La economía argentina sigue avanzando entre dos escenarios contradictorios. Por un lado, los mercados internacionales están en una situación de extrema volatilidad de la que no salen a pesar de que se aproxima un acuerdo que parece definitivo para terminar el conflicto en Medio Oriente.

Por el otro lado, la deuda recibió una mejora en su calificación y, tras la aprobación de garantías por USD 550 millones del BID, en solo dos días se sumaron avales por 2.550 millones de dólares. Estos respaldos permitirán cubrir sin dificultades los USD 4.300 millones necesarios para afrontar el vencimiento de julio, recursos que se buscarán en el mercado internacional de capitales. Así, las reservas quedarán intactas para sostener el valor del dólar en 2027, año de elecciones.

El dato desfavorable fue que la inflación mayorista de mayo fue de 2,5%, por encima de 2,1% del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, hubo otro indicador que no fue del todo favorable. Según Iván Cachanosky, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso “el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires subió 2,7% en mayo, acelerando frente a los meses previos y acumulando 12,8% en el año (29% interanual).

“La aceleración del mes se explica principalmente por dos factores puntuales: el acuerdo salarial de UOCRA homologado en abril, que impactó en mayo con una suba de 3,5% en Mano de Obra (el capítulo de mayor incidencia), y la actualización de tarifas eléctricas, de agua y de gas, que llevó a Gastos generales a subir 4%. Materiales, en cambio, subió apenas 1,6%, con el hierro para la construcción casi sin moverse (-0,1%). En cuanto al costo total de construir una vivienda, el modelo unifamiliar aceleró a 3,6% mensual (el mayor salto del año) y el multifamiliar a 2,3%. En síntesis, la suba de mayo responde más a ajustes regulados y a la negociación salarial sectorial que a una presión generalizada de demanda. Habrá que ver si se sostiene o si vuelve a moderarse en los próximos meses”, sostuvo Cachanosky.

Por otra parte, hoy se prevé que Morgan Stanley Capital International (MSCI) anuncie la revisión del estatus de la Argentina como país “Standalone”, la categoría más baja dentro de su clasificación. Esta revisión podría anticipar un cambio a la condición de “Frontera”, el escalón previo a la categoría de “Emergente”, en la que se ubican las principales economías de la región.

A partir de la baja en el riesgo país, la Argentina avanza en medidas previas a la salida del cepo. Ayer, se flexibilizaron las regulaciones para que las sociedades de Bolsa puedan operar libremente el dólar contado con liquidación (CCL). Se eliminaron las restricciones para operar bonos contra dólares, lo que permitirá a estas entidades vender bonos y adquirir divisas según su propio patrimonio. Aunque no es una medida dirigida al público general, sí impacta en traders e inversores, quienes ahora contarán con mayor margen de acción y contribuirán a transparentar el mercado.

La otra sorpresa la dio el debut de Kevin Warsh en la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Si bien mantuvo sin cambios la tasa de interés, dio a entender que habrá al menos una suba antes de fin de año. Algunos especulan que puede ser en julio. Lo que preocupa es que hubo una encuesta interna sobre el futuro de las tasa entre los 18 de los 19 integrantes del Comité porque Warsh se excusó por su rango de titular de la Reserva Federal.

De los 18 miembros, solo 8 creen que no habrá cambio en las tasas este año. Cinco creen que habrá dos aumentos, uno arriesgó que serán 4 y otro que habrá una reducción de tasas. Fue sorpresa para los inversores que esperaban un comportamiento más moderado un funcionario alineado ideológicamente con Donald Trump. Warsh dejó en claro que la prioridad es bajar la inflación.

En este escenario, el S&P Merval de las acciones líderes tuvo una suba de 1,14% en pesos y 0,8% en dólares. Los bancos fueron los motores del avance. En tanto, los bonos soberanos tuvieron alzas y bajas, que hicieron que el riesgo país tuviera una leve suba de 5 unidades (+1,2%) a 435 puntos básicos.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), se operaron USD 607 millones y el Banco Central compró 39 millones de dólares. El dólar mayorista subió $5 (+0,8%) a $1.441,50 y se revalorizó frente al billete norteamericano que está en alza frente a las principales monedas del mundo. En la plaza financiera el MEP aumentó $8 (+0,5%) a $1.462, mientras el CCL perforó el techo de $1.500 al aumentar $8,50 a 1.505 pesos.

Según la consultora F2 de Andrés Reschini “el dólar se fortaleció en el mundo y las principales monedas de la región se debilitaron frente a la divisa norteamericana. El peso argentino tuvo en desempeño alineado con el escenario global”.

El informe agregó que “La presión de la demanda sobre el tipo de cambio se hizo sentir en la curva dollar linked al punto que en futuros el volumen de operaciones se incrementó a 1.212.379 contratos luego de tres ruedas consecutivas de contracción y el interés abierto añadió USD 22,4 millones. En la rueda de soberanos dollar linked (BYMA, t+1) también se elevó el monto de operaciones hasta USD 169 millones (VN). Posiblemente la intervención oficial haya sido clave para atenuar la demanda por spot y suavizar el alza en el tipo de cambio”.

“Hacienda informó el resultado fiscal de mayo que arrojó un superávit primario de $1.924.367 millones y de $478.613 millones en la línea financiera. Estos números son mejores que los de abril, pero no son suficientes para torcer el sendero de contracción en el acumulado a 12 meses”, sumó.

En el mercado overnite que funciona hasta la apertura de la rueda de hoy, los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York operaban con alzas sostenidas de hasta 1,5% tras conocerse el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán.

El oro estaba en un decidido descenso de más de 1% acompañado por la baja del petróleo que cotizaba a USD 83 por la perspectiva de que aumente la oferta del crudo en los próximos días. El entendimiento sirvió para equilibrar el efecto adverso de los anuncios de la Reserva Federal que adelantan una época de tasas en alza. Los inversores también están atentos al comportamiento de SpaceX que comenzó a bajar tras un debut que elevó 56% el precio de sus nuevas acciones en tres ruedas.

El mercado local sigue en modo cautela porque el escenario sigue cambiando día a día. En la Bolsa, los bancos por ahora son los elegidos por los inversores, mientras otra parte se inclina por lo bonos duales en pesos a pesar de la suba del dólar.

El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una garantía de hasta USD 550 millones para fortalecer las políticas de seguridad y justicia en la Argentina y mejorar el acceso del país a los mercados de capitales.

Esta medida representa la primera vez que el BID otorga una garantía de este tipo al país sudamericano, según informó el organismo internacional.

De acuerdo con el comunicado oficial, la garantía permitirá al país movilizar USD 1.200 millones en financiamiento privado. Este ingreso facilitará la llegada de recursos internacionales, en sintonía con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El BID explicó que el apoyo busca “mejorar el acceso a los mercados internacionales de capital, en línea con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el FMI”.

El financiamiento se destinará al programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (PROSEJUS), un conjunto de reformas impulsadas por el Gobierno argentino para enfrentar los delitos vinculados a organizaciones criminales. El proyecto pretende “fortalecer la capacidad del sistema de seguridad y justicia del país para aumentar la efectividad de la persecución penal, la investigación criminal, y la recuperación de activos de origen ilícito”, según consta en el comunicado del BID.

En el marco de la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, el proyecto incluye un enfoque integral y un programa basado en resultados. El objetivo es potenciar las capacidades de las fuerzas federales de seguridad y mejorar la investigación e inteligencia criminal. El BID subrayó que “el costo directo del crimen y la violencia en el país se estima en 3,9% del PIB, superando el promedio regional”.

“Muchas gracias, Ilan Goldfajn y al BID por este importante respaldo. La aprobación de esta garantía, la primera otorgada por el BID a la Argentina, es una muestra concreta de la confianza en el programa económico y en las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei”, expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales.

Parte de un plan de financiamiento mayor

La garantía confirmada este miércoles ya había sido anticipada en abril, cuando el Grupo BID proyectó un esquema de asistencia para la Argentina que podría superar los USD 7.200 millones durante 2026. Ese monto incluye más de USD 5.000 millones en operaciones con el sector público, entre las que se contaba la garantía ahora aprobada, además de un aporte adicional de BID Invest, el brazo de financiamiento privado del grupo, que estima movilizar inversiones por alrededor de USD 2.200 millones a lo largo del año.

El esquema anunciado en abril implicó un aumento respecto del año anterior, cuando el Grupo BID había aprobado operaciones por cerca de USD 5.000 millones en total. En ese momento, el presidente del organismo, Ilan Goldfajn, había señalado que la entidad acompañaría el proceso argentino “apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento”. La aprobación final de cada tramo del paquete quedó sujeta, en su momento, a la decisión de los directorios de los distintos organismos que integran el grupo, paso que se fue cumpliendo de manera escalonada en las últimas semanas.

La garantía se suma a la aprobada por el Banco Mundial

El anuncio del BID llegó un día después de que el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaran un paquete de garantías por USD 2.000 millones para la Argentina, orientado a cubrir el 95% de los pagos del servicio de la deuda de un nuevo préstamo comercial, con un plazo de seis años y un período de gracia de tres años.

Ambas decisiones se dieron en un contexto de baja del riesgo país, que pasó de los 520 puntos básicos registrados en abril a 425 puntos básicos al cierre del lunes, el nivel más bajo de los últimos ocho años. La mejora se explica, entre otros factores, por la suba de la calificación de la deuda argentina por parte de Standard & Poor’s, que pasó de CCC+ a B-, y por el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, sostuvo que “esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales”.

Las garantías de organismos multilaterales forman parte de la estrategia financiera que el equipo económico presentó ante el FMI para cerrar el programa correspondiente a este año. El viceministro de Economía, José Luis Daza, había explicado semanas atrás que esa estrategia contemplaba préstamos respaldados por garantías del BID, el Banco Mundial, MIGA y, posiblemente, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Según trascendió, el CAF podría sumar a fines de julio una garantía adicional de entre USD 250 y USD 500 millones, lo que completaría el esquema de respaldo multilateral previsto para 2026.

Las garantías ofrecidas por el Banco Mundial para colocar deuda a tasas más bajas es un eslabón relevante en el objetivo que se trazó el equipo económico: asegurarse los dólares para “blindar” los pagos de deuda de 2027.

El próximo será un año electoral y por lo tanto será mucho más volátil. Esa mayor incertidumbre se podría traducir no solo en una mayor presión cambiaria a medida que se acerquen los comicios, algo que viene sucediendo en cada año impar. Además, esa mayor volatilidad se sentiría en el mercado de bonos, lo que podría afectar las cotizaciones. La baja del riesgo país, que se ubica por debajo de los 450 puntos básicos, será difícil incluso de sostener en pleno período preelectoral.

El 9 de julio próximo vencen USD 4.300 millones en pago de Bonares, en lo que será el segundo vencimiento de este monto en 2026. Para hacer frente a este pago de capital e intereses el Tesoro estuvo colocando bonos de corto plazo (Bonar 2027 y 2028) en el mercado local.

El año próximo vuelve a vencer una cifra similar de Bonares (alrededor de USD 8.500 millones). A eso también se suman nuevos vencimientos de Bopreales por más de 1.000 millones de dólares.

Pero la mayor obligación del 2027 es con el FMI, ya que el Gobierno deberá cancelar USD 7.700 millones entre capital e intereses. De esta manera, empieza un largo camino para repagar los préstamos que el organismo desembolsó por USD 44.000 millones desde el salvataje al gobierno de Mauricio Macri, en 2018. Luego también hubo fondeo fresco para la administración de Javier Milei, por otros 15.000 millones de dólares.

El nuevo acuerdo firmado el año pasado incluyó fuertes desembolsos al principio del organismo, pero luego la obligación del Gobierno de comenzar a devolver paulatinamente el capital, junto al pago de intereses.

En ese sentido, desde Puente indicaron que el terreno se va preparando para una colocación internacional, que sería clave para refinanciar parte de la deuda que vence el año próximo.

“La consolidación de la segunda mejora de la nota para Argentina a B- impulsó una compresión de riesgo país de más de 60 puntos básicos, dejando el diferencial frente a mercados emergentes en mínimos de la década (apenas 250 puntos básicos). Esto sumado al renovado flujo institucional, y el anuncio del día de hoy, reabre la ventana estratégica para que el Tesoro evalúe un regreso a los mercados internacionales de crédito mediante una emisión de bonos soberanos en el tercer trimestre del año”, remarcaron.

La posibilidad de refinanciar vencimientos de deuda con acceso a los mercados internacionales permitiría una mejor defensa de los dólares que está acumulando el Central. En otras palabras, en vez de recurrir a divisas propias para pagar deuda se abre una ventaja para refinanciar esos vencimientos con nuevas colocaciones.

Desde Puente indicaron que las nuevas garantías que ofrece el Banco Mundial permitirán colocar nueva deuda por alrededor de 4.000 millones de dólares. Se trata de un nuevo espaldarazo otorgado por el gobierno norteamericano para el gobierno argentino, teniendo en cuenta que Estados Unidos siempre conserva la presidencia del organismo y tiene un fuerte peso específico en el mismo.

Las líneas comerciales obtenidas bajo este esquema estructurado contarán con un plazo de vencimiento a seis años y contemplarán un período de gracia de tres años, a tasas inferiores que las de mercado.

“Con la confirmación del paquete de garantías aprobado por el Banco Mundial, el equipo económico puede dar por cerrado el programa financiero de este año, asegurando un puente de liquidez clave que despeja los compromisos financieros, incluyendo el pago de bonos soberanos de principios de 2027”, agregaron desde Puente.

Tras la mejora en la calificación de la deuda por Standard & Poor’s y el anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, los bonos argentinos subieron y se profundizó la caída del riesgo país, que el martes cerró en 430 puntos básicos (p.b.), el nivel más bajo de los últimos ocho años.

Y si bien el Gobierno lo festejó, ahora se plantea un nuevo dilema en el mercado: el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene que salir a emitir deuda en el mercado internacional al menos como una señal para demostrar que puede rollear los pagos del 2027 o debe mantener su estrategia de buscar otros mecanismos de financiamiento.

La baja del riesgo país a niveles que no se veían desde 2018 reactivó el debate entre los analistas financieros y el sector público acerca de cuál debe ser el próximo paso del Gobierno en materia de financiamiento. El descenso comenzó el jueves pasado, cuando el indicador bajó 60 p.b. y se ubicó en 443. El viernes continuó con una baja de 6 p.b., hasta 437, y el lunes sumó otro retroceso de 12 p.b. a 425 p.b. El mercado respondió de manera positiva no solo al contexto internacional, sino también a la percepción de mayor estabilidad financiera.

Para Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go, este es un momento propicio para aprovechar las condiciones externas. “Es un buen momento para salir al mercado internacional. Generalmente, hay ventanas en donde uno puede colocar; después pueden surgir imprevistos y esas ventanas perderse”, explicó. El economista consideró, además, que sería positivo para el Gobierno adelantar el prefinanciamiento de los vencimientos de enero próximo, ya que en el segundo semestre suele haber menos oferta y se vuelve más difícil conseguir dólares en el exterior.

La idea de aprovechar la oportunidad y emitir deuda internacional se consolidó entre varios referentes del sector privado. Ricardo Delgado, presidente de Analytica, sostuvo que “es importante que el Gobierno despeje el programa financiero de acá hasta las elecciones del año que viene, sería una buena señal que descomprimiría aún más el riesgo y haría que se alejaran las turbulencias preelectorales”. Según Delgado, esto permitiría no solo fortalecer la estabilidad financiera, sino también dar un mayor margen de maniobra al sector externo y favorecer a la economía real.

En la misma línea, Christian Buteler opinó que la señal de volver al mercado internacional ya era conveniente incluso con un riesgo país más alto. “Ya era momento de salir, incluso con el riesgo país en 525 puntos básicos”, afirmó el analista financiero. A su juicio, el valor de mostrar acceso al financiamiento internacional superaba una diferencia de tasa de uno o un punto y medio en una colocación de USD 1.000 millones, porque esa señal podía acelerar la baja del riesgo país. “A estos valores estoy totalmente a favor de salir al mercado, aprovechar esta ventana que te está dando a una mejor tasa, incluso a la que teníamos hace un mes”, remarcó.

Pero no solo son los analistas quienes le recomienda a Caputo que debe salir a colocar deuda en el mercado internacional sino también los organismos internacionales en los que se basa una parte de su estrategia financiera. Este lunes, cuando se conoció la aprobación de la garantía por USD 2.000 millones del Banco Mundial, en el comunicado, resaltaron que este debe ser el objetivo. “El directorio del Banco Mundial y el del MIGA aprobaron hoy un paquete de financiamiento innovador para apoyar la agenda de reformas de Argentina y ayudar a restablecer su acceso a los mercados internacionales de capital”, escribieron.

La postura oficial

El ministro Caputo no niega que el fin último es salir al mercado internacional, lo que sostiene es que mientras existen otras mecanismo de financiamiento más baratos deben priorizarse estos.

La semana pasada, en el Congreso de IAEF, defendió la estrategia de priorizar mecanismos de financiamiento a menor costo. “Nuestra obligación es refinanciar la deuda a la tasa más baja posible”, señaló. Además, subrayó que muchas empresas acceden a tasas inferiores a las del soberano, y que el Estado no debe pagar más caro si existen métodos alternativos. “No tendría sentido buscar refinanciar deuda al 9,5% si lo podemos hacer al 6,5%”, ejemplificó.

Caputo rechazó la idea de que sea necesario salir al mercado solo para dar una señal de confianza. “No necesitamos probarle nada al mercado. El mercado sabe que tenemos acceso”, respondió ante los planteos sobre la conveniencia de emitir deuda externa. Explicó que, en la actualidad, el Gobierno consigue financiamiento a través de emisiones locales y de organismos multilaterales a tasas más bajas. “¿Cuál sería el sentido de hacerle pagar a los argentinos una tasa más alta?”, se preguntó.

Así, mientras el indicador de riesgo país continúa en niveles mínimos, el debate sigue abierto entre quienes consideran que existe una ventana de oportunidad que podría cerrarse y quienes defienden la prudencia y la cautela oficial ante las condiciones del contexto financiero internacional. Los analistas insisten en la importancia de anticipar el financiamiento para despejar el horizonte electoral, mientras que el Gobierno se aferra a su estrategia de buscar las mejores condiciones posibles para cada emisión.

De cara al vencimiento de julio por USD 4.200 millones con bonistas, Caputo no tiene la necesidad de salir al mercado internacional dado que prácticamente ya cuenta con los dólares para afrontar el vencimiento gracias a la colocación del Bonar 2027 y Bonar 2028. Al 12 de junio, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro eran de USD 2.915 millones mientras que los en moneda local de $11,5 billones.

Hubo toma de ganancias en los mercados. No era lo que se esperaba pero el acuerdo de Estados Unidos con Irán y los ataques de Israel ponen en duda el final del conflicto en Medio Oriente. Además, otros temores llegan del exterior y contagian, como el temor a una burbuja en las acciones de inteligencia artificial que tendrían un efecto dominó sobre las economías del mundo.

Los inversores optaron por la cautela pese a las noticias positivas difundidas al cierre de la rueda. Además de la inversión récord en minería, el Banco Mundial aprobó una garantía por USD 2.000 millones que permitirá a la Argentina acceder a nueva deuda. A este respaldo se sumará hoy el BID, con otros USD 550 millones, lo que facilitará que el país solicite préstamos al mercado internacional de capitales por un monto total de hasta 4.000 millones de dólares.

De esta manera, el equipo económico evitará utilizar las reservas de libre disponibilidad, un recurso clave para atender la demanda de dólares prevista para 2027, año en el que se celebrarán elecciones.

Se estima que si la Argentina sale al mercado internacional con este riesgo país de alrededor de 425 puntos y con la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos en retroceso (ayer bajó a 4,43%) podría conseguir fondos a una tasa de 6,5%, similar a la que paga hoy por bonos a dos años.

Con un dólar debilitado a pocas horas del anuncio de la Reserva Federal sobre la continuidad de las tasas de referencia, la divisa se revaluó en el mercado local. En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se registraron operaciones por USD 723,8 millones, de los cuales el Banco Central adquirió USD 79 millones, lo que permitió incrementar las reservas en USD 255 millones y ubicarlas en 47.655 millones de dólares. El dólar mayorista avanzó $8,50 (+0,6%) hasta 1.436,50 pesos.

La consultora F2 de Andrés Reschini señaló que “el volumen operado en futuros se contrajo por tercera rueda consecutiva hasta los 768.698 contratos y el interés abierto sufrió un desarme neto de USD 25 millones. Mientras tanto en la rueda de soberanos dollar linked (BYMA, t+1) se operaron USD 118 millones (VN) un volumen que es levemente inferior al registro de la jornada previa. La curva de sintéticos mejoró el atractivo del tramo más corto por una caída en la tasa implícita de fin de junio y tasas en pesos más altas".

“Por lo tanto, en la hipótesis de que la participación del BCRA en soberanos sea similar a la de la rueda anterior, habría conseguido mejorar las condiciones para el carry trade (apostar a inversiones en pesos). Pero, además, el mercado se habría quedado con una porción mayor de la rueda spot. Al mismo tiempo, la Secretaría de Finanzas anunció para mañana un canje del TZV26 (DL) que vence a fin de junio por una letra con vencimiento el 31 de julio y un bono con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 para suavizar las presiones sobre el mercado de cobertura y, eventualmente, sobre el spot que este tipo de vencimientos genera dejando sobre las espaldas del Tesoro la carga de la cobertura en lugar de forzar al BCRA a intervenir con ventas de bonos y/o futuros”, sumó el reporte.

En tanto, los bonos soberanos tuvieron leves alzas que se destacan porque en la rueda de ayer hubo una baja generalizada de emergentes. El índice que los representa bajó 1,6 por ciento. El riesgo argentino aumentó 5 unidades (+0,10%) a 430 puntos básicos.

El S&P Merval de las acciones líderes soportó una toma de ganancias que lo llevó a ceder 2,92% en pesos y 3,18% en dólares. Las bajas más importantes fueron en YPF (-8%), tras el derrumbe del petróleo en el mundo y, consecuentemente, de Transportadora Gas del Sur con 4,9% porque el retroceso del crudo provocó la baja del gas.

En paralelo, las tasas de interés tuvieron una leve suba a entre 1,7% y 1,8% desde fin de junio hasta fin de abril próximo.

En el exterior, el mercado overnite operaba con leves alzas en los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York. mientras el oro no terminaba de afirmarse. Los analistas estiman que el metal está ofrecido por la necesidad de dólares para comprar petróleo y reponer las reservas estratégicas y para pagar la compra de IPOS (nuevas acciones de empresas) que se están lanzando al mercado.

En tanto, el petróleo Brent y el WTI parecen haber detenido su caída y los futuros cercanos cotizaban neutros. El dólar estaba cediendo ante las principales monedas del mundo. Es notorio que el optimismo inicial por el acuerdo de paz con Irán, encontró un límite y quedaron pocas, pero importantes preguntas sin responder.

Se espera que hoy el mercado argentino ponga en precio los buenos anuncios del Banco Mundial a la par de que se conozca el apoyo del BID para permitir que la Argentina salga a fin de mes al mercado internacional de capitales.

En mayo, la Administración Central redujo deuda con el Banco Central de la República Argentina tras recomprar parcialmente Letras Intransferibles con dividendos que el ente monetario transfirió al Tesoro.

En el quinto mes del año, las operaciones de deuda pública de la Administración Central ascendieron a USD 78.084 millones e incluyeron financiamiento, canjes, capitalizaciones, pagos, ajustes y cancelaciones. El saldo neto registró una reducción de compromisos con el Banco Central por USD 22.284 millones, atribuida a la cancelación parcial de Letras Intransferibles con rentas de propiedad transferidas por el ente monetario.

A mediados de mes, el Banco Central de la República Argentina puso a disposición del Tesoro Nacional $24,4 billones en concepto de dividendos del ejercicio 2025, tras la aprobación del directorio sobre el estado contable del año.

La Secretaría de Hacienda informó que los fondos se distribuyeron en dos operaciones: $6 billones se destinaron a la constitución de depósitos del Tesoro en el Banco Central y $18,4 billones a la recompra de Letras Intransferibles en cartera del organismo. Con esa operación, la deuda pública consolidada con el ente monetario quedó en USD 30.306 millones.

El objetivo fue reducir la deuda bruta del Estado y modificar la composición patrimonial del ente monetario

La medida se oficializó mediante la Resolución Conjunta 27/2026 publicada en el Boletín Oficial, que habilitó la recompra de Letras Intransferibles al Banco Central. En el Ministerio de Economía resaltaron que el objetivo fue reducir la deuda bruta del Estado y modificar la composición patrimonial del ente monetario.

Qué son las Letras Intransferibles

Las Letras Intransferibles son títulos de deuda que el Tesoro Nacional comenzó a emitir en enero de 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y se entregaron al Banco Central a cambio de reservas internacionales. Se utilizan únicamente para pagos de deuda pública externa y no cotizan en el mercado de valores.

Con el paso de los años, el stock se incrementó y pasó a representar un componente relevante del activo del ente monetario. Para analistas y para el equipo económico del presidente Javier Milei, ese mecanismo implicó la descapitalización del Banco Central.

Stock según moneda y legislación

La cartera que dirige Federico Furiase informó que en mayo de 2026 el stock de deuda bruta se redujo a USD 479.273 millones, de los cuales USD 476.743 millones se encontraron en situación de pago normal. También destacó que se extendió el plazo medio de las nuevas colocaciones para cancelar vencimientos, con reducción de las tasas de interés.

Por tipo de legislación, en mayo la deuda en moneda local representó el 65,9% del total, mientras que el 34,1% restante correspondió a moneda extranjera.

Evolución consolidada y movimientos con organismos internacionales

En términos de PBI, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central bajó en mayo a 57,2%, casi dos puntos porcentuales respecto de abril, según la estimación implícita del producto por parte del Banco Central en los agregados monetarios.

Las operaciones de deuda con organismos internacionales -excluyendo al FMI-, destinadas a recapitalizar el Banco Central y financiar reformas sin requerimiento legislativo, junto con el efecto de la valuación de divisas, se estabilizaron en USD 38.786 millones.

El saldo del préstamo del FMI aumentó en USD 911 millones, reflejando la variación de monedas frente al dólar y cancelaciones netas derivadas del retraso en el desembolso esperado.

Por diferencias de cambio, los Adelantos del Banco Central transferidos a la Tesorería disminuyeron en USD 61 millones y se ubicaron en USD 2.901 millones.

El saldo del préstamo del FMI aumentó en USD 911 millones, reflejando la variación de monedas frente al dólar y cancelaciones netas

La deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 12.154 millones -aumentaron en USD 4.719 millones-, totalizó en mayo de 2026 USD 467.119 millones, y se redujo en USD 22.122 millones en comparación con el mes previo.

Composición del endeudamiento por instrumentos

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) detalló la composición de la deuda pública por instrumento, moneda, tasa de interés y factor de ajuste.

El 56% correspondió a deuda en pesos ajustable por CER, con instrumentos cuyo capital se ajusta por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que sigue la evolución de la inflación:

• Boncer y Lecer: a tasa cero, algunos amortizan semestralmente y otros al vencimiento, y a tasa fija (con TNA entre 1,2% y 4,5%) con amortización semestral.
• Discount, Par y Cuasipar: emitidos en la reestructuración de 2005-2010.
• Pagarés y préstamos garantizados.

El 41% fue deuda en pesos sin ajuste, con instrumentos cuyo capital no está sujeto a ajustes por inflación ni tipo de cambio, e incluye instrumentos capitalizables y no capitalizables:

• Títulos públicos con tasa de interés fija que capitaliza periódicamente y amortización al vencimiento.
• Lecap: Letras del Tesoro a corto plazo, devengan una tasa fija que capitaliza mensualmente y pagan al vencimiento. Amortizan al vencimiento.
• Boncap: similares a las Lecap, pero con un plazo mayor al año.
• Letras capitalizables a una tasa de interés variable, Tamar (mayorista).
• Bonos capitalizables a tasa dual: amortizan al vencimiento y devengan intereses que capitalizan mensualmente a la tasa mayor entre dos opciones.
• Instrumentos no capitalizables: Bocones PR17; bonos tasa Badlar; Bonos del Consenso Fiscal; Adelantos Transitorios del Banco Central; uso del FUCO (Fondo Unificado de Cuentas).

El 3% correspondió a deuda denominada en dólares estadounidenses pagadera en pesos: Bonos y Letras del Tesoro cuyo capital, denominado en dólares, se ajusta según la evolución del tipo de cambio mayorista (Comunicación A 3500 del Banco Central), e incluye Bonos USD linked y Lelink, además de Bonos duales 2036 emitidos bajo el DNU 164/2023.

Endeudamiento neto durantela gestión ilei

En comparación con noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central aumentó en USD 53.979 millones a mayo último. Al considerar las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro durante los primeros meses de 2024 y la variación de depósitos oficiales, el stock consolidado en los primeros 30 meses de la presidencia de Javier Milei presentó una disminución neta de USD 19.832 millones.

Ese resultado se descompuso en un alza de USD 22.364 millones con organismos internacionales y baja de USD 42.196 millones en el agregado del sector público y privado.

En términos de PBI, la deuda consolidada de 57,2%, fue la menor proporción desde julio de 2025, y casi dos puntos porcentuales por debajo de la heredada de noviembre de 2023, tras un pico de 76,3% en diciembre de ese año por el sinceramiento cambiario y la eliminación de la brecha con los tipos de cambio alternativos.

Los mercados festejaron el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Hubo subas muy fuertes en Wall Street, pero también mantuvieron la tendencia alcista las acciones argentinas que cotizan en Nueva York y los bonos en dólares. Si bien hubo feriado local, los precios deberían mañana reflejar esta mejora, que se reflejó en una nueva caída del riesgo país hasta los 425 puntos básicos.

La normalización de los mercados obliga a volver a calcular algunas situaciones. Por ejemplo, un barril de petróleo a 100 dólares implicaba un ingreso adicional por exportaciones del orden de los 5.000 millones de dólares. La balanza energética apuntaba a un superávit inédito de 12.000 millones de dólares.

Pero ahora la situación cambia, porque el barril Brent cayó a USD 83, o sea un 17% menos que aquel valor. Esto significa que el ingreso por exportaciones será menor al que se había estimado y lo mismo ocurriría con el saldo de la balanza comercial.

¿Se mantiene la proyección de exportaciones a un récord de USD 100.000 millones para el 2026? Es muy probable que el volumen quede muy cerca aunque habrá que seguir mes a mes qué pasa con los precios del barril a nivel internacional.

Por otro lado, un precio demasiado alto del petróleo hubiera generado el peligro de una recesión global. En ese escenario, hubiera pesado más un impacto negativo en las ventas más que la suba de los precios. Por otra parte, la producción de Vaca Muerta aún con un precio del barril de entre USD 70 y USD 80 se mantiene muy rentable.

El acuerdo alcanzado el fin de semana incluye la apertura del estrecho de Ormuz para la navegación de barcos petroleros. Al mismo tiempo, Estados Unidos levantará el bloqueo sobre los puertos de Irán, lo que también agrega oferta petrolera especialmente para China.

La caída del barril no se traducirá automáticamente en una baja del combustible en el mercado local, pero al menos no agregará presión al índice en los próximos dos a tres meses. Esto ayudaría a prolongar el proceso de desinflación que ya lleva dos meses. La posibilidad de perforar el 2% en junio se mantiene, aunque el promedio de economistas que participa del Relevamiento de Expectativas de Mercado espera que ocurra recién en agosto.

Pero lo más relevante del proceso de paz en Medio Oriente está relacionado con un mejor clima para los mercados financieros, que impacta positivamente en los activos argentinos. Ahora la expectativa es ver una reducción adicional del riesgo país, que ya quedó cerca de perforar los 400 puntos básicos.

A medida que se acerca a estos niveles, crecen las chances de un regreso de Argentina a los mercados internacionales para emitir deuda. Esto no sucede desde el 2018, antes de que estallara la crisis cambiaria en el tercer año del gobierno de Mauricio Macri.

La tasa de interés a diez años en Estados Unidos cayó además por debajo del nivel de 4,50% anual, lo que le da más incentivo a los inversores a buscar opciones de riesgo.

A los niveles actuales de riesgo país, el Gobierno podría colocar deuda entre 8% y 9% anual en dólares, dependiendo de los plazos y los montos.

La acumulación de reservas, junto a la mejora de la calificación de deuda le dieron un fuerte envión a los bonos en dólares, que acumulan subas promedio de 10% en lo que va de 2026. Este riesgo país ya es el menor de la “era Milei” y se acerca a los niveles más bajos que tuvo la gestión de Macri.

Ahora se suma una mejora del ánimo de los inversores que sería el empujón que faltaba para que el país regrese a los mercados. La colocación de deuda internacional es un paso fundamental para conservar los dólares de las reservas que se fueron acumulando y poder refinanciar los vencimientos de deuda del 2027.

Tras anunciar la mejora de la calificación crediticia soberana de la Argentina, la agencia internacional S&P Global Ratings le subió la nota de ocho empresas argentinas de los sectores corporativo e infraestructura.

Luego de elevar la calificación del país a ‘B-/B’ desde ‘CCC+/C’, la calificadora ajustó en igual sentido la evaluación de transferencia y convertibilidad (T&C), llevándola a ‘B’ desde ‘B-’, y actualizó la nota de Aeropuertos Argentina 2000 S.A., Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (EDEMSA), Genneia S.A., Pampa Energía S.A., Telecom Argentina S.A., Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS), YPF Energía Eléctrica S.A. (YPF Luz) y YPF S.A. a ‘B’ desde ‘B-’.

Según informó S&P Global Ratings, la decisión sobre los títulos soberanos obedece a una reducción de las vulnerabilidades económicas y a una recuperación paulatina de la liquidez externa. La agencia consideró que estos elementos “sientan las bases para una recuperación económica sostenida”.

Desde la firma señalaron que la política de austeridad fiscal y otras medidas implementadas facilitaron el acceso del Estado argentino a financiamiento voluntario en los mercados de capitales, así como a préstamos de organismos internacionales. A su juicio, este acceso permitirá hacer frente a las necesidades sustanciales de servicio de deuda comercial en moneda extranjera previstas para 2026 y 2027.

En forma posterior a la decisión sobre la calificación soberana, S&P Global Ratings mejoró la nota crediticia de las ocho empresas argentinas mencionadas. Todas estas firmas, según el organismo, poseen perfiles de crédito independientes de al menos ‘B’ y superaron el test de estrés que permite ubicarlas un escalón por encima de la calificación soberana.

Las entidades cuya calificación fue mejorada son:

• Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
• Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (EDEMSA)
• Genneia S.A.
• Pampa Energía S.A.
• Telecom Argentina S.A.
• Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS)
• YPF Energía Eléctrica S.A. (YPF Luz)
• YPF S.A.

La perspectiva de las calificaciones para cada una de estas compañías es estable, lo que refleja la tendencia observada en la propia calificación soberana y la mejora en las condiciones de transferencia y convertibilidad para el sector privado argentino. S&P Global Ratings indicó que la actualización “permite reflejar una mejora en la capacidad de las entidades para soportar condiciones adversas asociadas a un default soberano y mantener suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones financieras”.

A pesar de que algunas de las firmas no enfrentan obligaciones materiales en moneda extranjera durante los próximos 12 meses, Standard & Poor’s alertó que su capacidad de largo plazo para cumplir con pagos en divisas depende del acceso al mercado de cambios. “La capacidad de largo plazo de estas entidades para realizar pagos en moneda extranjera depende de su acceso a divisas, ya que todas generan la mayor parte de su flujo de caja en el mercado local”, señaló el reporte.

El límite de la calificación de estas entidades sigue condicionado por la evaluación de transferencia y convertibilidad de Argentina, que fue mejorada a ‘B’ en este informe. Según la agencia, el riesgo de intervención estatal en la posibilidad de acceder, convertir y transferir fondos al exterior se redujo levemente, aunque la liquidez externa del país continúa siendo frágil y vulnerable ante posibles shocks. “Las calificaciones de estas entidades siguen limitadas por la evaluación de T&C de Argentina, que fue mejorada a ‘B’ desde ‘B-’, en función de una percepción de riesgo levemente menor de interferencia soberana”, aclaró.

El documento publicado por S&P Global Ratings subrayó que la mejora en las calificaciones crediticias de las empresas argentinas ocurre luego de la actualización en la nota soberana, y que todas las entidades alcanzadas poseen la capacidad de superar las condiciones adversas planteadas en los escenarios de estrés analizados por la agencia. “Ahora calificamos a estas entidades un escalón por encima de la calificación de largo plazo en moneda extranjera para Argentina, reflejando nuestra opinión de que podrían soportar las condiciones asociadas a un default soberano”, expresó la calificadora.

A pesar de la mejora crediticia, los analistas de la agencia estadounidense advirtieron que la Argentina aún enfrenta desafíos estructurales en materia económica y financiera. El escenario base contempla la posibilidad de tensiones económicas durante los próximos 12 a 18 meses, que podrían poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, destacaron la combinación de superávits fiscales continuos y la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central fortaleció el perfil de liquidez del Estado argentino.

Por último, la comunicación puso el énfasis sobre la persistencia de desequilibrios económicos y la vulnerabilidad de la liquidez externa. Pese a la mejora en las calificaciones, la agencia sostuvo que el contexto macroeconómico argentino requiere monitoreo constante y que las condiciones internacionales y locales podrían modificar el escenario en el corto y mediano plazo.

El riesgo país consiguió ayer perforar los 450 puntos y finalizó en el nivel más bajo en lo que va del gobierno de Javier Milei. La respuesta muy favorable de los mercados a la decisión de Standard and Poor’s de subirle la calificación a la deuda argentina, siguiendo los pasos de Fitch. La suba de los bonos en dólares dejó a la Argentina un poco más cerca de regresar a los mercados internacionales para conseguir financiamiento, algo que no sucede desde 2018.

Con este nuevo impulso, el país podría colocar deuda a diez años a una tasa de entre 8,5% y 9% anual en dólares. Hasta hace unos días todavía tenía que pagar rendimientos de dos dígitos.

Por ahora, el ministro de Economía, Luis Caputo, se viene resistiendo a colocar bonos en el mercado internacional. El argumento del titular del Palacio de Hacienda es que las tasas son muy altas y no tiene sentido tomar deuda cara en el mercado internacional, cuando hay fuentes más baratas de financiamiento.

Pero esta nueva disminución del riesgo país, que ayer finalizó a 443 puntos básicos, cambia el panorama. Ahora ya queda más accesible el ingreso al mercado internacional, que resultaría clave para blindar los pagos de deuda del año próximo.

Hay otro evento que le puede dar otro impulso a los bonos en dólares, que es el pago de los vencimientos de deuda de julio, por un total de 4.300 millones de dólares. Si, como es esperable, parte de esos fondos son reinvertidos en bonos argentinos entonces las cotizaciones pueden subir otro escalón.

En ese caso, y con algo de ayuda de un mejor clima en los mercados internacionales, el riesgo país podría caer a niveles de entre 350 y 400 puntos. En ese caso, la tasa de un bono en dólares emitido por el Gobierno perforaría el 8% anual en dólares.

La suba de los bonos argentinos también contagió a las acciones locales. Los ADR de los bancos volaron ayer, registrando por lejos las subas más importantes del año. Por primera vez, además, la cotización en lo que va del año de las entidades quedó positiva, luego de haber mostrado caídas de hasta 30% en la primera parte del año.

El ADR de Banco Macro subió 11,7% en Wall Street y ya acumula 10% de suba en 2026. Galicia trepó casi lo mismo y Supervielle otro 12,7 por ciento.

El índice S&P Merval medido en dólares también mantiene un sólido recorrido y ya se ubica en niveles de 2.240 dólares (tomando como referencia el tipo de cambio del contado con liquidación), por lejos el nivel más alto del año. El máximo que había tocado había sido de 2.400 dólares a fines de 2024.

Mientras tanto, los mercados globales acompañan esta gran recuperación. Los principales índices de Wall Street cerraron este jueves con importantes ganancias, recuperando parte del terreno perdido en la sesión anterior gracias al fuerte desempeño del sector tecnológico y a una mejora en el ánimo de los inversores frente a las tensiones geopolíticas internacionales.

El índice Dow Jones avanzó alrededor de 1,8%, mientras que el S&P ganó 1,7% y el tecnológico Nasdaq Composite lideró las subas con un salto cercano al 2,5 por ciento.

El mercado encontró apoyo en señales de una posible distensión en Medio Oriente, luego de que trascendieran avances diplomáticos que redujeron los temores a una escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. La moderación de esos riesgos contribuyó a una caída en los precios del petróleo y favoreció una mayor predisposición de los inversores hacia activos de riesgo.

Las compañías tecnológicas y vinculadas a la inteligencia artificial encabezaron la recuperación, tras haber registrado fuertes correcciones en jornadas previas. El renovado interés por el sector impulsó especialmente al Nasdaq, que volvió a ubicarse entre los principales motores del mercado estadounidense.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó este jueves el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER). Se trata del mecanismo incluido dentro de la Ley de Modernización Laboral que permite a los empleadores del sector privado regularizar trabajadores no declarados o con registración deficiente, con quitas de deuda de hasta el 90% y planes de pago de hasta 72 cuotas.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 5862/2026, publicada en el Boletín Oficial. La regla alcanza aquellas relaciones laborales del sector privado iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 que se encuentren vigentes al momento de la adhesión. Los empleadores tendrán plazo hasta el 28 de noviembre de 2026 para inscribirse, y podrán incluir obligaciones vencidas hasta el último día del mes en que presenten la solicitud. Es decir, hasta las correspondientes al período de octubre de 2026.

El régimen llega en un contexto de alta informalidad: según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la informalidad laboral alcanzó al 43% de los trabajadores en el cuarto trimestre de 2025, con más de 5,6 millones de asalariados fuera del sistema previsional. La construcción y el servicio doméstico concentran las tasas más altas, con 52,6% y 78% respectivamente.

El decreto también contempla casos detectados en inspecciones ya notificadas al empleador, siempre que la deuda no haya sido cancelada, aun cuando se encuentre en discusión administrativa o judicial. Quedan excluidas las relaciones laborales del sector público.

Las quitas según el tamaño del empleador

La quita de la deuda por aportes y contribuciones a la seguridad social varía según el tamaño del empleador. Las micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro verán perdonado el 90% de lo adeudado; las medianas empresas de los tramos 1 y 2, el 80%; y el resto de los empleadores, el 70%. Quienes opten por cancelar el saldo restante al contado obtendrán una reducción adicional del 50 por ciento.

Para el Fondo del Sistema Nacional del Seguro de Salud (FSR), Riesgos del Trabajo (ART) y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (SCVO), la condonación asciende al 100%, tanto del capital como de los intereses.

Plan de facilidades de pago

La deuda restante podrá financiarse a través del plan de facilidades habilitado por ARCA, con una tasa preferencial del 1% mensual. Las micro y pequeñas empresas y las entidades sin fines de lucro podrán acceder a hasta 72 cuotas, con un pago a cuenta del 3% del monto consolidado. Las medianas empresas contarán con hasta 48 cuotas y un anticipo del 4%, mientras que los demás empleadores tendrán hasta 36 cuotas con un pago inicial del 5%. El monto mínimo de cada cuota es de 50.000 pesos.

El plan caduca ante la falta de pago de dos cuotas, ya sean consecutivas o alternadas, o por no cancelar una cuota dentro de los plazos previstos. En ese caso, ARCA quedará habilitada para reclamar el total adeudado e iniciar acciones judiciales.

Cómo adherirse

Para inscribirse, los empleadores deberán registrar a los trabajadores no declarados, corregir fechas de ingreso posteriores a las reales o informar remuneraciones inferiores a las efectivamente pagadas. El trámite se realiza a través del servicio con clave fiscal “Simplificación Registral”, con posterior incorporación en las declaraciones juradas de seguridad social originales o rectificativas. El plan de facilidades se gestiona mediante el servicio “Mis Facilidades”, disponible en el sitio web de ARCA. Ambas herramientas estarán operativas a partir del próximo martes 16 de junio.

La regularización también produce efectos penales: la adhesión al régimen extingue la acción penal por delitos tributarios vinculados a las obligaciones incluidas, siempre que no exista sentencia firme a la fecha de adhesión. Además, los empleadores que se sumen al programa obtendrán la baja automática del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por infracciones constatadas hasta el 6 de marzo de 2026. El período regularizado será computado como tiempo de servicio a los fines de acreditar prestaciones jubilatorias, por invalidez y por desempleo.

El Congreso aprobó laLey de Modernización Laboral en febrero de 2026, aunque su entrada en vigor se demoró hasta fines de abril, cuando la Justicia levantó una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) que había suspendido más de 80 artículos de la norma. El nuevo marco incorporó modificaciones en los costos laborales, nuevos instrumentos para administrar la jornada de trabajo y una actualización de los procedimientos de resolución de conflictos judiciales. Los primeros efectos concretos ya se registran: esta semana, Mirgor, fabricante de electrónica y autopartes, firmó el primer acuerdo de banco de horas con el sindicato SMATA.

Nunca más oportuna elevación de la nota de la deuda argentina a B-/B por parte de Standard & Poor’s, la calificadora más dura. Hace tiempo se pensaba que S&P iba a mantener la calificación de la Argentina, pero cedió ante las últimas evidencias de solvencia para afrontar los compromisos financieros.

Por supuesto, contribuyó a que las ofertas por el Bonar 2028 que licitó el Tesoro fueran holgadas. Se ofrecieron USD 266 millones y se aceptaron los USD 200 millones anunciados a una tasa de 8,53% efectivo anual. Hoy se licitan USD 100 millones y son pocos los que dudan de que no se pueda cubrir ese cupo.

La suba en la calificación crediticia de la deuda argentina excluye a los denominados fondos buitres, ya que pierden margen para especular con un posible default. Ahora, pueden ingresar al mercado argentino inversores institucionales que antes estaban restringidos por normas internas, como fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos de inversión. Con la calificación en CCC, estos actores no podían acceder a los activos argentinos; la mejora les permite incorporarlos a sus carteras.

En simultáneo, la deuda de la ciudad de Buenos Aires recibió una calificación AAA, que no equivale a la máxima categoría a nivel internacional, pero la posiciona como la de mayor solidez dentro del país. Sus bonos se consideran los de menor riesgo y con la tasa más baja entre los títulos sub soberanos argentinos.

Todo esto sucedía mientras el mundo se sumergía en una masiva venta de acciones por el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán y que la inflación interanual norteamericana es de 4,2%, lo que garantiza una suba de tasas a fin de julio. El Nasdaq de las tecnológicas perdió casi 2% y el S&P 500, 1,62 por ciento. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se elevó a 4,56%, al mismo tiempo que el VIX, llamado “índice del miedo”, entraba en zona de alerta al superar los 20 puntos.

Los bonos argentinos fueron afectados por el movimiento y bajaron hasta 0,8% elevando 5 unidades (+1%) el riesgo país a 503 puntos básicos. En la región, fue el menos afectado; el índice de emergentes cayó 1,8 por ciento.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el dólar mayorista bajó $8,50 (-0,6%) a $1.433,50 con negocios por USD 528 millones que le permitió al Banco Central comprar 121 millones de dólares.

En la plaza financiera los dólares bajaron hasta 0,6 por ciento. El MEP y el contado con liquidación (CCL) cerraron en $1.452 y 1.508 pesos. El “blue” se puso a la altura del MEP y descendió $10 a 1.450 pesos.

La consultora F2 de Andrés Reschini destacó que la mejora en la calificación de la deuda “empareja con Ecuador, pero la diferencia con la argentina siguen siendo cerca de 100 puntos básicos de riesgo raís. La incertidumbre política siegue siendo un obstáculo y limita las mejoras que podría conseguir la deuda soberana con el upgrade”.

Sobre el dólar futuro indicó que “el volumen operado se incrementó a 1.395.361 contratos con ajustes negativos e implícitas en su mayoría corridas levemente a la baja. El interés abierto esta vez retrocedió USD 92 millones principalmente por el desarme de 101 millones en fin de junio. En la rueda de bonos dollar linked (BYMA, t+1) el volumen se hundió a 92 millones (VN) pero a pesar de que la demanda se haya mudado a la licitación de deuda del Tesoro donde los instrumentos de cobertura cambiaria captaron unos $1,74 billones (USD 1.232 millones VN) que es levemente inferior a los $1,81 billones (USD 1.295 VN) de la colocación anterior, sigue siendo un monto relativamente elevado”.

Por otra parte, el S&P Merval de las acciones líderes consiguió una suba de 0,08% ayudado por el alza de Cresud (+2,1%) y Transportadora de Gas del Sur (+1,9%).

Las tasas estuvieron influidas por la licitación del Tesoro donde cubrió con holgura los vencimientos. Se ofrecieron $7,4 billones, pero aceptó $6,12 billones para no convalidar suba de tasas. Ese monto representó un 120% de los vencimientos, lo que indica que absorbió pesos.

Según Inversiones Pergamino, el dato es positivo ya que el Tesoro “renovó deuda y obtuvo financiamiento neto, ayudando a ordenar las expectativas de corto plazo”. “La demanda volvió a concentrarse en instrumentos defensivos: bonos duales CER/TAMAR, dollar linked (cobertura contra devaluación) y AO28 hard dollar. Esto muestra que el mercado acompaña, pero sigue buscando cobertura entre inflación, tasa y tipo de cambio. También fue relevante la conversión de TZX26 (BONCER) y TTJ26 (bono Dual), que permite extender vencimientos y descomprimir parte del perfil de deuda 2026. En síntesis: licitación sólida, con buena demanda y rollover alto. Pero el mensaje sigue siendo claro: hay apetito por rendimiento, aunque todavía con prioridad en cobertura y protección”, sumó el reporte.

En el mercado overnite, que opera antes de la apertura de las plazas del mundo, las Bolsas de Nueva York no definían tendencia. El oro seguía en baja y cerca de perforar el piso de USD 4.000 por onza, mientras el petróleo Brent avanzaba 0,20% y el WTI, 2,40 por ciento.

El clima permanece adverso para los activos de riesgo y limita el desempeño de los bonos argentinos, debido a la fortaleza sostenida del dólar ante la expectativa de un posible aumento de tasas de interés en Estados Unidos.

La agencia financiera Standard & Poor’s (S&P) subió la calificación de la deuda argentina en moneda extranjera a largo plazo de CCC+ a B-, debido al avance del programa de austeridad fiscal y el aumento de compra de divisas por parte del Banco Central, entre otros factores. La decisión sigue a la mejora anunciada por Fitch Ratings a principios de mayo y los analistas anticipan que podría redundar en una baja del riesgo país y en un acercamiento a los mercados internacionales.

En su informe, S&P fundamentó la perspectiva estable en la expectativa de que el Gobierno mantenga el ajuste fiscal y que “el Banco Central aumentará sus reservas internacionales, sosteniendo el crecimiento económico y reduciendo la inflación”. La firma remarcó una menor vulnerabilidad económica y una mejora gradual en la liquidez externa, mientras el gobierno logra fondos emitiendo bonos en dólares, utilizando garantías de organismos oficiales y acuerdos con bancos globales.

S&P advirtió que aún persisten desafíos y que “es probable que persistan tensiones en los próximos 12 a 18 meses que podrían afectar la estabilidad económica”, aunque considera que el gobierno podrá enfrentarlos “sin caer en default ni en un canje de deuda estresado, según nuestras definiciones”.

Sobre los fundamentos institucionales, la calificadora señaló que “el historial de inestabilidad macroeconómica y los cambios bruscos de política económica afectan la credibilidad y previsibilidad de las instituciones argentinas”. También destacó los avances legislativos del gobierno de Javier Milei, pero subrayó que “la estabilidad macroeconómica será clave para su implementación”.

S&P proyecta un crecimiento económico de 2,7% para 2026 y de cerca de 3% en los años siguientes, con desempeño dispar entre sectores: minería, energía y agro muestran crecimiento, mientras otros enfrentan dificultades. En el plano monetario, la agencia indicó que “el ajuste fiscal sostenido, junto con una política monetaria estricta, es el ancla del plan económico”. Aunque la acumulación de reservas se aceleró, advirtió sobre la vulnerabilidad a shocks adversos.

Entre los aspectos positivos, S&P resaltó el desarrollo de recursos energéticos no convencionales y los avances en la autonomía del Banco Central, que “podrían mejorar gradualmente la credibilidad de la política monetaria”. Concluyó que la mejora en la calificación “equilibra los riesgos derivados de vulnerabilidades económicas persistentes con los resultados fiscales positivos y otras medidas que mejoran la liquidez del Estado”.

En diálogo con Infobae, Fernando Marull, titular de la consultora FMyA, destacó que las tres calificadoras -Fitch Ratings, S&P y Moody’s-, “ya van dos y eso es positivo para que le dé un empujón a los bonos y que baje un poco más el riesgo país”.

“Con esto, se puede acercar a 450 puntos básicos solamente por este efecto. Segundo, S&P era la más reacia y se convenció. La pregunta es por qué se convenció de mejorar la nota. Un poco por la compra de reservas, los nuevos préstamos que están cubriendo los bonares que está colocando el Tesoro”, opinó Marull.

Y continuó: “Tercero, eventualmente, los nuevos financiamientos que aparezcan del Tesoro Nacional como para cubrir parte de los vencimientos de 2026 y 2027. Además de todo, los equilibrios macro que vienen reconociendo, pero es más por la parte de que les gusta cómo se descomprimió el tema de la acumulación de dólares y el nuevo financiamiento. Así que es muy positivo”.

Coincidió Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, al señalar que este tipo de noticias ayudan a reducir el riesgo país. “Las calificadoras a veces llegan un poco tarde, tanto para revisar al alza como para revisar a la baja, pero el hecho de que se den estas revisiones consolidan lo que pueda estar pasando”.

“El proceso de baja del riesgo país va más allá de lo que diga la calificadora. Tiene que ver con la política fiscal y la mejora en la política macroeconómica en general. Desde el punto de vista financiero me parece que este año ya arrancó mejor, sobre todo por el tema de la compra de reservas, y de alguna forma es como que las calificadoras ahora lo ven y validan la mejora”, sumó.

En tal sentido, Tiscornia consideró que la calificación B- responde a que a la Argentina “la condena mucho su pasado de inestabilidad macroeconómica y de incertidumbre política y que obviamente, si bien estamos acumulando reservas, falta tener más reservas”. “Veremos si mueve para abajo la aguja del riesgo país”, acotó.

A su turno, Gabriel Caamaño, economista de la consultora Outlier, expresó que la mejora en la calificación de la deuda argentina “es una buena noticia porque abre la puerta a que haya más flujo externo en deuda”.

“Hay que ver hasta qué punto el mercado no lo venía anticipando también y puede ser que parte de la noticia ya estuviera precios. Está bien porque hasta altura Macri tenía una mejora más rápida y este Gobierno tiene equilibrio fiscal y Macri no, además de pagar todo. Este contexto internacional es más adverso ahora en materia de tasas, además. Nos pone más cerca del objetivo, que es volver al volver los mercados para terminar de normalizar la macro. Falta una calificadora más de las tres, pero tener dos con mejora de nota es muy positivo”, ponderó Caamaño.

“Esto es muy positivo. La Argentina opera con riesgo país en la zona de quinientos puntos, pero tiene una calificación crediticia que es parecida a la de Ecuador y, sin embargo, Ecuador opera entre 400-430 de riesgo país. Así que o la Argentina está con un rating demasiado alto o los bonos están subvaluados. Yo creo que lo segundo”, aportó Gustavo Neffa, director de Research for Traders.

Y prosiguió: “La macro hace un delivery importante, es decir, justifica la recalificación, pero el miedo sigue latente entre los inversores para no convalidar un riesgo país mínimamente un 20% más abajo, en la zona de 400 puntos o similar, acoplado a la cifra de Ecuador".

Desde la perspectiva de Matías de Luca, jefe de Research de Parakeet, “algo viene estando metido en precios en el mercado, mientras que las calificadoras se mueven más lento, pero que las expectativas se convaliden con las noticias es lo relevante”.

“Con 2 de 3 calificadoras que nos suben el rating de CCC a B- , Argentina deja de ser deuda en distress (muy alto riesgo de default) a ser un riesgo ‘especulativo’ si se quiere, pero con capacidad de pago. Eso incluso habilita a que inversores institucionales compren deuda argentina que antes no podían. Por lo que puede significar una afluencia de plata significativa que empuje un poco más el riesgo país a la baja y le facilite al Gobierno refinanciar su deuda en dólares“, argumentó de Luca.

El analista financiero, Christian Buteler, sostuvo que la decisión de S&P de revisar al alza del rating soberano del país “es una buena noticia”. “Objetivamente, mejorar la calificación siempre es algo es algo positivo, sobre todo para un país como la Argentina, que necesita tanto llegar a un nivel de riesgo país que nos permita rolear la deuda a una tasa razonable. Está claro que mejorar la calificación acerca hacia ese hacia ese objetivo. Sin ninguna duda es una muy buena noticia”, manifestó.

Al mismo tiempo, un informe de Balanz remarcó que la suba de la calificación financiera se sustenta en una mayor liquidez para repagar la deuda y en el equilibrio fiscal. “¿Por qué es importante? La mejora en el rating crediticio puede ayudar a bajar el riesgo país. Fondos institucionales que solo pueden invertir en bonos soberanos con calificación B- o superior ahora podrían aumentar su exposición a Argentina“, indicó.

En paralelo, Agustín Etchebarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso, apuntó que “no es un punto de llegada” sino “una confirmación de dirección: superávit fiscal, caída de la inflación, normalización macro y recuperación de credibilidad. La Argentina vuelve lentamente al mundo del crédito”.

Por último, Andrés Reschini, de la consultora F2, le dijo a Infobae: “Desde ya que toda mejora en el rating crediticio es una buena noticia. Con la upgrade de S&P Global Argentina se empareja con Ecuador pero a diferencia de este, el primero tiene alrededor de 100 puntos de riesgo país más".

