf remarcó el progreso de la deuda neta, que llegó al 59,4% del PIB, 2 puntos porcentuales (pp) por encima del periodo previo. El incremento se debe en gran medida a nuevas emisiones internas.

De igual forma, la entidad que preside Juan Carlos Ramírez también reportó que la financiación de corto plazo (TCO) dentro del financiamiento interno bajó del 19% al 18,7% en un mes. El promedio de los últimos cuatro años se ubica en un 11,7%, lo que muestra que el nivel actual sigue siendo alto.

Sobre las condiciones de financiamiento, el Carf señaló que “los costos de financiamiento del Gobierno por la colocación de títulos en el mercado se mantienen elevados entre 12,8% y 14% en prácticamente todas las referencias”. Aunque se observaron leves reducciones en los títulos de mayor plazo, la presión sobre la sostenibilidad fiscal permanece. En materia de liquidez, el órgano advirtió: “La posición de liquidez en pesos se mantiene débil”.

Liquidez y deuda pública en el primer trimestre de 2026

Al 31 de marzo de 2026, la caja estatal llegó a $7 billones, con un incremento de $400.000 millones respecto a febrero. Sin embargo, los niveles del Tesoro siguen por debajo del mínimo histórico comparado. Durante el mes, el portafolio de TES de la Nación sumó $1,4 billones adicionales, lo que evidenció un crecimiento frente a la tendencia previa. El aumento de las obligaciones públicas se traduce en mayor exposición a alzas en los costos de financiamiento en adelante.

Si bien hubo un leve repunte en la caja estatal, los indicadores mantienen la alerta sobre la debilidad de la liquidez pública y la persistencia de los riesgos estructurales del déficit fiscal de Colombia.

De acuerdo con el informe, el panorama fiscal sugiere que, aun cuando se identifican ligeros avances, el equilibrio financiero nacional enfrenta desafíos que se agudizan, marcando la necesidad de reformas y monitoreo constante sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Para aquellos que cuentan con un crédito de infonavit que se ha vuelto impagable existe una opción: Solución Integral Infonavit responden a la problemática de millones de trabajadores con créditos hipotecarios antiguos, especialmente aquellos ligados al salario mínimo.

Tal fue el caso de Matiana García Ríos, quien durante años vio subir su deuda de 77 mil pesos hasta niveles que le resultaban impagables hasta llegar a 1 millón 388 mil pesos, según publicó la dependencia en sus redes sociales.

Durante años, estos créditos resultaron prácticamente imposibles de liquidar debido a incrementos constantes en el saldo, lo que generó endeudamiento injusto y abandono de viviendas.

Esta opción fue diseñada para reestructurar y, en muchos casos, liquidar los créditos impagables otorgados antes de mayo de 2021.

El programa busca que los derechohabientes afectados reciban un alivio real, ya sea a través de la reducción del saldo, el ajuste a mensualidades fijas, tasas de interés justas o la liquidación total del adeudo.

Cómo funciona Solución Integral Infonavit

La aplicación del programa es automática y no requiere trámites presenciales. El sistema revisa cada crédito y, si detecta que el acreditado ha pagado al menos 2,7 veces el monto original del crédito (sin incluir seguros ni comisiones), el adeudo se considera liquidado y se habilita la descarga en línea de la Carta de Instrucción de Cancelación de Hipoteca.

Para quienes aún no cumplen el umbral, la Solución Integral ajusta las condiciones: mensualidades fijas, tasa de interés justa de acuerdo con el nivel de ingreso y asignación de las aportaciones patronales directamente al capital o pago de intereses atrasados. En los créditos conyugales, la revisión se realiza de manera individual para cada titular.

La notificación de la aplicación automática del beneficio se realiza a través de Mi Cuenta Infonavit y correo electrónico, por lo que es imprescindible mantener actualizados los datos de contacto.

Paso a paso para identificar y aprovechar el beneficio

1. Accede a Mi Cuenta Infonavit: Ingresa en la plataforma oficial con tu NSS y número de crédito.
2. Consulta la sección “Mi crédito”: Verifica si tu crédito ya fue beneficiado con la Solución Integral.
3. Revisa el monto pagado: Confirma si ya cubriste 2,7 veces el monto original (sin seguros ni comisiones).
4. Recibe tu carta de cancelación: Si ya liquidaste el crédito, descarga la Carta de Instrucción de Cancelación de Hipoteca.
5. Analiza las nuevas condiciones: Si sigues pagando, revisa las nuevas mensualidades fijas, tasa de interés y el destino de las aportaciones patronales.
6. Mantén tus datos actualizados: Asegúrate de que tu correo y teléfono estén correctos para recibir notificaciones.
7. Solicita reversión si lo deseas: Si prefieres regresar a las condiciones anteriores, llama a Infonatel al 800 008 3900 dentro de los seis meses tras la aplicación automática.

Consultas y casos de exclusión

Para saber si un crédito fue beneficiado, los usuarios deben consultar Mi Cuenta Infonavit.

Si no están de acuerdo con las nuevas condiciones, pueden solicitar el retorno al esquema financiero anterior dentro de los seis meses posteriores a la aplicación del programa.

Los créditos de mejora con garantía en la subcuenta de vivienda o los originados bajo el NECP posterior a mayo de 2021 quedan excluidos de la Solución Integral.

Información oficial y canales de consulta

Toda la información y actualizaciones del programa están disponibles en el portal oficial de Infonavit. La vía telefónica de Infonatel y la plataforma digital continúan como canales oficiales para dudas y aclaraciones.

La Solución Integral Infonavit representa un cambio de paradigma en la protección del patrimonio familiar, corrigiendo rezagos históricos y ofreciendo certidumbre a millones de familias mexicanas.

Reforma del Infonavit

A partir de 2025 y durante 2026, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores implementó una transformación estructural.

El Plan Estratégico y Financiero 2026 y el Programa Nacional de Vivienda 2025-2030 sirvieron de marco para una serie de modificaciones legales y operativas orientadas a garantizar el acceso justo a la vivienda y corregir rezagos históricos.

El congelamiento de saldos y mensualidades en créditos VSM fue el primer paso, beneficiando a millones de personas y preparando el terreno para una reestructura masiva.

La baja de los futuros del petróleo es solo un indicio porque el precio contado del crudo llega hasta los 200 dólares. En ese mercado se apuesta a lo que vendrá, pero excluye el hoy. Con la mediana baja del crudo, los inversores están diciendo que avizoran una posibilidad de que se retomen las conversaciones de paz y arriesgan a que podrían dar fin al conflicto.

Pero a la espera de la resolución llegó una noticia que mejoró el escenario internacional: el índice de precios mayoristas en Estados Unidos fue de 0,5%, la mitad de lo que estimaban los analistas.

Por eso, reaccionaron positivamente los bonos de la Argentina y de la región. El índice de países emergentes lo reflejó con aumento de 1,9%, señal de que hay fondos del exterior comprando títulos en la región.

Los bonos soberanos subieron 0,5% e hicieron bajar el riesgo país en 5 unidades (-0,6%) a 525 puntos básicos. La noticia de que habría un desembolso de USD 1.000 millones ayudó a reafirmar la tendencia de los títulos de la deuda.

La señal es oportuna porque hoy el Tesoro licita el Bonar 2027 y el Bonar 2028 por USD 500 millones, dividido en dos ruedas. En la primera se licitan USD 150 millones de cada uno y en la segunda un monto que complete los USD 250 millones de cada bono.

Lo que no cayó bien en los tenedores del Bonar 2027 fue el techo de USD 101,722 que impuso el Tesoro. El bono cotizaba en el mercado secundario a USD 102,6, que implicaba que la tasa de rendimiento era menor a la que ahora está dispuesto a pagar Economía. Tras la novedad, el bono bajó abruptamente al nivel de la cotización fijada por el Tesoro.

La licitación del resto de los bonos es para renovar deuda por $8,3 billones, de los cuales el Tesoro tiene 6 billones de pesos. Ante el fuerte respaldo de fondos propios, la idea es renovar las letras en pesos y los bonos que ajustan por CER a plazos más largos que incluyan 2028 y 2029. Hay un Boncer en el menú que vence el 28 de marzo de 2029. Solo se ofrecerá un bono dollar linked, que ajusta por devaluación y que vence el 30 de junio de 2028.

En el canje, se propone entregar el Boncer con vencimiento a fin de año a cambio de cuatro alternativas: un Boncer que vence en marzo de 2028, otro con vencimiento en marzo de 2027, un bono dual —que ajusta por tasa fija o por la tasa TAMAR— con vencimiento el 15 de septiembre próximo, o un bono a tasa TAMAR que vence el 25 de febrero de 2028. La tasa TAMAR corresponde a la que se aplica para plazos fijos de entre 30 y 35 días por depósitos superiores a $1.000 millones y actualmente se ubica en 21,69% anual.

Los Boncer tienen viento de cola porque la inflación de marzo fue de 3,4%, más elevada de lo que calcularon analistas y consultoras, y deja un arrastre para abril por el aumento de los combustibles.

En la plaza secundaria, el Boncer que vence a fin de noviembre subió 0,56 por ciento. Este título es el respaldo para los que buscan ganancias seguras y creen que el dólar se mantendrá sin demasiadas variantes hasta esa fecha.

El último informe de Aldazabal & Cia señaló que “para abril, las mediciones privadas preliminares de alta frecuencia apuntan a una desaceleración con un dato en la zona de 2,3-2,5%, ayudado por la anunciada estabilización de los precios de combustibles. Hacia adelante, coincidimos con el consenso en cuanto esperamos que la inflación retome un sendero descendente, aunque a un ritmo gradual y más lento que el previsto a principios de año. Sin embargo, resaltamos riesgos en el mediano plazo vinculados a un escenario externo todavía incierto y al ajuste pendiente en las tarifas de servicios públicos”.

El reporte agrega que “la comparación de la curva CER y de tasa fija descuenta una inflación de 2,1% en promedio para los próximos meses, consistente con una inflación de 30% para 2026, levemente por encima de la expectativa del REM en 29%”.

Santiago Casas economista jefe en EcoAnalytics dijo que “los ajustes de precios relativos, principalmente regulados (+5,1%), y la falta de un ancla nominal clara de política monetaria explican la aceleración de la inflación. El control de agregados (M2) resulta inefectivo con una demanda de dinero tan inestable, al mismo tiempo que no existe una regla explícita para la tasa de interés. Tampoco hay un compromiso con el tipo de cambio, que flota dentro de las bandas cambiarias y muy por debajo del techo. El resultado es la descoordinación las expectativas inflacionarias. La inflación minorista del primer trimestre es del 43,6% anualizada. Por su parte, la Canasta Básica Total desaceleró al 2,6%, pero representa una suba trimestral anualizada del 43,7%. Con los salarios subiendo menos que la canasta básica es esperable un aumento de la pobreza durante el primer trimestre. Una familia de 4 integrantes necesitó $1.434.464 para no ser pobre”.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini destacó que “la curva pesos terminó corrida levemente al alza en el tramo corto y a la baja en el largo sugiriendo alguna rotación hacia mayor duration. De todas maneras, las tasas reales (ex ante) permanecen en terreno negativo obligando a los inversores a buscar alternativas y esto podría fortalecer la demanda de moneda extranjera”.

En tanto en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 550 millones y el Banco Central se alzó con USD 185 millones que elevaron las reservas USD 463 millones a USD 45.873 millones, ayudadas por la compra de ayer y por la suba del oro de casi 3% y del yuan y el euro. El dólar mayorista hizo piso en $1.348 y después rebotó a $1.364, un valor que es superior en $10 al cierre del día anterior.

En la plaza financiera, los dólares abrieron negativos, pero pronto se dieron vuelta y el MEP y el contado con liquidación (CCL) subieron 0,5% a $1.412 y 1.472 pesos. El blue se encareció y aumentó $10 a 1.410 pesos. La demanda en esta plaza creció por la proximidad del mundial y porque después del mayorista, un mercado de acceso limitado, es el dólar más barato del sistema.

El S&P Merval, abrió optimista, pero se fue cayendo con el transcurrir de las horas para cerrar con una baja de 1,4% en pesos y 1,8% en dólares. Los papeles de mejor performance fueron VALO con 3,1%, BYMA (+3%) e IRSA (+2,2%).

En el mercado overnite, las Bolsas de Nueva York estaban con tímidos verdes porque los inversores se mantienen conservadores; no saben que noticias los puede sorprender hoy. El oro moderó su alza y estaba 0,10% arriba a USD 4.856, mientras en el mercado de futuros el petróleo descendía cerca de 0,5 por ciento. El dólar se mantenía estable frente a las principales divisas del mundo.

Los inversores locales estarán regidos por el resultado de la licitación de bonos del Tesoro y por el comportamiento de los títulos soberanos.

La industria del calzado atravesó en los últimos meses un escenario marcado por la caída del consumo, el avance de los productos importados y una fuerte presión sobre los costos locales. En ese contexto, la empresa Viamo formalizó su ingreso en concurso preventivo de acreedores, luego de un proceso de deterioro que combinó problemas financieros, conflictos laborales y un ajuste profundo en su estructura operativa.

La firma, cuya razón social es Lannot S.A., presentó el pedido ante el Juzgado Comercial N°4, con un pasivo declarado de $4.240 millones. La situación incluyó además la existencia de 64 cheques rechazados por más de $85 millones, lo que reflejó dificultades crecientes en la cadena de pagos.

El proceso judicial fijó plazos concretos para la reestructuración: la verificación de créditos se extendió hasta agosto de 2026, mientras que el período de exclusividad para alcanzar un acuerdo con acreedores se proyectó hasta mayo de 2027. Estos tiempos marcaron el marco formal dentro del cual la empresa buscó ordenar sus compromisos.

El deterioro financiero tuvo un punto de quiebre claro. La compañía registró el default de un crédito superior a los $80 millones, lo que desencadenó un proceso de incumplimientos más amplio. A partir de ese momento, se produjeron atrasos en el pago de salarios, cargas sociales y otras obligaciones corrientes. La cesación de pagos se volvió progresivamente más evidente y derivó en la decisión de recurrir al concurso como instancia legal.

Antes de llegar a ese punto, la empresa intentó distintas estrategias para sostener su actividad. Entre ellas figuraron refinanciaciones de deuda, gestiones de financiamiento fiscal y diferimientos de pagos. Sin embargo, esas medidas no lograron estabilizar la situación.

En paralelo, la compañía avanzó con un ajuste significativo de su estructura. El recorte incluyó despidos, cierre de locales y una reducción general de su presencia comercial. La firma llegó a operar más de 25 sucursales, pero esa red se achicó de manera sostenida en el tiempo.

El impacto también se reflejó en la plantilla de trabajadores. En 2023, la empresa contaba con más de 300 empleados. Esa cifra descendió hasta 77 trabajadores en la actualidad. En la planta ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, la dotación de operarios se redujo de aproximadamente 80 a menos de 40, tras el despido de más de 30 personas.

Despidos e indemnizaciones

Los despidos se justificaron bajo el argumento de “grave falta de trabajo”, en el marco del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, ese proceso derivó en un conflicto con los trabajadores. La empresa planteó el pago del 50% de las indemnizaciones, una propuesta que el sindicato rechazó.

A partir de esa situación, surgieron denuncias por falta de pago de indemnizaciones completas, así como por deudas vinculadas a vacaciones y aguinaldos. El conflicto escaló hacia instancias judiciales y derivó en protestas. En total, la empresa acumuló más de 30 juicios laborales en curso, lo que sumó presión sobre su situación financiera.

El ajuste también alcanzó la estructura productiva. La compañía evaluó la posibilidad de abandonar la fabricación local para avanzar hacia un modelo centrado en la importación. Ese cambio implicó una redefinición de su operatoria: mantener funciones administrativas y logísticas, mientras reducía el peso de la producción.

En ese marco, la firma mantuvo una planta en Villa Lugano y un centro logístico en Lomas del Mirador, además de un número reducido de locales propios, que incluyeron puntos de venta en centros comerciales.

La decisión de reorientar el negocio respondió a un cambio en las condiciones del mercado. Según los datos relevados, un zapato importado resultó entre un 30% y 40% más barato que uno producido en el país. Esa diferencia de costos condicionó la competitividad de las empresas locales y empujó a varias firmas a revisar sus estrategias.

El caso de Viamo se insertó en un contexto sectorial más amplio. La industria del calzado enfrentó lo que distintas fuentes describieron como la peor crisis en décadas. Las importaciones crecieron de manera significativa: pasaron de 21 millones de pares a alrededor de 35 millones, con proyecciones que superaron los 42 millones.

En contraste, la producción local, que llegó a alcanzar los 125 millones de pares, operó muy por debajo de esos niveles. La caída de la actividad impactó de manera directa en el empleo. En pocos meses, el sector registró la pérdida de entre 7.000 y 8.000 puestos de trabajo.

Un préstamo con Citibank, N.A., por un monto de hasta 1,975 millones de francos suizos, que desembolsados en su equivalente en dólares serían unos $2,519 millones, contrató el Ministerio de Economía y Finanzas.

La deuda sería para diversificar fuentes de financiamiento, mitigar la exposición a la volatilidad de los mercados internacionales y reducir el costo de endeudamiento soberano.

La operación tiene un plazo de 3 años con vencimiento en marzo de 2029, y tasa fija anual de 2.39%, lo cual representa un ahorro de 1.66% frente a alternativas comparables en el mercado de dólares estadounidenses.

Los recursos obtenidos serán destinados principalmente al pago del vencimiento de la Nota del Tesoro 3.75% este 17 de abril de 2026 (PANOTA 3.75% 4/17/26), por un monto de $1,325 millones, informó la entidad gubernamental.

De igual manera, la nueva deuda está dirigida a cubrir necesidades de liquidez del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026.

La denominación en francos suizos contribuye a diversificar la composición por moneda de la deuda pública y aprovechar tasas de referencia más favorables, señaló el Ministerio de Economía y Finanzas.

En una nota de prensa reafirma su compromiso con una gestión de deuda prudente y responsable, enfocada en optimizar el costo del financiamiento, fortalecer el perfil de vencimientos y mantener condiciones financieras sostenibles, aun en un entorno de volatilidad de los mercados de capitales internacionales.

Al cierre de 2025 la deuda pública de Panamá cerró en $59,349.28 millones, un incremento de $5,612.54 millones, 10.44%, al compararla con el 2024.

Ya a febrero de este 2026 se encontraba en $60,059 millones.

La deuda pública durante la vigencia fiscal 2025 se situó en 65.6% del Producto Interno Bruto, con mejoras en los indicadores de riesgo y en los costos de financiamiento, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional para dar a conocer del informe de la Cuenta General del Tesoro correspondiente a la vigencia fiscal 2025, sostuvo que el país avanza hacia una consolidación fiscal histórica.

Esto, se refleja en la reducción del déficit, un aumento del 9% en los ingresos tributarios y una disminución del 5.9% en el gasto del Gobierno Central.

En el periodo descrito también se ha logrado, dijo Chapman, una mejora significativa en el balance primario y una reducción en las cuentas por pagar.

La inversión pública superó los $3,600 millones, enfocada en infraestructura, salud, educación y programas sociales.

En su intervención, destacó que Panamá mantiene un desempeño económico superior a las proyecciones internacionales, consolidándose como uno de los países con mayor crecimiento en la región.

El informe señala que más del 80% del crecimiento económico provino del sector privado, con actividades como el Canal de Panamá, el transporte y el turismo liderando la dinámica económica.

También se registró un superávit en la cuenta de servicios equivalente al 18% del PIB y un crecimiento del 48.3% en las exportaciones nacionales.

Advirtió que para evitar un déficit fiscal, existen dos opciones: aplicar un frenazo súbito para eliminarlo y generar superávit. A corto plazo la única forma de lograrlo es mediante una reducción drástica del gasto público. Explicó que algunos países han implementado este tipo de medidas, recurriendo, por ejemplo, a despidos masivos, al ser esta la vía más rápida.

Chapman se preguntó que si para evitar que aumente la deuda ¿dejamos de subsidiar el gas para cocinar?, ¿eliminamos los programas de transferencias monetarias?, o ¿dejamos de otorgar alivios en el transporte público, la electricidad y los medicamentos?”.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó 65 jornadas sucesivas adquiriendo divisas tanto en el mercado cambiario como fuera de él. Con la compra de USD 112 millones realizada este lunes, el acumulado superó los USD 5.500 millones en lo que va de 2026.

Tras la puesta en marcha del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA incorporó USD 5.536 millones, cifra que representa más de la mitad de la meta anual pautada. El viernes de la semana pasada, la autoridad monetaria había adquirido USD 457 millones, la segunda cifra más alta de la era Milei, superada únicamente por la del 4 de abril de 2024, cuando se adquirieron 468 millones de dólares. Para encontrar un monto similar es necesario retroceder hasta el 29 de diciembre de 2022, en tiempos del Programa de Incremento Exportador (PIE), conocido como “dólar soja”, cuando el Central sumó 540 millones de dólares.

Aunque ya se alcanzó el 55% del objetivo anual de compras, el fortalecimiento de las reservas estuvo limitado por la demanda de dólares del Tesoro para afrontar vencimientos en moneda extranjera. Buena parte de las divisas obtenidas se destinó al pago de compromisos, lo que impidió que se reflejaran completamente en las reservas internacionales.

Para sostener el ritmo de adquisición de dólares, la autoridad monetaria emitió pesos sin realizar operaciones de esterilización, mientras que el Tesoro utilizó la emisión de deuda en moneda local para absorber liquidez, buscando moderar el crecimiento de la base monetaria y controlar tanto la inflación como la presión sobre el tipo de cambio.

Las proyecciones oficiales indican que el saldo neto de compras de divisas podría ubicarse entre USD 10.000 y USD 17.000 millones a lo largo de 2026, según la demanda de pesos y la disponibilidad de dólares. El titular del BCRA, Santiago Bausili, advirtió que la evolución de las reservas dependerá de estos factores.

Al cierre de la última sesión, las reservas internacionales sumaron USD 45.410 millones, tras una caída diaria de USD 21 millones, explicado por una caída en las cotizaciones de los activos que integran las arcas del Central.

A finales de febrero, el stock de reservas llegó a USD 46.905 millones, el nivel más alto desde 2018 y el máximo de la actual administración. Los últimos movimientos reflejaron tanto el pago de deudas en moneda extranjera como cambios en la valuación de activos, entre ellos el oro, afectados por la situación en Medio Oriente.

Entre el 31 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, el BCRA acumuló USD 4.382 millones mediante compras en el mercado de cambios, suscribió un REPO por USD 3.000 millones y registró ingresos netos por USD 575 millones debido a variaciones de precios.

Sin embargo, los pasivos a un año del Central se incrementaron en USD 4.206 millones, como resultado de un repo con vencimiento en enero de 2027 y una ampliación de un repo previo con igual vencimiento. A esto se suman las compras del Tesoro por USD 3.659 millones para afrontar pagos de deuda, lo que dejó prácticamente sin modificaciones el saldo de reservas acumuladas en el primer trimestre, según el economista Federico Machado.

Para el segundo trimestre se espera un panorama más favorable, dado que las obligaciones financieras disminuirán: Tesoro y Banco Central deberán afrontar vencimientos por cerca de USD 3.200 millones, casi la mitad respecto al trimestre anterior. Además, se prevé un mayor ingreso de divisas por la liquidación de la cosecha gruesa.

El dólar profundiza la baja

El segmento de contado registró un volumen significativo de USD 582 millones, en una jornada donde el dólar mayorista volvió a descender por sexta rueda consecutiva, sostenido únicamente por las compras diarias del Banco Central. El tipo de cambio oficial disminuyó 16 pesos, equivalente a una baja de 1,2% en la jornada, y cerró a $1.354 para la venta, el valor más bajo desde el 13 de octubre de 2025.

El esquema cambiario monitoreado por el Banco Central establece una banda superior en $1.675,85, lo que deja al dólar mayorista 321,85 pesos o 23,8% por debajo de ese techo. Se trata de la diferencia más amplia desde el 26 de mayo de 2025, cuando se ubicó en 24,7 por ciento.

En lo que va de 2026, el tipo de cambio oficial acumula una caída de 101 pesos, equivalente a un retroceso del 6,9%, mientras la inflación ronda el 10% en el mismo período. Esta pérdida de valor del dólar frente a la moneda local refleja una apreciación real del peso en la economía argentina. A nivel global, el peso argentino se posiciona como la tercera moneda con mayor apreciación en 2026, solo superada por el real brasileño y el dólar australiano.

Luego de un año marcado por la morosidad en el pago de las expensas, que en 2025 osciló entre el 11% y el 30%, los datos para 2026 muestran una mejora respecto del año anterior. De hecho, en el primer trimestre, la cobrabilidad fue del 91,3% en enero y del 89,6% en febrero. Esta recuperación implicó una morosidad aproximada de 8,7% en enero y 10,4% en febrero. En tanto en marzo, la morosidad alcanzó el 8,23 por ciento.

En este escenario, según resaltó del último relevamiento de Octopus Proptech, el valor promedio de las expensas en edificios residenciales de la Argentina fue de $259.718, lo que representa una leve disminución del 0,24% respecto del mes anterior.

Este retroceso en las expensas, junto con la estabilización de la morosidad en torno al 10%, responde a una mayor previsibilidad de costos y a la contención de ajustes abruptos, permitiendo que los administradores y propietarios recuperen capacidad de planificación ante un escenario de mayores certezas económicas.

Actualmente, el mercado de consorcios retornó a tasas históricas consideradas normales, después de enfrentar presiones excepcionales el año anterior.

Qué se cobra en las expensas

El mayor peso de las expensas lo constituyen los sueldos y cargas sociales, que promedian $63.528 y explican un 29,66% del total mensual. Según el desglose elaborado por Octopus Proptech, los abonos de servicios aportan $43.405 (16,57%), el mantenimiento de partes comunes suma $40.578 (15,62%) y los servicios públicos equivalen a $34.030 (13,79%). Estos cuatro conceptos concentran más del 75% de los costos de los consorcios, evidenciando una estructura altamente dependiente de ítems operativos inflexibles a corto plazo.

El resto del gasto se distribuye entre trabajos de reparación en unidades funcionales ($17.848), administración ($15.276), seguros ($7.498) y otros rubros menores, sin que estos tengan un peso determinante en la formación del monto final de expensas.

Para Nicolás Baccigalupo, CEO de Octopus Proptech, “la leve baja mensual es un dato relevante, pero todavía se observa una estructura de costos muy concentrada en rubros estructurales como salarios, servicios y mantenimiento, que tienen ajustes periódicos y dependen de variables macroeconómicas”.

La dinámica acumulada muestra que, entre enero y diciembre de 2025, las expensas aumentaron un 37,97%, poco más de seis puntos por encima de la inflación acumulada para el mismo periodo, que fue del 31,5%. En cambio, en lo que va de 2026, el alza alcanza el 2,14%, frente a un IPC acumulado de 5,9 por ciento.

La morosidad como termómetro de la estabilidad y los aumentos

El informe de Octopus Proptech permite reconstruir la relación directa entre el salto de expensas y el deterioro de cobrabilidad en los consorcios: “A comienzos de 2025, cuando los costos se ajustaron con mayor velocidad, la morosidad llegó a superar el 30%. Sin embargo, a medida que los aumentos comenzaron a estabilizarse, los niveles de pago volvieron a normalizarse y en 2026 la morosidad ya se ubica cerca del 10%”, remarcó Baccigalupo.

La estructura de costos de las expensas revela una dependencia de variables macroeconómicas que condicionan la capacidad de los consorcios para contener incrementos. Durante 2025, el salto en los costos de servicios y salarios generó una presión que derivó en mayor morosidad, consecuencia directa del ajuste fiscal. En 2026, la estabilización de estos rubros permitió que la cobrabilidad se recupere y que el mercado retome niveles considerados saludables para el funcionamiento de los consorcios residenciales.

En este sentido, según el análisis, la reacción de la morosidad ante subas bruscas es inmediata, ya que los vecinos requieren tiempo para reordenar su situación financiera ante incrementos inesperados. Cuando los aumentos se tornan más predecibles y graduales, la capacidad de pago mejora visiblemente.

Fantome Group, empresa textil ubicada en el barrio porteño de Villa Devoto que llegó a fabricar prendas para marcas como Reebok, Cheeky, Kappa y Kevingston, entró en concurso preventivo ante una “competencia diabólica” proveniente de las importaciones. La firma ingresó en el proceso judicial para reestructurar su deuda, y, así, asegurar su continuidad operativa.

La textil, que solicitó la apertura de esta herramienta en febrero de este año, y que logró la apertura de su concurso a inicios de marzo, enfrenta una situación financiera delicada. Según los registros oficiales del Banco Central, Fantome acumula 33 cheques rechazados por un valor total de $44.978.000, todos ellos sin fondos, consecuencia de la crisis de liquidez y la retracción de la actividad, según figura en los expedientes judiciales.

La empresa fue creada en 2017 y opera, desde 2018, con una planta en la Ciudad de Buenos Aires. Su modelo inicial abarcó desde el diseño hasta la distribución final de indumentaria, que en sus mejores años llegó a tener hasta 120 empleados. Fantome también producía para etiquetas como Billabong, Mimo y Kosiuko, marcas que le aseguraron durante los primeros años un flujo estable de producción.

Sin embargo, el punto crítico se originó en 2020, cuando Kevingston—su cliente de mayor peso—reemplazó la fabricación local por importaciones directas. Según consta en la presentación judicial de la compañía, “al tratarse del cliente que representaba casi la totalidad del flujo de trabajo, su salida significó un quiebre estructural”. Posteriormente, otras marcas replicaron la estrategia de importar, lo que precipitó la caída del volumen de producción nacional y agravó la crisis interna.

Fantome Group logró extender su actividad entre 2022 y 2025 gracias a su relación contractual con Distrinando S.A., licenciataria local de Kappa y Reebok, mediante la provisión de indumentaria deportiva y equipamiento de clubes. No obstante, en 2025 se canceló ese contrato, dejando a la compañía sin fuentes de ingresos significativas y profundizando el desequilibrio.

La empresa detalló en su presentación que “el concurso preventivo constituye la única vía para preservar la actividad y garantizar una reorganización ordenada” tras haber perdido prácticamente todo su volumen original de trabajo y de personal en medio del avance de la competencia importada.

Crisis textil

De acuerdo con la exposición que presentó ante la Justicia, la firma argumenta que la industria textil en la Argentina enfrentó una “competencia diabólica” incentivada por la apertura comercial y la imposibilidad de igualar los precios de los productos importados.

Fantome Group atribuyó parte del deterioro a la existencia de “muchos actores que comercializan por debajo de sus costos con el solo objeto de mantenerse en el mercado”, en un contexto de marcada caída del consumo interno, único destino de su producción.

La firma también señaló la suba sostenida de costos en insumos, energía y salarios, además de la presión tributaria elevada y la falta de políticas para prevenir el dumping como agravantes de la crisis. Sobre la dificultad financiera, la compañía sostuvo: “Una empresa pequeña no soporta ese incremento de tasas ni la exigencia de cancelar líneas de crédito en esas condiciones”.

El 14 de julio del año pasado, la Justicia estableció dos embargos por más de $130 millones en cuentas bancarias de la empresa, montos que no pudieron ser cubiertos y que derivaron en la cesación de pagos reconocida en la presentación judicial ante el pedido de concurso.

En paralelo a la crisis, Fantome Group intentó reconvertirse mediante el lanzamiento de una marca propia, la apertura de un local minorista en Belgrano y la creación de una unidad de bordado y estampado, que representa actualmente la principal fuente de ingresos restante. Estos esfuerzos, no obstante, no lograron compensar el derrumbe del negocio mayorista ni revertir la tendencia descendente del empleo: hoy la compañía sostiene apenas 20 empleados activos, según la documentación judicial.

El caso de Fantome resume la crisis del sector textil. Un relevamiento de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), develó que ocho de cada 10 empresas identifican hoy la falta de demanda como su principal problema, un diagnóstico que se repite por tercer año consecutivo y refleja la fuerte dependencia del consumo interno.

En paralelo, las ventas cayeron 8,4% interanual en el primer bimestre y acumulan retrocesos en 12 de los últimos 13 relevamientos. La caída es generalizada: el 63% de las empresas reportó bajas en su facturación, mientras que solo tres de cada diez lograron mejoras. Con menor ingreso y stock acumulado —que ya afecta a la mitad de las firmas—, la presión financiera se intensificó y hoy ocho de cada 10 compañías del sector enfrentan dificultades para sostener su operatoria.

Así las cosas, este año podría verse marcado por altos costos de financiación y presiones sobre el gasto público. Entonces, sin reformas estructurales, el país enfrentará riesgos crecientes para la sostenibilidad de la deuda y la prestación de servicios esenciales, lo que afecta tanto a la economía como al bienestar social.

Efecto favorable del petróleo

Según la entidad, el cierre de este año dejaría una cifra apenas inferior a la registrada en 2025 (6,4%), pese al efecto favorable de los precios internacionales del petróleo. La entidad advierte que, aunque el Gobierno proyecta recortes importantes en el gasto primario, estos serían difíciles de lograr solo con los ingresos previstos para el periodo hasta 2026.

El informe señala que, bajo los actuales supuestos, el balance primario estaría entre 3,1% y 3,6% del PIB en 2026, rango que implicaría una mejora marginal frente al año anterior, pero sin consolidar una recuperación fiscal sostenida. Recalcó que, si no se promueven aumentos en los ingresos corrientes o recortes efectivos del gasto público, podrían deteriorarse más las condiciones financieras tanto de los hogares como de las empresas y del propio Estado.

Proyecciones y riesgos fiscales para 2026

Ahora, Corficolombiana estima que el déficit fiscal llegará a un 6,8% del PIB y prevé un déficit primario (la diferencia negativa entre los ingresos corrientes de un estado (impuestos) y sus gastos, excluyendo el pago de intereses de la deuda pública) de 3,7% en 2026, cifras superiores a las oficiales.

Para el analista senior de la entidad, Felipe Espitia, la vulnerabilidad macroeconómica tendrá consecuencias directas en el panorama fiscal.

“La combinación de menor crecimiento, tasas de interés más altas y rigideces en el gasto limita el espacio de maniobra de las finanzas públicas y eleva los riesgos sobre la sostenibilidad de la deuda”, explicó.

Según él, el problema trasciende las cifras de corto plazo. “El aumento del gasto en los últimos años, sumado a la ausencia de una estrategia creíble de consolidación, configura un escenario en el que los desbalances fiscales podrían persistir en el tiempo”. Destacó que el ajuste necesario para estabilizar la deuda ronda los 4 puntos del PIB y recaerá en gran medida sobre la próxima administración.

Dichas tensiones ya se reflejan en el mercado de deuda pública, donde los rendimientos de los TES se mantienen en niveles elevados, entre 13% y 14%, y los inversionistas exigen mayores primas por riesgo ante la incertidumbre fiscal y monetaria. “El mercado ya está internalizando el costo del nuevo equilibrio macroeconómico”, sostuvo el analista senior de Renta Fija de Corficolombiana, que no descartó mayor volatilidad y persistencia de intereses altos.

Deterioro de los pilares económicos

Para otros expertos, el contexto fiscal colombiano se agravó de manera palpable en el último lustro.

El exdirector ejecutivo de Fedesarroollo Luis Fernando Mejía expuso que “el primero se ha deteriorado de manera marcada en los últimos cinco años, con un déficit fiscal promedio de 6,4% del PIB, casi el doble del registrado antes de la pandemia”. Mejía resaltó que tanto la responsabilidad fiscal como la autonomía del Banco de la República para controlar la inflación son los pilares que sostienen la economía nacional.

“Colombia no puede darse el lujo de debilitar el otro pilar, el de la independencia efectiva de la política monetaria, porque correría el riesgo de desencadenar una crisis de confianza con muy graves consecuencias para la economía del país”, advirtió.

Qué significa para los colombianos el déficit fiscal

Para explicar el efecto real de este fenómeno, el fundador de Finanzas en la luna, Norman Luna, planteó un ejemplo sencillo: “Eso es como si tú, en tu casa, te ganaras $3.000.000 mensuales, pero te gastas $5.000.000. Eso quiere decir que vas a tener un déficit de $2.000.000. ¿Y cómo vas a cubrir ese déficit? Con deuda”.

Luna advirtió que, igual que a nivel personal, los intereses de la deuda pública aumentan cuando no se corrige el déficit, obligando a buscar créditos más onerosos para cubrir gastos básicos del Estado. “Ahora, el problema es que en nuestro ejemplo, el que va a tener que pagar esa deuda eres tú. Pero en el caso del Gobierno, el que va a tener que pagar esa deuda también eres tú y soy yo. Somos todos los colombianos”, resaltó.

De cara a los próximos cambios de Gobierno, Luna enfatizó que un porcentaje mayor del presupuesto público irá destinado al pago de deudas acumuladas, restringiendo la capacidad estatal para invertir en salud, educación y seguridad.

El gobierno enviará la semana próxima un proyecto para que el Congreso apruebe el pago de una sentencia “definitiva a inapelable” por deuda en default.

“Son los casos presentados por un grupo de bonistas liderados por Attestor Máster y otro por Bainbridge Fund. Se desconocen los detalles del acuerdo que representa el primero del Presidente @JMilei”, posteó en su cuenta en la red social X Sebastián Maril, que sigue muy de cerca los litigios contra la Argentina a raíz del default y la ruptura de contratos emergentes de la explosión y salida del régimen de convertibilidad.

Luego de la resonante victoria jurídica y política que obtuvo la Argentina en el juicio por la expropiación, en 2012, de la mayoría accionaria de Repsol en YPF, el gobierno buscará así cerrar las que probablemente sean las últimas esquirlas o los rescoldos de la deflagración económica y financiera de 2001/2002.

En su posteo, Maril exhibió partes de un documento que el estudio que representa a la Argentina envió a la jueza Loretta Preska en la que informa a la magistrada que el 1 de abril pasado la Argentina alcanzó un acuerdo con los fondos demandantes, que ya tenían a su favor una sentencia a favor en ese mismo juzgado, en línea con compromisos provisorios alcanzados el 11 de marzo pasado, sobre los que en ese mismo día informó este medio

De hecho, el 11 de marzo pasado Infobae reportó que las partes del juicio habían solicitado “respetuosamente que el tribunal suspenda este proceso, incluyendo dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”, según señalaba un documento que concluía que las partes anunciarían oportunamente al tribunal sobre “el estado del acuerdo y cualquier necesidad de continuar con el proceso”.

Ese anuncio de acuerdo sería el señalado ahora a la jueza Preska y para el cual el gobierno de Milei pretende aprobación legislativa, de modo de cerrar, tal vez de modo definitivo, el largo capítulo del default, que ocurrió hace más de 25 años pero sigue teniendo capítulos abiertos a pesar de haber realizado sucesivamente 3 canjes voluntarios de deuda.

En la presentación de marzo, las partes habían solicitado suspender el litigio en curso y dejar en suspenso el pedido de Bainbridge del 17 de octubre del año pasado, por el cual reclamaba la entrega de la participación del país en el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas mientras se concreta la conciliación.

Duro de litigar

El abogado Dennis Hranitzky, representante de ambos demandantes, había confirmado entonces el entendimiento alcanzado: “Tras muchos años de litigio, nuestros clientes han llegado a un principio de acuerdo con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes. Las partes han acordado suspender los procedimientos pendientes mientras se avanza hacia el cierre del acuerdo. Nuestros clientes mantienen su compromiso de lograr una resolución justa y definitiva en este asunto”.

En el caso Bainbridge Fund, la Justicia norteamericana ya había fallado a su favor, reconociéndole una suma de USD 95 millones más intereses.

La demanda más importante, por volumen de fondos, era la de los fondos representados por Attestor Máster, por cerca de USD 500 millones.

De todos modos, como señaló Maril, se desconoce la suma por la cual la Argentina y los dos demandantes llegaron al acuerdo que Milei pondrá a consideración del Congreso.

Hranitzky es un duro litigante y participó en otros juicios contra la Argentina, como el del fondo NML, de Elliott Capital Management, por el que a fines de 2011 logró una orden judicial por el que la Fragata Libertad, la nave insignia de la Armada Argentina, fue retenida durante 77 días en el puerto de Tema, Ghana, hasta ser liberada por orden de un fallo del Tribunal del Mar, con sede en Alemania.

Héctor Grondona, hijo del difundo Julio Grondona, expresidente de la AFA y miembro de la FIFA, dijo en un reportaje radial que la liberación de la Fragata se debió a gestiones de su padre, entonces vicepresidente y Tesorero de la FIFA, que a cambio logró que el organismo rector del fútbol mundial levante una suspensión sobre la Selección Nacional de Fútbol de Ghana, que no podía participar en la Copa de África debido a una sanción por la participación de mayores de edad en la edición de una Copa de fútbol juvenil.

Durante el último año, los créditos a las familias registraron un fuerte incremento en los niveles de morosidad. Los datos disponibles muestran que el porcentaje de préstamos en situación irregular para personas físicas pasó de 2,67% en enero de 2025 a 10,6% doce meses después, alcanzando el valor más elevado en casi 20 años. Hacia adentro del fenómeno de la irregularidad, destaca el incumplimiento en los préstamos personales, que se encuentra en los niveles más altos de la última década y media.

El más reciente Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) revela que la mora en el financiamiento al sector privado se ubicó en 6,4% en enero, lo que implica un aumento de 0,8 puntos porcentuales (pp) respecto a diciembre anterior y de 4,77 pp frente al mismo mes de 2025. Todas las entidades financieras reflejaron este deterioro, aunque el impacto fue mayor en los créditos a familias, donde la suba mensual alcanzó 1,3 pp.

Entre los préstamos personales, el nivel de incumplimiento llegó a 13,2% en enero, con una suba mensual de 2,2 puntos porcentuales. Los créditos hipotecarios mostraron una mora de 1,3%, con un avance de 0,1 pp. Las líneas prendarias llegaron a 6,3%, con un alza de 0,5 pp en el mes, y el financiamiento mediante tarjetas de crédito trepó a 11%, 1,7 puntos porcentuales más respecto a diciembre anterior.

La mora promedio de 10,6% registrada en enero de 2026 es la más elevada en casi 20 años

Todos los segmentos de crédito experimentaron sus mayores tasas de morosidad al inicio de 2026. Los registros anteriores muestran aumentos significativos en 2019 y 2021, aunque en valores significativamente menores. El salto reciente en los niveles de irregularidad marca un récord desde, al menos, 2004.

Según estimaciones de la consultora 1816 en base a datos del Central de Deudores (Cendeu) del BCRA, en el sector bancario, la proporción de familias con atrasos en sus pagos aumentó de 10,6% en enero a 11,2% en febrero. A modo comparativo, la morosidad de las empresas se elevó de 2,8% a 2,9%, mientras que el indicador para todo el sector privado pasó de 6,4% a 6,7%. Estos registros anticipan los resultados que el Banco Central difundirá oficialmente a fin de mes. Así, los atrasos de los hogares con los bancos crecieron por decimosexta vez consecutiva y marcan el nivel más alto en más de veinte años.

El ministro de Economía, Luis Caputo, abordó la problemática del endeudamiento de los hogares. Bajo su perspectiva, es clave “seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando”. Además, atribuyó la situación de la mora a factores políticos de la última elección legislativa: “Esto es un coletazo del ataque político del año pasado: las tasas subieron fuertemente y algunas personas tienen y tuvieron dificultades. Eso se va a ir acomodando. No es problemático a futuro”.

Los economistas de LCG consideraron que el aumento de la morosidad en los créditos otorgados a las familias se explica por las tasas de interés activas altas y el estancamiento de los salarios. A eso se suma que, actualmente, la tasa de interés real se mantiene por encima de la inflación, por lo que las deudas no pierden valor con el tiempo.

Evolución y diferencias en los índices de morosidad

El deterioro también se observó en el financiamiento a empresas, aunque en menor medida: la tasa de irregularidad llegó a 2,8% en enero, con un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto al mes anterior y de 2 pp en la comparación interanual.

Esto es un coletazo del ataque político del año pasado: las tasas subieron fuertemente y algunas personas tienen y tuvieron dificultades (Caputo)

En cuanto a las previsiones del sistema financiero, representaron el 89,2% de la cartera irregular, con una baja de 4,1 pp respecto al mes previo. El total de reservas para contingencias equivalió al 5,7% del financiamiento al sector privado, con incrementos de 0,5 pp mensuales y 3 puntos porcentuales en comparación con un año antes.

El informe del BCRA destaca: “Al contemplar de forma conjunta los niveles de morosidad agregados y los registros de previsiones y de capital disponible, surge que el sistema financiero local conserva elevada cobertura respecto del riesgo de crédito. En particular, el indicador compuesto por el saldo en situación irregular neto de las previsiones en términos de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) se ubicó en 1,5% en el comienzo del año, por debajo de la mediana -valor que divide en mitades al universos relevado- de una muestra amplia de países”.

Impacto en entidades no bancarias y billeteras virtuales

El aumento de la morosidad también se extiende a billeteras virtuales y entidades financieras no bancarias, donde las estimaciones marcan niveles superiores a 30% en algunos casos. Esta dinámica refleja la presión sobre los sectores que acuden a los microcréditos para cubrir gastos cotidianos, más allá de los canales tradicionales.

Un informe privado con datos actualizados a diciembre de 2025 evidenció disparidades en los índices de morosidad entre las principales firmas de crédito no bancario y bancos digitales. Tarjeta Naranja encabezó el listado con 35,7% de préstamos en situación irregular; Cencosud reportó 25,5% y Credicuotas Consumo alcanzó 25,4%. Mercado Libre, propietario de Mercado Pago, presentó una tasa de 14,7% en enero pasado.

Sobresalen los sectores que acuden a los microcréditos para cubrir gastos cotidianos, más allá de los canales tradicionales

“Entre las diferentes entidades que componen el sistema de entidades financieras, los bancos son los de menor tasa de incumplimiento, con los privados levemente por encima de los públicos. Por otro lado, las entidades financieras no bancarias (empresas que intermedian financiamiento sin ser un banco) tienen niveles de mora promedio más altos, superiores ya al 30%, igual que las compañías que financian sus ventas, como electrodomésticos o textiles”, detalló un informe de la consultora Empiria.

Desde entidades bancarias destacan que el crecimiento de la mora también responde a un aumento significativo en el crédito a las familias. Antes de la asunción de Javier Milei, los bancos prestaban aproximadamente el 50% de sus carteras al sector público -parte quedaba inmovilizado por encajes-, mientras que en 2025 se revirtió esa ecuación: casi la mitad del financiamiento está destinado al sector privado.

El presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Javier Bolzico, ponderó la expansión crediticia que tuvo lugar desde diciembre de 2023. Según estimaciones de la cámara, el crédito bancario sobre el Producto Bruto Interno (PBI) pasó de 5% a fines del gobierno de Alberto Fernández a 12% en 2025. Durante la gestión de Mauricio Macri, esa cifra había llegado a 14% del PBI.

Más allá de ese salto, en los primeros meses del año se registró una desaceleración de la dinámica crediticia. Según los cálculos de First Capital Group, el saldo total de préstamos en pesos al sector privado fue de $95,7 billones en marzo, lo que representa un alza de 2,4% mensual en términos nominales. De confirmarse los pronósticos de las principales consultoras del país, habría quedado por debajo de la inflación, que se ubicó en torno a 3 por ciento.

Completamos un trimestre con el mismo comportamiento: leves incrementos nominales que no llegan a compensar la pérdida del valor de la moneda, lo cual implica una variación real negativa (Barbero)

“Completamos un trimestre con el mismo comportamiento: leves incrementos nominales que no llegan a compensar la pérdida del valor de la moneda, lo cual implica una variación real negativa de la cartera nominada en pesos, esto sumado a un crecimiento anual de solamente el 12,2% nos indica un estancamiento en la recuperación del crédito”, concluyó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

Acreditados de FONACOT que pierden su empleo pueden acceder a descuentos de capital, condonación de intereses y plazos extendidos para liquidar su crédito. No obstante, dejar de pagar genera consecuencias como el registro negativo en buró de crédito y la transferencia de la deuda a despachos de cobranza, según el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT).

Si una persona con crédito FONACOT pierde su relación laboral y no puede cubrir las mensualidades, puede solicitar en sucursal planes especiales de apoyo. El incumplimiento de estos acuerdos implica que la deuda pase a cobranza externa, se generen intereses moratorios y el historial personal de crédito se vea afectado por los reportes a sociedades de información crediticia.

Cualquier proceso puede contemplar la cobertura de protección por pérdida de empleo, incapacidad, invalidez o fallecimiento. Una vez activado el seguro o plan de apoyo, un despacho externo inicia la recuperación de la deuda, añadiendo intereses moratorios y gastos de cobranza.

Esquemas de apoyo para acreditados desempleados

La institución dispone de tres esquemas principales para quienes no tienen empleo o presentan créditos vencidos:

• Plan 70/30: Permite liquidar el 70 % del adeudo en una sola exhibición; FONACOT condona el 30 % restante y todos los intereses generados. Aplica para quienes no tienen relación laboral y cuyo crédito tiene al menos 13 meses sin pago, o para personas en centros de trabajo no afiliados que deseen liquidar de una sola vez.
• Plan 20/20/20: El acreditado paga el 20 % de la deuda; el 80 % restante se reestructura a un plazo de hasta 20 meses sin intereses. Cada pago puntual otorga un descuento adicional del 20 % y condonación de intereses moratorios. Es exclusivo para quienes no tienen empleo activo o trabajan en empresas no afiliadas.
• Plan 50/50: Para créditos con más de tres años sin pago. Permite liquidar el 50 % en una sola exhibición y condona el 50 % restante junto con los intereses moratorios.

Para acceder a cualquier esquema, es indispensable acudir personalmente a una sucursal con identificación oficial vigente y comprobante de domicilio reciente.

Consecuencias de incumplimiento

No mantener los pagos puede activar la cobertura de protección o el seguro, y la deuda se transfiere a un despacho de cobranza, que exige el monto pendiente junto con intereses y gastos de recuperación. El comportamiento de pago se reporta sistemáticamente a las sociedades de información crediticia.

Mantener un historial crediticio positivo depende de la regularización de los pagos. El incumplimiento puede limitar el acceso a futuros créditos, advierte el instituto.

Acudir a sucursal previene complicaciones adicionales y permite recibir asesoría personalizada sobre alternativas para liquidar la deuda.

Cómo solicitar un esquema de apoyo FONACOT

• Reúne los documentos requeridos: identificación oficial vigente (INE o pasaporte) y comprobante de domicilio a tu nombre, reciente (agua, luz, predial, teléfono o estado de cuenta bancario).
• Acude a la sucursal FONACOT más cercana y solicita información sobre los esquemas disponibles para desempleados.
• Presenta tus documentos y expón tu situación actual de desempleo o relación laboral en empresa no afiliada.
• Elige el esquema que más se ajuste a tu situación (70/30, 20/20/20 o 50/50) junto con el asesor de la sucursal.
• Realiza el pago correspondiente en alguna de las instituciones bancarias autorizadas.
• Asegúrate de cubrir el importe exacto y dentro del plazo acordado para conservar el beneficio del descuento o condonación.
• Si cambiaste de trabajo, verifica si la nueva empresa está afiliada a FONACOT; de ser así, solicita que los descuentos se apliquen vía nómina. Si no está afiliada, acércate a sucursal para recibir alternativas de pago.
• Si tienes dudas o deseas hacer una denuncia sobre el servicio o el personal, comunícate al 55 8874 7474, 55 5265 7450 o al 800 FONACOT (3662268).

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró comprar casi USD 5.000 millones en lo que va del año, un volumen que superó las expectativas de analistas y operadores. Sin embargo, el efecto de ese flujo en las reservas brutas no se reflejó en tal magnitud. Detrás de ese resultado aparecen una serie de movimientos entre la autoridad monetaria y el Tesoro que modificó el destino de esos dólares y tuvo un impacto directo en las reservas netas.

En las últimas semanas, la dinámica de compra de dólares por parte del BCRA dominó la agenda financiera. Entre el 31 de diciembre y el 9 de abril, la entidad compró USD 4.964 millones, superando el 49% de la meta que se fijó para este año (USD 10.000 millones). El ritmo de compras sorprendió a quienes seguían de cerca el desempeño de la entidad, ya que sobrepasó las previsiones para el arranque de 2026.

No obstante, a esa cifra se sumaron otras operaciones clave. En enero, el Central concretó la toma de un préstamo con bancos internacionales (REPO) por USD 3.000 millones y obtuvo ganancias netas en precios por 575 millones de dólares. Pero la realidad del balance de la entidad mostró un escenario diferente.

Según el análisis de Federico Machado, el economista de Economía Open, los pasivos a un año del Banco Central crecieron en 4.206 millones de dólares. Este incremento se explicó por el propio préstamo con bancos internacionales (REPO) que vence en enero de 2027 y por una cuota de un repo anterior con el mismo vencimiento. La estructura de compromisos financieros a corto y mediano plazo absorbe buena parte del efecto de las compras.

Además, el Tesoro también intervino de manera decisiva. Le compró al BCRA USD 3.659 millones hasta marzo para atender sus propias deudas, lo que implicó una transferencia directa de divisas desde la autoridad monetaria hacia el sector público nacional. El saldo de esta operatoria terminó dejando prácticamente en cero la acumulación neta del primer trimestre.

“A pesar de las voluminosas compras del Banco Central en el mercado de cambios, las reservas netas se mantienen casi en el mismo nivel de comienzo de año. ¿Cómo es posible? ¿Cierran las cuentas?“, planteó Machado. La respuesta se encuentra en el entramado de operaciones financieras y en la interacción entre el BCRA y el Tesoro.

A la fecha, las reservas netas, que no contemplan los pasivos, se ubican en USD 97 millones, según cálculos de Machado. Es que las brutas se encuentran en USD 45.152 millones, a los cuales hay que restarle los encajes (USD -16.581 millones), el swap con China (USD -19.045 millones), préstamos con organismos internacionales (USD -1.931 millones) y REPOs a un año (USD -7.498 millones). Si a eso se le restan los compromisos a un año, la cifra cambia a -1.657 millones de dólares.

¿Sigue la calma?

La calma en el mercado de cambios permitió al BCRA avanzar con su estrategia de compras diarias, con operaciones superiores a USD 100 millones en varias jornadas y de USD 281 millones el jueves. Se trata de la cifra más alta en 2026 y desde febrero de 2025.

La estabilidad en la cotización del dólar facilitó un escenario en el que la entidad pudo capitalizar el ingreso de divisas a través de exportaciones y una menor demanda de dólares para importaciones. La expectativa del mercado se centra en si el BCRA podrá mantener este ritmo de compra en los próximos meses.

Las compras de enero a marzo en gran parte se debieron a la liquidación del campo y la colocación de obligaciones negociables por parte de empresas. Lo que siembra interrogantes sobre si podrá continuar en los meses que restan. Fue el ministro Caputo quien reconoció esta posibilidad en medio de la cruzada que tiene el Gobierno con la prensa. ”Hace tres meses que compramos dólares, cada vez más, y deben estar esperando el día que dejemos de comprar para publicar: “Preocupante, el Central no compra más dólares”. Anótenla, no sé cuándo; espero que falte tiempo, pero va a venir“, sostuvo en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Las negociaciones con el FMI

La meta de compra de USD 10.000 millones para este año se fijó en conversación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero se trata de un objetivo de adquisición y no de acumulación. Lo que el mercado quiere saber es el resultado de la negociación de la segunda revisión del acuerdo con el organismo y cuál y cómo es la meta que se debe cumplir este año en términos de acumulación de reservas por parte del BCRA.

Para este año, tras la finalización de la primera revisión, se fijó que al final del primer trimestre de 2026, las reservas internacionales netas del BCRA deben estar en USD -3.100 millones (antes USD 900 millones). Para el fin del segundo trimestre, en USD 1.600 millones (antes USD 5.100 millones) y en diciembre en USD 8.400 millones (antes USD 10.400 millones).

El banco de inversión Morgan Stanley proyectó que los argentinos, al igual que el año pasado, comprarán una abultada cantidad de dólares en 2026, lo que generará desafíos en términos de acumulación de reservas, dado el alto flujo de divisas que se necesitará para compensar. El acceso a los mercados y la posibilidad de financiamiento bilateral serán clave.