“Si bien puede que esta noticia genere alguna mejora en la deuda soberana local en moneda extranjera creo que la incertidumbre sobre qué pasará luego del mandato de Javier Milei sigue limitando el efecto del upgrade“, concluyó Reschini.

Tras el anuncio de mejora de la calificadora Fitch Ratings a comienzos de mayo, la agencia internacional Standard & Poor’s (S&P) mejoró la calificación de la deuda en moneda extranjera a largo plazo de la Argentina al elevarla de CCC+ a B-, lo que obedece al avance del programa de austeridad fiscal y al aumento de reservas internacionales por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA)

“Nueva mejora. Clasificaciones a largo plazo de Argentina elevadas a ‘B-’ por S&P”, celebró el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta oficial de X.

En su informe, la calificadora sostuvo que la perspectiva estable para las calificaciones de largo plazo se fundamenta en la expectativa de que el Gobierno continuará con el ajuste fiscal y que “el Banco Central aumentará sus reservas internacionales, sosteniendo el crecimiento económico y reduciendo la inflación”.

S&P indicó que la mejor calificación refleja una menor vulnerabilidad económica y una mejora gradual en la liquidez externa, lo cual “sienta las bases para que continúe la recuperación económica”. Según la agencia, el gobierno argentino “ha obtenido fondos mediante la emisión de bonos en dólares en el mercado local, garantías de organismos oficiales y acuerdos de recompra con bancos globales para cumplir con los pagos de su deuda externa comercial”. La combinación de superávits fiscales y acumulación de reservas por parte del Banco Central fortaleció la posición de liquidez del Estado.

El reporte advierte, de todos modos, que persisten desafíos y que “es probable que persistan tensiones en los próximos 12 a 18 meses que podrían afectar la estabilidad económica”. S&P considera que el gobierno debería poder afrontar estos retos “sin caer en default ni en un canje de deuda estresado, según nuestras definiciones”.

En cuanto a los fundamentos institucionales, la calificadora remarcó que “el historial de inestabilidad macroeconómica y los cambios bruscos de política económica afectan la credibilidad y previsibilidad de las instituciones argentinas”. Además, destacó los avances legislativos logrados por la administración de Javier Milei para sentar las bases de un crecimiento sostenible, aunque subrayó que “la estabilidad macroeconómica será clave para su implementación”.

Standard & Poor’s proyecta un crecimiento económico de 2,7% para 2026 y alrededor de 3% en los años siguientes. La agencia detalla que el desempeño sectorial resulta dispar, con industrias exportadoras como minería, energía y agro creciendo, mientras que otras ramas enfrentan dificultades.

Sobre la política monetaria y la inflación, S&P subrayó que “el ajuste fiscal sostenido, junto con una política monetaria estricta, es el ancla del plan económico”. Si bien reconoce que la acumulación de reservas internacionales se aceleró a lo largo de 2026, alertó que el país “sigue siendo vulnerable a shocks adversos”. Según sus previsiones, la inflación promedio bajaría a 32% en 2026 y se acercaría al 9% en 2029.

Entre los factores positivos, la calificadora destacó el desarrollo de recursos energéticos no convencionales, que “debería impulsar el crecimiento y la balanza de pagos en los próximos años”. También valoró los avances en autonomía del Banco Central, que “podrían mejorar gradualmente la credibilidad de la política monetaria”.

S&P concluyó que la mejora en la calificación “equilibra los riesgos derivados de vulnerabilidades económicas persistentes con los resultados fiscales positivos y otras medidas que mejoran la liquidez del Estado”. La agencia anticipó que podría subir la nota si la previsibilidad de la política económica facilita el acceso sostenido a liquidez externa y limita la volatilidad económica, siempre dentro de un marco de crecimiento y compromiso con el ancla fiscal.

El antecedente de Fitch Ratings

La decisión de la calificadora de riesgo se da a un mes de que Fitch Ratings, otra de las firmas que se encarga de puntuar la nota crediticia de los países, mejoró la calificación argentina al subirla de CCC+ a B-.

En este caso, la mejor respondió a “balances fiscales y externos estructuralmente mejorados, avances en reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas en moneda extranjera y la expectativa de que el gobierno logrará financiamiento suficiente para cubrir sus obligaciones de deuda”.

La firma internacional destacó que la situación externa de Argentina se robusteció luego de que el país pasara a ser exportador neto de energía. “Argentina ha fortalecido su resiliencia ante el shock global de precios de la energía”, indicó. Además, proyectó que el déficit de cuenta corriente será equivalente al 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026, “sensiblemente por debajo de la mediana de países con calificación similar”.

En relación a las reservas, Fitch Ratings señaló que el Gobierno enfocó su estrategia en incrementar el stock de divisas, con compras acumuladas por más de USD 10.000 millones hasta junio. “Las reservas internacionales netas siguen siendo bajas al considerar los pasivos de corto plazo, aunque esperamos que aumenten en USD 8.000 millones en línea con la nueva meta del acuerdo con el FMI”, detalló la agencia a comienzos de mayo.

El documento enfatiza que el equilibrio fiscal continúa como un pilar de la política económica. “El presupuesto equilibrado sigue siendo el principal ancla de la política fiscal, marcando una ruptura significativa respecto del pasado”, sostuvo la calificadora, que prevé un superávit primario de 1,1% del PBI y anticipa que el déficit general argentino se ubicará entre los mejores dentro de la categoría B.

El análisis indicó que el crecimiento económico se focalizó en sectores como minería, petróleo y gas, agricultura e intermediación financiera, en tanto que la construcción y la industria presentaron estancamiento o retracción. Para 2026, la proyección es de una expansión del 3,2 por ciento.

De cara a los comicios presidenciales y legislativos previstos para 2027, la calificadora señaló que “la oposición se mantiene débil y fragmentada, aunque el bajo crecimiento y la inflación afectan la popularidad del gobierno”. “Los mercados financieros siguen siendo sensibles a este tipo de acontecimientos políticos, como se observó antes de las elecciones de medio término del año pasado, y Argentina continúa siendo vulnerable a un shock de confianza, especialmente si la contienda electoral anticipa un cambio significativo respecto de las políticas actuales”, subrayaron los analistas.

El gobierno de Javier Milei consiguió otros USD 200 millones mediante la colocación de un bono en dólares en el mercado local, recursos que serán destinados a atender compromisos de deuda en moneda extranjera por USD 4.300 millones de julio. Además, logró renovar todos los vencimientos en pesos y, de esta manera, no liberó liquidez en el mercado.

Durante la licitación de este miércoles, la Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $6,12 billones, tras recibir ofertas por 7,40 billones de pesos. Esta demanda permitió superar ampliamente los vencimientos programados para la jornada y garantizar la totalidad de los pagos en moneda local. “Esto significa un rollover de 120,42% sobre los vencimientos del día de la fecha”, detalló el comunicado oficial.

Entre los instrumentos adjudicados sobresalió el bono AO28, denominado en dólares, por el que el Gobierno obtuvo USD 200 millones a una tasa interna de retorno anual (TIREA) de 8,63 por ciento. Este título forma parte de la estrategia del Gobierno para afrontar el pago con bonistas del mes que viene. Ya se emitieron un total de USD 1.534 millones y restan por colocar USD 466 hasta llegar al tope estipulado.

El resto de la licitación se concentró en títulos ajustados por CER y TAMAR, así como bonos dólar linked, todos con distintos plazos y rendimientos.

En el segmento de bonos ajustados por CER y TAMAR, se adjudicaron $1,45 billones en el TXMD8 (vencimiento en diciembre de 2028), $0,83 billones en el TXMD9 (diciembre de 2029) y $2,11 billones, más del 30% de lo licitado, en el TXMJ0 (junio de 2030), con tasas que oscilaron entre 4,76% y 9,30% TIREA, según el índice de ajuste.

En cuanto a los bonos dólar linked, se colocaron $1,62 billones en el D31G6, con vencimiento en agosto de 2026 y una tasa de 5,49% TIREA, y $0,12 billones en el TZVD8, con vencimiento en diciembre de 2028 y una tasa de 8,34% TIREA.

“La extensión de la vida promedio de la cartera en la licitación fue de 2,71 años, en la conversión de títulos de 3,29 años y el total del promedio ponderado de la cartera fue de casi 3 años”, destacó Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo.

Por su parte, el analista de Buenos Aires Valores, Martín de la Fuente, evaluó que se trató de una “buena licitación” para el Tesoro. "El menú de por sí era agresivo en el sentido de que eran 5 aperturas, siendo el título más corto del menú (excluyendo el D31G6) el TXMD8 (2,5 años de duration), por lo que el mismo menú empujaba al mercado a extender duration".

“Esto se vio reflejado en el plazo promedio de emisión, que marcó una fuerte suba de 553 días respecto a la licitación pasada, cerrando en 938 días (2,57 años de duration el total del menú)”, detalló respecto a cómo se lograron estirar los plazos de los vencimientos.

A la vez, de la Fuente sostuvo que si bien en esta subasta vencían unos $5,3 billones, en la próxima, que tendrá lugar a fines de junio, Economía deberá afrontar compromisos por 23,5 billones de pesos. La abultada cifra motivó al equipo económico a ofrecer un canje de TZX26 y TTJ26, dos instrumentos que representan casi el 60% de los vencimientos de fin de mes con el objetivo de descomprimir la carga financiera.

En tanto, el economista de la consultora Econviews, Alejandro Giacoia, destacó que coincidió en que “en la licitación de hoy el Tesoro colocó deuda a un plazo promedio ponderado de 938 días”, lo que refleja “el plazo más largo para licitaciones en pesos desde febrero de 2024.

El Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” le envió el martes 8 de junio una carta formal a la directora provincial de Prestaciones del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Nadia Daciuk, en la que desmiente punto por punto los argumentos de la obra social bonaerense para no pagar una deuda que asciende a $8.278.254.990,97 en concepto de capital, sin incluir los intereses devengados desde la mora.

La misiva, firmada por la presidenta del Consejo de Administración del hospital, Mariel Sánchez, responde a una comunicación de IOMA en la que la Provincia de Buenos Aires informó que se niega a cancelar el saldo restante.

Esta mañana, desde el hospital nacional de pediatría emitieron un comunicado en tono similar: “El gobernador Axel Kicillof miente, la deuda con el Hospital Garrahan es de más de $8.278 millones”, afirma y recuerda que las acreencias crecen “día a día con cada paciente que atendemos en el hospital” y que “los pagos que menciona el gobierno de Kicillof son pagos parciales a cuenta de deuda vencida, que además se imputarán primero a cancelar intereses”.

las autoridades nacionales también recordaron que “814 niños esperan prótesis de la Provincia de Buenos Aires para poder ser operados” en ese hospital.

La carta del Garrahan

La carta llega en el marco de un conflicto que se arrastra desde 2017 y que, en las últimas semanas, se agudizó tras los dichos del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien aseguró públicamente que IOMA había saldado su deuda con el Garrahan con el pago de más de $1.230 millones, y afirmó que no mantiene obligaciones impagas con la institución pediátrica. La obra social provincial también planteó la necesidad de revisar el esquema de relación prestacional. Una auditoría interna de la obra social bonaerense puso en cuestión buena parte de los reclamos. Según advierten, el 85 por ciento de los montos exigidos carecía de respaldo documental, técnico o normativo, e incluso en muchos casos no estaba facturado formalmente.

El hospital nacional rechaza esa versión de manera categórica.

La posición del IOMA

En diálogo con Infobae, Homero Giles, el presidente de IOMA expresó: “Nosotros tenemos toda la documentación, los invitamos a auditar en conjunto con nosotros, a ver la documentación de todos esos débitos que hicimos, que está todo muy bien estudiado, armamos un equipo ad hoc para eso. Hay que armar un equipo para eso. Estuvimos meses auditando y estudiando toda la documentación y ese resultado llegamos”. Giles se refiere a los 1.200 millones de pesos saldados por la obra social al Garrahan y amplió: “Nuestra única finalidad es firmar un convenio nuevo con el Garrahan, ordenar la situación y si hay que corregir algún débito, desde ya que se corregirá. Para eso hay que armar una auditoría en conjunto. En la carta del Garrahan no contestan si quieren firmar convenio con nosotros o no. No contesta si van a venir a auditar en conjunto con nosotros, como lo invitamos en la nota nuestra”, y adelantó: “Nos vamos a comunicar nuevamente con el Garrahan a decir que simplemente queremos sentarnos a trabajar con ellos y firmar un convenio nuevo. Para nosotros la deuda está saldada. Pero si para ellos no, hay que sentarse a trabajar con nosotros y dejar la discusión política de lado que impone el gobierno nacional porque eso no tiene sentido con nosotros”.

La deuda según Nación

Fue la Gerencia de Finanzas y Contabilidad del Garrahan quien intimó a IOMA a saldar lo que se le adeuda. El documento -al que accedió Infobae- distingue dos tramos del pasivo. La deuda corriente, aún no judicializada, según las autoridades del hospital de pediatría, asciende a un capital actualizado de $7.732.955.812,05 más intereses por mora, y corresponde a las facturas N.º 158619, del 5 de febrero de 2025, hasta la N.º 165679, del 30 de abril de 2026, todas vencidas y plenamente exigibles.

El segundo tramo es la deuda judicializada: $545.299.178,92 más intereses, radicada en el Expediente N.º 9793-2025 ante el Juzgado Civil y Comercial Federal N.º 8, secretaría 16. Ese tramo incluye facturas que se remontan al 11 de septiembre de 2017 —factura N.º 112776— hasta la N.º 158275, del 10 de enero de 2025.

El total de ambos tramos supera los $8.278 millones y cubre servicios asistenciales prestados a 44.447 afiliados de IOMA desde 2017 hasta la fecha. “Dichos pacientes resultan plenamente identificables”, advierte el texto de la carta. También se informa que toda la documentación clínica y administrativa fue remitida al Instituto en tiempo y forma, con constancias de presentación y recepción. Al no haber existido rechazo formal alguno dentro de los plazos de auditoría y observación, las facturas “quedaron firmes, consentidas y exigibles”, señala el escrito.

Las “falsedades” que el Garrahan le atribuye a IOMA

La carta es explícita. El hospital califica de “FALSOS” —así, en mayúsculas— tres argumentos centrales de IOMA. Primero, que la obra social provincial tenga voluntad real de llegar a un acuerdo. Segundo, que la deuda no esté documentada o acreditada. Tercero, y el más directo, que IOMA la hubiera saldado.

“Son FALSOS la voluntad y los supuestos esfuerzos que usted manifiesta para tratar de acordar con nuestro Hospital un convenio ‘sobre bases razonables’ que otorgue ‘sustentabilidad a las prestaciones’”, reza el texto. Las reuniones y los intentos de llegar a un convenio resultaron, según el Garrahan, “infructuosos”, porque la Provincia de Buenos Aires “pretende condiciones de privilegio que perjudican a nuestro hospital”, a diferencia de lo que hacen los demás acreedores.

Sobre los pagos que IOMA sí realizó, el hospital es tajante: se trató de “pagos parciales, a cuenta de la deuda vencida acumulada”, que serán imputados a la cancelación de intereses devengados de las facturas vencidas, no al capital. “Lo único que ha hecho esporádicamente son pagos parciales”, afirma la misiva.

IOMA también cuestionó que el Garrahan factura valores “no contemplados en la codificación HPGF (Hospital Pediátrico de Gestión Descentralizada)” y que fueron “fijados unilateralmente”. El hospital rechaza ese argumento: se trata de prestaciones de altísima complejidad que no estaban registradas en esa codificación, y los aranceles aplicados “responden a los costos reales de atención de un hospital pediátrico de alta complejidad”. La carta agrega que resulta “improcedente” comparar esos valores con efectores de menor complejidad o con establecimientos destinados a la atención de población adulta.

Sobre los medicamentos

Uno de los puntos de disputa es el precio de los fármacos. IOMA sostuvo que los medicamentos facturados por el Garrahan superan los precios de plaza. El hospital lo niega en los mismos términos que usa para los otros cuestionamientos: “Es FALSO que los medicamentos superen los precios de plaza. Los mismos fueron facturados conforme los valores institucionales vigentes”.

Frente a ese conflicto recurrente, el Garrahan propone una solución concreta: que IOMA envíe “en TIEMPO Y FORMA la medicación de alto costo y prótesis que sus afiliados necesitan”, en lugar de cuestionar los valores una vez que el hospital ya los proveyó.

Sobre el día acompañante

Otro ítem que IOMA se niega a pagar es el denominado “Día Acompañante”. La respuesta del hospital apunta a la naturaleza misma de la institución: “Parece que desconoce que se trata de un hospital donde los pacientes son bebés, niños y adolescentes”. La carta precisa que el acompañante “es una prestación inherente a la atención pediátrica” y, por lo tanto, no puede ser objetada como si se tratara de un gasto accesorio o discrecional.

Sobre las prótesis, el Garrahan rechaza “por improcedente” el cuestionamiento de IOMA respecto de la supuesta falta de autorización previa para la provisión de prótesis e insumos críticos requeridos en intervenciones quirúrgicas. El hospital aclara que, en todos los casos en que una cirugía programada requiere una prótesis a cargo de la obra social, la institución comunica esa necesidad a través de los canales habilitados.

El problema, según la carta, es que la Provincia de Buenos Aires “nunca nos brindó respuesta” pese a las reiteradas gestiones. El texto califica esa conducta de “omisiva” e “incompatible con la urgencia que demandan las patologías tratadas en nuestros pacientes”. Ante esa falta de respuesta, el hospital se ve obligado a garantizar la continuidad asistencial por su cuenta, y por eso “ratificamos íntegramente la procedencia de los cargos efectuados por tales conceptos”.

El traslado de obligaciones al Estado nacional

La carta cierra con una acusación de fondo: IOMA pretende que el Garrahan le acepte condiciones de privilegio “a costa del financiamiento público nacional que recibe el Garrahan y, lo que es peor aún, en perjuicio de las personas sin cobertura”. “Con su accionar, usted intenta trasladar al Estado Nacional obligaciones propias”, afirma el documento.

El Garrahan es financiado en un 80% por el Estado nacional y en un 20% por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y atiende a más de 600.000 pacientes por año, en su mayoría de bajos recursos. La carta concluye que la deuda de IOMA “constituye una obligación cierta, líquida y exigible, cuyo pago es indispensable para garantizar la sustentabilidad financiera y operativa del principal hospital pediátrico de alta complejidad de la República Argentina”.

El Servicio de Administración Tributaria confirmó la inclusión definitiva de 89 contribuyentes en el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), lo que invalida las facturas emitidas por esas empresas y expone a quienes operaron con ellas a perder deducciones y créditos fiscales.

El organismo emitió el oficio 500 05 00 00 00 2026 11587 el 15 de abril de 2026. Lo firmó el licenciado en contaduría Rubén Martín López Rodríguez, Administrador Central de Fiscalización Estratégica, adscrito a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF). La publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se concretó el 5 de junio.

El propio oficio justifica la medida con un argumento de interés público: “es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes”, así como que la sociedad conozca a quienes llevan a cabo ese tipo de operaciones.

Qué son los EFOS y por qué sus facturas no tienen validez

Las empresas y personas físicas incluidas en este listado reciben el nombre de EFOS: Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas. El SAT acreditó que emitieron comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para respaldar las transacciones que amparaban.

Un detalle que genera confusión frecuente: la factura en sí cumple con los requisitos formales del sistema tributario. Lo que es falso es la operación detrás del documento, que en realidad no existió.

89 contribuyentes de 20 estados, en sectores muy distintos

Los 89 contribuyentes incluidos en el Anexo 1 del oficio son personas físicas y morales domiciliadas en al menos 20 estados: Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Coahuila de Zaragoza, Guerrero, Veracruz, Baja California, Sinaloa, Tabasco, Guanajuato, San Luis Potosí, Durango, Campeche, Oaxaca, Querétaro, Sonora y Zacatecas.

Los sectores involucrados abarcan desde construcción, consultoría administrativa, servicios de cómputo, comercialización de hidrocarburos y transporte, hasta gasolineras, fabricación farmacéutica, joyería y espectáculos. El documento registra cuatro motivos formales para la inclusión en el listado: ausencia de activos, ausencia de personal, falta de infraestructura y falta de capacidad material.

El proceso que llevó a la lista definitiva

El procedimiento contempló varias etapas. Las Administraciones Desconcentradas de Auditoría Fiscal en cada estado emitieron oficios de presunción individuales a cada contribuyente, con los hechos que motivaban la sospecha. La coordinación del listado global de presunción y la publicación definitiva correspondió a la Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Tras esa notificación individual, el SAT publicó el listado global en su portal y en el DOF, con un plazo de 15 días hábiles para que los afectados presentaran pruebas y argumentos. El CFF también permite solicitar una prórroga de cinco días adicionales vía buzón tributario.

Ninguno de los 89 contribuyentes se apersonó ante la autoridad ni entregó documentación dentro del plazo. El SAT emitió entonces resoluciones definitivas y, conforme al artículo 69-B del CFF, no procedió a la publicación definitiva sino hasta después de 30 días hábiles posteriores a la notificación de dichas resoluciones, sin que se reportara suspensión, nulidad ni revocación judicial a favor de ninguno de los incluidos.

El riesgo para empresas y personas que operaron con esos proveedores

La consecuencia más directa no recae solo sobre los EFOS, sino sobre quienes contrataron sus servicios o adquirieron sus bienes. Cualquier empresa o persona física que haya dado efectos fiscales a facturas emitidas por un contribuyente ahora en la lista definitiva queda automáticamente bajo sospecha como EDOS: Empresas que Deducen Operaciones Simuladas.

Las deducciones aplicadas y los créditos fiscales obtenidos con esas facturas pueden ser rechazados por el SAT. El artículo 69-B del CFF establece que el contribuyente afectado cuenta con 30 días hábiles a partir de la publicación definitiva para tomar una de dos vías: acreditar ante la autoridad que la operación fue real, con documentación que pruebe la materialidad de la transacción, o corregir su situación fiscal mediante declaraciones complementarias.

Si no actúa dentro de ese plazo, el SAT puede determinar créditos fiscales, rechazar deducciones, imponer multas y recargos, y en casos graves derivar el asunto a consecuencias penales.

Cómo verificar si un proveedor está en la lista

El listado completo está disponible en el portal oficial del SAT en sat.gob.mx y en el DOF. Los contribuyentes pueden descargarlo en formato .csv, consultable desde Excel, con búsqueda por RFC o razón social.

Las familias latinas en Estados Unidos sostienen niveles de deuda en tarjetas de crédito más altos que otros grupos demográficos y enfrentan un doble impacto: el costo de vida presiona el presupuesto y las tasas elevadas encarecen cualquier saldo que se arrastra de un mes a otro.

La consecuencia es directa: una parte del ingreso termina destinada a intereses y no a ahorro, vivienda o un fondo de emergencia.

Según una encuesta de National Debt Relief de abril de 2026, el 72% de los hispanos en Estados Unidos declaró tener algún tipo de deuda, frente al 68% de los no hispanos.

En tarjetas de crédito, el 41% mantuvo saldo de un mes a otro e informó un promedio de USD 10.933; además, el 43% dijo sentirse agobiado por sus obligaciones financieras, contra el 37% del resto de la población.

El fenómeno se observó en Nueva York, California, Texas y Florida, donde los costos de vivienda, transporte y servicios fueron más altos y empujaron a cubrir gastos corrientes con crédito. Cuando ese saldo pendiente se renovó mes tras mes, el interés se acumuló y el capital bajó poco, lo que alargó la deuda y elevó el costo total de compras cotidianas.

Consolidated Credit documentó en 2025 que el 83% de los hispanos comenzó el año con deuda en tarjetas y que el 61% aprendió a administrarlas recién después de endeudarse. Ese patrón se asoció a un problema de educación financiera que se combinó con ingresos variables y con un acceso más limitado a productos de crédito más baratos.

Por qué el saldo rotativo terminó costando más

Las investigaciones citadas señalaron tres factores repetidos: el uso de la tarjeta para cubrir gastos básicos como renta, comida o gasolina; una mayor proporción de trabajadores con ingresos variables por horas extra, propinas o contratos; y un acceso más acotado a líneas con garantía o préstamos personales con tasas menores.

En ese marco, algunas tasas pudieron superar el 24%, con intereses que siguieron corriendo aun cuando la familia hizo pagos mensuales.

La pregunta central tuvo una respuesta: muchas familias latinas pagaron más intereses porque recibieron ofertas de tarjetas con tasas más altas, tuvieron menor historial crediticio formal y accedieron con más dificultad a alternativas de financiamiento menos caras.

El resultado fue que una misma compra terminó costando más cuando se financió durante varios meses.

El problema no se limitó al monto adeudado. También importó cómo se pagó. El pago mínimo mensual solió ubicarse entre 1% y 2% del saldo total e incluyó los intereses generados en ese período. Esa estructura redujo el capital de manera lenta y extendió la obligación durante años, incluso cuando el titular creyó que estaba al día por no atrasarse.

El texto fuente ofreció un ejemplo: una deuda de USD 5.000 con una tasa anual del 24% pudo terminar costando casi el doble del saldo original si solo se cubrió el mínimo.

Advirtió que cada USD 100 que no se pagó en el presente se transformaron en intereses adicionales en los meses siguientes, lo que sostuvo el saldo y encareció el financiamiento.

Errores que agravaron la deuda

Consejeros financieros comunitarios y organizaciones que trabajaron con población hispana describieron patrones repetidos: mezclar gastos esenciales y compras discrecionales en la misma tarjeta, no verificar la tasa de interés, aceptar aumentos de límite como si fueran dinero disponible y usar tarjetas para enviar remesas o cubrir emergencias familiares sin un plan de pago claro.

En muchos casos, la acumulación no provino de un gasto excepcional, sino de decisiones pequeñas que se volvieron rutina.

El texto fuente señaló como alerta usar la tarjeta para el supermercado todos los meses, pagar servicios básicos como luz, agua o teléfono con crédito de alto interés y no poder liquidar el total de las compras al cierre. Con deuda acumulada, la prioridad dejó de ser mejorar el puntaje crediticio y pasó a ser frenar el aumento de la deuda.

Qué se pudo hacer este mes para bajar intereses

Las acciones propuestas fueron concretas: dejar de usar la tarjeta con la tasa más alta, incluso si tenía el límite mayor; armar una lista con saldo, tasa y pago mínimo de cada cuenta; concentrar pagos extra en la tarjeta más cara y mantener el mínimo en las demás. Ese método, conocido como “avalancha”, redujo el costo financiero total más rápido que distribuir pagos adicionales sin criterio.

Otra vía fue negociar con el banco una baja de tasa o un plan temporal de pagos. El texto también recomendó explorar apoyo en organizaciones comunitarias que ofrecieron consejería financiera gratuita en español, sobre todo en ciudades con alta población latina.

Cómo evitar que la tarjeta financiara la vida diaria

Para eso, el texto propuso ajustar gastos fijos como plan de teléfono, suscripciones o servicios duplicados; buscar ingresos adicionales temporales para atacar la deuda más cara; y poner un límite claro al uso de la tarjeta, por ejemplo reservarla para emergencias médicas reales o compras planificadas que se pudieron pagar al corte.

Preguntas frecuentes sobre pago, cierre y consolidación

Sobre el orden de pago, el texto sostuvo que, desde un criterio matemático, convino cancelar primero la tarjeta con la tasa más alta porque fue la que generó más intereses. Señaló que algunas familias prefirieron cerrar saldos pequeños, pero remarcó que fue clave sostener un plan.

Respecto de cancelar tarjetas, advirtió que cerrar una cuenta pudo afectar el puntaje si redujo el límite total disponible y elevó el porcentaje de utilización.

En cuanto a la consolidación de deudas, indicó que sirvió solo si el nuevo préstamo ofreció una tasa más baja y un plazo razonable, porque existió el riesgo de saldar las tarjetas y luego volver a llenarlas.

El mismo criterio se aplicó a los avances de efectivo y al pago de una tarjeta con otra: en general no convino. Los avances tuvieron tasas más altas y comisiones adicionales, y trasladar el saldo solo movió el problema de lugar y pudo empeorarlo si la nueva tasa fue mayor.

Al cierre de la jornada, los inversores pusieron el foco en el dato pendiente: el menú de Letras que el Tesoro ofrecerá en la licitación de mañana, donde vencerán más de 5 billones de pesos.

Conocida la inflación de la ciudad de Buenos Aires de 2,1%, la más baja desde agosto de 2025, se desprendieron de bonos CER que ajustan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Optaron por venderlos con la expectativa de que la licitación incluya estos títulos y así poder adquirirlos a precios acordes con el nuevo escenario de menor inflación.

El Tesoro no los defraudó porque no solo hay bonos CER, sino que son duales y dan la opción de elegir a su vencimiento entre el ajuste por inflación o por la tasa variable TAMAR, que es la que se paga por plazos fijos a entre 30 y 35 días por más de $1.000 millones y que actualmente rinde 19,75% anual.

Según Inversiones Pergamino “la nueva licitación del Tesoro deja un mensaje interesante: desaparecen los instrumentos a tasa fija y el menú queda concentrado en CER, TAMAR, dollar linked (atado a la devaluación) y AO28. El Gobierno parece priorizar extender plazos y ofrecer cobertura antes que convalidar tasas más altas en pesos”.

Los bonos duales vencen el 15 de diciembre de 2028, el 14 de diciembre de 2029 y el 28 de junio de 2030. Los títulos atados al dólar, que ofrecen cobertura contra devaluaciones, tienen presencia en el menú a través de los que vencen el 31 de agosto próximo y el del 5 de diciembre de 2028.

También forma parte del menú el Bonar 2028 que se licita en dólares a una tasa de 8% y vence el 31 de octubre de 2028. La tasa de interés se paga mes a mes y, al vencimiento, se devuelve el capital. El bono tendrá mañana una primera vuelta de USD 200 millones y de 100 millones en la segunda.

La ausencia de LECAP y BONCAP resultó evidente. Estos bonos en pesos, que ofrecen tasas fijas de entre 1,46% efectivo mensual para finales de junio y 1,6% a mediados de julio, no superan el 1,7% mensual hasta noviembre.

La licitación llega en medio de un alza generalizada de las cotizaciones del dólar. Esta era una tendencia que se insinuaba la semana pasada, pero se reafirmó ayer a pesar de que cada tanto hay una ayuda oficial para contenerlo. Los inversores se cubren a cuenta de la menor liquidación del agro en la segunda parte del año.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el monto de negocio bajó a USD 46 millones y el Banco Central compró 71 millones de dólares. El tipo de cambio mayorista subió $6 (0,4%) a 1.446,50 pesos.

Los dólares financieros siguieron la tendencia y el MEP aumentó $8,3 (+0,6%) a $1.467, mientras el contado con liquidación (CCL) avanzó $14,61 (+1%) a 1.527 pesos. El “blue” anotó una suba de $10 (+0,7%) a 1.445 pesos.

Los bonos soberanos registraron alzas moderadas en los tramos más cortos, mientras que en los de mayor plazo, como el bono con vencimiento en 2046, el aumento alcanzó el 1,6 por ciento. Este comportamiento contribuyó a una reducción del riesgo país, que descendió 1% y se ubicó en 493 puntos básicos.

La Bolsa mejoró y acompañó al mejor humor que hubo en el Nasdaq de Nueva York que aumentó 0,96% mientras el S&P500 el más representativo, subió 0,30 por ciento.

En tanto, el S&P Merval de las acciones líderes tuvo una suba de 0,89% impulsada por IRSA (+3,7%) y Transportadora de Gas del Norte (+3,5%. YPF aumentó 1,1 por ciento.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que el dólar bajó en el mundo “pero no así el real que cerró perdiendo terreno contra la divisa norteamericana. El peso argentino tuvo un desempeño más alineado con su par brasileño y cerró con la quinta alza entre las seis ruedas que lleva junio”.

Sobre el mercado de futuros indicó que “los instrumentos de cobertura iniciaron la semana con menor volumen de operaciones. En futuros se negociaron 959.738 contratos luego de 4 ruedas por encima del millón. El interés abierto agregó otros USD 78,6 millones con fin de junio y julio como protagonistas y en soberanos dollar linked se operaron USD 264 millones (VN en BYMA t+) que, si bien es inferior al registro previo, sigue siendo un valor relativamente alto que deja entrever la mano del BCRA del lado de la oferta“.

“Así, las implícitas más cortas fueron empujadas a la baja manteniendo el atractivo de la curva de sintéticos, lo que ayuda a contener la presión alcista en el spot. Como vemos, se mantiene la misma tónica de la semana anterior en el mercado. Un tipo de cambio influenciado por el escenario internacional y el BCRA inyectando cobertura para suavizar la variación”, agregó.

En el overnite, que opera hasta la apertura de los mercados, estaba sucediendo algo frecuente: a un día de suba de las Bolsas le sucede otro día negativo. Por eso los tres principales índices de Nueva York estaban hasta 0,40% abajo.

El alto el fuego que pidió Estados Unidos a Israel contra Irán, hizo que se prolongara la baja del petróleo y anoche operaba con leves bajas en hasta USD 94 para el Brent, el crudo de referencia en la Argentina. El oro bajaba 0,45%, mientras el dólar tenía una importante suba de 0,25% frente a las principales monedas del mundo. El Bitcoin retomaba su camino a la baja y cotizaba a 62.673 dólares. Hasta ahora, el mercado opina que su piso es de USD 60 mil, pero nada es firme. Hace unos meses el piso estratégico era 96.000 dólares.

Para hoy se espera una rueda cauta en acciones y todo girará alrededor de lo que pueda suceder mañana con la licitación de bonos del Tesoro.

El SAT cobró 40% más en recargos por mora desde el 1 de enero de 2026: una deuda de $100,000 pesos que antes generaba $1,470 mensuales en intereses ahora produce $2,070 cada mes, conforme a la nueva tasa del 2.07% establecida en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para este ejercicio fiscal.

El cambio tiene respaldo en dos instrumentos oficiales. El primero es la LIF 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de noviembre de 2025, que fijó la nueva tasa en su artículo 11.

El segundo es la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2026, publicada también en el DOF el 28 de diciembre de 2025 y vigente desde el 1 de enero, que la formalizó en su Regla 2.1.20.

Cuánto cuesta ahora deberle al fisco

La tasa de recargos por mora —la que aplica cuando un contribuyente paga sus impuestos fuera del plazo legal— pasó de 1.47% a 2.07% mensual.

El incremento equivale a 0.60 puntos porcentuales, pero su efecto se amplifica con el tiempo: un adeudo que se deja sin pagar durante un año acumula una carga adicional del 25% sobre el monto original (2.07% × 12 meses).

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) precisó que el objetivo declarado de la reforma es eliminar el incentivo perverso que existía cuando resultaba más económico deberle al fisco que a una institución financiera. Luis Carlos Figueroa, vicepresidente fiscal del IMCP, confirmó el alza del 40% al medio El Economista en noviembre de 2025.

La escala completa de recargos

La mora no es el único concepto que subió. Toda la tabla de recargos se actualizó para 2026:

Prórroga (plazo autorizado para pagar después del vencimiento): de 0.98% a 1.38% mensual

Parcialidades hasta 12 meses: de 1.26% a 1.42% mensual

Parcialidades de 13 a 24 meses: de 1.53% a 1.63% mensual

Parcialidades de más de 24 meses o pago diferido: de 1.82% a 1.97% mensual

Los recargos se calculan de forma automática desde el primer día de atraso sobre el saldo insoluto actualizado, sin necesidad de que el SAT emita un aviso previo.

El perfil del contribuyente más expuesto

Las personas físicas con declaración anual son el grupo de mayor riesgo inmediato: el plazo para presentarla venció el 30 de abril de 2026, y cualquier saldo pendiente desde esa fecha ya acumula recargos a la tasa del 2.07% mensual.

También quedan expuestos quienes tienen convenios de pago en parcialidades firmados antes de 2026, ya que las nuevas tasas aplican sobre los saldos vigentes del ejercicio en curso. Las empresas con adeudos en ISR, IVA o IEPS enfrentan el mismo esquema.

El marco de la estrategia fiscal más ambiciosa del SAT

El endurecimiento de los recargos forma parte del Plan Maestro 2026 del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que fijó una meta de recaudación de 6.448 billones de pesos para este año, la cifra más elevada de la que se tenga registro.

El titular del organismo, Antonio Martínez Dagnino, presentó la estrategia en enero de 2026 bajo la premisa de no crear nuevos impuestos, sino aumentar el costo del incumplimiento y ampliar la base de contribuyentes activos.

La RMF 2026 estará vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, según lo establece su primer artículo transitorio.

Cómo pagar un adeudo fiscal ante el SAT

El trámite es gratuito en todos los casos. Su fundamento legal está en los artículos 2, 4, 6, 17-A, 20, 21 y 65 del Código Fiscal de la Federación (CFF). El portal oficial es sat.gob.mx.

Opción 1: Pago total en una sola exhibición

Ingresa a Mi Portal con RFC y contraseña

Selecciona Créditos Fiscales / Servicios / Formato para pago (total)

Genera la línea de captura

Paga en ventanilla bancaria o desde tu portal de banca en línea

Nota: si la línea de captura vence antes de concretar el pago, presenta una declaración complementaria para obtener una nueva. El sistema recalcula automáticamente los recargos y la actualización acumulados.

Opción 2: Pago en parcialidades o diferido (artículos 66 y 66-A del CFF)

Plazo máximo en parcialidades: 36 meses

Plazo máximo en pago diferido: 12 meses

Por internet:

Ingresa a Mi Portal con RFC y contraseña

Selecciona Servicios por internet / Servicios o solicitudes / Solicitud

Elige la opción “Pago a plazos 66 y 66-A CFF”

Especifica el monto del adeudo, número de parcialidades o fecha del pago diferido

Adjunta el comprobante del pago inicial de al menos el 20% del total adeudado

Envía la solicitud y conserva el número de folio

El SAT tiene 15 días hábiles para responder. Si requiere información adicional, el contribuyente cuenta con cinco días hábiles para entregarla; de lo contrario, la solicitud queda cancelada.

Presencial:

Acude a la Administración Desconcentrada de Recaudación (ADR) más cercana a tu domicilio fiscal

Presenta los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Escrito libre con RFC, domicilio fiscal, número de resolución del adeudo y correo electrónico

Comprobante del pago inicial del 20%

Recibe tu acuse de recibo

Espera la respuesta por buzón tributario o correo electrónico registrado

Opción 3: Programa de Regularización Fiscal 2026

Permite condonar hasta el 100% de recargos, multas y gastos de ejecución sobre adeudos del ejercicio 2024 o anteriores.

Requisitos para acceder:

Ingresos totales en 2024 no superiores a 300 millones de pesos

No figurar en los listados de los artículos 69-B o 69-B Bis del CFF

No contar con sentencia firme por delitos fiscales

No haber recibido condonaciones en programas generalizados previos

Fechas clave

Solicitud: hasta el 31 de octubre de 2026

Pago una vez autorizado: máximo 15 días naturales

Última parcialidad (créditos firmes): antes del 30 de noviembre de 2026

El trámite se presenta en sat.gob.mx o de forma presencial en la ADR correspondiente. El incumplimiento de cualquier línea de captura implica la pérdida automática del beneficio.

Panamá redujo su déficit fiscal hasta abril, pero las cuentas públicas siguen en rojo. El Sector Público No Financiero gastó $1,387.1 millones más de lo que recibió durante los primeros cuatro meses de 2026.

Esta es una mejora frente al año anterior, aunque insuficiente para eliminar la presión que mantienen la deuda, los intereses y las obligaciones de la Caja de Seguro Social sobre el presupuesto nacional.

El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado. Cuando el Gobierno recauda menos dinero del que necesita para financiar salarios, programas sociales, inversiones y subsidios recurre a financiamiento.

Las cifras divulgadas por el Ministerio de Economía y Finanzas muestran que el déficit cayó de $1,992.1 millones registrados entre enero y abril de 2025 a $1,387.1 millones en el mismo período de 2026.

La diferencia equivale a una reducción de $604.9 millones o un 30.4%. Como proporción de la economía, el indicador pasó de 2.20% a 1.46% del Producto Interno Bruto del país.

La disminución del déficit no significa que el problema fiscal haya desaparecido por completo. Lo que indican los números es que el Estado logró reducir la velocidad a la que se amplía la brecha.

El Estado todavía continúa gastando por encima de sus posibilidades reales de financiamiento. Uno de los factores detrás de la mejora fue el crecimiento sostenido de los ingresos públicos en el período. Entre enero y abril, el Sector Público No Financiero recibió $5,127 millones de dólares, un aumento de $599.8 millones respecto al mismo período del año anterior, un crecimiento de 13.2%.

La Caja de Seguro Social aportó buena parte de ese incremento financiero. Sus ingresos crecieron 26%, pasando de $1,485.1 millones a $1,870.9 millones en la medición.

También aumentaron los ingresos corrientes del Gobierno Central, aunque a un ritmo moderado, con un crecimiento de 2.3%. Otro elemento que ayudó a mejorar las cifras fue la entrada de capital.

Se reportó la entrada de $197.8 millones en ingresos de capital, muy superior a los $1.3 millones reportados un año antes. Este tipo de ingresos suele estar asociado a operaciones extraordinarias estatales.

Por ende, no constituye una fuente permanente de recursos para el Estado panameño. Mientras los ingresos crecieron, el gasto total del sector público prácticamente no se movió de su sitio.

El Sector Público No Financiero ejecutó $6,514.1 millones entre enero y abril, cifra apenas inferior a los $6,519.2 millones registrados un año antes en el mismo reporte oficial de la institución.

Detrás de esa aparente estabilidad existen movimientos importantes. El gasto corriente aumentó 4.5%, impulsado principalmente por mayores desembolsos de la Caja de Seguro Social para jubilaciones y pensiones del sistema.

A esto se suman mayores gastos en salud, educación y seguridad pública nacional. Por el contrario, el gasto de capital cayó 15.9%, equivalente a $233.7 millones menos que en abril de 2025.

Uno de los datos más relevantes del informe es el comportamiento del balance primario, que excluye el pago de intereses de la deuda y permite medir la situación fiscal real de las operaciones.

El déficit primario se redujo de $851.6 millones a $221.9 millones, una mejora de 73.9%. Como porcentaje del Producto Interno Bruto nacional, pasó de 0.94% a un total de 0.23%.

Pero la deuda sigue siendo uno de los principales desafíos para las finanzas. Entre enero y abril, el Estado desembolsó $1,165.2 millones únicamente en el concepto de intereses de deuda.

Esta cifra supera ampliamente el déficit primario y limita la capacidad de destinar recursos a otras áreas. El MEF sostiene que parte de ese gasto incorpora un efecto extraordinario de operaciones.

Estas transacciones permitirán generar ahorros estimados de aproximadamente $30 millones anuales en intereses durante la próxima década. Las cifras del Gobierno Central muestran una clara tendencia similar.

Su déficit pasó de $2,818.4 millones en abril de 2025 a $1,978.6 millones este año, una reducción de $839.8 millones. Como porcentaje del PIB, bajó de 3.12% a 2.08%.

Dentro de la recaudación tributaria destacó el desempeño del ITBMS, que aumentó 14.1%, equivalente a $48 millones adicionales. El MEF atribuye este crecimiento a una mayor actividad económica del país.

También se debe al fortalecimiento de la fiscalización y medidas para mejorar el cumplimiento tributario. Pese a la mejora observada hasta abril, los desafíos fiscales siguen presentes en la agenda.

Panamá continúa registrando déficit, mantiene elevados pagos por intereses de deuda y enfrenta presiones crecientes asociadas al sistema de seguridad social. El reto para el resto de 2026 será grande.

Se deberá sostener la reducción de la brecha fiscal sin recurrir excesivamente a ingresos extraordinarios y sin afectar la inversión pública necesaria para impulsar de forma definitiva el crecimiento económico.

Las cifras muestran una corrección importante frente al año pasado, pero también evidencian que el equilibrio de las finanzas públicas todavía está bastante lejos de alcanzarse en el corto plazo.

Con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2027, el Gobierno avanza con un combo de medidas que apunta armar un “colchón financiero” para reducir el margen de eventuales corridas cambiarias y ganar poder de fuego ante posibles tensiones económicas como las que ocurrieron en la previa de los comicios legislativos del año pasado.

Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, repite en cada exposición pública que el presidente Javier Milei reelegirá “por paliza” y que el kirchnerismo no representará una opción viable para el electorado, el equipo económico busca despejar el horizonte de vencimientos de deuda en moneda extranjera, fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y estirar los plazos de los compromisos financieros en pesos, entre otros objetivos.

“El Gobierno avanzó en el armado del ‘colchón financiero’ para 2027 en un contexto de estabilidad cambiaria y reducción del índice de riesgo país que volvió a quebrar hacia abajo los 500 puntos básicos”, remarcó un informe de la consultora Eco Go.

El Gobierno avanzó en el armado del ‘colchón financiero’ para 2027 en un contexto de estabilidad cambiaria y reducción del índice de riesgo país (Eco Go)

En cuanto al cronograma de deuda en dólares, Caputo aseguró en un evento de ejecutivos de finanzas que los vencimientos “están totalmente cubiertos por todo el mandato del presidente Javier Milei”.

Con la emisión de los Bonares en dólares (AO27 y AO28), las garantías negociadas con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las privatizaciones de empresas y bienes públicos, Economía apunta a juntar unos USD 10.000 millones que alcanzarían para cubrir las obligaciones pendientes de julio de 2026 y enero y julio de 2027.

El análisis de Eco Go resalta que con los últimos ingresos, el Tesoro ya cubre USD 2.935 millones de los USD 4.300 millones requeridos para el pago de los bonistas en julio próximo, “sin contar el próximo aporte de bancos comerciales garantizados por los organismos multilaterales”.

Desde Hacienda comentaron que las negociaciones con ambas entidades financieras se encuentran avanzadas, pero todavía se desconocen los detalles de cómo se realizarán las operaciones que posibilitarán el financiamiento ni a qué tasa se concretarán, aunque Caputo estima que rondará entre 6% y 6,5% anual.

A la vez, la emisión del AO27 en el ámbito doméstico ya llegó a su cupo de USD 2.000 millones y sólo quedan USD 666 millones del AO28. Más allá de que estas colocaciones sirvieron para ir cancelar pagos con organismos internacionales en los últimos meses, también permitieron que el Tesoro no recurriera al Banco Central para la adquisición de divisas destinadas al pago de obligaciones.

La emisión del AO27 en el ámbito doméstico ya llegó a su cupo de USD 2.000 millones y sólo quedan USD 666 millones del AO28

Esta estrategia facilitó que la autoridad monetaria aumentara su ritmo de acumulación de reservas, a diferencia de lo ocurrido en el primer trimestre, cuando Economía debió comprar dólares al BCRA para afrontar sus compromisos, lo que limitó el crecimiento de las reservas.

En materia de licitaciones de deuda en pesos, la Secretaría de Finanzas aceitó la estrategia de ampliar los plazos de vencimientos y reducir las tasa de interés que ofrece en su menú de letras y bonos. El objetivo es llegar a las elecciones presidenciales con compromisos pagables y no demasiado abultados ya que analistas de mercado anticipan que no será tan sencillo “rollearlos” como viene ocurriendo en las últimas subastas.

El “colchón” del Central

En simultáneo, el Banco Central aprovecha la estabilidad cambiaria para acelerar la adquisición de reservas y reducir de forma continúa la millonaria cobertura que ofreció antes de las elecciones de medio término para contener la escalada del dólar.

Respecto al programa de compra de divisas, a comienzos de junio la autoridad monetaria cumplió con la meta de USD 10.000 millones fijada para 2026. La entidad conducida por Santiago Bausili hilvana más de 100 ruedas consecutivas con saldo comprador, tanto dentro del mercado cambiario como en operaciones en bloque con empresas y organismos públicos.

Según estimaciones del propio equipo económico, el BCRA podría comprar más de USD 17.000 millones en el segundo semestre

Apoyado en la liquidación de la cosecha gruesa y la colocación de deuda de compañías y provincias en los mercados internacionales, el Central pudo hacerse de más de USD 10.000 millones y, según estimaciones del propio equipo económico, podría comprar más de USD 17.000 millones en el segundo semestre.

Para la consultora 1816, esta dinámica permitirá cumplir el objetivo pautado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de alcanzar las USD 8.000 netas. “Las compras del BCRA hacen que la meta 2026 del FMI esté muy bien encaminada. Según nuestros cálculos, el objetivo para fin de junio ya está sobre cumplido en unos USD 2.000 millones y parecen ser muy buenas las perspectivas pensando en la meta de diciembre”, estimó la firma.

En la previa de las legislativas de 2025, el BCRA incrementó notablemente su exposición a contratos de dólar futuro a fin de frenar la demanda de cobertura. Este instrumento funciona como un acuerdo para fijar hoy el precio de la moneda estadounidense para una fecha futura y actúa como resguardo frente a saltos abruptos en el tipo de cambio.

En los contratos de futuros, las partes -ya sea el BCRA o privados- pactan un precio y una fecha de liquidación. Al vencimiento, no se intercambia la divisa, sino que se compensa la diferencia, en pesos, entre el valor acordado y la cotización efectiva del dólar.

Al finalizar septiembre de ese año, la tenencia superaba los 6.800 millones de dólares. A partir de ese momento, el BCRA inició una reducción paulatina que, de acuerdo con estimaciones del mercado, ubicó la posición en USD 2.127 millones hacia fines de abril de 2026. Esa cifra se habría reducido aún más al término de mayo, aunque el dato recién se conocerá en tres semanas. La merma en el uso del dólar futuro le da más oxígeno a Bausili para volver a utilizarlo en caso de que pretenda morigerar las expectativas devaluatorias que puedan surgir de cara a 2027.

La merma en el uso del dólar futuro le da más oxígeno al BCRA para volver a utilizarlo en caso de que pretenda morigerar las expectativas devaluatorias que puedan surgir el próximo año

Al comenzar la gestión de Milei, el organismo monetario tenía compromisos pendientes en swaps de moneda por aproximadamente USD 8.000 millones, en su mayoría con China. Vladimir Werning, vicepresidente de la entidad, dijo que esos fondos volverán a estar completamente habilitados hacia mitad de año.

“Los swaps de moneda pendientes de pago por cerca de ocho mil millones de dólares, con lo que arrancó el Banco Central a diciembre 2023, estarán nuevamente disponibles en su totalidad a mediados ya de este año”, expresó Werning durante el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

De hecho, el Gobierno consiguió cancelar cerca del 90% de las obligaciones vinculadas a este mecanismo, lo que permitirá al Banco Central contar nuevamente con margen para responder ante eventuales cambios bruscos en el mercado.

El Senado aprobó esta tarde un proyecto que valida un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones. El texto, que recibió 40 votos a favor y 22 rechazos, deberá ser apurado para su sanción por Diputados, tras una fecha límite que se logró posponer hasta que finalice el corriente mes.

La iniciativa estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el articulado, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de USD 67 millones al primero y USD 104 millones, al segundo.

Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

En el documento que envió la Casa Rosada al Congreso -con las firmas de Javier Milei; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gabinete ,Manuel Adorni- se destacó que una luz verde derivará la “finalización de la investigación en curso sobre los bienes” del país", es decir, los procesos de “Discovery” relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de la Argentina.

“Son los últimos dos acreedores de relevancia que le quedan al país”, aseguró el senador libertario y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde. El porteño agregó: “Extingue los dos principales litigios pendientes de la República. Prácticamente no quedan, luego de esto, holdouts con sentencias a favor”.

Tras destacar que todo validado también implica la concesión de la “indemnidad por gastos legales”, el legislador dijo que el convenio es “razonable”. Luego, especificó: “La enmienda no cambió en absoluto el acuerdo. Sólo se bajaron unos bonos prescriptos”. Y aclaró que la misma “no fue del Estado argentino, sino de uno de los fondos buitre”. Es lo mismo que en la Cámara alta contó, semanas atrás, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

Desde el kirchnerismo, el ex gobernador chaqueño Jorge Capitanich se pasó de tiempo para apuntar al endeudamiento de la administración libertaria, sobre el que mencionó que “no pasó por el Congreso para su aprobación”, y pidió conocer “dónde están las reservas de oro” del Banco Central.

Otro oficialista, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero, planteó que “no es sólo un trámite administrativo”. En ese sentido, señaló: “Es ponerle fin a una parte negra de nuestra historia y del Congreso. Se levantaron y aplaudieron cuando se decidió no pagar las obligaciones que había encarado el país. Estamos haciendo lo que necesitaba que hiciera hace décadas. Costó aislamiento financiero, perder acceso al crédito, costó empresas y familias enteras que pagaron el error de otros”.

En tanto, el reciente ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca), ahora en el bloque de tres de Convicción Federal, aseveró que con “mucha responsabilidad” acompañaba el dictamen, por creer que “hay un ahorro” y que la Argentina “debe ser responsable”. Seguido a ello, observó: “No estamos en Disney. Esto no está bien y hay que cambiar el rumbo”.

Su ex colega de bancada, Fernando Salino -decidió quedarse en el interbloque cristinista, pero con una subdivisión de dos legisladores-, sostuvo que “si la idea es que hay que pagar, elijo pagarle a las provincias, a las universidades, discapacitados y jubilados”.

El jefe de ese espacio, el formoseño José Mayans, enfatizó que “hasta que no venga a dar la cara” el jefe de Gabinete, Manuel Adorni -debe dar un informe de gestión en el Senado- “no vamos a acompañar, y menos esto, que es una verdadera pavada con respecto al brutal endeudamiento que tiene la Argentina”. Cerró el debate la titular del oficialismo, Patricia Bullrich.

Consumado esto, el pleno de la Cámara alta aprobó la creación una nueva sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, un proyecto empujado por el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires). “Va a permitir descongestionar un tribunal que tiene jurisdicción en el 40% de la Provincia”, justificó. Mismo destino tuvo una iniciativa sobre organización de Salas y la creación de un cargo de Juez de Cámara en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Ambas lograron 61 votos.

Dos provincias argentinas obtuvieron en las últimas horas mejoras clave en sus calificaciones crediticias, consolidando el atractivo del país para los mercados internacionales y destacando la solidez de sus administraciones financieras.

Neuquén y Santa Fe recibieron evaluaciones favorables de la calificadora FIX SCR S.A., lo cual fortalece sus posibilidades de acceso a financiamiento para obras de infraestructura y desarrollo productivo.

Neuquén presentó su potencial en Londres

El gobernador neuquino Rolando Figueroa mantuvo en Londres, Inglaterra, una serie de reuniones con fondos de inversión privados con el objetivo de presentar la realidad actual económica de la provincia, las perspectivas de crecimiento hacia 2030 y las oportunidades que ofrece Neuquén para el desarrollo de inversiones. Figueroa se reunió con representantes de los fondos BlueBay, Sona y M&G.

Durante estos encuentros, se resaltó que Neuquén incrementó su Producto Bruto Geográfico en casi un 32% en dos años y medio, ubicándose entre los distritos de mayor crecimiento del país. Según el mandatario, la provincia redujo el 48% de la deuda pública heredada y destinó más de mil millones de dólares al financiamiento de obras de infraestructura desde el inicio de su gestión.

Figueroa explicó que la provincia mantiene una posición financiera sólida, sin emisión de Letras del Tesoro desde el comienzo de la actual administración, y con autorización legislativa para buscar financiamiento por hasta 500 millones de dólares en los mercados internacionales. El objetivo oficial es aprovechar la mejora crediticia para realizar una emisión de títulos en condiciones favorables que fortalezcan el plan de inversión en infraestructura, según declaraciones recogidas por Infobae. El interés de los fondos internacionales se centró en el proceso de crecimiento sostenido y en el atractivo del sector energético neuquino.

En cuanto a la nota crediticia, FIX SCR volvió a mejorar este lunes la calificación en esta gestión otorgando A (-) para la deuda de largo plazo y A2 para la de corto plazo, destacando la reducción sostenida de su deuda histórica y el manejo responsable de sus obligaciones financieras y la cancelación total de las letras del tesoro emitidas en las anteriores gestiones.

Según reciente informe de PwC, Neuquén ya es el segundo distrito del país con más PBI per cápita. La provincia pasó del décimo puesto en 2010 a ser superada solo por la Ciudad de Buenos Aires en 2024.

“En 2010, previo al inicio de la explotación de Vaca Muerta, Neuquén registraba un PBI per cápita a precios corrientes de USD 18.299, ocupando el cuarto lugar del ranking provincial detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Para 2024, ese valor trepó a USD 39.880 —un crecimiento del 118% en el período—, llevando a la provincia al segundo lugar a nivel nacional, apenas por debajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (USD 40.994). La comparación con el promedio nacional refuerza la magnitud del salto, mientras que el PBI per cápita de Argentina creció un 30% en el mismo período (de USD 10.587 a 13.765), el de Neuquén se ubica hoy en 2,9 veces el promedio del país", destacó el informe.

Santa Fe alcanza la mejor nota de su historia

En simultáneo, Santa Fe obtuvo la mejor calificación crediticia de su historia al ser elevada dos escalones por FIX SCR, desde AA-(arg) hasta AA+(arg) para la deuda de largo plazo y la máxima nota, A1+(arg), para emisiones de corto plazo, manteniendo una perspectiva estable. La agencia, afiliada a Fitch Ratings, destacó la solidez fiscal de la provincia, la mejora de los resultados operativos y la reducción del déficit previsional, factores que consolidan a Santa Fe entre las jurisdicciones con mejor perfil crediticio del país.

El informe remarcó que la provincia no enfrenta riesgos de refinanciación en el corto plazo y exhibe un nivel de endeudamiento bajo en comparación con otras jurisdicciones. Al cierre de 2025, la Administración Pública No Financiera de Santa Fe registró un margen operativo equivalente al 8,6% de los ingresos operativos, el más alto en cinco años, mientras que las proyecciones para 2026 anticipan la continuidad de los resultados superavitarios.

La gestión de Maximiliano Pullaro mostró una posición de liquidez destacada, con disponibilidades que representaron el 18,3% de los ingresos totales y cubrieron 2,7 veces los pasivos corrientes.

FIX SCR valoró también la transparencia en las cuentas públicas y el uso de los recursos provenientes de emisiones de deuda para el financiamiento de obras de infraestructura vial, hídrica, educativa, sanitaria y energética. El reconocimiento de la calificadora, junto con la reciente mejora internacional otorgada por Moody’s, refuerza la posición de Santa Fe como una de las provincias argentinas con mejores indicadores fiscales y crediticios.

Granja Tres Arroyos, la mayor empresa avícola de la Argentina, presentó a sus acreedores una propuesta para reestructurar una deuda total de USD 350,9 millones. Según un documento al que accedió Infobae, el plan elaborado por la firma de banca de inversión VALO Columbus, divide la deuda en cuatro grandes bloques y ofrece a cada tipo de acreedor condiciones distintas. Además, reserva un tramo especial con mejores condiciones para quienes se comprometan a seguir proveyendo de materia prima e insumos, de manera que la empresa pueda retomar su actividad. La fecha prevista para cerrar el acuerdo es el 30 de junio de 2026.

La propuesta llega en el momento más crítico de la historia reciente del grupo. Fundado en la década de 1930 por el inmigrante italiano Gaspar De Grazia, que vendía pollos en carreta por las calles de Buenos Aires, el grupo creció durante décadas hasta convertirse en el actor dominante del sector: procesaba hasta 760.000 aves por día, empleaba a más de 6.500 personas, exportaba a más de 60 países y facturaba alrededor de USD 1.300 millones anuales. Hoy, tiene sus plantas paralizadas y, según datos oficiales, acumula más de 1.800 cheques rechazados por más de $29.000 millones, adeuda salarios a sus trabajadores y opera con una faena diaria que cayó a cerca de 200.000 aves.

La empresa, conducida por Joaquín De Grazia, agrupa a tres sociedades: Granja Tres Arroyos S.A., WADE S.A. y Avex S.A. La reestructuración abarca la deuda de las tres en forma conjunta.

La deuda, por partes

El pasivo total de USD 350,9 millones —calculado al tipo de cambio de $1.450 por dólar— se divide en cuatro categorías. La deuda comercial es la de mayor monto individual, con USD 123 millones, e involucra a proveedores de granos como ACA, Bunge y Dreyfus, laboratorios veterinarios, fleteros, pequeños granjeros y proveedores de energía.

La deuda fiscal suma USD 88,1 millones, principalmente con ARCA (ex AFIP) por USD 56,2 millones y con organismos provinciales como ARBA por otros USD 31,9 millones.

La deuda financiera garantizada asciende a USD 85,1 millones y tiene cuatro acreedores: Rabobank (USD 43,8 millones), ACA (USD 36 millones), el Banco de la Nación Argentina (USD 3,5 millones) y el BICE (USD 1,8 millones). La deuda financiera sin garantía suma USD 54,7 millones y se distribuye entre más de diez bancos —entre ellos BBVA, Banco Santander, BAPRO, Credicoop y Supervielle—, más acreedores no bancarios, fideicomisos y cheques diferidos emitidos en el mercado de capitales. A ese total se le suma, con monto aún por determinar, una deuda con Proteinsa S.A. por saldo de precio de una compra anterior.

Consultadas fuentes de la empresa, precisaron a Infobae: “Estamos totalmente abocados a encontrar soluciones que nos permitan salir de esta difícil situación para continuar operando en Argentina y preservar las fuentes de trabajo de nuestros más de cinco mil empleados”. Y agregaron: “Para eso, hemos decidido iniciar un proceso de reordenamiento y reestructuración de deuda con el asesoramiento de Columbus Investment Banking que esperamos tengan un impacto positivo en el mediano plazo y poder así consolidar el legado que hemos construido con esfuerzo y compromiso por el país”.

Cómo funciona el plan para los proveedores

La parte más elaborada de la propuesta es la que concierne a la deuda comercial, porque son los proveedores quienes sostienen el abastecimiento diario de la planta. El plan les ofrece cuatro opciones —llamadas tramos— y cada uno puede elegir la que prefiera, o combinarlas.

El Tramo 1 es el más agresivo para el acreedor: acepta una quita del 75% del capital. Es decir, si un proveedor tiene un crédito de USD 100.000, le perdonan USD 75.000 y solo cobra USD 25.000. A cambio, lo recupera en 12 cuotas mensuales a una tasa del 1% anual en dólares, con seis meses de gracia antes de que empiecen los pagos.

El Tramo 2 reduce la quita al 50%: el acreedor cobra la mitad de lo que le deben, en 24 cuotas mensuales al 2% anual, también con seis meses de gracia.

El Tramo 3 no aplica ninguna quita: el acreedor cobra el 100% de su crédito, pero espera hasta siete años (84 cuotas mensuales al 3% anual, con seis meses de gracia).

Los tres primeros tramos están respaldados por un mecanismo de garantía, de manera que GTA cede a un fiduciario —un administrador independiente— los derechos sobre sus cobros presentes y futuros. Ese fiduciario recibe el dinero que entra a la empresa y lo aplica al pago de los acreedores en orden de prioridad: primero cobra el Tramo 1, luego el Tramo 2 y finalmente el Tramo 3. Si en algún momento sobra caja por encima de lo necesario para cubrir el próximo vencimiento, ese excedente se destina automáticamente a cancelar deuda por adelantado —un mecanismo conocido como cash sweep— para reducir el saldo pendiente más rápido.

El Tramo 4 tiene una lógica distinta: no es para acreedores que ya tienen deuda con GTA, sino para proveedores estratégicos dispuestos a seguir abasteciendo a la empresa durante los 120 días posteriores al cierre del acuerdo. Cada uno debe comprometerse a entregar materia prima e insumos por al menos USD 5 millones en ese período, y el conjunto debe sumar un mínimo de USD 20 millones. A cambio, la deuda preexistente se refinancia en 60 cuotas mensuales al 4% anual con garantía hipotecaria sobre activos de GTA, y la nueva asistencia de emergencia se consolida en una facilidad al 6% anual en 8 cuotas trimestrales, también con hipoteca de primer grado.

El puente de liquidez

Según el informe de VALO al que accedió Infobae, el plan no puede cerrarse si la empresa no consigue, antes del 30 de junio, al menos USD 80 millones de capital de trabajo fresco para sostener la operación durante la transición. El documento identifica cuatro fuentes posibles para reunir ese monto.

La primera es el propio Tramo 4: los proveedores estratégicos que se sumen aportarían al menos USD 30 millones en materia prima e insumos. La segunda es la venta de activos no estratégicos por al menos USD 30 millones; el documento menciona explícitamente cinco propiedades en carpeta: la planta de deshidratados en Zárate (Buenos Aires), un tambo en Santa Elena (Entre Ríos), una cría de porcinos en Bella Vista (Entre Ríos), la Planta Becar en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y la Planta Wade I en Ezeiza (Buenos Aires).

La tercera fuente son anticipos de grandes clientes y contratos de maquila —donde GTA faena para terceros usando su capacidad instalada ociosa— por al menos USD 10 millones. La cuarta, y la más abultada, es la incorporación de un nuevo inversor que aporte al menos USD 45 millones bajo la forma de deuda o capital.

GTA ya dio un paso en esa dirección: a principios de 2026 vendió a ACA la planta de Avex en Río Cuarto (Córdoba) bajo un esquema de leaseback —venta con alquiler posterior— que le permitió obtener liquidez inmediata sin perder el uso de las instalaciones, con opción de recompra en cuatro años.

Qué piden los acreedores a cambio

Para que el acuerdo entre en vigor, el plan exige condiciones estrictas de adhesión. El 100% de los acreedores financieros —tanto los garantizados como los no garantizados— debe aceptar la propuesta. En el caso de los acreedores comerciales, el umbral es del 90% de la deuda total de ese bloque.

Además, todos los acreedores deben renunciar a cobrar los intereses por mora y punitorios acumulados hasta la fecha de cierre, y liberar las garantías personales que hayan otorgado personas físicas y la sociedad HAI S.A.

Como condición adicional, GTA debe ceder al fideicomiso de garantía un conjunto de productos destinados a la exportación —principalmente garras de pollo y otros subproductos— valuados en USD 35 millones. Esa cesión está condicionada a la reapertura de los mercados de China, la Unión Europea y Chile, que se cerraron para la empresa tras el brote de influenza aviar que golpeó al sector en 2024 y que, según estimaciones del sector, implicó una pérdida de alrededor de USD 160 millones en exportaciones.

Cómo imagina GTA su recuperación

El plan financiero proyecta un rebote productivo en nueve meses. La empresa estima que, una vez cerrada la reestructuración, la producción mensual de pollitos bebé pasaría de los 10 millones actuales a 14,9 millones, la tasa de mortandad en la crianza bajaría del 18% al 12%, y la faena diaria volvería a 430.000 aves —lejos aún del pico histórico de 760.000, pero más del doble de las 200.000 actuales.

En términos financieros, las proyecciones elaboradas por VALO prevén que las ventas caigan a USD 450,8 millones en 2026 —el año del ajuste—, para luego recuperarse a USD 763,2 millones en 2027 y estabilizarse en torno a USD 780 millones anuales a partir de 2030. El resultado operativo, negativo en USD 34,7 millones en 2026, pasaría a positivo en USD 46,4 millones en 2027.

El EBITDA —indicador que mide la capacidad de generar caja antes de impuestos, intereses y amortizaciones— se proyecta en USD 50,2 millones para 2027 y en USD 65,6 millones anuales desde 2030 en adelante. Las proyecciones macroeconómicas que sustentan el modelo fueron elaboradas por la consultora Eco Go y asumen una inflación del 32% para 2026, una devaluación del 10% ese año y un tipo de cambio de $1.600 por dólar a fin de diciembre.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó la meta de compra de dólares que acordó para este año por USD 10.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero la entidad que conduce Santiago Bausili no pudo quedarse con la totalidad de esas adquisiciones.

Según Analytica, en el año hasta mayo, el BCRA compró USD 9.756 millones (y USD 273 millones más los primeros tres días de junio). En ese mismo lapso, el Tesoro, considerando las emisiones en el mercado local, la adquisición de USD 150 millones en el mercado la semana pasada y las compras al BCRA, utilizó en total USD 3.866 millones para el pago de vencimientos. En consecuencia, la acumulación de dólares hasta mayo, si se descuenta los pagos del BOPREAL (USD 1.267 millones) es de 4.623 millones de dólares. Pero si se suma el repo con bancos por USD 3.000 millones en enero, alcanza USD 7.623 millones de dólares.

El resultado no se observa de manera directa en las reservas internacionales brutas del BCRA, que aumentaron de USD 43.099 millones el 2 de enero a USD 48.414 millones este miércoles 3 de junio, impulsadas por variaciones en las cotizaciones de los activos que integran el balance de la entidad, como el oro, los encajes y los yuanes, así como el pago de deuda del gobierno nacional y las provincias, entre otros movimientos.

La consultora Analytica explicó que al inicio del programa la compra de reservas por parte del BCRA no se traducía en una acumulación efectiva, debido a que el Tesoro utilizaba esos dólares para afrontar vencimientos. Pero esto cambió desde que comenzaron a emitirse los bonos AO27 y AO28 a fines de febrero, que permitieron al Ministerio de Economía utilizar esos dólares para pagar vencimientos y reducir la presión sobre las compras del BCRA, acelerando así la acumulación. Prueba de ello es que en mayo, el Central compró USD 2.601 millones y acumuló USD 2.560 millones, con una diferencia mínima entre ambos montos.

El objetivo en el segundo semestre

En el equipo económico esperan que esta situación cambie en el segundo semestre y que el BCRA puede acumular las compras de reservas. “A medida que progresa el año, es de esperar que la acumulación de reservas se alinee con la compra de reservas que lleva a cabo el BCRA. Esto reflejará el gran progreso del Tesoro en el programa de refinanciamiento de sus obligaciones en dólares”, sostuvo Vladimir Werning, vicepresidente de la autoridad monetaria, durante su participación el evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

La clave para ello suceda serán los mecanismos de financiamiento. En julio, el Gobierno tiene que enfrentar el pago por USD 4.300 millones con bonistas, por lo que se espera que se comuniquen las garantías con organismos internacionales y que, con los nuevos prestamos con bancos, se evite el uso de las reservas del Central. Sobre todo de cara a la meta de acumulación de reservas que fijó el Gobierno con el FMI por USD 8.000 millones a diciembre de 2026.

El último acuerdo con el organismo internacional distingue entre la meta de compra de reservas y la meta de acumulación. Para 2026, el equipo económico acordó con el organismo internacional comprar USD 10.000 millones en un escenario base y USD 17.000 millones en uno optimista. A comienzos de junio, BCRA cumplió con la meta de compras, pero sólo computan las reservas netas acumuladas para el cumplimiento del objetivo anual. La meta de reservas netas quedó fijada en USD 8.000 millones para diciembre de 2026.

Del lado de la oferta, el BCRA no tendrá problemas para continuar con las compras. Por parte del campo se espera que se aporten USD 36.000 millones mientras que aún hay giros pendientes de obligaciones negociables que colocaron las empresas y las provincias. De acuerdo con la última exposición de Werning ante inversores en Washington, a mediados de abril quedaban pendientes giros por 3.200 millones de dólares. Además, durante mayo se observó una aceleración en las colocaciones de obligaciones negociables.

La interacción entre las compras del BCRA, las operaciones del Tesoro y el marco regulatorio del acuerdo con el FMI estableció un escenario en el que la acumulación de reservas adquiere centralidad en la agenda económica. Las cifras hasta principios de junio evidenciaron que el cumplimiento de la meta de compras no asegura el logro de la meta de acumulación, dada la estructura de pagos y fuentes de financiamiento que intervienen en el proceso.

La declaración de Werning y los informes de las consultoras privadas coincidieron en que la atención del mercado gira en torno a la dinámica de acumulación efectiva, la evolución de las reservas netas y la capacidad del BCRA para sostener el proceso en la segunda mitad del año, en un contexto de pagos externos y condicionamientos del acuerdo con el FMI.

Vassalli, la fabricante de cosechadoras fundada en Firmat en 1949, negocia su traspaso a un nuevo grupo inversor por el valor simbólico de un dólar. La condición principal es que quien ingrese como nuevo accionista absorberá la totalidad de los pasivos acumulados por la compañía, que si bien no se comunicaron oficialmente, en la industria ya adelantan que serían “montos de deuda altísimos”.

Sin embargo, según consta en registros oficiales del Banco Central, la firma acumula unos 869 cheques rechazados por un monto total de 1.337 millones de pesos. En el caso de que el acuerdo se cierre antes de fin de junio, tal como prevén las partes involucradas en la transacción, la empresa cambiará de manos por cuarta vez en poco menos de una década.

El valor de venta de la compañía refleja el peso de una deuda que incluye salarios adeudados, obligaciones con proveedores y un esquema laboral reducido a cuatro horas diarias acordado entre la empresa, el gremio metalúrgico y las autoridades laborales de Santa Fe. “El eventual comprador está preocupado por la masa salarial, porque es demasiado grande lo que se adeuda”, dijeron a Infobae fuentes con conocimiento de la transacción.

La propuesta está encabezada por Roberto Santiago Chinelli, exgerente general de la empresa durante la gestión del último propietario, Eduardo Marsó, y vinculado a la firma desde los años 90. Detrás de él, aseguran, hay un grupo de inversores nacionales cuya identidad no trascendió. Si la operación prospera, Chinelli quedará al frente de toda la operación industrial: producción, desarrollo de producto, área comercial, recursos humanos y servicio mecánico. El área financiera seguiría radicada en Buenos Aires.

Las negociaciones apuntan a cerrarse entre el 15 y el 20 de junio, aunque fuentes de la Municipalidad de Firmat advirtieron a Infobae que el proceso acumula demoras. “La esperada venta se podría concretar entre el 15 y el 20 de junio, situación que se repite en esta cuestión de plantearle a la sociedad una nueva prórroga de tiempo. Es lo que pasa siempre”, comentaron.

En tanto, lo que frena el cierre, según fuentes con conocimiento de la operación, es un enredo de papeles que se arrastra desde los sucesivos cambios de manos. “Estaban complicados los papeles por el encadenamiento de cambios societarios, el paso por una convocatoria y la venta previa a Marsó, que pagó una parte y luego dejó de pagar”, explicaron a este medio.

El deterioro de la planta

La crisis de Vassalli no es nueva, pero se agudizó con fuerza desde 2023. Ese año, marcado por la fuerte sequía que atravesó el agro argentino, la empresa dejó de tomar nuevas ventas y concentró su actividad en fabricar 39 máquinas ya comprometidas. A noviembre de ese año quedaba una sola unidad por terminar. Hoy, los trabajadores asisten a la planta en un esquema de cuatro horas diarias, con salarios atrasados y sin certeza sobre el futuro inmediato de la compañía. La municipalidad y el gobierno provincial asistieron a los empleados con alimentos y atención sanitaria durante los meses más críticos.

El plan que llevaría adelante el nuevo grupo no se limita a pagar las deudas, sino que prevé una reorganización integral que incluye la recuperación gradual de la actividad fabril, una modernización tecnológica orientada al desarrollo de nuevos productos y la creación de herramientas financieras propias para la comercialización de maquinaria. Este último punto apunta a cerrar una brecha histórica frente a los grandes fabricantes internacionales, que cuentan con estructuras de crédito para ofrecer financiamiento directo a los productores.

Antecedentes

Roque Vassalli fundó la compañía en 1949 en Firmat, ciudad del sur de Santa Fe. Desde entonces, la firma creció hasta convertirse en una de las marcas de referencia de la industria de maquinaria agrícola argentina, con tres plantas cubiertas que suman 99.000 metros cuadrados, producción de cosechadoras, plataformas y repuestos, y un área de investigación y desarrollo propia.

La historia reciente de la empresa es la de una sucesión de crisis y traspasos. Tras atravesar una convocatoria de acreedores, en 2020 la Justicia aprobó el acuerdo entre Mariana Vassalli —heredera de la familia fundadora— y la firma Financiamiento Estratégico S.A. para transferir la gestión a nuevos actores mediante un fideicomiso creado para asumir el manejo de la compañía. Bajo ese esquema, Esteban Eskenazi —hijo mayor de Enrique Eskenazi, titular del Grupo Petersen— tomó el control con el 90% del capital accionario, con Matías Carballo como socio minoritario.

La gestión de Eskenazi y Carballo logró ordenar los números de la empresa, pero el contexto macroeconómico y la sequía de 2023 los llevaron a poner Vassalli en venta. En enero de 2024, la compañía pasó a manos del empresario entrerriano Eduardo Marsó por USD 8 millones, en una operación pactada a cinco años con un desembolso inicial del 10% y el resto a cancelar dentro del plazo convenido.

Marsó tenía antecedentes en el sector agroindustrial: había estado al frente de la metalúrgica Albace, dedicada a maquinaria para frigoríficos, fue dueño de la avícola Las Camelias —que luego cedió a sus hermanos— y tuvo participación en Procesadora Ganadera Entrerriana, dedicada a la faena de bovinos. Sin embargo, según las fuentes consultadas por Infobae, el empresario pagó la primera cuota y dejó de abonar el resto. Esa deuda pendiente con los anteriores dueños es hoy uno de los nudos que complica la transferencia al nuevo grupo.

La deuda previsional de El Salvador alcanzó USD 11.520,42 millones al cierre de abril de 2026, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) con información del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). El saldo subió USD 279,29 millones frente a diciembre de 2025, un alza de 2,48% en cuatro meses.

El aumento se explicó por el comportamiento de los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), que pasaron de USD 2.846,94 millones en diciembre de 2025 a USD 3.126,86 millones en abril de 2026. En contraste, los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) cerraron en USD 8.393,56 millones, frente a USD 8.394,19 millones en diciembre.

De acuerdo con el BCR, la deuda previsional mantiene una tendencia ascendente desde hace varios años. En enero de 2023, el saldo total era de USD 8.444,62 millones; para abril de 2026, ya superaba los USD 11.520 millones, con un aumento acumulado de más de USD 3.075 millones en poco más de tres años.

Emisiones y composición de la deuda

Entre enero y marzo de 2026, el Gobierno realizó emisiones de deuda previsional por USD 236,5 millones, desembolsadas en varios tramos, según las notas técnicas del ISP. Esas colocaciones impulsaron el saldo de los COP y contribuyeron al aumento general de la deuda asociada al sistema de pensiones.

Al cierre de abril de 2026, los CFT representaban cerca del 72,9% del total, mientras que los COP concentraban alrededor del 27,1%. Pese a esa diferencia, los certificados previsionales explicaron casi todo el crecimiento registrado en lo que iba del año.

En la actualización anterior, correspondiente al primer trimestre de 2026, el BCR reportó que la deuda estatal con los fondos privados de pensiones sumó USD 235,19 millones en el período y superó los USD 11.476 millones acumulados. La comparación interanual mostró que la deuda acumulada a marzo de 2026 era USD 779,21 millones mayor que la de marzo de 2025, equivalente a un crecimiento de aproximadamente 7,3%.

Durante el primer trimestre de 2026, el Gobierno empleó USD 92,32 millones en enero, USD 46,76 millones en febrero y USD 96,11 millones en marzo. Según el texto, esos recursos se habrían destinado al pago de pensiones del antiguo sistema público, reformado en 2022.

El esquema de financiamiento y la advertencia del FMI

Esos fondos se obtienen mediante títulos emitidos por el ISP y adquiridos por las administradoras de fondos de pensiones (AFP), una obligación establecida por ley. Actualmente, los COP suman USD 3.126,86 millones, mientras que los CFT se sitúan en USD 8.393,56 millones.

El BCR recordó que, desde una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido Nuevas Ideas (NI), a finales de 2022, los CFT no generan pagos de capital ni intereses.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el 89% de los activos bajo gestión de las AFP, que llegaron a USD 14.900 millones en 2024, permanecen en títulos de deuda pública, directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras.

Además, el organismo alertó que las pensiones del sistema privado comenzaron a pagarse con recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo común para los afiliados de las AFP, utilizado cuando los pensionados agotan los fondos de sus cuentas individuales.

La población salvadoreña se mantiene a la expectativa de una nueva reforma al sistema de pensiones, un compromiso adquirido por el Gobierno de Nayib Bukele ante el FMI y cuyo plazo de entrega venció el 10 de febrero pasado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el gobierno ya tiene cubiertos todos los vencimientos de deuda previstos hasta el final del mandato de Javier Milei y defendió la estrategia fiscal y monetaria aplicada desde diciembre de 2023. Durante su participación en el 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Caputo sostuvo que la gestión actual logró “desactivar la peor bomba atómica de la historia” sin recurrir a prácticas del pasado, como confiscaciones o reestructuraciones forzosas.

“Esta vez es diferente, porque es la primera vez que la Argentina tiene orden macroeconómico por decisión política. Las pocas veces que hubo orden fue después de una crisis, con confiscaciones de depósitos, defaults, especificaciones asimétricas, corralitos. Son heridas que todavía estamos purgando. Ahora, logramos esta estabilidad respetando la propiedad privada. No hicimos ninguno de los chanchullos esos que Argentina siempre hizo en el pasado, y eso vale oro”, señaló Caputo ante empresarios y ejecutivos del sector y en la previa al discurso del Presidente Javier Milei, quien cerró el evento.

En su exposición, el titular del Palacio de Hacienda destacó el avance de la economía argentina y proyectó un escenario de crecimiento y baja inflación hacia 2027. “Si miramos la tendencia ciclo, llevamos 24 meses consecutivos de alza. Eso no pasaba desde 2011. Definitivamente, hay una recuperación que será progresivamente mayor en el tiempo. Espero que los próximos 18 meses sean claramente mejores”, pronosticó Caputo.

“Están totalmente cubiertos los vencimientos por todo el mandato del presidente Javier Milei”, expresó Caputo, quien además atribuyó esta situación a la “excelente relación con el FMI”. “No puede ser mejor. Es realmente excelente a todo nivel, desde Kristalina Georgieva hasta el equipo técnico”, subrayó el funcionario en el evento que reunió a los ejecutivos de finanzas de las empresas más grandes del país.

A su vez, remarcó que la decisión oficial es evitar endeudarse en los mercados internacionales a tasas altas. “No tiene sentido salir al mercado internacional a tasas más altas cuando podemos refinanciar a tasas más bajas por otros mecanismos. Mientras tengamos opciones mejores, vamos a seguir ese camino”, explicó.

En materia de reformas, defendió la ley de Modernización Laboral y anticipó el envío de una versión renovada de la ley de Inocencia Fiscal al Congreso: “Confiamos en que la reforma laboral va a ayudar para que haya una mayor formalización. Esto es importante porque hay dos formas para recaudar más: una con la formalización y la otra con mayor crecimiento”, sostuvo. El nuevo proyecto de inocencia fiscal apunta a incentivar la canalización de ahorros en dólares hacia la inversión productiva.

Caputo también se refirió a la política de reducción de impuestos, resaltando que la baja de tres puntos del PBI en la carga tributaria nacional —equivalentes a unos USD 20.000 millones por año— debe ser acompañada por provincias y municipios. “El aumento de productividad se da a través de menor presión impositiva, menos regulaciones y mejoras logísticas”, agregó. Según Caputo, existe una mayor predisposición de los gobernadores a acompañar el nuevo modelo económico.

Consultado sobre el esquema monetario, el ministro explicó que la Argentina avanza hacia un sistema bimonetario “a la uruguaya”. “La gente elegirá la moneda. Vamos a permitir la libre circulación del peso y el dólar para que las personas decidan en qué moneda operar”, detalló.

Durante su exposición, Caputo también abordó el impacto de los shocks externos y la volatilidad internacional. Destacó el cambio de perfil de la macroeconomía local: “En las últimas reuniones del G20, nos pusieron como ejemplo. Kristalina Georgieva destacó que éramos el único país del G20 con superávit energético y superávit fiscal. Hasta hace tres años teníamos déficit fiscal y energético”.

A su vez, advirtió que, tras años de pérdida de confianza, el país necesita sostener una política ortodoxa durante un tiempo: “Tantos años de haber hecho las cosas mal erosionó absolutamente nuestra credibilidad. Entonces, no podemos darnos el lujo de descuidar nada de lo que hemos hecho. Más ortodoxia que nunca. Ese es el camino.”

Tras una semana con legisladores de viaje y un feriado que le sirvieron de excusa perfecta al oficialismo senatorial, que comanda la porteña Patricia Bullrich, para hacer la plancha y evitar inconvenientes, la Cámara alta tendrá 72 horas de abultada actividad y una casi segura sesión entre mañana y el jueves, aunque sin proyectos rutilantes. La única prioridad es que el recinto vote y gire rápido a Diputados un acuerdo entre el Estado argentino y dos holdouts por USD 171 millones, que se vencerá al término del corriente mes.

La confirmación de la sesión recién se consumará en las primeras horas del miércoles -11-, cuando se lleve a cabo la reunión de Labor Parlamentaria entre los diferentes jefes de bloque, en el despacho de la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel. Además de la iniciativa mencionada, La Libertad Avanza (LLA) pretende aprobar la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”.

Desde la oposición “friendly” le desplumaron el texto a Bullrich, que se quedó sin herramientas ni ideas, y ante una Casa Rosada que sigue de cerca esta mecánica de curiosas concesiones. Aún resta saber si los pliegos judiciales dictaminados aterrizarán en el recinto, luego de las recientes tropelías del oficialismo en relación con esta cuestión. En vez de soluciones, nacen problemas creados por los propios libertarios.

La administración central se ve favorecida aún por las nulas intenciones de los aliados en cuanto a reingresar en una batalla con el Ejecutivo. Y con un cristinismo quebrado. No obstante, ciertos semáforos amarillos empiezan a agolparse, tras la palabra incumplida por Balcarce 50 -también de Bullrich- a varios dialoguistas. En algunas ocasiones, pocos son los que entienden a qué juega LLA. Ni hablar de sus internas. Casi todas, con dosis de humo a la vista.

Parte de la lógica libertaria: la comisión de Asuntos Constitucionales, que comanda el mileísmo, escondió la trabada reforma política que mandó la Casa Rosada -dinamitar PASO, cambios profundos en partidos, extensión de Boleta Única, Ficha Limpia, etcétera- en las últimas semanas y solo convocó para este miércoles por el proyecto “Horajasca”, que busca eliminar 70 normas viejas y que ya votó Diputados, hace menos de 15 días. Las “prioridades” que opera el Gobierno, a esta altura, generan risas en diversas oficinas.

En el ramillete de comisiones se asoman plenarios para firmar despachos de convenios internacionales avalados por la Cámara baja. No tendrá la misma fuerza el tema de ludopatía, que llegó días atrás. Otro, el delicado y que modificaría la ley de salud mental, continúa en charlas y se pretende el mayor consenso posible en todo el Senado. Algo casi imposible.

Hay otros articulados que se asoman y desaparecen rápido, como la dilatada discusión sobre el cierre de minas. O el etiquetado frontal. Sí llamó la atención el plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda, para analizar —pasado mañana— la siempre pícara agenda de biocombustibles. Es, siempre, un gancho para sellar a los habituales dubitativos.

Al lado de la siesta sobre la reforma política se encuentra el proyecto que revierte un sector de las “zonas frías” y desactiva parte del descalabro energético que empujó, en su momento, Máximo Kirchner: ahora, se incorporan “zonas calientes”. Fue la gran idea que se le ocurrió al Gobierno para cerrar con mandatarios provinciales. Pese a ello, hay bancadas ofuscadas por el “tarifazo” al que -de forma inevitable- quedarán asociadas, sin dudas, junto a la administración central.

Más allá del panorama descripto, el envío de un nuevo lote de pliegos judiciales desde Balcarce 50 -que interesen a dialoguistas-, algún guiño por iniciativas trabadas, y el giro de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hacia distritos amigos se muestran, hasta hoy, como alicientes para contener a aliados que cumplen con acuerdos que después no respeta el oficialismo y Bullrich. No fue así durante las sesiones extraordinarias de diciembre y febrero pasado.

Rizobacter, una empresa de Bioceres Corp, alcanzó una adhesión superior al 86% en la oferta para canjear obligaciones negociables por USD 42,68 millones, lo que permitirá a la compañía extender vencimientos hasta 2029, en un contexto de incertidumbre luego de la reciente quiebra de Bioceres S.A.

El resultado de la reestructuración se conoció tras completar la segunda operación consecutiva en el mercado de capitales, en el marco de su estrategia para adecuar el perfil financiero con el objetivo de evitar un incumplimiento de los mismos.

Según el comunicado oficial de la firma, dedicada a la producción y comercialización de insumos biológicos y tecnológicos para la agricultura, la operación involucra las Obligaciones Negociables Series IX y X, integradas por las Clases A y B de cada emisión. A la vez, se detalló que la propuesta contempló la emisión de nuevas Obligaciones Negociables Serie XI, estructuradas en Clases A, B y C, con una tasa anual del 9% y vencimiento el 3 de septiembre de 2029. Además, la oferta incluye un pago inicial del 20% del capital para los participantes, previsto para el 28 de junio, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas.

Gerónimo Watson, director de la compañía, expresó: “Este resultado refleja la confianza del mercado en la compañía y en el camino que venimos llevando adelante. La adhesión alcanzada nos permite seguir avanzando con mayor previsibilidad financiera y foco en la operación y el negocio”.

De esta forma, la empresa logró un avance en la extensión de sus compromisos financieros, alineado con el fin de consolidar una estructura más sostenible.

El antecedente

Cabe destacar que se trata de la segunda operación consecutiva que Rizobacter completa con éxito en el mercado de capitales. Semanas atrás, la firma había registrado una adhesión superior al 75% en el canje de la ON Serie VIII Clase B, por unos USD 3,8 millones, también extendiendo vencimientos hasta septiembre de 2029.

El comunicado resaltó que “ambas operaciones forman parte de una estrategia integral orientada a extender plazos, mejorar previsibilidad y consolidar una estructura financiera más sostenible hacia los próximos años”.

En paralelo, la empresa ya llegó a acuerdos en términos similares con una parte importante de las entidades bancarias con las que opera, bajo el mismo esquema de adecuación y extensión de vencimientos financieros.

Rizobacter, fundada por Ricardo Yapur en Pergamino en 1977, pasó a estar bajo el control mayoritario de Bioceres Crop Solutions (BIOX) tras la compra del 50,01% de sus acciones en 2016.

En el último tiempo, el grupo experimentó una expansión global, con presencia en más de 25 mercados y adquisiciones como la de ProFarm Group por USD 243 millones. La estructura de la empresa, que incluía a Bioceres Group Limited en el Reino Unido, Bioceres S.A. en Argentina y BIOX en el Nasdaq, enfrentó dificultades tras una serie de crisis, iniciadas con la sequía de 2022 y la caída de los precios internacionales.

En 2025, Bioceres S.A. fue declarada en quiebra en Santa Fe, en un contexto de disputas internas y acusaciones entre las distintas gestiones. El ex CEO Federico Trucco, actualmente al frente de BIOX, y el empresario uruguayo Juan Sartori, quien asumió el control de la compañía ese mismo año, mantienen diferencias profundas sobre el origen de la crisis. Allegados a Sartori responsabilizan a la administración anterior por un “profundo deterioro económico y financiero”, y estiman que las pérdidas del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2025 alcanzaron los USD 180 millones, por encima de los USD 130,3 millones del año previo.

Una de las decisiones más cuestionadas fue la desconsolidación intencional de BIOX, que, según el círculo de Sartori, provocó una pérdida cercana a los USD 350 millones en el patrimonio neto de Bioceres.

En tanto, fuentes cercanas a Trucco aseguran que la nueva administración no tuvo intención real de cumplir con los compromisos y que la estrategia buscaba aumentar la participación accionaria en BIOX, cuya cotización cayó de USD 7 a fines de julio a USD 0,62 por acción tras varias ventas de emergencia impulsadas por Sartori.

Finalmente, ProFarm Group, adquirida en 2022, fue cedida a acreedores estadounidenses luego de la ejecución de garantías por USD 55 millones, lo que facilitó que el fondo Jasper Lake se quedara con la compañía por aproximadamente USD 15 millones.

En medio de una crisis de mora récord que afecta a millones de hogares y amenaza la estabilidad de la banca, el lanzamiento de un plan de rescate del Banco Nación provoca un fuerte reacomodamiento en el sistema financiero argentino. La entidad estatal propone un mecanismo abierto no solo a sus propios clientes, sino también a quienes mantienen deudas con otros bancos o fintech, lo que intensifica la competencia entre entidades y obliga a los principales actores del mercado a ajustar sus estrategias para retener usuarios y evitar la exclusión financiera. El fenómeno de la morosidad revela el impacto de la caída del poder adquisitivo, el encarecimiento de servicios y la proliferación de deudas para sostener el consumo, con un sistema que enfrenta el desafío de atender tanto la urgencia social como su propia sustentabilidad.

El aumento de la irregularidad en créditos y préstamos personales, que trepó al 11,5% en el sector de personas físicas durante marzo de 2026, coloca a la Argentina en el nivel más alto de los últimos veinte años. El porcentaje de mora en tarjetas de crédito alcanzó el 11,7%, mientras que los préstamos personales registraron un 14,2% de incumplimiento. El contexto se vuelve aún más delicado porque casi cinco millones de hogares atraviesan situaciones de deuda, y la respuesta de bancos, financieras y billeteras digitales se diversifica según el perfil de clientes, la antigüedad de los atrasos y la capacidad de pago de cada usuario.

El paquete del Banco Nación: condiciones, requisitos y procedimientos

La propuesta del Banco Nación impacta en el tablero financiero porque invita a reorganizar deudas tanto de sus propios clientes como de usuarios de otras entidades, incluidas fintech. La consolidación de obligaciones permite simplificar la gestión, acceder a plazos máximos de 72 meses y pagar tasas fijas del 65% TNA, con montos de hasta 100 millones de pesos. Para quienes presentan atrasos en tarjetas de crédito de hasta 90 días, la entidad ofrece reprogramar deudas por hasta 10 millones de pesos, con plazos de hasta 60 meses y una tasa nominal anual del 35%. El programa prevé que la tarjeta continúe activa, que el pago en cuotas comience en el siguiente resumen y que los límites de compra se ajusten temporalmente.

En el caso de una mora superior a los 90 días, el Banco Nación extiende los plazos de financiamiento hasta 96 meses, siempre sujeto a evaluación crediticia y condiciones particulares. Cada solicitud pasa por una evaluación personalizada, en la que equipos de especialistas revisan el perfil, los ingresos y las características de la deuda para definir opciones a medida. El usuario puede iniciar la gestión en cualquier sucursal, donde recibe asesoramiento y conoce los requisitos actualizados para acceder a estas alternativas.

El Banco Nación pone el foco en reducir la carga mensual de los deudores, extender los plazos y facilitar el acceso a soluciones flexibles, en un contexto donde la mora bancaria creció de 3,3% a 11,5% para personas físicas en un año, con el mayor grado de incumplimiento en préstamos personales desde 2011.

Cómo recurir al “kit” de rescate para morosos del Nación

El que aspire a la asistencia del Nación, tiene distintas alternativas:

• Consolidación de deudas

Destinada a personas que perciben sus haberes a través del Banco Nación. Esta herramienta permite reunir obligaciones financieras mantenidas tanto en esta como en otras entidades, facilitando la administración de los compromisos y la organización del esquema de pagos.

La línea contempla tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $ 100 millones.

• Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito

Disponible para clientes que registran hasta 90 días de atraso en el pago de una tarjeta de crédito emitida por la institución. Posibilita reestructurar saldos pendientes de hasta $ 10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35%.

La operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta, el inicio del pago de las cuotas en el próximo resumen y adecuaciones temporales en los límites de compras.

Para situaciones con más de 90 días de atraso, el Banco dispone de alternativas de financiación para extender los pagos en hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y condiciones vigentes.

• Cómo iniciar la gestión

Los clientes pueden acercarse a cualquier sucursal para recibir asesoramiento y conocer las opciones disponibles. También tienen la posibilidad de consultar la información y requisitos vigentes en www.bna.com.ar.

A través de estas herramientas, el Banco Nación acompaña a sus clientes en la reorganización de sus compromisos financieros, brindando soluciones que favorecen una administración ordenada, previsible y sostenible de su economía personal.

La respuesta de los demás bancos

El Banco Provincia opta por una estrategia centrada en la prevención del sobreendeudamiento y la detección temprana de señales de estrés financiero. La entidad prioriza el otorgamiento responsable de crédito, implementa un monitoreo activo de la cartera y reacciona con agilidad para evitar que los atrasos se vuelvan estructurales. Para quienes presentan mora temprana, de hasta 90 días, el banco ofrece una línea de refinanciación de préstamos personales de hasta 72 meses, con tasa fija del 81,78% nominal anual (vigente a marzo de 2026), anticipo equivalente a una cuota, o sin anticipo para quienes perciben haberes en la entidad.

Para clientes con ingresos de hasta tres salarios mínimos (menos de 1.073.400 pesos), hay un programa especial con tasa fija del 40,89% y extensión de plazos hasta 60 meses. Si la mora supera los 90 días, se mantienen plazos de hasta 72 meses, un anticipo del 5% (o sin anticipo si el usuario cobra haberes en el banco) y, en situaciones críticas, opciones como quitas de capital o cancelación por saldo contable.

En el segmento de empresas, el Banco Provincia habilita líneas de refinanciación tanto para mora temprana como tardía, con plazos de hasta 84 meses, anticipos del 2,5% o 5%, y tasas variables más spread, que en marzo de 2026 equivalen al 35,16% nominal anual. La entidad reportó que la recuperación de mora se cuadruplicó durante el primer bimestre de 2026 frente a los tres años anteriores, resultado que atribuye a su política de prevención y acompañamiento.

ICBC implementó soluciones específicas según el grado de atraso en la cartera de clientes. Para usuarios sin mora pero con deudas elevadas en tarjeta de crédito (más del 30% financiado y más de 9 millones de pesos en Visa o Mastercard), se ofrece un préstamo personal para reestructuración con tasa UVA +20% y plazo de hasta 48 cuotas, aunque implica la baja del producto tarjeta. Para quienes deben menos de 9 millones, hay una opción de cuotificación en tarjeta Visa, con tasa del 39% y plazo de 24 cuotas, que permite mantener la tarjeta activa.

Para clientes con mora superior a 30 días en tarjetas, préstamos personales o cuentas corrientes sin garantía, el banco diseña acuerdos de pago personalizados, ajustando el número de cuotas y bonificando el saldo según la capacidad de pago y el nivel de morosidad. Además, ofrece planes de refinanciación que buscan aliviar la carga financiera a través de la consolidación de deudas, con la baja de todos los productos en mora y plazos de 6 a 60 meses. Las tasas disponibles son fija del 70% TNA o UVA +10% TNA. El acceso a estos planes requiere no superar la situación 4 en Veraz e implica una revisión y aprobación del área de créditos.

El Banco Macro, por su parte, despliega el programa “Gestión de Mora Temprana”, que prioriza la acción antes de que los atrasos se conviertan en casos de incobrabilidad. El equipo del banco contacta a los clientes en cuanto detecta dificultades en la gestión de las deudas, para ofrecer reestructuración con tasas diferenciales. El contacto directo permite anticipar soluciones y rescatar usuarios antes de que la situación se agrave. Voceros de la entidad remarcan que los usuarios muestran buena recepción ante la posibilidad de acceder a planes de reestructuración, lo que les brinda mayor certidumbre sobre su situación financiera.

En el área de banca empresas, la metodología incluye segmentación por actividad y herramientas adaptadas a la realidad de cada sector, con el objetivo de evitar que las empresas lleguen a situaciones críticas de atraso.

El Banco Credicoop adopta una estrategia diferenciada basada en su estructura cooperativa. La entidad desarrolla modelos de análisis para identificar de manera temprana indicadores de posibles dificultades y, frente a estos casos, ofrece líneas de crédito con tasas más bajas y plazos extendidos. Pereira explica que el objetivo es comprender la situación particular de cada socio y anticiparse a los problemas, ajustando las medidas a las necesidades específicas. El banco busca que la carga financiera afloje en el corto plazo para los asociados, adaptando las soluciones a cada situación.

El Banco Santander, por otro lado, adoptó una política de gestión individualizada ante situaciones de mora. Cuando la relación entre los pagos mensuales y los ingresos de un cliente se complica, la entidad ofrece planes de pago específicos para facilitar la cancelación de deudas. Durante la vigencia del plan de refinanciación, el banco suspende productos como tarjetas de crédito, sobregiros y nuevos préstamos, aunque mantiene activa la cuenta y otros servicios esenciales. Los usuarios pueden solicitar ayuda a través de los canales habituales, como el home banking, la aplicación móvil, el centro de atención telefónica y las sucursales. Esta metodología busca acompañar al cliente durante el proceso de regularización, adaptando las alternativas a las posibilidades de cada caso.

Entre los bancos privados líderes, la reacción frente al aumento de la morosidad se apoya en la personalización y en el uso intensivo de tecnología. Fuentes de una de las principales entidades descartan campañas masivas y señalan que el monitoreo es constante y personalizado. El sistema analiza el comportamiento individual de los clientes y, cuando detecta señales de estrés financiero, ofrece refinanciaciones con condiciones diferenciadas, como tasas más bajas y plazos extendidos. Durante el proceso, se suspenden tarjetas de crédito y la posibilidad de nuevos créditos, hasta que el usuario regulariza su situación.

El objetivo de este enfoque es preservar la condición de sujeto de crédito y evitar que los clientes enfrenten instancias judiciales. Los canales para acceder a estos planes incluyen plataformas digitales, atención telefónica y sucursales, con esquemas adaptados al segmento y a la capacidad de pago de cada usuario.

Las billeteras digitales, como Mercado Pago, implementan modelos de gestión del riesgo basados en scoring propio, que analiza más de 3.000 variables y se actualiza en tiempo real. Este modelo permite otorgar líneas de crédito acordes a la capacidad de pago de los usuarios y personalizar las condiciones de refinanciación. Voceros de la fintech señalan que este proceso permite una gestión de riesgo más precisa y dinámica que la del sistema tradicional, con alternativas adaptadas a la realidad de cada usuario.

En un contexto en que la mora bancaria tocó el mayor nivel en más de 20 años, el Banco Nación lanzó un conjunto de herramientas orientadas a quienes buscan reorganizar sus finanzas y regularizar sus deudas. Las medidas apuntan a reducir la morosidad en todas las líneas de crédito.

Desde la entidad bancaria aseguraron que cuentan con alternativas “que permiten reorganizar compromisos financieros, reducir el monto de las responsabilidades mensuales y extender plazos de pago, según la situación de cada cliente”.

Alternativas para regularizar la deuda

• Consolidación de deudas: dirigida a quienes cobran sus ingresos por medio del Banco Nación, esta opción posibilita unificar deudas financieras tanto en esa entidad como en otras, simplificando la gestión de compromisos y la planificación de pagos. La propuesta ofrece tasa fija, plazos máximos de 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y permite acceder a montos de hasta $100 millones.
• Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito: disponible para usuarios que presentan hasta 90 días de mora en el pago de tarjetas de crédito emitidas por la entidad. Permite reprogramar deudas de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35 por ciento. La modalidad prevé la continuidad de la tarjeta, el comienzo del pago en cuotas a partir del siguiente resumen y ajustes temporales en los límites de compra. En casos de mora superior a 90 días, el Banco ofrece opciones de financiamiento para extender los pagos hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones establecidas.
• Evaluación personalizada: Cada pedido se evalúa de forma particular por los equipos especializados del Banco, que tienen en cuenta el perfil del cliente, su situación económica y los detalles de las deudas a reestructurar. Este método posibilita brindar opciones ajustadas a cada caso, favoreciendo una gestión responsable de los compromisos financieros.

Para iniciar la gestión, los clientes del Banco Nación pueden dirigirse a cualquier sucursal para recibir asesoramiento y conocer las alternativas disponibles. Además, cuentan con la opción de consultar la información y los requisitos actualizados.

Mora bancaria récord

En los últimos doce meses, la mora en los créditos otorgados a familias experimentó un alza significativa. De acuerdo con cifras oficiales, el porcentaje de préstamos en situación irregular para personas físicas subió de 3,3% en marzo de 2025 a 11,5% en el mismo mes de 2026, un nivel que no se registraba desde hace más de dos décadas. Los préstamos personales muestran el mayor grado de incumplimiento de los últimos quince años.

El último Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) indica que el porcentaje de créditos en situación irregular en el sector privado alcanzó el 7%, lo que implica una suba de 0,3 puntos porcentuales frente a febrero y un incremento de 5 puntos en comparación con el año anterior (2%). Para el financiamiento a hogares, la tasa de morosidad casi se triplicó en términos interanuales (+8,3 p.p) y aumentó 0,3 puntos respecto al mes previo.

Al analizar el detalle de los créditos a hogares, el 14,2% de los préstamos personales registró algún nivel de atraso, marcando un aumento de 0,4 puntos frente a febrero. Las hipotecas mantuvieron una morosidad del 1,4%, sin cambios respecto a la medición anterior. Los créditos prendarios presentaron un nivel de incumplimiento del 6,9%, con una suba de 0,1 puntos, y las tarjetas de crédito alcanzaron una tasa de mora del 11,7%, lo que representa una variación de 0,1 puntos en relación con el mes pasado.

La semana anterior, durante un evento de inteligencia artificial, varios CEO de bancos nacionales señalaron que la irregularidad en el pago de las deudas habría comenzado a estabilizarse. Es posible que los ejecutivos hicieran referencia a datos más recientes, correspondientes a abril o a lo que va de mayo, distintos a los publicados ahora por el BCRA (marzo). De todos modos, se detectó una desaceleración en el ritmo de aumento de la irregularidad dentro de las líneas de crédito destinadas a familias.

El equipo económico avanzó con la limpieza del balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta semana logró una importante reducción de las letras que fueron emitidas durante diferentes gobiernos kirchneristas para acceder a reservas con el objetivo de pagar deuda externa. Pese a ello, siguen surgiendo críticas por parte de analistas que hablan de una “contabilidad creativa” y que aseguran que el ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá un margen de acción limitado respecto a los pesos que quedarán depositados en el Tesoro si no quiere incurrir en emisión monetaria, un palabra prohibida en la gestión de Javier Milei.

En las últimas horas, el Gobierno formalizó la cancelación de un importante volumen de Letras Intransferibles (LI) que componían los activos del BCRA, en el marco de una operatoria articulada previamente con la transferencia de utilidades del BCRA al Tesoro Nacional.

La decisión, según detallaron en el Ministerio de Economía, tenía como propósito reducir la deuda bruta del Estado y modificar la composición patrimonial de la entidad monetaria. La medida se oficializó a través de la Resolución Conjunta 27/2026 publicada en el Boletín Oficial, que habilitó una recompra de LI al BCRA por un valor efectivo de 18,4 billones de pesos.

Las Letras Intransferibles son títulos de deuda que el Tesoro Nacional comenzó a emitir en enero de 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner y que se entregaron al BCRA a cambio de reservas internacionales. Estos papeles se utilizan únicamente para pagos de deuda pública externa y no cotizan en el mercado de valores. A lo largo de los años, el stock se incrementó y pasó a representar un componente relevante del activo del Central.

Tras la operación, el jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, sostuvo que el Tesoro recompró un valor nominal original de USD 20.434 millones, pero pagando un monto efectivo de USD 13.225 millones a un tipo de cambio de $1.391 por dólar.

Esta diferencia representó un “ahorro” de USD 7.209 millones para el Tesoro, que accedió a los títulos por debajo de su valor nominal, mientras el BCRA registró una ganancia contable cercana a 4.950 millones de dólares. Según Vitelli, la paridad promedio ponderada de recompra fue del 65 por ciento. El BCRA tenía valuados estos activos a una paridad inferior, lo que explicó el resultado contable favorable en su balance.

En términos totales, la operatoria permitió reducir las existencias de este instrumento en manos del BCRA en aproximadamente un 50% en relación con el nivel previo a la intervención. La reciente recompra y cancelación de estos instrumentos constituyó una de las principales apuestas oficiales para sanear cuentas públicas y modificar la relación financiera entre el Tesoro y el Banco Central.

Los pesos que quedaron en el Tesoro

Algunos especialistas sostienen que la operatoria constituye un “pasa manos” entre dos organismos estatales. El giro de utilidades generó críticas de analistas tanto por la posterior recompra de letras como por los $6 billones que permanecerán depositados en la cuenta del Tesoro en el Banco Central, así como por los movimientos autorizados para evitar la emisión monetaria.

Tras el anuncio de la transferencia entre entidades, Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier, fue uno de los que cuestionó la medida y reclamó mayor consistencia en la contabilidad de las autoridades monetarias: “Hay que cortar con la contabilidad creativa y ser consistente”.

Caamaño indicó que cancelar LI con utilidades devengadas, que no son resultados efectivamente realizados, no mejora el balance del Central ni reduce la deuda consolidada del sector público, que incluye tanto al Tesoro como al propio BCRA. Además, señaló que la autoridad monetaria considera los giros de utilidades devengadas como una fuente de financiamiento monetario para el Tesoro y calificó el efecto final de la maniobra como neutro, siempre que los depósitos no se utilicen para otros fines.

“No es monetariamente expansivo porque los pesos van a la cuenta del Tesoro en el BCRA (entonces no hay efecto monetario). Y esos pesos solo se van a usar exclusivamente para cancelar deuda en pesos o en dólares”, comentó una fuente del Palacio de Hacienda a Infobae.

Hasta el momento, el último informe monetario diario, al 21 de mayo, los deposito en moneda nacional del Tesoro en el BCRA estaban en $29 billones (tras el giro de las utilidades) mientras que en moneda extranjera estaban en 2.388 millones de dólares. Luego de la recompra de Letras Internas del Tesoro al Banco Central, se prevé una reducción en la presión sobre los pesos. Los analistas, en tanto, continuarán observando el destino de los $6 billones transferidos en concepto de utilidades.

El gobierno de Javier Milei consiguió otros USD 350 millones en bonos en dólares para reforzar el pago de los vencimientos de deuda de julio por USD 4.300 millones, al tiempo que evitó liberar pesos al mercado gracias a un elevado nivel de refinanciamiento en la licitación de este miércoles.

Según informó la Secretaría de Finanzas de la Nación, en la subasta se adjudicaron $12,57 billones en instrumentos de deuda, con ofertas totales por $16,14 billones y un rollover del 114,36% sobre los compromisos de la fecha.

Dentro de los instrumentos en dólares, se asignaron USD 200 millones en el bono AO27 (vencimiento 29 de octubre de 2027, TIREA 5,12%, TNA 5,00%) y USD 150 millones en el AO28 (vencimiento 31 de octubre de 2028, TIREA 8,49%, TNA 8,17%), reflejo de la mayor prima que exige el mercado por el plazo adicional de un año. Estos recursos se destinarán a cubrir parte de los vencimientos de julio, que ascienden a 4.300 millones de dólares.

Además, Finanzas comunicó que el jueves 28 de mayo de 2026 habrá una segunda ronda para suscribir los bonos AO27 y A028. En el primer caso, se podrán emitir hasta USD 105 millones adicionales en esta segunda vuelta, completando así el cupo total previsto para este instrumento. Para el BONAR 2028, el monto extra disponible en la segunda ronda no podrá superar los USD 250 millones.

Mediante estas dos opciones, que fueron emitidas en el mercado de capitales local, el Gobierno buscó acumular USD 4.000 millones con el objetivo de honrar los compromisos de deuda con bonistas por USD 4.300 millones de mediados de julio.

En cuanto al resultado en pesos, la mayor adjudicación correspondió a la Lecap/Boncap con vencimiento el 15 de septiembre de 2026 (S15S6), por $5,16 billones y una tasa efectiva mensual de 1,99% (TIREA de 26,68%). Para los bonos ajustados por CER, se adjudicaron $0,54 billones con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (TZXM7) a una TIREA de 2,00%, y $1,30 billones con vencimiento el 30 de septiembre de 2027 (TZXS7) a una TIREA de 5,06 por ciento.

En el segmento ajustado por tasa BADLAR (TAMAR), se colocaron $3,76 billones con vencimiento el 31 de agosto de 2028 (TMG28) y un margen de 7,93 por ciento. Para los bonos dólar linked se adjudicaron $0,75 billones al 31 de julio de 2026 (D31L6) a una TIREA de 6,01%, y $1,06 billones al 31 de marzo de 2027 (D31M7) a una TIREA de 5,50 por ciento.

El resultado de la licitación reflejó un fuerte interés de los inversores en los instrumentos en pesos de corto y mediano plazo. El título más demandado fue la Lecap/Boncap con vencimiento el 15 de septiembre de 2026, que concentró el 41,05% del total adjudicado, representando el mayor volumen dentro de la oferta en moneda local. Este instrumento, de tasa fija, suele ser elegido por quienes buscan seguridad y liquidez frente a escenarios de volatilidad.

“En línea con lo que esperábamos, esta licitación mostró una duration algo más moderada que las anteriores y una fuerte concentración en instrumentos a tasa fija y TAMAR. En particular, la nueva LECAP (S15S6) explicó la mayor parte de la colocación con adjudicaciones por $5,16 billones a una TEM de 1,99%, mientras que el TAMAR (TMG28) captó otros $3,76 billones con un margen de 7,93%”, destacó un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

En contraste, el título en pesos con menor demanda fue el bono ajustado por CER con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (TZXM7), que sumó apenas el 4,29% del resultado final. La menor participación de este bono sugiere un interés más acotado por los títulos indexados a inflación a plazos intermedios, posiblemente por expectativas de estabilidad de precios en el corto plazo o por la preferencia de los inversores por tasas fijas y plazos más cortos.

“La vida promedio pondera de la cartera emitida fue de 1,06 años y se patearon vencimientos a 2028 por $3,8 billones”, destacó Felipe Núñez, el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo.

Por su parte, Martín de la Fuente, analista financiero de Bavsa, expresó que el equipo económico sigue priorizando la extensión de los vencimientos pero “con un menor enfoque en el post elecciones (reabrieron solo el TMG28 como opción a 2028)”.

“El Tesoro, al no ofrecer nuevamente duales y al ofrecer dos Boncer del tramo medio, nos dio a entender lo mismo que la vez pasada: aprovechan que el tramo medio de la curva CER está caro, buscando achatar la curva que había quedado empinada producto de la dinámica de las licitaciones pasadas”, explicó.

Bajo su perspectiva, el resultado del proceso licitatorio marcó un nuevo mínimo en la tasa de los bonos a tasa fija, que quedó por debajo del 2% promedio registrado en la primera licitación de abril. Además, el plazo promedio de los instrumentos adjudicados se mantuvo alto, con 385 días, igualando a la segunda subasta del mes pasado.

En esa línea, Valentín Gómez García, analista de Adcap, consideró que por el lado de la demanda, “la sorpresa fue el aumento de demanda por instrumentos dollar linked, que representó el 14% del adjudicado, cuando en las últimas licitaciones venía representando menos del 5%”.

“Por el lado de la estrategia del Tesoro, esta vez vemos que, como llegó a la licitación con una gran liquidez en el sistema —alrededor de $4 billones que venía tomando el BCRA en la rueda REPO de A3—, prefirió no extender duration más allá de 2027 a tasas altas, como venía haciendo. En cambio, optó por rollear los vencimientos con instrumentos de duration más baja, priorizando endeudarse a una menor tasa", agregó Gómez García.

Durante la última semana, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro aumentaron de forma considerable y alcanzaron los USD 2.300 millones, monto suficiente para cubrir más de la mitad del vencimiento de deuda previsto para julio, que asciende a 4.300 millones de dólares. A pesar de este crecimiento, la estrategia financiera del Gobierno para cumplir con ese compromiso en dólares incluye otras alternativas.

Según los datos oficiales al 21 de mayo, los depósitos del Tesoro Nacional en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumaban USD 2.388 millones, equivalentes a 3,3 billones de pesos. El incremento se concentró en pocos días: el 15 de mayo el saldo era de USD 727 millones y para el 18 ya alcanzaba los USD 2.388 millones, junto a una reducción de $2,42 billones en la cuenta en pesos, lo que sugiere una compra significativa de divisas por parte del Ministerio de Economía.