La entidad, según su último reporte a clientes, cree que a pesar del aumento de exportaciones previsto, que superarían los USD 100.000 millones, y un superávit de cuenta corriente estimado en USD 5.800 millones o 0,7% del PBI, la acumulación de reservas dependerá de los ingresos de la cuenta financiera.

Esta visión se enmarca en un contexto en el que se proyecta que los argentinos adquieran alrededor de USD 24.000 millones este año, tras la significativa dolarización de portafolios observada en 2025, impulsada principalmente por la incertidumbre electoral.

En ese sentido, Morgan Stanley destacó que en aproximadamente 6 meses, las compras netas por parte de residentes llegaron a 32.000 millones de dólares.

Por ese motivo y la elevada carga de vencimientos de deuda en moneda extranjera, señalan que en el segundo semestre de 2026, se requerirán aún mayores ingresos de divisas.

“Si bien el panorama de corto plazo se inclina a ser positivo, especialmente considerando el desempeño reciente por debajo de lo esperado; es claro que Argentina sigue siendo estructuralmente más vulnerable, pese al importante ajuste fiscal y la implementación de reformas”, consideró el banco.

“Pasar a un superávit de cuenta corriente es claramente positivo, pero las necesidades de financiamiento siguen siendo muy altas”, agregó.

De acuerdo a la visión de los analistas, la colocación de deuda externa deberá compensar dichas salidas. “Es probable que la emisión de bonos corporativos continúe cumpliendo un rol importante. Del lado del gobierno, los préstamos bilaterales recientemente sugeridos por las autoridades —con países como Israel, Italia y EEUU—, junto con un mayor acceso a los mercados, posiblemente serán necesarios para lograr una sólida acumulación de reservas este año”.

Morgan Stanley recordó que en el pasado se exploraron opciones de financiamiento provenientes del GCC. Sin embargo, prevén que el aumento de las necesidades financieras derivadas de los efectos de contagio del conflicto con Irán reduzca su disposición a proveer fondos.

En tanto, “la emisión local de deuda en dólares contribuye en el margen, pero eventualmente podría ser necesaria la emisión de bonos externos, considerando que probablemente tendrá un plazo más largo que las alternativas financiadas localmente”, indicó el banco.

“Esperamos una cuenta financiera aproximadamente equilibrada este año, con riesgos al alza si las autoridades aseguran financiamiento bilateral”, resumió, aunque aclaró que sus estrategas de crédito soberano no lo contemplan en su escenario base.

Asimismo, planteó que el BCRA solo lograría acumular la mitad de los USD 10.000 millones anunciados en el programa anual de compra de divisas, monto sujeto a que el crecimiento económico contribuya a la remonetización de la economía.

Por ello, aparece como un factor determinante la obtención de préstamos con otros países por USD 5.000 millones para reforzar el nivel de reservas y afrontar luego un 2027 “más desafiante desde la perspectiva de los flujos cambiarios”.

Esa perspectiva surge incluso con la mención de varias fuentes significativas de dólares. Por un lado, Morgan Stanley proyecta flujos netos por unos USD 3.900 millones desde organismos multilaterales (USD 1.000 millones del FMI y USD 2.900 millones de otras entidades), tras los fuertes desembolsos del año pasado.

A esto se suma una mejora en la inversión extranjera directa, que volvería a terreno positivo con unos USD 2.500 millones netos, asociada al desarrollo de proyectos energéticos y mineros, especialmente bajo el régimen RIGI. En paralelo, la inversión de cartera se mantendría en niveles similares a los de 2025, en torno a USD 1.600 millones.

Además, las exportaciones de bienes alcanzarían un récord en 2026, superando levemente los USD 100.000 millones, con aportes del agro, la energía y la minería, tanto por mayores volúmenes como por mejores precios.

“Con nuestra proyección de una acumulación solo moderada de reservas en 2026, el mercado pronto comenzará a mirar hacia 2027, un año que presenta vencimientos de deuda en divisas aún mayores. Ya hay USD 5.500 millones que vencen el 1 de febrero de 2027 por parte del Tesoro y otros USD 3.000 millones del BCRA. El riesgo electoral en 2027 también afectará el financiamiento disponible en los mercados”, consideró.

La cadena de panaderías Pan Danés enfrenta una fuerte crisis financiera, con cheques rechazados por más de $58 millones, cierre de sucursales y reducción de su producción. La empresa entró en concurso preventivo en diciembre del año pasado para buscar una solución para la compañía, luego de haber sufrido una reducción de ventas superior al 50% durante 2025.

La magnitud del deterioro financiero de la compañía, que durante su apogeo gestionó hasta 25 locales en la Ciudad de Buenos Aires y empleó a más de 150 trabajadores, se refleja en los 57 cheques rechazados por un monto total de $58.795.452, de acuerdo con los registros oficiales del banco central.

Según comentaron fuentes con conocimiento del caso a Infobae, la empresa no le debe sueldos a los trabajadores, a la vez que intentará mantener los puestos de trabajo. Aseguran que “la situación es compleja, en línea con la caída general del consumo”.

Frente a esta situación, la firma declaró en su presentación judicial que implementó medidas orientadas a sostener su actividad: “Se implementaron múltiples medidas correctivas: optimización de costos, renegociación de alquileres, cambio de proveedores, ampliación del surtido de productos, acuerdos impositivos y reorganización operativa”.

A pesar de estos intentos, la disminución de la estructura incluyó el cierre de sucursales emblemáticas como los locales de Echeverría 1677, Ciudad de la Paz 2024, ambos en el barrio porteño de Belgrano y Cuenca 3459, ubicada en Villa del Parque.

Pan Danés construyó un modelo de negocio basado en la panificación artesanal con producción centralizada desde una planta de 1.700 metros cuadrados capaz de abastecer hasta 50 sucursales. El esquema dependía de la alta rotación diaria de productos frescos y de una red de locales con fuerte inserción barrial. Sin embargo, la caída sostenida en el consumo, impulsada por un contexto recesivo, inflación persistente y alza de los costos operativos, llevó a una drástica reducción de ventas.

La propia compañía, en su presentación judicial, detalló: “La incertidumbre, la recesión, la inflación y el incremento significativo en los costos ocasionaron una caída abrupta y persistente del consumo, que supera el 50% del volumen histórico de la empresa”. Esta declaración documental de Pan Danés —recogida en los expedientes del tribunal— explicita cómo el retroceso en la demanda afectó un modelo cuya viabilidad requería un nivel constante de facturación.

La presentación de la empresa en concurso preventivo se realizó en noviembre del año pasado, luego de que la firma incumpliera el pago de un cheque por $3,8 millones, lo que marcó el inicio formal de la cesación de pagos.

Finalmente, poco más de un mes después, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 15, bajo la conducción del juez subrogante Pablo D. Frick y con la intervención del síndico Estudio Bianco, Celano & Asociados, habilitó la apertura del proceso judicial, según consta en el Boletín Oficial. En este marco, la presentación formal de Pan Danés tiene como objetivo central reordenar pasivos, priorizando la continuidad operativa y eludir la paralización total del negocio.

Desde ese momento la cesación de pagos se volvió ineludible. “Los cheques emitidos para cumplir nuestras obligaciones superan nuestra capacidad de recaudación”, reconoció la empresa ante la justicia, agregando que la imposibilidad de cubrir descubiertos bancarios impidió sostener el ciclo operativo.

El peso de los compromisos corrientes —pagos a proveedores, obligaciones impositivas, salarios y costos fijos—, junto a la restricción del crédito, terminó por propiciar una situación de desequilibrio económico “crítica”, según la documentación presentada por la firma.

Actualmente, y de acuerdo al expediente publicado en el Boletín Oficial, la verificación de créditos se encuentra en marcha y los acreedores tenían plazo hasta el 8 de abril de 2026 para presentar sus pedidos respaldados con la documentación pertinente. Una audiencia informativa fue fijada para 2027, etapa en la cual se prevé definir el futuro de Pan Danés a partir de una posible reestructuración y acuerdo con los acreedores.

Fuerte caída en la venta de pan

A nivel sectorial, la tendencia se replica. Martín Pinto, secretario general de la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN) y titular del Centro de Panaderos de Merlo, advirtió que el consumo de pan y productos panificados atraviesa una de las caídas más pronunciadas de los últimos años. Según sus datos, el primer trimestre del año mostró una baja del 45% en el consumo respecto al mismo período del año anterior. En tanto, si se tienen en cuenta los últimos dos años, arroja una retracción total cercana al 55% para el pan y de hasta el 85% en productos como pastelería, tortas y sándwiches de miga.

En una participación en Infobae en Vivo, el referente destacó que el deterioro en la demanda impactó de manera directa en la estructura del sector. En este sentido, señaló que en los últimos dos años cerraron unas 2.000 panaderías en todo el país, lo que significó la pérdida de aproximadamente 16.000 empleos directos. En la provincia de Buenos Aires, la situación es particularmente grave, con alrededor de 630 panaderías que bajaron sus persianas en el mismo período.

El dirigente atribuyó la crisis al menor poder adquisitivo de los consumidores. Explicó que, pese a que la inflación de años previos era elevada, el consumo de pan, leche y carne se mantenía alto. Ahora, aunque el Indec presenta indicadores de inflación más bajos, los consumidores restringen sus compras básicas. Pinto describió cómo la gente acude a las panaderías con presupuestos muy acotados, priorizando la compra por unidad y limitándose a lo esencial. "La gente hoy compra por unidad.Hoy vienen y dicen: ‘¿Qué me alcanza con $500?’. Y con $500 hoy te alcanza dos flautitas. Y vos sabés que son cinco pibes, porque nos conocemos todos en el barrio, y les terminás regalando tres, cuatro flautitas más, porque con dos flautitas qué va a hacer una mamá con cinco pibes en la casa”.

La calificadora S&P Global Ratings rebajó la calificación de Colombia de ‘BB’ a ‘BB-’ en moneda extranjera de largo plazo y de ‘BB+’ a ‘BB’ en moneda local. La situación refleja la fragilidad fiscal del país junto a una elevada carga de deuda y tasas de interés superiores al 14%. La decisión, acompañada de una perspectiva estable, representa un momento clave para la economía colombiana y sus condiciones de financiamiento.

S&P Global Ratings anunció la rebaja de la calificación soberana de Colombia debido a déficits fiscales persistentes, un aumento sostenido de la deuda externa, y la percepción de una política fiscal menos predecible. Según la agencia, esto “eleva los costos de financiamiento e incrementa la presión sobre la moneda local”, lo que influye en el acceso al crédito, restringe la inversión pública y limita las opciones de financiamiento para el Estado.

Incremento del costo de financiamiento

De acuerdo con la calificadora, persisten déficits fiscales recurrentes y una mayor carga de deuda, lo que incrementa el costo de financiamiento externo y debilita la confianza de inversionistas. La medida obliga al Gobierno a destinar más recursos a intereses, lo que reduce el espacio para la inversión pública y acentúa la vulnerabilidad económica del país.

Asimismo, explicó que “la limitada flexibilidad fiscal, la elevada carga de deuda y la débil posición externa del país” fueron los factores centrales para la decisión. El informe advierte que si el déficit fiscal se amplía o disminuye la capacidad de ajuste económico, podrían aplicarse recortes adicionales. De igual forma, mantiene la perspectiva estable, al estimar que el Gobierno buscará reducir de manera gradual el déficit y sostener un avance económico moderado, con una proyección de 2,5% en 2026, ligeramente por debajo del 2,6% en 2025.

Credibilidad de la política económica

El comunicado de la entidad indicó que “la política fiscal procíclica está contribuyendo marginalmente al empleo, el consumo y el crecimiento económico, pero las expectativas de inflación han aumentado”. S&P Global Ratings resaltó que la suspensión de la regla fiscal en 2025 y la escasez de reformas tributarias debilitaron la credibilidad de la política económica.

Además, que, “la política fiscal se ha vuelto menos predecible, como lo demuestra la decisión del gobierno de suspender la regla fiscal del país el año pasado”.

Repercusiones económicas para Colombia

La decisión de S&P Global Ratings tiene consecuencias inmediatas sobre el costo de la deuda y la disponibilidad de recursos para inversión pública. Así lo confirmó el investigador de la Universidad Eafit Diego Montañez-Herrera, que considera que la rebaja “no es sorpresa”, ya que responde a desequilibrios estructurales del país, como “déficits fiscales persistentes, mayor deuda externa y deterioro en la percepción de riesgo”.

Señaló que “Colombia cerró marzo con una de las tasas de endeudamiento más altas desde 2004: marzo cerró casi por encima del 7% en títulos de deuda pública en UVR, y curiosamente, la curva se ha invertido, es decir, los títulos públicos a cinco años rinden más que los de diez años. Normalmente es al revés”.

Destacó el experto que el sector financiero preveía estos riesgos. “El mercado ya lo venía diciendo hace meses (TES, EMBI) y venía advirtiendo”. Además, el Estado debe enfrentar pagos inmediatos a tasas superiores al 14%, lo que reduce la capacidad para inversión pública.

“Al destinar ese dinero a intereses y a la deuda, tenemos menos espacio para la inversión pública y demás proyectos”.

Así las cosas, el deterioro crediticio implica que el Gobierno ahora paga más intereses por su deuda, el peso colombiano enfrenta mayor presión y el acceso a financiación internacional se restringe. La rebaja, además, limita la base de inversionistas, pues algunos fondos solo invierten en países con grado de inversión. Esta situación obliga a ajustes fiscales adicionales y exige mayor supervisión por parte de entidades internacionales.

Qué dicen las otras agencias

Otras agencias mantienen sus evaluaciones para Colombia en nivel especulativo o bordeando el grado de inversión:

• Fitch Ratings: otorga a Colombia una calificación de ‘BB’ con perspectiva estable, manteniéndola en terreno especulativo.
• Moody’s: asigna la nota ‘Baa3’ con perspectiva estable, ubicada en el umbral inferior del grado de inversión, lo que permite aún la inversión de fondos institucionales, aunque refleja un riesgo elevado.
• DBRS: sostiene una calificación ‘BB (high)’ con perspectiva negativa, lo que implica riesgos de nuevas rebajas si se agravan las condiciones fiscales o económicas. La existencia de varias notas en perspectiva negativa sugiere que la probabilidad de futuros recortes no puede descartarse y dependerá de la evolución de la política fiscal, el crecimiento económico y la gestión de la deuda pública.

Cuando una persona con crédito de vivienda fallece, el compromiso financiero no se transfiere a sus familiares. Sin embargo, el proceso no se resuelve por sí solo: es indispensable realizar un trámite para activar el beneficio que cancela el adeudo y permite regularizar la situación del inmueble.

De acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), todos los financiamientos incluyen un seguro de vida llamado Autoseguro por Defunción. Este mecanismo está diseñado para liquidar el saldo pendiente en caso de muerte del acreditado, evitando que terceros tengan que continuar con los pagos.

El punto clave es actuar a tiempo. Mientras no se inicie el procedimiento, el sistema puede seguir generando intereses, lo que complica la situación administrativa de la vivienda.

Documentos necesarios para iniciar el trámite

Para hacer válido este seguro, la persona encargada debe acudir a un Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o al área de cobranza correspondiente y presentar:

Con estos requisitos, se puede solicitar la liberación del adeudo y comenzar el proceso para cancelar la hipoteca.

Qué ocurre con la vivienda tras liberar la deuda

Una vez validada la información, el seguro cubre el crédito restante. Esto permite que la propiedad pase a manos de los beneficiarios designados previamente, ya sea en el contrato del crédito o mediante un testamento.

En otras palabras, no se hereda ninguna carga financiera, solo el bien inmueble.

Este procedimiento tiene sustento legal en el artículo 51 de la Ley del Infonavit, que respalda la existencia de este tipo de protección para los trabajadores.

Recomendaciones para evitar complicaciones

Es importante dejar en orden los documentos personales y avisar a alguien de confianza dónde se encuentran, ya que serán necesarios en caso de fallecimiento. Incluir papeles como identificaciones, escrituras, pólizas de seguros y estados de cuenta ayuda a que familiares o herederos realicen gestiones bancarias, notariales y legales sin demoras ni complicaciones innecesarias.

Contar con un testamento facilita la asignación clara de la vivienda y previene conflictos entre familiares. Este documento permite expresar la voluntad sobre el destino de los bienes y contribuye a evitar disputas que pueden alargar los procesos de sucesión.

Actuar con previsión no solo agiliza los trámites, también garantiza que el patrimonio llegue a quien corresponde sin obstáculos administrativos. Dejar instrucciones precisas y actualizadas brinda certeza jurídica a los herederos y protege el legado familiar.

El año pasado el sistema financiero argentino experimentó un incremento sostenido en los niveles de mora, especialmente en el segmento de préstamos a personas físicas. En ese contexto, la billetera virtual Mercado Pago -la más grande del país- registró un salto considerable en su ratio de irregularidad, que subió del 5,5% en enero de 2025 al 14,7% en enero de 2026, según datos públicos de la Central de Deudores (CENDEU). Esta dinámica reflejó una tendencia común a otros bancos y entidades financieras, donde el deterioro de la capacidad de pago impactó con fuerza sobre las familias.

El último Informe Sobre Bancos del Banco Central (BCRA) mostró que la mora en créditos a hogares pasó de 2,67% a 10,6% en apenas un año. La suba llevó ese índice al nivel más alto en casi veinte años. El informe también precisó que la morosidad general del financiamiento al sector privado llegó a 6,4% en enero de 2026. El segmento de préstamos personales marcó 13,2%, mientras que los atrasos en tarjetas de crédito treparon a 11%. En las líneas prendarias, la mora alcanzó 6,3%, y en hipotecarios, 1,3%. Las empresas, en tanto, mostraron un nivel de 2,8%, aunque con diferencias entre sectores y tamaños.

La situación en las entidades no bancarias y en las billeteras virtuales fue incluso más grave. Allí, la morosidad se acercó al 25%. Este dato sirvió de referencia para contextualizar el desempeño de Mercado Pago, que se ubicó en un escalón intermedio, más cerca de los bancos privados tradicionales que de las financieras no bancarias. Aunque no libre de problemas.

Según voceros de Mercado Pago consultados por Infobae, “el ratio de mora de Mercado Pago se encuentra en línea con el de los principales bancos privados del país al observar el segmento de personas físicas. De acuerdo a la Central de Deudores del BCRA, nuestra tasa de irregularidad es del 14,7%. Este nivel es comparable al de la banca privada, aún cuando incluimos a segmentos que el sistema tradicional suele considerar de mayor riesgo, y está significativamente por debajo del promedio de irregularidad de entidades no bancarias (23,9%, según el último dato del BCRA)”.

La empresa subrayó que la mayor parte de su cartera de créditos está dirigida a personas físicas, es decir, a familias y consumidores, lo que vuelve pertinente la comparación directa con ese segmento de la banca tradicional, que es el más golpeado. El salto observado en el último año no fue una excepción, sino parte de una tendencia general del sistema. En ese período, la mora en Mercado Pago casi se triplicó, una dinámica que también se observó en el universo bancario.

Un relevamiento privado, con datos a diciembre, mostró las diferencias en los niveles de irregularidad entre las principales entidades de crédito no bancario y banca digital. Tarjeta Naranja registró la mora más alta del sector, con un 35,7% al cierre de 2025. Mercado Libre, el unicornio dueño de Mercado Pago, se ubicó en 17,5%, mientras que Cencosud alcanzó 25,5% y Credicuotas Consumo llegó a 25,4%. En el grupo de bancos digitales, Banco del Sol cerró el año con una irregularidad de 6,2%, Alau Tecnología con 8,7% y Banco Columbia con 7,4%. Estos datos ubicaron a Mercado Pago, con 14,7% en enero de 2026, en una posición intermedia respecto a las entidades no bancarias de mayor riesgo y más cerca de los bancos tradicionales, que muestran indicadores de mora más bajos. El promedio del segmento de crédito no bancario y banca digital cerró el año en 21,7%.

El deterioro en la calidad de los créditos no fue exclusivo de Mercado Pago. Los datos de un análisis de financiamiento elaborado por EcoGo y el BCRA reflejaron un cambio generalizado en las posiciones relativas de las entidades. La morosidad promedio en el sector no bancario superó el 23%, mientras que los bancos privados experimentaron subas marcadas en todos los segmentos dirigidos a personas físicas.

Desde Mercado Pago explicaron a Infobae el funcionamiento de su estrategia de gestión de riesgo. “Para ampliar el acceso a financiamiento a millones de personas que no son alcanzadas por el sistema tradicional, contamos con un modelo de scoring propio que se nutre del análisis del comportamiento de los usuarios dentro y fuera de nuestro ecosistema, analiza más de 3.000 variables y se actualiza en tiempo real. Esto nos permite realizar una gestión de riesgo mucho más precisa y dinámica que la del sistema tradicional, personalizar condiciones y otorgar líneas de crédito acordes a las capacidades de pago de los usuarios”, indicaron los voceros.

El modelo de evaluación de riesgo de la plataforma utiliza información que excede los parámetros tradicionales del sistema financiero, lo que le facilita incorporar a usuarios sin historial bancario previo o con antecedentes limitados. La empresa remarcó que su tasa nominal anual (TNA), que parte de un mínimo del 60%, se determina en función del perfil de riesgo individual. “La TNA que ofrece Mercado Pago (hoy desde 60%) se determina en función del perfil de riesgo individual y mejora a medida que el usuario construye historial y demuestra buen comportamiento de pago. En perfiles de usuarios con buen comportamiento y bajo riesgo, somos muy competitivos con las tasas respecto a la banca tradicional”, añadieron fuentes de la compañía.

El acompañamiento a los clientes que registran atrasos en sus pagos es otro de los puntos destacados por la empresa. Los voceros sostuvieron: “Ante una situación de mora, estamos cerca del usuario en todo momento, manteniendo una comunicación proactiva a través de múltiples canales y ofreciendo herramientas y alternativas que faciliten la regularización de la deuda. El objetivo es ayudar al usuario a sanear su situación para que, en un futuro y si lo necesita, pueda acceder a financiamiento”.

En materia de fondeo y colocaciones, Mercado Pago resaltó logros recientes para respaldar la calidad de su cartera. “Durante 2025, demostramos la alta calidad de nuestra cartera al colocar 12 fideicomisos financieros por un valor superior a los $1,18 billones, logrando captar fondeo por más de $926.000 millones. Además, cerramos con el BIND el primer programa de venta de cartera en el país por más de $150.000 millones. El interés de inversores en adquirir esta cartera es una señal clara de confianza en nuestro modelo y en la calidad del riesgo que originamos”, señalaron los voceros a Infobae.

El desempeño regional de Mercado Pago mostró diferencias importantes respecto al mercado argentino. En la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2025, la compañía informó que la mora regional alcanzó 4,4%, el nivel más bajo de su historia. Este dato contrasta con el 14,7% reportado en la Argentina en enero de 2026, lo que refleja la magnitud de los desafíos locales en comparación con otros países donde opera la plataforma.

Los problemas que sufren las familias para hacer frente a los pagos de sus préstamos no evitaron que Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, se sumara al debate. A través de un tuit, Galperin compartió un gráfico que ubicó a la Argentina con un ratio de deuda/PBI de 11,9%. Esta cifra se ubicó entre las más bajas de América Latina, solo por encima de Venezuela y Haití, y por debajo de varios países africanos incluidos en la muestra comparativa. Galperin cuestionó la cobertura periodística sobre el nivel de endeudamiento familiar y sostuvo que “Argentina tiene el menor ratio de deuda/PBI de todo el continente exceptuando a Haití y Venezuela... Tenemos un ratio de deuda/PBI menor que los países de África”.

El gráfico difundido por Galperin mostró que países como Chile, Honduras, Brasil y Bolivia registraron ratios deuda/PBI de los hogares superiores al 69%. Argentina, con 11,9%, quedó lejos de esos niveles y presentó un perfil de endeudamiento familiar bajo en términos regionales e internacionales. La comparación incluyó a Marruecos, Sudáfrica y Cabo Verde, todos con ratios por encima del 50%. Incluso Camerún y República del Congo exhibieron indicadores más elevados que el argentino.

La evolución de la mora en Mercado Pago se enmarca en un contexto de deterioro generalizado de la cartera en el sistema financiero, con particular impacto en las familias y en el segmento de fintechs y billeteras digitales. Las estrategias de evaluación de riesgo, la diversificación de fuentes de fondeo y la expansión regional forman parte de la respuesta de la empresa para enfrentar el aumento de la irregularidad. El dato de la mora regional, muy por debajo del nivel local, ilustra las diferencias entre mercados y la magnitud de los desafíos en la Argentina.

Luego de que un restaurante de Tandil denunciara a Carlos “Mono” Navarro Montoya por una deuda de 10 millones de pesos durante su paso por el Club Santamarina, la institución se desligó de la situación: “No se recibe entre los acreedores ningún reclamo de índole gastronómica”.

La controversia comenzó luego de que un local de la ciudad bonaerense denunciara al exarquero de Boca Juniors, al asegurar que tanto Navarro Montoya como parte de su cuerpo técnico consumieron durante meses sin abonar, con la promesa de que el club se haría cargo. Pero los pagos no se habrían concretado nunca.

El abogado de los denunciantes, Ignacio Barrios, explicó que la situación se dio durante el período en el que el exjugador dirigió al club tandilense.

Después de que la denuncia se hiciera pública, el club decidió emitir un comunicado. A través de un posteo en Instagram, escribieron: “Al momento de realizarse la asamblea que determinó que la actual comisión se haga cargo del club, no se recibe entre los acreedores ningún reclamo de índole gastronómica por alguna deuda contraída por el señor Carlos Fernando Navarro Montoya”.

Según la institución deportiva, tampoco se registran reclamos por parte de Navarro, quien recientemente aseguró que el club no solo no le pagó al restaurante, sino que tampoco al equipo técnico, lo que habría derivado en un litigio.

“No existe ni siquiera alguna mediación, ni juicio abierto, ni iniciado, aclarando que el club tampoco ha recibido notificación judicial alguna de lo que el señor Carlos Fernando Navarro Montoya denuncia públicamente”, desmintieron.

“Esta comisión directiva quiere dejar expresamente claro que no mantiene deuda ni reclamo alguno con Carlos Fernando Navarro Montoya ni con el espacio gastronómico que reclama a él una deuda por consumos en dicho lugar”, cerraron el comunicado.

En declaraciones a Infobae, el abogado del restaurante declaró que Navarro Montoya se comunicó con los damnificados “de mala manera, ofendido”, pero sin manifestar voluntad de pago: “Los únicos que mostramos pruebas somos nosotros”.

La versión de Navarro Montoya

Navarro Montoya, que dirigió siete partidos oficiales al frente de Santamarina antes de desvincularse del cargo en medio de una campaña irregular, se defendió de la acusación en Lape Club Social, por el canal América.

“Estábamos instalados con nuestras señoras en el hotel y, por comodidad, comíamos en el restaurante que está al lado del hotel”, expicó. “Yo firmaba por dos motivos: uno para cerciorar el club que el consumo era mío, y otro para que el restaurante tenga el control de lo que yo consumía”, agregó.

“Está claro que el club no pagó. No solo no le pagó al restaurante, sino que no me pagó a mí ni a mi cuerpo técnico. Estamos en letigio”, aseguró y responsabilizó a Santamarina de la deuda.

Aunque responsabilizó al club por no saldar las cuentas admtió: “A mí me quedó una deuda muy grande. A mí me llama la atención que el matrimonio dueño del restaurante, del que tengo el mejor concepto porque teníamos una relación muy linda, no se haya comunicado conmigo”.

Los damnificados

Según la versión de los propietarios, Navarro “estuvo un año comiendo de arriba". A su vez, señalaron que al principio el exarquero pidió confianza y aseguró que posteriormente regularizaría la situación. Más adelante, el propio DT indicó que sería Santamarina quien asumiría la deuda.

Barrios, incluso, reveló la frase que, según los propietarios, el entrenador solía decirles: “Después arreglamos”. “Él se fue de Tandil y nunca pagó”, añadió.

Los damnificados entregaron a la prensa tickets firmados por el exarquero, registros de fechas, montos y consumos, y videos de seguridad que respaldarían el reclamo.

Según los propietarios, hasta el momento ni el exjugador ni el club han saldado la suma reclamada. “En principio nos dijo que pagaría después y que no habría problemas. Luego agregó que sería el club el que se haría cargo de los pagos, pero hasta ahora nadie nos pagó”, indicó uno de los denunciantes en diálogo con la prensa.

“Ninguno mostró volunta de pago hasta el momento”, reforzó el penalista que presentará la denuncia por estafa. “No quieren resarcimiento, solo que les paguen lo que se consumió”, remarcó.

Durante su reciente paso por Tandil como director técnico de Santamarina, el exarquero de Boca Juniors Carlos “Mono” Navarro Montoya quedó en el centro de una controversia judicial tras ser denunciado por los dueños de un restaurante local: los propietarios aseguran que el exfutbolista y parte de su cuerpo técnico acumularon una deuda de 10 millones de pesos luego de consumir durante meses en el local sin abonar los gastos, bajo la promesa de que el club se haría cargo.

De acuerdo con la denuncia, que será presentada en la Justicia por el abogado Ignacio Barrios, los responsables del restaurante explicaron que Navarro Montoya y su equipo frecuentaron el sitio durante el tiempo que el exjugador dirigía al club tandilense.

“Estuvo un año comiendo de arriba”, manifestaron los damnificados, quienes señalaron que al principio el exarquero pidió confianza y aseguró que posteriormente regularizaría la situación. Más adelante, según la versión de los denunciantes, el propio Navarro Montoya indicó que sería Santamarina quien asumiría la deuda.

Barrios, incluso, reveló la frase que, según los propietarios, el entrenador solía decirles: “Después arreglamos”. “Él se fue de Tandil y nunca pagó”, añadió.

El restaurante se encuentra al lado de un hotel en el que se alojaba el ex arquero y que tenía un convenio de palabra con los gastronómicos.

Los damnificados entregaron a la prensa tickets firmados por el exarquero, registros de fechas, montos y consumos, y videos de seguridad que respaldarían el reclamo. 

Según los propietarios, hasta el momento ni el exjugador ni el club han saldado la suma reclamada. “En principio nos dijo que pagaría después y que no habría problemas. Luego agregó que sería el club el que se haría cargo de los pagos, pero hasta ahora nadie nos pagó”, indicó uno de los denunciantes en diálogo con la prensa.

“Ninguno mostró volunta de pago hasta el momento”, reforzó el penalista que presentará la denuncia por estafa. “No quieren resarcimiento, solo que les paguen lo que se consumió”, remarcó.

La versión de Navarro Montoya

Navarro Montoya, que dirigió siete partidos oficiales al frente de Santamarina antes de desvincularse del cargo en medio de una campaña irregular, se defendió de la acusación en Lape Club Social, por el canal América.

“Estábamos instalados con nuestras señoras en el hotel y, por comodidad, comíamos en el restaurante que está al lado del hotel”, expicó. “Yo firmaba por, por dos motivos: uno, para, para cerciorar el club que el consumo era mío, y otro para que el restaurante tenga el control de lo que yo consumía”, agregó.

“Está claro que el club no pagó. No solo no le pagó al restaurante, sino que no me pagó a mí ni a mi cuerpo téctico. Estamos en letigio”, aseguró y responsabilizó a Santamarina de la deuda.

Aunque responsabilizó al club por no saldar las cuentas admtió: “A mí me quedó una deuda muy grande. A mí me llama la atención que el matrimonio dueño del restaurante, del que tengo el mejor concepto porque teníamos una relación muy linda, no se haya comunicado conmigo”.

Ecopetrol S.A. consolidó dos operaciones clave para fortalecer su posición financiera y encarar los próximos desafíos: cerró un acuerdo con el Gobierno nacional para saldar cuentas pendientes y obtuvo la autorización de un nuevo crédito internacional que permitirá reorganizar pasivos. Ambas decisiones, anunciadas en comunicaciones al mercado, buscan —de manera simultánea— recuperar recursos atrasados y mejorar las condiciones de financiación de la compañía.

Según informó la empresa estatal, la deuda total reconocida por el Gobierno relacionada con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) asciende a $1,6 billones. De este monto, Ecopetrol es responsable de $1,2 billones, y Refinería de Cartagena de otros $0,4 billones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El pago se ejecutará en dos etapas: una suma menor en efectivo que ya se giró el 1 de abril de 2026 y el saldo pendiente a cancelarse mediante títulos de deuda pública (TES) en diciembre de ese mismo año. El pacto incorpora un interés compensatorio por el tiempo transcurrido entre la firma del acuerdo y la cancelación total, que responde a la espera de los recursos.

El pacto con el Gobierno nacional permite reducir los saldos atrasados del Fepc

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles es el mecanismo que el Estado colombiano utiliza para mitigar la volatilidad de los precios al consumidor. El nuevo acuerdo, firmado también por la Refinería de Cartagena, cubre las obligaciones correspondientes al primer trimestre de 2025 y da visibilidad sobre el flujo de ingresos futuros para Ecopetrol.

La petrolera, una de las cuatro principales de Latinoamérica, subrayó que el entendimiento refleja el reconocimiento pleno de la deuda por parte del Ejecutivo y representa un avance significativo en la reducción de los saldos pendientes acumulados del Fepc. Un detalle relevante es la modalidad de pago escalonada, que busca optimizar la gestión de tesorería de la empresa y evitar impactos adversos en el mercado de deuda pública.

Ecopetrol accede a un nuevo crédito externo de USD 1.250 millones para reorganizar obligaciones

El Ministerio de Hacienda, que lidera Germán Ávila Plazas, aprobó que Ecopetrol contrate un crédito externo hasta por USD 1.250.000.000. La financiación será proporcionada por un grupo de bancos internacionales: BBVA, Bank of America, JP Morgan y Bank of China. El préstamo tiene un plazo de cinco años, pagadero en cuatro cuotas uniformes, y la tasa de interés variará según condiciones de mercado.

La operación permitirá sustituir un préstamo anterior de USD 1.200.000.000 y refinanciar parcialmente otra deuda por USD 50.000.000. Según ejecutivos de la compañía, este tipo de refinanciamientos son fundamentales para optimizar el perfil de vencimientos y asegurar condiciones competitivas incluso ante un contexto internacional adverso.

Junta de Ecopetrol se reunirá con el presidente Petro antes de anunciar respaldo a Ricardo Roa

La junta directiva de Ecopetrol habría acordado convocar una reunión presencial con el presidente de la República, Gustavo Petro, antes de tomar una decisión definitiva sobre la continuidad de Ricardo Roa al frente de la petrolera estatal.

El encuentro, previsto tentativamente para el 6 de abril de 2026, en la Casa de Nariño, sería determinante para definir si el directivo permanecería en el cargo, presentaría su renuncia o solicitaría una licencia en medio de las investigaciones penales que enfrenta.

La decisión se habría producido tras una extensa sesión de la junta celebrada el 30 de marzo, que se habría prolongado por cerca de siete horas sin lograr consenso. Cinco integrantes respaldan la continuidad de Roa, mientras que cuatro se inclinan por su salida, según el artículo que publicó El Tiempo.

En este escenario, la reunión con el presidente Petro aparece como un intento de destrabar el empate y orientar la decisión final. Sin embargo, el encuentro no contará con la participación de todos los miembros. Luis Felipe Henao, representante de los fondos de pensiones, y Ricardo Rodríguez Yee, delegado de los departamentos productores de petróleo, decidieron no asistir.

Ambos ya habían dejado constancia en actas sobre su preocupación por los riesgos reputacionales y financieros de mantener a un presidente bajo investigación penal. A esta postura se suman César Loza y Juan Gonzalo Castaño, que también advirtieron sobre el impacto potencial para la compañía.

La dinámica del mercado de cambios en la Argentina atraviesa un período de marcada estabilidad, caracterizado por una recuperación en la capacidad de compra del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y un equilibrio de flujos que ha logrado mitigar las tensiones externas. A pesar de un contexto global volátil, marcado por conflictos bélicos y cambios en la tasa de interés internacional, el frente doméstico ha logrado sostenerse sobre pilares que combinan la contracción de la demanda importadora, el financiamiento de las empresas y la expectativa de una cosecha gruesa favorable, que comienza en abril.

Uno de los factores determinantes en la actual calma cambiaria ha sido el comportamiento del sector privado en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Según un informe de la consultora LCG, la estabilidad no depende exclusivamente de los sectores tradicionales de exportación.

“Más allá del superávit energético y del agro, una parte no despreciable de la estabilidad en el MULC proviene de préstamos tomados y bonos emitidos por el sector privado”, explica la entidad. Esta deuda corporativa en el exterior, emitida en los últimos meses, suma aproximadamente USD 9.000 millones desde noviembre de 2025. De ese total, LCG destaca que “se está liquidando de a poco (unos USD 6.000 M de liquidación neta desde noviembre, incluyendo también préstamos en dólares de bancos locales), y son la contracara parcial de las compras que efectúa diariamente el BCRA”.

Esta entrada de divisas ha promediado los USD 1.500 millones mensuales, a excepción del período electoral de octubre del año pasado. No obstante, el informe advierte sobre la sostenibilidad de este flujo ante un escenario internacional más complejo: “Será interesante ver si esa estabilidad se mantiene en un contexto de flight to quality y de tasas de Treasuries más elevadas, más allá de las liquidaciones pendientes de lo ya emitido”.

Menos demanda y más oferta

Por su parte, un análisis de GMA Capital pone el foco en la recomposición de los flujos comerciales como el motor principal detrás de la recuperación del Banco Central. La entidad señala que no existe un único factor, sino una combinación de ajuste en la demanda e incremento de la oferta.

En cuanto a la demanda, las importaciones han mostrado un retroceso significativo. “Las importaciones se contrajeron con fuerza, tanto en la comparación mensual como en el acumulado: solo en febrero, la caída superó los USD 750 millones interanuales (-15,7% i.a.)”, detalla GMA Capital. En el primer bimestre de 2026, esta reducción acumulada ya supera los USD 2.100 millones.

Simultáneamente, la oferta de divisas ha ganado tracción gracias a precios internacionales favorables y una campaña de trigo que alcanzó niveles récord. Durante el mes de marzo, el complejo exportador liquidó más de USD 2.000 millones, lo que representa un salto del 57% respecto al mes anterior y una mejora del 8% interanual. De acuerdo a los datos de la consultora, el ingreso acumulado en lo que va de 2026 asciende a USD 5.172 millones.

El impacto de la salida del cepo y la dolarización familiar

Un punto de análisis fundamental para entender la estabilidad actual es el comportamiento de las personas físicas tras la liberación de las restricciones cambiarias. LCG sostiene que, si bien la salida del cepo para los individuos tuvo efectos positivos sobre la brecha y el sinceramiento de las condiciones, también introdujo nuevos desafíos.

“Desde la salida del cepo para personas físicas, las compras de billetes y divisas aumentaron fuertemente, generando incertidumbre sobre cómo administrar tensiones en el mercado de cambios”, observa el informe de la consultora. Estas compras se vieron potenciadas por la percepción de que el tipo de cambio se encontraba en niveles competitivos. “Esas compras explotaron en período electoral, pero también fueron fogoneadas por la idea generalizada de que el dólar estaba barato”, añaden los especialistas.

Para LCG, este comportamiento de ahorro en moneda extranjera diferencia a la Argentina de otros procesos de estabilización. “En Argentina es como si el flujo de remesas fuera negativo y constante, lo cual impone desafíos adicionales en la estabilización de la economía”, comparando la situación local con casos como el de Israel, donde el flujo de remesas de residentes ayudó a administrar mejor el frente cambiario.

Desafíos para el segundo semestre

A pesar del optimismo por la cercanía de la cosecha gruesa, el horizonte de 2026 presenta obstáculos financieros de magnitud. GMA Capital advierte que el frente externo sigue condicionado por un calendario de pagos exigente. Entre 2026 y 2027, se concentran vencimientos de títulos públicos (Bonares y Globales) por un total de USD 14.522 millones.

Además, en marzo las reservas netas sufrieron una caída de USD 866 millones debido al pago de vencimientos a organismos internacionales y la depreciación de activos como el oro. Esta situación se da en un contexto donde el riesgo país ha vuelto a subir por encima de los 600 puntos básicos, cerrando momentáneamente la ventana para regresar al mercado internacional de crédito en condiciones favorables.

GMA Capital subraya que la estrategia actual parece volcarse a “captar los dólares de los argentinos”, aunque esta tarea no resulta sencilla debido a la incertidumbre política a mediano plazo. “Con elecciones presidenciales en 2027, la probabilidad de un cambio en el rumbo económico es diferente de cero”, indica el reporte. Esto se traduce en una exigencia de mayores tasas de rendimiento para los instrumentos que superan el año y medio de plazo, evidenciando un apetito limitado por los bonos en dólares en las últimas licitaciones del Tesoro.

Las proyecciones

Para el corto plazo, el consenso de los analistas apunta a que la estabilidad se mantendrá gracias a la estacionalidad del sector agropecuario. Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), “el frente cambiario mantiene su solidez pese al shock externo, lo que probablemente se extienda ya que se avecina un período estacional favorable para la acumulación de reservas”.

PPI anticipa que, a partir de abril, la liquidación del agro debería acelerarse significativamente, lo que permitiría que el Banco Central realice compras de divisas más significativas. En esta misma línea, GMA Capital cita datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), indicando que la cosecha gruesa podría aportar cerca de USD 35.000 millones en 2026, lo que representa un incremento del 6% respecto al año anterior.

Sin embargo, las dudas persisten sobre lo que ocurrirá una vez que finalice el período de alta liquidación. LCG plantea una interrogante clave para la segunda mitad del año: “¿Qué pasaría si el flujo de deuda privada se atenúa frente a peores condiciones de liquidez globales y las compras de familias se exacerban por el convencimiento de dólar barato?”. Si bien los próximos tres meses ofrecen un alivio por la oferta de divisas de la cosecha, la consultora concluye que “en el segundo semestre las cuentas pueden cambiar”, sugiriendo que la actual calma cambiaria deberá enfrentar una prueba de resistencia hacia el final de 2026.

Aunque las Bolsas europeas y las de Nueva York hayan moderado sus pérdidas sobre el final, la suba del petróleo es la punta de un iceberg que está destruyendo a las empresas y las economías. Por caso, el crudo aumentó 50% durante la crisis, pero el aerokerosene JP1, el combustible que utilizan los aviones, subió 100 por ciento. En tanto, cayó el número de pasajeros y el valor de las grandes empresas aéreas del mundo porque sus acciones se derrumbaron. A las refinerías les falta petróleo para procesar y provocaron un aumento inusual de los combustibles.

Matías Togni, analista de la consultora petrolera NextBarrel señaló que “el mercado leyó el discurso de Trump como una continuación de lo que vimos hasta ahora, el intento de calmar a los mercados funcionó en sentido contrario y el petróleo recuperó toda la baja de los últimos días para volver a los 110 dólares. Sin embargo, esta cifra esconde la realidad del mercado energético”.

“En el mercado físico, lo que se paga para comprar un barril por encima del futuro de referencia, tocó récords históricos, lo que sugiere una desconexión entre el mundo financiero y el real, donde los barriles cambian de manos. En ese mundo real, el gasoil tocó los 200 dólares por barril en Rotterdam que es la referencia para Europa. La semana que viene tendremos esos precios en las Américas”, agregó Togni.

La Argentina es importadora de gasoil y ese incremento llegará a estas costas. El conflicto sigue siendo una amenaza para la inflación argentina y para el precio de sus bonos de la deuda. El transporte y el agro son los principales consumidores de gasoil en territorio argentino.

El mundo en estos días dejó de buscar refugio en bonos de la región. Una prueba es que el índice de países emergentes ayer bajó 1,2%, mientras los bonos del Tesoro norteamericano subieron y su tasa de rendimiento cedió a 4,31% lo que muestra que los inversores volvieron a refugiarse en ese título soberano y dejaron de lado el oro.

El aumento de los títulos del Tesoro de Estados Unidos fue de la mano de la revalorización del dólar frente a las principales monedas del mundo. El DXY, el índice que mide la relación de las divisas, subió a 100,01 puntos y en una semana se revalorizó 0,16 por ciento. Las causas de la fortaleza del dólar no son las mejores.

La extensión del conflicto obliga a mantener las tasas de interés en Estados Unidos en niveles altos, lo que afecta el poder adquisitivo de los estadounidenses al encarecer los pagos de hipotecas, que alcanzaron un 6,35% anual. También subieron las tasas de las tarjetas de crédito y el precio del galón de nafta, que pasó de USD 2,98 en febrero a USD 4,02, lo que representa un alza del 35 por ciento. Estas subas presionan sobre la inflación, que a su vez impulsa nuevas alzas en las tasas de interés. En términos comparativos, el precio del litro de nafta en EE.UU. es de USD 1,06, mientras que en Argentina asciende a USD 1,43 medido al tipo de cambio MEP.

Si bien hubo alivio porque Irán respondió de manera diplomática a las palabras de Trump, habrá que ver cómo funcionará el estrecho de Ormuz a cargo de Irán y Omán. Las compañías de seguro no rebajarán las altas primas que están cobrando por transportar el crudo por el estrecho donde pasa el 20% del volumen que se comercializa en el mundo y es abastecimiento clave para Europa.

El cierre de los principales índices de las Bolsas de Nueva York con leves alzas de 0,11% para el S&P 500 y de 0,18% para el Nasdaq, es irrelevante. Los fondos de inversión siguen siendo grandes vendedores de acciones que dejaron de ser cobertura. El S&P 500 acumula una caída de 3,8% en el año y el Nasdaq de 4,8 por ciento. Los pequeños y medianos ahorristas norteamericanos están en ese mercado a través de los fondos de inversión ya que se trata de un ahorro más instalado que el plazo fijo. Por eso, el consumidor está viendo que sus ahorros bajan y sus deudas suben porque aumentan hipotecas y alquileres, además de las tarjetas y créditos personales de los bancos.

Este escenario es el que endurece el retorno de la Argentina a los mercados de crédito internacionales cuando tiene que pagar vencimientos por más de USD 4.200 millones en julio y las reservas de netas siguen siendo negativas. El dólar fuerte atenta contra el pago porque buena parte de las reservas están en yuanes. No hay dudas de que la Argentina pagará capital e intereses, pero acudirá a los mecanismos por afuera del mercado para hacerlo, respaldado por Estados Unidos.

Hoy los mercados en Estados Unidos permanecen cerrados por el Viernes Santo y no hay operaciones overnight en ese país, aunque el resto de los mercados internacionales sí están activos. Por ese motivo, el WTI, el petróleo de referencia estadounidense, se negoció en Europa y registraba una baja de 0,40%, ubicándose en 111,14 dólares. Por su parte, el Brent cerró la jornada con una suba del 8% a 109,24 dólares. El oro continuaba en descenso y caía 0,48% hasta 4.679,70 dólares. Todos estos valores tienen un carácter relativo, ya que el mayor mercado mundial hoy no participa de las operaciones.

Si hoy no hubiera sido feriado en Argentina, es probable que la Bolsa local se hubiera mostrado estable, aunque con un incremento en el riesgo país debido a la caída de los bonos soberanos argentinos en los mercados internacionales.

El difícil primer trimestre que atravesaron los mercados globales, con caídas acumuladas en Wall Street del orden del 5%, también impactó sobre Argentina, especialmente en lo que hace al comportamiento de los bonos. Luego de un inicio de año muy favorable, lentamente las cotizaciones fueron perdiendo fuerza y el riesgo país volvió a superar los 600 puntos básicos.

Como siempre sucede, existen varios motivos que explican la debilidad de los bonos en dólares. No alcanzó con los casi USD 4.500 millones que compró el Banco Central en lo que fue el inicio de la fase 4. Estas intervenciones estuvieron en línea con lo que demandaban los inversores: que el país fortalezca su posición de reservas.

Pero lo que más afectó a la deuda local fue la guerra desatada en el Golfo Pérsico, que tuvo como impacto principal un fuerte aumento del precio del barril de petróleo, por encima de los 100 dólares.

Los activos de más riesgo fueron los que más sufrieron, ante la búsqueda de refugio por parte de los inversores. Y los bonos argentinos fueron más castigados que otros emergentes.

Ahora la apuesta que empiezan a plantear muchos inversores es que el segundo trimestre arroje un mayor apetito por la deuda argentina. Hay algunos factores que podrían jugar a favor. Por un lado, se espera que el Banco Central acelere aún más su ritmo de compras, por lo que podría completar compras por más de USD 10.000 millones en el primer semestre. O incluso una cifra mayor.

El fallo de la justicia norteamericana que anuló la condena a la Argentina por YPF también debería jugar a favor. Por lo pronto, el Gobierno se saca de encima la mochila de hacer frente a una condena de USD 16.000 millones, lo cual representa un resultado favorable para los inversores.

Otro aspecto clave es que el mercado internacional también se tranquilice si finaliza la guerra y el precio del petróleo empieza a bajar. El discurso de ayer de Donald Trump no fue lo que esperaban los mercados, porque anunció nuevos bombardeos a Irán. El presidente norteamericano se limitó a decir que el conflicto terminará “muy pronto”.

Un informe de Delphos Investment destacó que los bonos corporativos se despegaron de los soberanos. Mientras que el riesgo país se mantuvo arriba de los 600 puntos, el riesgo de los títulos emitidos por empresas se desplomó a niveles de 330 puntos básicos.

“Esta dinámica refleja la capacidad de los créditos corporativos argentinos de desligarse de las fluctuaciones de corto plazo sujetas a shocks externos. La demanda por flujos en dólares MEP y la ausencia de riesgo político electoral sostienen la compresión en el tramo”, destacaron desde Delphos.

Otra forma de leerlo es que la deuda argentina fue exageradamente castigada en las últimas semanas. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que esa diferencia se empiece a achicar, sobre todo si se tranquiliza el panorama de los mercados.

Un caso claro que marca la brecha entre los bonos soberanos y los corporativos se dio esta semana con la colocación de Pampa Energía. La empresa que controla Marcelo Mindlin colocó un bono en dólares en el mercado local con vencimiento en 2029 con un rendimiento de 5,49% anual. En cambio, el Bonar 2028 que emitió el Tesoro salió a una tasa sustancialmente mayor de 8,5 por ciento.

El riesgo político le sigue jugando una mala pasada al Gobierno. Los bonos soberanos que vencen hasta 2027 cotizan por debajo del 6% anual, mientras que los que deben pagarse a partir de 2028 tienen tasas sustancialmente mayores.

“El tramo corto de la curva corporativa se beneficia de la demanda cautiva de importadores y fondos que buscan flujos en dólares MEP, lo que genera una presión compradora sostenida que comprimió significativamente las tasas cortas desde la previa electoral legislativa”, agregaron desde Delphos.

Aún cuando la deuda local presente una mejora significativa, el Gobierno está lejos aún de volver a financiarse en los mercados internacionales. Por eso, la estrategia se centra en seguir colocando bonos relativamente cortos en el mercado local para aprovechar los dólares ociosos de los ahorristas.

El Ministerio de Economía sostiene una estrategia basada en tres frentes para enfrentar el vencimiento de deuda de julio por USD 4.200 millones: la venta de activos, la búsqueda de nuevos mecanismos de financiamiento internacional y el impulso al mercado de capitales local. Aunque las recientes colocaciones de bonos en dólares resultaron exitosas en términos generales, en el escenario más favorable, Luis Caputo, lograría incorporar menos de USD 620 millones al Tesoro hacia fin de mes. Esto refuerza la perspectiva de que podría ser necesaria la asistencia externa para afrontar el pago de mitad de año.

Desde el comienzo de las licitaciones de los títulos en dólares, el Gobierno adquirió USD 931 millones, de los cuales utilizó algunos en el pago de deuda a organismos internacionales, lo que explica la merma en sus depósitos en el Central.

El viernes, Finanzas adjudicó USD 300 millones a través de dos títulos: el Bonar 2027 (AO27) y el Bonar 2028 (AO28), ambos denominados en moneda extranjera. Con esta operación ya se garantizó el ingreso de USD 150 millones por cada bono, recursos que quedarán contabilizados en los depósitos del Tesoro a partir del martes 31 de marzo. Tras conseguir otros USD 131 millones en la segunda licitación del lunes, el saldo total escalará a USD 619 millones antes de finalizar el mes

El último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente al 26 de marzo, detalló que los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en la entidad ascendían al equivalente de 188 millones de dólares. Este cálculo surgió de una conversión de $257.348 millones a un tipo de cambio de $1.370 por dólar.

El viernes, la primera subasta de Bonar 2027 y Bonar 2028 permitió a Finanzas captar USD 300 millones. Cada uno de los bonos aportó USD 150 millones, monto que ya quedó asegurado y que se sumará a los depósitos del Tesoro el martes 31 de marzo. De esta manera, el stock acumulado ascendería a USD 619 millones, siempre y cuando no se produzcan movimientos de salida.

Más allá del financiamiento local, la atención se centra en el mecanismo que el ministro Caputo afirmó tener asegurado para cubrir los vencimientos de capital de julio, y de enero y julio del próximo año. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Economía consultadas por Infobae, no se trataría de un préstamo con bancos internacionales, como el realizado por el BCRA en enero, y su anuncio se espera en las próximas semanas.

Expectativas menores

Tras la licitación del viernes pasado, la Secretaría de Finanzas adjudicó este lunes USD 131 millones adicionales en Bonares 2027 y 2028, mediante una colocación por adhesión.

La operación incluyó dos series: el Bonar 2027 (AO27), que sumó USD 97 millones con una tasa interna de retorno efectiva anual de 5,12% y una tasa nominal anual de 5%. Por su parte, el Bonar 2028 (AO28) totalizó USD 34 millones, con una tasa interna de retorno efectiva anual de 8,86% y una tasa nominal anual de 8,52 por ciento. En ambos casos, puede emitir hasta USD 2.000 millones a fin de enfrentar el cronograma de vencimientos de julio.

El objetivo de la emisión fue atraer dólares del mercado, en un contexto donde el Tesoro busca diversificar sus fuentes de financiamiento y ofrecer opciones en moneda extranjera a inversores con distintos perfiles de riesgo y plazo.

La atención estaba puesta en si Finanzas lograría repetir la colocación máxima del AO27, como había ocurrido en subastas anteriores. En esta oportunidad, el monto se ubicó apenas por debajo del tope de 100 millones de dólares. En el caso del AO28, la adjudicación fue más baja, con solo USD 34 millones frente al máximo permitido de 100 millones de dólares.

La referencia a una demanda consolidada sobre el AO27 sugiere que los inversores identifican a este título como una alternativa sólida dentro del menú de opciones en moneda extranjera, ya que el vencimiento es en octubre de 2027, dentro del mandato de Javier Milei. En contraste, el AO28 enfrentó un interés más moderado en la primera vuelta, que se profundizó en la segunda etapa.

La evolución de las licitaciones muestra una dinámica de creciente interés por los bonos en dólares, especialmente en el caso del AO27. El Gobierno consiguió captar recursos relevantes en ambas series, aunque la respuesta de los inversores frente al AO28 resultó algo más contenida. La tasa de corte en torno al 8,5% aparece como un elemento central en la definición de la demanda, ya que representa una referencia para quienes evalúan ingresar en la segunda vuelta.

Con ello, el ministro Caputo demostró lo que quería, que el “riesgo kuka” aún existe. Al difundir el resultado de la licitación del viernes, destacó que en ambos casos el monto a colocarse era de USD 150 millones. Pese a ello, el AO27 recibió ofertas por USD 466 millones y validó una tasa nominal anual (TNA) de 5,02%, mientras que el AO28 sumó USD 226 millones con una TNA de 8,5 por ciento. Caputo también detalló los diferenciales de riesgo país: 117 puntos básicos para el bono a 2027 y 460 puntos básicos para el título a 2028. Además, calculó una tasa forward bajo un escenario de alternancia política, que alcanzó 14,09% TNA.

En los primeros dos meses de 2026, las finanzas públicas de México presentaron un desempeño que supera las metas establecidas, caracterizándose por un crecimiento en los ingresos presupuestarios y un manejo responsable del gasto público.

Este resultado, que consolida una tendencia de disciplina fiscal, cobra especial relevancia ante el descenso del costo financiero de la deuda, que disminuyó 6.4% en términos reales con respecto al año anterior, reflejando el impacto positivo de la apreciación del tipo de cambio y la normalización fiscal, según información oficial difundida el 30 de marzo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un comunicado.

La proporción de la deuda pública frente al Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó en 49.8% hacia el cierre del bimestre, cifra que resulta favorable comparada con la de otras economías emergentes de América Latina y evidencia la persistencia de una estrategia de manejo prudentemente estructurada.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gobierno federal mantuvo la mayor parte del portafolio en moneda nacional, a tasas fijas y con vencimientos de largo plazo, con el objetivo de mitigar tanto los riesgos asociados al tipo de cambio como los de refinanciamiento.

Ingresos tributarios del gobierno de México aumentaron en los primeros dos meses del año

En términos de recaudación fiscal, la suma de los ingresos tributarios aumentó un 2.6% real anual durante este periodo, encadenando así cuatro años consecutivos de crecimiento en el primer bimestre.

Este avance se atribuye a una mayor eficiencia administrativa, el endurecimiento de las acciones contra el contrabando y la implementación de herramientas digitales que han optimizado los procesos de fiscalización.

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) registró un crecimiento de 4.9% real anual, excediendo en 33 mil millones de pesos el monto programado, derivado del aumento en los salarios reales y las utilidades empresariales, así como de un mayor índice de cumplimiento voluntario.

Por contraste, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) experimentó un retroceso de 8.8% en términos reales debido, principalmente, a la apreciación del tipo de cambio —que varió de 20.5 pesos por dólar en 2025 a 17.5 en 2026— lo que impactó la valuación en moneda nacional de los bienes importados, sumado a la elevada base de comparación del año anterior, cuando se registró el mayor crecimiento desde 2010.

A su vez, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) mostró un incremento notable de 14.2% real anual, cifra que supera con amplitud el promedio observado en la última década (4.3%).

El componente de combustibles dentro del IEPS reportó un alza de 16.6%, relevante en un contexto de reducción de estímulos fiscales si se compara con el primer bimestre de 2025. En tanto, el resto de los productos gravados con este tributo, en particular los tabacos labrados y las bebidas azucaradas, aportaron un crecimiento adicional de 11.3%.

Por el lado de los ingresos no tributarios, el aumento fue de 8.9% real anual, sobresaliendo los rubros de aprovechamientos, que crecieron 23%, y derechos, con una subida de 0.9%. En cambio, el concepto de productos descendió 44.2%.

Pemex, IMSS e ISSSTE presentan aumentos mientras el gasto público sigue controlado

El desempeño de los organismos estatales también contribuyó al resultado global. Los ingresos propios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incrementaron en 10.8% real anual, superando en 8 mil millones de pesos lo programado; en tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) mostraron crecimientos de 2.2% y 0.3% real, respectivamente,

Durante el primer bimestre de 2026, el gasto público mostró un énfasis en el desarrollo social, con un incremento del 12.4% real anual, nivel superior al promedio de la última década (3.0%). Del desglose, destaca el gasto en salud, que aumentó 60.8%, seguido del sector educativo con 7.4% y la protección social con 6.8%.

El sistema bancario panameño inició 2026 con una expansión sostenida del crédito, un aumento relevante en los depósitos y una ligera presión en la morosidad, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Entre enero y febrero, el Centro Bancario Internacional mostró un crecimiento impulsado por el consumo, el comercio y la vivienda, mientras el sistema mantiene una posición sólida en activos y liquidez.

Al cierre de febrero de 2026, la cartera crediticia neta alcanzó $100,348.3 millones, reflejando un incremento interanual de 5.39%, equivalente a $5,134.8 millones adicionales frente a igual periodo de 2025.

Este desempeño confirma que el crédito sigue siendo el principal motor del sistema bancario, con un ritmo de expansión superior al registrado un año atrás, cuando el crecimiento fue más moderado.

Dentro de esta cartera, el crédito se concentró en consumo, comercio e hipotecario, que elevaron su participación conjunta de 78.7% a 80.3% del total.

El segmento de consumo mantuvo un rol clave, con una cartera de préstamos personales que supera los $30,000 millones, dentro de la cual los créditos de autos registraron un crecimiento de 11.36%, alcanzando montos cercanos a $3,000 millones, mientras que las tarjetas de crédito superaron los $8,000 millones, con un aumento de 8.14% en comparación con el mismo periodo de 2025.

El crédito hipotecario, por su parte, superó los $18,000 millones, con un crecimiento cercano a 5.8%, impulsado por la demanda de vivienda y condiciones de financiamiento aún competitivas.

En tanto, el financiamiento al sector comercio alcanzó niveles superiores a $15,000 millones, con un crecimiento aproximado de 6.2%, reflejando una mayor actividad empresarial y recuperación del consumo interno.

Sin embargo, no todos los sectores avanzaron al mismo ritmo. Actividades como construcción e industria mostraron un menor dinamismo, con crecimientos débiles e incluso caídas puntuales en algunos rubros, lo que evidencia una recuperación económica aún desigual. Esta diferencia sectorial también impacta la distribución del riesgo dentro de la cartera bancaria.

En términos de calidad de cartera, la morosidad registró un leve incremento frente a los dos primeros meses de 2025, principalmente por el crecimiento en segmentos de mayor riesgo como consumo y tarjetas.

A pesar de este aumento, los niveles se mantienen controlados dentro de parámetros prudenciales, gracias a provisiones y políticas de riesgo más estrictas por parte de los bancos.

En cuanto al fondeo, los depósitos totales del sistema superaron los $120,000 millones, con un crecimiento interanual impulsado principalmente por los depósitos externos, que continúan posicionando a Panamá como un centro financiero regional.

Este flujo refleja la confianza en la plaza bancaria y el rol estratégico del país en la intermediación de capitales. Este comportamiento, aunque positivo en términos de liquidez, también introduce un riesgo estructural: una mayor dependencia del fondeo externo. Países como Colombia, Costa Rica y Brasil concentran buena parte de estos recursos, lo que significa que cualquier cambio en las condiciones regionales podría impactar directamente la estabilidad del sistema panameño.

Los depósitos locales mostraron un crecimiento más moderado, mientras que las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo fijo mantuvieron una evolución estable.

Este comportamiento sugiere que, aunque el consumo crece, los agentes económicos conservan una actitud prudente en el manejo de liquidez, equilibrando gasto y ahorro.

En paralelo, los activos del sistema reflejan esta expansión. Al cierre de enero de 2026, los activos netos del Centro Bancario Internacional alcanzaron $163,327.9 millones, lo que representa un incremento interanual de 5.60%, equivalente a $8,666.7 millones adicionales.

Este crecimiento consolida la fortaleza estructural del sistema bancario panameño.

Otro elemento relevante en este inicio de año es la continuidad de los movimientos dentro del sector bancario, incluyendo adquisiciones y reorganizaciones, que reflejan una estrategia de consolidación orientada a ganar eficiencia, escala y competitividad. Estas operaciones han sido interpretadas como señales de confianza por parte de inversionistas en el mercado panameño.

Comparado con el mismo periodo de 2025, el sistema muestra una mayor velocidad de crecimiento en crédito y depósitos, pero también enfrenta un entorno más exigente en términos de gestión de riesgo. El dinamismo del consumo, aunque impulsa la actividad, exige un monitoreo más riguroso de la calidad de cartera.

En cuanto a ingresos, el ingreso neto de intereses creció 4.22%, alcanzando $570.33 millones, mientras que los otros ingresos aumentaron 19.06%, impulsados principalmente por el crecimiento en comisiones. No obstante, los gastos generales crecieron 22.63%, lo que limitó la mejora en el resultado operativo.

En términos de resultados, la utilidad neta acumulada a febrero se ubicó en $420.12 millones, lo que representa una caída de 9.52% frente al mismo período de 2025. En contraste, la utilidad antes de provisiones se mantuvo prácticamente estable, con un crecimiento de 0.64%.

El principal factor detrás de la reducción en la utilidad fue el incremento en provisiones, que aumentaron 64.61% interanual, pasando de $73.8 millones a $121.4 millones. Este aumento refleja una mayor cobertura frente al riesgo crediticio, en un contexto de expansión del crédito, especialmente en el segmento externo.

En conjunto, los primeros meses de 2026 evidencian un sistema bancario que crece con fuerza, diversifica su cartera y mantiene niveles sólidos de liquidez, aunque con el reto de contener el aumento en la morosidad.

La evolución del crédito por segmentos, el comportamiento de los depósitos externos y la calidad de los activos serán determinantes para el desempeño del sector en lo que resta del año.

El Ministerio de Economía colocó USD 300 millones en dos bonos en dólares y adjudicó un total de $11,04 billones durante la última licitación de deuda. De esta manera, el equipo económico evitó liberar pesos al mercado y acelera la estrategia de juntar divisas para hacer frente a los vencimientos de deuda por USD 4.200 millones de julio.

En el plano de moneda local, la Secretaría de Finanzas anunció que recibió ofertas por $12,53 billones y terminó colocando $11,04 billones, lo que equivale a un rollover del 138,52% respecto a los vencimientos que operaban este viernes. La elevada tasa de refinanciamiento cristaliza que Economía se encuentra a gusto con la liquidez actual del mercado, en un contexto de baja de tasas y estabilidad cambiaria.

Sin embargo, el interés del mercado se posó especialmente en los instrumentos en dólares, donde el Gobierno emitió dos títulos: el AO27, con vencimiento en octubre de 2027, por un monto de USD 150 millones a una tasa de 5%, y el AO28, con vencimiento en octubre de 2028, también por USD 150 millones y un rendimiento anual de 8,52 por ciento.

El lunes, hasta las 13 horas, se abrirá una segunda instancia para suscribir los bonos AO27 y AO28, ofreciendo un monto adicional de USD 100 millones por cada uno, a los precios determinados en la licitación actual.

Ambos títulos en dólares concentraron la atención de los inversores, en un contexto donde el acceso a financiamiento en moneda extranjera resulta clave para la estrategia oficial. El nivel de demanda permitió al Gobierno captar el máximo previsto para cada bono y establecer referencias de tasas para futuras colocaciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó a través de su cuenta de X que en la subasta de este viernes se recibieron ofertas por USD 466 millones para el bono con vencimiento en octubre de 2027 (AO27), con una tasa nominal anual (TNA) de 5,02% y de USD 226 millones para el título que vence en octubre de 2028 (AO28) con una TNA de 8,5 por ciento.

De acuerdo a los cálculos realizados por el titular del Palacio de Hacienda, la primera opción equivale a un riesgo país de 117 puntos básicos bajo la gestión Milei. En tal sentido, consideró que el riesgo país al décimo mes de 2028 es de 460 unidades y adjudicó la diferencia al “riesgo kuka”.

“En la licitación de pesos, sin los bonos en dólares y sin canje, se extendió la vida promedio de la cartera en 1,62 años. Se patearon $5 billones a 2028″, resaltó Felipe Núñez, director del BICE y pieza clave del equipo que lidera Caputo.

El bono AO28 prevé el pago total del capital al vencimiento, fijado para el 31 de octubre de 2028, y ofrece pagos mensuales. Al igual que el AO27, el límite total de colocación es de USD 2.000 millones, aunque en cada licitación no puede superar los USD 250 millones (USD 150 millones en la primera y USD 100 millones en la segunda ronda). Esta estrategia apunta a cubrir obligaciones cercanas y a fortalecer la disponibilidad de dólares en el sistema financiero local.

La evaluación entre el AO27 y el AO28 evidencia una mayor inclinación de los inversores hacia el primer bono, ya que su vencimiento se produce antes de las próximas elecciones presidenciales, lo que implica un riesgo político más bajo. El AO28, por su parte, implica asumir compromisos que trascienden el actual ciclo de gobierno.

La mirada de los analistas

Desde la consultora Equilibra, consideraron que se dio una “licitación agridulce” ya que surgieron “tasas más altas de lo esperado en el tramo dólar, pero se logró extender plazos en la parte pesos”.

“El mercado de dólares se puso más exigente. Pese al éxito reciente del AO27, la licitación del AO28 convalidó tasas más altas de lo previsto. Con una paridad del 94%, el nuevo bono a 2028 cortó al 8,5% TNA en MEP (8,8% TIR), que en Cable salta al 10,1% por el efecto del canje”, evaluaron los economistas.

A la vez, remarcaron que “llamó la atención que, aun con un cupón más alto y pagos más frecuentes que el BOPREAL 28, el AO28 cortó por encima de este (8,3% TNA). El AO27 también reflejó esta diferencia con el secundario al cortar en 5,0% de TNA, apenas por encima del 4,8% que venía operando en el mercado”.

Por último, subrayaron que Finanzas consiguió refinanciar deuda a plazos más largos y a las tasas que marca el mercado. En tal sentido, ponderaron que la LECAP con vencimiento en julio de 2026 se adjudicó a una tasa mensual del 2,16%, igual a los rendimientos de los bonos similares que ya cotizan. Se trata del plazo más extenso para este tipo de bono desde diciembre y se logró sin tener que ofrecer tasas más altas.

Por su parte, Eric Ritondale, economista jefe de Puente, analizó el resultado de la licitación de instrumentos en pesos al señalar que “si bien descontábamos un rollover superior al 100%, este desempeño superó la expectativa inicial, validando que la liquidez del sistema es suficiente para asegurar financiamiento neto y mantener un sesgo contractivo, incluso extendiendo vencimientos hacia 2028″. Además, manifestó que las tasas de corte en los tramos más largos de los instrumentos ofertados se ubicaron unos 30 puntos básicos por encima del mercado secundario.

A propósito de los bonos en pesos más buscados, el economista Federico García Martínez destacó que los vencimientos estaban explicados prácticamente en su totalidad por instrumentos CER, y este tipo de instrumento explicó el 63% de lo colocado.

“El nuevo TZXS8 recibió llamativa demanda por $5,8 billones, adjudicada casi al 100% a TEA de 7,75%; es razonable suponer que parte de la misma corresponda a Anses, que habría tenido vencimientos por $1,9 billones (no se pueden descartar mayores vencimientos por operaciones en el mercado secundario, o bien directamente financiamiento neto positivo de su parte)”, concluyó el experto.

El Ministerio de Economía lanzó un nuevo bono en dólares con vencimiento posterior a las elecciones presidenciales de 2027 para medir el interés del mercado por títulos que exceden el mandato de Javier Milei. La colocación del Bonar AO28, que se producirá durante la licitación de deuda de este viernes, introduce un mecanismo de financiamiento que permite cubrir vencimientos de deuda externa sin afectar el mercado cambiario, pero los analistas medirán su éxito en función del monto que se coloque y a qué tasa.

El AO28 ofrece una amortización bullet al 31 de octubre de 2028 y un cupón del 6% anual, pagadero mensualmente. Al igual que el Bonar AO27, el monto máximo de emisión es de USD 2.000 millones, con un tope de USD 250 millones por licitación (USD 150 millones en la primera subasta y USD 100 millones en la segunda). Con esta emisión, el Gobierno busca administrar compromisos próximos y obtener liquidez en dólares dentro del sistema financiero argentino.

El nuevo título permite al Tesoro anticipar la gestión de vencimientos futuros y evaluar la demanda de instrumentos que trascienden el calendario electoral, según el análisis de Facimex Valores, una sociedad de bolsa especializada en mercado de capitales. El bono replica el esquema del AO27 en cuanto a monto máximo, pero extiende el horizonte temporal, lo que implica el desafío de captar interés en un entorno de incertidumbre política.

Qué tasa espera el mercado y por qué el AO28 es un test clave

Desde la perspectiva de los analistas, el contexto electoral influye directamente en la estructura de tasas y en la dinámica de la demanda. El Bonar AO27 resultó exitoso, con USD 500 millones colocados a una tasa cercana al 6%, inferior a la prevista inicialmente. Según Christian Buteler, analista financiero, en algún momento el Gobierno debía ofrecer un bono que superara el ciclo presidencial para evitar la concentración de vencimientos antes de octubre de 2027. Buteler advirtió que, si bien la emisión es pequeña en relación con el stock total de deuda, la tasa del AO28 deberá compensar el riesgo electoral, y la referencia del mercado para bonos de ese plazo es de una tasa entre 8% y 8,5 por ciento.

Nicolás Guaia, CEO de Max Capital, consideró que la estrategia de Economía es lógica, ya que permite administrar vencimientos y acumular dólares sin recurrir al Mercado Libre de Cambios. Guaia destacó que el AO28 no compite con otros instrumentos y que, debido a su vencimiento posterior al mandato de Milei, es esperable una tasa superior.

Por su parte, Nicolás Cappella, Sales Trader de Invertir en Bolsa (IEB), señaló que la licitación del AO28 funciona como un test para el plan de financiamiento oficial. Para Cappella, la mayoría de los inversores optará por el AO27, que elude el riesgo electoral, mientras que el AO28 deberá ofrecer una tasa más alta, próxima a la TIR del AL30. El éxito de la colocación dependerá de la cercanía de la tasa al AO27 y de la capacidad de captar los USD 250 millones previstos.

A su vez, el entorno global afecta la demanda de los nuevos bonos. Los analistas consultados por Infobae coincidieron en que la coyuntura internacional no favorece el apetito por riesgo, lo que podría llevar al equipo económico a convalidar tasas más elevadas para atraer fondos. En este escenario, la tasa del AO28 será un dato central: si el Gobierno logra pagar un rendimiento similar al AO27, la licitación será considerada exitosa; si la tasa se acerca a la del AL30, reflejará mayor cautela de los inversores.

La comparación entre el AO27 y el AO28 muestra que los inversores prefieren el primero por su menor riesgo político, al vencer antes de las elecciones presidenciales. El AO28, en cambio, pone a prueba la disposición a comprometerse más allá del ciclo actual. El resultado de esta primera colocación servirá como referencia para futuras emisiones y permitirá ajustar la estrategia oficial según la respuesta del mercado.

El enfoque de Caputo y la política de financiamiento

La estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, se centra en la venta de activos y el desarrollo del mercado de capitales local. Con el lanzamiento de ambos bonos, el equipo económico busca captar la liquidez en dólares disponible y ofrecer alternativas de cobertura ante la volatilidad política y cambiaria. El AO28, con cupón mensual y vencimiento posterior al mandato, apunta a diversificar plazos y reducir la presión sobre el mercado cambiario.

Durante el 21.° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, Caputo afirmó: “Tenemos opciones más baratas; mientras tengamos estas opciones más baratas, que por ahí el mercado no las sabe, pero se va a enterar en los próximos meses, nosotros vamos a seguir primando lo que es la opción más barata”. Además, aseguró que cuentan con financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital, incluyendo el cupón de julio de este año, el de enero y el de julio del año próximo, por aproximadamente 9.000 millones de dólares.

Ahora el mercado está a la expectativa de cuál es ese mecanismo de financiamiento que ya tiene identificado Economía y cuándo y bajo qué condiciones estará disponible. Según pudo saber Infobae con fuentes del entorno del ministro Caputo, será distinto al préstamo con bancos internacionales que se anunció en enero por 3.000 millones de dólares.

La política de financiamiento oficial apuesta a la liquidez interna y a la capacidad del sistema financiero argentino para absorber nuevas emisiones en dólares, evitando recurrir a los mercados internacionales, especialmente tras el reciente repunte del riesgo país. El AO28 se suma a los instrumentos diseñados para administrar la deuda y suavizar el perfil de pagos.

El monitoreo de la curva de rendimientos y la evolución de la demanda serán determinantes para evaluar la viabilidad del esquema planteado por Caputo. El resultado de la licitación del AO28 y la capacidad para sostener colocaciones sucesivas definirán el margen de maniobra del Ministerio de Economía en los próximos meses.

Un procurador que ha participado en el proceso legal contra José Luis Ábalos reclama un pago pendiente de 4.050,23 euros, distribuidos en dos cuentas a deber por 3.617,65 euros y 432,58 euros, además de exigir 300 euros adicionales por intereses, gastos y costas procesales con un plazo de diez días para el abono, bajo la advertencia de acudir a la vía de apremio. Según detalló Europa Press, el Tribunal Supremo ha solicitado al procurador que aporte la “documentación justificativa” que demuestre que las cantidades reclamadas se han exigido correctamente y no han sido satisfechas por el exministro.

La deuda en cuestión se plantea en un contexto judicial en el que José Luis Ábalos, exministro de Transportes, está implicado por presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. El escrito formal presentado ante la Sala de lo Penal reclama la liquidación de estos importes por servicios prestados en el marco del procedimiento abierto. De acuerdo con Europa Press, el tribunal exige justificación clara respecto a la reclamación antes de resolver sobre el pago exigido a Ábalos.

El Tribunal Supremo ha calendarizado la comparecencia de los acusados en este caso, fijando el 28 de abril como fecha de interrogatorio para José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. El proceso judicial arrancará el 7 de abril, momento en el que los imputados deberán responder por las acusaciones relacionadas con la adquisición de mascarillas en el periodo crítico de la crisis sanitaria, según publicó Europa Press.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para Ábalos una condena de 24 años de prisión, mientras que la petición para su exasesor Koldo García asciende a 19 años y medio. Para el empresario Víctor de Aldama, quien ha reconocido los hechos que se le imputan, la solicitud de condena es de 7 años. Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, han solicitado penas de 30 años de cárcel tanto para Ábalos como para García, sumándose a la petición fiscal en el caso de Aldama, de acuerdo con la información aportada por Europa Press.

La diligencia del Tribunal Supremo sobre la reclamación del pago al procurador implica una revisión detallada de las deudas pendientes en el contexto de los procedimientos en marcha. De este modo, se pretende asegurar que cualquier importe reclamado a los acusados cuente con el respaldo documental necesario antes de adoptar una resolución. Además, el órgano judicial mantiene la programación de los interrogatorios y la evaluación de las pruebas en relación con las supuestas irregularidades denunciadas sobre la compra de material sanitario en la pandemia.

Europa Press consignó que la actuación del procurador incluye una advertencia de acudir a la ejecución forzosa si Ábalos no cumple en el plazo estipulado con el pago total, intereses y costas. La acumulación de causas y requerimientos contra el exministro se mantiene de cara al inicio formal del juicio, donde también se evaluarán las responsabilidades penales solicitadas por las distintas partes.

La causa que involucra a Ábalos y a sus coimputados ha sumado atención debido a la magnitud de las peticiones de condena y a la relevancia de los cargos ocupados por los acusados durante la pandemia. El tribunal continúa recopilando pruebas y testimonios en preparación para las sesiones ya programadas, mientras analiza las incidencias de carácter administrativo que han surgido en paralelo al proceso penal principal.

El Ministerio de Economía proyecta obtener USD 2.000 millones por la venta de activos estatales en 2026, mientras que anunció la emisión de un nuevo bono en dólares, replicando el esquema del BONAR 2027. Esta es una de las fuentes de financiamiento que había anunciado el ministro Luis Caputo para cubrir los vencimientos de capital programados para julio de 2026 y para enero y julio de 2027.

Economía dispondrá de los recursos necesarios para afrontar los próximos compromisos de deuda externa (julio y enero y julio del 2027), al ya tener identificados distintos mecanismo de financiamiento por un total estimado de USD 9.000 millones, de acuerdo a lo que declaró Caputo durante el 21.° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas. Según pudo saber Infobae, las opciones serán comunicadas en las próximas semanas por el titular del Palacio de Hacienda y no serán similares al préstamo con bancos internacionales (repo) que se concretó en enero.

La estrategia del equipo económico también incluye el desarrollo del mercado de capitales local y la privatización y concesión de activos, siendo este último punto central para la estrategia del segundo semestre, de acuerdo con lo que permite la Ley de Bases.

La mayor parte de los ingresos por privatizaciones se espera para el segundo semestre del 2026, vinculados a empresas públicas incluidas en la Ley de Bases. Este proceso está siendo coordinado por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP). Desde ATEP confirmaron a este medio, entre las primeras compañías en proceso de transferencia al sector privado figuran Intercargo y AySA. La ley fijó la privatización de Energía Argentina S.A. e Intercargo SAU, y la concesión de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y Corredores Viales S.A.

En las próximas horas, el Gobierno dará a conocer las condiciones para la privatización de Intercargo, la empresa de servicios de asistencia en tierra a aeronaves y aerolíneas en aeropuertos del país. La privatización se concretará con la firma en pleno funcionamiento, e implicará la transferencia íntegra de la compañía, la salida total del Estado Nacional de su estructura accionaria y la continuidad de la firma como prestadora de servicios, manteniendo vigentes sus contratos, licencias y actividades en los aeropuertos donde opera.

El plan privatizador fue útil cuando, en los primeros días del año, previos al acuerdo de repo por USD 3.000 millones entre el Banco Central de la República Argentina y bancos internacionales, las concesiones energéticas en la región de Comahue generaron ingresos por USD 700 millones para el Tesoro, fortaleciendo la estrategia de financiamiento alternativo del Ejecutivo.

Nuevo bono en dólares

El plan de pago del Ministerio de Economía combina el uso de la venta de activos y el impulso al mercado de capitales local mediante emisiones como el BONAR 2027, colocado cada 15 días desde febrero. A eso se suma el lanzamiento de un nuevo título en dólares: el AO28, que se licitará el próximo viernes en la subasta de deuda pública.

Desde Economía detallaron que el tope de emisión para el bono AO28 se fijará en USD 2.000 millones, a través de licitaciones sucesivas de USD 150 millones, complementadas por una segunda ronda de hasta USD 100 millones en cada ocasión. Este mecanismo replicará el utilizado previamente para el AO27.

El funcionamiento del mercado de capitales local podría ampliarse en los próximos meses, con la entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que está fijado por la Ley 27.802 en junio, mecanismos que permitirían a empresas y particulares acceder a nuevos instrumentos financieros. Persisten dudas sobre el nivel de adhesión, dado el contexto de retracción de la actividad y la cautela del sector privado respecto al uso de dólares en el sistema financiero.

Esta semana, la Secretaría de Finanzas enfrenta el tercer test del BONAR 2027, con el objetivo de captar USD 250 millones adicionales. Las dos primeras licitaciones fueron catalogadas como exitosas por el mercado, ya que se adjudicó el monto máximo permitido con una tasa cercana al 5%, inferior a la tasa esperada del 7 por ciento.

No volver a Wall Street

“En algún momento pensamos volver a Wall Street el año pasado, por ahí en noviembre-diciembre. Lo descartamos”, señaló Caputo la semana pasada durante el evento organizado por el IAEF, siendo la primera vez que confesó que evaluó esta alternativa. Es que se trataba de un escenario en donde el riesgo país perforó los 600 puntos básicos, momento que, según analistas, representaba una oportunidad para acceder a financiamiento internacional que el equipo económico no aprovechó.

Durante el mismo evento, el ministro de Economía analizó el comportamiento del riesgo país y la influencia sobre la estrategia financiera argentina. Consideró que el nivel actual es “exagerado” y atribuyó esta situación a un desequilibrio entre la oferta y la demanda de títulos. “Debemos seguir estabilizando la economía y pagando, porque contamos con alternativas de financiamiento mejores. Si logramos financiarnos más barato para cancelar deuda más cara, es el escenario ideal”, afirmó.

El Gobierno sostiene que la diversificación de fuentes, a través de privatizaciones y el desarrollo del mercado de capitales local, permite afrontar los vencimientos de deuda más relevantes sin aumentar significativamente el costo del endeudamiento. “Tenés que seguir arreglando la economía, estabilizando y, por otro lado, seguir pagando, y lo podemos hacer porque tenemos alternativas de financiamiento mejores. El mejor de los mundos: nos financiamos más barato para cancelar deuda más cara, perfecto”, concluyó Caputo.

El crecimiento de Vaca Muerta ya se hace notar en cada rincón de Neuquén. Las aulas se llenan, los barrios se expanden y las rutas suman kilómetros. De hecho, más de 21.000 personas llegaron a la provincia en 2025, impulsadas por la promesa de empleo y el auge de la industria petrolera. Ese fenómeno demográfico, que superó ampliamente los nacimientos locales, obliga a la provincia a reinventarse en infraestructura y servicios.

Para el gobernador Rolando Figueroa, quien definió a la provincia como un “adolescente que sabe que va a ser grande, pero que está en pleno crecimiento”, este boom obliga a Neuquén a “cambiarse las zapatillas por modelos cada vez más grandes para poder crecer al ritmo que se necesita”.

En el marco del CERAWeek by S&P Global, el mandatario neuquino se reunió con periodistas argentinos y contó que, al asumir, encontró una deuda financiera de USD 1.300 millones y otra de infraestructura acumulada por 4.000 millones de dólares. Dos cifras que, según explicó, condicionaban por completo la capacidad de gestión de la provincia.

Sin embargo, destacó que la deuda pasó de representar el 83% de los ingresos provinciales al 20%, “tras cancelar vencimientos por USD 750 millones en los dos primeros años”. Ese proceso permitió liberar unos USD 1.000 millones para infraestructura, aunque reconoció que el déficit todavía ronda los 3.000 millones de dólares. “Creemos que en 2029 se va a llegar a un punto de equilibrio”, aclaró.

Con una caja más ordenada, Figueroa aseguró que la administración provincial se enfocará en una “ampliación sin precedentes de la obra pública”, enfocada en áreas estratégicas como educación, salud, establecimientos técnicos orientados a la actividad energética, y también nuevas comisarías y cárceles.

El plan de obras, pormenorizó, articula la inversión de las regalías de Vaca Muerta con la reducción de la deuda y la expansión de la infraestructura. El objetivo es claro: que la provincia pueda absorber el crecimiento de la población, aprovechar el ciclo de las regalías y, al mismo tiempo, sostener la calidad de vida.

En ese contexto, Figueroa planteó que el desafío ya no solo pasa por crecer, sino por administrar ese crecimiento: “Sabemos que este boom de Vaca Muerta nos va a llevar a obtener el doble de la producción, con lo cual vamos a tener el doble de las regalías. Pero necesitamos inversiones que generen impacto positivo para poder llegar a ese plató tan deseado después de 2030”.

Un crecimiento que presiona a la provincia

La historia productiva de Neuquén, ligada al petróleo desde 1918, explica por qué hoy Vaca Muerta está un paso adelante frente a otras cuencas del país. Figueroa ponderó la cooperación entre el Estado, las operadoras y los sindicatos, y subrayó que el gremio de petróleo y gas no realizó paros recientes, algo que consideró clave en esta etapa de expansión.

De esta manera, el auge de la industria petrolera en Vaca Muerta demandará 14.000 nuevos puestos de trabajo en Neuquén en los próximos años, cifra que ascenderá a 17.000 considerando jubilaciones previstas, calculó Figueroa.

En la actualidad, Neuquén es la cuarta provincia en aporte al producto bruto interno (PBI) nacional y también la número cuatro en valor exportador, habiendo desplazado recientemente a Chubut y superado en producto geográfico a Mendoza. La expectativa oficial es que, hacia 2030, la provincia supere, además, a Córdoba.

La renta per cápita, en tanto, ya está entre las más altas de la Argentina. Pero el desafío ahora es que ese crecimiento se traduzca en una mejora real de la calidad de vida. Para Figueroa, el protagonismo nacional de Neuquén ya dejó atrás el viejo paradigma de marginalidad patagónica y hoy juega un rol central en el despegue del país. “Si a Neuquén le va bien, a la Argentina le va a ir bien”.

Neuquén es hoy la provincia con mayor crecimiento del empleo privado en el país, según afirmó el gobernador. También destacó que, en dos años de gestión, “la pobreza disminuyó casi un 40% y la desocupación bajó 59%”, en línea con el aumento del consumo, los récords en ventas de vehículos y cemento y la construcción simultánea de 127 edificios en la capital provincial.

El fenómeno migratorio, sin embargo, obliga a una gestión más prudente. “No promuevo el asentamiento masivo de más gente en Neuquén. Somos prudentes y cuidamos que todos tengan oportunidad, pero no es bueno generar falsas expectativas”, advirtió. El gobernador también defendió el desarrollo de otras economías regionales para evitar desequilibrios migratorios y sociales en el país.

Con vencimientos por casi $8 billones en el horizonte inmediato, el Ministerio de Economía anunció las condiciones de la próxima licitación de deuda, que se llevará a cabo el próximo viernes, y sorprendió al incorporar en el menú de instrumentos un nuevo bono en dólares, con el que buscará sumar más divisas para la cancelación de compromisos con bonistas privados a mitad de año.

El abanico de ofertas de la Secretaría de Finanzas incluye instrumentos ajustados por tasa fija (LECAP y BONCAP), por inflación (LECER y BONCER), por evolución del dólar oficial (Dólar Linked) y en dólares (Hard Dólar), con vencimientos que van de 2026 a 2029. Además, se ofrecerán nuevas series de algunos títulos y la posibilidad de convertir bonos ya existentes (TZX26) en nuevos instrumentos, como bonos ajustados por CER o por tipo de cambio.

La novedad de la oferta es la inclusión de un nuevo bono en dólares, el AO28, con vencimiento el 31 de octubre de 2028. Hasta el momento, el equipo económico se venía apoyando en el A027, mediante el cual ya recaudó USD 500 millones que se utilizarán para un importante pago de deuda en moneda extranjera en julio. De esta manera, el Ministerio de Economía busca habilitar un nuevo canal para conseguir dólares de cara a los compromisos de mitad de año.

Desde Economía explicaron que el monto máximo a emitir para el bono AO28 será de hasta USD 2.000 millones, mediante licitaciones sucesivas de USD 150 millones cada una, seguidas por una segunda ronda de hasta 100 millones de dólares. Este esquema será idéntico al aplicado para el AO27.

“Enfrenta vencimientos por $8 billones, conformados principalmente el BONCER TZXM6, además de intereses de bonos CER par 2038 y de otros bonos por menor monto. Prácticamente el 100% de los vencimientos son de instrumentos CER. En licitaciones, ANSES suscribió TZXM6 por VN ARS 0,88 B (24% del VNC); de no haber realizado operaciones en el mercado secundario, tendría vencimientos por $1,9 billones”, indicó el analista financiero Federico García Martínez.

De acuerdo con estimaciones de Econviews, vencen compromisos de deuda por $7,9 billones, considerando tanto capital como intereses. Entre los títulos más relevantes se encuentran el PARP y el TXZM6, ambos con fecha límite el 31 de marzo, que cae martes.

El desglose de los pagos previstos muestra que el bono TXZM6 representa $7,88 billones de capital, mientras que el PARP suma $12.649 millones en intereses, los dos también con vencimiento el 31 de marzo. Además, para esa jornada, el BONARCF registra vencimientos por $821 millones de capital y $173 millones de intereses, y el BONTE 26 acumula pagos de $705 millones en capital y $211 millones en intereses.

En la última licitación, Finanzas logró renovar el 108,09% de los vencimientos, adjudicando $10,42 billones sobre un total de ofertas por $12,90 billones. Felipe Núñez, director del BICE, destacó que se extendió la duración promedio de la deuda en 0,78 años y que alrededor del 30% del total adjudicado corresponde a títulos que vencen en 2027 y 2028.

Este proceso se produce en un contexto donde el ministro Luis Caputo reiteró que no recurrirá a endeudamiento en mercados internacionales, priorizando alternativas más económicas como la utilización de recursos propios, la venta de activos y el impulso al financiamiento local. Según Caputo, el equipo económico ya tiene identificado el financiamiento necesario para afrontar los próximos vencimientos de capital, incluyendo los pagos de julio de este año y los de enero y julio de 2027, por un total de USD 9.000 millones y explicó que en los próximos meses dará pistas sobre cuáles serán las alternativas exploradas.

Esta semana, la atención volverá a estar puesta en la tasa de adjudicación de los USD 250 millones que buscará Finanzas. En la última licitación, la tasa resultó inferior a la inicial, a pesar de la volatilidad internacional, lo que se consideró un dato positivo para el mercado.

La estrategia de Caputo apunta a fortalecer los depósitos del Tesoro para poder afrontar los compromisos. Si las colocaciones mantienen su ritmo y la demanda se sostiene, Economía podría captar hasta USD 2.000 millones adicionales en los próximos meses a través de este sistema. No obstante, para cubrir vencimientos por USD 4.200 millones, será necesario recurrir a otra vía de financiamiento, sobre la que el ministro asegura ya contar con un plan para cubrir los pagos previstos para el próximo año.

La última subasta de Títulos de Tesorería (TES), que es un instrumento de deuda pública interna emitido por el Gobierno nacional, convocada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adjudicó $1,5 billones a cuatro años, con una tasa de interés de corte del 14,03%, considerada histórica y la más alta del ciclo reciente, lo que marcó un récord negativo para el costo del financiamiento en Colombia.

La colocación alcanzó una demanda tres veces superior a la oferta inicial, lo que obligó a activar la cláusula de sobreadjudicación del 50% y elevó el monto asignado. La elevada tasa implica un encarecimiento en el acceso a crédito para el Estado, ya que incrementa la carga de la deuda y, según expertos, expone a la economía nacional a nuevas presiones macroeconómicas y fiscales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la subasta fue “exitosa”, con “ofertas de compra por $3 billones, tres veces el monto convocado”. La cartera que lidera Germán Ávila señaló que la sobreadjudicación respondió a la alta demanda en el mercado y que la tasa de corte se ubicó “con un descenso de 10 puntos básicos (pb) frente al último corte de subasta”. No obstante, la entidad reconoció que el nivel del rendimiento concedido genera costos significativos para las finanzas públicas de Colombia.

Tasa de interés y contexto histórico de la deuda

La operación siguió las normas de la Resolución 2218 del 8 de septiembre de 2025 y, pese a la rebaja marginal respecto de la subasta anterior, la tasa de corte se ubica en los máximos históricos para este tipo de instrumento, lo que preocupa a expertos y analistas del sector financiero.

Por ejemplo, el investigador de la Universidad Eafit Diego Montañez-Herrera, advirtió que “el costo real de financiamiento del Gobierno de Colombia está en máximos de décadas”. El experto precisó que “la deuda neta fue 58,5% del PIB, la cuarta más de la historia, y por encima del Marco Fiscal de Mediano Plazo de (MFMP) de 2024 (lejos del ancla)”.

Insistió el experto en que el encarecimiento del crédito público perjudica la inversión privada y el crecimiento económico. “No lo digo yo, lo dicen los propios datos del Plan Financiero” del Ministerio, puntualizó el investigador.

Y es que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público atribuyó la demanda sobresaliente al atractivo de los TES y remarcó que el descenso en la tasa frente a la subasta previa resultó limitado en el contexto de una percepción de riesgo país en ascenso.

Reacciones y críticas de analistas locales

Otros analistas también mostraron inquietud ante el alto costo de la deuda soberana y sus consecuencias para la economía. Néstor Cardozo fue contundente: “4%… Qué salvajada”, escribió en X.

Por su parte, Juan Cerón criticó el encarecimiento comparando: “Presta más barato el cupo brilla que los inversionistas al Gobierno Petro”. Mientras que Mauricio Valencia cuestionó: “¿14%? ¿Existe una diferencia frente a un ‘gota a gota’? Vergüenza!”.

Observadores del mercado coinciden en que otorgar deuda a tasas tan altas eleva el riesgo fiscal y limita el margen de maniobra para la política económica nacional.

Comparación internacional de tasas y déficit

En el escenario internacional, datos de The Economist al 12 de marzo señalan que la tasa de los bonos colombianos a diez años alcanzó 13,2%, ubicándose como la segunda más alta de América Latina luego de Brasil (13,8%). La diferencia entre ambos países se redujo a 0,6 puntos porcentuales (pp), lo que evidencia una convergencia en los rendimientos de la deuda soberana.

A escala global, Colombia solo es superada por Turquía (29,6%), Egipto (23,8%), Rusia (14,4%) y Brasil en el listado de mayores tasas para bonos a diez años. Ajustado por una inflación de 5,29%, el rendimiento real de los bonos colombianos se sitúa cerca de 8%, el registro más alto para este tipo de instrumento en la historia del país.

En contraste, México (9%) y Perú (6,2%) mantienen costos de financiamiento más bajos. Colombia registró un aumento de 203 puntos básicos en la tasa de sus bonos a 10 años durante el último año, solo por debajo del alza en Turquía.

El déficit en cuenta corriente es otro factor de vulnerabilidad. Según el ranking de The Economist, Colombia anota un saldo de -2,7%, el séptimo mayor déficit global y únicamente superado, en la región, por Brasil (-2,8%). Este desequilibrio refuerza la percepción de dependencia financiera externa y la sensibilidad ante choques internacionales.

La tranquilidad de Jesús María se rompió durante la mañana del martes 24 de marzo, cuando un ataque armado dejó a Jasit Mery Sangama Fasabi, de 47 años, gravemente herida frente al condominio donde reside.

El atentado ocurrió aproximadamente a las 7:17, en la cuadra 13 de la avenida Brasil, cuando la víctima esperaba junto a su hija la llegada de una movilidad escolar. Un sujeto encapuchado y con mascarilla se aproximó, desenfundó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones.

Testigos relataron que la mujer intentó refugiarse en el interior del edificio, mientras su hija observaba la escena. El agresor huyó en bicicleta por la avenida General Borgoño, según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo horas después a José Luis Amasifuén Huamán, expareja de la víctima, bajo la acusación de ser el autor intelectual del ataque. De acuerdo a Exitosa Noticias, familiares de la mujer ya lo señalaban como principal sospechoso, ya que la relación había terminado hace cuatro años y desde entonces la víctima denunciaba amenazas e intimidaciones.

El propio entorno de Sangama Fasabi sostiene que el clima de tensión se agravó desde que se inició un proceso judicial por pensión de alimentos a favor de sus hijos.

“El primer aviso de que, si no paga pensión, el señor José Luis iría a la cárcel. A los tres o cuatro días sucedió el primer atentado”, detalló la hermana de la víctima.

Asimismo, hay otra versión que sostiene que el móvil del ataque estaría relacionado con una deuda de 220 mil dólares vinculada a una propiedad compartida por la pareja durante la convivencia.

La familia exige protección urgente tanto para la víctima como para sus hijos menores de edad, ya que consideran que la amenaza persiste.

Detención y proceso judicial en curso

La detención de José Luis Amasifuén Huamán se concretó en un operativo en Lima Norte. El acusado permanece en la Comisaría de Jesús María, donde fue sometido a exámenes médicos y pericias de rigor.

Según información de Exitosa, la investigación apunta a imputarle el delito de tentativa de feminicidio. Vecinos del condominio relataron que la víctima era vigilada desde hacía semanas, pero no recibieron respuesta adecuada de las autoridades.

Así fue el ataque

El día del ataque, las cámaras de seguridad permitieron reconstruir la secuencia. El encapuchado aguardó cerca de la entrada del condominio, acechando a la mujer. Cuando Sangama Fasabi intentó resguardarse, el agresor la persiguió y disparó.

El arma se trabó, lo que le dio a la víctima la posibilidad de escapar hacia el interior del edificio. La situación puso en riesgo a más personas: el conserje y una vecina se vieron forzados a buscar protección.

Los peritos de Criminalística recogieron al menos cuatro casquillos de bala y la víctima fue trasladada al Hospital Santa Rosa, para luego ser derivada a una clínica.

Este no fue el único episodio de violencia. Según la familia, la mujer había sido blanco de un primer intento de asesinato el 10 de marzo, cuando dos sujetos en motocicleta la interceptaron al regresar de dejar a su hija en el colegio.

La denuncia presentada en la comisaría local no derivó en acciones concretas. “No hubo seguimiento, no revisaron cámaras ni nos dieron ninguna respuesta”, afirmó su familiar.

Acreedores externos solicitaron en tribunales estadounidenses la transferencia de propiedad sobre activos comerciales riojanos. La demanda busca compensar impagos de títulos públicos mediante la ejecución de participaciones estatales en el sector financiero y en la generación de recursos renovables.

Un grupo de fondos de inversión, que posee una porción de los títulos de deuda de La Rioja, inició una acción legal en los Estados Unidos con el objetivo de obtener el control de las acciones del banco público de la provincia y de un centro de energía renovable. Esta presentación ocurrió en el estado de Massachusetts y apuntó directamente contra el capital social de Banco Rioja y del Parque Eólico Arauco (PEA). Los demandantes sostuvieron que estos activos califican como bienes comerciales y, por lo tanto, quedan sujetos a procesos de embargo para satisfacer sentencias judiciales previas que la administración provincial no pagó.

El abogado Dennis Hranitzky representó a este sector de bonistas, que integró el Comité Ad Hoc de Bonistas de La Rioja. El grupo controló aproximadamente el 8,5% de los instrumentos conocidos como “Bonos Verdes”, con vencimiento original en el año 2028. La provincia declaró el estado de default sobre estos compromisos en febrero de 2024, cuando omitió el pago de una cuota de capital por un monto de 16 millones de dólares. Desde aquel momento, el distrito sumó otros cuatro incumplimientos en los pagos semestrales previstos de intereses y capital.

La elección de la justicia de Massachusetts para este trámite respondió a una estrategia legal específica. Los abogados de los acreedores utilizaron una cláusula de la legislación de ese estado denominada reach and apply. Este mecanismo permitió a los demandantes agilizar el cobro de deudas mediante la afectación de activos que pertenecen al deudor. Aunque los fallos originales contra la provincia surgieron en tribunales de Nueva York, la inscripción de esas sentencias en Massachusetts buscó habilitar la ejecución de las acciones de las empresas mencionadas.

Los bonistas argumentaron en su escrito que la provincia contó con recursos suficientes para evitar el cese de pagos. El texto de la demanda subrayó que una parte mayoritaria de los fondos obtenidos con la emisión de los Bonos Verdes en 2017 financió la construcción de los parques eólicos a través de la firma PEA. También recordaron que, antes de entrar en default, la provincia vendió una de sus plantas de energía a la empresa Pampa Energía por una suma de 171 millones de dólares. Según los denunciantes, el gobierno provincial no destinó ningún porcentaje de ese ingreso al cumplimiento de sus obligaciones con los tenedores de bonos.

La situación financiera de la jurisdicción mostró signos de deterioro en los últimos períodos reportados. De acuerdo con los datos oficiales correspondientes al tercer trimestre de 2025, las cuentas públicas riojanas registraron un déficit financiero equivalente al 0,4% de sus ingresos totales. Esta cifra contrastó con el desempeño del año previo, cuando la provincia exhibió un superávit de 10,7%. Este desequilibrio ocurrió incluso sin que la administración realizara los pagos correspondientes a los intereses de la deuda en moneda extranjera.

El analista Sebastián Maril, de LATAM Advisors, analizó la evolución del conflicto y los montos involucrados en el litigio. Al respecto, Maril explicó: “Los fondos acreedores de deuda en default de la Provincia de La Rioja, presentan una demanda con el objetivo de tomar posesión del Banco de La Rioja y del Parque Eólico Arauco. Los fondos son beneficiarios de un fallo que originalmente fue por USD 16 millones que, tras varios defaults, hoy se eleva a USD 75 millones”. Esta diferencia en las cifras respondió a la acumulación de intereses diarios y a la suma de los nuevos vencimientos impagos desde el inicio del proceso judicial.

El origen de la deuda se remontó al año 2017. En febrero de ese año, la gestión provincial colocó títulos por 200 millones de dólares y realizó una ampliación por otros 100 millones en agosto. La tasa de interés inicial se pactó en el 9,75% anual. Posteriormente, en 2021, este instrumento atravesó una reestructuración luego de que el Gobierno nacional completó el canje de la deuda soberana. En esa instancia, el cupón de interés bajó al 3,5%, con un cronograma de aumentos escalonados que previó alcanzar el 8,5% anual para el año 2028.

Frente a la nueva embestida en los tribunales norteamericanos, el gobierno que encabeza Ricardo Quintela mantuvo la postura de resolver el conflicto exclusivamente por la vía legal a través de sus representantes jurídicos. Fuentes de la gobernación indicaron que la provincia todavía buscó una instancia de negociación con los bonistas para reestructurar la deuda. Respecto a la posible venta de las acciones de las empresas públicas, las autoridades aclararon que no existió ninguna operatoria concreta, a pesar de las versiones que circularon en medios locales sobre la necesidad de obtener liquidez.

El comunicado emitido por los bonistas incluyó una advertencia para los posibles interesados en adquirir activos riojanos. El texto señaló que cualquier comprador potencial de las acciones de Banco Rioja o del Parque Eólico Arauco debe considerar la existencia de esta moción judicial. Los acreedores afirmaron que la provincia languideció en una situación de default mientras otras provincias vecinas cerraron proyectos de inversión extranjera directa y mantuvieron sus perfiles de deuda al día.

La justicia de Nueva York ya emitió fallos favorables a los demandantes el 11 de septiembre de 2024 y el 7 de julio de 2025. Esas sentencias reconocieron la validez de los reclamos por los pagos omitidos. Al no registrarse movimientos voluntarios de pago por parte del distrito emisor, el grupo representado por el estudio Quinn, Emanuel Urquhart and Sullivan, LLP procedió con el pedido de embargo y entrega de acciones. Los demandantes insistieron en que el Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco operan como entidades comerciales y no gozan de inmunidad frente a este tipo de reclamos de ejecución.

La crisis financiera llevó a la provincia a tomar medidas excepcionales durante el año 2024, como la emisión de una cuasimoneda denominada “Chachos”. Este contexto de restricción de fondos marcó el ritmo de la relación con los mercados internacionales. Mientras tanto, los bonistas ratificaron su intención de agotar todos los medios judiciales disponibles para recuperar el valor de sus créditos. La presentación en Massachusetts marcó un nuevo hito en la estrategia de los fondos de inversión para presionar por el cobro de la sentencia neoyorquina a través de la incautación de empresas vinculadas al desarrollo económico y financiero de la provincia.

La creciente morosidad crediticia de las familias, que se cuadruplicó durante el último año y en enero había alcanzado el 10,6%, según datos del Banco Central (BCRA), se habría agravado entre febrero y marzo.

Según una encuesta privada correspondiente a este último mes, el 56,4% de los hogares se endeuda y más de la mitad no llega al día 20 del mes.

La situación se refleja claramente en el reciente Monitor de Opinión Pública (MOP) de la consultora Zentrix, según la cual el 26,2% de los hogares que se endeuda lo hace para cubrir gastos cotidianos, el 19,9% para poder pagar tarjetas de crédito y un 18,9% para cubrir otras deudas, el 6,6% para pagar servicios, el 5,2% para gastos de alquiler o vivienda y el 3,9% para afrontar gastos de salud. Esto es, la propia dinámica de la deuda y otros rubros básicos suman más del 80% de las razones del endeudamiento, que adquiere así dinámica propia.

El crédito como salvavida

“De esta manera, se reconfigura el mapa del endeudamiento familiar: de herramienta financiera a mecanismo de subsistencia”, dice el informe.

El endeudamiento surge como respuesta al deterioro de los ingresos. El 56,4% de los encuestados tomó crédito en los últimos seis meses y, al interior de ese grupo, casi 9 de cada 10 ya tiene dificultades para pagarlo. El 83,9% de los encuestados afirmó que su salario corre detrás de la inflación.

La tendencia a endeudarse no es un hecho aislado sino que -señala Zentrix- “se inserta en una percepción social más amplia de fragilidad”. Más del 53% de la población se representa como clase baja “no sólo como una definición identitaria, sino como la expresión de una experiencia económica concreta”.

De este modo, las decisiones económicas se reorganizan bajo una lógica defensiva: ya no se trata de mejorar la posición económica sino de sostener niveles mínimos de consumo.

Deterioro salarial

La deuda deja de ser algo excepcional y se vuelve un recurso recurrente para compensar la pérdida de poder adquisitivo, aportar lo que falta, al costo de acumular dificultades para pagarla.

Según el Monitor, los problemas de repago (que están detrás del aumento de morosidad que precisan los datos del BCRA) ya no son un dato pasajero o puntual, sino que reflejan el endeudamiento como sustituto del ingreso.

“Los datos describen un mecanismo de ajuste a nivel de los hogares que se articula en cuatro etapas: caída del poder adquisitivo; dificultad para sostener el consumo mensual; recurso al endeudamiento para cubrir esa brecha, y creciente incapacidad para cumplir con esas obligaciones”, dice un pasaje del informe, que describe a la situación no como un circuito marginal, sino uno mayoritario y temporariamente equilibrador. “El resultado no es sólo financiero, sino también social: una economía donde la vulnerabilidad deja de ser una condición transitoria y comienza a estructurar las decisiones cotidianas de una parte significativa de la población”.

La brecha entre situación y los datos

La misma encuesta refleja una creciente desconfianza o dudas sobre la calidad de los datos oficiales para reflejar la evolución de la economía. Según la encuesta, en marzo, el 65,8% de la población consideró que el dato de inflación publicado por el Indec no reflejó bien la inflación que los encuestados perciben en su vida diaria.

“No se trata sólo de una discusión técnica sobre índices, sino de una brecha cada vez más visible entre el número oficial y la economía vivida en los hogares”, De hecho, explica el informe, ”cuando el 83,9% afirma que su salario no le gana a la inflación, la percepción social tiende a contrastar de manera directa el dato oficial con el resultado concreto en su bolsillo”.

La encuesta de Zentrix muesta que solo 28,7% de los encuestados consideró su situación económica personal como “buena” o “muy buena” (en enero la suma daba 39%), un 31,8% la consideró “regular” y 40,1% la describió como “mala” o “muy mala” (contra 31% que elegía alguna de esas opciones en enero)

El trabajo muestra también un claro deterioro político de la imagen del gobierno: solo 28,5% de los encuestados “aprueba” su gestión, contra 53,3% que la “desaprueba”. En cuanto a la imagen del presidente Javier Milei, las opiniones positivas cayeron de 47% en enero a 40,3% en marzo, en tanto la imagen negativa creció en el mismo período de 46 a 51 por ciento.

El Monitor abarcó en marzo “1.198 casos válidos con cobertura nacional” y un margen de error téorico del ±2,83 por ciento.

La volatilidad global, producto del conflicto en Medio Oriente, golpeó a los bonos soberanos argentinos y, en consecuencia, el riesgo país saltó 56 unidades en la semana hasta los 634 puntos básicos, el mayor nivel en lo que va de 2026 y desde comienzos de diciembre del año pasado. Aunque disminuyó de manera significativa desde las elecciones legislativas de medio término, Argentina todavía permanece alejado de los niveles más bajos de la región.

El riesgo país es un indicador elaborado por JP Morgan que los mercados internacionales siguen de cerca para evaluar la posibilidad de que un país no cumpla con el pago de su deuda. La medición se realiza a partir de la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos de esa nación y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados libres de riesgo.

Cuando este diferencial es alto, refleja una mayor percepción de inestabilidad y mayores dificultades para acceder a financiamiento en condiciones competitivas. Un nivel elevado de riesgo país obliga a ofrecer tasas de interés más altas para atraer inversores, lo que incrementa el costo de la deuda y complica la sostenibilidad de las cuentas fiscales.

A fines de enero, la variable cedió a 481 puntos básicos, el menor el nivel en casi ocho años por una mejora en la cotización de los bonos soberanos argentinos. Sin embargo, con el correr de las semanas, transitó un sendero alcista que se vio potenciado con el shock externo de la guerra en Irán.

Ranking regional de riesgo país

Lo cierto es que, de acuerdo a los últimos datos disponibles para América Latina, Argentina figura en uno de los niveles más altos de la región. En efecto, los 634 puntos básicos se ubican muy por encima del promedio regional, que se sitúa en 304 unidades.

1. Uruguay: 86
2. Chile: 97
3. Paraguay: 126
4. Jamaica: 139
5. Perú: 142
6. Panamá: 148
7. Costa Rica: 156
8. Brasil: 201
9. Trinidad y Tobago: 204
10. República Dominicana: 209
11. Honduras: 215
12. México: 236
13. Colombia: 274
14. Barbados: 299
15. El Salvador: 368
16. Ecuador: 490
17. Bolivia: 517
18. Argentina: 634
19. Belice: 1207

Como puede observarse, Uruguay presenta el riesgo país más bajo del continente, con 86 puntos. Le siguen Chile (97 puntos) y Paraguay (126 puntos), consolidándose como las economías más estables en términos de percepción de riesgo para los inversores. Jamaica y Perú completan los primeros cinco puestos del ranking, con 139 y 142 puntos respectivamente.

En el extremo opuesto, Belice registra el riesgo país más elevado, con 1207 puntos básicos, mientras que Argentina ocupa el segundo lugar entre los niveles más altos de la región. Detrás se ubican Bolivia (517 puntos) y Ecuador (490 puntos), países que también muestran dificultades en sus indicadores de deuda soberana.

El caso argentino se destaca por estar muy por encima del promedio latinoamericano y por la distancia respecto a otras economías relevantes de la región, como Brasil (201 puntos), México (236 puntos) y Colombia (274 puntos). Incluso naciones insulares como Barbados (299 puntos) mantienen un nivel de riesgo país inferior al de Argentina, que se ubica a 548 enteros del vecino uruguayo.