Más allá del salto en los depósitos en dólares, la hoja de ruta financiera para cumplir con el vencimiento de julio apunta a otras fuentes. El Staff Report de la última revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló que este año se concretarán garantías con instituciones internacionales por USD 3.000 millones, cifra que luego ascenderá a 4.000 millones de dólares.

Además, se prevé la colocación bonos en dólares en el mercado local por hasta USD 5.000 millones y la venta de activos por USD 2.000 millones, lo que funcionaría como un puente para facilitar el retorno al mercado internacional de capitales.

El informe técnico del FMI detalló que la financiación oficial externa bruta, excluyendo al propio organismo, sumará USD 3.000 millones en 2026, mientras que la financiación neta antes del pago de intereses será prácticamente nula. Estos elementos configuran el andamiaje del esquema financiero oficial para los próximos meses, en medio de un contexto marcado por la necesidad de asegurar liquidez en moneda extranjera.

Hasta el momento, se sabía que el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) iban a otorgarle una garantía por USD 2.000 millones según declaró el viceministro de Economía, José Luis Daza, la semana pasada. De acuerdo a las declaraciones de Daza, la Argentina emitirá préstamos con garantías del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la MIGA y, potencialmente, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

En este marco, el monitoreo de los depósitos en dólares y la utilización de las utilidades transferidas por el BCRA concentran la atención de analistas y operadores, que siguen de cerca el cumplimiento de los compromisos externos y el anuncio de las garantías con organismos internacionales para el pago del vencimiento de julio por 4.300 millones de dólares.

Giro de utilidades

El aumento se produjo antes de una transferencia de utilidades por $24,4 billones del Banco Central al Tesoro, lo que generó dudas entre los analistas sobre el alcance real de la medida. Ese monto ingresó en las cuenta del Palacio de Hacienda el jueves 21 de mayo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que estos fondos permitirán reducir la deuda bruta de Economía con el BCRA y sanear el balance de la autoridad monetaria. Sin embargo, voces del sector privado advirtieron que el Tesoro solo podría usar $6 billones para adquirir dólares y afrontar vencimientos de deuda externa, ya que destinar los recursos a otros fines implicaría emisión monetaria, una alternativa que no figura en los planes oficiales.

El economista jefe de EcoAnalytics, Santiago Casas, describió el giro de utilidades como un “mecanismo de financiamiento monetario al Tesoro Nacional”. Casas señaló que aunque el Gobierno criticó ese instrumento en el pasado, ahora lo utiliza y explicó que los $6 billones depositados en la cuenta del Tesoro constituyen un pasivo para el BCRA, mientras que la recompra de Letras Intransferibles implicaba usar utilidades del propio Central para rescatar activos emitidos por el Tesoro.

Según el cronograma de aplicación, $6 billones de la transferencia permanecerán depositados en la cuenta del Tesoro en el BCRA, mientras que los $18,4 billones restantes se destinarán a la recompra de Letras Intransferibles. Estas letras forman parte del activo del BCRA y, de acuerdo con el Ministerio de Economía, representan un valor nominal original de 21.700 millones de dólares. El Gobierno sostuvo que la operatoria permitirá reducir la deuda bruta del Tesoro en aproximadamente 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Una fuente oficial de Economía consultada por Infobae aclaró: “No es monetariamente expansivo porque los pesos van a la cuenta del Tesoro en el BCRA (entonces no hay efecto monetario). Y esos pesos solo se van a usar exclusivamente para cancelar deuda en pesos o en dólares”. De este modo, el Ejecutivo busca evitar nuevos efectos sobre la base monetaria y controlar cualquier presión inflacionaria derivada de la operatoria.

Los inversores se acostumbraron a operar bajo fuego. El conflicto de Estados Unidos e Irán no se define y los daños colaterales aumentan porque, aunque se resuelva, hay refinerías, gasoductos y oleoductos dañados que empobrecerán la oferta en el futuro. En conclusión, habrá precios elevados de la energía por un largo tiempo, lo que afectará a las economías del planeta con más inflación y menos actividad.

Según Matías Togni, analista de la consultora petrolera NextBarrel, “cuando parecía que todo estaba encaminado hacia algún tipo de acercamiento en las negociaciones, el martes, luego del feriado en gran parte del mundo, tenemos la noticia de que Estados Unidos atacó supuestamente a barcos que estaban o podrían estar poniendo minas submarinas, e Irán en retaliación atacó un barco que estaba en las costas de Oman”.

“Al mismo tiempo, vemos algunos superpetroleros que estuvieron 3 meses esperando, finalmente cruzar sin utilizar la ruta Iraní. Entre el fin de semana y hoy (por ayer) salieron 8 millones de barriles, casi todos con destino a China”, sumó.

Togni agregó que “el sentimiento en el mercado es de cautela, los futuros subieron el martes luego de caer fuerte el día anterior. El Brent cerró apenas por debajo de los USD 100, en consonancia con lo que se ve en el mercado de opciones, que últimamente esta más activo que el de futuros. En el mercado físico, el mundo mira con atención a China, que redujo sus importaciones un 40% y espera que junio y julio sean parecidos. La gran incógnita está puesta en tratar de entender la estrategia de China. El resto de Asia logró volver a niveles de preguerra en cuanto a importaciones”.

En este escenario, los inversores actuaron en Wall Street como si nada hubiera sucedido y hubo más demandas de bonos del Tesoro que bajaron su renta a 4,47% cuando hace una semana estaba en 4,70 por ciento. Esta mejora en los activos de Estados Unidos benefició a los títulos soberanos de la región. El índice de Emergentes subió nada menos que 3,8 por ciento.

El buen humor incluyó a la Argentina donde los bonos soberanos subieron un promedio de 0,8% e hizo bajar el riesgo país en 6 unidades (-1,2%) a 508 puntos básicos y quedó al borde de quebrar el piso de los 500 puntos donde se abre la esperanza de retornar a los mercados internacionales de capitales.

El desembolso de USD 1.000 millones por parte del FMI impulsó la demanda de bonos. Las reservas alcanzaron casi 48.000 millones de dólares. También influyeron el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el pago asegurado de los próximos vencimientos en 2027 y la presentación del nuevo RIGI.

Las buenas noticias hicieron vivir una rueda de casi euforia que puede ser efímera como viene ocurriendo en el mundo donde a un día de alzas le sigue otro de bajas. El S&P Merval de las acciones líderes aumentó 2,8% y los bancos fueron el motor de la suba. BBAR subió 8,5%; Telecom, 8,2%; Supervielle, 6,1% y Grupo Galicia, 5,3 por ciento.

Los ADR -certificados de tenencia de bonos argentinos que cotizan en las Bolsas de Nueva York al tipo de cambio contado con liquidación- se contagiaron del optimismo y Grupo Supervielle avanzó 5,7%; Telecom, 5,3% y BBVA, 4,8 por ciento.

Todos estos indicadores positivos tuvieron una ausencia notable: el monto de negocios porque los inversores esperan la licitación de Bonos del Tesoro, donde además de una LECAP corta, se ofrecen dos bonos que ajustan por CER con vencimiento en 2027 y los Globales 2027 y 2028 que, si tienen una buena performance, podrían completar el monto USD 2.000 millones que fue la meta que se propuso el ministro Caputo.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) el dólar mayorista subió $8 (+0,4%) a 1.411 pesos y se operaron 684 millones de dólares.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que es “el registro nominal más alto desde el 24 de abril. Con este cierre la divisa local se encamina a finalizar mayo en el top 5 de las más depreciadas de emergentes vs el cierre de abril. El BCRA informó un saldo comprador al final de la tarde de USD 112 millones encadenando 6 ruedas con compras superiores a USD 100 millones, en buena parte gracias a un mayor flujo de liquidaciones”.

El reporte advirtió que “los rendimientos de la curva pesos han mostrado cierta estabilidad en lo que va de mayo mientras que la liquidación de divisas fue suficiente para atender las necesidades del mercado (aún con restricciones) y permitir al BCRA acumular reservas con el tipo de cambio sin sobresaltos. La cosecha gruesa, colocaciones primarias de deuda y algo de crédito en dólares han sido los puntales. A la temporada alta del agro ya le queda poco”.

En la plaza financiera, el MEP quedó en $1.432 y el contado con liquidación (CCL) aumentó $1,5 (+0,1%) a 1.489 pesos.

Según Nicolás Cappella, analista del grupo IEB, “el tipo de cambio termina nuevamente un poco tomador, pero hay que tener en cuenta que el precio de hoy (por ayer) es el que se usará para la licitación del Tesoro de los títulos dollar linked a la vez que a fin de mes vence una posición grande de futuros, por lo cual será importante ver qué pasa con esas posiciones si se rollean vía Rofex o si deciden ir a los nuevos dollar linked o, si bien, prefieren ir a dólar directo o a bonos en pesos”.

En el mercado overnite se operaba con cautela, tras los récords de ayer en el S&P 500 y el Nasdaq de las tecnológicas. Según Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, luego de “la suba de las acciones de Micron (+20,4%), Nueva York operó mayoritariamente al alza, con los inversores aprovechando la estabilización del mercado de bonos del Tesoro para rotar capitales desde las megacaps (empresas de capitalizaciones superiores a USD 200 mil millones) hacia firmas de hardware”.

Anoche, las bolsas de Nueva York mostraban leves verdes, mientras el oro recuperaba 0,33% y el petróleo bajaba más de 1 por ciento. En tanto, el Bitcoin perforaba el piso de USD 76.000 y el dólar bajaba frente a las seis principales divisas del mundo.

La licitación de hoy del Tesoro, donde vencen aproximadamente $11 billones, puede demostrar que los inversores vuelven a los bonos en dólares y colocar al riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos.

Nueve de cada diez trabajadores en Panamá consideran que su salario ya no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas, una percepción que se ha agravado en los últimos meses y que refleja las presiones económicas que enfrentan miles de hogares en el país.

Así lo revela el estudio “¿Qué pasa con el salario?”, elaborado por Konzerta, según el cual el 93% de las personas trabajadoras afirma que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos esenciales.

La cifra coloca a Panamá como el país con el porcentaje más alto entre las naciones analizadas en el estudio. Detrás aparecen Ecuador con 90%, Chile y Argentina con 87%, y Perú con 83%. El dato además representa un ligero deterioro respecto a 2025, cuando el 92% de los trabajadores panameños expresaba la misma preocupación.

La investigación también muestra un empeoramiento en la percepción sobre el poder adquisitivo. El 43% de los encuestados considera que su capacidad de compra se ha deteriorado en los últimos meses, nueve puntos porcentuales más que el año anterior, cuando esa opinión era compartida por el 34% de los participantes. Mientras tanto, el 48% considera que su situación se mantiene igual y apenas una minoría percibe alguna mejora.

Detrás de esta percepción aparecen gastos que absorben buena parte de los ingresos familiares. Según el estudio, el 79% del salario termina destinado a cubrir necesidades prioritarias como alimentación, alquiler y pago de deudas. Para muchas personas, el sueldo desaparece prácticamente al momento de recibirlo.

Uno de los hallazgos más llamativos es la rapidez con que se agotan los ingresos mensuales. El 96% de los trabajadores asegura que su salario dura menos de dos semanas. Dentro de ese grupo, el 41% afirma que apenas recibe el pago debe destinarlo completamente a cancelar cuentas y compromisos financieros.

Otro 26% indica que el dinero le alcanza menos de una semana, mientras que un 22% señala que llega a cubrir únicamente una semana de gastos. Apenas el 1% asegura que el salario le dura todo el mes.

Cuando se pregunta por los principales destinos del dinero, la alimentación y el alquiler aparecen empatados como las mayores cargas para los hogares panameños, con 32% cada uno. Les siguen el pago de deudas, con 15%; educación y transporte, con 7% cada uno; salud, con 4%; y recreación, que apenas representa el 1% de los gastos prioritarios.

La presión económica también se refleja en el apoyo financiero que muchas personas brindan a familiares o allegados. El 68% de los trabajadores indica que ayuda económicamente a otras personas, ya sea de forma regular u ocasional. Este fenómeno añade una carga adicional a presupuestos que ya se encuentran ajustados por el aumento del costo de vida y otros compromisos financieros.

El ahorro continúa siendo uno de los mayores desafíos. Ocho de cada diez trabajadores afirman que no logran ahorrar. Esta proporción aumentó frente al año pasado y ubica a Panamá entre los países de la región donde más personas enfrentan dificultades para reservar parte de sus ingresos. Entre quienes sí consiguen ahorrar, la mayoría logra guardar menos del 5% de su salario mensual.

Las razones detrás de esta incapacidad para ahorrar son diversas, aunque predominan los problemas relacionados con los ingresos. El 42% señala que simplemente el salario no es suficiente; el 23% atribuye la situación a las deudas acumuladas; el 19% a la cantidad de gastos que debe afrontar; y el 14% a la necesidad de cubrir gastos básicos del hogar.

Otro indicador que refleja la presión financiera es el nivel de endeudamiento. El estudio muestra que el 92% de los trabajadores panameños mantiene algún tipo de deuda. Aunque la cifra es ligeramente menor a la registrada en 2025, sigue siendo una de las más elevadas de la región y evidencia la dependencia que muchas familias tienen del financiamiento para sostener su nivel de consumo y atender compromisos cotidianos.

En este contexto no sorprende que el 100% de los participantes afirme que le gustaría recibir un aumento salarial. Sin embargo, el destino de esos recursos adicionales ofrece una radiografía clara de las prioridades económicas actuales. El 42% utilizaría el incremento para pagar deudas, el 28% lo destinaría al ahorro y el 20% a inversiones o educación. Solo una minoría lo emplearía principalmente en consumo.

Los resultados sugieren que, más allá de las cifras macroeconómicas, una parte importante de los trabajadores percibe que el crecimiento de sus ingresos no ha seguido el ritmo de sus gastos. El estudio muestra una combinación de salarios que se perciben insuficientes, dificultades para ahorrar, altos niveles de endeudamiento y una creciente sensación de pérdida de poder adquisitivo, factores que continúan marcando la realidad financiera de miles de hogares panameños.

Los bonos quirografarios han cobrado relevancia en el mercado financiero debido a su flexibilidad y a la confianza que los inversionistas depositan en las empresas que los emiten. Un reciente ejemplo es la colocación de USD $800 millones en bonos quirografarios vinculados a la sostenibilidad por parte de Fibra Uno (BMV: FUNO11), el fideicomiso de inversión en bienes raíces más grande de México y América Latina.

¿Qué son los bonos quirografarios?

Los bonos quirografarios son instrumentos de deuda que no cuentan con una garantía específica o colateral, lo que significa que su respaldo depende únicamente de la solidez financiera y la capacidad de pago del emisor. En otras palabras, los inversionistas confían en la solvencia de la empresa o entidad que los emite, en lugar de contar con activos físicos como respaldo.

Estos bonos suelen ofrecer tasas de interés más altas que otros instrumentos respaldados por garantías, ya que implican un mayor riesgo para los inversionistas. Sin embargo, cuando son emitidos por empresas con buena reputación y estabilidad financiera, pueden convertirse en una opción atractiva dentro del mercado.

Fibra Uno y su emisión de bonos quirografarios

FUNO realizó recientemente una colocación de USD $800 millones en bonos quirografarios en los mercados internacionales bajo la regla 144a/RegS, con el objetivo de pagar anticipadamente su bono con vencimiento en enero de 2026 y extender su perfil de vencimiento hasta 2030.

La emisión se dividió en dos tramos:

USD $300 millones a un plazo de 12 años, con una tasa de interés de 8.25%.

USD $500 millones a un plazo de 7 años, con una tasa de 7.70%.

El interés en estos bonos fue significativo, ya que la demanda superó la oferta en 2.5 veces, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en FUNO.

Compromiso con la sostenibilidad

Lo que hace especial esta colocación es que está vinculada a objetivos de sostenibilidad. FUNO se ha comprometido a certificar su portafolio de propiedades bajo los estándares LEED, BOMA y EDGE, con la meta de alcanzar el 26.6% en 2027 y el 37.7% en 2030.

Esta estrategia refuerza el liderazgo de FUNO en la industria inmobiliaria y su compromiso con prácticas sostenibles, alineándose con las tendencias globales que buscan inversiones más responsables con el medio ambiente.

Calificación y respaldo del mercado

La emisión de estos bonos recibió una calificación de Baa3 por Moody’s y BBB- por Fitch, lo que indica un nivel de riesgo moderado y una expectativa de cumplimiento de obligaciones financieras estable.

Con esta operación, Fibra Uno no solo extiende su perfil de deuda, sino que también reafirma su posición como un jugador clave en el mercado de bienes raíces en América Latina, consolidando la confianza de los inversionistas en su modelo de negocio.

La deuda pública interna de Colombia alcanzó niveles inéditos al superar en $125 billones toda la deuda privada de los ciudadanos con el sistema financiero, según advirtió la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif). La brecha, sin precedentes, evidencia un desequilibrio fiscal persistente que agrava los riesgos para la economía nacional.

La preocupación del centro de pensamiento radica en que la deuda interna del Gobierno nacional crece a mayor ritmo que la del sector privado, lo que compromete la estabilidad macroeconómica de Colombia y limita la capacidad de respuesta ante futuras crisis. Advierte el mismo que el escenario impacta de manera negativa el crédito, la inversión y las oportunidades laborales, además de reducir el margen de maniobra del próximo Gobierno.

De acuerdo con el saldo de la deuda pública reportado por el Ministerio de Hacienda y Anif, con corte a marzo de 2025, fue de $1.215 billones. De esa cifra, $865,8 billones corresponden a deuda interna. En menos de tres años, la deuda bruta gubernamental aumentó en $410,5 billones, con 90% de ese incremento explicado por el componente interno. El endeudamiento privado, en contraste, solo creció $142 billones desde agosto de 2022.

Al respecto, el presidente de Anif, José Ignacio López se refirió al impacto de esa dinámica: “La deuda interna del Gobierno ya supera en $125 billones la deuda de todos los colombianos con el sistema financiero en todas las modalidades (comercial, consumo, hipotecario y microcrédito)”.

La deuda del Gobierno frente a la de los ciudadanos

El crecimiento de la deuda interna del Gobierno contrasta con la expansión más medida del crédito a hogares y empresas. Según López, desde 2022 el Gobierno sumó $386 billones en deuda interna, mientras el endeudamiento de los ciudadanos aumentó solo $142 billones.

Así las cosas, el desfase no tiene precedentes en la historia. López precisó que, en la actualidad, la deuda pública equivale a más de $20 millones por colombiano, unas diez veces lo que representaba hace 35 años.

Para Anif, las cifras también reflejan que el gasto público representa ya el 16% del Producto Interno Bruto (PIB). Por primera vez, superó el volumen de la inversión. En el primer trimestre de 2025, el gasto estatal impulsó el 60% del crecimiento económico y generó una cuarta parte de los nuevos empleos, según un análisis de Corficolombiana.

Déficit fiscal y riesgos estructurales

El actual desequilibrio proviene de un déficit fiscal persistente. En 2025, el déficit llegó al 6,4% del PIB, lo que lo situó como el cuarto más elevado desde que hay registros, solo superado por años de recesión y la pandemia.

Durante 27 de los últimos 35 años, Colombia gastó más de lo que recibe. La pauta deterioró de forma estructural las cuentas públicas. “Durante 2025, estos saldos alcanzaron mínimos históricos y de cara al 2026, el panorama parece no mejorar”, advirtió Anif.

A su vez, el saldo en caja ronda los $6,6 billones, un nivel un 68% menor al promedio histórico. El centro de estudios puntualizó que el mercado local se vuelve determinante para la sostenibilidad fiscal. “El mercado exige mayores rentabilidades como pago por otorgar financiamiento”, remarcó.

José Ignacio López resaltó que los actuales déficits no obedecen a factores excepcionales, sino a problemas estructurales de las finanzas públicas.

Tasas de interés, inflación y el futuro del empleo

El alza de la deuda pública ejerce presión sobre las tasas de interés del sistema financiero. “No sorprende que la presión de la deuda pública en el mercado local financiero haya elevado y mantenga las tasas de interés altas”, apuntó López. Dicho entorno dificulta el acceso a diversos créditos, incluyendo vivienda, consumo y microempresa. La inflación también se ve estimulada, lo que disminuye el poder adquisitivo de los hogares.

Según Anif, la incertidumbre por la disciplina fiscal limita la inversión privada y reduce la creación de empleo fuera de la administración pública. El análisis de Corficolombiana alertó que “ninguna economía puede depender indefinidamente del gasto público, del endeudamiento y de una expansión fiscal que desplaza la inversión privada y deteriora las expectativas”.

Asimismo, el riesgo latente es la imposición de un ajuste abrupto desde los mercados, con consecuencias sociales profundas.

El desafío fiscal para el próximo presidente de Colombia

La crisis fiscal llega en medio de un escenario electoral donde el problema está ausente de las propuestas de campaña. Anif observa con preocupación que, pese a la gravedad del reto, los candidatos evitan plantear soluciones de fondo.

López advirtió que, sin un plan efectivo desde el primer día, el siguiente mandatario enfrentará “un callejón sin salida”. Para el presidente de Anif, la sostenibilidad fiscal será decisiva para el éxito de la política social y la permanencia de una economía viable.

El futuro de los programas sociales y la estabilidad económica de Colombia dependerán de la capacidad del Gobierno para restablecer un equilibrio sostenible en las finanzas públicas.

El aserradero Linor cerró su planta ubicada en Azara, provincia de Misiones. La decisión implicó el despido de los 130 trabajadores de la firma. El cierre se produjo en un contexto crítico, con una deuda fiscal de $500 millones, cuentas embargadas, salarios impagos, caída de la demanda y aumento de costos fijos, factores que complicaron la continuidad de la empresa.

La empresa arrastraba la deuda con la Agencia de Recaudación Control Aduanero (ARCA) desde 2024. Esta dificultad, según figura en registros periodísticos, fue el primer paso del derrumbe. Es que, además del monto adeudado, el organismo dispuso el embargo preventivo de todas sus cuentas bancarias, una medida que le impidió pagar sueldos y comprar insumos.

A esa situación se sumaron una deuda con la distribuidora de energía eléctrica y una baja en la demanda de pallets debido a la contracción del mercado interno. En 2025, la crisis de Linor llegó a un punto límite por el derrumbe del mercado interno y el aumento de los costos energéticos y operativos.

En diálogo con Misiones Online, Agustín Báez, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas, dijo: “La empresa arrastraba problemas desde hace dos años. El dueño negoció con los trabajadores una quita salarial del 20%, sin reconocimiento de vacaciones ni certificados médicos, a cambio de mantener una plantilla reducida”.

El conflicto escaló cuando los operarios advirtieron movimientos de maquinaria dentro del predio durante las vacaciones. Según reveló Báez, “mientras estaban de vacaciones se empezaron a sacar máquinas. Vinimos a constatar y faltaban tres. Después cargaron dos arriba de un camión y ahí reaccionaron los trabajadores”.

Desde entonces, los trabajadores mantienen un bloqueo en los accesos de la planta para impedir que se retiren más equipos y para exigir respuestas por las deudas salariales. Según el gremio, la empresa adeuda al menos dos meses de sueldo, vacaciones y aportes vinculados a la obra social.

La vigilia busca asegurar el cobro de indemnizaciones y haberes pendientes. Desde el sindicato advirtieron que no levantarán el reclamo hasta recibir garantías formales y remarcaron que “hay familias enteras que dependen de este trabajo y hoy no tienen certezas de nada”.

El cierre afecta a una de las industrias madereras de mayor peso en el sur misionero. De hecho, la compañía es reconocida local y regionalmente como una de las principales fabricantes de pallets del noreste, proveedora de grandes empresas del país y también exportadora.

La empresa estaba dedicada de manera principal a la fabricación de pallets, la base de madera utilizada para transportar alimentos o almacenar mercaderías. Además, también ofrecía servicios logísticos. Entre sus clientes figuraban Loma Negra, Arcor, Ledesma, Quilmes y Papel Misionero, entre otros clientes de gran calibre.

Riesgo de quiebra

En paralelo al cierre, trascendió que la empresa avanzaría hacia una presentación formal de quiebra. Ante ese escenario, el gremio puso a disposición abogados para intervenir en el proceso judicial y resguardar los créditos laborales de los empleados despedidos.

La deuda fiscal de la compañía ya está en ejecución judicial y, según aseguran desde el gremio, no habría posibilidad de acuerdo de pago. Señalan además una mora con el propo sindicato.

Linor fue fundada por Juan Carlos Lorenzo en sociedad con Norberto Arhndt hace más de 20 años en Misiones. La noticia se conoce en un momento crítico en el entramado productivo de la Argentina. Según datos de la consultora Fundar, durante la gestión de Javier Milei, cerraron en el país alrededor de 24.437 empresas, lo que generó la pérdida de 266.000 puestos de trabajo registrados. Estos datos corresponden al período comprendido desde el inicio de la presidencia actual hasta la fecha. La tendencia preocupa porque evidencia dificultades en la reconversión empresarial, y muestra impactos extensos sobre el empleo formal en distintas regiones y sectores del país.

Durante el último año, los créditos otorgados a familias registraron un fuerte incremento en los niveles de morosidad. Según datos oficiales, el porcentaje de préstamos en situación irregular para personas físicas pasó de 3,3% en marzo de 2025 a 11,5% doce meses después, un valor que no se observaba desde hace más de veinte años. El segmento de préstamos personales concentra el mayor nivel de incumplimiento en quince años.

Según el Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el porcentaje de créditos en situación irregular para el sector privado alcanzó el 7%, lo que representa un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto a febrero y 5 puntos más que un año atrás (2%). En el caso del financiamiento a hogares, la morosidad casi se triplicó en comparación interanual (+8,3 p.p) y subió 0,3 puntos respecto al mes anterior.

Hacia adentro de la irregularidad de hogares, el 14,2% de los créditos personales mostró algún grado de mora, lo que representa un alza de 0,4 puntos porcentuales en comparación con febrero. Los préstamos hipotecarios mostraron una morosidad del 1,4% y no exhibieron variaciones respecto a la medición previa. En el caso de los créditos prendarios, el nivel de incumplimiento llegó a 6,9%, con una suba de 0,1 puntos. La tasa de incumplimiento en tarjetas de crédito se ubicó en 11,7%, incrementándose 0,1 puntos en relación con el mes anterior.

Por su parte, el coeficiente de mora del crédito a las empresas experimentó un aumento de 0,2 puntos porcentuales en el tercer mes del año hasta 3,1% (+2,2 p.p. interanual), dinámica generalizada entre los principales sectores económicos.

Ayer, en un evento de IA, varios CEO de bancos locales habían destacado que la morosidad había encontrado un freno y que empezó, como mínimo, a amesetarse. Es muy probable que los ejecutivos se refirieran a datos posteriores, de abril e incluso lo que va de mayo, a los oficiales que presentó hoy el BCRA (marzo), aunque se observó una desaceleración de la suba de la irregularidad en el análisis particular de las líneas que componen el financiamiento a hogares.

Desde la perspectiva de los economistas de la consultora LCG, el aumento de la morosidad en los préstamos destinados a familias está vinculado a la combinación de tasas de interés activas altas y la falta de mejora en los salarios. Además, se advierte que la tasa de interés real supera el nivel de inflación, lo que impide que las deudas pierdan valor con el tiempo.

La restricción en el acceso al crédito impactó tanto en la vida diaria de los hogares como en la actividad bancaria. Esto contribuyó a que muchas familias enfrentaran obstáculos para refinanciar sus deudas y a que los bancos demorasen en la gestión de clientes con atrasos. La contracción crediticia comenzó incluso antes de que se registrara la volatilidad de tasas asociada a las elecciones legislativas del año pasado.

“Las tasas activas tan altas (y, en consecuencia, la lentitud que tiene el crédito en pesos para recuperarse) puede tener varias explicaciones, pero nos quedamos con dos: (i) dada la morosidad, los prestamistas se cubren prestando solamente a tasas elevadas, y (ii) pese a que las tasas cortas están notablemente estables desde hace dos meses y medio, al no haberse modificado el régimen monetario de ‘tasa endógena’, sigue siendo difícil prever cómo evolucionarán las tasas en el futuro”, explicó un informe de la consultora 1816 sobre la ralentización del crédito en pesos y el crecimiento de la mora bancaria.

Morosidad fintech

El deterioro en el cumplimiento de obligaciones también afecta a las billeteras virtuales y a las entidades financieras no bancarias, donde algunas estimaciones ubican la morosidad por encima del 30%. Esta dinámica evidencia la presión sobre quienes recurren a microcréditos para afrontar gastos cotidianos fuera del sistema bancario tradicional.

En efecto, el crédito gestionado por fintech alcanza a 8,1 millones de personas en Argentina y muestra un nivel de morosidad del 30,5% sobre el total de su cartera. No obstante, hacia fines de 2025 se observó una estabilización en la irregularidad, según un informe elaborado por la Cámara Argentina Fintech junto con el ITBA.

“Si bien la mora de la cartera fintech aumentó en sintonía con el total del sistema, indicadores de alta frecuencia muestran una desaceleración desde noviembre”, señaló la quinta edición del Informe de Crédito Fintech, que diferencia entre dos indicadores de morosidad. La “mora operativa” en el segmento fintech (categorías 2 a 4, es decir, atrasos de entre 30 y 360 días) subió junto al promedio del sistema hasta alcanzar 22,7% y prácticamente no varió desde noviembre de 2025, “lo que marcaría una estabilización del fenómeno”. Por su parte, la mora total, que incluye a los préstamos considerados “incobrables” (categoría 5), llegó al 30,5% en febrero y sigue creciendo debido a deudas acumuladas previamente.

Según las fintech, los “roll rates”—indicadores tempranos de deterioro que anticipan el paso de una situación regular a un primer atraso—marcaron su punto más alto entre octubre y noviembre de 2025 y desde entonces exhiben una desaceleración, tanto en fintech como en bancos y otros actores del mercado.

Pese a estos niveles elevados, el riesgo sistémico se mantiene bajo. Aunque la morosidad en las billeteras digitales supera la de los bancos, el impacto en el conjunto del sistema es limitado: el crédito fintech representa el 8% del volumen total de préstamos en mora, frente al 74,1% de los bancos y el 17,9% de otros proveedores. La participación de las fintech en el crédito total equivale al 3,3%, el doble que hace dos años.

Con la mira puesta en el exigente cronograma de vencimientos de deuda de 2027, el gobierno de Javier Milei negocia con bancos internacionales para unificar los tres préstamos repo en una sola operación y, de esta manera, extender el plazo de pago, según consignó Bloomberg.

“El gobierno del presidente Javier Milei mantiene conversaciones con bancos para fusionar los tres repos negociados desde 2025 en uno solo por al menos USD 5.000 millones, con vencimiento en 2028 o después de las elecciones presidenciales”, destacó la agencia de noticias.

A la vez, el medio especializado en temas económicos y financieros señaló que las entidades bancarias esperan que la operación se concrete dentro de un mes, aunque todavía la tasa no fue definida entre las partes.

Cabe recordar que en enero de 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había sellado un repo por USD 3.000 millones, acordado con seis bancos internacionales a un plazo de un año y con una tasa del 7,4% anual. Esta operación se había llevado adelante ante la proximidad de un vencimiento de deuda con tenedores privados, por un total de 4.300 millones de dólares.

Fuentes oficiales evitaron detallar la identidad de los bancos participantes, aunque voceros del sector financiero mencionaron a Citi, JP Morgan, BBVA, Santander, Bank of China y Deutsche Bank entre las entidades involucradas. La demanda por parte de los bancos alcanzó los USD 4.400 millones, superando en cerca de un 50% el monto ofrecido.

Este último préstamo constituyó el tercero bajo la gestión de Santiago Bausili al frente del BCRA. Los anteriores se celebraron en 2025: el primero, en enero, por USD 1.000 millones a una tasa de 8,8%, y el segundo, en junio, por USD 2.000 millones a una tasa de 8,25 por ciento. Ambos con un plazo de dos años.

A través de este mecanismo de financiamiento, la Argentina entregó bonos como garantía —en este caso, Bonares 2035 y 2038, ambos bajo legislación local— a cambio del efectivo recibido, asumiendo el compromiso de recomprar esos activos a un precio pactado de antemano.

En este esquema, quien solicita los fondos cede títulos —como bonos estatales o instrumentos de deuda— a una entidad internacional a cambio de liquidez. El acuerdo establece la recompra de esos activos tras un período determinado, pagando un importe superior al entregado inicialmente. La diferencia representa la tasa de interés aplicada.

La participación de bancos internacionales en este tipo de contratos permite canalizar recursos en distintas monedas y mercados. Estos instrumentos son habituales en el ámbito financiero global, donde las entidades buscan alternativas para diversificar sus fuentes de financiamiento y administrar la liquidez.

Vencimientos y financiamiento

Desde la consultora Invecq advirtieron que la proximidad de las elecciones de 2027 “complejiza la perspectiva de un ingreso de capitales por parte del sector público, y el perfil de vencimientos de ese año luce particularmente exigente: incluso en el escenario más favorable -refinanciamiento de organismos internacionales, renovación del tramo activado del swap con China, entre otros-, el Tesoro y el BCRA deberán afrontar compromisos por más de USD 21.000 millones“.

En ese contexto, el equipo económico evita el regreso a los mercados internacionales de deuda al considerar que la tasa de interés, reflejada en el riesgo país, no representa los fundamentals de la economía real y, por ende, el costo del endeudamiento externo, es muy alto. Siguiendo esa lógica, el ministro de Economía, Luis Caputo, opta por la colocación de bonos en dólares en la plaza local -los Bonares 2027 y 2028- y aguarda una mayor compresión del índice elaborado por JP Morgan.

En ese sentido, el presidente Javier Milei remarcó en declaraciones recientes que “Argentina tiene acceso al mercado, pero queremos tasas más bajas y mientras que no las consigamos, vamos a buscar otros mecanismos que son más baratos”, en referencia a la colocación de bonos en dólares en el ámbito doméstico y el acuerdo de garantías de endeudamiento con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Gobierno emitirá bonos de la deuda por $580.000 millones para que el PAMI pueda pagar sus deudas, en virtud de la “crítica situación financiera” del organismo. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, fue instrumentada por el ministerio de Economía mediante una resolución conjunta que lleva la firma del secretario de Finanzas, Federico Furiase, y su par de Hacienda, Carlos Guberman.

En los fundamentos de la norma, se afirmó que “en atención de la crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, se ha decidido otorgar un aporte financiero reintegrable a favor de ese instituto por la suma total de $ 580.270.262.261,46″.

Ese dinero será destinado, señaló la resolución, a “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo”.

La emisión de deuda se hará por el monto mencionado mediante la ampliación de las “Letras del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos”, LECAP, dividida en 3 partes con vencimientos al 31 de julio, 31 de agosto y 30 de septiembre de 2026. Las emisiones se realizarán por $173.000, $164.000 y $187.000 millones, respectivamente. Cada una de las letras del tesoro capitalizables “serán entregadas a su valor técnico, calculado al 18 de mayo de 2026″.

La resolución oficial autoriza además a la Oficina Nacional de Crédito Público a “suscribir en forma indistinta la documentación necesaria para la implementación de las operaciones dispuestas”.

Desde el PAMI, señalaron que “el financiamiento por parte del Tesoro Nacional es una práctica administrativa y contable habitual que se realiza en PAMI. A lo largo de estos años de gestión la obra social ha contado con los aportes que fue necesitando”.

“El objetivo de este aporte es cumplir con las obligaciones que el Instituto tiene con distintos prestadores y proveedores, y garantizar la continuidad de todas las prestaciones y tratamientos que reciben los afiliados. El aporte se va a realizar de manera escalonada durante tres meses y no significa emisión monetaria sino que se trata de un instrumento financiero que permite conservar el orden económico y proteger los recursos del Instituto”.

Las autoridades del organismo afirmaron que “el PAMI no está desfinanciado. Está ordenando un sistema que durante años acumuló desvíos, falta de trazabilidad y enorme presión financiera producto de la falta de controles que había”.

“Reordenamiento”

El director del PAMI, Esteban Leguízamo sostuvo días atrás en Infobae a las Nueve que la institución que lidera enfrenta un estrés financiero producto de la presión demográfica y las moratorias, pero negó que la entidad esté en crisis o haya alterado su sistema de pagos.

“El presupuesto nuestro es independiente de lo que se está hablando del recorte que hace el presidente en el sistema de salud o que corresponde al Ministerio de Salud. Por la ley madre que tenemos, nuestro presupuesto tiene que ver con aportes y contribuciones de pasivos y de activos, o sea que nuestro presupuesto es independiente de esto que está ocurriendo”, dijo.

Leguízamo subrayó que el gran desafío para el instituto es demográfico. “La gente vive más y por suerte vive más, porque eso es logro de la medicina. Pero bueno, eso lleva a un reordenamiento del sistema, a mayores gastos en enfermedades crónicas, en medicamentos, y eso obviamente al instituto le impacta en forma directa”.

El funcionario aclaró que el PAMI “atiende únicamente a adultos mayores, a personas mayores de sesenta y cinco años, que es una gran diferencia con otros sectores o prepagos, obras sociales, donde atienden mucha gente joven, tienen niños también. Entonces, eso tiene menos gasto. Lo nuestro es un gasto creciente”.

Consultado sobre si la situación representa una crisis, Leguízamo fue terminante: “El instituto no está en una crisis profunda, no está en un colapso. Está en esta crisis y en este estrés, como yo le llamo financiero, pero en base a eso nosotros estamos ordenando el instituto”.

La situación del PAMI y sus incumplimientos generó acciones en los tribunales. El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, dictó esta semana una medida cautelar contra el programa Incluir Salud -dependiente del Ministerio de Salud- y el PAMI, con la orden de normalizar la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad en las próximas 72 horas.

La decisión judicial se tomó en el marco de un amparo colectivo que tiene alcance nacional y regirá por seis meses o hasta que haya sentencia firme. En la causa, los demandantes denuncian que los prestadores no cobran lo que debe pagar el Estado, y por ende las terapias de niños, adultos mayores y personas con discapacidad se interrumpen y los medicamentos dejan de entregarse.

El fallo del juez Vaca Narvaja tomó como antecedente una sentencia del Juzgado Federal de Campana, que en diciembre declaró inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025 y ordenó aplicar plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, atribuyó el aumento del costo de la deuda pública colombiana a la decisión del Banco de la República de incrementar las tasas de interés, que en la actualidad está en 11,25% y es la tasa mínima que el banco central le cobra a las entidades financieras por prestarles dinero a un día. La misma funciona como la principal herramienta en Colombia para controlar la inflación y mantener la estabilidad económica.

Ávila reclamó una respuesta pública de la Contraloría General de la República (CGR) ante la situación y responsabilizó al Emisor por el impacto directo del alza de tasas en el servicio de la deuda pública. Considera que el aumento encarece de gran manera los pagos estatales y exigió una respuesta institucional que aborde el efecto sobre la estabilidad financiera del país.

De igual manera, explicó que el Gobierno había anticipado las consecuencias fiscales de la política monetaria adoptada por el banco central. Sostuvo, durante la intervención que hizo en el panel “Sostenibilidad Fiscal y Gobernabilidad: una conversación más allá de las redes sociales”, desarrollado en el lanzamiento de la Revista Economía Colombiana de la Contraloría General de la República, que la decisión “tuvo un impacto en la deuda pública que calculamos en $1,8 billones”, y reiteró en su intervención que la Contraloría debería referirse a estas repercusiones, ya que inciden en la estructura fiscal nacional.

Contexto internacional adverso

Señaló que el aumento en las tasas se produjo en un contexto internacional adverso, con presiones inflacionarias y complicaciones en las cadenas de suministro. Añadió que la medida del banco central fue “una decisión única a nivel internacional”.

Al defender la gestión económica del Gobierno, indicó que el crecimiento proyectado del país para 2025 y 2026 es de 2,6%, lo que corresponde a una fase de recuperación sostenida luego de la desaceleración pospandémica. Destacó que la tasa de desempleo descendió de 11,2% en 2022 a 8,5% en 2026 y que el número de personas ocupadas aumentó de 22 millones a 24,2 millones. Afirmó que “esta tasa de desempleo es la más baja del siglo”, y atribuyó estos resultados a la política económica ejecutada.

Señaló igualmente la reducción de 4,8 puntos porcentuales (pp) en la pobreza monetaria entre 2022 y 2024, debido a medidas económicas del Gobierno actual. “Ese es el crecimiento que nosotros queremos, un proyecto progresista que se refleja directamente en los indicadores de pobreza”, aseguró.

En cuanto a las restricciones presupuestarias, el ministro Ávila detalló que gran parte del gasto público está destinado a compromisos inflexibles, como el servicio de la deuda, el Sistema General de Participaciones (SGP) y las pensiones. Defendió que “la idea de que el déficit primario se resuelva simplemente recortando el gasto implicaría dejar de pagar salarios del Estado”.

Sostuvo que los ingresos estatales disminuyeron en cerca de $62 billones debido a decisiones de la Corte Constitucional, el Congreso de la República y el Consejo de Estado, monto equiparable al déficit fiscal actual. Explicó también los costos derivados de subsidios y otros compromisos adquiridos durante la pandemia.

Las tasas históricas y la megasubasta de deuda pública

La situación financiera se agravó luego de la megasubasta de títulos de tesorería (TES) efectuada el 13 de mayo de 2026. En esa operación, el Gobierno enfrentó tasas de entre 14% y 15%, las mayores desde la crisis de la pandemia, mientras recibió menos ofertas de las esperadas. Al respecto, el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, puntualizó que “las tasas que paga el Gobierno por su deuda habían superado el 14%, algo que había prometido que no pasaría”.

Según Ávila, los resultados de la subasta obedecen a la política de tasas del Banco de la República, cuyas decisiones, agreg+o, obligaron al Ejecutivo a financiarse en condiciones desfavorables. El ministro recalcó: “Por favor, estaba anunciado, se lo dijimos al Banco de la República”.

Incluso en un escenario donde el banco central mantuvo estable la tasa de referencia en los últimos meses, los rendimientos exigidos en el mercado de deuda pública continuaron al alza. La tendencia coincidió con la degradación de la calificación crediticia de Colombia hasta niveles “altamente especulativos”.

Alerta de la Contraloría

Precisamente, la Contraloría General de la República notificó una alerta disciplinaria al Ministerio de Hacienda por el manejo de la deuda, por lo que advirtió sobre la existencia de “riesgos inminentes de afectación negativa a los intereses patrimoniales del Estado”. Apuntó también al aumento de la emisión de deuda a corto plazo y al encarecimiento del servicio.

Como se recordará, en las últimas colocaciones, el Ministerio de Hacienda debió adjudicar únicamente $650.000 millones de los $900.000 millones requeridos, debido a que consideró inaceptables los precios ofrecidos por los $200.000 millones restantes, afectados por las altas tasas solicitadas.

Solicitar una aclaración de adeudo reportado en el Buró de Crédito por información del SAT es un trámite que puede realizarse en línea a través de la plataforma oficial. Para iniciar el proceso, los usuarios deben cumplir ciertos requisitos y seguir pasos específicos establecidos en un documento oficial sobre el tema.

Entre los requisitos principales se encuentra la necesidad de tener a la mano el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la Contraseña asociada. Además, es obligatorio contar con los archivos electrónicos que respalden la aclaración, lo cual puede incluir documentos fiscales, comprobantes de pago o cualquier otro soporte relacionado con el adeudo. Un elemento adicional indispensable es un reporte de crédito donde aparezca el adeudo atribuido al SAT, siempre que este documento no supere el mes de antigüedad.

Para quienes han sido reportados en el Buró de Crédito por datos que provienen del SAT, el procedimiento para solicitar una aclaración en línea consta de cinco pasos.

El proceso inicia con el ingreso a la plataforma denominada Mi portal del SAT. El usuario debe acceder utilizando su RFC y la contraseña correspondiente, lo que garantiza que solo el titular de la información pueda avanzar en la solicitud.

Requisitos para solicitar aclaración ante el Buró de Crédito

El documento oficial detalla que los interesados deben reunir ciertos elementos antes de comenzar el trámite. Es obligatorio tener el RFC y la Contraseña activa para acceder a los servicios en línea.

También se requiere preparar los archivos electrónicos que sustenten la aclaración, como documentos que demuestren el pago del adeudo o alguna resolución emitida por el propio SAT.

Otro requisito fundamental es el reporte de crédito. Este debe mostrar específicamente el adeudo reportado por el SAT y no debe tener una antigüedad mayor a treinta días.

Si el reporte de crédito tiene más de un mes, será necesario solicitar uno nuevo antes de poder iniciar la aclaración. La documentación que respalde la solicitud debe estar digitalizada y lista para ser adjuntada durante el proceso.

Pasos para realizar la solicitud en línea

El procedimiento para aclarar un adeudo reportado por el SAT en el Buró de Crédito está detallado en cinco pasos principales. A continuación, los pasos que indica el documento:

Ingresar a Mi portal con el RFC y la contraseña correspondientes.

Localizar la opción Servicios por Internet en el menú principal.

Acceder al apartado Aclaraciones y seleccionar la opción Solicitud.

Elegir el trámite BURÓ DE CRÉDITO en la lista de trámites disponibles.

Capturar el motivo de la aclaración en el campo Asunto y detallar los números de adeudos en Descripción.

Adjuntar el reporte de crédito con antigüedad máxima de un mes y los archivos electrónicos que respalden la aclaración.

Hacer clic en el botón Enviar para formalizar la solicitud.

Cada paso busca facilitar la identificación y resolución de adeudos que el SAT haya reportado al Buró de Crédito.

Documentos y recomendaciones para el trámite

El documento subraya la importancia de que toda la información proporcionada sea clara y verificable. Si la documentación no coincide con los registros del SAT o si el reporte de crédito está desactualizado, la solicitud podría no proceder.

La plataforma Mi portal permite al usuario dar seguimiento a la solicitud. El proceso de revisión puede requerir tiempo, por lo que se recomienda conservar los acuses y comprobantes generados durante el trámite. El seguimiento se realiza también de forma digital a través del mismo portal.

Alcance del trámite

La aclaración del adeudo aplica exclusivamente para casos en los que la información reportada al Buró de Crédito proviene del SAT. Usuarios que detecten algún adeudo en su historial crediticio con origen en otros entes deberán dirigirse a la institución correspondiente.

El procedimiento descrito tiene como objetivo ofrecer una ruta directa y verificable para corregir reportes erróneos en el Buró de Crédito cuando estos estén vinculados con datos fiscales.

Para más detalles o aclaraciones adicionales, el documento sugiere consultar directamente las plataformas oficiales del SAT y el Buró de Crédito, donde se mantienen actualizados los requisitos y pasos a seguir.

El Ministerio de Hacienda adjudicó $631.500 millones en una nueva subasta de títulos de deuda (TES) de corto plazo. No obstante, se registró baja demanda y no cubrió lo ofertado, lo que expone la dificultad creciente para acceder a recursos internos y enciende alertas sobre la sostenibilidad de la deuda pública. En la misma, el Gobierno colombiano debió ofrecer una tasa récord de 13,9% para colocar deuda a un año por la demanda limitada y las restricciones de liquidez.

Esto significa un mayor costo para el Estado y refleja el deterioro en la confianza de los inversionistas y los riesgos para la economía nacional.

De acuerdo con la cartera, el 19 de mayo se intentaron colocar hasta $900.000 millones en títulos de tesorería de corto plazo (TCO), pero solo se recibieron $856.500 millones en demandas y finalmente se adjudicaron $631.500 millones, con vencimiento en mayo de 2027. La tasa de corte establecida fue del 13,9%, la más alta registrada para este tipo de emisión desde 2011, con una media de 13,65% y ofertas en un rango del 13,25% al 14,05%.

Ante el bajo interés de los compradores, el Estado se vio obligado a aceptar condiciones de financiamiento sin precedentes en más de una década. El indicador bid to cover quedó en 1,0, lo que refleja la falta de holgura en la demanda. Del total adjudicado el 92,64% fue absorbido por bancos comerciales ($585.000 millones), seguido de:

• Comisionistas de bolsa: $46.000 millones.
• Corporaciones financieras: $500 millones.
• Sociedades fiduciarias: no participaron.

Dicho resultado se conoce en un contexto de presión fiscal y liquidez limitada para el Estado. La tasa de corte fue 1,13 puntos porcentuales (pp) superior a la tasa interbancaria (IBR), que en la actualidad es de 12,77%. Además, la tasa de referencia del Banco de la República se mantiene en 11,25%, lo que profundiza el desfase entre la política monetaria y los costos de emitir deuda pública.

Presiones fiscales y advertencias sobre la liquidez

La situación fiscal de Colombia muestra signos críticos. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió, en su informe de mayo, sobre una “estrechez persistente de liquidez”. El saldo de caja del Estado en pesos cerró en $9,8 billones, una reducción de $2,6 billones respecto a marzo, situándose en niveles históricamente bajos.

Al mismo tiempo, la entidad que preside Juan Carlos Ramírez señaló un aumento casi generalizado en las tasas de los TES denominados en pesos, con una subida media de diecinueve puntos básicos. Ya la mayoría de estos instrumentos se negocia entre tasas del 13% y el 14%, elevando considerablemente el costo de financiación y limitando la flexibilidad fiscal de la administración central.

El entorno se complica por la incertidumbre sobre futuras decisiones de política monetaria y la persistente dependencia del Estado del mercado interno para sus necesidades de liquidez. Aunque el Ministerio de Hacienda sostiene que la estrategia de TCO busca fortalecer el mercado de capitales y proveer títulos líquidos a corto plazo, los resultados evidencian restricciones crecientes para acceder a recursos sin asumir sobrecostos.

Análisis y advertencias de expertos económicos

El alza en las tasas y la menor demanda han generado inquietud entre analistas. El investigador de la Universidad Eafit Diego Montañez-Herrera, por medio de X, afirmó: “Récord histórico que casi nadie comentó. El Gobierno de Colombia colocó deuda a corto plazo cerca del 14%, el nivel más alto de la serie del IRC del Ministerio de Hacienda desde 2011. Y esto preocupa por una razón: en solo un año esa deuda toca refinanciarla otra vez”.

Por su parte, el también analista Pablo García alertó sobre el impacto en el mercado: “El mercado ya comienza a asumir un incumplimiento de pago sobre la deuda colombiana”. Agregó: “Hoy el gobierno se tuvo que endeudar al 13,9% a un año y ni siquiera pudo completar los $900.000 millones que buscaba por baja demanda”.

Y la candidata presidencial Paloma Valencia dijo que el desespero por la falta de plata en la caja es evidente.

“En 2025, el Gobierno emitió $92,7 billones en títulos de corto plazo (deuda que se debe pagar en menos de un año). Es un aumento del 368% frente a 2024, algo nunca antes visto. Nos están dejando una bomba de tiempo: la Contraloría advirtió sobre vencimientos críticos para 2026, 2029 y 2030. El próximo Gobierno tendrá que endeudarse por billones de pesos solo para pagar la irresponsabilidad del actual”, escribió Valencia.

El mercado bursátil panameño arrancó 2026 con una aceleración significativa en su volumen negociado y con señales de una creciente integración regional que busca convertir a Panamá en un centro financiero y de capitales para América Latina.

Las cifras divulgadas por la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) muestran que durante el primer trimestre del año el volumen acumulado negociado alcanzó los $2,026 millones, un crecimiento de 29% frente al mismo periodo de 2025, cuando se habían registrado $1,576 millones.

El crecimiento también supera ampliamente los niveles observados en años anteriores. En 2022 el volumen negociado acumulado rondaba los $1,186 millones; en 2023 alcanzó $1,235 millones y en 2024 llegó a $1,364 millones, reflejando una tendencia sostenida de expansión que ahora se acelera con mayor fuerza.

Parte importante del movimiento sigue concentrándose en el mercado primario, donde empresas y gobiernos colocan nuevas emisiones para captar financiamiento.

Las cifras más recientes de Latinex indican además que el dinamismo continuó durante abril y los primeros días de mayo. Según directivos del grupo bursátil, el volumen negociado acumulado ya superaba los $4,400 millones hasta mediados de mayo, prácticamente duplicando lo registrado durante el primer trimestre, explicó Lerzy Batista, vicepresidenta senior comercial de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex).

El comportamiento ocurre pese al contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, desaceleración económica y volatilidad financiera global.

El mercado panameño se divide principalmente entre mercado primario, mercado secundario y operaciones de recompra. Del total negociado durante el primer trimestre de 2026, alrededor del 80% correspondió al mercado primario, mientras que el 18% provino del mercado secundario y apenas 1% de operaciones de recompra.

En términos de instrumentos, la renta fija dominó ampliamente la actividad bursátil con 82% del volumen negociado, frente a 18% de renta variable, explicó Batista.

El segmento corporativo continúa liderando el mercado bursátil panameño. De acuerdo con el boletín trimestral de Latinex, unos $1,368 millones del volumen negociado correspondieron a instrumentos corporativos, mientras que $657 millones estuvieron asociados a emisiones gubernamentales.

Esta diversidad de emisores ha permitido que Panamá mantenga uno de los mercados más amplios y variados de Centroamérica.

Actualmente el mercado cuenta con 297 emisores distribuidos en distintos sectores económicos. El financiero encabeza la lista con 95 emisores, seguido de bienes raíces con 86, fondos inmobiliarios con 37, fondos de inversión con 26 y energía con 14.

La capitalización total de mercado alcanza $33,029 millones, mientras que el valor de mercado de deuda se sitúa en $27,560 millones.

Integración regional

Uno de los pilares del crecimiento reciente ha sido la estrategia de integración regional impulsada por Latinex. Panamá mantiene actualmente conexiones operativas e integración bursátil con El Salvador, Costa Rica, y se mantiene gestiones con Guatemala y Honduras.

El objetivo es permitir que emisores e inversionistas puedan acceder a distintos mercados sin necesidad de registrarse individualmente en cada jurisdicción, comentó Olga Cantillo, presidenta ejecutiva y CEO de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex).

Las operaciones derivadas de estos mercados integrados ya representan cifras importantes. Durante el primer trimestre de 2026 el volumen acumulado relacionado con integración regional alcanzó $1,692 millones y más de 5,172 operaciones. Panamá concentró la mayor parte de las negociaciones con $572 millones, seguido de El Salvador con $345 millones y Costa Rica con $101 millones.

Batista y Cantillo sostienen que la principal ventaja competitiva de Panamá frente a otros mercados regionales radica en su dolarización, apertura financiera internacional y flexibilidad regulatoria. A diferencia de otros países centroamericanos, Panamá no enfrenta restricciones cambiarias ni controles de divisas, lo que facilita la participación de inversionistas extranjeros y emisiones internacionales.

Otro de los proyectos estratégicos más relevantes es el enlace con Euroclear, uno de los principales sistemas internacionales de compensación y liquidación de valores del mundo.

El enlace con Euroclear ya conecta al mercado panameño con inversionistas de al menos 27 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Luxemburgo, Francia, Alemania, Austria, España, Italia, Suecia, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, China, Hong Kong, Japón, Singapur y Australia, según cifras presentadas por Latinex.

La plataforma también mantiene participación de inversionistas y actores financieros de países latinoamericanos como Costa Rica, Perú y Chile, consolidando a Panamá como un punto de conexión regional e internacional para el mercado de capitales.

Desde su implementación, el volumen bajo custodia asociado a este enlace internacional ha mostrado un crecimiento sostenido hasta superar los $9,500 millones, impulsado inicialmente por emisiones de deuda gubernamental y cuasi gubernamental, y posteriormente por instrumentos corporativos y multilaterales.

Directivos de Latinex destacaron que este crecimiento refleja la confianza de inversionistas internacionales en la plaza panameña, incluso en medio de cuestionamientos derivados de listas discriminatorias impulsadas por la Unión Europea.

Cantillo explicó que, pese a la permanencia de Panamá en listas europeas, inversionistas de países de la propia Unión Europea continúan participando activamente en operaciones vinculadas al mercado local. Esto demuestra que los actores internacionales diferencian entre percepciones políticas y la realidad operativa, regulatoria y financiera del sistema panameño, particularmente en el mercado de valores, destacó la ejecutiva.

La expansión internacional también se refleja en el nuevo servicio de listado internacional lanzado por Latinex en agosto de 2025. El mecanismo permite listar en Panamá emisiones internacionales bajo regulación estadounidense sin necesidad de registro local ante la Superintendencia del Mercado de Valores. La plataforma busca posicionar a Panamá como alternativa frente a centros financieros como Luxemburgo, Singapur o Londres.

Hasta ahora, el nuevo sistema ya acumula más de $1,800 millones en emisiones listadas. Entre ellas destacan bonos del Canal de Panamá por $450 millones, emisiones del Banco Nacional de Panamá por $1,000 millones, una emisión subordinada de Bladex por $200 millones y una emisión de IDC Network por $194 millones.

Batista sostiene que esta nueva línea de negocio convierte a Panamá en la primera jurisdicción de América Latina capaz de ofrecer este tipo de listados internacionales especializados. El servicio está dirigido principalmente a emisiones estructuradas bajo ley de Nueva York y enfocadas en inversionistas internacionales institucionales.

El crecimiento del mercado bursátil ocurre además en paralelo a una estrategia agresiva de promoción internacional. Directivos de Latinex han participado en misiones comerciales, foros de inversión y encuentros financieros en Estados Unidos, España, Guatemala, El Salvador y Honduras con el objetivo de atraer nuevos emisores e inversionistas.

La deuda pública de Panamá volvió a aumentar en abril de 2026 y se acercó a los $62,000 millones, en medio de mayores desembolsos, nuevos créditos bancarios y una presión creciente por el pago de intereses.

El saldo total de la deuda pública pasó de $60,008 millones en marzo a $61,896 millones en abril, un incremento de aproximadamente $1,888 millones en apenas un mes. El aumento estuvo impulsado principalmente por mayores desembolsos y capitalizaciones, que superaron los pagos de capital realizados durante el periodo.

Las cifras oficiales muestran que durante abril el Gobierno recibió desembolsos y capitalizaciones por más de $3,120 millones, mientras que los pagos a capital ascendieron a unos $1,416 millones.