Un análisis del comportamiento del riesgo país desde las elecciones legislativas revela una disminución superior a 600 puntos. Desde la asunción de Javier Milei como presidente, el indicador confeccionado por JP Morgan retrocedió cerca de 1.400 unidades. Considerando noviembre de 2023, mes en que Milei ganó las elecciones, la caída acumulada ronda los 1.900 puntos.

Los motivos de la suba del riesgo país

Con la guerra en Irán como telón de fondo, los índices bursátiles registran descensos, mientras que los precios del petróleo aumentan. Este comportamiento refleja expectativas de un escenario económico más adverso, con señales de desaceleración de la actividad y una inflación que continúa elevada y sin perspectivas claras de moderación.

“El conflicto en Medio Oriente explica parte del movimiento. Los spreads emergentes rebotaron desde mínimos y la tasa del Treasury a 10 años subió cerca de 30 bps en pocas ruedas. En ese contexto, Argentina, que había perforado los 500 bps hace solo 3 meses, corrigió con mayor magnitud. La beta juega en contra: cuando el mundo ajusta, los activos locales amplifican la tendencia. Y cada día que las tensiones no cesan, la percepción de riesgo global se incrementa”, remarcó un informe de GMA Capital.

Sin embargo, el reporte identificó que existen “factores propios” que limitan la compresión de la variable financiera: “A estos umbrales de tasa (por encima del 10% anual en dólares), la deuda enfrenta un problema de dinámica: quedan vencimientos por aproximadamente USD 30.000 millones con privados y FMI hacia 2027. Sin acceso claro al mercado, cada baja en rendimientos aumenta el incentivo a emitir. Es decir, el riesgo de sobreoferta (y aumento de tasas en el futuro) condiciona hoy mismo la decisión de tener bonos argentinos en cartera”.

Al mismo tiempo, un reporte de la consultora 1816 deslizó que la compra de divisas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) debería extenderse en el tiempo para convencer al mercado de la acumulación de reservas. Hasta el momento, la autoridad monetaria se hizo de USD 3.786 millones en lo que va del año, pero su stock de moneda extranjera todavía sigue por debajo de los 44.000 millones debido al pago de compromisos financieros del Tesoro y a las oscilaciones de las cotizaciones de activos que conforman el activo del BCRA.

“Quizás los inversores necesitan ver más meses de compras sostenidas del Central en el MLC, para confiar que el Gobierno realmente está convencido de la importancia de acumular reservas tras los comentarios de Milei al respecto de la semana pasada”, concluyeron los consultores.

El saldo de la deuda pública de Panamá pasó de $20,227 millones en febrero de 2016 a cerca de $60,059 millones en febrero de 2026, lo que representa un incremento superior a $39,800 millones en una década.

Este crecimiento no ha sido uniforme: el mayor salto se concentró entre 2019 y 2024, durante la administración de Laurentino Cortizo, período en el que el país enfrentó el impacto de la pandemia, un mayor gasto público y una aceleración en el endeudamiento para sostener la economía.

Ese aumento de la deuda coincidió con un deterioro en la percepción de riesgo del país. Panamá perdió el grado de inversión por parte de Fitch Ratings, lo que elevó las presiones financieras y crediticias, encareciendo el acceso a financiamiento en los mercados internacionales.

El aumento de tasas de interés globales, especialmente tras el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos, agravó ese escenario, incrementando el costo del servicio de la deuda.

Durante el gobierno de Cortizo, la deuda pública registró uno de los mayores incrementos de la historia reciente. De niveles cercanos a $26,000 millones en 2019, el saldo superó los $50,000 millones hacia el cierre de su administración, reflejando un aumento superior a los $24,000 millones en cinco años.

Este crecimiento estuvo marcado por emisiones de bonos globales, préstamos multilaterales y financiamiento interno, en un contexto de caída de ingresos y mayor gasto estatal.

El período correspondiente a la actual administración de José Raúl Mulino, que inicia en julio de 2024, muestra un comportamiento más contenido, aunque aún en terreno de crecimiento.

Al cierre de ese mes, el saldo de la deuda pública total se ubicaba en aproximadamente $51,860 millones , mientras que para febrero de 2026 alcanzó cerca de $60,059 millones, lo que implica un incremento de más de $8,100 millones en poco más de año y medio.

Este aumento, aunque menor en ritmo frente al registrado en el quinquenio anterior, evidencia que la presión fiscal sigue presente y que la estrategia actual se ha centrado más en reordenar el perfil de la deuda que en reducir su saldo de forma inmediata.

En los últimos meses, la estrategia del Gobierno ha estado enfocada en contener el ritmo de crecimiento de la deuda y mejorar su estructura.

Entre enero y febrero de 2026, el saldo de la deuda aumentó en aproximadamente $300 millones, resultado de una combinación de operaciones financieras que incluyeron desembolsos de organismos multilaterales y una activa gestión de pasivos.

En enero de 2026, el saldo de la deuda creció en $409 millones, impulsado principalmente por un desembolso de $1,381 millones asociado a un préstamo estructurado con garantía de organismos internacionales, diseñado para obtener mejores condiciones frente a las tasas promedio del país. Esta operación buscó reducir costos en el largo plazo, en un entorno de tasas más altas.

En febrero, el saldo volvió a incrementarse en $300 millones, aunque con un movimiento relevante: el Gobierno ejecutó una operación de manejo de pasivos que incluyó la recompra de $3,184 millones en bonos internacionales, lo que permitió reducir el saldo de Bonos Globales en cerca de $205 millones. Este tipo de operaciones apunta a mejorar el perfil de vencimientos y reducir riesgos asociados a concentraciones de deuda.

A la par de estas estrategias, el país recibió un desembolso de $500 millones del Banco Mundial, destinado a programas vinculados a la gestión fiscal y el crecimiento económico.

Este tipo de financiamiento multilateral suele tener condiciones más favorables en términos de tasas y plazos, lo que contribuye a aliviar presiones en el corto plazo.

En ese contexto, el costo financiero sigue siendo uno de los principales focos de presión. En enero de 2026, el pago de intereses fue de $269.24 millones, mientras que en febrero ascendió a $270.28 millones, principalmente asociados a Bonos Globales, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Este nivel de pagos refleja el impacto acumulado del mayor endeudamiento y del entorno de tasas elevadas, obligando al Gobierno a combinar desembolsos, recompras y otras operaciones para contener riesgos.

El Ministerio de Economía y Finanzas ha defendido estas acciones como parte de una estrategia integral para optimizar la deuda pública y fortalecer las finanzas del país. P

Según el MEF, la política está orientada a mejorar el perfil de la deuda, reducir el déficit fiscal y avanzar hacia balances primarios positivos, con el objetivo de estabilizar el nivel de endeudamiento hacia finales de la década.

El desafío, sin embargo, sigue siendo significativo. Panamá enfrenta un nivel de deuda elevado, heredado en buena medida de años anteriores, junto con compromisos fiscales que continúan presionando las cuentas públicas.

En ese contexto, la sostenibilidad de la deuda dependerá no solo de la gestión financiera, sino también de la capacidad del país para retomar un crecimiento económico sólido.

La evolución de la deuda en la última década refleja un cambio estructural en las finanzas públicas panameñas. Para lso economistas, el reto ahora es contener su crecimiento, reducir su peso relativo en la economía y recuperar la confianza de los mercados internacionales, en un entorno que seguirá siendo exigente.

El sistema bancario panameño arrancó 2026 con señales de solidez, liquidez y crecimiento sostenido. Según el más reciente Informe de Actividad Bancaria de la Superintendencia de Bancos, los depósitos del Centro Bancario Internacional (CBI) alcanzaron los $117,466 millones, un aumento de 8% interanual, lo que refleja una mayor confianza de clientes locales y extranjeros en la plaza financiera.

Este crecimiento se da en un contexto donde el sistema continúa operando con niveles prudenciales adecuados y una estructura financiera que sigue fortaleciendo su base.

Uno de los elementos más relevantes es que el crecimiento del sistema estuvo impulsado principalmente por los depósitos externos, que aumentaron 13.9%, muy por encima del crecimiento de los depósitos internos.

Este comportamiento confirma el rol de Panamá como un centro financiero regional, donde recursos provenientes del extranjero siguen encontrando oportunidades de colocación.

Además, los depósitos de particulares, tanto residentes como no residentes, continúan siendo el principal pilar del fondeo bancario, lo que aporta estabilidad al sistema.

En paralelo, el tamaño del sistema también siguió expandiéndose. El activo total neto del CBI alcanzó los $163,327 millones, con un crecimiento de 5.6% interanual, lo que evidencia una expansión ordenada del balance.

Este crecimiento estuvo acompañado por un aumento en las inversiones en valores, que subieron a $36,165 millones, y por una mejora en la estructura de financiamiento, donde los depósitos ganan mayor peso frente a otras obligaciones.

El crédito también mantuvo una trayectoria positiva, aunque con matices importantes. La cartera crediticia neta llegó a $100,348 millones, con un crecimiento de 5.4%, impulsado principalmente por el crédito externo, que aumentó 13.8%.

Esto confirma que el sistema bancario panameño sigue actuando como una plataforma de intermediación regional, canalizando recursos hacia operaciones fuera del país, mientras el crédito interno avanza a un ritmo más moderado.

Dentro del mercado local, el dinamismo se concentra en sectores clave. El crédito a consumo personal, hipotecas y comercio continúa liderando la actividad, consolidándose como los principales motores del financiamiento interno.

En contraste, sectores como la construcción y la industria registraron caídas, reflejando un comportamiento más cauteloso por parte de los bancos ante actividades con mayor sensibilidad económica.

En términos de calidad de cartera, el sistema mantiene indicadores relativamente estables. La cartera vencida se ubicó en 2.22%, prácticamente sin cambios frente al año anterior, lo que indica que, pese al crecimiento del crédito, el nivel de incumplimiento se mantiene controlado.

Sin embargo, la morosidad temprana mostró un leve aumento, pasando de 1.43% a 1.57%, una señal que los bancos están monitoreando de cerca para evitar deterioros futuros.

La rentabilidad, por su parte, se mantuvo estable, aunque con ajustes internos relevantes. La utilidad neta del sistema alcanzó los $253.6 millones, con un crecimiento marginal de 0.2%, pero con un dato clave: la utilidad antes de provisiones creció 8%, lo que evidencia una fuerte capacidad operativa.

La diferencia se explica porque los bancos decidieron aumentar sus provisiones en más de 65%, reforzando sus reservas frente a posibles riesgos.

Este enfoque refleja una estrategia clara: priorizar la resiliencia del sistema por encima de la rentabilidad de corto plazo.

Es decir, aunque los bancos ganan más a nivel operativo, están destinando esos ingresos a fortalecer su balance, lo que les permite enfrentar mejor eventuales cambios en el entorno económico o financiero.

En materia de liquidez, los números son contundentes. El índice de liquidez legal se ubicó en 56.15%, muy por encima del mínimo regulatorio de 30%, lo que confirma que el sistema tiene capacidad suficiente para responder a obligaciones de corto plazo.

Además, los activos líquidos superaron los $18,500 millones, reforzando ese colchón financiero.

Otro indicador clave es la relación entre crédito y depósitos, que bajó a 85.4%, lo que significa que los depósitos están creciendo más rápido que los préstamos.

Este comportamiento mejora la holgura financiera del sistema y reduce riesgos de liquidez, en un contexto internacional donde las tasas de interés siguen ajustándose.

En términos de capital, el sistema también muestra fortaleza. El índice de adecuación de capital se ubicó en 16.27%, más del doble del mínimo exigido, lo que confirma que los bancos cuentan con un amplio margen para absorber pérdidas inesperadas.

Este nivel de capitalización es uno de los principales respaldos de la estabilidad del sistema bancario panameño.

En conjunto, los resultados de enero de 2026 reflejan un sistema bancario que crece, se fortalece y se protege al mismo tiempo. La combinación de mayor liquidez, expansión del crédito, aumento de depósitos y fortalecimiento de provisiones configura un escenario de estabilidad, aunque con señales de vigilancia en aspectos como la morosidad temprana y la evolución de ciertos sectores económicos.

El reto hacia adelante será mantener ese equilibrio. El sistema deberá seguir gestionando con cuidado el crecimiento del crédito externo, la dependencia de depósitos internacionales y el impacto de las condiciones financieras globales.

Por ahora, los datos confirman que la banca panameña inicia el año con una base sólida y con capacidad para adaptarse a un entorno cada vez más exigente.

La compañía Globalia indicó que Air Europa mantiene una deuda pendiente de 205 millones de dólares con el Estado venezolano, una situación originada por la imposibilidad de repatriar fondos generados en moneda local por la venta de billetes desde el año 2013. Esta información se extrae de la documentación remitida al Tribunal Supremo, a la que tuvo acceso Europa Press, en el contexto del proceso judicial por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Según estos documentos, Air Europa había contratado en septiembre de 2019 a Víctor de Aldama para intermediar y gestionar la repatriación de este dinero, aunque hasta ahora no se ha logrado recuperar la suma ni se han realizado pagos a Aldama por estas gestiones.

De acuerdo con Europa Press, los documentos entregados por Globalia al Supremo detallan que, en junio de 2020, Air Europa realizó la compra de un lote de mascarillas a Soluciones de Gestión, empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama, por un valor de 2,36 millones de euros. Esta operación se produjo en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 y respondía a la obligatoriedad de proporcionar mascarillas tanto a la tripulación como a los pasajeros en los vuelos de la aerolínea. La empresa matriz explicó que la adquisición buscó cumplir con la legislación vigente y garantizar la seguridad sanitaria de empleados y viajeros.

El medio Europa Press informó que, además de Soluciones de Gestión, Air Europa adquirió mascarillas a otras empresas proveedoras durante ese período. Soluciones de Gestión es señalada por la investigación judicial como el eje central de la denominada trama vinculada al caso Koldo, en la que figura Víctor de Aldama como presunto intermediario. A raíz de estas operaciones, en abril está previsto el inicio del juicio en el que serán juzgados, junto a Aldama, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, por su posible implicación en presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición de material sanitario durante la crisis por la pandemia.

Según puntualizó Europa Press, los documentos aportados por Globalia ante el Tribunal Supremo incluyen precisiones sobre la contratación de Aldama en septiembre de 2019. El objetivo de ese acuerdo era gestionar la recuperación de los fondos bloqueados en Venezuela, una misión que, de acuerdo con la documentación, no llegó a cumplirse, razón por la que la compañía no realizó desembolsos a Aldama en virtud del contrato. Globalia sostiene en ese escrito que los 205 millones de dólares estadounidenses no han podido ser cobrados debido a las estrictas restricciones implementadas por los órganos de control de cambio venezolanos.

La deuda de Air Europa con el Estado venezolano permanece desde 2013, año en que surgieron dificultades para repatriar los ingresos obtenidos en bolívares, la moneda nacional venezolana, tras la venta de pasajes aéreos. Globalia argumenta en el escrito remitido al alto tribunal que esta situación ha dejado a la aerolínea con derechos de crédito no ejecutables sobre la suma retenida por las autoridades del país sudamericano. Las restricciones cambiarias impuestas desde entonces en Venezuela han impedido que Air Europa acceda a esos recursos.

En el contexto de la investigación judicial, la documentación facilitada por Globalia busca aportar claridad sobre las operaciones comerciales realizadas en momentos críticos de la pandemia y ofrecer detalles acerca de las gestiones relacionadas con la deuda venezolana y la intermediación de Aldama. El proceso judicial continúa con la atención puesta sobre la contratación de empresas proveedoras de material sanitario y la gestión financiera de los recursos ligados a la actividad de Air Europa en el extranjero, de acuerdo con la información publicada por Europa Press.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reafirmó que el Gobierno no recurrirá a los mercados internacionales para emitir nueva deuda y anticipó que en el corto plazo se presentarán los mecanismos alternativos de financiamiento para afrontar los pagos de la deuda externa hasta las elecciones presidenciales de 2027, más allá de la venta de activos públicos y la colocación de deuda en el mercado local.

Durante su participación en el 21º Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, Caputo remarcó la importancia de buscar instrumentos que permitan abaratar costos y fortalecer la disciplina fiscal.

El funcionario reiteró que no está en los planes de la administración libertaria acudir al mercado internacional para cubrir vencimientos. “En algún momento pensamos el año pasado, por ahí en noviembre-diciembre. Lo descartamos. Primero, importante aclarar, este es un Gobierno que no toma deuda; tenemos superávit. Por el contrario, hemos cancelado mucha deuda, sobre todo al principio del mandato, cuando no teníamos la opción de refinanciar”, sostuvo e insistió en que la prioridad es emplear fondos propios y opciones menos costosas que la colocación tradicional de bonos en el exterior.

Las opciones que explora Caputo

Caputo detalló que el equipo económico ya tiene identificadas fuentes de financiamiento alternativo para cubrir los próximos tres vencimientos de capital. “El trabajo de Fede (por Furiase) en la Secretaría de Finanzas es el de refinanciar al país lo más barato posible. Tenemos opciones más baratas; mientras tengamos estas opciones más baratas, que por ahí el mercado no las sabe, pero se va a enterar en los próximos meses, nosotros vamos a seguir primando lo que es la opción más barata”, indicó. Añadió que los fondos alcanzan para afrontar los vencimientos de capital de julio de este año, enero y julio del próximo año, por un monto estimado en 9.000 millones de dólares.

Sobre el costo del financiamiento y el acceso a los mercados, Caputo opinó que el riesgo país actual no refleja las condiciones técnicas. “Si hoy el riesgo país está en un nivel que nosotros consideramos que es exagerado, eso quiere decir que la posición técnica, la relación entre oferta y demanda, no está tan equilibrada como nos gustaría. Tenes que seguir arreglando la economía, estabilizando y, por el otro lado, seguir pagando, y lo podemos hacer porque tenemos alternativas de financiamiento mejores. En el mejor de los mundos, nos financiamos más barato para cancelar deuda más cara, perfecto”, puntualizó.

Por otro lado, Caputo indicó que en 2027 vencerán USD 3.000 millones adicionales de capital con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Más allá de las fuentes que estamos trabajando, lo que vamos a seguir haciendo es desarrollar el mercado local, la venta de activos y estos financiamientos alternativos que por ahora son más baratos que el mercado”, destacó.

Respecto a la relación con el FMI, que actualmente atraviesa la segunda revisión del acuerdo, el jefe de la cartera económica calificó el vínculo como “espectacular” y sostuvo que Argentina no había experimentado una relación similar con el organismo. “Ahí sí hemos ganado un nivel de confianza, sobre todo de ellos a nosotros, el Fondo siempre ha sido más escéptico con Argentina porque tiene historias difíciles”, señaló. “Ellos ponderan mucho la opinión nuestra porque le hemos mostrado con resultados que lo que hemos venido diciendo lo hemos venido haciendo”, afirmó.

La estrategia local

Con el objetivo de afrontar los vencimientos de deuda de julio, Economía ya obtuvo USD 500 millones a través de la colocación del Bonar 2027 (AO27) en las dos últimas licitaciones locales de títulos en pesos y dólares. El equipo económico proyecta reunir USD 2.000 millones mediante este instrumento, destinados a cubrir los compromisos financieros de mitad de año.

La emisión contempla un límite máximo de USD 2.000 millones hasta julio. Las subastas se realizarán cada quince días y, luego de la licitación principal, se habilitará una segunda vuelta al día siguiente, en la que se podrán adjudicar hasta USD 100 millones adicionales, respetando el precio de corte de la primera ronda. El bono ofrece un cupón mensual con una tasa nominal anual inferior al 6%, y el valor final se determina en cada subasta.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, informó que Hacienda tiene prácticamente asegurados los fondos en moneda extranjera para afrontar los próximos dos vencimientos relevantes. En declaraciones a la Televisión Pública, Furiase explicó que, además del Bonar 2027, se han gestionado otras opciones de financiamiento que se anunciarán en el corto plazo y con las que se cubrirán los pagos de USD 4.200 millones en julio y el siguiente vencimiento previsto para enero de 2027.

“Con todas estas fuentes de financiamiento que estamos teniendo, prácticamente está cerrado el vencimiento de julio y el de enero del año que viene”, sostuvo durante la entrevista televisiva, ratificando la postura de Luis Caputo.

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 306, una iniciativa que introduce por primera vez en Panamá reglas claras para las gestiones de cobro y fija límites concretos a las agencias que operan en este segmento.

La norma busca proteger la intimidad del consumidor, establecer controles sobre la frecuencia de contacto y frenar prácticas que han sido señaladas por años como abusivas, en un contexto marcado por denuncias reiteradas de hostigamiento telefónico y presión indebida para el pago de deudas.

El proyecto, impulsado por la diputada Yamireliz Chong, surge precisamente ante ese vacío normativo que permitía a empresas de cobranza operar sin parámetros definidos.

Según la exposición de motivos, en el país se habían vuelto frecuentes las llamadas constantes, mensajes insistentes e incluso comunicaciones con tono intimidatorio dirigidas a consumidores con obligaciones vencidas, lo que derivó en afectaciones a la salud mental y a la estabilidad personal de los deudores.

Uno de los ejes centrales de la nueva ley es la regulación de los horarios y la periodicidad de contacto. A partir de su entrada en vigencia, las agencias de cobro solo podrán comunicarse con los consumidores de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 6:00 p.m., y los sábados entre 8:00 a.m. y 3:00 p.m., quedando prohibido cualquier contacto los domingos o días festivos.

Además, se establece que no podrá realizarse más de un contacto directo por día, independientemente del canal utilizado.

La normativa también introduce límites específicos a las llamadas y visitas. Solo se permitirá una llamada telefónica diaria y una visita domiciliaria por semana, y en ningún caso ambas acciones podrán realizarse el mismo día.

Estas disposiciones buscan frenar prácticas de presión continua que, en la práctica, terminaban generando un entorno de acoso para el consumidor, afectando incluso su entorno familiar y laboral.

Otro punto clave es el control sobre los canales de comunicación. Las agencias únicamente podrán contactar al consumidor a través de los medios previamente autorizados por este, como teléfono, correo electrónico o mensajería.

Esto implica que el usuario tendrá la facultad de decidir cómo y por dónde quiere ser contactado, lo que introduce un elemento de consentimiento que antes no estaba claramente definido en la legislación panameña.

La ley también establece un conjunto amplio de prohibiciones que apuntan directamente a las prácticas más cuestionadas del sector. Entre ellas, se prohíbe contactar a familiares, amigos o referencias del deudor, realizar visitas al lugar de trabajo, divulgar información sobre la deuda a terceros o utilizar lenguaje amenazante o agresivo.

Tampoco se permitirá simular procesos judiciales inexistentes ni advertir sobre embargos o acciones legales que no hayan sido iniciadas formalmente.

En materia de derechos, el consumidor tendrá garantías específicas como el acceso a información clara y completa sobre su deuda, incluyendo montos, intereses y opciones de pago.

Además, se establece el derecho a la confidencialidad, lo que impide que su situación financiera sea expuesta públicamente o compartida sin autorización, reforzando la protección de la intimidad como eje central de la norma.

El proyecto también regula la actuación de las agencias en términos de trazabilidad. Las empresas deberán mantener un registro detallado de todas las gestiones de cobro, incluyendo fecha, hora, medio utilizado y resultado del contacto, información que deberá conservarse por un período de al menos dos años.

Este requisito introduce un mecanismo de control que permitirá fiscalizar el cumplimiento de la ley.

En cuanto a la supervisión, la norma asigna a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de estas disposiciones.

La entidad podrá requerir información en cualquier momento y las agencias estarán obligadas a entregarla de forma oportuna y veraz, asumiendo incluso los costos asociados a ese proceso.

El componente sancionatorio también queda definido. Las infracciones a esta ley podrán ser castigadas con multas de hasta 25 mil dólares, especialmente en casos de violaciones a los derechos del consumidor o incumplimiento de las prohibiciones establecidas.

Este punto busca generar un efecto disuasivo frente a prácticas abusivas que, hasta ahora, no enfrentaban consecuencias claras en el país.

Durante el debate legislativo se dejó claro que la iniciativa no busca impedir la recuperación de deudas. Por el contrario, el objetivo es ordenar el proceso de cobranza bajo principios de respeto, proporcionalidad y legalidad, permitiendo que bancos, financieras y otros agentes continúen sus operaciones, pero sin recurrir a mecanismos que vulneren la dignidad del consumidor.

Con esta aprobación, Panamá incorpora un marco regulatorio que intenta equilibrar dos intereses: el derecho de las empresas a recuperar sus créditos y el derecho de los ciudadanos a no ser sometidos a prácticas invasivas.

La efectividad de la ley dependerá ahora de su aplicación y del nivel de supervisión que ejerzan las autoridades sobre un sector que, hasta ahora, operaba con amplios márgenes de discrecionalidad.

Ahora, todo dependerá de la decisión que tome el Presidente José Raúl Mulino que podrá sancionar la normativa o rechazarla en su totalidad o parcialmente para que se realicen nuevos ajustes.

El panorama del crédito en Argentina muestra grietas que trascienden el consumo hogareño. Aunque históricamente las líneas de financiamiento corporativo presentaron niveles de cumplimiento más estables que los préstamos a individuos, la tendencia comienza a virar hacia un escenario de mayor tensión. El incumplimiento de las obligaciones comerciales avanza, aunque de manera desigual según el tamaño de la empresa y todavía por debajo de la morosidad familiar.

En diciembre de 2025, último dato oficial disponible del Banco Central, la tasa de créditos comerciales con dificultades de cobro se ubicó en 2,7%, lo que implica un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior. El salto resulta más relevante al observar la comparación interanual: en diciembre de 2024, el indicador era de 0,8%. Este incremento se concentra en financiaciones recategorizadas como de riesgo medio o que presentan obstáculos estructurales para su cancelación, según el Banco Central.

Los datos oficiales muestran que la morosidad comercial creció de manera sostenida durante 2025 y se aceleró en el último trimestre del año. A pesar del deterioro, la irregularidad continúa siendo menor que la registrada en los créditos a las familias, pero la brecha se acorta en un contexto de menor actividad económica.

Brecha entre grandes empresas y Pymes

Uno de los aspectos más destacados del mercado crediticio argentino es su alta concentración. De acuerdo con estimaciones de Estudio Económicos del Banco Provincia, el 42% del volumen total de préstamos está en manos de solo el 0,3% de las sociedades registradas, correspondientes a grandes corporaciones. El 58% restante del financiamiento se distribuye entre el 99,7% de las empresas activas.

Esta asimetría se refleja en los niveles de mora: las grandes compañías exhiben un índice de irregularidad de 0,9%. Su capacidad para gestionar liquidez y acceder a distintas fuentes de fondeo les permite afrontar el contexto con mayor margen.

En cambio, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) muestran una morosidad del 4%. Para este segmento, el crédito es fundamental para cubrir necesidades operativas cotidianas. La elevada carga financiera y la falta de dinamismo en las ventas empujaron a muchas unidades productivas a incumplir sus compromisos bancarios. Analistas del sector advierten que los indicadores generales suelen atenuar la gravedad de la situación, ya que la mayoría del entramado productivo enfrenta condiciones financieras delicadas.

Al segmentar la morosidad por rubros, surgen diferencias marcadas. El sector de la construcción encabeza el ranking de mayor morosidad, afectado por la paralización de obras de infraestructura y el aumento sostenido del costo de insumos.

El comercio minorista le sigue, impactado por un consumo interno deprimido que resiente la cadena de pagos y prioriza salarios y proveedores críticos sobre el pago de cuotas bancarias.

Por el contrario, los sectores vinculados a la exportación, como agro y energía, mantienen indicadores más sólidos y funcionan como contrapeso que evita un deterioro aún mayor en las cifras globales de mora corporativa.

Aceleración de la mora y ausencia de motores económicos

La consultora LCG advierte que la irregularidad en la cartera comercial aumentó de forma gradual durante un año y medio, pero se aceleró en la segunda mitad de 2025. En diciembre, la mora trepó a 2,5%, más que duplicando el nivel de mayo (1%).

Este fenómeno está vinculado, en parte, a la falta de motores de expansión económica. Sin crecimiento de la actividad que impulse la demanda, las empresas ven limitada su capacidad de generación de ingresos. “Ya son varias las empresas que muestran dificultades de repago, lo que atentará también contra el dinamismo de ese segmento crediticio”, señala el informe de LCG. Ante el aumento del riesgo de impago, los bancos endurecen las condiciones, generando un círculo vicioso de menor oferta de crédito y mayores dificultades para las empresas.

Advertencia de Moody’s sobre el sistema bancario

La situación fue advertida por agencias internacionales. Moody’s, la calificadora de riesgo, emitió una alerta sobre el deterioro en la calidad de los activos del sistema financiero argentino. Según Moody’s, la morosidad bancaria está siendo impulsada por la persistente inflación y la caída en los ingresos reales, lo que erosiona la capacidad de pago tanto de empresas como de individuos.

La agencia destaca que, aunque los bancos mantienen niveles de solvencia razonables, el aumento de los préstamos irregulares podría extenderse durante buena parte de 2026 si no se estabilizan las variables macroeconómicas. Moody’s subraya la exposición de las entidades financieras a sectores muy sensibles al ciclo económico, lo que incrementa la vulnerabilidad ante una mora que ya dejó de ser un fenómeno marginal.

El frente hogareño: la mora en las familias

El deterioro financiero también alcanza a los hogares argentinos. Un reporte del Banco Provincia muestra que más de 20,5 millones de personas —uno de cada dos adultos— tiene algún tipo de deuda, lo que representa un crecimiento del 8% en el último año.

La morosidad total en el segmento familiar llega al 13%, pero existen diferencias según la entidad acreedora: en bancos tradicionales, la irregularidad es de 9,3%, mientras que en entidades no financieras —como fintech, billeteras virtuales y tarjetas de supermercados— la cifra asciende a 24,6%.

Preocupa especialmente el incremento del 29% en la cantidad de personas “doblemente endeudadas”, es decir, con deudas impagas tanto en bancos como en entidades no bancarias. En los últimos dos años, el crédito funcionó como un ingreso complementario para sostener el consumo básico, pero ese mecanismo parece haber llegado a su límite.

Expertos del sector coinciden en que cualquier recuperación de los salarios no se trasladará de inmediato al consumo, ya que primero se destinará a cancelar deudas acumuladas. Esto podría retrasar un eventual repunte de la demanda interna.

Debido a una millonaria deuda, el cantón militar de Ocaña (Norte de Santander) no tiene suministro de agua por parte del acueducto. De acuerdo con La FM, la base militar completa cuatro días sin el servicio, por lo que fue necesario recurrir a medidas de contingencia para garantizar el acceso a agua potable para el personal del lugar y los uniformados.

En una rueda de prensa, el comandante del Ejército Nacional, el mayor general Royer Gómez Herrera, explicó cómo está la situación de suministro de agua en el cantón y las características del pasivo que tiene el Ejército con la empresa de acueducto de la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La deuda que tenemos en el cantón militar de Ocaña es una deuda por el servicio de acueducto, por el servicio de agua. Es una deuda que corresponde a los meses de enero y de febrero del 2026 por una suma de $160 millones”, precisó el comandante ante los medios de comunicación.

La deuda no ha podido saldarse debido al plan de caja anual, en el que se establece que la fecha de pago de la obligación será en abril de 2026. Mientras tanto, aclaró que la situación está siendo afrontada con carrotanques que garantizan el suministro del recurso hídrico en el complejo militar.

“El cantón nunca se ha visto desabastecido de agua porque lo hemos estado suministrando a través de carrotanques”, detalló el uniformado. Según La FM, los vehículos llegan al cantón militar varias veces al día para suministrar agua potable.

Sin embargo, el general Gómez Herrera informó que mantienen comunicación con la compañía de acueducto para determinar las condiciones de pago y así poder restablecer el servicio.

“Tenemos una reunión con el gerente de la empresa prestadora del servicio para establecer la línea de tiempo para el pago en el mes de abril y poder restablecer nuevamente el servicio para los hombres y mujeres de nuestro Batallón Santander que se encuentran acantonados allá en esa unidad”, explicó el comandante a la prensa.

En conversación con Caracol Radio, el Ejército Nacional informó que, ante esta situación, decidieron abrir investigaciones internas por el manejo de los recursos y presuntos sobrecostos.

En noviembre de 2025 se presentó un hecho similar en el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña. El Comando de la Trigésima Brigada informó en su momento que durante dos días, más de 1.000 uniformados estuvieron sin acceso al recurso hídrico.

De acuerdo con Blu Radio, el corte de agua habría estado vinculado a obligaciones pendientes con la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña (Espo). Sin embargo, la situación logró normalizarse, garantizando el restablecimiento del suministro para asegurar condiciones adecuadas de salubridad en la base militar y mantener su capacidad operacional.

Déficit en las Fuerzas Militares y la Policía

En julio de 2025, Noticias RCN publicó un informe que expuso un déficit en las Fuerzas Militares de $847.000 millones y un faltante de $221.000 millones en la Policía. El dinero era requerido para el pago de servicios públicos, el suministro de dotaciones, la atención de emergencias, el mantenimiento de equipos, entre otros.

Un mes antes, la Procuraduría indicó que se habían llevado a cabo mesas técnicas con el acompañamiento de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, en las que se anunció el desbloqueo inicial de $346.066 millones para el funcionamiento de las Fuerzas Militares y de Policía.

“La alarmante situación del desfase financiero del sector defensa, advierte el ente de control, no puede afectar la operatividad y funcionamiento del Ejército y más cuando la situación de orden público que vive el país es bastante compleja”, precisó el Ministerio Público en un comunicado.

La atención pública se ha centrado en la reciente inclusión de Bertín Osborne en la lista de deudores de Hacienda en junio de 2025, hecho que generó un debate sobre sus finanzas personales. De acuerdo con Europa Press, diversos medios han especulado sobre una supuesta deuda que superaría los 850.000 euros y la necesidad inmediata de obtener 4,3 millones de euros adicionales, según lo reportado por el periodista Alejandro Entrambasaguas en el programa 'Fiesta'. Sin embargo, José Luis López, conocido como 'El Turronero' y amigo cercano del cantante, descartó que Osborne enfrente una crisis económica severa y atribuyó los fondos mencionados a una inversión inmobiliaria.

Según informó Europa Press, los comentarios de Entrambasaguas apuntaron a que el artista buscaría obtener una importante cantidad de dinero en condiciones calificadas como arriesgadas, lo que podría acarrear consecuencias negativas si finalmente no las acepta. Este relato fue motivo de sorpresa para 'El Turronero', quien frente a las cámaras negó tener conocimiento de una deuda en los términos planteados y explicó que, en realidad, el dinero podría estar destinado a financiar un complejo hotelero planeado por Bertín Osborne en su hacienda de Sevilla. El empresario subrayó que el proyecto cuenta con permisos y que la financiación responde a una dinámica común en el sector inmobiliario.

Sobre la supuesta urgencia financiera atribuida a Osborne, 'El Turronero' reiteró que el cantante lleva sus asuntos económicos como cualquier otro promotor, haciendo uso de créditos o financiaciones para el desarrollo de obras, y afirmó: "Yo creo que no, que eso no es cierto. Concretamente, de lo que me estás preguntando, no creo que sea así. Él va a hacer ahí un complejo, creo que va a ser unas obras que ya tenía permisos y tal. Y habrá financiado parte de la obra que va a hacer como cualquier promotor, pero el resto que me estás diciendo no tengo ni idea, de verdad."

El medio Europa Press detalló que López también resaltó el carácter prudente del artista en la gestión de sus pagos y sostuvo que, hasta donde puede observar, Osborne se mantiene solvente. Comentó: "Yo, como digo siempre, no sé las cuentas de cada uno... Yo sé que es un tío que es bien, que como cualquier hijo de vecino o cualquier persona tiene sus problemas, ¿me entiende? Pero yo lo veo bien y yo creo que estará al día en sus pagos y estará al día en todo, pero tampoco lo tengo concretamente ubicado en cómo lo lleva. Pero bueno, yo creo que el tema ese de la financiación es solo y exclusivamente para ver el tema ese de la promoción".

Paralelamente al debate sobre las finanzas de Bertín Osborne, su vida personal ha sido objeto de atención mediática, en particular su relación con Gabriela Guillén. Según publicó Europa Press, Guillén intervino en el programa 'Supervivientes' donde hizo declaraciones elogiosas sobre el cantante, asegurando que es "un padrazo" y manifestando su aprecio y cariño por él. López celebró la armonía alcanzada entre ambas partes, relatando que, poco antes de la participación de Guillén en el programa, ella le confió que la relación era cordial y que tanto ella como su hijo se encontraban a gusto con Osborne. "Al final las aguas vuelven a su cauce y evidentemente ellos ahora se llevan bien. Y así me lo dijo la semana antes de irse a la islame lo comentó, que estaba todo perfectamente. Con el chico también estupendo, o sea que todo muy bien", manifestó López.

En cuanto a las revelaciones de Guillén sobre la filtración de su embarazo y las tensiones derivadas de ese episodio, 'El Turronero' optó por no profundizar, limitándose a indicar que, por respeto y amistad con ambas partes, prefiere la discreción en estos asuntos. Al ser consultado sobre la posibilidad de que Guillén publique un libro sobre su experiencia junto a Osborne, López reflexionó que "todos tenemos un libro que escribir. Todos en la vida tenemos algo que decir, y me imagino que ella también lo tendrá, claro", según consignó Europa Press.

Toda la atención mediática se ha centrado en la figura de Bertín Osborne, tanto por lo concerniente a su situación financiera como por el entorno familiar y personal que lo rodea. La participación de actores cercanos, como López, ofrece una perspectiva distinta sobre el origen y destino de los fondos mencionados en las últimas informaciones, negando así que el cantante se encuentre en situación crítica o de insolvencia, de acuerdo con los testimonios recogidos por Europa Press. El asunto sigue suscitando interés en la opinión pública, en paralelo a la evolución de los proyectos empresariales y personales del artista.

Con un valor promedio de $318.650 en febrero, el valor de las expensas registró una baja del 1,8% respecto a la expensa promedio de enero que fue de $324.404, según relevó el portal ConsorcioAbierto entre 13.000 consorcios que utilizan su plataforma. En paralelo, creció la cantidad de deudores: la mora pasó del 17% al 19% en el último mes.

Más allá de la baja temporal de febrero, un relevamiento del sitio web que centraliza más de 1.700 administraciones, detalló que el incremento interanual en el precio de las expensas fue del 38,4%, ya que la expensa promedio en enero de 2025 en CABA fue de 230.186 pesos.

Esto es casi cinco puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada para el mismo periodo que mide el Indec. El IPC de febrero fue del 2,9%, con una variación interanual del 33,1%. La entidad develó que división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un ajuste del 6,8 por ciento.

“Las expensas no se mueven exactamente igual que la inflación porque dependen mucho del calendario del edificio. Enero suele concentrar varios ajustes al mismo tiempo: actualización de contratos de servicios, reorganización de presupuestos y, en algunos casos, todavía el impacto del aguinaldo liquidado en diciembre. Eso hace que haya meses con mayor carga de gastos y otros donde el presupuesto se reacomoda”, detalló Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto.

Sube la morosidad

Según el relevamiento, en un edificio, el 19% de las unidades funcionales posee deuda. Es decir, de cada 100 departamentos, 19 deben. Este número, que se repite tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en la Provincia, es una tendencia que se sostuvo a lo largo de 2025, pero que empezó a crecer en los últimos dos meses.

“Durante mucho tiempo vimos niveles de morosidad cercanos al 17%, que se habían vuelto relativamente estructurales dentro del sistema. Hoy ese número aparece más cerca del 19%, lo que significa que casi dos de cada diez unidades funcionales tienen deuda. No es un salto abrupto, pero sí es un cambio que conviene observar con atención”, analizó Laiuppa.

En este sentido, el especialista explicó que “cuando la mora crece, el consorcio empieza a funcionar en la práctica como un sistema de financiamiento interno: quienes pagan en término terminan sosteniendo temporalmente el funcionamiento del edificio mientras otros regularizan su situación. Por eso la morosidad no depende únicamente del contexto económico. También refleja cómo se gestiona el consorcio y qué herramientas existen para ordenar los pagos”, agregó.

En cuanto a la estructura de costos de los edificios, el principal gasto de los consorcios en CABA es el personal y los sueldos, que representan el 33% del total. En edificios chicos, ese peso puede escalar hasta el 35%, mientras que en los más grandes baja al 16% por efecto de escala.

Le siguen los costos operativos y de mantenimiento, con un 28%, aunque con una lógica inversa: arrancan en 26% en consorcios pequeños y trepan hasta el 53% en los grandes, impulsados por servicios como limpieza, seguridad y mantenimiento. Más atrás aparecen los servicios públicos, con un peso relativamente estable de entre 13% y 15%, los gastos administrativos, bancarios e impositivos, con el 14%, y el mantenimiento extraordinario y obras, que se ubica entre el 6% y el 11 por ciento.

Valor promedio de las expensas por provincia

De acuerdo con el relevamiento, en la Provincia de Buenos Aires, las expensas aumentaron un 45,8% interanual, alcanzando un promedio de $155.508 en febrero, lo que totalizó un 0,6% más que en enero.

En Córdoba, las expensas subieron un 37,8% interanual, con un promedio de $142.960 en febrero. Esto fue un 1,6% más que en enero. En tanto, en Santa Fe, estas se ajustaron en un 41,7% interanual, con un promedio de $128.097 en febrero (un 2,4% más que en enero). Entre Ríos, por su parte, tuvo un alza del 72,7% interanual, con un promedio de $72.654 en febrero, lo que significó un 5,5% más que en enero.

“Después de varios años en los que los costos cambiaban de forma muy brusca, hoy empieza a aparecer un poco más de previsibilidad en cómo evolucionan las expensas. Eso no significa que los valores estén bajando, pero sí que los consorcios pueden empezar a visualizar mejor cómo se comporta su estructura de gastos. En un sistema como el de los edificios, donde hay contratos, servicios permanentes y decisiones colectivas, la previsibilidad es clave para poder administrar”, dijo Laiuppa.

Panamá inició 2026 con una recaudación de ingresos corrientes de 606.2 millones de dólares en enero, una cifra que refleja un desempeño mixto frente a las metas fiscales del Estado.

Aunque el resultado supera lo previsto en el presupuesto para ese mes, el total se ubica 30.4 millones de dólares por debajo de lo registrado en enero de 2025, según el informe preliminar de recaudación divulgado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El dato confirma que la dinámica de ingresos públicos sigue marcada por variaciones en los distintos rubros tributarios y no tributarios.

El reporte indica que los ingresos tributarios alcanzaron 472.9 millones de dólares, lo que representa un incremento de 15.9 millones frente al mismo mes del año pasado, equivalente a un crecimiento de 3.5% interanual.

Este desempeño estuvo impulsado principalmente por la recaudación de impuestos indirectos, que incluyen tributos asociados al consumo, las importaciones y el impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y servicios (ITBMS).

La evolución de estos ingresos suele estar vinculada al nivel de actividad económica y al comportamiento del comercio.

Dentro del componente tributario, los impuestos directos sumaron 216.8 millones de dólares, una cifra ligeramente menor a la registrada en enero de 2025.

En particular, la recaudación por impuesto sobre la renta totalizó 185 millones de dólares, con resultados distintos entre los aportes de personas naturales y jurídicas. Mientras algunos rubros registraron aumentos, otros mostraron retrocesos en comparación con el año anterior, reflejando cambios en la estructura de pagos y en el calendario fiscal de los contribuyentes.

Por su parte, los impuestos indirectos alcanzaron 256 millones de dólares, impulsados por el desempeño del ITBMS en ventas y en importaciones, así como por tributos selectivos al consumo y otros gravámenes vinculados al comercio.

Estos impuestos suelen responder de manera más inmediata al comportamiento del consumo interno y del intercambio comercial, por lo que su evolución se observa con atención como indicador de la actividad económica en el corto plazo.

El informe también muestra que los ingresos no tributarios aportaron 132.2 millones de dólares, superando la meta presupuestaria para el mes, aunque con una reducción significativa frente a enero del año anterior.

Este rubro incluye tasas, aportes, participaciones y otros ingresos del Estado que no provienen directamente de impuestos, por lo que su comportamiento puede variar según factores institucionales, transferencias o pagos extraordinarios que se registren en determinados periodos.

Si se incluyen los pagos realizados mediante documentos fiscales, la recaudación total correspondiente a enero de 2026 asciende a 618.7 millones de dólares, lo que incorpora operaciones que utilizan créditos fiscales u otros instrumentos autorizados dentro del sistema tributario.

Este mecanismo forma parte de la contabilidad fiscal y permite registrar determinadas obligaciones tributarias que no se cancelan exclusivamente en efectivo.

En comparación con el presupuesto aprobado para el mes, el informe señala que los ingresos corrientes superaron la meta en 70.4 millones de dólares, un resultado que refleja un mejor desempeño respecto a lo previsto inicialmente por las autoridades económicas.

Sin embargo, el contraste con el mismo mes de 2025 muestra que el nivel de ingresos aún enfrenta fluctuaciones que responden tanto a la dinámica económica como al calendario de pagos tributarios.

El comportamiento de la recaudación durante el primer mes del año suele estar influido por factores estacionales, ya que muchos contribuyentes realizan sus pagos más importantes durante los meses siguientes del calendario fiscal.

Uno de los hitos más relevantes es la presentación de la declaración de renta anual, cuyo plazo para el periodo fiscal 2025 venció el 15 de marzo de 2026, fecha límite establecida para que personas naturales y empresas presentaran sus declaraciones ante la Dirección General de Ingresos (DGI).

Las autoridades fiscales siguen de cerca el desempeño de los ingresos públicos durante el primer trimestre del año, ya que los resultados de estos meses ofrecen señales sobre la evolución de la economía y sobre la capacidad del Estado para financiar su presupuesto.

El comportamiento de la recaudación también es un indicador clave para evaluar la sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de las metas establecidas en el presupuesto general del Estado.

La gestión de la deuda pública en febrero se mantuvo bajo control pese a la concentración de pagos y colocaciones para cumplir con el cronograma de vencimientos hasta fin de año, a tono con la consolidación del superávit fiscal que anticipó el ministro Luis Caputo.

El 27 de febrero la Administración Central afrontó un pago superior a USD 1.000 millones por vencimientos de Bopreales (títulos emitidos por el Banco Central para cubrir deudas con importadores) y el vencimiento de intereses del acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI por USD 878 millones, cubiertos con la compra de Derechos Especiales de Giro (DEG) a Estados Unidos, y que serán cancelados con el próximo desembolso del organismo, tras la segunda revisión técnica de las metas del último trimestre de 2025.

Durante el mes, la Administración Central realizó operaciones por USD 45.738 millones: USD 22.974 millones correspondieron a financiamiento y capitalizaciones, y USD 22.764 millones a amortizaciones y pagos.

Desde el inicio de enero de 2026, la dinámica de la deuda pública atrajo la atención de analistas y consultoras económicas, debido a la concentración de vencimientos y la limitada acumulación de reservas internacionales en el Banco Central de la República Argentina y la capacidad de compra del Tesoro Nacional. Ese proceso se acentuó en febrero y marzo, por la exigencia de un pago de más de USD 4.000 millones que deberá afrontar la Secretaría de Finanzas en julio y seis meses después.

Sin embargo, el nuevo secretario de Finanzas, Federico Furiase aseguró que el equipo económico ya cuenta con los dólares necesarios para cubrir los dos próximos grandes pagos de deuda. En una entrevista emitida por la Televisión Pública el ex director del Banco Central de la República Argentina dijo: “Se negociaron fuentes de financiamiento adicionales al Bonar 2027, que serán anunciadas en los próximos días y garantizarán el pago del vencimiento de julio por USD 4.200 millones y el primero del año siguiente”.

Se negociaron fuentes de financiamiento adicionales al Bonar 2027, que serán anunciadas en los próximos días y garantizarán el pago del vencimiento de julio por USD 4.200 millones y el primero del año siguiente (Furiase)

Bancos y fondos de inversión coincidieron en que la renovación de deuda será clave para evitar tensiones cambiarias, una preocupación reiterada entre los actores del sector. Al examinar el ritmo de pagos, quedó clara la distribución desigual de los vencimientos: un economista privado afirmó entonces que “la curva del Tesoro presenta fuertes picos en la primera quincena”, lo que dificulta la gestión de esos montos en períodos tan acotados.

La Secretaría de Finanzas informó que en febrero, tras los ajustes por diferencias de cambio y capitalización de intereses por USD 10.991 millones, la deuda primaria de la Administración Central creció en el mes en USD 11.200 millones, alcanzando un total de USD 472.135 millones, lo que representó un alza del 2,4% respecto de enero.

En términos de PBI la deuda consolidada Administración Central y BCRA se redujo en 2,3 puntos porcentuales

No obstante, en términos de PBI, la deuda total consolidada (Administración Central y BCRA) se redujo en el mes a 56,9%, unos 2,3 puntos porcentuales menos que en enero.

La deuda bajo legislación extranjera disminuyó en USD 388 millones (hasta USD 163.592 millones), mientras que la deuda bajo legislación nacional se elevó en USD 11.588 millones -principalmente por efecto de los bonos indexados y capitalizables y diferencias de cambio-, situándose al cierre de febrero en el equivalente a USD 308.543 millones, al tipo de cambio mayorista que informa el BCRA.

Las operaciones de deuda con organismos internacionales -excluyendo al FMI- destinadas a recapitalizar el Banco Central y avanzar en reformas sin requerimiento legislativo, junto al efecto del ajuste de valuación de divisas, determinaron una baja de USD 66 millones, totalizando USD 39.286 millones. Por su parte, el saldo del préstamos del FMI cayó en USD 360 millones, en ambos casos predominando el efecto de la variación de las divisas respecto del dólar.

Por diferencias de cambio, los Adelantos y Letras del Banco Central transferidos a la Tesorería aumentaron en USD 78 millones, alcanzando 55.437 millones de dólares.

La deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 3.641 millones -aumentaron en USD 143 millones-, totalizó en febrero USD 468.494 millones, mostrando un aumento de USD 11.057 millones respecto de enero.

Endeudamiento neto en el gobierno de Milei

En relación a noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central a febrero de 2026 subió en USD 46.841 millones. No obstante, al sumar las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro en los primeros meses de 2024 y la variación de depósitos oficiales en el BCRA, el stock consolidado en los primeros 27 meses de la presidencia de Javier Milei presentó una reducción neta de USD 18.457 millones. Este proceso se descompone en un aumento de USD 22.07 millones con organismos internacionales y una baja de USD 40.528 millones en el agregado del sector público y privado.

En los primeros 27 meses de la presidencia de Javier Milei la deuda de la administración central aumentó en USD 22.07 millones con organismos internacionales y baja en USD 40.528 millones en el agregado del sector público y privado

Para los analistas, la coordinación entre el Tesoro y el Banco Central sigue siendo un factor central para el desempeño de la economía en el corto plazo. La estrategia oficial apunta a evitar que la expansión monetaria de origen cambiario se traslade a los precios o al dólar, así como consolidar la disciplina fiscal para reducir el peso de la deuda pública en términos de PBI.

Con la mira puesta en el pago de vencimientos de deuda de julio, el gobierno de Javier Milei ya consiguió USD 500 millones mediante la emisión del Bonar 2027 (AO27) en las dos últimas licitaciones de instrumentos en pesos y dólares. Bajo esta modalidad, el equipo económico aspira a colectar USD 2.000 millones, que serán destinados a cumplir con los compromisos financieros de mitad de año.

En la subasta del bonos del jueves, la Secretaría de Finanzas adjudicó USD 150 millones con una tasa nominal anual de 5,45%, inferior al 5,74% que se había registrado en la instancia precedente. La demanda resultó más acotada: se presentaron ofertas por USD 436 millones, frente a los USD 868 millones que se habían ofrecido en la primera operación de este tipo.

El viernes, el Ministerio de Economía informó que en la licitación realizada ese mismo día se adjudicaron USD 100 millones extra a la misma tasa, tras recibir propuestas por 218 millones de dólares. El monto asignado implicó un factor de prorrateo del 46,46% respecto al total ofertado. De esta manera, el equipo liderado por Luis Caputo ya tiene en su haber USD 500 millones, un cuarto del objetivo proyectado.

La emisión prevé un tope de USD 2.000 millones hasta el mes de julio. Las subastas se organizarán con frecuencia quincenal y, tras la licitación principal, se habilitará una segunda vuelta al día siguiente, permitiendo ampliar la adjudicación hasta USD 100 millones extra, siempre respetando el precio de corte fijado en la primera ronda. El bono paga un cupón mensual con una tasa nominal anual menor al 6%, y el precio definitivo se establece en cada licitación.

“El Tesoro volvió a ofrecer el nuevo bono en dólares AO27, donde adjudicó primero USD 150 millones y luego USD 100 millones adicionales en la rueda posterior, completando así el cupo total en esta licitación, lo que confirma que continúa existiendo demanda por este instrumento. El bono fue colocado a una tasa del 5,59%, por debajo del rendimiento del mercado secundario (5,67%), y por debajo de la licitación anterior (5,9%), lo que constituye una señal positiva en términos de demanda”, remarcó un informe de la consultora Invecq.

En tal sentido, Federico Furiase, titular de la Secretaría de Finanzas, comunicó que el Gobierno prácticamente ya tiene asegurados los fondos en moneda extranjera para cubrir los próximos dos compromisos importantes de deuda. Durante una entrevista en la Televisión Pública, explicó que, además del Bonar 2027, se han gestionado alternativas de financiamiento que serán comunicadas en breve y permitirán cumplir con el pago de USD 4.200 millones en julio y con el siguiente vencimiento previsto para enero de 2027.

El organismo que encabeza Furiase cuenta con los recursos necesarios para responder tanto al vencimiento de julio como al pago programado para comienzos del próximo año. El funcionario indicó que, junto al AO27 y la posible venta de activos del Estado, se sumarán nuevas alternativas de financiamiento que se darán a conocer próximamente.

“Con todas estas fuentes de financiamiento que estamos teniendo, prácticamente está cerrado el vencimiento de julio y el de enero del año que viene”, señaló Furiase durante una entrevista con Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira en el programa Economistas. El funcionario fundamentó su declaración en la combinación de diversos mecanismos.

Además del programa de bonos AO27, Economía evalúa otras alternativas de financiamiento, priorizando la disminución del endeudamiento externo y el fortalecimiento del mercado de capitales local. En tal sentido, Caputo remarcó su intención de limitar la exposición a Wall Street y enfocar la estrategia en recursos internos.

Entre las opciones consideradas figura la posibilidad de concretar un nuevo repo. En enero de 2026, el Banco Central había acordado un préstamo de este tipo por USD 3.000 millones con entidades financieras internacionales, medida que permitió robustecer las reservas y afrontar los pagos de deuda por USD 4.200 millones en el inicio del año. A esta suma se añadió la emisión de un BONAR hacia fines de 2025, con una tasa anual del 9,26 por ciento, muy superior al AO27.

El Gobierno también busca aumentar el ingreso de divisas a través de la ley de Inocencia Fiscal. El titular del Palacio de Hacienda subrayó que la principal meta oficial es reducir la dependencia de financiamiento externo y consolidar el mercado de capitales nacional, haciendo hincapié en la movilización de los fondos disponibles en el país.

La morosidad de las familias más que se triplicó en el último año y tocó el punto más alto desde 2010, que es hasta donde llegan los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Entre los factores que explican este salto se encuentran las tasas de interés elevadas, ingresos familiares estancados y el mayor uso del crédito para compensar la caída del poder adquisitivo de los ingresos habituales, y los especialistas consultados por Infobae no prevén una reversión del escenario en el corto plazo.

La mora de los hogares se ubicó en 9,3% en diciembre de 2025, último dato disponible. Este nivel se multiplicó 3,7 veces respecto al 2,5% observado a fines de 2024. El endeudamiento familiar promedio también se incrementó de forma considerable a lo largo del año, con un aumento en la cantidad de personas que recurrieron tanto a entidades financieras como a canales alternativos.

El deterioro en el pago de los créditos de las familias supera al promedio del sector privado, que alcanzó un 5,5% de mora, frente al 1,6% registrado al cierre del año anterior.