A esto se sumaron pagos de intereses por $189 millones y comisiones por $35 millones. El resultado final fue un aumento neto de la deuda pese a ciertos ajustes cambiarios favorables y descuentos menores.

El comportamiento de abril contrasta con marzo, cuando la deuda había mostrado una leve corrección a la baja debido principalmente a variaciones cambiarias negativas y operaciones de manejo de pasivos. En marzo, el saldo total había cerrado en $60,008 millones, ligeramente por debajo de febrero, cuando la deuda se ubicaba en $60,059 millones.

Sin embargo, la reducción fue marginal y no alteró la tendencia general de crecimiento observada desde inicios de año.

La estructura de la deuda sigue dominada ampliamente por el financiamiento externo. Del total acumulado hasta abril, unos $51,877 millones corresponden a deuda externa, mientras que la deuda interna representa cerca de $10,018 millones.

Esto significa que más del 80% de las obligaciones del Estado continúan ligadas a acreedores y mercados internacionales.

Entre los instrumentos de financiamiento, los bonos globales siguen siendo el componente más grande de la deuda panameña. El saldo de bonos supera los $31,096 millones, consolidándose como la principal fuente de endeudamiento del país.

A esto se suman préstamos multilaterales por casi $10,000 millones y créditos directos con bancos internacionales que ya superan los $10,022 millones.

Precisamente, uno de los cambios más notorios en la estrategia financiera del Gobierno de José Raúl Mulino ha sido el crecimiento acelerado de los préstamos directos con bancos. Solo entre marzo y abril de este año, la deuda asociada a bancos directos pasó de $7,354 millones a más de $10,022 millones, un incremento cercano a $2,668 millones.

Parte importante de ese crecimiento está vinculada a nuevos acuerdos de financiamiento concretados recientemente con entidades internacionales como Citibank.

El objetivo del Gobierno ha sido diversificar las fuentes de recursos y reducir parcialmente la dependencia de emisiones de bonos en mercados internacionales, donde las tasas de interés continúan elevadas debido al contexto financiero global.

En el caso de la deuda interna, el comportamiento estuvo marcado por movimientos importantes en Letras y Notas del Tesoro. Las Letras del Tesoro aumentaron de $2,487 millones en marzo a $2,545 millones en abril, mientras que las Notas del Tesoro registraron una fuerte caída desde $3,930 millones hasta $2,605 millones debido a pagos de capital superiores a $1,325 millones durante abril.

Otro elemento que continúa presionando las finanzas públicas es el pago de intereses. Solo entre marzo y abril de 2026, Panamá desembolsó más de $452 millones en intereses relacionados con deuda pública.

Los pagos estuvieron concentrados principalmente en bonos globales y préstamos bancarios, reflejando el impacto del elevado endeudamiento acumulado durante los últimos años y del aumento de tasas internacionales.

Desde una perspectiva histórica, el mayor salto en la deuda pública panameña ocurrió durante la administración de Laurentino Cortizo entre 2019 y 2024.

En ese periodo el saldo aumentó en más de $24,000 millones, impulsado por la pandemia, mayores déficits fiscales y necesidades extraordinarias de financiamiento. Panamá pasó de niveles cercanos a $36,000 millones antes de la pandemia a cifras superiores a $60,000 millones en pocos años.

En la administración de José Raúl Mulino, iniciada en julio de 2024, el ritmo de crecimiento ha sido más moderado, aunque la deuda continúa aumentando debido a las necesidades fiscales y los vencimientos que debe enfrentar el Estado.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha reconocido públicamente que Panamá todavía necesita conseguir alrededor de $1,000 millones adicionales durante 2026 para completar las necesidades de financiamiento previstas para este año.

Chapman también ha señalado que mientras persista el déficit fiscal, la deuda pública continuará creciendo, aunque el Gobierno busca reducir progresivamente el desequilibrio sin afectar el empleo ni desacelerar la economía. Entretanto, Panamá mantiene una de las cargas de deuda más altas de su historia reciente, en medio de crecientes presiones por intereses y necesidades constantes de refinanciamiento.

Según un comunicado de la prensa presidencial, la reunión constituyó un paso estratégico para la estabilización y desarrollo del país y se enmarca en una nueva etapa de diálogo orientada a atraer inversiones internacionales.

En la reunión participaron también el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira; y el vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Christiam Hernández. Por parte del Banco Mundial asistieron la gerente de Política Económica para la región, Shireen Mahdi, y el director de Estrategia y Operaciones para América Latina y el Caribe, Óscar Calvo González.

La Presidencia afirmó que, con el restablecimiento de estos canales de cooperación multilateral, Venezuela reafirma su compromiso de avanzar hacia una economía diversificada y abierta al mercado global. El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes del encuentro, aunque no se ofrecieron declaraciones públicas ni trascendió el contenido detallado de lo dialogado.

Por su parte, el Banco Mundial detalló en su declaración: “Las conversaciones, que se desarrollaron en un ambiente cordial y constructivo, permitieron a ambas partes intercambiar puntos de vista sobre los recientes acontecimientos económicos en Venezuela y explorar posibles áreas de colaboración para una asistencia técnica”.

A su vez, el organismo detalló que ambas partes prevén “profundizar este diálogo y acordaron seguir trabajando juntas” a fin de determinar las posibles necesidades de Venezuela.

El encuentro se realizó tras el anuncio en abril pasado de la reanudación de relaciones entre el Grupo del Banco Mundial y el Gobierno de Venezuela, tras una votación favorable en el Fondo Monetario Internacional (FMI), decisión que puso fin a una suspensión vigente desde 2019.

Ese mismo mes, el FMI anunció en Washington el restablecimiento de vínculos con Venezuela, en línea con la posición mayoritaria de sus miembros.

Rodríguez agradeció a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, tras la reanudación de las relaciones y dijo que el país suramericano está normalizando “todos los procesos que implican derechos de Venezuela en el organismo y responsabilidades”.

“Es un paso muy importante para la economía venezolana, pero también lo que significa Venezuela para nuestra región. Ha sido un gran logro de la diplomacia de Venezuela y quiero también agradecer a todos los países, a todos los Gobiernos que se sumaron a este impulso del regreso de Venezuela al Fondo Monetario Internacional”, señaló.

El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, fue designado como gobernador de Venezuela ante el Fondo. “Aunque eso ya tiene dos o tres semanas que sucedió (...), ya hay gobernador en el Fondo Monetario Internacional. El doctor Calixto Ortega es el gobernador de Venezuela para el FMI”, declaró el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez.

Las relaciones con ambos organismos multilaterales quedaron suspendidas en marzo de 2019, luego de que el ex dictador Nicolás Maduro asumiera un nuevo mandato considerado ilegítimo por la oposición y organismos internacionales, lo que derivó en la autoproclamación del entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino, respaldado por varios países.

El 13 de mayo pasado, el Ejecutivo anunció el inicio de un proceso “formal, integral y ordenado” para la reestructuración de la deuda pública externa y de la estatal PDVSA, sin precisar el monto total.

El Ministerio de Economía indicó que el objetivo es mejorar la capacidad de financiamiento del país, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar la calidad de vida de la población. Según la ONG Transparencia Venezuela, la deuda externa del país supera los USD 170.000 millones.

(Con información de EFE)

A pesar del auge de endeudamiento corporativo y provincial en el mercado internacional que tuvo lugar desde las elecciones legislativas de 2025, el gobierno de Javier Milei todavía aguarda mayor compresión del índice de riesgo país para regresar a los mercados internacionales de deuda.

Según analistas, los factores que limitan la reducción del indicador elaborado por JP Morgan son los desafiantes compromisos financieros de cara a 2027, así como la incertidumbre política y electoral que suscitan los comicios presidenciales del año que viene.

El índice de riesgo país, que refleja la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos estadounidenses de igual plazo, se mantiene desde hace meses dentro del rango de 500 a 600 puntos básicos. Tras una marcada reducción posterior a las elecciones, el índice no logra ubicarse por debajo de 500 pb, lo que le permitiría al equipo económico obtener financiamiento externo a un costo más bajo.

El índice de riesgo país no logra ubicarse por debajo de 500 pb, lo que le permitiría al equipo económico obtener financiamiento externo a un costo más bajo

Esa compresión permitió que las compañías emitan más de USD 13.000 millones en obligaciones negociables y otros instrumentos desde octubre de 2025. Las provincias también aprovecharon la mejora y distritos como CABA, Santa Fe, Chubut, Córdoba y Entre Ríos acudieron al financiamiento externo, en su mayoría, para el refinanciar vencimientos. En ambos casos, se consiguieron tasas de interés que van desde el 6% hasta el 9% anual.

Sin embargo, los analistas del mercado consideran que con el nivel actual de índice riesgo país, si la administración libertaria intentara emitir deuda en el exterior, debería abonar una tasa de interés que oscila entre 9% y el 10% anual.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que el acceso al crédito internacional sigue siendo costoso. Además, considera que, en función de los indicadores macroeconómicos, la variable debería encontrarse en valores inferiores. Atribuye la persistencia de estos niveles a la cautela de los inversores ante la posibilidad de un regreso del kirchnerismo o de políticas de control más estrictas.

En ese sentido, el presidente Javier Milei remarcó en declaraciones recientes que “Argentina tiene acceso al mercado, pero queremos tasas más bajas y mientras que no las consigamos, vamos a buscar otros mecanismos que son más baratos”, en referencia a la colocación de bonos en dólares en el ámbito doméstico y el acuerdo de garantías de endeudamiento con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Argentina tiene acceso al mercado, pero queremos tasas más bajas y mientras que no las consigamos, vamos a buscar otros mecanismos que son más baratos (Milei)

La diferencia en las tasas de los bonos AO27 y AO28, ambos emitidos por el Tesoro para afrontar pagos superiores a USD 4.300 millones en julio, muestra la prudencia del mercado frente al actual panorama político. El AO27, que vence en octubre de 2027, paga una tasa anual mayor a 5%, mientras que el AO28, con vencimiento en octubre de 2028, ofrece un rendimiento por encima del 8% anual.

Según analistas, esta diferencia de casi 300 puntos básicos responde a la incertidumbre sobre el futuro político tras las próximas elecciones presidenciales. Ese spread representa el rendimiento adicional que los inversores exigen para mantener posiciones más allá del actual ciclo electoral.

Algunos especialistas opinan que si el Gobierno logra realizar alguna colocación que demuestre acceso a los mercados, aunque sea con una tasa más alta, esto impactaría positivamente en los bonos y podría reducir el riesgo país, facilitando la posibilidad de obtener más financiamiento y en mejores condiciones en el futuro. Esto se debería a que el mercado dejaría de tener dudas sobre la capacidad del país para afrontar los vencimientos de 2027.

En diálogo con Infobae, el director de la consultora C&T, Camilo Tiscornia, la principal duda que limita la reducción del riesgo país es el calendario de vencimientos de deuda. “Si el mercado no está muy dispuesto a prestarle al Gobierno, que se conozcan con más detalle las fuentes alternativas que cerró el equipo económico sería un factor que ayudaría”, apuntó.

El economista añadió: “La acumulación de reservas es un factor que puede jugar para la baja del riesgo país, que hoy tendría que estar más cerca 400 puntos básicos para que fuera factible para el Gobierno. Y obviamente que también puede ayudar es que se calme la situación internacional, porque eso ha levantado el riesgo país de todos los países”.

La acumulación de reservas es un factor que puede jugar para la baja del índice de riesgo país, que hoy tendría que estar más cerca 400 puntos básicos para que fuera factible para el Gobierno (Tiscornia)

En cuanto al proceso de endeudamiento corporativo y subsoberano, Tiscornia planteó que ocurrió, mayoritariamente, en empresas y provincias que están vinculadas a sectores energéticos o con capacidad exportadora.

Para el jefe de Research de Parakeet, Matías de Luca, la diferencia entre la toma de deuda por parte de las compañías y las jurisdicciones pasa por una cuestión de historial: “El soberano está sujeto a cambios de gobierno, controles de capitales y más. Es un riesgo político. En cambio, las empresas y/o provincias pueden ‘aislarse’ parcialmente si son generadoras de dólares o cobran regalías. Eso explica en parte el spread entre distintos créditos".

Por otra parte, de Luca consideró que el escenario global juega en contra de los intereses del Gobierno. "Hoy la tasa de Estados Unidos está en su punto más alto del último año y medio, con un conflicto bélico en Medio Oriente que agrega mucho ruido a los mercados internacionales y cuyos potenciales efectos adversos tienen distintos resultados para los activos de riesgo. Es decir, quizás no es el mejor punto de entrada", manifestó.

Bajo su perspectiva, un riesgo país en torno a los 400 puntos básicos es asequible para Argentina en el mediano plazo. “De todos modos, es algo binario que se definirá en octubre 2027. Creo que si el gobierno actual es reelecto, la apertura a los mercados se dará de forma automática por una cuestión de expectativas”, apuntó.

Las empresas y/o provincias pueden ‘aislarse’ parcialmente si son generadoras de dólares o cobran regalías (De Luca)

En tanto, Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital, evaluó que los rendimientos de 10% de la deuda argentina responde a varios factores: “Por un lado, es la concentración de vencimientos futuros; por otro, la necesidad de consolidar previsibilidad respecto de la continuidad del programa económico. A eso se suma el historial de defaults y reestructuraciones argentinas en la percepción de riesgo y en la valuación de los activos soberanos.”

“La diferencia de tasas entre bonos que vencen dentro del actual mandato y aquellos con duration más larga muestra que el mercado sigue asignando una prima vinculada al escenario político y a la continuidad del programa económico. El spread entre AO27 y AO28 refleja justamente esa sensibilidad: más que la calificación crediticia puntual, hoy pesa la capacidad de sostener consistencia macroeconómica en el tiempo", puntualizó Botto.

Un informe reciente de GMA Capital advirtió que incluso después de la mejora de la calificación crediticia de la Argentina por parte de Fitch Ratings (de CCC+ a B-), los bonos soberanos continúan operando con rendimientos cercanos al 10% anual, niveles que todavía se ubican por encima de países con calificaciones similares.

Destaca el reporte de la ALyC: “En un universo emergente, donde los retornos generosos están en extinción, Argentina sigue destacándose por ofrecer un plus de rentabilidad esperada. La comparación regional refuerza esa idea. Bonos soberanos de países ubicados en escalones equivalentes como Bolivia, Egipto o Nigeria, operan por debajo con TIR de 8,8%, 7,2% y 6,7% anual, respectivamente, aun compartiendo perfiles de riesgo elevados. Dicho de otro modo, el mercado continúa asignándole a Argentina una penalidad diferencial pese a la mejora crediticia reciente”.

¿Qué tendría que ocurrir para cerrar parte de esa brecha? “Los drivers favorables deberían consolidarse y, sobre todo, reducirse los factores de incertidumbre política y financiera. En un mercado que todavía mira más allá del corto plazo, las dudas de cara a 2027 y la continuidad del actual régimen económico siguen funcionando como un límite para una compresión más contundente del riesgo país”, definieron los economistas de la ALyC.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) pagó USD 17,74 millones en intereses al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por la activación de USD 2.500 millones del swap de monedas por USD 20.000 millones en el cuarto trimestre de 2025,

Así se desprende del informe de Estados Contables del Ejercicio 2025 del organismo presidido por Santiago Bausili. La operación se enmarcó en un acuerdo de estabilización cambiaria suscripto el 18 de octubre de 2025, en la previa de las elecciones legislativas nacionales, entre el BCRA y el Tesoro estadounidense, por un monto máximo de hasta 20.000 millones de dólares.

El documento oficial describe ese convenio como parte de “una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante shocks externos y episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales”.

El swap fue concertado y cancelado dentro del mismo ejercicio fiscal: el BCRA activó la operación durante el cuarto trimestre de 2025 y la saldó antes del cierre del período. El costo financiero de ese préstamo de corto plazo —USD 17,743 millones sobre un capital de USD 2.500 millones— equivale a una tasa de interés efectiva de aproximadamente 0,71% por el período de utilización.

Para la cancelación del tramo activado del swap, la autoridad monetaria tomó un nuevo préstamo con un organismo internacional. Según consta en los balances de la autoridad monetaria, se apeló al Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) por medio de un Convenio de Facilidad Crediticia por un monto de USD 2.500 millones, que, más intereses devengados, ascendía a USD 2.888,9 millones a fines del año pasado.

El BIS una organización con sede en Basilea, Suiza, que agrupa a bancos centrales de todo el mundo. Su función principal es fomentar la cooperación entre bancos centrales y promover la estabilidad financiera global.

Según el informe oficial, el swap con Estados Unidos tuvo como propósito “contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”. El mecanismo bilateral habilita al BCRA a ampliar “el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales”. En concreto, EE.UU. intervino en los mercados locales para contener al dólar antes de los comicios de medio término.

Los swaps de monedas son operaciones mediante las cuales dos bancos centrales o tesoros se intercambian divisas por un período determinado, con el compromiso de revertir la transacción en una fecha acordada y al pago de los intereses correspondientes. En este caso, la operación permitió al BCRA acceder temporalmente a dólares del Tesoro de Estados Unidos para reforzar sus reservas internacionales, sin que el acuerdo implicara una transferencia definitiva de fondos.

El acuerdo marco, firmado en octubre de 2025, habilitó operaciones de hasta USD 20.000 millones, aunque en esta primera utilización el monto activado fue de USD 2.500 millones. Los Estados Contables del Ejercicio 2025 del BCRA detallan que el monto del swap “ascendió a USD 2.500 millones” y que “los intereses pagados por esta operatoria ascendieron a USD 17,743 millones”.

Cronología del swap con EE.UU.

El respaldo financiero otorgado por el Tesoro de Estados Unidos al gobierno argentino, formalizado en octubre de 2025 con la habilitación de una línea de swap de divisas por hasta USD 20.000 millones, representó un cambio relevante tanto en la relación bilateral como en la orientación de la economía local.

La asistencia, gestionada mediante el Fondo de Estabilización de Cambios (ESF, por sus siglas en inglés), se implementó ante la volatilidad cambiaria observada en el período previo a las elecciones, en un escenario de reservas internacionales bajas y presión sobre el mercado de divisas.

A través de este mecanismo, el Banco Central estaba habilitado a intercambiar pesos por dólares, lo que permitió reforzar la defensa del peso y acceder con rapidez a moneda extranjera durante una etapa de marcada inestabilidad cambiaria.

De los USD 20.000 millones anunciados, solo se activaron USD 2.500 millones para intervenir en el mercado de cambios y moderar la volatilidad que caracterizó al período preelectoral. A comienzos de 2026, tanto el gobierno de Donald Trump como el de Javier Milei confirmaron que la Argentina repagó el mencionado monto.

“Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, la Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus iniciales en inglés) actualmente no tiene pesos”, comunicó Scott Bessent, titular de la cartera económica estadounidense, a principios de enero.

Por su parte, desde el BCRA informaron que “en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025″.

Las dos partes confirmaron la restitución de los fondos pendientes. El Tesoro de Estados Unidos empleó esos dólares para comprar pesos en el mercado de cambios, con el objetivo de disminuir la volatilidad registrada en la previa de las elecciones legislativas. Luego de la amplia victoria del oficialismo, el clima de incertidumbre disminuyó y el dólar mayorista mantuvo una cotización estable.

Por su parte, Bessent subrayó que Estados Unidos obtuvo beneficios económicos a partir del swap con Argentina, tal como se había comunicado al momento de firmar el acuerdo: “Para reiterar, el ESF nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense”.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) colocó 35 mil millones de pesos en instrumentos de deuda sostenible vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como parte de su estrategia de financiamiento responsable y de fortalecimiento del mercado de bonos temáticos en México.

La dependencia federal informó que la operación se realizó mediante la subasta de dos instrumentos financieros: Bondes G, de tasa flotante, y Bono S, de tasa fija, ambos alineados con proyectos de impacto ambiental, social y de gobernanza (ASG).

De acuerdo con Hacienda, la colocación registró una amplia participación de inversionistas nacionales y extranjeros, lo que refleja la confianza del mercado en la estabilidad financiera del país y en la política de financiamiento sostenible impulsada por el Gobierno federal.

“La subasta contó con una amplia participación de inversionistas nacionales y extranjeros, lo que refleja la confianza en los instrumentos emitidos por el Gobierno Federal y en la estrategia de financiamiento sostenible del país”, destacó la SHCP.

La mayor inversión fue en Bondes G

Del total colocado, 26 mil 700 millones de pesos correspondieron a Bondes G, mientras que 8 mil 300 millones de pesos fueron asignados al Bono S, cuya tasa fija se ubicó en 8 por ciento.

En el caso de los Bondes G, Hacienda detalló que la distribución se realizó en distintos plazos. Para el instrumento a dos años se colocaron 3 mil millones de pesos; a tres años, 8 mil 900 millones; a cuatro años, 7 mil millones; y a cinco años, 7 mil 800 millones de pesos.

Asimismo, cada plazo presentó sobretasas diferenciadas. El bono a dos años registró una sobretasa de 0.1473 por ciento; el de tres años, 0.1650 por ciento; el de cuatro años, 0.1880 por ciento; y el de cinco años, 0.2083 por ciento.

Bono S, tendrá tasa de rendimiento de 9.24%

Por otro lado, en la colocación del Bono S, Hacienda informó que la tasa de rendimiento fue de 9.24 por ciento. La emisión alcanzó una demanda total de 91 mil 664 millones de pesos, equivalente a 2.62 veces el monto asignado, lo que evidenció el fuerte interés de los inversionistas por este tipo de activos sostenibles.

La SHCP subrayó que estas emisiones forman parte de una estrategia integral de finanzas sostenibles, cuyo objetivo es transparentar el uso de los recursos públicos y dirigirlos hacia proyectos con beneficios sociales y ambientales medibles.

Entre los proyectos susceptibles de financiarse mediante este tipo de instrumentos destacan iniciativas relacionadas con energías limpias, infraestructura sostenible, reducción de desigualdades, movilidad sustentable y programas sociales alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Hacienda aseguró que la emisión también contribuye a fortalecer y consolidar la curva de rendimiento de instrumentos sostenibles en México, la cual sirve como referencia para futuras emisiones temáticas tanto del sector público como privado.

“Con esta emisión, México contribuye a fortalecer y consolidar la curva de rendimiento de instrumentos sostenibles, que constituye una referencia para futuras emisiones temáticas sostenibles”, indicó la dependencia.

Además, la Secretaría enfatizó que toda la operación se realizó dentro de los techos de endeudamiento autorizados por el Congreso de la Unión, manteniendo disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica.

Especialistas financieros consideran que el crecimiento del mercado de deuda sostenible en México abre nuevas oportunidades para atraer inversión extranjera y fortalecer proyectos de desarrollo con impacto social y ambiental positivo.

En medio del avance sostenido de compras por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que ya alcanzó más del 80% del objetivo anual, el viceministro de Economía, José Luis Daza, reveló cómo se estructura la estimación original de USD 10.000 millones en reservas que presentó al Fondo Monetario Internacional (FMI) y precisó los fondos proyectados a ingresar este año a través de privatizaciones y concesiones de empresas públicas.

Durante su presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC), Daza explicó que la estrategia compartida con el FMI contempló la adquisición de USD 7.000 millones y otros USD 3.000 millones obtenidos por privatizaciones. Pero confesó que también se planteó un escenario más optimista, con la posibilidad de sumar hasta USD 17.000 millones en reservas. “Estamos comprando reservas a una velocidad equivalente a USD 20.000 millones al año. Entonces, lo que nosotros le planteamos al Gobierno americano, al FMI, a las distintas instituciones de lo que iba a ocurrir cuando transcurrieran las elecciones si nosotros manteníamos las bandas, se está dando. Las cosas se están dando como esperábamos”, afirmó.

El jueves, el BCRA adquirió USD 140 millones, una cifra que contribuyó a disipar las dudas del mercado sobre un posible freno en el ritmo de compras por parte de la entidad que dirige Santiago Bausili. En los días previos, la reducción en el volumen de compras había alimentado especulaciones sobre una eventual estrategia para evitar presionar la cotización del dólar y facilitar una baja de la inflación en los próximos meses.

Desde enero, cuando comenzó el nuevo esquema monetario, el BCRA incorporó USD 8.016 millones de dólares. Abril se erigió como el mes de mayor actividad. En ese período, las compras alcanzaron los USD 2.769 millones y, desde la puesta en marcha del programa actual, solo hubo una sesión en la que no se adquirieron divisas: el 2 de enero. En los días hábiles previos, la entidad aceleró sus adquisiciones, superando el ritmo más bajo de la primera semana de mayo, en la que no se superaron los USD 100 millones diarios.

Daza sostuvo que el país atraviesa un momento clave, con “todas las piezas calzando y empezando a armar el mejor panorama que ha tenido la Argentina en décadas”. Según su visión, el país ya cambió por tres razones: la Ley de Glaciares, que habilitaría exportaciones mineras a gran escala; la Ley de Flexibilización Laboral, que consideró largamente esperada; y el respaldo electoral a un gobierno dispuesto a ejecutar una agenda de reformas profundas.

La actividad ya “tocó fondo”

Al referirse al desempeño de la economía, describió que la actividad tocó fondo y comenzó a mostrar señales de recuperación en todos los sectores. Remarcó que el año pasado el país enfrentó un shock financiero con tasas que llegaron al 150% y encajes bancarios diarios del 100 por ciento. “En cualquier otro país estaríamos en una recesión del 5, 6%; es impresionante que no quebrara ningún banco”, afirmó.

Sobre la evolución de los precios, Daza precisó que “las expectativas de inflación a 12 meses están en 23%, 24%; mi expectativa es que van a seguir bajando. Mi impresión es que estamos totalmente en un periodo de reacondicionamiento financiero, en donde las tasas de largo plazo están bajando, las expectativas de depreciación cayeron, las expectativas de inflación están ancladas y una vez que superemos este shock, van a seguir bajando. Vamos muy bien por el lado de la inflación porque hemos eliminado todas las fuentes de inflación y como la ley de gravedad, va a seguir bajando la inflación”.

El numero dos del Ministerio de Economía sostuvo que el escenario actual favorece la llegada de capitales extranjeros: “Tenemos, como pocas veces en la historia, las condiciones para crecer porque, por primera vez, no tenemos desequilibrio externo, no tenemos desequilibrio interno y tenemos una avalancha de inversores externos que van a venir a capturar posibilidad en sectores que no tenía Argentina hace poco”.

En el eje de la apertura comercial, Daza abordó los temores sobre el impacto en el empleo. “La gente dice que si nosotros abrimos, vamos a perder empleo, van a haber empresas que van a cerrar y las otras se demoran en abrir y vamos a perder empleo en Argentina. Lo que pasa en los países que se abren es que los empleos que se pierden son minúsculos en relación a todos los empleos que se crean”, sumó.

Para graficar la importancia de los sectores dinámicos, recurrió al ejemplo de la minería en Chile: “Por cada 1.000 empleos que se generan, entre 3.000 y 5.000 empleos que no se ven en la minería. Son los cocineros que tienen que alimentar, los que transportan la comida, los que traen los neumáticos, los que traen los camiones, los que mantienen los camiones, los que hacen las carreteras, los financistas, los que manejan los programas de software”.

Daza sostuvo que los sectores con ventaja comparativa tiran del resto de la economía. “Cuando los sectores con ventaja comparativa —como los que tenemos en Argentina— empiezan a crecer, elevan el ingreso de todo el país y arrastran a todo el país, y es lo que va a pasar en Argentina sin dudas”. Además, cuestionó las propuestas de gradualidad: “El sentido común de la gente es que se haga de forma gradual para que no se pierdan empleos; no, señores, la economía tiene una capacidad limitada de inversión. Si yo sigo metiendo recursos y dejo atrapada a gente en sectores donde no van a crecer, donde hacen productos de mala calidad sin escala, no tengo recursos para invertirlos en otros, no tengo recursos para que surjan nuevos empresarios, no tengo recursos para que crezcan y se desarrollen otras empresas y estoy en desventaja con los de afuera”.

Hacia el final de su exposición, el funcionario proyectó mejoras en la calificación crediticia del país. “Estoy convencido, no sé si en un mes, dos meses, Argentina va a seguir en la senda de upgrade de las agencias calificadoras; no terminamos acá con el B-, vienen más, no sé cuándo, no me han dicho, pero cuando ustedes miran los números y comparan los números que tenemos hoy y sobre todo los que vamos a tener en dos o tres años, Argentina va a seguir subiendo en su calidad crediticia y el riesgo país va a bajar”, concluyó.

La declaración se dio luego de que la semana pasada, tras la suba de Ficth, Moody’s aseguró que no tiene prevista una suba inmediata de la calificación para la deuda soberana argentina, debido a la persistencia del riesgo político y a que todavía espera conocer un programa que detalle cómo se van a cumplir los abultados compromisos financieros que enfrentará el país en 2027.

Pampa Energía concretó una reapertura de su bono internacional con vencimiento en 2037 y captó USD 500 millones en el mercado externo. La operación, que recibió demanda por más de USD 1.000 millones, le permitió a la compañía alcanzar el menor spread de financiamiento de su historia y elevar el monto total de ese bono a USD 950 millones.

El título había sido emitido originalmente en noviembre de 2025. En esta ocasión, Pampa reabrió el bono a 12 años, con un cupón de 7,75% y una tasa de descuento de 7,60%, logrando comprimir el spread respecto de la colocación inicial hasta los 315 puntos básicos, un registro sin precedentes para la empresa.

La oferta logró captar el interés tanto de inversores locales como internacionales, lo que permitió adjudicar el monto máximo previsto de USD 500 millones. Con esta operación, la compañía extendió el perfil de vencimientos de su deuda hasta 2037 y consolidó lo que describe como una “estructura financiera de largo plazo”.

Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, señaló que la reapertura “permite continuar fortaleciendo la estructura financiera de la empresa y ampliar las fuentes de financiamiento de largo plazo”. El ejecutivo agregó: “el fuerte interés que recibimos refleja la confianza del mercado en nuestra solidez operativa, financiera y nuestro plan de crecimiento”.

Los fondos obtenidos serán destinados al plan de inversiones de la compañía en el sector energético.

Un año de colocaciones

La operación de Pampa Energía en el mercado internacional se suma a una emisión anterior en el mercado local. A fines de marzo, Pampa Energía colocó una Obligación Negociable por USD 200 millones a tres años de plazo, a una tasa de 5,49% anual. En esa oportunidad, la empresa lanzó una operación por USD 100 millones, ampliable a USD 200 millones, y recibió ofertas por más de USD 425 millones. Esa emisión obtuvo la calificación “AAA(arg)” con perspectiva estable de parte de la calificadora Fix, la máxima calificación crediticia en la escala local.

En conjunto, las dos operaciones muestran una estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento: la obligación negociable de marzo, orientada al mercado doméstico y a un plazo de tres años; el bono internacional ahora reabierto, colocado en el exterior con vencimiento en 2037.

Pampa espera el ingreso al RIGI

En paralelo al frente financiero, Pampa Energía avanza en un proyecto de expansión productiva de mayor escala. Hace unas semanas, la compañía presentó ante el Estado su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar Fértil Pampa, un complejo industrial ubicado en el Polo Industrial de Bahía Blanca que demandará una inversión de alrededor de USD 2.400 millones.

El proyecto apunta a producir 2,1 millones de toneladas anuales de urea a partir de 2030, utilizando gas natural proveniente de Vaca Muerta como insumo principal. La iniciativa contempla también la fabricación de amoníaco y dióxido de carbono como materias primas intermedias. El gas llegará a través de un gasoducto exclusivo, la electricidad se tomará del Sistema Interconectado Nacional y se empleará agua de mar desalinizada.

Fértil Pampa S.A.U., propiedad total de Pampa Energía, prevé generar 3.500 puestos de trabajo durante la construcción y 300 empleos fijos en la etapa operativa. El complejo estará ubicado en Bahía Blanca, donde la empresa aprovechará la cercanía a gasoductos, líneas de transmisión de alta tensión y un puerto de aguas profundas. Se estima que el proyecto producirá USD 890 millones anuales en divisas desde el inicio de operaciones, con el 60% de la producción orientada a exportaciones, principalmente hacia Brasil.

El proyecto de fertilizantes no es la única apuesta de la empresa en el marco del RIGI. Según anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, en marzo, Pampa Energía tiene prevista otra inversión en el yacimiento Rincón de Aranda, en Neuquén, por USD 4.500 millones, orientada al desarrollo de petróleo y a la construcción de plantas de tratamiento, oleoductos y gasoductos. En julio del año pasado, la compañía había registrado además un primer pedido de adhesión al régimen por USD 426 millones para obras de infraestructura en ese mismo bloque.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso a disposición del Tesoro Nacional la suma de $24,4 billones en concepto de dividendos del ejercicio 2025, según informó la autoridad monetaria al aprobar sus estados contables anuales.

Los fondos se distribuirán en dos operaciones: $6 billones se destinarán a la constitución de depósitos del Tesoro en el BCRA, mientras que los $18,4 billones restantes se aplicarán a la recompra de Letras Intransferibles en cartera del organismo, por un total estimado de USD 21.700 millones en valor nominal original.

La transferencia se enmarca en los resultados del ejercicio 2025, que el Directorio del BCRA calificó como récord. La entidad registró una ganancia de $34,3 billones, lo que representó un incremento del 34% respecto a los $25,6 billones obtenidos en 2024, medidos en moneda constante al 31 de diciembre de 2025. El Patrimonio Neto alcanzó los $51,3 billones al cierre del ejercicio, un 66,3% por encima del año anterior.

Qué son las Letras Intransferibles

El comunicado oficial del Ministerio de Economía explicó el origen de estos instrumentos. Las Letras Intransferibles “se colocaron al BCRA como contrapartida del uso de reservas internacionales por parte del Tesoro, en un contexto de déficit fiscal crónico y cierre de los mercados voluntarios de capitales”. Esto implicó, según el documento, “un fuerte deterioro acumulado en el activo del Banco Central, al reemplazar un activo líquido y valioso (dólar) por otro ilíquido y sin valor de mercado, con reservas netas que a principios de diciembre de 2023 eran negativas en más de USD 11.000 millones”.

La recompra de estas letras por parte del Tesoro, financiada con fondos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), fue uno de los factores centrales que explican los resultados del ejercicio. El BCRA señaló que la mejora en sus resultados “corresponde principalmente al efecto del mayor resultado por diferencias netas de negociación (+66,4%), impulsado por el recupero generado por la recompra de Letras Intransferibles en cartera del BCRA por parte del Tesoro Nacional”.

El balance del ejercicio 2025

Los estados contables del Banco Central muestran un activo de $187,6 billones al cierre de 2025, un 25% más que los $150,1 billones de 2024 (en moneda constante del 2025). La principal causa de ese crecimiento fue el aumento de las Reservas Internacionales, que subieron un 59,6% y alcanzaron los USD 41.095 millones al 31 de diciembre de 2025, un 48,5% más que al cierre del año anterior. Ese incremento se explica por las compras de Letras Intransferibles realizadas con los desembolsos del FMI —USD 14.500 millones—, por operaciones de recompra (REPO) con bancos del exterior por USD 3.000 millones, y por la suba en la cotización del oro, que avanzó un 64,9% en dólares por onza.

El pasivo, en tanto, ascendió a $136,3 billones, lo que marcó un incremento del 14,3% respecto del año anterior. Las principales causas fueron el aumento del saldo de cuentas corrientes en otras monedas (+32,1%) y el incremento de otros pasivos (+29,4%), atribuido principalmente a la revalorización de obligaciones denominadas en moneda extranjera.

Otro factor que contribuyó al resultado positivo fue la “fuerte reducción de los intereses y actualizaciones perdidos (-92,7%), debido a la disminución de los pasivos del BCRA”, así como la “reducción acumulada del 84% de los gastos de emisión monetaria, a través de la renegociación de contratos, la impresión de billetes de mayor denominación y los menores niveles de inflación”.

Otros hechos relevantes del ejercicio

Entre los hechos destacados de 2025, el Banco Central mencionó el acuerdo de estabilización cambiaria suscripto con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 18 de octubre de ese año, por hasta USD 20.000 millones bajo la modalidad de swap bilateral de monedas. Las operaciones realizadas bajo ese esquema fueron canceladas antes del cierre del ejercicio.

También se destacó la cancelación de la operatoria de Letras Fiscales de Liquidez (LEFIs) y la rescisión del saldo total de opciones de liquidez de títulos públicos pendientes, conocidas como puts.

El organismo informó además que, en el marco de un proceso de convergencia hacia normas contables profesionales generalmente aceptadas, adecuó la política contable de registración de operaciones de pases, aplicada de manera retroactiva sobre los saldos de 2024.

La perspectiva para 2026

El BCRA indicó que durante el ejercicio 2026 “continuará consolidando el saneamiento de su hoja de balance”, lo que le permitirá “contar con herramientas efectivas para cumplir los objetivos de estabilidad monetaria y financiera establecidos en su Carta Orgánica”.

En ese marco, el 15 de diciembre de 2025 el organismo comunicó un programa de compra de reservas preanunciada, “respaldado por el crecimiento y remonetización de la economía”, que a la fecha de publicación de los estados contables le permitió realizar “significativas compras de divisas destinadas a incrementar las Reservas Internacionales”.

Detalló que la estrategia para la deuda pública consiste en hacer colocaciones continuas, reducir costos y diversificar monedas. Dentro de las últimas acciones destaca dicha emisión de TES, colocada con el mayor nivel en la historia del mercado local. A esto se suma el manejo de presiones asociadas a la reforma pensional, los traslados de afiliados a Colpensiones y el ajuste de proyecciones fiscales para los años 2025 y 2026.

La última emisión de títulos, según Ávila, responde a la necesidad permanente de renovación de obligaciones financieras propias del Estado y no a un evento aislado. El ministro detalló que uno de los tramos se adjudicó con una tasa cercana al 15%, un pico histórico que debe analizarse dentro de la estrategia oficial y no como un reflejo de fragilidad puntual. La meta, de acuerdo con lo que expuso, es estabilizar la deuda relativa al PIB y gestionar los riesgos asociados a la volatilidad internacional.

Resaltó que la política vigente busca disminuir los costos de financiamiento y mitigar el impacto de factores externos como las tasas de interés elevadas. Ese enfoque incluye enfrentar los desafíos que plantean las decisiones judiciales en materia pensional y los compromisos fiscales a mediano plazo.

Tasas de interés e impacto en la deuda pública

El desempeño de la tasa de referencia establecida por el Banco de la República es uno de los principales elementos del debate económico en Colombia. Ávila recordó la discrepancia surgida ante el aumento de 200 puntos básicos (pb) en el tipo de intervención, lo que incrementó el costo de financiar la deuda pública y presionó otras áreas de la economía.

“Finalmente llegamos a un acuerdo con la junta en el sentido de mantener inalterada la tasa en el mes de abril, pero continúa este debate”, señaló el ministro. Destacó que las tasas elevadas dificultaron el acceso al crédito y afectaron la sostenibilidad del financiamiento estatal.

Así las cosas, el Gobierno mantiene como objetivo reducir el costo del endeudamiento público para fortalecer las cuentas fiscales en los próximos años. El escenario internacional complejo implica ajustar la política monetaria y avanzar en acuerdos que favorezcan la gestión de la deuda.

Desafíos y cifras de la reforma pensional y Colpensiones

Al referirse a la reforma pensional, que está en estudio de la Corte Constitucional, Ávila abordó el traslado de afiliados desde fondos privados hacia Colpensiones. Precisó que cerca de 132.000 personas solicitaron el traslado de los ahorros y que Colpensiones ya otorgó pensión a unos 24.000 beneficiarios, aunque los recursos correspondientes permanecen en los fondos privados.

“Colpensiones ha atendido a cerca de 24.000 de ellos para otorgarle la pensión y, sin embargo, los recursos de estos ahorradores permanecen en los fondos privados creando una presión complementaria sobre Colpensiones para atender estas responsabilidades”, anotó. Indicó que “de los recursos que ellos tienen, que son cerca de 550 billones de pesos, les estábamos pidiendo que trasladaran el 1,2% de los recursos para atender a estos beneficiarios”.

La situación se tensionó ante la decisión del Consejo de Estado, que determinó que los fondos privados no están obligados a transferir esos recursos de inmediato, lo cual, según el Gobierno, representa una presión adicional para la administración pública sin la liquidez necesaria para cubrir sus obligaciones.

Reducción de costos y diversificación de la deuda externa

Sobre la deuda externa, Ávila destacó avances en la reducción de la dependencia del dólar mediante la diversificación de fuentes y monedas extranjeras. Mencionó la incursión de Colombia en el mercado suizo, con emisiones en francos suizos a tasas cercanas a cero, y la intención oficial de iniciar operaciones con mercados asiáticos.

“Creemos que los mercados asiáticos están pendientes también de que iniciemos operaciones con ellos y sobre esta ruta reducir al máximo por un lado la dependencia, pero por otro lado los riesgos cuando hay una dependencia exagerada sobre una de las monedas”, señaló Ávila.

Con esto, el Gobierno fortaleció su presencia en Europa por medio de una curva de rendimientos en euros, buscando ampliar la base de inversionistas y optimizar el perfil de la deuda. En la actualidad, la deuda externa del Gobierno nacional representa el 25,1% del total de la deuda pública, el nivel más bajo dentro del portafolio nacional según datos oficiales.

Otra medida implementada fue la cancelación de operaciones de total return swaps (TRS), lo que permitió reducir el saldo de la deuda en más de $100 billones. Desde julio de 2025 la deuda bruta nacional no registró incrementos, según expuso el jefe de la cartera de Hacienda.

Ávila subrayó la reducción de los costos internacionales: “En las últimas tres emisiones internacionales la Nación accedió a los mercados con tasas cercanas al 5% en promedio”, en contraste con el 8% posterior a la pandemia. De acuerdo con las proyecciones, la deuda neta sobre el PIB descendería a 58,5% en 2025, tras ubicarse en 59,3% en 2024, y podría alcanzar el 56,3% en 2026.

El ministro recordó que la aceleración de la deuda pública fue mayor a partir de 2012, alcanzando un máximo del 60,7% del PIB durante la pandemia, pero que en años recientes se mantuvo estable y con tendencia a la baja.

El emprendedor Carlos Fernando Cuevas admitió deudas pendientes con Socorro Oliveros, esposa de Rodolfo Hernández, por una suma de $350.000.000 derivada de un negocio ganadero fallido entre ambos en 2023.

Cuevas anunció que la devolución del monto solo podrá efectuarse una vez finalice su participación en la campaña presidencial de Santiago Botero, destacando que su liquidez actual se encuentra completamente destinada a este proceso político, según declaraciones en diálogo con Semana.

Cuevas aclaró que el capital original involucrado en la operación fue de $388.000.000, de los cuales Oliveros aportó una camioneta — tasada en $230.000.000, aunque de difícil venta — y $150.000.000 en efectivo, mientras él puso $254.000.000. La negociación estableció una utilidad anual del 30 % efectivo para Oliveros, un porcentaje notablemente superior al ofrecido por el sistema bancario, que oscila entre el 10 y el 12 % anual. “Le pagué 20 meses seguidos, estoy al día, 9.700.000 mensual de utilidad por esos recursos. Jamás he desconocido la deuda”, afirmó.

El conflicto financiero terminó en una demanda judicial interpuesta por Oliveros, que también notificó de la situación a Santiago Botero, candidato presidencial bajo cuya fórmula trabaja actualmente Cuevas. Este explicó que cualquier retraso en sus pagos provino exclusivamente de la prioridad financiera que asignó a la campaña política, en la que sostiene todos los gastos junto a Botero sin recibir fondos de terceros. “La deuda sí existe, pero he pagado cumplidamente mis intereses”, subrayó Cuevas en la entrevista.

Cuevas afirmó que la relación con Riveros se enfrió por diferencias económicas.

“La relación terminó fracturada cuando decido irme con Santiago Botero. Quería que la Liga de Gobernantes Anticorrupción apoyara a Santiago, pero ellos hicieron unas exigencias económicas con las cuales no estuvimos de acuerdo. Son legales. Pero no estuvimos de acuerdo. Luego me pidieron que apoyara a Rodolfo José Hernández al Senado y no lo apoyamos. Entonces, ahí se fracturó”, relató.

Los antecedentes del negocio y la ruta del pago pendiente

El origen de la deuda se sitúa en una operación de cría de ganado acordada en 2023. El acuerdo inicial fijó una utilidad mensual del 2,5 %, correspondiente al 30 % anual, con pagos mensuales regulares a Oliveros que Cuevas aseguró haber cumplido durante 20 meses, superando los $200.000.000 en intereses abonados de un total de $380.000.000.

Oliveros solicitó el pago del capital en diciembre de 2023, pero Cuevas propuso entregar una camioneta Chevrolet 2024 Tajó, valuada en $350.000.000 y blindada, iniciativa rechazada por Oliveros. Cuevas insistió durante el dialogo con el medio citado que su actual restricción de flujo de caja se debe únicamente a compromisos propios de la campaña, indicando: “Todo lo estamos pagando entre Santiago y yo. Obviamente, la mayor parte la pone Santiago porque es más adinerado”.

Proceso judicial y acusaciones cruzadas

En respuesta a la acción judicial, Cuevas insistió en su transparencia y trayectoria en los negocios, mencionando antecedentes de créditos empresariales por hasta $5.000.000.000. A propósito, reconoció que afrontó cargos por intereses moratorios, comparando estos con cargos de tarjetas de crédito.

El emprendedor también señaló que, aunque la relación con la familia Hernández fue distante, mantuvo comunicación directa con Oliveros y sostuvo un cargo de coordinador nacional ante la Registraduría Nacional del Estado Civil durante la campaña de Rodolfo Hernández, desmintiendo afirmaciones públicas sobre un ingreso tardío a dicho proyecto político.

Respecto a la opción de cubrir la deuda con fondos facilitados por Santiago Botero, Cuevas declaró tajantemente que “nadie tiene que responder por mis deudas. Yo respondo por mis deudas, como hasta el día de hoy he hecho”, y reafirmó que el pago a Oliveros se realizará exclusivamente tras la conclusión de las obligaciones electorales.

Luego de la licitación de los bonos en dólares de este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, prácticamente se quedó sin cupo para poder conseguir dólares con el instrumento que más interés le genera a los inversores: el Bonar 2027 (AO27). De cara al vencimiento de julio por USD 4.300 millones, esa limitación para emitir estos títulos implicaría una mayor dependencia de la venta de activos públicos y los préstamos con bancos internacionales, ya que gran parte de las divisas obtenidas en las subastas quincenales no se pudieron acumular en el Tesoro.

Hasta hoy, la Secretaría de Finanzas colocó USD 1.447 millones con el Bonar 2027. Con la licitación de hoy sumó USD 150 millones en la primera vuelta y mañana existe la posibilidad de ampliar la cifra en 100 millones de dólares. Si ambas etapas alcanzan el objetivo, el total colocado se eleva a USD 1.697 millones, con tan solo USD 303 millones de margen antes de agotar el límite máximo permitido para este título, tres licitaciones más. Este nivel de adhesión confirma que el AO27 es el bono más demandado entre los inversores, por su vencimiento dentro del mandato de Javier Milei y condiciones consideradas favorables en el contexto actual.

En la primera licitación, el 25 de febrero, la secretaría de Finanzas consiguió USD 250 millones (USD 150 millones en la primera vuelta y USD 100 millones en la segunda); lo mismo sucedió en la del 12 de marzo. El ruido ser generó en la del 27 de marzo en donde si bien en la primera vuelta se colocó USD 150 millones, al otro día solo fue por USD 97 millones. Una situación que se revirtió en la licitación de mitad de mes en donde nuevamente se sumaron USD 250 millones y en la última USD 450 millones.

En contraste, el Bonar 2028 no logró captar el mismo interés. Desde su lanzamiento, apenas se colocaron USD 832 millones, muy por debajo del tope de USD 2.000 millones autorizado para este título. El menor atractivo se explica por el hecho de que vence después del mandato presidencial de Milei, lo que introduce incertidumbre sobre el entorno político y económico futuro, a pesar de que ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) superior al 8 por ciento. El mercado, por ahora, prefiere opciones que no impliquen riesgos de transición institucional.

La incógnita surge porque el avance de las colocaciones no logró traducirse en una acumulación significativa de reservas en el Tesoro. Según el último balance diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los depósitos del Tesoro en moneda extranjera suman aproximadamente 532 millones de dólares. Estos números evidencian una posición limitada que obliga a buscar recursos adicionales para cumplir con los próximos vencimientos en moneda dura.

El desafío más inmediato es el pago previsto para julio, cuando la Argentina debe afrontar una obligación de USD 4.300 millones con tenedores de Globales y Bonares. Frente a la falta de dólares disponibles en las cuentas del Tesoro, la estrategia oficial gira en torno a la obtención de préstamos con entidades internacionales y la venta de activos mediante privatizaciones o concesiones. La dependencia de fuentes externas se vuelve más marcada, ya que los dólares obtenidos por colocaciones no se mantienen en las arcas públicas.

Para reforzar la capacidad de financiamiento, Caputo entabló negociaciones con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo es conseguir garantías que permitan acceder a créditos con tasas de interés más bajas que las del mercado financiero tradicional. Según comentaron fuentes del equipo económico a Infobae, las conversaciones con ambos organismos avanzaron en las últimas semanas y podrían destrabar fondos adicionales para afrontar los compromisos de los próximos meses.

La dinámica de los depósitos del Tesoro en el BCRA y el ritmo de colocaciones en el mercado local marcan el pulso de la búsqueda de divisas. Mientras tanto, la gestión oficial apunta a acelerar acuerdos con organismos multilaterales y mantener abiertos los canales de negociación para obtener nuevos préstamos y reforzar las reservas, en un escenario donde los recursos líquidos resultan insuficientes para cumplir con las obligaciones más inmediatas.

Otra de las vías que identifico Caputo para conseguir dólares es la venta de activos del estado aunque fuentes del Ministerio de Economía confesaron que se proyectan que este ingreso se genere sobre todo en el segundo semestre de 2026. Esta semana, se conoció que el Ministerio de Economía argentino adjudicó a Genneia y Edison el total de la participación accionarial del Estado en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), la sociedad que controla Transener. Luego de que presentarán la mejor de las tres ofertas con 356,1 millones de dólares.

El Tesoro sigue manejando con mucha comodidad las licitaciones de títulos que realiza cada dos semanas. En la de ayer consiguió refinanciar 110% de los vencimientos que afrontaba en pesos y además colocó otros USD 300 millones de bonos cortos en dólares, que le sirven para seguir juntando para el pago de deuda más grande que le queda por delante en julio, por unos 4.300 millones de dólares.

Esta vez, el mayor interés de los que participaron en la licitación se concentró en los denominados “bonos duales”. Se trata de títulos en pesos que pagan al vencimiento según lo que sea más beneficioso para el inversor: el CER (o sea la inflación acumulada) o la tasa de plazo fijo mayorista (TAMAR).

La ventaja para los compradores de este título es que se “gana o gana” al menos en pesos. Por supuesto que la variable que termina definiendo si se trató de una buena inversión es la evolución del tipo de cambio. Si el dólar en los plazos de estos títulos supera a la inflación y la tasa entonces el rendimiento en moneda dura pasa a ser negativo.

Este bono le permitió al Tesoro extender los plazos de colocación en moneda local, ya que una de las series vence en junio de 2028 y el otro en el mismo mes pero del 2029, es decir bien entrado el próximo período presidencial. En el primer caso el rendimiento quedó en un equivalente a CER más 4% y en el segundo de CER más 6,19% anual.

La demanda por estos títulos fue muy significativa y en total se colocaron 5,3 billones de pesos, casi la mitad del total. De esta manera, el Gobierno busca salir del cortoplacismo y romper el temor del mercado respecto a lo que podría suceder con estos pagos durante la próxima administración.

El equipo económico se sigue manejando con cautela y no convalida por ahora que los pesos que se emiten para comprar dólares queden en el mercado. Por eso, la refinanciación de la deuda en pesos que vencía fue de 110 por ciento. La base monetaria en lo que va del año muestra una disminución nominal de 5%, a pesar que la inflación acumulada en el primer trimestre es de 9,4 por ciento.

De esta manera, el plan de remonetización se mantiene en “stand by”. El objetivo es primero ver una baja de la inflación y que se sostenga en el tiempo. Por lo pronto, el Indec publicará hoy el dato de abril y se espera que se ubique alrededor del 2,5 por ciento. Sería la primera baja en diez meses, luego del piso de 1,5% que se registró en mayo del año pasado.

El segmento de deuda en moneda dura mostró interés inversor, con la colocación de USD 150 millones para cada uno de los bonos AO27 y AO28. Hace algunas semanas, el equipo económico había ampliado el cupo a USD 350 millones para cada título. Sin embargo, ese tope máximo solo se ejecutó en la instancia previa.

El bono AO27, con vencimiento el 29 de octubre de 2027, se adjudicó a una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 5,12%, equivalente a una tasa nominal anual (TNA) de 5,00 por ciento. Por esta opción, Finanzas recibió ofertas por USD 279, en línea con subastas anteriores.

Por su parte, el AO28, que vence el 31 de octubre de 2028, se colocó a una TIREA de 8,55% (TNA de 8,24%). En este caso, el monto ofertado ascendió a 267 millones de dólares. La Secretaría informó que el jueves se abrirá una segunda rueda para estos títulos, al precio de corte de la licitación, por un monto adicional de USD 100 millones en cada tramo.

En la primera licitación de deuda de mayo, el Gobierno colocó USD 300 millones en los bonos en dólares AO27 y AO28, que forman parte de la estrategia oficial para pagar los vencimientos de deuda de julio por 4.300 millones de dólares. En cuanto a los títulos en pesos, la Secretaría de Finanzas de la Nación adjudicó un total de $10,71 billones, tras recibir ofertas por $14,40 billones, lo que representa un rollover del 110% respecto de los vencimientos previstos para la fecha.

El segmento de deuda en moneda dura mostró interés inversor, con la colocación de USD 150 millones para cada uno de los bonos AO27 y AO28. Hace algunas semanas, el equipo económico había ampliado el cupo a USD 350 millones para cada título. Sin embargo, en esta ventana Finanzas ese tope máximo solo se ejecutó en la instancia previa.

El bono AO27, con vencimiento el 29 de octubre de 2027, se adjudicó a una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 5,12%, equivalente a una tasa nominal anual (TNA) de 5,00 por ciento. Por esta opción, Finanzas recibió ofertas por USD 279, en línea con subastas anteriores.

Por su parte, el AO28, que vence el 31 de octubre de 2028, se colocó a una TIREA de 8,55% (TNA de 8,24%). En este caso, el monto ofertado ascendió a 267 millones de dólares. La Secretaría informó que el jueves se abrirá una segunda rueda para estos títulos, al precio de corte de la licitación, por un monto adicional de USD 100 millones en cada tramo.

En el tramo en pesos, los instrumentos más demandados fueron las LECAP a septiembre de 2026, con una adjudicación de $4,48 billones y una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,09%, lo que equivale a una TIREA de 28,14%. Además, se colocaron bonos ajustados por CER con vencimientos en mayo y septiembre de 2027: el TZXY7 por $0,24 billones a una TIREA de 1,54% y el TZXS7 por $0,72 billones a una TIREA de 5,04%.

Los títulos duales, que permiten optar por ajuste CER o por el índice TAMAR más un spread, captaron $2,24 billones para el bono con vencimiento en junio de 2028 (TXMJ8) con una TIREA CER de 4,00%, y $2,45 billones para el bono a junio de 2029 (TXMJ9) con una TIREA CER de 6,19 por ciento. En tanto, el título dólar linked a septiembre de 2026 (D30S6) registró adjudicaciones por $0,58 billones a una TIREA de 5,11 por ciento.

“43% de la emisión fue a 2028/2029 y a tasas de mercado”, destacó Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

El analista de Buenos Aires Valores, Martín de la Fuente, sostuvo que “el nivel de rolleo sostiene un buen nivel de liquidez en el sistema; estimamos que en el día de la fecha el BCRA absorbió en la rueda REPO de A3 $4,2 billones”.

Bajo su perspectiva, el menú ofrecido por Economía tuvo el enfoque claro de priorizar la duración de los instrumentos: el plazo promedio de emisión creció a 531 días frente a los 385 de la licitación pasada. En concreto, el Gobierno busca estirar los vencimientos de la deuda en moneda local.

“La novedad respecto de las licitaciones pasadas que solo se ofreció opción new money (no se ofrecieron canjes). Si bien la intención del Tesoro sigue siendo la extensión de duration, esta vez incorporó en el menú títulos a 2027 para flatear la curva CER, que quedó muy empinada producto de la dinámica de las últimas licitaciones, donde el Tesoro únicamente ofrecía títulos a 2028, dando premio relevante en dicho tramo", sumó de la Fuente.

Más allá de que el equipo económico asegura que el pago de deuda de julio por USD 4.300 millones ya está garantizado por la venta de activos del Estado, la colocación del Bonar 2027 (AO27) y Bonar 2028 (AO28) y las garantías que se negocian con organismos internacionales, el mercado volvió a modificar su foco de preocupación. Ahora el centro de la inquietud recae sobre los vencimientos que la Argentina deberá afrontar en 2027, año en el que se concentran pagos por más de 23.000 millones de dólares. El contexto electoral agrega un elemento de incertidumbre, ya que la magnitud y el cronograma de los compromisos coincidirán con la definición presidencial.

Según datos elaborados por GMA Capital, el cronograma de compromisos financieros en moneda dura para los próximos años expone una secuencia ascendente que genera alerta entre inversores y analistas. El cuadro presentado por la ALyC muestra que, mientras en 2026 los pagos suman USD 8.218 millones, ese monto se triplica en 2027 a 23.621 millones de dólares.

En diálogo con Infobae, Rocio Bisang, economista de GMA Capital, puntualizó que 2027 representa un año desafiante tanto por la magnitud de la deuda como por la concentración de los vencimientos. “En ese sentido los esfuerzos que está haciendo el Gobierno para extender duration y acomodar los vencimientos son claves, teniendo en cuenta que el proceso electoral puede introducir mucha volatilidad en la macro hacia adelante”, explicó.