Entre los factores que explican el aumento de la mora se encuentran las tasas de interés elevadas, ingresos familiares estancados y el mayor uso del crédito para compensar la caída del poder adquisitivo de los ingresos

El comportamiento de la cartera de consumo empuja al alza los indicadores generales, en un contexto donde más de la mitad de los adultos mantiene algún tipo de financiamiento activo. Las condiciones financieras restrictivas, la falta de recuperación de los ingresos y el encarecimiento del crédito explican, según especialistas, que la irregularidad en los pagos haya escalado de manera tan pronunciada.

En declaraciones televisivas, el ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que hay que “seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando”. “Esto es un coletazo del ataque político del año pasado: las tasas subieron fuertemente y algunas personas tienen y tuvieron dificultades. Eso se va a ir acomodando. No es problemático a futuro”, aseveró.

Desde la consultora LCG, los economistas destacan que el incremento en la mora del crédito a las familias responde a “tasas de interés activas que se mantienen elevadas (la tasa nominal anual -TNA- promedio de los préstamos personales fue de 69% en febrero), en un contexto de salarios estancados o en retroceso”.

“Se registró un fuerte aumento en la irregularidad de la cartera comercial. Si bien esta venía incrementándose lentamente durante los 14 meses previos, el aumento de la mora se aceleró en la segunda mitad de 2025. En diciembre alcanzó el 2,5%, más que duplicando el nivel observado en mayo del mismo año (1 por ciento)”, observan.

El director asociado de la consultora Eco Go, Sebastián Menescaldi, dijo a Infobae: “Existe un cambio de modelo que se tradujo en más crédito al sector privado, que antes se canalizaba hacia el sector público”. De hecho, en los primeros dos años de gestión de Javier Milei, el financiamiento a privados pasó de un dígito anual a 13,6% del PBI a fines de 2025.

La tasa de interés real hoy es positiva y los créditos no se licuan. En un contexto de baja de ingresos, las familias tomaron créditos por demás (Menescaldi)

“La tasa de interés real hoy es positiva y los créditos no se licuan. En un contexto de baja de ingresos, las familias tomaron créditos por demás. Esto se combinó con que el año pasado levantaron el cepo cambiario e implica una tasa real positiva para que el dólar esté dormido y una política monetaria muy restrictiva: el Gobierno no regala pesos a nadie y subió los encajes”, sostuvo Menescaldi.

Para el economista, la conjunción de una política monetaria restrictiva, tasas de interés reales positivas (que le ganan a la inflación), ingresos que no crecen y ajustes de precios relativos que impactan en el ingreso disponible para gastos en consumo generaron el crecimiento de la mora de las familias.

En tanto, el analista proyectó que la política monetaria seguirá siendo restrictiva y no hay una política de ingresos que mejore, por lo "es difícil que los niveles de morosidad mejoren en el corto plazo".

Endeudamiento: cifras y evolución reciente

Un informe de Estudios Económicos del Banco Provincia (Bapro) recalca que en la actualidad, más de 1 de cada 2 adultos tiene algún tipo de financiamiento, ya sea de entidades bancarias o extra bancarias: “Las 20,5 millones de personas endeudadas -con bancos, pero también con fintech, plataformas digitales, tarjetas de supermercados y otros- representan un avance de 8% respecto del cierre de 2024″.

Más de 1 de cada 2 adultos tiene algún tipo de financiamiento, ya sea de entidades bancarias o extra bancarias (Bapro)

La evolución del endeudamiento mostró diferencias según el tipo de canal utilizado. El número de personas con deudas exclusivamente en entidades financieras bajó 4%, lo que equivale a 400.000 menos. En contraste, quienes solo mantienen deudas con entidades no financieras aumentaron 18%, es decir, unas 700.000 personas más.

Además, la cantidad de adultos con obligaciones simultáneas en ambos tipos de entidades creció 29% durante el último año, sumando 1,6 millones de nuevos deudores. De esta manera, cerca de dos millones de personas que no habían accedido a financiamiento en 2024 lo hicieron en 2025.

El 20% de los créditos por montos inferiores a un millón de pesos -que constituyen casi la mitad del total de préstamos otorgados pero menos del 5% del valor total de la cartera- presenta irregularidades en los pagos. En el segmento de préstamos superiores a $10 millones, solo 10% registra atrasos mayores a dos meses. En consecuencia, una de cada cuatro personas endeudadas enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones, más del doble del porcentaje observado si se analiza el total de la cartera.

La relación promedio de financiamiento pasó de equivaler a 1,5 salarios a mediados de 2024 a 2,5 sueldos hacia fines del año pasado. Esto implica que las familias incrementaron su nivel de endeudamiento en un salario adicional en el transcurso de 2025.

La relación promedio de financiamiento pasó de equivaler a 1,5 salarios a mediados de 2024 a 2,5 sueldos hacia fines del año pasado (Bapro)

Según estimaciones del Banco Provincia, el porcentaje de mora de los hogares más que se duplica al mirar el resto de las entidades (fintech, tarjetas de supermercado, etc.): 24,6% a fines del año pasado. Así, la proporción de créditos en situación irregular dentro de los las familias alcanza el 13% del sistema financiero, lo que implica un aumento cercano a 9 puntos porcentuales frente a diciembre de 2023.

Desde el Banco Provincia advierten: “De cara a 2026, el panorama para el ingreso disponible seguirá siendo desafiante. La desinflación continuará apoyándose en la moderación salarial como principal ancla nominal, mientras que cumplir con la meta fiscal implicará un mayor peso de los precios regulados -particularmente tarifas de energía y transporte- dentro del gasto de los hogares. En este contexto, la mejora del ingreso disponible seguiría siendo limitada. De esta forma, el consumo seguirá enfrentando restricciones y las tensiones observadas en el crédito de las familias difícilmente se disipen en el corto plazo“.

La irregularidad entre empresas

El desempeño de las principales líneas de financiamiento empresarial difiere del observado en los préstamos otorgados a familias, ya que no presentan incrementos marcados en los niveles de morosidad. Sin embargo, un análisis de los datos globales de la consultora Analytica evidencia que la mora avanza en forma dispar entre las compañías.

En enero, la tasa de créditos comerciales irregulares alcanzó el 2,7%, subiendo 0,2 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior. Cabe destacar que en diciembre de 2024, la cifra ascendía a 0,8%. El repunte más notorio se dio en las financiaciones clasificadas como de riesgo medio o con inconvenientes.

Según el informe de marras, 42% del volumen total de crédito está en manos de apenas 0,3% de las sociedades que encuadran como grandes empresas, mientras que el 58% restante corresponde al 99,7% de las sociedades.

El 42% del volumen total de crédito está en manos de apenas 0,3% de las sociedades que encuadran como grandes empresas (Bapro)

El documento también revela diferencias en el comportamiento de la mora según el tamaño de las compañías. En el caso de las grandes empresas, el índice de morosidad se ubica en 0,9%, favorecido por una mejor gestión de liquidez y un acceso más amplio a alternativas de financiamiento. Por el contrario, las pequeñas y medianas empresas registran una morosidad del 4%, afectadas por mayores costos de financiamiento y una elevada dependencia del crédito para cubrir necesidades operativas en el corto plazo.

“La concentración del financiamiento en unas pocas grandes compañías tiende a suavizar los indicadores generales, pero al observar la composición del crédito por sectores, tamaños y cantidad de empresa, se evidencia que la mayoría enfrenta condiciones más adversas. Los grandes números esconden tensiones crecientes en el entramado productivo”, concluyó el estudio.

Fue un buen día para la Argentina, a pesar del agravamiento de la crisis mundial. La licitación de bonos del Tesoro, que define la confianza de los inversores, pasó el examen: en particular en lo que hace al AO27, el nuevo bono en dólares que busca hacerse de divisas para pagar los vencimientos de julio.

Incluso, la tasa que obtuvo el equipo económico es bastante favorable de 5,6% anual cuando en el mercado secundario se ubicó en 5,5% anual. De esta manera colocó los USD 150 millones y hoy licitará a la misma tasa USD 100 millones más. Cabe aclarar que la demanda fue de 440 millones de dólares. Estos bonos ofrecen pagos de intereses mensuales hasta su vencimiento, previsto para el 27 de octubre de 2027. En esa fecha, se reembolsará la totalidad del capital, equivalente a USD 2.000 millones, que el Gobierno proyecta reunir a través de las distintas licitaciones.

En un clima internacional de alta volatilidad, el bono resultó un sedante para la economía. El otro dato relevante es que los inversores se volcaron masivamente a los bonos que ajustan por CER. El hecho de que la inflación de febrero haya sido 2,9%, más alto que la esperada, fue un estímulo.

En esta licitación de deuda pública se adjudicaron $10,42 billones de los $12,9 billones ofertados. La totalidad del monto rechazado se canalizaba hacia los BONCER. La cifra adjudicada equivale a una renovación del 108% de los vencimientos, lo que implica que el Ministerio de Economía obtuvo más fondos que el total que debía refinanciar.

Según Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, “de las licitaciones en que se ofrecieron bonos a tasa fija y BONCER ésta fue la de mayor participación de los bonos que ajustan por CER desde comienzos de 2024 lo que me parece un dato llamativo. En lo que hace a tasa fija hubo un poco de premio sobre la LECAP más corta (la que vence el 15 de mayo que cortó a 2,60% efectivo mensual) y la LECAP de setiembre (cortó a 2,53% mensual) tuvo una cotización acorde con la del mercado”.

“Un instrumento que va a quedar con una tasa nominal anual alta va a ser la LECER corta (vence el 15 de mayo) porque con el dato de 2,9% de la inflación de febrero, la LECER también va a ajustar con la inflación de marzo y la de abril. Para el Tesoro será un financiamiento costoso. Es una licitación que salió bien sin grandes novedades, fue optimista. Hubo una buena señal para la curva de pesos que había quedado invertida y ahora permite hacer carry. Algunos de los inversores con los que estuve hablando que venían con bonos cortos, estaban pensando en alargar algo más los plazos en la medida que se vaya aflojando el dato de inflación”, sumó Vitelli.

Cabe destacar que los títulos que actualizan por inflación se llevaron 65% del monto adjudicado; las LECAP, 26% y el resto se repartió entre bonos con tasa TAMAR y dollar linked.

Todo esto ocurrió después del cierre de los mercados, donde el S&P Merval de acciones líderes retrocedió 2,7% en pesos y 2,8% en dólares. El sector bancario registró las mayores pérdidas, con caídas superiores al 4 por ciento. En Brasil, la inflación resultó mayor a la prevista y el índice bursátil de San Pablo descendió 2,55 por ciento.

Según el informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “la divisa local se topa con una sorpresa negativa en cuanto al nivel de precios internos puesto que el IPC de febrero informado por INDEC arrojó una variación del 2,9% para el nivel general cuando el mercado esperaba una desaceleración al 2,7% (mediana REM)”.

“Lo peor fue que el núcleo se situó en 3,1%, la más alta desde abril de 2025 y todo esto con el tipo de cambio variando muy por debajo de precios en noviembre y diciembre, y retrocediendo en enero y febrero. Los servicios subieron un 4% y regulados no sufrió una mejora significativa en relación con el nivel general que haga pensar que el reacomodo de precios relativos está cerca de finalizar”, agregó el reporte.

Para Auxtin Maquieyra gerente comercial de Sailing Inversiones “el dato de inflación de febrero, que se ubicó en 2,9% mensual, igual que en enero, muestra una dinámica de corto plazo algo más estable luego del fuerte proceso de desinflación observado durante gran parte de 2025. En términos interanuales, sin embargo, la tasa volvió a subir levemente producto de efectos de base de comparación, lo que no necesariamente implica un cambio en la tendencia de fondo. Parte de esta resistencia también responde a componentes más inerciales del índice, especialmente en servicios y algunos precios regulados, que tienden a ajustar con mayor rezago respecto del resto de la economía.

“De todos modos, creemos que en los próximos meses la inflación debería retomar una trayectoria de desaceleración más clara apoyada en fundamentos macroeconómicos más sólidos. El mantenimiento del superávit fiscal, junto con una dinámica de agregados monetarios todavía contenida ,con M2 creciendo en torno al 20%, sugiere que la expansión nominal de la economía continúa relativamente controlada. En ese contexto, y siempre que no haya shocks externos relevantes o correcciones abruptas de precios relativos, el escenario base sigue siendo el de un proceso desinflacionario que se irá consolidando gradualmente a lo largo del año”, planteó Maquieyra.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 527 millones y volumen más alto desde el 13 de febrero. El dólar mayorista bajó $1,50 a 1.394,50 pesos. El Banco Central compró USD 47 millones y las reservas se mantuvieron estables en 45.768 millones de dólares.

En la plaza financiera los dólares tuvieron leves bajas. El MEP cerró en $1.416 y el contado con liquidación (CCL) en 1.458 pesos, mientras que el blue aumentó $5 a 1.420 pesos.

Por su parte, los bonos soberanos no pudieron eludir el temblor internacional y bajaron hasta 0,6%. El riesgo país se elevó 15 unidades (+2,7%) a 567 puntos básicos.

En Estados Unidos, después de las caídas de las Bolsas de ayer, se mantenían en cautela. El Dow Jones y el S&P 500 registraban leves y poco consistentes alzas y el Nasdaq estaba negativo, pero sin definir tendencia. El oro estaba otra vez en retroceso, ante la fortaleza del dólar frente a las principales monedas del mundo. El crudo mostraba una leve caída y cotizaba a USD 100,75 por barril, pero no es un indicador firme porque es el commodity más amenazado por la guerra en Irán.

Para hoy se espera el dato de inflación de Estados Unidos, donde no impactó a pleno el aumento de los combustibles. Marzo será otra historia. De hecho, el presidente Donald Trump le pidió a Jerome Powell, el titular de la Reserva Federal que baje las tasas ya sin esperar a la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto que se reunirá la semana que viene.

La última rueda de la semana no será de alivio. El conflicto no da muestras de ceder.

Este jueves, la Secretaría de Finanzas enfrentó vencimientos por $9,6 billones de deuda pública y el segundo test del BONAR 2027 (AO27). El resultado fue positivo para el ministro de Economía, Luis Caputo, quien consiguió USD 150 millones con una tasa menor a la anterior para cubrir el compromiso financiero de julio por USD 4.200 millones, aunque modificó la estrategia en el mercado de pesos al evitar liberar liquidez, una decisión que plantea interrogantes sobre el futuro de las tasas de interés.

En la licitación del nuevo bono en dólares, Finanzas tomó USD 150 millones a una TNA de 5,45% (menor que el de la licitación anterior, 5,74%), aunque habiendo recibido una menor cantidad de ofertas. En esta oportunidad solo por USD 436 millones, cuando en la primera licitación, en esta instancia, tuvo por USD 868 millones.

El Ministerio de Economía priorizó la obtención de divisas a través del BONAR 27, orientado a inversores institucionales y grandes fondos locales que buscan títulos en moneda extranjera. Paralelamente, gestionó la administración de deuda en pesos, con el objetivo de evitar la liberación de moneda local al mercado, una medida destinada a contener la inflación y limitar movimientos en los tipos de cambio paralelos.

En la primera licitación del bono en dólares, realizada hace 15 días, Caputo adjudicó USD 150 millones a una tasa de 5,74%, inferior al 7% proyectado por el mercado. La demanda alcanzó USD 868 millones y, en una segunda subasta al día siguiente, se sumaron otros USD 100 millones.

Este antecedente generó expectativas sobre si Finanzas podría repetir una tasa similar en la nueva operación, especialmente tras el aumento de la volatilidad internacional por el conflicto en Medio Oriente. Según el economista Christian Buteler, la clave no está solo en la oferta, sino en el monto finalmente adjudicado, ya que eso refleja el verdadero interés del mercado y el porcentaje de rollover alcanzado.

La licitación en dólares se produjo en un contexto de creciente incertidumbre internacional, lo que elevó la atención sobre la tasa de corte y la capacidad del Ministerio de Economía para adjudicar la totalidad de los USD 250 millones previstos. “Va a tener un foco importante ver la licitación en dólares para ver a qué tasa sale. En principio, tendrían que colocar los USD 250 millones sin problema, pero hay que ver la tasa”, detalló Buteler en diálogo previo con Infobae.

Mañana (viernes) en la segunda subasta del Bonar 27, Finanzas va a tener la posibilidad de ampliar hasta USD 100 millones más la colocación. Y con ello elevar los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que se encuentran en USD 468 millones ($ 664.294 millones a un tipo de cambio de $ 1.418,2781).

Cambio de estrategia

En simultáneo, el Ministerio avanzó con la renovación de la deuda en pesos, evitando liberar nuevos fondos al mercado. Esta decisión buscó limitar la presión inflacionaria y contener eventuales saltos en los tipos de cambio alternativos, en línea con la estrategia adoptada por Caputo en las últimas semanas.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $10,42 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $12,90 billones. Esto significa un rollover de 108,09% sobre los vencimientos del día de la fecha”, destacaron en la publicación de Economía.

El mercado anticipaba un cambio de estrategia respecto a la licitación anterior, en la que sí se liberaron pesos. Ana Albín, de Invertir en Bolsa (IEB), señaló: “En esta oportunidad esperamos un rollover elevado y no descartamos que supere el 100%, teniendo en cuenta que el sistema cuenta con una liquidez holgada”.

Para Adrián Yarde Buller, de Facimex Valores, el vencimiento que enfrentaba Finanza no es tan significativo. El economista observó que las tasas reales en el tramo corto de la curva CER se mantuvieron en terreno negativo durante buena parte de la semana pasada, lo que alienta a las autoridades a tentar a los inversores con opciones de cobertura inflacionaria más largas y así extender los plazos de la deuda. “El Tesoro podría aprovechar esta demanda de cobertura inflacionaria para tentar a los inversores con alternativas CER largas que permitan estirar vencimientos”, explicó Yarde Buller.

El resultado de la licitación fue festejado por el director de Banco de Inversión y Comercio Exterior, Felipez Nuñez, quien sostuvo que se estiró la duration de la cartera en 0,78 años con $ 3,1 billones (aproximadamente 30%) 2027 y 2028.

A nivel de las letras, la mayor colocación fue en Boncer con vencimiento el 15 de mayo de 2026, con $ 2,74 billones a 0,37% TIREA, se trata de un instrumento que protege contra la inflación. Luego la seguirá la Lecap con corte en la misma fecha por un total de $ 2,21 billones a 36,07% TIREA. En cuanto a dólar linked, al 30 de abril se colocaron $ 0,08 billones a 6,35% TIREA y $ 0,16 billones al 30 de agosto próximo con 5,13% TIREA.

El sistema crediticio de Panamá cerró 2025 con un crecimiento moderado y señales de estabilidad, de acuerdo con el Informe de Comportamiento del Crédito 2025 elaborado con datos de la plataforma APC Experian, que analiza el desempeño del financiamiento en la economía panameña.

El saldo total de la cartera crediticia alcanzó $41,406 millones, lo que representó un crecimiento anual de 2.14% frente a diciembre de 2024. Este comportamiento reflejó una recuperación gradual del crédito, en línea con el desempeño de la economía, cuyo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se estima cercano al 4% durante el mismo periodo.

El análisis del sistema muestra que los bancos continúan dominando el mercado crediticio panameño, concentrando alrededor del 90% del saldo total de préstamos, con más de $36,963 millones dentro del sistema financiero.

Las cooperativas y financieras mantienen una presencia menor pero estable, cada una con cerca del 4% del total del mercado, mientras que otros actores completan el ecosistema financiero. Este comportamiento confirma el rol central de la banca como principal fuente de financiamiento para hogares y empresas dentro del país.

Dentro de la estructura del crédito, la cartera hipotecaria se mantiene como el principal motor del sistema, al representar más de la mitad del saldo total de financiamiento.

El informe destaca que esta cartera creció alrededor de 2% durante 2025, consolidando su papel como el pilar del financiamiento de largo plazo en Panamá. Las hipotecas continúan concentrando los montos más altos, mientras que otros productos financieros tienen mayor número de operaciones pero con valores individuales más pequeños.

En contraste con el peso financiero de las hipotecas, los productos de consumo concentran la mayor cantidad de operaciones activas dentro del sistema.

Las tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento de autos muestran un comportamiento más dinámico, reflejando una mayor actividad del consumo y una recuperación gradual del crédito minorista.

Este contraste revela que mientras las hipotecas dominan en monto, los productos de consumo tienen un mayor alcance dentro de los hogares panameños.

Uno de los indicadores más relevantes del informe es el incremento en el otorgamiento de nuevos créditos durante 2025, que mostró un mayor dinamismo en comparación con el año anterior.

Entre enero y noviembre se registraron 907,606 nuevos créditos, frente a 837,524 en el mismo periodo de 2024, lo que representó un aumento de 8.4% en el número de operaciones.

La banca lideró este crecimiento, con 435,878 nuevos créditos, equivalente al 48% del total, seguida por las financieras con 201,641 operaciones y las cooperativas con 50,729 préstamos otorgados.édito

El informe también destaca que los meses entre abril y julio registraron los mayores niveles de actividad crediticia, cuando la cantidad de nuevos préstamos superó consistentemente los niveles observados en 2024.

Este comportamiento fue interpretado como una señal de mayor dinamismo económico, impulsado por una recuperación gradual del consumo y una mayor demanda de financiamiento en distintos sectores.

Créditos más solicitados

En el análisis por tipo de crédito, los préstamos personales registraron un crecimiento moderado durante el año, alcanzando un saldo total de $11,329 millones al cierre de diciembre de 2025, superior a los $10,928 millones registrados un año antes.

Este aumento refleja un crecimiento interanual moderado, aunque el número de referencias activas mostró una ligera reducción frente a 2024, lo que sugiere ajustes en las políticas de originación o consolidación de deudas dentro del sistema.

Morosidad

Otro dato relevante del informe es la mejora en los indicadores de morosidad del sistema crediticio, que se mantuvieron dentro de rangos considerados aceptables durante 2025.

La mora superior a 61 días mostró señales de estabilidad, lo que refleja un mejor comportamiento de pago por parte de los consumidores, así como una mayor eficiencia en los procesos de evaluación crediticia y gestión de riesgo por parte de las entidades financieras.

El informe también destaca una mejora gradual en el perfil de riesgo de los nuevos clientes, reflejada en el puntaje promedio de crédito, que pasó de 595 a cerca de 600 puntos durante el año.

Este cambio sugiere criterios de aprobación más prudentes, en un entorno donde las instituciones financieras han reforzado sus modelos de análisis y originación de crédito.

En el caso del crédito hipotecario, la mayor parte de los préstamos aprobados durante 2025 se concentró en viviendas de menos de $80,000, seguidas por propiedades con precios entre $80,001 y $150,000.

Las cooperativas destacaron especialmente en estos segmentos, mientras que las financieras mantuvieron una participación más limitada en hipotecas de mayor valor, reflejando diferencias en las estrategias de cada tipo de institución financiera.

La gerente general de APC Experian en Panamá, Giovanna Cardellicchio, sostuvo que el sistema crediticio panameño cerró 2025 con un desempeño estable y un crecimiento ordenado, marcado por un mejor comportamiento de pago del consumidor y por el fortalecimiento de las carteras de consumo, autos y productos de fácil acceso.

La ejecutiva destacó además que la banca reafirmó su posición como pilar del financiamiento, mientras que cooperativas y financieras continuaron expandiéndose en segmentos específicos, apoyadas en estrategias de nicho y un mayor conocimiento de sus mercados.

Cardellicchio también planteó que de cara a 2026 Panamá enfrenta un escenario favorable para la evolución del crédito, sustentado en portafolios más sanos, una mayor demanda de productos financieros y una expansión del crédito digital.

Aun así, advirtió que el desempleo por encima del 10% y la proliferación del empleo informal siguen siendo alertas dentro del ecosistema económico nacional.

Según el informe, los megaproyectos impulsados por el gobierno y la construcción podrían ayudar a dinamizar la economía, en un contexto donde el mercado financiero se mantiene conservador, pero con capacidad de responder con solidez y tecnología a la demanda.

Las conclusiones del informe señalan que el sistema crediticio panameño cerró 2025 con portafolios más equilibrados y una mejora en la calidad de los créditos, resultado de políticas más prudentes en la aprobación de préstamos y un mayor uso de herramientas de análisis de datos.

El comportamiento general del mercado refleja un entorno de estabilidad, donde el crédito crece de forma ordenada y en concordancia con la actividad económica.

De cara a 2026, el informe proyecta un escenario favorable para la evolución del crédito, apoyado por carteras más sanas, mejores indicadores de pago y una demanda sostenida de financiamiento.

Las perspectivas apuntan a una expansión moderada del crédito, impulsada principalmente por los segmentos de consumo y vivienda, en un contexto donde las instituciones financieras continuarán fortaleciendo sus mecanismos de evaluación de riesgo.

La Argentina alcanzó un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían demandas activas contra el país por el default de 2001. Así lo informaron ambas partes a la jueza Loretta Preska en el Distrito Sur de Nueva York, según confirmaron a Infobae fuentes con conocimiento directo del tema. El entendimiento involucra a los demandantes con sentencia firme a favor, quienes mantenían reclamos judiciales por sumas millonarias y buscaban embargos sobre activos nacionales.

La firma de abogados que representa a los demandantes presentó un escrito ante el juzgado de Preska para informar que las partes “han alcanzado un acuerdo de principio para resolver esta acción”.

“A la luz de este avance, las partes solicitan respetuosamente que el tribunal suspenda este proceso, incluyendo dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”, señala el documento y concluye que las partes anunciarán oportunamente al tribunal sobre el “estado del acuerdo y cualquier necesidad de continuar con el proceso”.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae la veracidad de los documentos que circularon en las últimas horas por el despacho de Preska. Se espera que a lo largo de este miércoles, el Gobierno defina su postura respecto a los escritos de los holdouts.

La notificación presentada a la magistrada norteamericana, que también lleva adelante el juicio por la expropiación de YPF, confirma el acuerdo, aunque no brinda detalles sobre los términos pactados. A partir de este avance, las partes solicitaron suspender el litigio en curso, incluyendo dejar en suspenso el pedido de Bainbridge del 17 de octubre de 2025, mediante el cual reclamaba la entrega de la participación del país en el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas mientras se concreta la conciliación.

El abogado Dennis Hranitzky, representante de ambos fondos, confirmó el entendimiento alcanzado: “Tras muchos años de litigio, nuestros clientes han llegado a un principio de acuerdo con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes. Las partes han acordado suspender los procedimientos pendientes mientras se avanza hacia el cierre del acuerdo. Nuestros clientes mantienen su compromiso de lograr una resolución justa y definitiva en este asunto”.

El abogado es un viejo conocido para la Argentina. Hranitzky participó en otro litigio contra el país, cuando representó al fondo NML-Elliott Capital Management y consiguió que se confiscara la Fragata Libertad en Ghana en el año 2012.

Bainbridge Fund es uno de los acreedores que no aceptaron la reestructuración de la deuda en default y que, hasta ahora, mantenían una disputa judicial con el Estado argentino desde 2016. La Justicia norteamericana ya había fallado a su favor, reconociéndole una suma de USD 95 millones más intereses.

Por su parte, Attestor Master Value, un fondo con sede en las Islas Caimán, mantiene un litigio con la Argentina desde 2014 para el cobro de la deuda argentina que adquirió luego de su fundación en 2012.

En concreto, las mencionadas firmas “llegaron a un acuerdo entre ellos para dividirse de manera no detallada, el colateral de los Bonos Brady embargados a la República Argentina que estaban depositados en la Reserva Federal”, explicó en su cuenta de X el experto Sebastián Maril, de Latam Advisos.

Por otra parte, la presentación ante el tribunal de Preska no aborda la moción sobre el traspaso de las acciones de YPF, solicitada previamente por el “fondo buitre”. Este acuerdo representa la resolución de los litigios más antiguos vinculados al default argentino y despeja el camino para cerrar uno de los últimos frentes judiciales abiertos en el exterior.

A mediados de 2025, el mismo día en que resolvió la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación, la jueza Preska, dictó dispuso la entrega de los activos accionarios de la petrolera a Bainbridge Fund.

Durante 2024, Bainbridge había solicitado a la magistrada que la Argentina informe sobre el paradero y uso de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) depositadas en Europa, además de requerir detalles respecto a las acciones de YPF en poder del Estado.

Además, Preska había autorizado al beneficiario de su fallo que perciba parte de la deuda derivada de la sentencia favorable mediante la transferencia del paquete accionario de la petrolera. Esta decisión se tomó el mismo día en que Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos del litigio por la expropiación de la firma energética en 2012, fue autorizado a recibir el 51% del capital accionario, algo que finalmente no se materializó.

Los litigios con los acreedores que rechazaron las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010 se resolvieron en su mayoría en 2016, tras el fallo del juez Thomas Griesa y la asunción de Mauricio Macri a la presidencia. En los primeros meses de ese año, el gobierno argentino logró acuerdos con la mayor parte de los fondos que tenían juicios abiertos o sentencias favorables, cerrando así uno de los capítulos más prolongados del default declarado en 2001. No obstante, algunos reclamos menores continuaron en los años siguientes.

El Banco Nacional de Panamá solicitó formalmente al presidente José Raúl Mulino vetar el proyecto de ley aprobado recientemente por la Asamblea Nacional que modifica las reglas sobre la prescripción de las deudas, una iniciativa que, según la entidad estatal, podría afectar la seguridad jurídica del sistema financiero y comprometer los recursos de los depositantes.

La institución adelantó que su departamento legal ya preparó una opinión técnica y enviará una carta al Ejecutivo pidiendo el veto, al considerar que el proyecto introduce cambios que alterarían la relación contractual entre acreedores y deudores en el país.

La posición fue expresada por el gerente general del Banco Nacional, Javier Carrizo, quien advirtió que la norma podría generar consecuencias directas sobre la estabilidad del sistema bancario y la administración responsable de los fondos depositados por los clientes.

“Se está jugando con la plata de los depositantes. No podemos ser tan alegres en la caducidad de estos préstamos”, afirmó el ejecutivo al referirse al proyecto aprobado por los diputados.

Según explicó, la iniciativa introduce mecanismos que acelerarían la prescripción o caducidad de ciertas obligaciones financieras, lo que para el banco representa un cambio significativo respecto al esquema vigente durante décadas.

Carrizo sostuvo que el sistema crediticio en Panamá se ha sostenido históricamente sobre un marco contractual claro entre el acreedor y el deudor, basado en reglas que establecen plazos, condiciones de pago y procedimientos legales en caso de incumplimiento.

“Tiene que llevar el proceso que se ha llevado por años, por décadas, donde es un tema contractual entre el deudor y el acreedor”, señaló. Desde su perspectiva, intervenir legislativamente para acelerar la prescripción de deudas podría alterar ese equilibrio jurídico, lo que a su juicio debilitaría la confianza en las reglas que rigen el crédito en el país.

El gerente del banco estatal también manifestó preocupación por el impacto que la propuesta podría tener sobre la protección de los recursos administrados por las instituciones financieras, en especial cuando se trata de fondos que pertenecen a los depositantes y que deben ser gestionados bajo criterios de prudencia y seguridad.

“Meter la mano en estos momentos para acelerar la caducidad de los préstamos no tiene ningún sentido y vamos a proteger a los depositantes”, afirmó. Con esa declaración, Carrizo dejó claro que el Banco Nacional considera prioritario preservar la estabilidad del sistema financiero y la confianza de los clientes.

¿Qué dice el proyecto?

De acuerdo con el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional, la iniciativa establece un mecanismo para que los bancos y entidades financieras reconozcan de manera administrativa la prescripción de ciertas deudas de sus clientes, sin necesidad de que exista previamente una declaración judicial.

El texto señala que el procedimiento se aplicará a bancos, cooperativas de ahorro y crédito, emisores de tarjetas de crédito y otras entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos, y se fundamenta en el artículo 1652 del Código de Comercio, que establece que algunas acciones derivadas de contratos financieros prescriben en un plazo de tres años.

La propuesta también crea un procedimiento formal para que los clientes soliciten ese reconocimiento directamente a la entidad financiera.

Según el proyecto, el deudor podrá presentar la solicitud a través del Sistema de Atención de Reclamos (SAR) del banco, y la entidad tendrá un plazo máximo de 30 días para emitir una respuesta. La decisión que adopte el banco será vinculante para la institución y deberá notificarse por escrito al cliente.

En caso de que la solicitud sea rechazada, la entidad deberá explicar las razones y el usuario podrá acudir posteriormente a la Superintendencia de Bancos para presentar un reclamo.

El proyecto también establece que si la entidad financiera no responde dentro del plazo establecido, el silencio se interpretará como aceptación de la prescripción de la deuda, lo que obligaría al banco a reconocerla administrativamente.

Además, la norma contempla lineamientos para la notificación a los burós de crédito y mecanismos de supervisión por parte de las autoridades regulatorias, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del procedimiento.

Este cambio es precisamente el que ha generado preocupación en el sector financiero. Las entidades bancarias sostienen que el reconocimiento automático o administrativo de la prescripción podría alterar la forma en que se gestionan los créditos y los procesos de cobro, ya que tradicionalmente la prescripción de una deuda se determina en el marco de un proceso judicial o mediante la defensa legal del deudor ante un tribunal.

Desde esta perspectiva, consideran que trasladar ese reconocimiento al ámbito administrativo podría modificar la dinámica contractual entre acreedor y deudor.

El índice de riesgo país volvió a exhibir una sensibilidad superior frente a los shocks externos en comparación con sus pares de América Latina. Durante el actual episodio de volatilidad global generado por la guerra en Irán, el salto en el indicador local se destacó por encima del promedio de la región.

Factores como la estructura macroeconómica, la dinámica de reservas internacionales y la reacción de los mercados ante señales locales parecen ubicar a la deuda argentina en una posición de mayor fragilidad ante eventos internacionales.

Según datos del Banco Central de República Dominicana, el índice de mercados emergentes EMI de riesgo país mostró movimientos dispares en América Latina desde el inicio de la guerra en Irán. El análisis realizado por Infobae revela que la sensibilidad del spread argentino frente al shock externo fue considerablemente mayor al de la región.

Durante la semana del 27 de febrero al 5 de marzo, el índice EMI de riesgo país mostró una volatilidad significativa en los mercados latinoamericanos. Argentina registró el mayor valor absoluto al alcanzar 576 puntos el 27 de febrero y el menor el 4 de marzo con 535 puntos, lo que representó una variación máxima de 41 unidades, equivalente al 7,66%, cuarto mayor valor relativo. Este movimiento reflejó el impacto diferencial que tuvo la guerra en Irán sobre la percepción de riesgo de la deuda soberana argentina en comparación con el resto de la región.

El promedio latinoamericano, medido por el EMBI Latino, osciló entre un máximo de 302 puntos el 3 de marzo y un mínimo de 292 el 4 de marzo, con una variación absoluta de 10 unidades, equivalente a 3,42%. Esta diferencia fue mucho menor a la observada en Argentina y refleja una estabilidad relativa del indicador regional frente a la volatilidad del caso argentino durante los días de mayor tensión internacional.

Si se considera la magnitud de los cambios, Bolivia se ubicó como el país con la mayor variación relativa en el período, con una diferencia de 46 puntos entre el valor máximo (486 el 3 de marzo) y el mínimo (440 el 5 de marzo), equivalente a un 10,45%. Chile y Uruguay también presentaron oscilaciones importantes: en el caso chileno, el índice varió 7 puntos entre extremos, lo que representó un 7,87%, mientras que en Uruguay la diferencia fue de 6 puntos, correspondiente a un 8,33 por ciento.

Entre los países que mejor resistieron la volatilidad, Panamá y Colombia mostraron las menores variaciones absolutas y relativas. Panamá presentó una diferencia de 4 puntos entre extremos, lo que significó un 2,7%, mientras que Colombia tuvo una variación de 9 puntos, equivalente a un 3,14%. Estos resultados evidenciaron una baja sensibilidad de sus spreads de riesgo en el contexto de incertidumbre externa.

Los datos analizados llegan al 5 de marzo. El viernes el índice de riesgo país argentino volvió a subir hasta superar los 570 puntos, el punto inicial del día previo al inicio del conflicto en Medio Oriente.

Las razones detrás de la fragilidad

El análisis de los bancos de inversión de Wall Street aporta elementos para entender por qué el spread argentino resultó más vulnerable frente al shock externo que el de sus pares regionales. Los informes consultados identifican una serie de factores estructurales y coyunturales que amplifican la sensibilidad de la deuda soberana argentina ante episodios de volatilidad internacional.

Citi destaca que, pese a señales iniciales de estabilización bajo la gestión de Javier Milei, existen riesgos persistentes. Entre ellos, el informe menciona las “reservas netas negativas” en el Banco Central, la volatilidad de tasas de interés y la posibilidad de un escenario de estanflación.

La persistencia de reservas netas negativas, la volatilidad de las tasas de interés y un potencial entorno estanflacionario representan riesgos significativos (Citi)

En palabras textuales del reporte: “La persistencia de reservas netas negativas, la volatilidad de las tasas de interés y un potencial entorno estanflacionario representan riesgos significativos”.

Estos factores limitan la capacidad del país para enfrentar shocks externos y condicionan la credibilidad del programa económico.

Wells Fargo, en su análisis sobre vulnerabilidades de mercados emergentes ante shocks geopolíticos, ubica a Argentina entre los países más expuestos.

El informe resalta: “Los países que dependen del financiamiento externo, con perfiles de deuda soberana adversos y reservas internacionales inadecuadas, son los más vulnerables. Argentina y Turquía aparecen como los más vulnerables.” La dependencia del financiamiento externo, combinada con un perfil de deuda adverso y reservas internacionales insuficientes, incrementa el grado de exposición de la economía argentina ante crisis internacionales.

La dependencia del financiamiento externo, combinada con un perfil de deuda adverso y reservas internacionales insuficientes, incrementa el grado de exposición de la economía (Wells Fargo)

Morgan Stanley aporta otra perspectiva al considerar que la sostenibilidad del programa de acumulación de reservas depende de la recuperación de la economía y del crecimiento de la demanda por pesos.

El reporte advierte: “¿Qué tan sostenible es el programa de compras de divisas? La respuesta corta es que las compras de divisas pueden sostenerse mientras la actividad económica se recupere y la demanda de moneda local aumente. De lo contrario, la emisión monetaria asociada a las compras de divisas debe ser esterilizada... una opción que podría eventualmente conducir a volatilidad en el mercado cambiario y monetario.” Así, la fragilidad cambiaria y la necesidad de esterilizar la expansión monetaria añaden tensión a la estabilidad financiera.

En el terreno de la inflación, Morgan Stanley identifica una mayor exposición argentina al traspaso de precios internacionales al índice de precios local, en particular por el peso de los combustibles en la canasta de consumo.

Según los analistas de MS: “El traspaso inflacionario depende del peso de los combustibles en el índice de precios al consumidor y de las políticas internas: México es el menos afectado; Chile y Argentina son los más expuestos.” Esta característica amplifica los efectos de shocks externos sobre la economía doméstica y, en consecuencia, sobre el spread de riesgo.

El traspaso inflacionario depende del peso de los combustibles en el índice de precios al consumidor y de las políticas internas: México es el menos afectado; Chile y Argentina son los más expuestos (Morgan Stanley)

La vulnerabilidad cambiaria y el riesgo de una crisis de balance de pagos son otros elementos citados por Wells Fargo.

El banco advierte: “Los países asociados a fundamentos débiles y valoraciones caras pueden experimentar una fuerte reversión. Aquellos con vulnerabilidades elevadas pueden atravesar crisis de balanza de pagos, fuertes desaceleraciones económicas o, peor aún, default soberano. Argentina y Turquía aparecen como los más vulnerables...” La debilidad de los fundamentos macroeconómicos y la valoración de los activos argentinos elevan la posibilidad de episodios de reversión brusca.

Factores coyunturales y estructurales

Según estos informes de bancos de Wall Street, la mayor exposición argentina ante shocks externos no responde a un único motivo, sino a la combinación de factores estructurales -como la debilidad de las reservas internacionales, la dependencia del financiamiento externo y la volatilidad de tasas de interés- y a condicionantes coyunturales, como el contexto inflacionario, la sostenibilidad de la política monetaria y el perfil de deuda soberana.

Las citas de los bancos de inversión relevadas por Infobae muestran que el mercado percibió estas vulnerabilidades de manera más aguda durante el episodio de la guerra en Irán, reflejándose en los movimientos del spread de riesgo soberano.

Según detalló el especialista, durante 2026, según los datos del Banco Central, vence deuda por unos USD 12.000 millones. El FMI todavía realizará desembolsos este año, y además hay otros organismos que también aportan fondos. Por eso, calcula que faltarán alrededor de 9.000 o 10.000 millones de dólares.

“La Argentina, en realidad, para hacer frente a los vencimientos ha recurrido a colocar bonos en otro lado, los REPO del Banco Central, y también a la iniciativa que le ha resultado muy bien al Gobierno de captar ahorristas del mercado local, colocando pequeñas cantidades con un objetivo de llegar hasta 2.000 millones de dólares”, señaló Artana.

“Hoy se están evaluando préstamos bilaterales, o eventualmente utilizar los dólares comprados en el mercado para cancelar deuda, que a mí tampoco me parece mal", opinó.

El economista explicó que actualmente, Argentina tiene una alternativa, que es el swap con Estados Unidos. “Esto permite, por ejemplo, que si no se consiguen préstamos, o si salen caros, el Banco Central compre los dólares y luego se los transfiera al Tesoro para pagar la deuda. Por eso, hoy no veo un problema inmediato".

“Ahora, si pensamos en 2027, el escenario cambia: el ticket es bastante más alto. En ese caso, será necesario intentar colocar bonos en el mercado internacional, porque no parece que el mercado local tenga capacidad suficiente para financiar todo lo que se necesita", aclaró.

Artana explicó que cuando un país no tiene acceso al mercado internacional, la atención se centra en su capacidad para generar dólares. Esta cuestión suele resolverse, para bien o para mal, según la generación de divisas que logre el país. Con el paso del tiempo, pueden surgir factores positivos, como un repunte de las exportaciones energéticas o el desarrollo de la minería.

“Si se proyecta una cosecha aceptable y los precios internacionales se mantienen en niveles razonables —aun con la influencia de conflictos como la guerra—, se reduce la incertidumbre sobre la capacidad de Argentina para alcanzar un superávit comercial relevante. El superávit comercial suele aparecer, aunque en ocasiones responda a una recesión, lo que resulta negativo para el conjunto de la sociedad", dijo.

Ante este escenario, surge la pregunta sobre el margen que esto le otorga al país. A la vez, “es comprensible que el Gobierno busque evitar endeudarse a tasas elevadas en dólares, ya que eso generaría críticas, incluso de quienes suelen cuestionar ese tipo de decisiones”, señaló el economista.

Recientemente, destacó Artana, el gobierno logró colocar un bono por 250 millones de dólares a una tasa inferior al 6%, algo inesperado para muchos, incluso tratándose de una emisión local y de corto plazo. Esta colocación sorprendió por las condiciones obtenidas y muestra que el equipo económico prioriza alternativas financieras que resulten sostenibles.

Por otro lado, se refirió al plan del Gobierno para “sacar los dólares del colchón”, en un marco en que la dolarización de privados continúa y en que podría dinamizar la actividad, hoy estancada. Ante el miedo de la gente, dijo que “hoy tener dinero en el banco pensando que van a manotear los depósitos parece una posibilidad lejana. No considero que sea una inversión de alto riesgo, porque no veo chances de que se vaya a defaultear”.

En definitiva, “la decisión depende del apetito por riesgo y de dónde cada uno se siente más cómodo. Hay quienes prefieren tener la plata en el colchón, pero ahí existe el riesgo de que se la roben, que en Argentina no es un tema menor”, puntualizó.

“Cada uno tiene que hacer su propio balance según su situación. No hay una receta general: si a alguien le gusta tener el dinero ‘abajo del colchón’, el famoso canutito, y eso le da tranquilidad, no lo vas a convencer de llevarlo al banco. Al final, todo depende de cada persona y de qué le da más seguridad”.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

* De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

* De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

* De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

* De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

* De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Mirá la entrevista completa a Daniel Artana, economista jefe de FIEL

El volumen de inversiones de Petrobras presentó una subida del 22,2% en 2025, alcanzando los 20.300 millones de dólares (17.547 millones de euros). Estas cifras forman parte de los resultados anuales que muestran un salto sustancial en las utilidades de la petrolera, a pesar del descenso experimentado en los ingresos totales del año. De acuerdo con un comunicado reseñado por el medio, Petrobras informó que sus ganancias netas llegaron hasta los 19.634 millones de dólares (16.934 millones de euros) al cierre de 2025, lo que significa un aumento del 160,8% respecto al ejercicio anterior.

Según consignó la misma fuente, los ingresos totales de la compañía cayeron un 2,4%, situándose en los 89.195 millones de dólares (77.081 millones de euros) durante el periodo. El descenso en facturación se vinculó a una caída del 7,8% en los precios internacionales del barril Brent en el último trimestre, así como a una baja en el volumen de ventas de productos derivados del petróleo dentro del mercado brasileño. Este retroceso en los ingresos contrastó con el repunte registrado en el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado, que alcanzó los 42.523 millones de dólares (36.751 millones de euros), lo que representa un avance del 5,3% en comparación con el año previo.

Según publicó el informe de la empresa, la deuda neta de Petrobras experimentó un incremento del 16%, hasta los 60.593 millones de dólares (17.643 millones de euros). Las cuentas presentadas reflejan que el esfuerzo inversor fue acompañado por un fuerte crecimiento en el resultado neto, impulsado por la disciplina financiera y una mayor eficiencia operativa, según explicó el director financiero de la compañía, Fernando Melgarejo. “Los resultados de 2025 confirman la coherencia de nuestra estrategia, basada en la disciplina de capital, el crecimiento de la producción y la eficiencia operativa”, señaló el directivo, citado por la empresa.

El cuarto trimestre de 2025 marcó un cambio importante si se compara con el mismo periodo del año anterior. Petrobras reportó un beneficio neto de 2.899 millones de dólares (2.506 millones de euros), mientras que el año anterior registró pérdidas de 2.780 millones de dólares (2.403 millones de euros). De acuerdo con el informe examinado, durante esos últimos tres meses, los ingresos aumentaron un 13,4% y alcanzaron los 23.608 millones de dólares (20.410 millones de euros).

El impulso en el Ebitda ajustado señala, de acuerdo con los resultados comunicados, la efectividad de las decisiones tomadas en la gestión y asignación de capital, pese al impacto de variables externas como el precio internacional del crudo y las condiciones del mercado local. De acuerdo con los reportes anuales, la disminución de precios del barril Brent y la caída en ventas internas no impidieron una mejora significativa en la rentabilidad.

Los datos difundidos por Petrobras muestran que el repunte de las utilidades estuvo apoyado tanto por el control en los costos operativos como por el incremento en inversiones y el fortalecimiento de la disciplina en el uso del capital. Las cifras del cuarto trimestre reforzaron la tendencia positiva mostrada en el balance anual, según indicó la empresa.

De acuerdo con el informe económico revelado por Petrobras, la estrategia adoptada por la compañía permitió mantener la rentabilidad y aumentar la capacidad inversora, en línea con los objetivos de eficiencia y la gestión responsable de capital. La escalada en la deuda neta, así como la apuesta por mayores inversiones, se encuadran dentro de una política de expansión guiada por el crecimiento de la producción y la búsqueda de mayor valor para los accionistas, de acuerdo con las declaraciones recogidas en el reporte corporativo.

El director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, presentó su renuncia al cargo, sumándose a la lista de autoridades que han dejado sus puestos en las últimas semanas dentro del aparato estatal panameño.

La salida del funcionario se produce en un contexto marcado por presiones sobre la gestión institucional, cuestionamientos sobre la calidad del servicio público y una serie de crisis sectoriales que han puesto bajo escrutinio a varias entidades del gobierno.

La dimisión del director del Idaan ocurre luego de que en las últimas semanas otros funcionarios de alto nivel también abandonaran sus cargos, entre ellos la directora de la Lotería Nacional de Beneficencia, el director de la Cadena de Frío, el viceministro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) y la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Estas salidas consecutivas dentro de instituciones clave del Estado panameño han llamado la atención en el ámbito político y administrativo, ya que se producen en un periodo relativamente corto y afectan áreas vinculadas a programas sociales, seguridad alimentaria y servicios públicos.

En el caso del Idaan, la renuncia ocurre en un momento en que la institución enfrenta fuertes cuestionamientos por la calidad y continuidad del suministro de agua potable en distintas regiones del país.

La entidad ha sido históricamente criticada por fallas en la red de distribución, interrupciones frecuentes del servicio y problemas estructurales en la infraestructura hidráulica, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas y en sectores cercanos a la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, la mayor instalación de tratamiento de agua del país.

Poco antes de presentar su renuncia, Villarreal había advertido públicamente que el presupuesto asignado al Idaan para el presente año fiscal es insuficiente para sostener la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento en Panamá.

Según explicó el funcionario, la entidad cuenta con un presupuesto total de 358.8 millones de dólares, de los cuales 155.8 millones (43%) están destinados a funcionamiento, operación y mantenimiento, mientras que 202.9 millones (57%) corresponden a inversiones en proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario a nivel nacional.

Sin embargo, el presupuesto aprobado representa un recorte significativo frente a lo solicitado originalmente por la institución. El Idaan había planteado una propuesta presupuestaria de 789.2 millones de dólares, pero finalmente recibió 430 millones de dólares menos, lo que equivale a una reducción de aproximadamente 54.5% respecto al monto requerido para atender las necesidades operativas y de inversión de la entidad.

Este ajuste presupuestario, según el propio director saliente, limita la capacidad del organismo para ejecutar proyectos de modernización, mantenimiento y ampliación del sistema de agua potable.

A estos desafíos financieros y operativos se suma una morosidad acumulada cercana a los 100 millones de dólares, producto de cuentas pendientes de pago por parte de usuarios residenciales, comerciales e institucionales.

Este nivel de deuda en la facturación del servicio de agua potable también impacta la capacidad de inversión y sostenibilidad financiera de la institución, que depende en gran medida de los ingresos por cobro del servicio para financiar mantenimiento, reparaciones y ampliación de la red de distribución.

La crisis del suministro de agua potable en la región de Azuero es otro de los factores que ha mantenido al Idaan en el centro del debate público durante los últimos meses.

Desde mediados de 2025, la contaminación del río La Villa, principal fuente de abastecimiento para las provincias de Herrera y Los Santos, ha generado una situación sanitaria y ambiental compleja que afecta a miles de residentes en esta importante zona productiva del país.

Las autoridades han señalado que la contaminación del río se relaciona con descargas ilegales de desechos provenientes de granjas porcinas ubicadas en las cercanías del afluente, lo que provocó altos niveles de contaminación en el agua utilizada para el abastecimiento de la región.

Como consecuencia, miles de usuarios en Herrera y Los Santos no pueden utilizar el agua que llega a sus viviendas para consumo humano, una situación que ha obligado a reforzar operativos de distribución de agua potable y monitoreo sanitario en las comunidades afectadas.

La salida del director del Idaan se suma así a una serie de cambios recientes dentro del aparato estatal panameño, en un momento en que varias instituciones enfrentan presiones operativas, cuestionamientos sobre su desempeño y demandas ciudadanas para mejorar la calidad de los servicios públicos. El caso del sistema de agua potable, considerado uno de los servicios básicos más sensibles para la población, vuelve a poner sobre la mesa el desafío de modernizar la infraestructura hidráulica del país y fortalecer la gestión institucional del sector.

El ministro de Economía, Luis Caputo, busca reunir USD 4.200 millones antes de julio para afrontar vencimientos de deuda en moneda extranjera. La semana pasada, el equipo lanzó un nuevo bono en dólares, que se licitará cada 15 días. Incluso si logra captar los USD 2.000 millones previstos en el mejor escenario, Economía necesitará otra fuente de financiamiento para cubrir el resto de los compromisos, ya que, hasta el momento, el Tesoro solo dispone de poco más de USD 500 millones tras la primera licitación.

De acuerdo con el balance diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al viernes 27 de febrero, último dato disponible, los depósitos del Tesoro en moneda extranjera alcanzaban 750.684 millones de pesos. Esta cifra, convertida al tipo de cambio oficial del día, equivale a unos 532 millones de dólares. De ese monto, USD 250 millones corresponden a la primera licitación del bono en dólares AO27 realizada la semana pasada. De esta forma, persiste una diferencia de cerca de USD 1.800 millones respecto a las necesidades de financiamiento.

La meta de USD 4.200 millones fija un desafío considerable para la gestión de Caputo. El saldo actual cubre apenas una fracción del monto requerido, por lo que resulta determinante el éxito de las próximas colocaciones y acuerdos financieros. En las próximas semanas, la Secretaría de Finanzas continuará con las licitaciones quincenales de bonos en dólares, con el objetivo de captar hasta USD 250 millones en las dos subastas.

Sin embargo, la modalidad de emisión contempla un máximo de USD 2.000 millones en bonos AO27 hasta julio. Las licitaciones se realizarán cada quince días e incluirán una segunda ronda, el día posterior a la subasta principal, en la que se podrá ampliar la colocación hasta USD 100 millones adicionales, pero siempre al precio de corte de la primera ronda. El instrumento ofrece un cupón del 6% TNA, pagadero en forma mensual, y la licitación determinará el precio final.

Con este programa, el Gobierno aspira a incrementar en forma progresiva los depósitos del Tesoro para cubrir los vencimientos. El primer tramo, de USD 250 millones, ya se encuentra en las arcas del Tesoro. Si el ritmo de colocaciones se mantiene y la demanda acompaña, la Secretaría de Finanzas podría captar hasta USD 2.000 millones adicionales mediante este mecanismo en los próximos meses.

El menú de fuentes a disposición de Caputo, además del programa de bonos AO27, podría incluir la utilización de operaciones de financiamiento externo, aunque lejos de Wall Street. El propio ministro fue terminante al momento de sostener que busca reducir la dependencia del endeudamiento externo mientras potencia el mercado de capitales local.

El abanico de posibilidades incluye la posibilidad de un nuevo repo. En enero de 2026, el BCRA cerró un préstamo de este tipo por USD 3.000 millones con bancos internacionales. Esta operación permitió reforzar las reservas internacionales y garantizar, en parte, la capacidad de pago del Tesoro frente a los compromisos de USD 4.200 millones fijados para el primer mes del año. A ese monto se sumó la colocación del BONAR a fines de 2025 a una tasa de 9,26% anual.

Por otra parte, el Gobierno apunta a que se incremente el flujo de dólares mediante la ley de Inocencia Fiscal. El ministro sostuvo que el eje de la estrategia oficial consiste en “reducir fuertemente la dependencia de Wall Street y desarrollar nuestro mercado de capitales propio”, destacando que la base de ese desarrollo reside en los recursos ya existentes dentro del país.

“El ahorro está, solo que está en los colchones. Ese ahorro está en los colchones de la casa de la gente, perdiendo intereses; podría estar ayudando a crecer el país y, además, esa gente ganando intereses sobre esos ahorros, que son tres veces la cantidad de depósitos privados que hay hoy en pesos medidos en dólares”, puntualizó en declaraciones públicas.

De acuerdo con el cronograma oficial, las próximas licitaciones de bonos AO27 podrían aportar hasta USD 250 millones por mes si se agota la colocación máxima en cada ronda. Esto permitiría una acumulación teórica de USD 1.000 millones en cuatro meses, a los que se sumarían los USD 250 millones ya obtenidos y una parte de los recursos del repo, si se destinan a los pagos. El desafío radica en sostener el interés de los inversores y garantizar que la emisión alcance el tope autorizado de 2.000 millones de dólares.

La combinación de fuentes locales y externas configura el escenario financiero de los próximos meses. Los bonos AO27 aportan recursos frescos en dólares, mientras que un nuevo repo con bancos internacionales y un mayor flujo de dólares producto de la Inocencia Fiscal podría garantizar acceso a liquidez en caso de tensiones. La utilización efectiva de ambos instrumentos será determinante para cubrir el faltante y cumplir en tiempo y forma con los vencimientos de julio.

Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, un flujo de USD 11.000 millones pavimentó un sendero de estabilidad cambiaria y, a partir de 2026, posibilitó la compra de dólares por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para engrosar las reservas internacionales, en el marco de la fase 4 del programa monetario.