En la misma línea, precisó que los vencimientos en pesos para ese año llegan a $117 billones, mientras que en dólares, incluyendo los pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI), prestamos con bancos internacionales y deuda soberana, la suma totaliza 23.621 millones de dólares.

La misma postura tuvo el director ejecutivo de Analytica, Claudio Caprarulo, quien sostuvo que las obligaciones del año siguiente son desafiantes de por si. A los acreedores privados se suman vencimientos netos con el FMI por cerca de USD 5.500 millones, pero el escenario se complejiza aún más al ser un año de elecciones presidenciales.

“Para evitar nuevamente una fuerte volatilidad es clave la acumulación de reservas de estos meses y si finalmente el riesgo país baja a una zona que permita refinanciar una proporción de esos pagos. En particular, porque la demanda de dólar ahorro puede aumentar ante la búsqueda de cobertura electoral”, destacó Caprarulo.

Para 2028 y 2029, los montos proyectados ascienden a USD 19.982 millones y USD 21.365 millones respectivamente, llevando el acumulado total en el período 2026-2029 a más de 73.000 millones de dólares. La composición de la deuda a pagar en 2027 incluye USD 5.981 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), USD 10.668 millones a acreedores privados y USD 6.973 millones en Bopreales y operaciones de prestamos con bancos, bajo supuestos específicos de refinanciación.

El informe de GMA Capital advierte que, aunque se lograron avances en la mejora de la calificación crediticia (el caso de Fitch la semana pasada, en donde se pasó de ‘CCC’ a ‘B-’), la carga de deuda en moneda extranjera y el calendario de vencimientos siguen siendo obstáculos relevantes. Aunque para ese entonces el equipo económico podría tener la posibilidad de salir al mercado internacional, siempre y cuando el riesgo país profundice el sendero bajista.

Por ahora, la estrategia oficial apunta a administrar los tiempos y la magnitud de los vencimientos sin recurrir de inmediato a la emisión de deuda en el mercado internacional a tasas elevadas. La semana pasada, José Luis Daza, viceministro de Economía, remarcó que el Gobierno evita por ahora retornar al endeudamiento externo en condiciones que puedan tensar el equilibrio financiero.

Pero el funcionario expresó su confianza en que las tasas que exigen los inversores por títulos soberanos bajarán antes de los grandes vencimientos de 2027. “No estamos lejos de volver a los mercados”, afirmó Daza, quien consideró que todavía existen condiciones favorables para un retorno próximo al financiamiento externo, aunque sin apurar la toma de nueva deuda.

El vencimiento de julio

En julio, el equipo económico tiene que afrontar el vencimiento por 4.200 millones de dólares. Desde el oficialismo aseguran que está garantizado el pago y que ahora están negociando para cubrir el de enero y julio del 2027. La estrategia financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, parte de tres pilares: la venta de activos del Estado, la colocación del Bonar 2027 y 2028 y prestamos con bancos internacionales.

No obstante, los números de los depósitos del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) exponen que Caputo dependerá, sobre todo, de los prestamos con bancos internacionales para poder afrontar el pago. El titular del Palacio de Hacienda se encuentra en conversaciones con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para habilitar garantías y con ello poder acceder de financiamiento a tasas más bajas. Según fuentes de Economía, el proceso con ambos organismos avanzó en las últimas semanas.

Cabe destacar que existen diferencias en los mecanismos: el Banco Mundial se encargará de las negociaciones con los bancos, mientras que el cartera económica lidera el diálogo en el caso del BID y luego lo hará con las entidades. “El que llegue antes”, resumió una fuente oficial consultada por Infobae sobre cuál de las dos garantías se utilizará para el próximo pago.

Este miércoles, la Secretaría de Finanzas tiene que afrontar un importante test luego del resultado de la licitación del AO28 de quince días atrás. Sobre todo con lo que sucedió en la segunda vuelta, en donde solo se pudo colocar USD 48 millones cuando el limite disponible era de 100 millones de dólares. Aunque el hecho de que la demanda fuera menor que el OA27 (en donde si se colocaron USD 100 millones) era de esperarse, ya que se trata de un bono que vence fuera del mandato de Milei.

La planta de faena de aves Wade, ex Cresta Roja y actualmente propiedad del grupo Granja Tres Arroyos (GTA), no tuvo operaciones el martes. Este freno total de la actividad en una de las plantas más grandes del grupo avícola se produce en un contexto marcado por atrasos salariales y una deuda financiera con cheques rechazados que, según registros oficiales, superan los 35.0000 millones de pesos.

Trabajadores de la planta de Wade contaron a Infobae que la paralización responde al impago de la última cuota correspondiente a la segunda quincena de marzo y a los haberes de abril. Uno de ellos declaró que, en la mañana de ayer, se bloqueó la entrada y salida de camiones, dejando la planta absolutamente inactiva. “Está todo frenado”, dijo. Este hecho fue atribuido a la decisión de los trabajadores en protesta por los sueldos atrasados.

Este medio se comunicó con la empresa, la cual negó estas versiones. Sin embargo, ante la repregunta acerca de la situación que comentaron los propios trabajadores, referentes de la compañía reafirmaron que la producción durante este martes fue normal; en cuanto al pago de sueldos, prefirieron no hacer comentarios.

La magnitud del deterioro financiero que enfrenta Wade S.A. queda reflejada en los registros del Banco Central de la República Argentina, donde figura una deuda de $6.026.096.656 producto de 615 cheques rechazados por falta de fondos. El grupo controlador, Granja Tres Arroyos, tampoco escapa a esta situación, ya que acumula una deuda total en cheques de $29.333.390.645, correspondiente a 1.813 documentos impagos, según datos consignados por el mismo organismo.

El conflicto laboral que atraviesa el grupo que supo ser el mayor procesador de pollos de la Argentina tiene un largo precedente y, en el último tiempo, estuvo marcado por la aplicación de medidas de ajuste. Entre ellas, se acordó con sindicatos y trabajadores la reducción de jornadas, suspensión de empleados y pagos en cuotas.

En la planta de Concepción del Uruguay, donde trabajan aproximadamente 1.000 empleados, se implementó un esquema de cuatro días de trabajo semanales, dejando los lunes sin faena y remunerados al 65% del salario. Esto se acordó tras una negociación entre la empresa, los sindicatos y la autoridad laboral, con el compromiso de evitar despidos y saldar los sueldos adeudados de marzo. Una medida aún más restrictiva se aplica en la planta de La Lonja, donde se limita la actividad a tres días semanales y se abona el 50% del salario en las jornadas sin actividad.

En respuesta a esta crisis, la compañía llevó a cabo retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y desvinculaciones que recortaron cerca de 400 empleos en los últimos meses. El deterioro operativo repercutió además en la estructura productiva: la empresa perdió parte de su red de productores integrados y redujo su volumen de procesamiento de 700.000 pollos diarios a 200.000 en la actualidad.

Antecedentes

A comienzos de este año, en la planta La China, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, se realizó el cese de actividades más prolongado desde 2001, con más de 10 días de paralización. El conflicto, que había iniciado por falta de pago de haberes y bonos, a la vez que la empresa adeudaba el aguinaldo correspondiente a diciembre, se resolvió luego de la intervención del gobierno provincial. De hecho, la gestión estuvo encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo Manuel Troncoso, quienes solicitaron la mediación de la Secretaría de Trabajo provincial.

En noviembre del año pasado, la empresa anunció el cierre definitivo de su planta de Becar, también en la ciudad de Concepción del Uruguay. En ese entonces, la empresa confirmó que los 270 que allí trabajaban fueron trasladados a la planta La China, ubicada a metros de distancia.

Un conflicto que se remonta a una década de crisis y reestructuraciones

El capítulo más actual de la crisis en Granja Tres Arroyos tiene su punto de partida en diciembre de 2024, cuando la compañía solicitó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. Entre los argumentos, la empresa mencionó el impacto de la influenza aviar y la pérdida del mercado chino, que implicó para el sector una caída de aproximadamente USD 160 millones. Para Granja Tres Arroyos, la imposibilidad de recuperar ese destino comercial resultó especialmente severa: el volumen exportado se redujo del 33% al 25 %. Además, debió readjudicar la enorme cantidad de mercadería que producía para el mercado oriental, en el mercado local.

Aunque el expediente fue abierto, nunca llegó a aprobarse formalmente a nivel nacional. Ese escenario, aceleró los recortes: durante 2024, la firma cerró la planta de Tristán Suárez y desvinculó a 200 de sus 270 empleados. La reducción de actividad fue constante y profunda. De una estructura de 7.000 trabajadores y una faena diaria de 700.000 pollos, la compañía opera hoy con una dotación y un volumen de producción sustancialmente menores (alrededor de 200.000 pollos diarios).

La historia de Cresta Roja expone que la crisis actual no es un hecho aislado. El derrotero de la empresa está atravesado por episodios de inestabilidad financiera, conflictos laborales y sucesivos cambios de manos. La situación había comenzado a deteriorarse en 2013, cuando sus antiguos dueños, la familia Rasic, acumuló deudas por $1.200 millones, emitió cheques sin fondos por 43 millones en 2014 y despidió a 1.300 trabajadores, lo que derivó en fuertes enfrentamientos gremiales.

Para diciembre de 2015, la Justicia decretó su quiebra y, en abril del año siguiente, fue adjudicada a Proteinsa por un total de USD 121 millones. Dado que la empresa estaba concursada, Granja Tres Arroyos había presentado una oferta por la compañía junto a Adecoagro.

Sin embargo, no fue hasta 2018, dos años en los que Proteinsa nunca logró hacerse cargo plenamente de la operación, que Granja Tres Arroyos asumió el control operativo de la planta, con el aval del gobierno nacional. En ese momento, el entonces presidente Mauricio Macri definió a Cresta Roja como “un ejemplo de fábrica”.

Granja Tres Arroyos es comandada por el empresario Joaquín de Grazia, hijo del fundador de la compañía, Gaspar De Grazia, un emprendedor que llegó de Italia y comenzó a vender pollos por las calles de Buenos Aires junto a su hermano. Sin embargo, desde 2022, el 34% de la compañía es propiedad del gigante estadounidense Tyson Food. En medio del conflicto que atraviesa la empresa, fueron varias las versiones que señalaban una posible compra total del paquete accionario por parte de la firma americana. Hasta el momento, no hubo mayores precisiones al respecto.

Pese a la reciente caída del riesgo país y a la mejora en la percepción internacional sobre Panamá, el Gobierno aseguró que no existe una urgencia inmediata de regresar a los mercados globales para emitir nueva deuda.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó que las necesidades de financiamiento de 2026 se encuentran prácticamente cubiertas y que el remanente pendiente ronda los $1,000 millones, monto que podría buscarse en mercados internacionales únicamente si las condiciones resultan favorables para el país.

“No necesariamente”, respondió Chapman al ser consultado sobre una posible emisión de bonos para aprovechar el momento financiero actual. El ministro explicó que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de acudir a los mercados de capitales, aunque aclaró que la decisión dependerá de que existan condiciones suficientemente atractivas para Panamá.

“Puede haber algunas oportunidades demasiado atractivas que se aprovechen para financiar el resto del remanente que nos queda, pero es una cifra que hay que evaluar bien si conviene acudir a los mercados globales o financiarla localmente”, señaló.

El planteamiento surge en un momento en que Panamá logró colocarse como el cuarto país con menor riesgo país de América Latina, con un EMBI de 113 puntos básicos, solo por detrás de Uruguay, Chile y Paraguay.

La cifra representa una recuperación importante frente al deterioro registrado entre 2023 y 2024, cuando la crisis minera, la pérdida del grado de inversión, la tensión social y la sequía del Canal elevaron el costo financiero del país.

Chapman sostuvo que la reducción en el costo de financiamiento representa uno de los avances económicos más relevantes alcanzados por Panamá en los últimos años.

“Las personas que entienden la importancia que conlleva esto nos comentan que pocos países en el mundo han logrado disminuir el costo de financiamiento de un Estado en tan poco tiempo”, afirmó el titular del MEF.

Según el ministro, la caída del riesgo país ya está generando beneficios concretos para las finanzas públicas. Explicó que una menor tasa de interés sobre la deuda permite liberar recursos para cubrir programas estatales y obligaciones sociales.

“Eso se traduce primero en ahorros para el sector público, que permite, por ejemplo, pagar los CEPANIM, subsidios, invertir en medicinas, educación, escuelas, puentes y programas de ayudas monetarias”, indicó.

Chapman aseguró que los ahorros derivados de la reducción del costo financiero podrían alcanzar alrededor de $400 millones anuales, una cifra que, según dijo, otorga mayor margen al Estado para atender necesidades sociales y de infraestructura.

También afirmó que los inversionistas internacionales están enviando una señal de confianza hacia Panamá. “Los inversores opinan con su dinero y al aumentar su interés por Panamá, sube el precio y baja el interés que tenemos que pagar”, explicó.

El ministro agregó que la mejora financiera eventualmente podría trasladarse al sector privado. Según Chapman, los bancos panameños que obtienen recursos en mercados internacionales tendrían acceso a financiamiento más barato y podrían reflejar esa reducción en créditos hipotecarios, préstamos de consumo y financiamiento empresarial.

“Una familia que en otras condiciones no podría calificar para un crédito hipotecario, ahora sí lo podría hacer. Igualmente para quien necesita capital de trabajo para su pequeña empresa”, sostuvo Chapman, quien reconoció que el efecto sobre la población no es inmediato y muchas veces resulta difícil de percibir para el ciudadano común.

El contexto fiscal panameño sigue siendo complejo. Datos del Ministerio de Economía y Finanzas muestran que, al cierre de marzo de 2026, el saldo de la deuda pública alcanzó los $60,008 millones, con un fuerte peso de la deuda externa, que representa $49,222 millones. La deuda interna se ubicó en $10,785 millones, mientras que el déficit fiscal acumulado en los primeros meses del año llegó a $1,110 millones.

El Gobierno ha recurrido de forma intensiva a notas y letras del Tesoro para manejar la liquidez y cubrir compromisos estatales, especialmente relacionados con inversión pública y programas sociales.

A esto se suma la firma de préstamos con bancos internacionales, cuyo saldo supera actualmente los $7,000 millones. Sin embargo, Chapman insistió en que la prioridad sigue siendo ordenar las finanzas públicas para consolidar la recuperación económica y sostener la confianza internacional.

La recuperación de Panamá en los mercados ocurre en paralelo con otros factores que han ayudado a mejorar las expectativas económicas.

Entre ellos destacan el plan de inversiones del Canal de Panamá superior a $8,000 millones, la posible reactivación parcial de la actividad minera y una proyección de crecimiento económico de 3.8% para 2026, según el Fondo Monetario Internacional.

Aun así, el país mantiene desafíos importantes relacionados con el desempleo, la informalidad y conflictos abiertos como el arbitraje internacional derivado del caso Panama Ports Company. Para Chapman, mantener el orden fiscal es una condición indispensable para mejorar la calidad de vida de la población y garantizar crecimiento económico sostenible.

“Yo no conozco un país que no tenga ordenadas sus finanzas públicas y donde la calidad de vida del ciudadano esté mejor”, afirmó el ministro, quien también reconoció que muchos de los efectos positivos todavía no son visibles para la población.

Sin embargo, aseguró que el ritmo de recuperación financiera ha sido más rápido de lo previsto. “Yo pensé que esto nos iba a tomar por lo menos tres años y ya lo estamos logrando en menos de dos años”, concluyó.

El riesgo país, que surge de los rendimientos de los bonos argentinos, perforó ayer los 500 puntos básicos por primera vez desde febrero. La mejora de la calificación de deuda por parte de Fitch y el anuncio de Moody’s sobre una próxima revisión apuntalaron a los bonos argentinos. Sin embargo, ayer también influyó una leve suba en la tasa de los títulos norteamericanos, que hizo comprimir la diferencia con los bonos argentinos.

Desde Adcap Grupo Financiero consideraron que la mejora de la nota para Argentina desde CCC+ a B- podría haber activado un “círculo virtuoso”. Por lo pronto, esta calificación aún se encuentra un escalón por debajo de la mejor nota que llegó a conseguir el gobierno de Mauricio Macri. Luego, la crisis cambiaria y el salvataje del FMI echaron todo por la borda y la Argentina terminó en default.

La baja del riesgo país está ligada a su vez a la posibilidad de conseguir financiamiento externo. En ese sentido, Ecuador emitió la semana pasada bonos por USD 1.000 millones en el mercado internacional, con un rendimiento del 8,5% anual en dólares. La noticia es relevante porque se trata de un país que al menos para Fitch tiene la misma calificación que Argentina, aunque hace más tiempo.

Los bonos tuvieron una demanda siete veces superior al monto ofertado, al alcanzar los USD 7.000 millones para los bonos que vencen en 2034 y 2039. Esto significa que muchos inversores buscan estas opciones para conseguir un mayor rendimiento en sus carteras, aún apostando por alternativas de más riesgo.

Salir de los países calificados en el grupo de las “C” y pasar a los de la “B” no es trivial. Implica la posibilidad de acceder a un grupo mucho mayor de fondos de inversión, que no pueden posicionarse en activos super especulativos. Por lo tanto, una mejora de la calificación significa la posibilidad de captar fondos frescos de un grupo mayor de inversores internacionales.

Aún con la baja del riesgo país de los últimos días, la deuda argentina sigue rindiendo en niveles que oscilan entre el 9% y el 10% anual en dólares. El equipo económico espera conseguir tasas inferiores para financiarse en los mercados.

Jaime Reusche, vicepresidente de Moody’s y a cargo de la calificación argentina, consideró positiva la decisión del Gobierno de no apurar una colocación de deuda en el mercado internacional: “Si la tasa sigue muy alta para Argentina, lo más sensato es buscar alternativas de financiamiento más baratas como a través de garantías de organismos internacionales. A nosotros nos parece adecuada esa decisión”.

En tanto, la Ciudad de Buenos Aires consiguió la semana pasada una emisión histórica, al colocar una nueva serie del bono Tango en el mercado internacional a una tasa de 7,3% anual en dólares, por diez años de plazo. Fueron USD 500 millones aunque la demanda superó los USD 3.000 millones, dejando en claro que hay apetito por estas colocaciones.

Aunque el Gobierno por ahora prefiere no endeudarse a tasas altas, se beneficia con las colocaciones que realizan provincias, bancos y empresas en el exterior. Sucede que luego deben ingresar los dólares de estas emisiones lo que aumenta la oferta de divisas y permite que el Central intervenga. En lo que va del año, las compras ya superan los USD 7.500 millones y se acercan a los USD 10.000 millones, que fue el piso definido por el propio Gobierno al lanzar la fase 4 del plan monetario.

Ahora la expectativa está puesta en si se podrá perforar el piso de enero, cuando el riesgo país rozó los 480 puntos básicos.

Por un lado, el fuerte ingreso de dólares de la cosecha y las próximas compras del Central podrían darle un impulso adicional a los bonos para bajar el riesgo incluso por debajo de los 450 puntos básicos.

Pero del otro lado, el ruido político y la ansiedad por las elecciones del año próximo mantienen a los inversores alertas. Es difícil en ese contexto, que las cotizaciones suban de manera significativa, pensando en los interrogantes que se plantean a partir de quién triunfe en las elecciones del 2027.

La casi certeza de que Moody’s y Standard & Poor’s, otras dos calificadoras de riesgo, mejorarán la nota de la deuda argentina impulsó otra suba de los bonos soberanos de alrededor de 0,5% e hizo bajar al riesgo país a 496 puntos básicos (-2,7%). De esta manera, se acercó al mejor registro del año de 481 puntos de enero de 2026, que fue el más bajo de los últimos siete años.

Con este rating en el indicador que elabora J.P. Morgan, la Argentina está muy cerca de poder salir al mercado internacional de capitales y asegurarse el pago de la deuda hasta fines de 2027.

El mérito de la baja es que se logró mientras el índice de los países emergentes retrocedía 0,10% y Brasil caía 1,5% por la performance negativa de Petrobras, que mostró un balance con una caída de los beneficios de 7,2 por ciento.

También incidió la advertencia de Goldman Sachs sobre la caída de los stocks de petróleo en el mundo por el prolongado cierre del estrecho de Ormuz. Conviene dejar de lado, al menos por ahora, la expectativa de que el petróleo regrese a los USD 70 por barril y mantener la cautela. En Estados Unidos, el 35% de los analistas anticipa una recesión y descarta la posibilidad de una baja en las tasas de interés.

En este escenario, Javier Casabal de Adcap Grupo Financiero indicó que “la mejora de calificación de Fitch de la semana pasada podría haber quebrado la dinámica del huevo o la gallina que venía demorando el círculo virtuoso para la Argentina: el mercado necesitaba una mejora de nota antes de comprimir spreads y restaba importancia a la acumulación de reservas. Al mismo tiempo, se percibía que las calificadoras esperaban señales concretas de acceso al mercado.

“Con posteriores mejoras por parte de Moodyʼs y S&P cada vez más probables, creemos que finalmente comenzó el círculo virtuoso que permitirá reabrir los mercados para la Argentina. En este contexto, esperamos que el riesgo país comprima por debajo de los 400 puntos básicos hacia fin de año, lo que implicaría un potencial de suba de aproximadamente entre 13% y 18% para los bonos soberanos hard dollar. En el caso del Global 2035, tras alcanzar los USD 77, vemos un objetivo de corto plazo cercano a los USD 79 y un valor razonable más próximo a los USD 86 hacia fin de año”, añadió Casabal.

En paralelo, las acciones se plegaron al movimiento y el S&P Merval subió 2,3% en pesos y 2,8% en dólares. Aunque los bancos dominaron la jornada, la mayor suba correspondió a YPF, con un alza de 5,7 por ciento. El incremento se atribuye a la expectativa de un ajuste en los precios de los combustibles tras el repunte del petróleo de más de 3% registrado ayer y el cierre de la tregua que la petrolera había otorgado para no trasladar el impacto de la crisis en el golfo Pérsico al mercado local. Entre los bancos, la acción de BBAR se destacó con una suba de 4,1%, seguida por Galicia, que avanzó 4 por ciento.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 358 millones y el dólar mayorista bajó $6,50 a 1.391,50 pesos. El Banco Central compró USD 136 millones y las reservas crecieron USD 87 millones a USD 46.143 millones, ayudadas por la suba del oro y la caída del dólar frente a las principales monedas del mundo.

La inflación de la ciudad de Buenos Aires, que alcanzó 2,5% en abril, representa una señal positiva de cara a la licitación de bonos del Tesoro prevista para mañana. En esta jornada se destaca la emisión de una nueva letra Dual, que ajusta por la tasa TAMAR o por CER y vence el 30 de junio de 2028. Además, se ofrecerá otro bono similar con vencimiento en junio de 2029. La tasa TAMAR corresponde a la que se aplica a plazos fijos de entre 30 y 35 días superiores a $1.000 millones y actualmente se ubica en 22,81% anual. El bono con vencimiento en 2029 rinde, en la actualidad, la tasa TAMAR más un adicional de 8,4 por ciento.

Según F2, la consultora que dirige Andrés Reschini, “la Secretaría de Finanzas lanzó el llamado a licitación para deuda en pesos y en dólares con un instrumento a tasa fija en pesos con vencimiento en setiembre próximo, mientras que el resto es indexado mediante dos CER para 2027, dos TAMAR/CER 2028 y 2029 y reabre el dollar linked a septiembre que calza con la letra a tasa fija como para licitar el dólar sintético. Las novedades: esta vez no hay conversión y el tope de los hard dollar vuelve a USD 150 millones por especie en la primera ronda contra los USD 350 millones ampliados de la anterior”.

En tanto, las tasas tuvieron leves alzas en la curva corta de las LECAP que pagan tasa fija. Los rendimientos a fin de mes son de 1,57% efectivo mensual y de 1,80% hasta agosto.

En las operaciones nocturnas del overnite, a la espera de la apertura de los mercados en Occidente, las Bolsas de Nueva York estaban en leves rojos mientras aguardaban el Índice de Precios al Consumidor estadounidense de abril, que se espera que haya tenido una fuerte alza de hasta 3,7% interanual. El oro repuntaba 0,8% y el petróleo subía con cautela a menos de 0,50 por ciento. El Brent cotizaba a poco menos de USD 105 por barril. Para la Argentina la de hoy puede ser otra buena rueda.

La compañía de servicios financieros Puente concretó la colocación de la Serie VI de sus Obligaciones Negociables por 20.394.733 dólares, un instrumento con vencimiento a tres años y una tasa anual del 6,5 por ciento. Según informó la empresa, la operación atrajo el interés de una diversidad de inversores institucionales, corporativos y particulares, consolidando el perfil regional de la entidad en el mercado de capitales.

Lucas Lainez, Country CEO de Puente Argentina, señaló al anunciar la colocación: “Recibimos ofertas de muchos inversores institucionales, inversores corporativos e inversores particulares en nuestra ON. Somos una compañía que crece de manera sostenida para conectar a todos nuestros clientes con oportunidades de inversión, a través de los mercados locales e internacionales, con un servicio de excelencia que nos distingue”.

La Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) considera esta emisión un paso estratégico para fortalecer su posición y ampliar el acceso de sus clientes a alternativas financieras.

Fundada hace más de 110 años, Puente cuenta con presencia en Argentina, Uruguay, Paraguay, Panamá, Estados Unidos y España. A través de estas oficinas, la entidad acompaña a más de 35.000 clientes entre personas, empresas, instituciones y comunidades. La compañía opera en cuatro áreas principales de negocio: Gestión Patrimonial, Finanzas Corporativas, Mercado de Capitales y Sales & Trading.

La Serie VI de las Obligaciones Negociables ofrece un plazo de tres años, con un interés anual fijo de 6,5 por ciento. Esta propuesta busca captar la atención de diferentes perfiles de inversores, en un contexto donde la diversificación y la seguridad de los instrumentos financieros resultan prioritarias.

El comunicado resalta que la compañía ha sostenido un crecimiento continuado y busca conectar a sus clientes con oportunidades tanto en mercados locales como internacionales. Con una estructura regional y una oferta diversificada, busca posicionarse como uno de los actores clave del sector financiero en América Latina y Europa.

La última emisión de Obligaciones Negociables se suma a una serie de operaciones previas que han permitido a la entidad fortalecer su capital y ampliar su capacidad de financiamiento para nuevos proyectos y servicios. La estrategia de expansión de Puente apunta a mantener e incrementar la confianza de sus clientes y del mercado, apoyándose en su experiencia y red internacional.

Compra de CFS Advisors

A finales de 2025, la empresa había anunciado la compra de la totalidad del paquete accionario de CFS Advisors Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión.

“Esta adquisición nos permitirá potenciar nuestra oferta de Fondos de Inversión en Argentina, con foco en inversiones en activos financieros (acciones, bonos soberanos, bonos provinciales y bonos corporativos), y también en la economía real, como Proyectos Inmobiliarios, Agronegocios y Private Equity”, señaló Federico Tomasevich, presidente y principal accionista de Puente, por aquel entonces.

Desde la empresa regional con foco en Gestión Patrimonial y Mercado de Capitales y en brindar a sus clientes (personas, empresas e instituciones), destacaron que la operación se encuadra dentro de la estrategia de crecimiento e innovación en las unidades de negocio de Gestión Patrimonial, Trading Institucional, Finanzas Corporativas, Mercado de Capitales y Gestión de Fondos de Inversión.

La entidad gestiona y administra “más de USD 5.000 millones en el negocio de gestión patrimonial de individuos e inversores institucionales; realiza transacciones por aproximadamente USD 20.000 millones al año y lleva adelante más de 120 transacciones anuales en estructuración y colocación de bonos y acciones”.

Más allá de las turbulencias financieras que provocó el conflicto en Medio Oriente a nivel global, la incertidumbre económica, política y electoral en torno a 2027 empezó a introducir ruido en los mercados locales. Analistas consultados por Infobae coincidieron en que la cautela inversora proviene de las dudas sobre cómo se pagarán los exigentes vencimientos de deuda y si habrá un cambio de signo político tras los comicios.

En lo que va de 2026, las acciones y los bonos recorrieron un sendero de altibajos. La mayor parte de los papeles de las empresas acumulan rojos, salvo algunas excepciones vinculadas al sector energético, que se vio beneficiado por el aumento del precio del barril del petróleo debido a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. De hecho, el S&P Merval, medido en dólares, ronda los 1.900, lejos del pico de 2.400 que tocó durante la actual gestión.

El índice de riesgo país, que surge de la comparación entre la tasa que rinden los bonos argentinos y los títulos norteamericanos de similar plazo, oscila desde hace meses entre los 500 y los 600 puntos básicos. Tras una fuerte compresión poselectoral, el indicador de JP Morgan no termina de romper el umbral de los 450, lo que le permitiría al gobierno de Javier Milei colocar deuda en los mercados internacionales a una tasa más atractiva.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo consideran que el endeudamiento externo es aún demasiado caro, lo demuestra el nivel actual de índice de riesgo país. A la vez, el titular del Palacio de Hacienda plantea que el índice debería ser más bajo por los fundamentals macroeconómicos. Desde su perspectiva, esa rigidez a consolidar la tendencia bajista responde al temor de los inversores a un eventual retorno del kirchnerismo, o regreso de medidas populistas de regulaciones extremas.

La diferencia de rendimiento entre los bonos AO27 y AO28, emitidos por el Tesoro con el objetivo de pagar los compromisos de julio por más de USD 4.300 millones, refleja la cautela de los inversores ante el escenario político. Mientras el AO27, que vence en octubre de 2027, ofrece una tasa anual superior al 5%, el AO28, con vencimiento en octubre de 2028, paga más de 8 por ciento.

Esta brecha de cerca de 300 puntos básicos responde, según los analistas del mercado, a las incógnitas sobre el rumbo que podría tomar el país tras las próximas elecciones presidenciales. Ese diferencial es el premio adicional que exigen los inversores para mantener posiciones más allá del ciclo electoral.

Para el analista financiero Christian Buteler, “ya se piensa en el 2027 y eso genera volatilidad, sobre todo en los bonos. La principal preocupación hacia el año que viene es una carga muy fuerte de vencimientos de deuda. En general, en los años electorales se necesita una mayor cantidad de dólares por cobertura, porque los privados dolarizan como lo vimos el año pasado en las elecciones de medio término. Y no hay acceso a los mercados internacionales de crédito”.

En general, en los años electorales se necesita una mayor cantidad de dólares por cobertura, porque los privados dolarizan como lo vimos el año pasado (Buteler)

Buteler evaluó: “Si el Gobierno pudiera hacer alguna colocación para mostrar que tiene acceso a los mercados, aunque sea tal vez con una sobretasa y demás, eso jugaría a favor sobre los bonos y generaría una baja en el riesgo país como para abrir la posibilidad de acceder otra vez, capaz en la segunda parte del año, a otro monto y a una mejor tasa. ¿Por qué pasaría eso? Porque el mercado dejaría de tener miedo a cómo va a cubrir Argentina los vencimientos 2027″.

Agregó Buteler: “Hoy la gran pregunta es esa: ¿tiene cómo hacer Argentina para cubrir esos vencimientos? Sería más que positivo poder empezar a mostrar que Argentina puede depender de sí misma, aunque tenga que pagar un poco más caro".

La gerente general de Emerald Capital, Elena Alonso, dijo a Infobae: “El mercado siempre se anticipa”. “Hoy tenemos estabilidad cambiaria, que no es menor. Pero los precios ya empiezan a incorporar lo que se viene. Ahora, mucho va a depender de lo que pase con la actividad económica, si rebota el crédito, si rebota el consumo en los próximos meses. Eso baja los decibeles al ruido político que también existe. Si la macro acompaña, el mercado convalida. Si no acompaña, es ahí donde puede empezar a aparecer la presión”.

Ahora, mucho va a depender de lo que pase con la actividad económica, si rebota el crédito, si rebota el consumo en los próximos meses. Eso baja los decibeles al ruido político (Alonso)

Bajo la perspectiva de Alonso, las décadas de cambios pendulares en la política nacional operan de forma directa en la expectativa inversora: “Cada cambio de ciclo trajo modificaciones en lo regulatorio, en lo cambiario, en lo fiscal y el mercado tiene memoria de eso y lo va metiendo en el precio antes. No está apostando contra nadie en particular, se está cubriendo contra el riesgo histórico de discontinuidad”.

Andrés Reschini, presidente de la consultora F2, apuntó: “Bajo el supuesto de que las chances de que Javier Milei sea reelecto fueran muy altas con imagen positiva creciendo fuerte tendríamos un índice de riesgo país más bajo y el Merval más arriba”.

“La aceleración inflacionaria que se dio desde mayo pasado y la pesadez de la actividad en los sectores más demandantes de mano de obra, sumado a los escándalos de presunta corrupción erosionan la confianza en el Gobierno y empujan al mercado a mantenerse con cierta cautela”, sopesó Reschini.

Walter Stoeppelwerth, CIO de Grit, expresó: “Tras más de 25 reuniones con inversores en Washington DC y encuentros con clientes relevantes a nivel local, identificamos dos principales focos de preocupación: existe una fuerte atención sobre cómo el equipo económico va a administrar los vencimientos de 2027 y 2028 sin recurrir a los mercados internacionales”.

Stoeppelwerth destacó: “Si bien las emisiones de AO27 y AO28 fueron exitosas -con una colocación de USD 3.100 millones- y en las últimas semanas se observó acumulación de reservas, el mercado ya está haciendo números: en los primeros cinco meses del próximo año hay vencimientos de REPO por alrededor de USD 6.000 millones (USD 1.000 millones en enero y USD 5.000 millones en abril)”.

Si bien las emisiones de AO27 y AO28 fueron exitosas -con una colocación de USD 3.100 millones- y en las últimas semanas se observó acumulación de reservas, el mercado ya está haciendo números de los vencimientos (Stoeppelwerth)

Concluyó el CIO de Grit: “En este contexto, estimamos que en los próximos tres meses la compra de dólares podría ubicarse entre USD 3.500 millones y USD 4.000 millones mensuales (mayo, junio y julio), lo que ayudaría a mitigar las dudas sobre la necesidad de una emisión internacional en el marco de una estrategia de liability management (administración eficiente). En segundo lugar, y de forma más llamativa, el mercado ya comenzó a poner en duda la reelección en 2027 de Javier Milei”.

Un informe de GMA Capital destacó que lo que puedan reflejar los activos argentinos en el futuro es, por ahora, un enigma ya que “hace algunos meses, el mercado descontaba cuatro pilares: desinflación, recuperación de la actividad, superávit fiscal y compra de divisas. Hoy solo los dos últimos sostienen la estructura”.

Acotó el reporte de marras: “El interrogante de fondo sigue abierto: ¿Cómo transmuta la estabilización macro en crecimiento? De todas formas, hay una buena noticia para el Gobierno: las elecciones están lejos y el tiempo juega a favor. El margen existe. La clave estará en que la mejora macro encuentre, antes de que el mercado pierda la paciencia, su correlato en la economía del bolsillo".

Desde la consultora Invecq los economistas advirtieron que la proximidad de las elecciones de 2027 “complejiza la perspectiva de un ingreso de capitales por parte del sector público, y el perfil de vencimientos de ese año luce particularmente exigente: incluso en el escenario más favorable -refinanciamiento de organismos internacionales, renovación del tramo activado del swap con China, entre otros-, el Tesoro y el BCRA deberán afrontar compromisos por más de USD 21.000 millones“.

Apenas abrió el mercado, se reanudaron las hostilidades en el Golfo de Pérsico y volvieron los fantasmas que parecían haber desparecido. Hasta la madrugada, la volatilidad parecía haber quedado en el pasado. Pero fue una ilusión: las Bolsas de Nueva York cerraron con leves bajas y el petróleo interrumpió su retroceso.

La novedad repercutió en los países emergentes. El EEM, el índice que los representa, cayó 1,3%, en parte por la debacle de la Bolsa de San Pablo que perdió 2,40 por ciento.

La Argentina no fue ajena a lo que sucedió y el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, que abrió en leve alza, terminó con un retroceso de 1,6% en pesos y 2% en dólares, diluyéndose el efecto positivo que había tenido la mejora de la calificación de la deuda soberana argentina por parte de Fitch Ratings del día anterior. Hubo un solo aumento, del Grupo VALO con 5% y es el papel que más subió en el año con 25,2%, seguido de YPF con 16,4 por ciento.

Los bonos soberanos registraron caídas moderadas, con retrocesos que no superaron el 0,5 por ciento. El riesgo país subió 8 unidades, ubicándose en 522 puntos básicos. Las LECAP a tasa fija aumentaron su precio y, como consecuencia, sus rendimientos —que actúan como referencia para los inversores— descendieron en todos los plazos hasta mayo de 2027. En lo que resta del año, ninguna tasa supera el 2% efectivo mensual; para diciembre, el rendimiento se sitúa en 1,96 por ciento.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 394 millones, un monto reducido que hizo que el Banco Central comprara apenas 35 millones de dólares. La demanda hizo que el dólar mayorista subiera $8 (+1,6%) a 1.396 pesos.

En la plaza financiera, el MEP cerró sin cambios en $1.425 y el contado con liquidación (CCL) tuvo una suba de $4,75 (+0,3%) a 1.485 pesos. el “blue” se mantuvo en 1.400 pesos.

El Gobierno tuvo un buen indicador. Tras conocerse la caída de los despachos de cemento de 13% de abril, los índices de la construcción y la industria fueron positivo en marzo. Florencia Blanc, Senior Economist de Aldazabal y Cía., señaló que “la actividad de la construcción avanzó 4,7% contra el mes anterior en la serie sin estacionalidad, mientras que Industria avanzó 3,2%. De esta forma, la construcción alcanza el nivel más alto en toda la gestión Milei, desde diciembre 2023. La industria, por su parte, con este avance recupera la caída de febrero y queda prácticamente al mismo nivel que en enero”.

El informe agrega que “para abril, los indicadores adelantados que tenemos a la fecha son todavía pocos, pero los disponibles apuntan a una dinámica más moderada. Mientras los datos de recaudación señalan variaciones positivas, los datos de producción y patentamiento de autos, despachos de cemento y crédito al sector privado muestran una caída”.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini indicó que “el REM (la encuesta que hace el Banco Central entre economistas) de abril corrigió levemente al alza las estimaciones de inflación para los próximos meses y se encuentra relativamente alineado con las proyecciones implícitas del mercado de bonos. En ambos casos se espera que la nominalidad vuelva a desacelerar”.

“En cuanto a tasas las expectativas de los participantes son de relativa estabilidad y recién para setiembre abandonarían el terreno negativo en términos reales para converger con la inflación y alcanzar nivel de neutralidad. Para tipo de cambio nominal la encuesta volvió a corregir a la baja las proyecciones lo que significa que se espera algo más de apreciación real respecto del REM anterior, suponiendo que todo lo demás se mantiene constante”, sumó.

Otro dato positivo fue el de las inversiones extranjeras que alcanzaron USD 584 millones en el primer trimestre de 2026 y es la cifra más elevada desde el primer trimestre de 2019.

Para hoy se espera cautela. Los inversores no dejaban de mirar el overnite que puede marcar la tendencia de la última rueda de la semana. Los índices de las Bolsas de Nueva York se mantenían levemente en rojo, pero esa tendencia puede cambiar de acuerdo con las declaraciones que vengan de Irán o Estados Unidos.

El petróleo Brent anoche superaba 2,38% tras abrir la rueda con un alza de 3% y cotizaba a USD 103,30 por barril. El dólar se fortalecía 0,30% frente a las principales divisas del mundo mientras se espera el informe de empleos de Estados Unidos que, según los analistas, indicará que la situación sigue estable y que, posiblemente se haya aumentado en 65 mil puestos de trabajo.

Al cierre del 2025, el acumulado histórico de Inversión Extranjera Directa (IED) en Argentina alcanzó los USD 181.037 millones, según el último informe publicado por el Banco Central (BCRA). El dato refleja cuánto capital extranjero hay “instalado” en el país en total —no solo lo que entró o salió en un trimestre—, y es uno de los indicadores más relevantes para medir el peso real que tienen las empresas foráneas en la economía argentina. En tanto, el balance neto de ingresos y egresos del cuarto trimestre trimestre del año pasado arrojó un saldo desfavorable de 4.687 millones de dólares.

Para entender la magnitud del número: ese stock equivale a la suma de todas las participaciones de capital que empresas del exterior tienen en firmas argentinas, más los préstamos y deudas que esas mismas empresas locales tienen con sus casas matrices o vinculadas en el extranjero. En otras palabras, es una fotografía del tamaño de la presencia extranjera en el tejido productivo del país.

De los USD 181.037 millones totales, la mayor parte corresponde a participaciones de capital: 126.618 millones de dólares. El resto, USD 54.419 millones, son instrumentos de deuda, que se dividen en dos tipos: deuda comercial -básicamente financiamiento entre empresas vinculadas por operaciones de compraventa- por USD 33.072 millones, y deuda financiera por 21.348 millones de dólares.

Los sectores que concentran la inversión extranjera

No toda la economía atrae inversión extranjera por igual. Tres sectores concentran el 71% del stock total de IED en Argentina, lo que muestra una estructura de inversión bastante concentrada.

El primero es la industria manufacturera, con una posición de USD 61.235 millones. Dentro de este sector conviven actividades muy diversas: desde la fabricación de alimentos y bebidas hasta la producción de químicos, metales y vehículos. Es el sector con mayor presencia de capital extranjero en el país y también el que más movimiento registró durante el último trimestre del año.

En segundo lugar aparece la explotación de minas y canteras, con un stock de USD 50.921 millones. Este rubro incluye la minería en sentido amplio y también la extracción de petróleo y gas, actividades que desde hace años atraen grandes volúmenes de inversión extranjera, en gran parte por el potencial de recursos naturales del país.

El tercer sector en importancia es el comercio al por mayor y al por menor, con un stock de USD 16.981 millones. Aunque está a considerable distancia de los dos primeros, sigue teniendo una participación importante dentro del total.

De dónde viene el dinero

Cuando se mira el origen geográfico del stock, se observa que el principal inversor en Argentina es Estados Unidos, con USD 32.060 millones, lo que representa el 18% del total. Detrás aparece España, con USD 25.715 millones y una participación del 14%, y en tercer lugar Países Bajos, con USD 21.580 millones, equivalente al 12% del total.

Estos tres países en conjunto concentran el 44% del stock de inversión extranjera directa en Argentina. El resto se distribuye entre una variedad de países, aunque ninguno supera individualmente el 10% del total.

Qué pasó en el último trimestre de 2025

En el cuarto trimestre del año, el stock de IED bajó respecto al trimestre anterior: pasó de USD 183.604 millones al 30 de septiembre a USD 181.037 millones al 31 de diciembre. Esa caída de poco más de USD 2.500 millones se explica principalmente por los flujos transaccionales del período, aunque fue parcialmente compensada por variaciones en el tipo de cambio y en el precio de los activos.

En términos de flujos netos, es decir la diferencia entre lo que entró y lo que salió durante el trimestre, el resultado fue negativo en 4.687 millones de dólares. Esto significa que, en el período octubre-diciembre de 2025, salieron más dólares por concepto de inversión extranjera directa de los que ingresaron.

Sin embargo, es importante entender por qué se dio ese resultado, dado que el dato aislado puede llevar a conclusiones erróneas. La mayor parte de esa salida de capitales no respondió a una desinversión tradicional ni a una decisión de las empresas de abandonar el mercado argentino. El principal factor fue el pago de deudas comerciales que empresas locales tenían con sus vinculadas en el exterior.

Concretamente, el sector agroexportador -especialmente las empresas dedicadas a la elaboración de productos alimenticios, que incluye oleaginosas y cereales- había adelantado cobros de exportaciones durante septiembre de 2025. Ese adelanto se produjo en el marco del Decreto 682/2025, que estableció temporariamente retenciones a cero por ciento para incentivar la liquidación de divisas. Una vez vencido ese beneficio, las empresas cancelaron en el cuarto trimestre la deuda comercial que habían contraído con sus casas matrices. Ese movimiento representó una salida de USD 3.795 millones, la mayor parte del total.

En términos globales, las transacciones de deuda con empresas vinculadas arrojaron egresos netos por USD 5.363 millones en el trimestre, explicados mayormente por ese desendeudamiento comercial de USD 5.657 millones, que fue parcialmente compensado por ingresos netos de deuda financiera por USD 294 millones.

Entradas de capital que equilibran el panorama

En paralelo a esas salidas, durante el cuarto trimestre también llegaron aportes de capital fresco por USD 1.111 millones, casi en su totalidad en efectivo. Los sectores que más recibieron fueron los intermediarios financieros, con USD 436 millones, y la industria manufacturera, con USD 321 millones.

Por otro lado, la renta que generaron las empresas con capital extranjero durante el trimestre fue de USD 1.436 millones. Algo más de la mitad de esa renta fue producida por la industria manufacturera y la explotación de minas y canteras, en partes similares. De ese total, USD 1.194 millones fueron distribuidos como utilidades y dividendos hacia el exterior, mientras que USD 241 millones quedaron reinvertidos en el país.

En cuanto a fusiones y adquisiciones, el trimestre cerró con una salida neta de USD 676 millones, explicada principalmente por operaciones en el sector de fabricación de sustancias y productos químicos, dentro de la industria manufacturera.

En línea con el crecimiento de la emisión de deuda corporativa argentina, el Banco Nación concretó una colocación de títulos en el mercado de capitales local, superando el equivalente a 370 millones de dólares.

Según informó la entidad, la operación representa la primera de esta magnitud en más de tres décadas y registró una demanda que superó ampliamente la oferta inicial, lo que “refleja la confianza del mercado en la institución y en el rumbo de la economía argentina”.

La colocación incluyó tres clases de instrumentos: denominados en pesos, en dólares y en UVA. Estos títulos fueron diseñados para ofrecer alternativas a distintos perfiles de inversores, entre los que se encuentran tanto personas humanas como jurídicas, sean o no clientes del banco. Los colocadores, además del Nación, serán Santander, Galicia, BBVA, Macro Securities y Nación Bursátil.

“De esta manera, la entidad suma un nuevo instrumento de ahorro e inversión respaldado por la entidad bancaria más grande del país”, destacó el Banco Nación en su comunicado oficial.

“El Banco logró una tasa de TAMAR +4.25% en la Clase 1, 5,50% en Dólar MEP en la Clase 2 y, especialmente, UVA +5,25% en la Clase 3 destinada a financiar su línea de hipotecas para la vivienda. Cabe destacar que las propuestas recibidas se adecuaron, en su gran mayoría, a la tasa esperada por el banco, que privilegió tasas compatibles con su estrategia de préstamos. Por ello, se aceptó un alto porcentaje de las ofertas recibidas (más de 1.600 en las 3 clases), específicamente en la Clase 1 (TAMAR + margen) y la Clase 3 (UVA)”, indicaron desde la entidad pública.

Los fondos obtenidos se destinarán a fortalecer el crédito productivo y familiar. “MiPyMEs que podrán ampliar su capacidad productiva, familias que accederán a financiamiento para su vivienda, exportadores y economías regionales que encontrarán en el Banco un socio para su desarrollo”, detalló la entidad. El comunicado subraya que esta colocación forma parte de un programa vigente que prevé emisiones por hasta 1.500 millones de dólares y constituye solo el primer paso de una serie de operaciones que el banco planea realizar en el mercado local. “Seguimos prestando a PyMEs y familias”, concluyó el Banco Nación.

Cómo son los títulos del Nación

• El bono en pesos (Clase 1) tiene un plazo de 12 meses y ofrecerá una tasa variable, compuesta por la TAMAR Privada más 4,25 por ciento. Esta referencia (TAMAR) corresponde a la tasa que abonan los bancos privados por depósitos superiores a $1.000 millones, actualmente en torno al 23,1 por ciento. Los intereses se abonan de manera trimestral y el capital se reintegrará en su totalidad al final del período. El monto mínimo de suscripción era de 1.000.000 de pesos.

• El bono en dólares (Clase 2) tiene una duración de 36 meses y la tasa de interés es de 5,50% en Dólar MEP. El pago de intereses se realizará cada seis meses y la devolución íntegra del capital se concretará al vencimiento. Se requería una inversión mínima de 1.100 dólares.

• El bono en UVAs (Clase 3) tiene un plazo de 24 meses, con tasa fija de 5,25 por ciento. El capital se ajusta diariamente en función de la evolución de la UVA, lo que protege ante la inflación. Los intereses se pagan en forma trimestral. El capital, ajustado, se devolverá en cinco cuotas trimestrales a partir del mes 12. Para invertir se necesitaban al menos 1.100 UVAs, equivalentes a 2.115.355 pesos según la cotización actual.

Los clientes del Banco Nación podían adquirir cualquiera de estas alternativas sin necesidad de realizar gestiones adicionales. Quienes no son clientes debían descargar la aplicación “BNA+”. En caso de no contar con cuenta comitente o caja de ahorro en dólares, estas se pueden abrir automáticamente al solicitar los títulos, sin costos de mantenimiento.

Otro aspecto a considerar es que quienes sean clientes de los bancos colocadores (Santander, Galicia, BBVA y Macro) y tengan cuenta comitente, no necesitan abrir una en el Nación. Podrán operar estos instrumentos directamente desde su entidad habitual.

Por primera vez en muchos meses, los activos argentinos vivieron una jornada de euforia en los mercados. Las acciones tuvieron saltos incluso superiores al 10% en dólares, los bonos se recuperaron con fuerza y el riesgo país cayó más de 5 por ciento. Casi de un día para el otro, el indicador elaborado por JP Morgan quedó otra vez cerca de perforar los 500 puntos básicos.

Pero el apetito no se agotó allí. La ciudad de Buenos Aires dio la nota al colocar USD 500 millones de una nueva serie de su bono Tango en el exterior a una tasa de 7,37% anual, la más baja de su historia.

La emisión a diez años tuvo una demanda superior a los USD 3.000 millones, reflejando el gran interés de inversores internacionales y locales por posicionarse en un bono que todavía tiene un rendimiento muy atractivo para una cartera conservadora. El bono corre con una gran ventaja: la Ciudad nunca defaulteó, ni siquiera en 2002, lo que aumenta el atractivo para el mercado. La diferencia con los bonos soberanos es significativa, ya que estos todavía rinden arriba del 10% en dólares para el mismo plazo.

Hubo al menos dos factores que confluyeron para que acciones y bonos argentinos tuvieron su “día perfecto”. El motivo más claro fue la decisión de la calificadora Fitch de subirle la nota a la Argentina, desde CCC+ a B-, quedando así en el mismo nivel que Ecuador. Aunque todavía se trata de una calificación baja, el salto resulta significativo y coloca a la Argentina en el pelotón de países fronterizos, acercándose lentamente a los emergentes.

Esta mejora de la nota impactó inmediatamente en los bonos que tuvieron subas por encima del 1,5 por ciento. Como consecuencia el riesgo país disminuyó más de 7% para finalizar en 514 puntos básicos. Aunque esta disminución no significa que Argentina automáticamente vuelva a los mercados, sí abre las puertas para que otros emisores (empresas, bancos y provincias) se puedan financiar en el exterior a tasas más bajas como consiguió ayer la ciudad de Buenos Aires.

Con la suba de los bonos también los bancos tuvieron un gran rebote, luego de varias semanas que estuvieron de capa caída. El más beneficiado fue el Macro, cuyo ADR en Nueva York subió 10,5%, Supervielle recuperó más de 7% mientras que Galicia otro 6,7 por ciento. Aún después de estas mejoras, las cotizaciones siguen 20% abajo en lo que va del año.

Con la suba de ayer, el índice S&P Merval ya está nuevamente en la zona equivalente a los 1.950 dólares. En el mejor momento de 2024 llegó a los USD 2.400, que sigue luciendo como un techo difícil todavía de alcanzar.

Pero a la mejora de la nota se le sumó una jornada de fuertes subas también en Wall Street, especialmente impulsada por las acciones tecnológicas y algunas subas puntuales por buenos balances como el caso de Disney. El mercado abrió con un importante impulso alcista ante noticias que daban cuenta de un acercamiento entre Estados Unidos e Irán para sellar el fin de la guerra.

Ahora es probable que para que el riesgo país tenga una baja adicional y perfore los 500 puntos, junto a nuevas subas de las acciones, sea necesario contar con noticias económicas favorables. La baja de la inflación de abril ayudará para que empiece a cambiar el clima, junto con datos económicos que empiezan a mostrar una tenue mejora.

Al mismo tiempo, en su mejora de la calificación la agencia Fitch calculó que las reservas brutas treparán por encima de los USD 52.000 millones para fin de año, una proyección bien optimista respecto al funcionamiento del mercado cambiario. Si se da ese escenario, claramente implicará una mejora adicional en la credibilidad de los inversores y eso le daría otro empujón a los activos financieros.

La mejora de la calificación de la agencia Fitch a la deuda argentina permitió que la Argentina se acople al mundo y pueda compartir un día de alzas en los activos de riesgo debido a que cedió la tensión entre Estados Unidos e Irán.

Las Bolsas de Nueva York cerraron con dos de sus índices en récord históricos. El Nasdaq aumentó 2,03% y el S&P 500, 1,46 por ciento. Al mismo tiempo, el petróleo bajaba 7% y el oro subía 3% ya que se espera que EE.UU. baje la tasa de interés en el futuro.

Atribuir lo que sucedió en el mercado a la mejor calificación es simplificar el movimiento debido a que todos los países emergentes tuvieron una rueda positiva sin que mejorara su rating. El indicador ETF que los representa subió nada menos que 3 por ciento.

En otras palabras, en todas las bolsas y bonos de la región hubo aumentos. Es más, Ecuador anunció la ampliación de una nueva colocación de deuda en el exterior. La virtud de Fitch fue permitir que el escenario internacional opaque por un día a la crisis política que enfrenta el Gobierno.

En principio, lo que se vio es que los bonos recuperaban los valores que habían tocado a mediados de febrero pasado. Lo que resta saber es cuanto seguirá influyendo la política local por encima del escenario externo.

Los bonos soberanos registraron alzas de hasta 2,5% en los títulos de mayor plazo, aunque estos mismos papeles fueron los más afectados por el cambio de clima local ante las próximas elecciones de 2027. El Global 2035 y otros bonos bajo ley extranjera, por ejemplo, aún cotizan por debajo de los valores que tenían a fines de enero, cuando el riesgo país se ubicaba en 484 puntos básicos y la posibilidad de acceder al mercado internacional de capitales parecía cercana.

El riesgo país retrocedió 41 unidades (-7,2%) y se ubicó en 514 puntos básicos, un nivel similar al registrado en la primera mitad de febrero. La novedad de la jornada fue la emisión de un bono a 10 años por parte de la ciudad de Buenos Aires, por USD 500 millones y a una tasa del 7,375%, la más baja registrada en lo que va del siglo. Estos títulos, emitidos bajo legislación inglesa, recibieron ofertas por USD 2.500 millones, de las cuales solo se aceptó una quinta parte.

Para Federico Filippini, jefe de Research de Adcap Grupo Financiero, “el paquete de financiamiento anunciado —que incluye al menos USD 2.500 millones en garantías multilaterales, al menos USD 4.000 millones en emisiones locales de bonos denominados en dólares y alrededor de USD 2.000 millones provenientes de privatizaciones— debería reducir la incertidumbre respecto a los próximos pagos de deuda en moneda extranjera".

Y sumó: “Esto es particularmente relevante considerando los USD 4.400 millones en pagos de bonos en moneda extranjera aún pendientes para 2026 y los USD 9.800 millones previstos para 2027, además de los USD 5.200 millones en pagos de BOPREAL en 2027 y vencimientos de REPO, que Fitch espera que sean refinanciados junto con la deuda multilateral”.

El informe de Filippini agregó que “con otras dos agencias calificadoras que visitarán Buenos Aires en las próximas semanas, el mercado probablemente comience a descontar la posibilidad de nuevas mejoras de rating. De confirmarse, esto representaría una señal positiva clara para los bonos soberanos, que recientemente tuvieron un desempeño inferior pese a la mejora del panorama macroeconómico”.

En tanto, las tasas en pesos reaccionaron a la baja. Las LECAP a tasa fija rinden menos de 2% hasta fin de octubre que paga 1,84% efectivo mensual. Noviembre rinde 2% y mayo de 2027, 2,09 por ciento.

En este escenario, Sebastián Dinucci gerente general de los Fondos Crecer del Banco Ciudad, señaló que “conjuntamente a la buena performance de nuestra billetera virtual (Buepp) destacamos la rentabilidad de fondos que brinda cobertura invirtiendo principalmente en Bonos que ajustan por CER (Crecer Renta Plus)”.

El S&P Merval, el índice que agrupa a las principales acciones, avanzó 4,4% en pesos y 4,5% en dólares. Se observó un claro movimiento de inversores desde compañías petroleras hacia bancos, que venían mostrando atrasos en sus cotizaciones. Las entidades financieras experimentaron una mejora, favorecidas porque en lo que va del mes el índice de cheques rechazados retornó a niveles habituales. Si bien persisten los problemas de morosidad, la reducción en el rechazo de cheques representa una señal alentadora para el sector.

La mala noticia fue el indicador de despachos de cemento de abril, que experimentó un retroceso interanual de 13,5% interanual y se reflejará en el índice de la construcción.

Entre las acciones, Banco Macro lideró las subas con un avance de 10,3%, seguido por Transportadora de Gas del Sur con 8,7% y Banco Supervielle, que ganó 7,2%. Loma Negra también registró un aumento de 4,2%, impulsada por sus sólidos resultados financieros y la expectativa de una recuperación de la demanda cuando se reactiven las obras en las rutas privatizadas, pese a los datos negativos en el sector del cemento.

El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini indicó que “según los últimos datos disponibles del BCRA, el crédito en dólares (neto de tarjeta) continuó su escalada en abril y cerró con un agregado contra el último dato de marzo de USD 1.331 millones (+6,5%) mientras que en lo que va de 2026 sumó unos USD 4.061 millones. El crédito en pesos, en cambio, sigue sufriendo y cayó, entre el cierre de abril y el cierre de marzo, 1% real. Aún con rendimientos negativos en la curva pesos, los préstamos personales continúan con tasas reales en el orden del 40% anualizado y alta morosidad, lo que dificulta el repunte del crédito en moneda local afectando a la actividad y eso erosiona el apoyo al Gobierno”.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 527 millones y el Banco Central compró 45 millones de dólares. El dólar mayorista bajó $5 (-0,4%) a 1.388 pesos.