Ese ingreso de fondos provino de la colocación de deuda en los mercados internacionales realizada tanto por empresas como por provincias argentinas. Las emisiones permitieron captar dólares frescos en el exterior, que luego fueron liquidados en el mercado local, contribuyendo a consolidar el equilibrio del tipo de cambio en el período posterior a los comicios.

El triunfo electoral de Javier Milei provocó una disminución significativa del riesgo país, lo que facilitó el acceso a financiamiento en los mercados y permitió a empresas y provincias colocar nuevos títulos. En efecto, la compresión del indicador elaborado por JP Morgan fue superior a los 500 puntos básicos, lo que abarató el crédito externo para compañías y distritos.

Boom de endeudamiento externo

Firmas como YPF, Pampa Energía, Telecom, Banco Galicia, Vista Energy y Edenor llevaron a cabo emisiones de Obligaciones Negociables por montos que oscilaron entre 2 y 750 millones de dólares, con tasas anuales que variaron entre 7,62% y 10,37 por ciento. Las primeras emisiones tuvieron lugar a fines de octubre y, tras la disminución de la prima de riesgo, la ritmo ganó mayor velocidad durante noviembre, diciembre, enero y febrero.

De hecho, de acuerdo con estimaciones de consultoras privadas, noviembre del año pasado marcó el nivel más alto de emisiones primarias de Obligaciones Negociables en diez años, evidenciando una reactivación del crédito corporativo que incrementó el flujo de divisas en el mercado cambiario e impulsó la calma cambiaria.

En paralelo, tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos emitieron deuda en el exterior por aproximadamente USD 2.500 millones desde el holgado triunfo del oficialismo en los comicios de medio término. Esas divisas también favorecieron la “pax” cambiaria.

El crecimiento del endeudamiento corporativo y provincial en los mercados internacionales generó una entrada de dólares en un período marcado por una reducción en la oferta del sector agroexportador. Este flujo contribuyó a la estabilidad del tipo de cambio registrada durante los últimos cuatro meses, ya que una porción de esas divisas se liquidó en el mercado cambiario o mediante operaciones en bloque.

La consultora Romano Group calculó que incluyendo la licitación de Pluspetrol, las emisiones corporativas y sub-soberanas acumulan USD 10.700 millones hasta fines de febrero. “Corporativos levantaron USD 8.500 millones y sub-soberanos USD 2.200 millones desde las elecciones”, apuntaron. A ese monto hay que sumarle los USD 300 millones que colocó la provincia de Entre Ríos, con lo que el monto final asciende a 11.000 millones de dólares.

En ese contexto, el tipo de cambio mayorista se mantuvo estable e incluso quebró el umbral de los 1.400 pesos. Más allá del ingreso de los dólares de la deuda corporativa y distrital, la liquidación de la cosecha de trigo y la caída de las importaciones también incidieron en la dinámica.

“En febrero el BCRA aceleró el ritmo de compras. ¿Motivos? Mayor superávit comercial (menor liquidación de agro más que compensada por caída de importaciones) y déficit estable en el resto de las cuentas. A pesar de ello, la compras del primer bimestre de 2026 fueron 25% más bajas a las del primer bimestre de 2025″, Martín Polo, jefe de Estrategia de Cohen Aliados.

El BCRA aceleró la compra de dólares

En esa coyuntura de calma cambiaria, el Banco Central encadenó 41 ruedas consecutivas con saldo a favor en sus intervenciones en el mercado de divisas, incluyendo compras a gran escala por más de USD 2.800 millones a lo largo de 2026.

Desde el inicio de la fase 4 del esquema monetario, en enero, la entidad sumó 2.839 millones de dólares, cifra equivalente a cerca del 28% de la meta anual. Solo durante febrero, las adquisiciones alcanzaron los 1.555 millones.

Para concretar esas operaciones, el BCRA emitió pesos sin aplicar mecanismos de esterilización. Posteriormente, el Tesoro absorbió parte de ese excedente a través de la colocación de deuda en el mercado doméstico y, en los llamados más recientes, procuró contener la expansión monetaria para evitar presiones inflacionarias.

Proyecciones oficiales apuntan a que la compra neta de divisas en 2026 podría situarse entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, en función de la demanda de pesos y la disponibilidad de moneda extranjera. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la acumulación de reservas dependerá tanto de la preferencia por la moneda local como del ingreso de dólares al sistema. Actualmente, la entidad ya superó más de una cuarta parte del objetivo anual.

Al cierre de la segunda jornada hábil de marzo, las reservas internacionales alcanzaron los 46.208 millones de dólares. Hacia fines de febrero, las tenencias en moneda extranjera del Central habían trepado a USD 46.905 millones, el nivel más elevado desde el inicio de la gestión de Milei y el mayor en más de seis años, cuando el stock llegaba a 47.448 millones de dólares. El ritmo de acumulación de reservas se vio atenuado por los pagos de deuda externa efectuados por el Tesoro, que adquirió dólares al Central para cumplir con sus obligaciones, lo que impactó en el saldo neto de reservas.

Cerró Beer Market. La distribuidora de bebidas con alcohol con fuerte presencia en la Ciudad de Buenos Aires enfrentaba dificultades financieras desde el año pasado, un periodo marcado por la caída en mercado interno y el cambio en los hábitos de consumo, tanto a nivel local, como mundial. En noviembre pasado atrás había cumplido 10 años.

La empresa, fundada por Leandro Sangiacomo, Juan Ignacio Albistur y Ariel Krug, confirmó el cierre definitivo a sus más de 100 empleados, quienes recibirán una indemnización en el marco del Procedimiento Preventivo de Crisis en el que había ingresado al inicio de su crisis.

El final fue rápido. En pocos días dejaron de operar los locales y la página web quedó fuera de línea. De acuerdo con los registros oficiales del Banco Central, la firma acumula 76 cheques rechazados por más de $300 millones y una deuda bancaria que supera los $1.900 millones. Parte de esos pasivos ya figuraban en categorías de riesgo elevado, lo que reflejaba el deterioro financiero que venía arrastrando.

El proyecto nació en noviembre de 2015, cuando sus fundadores decidieron transformar la experiencia que tenían de la organización de festivales cerveceros, como el Baires Beer Festival, en un negocio minorista. La idea era crear un mercado de bebidas con identidad propia, inspirado en el modelo de las liquor stores de Estados Unidos, con mayor variedad, precios competitivos y una experiencia distinta a la de las vinotecas tradicionales y los comercios de cercanía.

La apuesta funcionó durante varios años. Beer Market logró posicionarse en la Ciudad de Buenos Aires en la venta especializada y el delivery de bebidas alcohólicas. Introdujo prácticas comerciales que luego se replicaron en el rubro, como los combos armados, la fuerte presencia de latas individuales y las propuestas cruzadas entre distintas categorías.

El crecimiento fue territorial y sostenido. Llegó a tener 20 locales y dos centros de distribución, con presencia en más de diez barrios porteños y en la zona norte del conurbano, en plazas como Florida, Victoria, Martínez, San Isidro y Beccar. En paralelo desarrolló su tienda online, con envíos en el día en determinadas zonas y promociones bancarias que apuntalaban el consumo.

Hace poco más de un año, cuando se cumplían nueve años de la primera apertura, Sangiacomo repasó en un posteo que realizó en sus redes sociales el recorrido de la compañía. Destacó la expansión, el equipo que rondaba las 90 personas y la dificultad de sostener un proyecto en la Argentina atravesada por crisis macroeconómicas, cambios políticos y la pandemia. En ese mensaje agradecía al equipo y hablaba de un camino construido con creatividad y riesgo en un mercado competitivo.

Cinco meses después anunció su salida tras diez años en la empresa. La conducción quedó en manos de Ariel Krug, cofundador y hasta entonces director comercial. El recambio se dio en un contexto que ya mostraba señales de tensión operativa y financiera.

Durante 2025 el consumo masivo mostró caídas en varios rubros y el segmento de bebidas no fue la excepción. A eso se sumaron alquileres comerciales en alza, costos financieros más altos y una competencia creciente de supermercados y aplicaciones de delivery que ampliaron su oferta.

En los últimos meses comenzaron a cerrar sucursales con el argumento de la caída en las ventas y el peso de los costos fijos. Hoy la página oficial solo muestra un mensaje que indica que la tienda está en renovación.

Caída del consumo de alcohol

Más allá de la coyuntura local, en el último tiempo, la caída en el consumo de alcohol en le mundo empezó a relacionarse, según estudios de analistas internacionales, con un recambio generacional.

Las nuevas tendencias de consumo para generaciones como la Z -aquellas personas nacidas entre 1995 y 2009- responden a una transformación profunda en sus valores, con una preferencia cada vez más marcada por el bienestar físico y mental. Investigadores de la New York University lo ubican como parte de una tendencia global hacia la salud y el autocuidado, que impacta de manera transversal en los hábitos de esta generación. Esto, intuyen, estuvo potenciado por la pandemia.

El consumo de bebidas alcohólicas, que tradicionalmente funcionó como eje de la socialización juvenil en décadas anteriores, ahora no tiene el mismo efecto entre quienes priorizan el equilibrio y la salud, según análisis recientes publicados por universidades estadounidenses.

El cambio cultural va acompañado de un incremento en la actividad física y una mayor demanda de productos y servicios vinculados al bienestar, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y consultoras especializadas.

Además, especialistas en ciencias sociales advierten que el descenso en el consumo de alcohol también se relaciona con nuevas formas de socialización, menos frecuentes y más digitales, donde la camaradería presencial perdió fuerza.

Una discusión por una deuda de $8.000 acabó con el asesinato de Juan Carlos Gallego Arrubla durante la jornada del domingo 1 de marzo de 2026 en el barrio Llanaditas, ubicado en la comuna Villa Hermosa, en Medellín.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, que fue difundido por medios locales, la víctima, de 37 años, recibió múltiples heridas de arma blanca a plena luz del día, pues el reloj marcaba las 4:43 p. m. cuando el ciudadano fue atacado en la calle 62 con carrera 18C.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso se encuentra en investigación por parte de las autoridades, que buscan determinar las circunstancias y responsabilidades del ataque que ocasionó la muerte de esta persona, reconocida entre los habitantes del sector.

El reporte, publicado por Q’hubo Medellín, indicó que Juan Carlos fue trasladado a la Clínica El Rosario, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones, pese a los esfuerzos médicos.

Testigos informaron que la brutal riña se originó en el momento en el que el presunto agresor llegó para reclamar el pago de una deuda que la víctima mantenía con un familiar suyo. Durante el intercambio de palabras, Juan Carlos expresó que saldaría la deuda el día siguiente, luego de su jornada laboral.

En ese punto, la conversación se tornó violenta y el atacante decidió dirigirse a su vivienda, donde tomó un cuchillo y regresó para apuñalarlo en varias ocasiones, sin importar su promesa de pagar la deuda por un mínimo valor.

Después de intentar refugiarse en su casa, el ciudadano fue auxiliado por familiares y vecinos antes de ser llevado de urgencia al hospital al confirmar la gravedad del ataque.

Del mismo modo, se reveló que Juan Carlos era conocido en el sector por haber residido siempre en Llanaditas, además de ser hincha de Atlético Nacional y trabajar en oficios varios para mantener a su familia y a su hijo.

Cabe mencionar que la ciudad acababa de registrar en febrero de 2026 el mes con menos muertes violentas. En contraste, marzo inició con dos homicidios, entre ellos, el de Juan Carlos, vinculado a disputas de convivencia en el vecindario.

Febrero registró el número de homicidios más bajo en cinco décadas

Las cifras consolidaron un avance en materia de seguridad que autoridades y expertos califican como histórico. De acuerdo con cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), el segundo mes de 2026 cerró con 11 asesinatos, lo que representa una reducción del 42% frente a los 19 casos reportados en febrero de 2025.

El balance, que fue divulgado por el alcalde Federico Gutiérrez y recogido por los medios locales, destacó la transformación de una de las ciudades que en décadas recientes encabezó las tasas de violencia a nivel mundial.

Ante los resultados del primer bimestre de 2026, las autoridades están a la expectativa de conseguir los índices de violencia letal más bajos de la última década. Aunque el alcalde Gutiérrez advirtió que estos datos deben verificarse en los meses siguientes y pidió prudencia.

“Termina febrero y cerramos con el mes menos violento de los últimos 50 años. Una ciudad que fue la más violenta del mundo hace unas pocas décadas demuestra que sí es posible una transformación, no solamente física, sino también social. Vamos por más”, expresó el mandatario de la ciudad.

El informe del Sisc, con corte al 28 de febrero de 2026, reveló que la comuna 10, conocida como La Candelaria, encabezó el número de homicidios en la ciudad con 8 casos. La modalidad que predominó en estos crímenes ha sido el uso de arma de fuego, con 20 casos contabilizados en lo que va del año. Le siguen los homicidios cometidos con arma blanca, que suman 12 en el mismo periodo.

En 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que las reservas que adquiriera el Banco Central no se utilizarían para pagar deuda externa, sino que se acumularían, gracias a las distintas opciones de financiamiento con las que contaría el país. Sin embargo, en los dos primeros meses del año, la mayoría de las compras del BCRA se destinaron al pago de vencimientos de deuda.

En declaraciones públicas, Caputo señaló que la política del año anterior supuso que “por cada dólar que compramos, el 75% se destinó a pagar deudas”. El funcionario explicó que esa situación respondió a la falta de refinanciamiento para compromisos en moneda extranjera, lo que obligó al equipo económico a utilizar los recursos captados en el mercado para cumplir con los acreedores. Para 2026, Caputo buscaba revertir esa tendencia. “Ahora, en vez de acumular 25 centavos por cada dólar, vamos a poder acumular el dólar entero”, afirmó el funcionario a fines del 2025 y subrayó que el cambio obedeció a una secuencia planificada para proteger las reservas.

El primer bimestre del año mostró la implementación de esta estrategia en un contexto de pagos importantes y compras relevantes de divisas. En lo que va de la fase 4 del programa económico, el BCRA compró USD 2.783 millones, lo que fue festejado por el mercado, ya que era una exigencia que acarreaba desde la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas de octubre. Las compras se apoyaron en una baja demanda de dólares para importaciones y una mayor liquidación de exportaciones así como la colocación de deuda por parte de empresas y provincias, lo que permitió a la autoridad monetaria fortalecer su posición en moneda extranjera.

No obstante, la acumulación de divisas enfrentó restricciones por los compromisos financieros, tanto del Tesoro como del propio Central. “Ya se pagó el vencimiento de Bopreal por USD 1.000 millones, impactaron este lunes”, comentó una fuente oficial del BCRA a comienzos de esta semana. Así, la misma fuente explicó que la suba de las reservas internacionales brutas ese día (USD 46.517 millones en comparación con el cierre del viernes, USD 45.560 millones) respondió al retorno de fondos que suelen salir a fin de mes, y aclaró que solo los pagos de Bopreal efectuados en el exterior reducen efectivamente el stock de reservas.

Las obligaciones con organismos internacionales también influyeron en la dinámica de reservas. El 1° de febrero, Argentina pagó USD 878 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) con la asistencia del Tesoro de los Estados Unidos mediante la compra de Derechos Especiales de Giro (Degs). El desembolso formó parte del programa vigente con el FMI y requirió coordinación para asegurar los recursos necesarios, en un contexto de restricciones de liquidez y la prioridad de sostener la relación con el organismo.

En el análisis de la consultora Analytica, la diferencia entre compras y pagos durante los primeros dos meses del año resultó negativa. “El saldo nos da un total de U$S715 millones negativo. Una forma de verlo es: Compras BCRA U$S2.783, Variación Cuenta del Tesoro USD -1.687, Pago BOPREAL USD -1.023 millones”, señalaron. El cálculo muestra que, a pesar de las compras relevantes, la salida de fondos por compromisos financieros y la variación de cuentas del Tesoro generaron una pérdida neta de reservas.

El pago de bonos como el Bopreal y la atención de los compromisos con el FMI demostraron la presión que enfrentan las reservas a pesar de la intención oficial de preservarlas. La gestión de Caputo priorizó la acumulación de dólares, pero la estructura de vencimientos y la falta de acceso a nuevo financiamiento obligó a destinar parte de los recursos a cancelar obligaciones externas.

Durante febrero, el Banco Central aprovechó la estabilidad cambiaria para intervenir en el mercado mayorista y sumar reservas. La limitación de la demanda de dólares para importaciones y la mayor liquidación de exportaciones permitieron que la autoridad monetaria lograra un saldo positivo en sus operaciones. Sin embargo, los pagos de deuda y la variación de cuentas del Tesoro condicionaron la retención neta de divisas.

El seguimiento de la evolución de las reservas durante el primer bimestre muestra la tensión entre la política de acumulación y las obligaciones de pago. El saldo neto negativo informado por Analytica refleja el desafío de retener dólares en un contexto de vencimientos exigentes y limitaciones en el acceso a financiamiento internacional. Aunque la semana pasada, el equipo económico sacó la carta del Bonar 29 (AO27) con el que pretende juntar USD 2.000 millones de cara al pago de USD 4.200 millones de julio y que tuvo un gran éxito en la primera licitación.

En paralelo a una nueva compra de divsas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pagó un vencimiento de deuda de USD 1.004 millones correspondientes a los Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal). Aún así, las reservas internacionales volvieron a superar los USD 46.000 millones por la recomposición de encajes bancarios y la suba de la cotización del oro.

El desembolso se cubrió con parte de las divisas que la entidad que conduce Santiago Bausili adquirió a lo largo del año y abarcó capital e intereses de la serie 3 de los Bopreal. Este bono, emitido por la propia autoridad monetaria, se destinó a empresas que debían cancelar deudas comerciales con el exterior. El instrumento facilitó la cancelación de compromisos con proveedores internacionales a través de un título en moneda extranjera, aunque bajo legislación argentina.

En paralelo, el BCRA completó 39 jornadas consecutivas sumando dólares a sus reservas, tanto en el mercado de cambios como a través de acuerdos con contrapartes del exterior. Este lunes, incorporó USD 70 millones, llevando el acumulado anual a más de USD 2.700 millones, lo que equivale a casi el 28% de la meta prevista para 2026.

Durante la llamada “fase 4” del programa económico, la autoridad monetaria alcanzó compras por 2.782 millones de dólares. Solo en febrero, sumó 1.555 millones de dólares. Para financiar estas operaciones, el BCRA emitió pesos sin aplicar instrumentos de absorción monetaria. Posteriormente, el Tesoro absorbió parte de esa liquidez con emisiones de deuda local y en las últimas licitaciones evitó expandir el circulante.

Estimaciones oficiales proyectan que la adquisición neta de dólares podría situarse entre 10.000 y 17.000 millones en 2026, según la demanda de pesos y la disponibilidad de divisas. El titular del BCRA, Bausili, señaló que la evolución de las reservas dependerá tanto de la demanda de moneda local como del ingreso de dólares. Hasta ahora, la autoridad monetaria superó un cuarto del objetivo anual.

El BCRA estableció un tope diario para la compra de divisas equivalente al 5% del volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios. También comunicó que está habilitado para adquirir dólares fuera del segmento mayorista mediante acuerdos directos con empresas e instituciones, una estrategia que contribuye a reducir presiones en el mercado.

Las reservas internacionales finalizaron la primera rueda de marzo en 46.517 millones de dólares. Esta cifra implica un alza de USD 957 millones respecto al último día hábil de febrero, dinámica que se explica por la recomposición de los encajes bancarios en moneda extranjera y la suba del valor del oro en los mercados internacionales.

El metal precioso trepó casi 2% a USD 5.343 la onza en medio del conflicto que tensiona a Medio Oriente. El valor de este activo, que es considerado como refugio frente a contextos de incertidumbre, impacta de manera directa en el balance del Banco Central, que mantiene una tenencia cercana a 1,98 millones de onzas troy, lo que equivale a 61,5 toneladas.

El miércoles de la semana pasada, la posición en moneda extranjera del BCRA había alcanzado los USD 46.905 millones, el valor más alto desde el inicio de la gestión de Javier Milei y el mayor en más de seis años, cuando las reservas se ubicaban en 47.448 millones de dólares.

Entre los factores que moderaron el ritmo de acumulación de reservas se encuentran los pagos de deuda externa realizados por el Tesoro, que adquirió divisas al BCRA para cumplir con esos compromisos y, de esa forma, restó fondos a las reservas.

El flujo de divisas que posibilitó estas compras del Central provino de la liquidación de exportaciones agroindustriales y de colocaciones de deuda de empresas y gobiernos provinciales. Sobre este último punto, desde las elecciones de medio término de octubre de 2025, el monto total colocado en obligaciones negociables y bonos subsoberanos asciende a 11.000 millones de dólares.

El dólar continuó a la baja

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los USD 366,1 millones, una cifra poco significativa, aunque suficiente para provocar una leve baja de dos pesos, equivalente al 0,1%, en la cotización del dólar mayorista, que cerró en 1.395 pesos. Durante la mayor parte de la jornada, el tipo de cambio mayorista se había mantenido por encima de los 1.400 pesos.

Para este lunes, el Banco Central estableció el techo de las bandas cambiarias en $1.611,54, lo que ubicó al dólar oficial a 216,54 pesos o 15,6% por debajo de ese límite previsto para la flotación de la moneda.

Tras tocar un mínimo desde mediados de 2018 hace apenas un mes, el índice de riesgo país emprendió un sendero alcista que actualmente lo ubica por encima de los 550 puntos básicos. Este avance, que supera las 70 unidades, fue atribuido por analistas a la persistente incertidumbre en los mercados externos. Además, advirtieron que esta suba limita la capacidad de financiamiento externo de las compañías argentinas, ya que se ven obligadas a pagar mayores tasas para acceder a créditos.

El impulso positivo de los bonos soberanos de Argentina permitió que el índice confeccionado por el banco de inversión JP Morgan-Chase, descendiera a 481 puntos básicos a fines de enero, su valor más bajo en casi ocho años. Desde las elecciones legislativas en las que se impuso el oficialismo, la reducción de esta variable superó las 600 unidades.

El indicador funciona como un termómetro relevante para los inversores, ya que mide la probabilidad de que un Estado incumpla sus compromisos financieros. Se obtiene al comparar el rendimiento de los bonos soberanos argentinos con el de los bonos del Tesoro estadounidense de igual plazo, considerados activos libres de riesgo.

Un riesgo país alto obliga al Gobierno a ofrecer intereses más elevados para captar fondos en los mercados internacionales

Cuando la diferencia entre ambos se amplía, refleja desconfianza sobre la estabilidad económica nacional y anticipa obstáculos para acceder a financiamiento exterior en condiciones favorables.

Un índice de riesgo país alto obliga al Gobierno a ofrecer intereses más elevados para captar fondos en los mercados internacionales, lo que encarece la deuda y dificulta el manejo fiscal.

Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, la caída acumulada supera las 1.400 unidades. Si se toma noviembre de 2023, momento del triunfo electoral de La Libertad Avanza, el retroceso supera los 1.900 puntos básicos.

Reacciones de funcionarios, empresas y analistas

A pesar de estos avances, la volatilidad global, evidenciada en la caída de acciones tecnológicas, bonos soberanos y Bitcoin, impactó negativamente en los títulos argentinos, impulsando el índice de riesgo país de 480 a 550 pb, ubicándose por encima del promedio regional de 300 pb.

Este comportamiento se mantuvo aun cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cumplió con una de las condiciones clave del mercado: la adquisición de divisas para reforzar las reservas internacionales: adquirió más de USD 2.700 millones desde el comienzo de la “fase 4″ del programa económico y las proyecciones oficiales calculan que las compras netas de dólares en 2026 podrían estar entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, según la demanda de pesos y la oferta de divisas.

En el contexto actual, una eventual emisión de deuda argentina en dólares en el mercado internacional requeriría pagar tasas cercanas al 9% anual, un costo que desincentiva al Gobierno.

A esto se suma que durante la semana, el equipo económico emitió un bono en moneda extranjera con una tasa inferior al 6% anual y el ministro de Economía, Luis Caputo, dejó en claro que buscan “cortar con la dependencia” de Wall Street potenciando el mercado de capitales local. Por ello, el avance del indicador no parece alterar los planes del Palacio de Hacienda, que busca otras alternativas para financiar los pagos de deuda externa.

En diálogo con Infobae, Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo, dijo que “en el corto plazo hubo un momento de impulso y ahora algo se perdió” aunque aclaró: “no cambia la evaluación de Argentina en lo inmediato”.

Sin embargo, Menescaldi remarcó que el índice de riesgo país por encima de las 550 unidades indica que “todavía no tenemos acceso a los mercados internacionales”. Explicó: “No podemos refinanciar nuestra deuda y tenemos que comprar reservas, endeudarnos con repo o con organismos internacionales para poder cancelar la deuda. Si no hay acceso, las empresas argentinas no logran conseguir crédito externo”, detalló.

Según el economista de Eco Go, para que el indicador de JP Morgan-Chase retome una tendencia bajista, Argentina “debe seguir por este camino: mostrar un fuerte compromiso fiscal, un fuerte compromiso para cancelar la deuda y también seguir acumulando reservas”. Añadió: “Si el mundo también acompaña, podrán tener el acceso al mercado y mostrar que cuentan con confianza. Una vez logrado esto, el índice de riesgo país va a descender aún más”.

Argentina debe seguir por este camino: mostrar un fuerte compromiso fiscal, un fuerte compromiso para cancelar la deuda y también seguir acumulando reservas (Menescaldi)

Matías de Luca, jefe de Research y Estrategia de Parakeet, el incremento del índice financiero se vincula con la inestabilidad de los mercados internacionales. A la vez, observó que la suba del índice de riesgo soberano ocurrió en la mayor parte de los países de la región, que no pudieron escapar de las tensiones externas.

De Luca precisó: “El índice de riesgo país no es una variable 100% estable, es un spread de tasas. Es positivo que se mantenga estable en torno a los 500 puntos básicos. Es mayor el beneficio de haber pasado de 1.000 a 500 bps que los perjuicios por cotizar a 550 pb en vez de 490 bps. Gracias a que tenemos un índice de 500 bp es que tanto empresas como provincias están pudiendo refinanciar su deuda en el exterior a tasas mucho más bajas. Eso evita conflictos financieros y allana el terreno para el crecimiento económico”.

Federico Machado, economista de la consultora OPEN, observó que el pesimismo de los mercados de los últimos días “llama un poco la atención considerando que transitamos una semana ‘buena’ para el Gobierno: reforma laboral, datos positivo de actividad en diciembre y una colocación exitosa del AO27″. Además, subrayó que parte del aumento del índice de riesgo país corresponde al contexto internacional descripto previamente.

Ante la consulta de Infobae sobre el efecto de esta dinámica en la economía local, Machado respondió: “Eleva el costo de financiamiento de las empresas, que necesitan pagar tasas del 8% en dólares para tomar crédito en un contexto en que la inversión es clave ante la falta de consumo y gasto público".

Emisión de deuda privada

La compresión del índice de riesgo país desde las elecciones legislativas de octubre de 2025 propició que las compañías argentinas colocaran deuda en los mercados internacionales por más de USD 8.500 millones. Este flujo de divisas permitió, en buena medida, mantener la calma cambiaria y la compra de divisas por parte del BCRA.

Alejandro Giacoia, economista de Econviews, coincidió con sus colegas al asociar el alza del indicador con la volatilidad externa. A la vez, sostuvo que “para que vuelva a bajar, las compras de reservas que está llevando a cabo el Banco Central son determinantes. Si el BCRA continúa comprando y acumulando reservas, esto seguirá aportando a la confianza. Del mismo modo, la colocación de deuda en dólares de esta semana da certidumbre sobre la capacidad que tiene Argentina para cumplir con sus compromisos de deuda”.

Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital, manifestó que “si se mantiene el ritmo de acumulación de reservas y continúan las victorias legislativas que refuercen el programa macro, el índice de riesgo país debería volver a perforar los 500 puntos básicos. El movimiento reciente luce más como toma de ganancias que como un cambio de tendencia estructural”.

La empresa Rizobacter, una de las firmas del grupo de biotecnología agrícola Bioceres, dio un paso clave en el proceso de mejora de su perfil financiero, al alcanzar las mayorías necesarias para aprobar la reestructuración de Obligaciones Negociables (ONs) por USD 3,8 millones recientemente anunciada, cuyo vencimiento estaba previsto para el 10 de febrero.

Según informó la compañía en una presentación ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), las adhesiones de los tenedores superaron el 76% del capital emitido, lo que habilita la implementación del nuevo esquema.

En esa nota, Rizobacter informó que “ha obtenido el consentimiento de Tenedores de las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase B que representan el 76,18% del monto de capital total pendiente de pago de las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase B en circulación, superando de esta forma el 70% requerido en el Suplemento de Prospecto a los efectos de aprobar la reestructuración".

Tras el acuerdo, fuentes de Bioceres señalaron que con el mismo ”se reordena el perfil de vencimientos y se gana previsibilidad” en el marco de un proceso más amplio. En ese sentido, señalaron que en lo que hay “conversaciones muy avanzadas” con bancos, inversores y otros tenedores de la deuda de la empresa. “En un contexto desafiante para el sector agropecuario, la readecuación apunta a extender plazos y ajustar condiciones para ordenar compromisos de corto y mediano plazo”, agregaron.

El acuerdo alcanzado contempla el pago del 20% del capital residual el próximo 3 de marzo de 2026, junto con los intereses devengados, y un cronograma de amortizaciones escalonadas hasta septiembre de 2028. El cronograma de pagos a los tenedores para 2026 también contempla un vencimiento por más de USD 16 millones en junio.

Fuentes del mercado al tanto de la negociación explicaron que en los últimos meses, compañías agroindustriales como San Miguel, la firma citrícola que también optó por reestructurar su deuda mediante el canje de ONs, avanzó en procesos de extensión y reordenamiento de vencimientos, “en busca de mayor previsibilidad financiera en un escenario de tasas altas y menor liquidez”.

Otro caso similar se observó en Los Grobo y Agrofina, que están vinculadas societariamente y tienen gran peso en el sector agroindustrial. Debieron afrontar procesos de reetructuración, dado que a finales de 2024 e inicios de 2025, informaron impagos por un total de unos USD 21,4 millones y casi $9.400 millones, respectivamente.

Asimismo, Red Surcos, especializada en fitosanitarios, declaró un default en diciembre de 2024 y anunció una reestructuración de deuda tras incumplir pagos por aproximadamente USD 3,5 millones y $9.364 millones en pagarés bursátiles.

El impacto en el mercado

A partir del reperfilamiento de los vencimientos, Bioceres Crop Solutions (BIOX), la acción de la filial que opera en el Nasdaq, sufrió una depreciación superior al 90% anual, luego de haber tocado máximos en febrero de 2025. Esta caída la posiciona como una penny stock, categoría reservada para compañías cuyas acciones valen menos de USD 1, y la deja expuesta a una posible exclusión del mercado estadounidense.

Al mismo tiempo, la estructura local del holding presentó dificultades financieras. Bioceres S.A., la empresa argentina con sede en Rosario que fue el origen de BIOX, comenzó un proceso de convocatoria de acreedores debido a una deuda impaga cercana a los 39 millones de dólares.

Esta medida se tomó después de que la compañía incumpliera el pago de pagarés bursátiles por más de 5 millones de dólares, en un escenario de fuerte disminución en los ingresos y activos financieros. Aunque Biox y Bioceres S.A. ya no mantienen relación operativa directa, la segunda fue la principal accionista de la primera hasta la reestructuración del grupo, concretada a mediados del año pasado.

La crisis afectó también a la filial tecnológica del grupo en Estados Unidos. Recientemente se conoció que el control de ProFarm Group, parte de Bioceres Crop Solutions, quedó en manos de un consorcio de acreedores tras la ejecución de garantías por 55 millones de dólares.

La compañía comunicó que el proceso judicial sigue abierto y en etapa de apelación, y remarcó la diferencia entre el valor de ejecución (15 millones de dólares) y los 243 millones que BIOX había pagado por la adquisición de esa firma en 2022, cuando el sector agrícola atravesaba un momento favorable.

Luego de casi dos años de un gran ajuste en la obra pública y una deuda con las empresas constructoras que se fue acumulando, a pesar de que algunos proyectos continuaron, el Gobierno decidió hacer frente a ese pago con el objetivo de darle oxígeno a las compañías y comenzar a reactivar una industria que dinamiza fuertemente la actividad económica.

Fuentes privadas y oficiales confirmaron que el plan consiste en emitir un bono que cubra las obligaciones pendientes entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, aunque todavía restan conocer los detalles del instrumento. El monto a saldar rondaría los USD 200 millones y se trataría de deuda por obras viales y ferroviarias, en principio. El Gobierno ya se lo comunicó de manera informal al sector, que espera definiciones sobre si la deuda será actualizada y si sufrirá una quita, dado que el bono podría cotizar entre 70% y 80% de su valor nominal.

Trascendió que estaría incluida la deuda por obras viales y de ferrocarriles. Las hídricas, dijeron fuentes del sector, se saldaría al contado. Y las de viviendas fueron trasladados a las provincias. ¿Qué ocurrió? Si bien los atrasos en los pagos del sector han sido moneda corriente, cuando asumió el Gobierno Javier Milei la decisión inmediata fue paralizar toda la obra pública nueva y continuar con algunos proyectos que estaban en plena ejecución. “Pero también hubo atrasos en esas obras que el propio Gobierno nos dijo que continuáramos”, dijo un empresario a este medio.

Lo cierto es que ahora, a poco más de dos años de aquel comienzo de gestión, el equipo económico quiere comenzar a normalizar la situación para que también las empresas puedan utilizar ese dinero en financiar otras obras y que eso dinamice la actividad económica, ya que todavía no hay demasiadas señales de repunte.

El Ejecutivo está muy activo en licitar las concesiones de las rutas y seguirá por ese camino. Hasta ahora, están ya en marcha los procesos para los 9.000 kilómetros de rutas por donde transita el 80% de la población, pero el objetivo es continuar con otros 6.000 kilómetros, precisaron desde el Gobierno. En todos los casos, serán concesiones por lo que la financiación de las obras será privadas (propia o bancaria). También comenzará a revisar de qué manera reactivar las obras en viviendas, ya que es donde más mano de obra se genera, y de forma relativamente rápida.

El sector de la construcción festejó, el martes por la noche, los 90 años de vida de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), evento que reunió a figuras del ámbito político y empresarial. La celebración se realizó en el Teatro Colón, primero con un cocktail y luego con una exclusiva función de la obra Astor, Piazzolla Eterno. En ese contexto, funcionarios y empresarios tuvieron la oportunidad de dialogar sobre la marcha de la actividad y destacaron la necesidad de mantener la obra pública activa.

Al respecto, Gustavo Weiss, presidente de Camarco, explicó a Infobae en Vivo que el sector perdió miles de empleos y que las empresas deben adaptarse a un nuevo sistema económico. Señaló que, aunque la macroeconomía exige mayor orden y previsibilidad, el Estado sigue siendo clave para impulsar proyectos que reactiven la actividad y garanticen continuidad en el empleo. Weiss agregó que la obra pública constituye un motor de producción y que la falta de inversión afecta directamente a proveedores y contratistas vinculados a las compañías.

Sobre el empleo, el empresario recordó que el sector perdió “120.000 puestos de trabajo entre mediados del 2023 y mediados del 2024″ y que desde ese entonces, la actividad está amesetada y solo recuperó una muy pequeñísima parte de esa pérdida”.

Cómo arrancó la actividad en 2026

Aunque las cifras oficiales del Indec muestran que la actividad total de la construcción había crecido durante 2025 (6,3% versus 2024), con algunos meses positivos que compensaron periodos de retrocesos, el indicador de demanda de insumos sugiere que el sector privado enfrentó una desaceleración en el comienzo del año.

Así, la actividad mostró un arranque con una caída mensual de 11,6% en la demanda de materiales en enero, según el índice que elabora el Grupo Construya. Ese dato también quedó 1,1% por debajo del mismo mes del año anterior, lo que reflejó menor dinamismo en las compras de insumos que suelen anticipar obra en desarrollo.

El índice incluye productos como cemento, ladrillos, acero y pinturas, y la baja mensual respondió, para los analistas, a un ajuste típico luego del cierre del año previo en un contexto aún cauteloso para la ejecución de proyectos.

Desde las 10 de hoy y hasta las 13, los ahorristas interesados pueden sumarse a la segunda ronda del AO27, el nuevo bono en dólares del Tesoro, mediante el sistema de adhesión, que replica las condiciones de la colocación exitosa de ayer. La suscripción se realiza a través de sociedades de Bolsa, con un tope de hasta USD 250 millones por persona. Y el resultado exitoso que tuvo el Gobierno ayer, en términos de una tasa algo más baja de lo esperado, hizo que en términos de atractivo el bono no

La licitación del martes permitió al Gobierno obtener financiamiento a una tasa inferior a la esperada, lo que representó un resultado positivo para el Tesoro por lograr endeudarse de forma más barata. Para los inversores, el escenario es distinto: los que busquen ingresar en esta segunda vuelta encuentran hoy un bono algo caro en función de la fuerte demanda registrada. Entre los puntos a favor, varios analistas destacan la liquidez limitada pero creciente, el pago mensual de intereses y la duration corta (la duration, a diferencia del rendimiento, estima el tiempo que se tarda en recuperar la inversión inicial). Entre las desventajas, aparecen la tasa algo baja en comparación con otras alternativas y la posibilidad de prorrateo ante el alto interés de esta jornada.

Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo, explicó en redes que en el caso de quienes suscriben el bono AO27 en la emisión primaria, la restricción cruzada para operar con dólares oficiales y bonos soberanos se reduce a 15 días, en vez de los 90 días habituales para el resto de los instrumentos.

El instrumento tiene una emisión total de USD 150 millones, adjudicada a una tasa nominal anual del 5,89%. Hoy, se emitirán otros USD 100 millones por la vía de la adhesión. El bono Bonar 2027, con vencimiento en octubre de 2027 y cupón del 6% anual, prevé colocaciones quincenales, con la posibilidad de ampliar hasta USD 250 millones por subasta mediante una primera ronda competitiva y una nueva no competitiva al día siguiente: la más amable para minoristas.

Dada la llegada de un nuevo instrumento de inversión, Infobae consultó a analistas para que den su opinión respecto a qué tan buena inversión es para un ahorrista minorista.

Primero, la clave es ver cómo compara con otras alternativas de inversión similares. Según los especialistas consultados, el AO27 ofrece un rendimiento superior al de los plazos fijos en dólares y a la mayoría de los fondos comunes de inversión en esa moneda. Pablo Repetto sostuvo que “al ahorrista minorista sí le conviene el AO27 bastante más que un plazo fijo en dólares, seguramente es mejor que un fondo común de inversión en dólares también”. Damian Vlassich señaló que los plazos fijos pagan entre 4% y 5% nominal anual, mientras que fondos comunes de renta en dólares pueden ofrecer una tasa interna de retorno cercana al 6%, ambos niveles por debajo del 5,89% del AO27. Sin embargo, varios analistas consideraron que el Bopreal 27D representa una alternativa más atractiva en términos de rendimiento, ya que su tasa supera el 6% y ofrece mayor liquidez, aunque con una modalidad de pago semestral y ciertas restricciones adicionales.

Félix Marenco, asesor de Cocos Gold, sostuvo: “Es un bono que vale la pena aclarar que no va a tener premio en el mercado, no estás tarde para nada. Si me baso en lo que viene siendo esta gestión, se han pagado vencimientos en contextos peores que el actual”. Marenco consideró que la deuda que vence dentro de esta gestión “es atractiva, por eso rinde menos que un bono que va más allá”. En su análisis, recomendó: “Es un bono para tener en cartera, no con demasiada exposición, pero ante la alternativa de dólares quietos es una tasa baja pero no deja de ser atractivo. Un alquiler rinde menos, un plazo fijo menos, un FCI T+0 más. Un Bopreal rinde más. Es atractivo. Desde el punto de vista de captar los depósitos a tasa cero que están en los bancos. Coloco un bono corto, bajo riesgo. Yo creo que la tasa puede seguir bajando. Es una emisión chica. En resumen, no es malo para tener en cartera, sin demasiada exposición”.

Damian Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, agregó que el AO27 “resultó atractivo por su pago mensual, tasa cupón del 6% y corto plazo, lo que incentivó una demanda superior a la esperada”. Vlassich explicó que la emisión “se realizó sobre la par, a un precio de USD 100,45 y una tasa nominal anual del 5,74%, inferior a la de instrumentos comparables como el BPOD7”. Según el especialista, “hoy se prevé una ampliación adicional por hasta USD 100 millones, con expectativas de alta demanda y prorrateo considerable”. Vlassich opinó: “Aunque el instrumento es atractivo, el precio actual abre el debate frente a otras alternativas. Un plazo fijo en dólares paga entre 4% y 5% TNA, mientras que fondos comunes de inversión de renta en dólares pueden ofrecer una TIR cercana al 6%. Existen obligaciones negociables corporativas, como la del Banco Macro, con duration menor a un año y rendimiento aproximado de 5,4%”.

Francisco Speroni, analista de renta fija de Cohen Aliados Financieros, afirmó: “La combinación entre flujo de fondos, tasa y duration corta le otorga ventajas relativas al AO27 frente a otros instrumentos de la curva soberana, así como de corporativos y del BCRA”. Según Speroni, “el bono tiene amortización tipo bullet y un cupón del 6% anual con pagos mensuales. La TIR de 5,89% resulta atractiva considerando el plazo hasta el vencimiento y una Modified Duration de 1,58”. Además, resaltó que el AO27 vence el 29 de octubre de 2027, “dentro del mandato de Milei y antes de un eventual ballotage, lo que limita la incertidumbre política relativa frente a títulos de mayor plazo”. Speroni aclaró: “Inicialmente, el instrumento contará con liquidez reducida, que se espera aumente a medida que se incrementen los montos ofrecidos en las próximas licitaciones del Tesoro”.

Desde la óptica de los minoristas, Speroni argumentó que “el AO27 satisface la demanda del mercado en un tramo de la curva donde la oferta es limitada. El AL30, por ejemplo, exhibe una duration más larga y un vencimiento posterior al actual mandato”. También observó que, en el tramo corto de la curva de corporativos ley local, “se observan rendimientos promedio de 4,4%, por debajo de lo que ofrece el AO27”. Respecto a los Bopreal, expuso: “El Serie 1-C cuenta con una Modified Duration similar, su rendimiento es levemente inferior y el cupón del 5% anual se paga de manera semestral, frente a la frecuencia mensual que ofrece el Bonar”.

Hay un segmento, algo más sofisticado, que sí puede aprovechar mejor el nuevo bono. Es el de aquellos ques disponen de dólares vía contado con liquidación. Speroni aseguró: “El AO27 se posiciona como una alternativa interesante para inversores con disponibilidad de dólares vía contado con liquidación que buscan un instrumento soberano corto en hard-dollar. Con un canje en torno a 3,0%, quien dispone de fondos cable puede acceder a una mayor cantidad de nominales, lo que eleva el rendimiento efectivo del AO27 hasta niveles cercanos a 8% tasa interna de retorno”.

Por su parte, Pablo Repetto de Aurum Valores, opinó: “En términos de rendimiento, al ahorrista minorista sí le conviene el AO27 bastante más que un plazo fijo en dólares, seguramente es mejor que un fondo común de inversión en dólares también”. Repetto advirtió: “El bono hoy es estrella por las noticias, porque se colocó, porque tiene este flujo mensual de intereses, pero habría que ver si lo podés reinvertir a la misma tasa que te va pagando los intereses. Como alternativa, luce un poco mejor el Bopreal 27D. El Bopreal 27D del Banco Central rinde un poco más, porque está arriba de seis, seis y pico, y paga capital en abril y octubre. Tiene un poco más de liquidez. Hay otras opciones que por ahí son más atractivas para un minorista que el AO27. No por el lado de plazos fijos y probablemente tampoco por los fondos como una inversión en dólares, pero sí con el Bopreal”. Repetto también mencionó que “los fondos comunes de inversión en dólares pueden ver atractivo incluir el AO27 en sus carteras para mejorar rendimiento”.

Gustavo Ber, economista, consideró que el AO27 “permite a los ahorristas lograr una competitiva rentabilidad a través de un instrumento corto que permite cobrar intereses todos los meses, lo cual suele ser un atributo muy valorado por los minoristas”. Ber subrayó que “resulta un vehículo más sencillo en su estructura financiera sin dudas se destaca entre las ventajas, y entre desventajas podría mencionarse que inicialmente tendría una limitada liquidez en el mercado secundario, más allá de ello irá mejorando a medida que vayan transcurriendo las licitaciones”.

Según Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group, “cobrar dólares todos los meses es ideal para quien busca una renta recurrente similar a un ‘sueldo’ en dólares”, y esa característica lo diferencia de alternativas como el bopreal o bonos corporativos, que solo realizan pagos de interés de manera semestral. Además, Botto destacó la accesibilidad del instrumento: “El hecho de que se pueda suscribir desde VNO USD 1 lo hace accesible a todo el público inversor, incentivando principalmente a inversores minoristas”.

Otra ventaja señalada por Botto es el plazo, ya que “con una duración modificada de 1,5 años, se reduce la exposición a riesgos de largo plazo y puede ser interesante para inversores que buscan protección en el mandato de Milei”. Respecto a la liquidez, el especialista indicó que, al integrar las licitaciones quincenales del Tesoro, “se espera que tenga buena liquidez en el mercado secundario”. En comparación con el Bopreal, Botto subrayó que el AO27 “ofrece acceso ‘universal’, liquidez inmediata y cobros mensuales en dólares”, mientras que el Bopreal está más orientado a empresas importadoras y resulta más técnico y específico en su funcionamiento.

Cómo invertir

En el contexto actual, la reapertura del AO27 se realiza bajo la modalidad de adhesión: en vez de competir por tasa, los interesados aceptan las condiciones establecidas en la primera licitación.

Para invertir, es necesario tener cuenta en una sociedad de Bolsa o cuenta de inversión en un banco. Las webs de operación y apps de las sociedades de Bolsa están ofreciendo en este momento la suscripción a través de botones especiales, habituales a la hora de emisiones primarias. La inversión mínima es de USD 1.

La expectativa de alta demanda hace probable que el monto adjudicado a cada suscriptor se vea prorrateado, es decir, que cada inversor reciba solo una parte de lo solicitado para permitir que más participantes accedan al instrumento.

El Ministerio de Economía concretó ayer la colocación de un bono en dólares a 2027, adjudicando USD 150 millones a una tasa de interés efectiva anual de 5,89%. El precio de corte fue de USD 1.004,50, lo que ubicó el rendimiento por debajo del cupón fijo del 6% con el que fue ofrecido. El valor nominal ofertado alcanzó los USD 868 millones, pero el Tesoro adjudicó solo una fracción de ese monto, tal como lo había anunciado. Esta emisión, bajo ley local, apunta a reunir dólares para afrontar un vencimiento de USD 4.200 millones el 9 de julio y otros compromisos, en un contexto en el que el acceso al financiamiento internacional para el sector público permanece restringido por el nivel del riesgo país, que ronda los 543 puntos.

El nuevo instrumento se diseñó para captar parte de la liquidez que permanece ociosa en el sistema financiero argentino, y se orienta a competir directamente con alternativas como plazos fijos y fondos comunes de inversión en dólares para tentar empresas y familias que pueden financiar al Tesoro. El atractivo adicional de este bono radica en que paga intereses mensualmente, lo que apunta a un perfil de inversor conservador que busca rentabilidad en moneda dura pero está dispuesto a exponerse a los riesgos de la deuda soberana argentina.

El contexto de la colocación revela una dinámica inusual para la deuda del sector público nacional: el Tesoro nacional no logra acceder a los mercados internacionales con bonos soberanos, mientras que empresas y provincias sí lo hacen y con todo éxito. Este fenómeno para nada habitual se desarrolló en los últimos meses y se vincula directamente con la ausencia del Estado nacional como emisor relevante en el mercado externo. Con el riesgo país en niveles elevados, el Ministerio de Economía no consigue colocar deuda soberana global a tasas inferiores a los dos dígitos, lo que la vuelve antieconómica. De esa forma, las empresas y algunas provincias aprovecharon el espacio vació y salieron a buscar dólares fuera del país en condiciones más favorables.

Incluyendo la licitación de ayer de Pluspetrol, las emisiones corporativas y sub-soberanas acumulan USD 10.700 millones desde las elecciones legislativas a esta parte. Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba lograron montos de entre USD 600 y 800 millones cada una, mientras que otras jurisdicciones y empresas privadas como IRSA, Vista, Tecpetrol y YPF también participaron activamente en el mercado. Los datos oficiales muestran que, en el mismo período, los privados accedieron a tasas inferiores a las que pagaría el Tesoro, una situación poco habitual en el mercado de deuda internacional de países emergentes.

El propio Gobierno nacional reconoce este fenómeno y lo describe como un “crowding in”: la salida del Tesoro del mercado internacional habilitó espacio para que el sector privado y las provincias se financien con mayor facilidad. La situación contrasta con el clásico “crowding out”, donde el Estado, al financiarse en grandes volúmenes, desplaza al sector privado y encarece el costo del crédito para compañías y gobiernos subnacionales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, optó ante esta situación anómala por recurrir al mercado local para cubrir las necesidades de financiamiento en moneda extranjera. No es la primera vez. En diciembre, el Tesoro colocó USD 1.000 millones en Bonar 2029 a una tasa de 9,26% anual, también bajo ley argentina. Parte de esos fondos se utilizó para afrontar vencimientos de deuda en enero. El resultado de esa operación marcó un antecedente para la estrategia actual, que apunta a captar dólares disponibles en bancos nacionales, evitando la exposición a tasas internacionales aún más altas.

La novedad de esta nueva emisión es que con su plazo más corto, vence dentro de este período presidencial, y la importante disponibilidad de dólares en depósitos bancarios locales, el costo financiero fue mucho menor. El mercado local hoy se caracteriza por la existencia de una gran masa prestable en dólares que no se transforma en crédito productivo. Los depósitos del sector privado en moneda extranjera superan los USD 38.000 millones, según los últimos datos del Banco Central (BCRA). Esta acumulación es reciente. Una revisión de la serie histórica muestra que, desde febrero de 2024, el stock de depósitos en dólares creció de 16.001 millones a más de 38.000 millones en febrero de 2026. El ritmo de incremento se aceleró en el segundo semestre de 2024 y en los primeros meses de 2025, reflejando un regreso todavía lento pero nada despreciable de familias y empresas a un sistema financiero que nunca terminó de superar la confiscación de depósitos de 2001.

El hecho de que exista una enorme masa prestable que no se transforma en crédito en dólares se deba a normas macroprudenciales que el BCRA implementó tras la crisis financiera de ese mismo 2001. El régimen limita hoy la posibilidad de prestar dólares a empresas o clientes que no tengan ingresos genuinos en esa moneda, para evitar los riesgos de descalce entre activos y pasivos en divisas. Solo exportadores y sectores directamente relacionados pueden acceder a crédito en dólares. La mayoría de los clientes bancarios, con ingresos en pesos, queda fuera de ese mercado por las restricciones regulatorias que buscan evitar otro colapso bancario como el de principios de siglo. De esta forma, los bancos mantienen grandes sumas en dólares que no pueden colocar como préstamos y buscan alternativas de inversión para volverlos rentables

Caputo identificó en esa liquidez ociosa una oportunidad para financiar al Tesoro. El bono a 2027, con intereses mensuales, apunta a captar la atención de ahorristas y fondos que hoy tienen sus dólares inmovilizados en el sistema financiero. El diseño del instrumento emula el esquema de las Letes en dólares que el hoy Ministro de Economía utilizó en el Ministerio de Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri, focalizado en inversores locales que buscan rendimiento en moneda dura sin exponerse a riesgos del mercado internacional.

El atractivo del nuevo bono se apoya en su estructura: paga intereses cada mes y, con un un cupón del 6% anual, y busca competir con el rendimiento de plazos fijos en dólares y fondos comunes de inversión. en moneda extranjera.

Los bancos de capital nacional observan la estrategia oficial con reservas. Desde el sector señalan que la persistencia de las normas macroprudenciales mantiene limitada la demanda de crédito en dólares, lo que restringe la rentabilidad de las entidades y reduce el potencial de canalización de ahorro hacia la economía real. Autoridades bancarias expresan que una flexibilización regulatoria parcial permitiría ampliar el universo de potenciales tomadores de crédito en dólares y dinamizar la cartera de préstamos, siempre bajo medidas de control más sofisticadas para evitar riesgos sistémicos. Por ahora, la postura oficial es mantener el esquema vigente y aprovechar la masa prestable disponible para financiar al Tesoro.

El crecimiento del stock de depósitos en dólares del sector privado se consolidó como un dato central para entender la estrategia del Ministerio de Economía. Cómodo con el crowding in en el mercado internacional, Caputo parece haber optado sin temor por el crowding out en lo que hace a la disponibilidad de divisas en el mercado local.

La evolución de los depósitos en dólares refleja un fenómeno de confianza parcial: los ahorristas eligen mantener su liquidez en bancos locales, pero no encuentran opciones atractivas de inversión fuera del sistema financiero. El bono en dólares a 2027 se diseñó como un intento de dar respuesta a este escenario, ofreciendo una alternativa que combina seguridad, liquidez y rendimiento superior al promedio del mercado local. El hecho de que se ofrecieran más de USD 800 millones para una emisión de USD 150 como máximo (se extenderá hasta los USD 2.000 millones con emisiones cada dos semanas).

El desempeño de los depósitos en dólares y la evolución de la masa prestable seguirán bajo observación en los próximos meses. El impacto de la colocación sobre la liquidez bancaria y la respuesta de los inversores al nuevo bono serán factores relevantes para evaluar la sostenibilidad de la estrategia oficial. El sector financiero, mientras tanto, mantiene su reclamo por una regulación más flexible que permita canalizar parte de esa liquidez hacia el crédito productivo, sin poner en riesgo la estabilidad del sistema. Los bancos no ven la hora de poder aprovechar esos mismos dólares de los que acaba de hacer uso Caputo.

La colocación del nuevo bono en dólares realizada por el Gobierno resultó en una adjudicación de USD 150 millones a una tasa nominal anual del 5,89%, superando las expectativas de los analistas del sector financiero. El instrumento, orientado a captar fondos en moneda extranjera de inversores locales, despertó una elevada demanda y representa un precedente relevante de cara a la segunda adhesión, prevista para mañana.

La primera emisión del bono en dólares cerró con una tasa inferior a la anticipada por los operadores (cerca del 7%), lo que motivó una sobreoferta de USD 718 millones de dólares y derivó en el prorrateo de las adjudicaciones. El proceso de licitación incluyó una primera vuelta competitiva y programó una segunda instancia para el jueves, con condiciones preestablecidas y mecanismos de adhesión específicos.

Desde Eco Go, el economista Lucio Garay Méndez interpretó el resultado como una señal favorable para la estrategia oficial. “Respecto al bono en dólares, es positivo que hayan quedado más de USD 700 millones fuera de la adjudicación. Hay una demanda consistente, impulsada por la brecha, lo que abre una vía para obtener dólares destinados a los vencimientos en esa moneda”, sostuvo el analista. Este dato refuerza la perspectiva de que el instrumento sirvió como canal para captar recursos en divisa extranjera y fortalecer la posición del Tesoro ante próximos compromisos.

Cómo será la segunda vuelta

Nicolás Cappella, sales trader de Grupo IEB, explicó que la dinámica de la licitación contempló una segunda vuelta que abrirá a las 11 y cerrará a las 13 del 26 de febrero. “La segunda vuelta será por adhesión con un único pliego al precio de corte. Estará destinada a todas las personas humanas o jurídicas interesadas en participar, quienes deberán presentar sus ofertas a través del sistema de licitaciones. En la primera vuelta, se puede poner precio; en la segunda, solo se puede adherir al precio fijado. No es posible ofrecer por encima ni por debajo de ese valor”, detalló el ejecutivo, quien enfatizó la apertura del instrumento a todo el mercado.

El nuevo bono, identificado en el mercado como BONAR 2027, fue diseñado para captar liquidez en dólares y responder a vencimientos próximos en moneda extranjera. El Gobierno adjudicó USD 150 millones, una cifra que superó las previsiones iniciales y se ubicó por debajo de la tasa estimada en las previsiones previas al llamado. El resultado generó una interpretación unánime entre los operadores: fue un éxito para el equipo económico.