En el mercado financiero, el dólar MEP tuvo una leve baja de $1,2 a $1,428, mientras el contado con liquidación (CCL) se mantuvo en 1.480 pesos. El “blue” cambió su tendencia y perdió $10 y volvió a su valor de 1.400 pesos.

Anoche en el mercado overnite, que opera hasta la apertura de la rueda de hoy, había una leve toma de ganancias en las Bolsas de Nueva York, mientras el oro seguía en alza. El petróleo mostraba aumentos de poco más de 1% y el Brent cotizaba por encima de 100 dólares.

Hoy se espera la reacción del mercado local ante un escenario internacional que no parece aguardar otra rueda de euforia.

Los dólares de los ahorristas depositados en los bancos se volvieron muy apetecibles no solo para el Gobierno, sino también para muchas empresas y entidades financieras. La causa principal es que la tasa de interés para captarlos es insólitamente baja. A tal punto que muchos emisores corporativos pagan una tasa parecida a la del Tesoro norteamericano cuando busca financiamiento de corto o mediano plazo.

Los argentinos mantienen alrededor de USD 39.000 millones en bancos, una cifra récord. El primer incremento fuerte vino de la mano del blanqueo sin costo que se lanzó en el primer año del gobierno de Javier Milei. Y la segunda fase de aumento vino de la mano de la dolarización sucedida el año pasado en los meses previos a las elecciones. En ese momento, parte de los dólares adquiridos tras la apertura del cepo terminaron depositados en los bancos.

El detalle es que los bancos siguen remunerando con tasas mínimas esas colocaciones. Según datos del Central, la tasa promedio por plazos fijos a 30 días en dólares es del 1,09% anual. Y hay entidades que salieron a pagar arriba del 3% pero para colocaciones a un año, con los problemas de iliquidez que eso significa para el ahorrista.

Luis “Toto” Caputo se apuró en ser de los primeros en financiarse con los dólares del denominado “colchón bank”, o sea los dólares que se mantienen en el banco como refugio pero que prácticamente no reciben un rendimiento.

Los instrumentos elegidos son el Bonar 2027 y 2028, que pagan intereses de manera mensual, apuntando a los ahorristas que buscan percibir una renta al estilo alquiler. En el primer caso el rendimiento es del 5,1% anual anual en dólares. mientras que el otro bono que tiene un año más de plazo rinde el 8,7 por ciento. El salto está relacionado con la incertidumbre que generan las elecciones presidenciales del año próximo.

Desde que comenzó hace un par de meses con estas colocaciones el resultado fue notable: ya suma USD 1.440 millones en Bonar 2027 y USD 823 millones por el Bonar 2028, lo que hace un total de 2.263 millones de dólares. La cifra seguirá aumentando, ya que en las colocaciones quincenales se captan alrededor de 350 millones de dólares. Con estos fondos, el Gobierno prácticamente se asegura el pago de los vencimientos de julio, que suman cerca de 4.300 millones de dólares.

Pero el listado no se agota en las colocaciones del Gobierno. Una de las empresas que esta semana dará la nota es Farmacity, que por primera vez sale al mercado de deuda local para financiarse en dólares. La cadena de farmacias busca aprovechar la oportunidad para fondearse a plazos largos y tasas relativamente bajas. La emisión será a tres años y la tasa rondaría el 7,5% anual.

Ayer fue el turno de BBVA, que captó USD 25 millones con una Obligación Negociable a un un año y pagó una tasa de 3,25% anual, o sea casi dos puntos porcentuales menos que los Bonar 2027 que emite el Gobierno nacional. Además, colocó otro bono a dos años a una tasa de 5% anual, captando otros 48 millones de dólares.

La lista de emisiones que habrá esta misma semana sigue con otras compañías como Profertil, líder en fertilizantes en base a urea, y Pecom, la petrolera de Pérez Companc.

Santiago Abdala, ejecutivo de PPI, explicó que “el interés de los inversores por las colocaciones de empresas y bancos es muy grande. Muchos ya compraron los Bonar que emite el Tesoro y también quieren diversificar. Pero se da un fenómeno muy peculiar en Argentina, porque el rendimiento que pagan los corporativos es mucho menor al del Estado nacional. Es algo que con el paso del tiempo debería emparejarse”.

Además de estas emisiones, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sale a emitir nueva deuda en los mercados internacionales. Se trata de un nuevo bono a diez años que será emitido con ley inglesa. Con los USD 500 millones buscan financiar obras de infraestructura y de paso asegurarse los fondos para hacer frente al último tramo de amortización del bono que vence en 2027.

La agencia Fitch Ratings mejoró la calificación de la deuda soberana argentina de CCC+ a B-, respaldada por mejoras estructurales en el frente fiscal, financiero y externo, así como por avances en la agenda de reformas del gobierno de Javier Milei.

De acuerdo con la calificadora, la decisión responde a “balances fiscales y externos estructuralmente mejorados, avances en reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas en moneda extranjera y la expectativa de que el gobierno logrará financiamiento suficiente para cubrir sus obligaciones de deuda”.

La agencia internacional subrayó que la posición externa del país se fortaleció tras convertirse en exportador neto de energía. “Argentina ha fortalecido su resiliencia ante el shock global de precios de la energía”, indicó, a la vez que previó un déficit de cuenta corriente de 1% del Producto Bruto Interno (PBI) este año, “sensiblemente por debajo de la mediana de países con calificación similar”.

En materia de reservas, Fitch Ratings informó que el Gobierno priorizó la acumulación de divisas, con compras por USD 7.100 millones hasta abril y una meta de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones para el año. “Las reservas internacionales netas siguen siendo bajas al considerar los pasivos de corto plazo, aunque esperamos que aumenten en USD 8.000 millones en línea con la nueva meta del acuerdo con el FMI”, detalló la agencia.

El informe resalta que el equilibrio presupuestario se mantiene como eje de la política económica. “El presupuesto equilibrado sigue siendo el principal ancla de la política fiscal, marcando una ruptura significativa respecto del pasado”, sostuvo la calificadora, que estima un superávit primario del 1,1% del PBI y proyecta que el déficit general argentino estará entre los mejores de la categoría B.

La firma de análisis financiero atribuyó parte de la mejora a los recientes avances legislativos del oficialismo. Según el comunicado, el gobierno de Milei logró “importantes victorias legislativas, incluyendo la reforma laboral y cambios en la Ley Nacional de Glaciares para flexibilizar restricciones ambientales a la minería”, junto con la aprobación del Presupuesto 2026. El texto añade que “la agenda de desregulación y la atracción de inversiones privadas en sectores estratégicos ocupan un lugar central en la política oficial”.

Sobre la estrategia de financiamiento, Fitch Ratings indicó que la administración libertaria definió un paquete para afrontar los próximos vencimientos en moneda extranjera, que contempla garantías multilaterales, emisión de bonos locales en dólares y recursos de privatizaciones. “El Gobierno ha optado por no recurrir a los mercados externos, evitando mayores costos de endeudamiento, aunque esto limita la posibilidad de fortalecer el colchón de liquidez de cara al año electoral”, expresó la agencia.

Por otra parte, el informe advirtió que los vencimientos de deuda en moneda extranjera serán exigentes en los próximos dos años. “El pago de deuda en dólares aumentará en 2027, antes de las elecciones presidenciales y legislativas”, afirmó Fitch Ratings, que además proyectó que los pagos a organismos multilaterales se cubrirán con nuevos desembolsos.

En cuanto a la inflación, la agencia señaló que el proceso de desaceleración enfrenta resistencias. “La inflación mensual, que había bajado a 1,5% en mayo de 2025, subió a 3,4% en marzo de 2026”, impulsada por el traspaso de la devaluación, ajustes tarifarios y el encarecimiento de la energía. La entidad proyectó que la inflación mensual bajará por debajo del 2% hacia fin de año.

El análisis evaluó que el crecimiento se concentró en la minería, el petróleo y gas, la agricultura y la intermediación financiera, mientras que sectores como la construcción y la industria permanecieron estancados o en retroceso. Para 2026, la proyección es de una expansión de 3,2 por ciento.

De cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2027, la calificadora planteó que “la oposición se mantiene débil y fragmentada, aunque el bajo crecimiento y la inflación afectan la popularidad del gobierno”. “Los mercados financieros siguen siendo sensibles a este tipo de acontecimientos políticos, como se observó antes de las elecciones de medio término del año pasado, y Argentina continúa siendo vulnerable a un shock de confianza, especialmente si la contienda electoral anticipa un cambio significativo respecto de las políticas actuales”, subrayaron los analistas.

En materia de gobernanza, Fitch Ratings asignó a la Argentina una puntuación media, reconociendo transiciones políticas pacíficas y una participación política favorable, aunque identificó desafíos en calidad institucional y control de la corrupción.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), en conjunto con el Instituto de Previsión Social (IPS) y los municipios, busca acercar el beneficio de la exención impositiva en el Impuesto Inmobiliario a jubilados y pensionados que acumulan deudas y reúnen las condiciones establecidas por la normativa vigente.

El despliegue operativo combina cruces de datos y acciones territoriales para identificar quiénes pueden acceder al beneficio y acompañarlos durante el trámite.

De acuerdo con datos oficiales, ARBA detectó alrededor de 17.000 personas con beneficios previsionales que suman en conjunto $798 millones en deudas en el tributo inmobiliario y que podrían acceder a la exención.

El esquema contempla a contribuyentes con ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, titulares de una única propiedad con valuación fiscal que no supere los $6 millones y que no estén registrados en el impuesto a los Ingresos Brutos.

El programa prevé operativos casa por casa junto a los municipios y jornadas especiales de atención, con el objetivo de simplificar el trámite y otorgar acceso directo al beneficio.

El alcance de la exención incluye tanto deudas de hasta cinco años como futuras obligaciones, lo que representa un alivio económico para quienes se encuentran en situación de morosidad involuntaria.

En paralelo, ARBA solicitará a la ANSES una nómina de jubilados y pensionados domiciliados en la provincia, con el fin de analizar su situación fiscal y facilitar el acceso a la exención a aquellos que cumplen con los requisitos y aún no lo han gestionado.

La articulación interinstitucional busca que ningún beneficiario quede excluido por desconocimiento o por barreras burocráticas.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, destacó la importancia de simplificar los trámites para garantizar el derecho a la exención.

“Estamos trabajando para simplificar trámites y garantizar que quienes tienen derecho a una exención puedan acceder sin obstáculos. En un contexto económico complejo, donde las políticas de Milei impactan con fuerza sobre los ingresos, es fundamental acompañar a un sector que históricamente ha demostrado un alto compromiso con el cumplimiento tributario”, afirmó Girard.

Además, el funcionario remarcó el valor cultural que el pago de impuestos tiene para la población jubilada y pensionada: “Las jubiladas y jubilados pertenecen a una generación que tiene incorporado el cumplimiento fiscal como un valor. Adeudar impuestos representa para ellos una carga moral y económica significativa. Por eso, desde el Estado tenemos la responsabilidad de acercar herramientas concretas que alivien su situación y les permitan regularizarse de manera justa”, sostuvo.

Cómo pedir la exención del Impuesto Inmobiliario

Cabe recordar que los jubilados pueden solicitar una exención de dicho tributo, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

• Ser la persona jubilada o pensionada y/o su cónyuge o pareja conviviente de la persona titular, usufructuaria o poseedora de un único inmueble (vivienda) destinado a vivienda familiar.
• El ingreso deberá estar constituido por haberes previsionales cuyos importes brutos, en total, no superen mensualmente el monto equivalente a dos haberes mínimos.
• La valuación fiscal del inmueble no debe superar el monto que establezca las Leyes Impositivas de cada año (6.000.000 de pesos en 2024).
• El objeto por el cual se requiere la exención esté vinculado tributariamente a la CUIT/CUIL/CDI de el/la beneficiario/a.

La documentación necesaria para comenzar el trámite es:

• DNI o Pasaporte (solo personas extranjeras).
• Recibo de haberes de jubilación y/o pensión del ANSES / IPS / Caja Profesional. De percibirse jubilación personal y pensión por la persona cónyuge fallecida, es requisito presentar ambos comprobantes de cobro.
• Declaración Jurada de Solicitud
• Formulario “Solicitud de Exención” (CF05) – Este documento se puede descargar e imprimir cuando finaliza la carga de datos en la página web de ARBA.

Paso a paso para realizar el trámite

1. Presionar “Iniciar trámite”
2. Ingresar CUIT y Clave de Identificación Tributaria (CIT), y presionar “Ingresar”
3. En el menú “Alta de trámite” se debe seleccionar la opción “Código Fiscal Inmobiliario”.
4. Seleccionar el “Carácter de el/la Solicitante”, luego en “Tipo de Exención” hay que seleccionar “Art. 177 Jubilados y/o Pensionados”. Completar los datos solicitados y presionar “Continuar”.
5. Completar los datos del “Domicilio Fiscal o Constituido” y presioná “Continuar”.
6. Completar los datos del impuesto por el cual solicitás el beneficio y presioná “Finalizar”.
7. Imprimir el Formulario “Solicitud de Exención” (CF05), en el cual se detalla: a. La documentación, en original y copia, que deberás presentar para finalizar el trámite; b. El Centro de Servicio Local al que deberás presentarte; c. La fecha tope de presentación.
8. Se podrá solicitar turno para ir en el día y horario de conveniencia, presionando el botón “Solicitar turno”.
9. Concurrir al Centro de Servicio Local en el día y horario del turno reservado, con la documentación

La provincia de Buenos Aires aplicará desde este lunes 4 de mayo un aumento adicional de las tarifas de colectivos urbanos provinciales (líneas 200 a 499) y municipales (números arriba de 500) del 11,6%, confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte del gobierno de Axel Kicillof.

“Veníamos aplicando aumentos mensuales de la inflación minorista (IPC) más 2 puntos desde marzo de 2025, con algunos aumentos extraordinarios, lo que este mes daba 5,4% (3,4% de inflación de marzo, el dato mensual más reciente difundido por el Indec, más 2 puntos adicionales), pero Nación tiene deuda con las empresas de transporte de colectivos y con el aumento del combustible, que en abril fue por encima del 23%, y el combustible pesa un 20% en la estructura de costos, de algún lado el dinero tenía que salir, y la Provincia no puede dar más subsidios, porque Nación nos sigue debiendo coparticipación”, explicaron fuentes de la cartera bonaerense.

De este modo, el aumento será en total del 11,6%, aunque la efectivización del aumento podría demorarse algunos días, hasta que las empresas actualicen sus sistemas a los nuevos cuadros tarifarios.

En el caso de los servicios urbanos provinciales del área Gran La Plata (La Plata Berisso y Ensenada) para recorridos inferiores a los 3 kilómetros pasarán de $ 948,91 a $ 1.054,85 para quienes paguen con tarjeta SUBE nominada, y a $2.109,70 para quienes paguen con tarjeta SUBE sin nominar.

En recorridos de 3 a 6 kilómetros el boleto pasa de $1.035,9 a $1.162,91 (y a $2.325 para quienes paguen con SUBE innominada).

En recorridos de 6 a 12 kilómetros los valores son respectivamente $1.120 ,94 (tarifa abril), $ 1.298,20 y $ 2.596,40

Si el viaje es de 12 a 27 kilómetros los valores son $1.200,46 (tarifa abril), $ 1..556,88 y $3.113,76

Y para viajes superiores a los 27 kilómetros quienes pagaban hasta abril $1.266,73 deberán abonar desde este lunes (o desde el día que las líneas adapten sus sistemas) $1.811 si tiene SUBE nominada y $3.622 si la tiene sin nominar.

Las tarifas “atributo social” son mucho más reducidas y pasan a $474,68 (hasta 3 kilómetros), $521,31 (3 a 6 kilómetros), $564,19 (6 a 12 kilómetros), $700,60 (12 a 27 kilómetros) y $ 815,07 (más de 27 kilómetros).

En el resto de los servicios urbanos provinciales las nuevas tarifas son de $968,57 (hasta 3 kilómetros), $1.089,64 (3 a 6 kilómetros), $1.210,71 (6 a 12 kilómetros) , $1.452,85 (12 a 27 kilómetros) y $1.708,07 (más de 27 kilómetros. En todos los casos se trata de tarifas con SUBE registrada.

Cabe recordar que en el caso de CABA los aumentos que rigen desde el viernes 1 de mayo fueron del 5,4%. Para quienes tienen SUBE registrada el boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subió de $715,24 a $753,74, para recorridos de 3 a 6 km pasaó a $837,52, para recorridos de 6 a 12 kilómetros a $ $902,04 y para recorridos de 12 a 27 kilómetros a $966,61 pesos.

El EMAE de febrero registró una corrección importante respecto al cierre de 2025. Según INDEC, la actividad cayó 2,6% en términos desestacionalizados y 2,1% interanual. Esta corrección refleja la excepcionalidad del crecimiento de diciembre y enero (+1,7% y +0,4% desestacionalizado, respectivamente), impulsado por la campaña de trigo y por el impacto de los feriados en la actividad de febrero.

Hacia marzo, los indicadores evidencian una nueva recuperación, con la heterogeneidad sectorial y regional que sigue mostrando la economía argentina. Una parte relevante de esta corrección de febrero responde a factores estadísticos. La cosecha de trigo —que pasó de 20 a 29 millones de toneladas— elevó transitoriamente el nivel de actividad. Al disiparse este efecto en febrero, la actividad volvió a una dinámica más alineada con el comportamiento previo: no tan dinámico y heterogéneo.

En términos sectoriales, no se vislumbra una contracción generalizada. Ocho de los quince sectores registraron subas interanuales en febrero. Resaltaron pesca (+14,8% interanual) y explotación de minas y canteras (+9,9% interanual), mientras que agricultura también mantuvo un crecimiento relevante (+8,4% interanual). En conjunto, estos sectores aportaron contribuciones positivas que compensaron parcialmente las caídas del nivel general.

Por el lado negativo, las incidencias vienen de industria manufacturera (-8,7% interanual) y comercio (-7,0% interanual), que explicaron la mayor parte de la caída del nivel general. Esta divergencia es consistente con los sectores primarios y algunos servicios que mantienen mejor desempeño relativo, mientras que los sectores vinculados al mercado interno continúan rezagados. En definitiva, los sectores ganadores (agro, minería e intermediación financiera, etc.) estuvieron en el primer bimestre de 2026 16% por encima del promedio de 2023; mientras que los sectores perdedores (industria, comercio y construcción, etc.) permanecen rezagados, un 10% por debajo del promedio de 2023.

Asimismo, los primeros indicadores de marzo sugieren una incipiente recuperación. La construcción registró subas tanto en el índice Construya (+11,1% interanual) como en despachos de cemento (+11,0% interanual), mientras que los patentamientos de autos mostraron una leve mejora (+1,2% i.a.) y las motos mantuvieron un fuerte crecimiento (+59,4% interanual). La recaudación vinculada a la actividad, a su vez, se encontró en terreno positivo (IVA DGI +0,5% real interanual, créditos y débitos +4,9%), y el crédito al sector privado se expandió 11,6% interanual real. En contraposición, algunos indicadores siguen mostrando debilidad, como la producción automotriz (-9,0% interanual) y el transporte aéreo de cabotaje (-2,9% interanual).

En síntesis, los datos apuntan a una estabilización tras la corrección de febrero, en un contexto que mantiene la heterogeneidad entre sectores.

Por otro lado, el financiamiento externo volvió a mostrar signos de recuperación en abril, tanto para corporaciones como para deuda sub-soberana, con el riesgo país lateralizando en torno a los 500 puntos básicos, y un BCRA que aceleró la compra de divisas y comenzó a acumularlas. De aquí en más, una compresión de spreads será clave para mejorar las condiciones de financiamiento. En paralelo, el financiamiento corporativo también mostró dinamismo: las empresas liquidaron cerca de USD 6.800 millones, a partir de emisiones de ON desde octubre, según el BCRA, generando un flujo relevante de divisas en la antesala de la cosecha.

No obstante, hasta el 9 de abril restaban aún por liquidarse colocaciones por unos USD 3.200 millones (según estimaciones del BCRA), lo que implicaría una oferta adicional en el mercado de cambios y contribuiría a sostener la estabilidad del tipo de cambio. A nivel agregado, el ritmo de emisiones se desaceleró en febrero y marzo, en línea con la suba del riesgo país y el deterioro del contexto internacional. Por el lado cambiario, el BCRA siguió comprando divisas y lleva acumulados USD 6.765 millones, una cifra muy alta en términos históricos para un primer cuatrimestre.

La continuidad de este proceso estará fuertemente condicionada por la evolución del riesgo país y el contexto internacional. Si bien la suba reciente del riesgo país y el conflicto geopolítico moderaron el ritmo de emisiones, una eventual compresión podría reactivar las colocaciones. Una baja del riesgo país también contribuiría a mejorar el perfil de vencimientos soberano, que luce desafiante tanto para el presente año como para el próximo.

El Centro Bancario Internacional de Panamá (CBI) mantuvo durante el primer trimestre de 2026 un desempeño estable y resiliente, con crecimiento moderado del crédito, expansión sostenida de los depósitos y niveles de liquidez y capital holgados, en un contexto marcado por tasas internacionales elevadas y mayor costo de fondeo.

Los datos del Informe de Actividad Bancaria de la Superintendencia de Bancos de Panamá reflejan que el sistema sigue operando con márgenes ajustados, pero con capacidad de adaptación y gestión prudente, lo que ha permitido sostener su papel como plataforma regional de intermediación financiera.

El comportamiento del crédito muestra una dinámica mixta, donde la cartera total interna se mantuvo prácticamente estable (-0.1%), pero con un crecimiento del crédito privado de 1.3%, impulsado principalmente por consumo personal (+5.3%), comercio (+2.7%) e hipotecario (+1.5%).

En contraste, sectores como construcción (-9.6%), actividades financieras (-14.8%) e industria (-2.1%) registraron caídas, reflejando una mayor selectividad crediticia en actividades más sensibles al ciclo económico.

Este comportamiento evidencia un sistema que no se contrae, pero sí asigna el crédito con mayor cautela y foco en segmentos de menor riesgo relativo.

En cuanto al flujo de financiamiento, las nuevas colocaciones disminuyeron 3.9%, afectadas principalmente por la fuerte caída del crédito al sector público (-67.8%). Este resultado no responde a un deterioro general del financiamiento, sino a una menor demanda o utilización de crédito por parte del Estado y sus entidades, que en este período recurrieron en menor medida a la banca local para cubrir sus necesidades.

En términos prácticos, implica que los bancos otorgaron significativamente menos préstamos al Gobierno Central, instituciones públicas y empresas estatales, lo que distorsiona la lectura del resultado agregado.

De hecho, al excluir este componente, el financiamiento al sector privado muestra una dinámica positiva, con un crecimiento de 5.6%, lo que confirma que hogares y empresas continúan accediendo al crédito, aunque bajo criterios más selectivos en un entorno financiero más exigente.

Destaca el protagonismo del sector comercio, que concentró más del 50% de las nuevas colocaciones, seguido por consumo personal e industria, consolidando una tendencia hacia el financiamiento de la actividad comercial y la demanda interna.

La calidad de la cartera se mantiene contenida, con señales mixtas pero bajo control. La morosidad temprana disminuyó de 1.64% a 1.50%, lo que indica una mejor gestión del riesgo en etapas iniciales del crédito.

No obstante, la cartera vencida aumentó ligeramente en términos nominales, aunque se mantuvo prácticamente estable en 2.15% del total, lo que sugiere que el crecimiento del crédito ha absorbido ese incremento.

A su vez, la cobertura de provisiones se mantiene robusta en 132%, aunque la cobertura contable bajó a 95.16%, un elemento que el regulador considera clave de seguimiento.

Del lado del fondeo, los depósitos continúan siendo el principal motor del crecimiento del balance, alcanzando $118,521.6 millones (+6.59%), con un fuerte impulso de los depósitos externos (+13.03%), frente a un crecimiento más moderado de los internos (+2.40%).

Los depósitos de particulares representan el 79.2% del total y explican el 95.6% del aumento del fondeo, lo que evidencia una base de captación diversificada y menos dependiente de financiamiento mayorista. Este cambio fortalece la estructura de pasivos y reduce riesgos asociados a fuentes más volátiles.

La liquidez del sistema se mantiene holgada, con un índice de liquidez de 55.51%, muy por encima del mínimo regulatorio de 30%, lo que refleja una alta capacidad para enfrentar choques de corto plazo.

Sin embargo, se observa una recomposición hacia depósitos a la vista, tanto internos como externos, lo que mejora la disponibilidad inmediata de recursos, pero puede presionar la rentabilidad del portafolio. A pesar de ello, el sistema ha logrado mantener un equilibrio entre liquidez y asignación hacia activos productivos.

En materia de rentabilidad, los indicadores muestran una leve moderación, con una utilidad neta de $678.3 millones (-0.7%), afectada principalmente por un incremento del 36% en provisiones, lo que refleja un enfoque prudencial y preventivo.

A pesar de ello, la utilidad antes de provisiones creció 5.2%, confirmando que el negocio bancario mantiene capacidad de generación operativa. El ROA se ubicó en 1.69% y el ROE en 14.35%, niveles todavía positivos, aunque inferiores a los del año anterior.

En términos de solvencia, el sistema bancario panameño mantiene una posición sólida, con un índice de adecuación de capital de 16.27%, el doble del mínimo regulatorio de 8%.

Este nivel de capital, junto con el fortalecimiento de las provisiones dinámicas y la recuperación en la valuación de inversiones, configura un sistema con capacidad para absorber riesgos y enfrentar escenarios adversos sin comprometer su estabilidad.

El balance general del CBI muestra una expansión ordenada, con activos por $164,208.5 millones (+4.5%), impulsados por el crecimiento de la cartera crediticia (+3.9%) y de las inversiones (+8.3%).

Esta expansión ha sido financiada principalmente con depósitos, mientras que las obligaciones financieras se redujeron (-1.79%), reforzando una estructura menos dependiente de financiamiento externo. Además, el crecimiento de la cartera externa (+10.3%) confirma el rol del sistema como centro financiero regional.

En conjunto, el desempeño del sistema bancario panameño en el primer trimestre de 2026 evidencia un crecimiento prudente, con crédito selectivo, fondeo fortalecido por depósitos, liquidez elevada y capital suficiente, aunque con presiones en rentabilidad por mayores provisiones y costos financieros.

El principal reto hacia adelante será mantener este equilibrio en un entorno internacional aún exigente, donde la evolución de las tasas, la calidad del crédito y la estabilidad del fondeo seguirán marcando la ruta del sistema financiero.

Al igual que el resto de los mercados, la Argentina comenzó a operar como si el conflicto del Golfo Pérsico no existiera. Si bien, las exportaciones son favorecidas porque estos precios del petróleo por encima de USD 100 vinieron para quedarse por al menos un año y medio, como todo beneficio tiene un costo. La inflación demorará más en bajar y la reactivación también.

En tanto, la Argentina tiene asegurado el pago de la deuda soberana por la llegada de dólares y esto ha despertado de nuevo el deseo de las inversiones en pesos.

Adcap Grupo Financiero por caso aconsejó a sus clientes que “a medida que las expectativas de inflación implícitas (breakeven) para 2026 continúen desacelerándose hacia el 30% (desde 31,5%), los BONCAP muestran mejor desempeño que los bonos a tasa fija, especialmente en el tramo medio de la curva. En los niveles actuales, seguimos viendo mejor valor en los BONCER (ajustan por inflación) particularmente en el tramo medio, donde ofrecen aproximadamente 300 puntos básicos adicionales de rendimiento frente a alternativas a tasa fija".

“En particular, esperamos que el BONCER TZX27 (vence el 30 de junio de 2027) supere al BONCAP T30J6 (vence en junio) hasta en 3%, bajo nuestro escenario base de inflación. Dentro de la curva de BONCAP y en un escenario de desinflación más rápida, nos gusta el T30A7 (vence en abril de 2027) , que ofrece un atractivo rendimiento del 28% combinado con buena liquidez”, sumaron respecto a cómo evolucionan los instrumentos en pesos.

Las estimaciones, hasta ayer, mostraban el réquiem del carry trade. Lo que hasta hace 48 horas era novedad, hoy es antiguo. Parece volver a primar entre expertos la recomendación de vender dólares para invertir en pesos. En otras palabras, parte del mercado apuesta a que las tasas de interés superarían al porcentaje de suba de la divisa.

Por caso, ayer en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 448 millones y el Banco Central compró 207 millones de dólares. En tanto, dl dólar mayorista bajó 50 centavos a 1.391 pesos. Las reservas descendieron USD 928 millones a USD 44.483 millones por un pago de USD 800 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) y los movimientos de divisas propios de fin de mes.

En la plaza financiera, el dólar MEP recuperó parte de la fuerte caída del día anterior y subió $7 a $1.442, mientras el contado con liquidación (CCL) aumentó $20,6 a 1.509,76 pesos. El “blue” tuvo un desplome de $15 y vale $ 1.400 pero al vendedor se lo pagan a $1.360 y es el dólar más barato del sistema.

Los bonos soberanos experimentaron fuertes alzas que no registró a pleno la medición del riesgo país. El Global 2030, uno de los más operados con legislación extranjera y de mayor incidencia en el Embi, subió 2 por ciento. El riesgo país bajó 7 unidades (-1%) a 567 puntos básicos.

En paralelo, la Bolsa tuvo otra rueda desfavorable. Los bancos siguen sin poder traccionar a este mercado, porque una de las consecuencias de la caída de la actividad económica, es el incremento de la morosidad.

El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, subió 0,1% en pesos y cayó 0,5% en dólares. Supervielle con una baja de 2,8% y Galicia con 2,5%, fueron los mayores perdedores. El petróleo tuvo una leve suba de 0,6% y siguió por encima de los USD 111 por barril.

Para hoy los mercados overnite marcaban leves subas en los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York; el oro subía 0,11% tras la buena performance del día anterior y el petróleo marcaba alzas de 0,50%.

Todo esto es un dato que no se utilizará hoy por el feriado de los mercados locales, pero marca una tendencia positiva. Los inversores rezan para que no sea otro fin de semana con sorpresas en el conflicto entre Estados Unidos e Irán como viene sucediendo en los últimos tiempos.

La economía mexicana reporta un crecimiento anual de 0.1% en el primer trimestre de 2026, cifra que refleja una moderación frente a ciclos previos y responde, en gran medida, a los ajustes en la política comercial internacional y su efecto en sectores vinculados al comercio exterior.

En contraste, el balance primario presupuestario arroja un superávit de 98 mil millones de pesos, resultado que, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su comunicado de este 30 de abril, supera lo previsto y se alinea con la meta de normalizar gradualmente el déficit público para mantener una deuda pública estable y condiciones favorables de financiamiento en los mercados internacionales.

La deuda pública se mantiene en niveles sostenibles y en 50.4% del PIB

La gestión de la deuda es uno de los puntos destacados del comunicado de la Secretaría de Hacienda. Al cierre de marzo de 2026, la deuda pública representa 50.4% del PIB, cifra que se mantiene como moderada frente a otras economías de América Latina. La deuda neta del Gobierno Federal equivale a 46.7% del PIB.

El déficit presupuestario se coloca en 172 mil millones de pesos por debajo del monto calendarizado para este periodo. El resultado primario positivo contrasta con el déficit de 27 mil millones de pesos estimado en el programa y los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se mantienen en 156 mil millones de pesos, dentro de los techos autorizados por el Congreso.

Además, el costo financiero de la deuda disminuye 3.1% real anual, favorecido por la variación cambiaria y estrategias de financiamiento activo, mientras que el pago de intereses resulta 47 mil millones de pesos menor a lo previsto.

Superávit fiscal y recaudación: ingresos tributarios y no tributarios muestran composiciones distintas

Durante el primer trimestre, las finanzas públicas presentan un desempeño mejor al previsto, conforme a las metas del Paquete Económico 2026 y al proceso para normalizar el déficit.

Los ingresos no petroleros muestran un avance de 0.4% real anual y mantienen la tendencia prevista, aunque la recaudación tributaria presenta una baja real de 0.6% influida por la apreciación del peso que reduce las valuaciones en moneda nacional de importaciones gravadas con IVA.

Por su parte, la recaudación por IVA supera el monto calendarizado en 5 mil millones de pesos, aunque muestra una disminución real de 3.7% anual. El IEPS destaca por su aumento real anual de 19.4%, superior al promedio de la década, e ingresa 7 mil millones de pesos por arriba de lo programado. En este rubro, los impuestos distintos de combustibles crecen 8.8% real, impulsados por revisiones en impuestos a tabacos labrados y bebidas azucaradas, entre otros.

Efecto de la dinámica global y sectores productivos sobre la economía mexicana

El comunicado enfatiza que el entorno global, marcado por el crecimiento de Estados Unidos y China y la expansión del sector tecnológico, favorece el dinamismo global, aunque persisten presiones inflacionarias por energéticos y materias primas, derivadas de tensiones en Medio Oriente.

En México, el sector primario se ve afectado por condiciones climáticas adversas en el norte del país. Las actividades secundarias presentan una contracción anual de 1.3% por el menor dinamismo en sectores expuestos al comercio internacional, mientras que los servicios avanzan 0.7% anual, destacando los vinculados al consumo interno.

El consumo privado tiene un incremento de 1.5%, gracias al aumento de 8.7% en el componente importado, compensando la moderación en bienes nacionales, mientras el consumo de servicios sube 0.8%.

La inflación promedio anualizada alcanza 4.1%, con un repunte frente al trimestre previo por choques de oferta en productos como jitomate, papa y tomate verde, aunque los estímulos a combustibles y la estrategia para mantener el precio de la gasolina contribuyen a limitar aumentos en energéticos.

En medio de las negociaciones por garantías con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el ministro de Economía, Luis Caputo, avanzó con nuevas colocaciones del Bonar 2027 y Bonar 2028. Esta semana, la Secretaría de Finanzas adjudicó USD 848 millones a través de estos instrumentos y totaliza más de USD 1.300 millones en abril, lo que llevó la proyección de depósitos en moneda extranjera del Tesoro a cerca de USD 1.400 millones para el cierre de abril. Parte de esos fondos se utilizarían para cubrir un vencimiento por USD 800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de comienzos de mayo.

La Secretaría de Finanzas adjudicó en la segunda subasta del jueves un total de USD 148 millones, luego de recibir ofertas por el mismo monto. El desglose de la operación mostró que en el Bonar 2027 se ubicaron USD 100 millones y en el Bonar 2028, USD 48 millones a tasas nominales anuales de 5,04% y 8,44% respectivamente. Estas cifras se sumaron a las colocaciones del martes por USD 700 millones, que permitieron engrosar el flujo de dólares en cuentas públicas. A lo largo del mes, Economía consiguió USD 1.348 millones mediante la emisión de estos dos instrumentos. Si se suman las licitaciones previas, el total asciende a 2.279 millones de dólares.

Según el último informe diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al 27 de abril los depósitos en moneda extranjera del Tesoro ascendían a 526 millones de dólares. Con el ingreso de los fondos provenientes de la licitación más reciente de los Bonar 2027 y 2028, el stock total de depósitos treparía, de no mediar egresos, a 1.374 millones de dólares. Este incremento representa una mejora considerable en la capacidad de pago y manejo de divisas de la administración central, en un contexto de restricciones sobre el mercado cambiario y limitaciones en el acceso a financiamiento externo.

Un informe de la consultora Equilibra señaló que la licitación se presentó sólida en pesos, pero con señales mixtas en el tramo en dólares. El análisis remarcó un “roll-over positivo por cuarta vez consecutiva”, aunque el AO28 no alcanzó el tope máximo de emisión en la segunda vuelta. El AO27 cumplió el objetivo de llegar al tope de emisión de USD 350 millones en la primera vuelta y USD 100 millones adicionales en la segunda, con una tasa nominal anual (TNA) de 5,04%, alineada con el mercado secundario. El AO28 completó la primera ronda con USD 350 millones, mientras que en la segunda reunió VNO USD 48 millones de un máximo de USD 100 millones, a una TNA de 8,44%. En conjunto, entre el AO27 y el AO28, el Gobierno emitió más de 2.250 millones de dólares.

El flujo de fondos captado en dólares a través de las últimas licitaciones permitió diversificar el financiamiento y robustecer la caja del Tesoro para enfrentar vencimientos inmediatos. Analistas de Equilibra destacaron que la dinámica de las colocaciones permitió sostener el esquema de refinanciación y captar recursos frescos, aunque la demanda por el AO28 resultó menor en la segunda vuelta.

Sin embargo, hasta el momento, el equipo económico no mostró capacidad para acumular los dólares en su cuenta en el BCRA debido a los compromisos de deuda externa. De hecho, la licitación de los mencionados Bonares está destinada a cumplir con los vencimientos por USD 4.300 millones de julio. En el medio, Hacienda tuvo que utilizar parte de lo acumulado para abonar distintas obligaciones con organismos internacionales.

Más allá de la colocación de Bonares, que prevé un máximo de USD 4.000 millones, el Gobierno explora otras alternativas como las garantías con el Banco Mundial y el BID para obtener hasta USD 4.000 millones así como las privatizaciones y concesiones de diversas empresas públicas, que, según estimaciones oficiales, podrían dejar hasta 2.000 millones de dólares.

Vencimiento con el FMI

El economista Federico Machado afirmó que con las adjudicaciones del martes y el miércoles, el Tesoro logró USD 850 millones “con lo cual tiene cubierto el pago de intereses al FMI de mayo, sin necesidad de solicitarle reservas al BCRA”. De este modo, la estrategia de financiamiento permitiría evitar, al menos en el corto plazo, una mayor exigencia sobre el stock de reservas internacionales.

Es que en las próximas horas, el equipo económico deberá decidir cómo afronta el pago con el organismo internacional. Y sobre la mesa el ministro Caputo cuenta con dos alternativas: pagar con reservas del BCRA como ya hizo en febrero o hacerlo con los depósitos del Tesoro. Una tercera vía sería que hasta el viernes el directorio del FMI apruebe la revisión del acuerdo y con ello se destrabe el desembolso por USD 1.000 millones, aunque parece difícil que suceda.

La evolución de los depósitos y la estrategia de colocaciones evidencian la prioridad de la gestión económica por fortalecer la caja del Tesoro y limitar el uso de reservas del BCRA ante la cercanía de pagos internacionales. El saldo de depósitos en dólares, según el reporte oficial, refleja el impacto directo de las emisiones recientes y el margen que tendrá la administración para atender pagos externos en el corto plazo.

El vaso se puede ver medio vacío o medio lleno. No lograr colocar el total del Bonar 2028 en la segunda vuelta de la licitación de deuda no representa una señal negativa para el Gobierno. En la primera ronda obtuvo USD 350 millones y en la segunda sumó otros 46 millones de dólares. Así, recaudó USD 396 millones sobre un objetivo de USD 450 millones para un bono que vence en 2028, año en el que todavía no se sabe quién será presidente. Este título paga intereses cada mes y devuelve el capital al vencimiento.

El resultado superó las estimaciones de los analistas. La recaudación no fue mayor debido a las disputas internas dentro del oficialismo, más que por factores internacionales. En la actualidad, la política interna determina el nivel de riesgo país.

Con un escenario más calmo y tras el resultado de la licitación del Tesoro, que fue mejor a lo esperado, reaccionaron los bonos soberanos y subieron los de mediano plazo que provocaron una leve baja del riesgo país de 11 unidades (-1,9%) a 573 puntos básicos.

Las acciones siguen relegadas porque los balances de las empresas reflejan la caída del consumo y de la producción. Por eso, el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, cerró con una baja de 1,4% en pesos y de 0,8% en dólares, donde los bancos siguen siendo los grandes perdedores. Los papeles relacionados con la energía son las que sobreviven.

Las tasas de interés tuvieron leves alzas. De hecho, el día anterior ninguna de las Lecap, títulos a tasa fija, rendía 2% efectivo mensual hasta fin de año. Ayer, a partir de julio con 2,02% todas las letras capitalizables se ubicaron por encima de esa tasa con rendimientos de hasta 2,13% en agosto.

Según Romano Group “ante un contexto de cambios normativos y menor liquidez, las tasas en pesos reaccionaron al alza, con subas en promedio de 200 puntos básicos efectivo anual. Incluso, actualmente opera con curva invertida, característico de un mercado que espera una liquidez en el corto plazo más reducida”. En otras palabras, la suba de tasas puede seguir y acá se centra el dilema ya que alienta la baja de inflación, pero es un obstáculo para el consumo y para las empresas.

Esto fue lo que descifraron los inversores en la Bolsa. El aumento de los rendimientos no es buena para los bancos que tienen carteras con altos porcentajes de mora y tampoco para el agro que padece la suba de costos que dejó el conflicto con Irán.

Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), advirtió que “los molinos harineros, además de tener que hacer frente a la escasez de partidas de trigo aptas para panificación, ahora también están registrando dificultades para poder abastecerse del cereal, lo que genera preocupación en el sector”.

Cifarelli agregó que “la molinería es el sector que ofrece los mejores precios porque está dispuesta a reconocer las partidas con calidad panadera, que ciertamente no abundan en la presente campaña. Sin embargo, aun ofertando precios muy superiores a los del promedio del mercado, la mercadería no aparece en los volúmenes que el sector requiere, lo que genera una genuina inquietud en la molinería”, apuntó.

El desabastecimiento lo atribuye a que “el valor relativo del trigo cayó mucho con respecto a los fertilizantes, insumo clave que experimentó un aumento considerable de precios en los últimos meses”.

En Sailing Inversiones advirtieron sobre el problema: “La guerra entre Estados Unidos e Irán sigue siendo el motor central del mercado. Trump instruyó a sus asesores a preparar un bloqueo extendido sobre Irán para forzar su rendición nuclear, mientras el rial iraní tocó un mínimo histórico de 1,8 millones por dólar, señal de que las sanciones están destruyendo la economía iraní desde adentro”.

Y sumaron: “En ese contexto, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron su salida de la OPEP, el Brent volvió a superar los USD 111 por barril y el precio de la urea (un fertilizante clave) se duplicó desde enero hasta USD 900 por tonelada, lo que amenaza con disparar los precios de los alimentos a nivel global. La nota de alivio: Japón negoció directamente con Irán y logró que sus buques crucen el Estrecho, en el primer cruce confirmado desde el inicio del conflicto. Trump afirmó además que Irán quiere que el estrecho reabra”.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operó un monto de USD 537 millones y el dólar mayorista cedió $13 (-0,9%) a 1.391,50 pesos. El Banco Central siguió comprando y se alzó con USD 76 millones que no incidieron en las reservas por otra baja del oro y por la estacionalidad de fin de mes donde los bancos retiran dólares y pesos que tienen en encajes, que se compensan a principios de mes. Las reservas bajaron USD 667 millones a 45.211 millones de dólares. Por otra parte, está próximo el vencimiento de USD 800 millones con el FMI.

En los mercados financieros, el MEP cedió $11,50 (-0,8%) a $1.434, mientras el contado con liquidación (CCL) bajó $10,42 (-0,7%) a $1.489. el “blue” perdió $15 y cotizó a $1.415 y se convirtió otra vez en él dólar más barato de mercado a solo $24 (1,7%) del mayorista.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “el dólar mayorista volvió a caer, pero la dinámica de los instrumentos ligados al dólar oficial (y también el spot) sugieren que hubo algunas acciones oficiales dirigidas a mejorar el atractivo de la cobertura y, por ende, del carry trade”.

En Estados Unidos no sorprendió que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios. Lo inesperado es que la decisión contó con cuatro votos en contra, algo que no sucedía desde hace cuatro años.

Tampoco fue novedad la escalada del enfrentamiento entre el titular de la Fed Jerome Powell, que dejará su caro el 15 de mayo, y el presidente de EE.UU., Donald Trump. Powell anunció que seguirá integrando la Reserva Federal como Gobernador “ante la serie de ataques legales” que enfrenta el banco central estadounidense. Destacó que “estas acciones legales no tienen antecedentes en los 113 años de historia” de la entidad responsable de la política monetaria norteamericana.

En el mercado overnite, que funciona en la noche hasta la apertura de los mercados, los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York cotizaban en verde en particular el Nasdaq que subía más de 1 por ciento. El oro insinuaba una débil recuperación y el petróleo Brent, de referencia en la Argentina, bajaba 0,54% pero cotizaba a más de USD 111 por barril.

El escenario internacional favorecerá las exportaciones argentinas, pero, a la vez, encarecerá la renovación de la deuda soberana. En el medio se encuentra la respuesta, ya que hoy los dólares están en el segundo plano de urgencias. Las divisas para pagar los vencimientos de este año están, pero de poco sirve sin reactivación de la producción y el consumo.

El viernes 1.º de mayo vence un pago de USD 800 millones en concepto de intereses con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por estas horas, el equipo económico define la estrategia para afrontar este nuevo compromiso luego de que en febrero se utilizaran reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para realizar el pago correspondiente. Ahora, el Ministerio de Economía cuenta con dos alternativas para concretar la transferencia mientras espera del desembolso de USD 1.000 millones por la segunda revisión del acuerdo que ya fue aprobado a nivel técnico.

Por un lado, el Gobierno podría utilizar las reservas del BCRA, que actualmente superan los USD 46.000 millones tras una serie de compras recientes. Por otro lado, existe la posibilidad de cubrir el compromiso con los fondos disponibles en los depósitos del Tesoro Nacional en el Central, tanto en moneda extranjera como en pesos. Esta vía evita un impacto en las tenencias de la autoridad monetaria y preserva la percepción de fortaleza financiera.

Esta opción luce como la más viable, ya que la deuda corresponde al Gobierno y no al Banco Central. En caso de utilizarse, luego los fondos se podrían restituir mediante las licitaciones del Bonar 2027 y Bonar 2028 -dos bonos en dólares emitidos en el mercado local- que se desarrollan cada 15 días.

Al 27 de abril, último dato disponible, el Tesoro contaba con más de USD 526 millones en sus arcas, por lo que no alcanzaría para cubrirlo. No obstante, a ese monto hay que sumar los USD 848 millones que la Secretaría de Finanzas en la última licitación de deuda. Por su parte, los depósitos en moneda nacional alcanzaban los 8,2 billones de pesos. De esta manera, Economía podría comprarle dólares al BCRA con pesos y, si bien esto afectaría las reservas, lo haría en menor medida que si el vencimiento se pagara directamente con fondos de la entidad.

La cuestión está en que los fondos del Bonar 2027 y Bonar 2028 iban a utilizarse para cubrir el vencimiento de julio por unos 4.300 millones de dólares. En lo que va del año, la Secretaría de Finanzas concretó cinco licitaciones y por esas colocaciones pudo captar USD 1445 millones vía AO27 y USD 834 millones mediante AO28.

“El Tesoro logró adjudicar entre ayer y hoy casi 850 millones de dólares, con lo cual tiene cubierto el pago de intereses al FMI de mayo, sin necesidad de solicitarle reservas al BCRA”, destacó el economista Federico Machado, tras la última licitación de deuda.

A pesar de los recursos obtenidos, la acumulación de dólares presenta limitaciones debido a la presión constante sobre los recursos disponibles. La dinámica de las cuentas oficiales muestra que los dólares captados por el Palacio de Hacienda a través de los bonos en dólares se pierden gradualmente, ya que deben destinarse a pagos de deuda y otras obligaciones ineludibles del sector público.

El desembolso pendiente

Más allá del vencimiento del próximo viernes, el equipo económico se encuentra a la expectativa de que el directorio del FMI apruebe la segunda revisión del acuerdo y con eso se destrabe el desembolso pendiente por USD 1.000 millones, que impactará en las reservas del BCRA.

Según pudo saber Infobae con fuentes del Ministerio de Economía, la transferencia de USD 1.000 millones impactaría en las reservas del BCRA en mayo. Aunque los tiempos ya no dependen del Gobierno, sino de la burocracia del organismo internacional, y no hay tal nivel de dependencia —como sí la hubo en el pasado— en medio del proceso de compra de reservas.

Con las compras de USD 54 millones el lunes, en lo que va del mes la entidad que conduce Santiago Bausili, adquirió USD 2.433 millones y solo la semana pasada se hizo de 745 millones de dólares. Frente a estos datos, y el hecho de que en abril haya superado el 68% de la meta de compra, se especula con que el BCRA se hará de más de USD 10.000 millones durante 2026, aunque todo dependerá de cómo continúe la demanda de dinero y la oferta de dólares en los próximos meses.

“Va a depender de si esta semana hay directorio y si se aprueba o no la segunda revisión del acuerdo, porque ahí tendrías un desembolso de USD 1.000 millones y podrías machear el desembolso con el pago. Y ahí lo harían vía Tesoro, esa es una tercera opción posible sobre cómo se podría pagar”, comentó el director de Eco Go, Sebastián Menescaldi.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) alertó que Colombia enfrenta una necesidad urgente de hacer un ajuste fiscal de entre el 4% y el 5% del PIB en los próximos cuatro años para evitar que la deuda pública siga una trayectoria insostenible. De no concretarse este ajuste, el país estaría expuesto a riesgos financieros graves y a una mayor desconfianza internacional. “Se requieren ajustes estructurales suficientes y creíbles”, enfatizó la entidad en su informe presentado al Congreso de la República.

El mismo considera prioritario el ajuste fiscal porque el desequilibrio en las cuentas del Estado alcanzó un nivel crítico. Señaló que el endeudamiento acelerado, los déficits persistentes y la dificultad de acceso a financiamiento internacional colocan en duda la sostenibilidad de las finanzas públicas colombianas.

Asimismo, señala que, pese a un crecimiento económico del 2,6% en 2025, la inversión cayó al 16,6% del PIB, el nivel más bajo en dos décadas, y el déficit en cuenta corriente se amplió. Esta combinación erosiona la confianza de los mercados y aumenta la vulnerabilidad macroeconómica.

Evolución de la deuda pública y riesgos financieros

De igual forma, detalló que la deuda pública neta cerró 2025 en 58,5% del PIB, inferior al 61,3% proyectado de manera oficial, aunque el descenso se debió a la apreciación del peso colombiano, no a reformas estructurales. Sin ese efecto cambiario, la deuda habría superado las proyecciones. Recordó que la calificación crediticia de Colombia fue reducida a BB- por S&P Global Ratings, el nivel más bajo en más de 30 años, producto de déficits elevados y políticas fiscales de carácter procíclico.

Adviertió que “la confianza de los mercados internacionales en Colombia se está erosionando rápidamente”.

Puntualizó que las primas de riesgo registran niveles superiores a los de otras economías latinoamericanas, lo que duplica el promedio regional y supera los alcanzados después de la pérdida del grado de inversión en 2021. Según el Carf, el comportamiento futuro de los costos de endeudamiento dependerá de la solidez y credibilidad de la estrategia de consolidación fiscal.

El informe también advierte que las operaciones de manejo de deuda, si bien mantuvieron estables los costos a largo plazo, incrementaron los requerimientos de financiamiento inmediato y aumentaron los riesgos de refinanciamiento para el periodo 2025-2029. Si no se aplican medidas correctivas, la deuda neta podría alcanzar 65,3% del PIB en 2030.

Déficit fiscal: cifras y perspectivas

Por su parte, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central sigue siendo un foco de preocupación. El Comité proyecta que el déficit primario llegará a 3,7% del PIB en 2026, notablemente por encima del 2,1% fijado de manera oficial. Además, S&P Global Ratings estima un déficit incluso mayor de 5,6% del PIB para ese año.

Señaló que el incumplimiento reiterado de las metas fiscales oficiales en 2025 y la posibilidad de nuevas desviaciones en 2026 alejan a Colombia de la disciplina que exige la Regla Fiscal. Al respecto, calcula que, si se hubieran respetado las metas establecidas con la activación de la cláusula de escape, el ajuste pendiente sería de 1,4% del PIB. Hoy, el ajuste necesario se lleva el 4,1% del PIB.

El organismo atribuye las brechas entre proyecciones y realidad a sobrestimaciones de ingresos y a la ejecución parcial de recortes presupuestales. “El elevado y persistente déficit fiscal observado desde la pandemia, lo que ocurre en un contexto de alto endeudamiento y crecientes costos de financiamiento”, señala el informe.

Factores detrás de la crisis fiscal

Dentro de las causas estructurales identificadas, el Carf destacó el estancamiento de los ingresos tributarios pese a las reformas aprobadas, altos niveles de evasión y recargas excesivas sobre los mismos contribuyentes.

Al mismo tiempo, el gasto público creció y muestra inflexibilidad, ya que la mayor parte de los recursos se destinan a rubros obligatorios difíciles de modificar. Esto sitúa a Colombia por encima del promedio latinoamericano en términos de gasto rígido.

Remarcó que la tendencia a sobrestimar los ingresos fiscales en los dos últimos años incidió de manera negativa en la planeación y agravó la crisis de financiamiento estatal. El uso de la cláusula de escape para sobrepasar los límites del déficit aleja la posibilidad de un pronto reencauzamiento hacia una senda fiscal sostenible.

Medidas recomendadas y perspectivas para la sostenibilidad

El Carf pidió a las autoridades en que consensuaran un ajuste que combine el recorte del gasto con un aumento de ingresos tributarios, priorizando la gradualidad, el impacto sobre el crecimiento y la protección de la población vulnerable.

“La herramienta adecuada para asegurar un menor gasto es un decreto de recorte presupuestal con impacto fiscal”, enfatizó. Hasta ahora, el Ejecutivo solo propuso aplazamientos presupuestales, sin expedir el decreto requerido, mientras parte importante del gasto de inversión ya está comprometido.

Por otra parte, el informe advierte que el presupuesto asignado para el propio funcionamiento del Carf en 2026 es insuficiente y permitiría operar únicamente hasta octubre de ese año, lo que pone en riesgo el seguimiento técnico a las finanzas públicas.

Aunque estaba todo dado para que los bonos en dólares repuntaran de manera significativa a lo largo de abril, finalmente quedaron muy a mitad de camino. Incluso la semana pasada se esperaba que el riesgo país volviera a perforar los 500 puntos básicos, pero sucedió todo lo contrario: luego de varias subas consecutivas ayer quedó en niveles de 587 puntos, subiendo otro 1% y reflejando cierto desinterés por parte de los inversores.

Las continuas compras de dólares por parte del Central también en abril se constituían como un elemento significativo para un repunte de los bonos. La entidad ya lleva adquiridos casi USD 2.400 millones en el mes y las reservas brutas quedaron a punto de superar los 46.000 millones de dólares.

El mercado venía pidiendo de manera insistente con la compra de dólares por parte del Central y al mismo tiempo transitar el camino de acumulación de reservas. Pero los esfuerzos oficiales por ahora no fueron suficientes. Aunque el BCRA lleva comprados más de USD 6.800 millones, los bonos no hay reaccionado con la fuerza que se esperaba.

Pero había otros elementos que se dieron en abril que sostenían el optimismo. Por ejemplo, un clima mucho mejor en Wall Street, ante la tregua alcanzada en el Golfo Pérsico, aún cuando sigue casi totalmente cerrado el estrecho de Ormuz. La mejora de los activos financieros, incluidos los de mercados emergentes impactó solo parcialmente en los bonos en dólares. Y en los últimos días incluso retrocedieron buena parte de lo que habían mejorado en las primeras semanas del mes.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, aseguró que “los bonos soberanos en USD volvieron a caer y llevan así 7 ruedas consecutivas de contracciones. Si bien el BCRA continua comprando dólares en el MULC, el mercado parece prestar atención también al horizonte de vencimientos remanentes en este año y en 2027”. “También da la sensación -indicó- que esperaba una emisión internacional para testear el apetito por riesgo argentino”.

La semana pasada el Gobierno anunció un acuerdo con el Banco Mundial para obtener garantías para futuros créditos a favor de Argentina. Esa noticia hizo subir la cotización de los bonos ante una mayor certeza de financiamiento de cara a los vencimientos que se presentan en 2026 y 2027. Por ahora no hubo, sin embargo, mayores avances.

De a poco el calendario electoral empieza a ser mencionado por los analistas. Desde Grupo SBS señalaron que “las variables tales como el empleo privado registrado, los salarios reales privados registrados y la heterogeneidad en la performance de los distintos sectores económicos serán clave para pensar en el humor social”. En ese sentido, los últimos datos de confianza del consumidor y en el gobierno difundidos por Universidad Di Tella mostraron nuevas caídas en abril, “y este tipo de indicadores irá ganando importancia a medida que transcurran los meses”.

Desde Criteria explicaron que “a diferencia de la compresión observada semanas atrás, esta semana predominó una corrección. Los bonos globales mostraron caídas sostenidas y los rendimientos volvieron a niveles de dos dígitos en los tramos largos, mientras que el riesgo país se desplazó hacia la zona de 580 puntos básicos”.

“Lo más relevante es que esta corrección se dio a pesar de la continuidad en la acumulación de reservas. Es decir, empieza a debilitarse la relación directa entre compras del BCRA y compresión del riesgo soberano. Parte de esta dinámica -agregaron- responde a un contexto internacional algo menos favorable para emergentes, pero también refleja factores locales: mayor volatilidad cambiaria y señales de deterioro en variables reales”.

En paralelo, el financiamiento externo, tanto soberano como sub-soberano y corporativo, siguió mostrando buen acceso. Provincias como Chubut y emisores corporativos lograron colocar deuda con niveles de demanda elevados, lo que sugiere que, más allá de la corrección en precios secundarios, el apetito por crédito argentino no desaparece. En el caso del soberano, el Tesoro continuó con su estrategia de colocación de Bonares en el mercado local, buscando ampliar montos incluso en un contexto de tasas algo más altas.

En el frente externo, los datos conocidos durante la semana confirman que el soporte sigue siendo sólido. El balance cambiario mostró un superávit de cuenta corriente en base caja cercano a USD 1.700 millones en marzo. A esto se suman ingresos financieros relevantes que generan oferta adicional en el mercado oficial. Si bien persisten egresos por utilidades y turismo, el balance neto sigue siendo favorable y consistente con la acumulación de reservas observada.