“Habrá que ver mañana si, a este mismo precio, que está por encima de lo que esperábamos, todavía queda demanda dispuesta a convalidarlo a través de la segunda vuelta. De ser así, es posible que una parte de la demanda esté explicada por inversores extranjeros que, entrando dólares de afuera, apuestan a una compresión del ‘canje’ que está en torno al 3%“, planteó Javier Casabal, Senior Fixed Income Strategist de Adcap. A la vez, el analista destacó que el Tesoro haya inaugurado un nuevo vehículo para acumular dólares, aprovechando la mayor disponibilidad de divisasen el mercado local, y con una tasa de apenas por debajo de 6%, en línea con lo que rinden los Bopreales (títulos del Banco Central) que vencen también en octubre de 2027.

Deuda pública: qué reveló sobre la inflación

El análisis de la licitación también incluyó observaciones sobre el perfil de los instrumentos ofrecidos y las señales enviadas por el Gobierno a través del menú de alternativas. Nicolás Martínez, portfolio manager de Wise Capital, evaluó el resultado como una “buena señal” y destacó el cambio de estrategia oficial. “Es positiva la intención de asegurar rolleo con un segundo vehículo (primero compra de dólares, ahora emisión local) y aprovechar las bajas tasas en MEP. Es relevante la ausencia de una oferta de tasa fija. El Gobierno se muestra cómodo con la curva CER (tasas reales), pero no con la curva LECAPs (tasa fija), lo que refleja su preocupación por el nivel de inflación y las expectativas del mercado”, explicó. Martínez consideró que la emisión busca absorber dólares y bajar las tasas en pesos. “Probablemente se trate de una colocación que inyecta pesos y absorbe dólares. No buscan o no pueden emitir en el exterior, donde las tasas rondan el 10 por ciento. También podría ser una señal de que el fin del cepo cambiario está cerca y por eso buscan aprovechar las bajas tasas en MEP”, concluyó.

Durante la jornada, operadores y analistas coincidieron en que la sobreoferta y el interés por el bono respondieron a la combinación de liquidez en dólares MEP, la posibilidad de cobrar divisas en el exterior y la expectativa de cambios en el régimen de controles cambiarios. La colocación de USD 150 millones a una tasa inferior a la prevista alimentó las expectativas sobre la capacidad del Gobierno para renovar vencimientos y fortalecer su posición de caja mediante instrumentos en moneda dura.

La experiencia de la primera licitación del nuevo bono en dólares evidenció que la demanda superó los volúmenes proyectados, que la tasa final se ubicó por debajo del rango esperado y que el interés se centró tanto en acceder a dólares fuera del país como en aprovechar la brecha cambiaria. El sector financiero interpretó estos datos como señales de la estrategia oficial para gestionar vencimientos y explorar nuevas alternativas de financiación en moneda extranjera.

El resultado de la licitación del nuevo bono en dólares puede cambiar el humor del mercado. La colocación se hizo a una tasa inferior al 6% anual que devenga el título. No solo colocó los USD 150 millones, sino que los USD 100 millones que ofrecerá hoy tienen destino y precio asegurado.

Si se mide el riesgo país por la tasa de 5,89% comparada con la del Bono del Tesoro de Estados Unidos a 2 años de 4,35%, la diferencia fue de tan solo 160 puntos básicos, con la salvedad que el título estadounidense no paga los intereses mensualmente sino de forma trimestral.

La noticia opacó todo lo que sucedió en la rueda que no fue otra cosa que la reacomodación a un escenario de tasas de interés más bajas y mejores precios de los dólares.

De esta manera, en el mercado financiero el MEP y el contado con liquidación (CCL) tuvieron subas notables de 1,5% a $1.425 y 1.465 pesos, respectivamente. El blue aumentó $15 a $1.445. En el Mercado Libre de Cambios (MLC), donde el Banco Central compró USD 48 millones y elevó las reservas en USD 243 millones a USD 46.905, se operaron 495 millones de dólares. El dólar mayorista tuvo más demanda y cerró con un alza de $18,50 (+1,4%) a 1.399 pesos.

Los bonos soberanos que comenzaron la rueda en alza, pronto recortaron ganancias y cerraron equilibrados, manteniendo al riesgo país en 545 puntos básicos. La Bolsa, padeció otra rueda negativa y el S&P Merval de las acciones líderes perdió 0,4% en pesos y 1,9% en dólares.

Las tasas de interés bajaron notablemente. La caución a 1 día se operó a 20% anual. Las LECAP a tasa fija bajaron su renta a 2,4% para enero 2027 y a 2,5% para los plazos más cortos. Obviamente, los ganadores de hoy fueron los compradores de dólares. Habrá que ver si con este cambio en las reglas de juego sigue el carry trade (apostar a que el rendimiento en pesos supere la evolución del valor del dólar).

En la licitación del Tesoro se buscaban renovar 7,3 billones de pesos. El mercado ofreció $8 billones, pero se aceptaron $6,74 billones que cubrieron el 93,3% de los vencimientos y liberan $0,5 billones al mercado para reforzar la estrategia de bajar la inflación vía menores costos financieros de las empresas y estímulo del consumo.

Según Inversiones Pergamino “el resultado fue sólido en términos de financiamiento” porque “en primer lugar, las tasas en instrumentos CER salieron claramente ‘a mercado’. La demanda se concentró en esta curva y no en los títulos dollar linked, lo que refleja que los inversores no están posicionándose masivamente para un salto discreto del tipo de cambio en el corto plazo. La preferencia por cobertura inflacionaria por sobre cobertura cambiaria es consistente con un escenario de nominalidad en descenso y tipo de cambio sin sobresaltos. En segundo lugar, los nuevos instrumentos en hard dólar mostraron interés genuino y se colocaron a tasas competitivas. Esto es relevante porque consolida una curva en moneda dura con costos de financiamiento contenidos, algo clave para sostener el proceso de normalización macro y reconstrucción del crédito soberano”.

El informe agrega que “para el Gobierno, el resultado es consistente con su hoja de ruta: sostener el orden fiscal, anclar expectativas cambiarias y avanzar hacia un esquema de tasas reales decrecientes que acompañe la desinflación. Para el mercado, es una señal de que la transición hacia un régimen financiero más estable sigue en marcha, aunque todavía con desafíos en materia de profundidad y consistencia de la demanda”.

Para el asesor financiero Nau Bernues “la estrella de la licitación fue el AO27 al que le tiraron con de todo y hubo ofertas por USD 868 millones. Dólares no faltan. Si sos el Tesoro, parece que sobran. La licitación nos deja un respaldo más por parte del mercado al Gobierno, que consiguió financiamiento barato, en pesos y en dólares. Aunque ese financiamiento barato es para la deuda que vence en este Gobierno, si la paga el siguiente, el riesgo país podría no ser el mismo. Por lo pronto, el equipo económico puede mostrar un riesgo país de alrededor de 200 puntos básicos en los bonos cortos, ya muy cercano a países comparables. ¿Veremos una baja del riesgo país como consecuencia de una exitosa licitación hard dollar por parte del Tesoro?”

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “la colocación del nuevo bono en dólares fue exitosa. El vencimiento en octubre de 2027 fue motivo de polémica, pero lo cierto es que Ministerio de Economía diagramó una estrategia acorde a la realidad del mercado. Con esto el Gobierno consiguió una vía de financiamiento para despejar dudas sobre la capacidad de pago de los vencimientos más próximos en moneda extranjera y reduciendo la dependencia al financiamiento en pesos y eso le permitió expandir para bajar tasas”.

Hoy los mercados tienen un nuevo driver y, seguramente, mejorará la demanda de bonos soberanos que tienen el pago asegurado para el vencimiento de julio.

La licitación de ayer fue una muestra de lo cerca que está la Argentina de mejorar la calificación de su deuda e ingresar al mercado internacional de capitales evitando los distintos avatares bajo la forma de REPO o asistencia de organismos multilaterales antes de cada vencimiento.

Honduras enfrentará en 2027 un pago de 700 millones dólares por bonos soberanos, una obligación que, según Roberto Lagos, presidente del Banco Central de Honduras, determina desde ahora la planificación macroeconómica del país.

Lagos indicó a los medios en Casa Presidencial que la prioridad institucional es la solidez de las reservas como mecanismo para asegurar el equilibrio económico y cumplir sin sobresaltos las obligaciones externas.

El funcionario explicó que la estrategia central consiste en acumular reservas internacionales para que el país disponga de suficientes dólares tanto para el pago de la deuda como para la estabilidad del mercado cambiario nacional. El pago de los USD 700 millones corresponde a bonos soberanos emitidos en mercados internacionales. Su vencimiento obligará a contar con liquidez adecuada o a usar instrumentos de manejo de pasivos, como operaciones de refinanciamiento o recompras anticipadas.

Lagos afirmó que desde el Banco Central de Honduras se está preparando el camino para ese proceso, lo que exigirá disciplina fiscal, fortalecimiento de reservas y políticas financieras adicionales que minimicen los riesgos.

Lagos destacó que Honduras genera dólares a través de tres fuentes principales: exportaciones de bienes, inversión extranjera directa y remesas enviadas desde el exterior. Estos tres pilares sustentan la balanza de pagos y son indispensables para atender pagos internacionales.

Para el Roberto, una acumulación fuerte de reservas no es solo un objetivo técnico, sino una esencia estratégica para la estabilidad macroeconómica de Honduras. Señaló: “El país debe acumular reservas para tener disponibilidad de dólares para el pago de deudas y para asegurar estabilidad”. Esta planificación ya involucra los presupuestos de 2026 y 2027.

Las reservas internacionales permiten al Banco Central intervenir en el mercado cambiario en momentos de presión para evitar devaluaciones abruptas y preservar el poder adquisitivo de la población. “Habrá estabilidad cambiaria para que no haya tantos abruptos en la economía”, expresó Lagos.

Uno de los roles centrales del Banco Central de Honduras es mantener el acceso fluido a divisas en el sistema financiero, según Lagos. El objetivo es permitir que cualquier persona pueda adquirir dólares en bancos sin exponerse a escasez o especulación.

Esta disciplina cambiaria es clave también por el impacto que cualquier alteración del tipo de cambio puede tener en los precios internos. Dada la elevada dependencia de Honduras de las importaciones de combustibles, productos industriales y bienes de consumo, una depreciación brusca del lempira incrementaría las presiones sobre la inflación. Por ello, el banco procura equilibrar estabilidad y competitividad.

Además, explicó que la consistencia de la política de reservas y cambiaria busca transmitir confianza a los mercados y a la ciudadanía, reforzando tanto la credibilidad internacional de Honduras como el respaldo frente a eventuales dificultades externas.

Sobre el diálogo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Lagos anunció que no se ha ingresado aún en una fase formal de negociación. El país continúa definiendo sus prioridades y lineamientos estratégicos antes de formalizar cualquier acuerdo con el organismo internacional. Considera esencial presentar un plan claro, ordenado y alineado con la visión del presidente Nasry Asfura, integrando metas fiscales, control del gasto público y proyecciones de crecimiento. “No hemos llegado a temas de negociación porque se sigue definiendo la caja de prioridades”, aclaró Lagos.

El Presupuesto General de la República para 2026 será el instrumento que enmarque el programa macroeconómico de mediano plazo, comentó Lagos. “El presupuesto es fundamental porque allí se define el programa macroeconómico a mediano plazo”, puntualizó.

Lagos señaló que Nasry Asfura mantiene una relación sólida con el gobierno de Estados Unidos, lo que podría facilitar la negociación comercial.

El Ministerio de Economía informó que la adjudicación de $6,74 billones en la licitación de deuda en pesos, tras recibir ofertas por $8 billones por parte de los inversores, y refinanció el 93,32% de los vencimientos programados para la jornada, lo que implica que el equipo económico inyectó pesos al mercado por primera vez en el año y busca anclar las expectativas inflacionarias.

Este miércoles vencían unos $7,23 billones y, a contramano de lo que venía ocurriendo en las últimas subastas, donde la tasa de refinanciamiento fue superior al 100%, el Gobierno tomó la decisión de no renovar la totalidad de los instrumentos que expiraban sino que liberó recursos por aproximadamente 0,5 billones de pesos. La lógica detrás de esta jugada es abastecer a la plaza de mayor flujo para reducir las tasas de interés y moderar las perspectivas de inflación futura.

Durante la licitación, la Secretaría de Finanzas colocó distintos instrumentos indexados y en moneda extranjera. Los bonos ajustados por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) tuvieron alta demanda en los distintos plazos ofrecidos. Se adjudicaron $3,82 billones en el bono con vencimiento el 15 de mayo de 2026 (X15Y6) a una TIREA de 1,91%; $950.000 millones en el bono al 31 de julio de 2026 (X31L6) a una TIREA de 5,06%; $900.000 millones en el bono al 30 de noviembre de 2026 (X30N6) a una TIREA de 6,99%; $690.000 millones en el bono al 30 de junio de 2027 (TZX27) a una TIREA de 7,19%; y $220.000 millones en el bono al 30 de junio de 2028 (TZX28) a una TIREA de 8,78%.

En el segmento de bonos dollar linked, se adjudicaron $150.000 millones en el título con vencimiento el 30 de junio de 2027 (TZV27) a una TIREA de 7,81%. El título atado a la evolución del tipo de cambio al 30 de junio de 2028 (TZV28) quedó desierto.

La mirada de los analistas

“En la primera colocación sin ofrecer tasa fija desde noviembre de 2024, la demanda por instrumentos CER permitió cubrir la mayoría de los vencimientos (por $7,2 billones, los menores desde la primera licitación de noviembre de 2025)”, observó el economista Federico García Martínez. A la vez, el analista remarcó que el plazo promedio de los instrumentos adjudicados se ubicó en 192 días, el nivel más alto desde la licitación realizada en diciembre de 2025. Esto significa que, en promedio, los inversores compraron bonos con vencimientos más largos que en las últimas subastas.

“La demanda se concentró en la Lecer más corta, que explicó el 57% del total adjudicado. No hubo premios en general en los Boncer, a excepción del TZX28, que cortó levemente por encima de secundario. En dollar linked, la demanda fue acotada, pero el instrumento cortó a una tasa atractiva”, sumó Valentín Gómez García, analista de Adcap.

En tanto, el economista jefe de Puente, Eric Ritondale, consignó que “el Gobierno parece sentirse cómodo dejando algo de liquidez en el sistema -una inyección neta moderada- en un contexto de dinámicas cambiarias que vienen mejorando de forma sostenida, algo ya insinuado con intervenciones de mercado para dar liquidez y bajar las tasas cortas en las jornadas previas a la licitación”.

En tal sentido, Ritondale afirmó que la decisión de no ofrecer instrumentos de tasa fija de corto plazo (Lecaps o Boncaps) fue un “catalizador central” para la estrategia de la cartera que conduce Luis Caputo y que tiene como objetivo reducir las tasas de interés: “Al retirar la oferta primaria de estos títulos, el Tesoro empujó a los inversores hacia el mercado secundario en la previa a la licitación, acelerando la compresión de tasas en ese tramo. La estrategia también refleja una visión constructiva sobre la inflación para los próximos meses”.

“Al aceptar un rollover apenas inferior al 100% y retirar la tasa fija del menú, el Tesoro logró bajar el costo de financiamiento en el tramo corto y enviar una señal de confianza sobre la desinflación, sin descuidar la necesidad de estirar plazos en la curva indexada", concluyó.

Debut del nuevo bono en dólares

En paralelo, se llevó adelante la primera colocación del nuevo bono en dólares, logrando captar USD 150 millones a una tasa de 5,89%, inferior a la prevista inicialmente. Los recursos obtenidos se utilizarán para afrontar un pago de USD 4.200 millones programado para julio. Esta estrategia se inscribe en la decisión oficial de evitar nuevas emisiones en Wall Street para reducir la exposición a la financiación externa, una postura reforzada por el aumento reciente del riesgo país.

La Secretaría de Finanzas informó que recibió propuestas por USD 868 millones para el Bonar 2027, anunciado días atrás. Esto implica que el monto ofertado superó en casi seis veces al total adjudicado, o, expresado en porcentaje, la oferta fue un 479% mayor que la cantidad colocada.

El lunes, junto con la presentación de los instrumentos para la licitación de deuda en pesos, el Ministerio de Economía anunció que cada quince días se ofrecerá un bono en dólares con vencimiento en octubre de 2027, por hasta USD 150 millones por subasta. La normativa contempla una segunda ronda al día siguiente, que permitirá adjudicar hasta USD 100 millones adicionales, alcanzando un máximo de USD 250 millones por licitación. El bono contará con un cupón del 6% TNA, pagadero de forma mensual.

El Ministerio de Economía enfrentó este miércoles un test central con la primera emisión del nuevo bono en dólares en la que el equipo económico logró captar USD 150 millones a una tasa de 5,89 por ciento, menor de la esperada. Estos fondos se destinarán al pago de un vencimiento de USD 4.200 millones en julio, luego de que el Gobierno descartara volver a emitir deuda en Wall Street para cortar la dependencia externa, una decisión que se reconfirmaba por la suba reciente del riesgo país.

En efecto, la Secretaría de Finanzas comunicó que recibió ofertas por USD 868 millones para suscribirse al Bonar 2027, que había sido anunciado días atrás por el Gobierno. Esto significa que le ofrecieron 5,79 veces más de lo que finalmente se adjudicó. O, dicho de otro modo, la oferta superó en un 479% la cantidad adjudicada.

El lunes, junto con el anuncio de los instrumentos para la licitación de deuda pública en pesos, Economía comunicó que se ofrecerá de forma quincenal un nuevo bono en dólares, con vencimiento en octubre de 2027, por hasta USD 150 millones por subasta. La normativa contempla una segunda vuelta al día siguiente, en la que se podrá ampliar hasta USD 100 millones adicionales (USD 250 millones en total), con un cupón del 6% TNA, pagadero mensualmente.

Diversos analistas destacaron que el bono en dólares quedó por encima de la par. En otras palabras, si el título paga un interés anual de 6% y se vende con un rendimiento final de 5,9%, significa que los inversores pagaron más de su valor nominal para comprarlo. Esto se conoce como “salir sobre la par”, porque el precio de venta fue superior al monto que el bono devolverá al vencimiento.

El diseño del instrumento apunta a captar tanto a grandes inversores institucionales como a pequeños ahorristas interesados en activos dolarizados. La iniciativa surge tras la experiencia reciente con el BONAR 2029, que marcó el regreso de Argentina al mercado voluntario de deuda en moneda extranjera después de casi una década. Aquella colocación reunió USD 1.000 millones mediante compras en el mercado y la emisión del título, aunque no alcanzó las expectativas del Ministerio de Economía, ya que la tasa de interés superó el 9% anual y el riesgo país se ubicaba en torno a los 569 puntos.

El lanzamiento del nuevo bono se inscribe en una agenda de renovaciones y pagos que la Secretaría de Finanzas deberá afrontar en los próximos meses. El pago de USD 4.200 millones en julio constituye uno de los mayores desafíos financieros para el equipo económico. La colocación de este instrumento funciona como un test para medir la capacidad de captar fondos en moneda dura y la confianza del mercado en la política oficial.

La negativa de ir a Wall Street: ¿es sostenible?

La estrategia de Luis Caputo priorizó alternativas domésticas y evitó una emisión de deuda en Wall Street, donde el país enfrenta condiciones poco favorables por el riesgo país elevado. El propio ministro descartó avanzar con una colocación inmediata en los mercados internacionales, reafirmando la intención de eliminar la dependencia de fondos externos y priorizar fuentes locales. El presidente Javier Milei respaldó esa postura desde sus redes sociales, enfatizando la necesidad de fortalecer el financiamiento doméstico.

“Está planteando prescindir de algo que no tenemos hace ocho años, porque desde 2018 que no tenemos flujo de Wall Street, así que en realidad dependencias ya no tenemos. Lo que no queda hacer en todo caso es volver a depender, pero cortar la dependencia, no existe tal dependencia, hace ocho años que no tenemos financiamiento ahí”, señaló Gabriel Caamaño, economista de la consultora Outlier.

Christian Buteler, economista consultado por Infobae, analizó: “Desde un primer momento el Gobierno tuvo como objetivo volver a los mercados de crédito. Así lo expresó más de una vez, incluso en reuniones con fondos, en las que expresó que iba a cumplir con los vencimientos para poder rollear el capital de la deuda, como hace el resto del mundo. A dos años, tenemos un riesgo país en torno a 600 puntos, incluso con el aval del Tesoro de EE.UU.”.

El debate sobre el acceso al mercado internacional se intensificó cuando analistas de Nueva York mencionaron la posibilidad de una futura emisión de hasta USD 3.000 millones, lo que elevó las expectativas del mercado. Javier Casabal, estratega de renta fija de la firma AdCap, explicó a Infobae que el mensaje oficial busca moderar esas expectativas: “Esas noticias envalentonan al mercado y, si no se cumplen, el mercado se decepciona. Para frenar eso va el tuit de Caputo”.

Con la nueva emisión del bono en dólares, la estrategia refuerza la decisión de Caputo de evitar los mercados internacionales para garantizar el cumplimiento de los compromisos inmediatos, aunque persiste la duda sobre la sostenibilidad de esta política en el tiempo. El pago de julio, por USD 4.200 millones, representa un desafío relevante en 2026. El Gobierno apuesta al uso de herramientas domésticas y esquemas alternativos, como los acuerdos REPO, que permiten acceder a fondos sin levantar el cepo cambiario ni recurrir a los mercados internacionales.

El debut del bono en dólares se convirtió en un termómetro de la disposición de los inversores a financiar al Tesoro y de la confianza en la gestión de la deuda pública. La evolución de las próximas semanas permitirá observar el impacto real de la colocación en la curva de rendimientos y en la disponibilidad de dólares en el mercado local. El desempeño de este título y la respuesta del mercado serán elementos centrales para proyectar la capacidad del Gobierno de cumplir sus compromisos y sostener la estabilidad financiera.

El Presupuesto General de la Nación (PGN) de Colombia para 2025 cerró con un recaudo de ingresos de $482,5 billones, equivalente al 94,5% del aforo anual. Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el gasto comprometido alcanzó $49,616 billones, lo que representa el 97,3% de las apropiaciones definitivas. “Los resultados obtenidos durante la vigencia muestran que la ejecución se mantuvo en línea con la evolución de la economía y las normativas presupuestales vigentes”, afirmó la entidad en su informe con corte al 31 de diciembre.

La cartera que lidera Germán Ávila puntualizó que el PGN original se expidió por $523 billones, pero las modificaciones presupuestales a lo largo del año disminuyeron la cifra a $510,5 billones, que corresponde al 28,1% del Producto Interno Bruto. La ejecución presupuestal reflejó un manejo alineado con las políticas fiscales y avanzó frente a años anteriores. El porcentaje del gasto comprometido fue del 97,3%, mientras las obligaciones y pagos totalizaron 87,8% y 87,7%, respectivamente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los ingresos corrientes fueron determinantes para la sostenibilidad fiscal. El recaudo neto del PGN llegó a $451,7 billones, lo que representó el 93,3% del aforo anual de $484,2 billones. Dentro de este rubro, los ingresos corrientes totalizaron $272,7 billones (89,1%). El impuesto al valor agregado (IVA) interno sumó $71,2 billones y los impuestos directos alcanzaron $129,7 billones.

A su vez, el recaudo de recursos de capital fue de $155,1 billones, con una ejecución del 99,1% del aforo anual. Los ingresos propios de los establecimientos públicos alcanzaron $30,8 billones, equivalentes al 117,2% de lo proyectado.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público explicó que “el comportamiento del recaudo neto de los ingresos del PGN respondió a la dinámica macroeconómica y a la aplicación de las normas tributarias vigentes”.

Cumplimiento del gasto público y variación respecto a años anteriores

Sobre el gasto, los compromisos abarcaron el 97,3% de las apropiaciones vigentes ($510,5 billones), mientras las obligaciones y pagos representaron 87,8% y 87,7%, respectivamente. El gasto sin incluir la deuda mostró un nivel de obligaciones del 86,5%, lo que significó 4,6 puntos porcentuales (pp) más alto que en 2024.

A su vez, el rezago presupuestal se redujo en un 20,6% respecto a 2024, ya que pasó de $61,7 billones (3,2% del PIB) a $49 billones (2,7% del PIB). El informe de la entidad destacó que esta reducción indica mayor eficiencia en la gestión del gasto.

Funcionamiento, transferencias y flexibilidad del gasto

La apropiación definitiva para funcionamiento ascendió a $319,8 billones. Se comprometieron $315,5 billones (98,7%); las obligaciones sumaron $293,8 billones (91,9%) y los pagos $293,4 billones (91,8%).

Las transferencias, el principal componente del funcionamiento, tuvieron una apropiación de $237,7 billones y obligaciones por $218,9 billones, lo que corresponde a un 92,1% de ejecución. El Ministerio resaltó la limitada posibilidad de ajuste de estos rubros al señalar que “estas partidas evidencian la alta inflexibilidad del gasto, pues sus principales componentes son SGP para inversión territorial, pensiones, atención en salud, y educación superior”.

Ejecución en el servicio de la deuda pública

Por su parte, el servicio de la deuda pública dispuso de apropiaciones por $112,6 billones en 2025. De ese monto, se comprometió el 93,3% y tanto obligaciones como pagos alcanzaron el 92,8%. En detalle, la deuda interna sumó $58,8 billones, con una ejecución del 97,2% en compromisos y 96,2% en pagos.

La deuda externa llegó a $53,8 billones, con un nivel de ejecución del 89% de lo autorizado.

Ejecución de la inversión pública

Para el capítulo de inversión, la apropiación definitiva fue de $78,1 billones. Se comprometió el 97,4% de esa suma y las obligaciones cerraron en 64,2%. Esto significó un incremento del 7,2% respecto a la vigencia anterior, lo que evidencia una mejora en la capacidad de gestión de la inversión pública.

Sectores con mayor ejecución presupuestal

Por sectores, los índices de ejecución más elevados en provisión de bienes y servicios se observaron en:

• Educación: 97,3%.
• Salud y Protección Social: 96,1%.
• Ciencia, Tecnología e Innovación: 95,4%.

Dichas áreas presentaron alta eficiencia en el uso de los recursos, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Ajustes por la ausencia de reforma tributaria

La falta de aprobación por parte del Congreso de la ley de financiamiento o reforma tributaria para 2025, que contemplaba $12 billones adicionales, provocó el aplazamiento y posterior recorte de asignaciones presupuestales. Los sectores más afectados fueron:

• Hacienda.
• Interior.
• Educación.
• Defensa y Policía.
• Fiscalía.
• Organismos de control.
• Igualdad y Equidad.

La situación impactó la disponibilidad de fondos en esas áreas durante el año.

Qué pasa con los recursos no ejecutados

Los recursos no ejecutados al cierre del año fiscal permanecen en principio en las cuentas del Tesoro Nacional. Conforme a la normativa, pueden destinarse al pago de deuda pública, cubrir el déficit o incorporarse al presupuesto del año siguiente si el Congreso lo autoriza.

Algunos fondos comprometidos pero no pagados se convierten en reservas presupuestales y pueden utilizarse en el primer trimestre del año siguiente, si corresponden a obligaciones formales.

En caso de obligaciones pendientes, los recursos se registran como cuentas por pagar y deben ser cubiertos en los primeros meses del año siguiente. Los recursos no gastados nunca pueden asignarse de manera automática a nuevos gastos o proyectos, ya que requieren aprobación legal expresa. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público advirtió que “la baja ejecución puede afectar la prestación de servicios públicos y el cumplimiento de metas de inversión y desarrollo. Además, un alto saldo de recursos no ejecutados puede influir en la percepción de eficiencia del Gobierno y en la planeación de los presupuestos de años posteriores”.

Una radiografía del endeudamiento público de Panamá al cierre de enero de 2026 refleja un incremento moderado del saldo total, impulsado principalmente por desembolsos asociados a financiamiento externo con garantías multilaterales, así como por pagos relevantes de capital e intereses que marcaron la dinámica del primer mes del año.

El saldo de la deuda pública acumulada se ubicó en $59,758.87 millones, lo que representó un aumento de $409.59 millones frente a diciembre de 2025, comportamiento explicado por el desembolso de $1,381.67 millones proveniente de banca comercial, específicamente vinculado a un préstamo estructurado con respaldo del Banco Mundial mediante garantías del IBRD y MIGA. Esta operación permitió optimizar condiciones financieras y generar ahorros en costos de interés, consolidándose como el principal factor que explicó el movimiento del saldo.

Durante enero, la actividad financiera del Estado combinó ingresos por financiamiento y pagos significativos del servicio de deuda, evidenciando la estrategia de administración activa del portafolio. En términos agregados, el sector público registró desembolsos por $1,381.67 millones, mientras que el pago total del servicio de deuda alcanzó $1,461.71 millones, incluyendo amortizaciones de capital, intereses y comisiones.

El detalle del servicio de deuda muestra que $1,071.64 millones correspondieron a pagos de capital, reflejando el peso de la amortización de bonos globales y compromisos multilaterales, mientras que $347.92 millones se destinaron al pago de intereses y $42.14 millones a comisiones asociadas a operaciones financieras. Este comportamiento confirma que, pese al incremento del saldo, el país mantuvo un flujo importante de cancelaciones de obligaciones, elemento clave en la sostenibilidad del perfil de deuda.

En la deuda externa, que alcanzó $49,090.34 millones, el principal movimiento estuvo asociado a bonos y financiamiento bancario directo, con pagos de $980 millones en amortización de bonos globales, además de cancelaciones multilaterales por $90.62 millones y bilaterales por $1.02 millones. En paralelo, los intereses externos ascendieron a $307.06 millones, destacando la carga financiera que aún representan los instrumentos internacionales.

Por tipo de acreedor, el portafolio evidencia una alta concentración en bonos soberanos, que sumaron $31,301.44 millones, seguidos por organismos multilaterales con $9,631.05 millones, banca comercial directa con $7,535.07 millones y créditos bilaterales por $622.79 millones. Esta estructura confirma el predominio del financiamiento vía mercado de capitales, aunque con un peso relevante de fuentes multilaterales que aportan condiciones más favorables y mayor estabilidad.

En el componente interno, la deuda se situó en $10,668.53 millones, con pagos de intereses por $40.86 millones, concentrados principalmente en bonos del Tesoro y otros instrumentos domésticos. Este segmento mantiene una participación menor dentro del portafolio total, pero cumple un rol estratégico en la diversificación de fuentes y manejo de liquidez del Estado.

El préstamo con garantías multilaterales se convirtió en el evento financiero más relevante del mes, no solo por su impacto en el saldo sino por la reducción del costo financiero implícito, estimada en 2.27% de ahorro en intereses. La operación se estructuró como un financiamiento respaldado por organismos internacionales, mecanismo que permite a Panamá acceder a condiciones más competitivas en el mercado, reducir riesgos y extender plazos de repago.

En el mercado internacional, el desempeño de los títulos soberanos reflejó un ligero deterioro en precios, asociado a un incremento promedio de 7 puntos básicos en rendimientos, en línea con el comportamiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, cuya curva subió aproximadamente 5 puntos básicos. Este contexto evidenció un entorno financiero más exigente, con impacto en el costo de financiamiento para economías emergentes.

A pesar de este escenario, el perfil de la deuda panameña mostró estabilidad en indicadores de riesgo, incluyendo el diferencial de spreads y la percepción del mercado, lo que sugiere que la estrategia de financiamiento respaldada por garantías multilaterales contribuyó a mitigar presiones sobre el costo del endeudamiento.

El análisis del movimiento por cartera revela que el saldo de diciembre de 2025, de $59,349.28 millones, evolucionó tras el desembolso principal y las amortizaciones hasta alcanzar el saldo de enero, reflejando una gestión equilibrada entre financiamiento nuevo y reducción de obligaciones existentes. Este patrón coincide con la política gubernamental de reperfilamiento de deuda y manejo activo del portafolio.

Hacia el cierre del período, la composición del servicio de deuda mostró que los bonos globales concentraron el mayor peso en pagos, tanto en capital como en intereses, seguidos por multilaterales y banca comercial, confirmando la relevancia de estos instrumentos en el calendario financiero del Estado.

Finalmente, las autoridades adelantaron que en febrero Panamá realizó una operación de recompra de deuda financiada mediante nueva emisión, estrategia orientada a reducir costos de interés y mejorar el perfil de vencimientos. Este movimiento tendrá impacto directo en el saldo y en la estructura del portafolio, en línea con la política de optimización del endeudamiento y manejo activo del riesgo financiero, que busca contener presiones fiscales en el mediano plazo.

Desde 2020, el rumbo de la deuda pública en Panamá cambió de forma clara. En la antesala de la pandemia, el saldo se ubicaba alrededor de $27,000 millones, pero la emergencia sanitaria alteró el cuadro fiscal: hubo una caída de ingresos, se ampliaron los programas de apoyo, creció el gasto social y se mantuvo el financiamiento de obras e iniciativas públicas. Ese mix empujó el endeudamiento al alza durante los años siguientes y dejó una tendencia que se fue consolidando mes a mes.

En el período de Laurentino Cortizo (2019–2024), el aumento acumulado fue superior a $22,000 millones, marcando un giro de fondo en el perfil fiscal del país. Para diciembre de 2024, el saldo ya rebasaba los $53,700 millones y la relación deuda/PIB se movía cerca del 60%, una proporción alta para los estándares históricos recientes de Panamá y un indicador que pasó a ocupar un lugar central en el debate sobre finanzas públicas.

Desde la llegada de la administración de José Raúl Mulino, la estrategia de financiamiento del Estado ha priorizado la diversificación de fuentes, reduciendo el ritmo de emisiones en los mercados internacionales y aumentando el uso de instrumentos domésticos como letras y notas del Tesoro, junto con la firma de préstamos bancarios de gran tamaño.

Este enfoque buscó contener el costo del endeudamiento en un entorno externo más exigente, aunque el saldo continuó creciendo: entre julio de 2024 y enero de 2026 la deuda pública aumentó en aproximadamente $6,000 millones, reflejando la necesidad de cubrir obligaciones heredadas, financiar el déficit fiscal y sostener el programa de inversiones públicas.

En febrero el Gobierno volvió a los mercados internacionales con una nueva emisión de bonos y la usó como pieza central de una operación de manejo de pasivos para recomprar deuda en circulación.

El objetivo fue retirar bonos próximos a vencer, reducir el pago de intereses y ordenar el perfil de vencimientos, en una transacción que, según lo adelantado oficialmente, podía alcanzar hasta $6,000 millones en el componente de recompra, dependiendo de las condiciones de mercado y la respuesta de los tenedores.

En el balance posterior divulgado sobre la transacción, las autoridades informaron que la operación permitió reducir el saldo de la deuda pública en $204 millones y generar ahorros anuales en intereses por $30 millones.

La recompra recibió propuestas por $8,900 millones, mientras la nueva emisión registró una demanda superior a $13,000 millones; finalmente, Panamá aceptó aproximadamente $2,970 millones en bonos en circulación y colocó nuevos títulos con vencimientos en 2034 y 2038, movimiento que —según el MEF— tendrá impacto en el saldo y la trayectoria de la deuda a partir de los próximos reportes.

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) superaron los USD 46.000 millones tras el ingreso de los USD 800 millones provenientes de la colocación de deuda de la provincia de Santa Fe en los mercados internacionales, concretada en diciembre. El salto registrado el viernes se explica por la transferencia de estos fondos al país y su administración por parte del Banco de Santa Fe, agente financiero provincial, lo que abre interrogantes sobre el impacto efectivo y el costo que tuvo para Santa Fe la demora en traer los dólares al sistema financiero local.

En lo que va de 2026, el BCRA acumuló compras netas por USD 2.500 millones, alcanzando el nivel más alto de reservas en más de seis años. Sin embargo, este desempeño estuvo directamente influido por la operación de financiamiento externo realizada por Santa Fe. Según fuentes oficiales de la provincia, “los USD 800 millones que se colocaron, que estaban en una cuenta en Nueva York, se trajeron a la Argentina y los administra el agente financiero de la provincia, que es el Banco de Santa Fe, privatizado a mediados de los 90. Por el encaje del banco, aumentaron las reservas internacionales, y a medida que avancen y se certifiquen obras, se irán utilizando los dólares, tal como dispuso el gobernador”.

La demora en el ingreso de los fondos, que permanecieron más de dos meses en el exterior antes de ser transferidos, implicó una pérdida financiera para Santa Fe debido al diferencial de tasas y a la evolución del tipo de cambio en ese período. Según analistas consultados por Infobae, el costo de oportunidad se explica porque los dólares depositados en una cuenta en Nueva York generaron un rendimiento menor al que hubieran obtenido si se hubiesen convertido y colocado en el sistema local al momento de la colocación del bono. Además, la variación del tipo de cambio oficial en ese lapso podría haber reducido el poder de compra de esos fondos en pesos para la ejecución de obras públicas.

Si se hace la comparativa en el escenario en que Santa Fe hubiera liquidado los USD 800 millones el 10 de diciembre pasado, cuando colocó el bono en Nueva York y el tipo de cambio estaba en $1.430, hubiera obtenido $ 1,14 billones. Mientras que en el escenario actual, donde la cotización del mayorista está en valores mínimos ($ 1.367), la cifra baja a $1,09 billones y esa pérdida por supuesta especulación es la que le recrimina el Gobierno a la provincia.

Días atrás fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo, previo a que se produzca la baja abrupta en la cotización mayorista, a quien se refirió a la situación de Santa Fe. “Te corrijo. Son casi $120.000 millones en dos meses. Una lástima y una especulación sin sentido, ya que sus gastos son en pesos y le hubiera ahorrado toda esa fortuna de plata a los santafesinos”, escribió en la red social X en respuesta a un usuario que afirmaba que el costo fue de 50.000 millones de pesos.

Según estimaciones privadas, si en vez de dejar los fondos en dólares se hubieran invertido en un plazo fijo, el rendimiento habría alcanzado un 12,8% y la gobernación santafecina habría obtenido un “costo de oportunidad” de 102,1 millones de dólares. Si la opción elegida hubiese sido una Lecap, el retorno habría sido de 11,9%, con una diferencia de 95,3 millones de dólares.

En pesos, la pérdida total estimada ronda los $139.928 millones si se hubiera colocado a tasa Tamar. De ese monto, $61.200 millones corresponden a baja del dólar y el resto al rendimiento en pesos que podría haber percibido la provincia. Además, el distrito habría perdido $130.608 millones en caso de haber invertido en Lecap, bajo las mencionadas mediciones.

Impacto en reservas

El impacto inmediato sobre las reservas internacionales se debió al mecanismo de encaje que rige sobre los depósitos en moneda extranjera. Según una fuente consultada en off the record, la liquidación de divisas del sector público puede diferir de la normativa aplicable a empresas privadas. “En principio, la provincia debería liquidar esos dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para recomprarlos luego y cancelar el pago de intereses y capital. En el caso de las empresas, existe un plazo de hasta seis meses para liquidar esas divisas, pero para los gobiernos provinciales no es tan claro. El plazo probablemente esté dado por el pago de intereses del bono: antes del primer pago deberán liquidar esos dólares en el MULC o no volverán a tener acceso al mismo. No creo que puedan comprar dólares MEP/CCL”, indicó la fuente.

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, explicó: “Ahora esos dólares entraron en el sistema. Cuando sean utilizados, pasarán de un depósito de la provincia a otro agente. No necesariamente afecta las reservas, salvo que quien los reciba los envíe al exterior”. Esta precisión es clave: la permanencia de los fondos dentro del circuito bancario local no implica una reducción inmediata de las reservas, salvo que se destinen a pagos externos o transferencias fuera del país.

Por su parte, Fausto Spotorno, director de la consultora OJ Ferreres, agregó: “No tiene por qué liquidarlo, porque está transfiriendo una cuenta propia a otra cuenta propia. Si los usa para pagar vencimientos de deuda externa, ahí sí se pierden reservas porque son pagos al exterior en dólares. Si vende para obra pública localmente, no necesariamente se pierden reservas, porque los vende en el mercado y los pueden comprar individuos que los dejan en su banco. Simplemente los dólares pasan de la cuenta del Banco Santa Fe a otra cuenta bancaria”.

Las perspectivas delineadas por los especialistas consultados por Infobae muestran que la evolución de las reservas dependerá del destino final de los fondos. Si se utilizan para cancelar compromisos externos, habrá una reducción directa de reservas; si se emplean en pagos internos, los fondos permanecerán en el sistema financiero y seguirán computando como reservas internacionales.

Fuentes oficiales de Santa Fe detallaron que la transferencia de los USD 800 millones y su depósito en el Banco de Santa Fe respondieron a una estrategia definida por el gobernador. Los dólares se emplearán de acuerdo al avance de las obras públicas y las certificaciones correspondientes, manteniéndose en el sistema bancario hasta que surjan obligaciones externas o se liquiden en el mercado local.

El análisis sobre plazos de liquidación y restricciones normativas en el acceso al MLC es central. La fuente en off the record remarcó que los gobiernos locales podrían tener reglas de mayor flexibilidad que las empresas privadas, siempre en el marco de los cronogramas previstos para pagos de intereses y capital de los bonos emitidos.

El rol del Banco Central en la operatoria ha sido objeto de atención entre los analistas. La acumulación de reservas responde tanto al ingreso de fondos externos como a la gestión de los encajes bancarios y las operaciones en el mercado cambiario. El saldo alcanzado constituye el máximo de los últimos años y una referencia clave para el seguimiento de la estabilidad financiera nacional.

La duración y sostenibilidad de este nivel de reservas depende del ritmo de ejecución de las obras financiadas con los dólares de Santa Fe, la dinámica de pagos externos y las decisiones de política económica que adopten tanto la administración provincial como las autoridades nacionales.

Fue lunes de tormenta y hoy puede amainar. Por lo pronto, en la apertura del pre market anoche, las Bolsas de Nueva York insinuaban un leve rebote tras el derrumbe de ayer y el oro estaba en calma tras la fuerte suba de casi 3% en el día. De todas maneras, los inversores siguen buscando refugio y le temen a la volatilidad que están generando las empresas de inteligencia artificial. El lunes la víctima fue IBM que perdió 13,13% de su valor porque una herramienta de la IA mejora el histórico sistema COBOL de la empresa que se utiliza para control y auditorías entre otras tareas.

Por otra parte, se prolongaba la caída del dólar frente a la canasta de las seis principales monedas del mundo, lo que benefició a las reservas argentinas que por el revalúo del oro, del yuan y del euro además de las compras del Banco Central de 95 millones de dólares. Las reservas subieron USD 373 millones a 46.634 millones de dólares.

El Ministerio de Economía, atento a la convulsión del mundo que esta vez afectó a Brasil cuyo índice ETF bajó 1,5% y a Emergentes (-1%), decidió emitir un bono en dólares al 6% con vencimiento el 29 de octubre de 2027. Es decir, después de las elecciones presidenciales y antes de que asuma el nuevo Gobierno.

El nuevo BONAR 2027 sale con una tasa de 6% anual, se licita en dólares y se paga en dólares. Los intereses se abonarán mensualmente. El bono se licitará este miércoles junto a otras Letras del Tesoro. Mañana habrá una oferta de USD 150 millones, pero podrá ampliarse en hasta USD 100 millones el jueves. El total de la emisión en sucesivas licitaciones será de USD 2.000 millones que se utilizarán para pagar los vencimientos de deuda de julio que superan los 4.200 millones de dólares.

La novedad no tuvo fuerza como para cambiar el mal ánimo que llegaba del exterior y que derribaba los precios de los bonos en algo menos de 1%. El riesgo país, de esta manera, subió 18 unidades (+8,3%) a 537 puntos básicos.

Según el jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, “es un bono que creemos que va a tener demanda porque tiene flujos mensuales de intereses. Es un bono bulllet (se paga íntegramente a su vencimiento). Va a servir como primera señal de approach al mercado por parte del Tesoro para medir la oferta. Creemos que en las sucesivas licitaciones va a seguir atrayendo inversores porque se aprovecha la oportunidad de que el costo del cable es de 3,5%. Vamos a ver en este bono un riesgo país bastante más acotado del que vemos hoy”.

Vitelli agregó que “van en búsqueda del boom de depósitos en dólares y el timing es relativamente bueno. La idea de elevarlo a USD 250 millones es una manera de dejar afuera bastante posturas y comprimir vía FOMO (miedo de quedarse afuera) las tasas”.

Con estos USD 2.000 millones, reservas y DEG de FMI, el vencimiento de julio está más que cubierto. Por si algo faltara, atrás están los swaps de Estados Unidos. Después de este bono hard dollar, lo más atractivo de la licitación del Tesoro de mañana serán los siguientes títulos:

• LECER y BONCER, que ajustan por inflación, con vencimientos el 15 de mayo, el 31 de julio, el 30 de noviembre, el 30 de junio de 2027 y el 30 de junio de 2028.
• Habrá dos bonos dollar linked, que cubren contra devaluación, que vencen el 30 de junio de 2027, el 30 de junio de 2028.

La ausencia de LECAP y BONCAP a plaza fija fue una decisión para no ser tan estrictos con la liquidez que venía asfixiando a los deudores por las elevadas tasas. De todas maneras, las LECAP a fin de abril rinden 2,86% efectivo mensual y bajan a 2,67% a fin de junio.

Los dólares financieros tuvieron otra rueda ofrecida y el MEP bajó $7,24 (-0,5%) a 1.395 pesos. Por primera vez en mucho tiempo, se ubicó por debajo de los 1.400 pesos. El contado con liquidación (CCL) quedó equilibrado en $1.440. el “blue” cedió $5 a 1.425 pesos.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 361 millones y el dólar mayorista resignó $5,50 a 1.370,50 pesos.

La Bolsa sintió el impacto a pleno de Wall Street y las tecnológicas. El S&P Merval perdió 3,8% en pesos y 3,9% en dólares. Aluar fue el más perjudicado porque le quitaron el arancel de 28% de protección antidumping. La acción cayó 6,6%. Loma Negra y Banco Supervielle con caídas de 6% fueron los otros grandes perdedores del día.

El petróleo Brent anoche subía a USD 71,20 por barril. Sailing Inversiones hizo una lectura del escenario internacional para el crudo y destacó las siguientes situaciones:

• Deal diplomático (40-50% de probabilidad): petróleo retrocede a USD 55-60.
• Ataque limitado + deal posterior (30-35% de probabilidad): petróleo salta a USD 80-90 por 2-4 semanas.
• Escalada tipo Serbia ’99 (10-15% de probabilidad): petróleo a USD 100-120+; cierre parcial de Ormuz. (30% del petróleo mundial transita por ahí).
• Intervención rusa/china directa (5% de probabilidad): riesgo extremo; repricing global masivo.

Sailing Inversiones agregó que “el mercado hoy pricea el escenario más benigno. La probabilidad combinada de los escenarios de escalada suma 50-55%; creemos que el mercado subestima ese riesgo”.

Por su parte, la consultora F2 que dirige Andrés Reschini señala que la crisis que trajo el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra los aranceles y el temor al comportamiento de las acciones de Inteligencia Artificial “arrastraron a Brasil y el Merval en dólares sufrió un golpe del -3,9%. La deuda de emergentes, sin embargo, sigue siendo un refugio en el mundo y el oro escaló un 2,9%. En lo que va del año las principales monedas de la región se aprecian contra el dólar con el real encabezando la lista, pero en lo que va de febrero el peso argentino ha acelerado su fortalecimiento en un escenario de inflación local persistente abriendo nuevamente el debate sobre una sobre apreciación. Lo cierto es que la política monetaria contractiva ha acelerado este proceso, más allá de los factores globales y el atractivo del carry ha sido funcional a la recompra de reservas en el marco de la nueva fase del plan del BCRA, además de que el tipo de cambio en retroceso es utilizado como ancla nominal. Pero todo esto está dejando su huella de pesadez de la actividad y altos índices de morosidad”.

Para hoy se espera movimiento en los depósitos en dólares y demanda del MEP para presentarse mañana a la licitación del nuevo bono 2027 en dólares que anunció el oficialismo.

El Ministerio de Economía anunció que ofrecerá un bono denominado en dólares junto a los instrumentos en pesos en las próximas licitaciones quincenales por hasta USD 2.000 millones y esos recursos se destinarán al pago de los vencimientos de deuda en moneda extranjera por más de USD 4.200 millones del próximo julio.

El nuevo título estará disponible por hasta USD 150 millones por subasta y podrá ampliarse en una segunda ronda, al día siguiente, por hasta USD 100 millones adicionales al precio de corte. El bono pagará un interés del 6% anual, liquidado mensualmente, y tendrá un programa de emisión total de hasta 2.000 millones de dólares. “Los recursos obtenidos a través de estas licitaciones quincenales se destinarán al pago de capital de los títulos con vencimiento en julio de 2026″, comunicaron desde Economía.

“Es interesante, hay que ver cuánto logra captar y a qué tasa corta. La realidad es que el mercado está inundado de MEPs. Si da buena tasa, puede llegar a tener buena aceptación”, sostuvo Nicolás Cappella, sales trader de Grupo IEB.

Expectativa de deuda en pesos

La Secretaría de Finanzas enfrenta esta semana un vencimiento de deuda pública de $7,2 billones, de acuerdo con operadores del mercado y reportes recientes. Este desafío surge tras un canje de títulos que modificó el perfil de vencimientos; sin embargo, el Tesoro mantiene la necesidad de asegurar altos niveles de refinanciamiento —o “rolleo”—, en un contexto de escasa liquidez y tasas elevadas.

La última operación de canje, realizada la semana pasada, permitió al Gobierno renovar la totalidad de los compromisos inmediatos, otorgando cierto margen de maniobra a corto plazo. La administración evitó inyectar pesos al mercado y logró reducir el costo financiero de los nuevos instrumentos. Este resultado impidió un aumento abrupto de la circulación monetaria y reforzó la señal de disciplina fiscal, aunque dejó planteado un nuevo reto debido a la magnitud de los vencimientos inmediatos.

El volumen de $7,2 billones corresponde al canje de títulos con legislación local realizado días atrás. Cappella explicó que vencen $7,2 billones debido al canje de títulos dollar linked efectuado la semana pasada. Considera que en esta oportunidad no se absorberán pesos del mercado, ya que recientemente hubo falta de liquidez y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) debió intervenir pagando parte de las LECAPs para evitar una mayor suba de la caución. “Creo que en esta van a ir por algo más cercano a 90% / 100% de rolleo”, afirmó. La referencia a la intervención del BCRA evidencia la tensión en el sistema financiero, donde la demanda de efectivo presiona sobre las tasas de corto plazo y condiciona la dinámica de renovación de títulos públicos.

El proceso de rolleo implica que el Gobierno logre que los inversores con títulos próximos a vencerse los renueven por nuevos instrumentos, en vez de exigir el pago en efectivo. Esta práctica resulta fundamental para evitar la expansión de pesos en la economía, un factor que incide directamente sobre la presión cambiaria y la inflación. Para los operadores del mercado, la estrategia del Ministerio de Economía será garantizar niveles elevados de refinanciamiento, próximos al 90% o más, a fin de evitar sobresaltos en la emisión monetaria y sostener el equilibrio de caja.

La última licitación resultó favorable para el Gobierno. Christian Buteler, especialista en finanzas, recordó que se necesita un rollover del 90% en adelante, ya que en la operación anterior se superó el 100%. “Eso le da un poco más de aire, pero para mantener el equilibrio necesita ese porcentaje o más, así no enfrenta sobresaltos con los vencimientos. Por otro lado, las tasas están bastante altas; en los últimos días de la semana pasada superaron el 40%. Ahí surge un problema, porque no puede convalidar tasas tan elevadas sin afectar la actividad, que ya viene debilitándose”. Las declaraciones de Buteler reflejan la doble restricción del equipo económico: sostener un elevado refinanciamiento sin convalidar tasas crecientes, que encarecen la deuda y afectan la actividad.

La Secretaría de Finanzas cuenta con cierto respaldo tras las últimas licitaciones. El informe diario más reciente del Banco Central de la República Argentina señala que, al 18 de febrero de 2025, los depósitos en pesos del Tesoro nacional ascienden a $4,8 billones. A esto se suman posiciones en moneda extranjera equivalentes a $446.164 millones al tipo de cambio oficial de $1.401,8091. Este volumen de depósitos representa un respaldo parcial para afrontar obligaciones inmediatas, aunque la proporción frente a los vencimientos destaca la importancia de lograr una alta tasa de rolleo en la próxima licitación.

El control de la cantidad de pesos en circulación es un objetivo central del Gobierno, que intenta evitar presiones adicionales sobre el mercado cambiario y contener la inflación. La política de renovar vencimientos sin inyectar nuevos pesos ayuda a frenar la demanda de divisas y modera el impacto en los precios internos. El equilibrio es delicado: una menor renovación obligaría a emitir moneda para cancelar vencimientos, reactivando la tensión cambiaria y acelerando la inflación.

El mercado observa con atención la evolución de las tasas de interés. En los últimos días, el costo de financiamiento de corto plazo superó el 40%, según Buteler. Este nivel refleja la percepción de riesgo y la búsqueda de cobertura ante la inestabilidad macroeconómica. El BCRA intervino para evitar incrementos mayores en la tasa de caución, instrumento clave en el mercado de dinero. La intervención oficial busca mantener cierto orden y evitar un encarecimiento excesivo del crédito, que impactaría directamente en la actividad.

Las expectativas del mercado respecto al porcentaje de rolleo en la próxima licitación rondan el 90% al 100%. Cappella considera posible alcanzar ese rango, aunque las condiciones de liquidez y el nivel de tasas presentan desafíos adicionales. El antecedente inmediato, con un rolleo superior al 100%, aportó señales positivas, aunque la magnitud del vencimiento actual impone nuevas exigencias a la estrategia oficial.

El contexto inflacionario y la volatilidad cambiaria agregan presión al manejo de la deuda en pesos. La política de no emitir para cubrir vencimientos y, en cambio, buscar la renovación de los títulos, se ha transformado en un pilar de estabilización. El uso eventual de los depósitos en pesos y moneda extranjera del Tesoro por parte del BCRA aparece como un respaldo parcial, pero no garantiza cobertura total frente al volumen de los próximos vencimientos.

El Gobierno enfrenta la necesidad de mantener altos niveles de rolleo evitando tasas excesivas, en un escenario de liquidez restringida, costos financieros en aumento y actividad económica débil. El resultado de la próxima licitación será determinante para el pulso del financiamiento público y será seguido de cerca por operadores locales e internacionales.

El economista Fausto Spotorno analizó la dinámica del mercado cambiario y las reservas argentinas, y advirtió sobre los desafíos que enfrenta el país en medio de una economía marcada por las restricciones financieras. En diálogo con Infobae al Regreso, Spotorno remarcó que "todas las bajas del dólar con alta inflación en algún momento se corrigen", y subrayó que el comportamiento del tipo de cambio en la Argentina responde a una lógica propia, donde “el dólar sube por escalones y los precios suben de forma continua”.

El especialista explicó que mientras la inflación se mantiene en niveles del 2% al 3% mensual y el dólar permanece estable, la presión sobre el tipo de cambio tiende a acumularse. “No soy pro devaluador pero si la inflación va a 2%-3% mensual y el dólar está estable, a medida que pasan los meses, tarde o temprano se corrige”, sostuvo. De acuerdo con Spotorno, la magnitud de esa corrección dependerá de la confianza que logre generar el Gobierno y de la entrada de divisas al país. “Si la economía genera confianza y entran dólares, la corrección será menor. Si la economía genera desconfianza, la corrección será mayor”, apuntó.

El comportamiento escalonado del dólar, según el director de Centro de Estudios Económicos de la consultora OJF, responde a una dinámica en la que el tipo de cambio permanece fijo por períodos y luego experimenta saltos bruscos. “En Argentina, el dólar sube por escalones y los precios suben de forma continua”, planteó y consideró que esta lógica se mantendrá mientras persista el actual escenario de inflación y restricciones cambiarias.

Respecto al riesgo país, que trepó a 537 puntos básicos este lunes, Fausto Spotorno destacó el impacto de las distorsiones acumuladas en la economía argentina y la necesidad de atraer inversiones para impulsar un proceso de transformación. “Si uno mira la economía con ojos optimistas, está claro que el proceso de transformación va a requerir inversiones. Argentina viene de años de haber generado distorsiones en la economía. Cuando las distorsiones se empiezan a levantar, algunos negocios empiezan a tener problemas”, señaló. En su análisis, la transición económica implica un ajuste de los negocios existentes y la creación de nuevas oportunidades, pero también enfrenta obstáculos derivados de la falta de confianza y de las restricciones vigentes.

El economista observó que el Gobierno busca mejorar el clima de negocios a través de reformas como la laboral, aunque todavía persisten trabas relevantes. “El Gobierno está tratando de mejorar las reglas para que haya inversiones con la reforma laboral, pero todavía le queda un cepo y restricciones. Internacionalmente, sigue habiendo dudas sobre Argentina. La clave está en las inversiones y la gran pregunta de los inversores es ‘por qué no puedo mover mi plata fácilmente en la Argentina’”, advirtió Spotorno.

Sobre la compra de reservas netas, el economista advirtió que el margen para el crecimiento de las arcas del Banco Central es limitado por el bajo superávit fiscal y las obligaciones de deuda. “El superávit fiscal total son 0,2% del PBI. Es lo único que va a poder comprar el Tesoro, que son unos USD 1.500 millones. El Tesoro está comprando más que eso porque tiene que pagar intereses de deuda”, detalló. Spotorno explicó que la única salida para incrementar reservas de manera sostenida es que el Banco Central pueda comprar dólares y que haya suficiente demanda de pesos para que esos fondos no presionen los precios. “La única forma de salir de eso es que el BCRA empiece a comprar dólares y que haya una demanda de pesos suficiente para que esos pesos que emita no se vayan a la inflación”, argumentó.

Spotorno describió la situación monetaria como un “gran enredo” cuya resolución dependerá del crecimiento de la demanda de pesos en la economía. “Ahí está parte del gran enredo monetario que tiene el Gobierno del que no va a poder salir fácilmente. Eso se va a salir a lo largo del tiempo, en la medida que la demanda de pesos crezca”, puntualizó. Esta situación impide que el Gobierno utilice la política monetaria para reactivar la economía, en tanto cualquier intento de absorber o inyectar liquidez tiene consecuencias inmediatas sobre las tasas de interés o la presión inflacionaria. “Es un enredo total, una sábana super corta: si compra reservas, se le van los pesos; si toma de vuelta los pesos, sube las tasas”, describió el economista. A juicio del entrevistado, la única salida sostenible es que la economía crezca, se eleve la demanda de pesos y el Gobierno pueda comprar dólares sin generar inflación.

La problemática se extiende al mercado de bonos en dólares y la capacidad de canalizar el ahorro local hacia la inversión. Según el analista económico, la restricción para prestar dólares a quienes no generan ingresos en esa moneda impide que los fondos de los argentinos, mayoritariamente dolarizados, puedan financiar proyectos productivos en el país. “Si no podemos prestar los dólares, el ahorro de los argentinos -que está en dólares- no va a financiar las inversiones en Argentina. Estamos atrapados en ese dilema y mientras no lo solucionemos, el Gobierno toma la deuda en dólares y libera los pesos para los que sí pueden tomar pesos”, indicó.

El economista sugirió que la solución de fondo pasa por modificar la normativa que limita el crédito en dólares para quienes no tienen ingresos en esa moneda. “A la larga, la solución sería flexibilizar la norma que impide prestarle dólares a quien no tiene ingresos en dólares”, concluyó Spotorno, quien remarcó la importancia de resolver este obstáculo para que el ahorro nacional pueda transformarse en inversión y ayudar a dinamizar la economía.

Argentina experimenta un panorama de calma cambiaria debido a un aumento del flujo de dólares y pocos pesos en circulación. El carry trade crece de la mano de inversores atraídos por los rendimientos en moneda local, mientras los analistas prevén que la paz del tipo de cambio podría mantenerse en el corto plazo, sostenida por la colocación de deuda corporativa y subsoberana (provincias) y la liquidación de divisas del sector agroexportador.

El canrry trade consiste en tomar deuda en una moneda con bajas tasas de interés y colocar ese capital en activos que ofrezcan mayores rendimientos en otra divisa. En Argentina, el esquema suele usarse para vender dólares e invertir en instrumentos en pesos, beneficiándose de las tasas de interés elevadas que ofrece el mercado local. Factores como la estabilidad o caída del dólar y la falta de pesos hacen atractiva esta maniobra.

La estabilidad cambiaria responde a un buen flujo de divisas, especialmente por exportaciones, lo que refuerza la oferta de dólares en el mercado.

La estabilidad cambiaria responde a un buen flujo de divisas, especialmente por exportaciones, lo que refuerza la oferta de dólares en el mercado

Al mismo tiempo, la política monetaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA) refuerza la escasez de pesos. El organismo compra divisas a fin de acumular reservas -sumó compras por más de USD 2.300 millones en el año- y para ello emite pesos que no esteriliza, aunque parte de esa liquidez se retira rápidamente.

Esto ocurre porque el Tesoro, a través de licitaciones de deuda en moneda nacional, capta esos pesos y los saca de circulación, evitando un exceso de dinero en la economía.

Esta combinación propicia que los inversores elijan vender dólares para aprovechar las tasas de interés en pesos, con el riesgo de devaluación disminuido por la estabilidad cambiaria y el valor de los activos locales sostenido por la falta de circulación de moneda nacional. El carry trade así se consolida como la estrategia predilecta en este ambiente.

La mayor afluencia de dólares respecto de su demanda ratifica la calma cambiaria, estimulando la inversión en bonos del Tesoro de corto plazo, tanto a tasa fija como atados a la inflación. Estos instrumentos usualmente ofrecen retornos superiores a la inflación prevista y resultan tentadores también medidos en dólares.

Hay una oferta de dólares “por encima de lo habitual” que se explica, principalmente, “por colocaciones corporativas y de provincias y el impulso que tomaron los préstamos en moneda extranjera (LCG)

Como consecuencia, disminuye la compra de divisas por parte de actores privados y, en algunos casos, se observa un proceso de desdolarización de carteras, revirtiendo la dinámica que tuvo su pico en los meses previos a las elecciones legislativas de octubre de 2026.

Desde la consultora LCG consideraron que hay una oferta de dólares “por encima de lo habitual” que se explica, principalmente, “por colocaciones corporativas y de provincias y el impulso que tomaron los préstamos en moneda extranjera, todos con obligación de ser liquidados en el Mercado Libre de Cambios (MLC)”.

“El carry cubierto que promueve el Gobierno, convalidando tasas en pesos por encima de la inflación esperada en un contexto de menores expectativas de depreciación, luce como el nuevo puente hasta que ingresen los dólares de la cosecha en el segundo trimestre“, plantearon los especialistas de la consultora.

El análisis de los especialistas de la consultora Cohen Aliados subraya que el mercado local muestra una dinámica más ordenada y un tipo de cambio controlado, respaldado por una oferta de divisas suficiente para responder a la demanda, lo que genera un entorno favorable para el carry trade en el corto plazo.

El mercado local muestra una dinámica más ordenada y un tipo de cambio controlado, respaldado por una oferta de divisas suficiente para responder a la demanda (Cohen Aliados)

Los economistas de Invecq destacan que la coyuntura combina una demanda sostenida de instrumentos en pesos, una oferta elevada de dólares y un contexto internacional favorable para las monedas regionales, elementos que contribuyen a mantener el atractivo del carry trade y la apreciación del tipo de cambio.

Gonzalo Carrera, economista de la consultora Equilibra, manifestó a Infobae que la contracción de las importaciones también juega a favor de la calma cambiaria, ya que reduce la salida de divisas: “Vemos que en los últimos meses, la demanda de importaciones de bienes de consumo está más deprimida. Entonces, eso permite que el Gobierno logre, través del Banco Central, comprar divisas. Pasó de USD 55 millones por mes en enero a la zona de USD 91 millones en febrero. Está logrando acumular divisas y eso generó un ciclo virtuoso de mayor confianza también”.

“No es un carry 100% seguro, porque uno ve que el tipo de cambio se aleja cada vez más del techo de la banda: está un 13% por debajo. No es como el que había cuando había un crawling peg en 2024. Pero sí es como que se reactivó un poco ese mecanismo de adelantamiento de exportaciones a través de prefinanciaciones y de postergar decisiones de importación, que sumado a una demanda más deprimida en el mercado local de bienes", puntualizó Carrera.

GMA Capital observa que el avance de la acumulación de reservas, sumado a la constante absorción de pesos y a la calma en el mercado cambiario, está modificando la dinámica financiera de corto plazo. Sin embargo, su último informe destacó que la sostenibilidad del esquema “no deja de estar condicionada también por la administración de las condiciones en la plaza en pesos” y la trayectoria inflacionaria.

No es un carry 100% seguro, porque uno ve que el tipo de cambio se aleja cada vez más del techo de la banda: está un 13% por debajo (Carrera)

“La aceleración en la inflación abre la puerta a dos eventuales riesgos adicionales para el esquema macro. Por un lado, el tipo de cambio nominal aumentó apenas un 0,1% en enero, configurando una nueva apreciación del tipo de cambio real, que ya se ubica en niveles similares a los de inicios de julio del año pasado. De persistir esta dinámica, la fortaleza del peso podría comenzar a tensionar la competitividad comercial externa, presionando sobre la demanda de divisas y dificultando el proceso de acumulación de reservas del Central”, plantearon los analistas de GMA Capital.

“Además, si bien el carry continúa ofreciendo retornos positivos en dólares con el tipo de cambio estable, una inflación que no termina de converger reduce la tasa real en pesos (-3% Tasa Nominal Anual con plazos fijos y -10% TNA con cauciones) y exige sostener un diferencial atractivo para que la demanda de moneda local no se debilite".

Perspectivas

Consultado sobre cuánto se puede extender la quietud del dólar, Gonzalo Carrera remarcó que “por ahora estamos en un sendero de confianza, donde el mercado no espera grandes turbulencias”, pese a que el dólar futuro a marzo exhibe que “el tipo de cambio estaría más cercano a los $1.450 que a los 1.400 pesos″.

“A medida que nos acerquemos a la liquidación de divisas de la cosecha gruesa, y más a finales de abril o principio de mayo, habrá que seguir de cerca en qué medida se sigue dando este sendero virtuoso, el que permita al agro liquidar o si hay incentivos para que exista algún tipo de suba más acelerada del tipo de cambio”, añadió Carrera.

Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group, consideró que el tipo de cambio todavía tiene margen para seguir descendiendo en las próximas semanas. “La oferta actual no solo proviene del sector exportador, sino también de colocaciones corporativas que siguen volcándose al mercado, lo que amplía la fuente de divisas y reduce presión puntual sobre la brecha”, concluyó.

Mientras Javier Milei y Luis Caputo festejan a diario la estabilidad cambiaria y la compra de más de USD 2.400 millones en lo que va del año por parte del Banco Central, los cálculos de las obligaciones financieras para 2026 abren un margen de duda acerca de cómo podrán afrontarse. La Argentina necesita más de USD 40.000 millones y el esquema cambiario iniciado en enero “puede ser insuficiente” para obtenerlos, según un informe de Empiria. Las previsiones cruzadas de la acumulación de reservas, el comercio exterior, la cuenta financiera y la dolarización de las carteras de los argentinos conforman un desafío que no será sencillo para el Gobierno.

El informe cuantifica el desafío financiero que viene. Resalta que desde el comienzo del año, el tipo de cambio real es más flexible y las reservas volvieron a crecer. Pero ese nuevo esquema cambiario “puede ser insuficiente para todo el año, donde la necesidad de divisas luce desafiante”. Por ello, el flujo de divisas que exigirá 2026 será superior a todos los registros recientes, incluso en los años más favorables.

“En este verano tranquilo, con un dólar que no sube y un Banco Central que compra, la gente no afloja de comprar dólares" (Carlos Melconian)

El análisis de Empiria señala que “la cuenta corriente para 2026 se estima deficitaria por en torno a 1,6% del PBI (USD 11.000 M)”. Además, suma la presión de la “dolarización de cartera, menor a la de 2025, pero todavía negativa por unos USD -16.000 M”, junto con la “pauta de acumulación de reservas por unos USD 10.000 M” y los “vencimientos de deuda (capital) del Tesoro por unos USD 6.500 M”.

“Todo eso suma necesidades por unos USD 40.000 M, niveles que Argentina solo alcanzó en 2016-17 cuando el sector público emitía deuda por unos USD 25.000 M anuales, no disponibles hoy lo que pone la responsabilidad de la generación de divisas sobre el sector privado, con un tipo de cambio real muy exigido”, puntualizó el informe. A esos números, añadió que el Gobierno desliza que no quiere tomar “deuda nueva” durante este año y que tampoco pesará el aporte del FMI, que en 2025 superó los USD 14.000 millones.

Así, este año no habrá margen para repetir la dinámica de adelantos extraordinarios que caracterizó a 2025, cuando “las medidas transitorias abastecieron a la economía de los dólares necesarios en el transcurso electoral”. Para la consultora, “cuesta pensar que eso pueda repetirse” en 2026, donde no se espera, por caso, una eliminación temporaria de retenciones a los agroexportadores como el año pasado.

Esa proyección se mezcla con otras voces que advierten que el “veranito cambiario” no es tan calmo como parece. El economista Carlos Melconian señaló que “estamos muy confundidos” con lo que pasa con el dólar porque “sigue existiendo dolarización en la gente”.

Para Melconian, las compras del Central obedecen a una oferta coyuntural de dólares que no va a sostenerse, vinculada por ejemplo a la emisión de deuda de empresas y provincias. “En este verano tranquilo, con un dólar que no sube y un Banco Central que compra, la gente no afloja de comprar dólares. Entonces, estamos muy confundidos en términos de lo que está pasando en el mercado cambiario”, dijo.

“No baja la dolarización. Y no es la dolarización de carácter político, de temor a que ganen los que están enfrente, pero es un número inadecuado para que la economía progrese. La gente sigue con su misma mentalidad, se siente cómoda ahí”, afirmó Melconian.

Dólares para el sector privado y para la deuda

El informe de Empiria especifica que el superávit de bienes estimado para el período llega a USD 14.000 millones, con exportaciones devengadas por USD 84.000 millones y compras externas de USD 70.000 millones. Sin embargo, el déficit de servicios y la cuenta de rentas amplían el rojo externo y agravan el panorama. El informe puntualiza que el déficit de servicios de 2025 fue el mayor desde que hay registros, con un saldo negativo de USD 11.200 millones, impulsado principalmente por el turismo y los viajes al exterior.

La presión adicional surge de la dolarización de carteras, una tendencia que persiste en el mercado local. El informe estima que, aunque será menor a la de 2025, seguirá siendo “negativa por unos USD -16.000 M”. Esta dinámica refleja la preferencia de los ahorristas e inversores argentinos por activos en moneda extranjera, lo que suma demanda sobre las reservas y complica la estrategia oficial de acumulación.

El informe también subraya el peso de los vencimientos de deuda. Los pagos de capital correspondiente al Tesoro para 2026 suman aproximadamente USD 6.500 millones, cifra que se integra al resto de las obligaciones externas. El documento aclara que estos montos no incluyen posibles cancelaciones adicionales, lo que podría incrementar aún más la demanda de divisas en un escenario de acceso limitado al crédito internacional.

El sector privado, tanto por la demanda de divisas para importaciones como por la remisión de utilidades y la formación de activos externos, incrementa la competencia por los dólares disponibles. Empiria compara el panorama con la crisis de 2017-2018, aunque aclara que la dinámica actual resulta menos problemática en términos de magnitud, debido principalmente al superávit energético, que pasó de un saldo negativo de USD 3.000 millones a uno positivo de USD 7.800 millones.

Con el inicio de la nueva etapa del programa económico, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró la compra de dólares con el fin de fortalecer sus activos en moneda extranjera. Aunque las reservas internacionales evidenciaron un crecimiento desde comienzos de 2026, permanece por encima de los USD 45.000 millones desde hace varias jornadas, sin registrar avances significativos.

En las últimas 30 ruedas, las adquisiciones del BCRA totalizaron USD 2.089 millones, correspondientes a la llamada “fase 4” del actual plan económico. El Central lleva a cabo estas compras mediante la emisión de pesos sin esterilización, lo que contribuye a mantener la liquidez del sistema y evita presiones alcistas sobre las tasas de interés. Más tarde, el Tesoro retira parte de esos pesos a través de colocaciones de deuda en moneda local.

Las estimaciones oficiales para 2026 prevén un saldo neto positivo de adquisiciones de divisas que podría oscilar entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, según el grado de remonetización -aumento de demanda de pesos- de la economía. Santiago Bausili, titular del Banco Central, señaló que el ritmo de incremento de reservas dependerá tanto de la demanda de pesos como del flujo de dólares que llegue al país. A la fecha, la autoridad monetaria ya superó el 20% del objetivo previsto para el año.

En tanto, las reservas internacionales brutas, que no contabilizan los pasivos de la entidad, se ubican en USD 45.158 millones, aunque en el año habían alcanzado los USD 46.240 millones, el nivel más alto desde agosto de 2021, previo a un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) por parte del Ministerio de Economía.

En efecto, el principal factor que limita una acumulación de divisas más vigorosa responde a los pagos de deuda externa efectuados por el Tesoro Nacional, que adquiere divisas al BCRA para afrontar compromisos financieros, lo que reduce el saldo disponible en moneda extranjera.

Al mismo tiempo, y en menor medida, la variación del precio global del oro también incide en la posición extranjera de la entidad monetaria, que posee cerca de 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 toneladas. A lo largo de 2026, el crecimiento del valor del metal precioso, activo de refugio frente a eventos de alta volatilidad mundial, hizo que las reservas se revaloricen. En los últimos días, la cotización cedió a USD 5.000 la onza desde picos de USD 5.600, lo que impactó de forma negativa en las arcas del banco de bancos.

“En lo que va de 2026, el BCRA acumula compras en el MULC por USD 2.090 millones. No obstante, parte de ese esfuerzo se ve compensado por ventas al propio Tesoro, que totalizan alrededor de USD 1.250 millones en el año, destinadas principalmente al pago de intereses de deuda -por lo que la acumulación de dólares es por un monto menor-”, estimó un informe de la consultora Invecq.

Bajo la perspectiva de los analistas, de cara a los próximos meses la oferta de divisas en el mercado cambiario podría sostenerse, alimentada por la continuidad de colocaciones de deuda en moneda extranjera y el comienzo paulatino de la liquidación del sector agroexportador, cuyo mayor flujo se da históricamente en el segundo trimestre.

“El escenario actual combina una demanda por instrumentos en pesos que continúa firme, una elevada oferta de divisas y un contexto internacional favorable para las monedas de la región, factores que sostienen el atractivo del carry y la apreciación del tipo de cambio en el corto plazo", evaluaron los consultores.

No obstante, advirtieron que el segundo semestre suele presentar una menor oferta de dólares, por lo que resulta clave “aprovechar el flujo actual para fortalecer y acelerar aún más la acumulación de reservas” a fin de “evitar una apreciación excesiva del tipo de cambio y reducir los riesgos de mayor volatilidad cambiaria hacia la segunda mitad del año”.

En la misma línea, un reporte de Aurum Valores destacó que “la acumulación aún no alcanza a compensar el uso de divisas (y endeudamiento vía REPO) para pagar los vencimientos de bonos del 09/01″, en referencia al pago de deuda con bonistas privados por USD 4.200 millones a comienzos de enero de este año.

“A fin de mes además el BCRA deberá pagar USD 1.000 millones del Bopreal (BPY26) lo que reducirá nuevamente el stock de reservas netas (si el FMI desembolsa antes de esa fecha el próximo pago no sabemos si se destinará a devolver los DEGs al Tesoro USA o se usarán para pagar ese bono)”, agregaron.

Desde MegaQM remarcaron que el factor clave para los meses venideros es que el Tesoro logre afrontar sus vencimientos de deuda en moneda extranjera sin necesidad de seguir recurriendo a las divisas del BCRA. “Cada vez que lo hace, genera un stress de liquidez en el mundo pesos. Las subas de tasas de corto plazo hacen más complejo lograr estirar los vencimientos de la deuda en pesos”, alertaron.

Y agregaron: “Si bien el equipo económico insiste con que no necesita acceder al mercado, el equilibrio cambiario – monetario luce más razonable sin esa exigencia de divisas. La ventana de oportunidad puede aparecer luego de cerrar la revisión con el FMI y ya entrado el período de mayor oferta estacional de divisas. La fecha límite seguramente sea algunas semanas previo al próximo vencimiento (9 de julio)“.

Un análisis de GMA Capital planteó que “el avance en la acumulación de reservas, junto con la esterilización sostenida y la estabilidad cambiaria, continúa reconfigurando el balance financiero de corto plazo”. Sin embargo, consignaron los expertos, su sostenibilidad no deja de estar condicionada también por la administración de las condiciones en la plaza en pesos.

A propósito de los factores que sostienen la estabilidad cambiaria en un contexto de saldo comprador del Banco Central, sobresalen las emisiones de deuda corporativa y provincial en los mercados internacionales por más de USD 12.000 millones desde las elecciones legislativas y la liquidación de préstamos locales en dólares, como contrapartida de depósitos en moneda extranjera en récords.

“La fuente sigue siendo principalmente la cuenta financiera, explicada por colocaciones corporativas y de provincias y el impulso que tomaron los préstamos en moneda extranjera, todos con obligación de ser liquidados en el MLC. El carry cubierto que promueve el Gobierno, convalidando tasas en pesos por encima de la inflación esperada en un contexto de menores expectativas de depreciación, luce como el nuevo puente hasta que ingresen los dólares de la cosecha en el segundo trimestre", concluyeron de la consultora LCG.

La reducción del déficit fiscal en Panamá durante 2025 fue presentada por el gobierno como una señal de corrección de las finanzas públicas y de recuperación tras años de presiones presupuestarias.

Las cifras oficiales muestran que el balance fiscal mejoró de forma significativa, apoyado en mayor recaudación, control del gasto y operaciones de manejo de deuda que permitieron reducir pagos de intereses. .

Sin embargo, el panorama fiscal todavía enfrenta desafíos estructurales, especialmente por el ritmo de crecimiento de la deuda y la necesidad de consolidar el ajuste sin afectar inversión y servicios públicos.

En ese contexto, el análisis más reciente de Fitch Ratings introduce un matiz relevante: la calificadora reconoce la caída del déficit, pero advierte que la mejora no es suficiente para frenar el aumento del endeudamiento ni garantizar la estabilización de la relación deuda/PIB.

Fitch sostiene que el ajuste fiscal de 2025 se apoyó en factores puntuales y en decisiones con margen limitado de repetición, lo que mantiene abiertas interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Según el informe, el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) se redujo a 3.7% del PIB en 2025, desde 6.2% en 2024, e incluso por debajo de la meta gubernamental de 4.0%.

El resultado confirma un ajuste significativo, pero Fitch subraya que parte de la mejora responde a elementos transitorios, como el menor pago de compromisos acumulados del año previo y el repunte de ingresos del Canal de Panamá tras la sequía.

En términos prácticos, el informe explica que en 2024 el Estado tuvo que enfrentar una mayor carga de pagos pendientes acumulados, lo que elevó el déficit de ese año.

En 2025, al reducirse esa presión, el resultado fiscal mejoró automáticamente, sin que ello implique necesariamente una transformación estructural del gasto público. Fitch considera que esta dinámica ayuda a entender por qué el déficit bajó, pero no elimina la necesidad de ajustes permanentes.

Otro factor relevante fue el impacto contable de la reforma previsional de la Caja de Seguro Social (CSS), que reclasificó como ingresos de la institución recursos que antes se registraban en cuentas individuales.

Esta modificación contribuyó a mejorar la medición del déficit, aunque Fitch advierte que el efecto es principalmente contable y no sustituye una consolidación fiscal estructural.

El informe también destaca el comportamiento de los ingresos Fitch reconoce un repunte de 9% en la recaudación tributaria, apoyado en mayor fiscalización y actividad económica, pero señala que el resultado convivió con una caída en las contribuciones de planilla a la CSS, pese a mayores aportes del lado empleador tras la reforma previsional.

Para la calificadora, este comportamiento refleja debilidad del mercado laboral y niveles elevados de informalidad, factores que limitan la sostenibilidad del ajuste fiscal.

La principal advertencia del análisis se centra en la deuda. . A pesar de la reducción del déficit, la deuda pública bruta aumentó en $5,500 millones y alcanzó $59,400 millones, situándose en 66% del PIB, por encima de la proyección oficial.

En otras palabras, Fitch concluye que el ajuste fiscal no se tradujo en una desaceleración del endeudamiento, lo que mantiene el riesgo sobre la trayectoria fiscal de mediano plazo.

Parte de la explicación está en el Gobierno Central, cuyo déficit alcanzó 5.2% del PIB, muy por encima del 3% previsto en el presupuesto. Fitch agrega que el endeudamiento neto fue aún mayor, situándose en 6% del PIB, con un financiamiento neto de 6.6% del PIB, lo que evidencia presiones de liquidez que no se reflejan plenamente en el resultado fiscal del SPNF.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha señalado que el déficit del Sector Público No Financiero se ubicó en 3.68% del Producto Interno Bruto, una disminución cercana al 40% respecto al año anterior, equivalente a más de 2,069 millones de dólares.

El titular de Economía explicó que este resultado se alcanzó gracias a una combinación de disciplina fiscal, reducción del gasto, mejor recaudación y fortalecimiento institucional. Chapman señaló que esta mejora se tradujo en una disminución directa de las tasas de interés que paga el Estado y, de forma progresiva, en mejores condiciones crediticias4 para empresas y ciudadanos.

Como resultado, el país generó ahorros acumulados cercanos a 475 millones de dólares en el servicio de la deuda, recursos que ahora pueden destinarse a áreas prioritarias.

De acuerdo con el ministro, estos ahorros permiten cubrir una parte significativa del subsidio a las pensiones de la Caja de Seguro Social, uno de los compromisos centrales del actual Gobierno. Explicó que el objetivo ha sido garantizar el pago a los jubilados actuales y fortalecer el sistema para las futuras generaciones sin recurrir a endeudamiento excesivo ni a medidas traumáticas.

La calificadora también introduce preocupaciones sobre la transparencia fiscal y la calidad del proceso presupuestario. . Fitch señala que las necesidades adicionales de financiamiento respondieron a pagos de obligaciones no contempladas inicialmente, y advierte que este tipo de eventos podría repetirse, generando incertidumbre en los mercados sobre la previsibilidad de las cuentas públicas.

Uno de los pilares del ajuste fiscal de 2025 fue la reducción de la inversión pública, que cayó a 4% del PIB, su nivel más bajo en dos décadas. Fitch advierte que el margen para profundizar este recorte es limitado, dado el descontento ciudadano por la calidad de servicios de educación, salud y agua.

Además, una parte del ajuste se explica por el aplazamiento de pagos del proyecto llave en mano del Metro de Panamá, lo que reduce el gasto en 2025-2026 pero incrementará desembolsos entre 2027 y 2030.

En paralelo, el gobierno ha intentado mejorar su perfil financiero con operaciones de manejo de pasivos y nuevas emisiones. Una reciente transacción permitió reducir el saldo de deuda en $204 millones y generar ahorros anuales en intereses cercanos a $30 millones, con una demanda internacional superior a $13,000 millones.

La operación incluyó emisiones con vencimientos en 2034 y 2038, con tasas de 5.2% y 5.6%, respectivamente, lo que el Ejecutivo considera una señal de confianza de los mercados.

Fitch, sin embargo, insiste en que la estabilización de la deuda requerirá mayor consolidación fiscal estructural, combinando medidas de ingresos, control del gasto y mejoras en transparencia.

La calificadora observa que el gobierno no contempla una reforma tributaria y apuesta por medidas administrativas para elevar la recaudación, mientras evalúa cambios en aumentos salariales automáticos y en la regla que fija el presupuesto educativo en 7% del PIB.

El informe identifica además la posible reapertura de la mina Cobre Panamá como una fuente potencial de ingresos adicionales. . Aunque las perspectivas han mejorado, el proceso sigue sujeto a auditorías ambientales, negociaciones con la empresa First Quantum y posibles tensiones sociales, lo que introduce incertidumbre sobre su impacto fiscal.

En síntesis, Fitch plantea un diagnóstico de doble lectura: Panamá logró una mejora fiscal relevante en 2025, pero el desafío clave permanece en la trayectoria de la deuda y en la necesidad de consolidar el ajuste con medidas permanentes.

El escenario para 2026 se perfila como un equilibrio entre disciplina fiscal, crecimiento económico y presiones sociales, en un contexto donde la credibilidad del manejo presupuestario será determinante para la percepción de riesgo soberano.

Durante el Gobierno de Gustavo Petro se han registrado múltiples críticas relacionadas con el nivel de apoyo brindado al deporte, la ciencia y los proyectos dirigidos a la juventud, especialmente porque al inicio de su mandato el presidente se comprometió públicamente a respaldar estos sectores.

En diálogo con Infobae Colombia, el magíster en análisis de problemas políticos y económicos Augusto Forero advirtió sobre la deuda que heredará el candidato elegido por los colombianos para reemplazar a Gustavo Petro en 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En primer lugar, Forero mencionó que el nuevo gobierno recibirá una economía bajo presión fiscal y una agenda social exigente, mientras que se ha venido tratando a la ciencia, la tecnología y la innovación como “un gasto prescindible y no como infraestructura estratégica para la productividad, la seguridad energética, la salud y la adaptación climática”.

“El síntoma más visible es una desfinanciación estructural que no es nueva, pero que hoy alcanza niveles críticos. Este fenómeno suele celebrarse en el corto plazo como un “ahorro” o como “responsabilidad fiscal”, pero se cobra con sendos intereses en el mediano y largo plazo, hipotecando nuestra competitividad”, declaró Forero al respecto.

Para argumentar su postura, mencionó que la caída de la ciencia en Colombia es evidente en las cifras oficiales, recordando que en 2023 el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación era de 582.000 millones; para 2024 bajó a 413.000 millones, mientras que en 2025 el recorte superó el 24% y se invirtieron solo 300.000 millones.

“Estamos ante un apagón programado donde, en solo tres años, le hemos quitado casi la mitad de su capacidad de inversión directa al motor del conocimiento nacional. Recortar en ciencia es la forma más cara de intentar cuadrar caja. En paralelo, el propio debate fiscal de los últimos meses ha mostrado lo fácil que es sacrificar lo que no genera costos políticos inmediatos, incluso cuando la brecha productiva del país exige justamente lo contrario”.

Como segundo síntoma, indicó que la decisión de retirar el aporte estatal al Programa Crédito Beca (PCB) de la Fundación para el Futuro de Colombia (Colfuturo) deja un enorme vacío en formación avanzada.

El experto recordó que el Estado aportaba alrededor del 40% del esquema y el programa dejaría de recibir cerca de 75.000 millones de pesos anuales, tras un último desembolso en 2025 cercano a 64.000 millones. Por ello, durante 2026, tanto el nuevo Ejecutivo como el Legislativo deberán embarcarse en una profunda discusión de diseño institucional sobre cómo se sostiene un flujo continuo de capital humano altamente calificado sin desordenar la planeación de vida de miles de candidatos y, sobre todo, sin romper la capacidad del país para absorber y aprovechar ese talento.

Forero citó indicadores de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en los que Colombia se ubicó en el puesto 71 entre 139 economías, una caída desde el puesto 61 que tuvo durante 2024.

“El perfil del país sugiere un patrón persistente, en el que se pone en evidencia un bajo desempeño en aspectos clave como el talento, la infraestructura científico-tecnológica y la capacidad empresarial para innovar. A esto se suma la difícil realidad estructural del país en cuanto a su capacidad para generar inversiones en actividades de investigación y desarrollo”.

Augusto Forero indicó que no es posible que los candidatos ofrezcan “milagros” para arreglar las problemáticas que se han generado en torno a los sectores mencionados; es por ello que propuso dos ideas: blindar la inversión en CTI con un pacto plurianual y trazable, con metas y una senda fiscal realista y reconstruir una política de talento que combine formación avanzada con inserción productiva, cofinanciación y mecanismos explícitos de retorno, vinculando a universidades, empresas y entidades públicas en trayectorias de empleo y proyectos concretos.

“Colombia no necesita más discursos sobre economía del conocimiento. Necesita coherencia presupuestal, instrumentos estables y una apuesta por convertir capacidades en resultados”, puntualizó.

Panamá volvió a los mercados internacionales de deuda, tal como había anticipado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante una operación integral de manejo de pasivos que permitió reducir el saldo de la deuda pública en $204 millones y generar ahorros anuales en intereses por $30 millones.

La transacción registró una demanda superior a $13,000 millones, reflejando el apetito de los inversionistas internacionales por los títulos panameños en medio de un escenario fiscal aún desafiante.

Según el comunicado oficial, la operación incluyó una oferta pública de recompra que recibió propuestas por $8,900 millones, mientras que la nueva emisión alcanzó una demanda que superó los $13,000 millones.

Panamá aceptó aproximadamente $2,970 millones en bonos en circulación, priorizando una estructura que optimiza el perfil de vencimientos futuros y reduce presiones de refinanciamiento en el corto plazo.

La última vez que Panamá acudió al mercado internacional antes de esta operación fue en el primer semestre de 2024, todavía bajo la administración de Laurentino Cortizo.

En ese momento, y en un contexto de presión sobre el perfil crediticio del país, la colocación se realizó a tasas cercanas al 8%, reflejando el mayor costo de financiamiento que enfrentaba la República en medio de la incertidumbre fiscal y el deterioro en la percepción de riesgo soberano.

La nueva emisión se estructuró con vencimientos en 2034 y 2038, con cupones de 5.2% y 5.6%, respectivamente. El MEF destacó que la operación incorpora esquemas de amortización que fortalecen la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo, al tiempo que mejora el perfil crediticio del país tras meses de presión sobre las finanzas públicas.

Este movimiento ocurre en un contexto donde la deuda pública total acumulada al 31 de diciembre de 2025 alcanzó $59,349 millones, más del doble del saldo registrado a diciembre de 2019, cuando la deuda total era de $31,018 millones.

En seis años, el endeudamiento público creció en aproximadamente $28,331 millones, reflejando el impacto de la pandemia, el financiamiento de déficit fiscales y el aumento sostenido del gasto público.

El mayor componente del endeudamiento actual corresponde a deuda externa, que suma $48,680 millones, mientras que la deuda interna alcanza $10,668 millones.

El peso de la deuda externa representa más del 80% del saldo total, lo que confirma la alta exposición del país a los mercados internacionales y a condiciones financieras globales.

Dentro de la deuda externa, el segmento más relevante sigue siendo el de bonos globales, con un saldo de $32,281 millones, cifra que prácticamente duplica los $17,541 millones en bonos que se registraban en 2019.

Esto implica un aumento de casi $14,740 millones en emisiones internacionales en seis años, consolidando a los bonos como el principal instrumento de financiamiento del Estado panameño.

En el segmento multilateral, la deuda con organismos como el BID, BIRF y CAF suma $9,716 millones, frente a los $6,041 millones registrados en 2019. El crecimiento en este componente refleja un mayor recurso a financiamiento de organismos multilaterales durante los años de crisis y ajuste fiscal.

La deuda con bancos directos también mostró un salto significativo. En 2019 el saldo era de $451 millones, mientras que en 2025 asciende a $6,058 millones, evidenciando una mayor diversificación de fuentes de financiamiento en los últimos años.

En el mercado doméstico, la deuda interna pasó de $6,795 millones en 2019 a $10,668 millones en 2025, impulsada principalmente por Notas del Tesoro, Letras del Tesoro y bonos internos.

Las Notas del Tesoro suman actualmente $3,886 millones, mientras que las Letras del Tesoro alcanzan $2,414 millones, reflejando un uso intensivo de instrumentos de corto y mediano plazo.

El informe también revela movimientos relevantes en la relación con el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP). En septiembre de 2025 se cancelaron pagarés del FAP por $1,390 millones, incluyendo saldo e intereses capitalizados, como parte de la estrategia de reorganización del portafolio de deuda.

En términos de emisiones activas, el portafolio actual incluye una amplia gama de Bonos Globales con vencimientos que se extienden hasta 2063, lo que evidencia una estrategia de alargamiento de plazos frente al perfil que existía en 2019.

La diversificación de vencimientos busca reducir el riesgo de concentración en años específicos, aunque el volumen total sigue siendo considerablemente mayor que el de hace seis años.

El MEF sostiene que esta reciente operación representa un paso concreto en la estrategia de consolidación fiscal, al reducir el saldo total y disminuir el costo promedio ponderado del financiamiento.

La demanda recibida fue presentada como una señal de confianza en la estabilidad macroeconómica y en la credibilidad de la política fiscal del país.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sostuvo que la transacción “representa un paso concreto en la estrategia de fortalecer las finanzas públicas”.

Aseguró que la operación permitió reducir el saldo de la deuda, disminuir el costo de financiamiento y generar ahorros permanentes para el Estado, al tiempo que mejora el perfil de vencimientos y reduce riesgos de refinanciamiento en los próximos años.

Chapman enfatizó que la sólida demanda superior a $13,000 millones refleja la confianza de los mercados internacionales en la estabilidad macroeconómica de Panamá y en la credibilidad de su política fiscal.

Además, reiteró que el objetivo es mantener una gestión prudente, transparente y estratégica de la deuda pública, orientada a preservar el perfil crediticio soberano y fortalecer la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.

Sin embargo, el tamaño del saldo total sigue siendo el principal punto de análisis. Con $59,349 millones en deuda acumulada, Panamá mantiene un nivel históricamente alto de apalancamiento, lo que obliga a una disciplina fiscal sostenida para evitar mayores presiones sobre el déficit y la relación deuda/PIB.

El reto ahora no es solo refinanciar con mejores condiciones, sino contener el crecimiento estructural del endeudamiento en los próximos años. El regreso a los mercados con demanda sólida es una señal positiva, pero el comportamiento futuro dependerá del crecimiento económico, la ejecución presupuestaria y la capacidad del Gobierno para generar ingresos permanentes.

La operación de manejo de pasivos marca un punto relevante en la estrategia financiera del país. Reduce presiones inmediatas, mejora vencimientos y genera ahorros anuales, pero no cambia el hecho de que el saldo actual de deuda es casi el doble del que existía en 2019.

El verdadero desafío será estabilizar esa curva y evitar que continúe creciendo al ritmo observado en el último sexenio.

Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó la mayor emisión corporativa en la historia del mercado local, logrando disminuir sus costos de financiamiento y reafirmando la confianza de los inversionistas en su plan estratégico.

En un comunicado, la empresa detalló que la operación, que alcanzó los 31 mil 500 millones de pesos, forma parte de la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento contemplada en el Plan Estratégico 2025-2035 de la empresa.

La emisión se llevó a cabo en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Los instrumentos financieros colocados presentan los siguientes tramos:

• 9 mil 005 millones de pesos a 5.2 años en tasa flotante
• 16, mil 999 millones de pesos a 8.5 años en tasa fija nominal.
• 5 mil 496 millones de pesos a 10.5 años en tasa fija real.

La empresa informó que el costo de financiamiento se ubicó por debajo de los niveles de precio inicial, con una reducción de 40 puntos base en el formato flotante, 37 puntos base en el fijo nominal y 48 puntos base en el fijo real.

La demanda por los instrumentos alcanzó 63 mil 285 millones de pesos, lo que representó una sobresuscripción de 2.5 veces sobre el monto objetivo inicial de 25 mil millones de pesos y de 2.0 veces respecto al monto total colocado.

Pemex detalló que la reducción promedio en el costo fue de 42 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial.

Los recursos obtenidos se destinarán al pago de pasivos financieros con vencimiento en 2026, sin que ello implique un incremento en el saldo de la deuda de Pemex.

Mencionó que los agentes colocadores de la operación fueron Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más.

La empresa subrayó que el proceso contó con el acompañamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en todas las etapas de mercadeo y ejecución.

La operación marcó el regreso de Pemex a los mercados financieros y registró la participación de inversionistas tanto locales como internacionales.

Según el propio comunicado, esto valida la confianza del público inversionista en la estrategia de la petrolera y se refleja en los niveles de precio alcanzados para los distintos plazos.

La empresa señaló que las condiciones favorables obtenidas refuerzan el perfil financiero de Petróleos Mexicanos y demuestran el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad y la gestión prudente de la compañía estatal.

La mayor emisión corporativa local constituye un paso relevante dentro del Plan Estratégico 2025-2035, implementado de manera conjunta por Hacienda y Pemex.

Actualmente, Pemex es la petrolera estatal más endeudada del mundo, con unas deudas acumuladas de 84 mil 500 millones de dólares.

El mercado de valores panameño cerró 2025 con un desempeño marcado por el crecimiento del volumen negociado, el fortalecimiento de la infraestructura financiera, la expansión de los servicios internacionales y una mayor participación de inversionistas locales, consolidando a Latinex (Bolsa Latinoamericana de Valores y Central Latinoamericana de Valores) como uno de los principales canales de financiamiento del país.

Durante el año, el volumen total superó los $9,600 millones, con un crecimiento de 34% frente a 2024, reflejando mayor dinamismo, confianza institucional y un uso más activo del mercado por parte del sector público y privado.

Este desempeño estuvo acompañado por el fortalecimiento de la custodia de valores, que permitió cerrar 2025 con más de USD 44,000 millones en activos bajo administración, un crecimiento de 26% respecto al año anterior.

Esta evolución reflejó no solo el aumento en las operaciones, sino también una mayor sofisticación de los participantes, un uso más intensivo de plataformas digitales y una mayor integración con mercados internacionales.

Desde la administración de Latinex, su presidenta ejecutiva, Olga Cantillo, destacó que 2025 fue un año centrado en ejecución estratégica, inversión en infraestructura, mejora de estándares operativos y fortalecimiento del mercado local.

Según explicó, este trabajo permitió establecer una base sólida para encarar 2026 con una hoja de ruta orientada a escalar el impacto, ampliar la liquidez y atraer más emisores e inversionistas.

Uno de los principales motores del mercado local durante 2025 fue la estrategia del Gobierno de incrementar su financiamiento interno mediante letras, notas y bonos del Tesoro, con el objetivo de reducir su exposición a las altas tasas del mercado internacional.

Esta política fue respaldada por inversionistas institucionales, bancos y fondos locales, que encontraron en estos instrumentos una alternativa atractiva de inversión, con menor riesgo cambiario y mayor previsibilidad.

Las subastas y procesos de colocación de deuda pública registraron un crecimiento sostenido, consolidando a la bolsa como un canal prioritario para el financiamiento estatal. El aumento en la demanda por títulos soberanos permitió ampliar los plazos, diversificar vencimientos y reducir presiones sobre el endeudamiento externo, al tiempo que fortaleció la profundidad del mercado doméstico.

En paralelo, el mercado corporativo mantuvo un papel relevante, con emisiones de empresas de sectores financieros, inmobiliarios, energéticos y de consumo. Al cierre de 2025, Latinex contaba con 291 emisores listados, lo que reflejó una estructura diversificada y una mayor oferta de instrumentos para distintos perfiles de inversionistas.

El mercado accionario también mostró señales positivas. El índice LTXSI registró un crecimiento acumulado de 24.14% en 2025, impulsado por el desempeño de emisores líderes y una mayor rotación de acciones. Este comportamiento contribuyó a recuperar el interés por la renta variable, luego de varios años dominados por la deuda.

En el plano internacional, uno de los avances más relevantes fue la consolidación del enlace iLink con Euroclear Bank, que permitió conectar emisiones locales con capital global proveniente de más de 27 países. Este mecanismo facilitó el acceso de inversionistas extranjeros sin perder el anclaje doméstico, fortaleciendo la visibilidad del mercado panameño.

Durante 2025, las operaciones canalizadas mediante operadores remotos y acuerdos de corresponsalía superaron los $1,600 millones, reflejando una mayor integración con plazas financieras de Centroamérica y otros mercados. Este crecimiento reforzó el posicionamiento de Panamá como plataforma regional de intermediación financiera.

Como parte de esta estrategia, Latinex consolidó la Fase II del iLink para emisiones corporativas, facilitando la colocación de más de $100 millones por parte de tres emisores. A ello se sumó el lanzamiento del servicio de Listado Internacional en español, orientado a estructuras bajo Regla 144A y RegS, que permitió listar valores en Panamá bajo estándares comparables a centros financieros como Luxemburgo y Singapur.

Este proceso de internacionalización se vio reforzado con la primera emisión listada en colones costarricenses realizada por Bladex por 25,000 millones de colones, convirtiéndose en la primera operación en moneda extranjera estructurada desde Panamá. Este hito evidenció la capacidad técnica, operativa y regulatoria del mercado para manejar múltiples monedas y atraer estructuras transfronterizas.

La integración regional también se reflejó en el crecimiento de las operaciones entre Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala, que acumularon más de $1,600 millones en volumen negociado y miles de transacciones durante el año. Este flujo fortaleció la interconexión de los mercados centroamericanos y amplió las oportunidades para emisores e inversionistas.

En materia de sostenibilidad, Latinex avanzó en la consolidación de mejores prácticas, con la actualización de su Guía de Instrumentos Temáticos, la publicación de su Reporte de Sostenibilidad por cuarto año consecutivo y el fortalecimiento del Índice Voluntario de Sostenibilidad, que integra a 20 emisores comprometidos con factores ASG.

Estos esfuerzos fueron complementados con programas de formación y desarrollo de talento. A través del Programa de Educación Bursátil, más de 2,137 personas recibieron capacitación durante 2025, lo que representó un crecimiento de 19% respecto al año anterior y reforzó la profesionalización del ecosistema financiero.

De cara a 2026, Latinex enfocará su estrategia en tres ejes: profundizar el mercado local, consolidar a Panamá como punto de acceso internacional y fortalecer el acompañamiento a los participantes mediante misiones comerciales, roadshows y espacios de diálogo. La meta es ampliar la base de inversionistas, diversificar productos y elevar los estándares operativos.

En este contexto, se prevé que el financiamiento público continúe siendo un componente relevante del mercado, mientras las empresas buscan aprovechar la plataforma panameña para acceder a capital regional e internacional. La combinación entre inversión local, integración regional y enlaces globales perfila al mercado de valores como uno de los pilares financieros del país en 2026.

El banco de inversión JP Morgan difundió un informe en el que analizó las posibilidades de Argentina de recuperar el estatus de mercado emergente ya que todavía se mantiene en la categoría “Standalone”, según la clasificación del proveedor global Morgan Stanley Capital International (MSCI). El análisis se centró en los cambios estructurales implementados por el gobierno de Javier Milei y las eventuales consecuencias para los inversores en renta variable.

JP Morgan identificó que las reformas económicas y la liberalización parcial del cepo cambiario impulsaron el interés de los fondos internacionales. De acuerdo al reporte, el retiro de controles de capital, la unificación del tipo de cambio y la modernización de la infraestructura del mercado financiero generaron expectativas sobre una posible reclasificación del país en los índices de referencia internacionales. El banco explicó que la administración de Milei eliminó varias restricciones que históricamente limitaron el acceso de los inversores institucionales extranjeros al mercado local, aunque persisten desafíos regulatorios y de transparencia.

“Las reformas estructurales están allanando el camino para el regreso de Argentina a los índices globales de acciones. El proceso de retorno al estatus de Mercado Emergente se aceleró tras una serie de reformas favorables al mercado implementadas por el gobierno de Milei desde diciembre de 2023″, manifestó el equipo de Research de la entidad.

En tal sentido, el organismo estadounidense señaló que a partir de diciembre, la gestión libertaria ejecutó una serie de medidas orientadas a facilitar el ingreso y egreso de capitales, flexibilizó el régimen cambiario y permitió la repatriación de dividendos. Bajo la consideración de los analistas, estas decisiones mejoraron la percepción de accesibilidad al mercado argentino para inversores extranjeros. A la vez, remarcaron que la continuidad de estas políticas más allá de las elecciones presidenciales de 2027 será determinante para consolidar el proceso.

El informe de JP Morgan también detalló que si MSCI decidiera reclasificar a Argentina de la categoría “Standalone” a “Mercado Emergente”, el país podría recibir flujos pasivos netos estimados en USD 2.300 millones, cifra que podría transformarse en un motor relevante para el mercado accionario local.

“Los principales beneficiarios serían YPF, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Vista Energy, Transportadora de Gas del Sur y Pampa Energía, todas bien posicionadas para captar la mayor parte del nuevo capital. Estos ingresos mejorarían la liquidez y la percepción de riesgo de las acciones argentinas, lo que podría atraer mayor cobertura y participación institucional, siempre que se sostenga la estabilidad regulatoria y las reformas estructurales recientes”. reza el documento.

A pesar de los avances, el equipo del banco norteamericano planteó que “MSCI continúa monitoreando la situación argentina, señalando que persisten restricciones para inversores institucionales extranjeros, una disponibilidad limitada de información en inglés y desafíos pendientes en infraestructura de mercado y estabilidad institucional”.

Y sumaron: “Si bien la reclasificación más temprana podría concretarse entre 2027 y 2028, la historia volátil de Argentina en cuanto a su estatus en los índices implica que los inversores deberían seguir de cerca tanto las condiciones de mercado como el panorama político para detectar señales de avance sostenido”.

Siguiendo esa línea argumental, el plazo para la reclasificación, argumentaron, “dependerá de la remoción total de estas barreras y de la continuidad de las políticas más allá de las elecciones presidenciales de 2027, ya que MSCI busca evidencia de cambios duraderos antes de iniciar un proceso formal de consulta”.

Según el informe, la experiencia previa indica que el proceso de consulta para la reclasificación de un mercado suele extenderse durante dos años. En el caso argentino, si MSCI anunciara la apertura de la consulta en 2026, la eventual decisión de cambio de estatus podría concretarse hacia 2027 o 2028. El informe agregó que la historia reciente de la relación de Argentina con los índices globales incluye episodios de volatilidad y cambios de categoría, por lo que los inversores internacionales siguen con atención tanto las reformas de mercado como la evolución del panorama político.

La nota de JP Morgan subrayó que la mejora en el acceso al mercado argentino funcionaría como catalizador para futuros flujos de capital y para la compresión de la prima de riesgo. El banco utilizó datos actuales para argumentar que el índice Merval cotiza a 9,5 veces precio/ganancias (P/E), una valuación inferior a las 15 veces observadas durante la gestión de Mauricio Macri. Esta diferencia, según el análisis, ofrece un potencial de suba en la medida que se consolide la credibilidad de las políticas económicas y se amplíe el acceso de los inversores extranjeros.

De acuerdo al reporte, el camino de regreso de Argentina a los índices globales se aceleró con la llegada de la actual administración. Las principales reformas propuestas incluyeron la eliminación de controles de capital y cambiarios, la unificación del tipo de cambio, la liberalización del sistema de liquidación de valores y la modernización de la infraestructura bursátil.

El Banco Central también permitió la repatriación de dividendos y adoptó un régimen de flotación administrada para el peso, lo que contribuyó a una mayor apertura. El equipo de JP Morgan explicó que estos avances posicionan al país para una eventual consulta de reclasificación, aunque la decisión final dependerá de la vigencia de los cambios y la estabilidad institucional.

MSCI revisa periódicamente la estabilidad del mercado y la eliminación de restricciones antes de iniciar procesos de consulta. El antecedente de la mejora de categoría entre 2016 y 2018 mostró que la transición entre el anuncio de consulta y la implementación llevó cerca de dos años. El equipo de JP Morgan calculó que la continuidad de las actuales políticas tras las elecciones de 2027 podría facilitar la decisión del proveedor de índices, que exige evidencia de cambios duraderos antes de modificar la clasificación.

Este miércoles el Ministerio de Economía enfrentaba un importante test de deuda en pesos: vencían menos de $8 billones. A pesar de que los depósitos del Tesoro eran de apenas $3,16 billones, logró renovar todos los vencimientos y recortar las tasas en comparación con la licitación anterior. El refinanciamiento, superior al 100%, implica que el Gobierno no inyectó pesos al mercado.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación de hoy adjudicó un total de $ 9,02 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $ 11,51 billones. Esto significa un rollover de 123,39% sobre los vencimientos del día de la fecha”, escribieron en la cuenta de X del Ministerio de Economía.

El dato está en que Lecap más corta con vencimiento el 17 de abril, el Gobierno logró recortar la tasa a 2,81% en la que se colocaron 5,03 billones de pesos. Cuando en la licitación anterior para una letra similar, pero con vencimiento en marzo, convalidó 2,99 por ciento.

“En la licitación del Tesoro, se obtuvo un roll over de 123% consistente con una absorción monetaria de $1,6 billones a tasas de mercado. El BCRA sigue acumulando dólares (compras por USD 214 millones hoy) con el tipo de cambio en baja”, escribió Federico Furiase, pieza central del equipo económico y director del Banco Central en su cuenta oficial de X.

En tal sentido, el presidente Javier Milei celebró el resultado de la licitación al compartir en su cuenta de X una publicación de Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). “Tremendo dato. Viva la libertad carajo”, festejó el jefe de Estado en X.

“En la licitación de hoy vencían $7,3 billones y adjudicaron $9,02 billones, es decir, rollover del 123 por ciento. La curva tasa fija salió bastante a mercado, incluso hubo algo de castigo en el tramo medio”, opinó Salvador Vitelli, el jefe de Research de Romano Group. “La S17A6 representó un 56% del financiamiento, con una TNA de 35.3% y TEA de 40,9% (72% del financiamiento total vino por tasa fija). Se rechazó mucho de ese papel (probablemente a tasas más altas), unos $1,6 billones, siendo casi un 15% del total adjudicado. Duration promedio ponderada de casi cinco meses”, agregó sobre el resultado de la subasta.

Desde Puente resaltaron que “el Gobierno logró no sólo renovar todos los vencimientos, sino tomar un 23% más de fondos y a tasas de mercado. Es decir, no tuvo que dar un premio como las licitaciones anteriores y aún así pudo tomar de más”.

En la reciente licitación se incluyeron instrumentos a tasa fija, entre ellos una Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos (Lecap) con vencimiento el 17 de abril de 2026, otra con vencimiento el 31 de julio de 2026, una con vencimiento el 3 de noviembre de 2026 (reapertura), y un Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos, que vence el 15 de enero de 2027 (reapertura). Estos instrumentos forman parte del programa regular de licitaciones de letras a tasa fija que se realiza cada quince días.

En cuanto a los instrumentos a tasa variable, se ofreció una Letra del Tesoro Nacional en Pesos a Tasa Tamar, cuyo vencimiento es el 31 de agosto de 2026 (reapertura), y un nuevo Bono del Tesoro Nacional en Pesos a Tasa Tamar, que vence el 26 de febrero de 2027.

Respecto a los títulos ajustados por CER, se puso a disposición un Bono del Tesoro Nacional en Pesos Cero Cupón ajustado por CER, con vencimiento el 30 de junio de 2026 (reapertura). También hubo otras reaperturas con vencimientos el 15 de diciembre de 2026, el 30 de junio de 2027 y el 30 de junio de 2028.

El principal interrogante era si en esta licitación se produciría una baja en las tasas de interés, considerando el reducido nivel de depósitos del Tesoro. Según el informe diario más reciente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al 9 de febrero los depósitos en moneda nacional del Tesoro alcanzaban los $3,16 billones, cifra superior a la registrada el 29 de enero ($2,2 billones), pero aún por debajo de los $4,3 billones anotados entre el 30 de enero y el 4 de febrero.

En la licitación previa, el equipo económico validó tasas superiores, especialmente para los plazos más cortos. En el caso de las LECAP, se aceptaron rendimientos de hasta 2,99% TEM para el tramo con vencimiento el 16 de marzo de 2026.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció la situación. Al ser consultado sobre la evolución de las tasas en las últimas semanas, admitió: “Están altas, obviamente”. Para Caputo, este comportamiento se vincula con la volatilidad previa a las elecciones y el “ataque político” al oficialismo antes de los comicios. Según expresó en declaraciones radiales, “esto tuvo consecuencias en el crecimiento, la inflación y el riesgo país”.

El funcionario proyectó que las tasas de interés se reducirán en la medida en que la inflación siga retrocediendo, describiendo la dinámica como parte de una convergencia esperada. A pesar de esto, los rendimientos vigentes de los activos en pesos resultan atractivos para el carry trade y contribuyen a mantener la estabilidad cambiaria registrada en las semanas recientes.

A mediano plazo, el descenso de la tasa de interés es un objetivo relevante para la administración libertaria, ya que reduce el costo de los créditos para familias y empresas, facilita el acceso al financiamiento e impulsa la actividad económica.