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, negocia las garantías con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para poder acceder a préstamos más baratos con bancos internacionales, en paralelo avanza con la concesión de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), con la que pretende sumar USD 500 millones para el pago de los próximos vencimientos. Sin embargo, no se llegaría al pago de julio por USD 4.300 millones porque los plazos previstos para la concreción de la operación apuntan al segundo semestre del año.

La estrategia financiera que impulsa Caputo incluye la venta de activos estatales como uno de los mecanismos para recaudar divisas, junto a la obtención de garantías internacionales y la colocación de bonos en dólares. El objetivo de conseguir divisas frescas se vincula con la necesidad de afrontar compromisos financieros inmediatos y fortalecer la caja del Estado. Según comentaron fuentes oficiales del Ministerio de Economía a Infobae, con el proceso de concesión de AySA se apunta a obtener aproximadamente 500 millones de dólares.

Luego de que este martes se publicara en el Boletín Oficial el contrato para la concesión de AySA, el próximo paso es el llamado a la licitación, que se especula será en los próximos días. Sin embargo, fuentes al tanto de la operación destacaron que el procedimiento contempla varias etapas y demandará cerca de tres meses. Ese plazo responde a que las compañías interesadas deberán acreditar solvencia económica y capacidades técnicas antes de avanzar con la presentación de una oferta formal.

“En estos días debería salir la licitación y unos tres meses llevaría el proceso porque la empresa que se presente tiene que demostrar la solvencia económica, las capacidades técnicas y después se hace la oferta. Para mitad de año, segundo semestre, podría estar el nombre de quien se quedaría con la concesión de AySA”, explicó una fuente a Infobae. El cronograma indica que la adjudicación podría conocerse recién en el segundo semestre, dado que, hasta que no se publique el contrato y el pliego con las condiciones definitivas, no se formalizarán ofertas.

“Lo que sí en la licitación se va a fijar es que tiene que ser una empresa que tenga experiencia en operación de servicios públicos, no necesariamente agua y saneamientos, pero sí de servicios”, indicó una fuente al tanto de la operación. Se trata de un punto que delimitará quiénes podrían realizar ofertas para quedarse con la concesión de AySA.

Definición de la tarifa

Un factor clave es cómo se va a definir la tarifa una vez que la empresa se encuentre en manos privadas. Recientemente, se estableció que como máximo la factura puede aumentar hasta un 3% mensual de mayo a agosto para ayudar a la desaceleración de la inflación tras el 3,4% que marcó en marzo.

Desde abril de 2024, AySA tiene vigente una fórmula polinómica para la actualización mensual de tarifas, aprobada por la Resolución 09/2024 de la Secretaría de Obras Públicas. Dicha fórmula toma en cuenta los salarios, los precios mayoristas y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Pero durante 2025, el Ministerio de Economía dispuso que los aumentos no superaran el 1% mensual, lo que generó un atraso tarifario de 21% a diciembre de ese año. Por lo que, a posteriori, una nueva resolución permitió aumentos de hasta 4% mensual entre enero y abril del 2026. Pero como la inflación continuó en alza, el atraso no se recuperó.

Pese a ello, por medio de la Resolución ERAS N° 14/26 y a los fines de ayudar a la desaceleración de la inflación a partir de abril, se fijó que el incremento mensual efectivo desde mayo hasta agosto de 2026 no podrá superar el 3% en cada mes, siempre que la fórmula de actualización no arroje un valor menor. La medida responde al pedido de la concesionaria, que informó un déficit proyectado de $205.000 millones y la necesidad de continuar con el proceso de convergencia tarifaria.

“Las tarifas siempre tienen que estar aprobadas por el ente regulador. En el primer ciclo, que comienza en 2027, se va a seguir con el mecanismo de actualización que está vigente con la fórmula polinómica. Pero cuando se cumplan los cinco años y se tenga que armar un nuevo plan de acción, donde se presentes las obras, inversiones y gastos, se hará una nueva propuesta tarifaria que la va a tener que aprobar el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)”, comentó una fuente al corriente de la operación.

El avance en la privatización de AySA se inscribe en un contexto de ajuste fiscal y reducción del papel del Estado en la gestión de servicios públicos. En línea con la estrategia financiera de Caputo, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) aceleró la definición de los pliegos y la reglamentación que habilite el proceso licitatorio, con el objetivo de concretar el traspaso en el menor plazo posible y sumar recursos para enfrentar las obligaciones externas.

Fue un día abrumador para los inversores. Las novedades que podían definir la rueda venían del escenario internacional y de la licitación del Tesoro de los bonos en dólares, particularmente. Los resultados muestran que la volatilidad no se apaciguó y que lo que viene serán sobresaltos, algo que el mercado aprendió a manejar, pero no se habituó.

En el caso de la licitación hubo un saldo positivo a medias para el Gobierno en la renovación y prolongación del vencimiento de los bonos en pesos, pero en los emitidos en dólares tuvo que pagar tasas más altas, lo que va de la mano con el alza del riesgo país en los últimos días.

El Tesoro captó $8,11 billones, un 2% por encima de los $7,9 billones que necesitaba, lo que indica que hubo una mínima absorción de pesos. De todas maneras, los plazos más cortos siguen siendo los preferidos de los inversores. La LECAP que vence el 12 de junio captó casi $5 billones a 2,1% efectivo mensual, una tasa más elevada de la que pagaba hasta ayer en el mercado secundario. El monto adjudicado representa 61% de lo recaudado en la licitación.

El dato positivo es que casi 40% de lo captado vence entre 2028 y 2029, es decir excede el final del actual mandato. La renovación a largo plazo es un mérito que se reconoce en el tiempo.

Sin embargo, Florencia Blanc, Senior Economist de Aldazabal y Cía. alertó que “el plazo promedio de colocación fue de 293 días, más bajo que las dos licitaciones anteriores que promediaron 483 días”.

El analista financiero Nau Bernues opinó que “no se habla lo suficiente de lo valioso que es estirar la duration de los vencimientos del Tesoro. Cuando el año que viene, en medio del ruido electoral, tengan 3 empanadas para rollear y lo hagan sin problemas, es por el camino de hormiga que recorrieron para llegar a ese lugar. A esto se le suma que las tasas que pagaron para rollear no son para nada caras”.

La preocupación de los inversores estaba en los bonos hard dollar. El problema era el cupo por captar de USD 350 millones por el Bonar 2027 y otro tanto por el 2028. La respuesta fue mejor a los esperada y dejó una sorpresa: el Bono que vence en 2028 tuvo mejor comportamiento que en la licitación anterior, algo que no sucedió con el 2027.

La oferta para ambos títulos fue menor a las licitaciones anteriores. Por el AO27, las propuestas sumaron apenas USD 373 millones y por el AO28, 401 millones de dólares. En la licitación del 31 de marzo, las ofertas fueron de USD 460 millones para el 2027 y de USD 227 millones para el 2028. Cabe aclarar que en esa oportunidad el monto a licitar por cada título era de 150 millones de dólares. Comparativamente, hubo preferencia por el 2028 teniendo en cuenta el riesgo que significa que venza un año después del actual mandato.

Claro que hubo premio para que esto suceda. Por el AO27 se pagó una tasa de retorno de 5,16% contra 5,12% de la anterior licitación. En cambio, por el AO28 la tasa real fue de 8,77% más baja que 8,86% de la anterior licitación, pero más alta que 8,4% que se pagaba hasta ayer en el mercado secundario. Son datos a los que le falta una parte de la historia que se conocerá hoy: la segunda ronda donde se licitarán USD 100 millones de cada bono a la misma tasa de ayer. La pregunta es si, vista la menor oferta, se conseguirán esos USD 200 millones extra.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 573 millones y el dólar bajó $12,50 a 1.404,50 pesos. El Banco Central compró USD 53 millones, pero hubo pagos al exterior y una fuerte caída del oro superior a 2% que hicieron que las reservas bajen USD 210 millones a 45.878 millones de dólares.

En el mercado financiero, tras la suba del lunes, los dólares se reacomodaron y el MEP bajó $14,55 (-1%) a 1.447 pesos. El contado con liquidación (CCL) perdió $23,22 (-1,5%) y cerró en 1.450 pesos. El “blue” se mantuvo en 1.420 pesos.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “el volumen operado en futuros fue algo inferior al de la jornada previa, pero se mantuvo relativamente alto superando los 2.100.000 contratos. Las cotizaciones siguieron la dirección del mayorista que cortó su racha alcista y cerró con una variación de -0,88% en $1.404,50 y por lo tanto los ajustes fueron negativos. El interés abierto registró un agregado de 116,7 millones, similar al del cierre anterior y la posición mayo sobre compensó los 149,7 millones que fueron desarmados en fin de abril. En bonos dollar linked el volumen descendió fuertemente desde los 532 millones previos a 80 millones (VN, BYMA t+1) pero cabe resaltar que en la licitación del Tesoro se adjudicaron USD 114 millones (VNO) con vencimiento a fin de septiembre y que además canjeó otros USD 336 millones que vencen el 30 de junio para junio de 2028”.

En tanto, las tasas de interés tal vez hoy ajusten al alza después de la licitación de ayer donde el bono a fin de junio pagó 2% efectivo mensual, cuando la tasa del mercado era de 1,92 por ciento. Ninguna LECAP hasta fin de año pagaba 2% efectivo mensual.

Los bonos soberanos se mantuvieron estables, pero hubo una irrelevante suba del riesgo país de 2 unidades (+0,3%) a 584 puntos básicos. El S&P Merval de las acciones líderes subió 0,1% en pesos y 0,7% en dólares. Los inversores siguen cautos en lo que son activos de riesgo.

El otro tema fue el petróleo que ayer subió 2,74% a USD 104,48 por barril. Matías Togni, analista de la consultora petrolera NextBarrel, señaló que “la decisión de Emiratos de salir de la OPEP fue una sorpresa por el momento que eligieron más que por la decisión en sí. Era algo inevitable, ya que hace años que están disconformes con el sistema de cuotas de producción, sobre todo después de invertir más de USD 5 mil millones para desarrollar los campos offshore que elevarían la producción por encima de los 5 millones de barriles diarios (con una cuota en 3 millones)“.

“Sin embargo, esto no modifica el corto plazo, ya que nadie planea incrementar la producción hasta que el conflicto no esté del todo resuelto. Mientras tanto, Estados Unidos está buscando apretar por otros lados, esta vez sancionando y ejerciendo presión sobre los compradores de petróleo Iraní, específicamente China que en estos últimos días empezó a vender petróleo de sus reservas estratégicas, algo que no había hecho desde el inicio del conflicto. Con China menos activo en el mercado spot, los precios de los diferenciales físicos se están acomodando más al de los mercados de futuros, reduciendo la disparidad que hubo en las semanas anteriores”, sumó.

Togni agregó que “en combustibles, si bien la oferta sigue restringida, están apareciendo algunas cargas de gasoil y Jet en Asia, luego de que China anunció que volverá a exportar. El sentimiento en el mercado es que estos son los precios de equilibrio, y que van a durar un tiempo largo, aun cuando se reanude el tránsito por el Estrecho de Ormuz”.

La incógnita de este miércoles es lo qué hará la Reserva Federal con las tasas de interés. La mayoría de los analistas se inclina porque se mantendrán sin cambios en los elevados niveles actuales.

En el mercado overnite del martes y madrugada del miércoles, las Bolsas de Nueva York, tras el traspié de ayer, operaban con alzas decididas de alrededor de 0,30 por ciento. El oro subía 0,27%, mientras el petróleo Brent registraba bajas mínimas de 0,3% y cotizaba en casi USD 104 por barril.

En una licitación de deuda clave, el gobierno de Javier Milei consiguió otros USD 700 millones mediante la emisión de dos bonos en dólares y, en simultáneo, adjudicó $8,11 billones tras recibir ofertas por $9,19 billones, lo que representó una renovación del 102,15% sobre los vencimientos del día.

El menú de instrumentos abarcó desde letras capitalizables en pesos hasta bonos en dólares, con los títulos hard dollar AO27 y AO28 como los de mayor atención del mercado.

El foco principal de la jornada estuvo en los dos Bonares. El AO27, con vencimiento el 29 de octubre de 2027, se adjudicó por USD 350 millones a una TIREA del 5,16% (equivalente a una tasa nominal anual de 5,04%). El AO28, con vencimiento el 31 de octubre de 2028, también captó USD 350 millones, pero a una tasa sustancialmente más alta: 8,77% de TIREA (8,44% TNA), reflejo de la mayor prima que exige el mercado por el plazo adicional de un año. En ambos casos, se registró un leve aumento de las tasas respecto a la subasta previa.

Cabe destacar que el miércoles, hasta las 13, la Secretaría de Finanzas abrirá una segunda rueda exclusiva para los bonos AO27 y AO28 al precio de corte fijado este martes, con un cupo adicional de USD 100 millones por tramo.

La semana pasada, el equipo económico amplió la acumulación del cupo de emisión de sus bonos en moneda extranjera en las licitaciones de deuda pública. La medida apunta a acelerar la acumulación de dólares de cara al vencimiento de USD 4.300 millones previsto para principios de julio de 2026.

Hasta ahora, las subastas de los Bonares tenían un techo de USD 150 millones por título en la primera rueda. El nuevo esquema eleva ese límite en USD 200 millones por instrumento, lo que lleva el monto máximo posible a USD 900 millones por licitación, siempre que la demanda de los inversores acompañe.

Uno de los rasgos salientes de la última licitación fue la tendencia a la baja en las tasas que el Tesoro logró en cada nueva colocación, algo que no ocurrió este martes. El Bonar 2027 debutó con una adjudicación de USD 250 millones al 5,74%, y en la segunda rueda repitió monto pero con un costo financiero menor, del 5,45 por ciento. En la tercera subasta, el instrumento captó USD 247 millones, mientras que el Bonar 2028 hizo su primera aparición con USD 184 millones colocados. En la ronda anteúltima ronda, ambos títulos se adjudicaron por USD 250 millones cada uno, con tasas del 5% y 8,20%, respectivamente.

No inyectó pesos

En el segmento en pesos, el equipo económico evitó inyectar pesos al mercado, al entender que las tasas de interés se encuentran en un nivel aceptable. Mediante esta estrategia, el Tesoro absorbe parte de los pesos que emite el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para comprar reservas y, en paralelo, regula el flujo monetario para evitar saltos de la inflación y el tipo de cambio.

En cuanto a los instrumentos licitados, la LECAP con vencimiento el 12 de junio de 2026 (S12J6) concentró la más del 60% de la adjudicación: $4,94 billones a una tasa efectiva mensual del 2,10%, equivalente a una TIREA del 28,32 por ciento.

El resto de los títulos en moneda local se distribuyó entre cuatro instrumentos. El bono CER a septiembre de 2028 (TZXS8) recibió $1,04 billones a una TIREA del 8,41%, mientras que el bono TAMAR a agosto de 2028 (TMG28) captó $1,03 billones con un margen de 6,90% sobre esa tasa de referencia.

Por otra parte, el bono DUAL CER/TAMAR +3% con vencimiento en junio de 2029 (TXMJ9) se adjudicó por $0,95 billones a una TIREA del 7,31%. En el extremo más corto del segmento en moneda local, el título dólar linked al 30 de junio de 2026 (D30S6) captó apenas $0,16 billones a una TIREA del 2,52 por ciento.

“El menú de esta licitación muestra una clara intención de extender duration y despejar vencimientos de 2026 y 2027. Hay un único instrumento corto y una fuerte presencia de instrumentos a 2028 y 2029, incluyendo opciones duales que combinan cobertura de tasa e inflación", analizó Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital horas antes de conocerse el resultado de la subasta.

Y agregó: “Este tipo de estrategia solo es posible en un contexto de compresión de tasas. Además, el esquema de conversión apunta a canjear vencimientos de corto plazo hacia tramos más largos, lo que refuerza la señal de que el Tesoro está aprovechando el contexto actual para ordenar el perfil de deuda”.

El plan para pagar la deuda

Para atender los próximos compromisos de deuda en moneda extranjera, el Gobierno libertario elabora una estrategia financiera orientada a reunir hasta USD 10.000 millones, sin recurrir a los mercados internacionales. Este monto cubriría obligaciones con acreedores privados previstas para julio de 2026, así como para enero y julio de 2027, que en conjunto rondan los 9.000 millones de dólares.

En paralelo a las reuniones con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), la agenda del ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington incluyó gestiones para avanzar en un mecanismo de financiamiento avalado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, por un total de 2.550 millones de dólares.

El Banco Mundial aportará garantías por USD 2.000 millones y el BID otros 550 millones de dólares. Estas garantías funcionarán como respaldo para quienes financien a la Argentina, facilitando la refinanciación de parte de la deuda, abaratando el acceso a crédito y favoreciendo la llegada de capital privado, tanto local como extranjero.

Caputo estimó que la tasa de interés para esta operación se ubicará entre 5,5% y 6,5% anual a seis años de plazo. Ese costo es menor al que enfrentaría el país en una colocación de deuda en el exterior, dado que el riesgo país actual obligaría a ofrecer rendimientos por encima del 9% anual en dólares, un nivel que la administración considera inaceptable.

En relación con los vencimientos de Bonares y Globales del próximo julio, el ministro detalló que, de los USD 4.300 millones a pagar semestralmente, USD 3.000 millones corresponden a capital, suma que se busca refinanciar; los intereses, por alrededor de USD 1.300 millones, se cubrirían con el superávit primario.

El plan también prevé licitaciones en el mercado local por hasta USD 4.000 millones, utilizando el AO27 y el A028, que se colocan cada quince días y ofrecen tasas de entre 5% y 8,5 por ciento.

Adicionalmente, el acuerdo con el Banco Mundial podría aportar entre USD 3.000 y USD 4.000 millones extra. De este modo, el equipo económico prevé reunir 8.000 millones de dólares para afrontar pagos de USD 3.000 millones en julio, otros USD 3.000 millones en enero de 2027 y asegurar un remanente de USD 2.000 millones para futuras obligaciones.

La cifra total podría alcanzar los USD 10.000 millones si se suman los ingresos esperados por la venta de activos públicos. El Gobierno prevé que la mayor parte de estos recursos por privatizaciones se concrete en la segunda mitad de 2026, especialmente con las empresas estatales contempladas en la Ley de Bases.

Durante la famosa administración de la 4T, liderada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el exmandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se han registrado perdidas de al menos 11.3 billones de pesos, de acuerdo con datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Este daño en la economía mexicana se da principalmente por un mal financiamiento en la banca comercial y otras instituciones financieras del país, las cuales sostienen el gasto público.

Según el Consejo, a lo largo de los últimos 7 años, la deuda acumulada oscila en más de 11 billones de pesos mexicanos, superando la cifra de 10.8 billones reportada hasta el 2018.

Aumento de la deuda para 2027

Asimismo, señaló que la falta de recursos y los ingresos limitados podrían incrementar los niveles de un compromiso económico en México, en línea con lo planteado en los Pre-Criterios Generales de Política Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Derivado de esto, se prevé que este monto alcance el 55% del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2027. Este escenario refleja la presión que enfrentan las finanzas públicas ante la necesidad de mayores fondos.

“En términos absolutos, la deuda del gobierno de México será de 21.8 billones de pesos. Esto significa que tan solo en 2027 la deuda habrá aumentado en 1.6 billones de pesos y 4.4 billones en los primeros tres años de este gobierno”, advirtió el organismo.

La primera propuesta del Presupuesto 2027 plantea medidas para avanzar en la consolidación fiscal, aunque evidencia limitaciones del gobierno para cubrir completamente las necesidades del país.

Tras esto la Secretaría de Hacienda prevé un mayor dinamismo económico para este 2026, lo que permitiría un incremento de 2.1% en los ingresos tributarios.

Sin embargo, este aumento se vería contrarrestado por una caída de 23.8% en los ingresos petroleros. En consecuencia, los recursos totales registrarían una disminución de 1.4%, lo que refleja la necesidad de obtener recursos adicionales para atender las demandas del sector público, según el CEESP.

Asimismo, para el próximo año, los ingresos por impuestos aumentarán gracias al crecimiento de la economía de México, pero también serán resultado de una mayor actividad y control en el sistema fiscal, como ha ocurrido en los últimos periodos.

En los últimos doce meses, la morosidad en los créditos otorgados a las familias experimentó un aumento significativo. Las estadísticas oficiales indican que la proporción de préstamos en situación irregular para personas físicas subió de 2,94% en febrero de 2025 a 11,2% al cabo de un año, alcanzando así el mayor nivel en más dos décadas. Dentro de este escenario, los préstamos personales muestran los índices de incumplimiento más altos de los últimos quince años.

Según se desprende del Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en febrero de 2026, el porcentaje de créditos en situación irregular para el sector privado alcanzó el 6,7% en el total de entidades, lo que representa un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto a enero y 4,9 puntos más que un año atrás. Este incremento se registró en todos los grupos de entidades financieras. En el segmento de familias, casi se cuadruplicó en la medición interanual y avanzó 0,6 puntos porcentuales en relación con el mes previo.

A comienzos de 2026, todos los tipos de crédito alcanzaron sus picos más altos de morosidad. Si bien en 2019 y 2021 ya se habían registrado subas importantes, los valores actuales superan ampliamente esos antecedentes. El incremento reciente en la irregularidad representa el nivel más elevado desde, por lo menos, 2004.

“En el caso de familias, la mora con entidades financieras subió por decimosexto mes consecutivo y alcanzó su valor más alto desde el año 2004. El dato consolida la idea de que hay una economía con récord de PBI e incluso con récord de consumo privado, pero que al mismo tiempo está mostrando dificultades para derramar en amplios sectores de la sociedad”, señaló un informe de la consultora 1816 en base a datos del BCRA.

En el segundo mes del año, la proporción de créditos personales en situación irregular llegó a 13,8%, lo que implica un aumento de 0,6 puntos porcentuales frente a enero. Los préstamos con garantía hipotecaria alcanzaron un nivel de irregularidad de 1,4%, con una suba de 0,1 puntos. En las líneas prendarias, el indicador se ubicó en 6,8%, tras crecer 0,5 puntos en el mes. Por último, la morosidad en tarjetas de crédito subió a 11,6%, con un incremento de 0,6 puntos respecto a la medición previa.

En declaraciones recientes, el ministro de Economía, Luis Caputo, abordó la situación del endeudamiento de los hogares y consideró clave “seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando”. Sobre las complicaciones que enfrentan las familias, Caputo sostuvo que “esto es un coletazo del ataque político del año pasado: las tasas subieron fuertemente y algunas personas tienen y tuvieron dificultades. Eso se va a ir acomodando. No es problemático a futuro”.

En el caso del financiamiento a empresas, también se observó un aumento en la morosidad, aunque en menor magnitud. En febrero, la tasa de irregularidad alcanzó el 2,9%, lo que representa una suba de 0,1 puntos porcentuales respecto a enero. Si se compara con el mismo mes de 2025, el indicador creció 2,1 puntos porcentuales desde el 0,8% registrado un año antes.

De acuerdo al documento oficial del Central, el sistema financiero continuó mostrando altos niveles de cobertura mediante previsiones. En febrero, las previsiones totales del sector representaron el 90% de la cartera irregular, con una suba de 0,9 puntos porcentuales frente a enero, aunque 63,8 puntos menos que hace un año. En cuanto al total de créditos otorgados al sector privado, las previsiones equivalieron al 6%, lo que implica un incremento mensual de 0,4 puntos y una variación interanual de 3,3 puntos porcentuales.

“Además, cabe considerar que en febrero el conjunto de entidades preservó elevada cobertura frente al riesgo de crédito asumido, teniendo en cuenta los niveles de exposición, morosidad, previsiones y capital disponible. En particular, el saldo de crédito en situación irregular neto de las previsiones en términos de la RPC se ubicó en 1,4% en el mes, ligeramente por debajo del registro de enero”, concluye el reporte de la autoridad monetaria.

La morosidad en billeteras virtuales

Según los economistas de LCG, el alza de la mora en los préstamos a las familias responde a la combinación de tasas de interés activas elevadas y la falta de crecimiento de los salarios. Además, señalaron que la tasa de interés real se ubica por encima de la inflación, por lo que las deudas mantienen su valor y no se licúan con el paso del tiempo.

El incremento de la irregularidad crediticia también alcanza a billeteras virtuales y entidades financieras no bancarias, donde en algunos casos las estimaciones superan el 30 por ciento. Esta situación refleja la presión que enfrentan los sectores que recurren a microcréditos para cubrir gastos diarios fuera de los canales tradicionales.

“En las fintech el escenario es un poco más complejo, y supera al 25% de la cartera total: hace un año no llegaba al 10%. Entre bancos y fintech, el 14,3% de los préstamos a los hogares se encuentra en situación irregular, creciendo 10 puntos porcentuales en el último año”, destacó un reporte de Estudios Económicos del Banco Provincia.

Un relevamiento privado con datos de diciembre de 2025 mostró diferencias marcadas en los niveles de morosidad entre las principales empresas de crédito no bancario y bancos digitales. Tarjeta Naranja registró el mayor porcentaje, con un 35,7% de préstamos irregulares; Cencosud informó un 25,5% y Credicuotas Consumo, un 25,4%. Mercado Libre, a través de Mercado Pago, reportó una tasa del 14,7% en enero de este año.

“Entre las diferentes entidades que componen el sistema de entidades financieras, los bancos son los de menor tasa de incumplimiento, con los privados levemente por encima de los públicos. Por otro lado, las entidades financieras no bancarias (empresas que intermedian financiamiento sin ser un banco) tienen niveles de mora promedio más altos, superiores ya al 30%, igual que las compañías que financian sus ventas, como electrodomésticos o textiles”, detalló un informe de la consultora Empiria.

En tanto, desde Banco Provincia advirtieron que al colocar la lupa de la irregularidad a nivel personas, los porcentajes son todavía más grandes: el 18,1% de la población adulta argentina (6,3 millones) sufre atrasos en los pagos de sus préstamos. “20,5 millones de argentinos tienen un crédito abierto: casi 1 de cada 3 tiene problemas para pagarlo”, concluyeron.

Tras anunciar un nuevo llamado a licitación de deuda pública, el gobierno de Javier Milei confirmó que ampliará la emisión de sus bonos en moneda extranjera con el objetivo de acelerar la acumulación de dólares para pagar el vencimiento de USD 4.300 millones de principios de julio de 2026.

“Se amplía la emisión de AO27 y AO28 a USD 350 millones + 2da vuelta de USD 100 millones”, comunicó Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo. Hasta el momento, las subastas de los Bonares se realizaban por hasta USD 150 millones cada uno en la primera ronda. La novedad es que se eleva en USD 200 millones para cada título. En caso de que suscite el interés de los inversores, podría recolectar hasta USD 900 millones por licitación.

A lo largo del año, la Secretaría de Finanzas llevó adelante cuatro colocaciones del Bonar 2027 y dos del Bonar 2028. Estas emisiones permitieron captar USD 997 millones correspondientes al Bonar 2027 y USD 434 millones al Bonar 2028, elevando el monto total adjudicado a 1.400 millones de dólares. El propósito central fue fortalecer los depósitos en dólares del Tesoro Nacional y cubrir obligaciones de deuda de corto plazo.

En la última licitación, uno de los aspectos destacados fue la reducción de la tasa obtenida por Finanzas respecto a la subasta anterior. En la primera colocación del Bonar 2027 se adjudicaron USD 250 millones con una tasa de 5,74%, mientras que en la segunda se repitió el monto, pero con una tasa más baja, de 5,45 por ciento. En la tercera ronda, el Tesoro colocó USD 247 millones del Bonar 2027 y USD 184 millones del Bonar 2028. Finalmente, en la última emisión, se asignaron USD 250 millones a cada uno de los bonos, con tasas del 5% para el Bonar 2027 y del 8,20% para el Bonar 2028.

Economía realizará una nueva licitación de deuda el martes 28 de abril, en la que, además de los Bonares, se ofrecerán distintos instrumentos financieros para los inversores. Entre las opciones disponibles habrá una LECAP con vencimiento el 12 de junio de 2026 y un bono TAMAR a pagar el 31 de agosto de 2028, ambos instrumentos de reciente creación.

El menú también incluirá un Boncer con vencimiento el 29 de septiembre de 2028 y un bono CER/TAMAR a pagar el 29 de junio de 2029, este último también de nueva emisión. Además, se podrá acceder a un bono Dólar Linked, que vence el 30 de septiembre de 2026, pensado para quienes buscan cobertura frente a la evolución del tipo de cambio.

Los USD 10.000 millones que busca Caputo

Con el objetivo de afrontar los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera, la administración libertaria diseña una estrategia financiera que busca reunir hasta USD 10.000 millones sin recurrir a los mercados internacionales. Este monto permitiría cubrir los pagos a acreedores privados previstos para julio de 2026 y enero y julio de 2027, que suman cerca de 9.000 millones de dólares.

Además de los encuentros con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), la visita del ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington estuvo orientada a concretar un esquema de financiamiento respaldado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un total de 2.550 millones de dólares.

Tanto el Banco Mundial (que aportará USD 2.000 millones) como el BID (USD 550 millones) brindarán garantías, que funcionan como un “seguro” para futuros prestamistas. Estas garantías facilitarán el refinanciamiento de una parte relevante del pasivo argentino, reducirán los costos de acceso a fondos y crearán mejores condiciones para captar inversiones privadas nacionales e internacionales.

“Lo primero que hay que aclarar es que no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital. Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado. ¿Por qué no salimos al mercado? Porque es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado", sostuvo Caputo desde Washington.

Respecto al costo financiero de la operación, Caputo estimó que la tasa de interés se ubicará entre 5,5% y 6,5% anual a seis años, aunque señaló que aún se negocian los detalles. Este rendimiento es inferior al que la Argentina debería afrontar en una emisión internacional de deuda, ya que, dada la situación actual del riesgo país, las colocaciones soberanas deberían ofrecer tasas superiores al 9% en dólares, un costo que el Gobierno considera excesivo.

En relación con los pagos de Bonares y Globales previstos para julio, el ministro precisó que de los USD 4.300 millones programados semestralmente, USD 3.000 millones corresponden a capital, cifra que se busca refinanciar. Los intereses, que suman alrededor de USD 1.300 millones, se afrontarán con el superávit primario.

Caputo también mencionó que el plan contempla un programa de licitaciones locales por un valor de USD 4.000 millones, empleando bonos con vencimiento en 2027 (AO27) y 2028 (AO28), que se subastan cada dos semanas y ofrecen tasas entre 5% y 8 por ciento.

Por otra parte, el acuerdo alcanzado con el Banco Mundial permitiría sumar entre USD 3.000 y 4.000 millones adicionales. Así, el equipo económico prevé reunir USD 8.000 millones para cubrir pagos de USD 3.000 millones en julio, otros USD 3.000 millones en enero de 2027 y contar con un remanente de USD 2.000 millones para futuros compromisos.

El monto total ascendería a USD 10.000 millones si se consideran los USD 2.000 millones que el Gobierno espera recaudar a través de la venta de activos estatales. Se estima que la mayor parte de los ingresos por privatizaciones se materializará en la segunda mitad de 2026, especialmente con las empresas públicas incluidas en la Ley de Bases.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, decidió vetar tres proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional, al devolverlos sin sanción y solicitar un nuevo análisis por parte de los diputados, al considerar que presentan problemas de constitucionalidad, inconveniencia y riesgos para el sistema económico y administrativo del país.

Las iniciativas objetadas corresponden a los proyectos de ley 388, 233 y 249, relacionados con la prescripción de deudas bancarias, el cobro de tributos municipales y la reducción del gasto en alquileres estatales, respectivamente, todos aprobados recientemente en el pleno legislativo.

En el caso del proyecto de ley 388, el Ejecutivo fue categórico al advertir que la propuesta es “inconveniente e inexequible”, al plantear que permitiría a los bancos reconocer de forma administrativa la prescripción de deudas sin intervención judicial, lo que podría generar conflictos con el marco legal vigente y afectar el sistema financiero.

La iniciativa buscaba establecer un procedimiento mediante el cual las entidades financieras pudieran extinguir obligaciones crediticias tras un plazo de tres años, sin necesidad de un proceso judicial, trasladando el trámite al Sistema de Atención de Reclamos (SAR) y permitiendo incluso el llamado “silencio administrativo positivo” como mecanismo de validación.

Además, el proyecto obligaba a los bancos a informar de manera clara al cliente sobre el estado de la deuda, intereses, plazos y cualquier interrupción del período de prescripción, y contemplaba que, de aprobarse la solicitud, la obligación debía eliminarse de los registros internos y de los burós de crédito, generando efectos legales plenos.

También incluía un esquema de supervisión compartida entre la Superintendencia de Bancos y la ACODECO, con sanciones que podían ir desde $5,000 hasta $50,000 por incumplimientos, lo que ampliaba el alcance regulatorio sobre el sistema financiero en materia de protección al consumidor.

Para el mandatario, este enfoque no solo contradice normas existentes, sino que además podría vulnerar la función jurisdiccional del Órgano Judicial, al trasladar una decisión legal a la esfera administrativa, lo que también genera dudas sobre el respeto al debido proceso y la separación de poderes.

En esa misma línea, la Asociación Bancaria de Panamá, que agrupa a más de 50 entidades entre bancos de licencia general e internacional, advirtió que la propuesta podría tener impactos negativos en el acceso al crédito, afectando a personas, familias y empresas, además de generar incertidumbre en el mercado financiero.

En cuanto al proyecto de ley 233, que modifica la Ley 55 de 1973 sobre la administración y cobro de tributos municipales, el presidente presentó objeciones parciales, especialmente sobre los primeros artículos, al considerar que podrían alterar la estructura fiscal de los municipios y generar inconsistencias en su aplicación.

Esta iniciativa introducía cambios en aspectos como el impuesto de degüello de ganado, los mecanismos de control y las sanciones, con el objetivo de fortalecer la fiscalización y la trazabilidad de actividades económicas vinculadas al sector agropecuario, además de mejorar la recaudación municipal.

El proyecto establecía que el impuesto debía pagarse en el municipio de origen del animal, obligando a contar con una licencia o guía de traslado, y definía controles más estrictos para verificar la procedencia del ganado y evitar irregularidades en su comercialización.

Asimismo, imponía sanciones a quienes comercialicen carne sin la guía de degüello correspondiente, con multas que podían ir desde $50 hasta $1,000, duplicándose en caso de reincidencia, además de permitir inspecciones municipales para reforzar el control sanitario y fiscal.

No obstante, el Ejecutivo considera que algunas de estas modificaciones requieren un análisis más profundo, al poder afectar la forma en que los municipios gestionan sus ingresos y ejercen sus competencias administrativas.

El tercer proyecto vetado, el 249, buscaba reducir el gasto en alquiler de oficinas del sector público mediante un plan escalonado de disminución del gasto y la construcción de infraestructura estatal propia, en respuesta al crecimiento sostenido de este rubro en el presupuesto nacional.

Según el documento, el Estado panameño destina más de $105 millones anuales al alquiler de edificios y locales, lo que representa alrededor del 0.35% del presupuesto general, una cifra que ha aumentado de forma significativa en la última década.

El proyecto planteaba que todas las entidades del Estado debían elaborar planes para reducir progresivamente estos gastos, incluyendo la construcción de edificios propios, la reutilización de estructuras existentes y la creación de ciudades gubernamentales en cada capital de provincia.

Además, establecía metas obligatorias de reducción del gasto en alquiler, que iban desde 10% en 2027 hasta 50% en 2037, junto con la fijación de precios máximos por metro cuadrado para contratos de arrendamiento supervisados por la Contraloría.

La iniciativa también contemplaba la reubicación de oficinas públicas fuera del corregimiento de San Felipe y la eliminación de gastos en alquiler de salones para eventos, promoviendo el uso de infraestructura estatal como medida de ahorro.

Sin embargo, el presidente objetó varios artículos, al considerar que comprometen las competencias constitucionales del Ejecutivo en materia presupuestaria, establecidas en el artículo 280 de la Constitución, y que podrían generar distorsiones en la planificación financiera del Estado.

Mulino también cuestionó disposiciones que involucran a la Contraloría General de la República, al estimar que su redacción podría generar conflictos institucionales o interpretaciones ambiguas en la ejecución de la ley.

Ahora, la Asamblea Nacional deberá analizar las observaciones planteadas por el Ejecutivo y decidir si modifica las iniciativas, insiste en su aprobación o las archiva, en un proceso que podría abrir un nuevo capítulo de tensiones entre ambos órganos del Estado.

Este jueves, Chubut consiguió USD 650 millones con la colocación de un bono bajo legislación de Nueva York con una tasa de 9,45% a 10 años y 3 de gracia, con el primer vencimiento en 2029. Se trata de la quinta provincia que sale a tomar deuda en el mercado internacional, a pesar de de que en el Ministerio de Economía sostienen que hay que reducir la dependencia con Wall Street.

Según pudo saber Infobae con fuentes oficiales de la gobernación, se trató de una exitosa colocación, ya que la provincia recibió ofertas por 2.200 millones de dólares. Del mismo modo, fuentes del Ministerio de Economía destacaron que el resultado fue muy positivo.

Estos fondos frescos que obtuvo Chubut se van a sumar a los USD 3.200 millones que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) espera que se giren en los próximos meses por parte de las empresas para continuar con la compra de reservas. Durante la presentación del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, se expuso que desde octubre de 2025 hasta abril de 2026, las compañías emitieron obligaciones negociables por USD 9.900 millones, pero solo liquidaron USD 6.800 millones en el mercado.

Con las compras de hoy por USD 194 millones, el BCRA ya cumplió el 66% de la meta anual y las reservas internacionales brutas se ubicaron en USD 46.167 millones, con lo que se acerca al nivel más alto en lo que va de gestión de Javier Milei y desde el 2018.

¿Cortar la dependencia con Wall Street?

En el pasado, fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien habló sobre la necesidad de cortar la dependencia financiera con Wall Street. “Cuando se abre una ventanita, ya van todas las provincias, las empresas, todo es Wall Street”, afirmó con tono crítico durante una entrevista en el streaming La Casa.

La declaración se dio luego de una seguidilla de colocaciones en Wall Street. En el primer semestre del 2025, Córdoba colocó USD 725 millones en los mercados internacionales, con una tasa anual del 9,75%, en un contexto donde el riesgo país se ubicaba por debajo de los 700 puntos básicos. Y en enero de 2026, la provincia mediterránea anunció la colocación de otros USD 800 millones a una tasa de 8,95%, tras haber recibido ofertas por 1.600 millones de dólares.

En el camino se sumó CABA, que emitió una nueva Serie 13 del Bono Tango por USD 600 millones, a una tasa de 7,8%, una de las más bajas de su historia crediticia y con una mejora sustancial en su perfil de vencimientos. Y Santa Fe, que colocó USD 800 millones con un bono a 9 años con una tasa de interés anual del 8,10 por ciento.

La colocación de Santa Fe fue una de las que más polémicas generó, sobre todo por el hecho de que el gobernador Maximiliano Pullaro tomó la decisión de mantener los dólares fuera del país por más de dos meses. Lo que generó fuertes críticas de miembros del equipo económico que calculan las pérdidas que implicó para la provincia ante la apreciación del peso.

Si se hace la comparativa en el escenario en que Santa Fe hubiera liquidado los USD 800 millones el 10 de diciembre pasado, cuando colocó el bono en Nueva York y el tipo de cambio estaba en $1.430, hubiera obtenido 1,14 billones de pesos. Mientras que cuando los giro, la cotización del mayorista está en valores mínimos ($ 1.367), la cifra baja a $1,09 billones y esa pérdida por supuesta especulación es la que le recrimina el Gobierno a la provincia. Aunque luego, cuando fueron girados a fines de febrero, permitieron que las reservas del BCRA aumentaran en 800 millones de dólares.

Otra de las jurisdicciones que colocó fue Entre Ríos. En febrero de 2026, que consiguió 300 millones de dólares. El nuevo instrumento financiero presenta una estructura de vida promedio de 6 años. En cuanto a la tasa de interés, el bono devengará un cupón anual del 9,55%, con una modalidad de pagos semestrales. El esquema de amortización del capital se ha diseñado para distribuirse en tres tramos finales: un primer pago del 33,33% en el año 2031; un segundo pago del 33,33% en el año 2032; y n pago final del 33,34% en el año 2033.

Rizobacter, una compañía de Bioceres Corp, puso en marcha un nuevo proceso de reestructuración de deuda por USD 42 millones. La firma de microbiología busca extender plazos y ajustar condiciones para ordenar sus compromisos financieros y evitar un incumplimiento, en medio de la incertidumbre generada por la reciente quiebra de Bioceres S.A., la firma de biotecnología agropecuaria fundada en 2001 por un grupo de productores de Rosario y considerada el germen del actual holding que cotiza en Wall Street.

Según informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el caso de no alcanzar un acuerdo que cuente con la adhesión mínima del 70% en cada clase involucrada, Rizobacter advirtió sobre un “riesgo grave e inmediato de default”.

El documento detalla que aquellos tenedores de obligaciones negociables que no participen del canje pueden enfrentarse a una reestructuración forzosa, con condiciones potencialmente menos favorables que las previstas en la propuesta voluntaria. La empresa también advirtió que si no puede acceder a divisas, los acreedores podrían recibir bonos soberanos en lugar de efectivo.

La oferta vigente, que representa una nueva etapa en el proceso de optimización financiera de la empresa, contempla que los tenedores de las ON puedan entregar sus títulos actuales y recibir a cambio nuevas Obligaciones Negociables Serie XI, estructuradas en tres clases, con vencimiento el 3 de septiembre de 2029 y una tasa de interés anual del 9%. Los participantes voluntarios recibirán como incentivo un pago inicial equivalente al 20% del capital el próximo 28 de junio, siempre que se cumplan todas las condiciones detalladas en la operación.

El antecedente: reestructuración previa y crisis en el grupo Bioceres

Semanas antes de esta nueva oferta, Rizobacter ya había logrado la adhesión de más del 76% de los tenedores de la Serie VIII Clase B, correspondiente a aproximadamente USD 3,8 millones, lo que permitió implementar un cronograma de pagos que incluyó un adelanto del 20% del saldo y el resto hasta septiembre de 2028. Este hito, informado a la CNV, sirvió de base para la estrategia actual y proporcionó previsibilidad en un contexto que permanece adverso para la corporación nacida en Rosario.

Fundada en 1977 por Ricardo Yapur en Pergamino, Rizobacter es ahora controlada mayoritariamente por Bioceres Crop Solutions (BIOX), que en 2016 adquirió el 50,01% de sus acciones.

En los últimos años, el conglomerado atravesó una transformación internacional, expandiéndose a más de 25 países y realizando adquisiciones estratégicas como la de ProFarm Group por USD 243 millones. Sin embargo, la estructura corporativa—con Bioceres Group Limited en el Reino Unido, Bioceres SA en Argentina y Bioceres Crop Solutions (BIOX) en el Nasdaq—se volvió insostenible ante una sucesión de crisis, comenzando con la sequía de 2022 y la caída de los precios internacionales.

En 2025 se decretó la quiebra de Bioceres S.A. en Santa Fe, en medio de enfrentamientos directivos y denuncias cruzadas. El ex CEO Federico Trucco, ahora al frente de BIOX, y el empresario uruguayo Juan Sartori, quien tomó el control de la compañía tras ingresar en 2025, mantienen posturas antagónicas sobre la responsabilidad de la crisis. Desde el entorno de Sartori acusan a la gestión anterior de producir un “profundo deterioro económico y financiero”, cuantificando pérdidas en USD 180 millones para el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2025, un número significativamente superior a los USD 130,3 millones del ciclo precedente.

Entre las decisiones más controvertidas, destaca la desconsolidación deliberada del control sobre BIOX, que habría significado para Bioceres S.A. la pérdida de casi USD 350 millones en patrimonio neto, según la versión de los allegados a Sartori. Por su parte, fuentes del lado de Trucco afirman que nunca existió voluntad de pago real bajo la nueva administración y que el objetivo era incrementar la posición accionaria sobre BIOX, cuyo valor se desplomó desde USD 7 a finales de julio hasta los USD 0,62 por acción en la actualidad, tras una serie de ventas de emergencia realizadas por Sartori.

ProFarm Group, comprada en 2022, finalmente fue transferida a acreedores estadounidenses luego de la ejecución de garantías por USD 55 millones, permitiendo al fondo Jasper Lake quedarse con la empresa por alrededor de USD 15 millones.

Impacto operativo y disputas judiciales tras la crisis de Bioceres

En paralelo al proceso de reestructuración, Rizobacter continúa negociando con bancos e inversores para profundizar su estrategia de estabilización financiera en un ambiente marcado por la crisis del conglomerado. Fuentes ligadas a las negociaciones consultadas por Infobae advirtieron que el futuro de Bioceres sigue siendo incierto y condicionado a la evolución de las demandas de acreedores.

El entorno judicial se encuentra caliente tras la salida de Trucco del directorio de Bioceres S.A. y su enfrentamiento con Sartori. Trucco prepara una denuncia penal vinculada a la asamblea en la que fue removido y a las decisiones administrativas adoptadas durante el proceso de quiebra. En tanto, la administración liderada por Sartori detalla que el cierre fue inevitable ante “la imposibilidad objetiva de atender obligaciones exigibles”, según argumentaron en el último comunicado.

La disputa tuvo efectos directos en los mercados financieros: Moolec, la controlante actual de Bioceres S.A. y propiedad de Sartori, reportó un ahorro de USD 95 millones ante la SEC debido a la quiebra, y la acción de BIOX se desplomó casi un 90% desde el ingreso del empresario uruguayo como accionista.

El riesgo país tuvo una baja sensible en las últimas dos semanas y quedó cerca de los 500 puntos básicos. Aunque todavía se trata de niveles altos para el Gobierno nacional, el mayor apetito por activos argentinos está siendo aprovechado por empresas y provincias.

De hecho, Chubut se sumará hoy a un listado cada vez más amplio de provincias que salieron a colocar deuda internacional. El monto del nuevo bono tiene un piso de USD 500 millones pero si las condiciones financieras acompañan podría estirarlo a USD 650 millones.

Uno de los atractivos del nuevo título es que estará garantizado por regalías hidrocarburíferas, lo que le da una certeza adicional de cobro a los inversores.

En los últimos meses, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos ya habían colocado entre fines de 2025 y principios de 2026 bonos en el mercado internacional, en todos los casos a tasas anuales de un digito en dólares.

Esas emisiones significaron un fuerte ingreso de divisas, que le permitieron al Banco Central acumular dólares a través de la intervención en el mercado cambiario. La entidad se acerca así a los USD 6.500 millones adquiridos en lo que va del año, muy por encima de las previsiones que se hacían para el primer cuatrimestre.

Al mismo tiempo, Edenor se sumó a las empresas que también aprovecharon el mejor clima internacional y el aumento del apetito por activos argentinos para volver al mercado. En el caso de la distribuidora de electricidad, consiguió USD 550 millones a una tasa de 9,75% anual. En los últimos meses ya hubo empresas como YPF, Pampa Energía y Banco Macro que lograron financiamiento en el mercado neoyorkino a través de la colocación de bonos a largo plazo (entre 5 y 10 años) y a rendimientos por debajo del 10 por ciento.

Tanto para las emisiones de provincias como empresas las tasas son sensiblemente menores a las disponibles para el Gobierno nacional en el mercado neoyorkino. La razón es que la Nación tuvo varios defaults en los últimos años (el último fue en 2020), mientras que las empresas lo evitaron en buena medida, al igual que muchas provincias que siguieron pagando las deudas regularmente. Hubo excepciones como la provincia de Buenos Aires, que también optó por reestructurar a la par de la administración nacional.

En la reunión de Primavera del FMI de la semana pasada, el Gobierno anunció la emisión de un acuerdo con el Banco Mundial para conseguir garantías que permitan un mejor acceso al financiamiento. El objetivo es conseguir préstamos de grandes bancos internacionales, que estén respaldados por organismos multilaterales. Esto bajaría sensiblemente la tasa de interés a la que puede acceder el país.

Luis “Toto” Caputo aseguró en diálogo con Infobae que sería posible acceder a tasas de 6% a 6,5% anual en dólares para un plazo de cinco años si se sale con financiamiento con estas características.

Este anunció aceleró la semana pasada la disminución de riesgo país, que se acomodó por debajo de los 550 puntos básicos. Además ayudó el mejor clima de los mercados que ya dejaron la guerra atrás. Los principales índices de Wall Street volvieron a máximos históricos.

Se trata de fuentes alternativas a las que accedería el Gobierno para asegurar los pagos de deuda que hay en lo que resta de 2026 y parte del 2027. Además de despejar el horizonte financiero, estas operaciones permitirán que el Central acumule más reservas. El objetivo es que los vencimientos se pague de manera creciente con nuevo financiamiento y no tanto acudiendo a las reservas.

De manera paralela, el Tesoro empezó a financiarse también en el mercado local con bonos cortos y bajas tasas de interés. En la licitación de la semana pasada, colocó el Bonar 2027 a 5% anual en dólares, mientras que por el Bonar 2028 pagó 8,20% anual. El plan es conseguir unos USD 4.000 millones a lo largo de todo 2026.

España cerró el ejercicio 2025 con una mejora en sus cuentas públicas al situar el déficit en el 2,4% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone una reducción de ocho décimas respecto al año anterior y el nivel más bajo desde 2007. Los datos, actualizados por Eurostat, confirman que el país ha cumplido con el objetivo fijado por la Comisión Europea, que establecía un límite del 2,5%.

Este ajuste permite a España cerrar por primera vez desde 2018 con un déficit por debajo del 3%, una barrera clave dentro de las reglas fiscales europeas. La mejora refleja el esfuerzo de consolidación fiscal en un contexto económico todavía marcado por la incertidumbre internacional y las tensiones inflacionarias de los últimos años.

Además, el dato español se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea, que mantuvo su déficit en el 3,1% del PIB en 2025, así como también por debajo del registrado por la zona euro, donde el desequilibrio alcanzó el 2,9%.

España mejora frente a otros países de la UE

El comportamiento de España contrasta con el de la mayoría de países del bloque comunitario, donde prácticamente todos registraron déficit. Solo un reducido grupo de Estados logró cerrar el ejercicio con superávit, entre ellos Chipre, Dinamarca, Irlanda, Grecia y Portugal.

Por el contrario, los mayores desequilibrios negativos se concentraron en países como Rumanía, Polonia, Bélgica y Francia, con déficits que superan ampliamente el 5% en algunos casos. Este escenario evidencia la heterogeneidad fiscal dentro de la Unión Europea.

En este contexto, el resultado español refuerza su posición relativa, aunque no elimina los desafíos estructurales que arrastra la economía en materia de sostenibilidad fiscal.

La deuda baja en porcentaje, pero crece en volumen

En paralelo a la reducción del déficit, la deuda pública española también experimentó una ligera mejora en términos relativos. En 2025 se situó en el 100,7% del PIB, frente al 101,6% del año anterior, lo que supone la menor ratio desde 2019.

Sin embargo, esta mejora porcentual convive con un aumento en términos absolutos. El volumen total de deuda alcanzó los 1,69 billones de euros, superando los 1,62 billones registrados en 2024 y marcando el nivel más alto de la serie histórica.

Este fenómeno responde en parte al crecimiento económico, que reduce el peso relativo de la deuda, pero también pone de manifiesto que el endeudamiento sigue siendo uno de los principales retos de la economía española.

España, entre los países más endeudados

A nivel europeo, la ratio de deuda pública también aumentó ligeramente. En el conjunto de la Unión Europea alcanzó el 81,7% del PIB en 2025, mientras que en la zona euro se elevó hasta el 87,8%. En cifras absolutas, la deuda comunitaria suma más de 15 billones de euros.

Dentro de este escenario, España se mantiene entre los países con mayor nivel de endeudamiento. Junto a Grecia, Italia, Francia y Bélgica, supera ampliamente el umbral del 60% del PIB establecido por las normas fiscales europeas.

En el extremo opuesto se sitúan países como Estonia, Luxemburgo o Dinamarca, que presentan ratios significativamente más bajas, lo que refleja una mayor capacidad de maniobra fiscal.

Retos a medio plazo

La evolución de los datos confirma que España avanza en la reducción del déficit, pero sigue enfrentándose a importantes desafíos en materia de deuda. La combinación de crecimiento económico, control del gasto y estabilidad financiera será clave para consolidar esta tendencia en los próximos años.

Además, el contexto europeo y global, marcado por posibles cambios en la política monetaria y nuevas tensiones económicas, podría influir en la capacidad del país para seguir reduciendo su endeudamiento.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 71 jornadas consecutivas comprando dólares en el mercado oficial, tanto mediante operaciones directas como a través de transacciones en bloque con empresas y organismos. Este martes adquirió USD 235 millones y el total anual superó los 6.300 millones de dólares.

Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero de 2026, la autoridad monetaria sumó USD 6.386 millones, cifra que superó largamente la mitad de la meta prevista para este año. En abril, la velocidad de compra se incrementó respecto de los meses previos: en lo que va del mes, ya adquirió 2.000 millones de dólares.

El Central ya alcanzó el 63% del objetivo anual de compras de divisas. No obstante, los pagos de deuda realizados por el Tesoro, que obtuvo una parte de las divisas a través del BCRA, limitaron el aumento neto de reservas internacionales.

Para sostener las compras, el organismo emitió pesos sin utilizar instrumentos de esterilización, mientras que el Tesoro colocó títulos en moneda local para absorber liquidez y evitar una expansión monetaria mayor, con el propósito de contener posibles presiones sobre el tipo de cambio y la inflación.

Proyecciones oficiales sugieren que, según la oferta de dólares y la demanda de pesos, el saldo neto de compras podría ubicarse entre 10.000 y 17.000 millones de dólares en 2026. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que estas variables serán clave para el resultado final.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales totalizaron USD 45.779 millones, con una suba diaria de 32 millones de dólares. En febrero, el stock había llegado a USD 46.905 millones, el nivel más alto desde 2018 y el máximo de la actual administración. Los movimientos recientes responden tanto a pagos de deuda en moneda extranjera como a cambios en la valuación de activos, como el oro y los bonos, en un contexto internacional inestable.

La deuda corporativa jugará un papel clave en el flujo de divisas de los próximos meses, más allá de los dólares que ingresen por la cosecha gruesa. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, empresas argentinas colocaron deuda en los mercados internacionales por cerca de 10.000 millones de dólares. La mayor parte parte de esos fondos ingresó al mercado local, contribuyendo a la estabilidad cambiaria de los últimos meses. Según estimaciones oficiales, todavía quedan más de USD 3.000 millones pendientes de liquidación. A medida que estas divisas se incorporen al circuito formal, podrían reforzar y extender la estabilidad del tipo de cambio.

En una reunión con inversores extranjeros en Washington, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, señaló que entre octubre de 2025 y abril de 2026 las compañías emitieron obligaciones negociables por un total de USD 9.900 millones, de los cuales solo se canalizaron al mercado local 6.800 millones. Aún restan por liquidar USD 3.200 millones, cifra que podría traducirse en una mayor oferta de dólares en el corto plazo.

El dólar operó estable

El mercado cambiario argentino mostró estabilidad este martes tras dos jornadas consecutivas de alzas, con un incremento en la demanda privada y la intervención habitual del Banco Central, que busca fortalecer el perfil de las reservas netas en cumplimiento de los compromisos asumidos recientemente ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La operatoria en el segmento de contado alcanzó los 532,1 millones de dólares. Este volumen permitió revertir el aumento inicial del tipo de cambio mayorista, que cerró con una baja marginal de 1,50 pesos (-0,1%), situándose en 1.375,50 pesos.

En abril, el dólar mayorista acumula una caída de 6,50 pesos (-0,5%) y, desde el inicio de 2026, retrocede 79,5 pesos o 5,5 por ciento. El Banco Central estableció la banda superior de su esquema cambiario en 1.688,68 pesos, lo que deja al dólar mayorista a 313,18 pesos o 22,8% por debajo de ese techo para la libre flotación.

Con la mira puesta en los vencimientos de deuda en moneda extranjera, el gobierno de Javier Milei avanza en el armado de un andamiaje financiero para juntar hasta USD 10.000 millones sin apelar a los mercados internacionales. La cifra alcanzaría para cubrir los compromisos con privados de julio de 2026 y enero y julio de 2027 por unos 9.000 millones de dólares.

Además de mantener reuniones con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), el desembarco del ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington tuvo como objetivo sellar el financiamiento garantizado con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 2.550 millones en total.

En concreto, tanto el Banco Mundial (USD 2.000 millones) como el BID (USD 550 millones) ofrecerán garantías -una suerte de “seguro” para futuros prestamistas- destinadas a refinanciar una parte importante de la deuda de Argentina, disminuir los costos de financiamiento y generar condiciones más favorables para atraer inversiones privadas tanto locales como extranjeras.

Evitar los mercados internacionales

“Lo primero que hay que aclarar es que no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital. Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado. ¿Por qué no salimos al mercado? Porque es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado", sostuvo Caputo desde Washington.

A propósito de la tasa de interés que se aplicará a la operación, el funcionario argentino calculó que rondará entre 5,5% y 6,5% anual para un período de seis años, aunque aclaró que ese aspecto sigue en discusión. Se trata de un rendimiento inferior a lo que Argentina podría obtener si emitiera deuda en los mercados internacionales. Con el nivel de riesgo país actual, una hipotética colocación de deuda soberana argentina requeriría tasas anuales superiores al 9% en dólares, un rendimiento poco atractivo para el Gobierno.

En tal sentido, el equipo económico apunta a que el indicador elaborado por JP Morgan, que surge de comparar la rentabilidad de los bonos soberanos locales frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, profundice su tendencia bajista para que se abarate un eventual regreso al financiamiento externo.

El propio titular de la cartera económica reconoció que a fines del año pasado, cuando el riesgo país perforó los 600 puntos básicos, se evaluó la posibilidad de regresar a los mercados internacionales, pero finalmente se descartó esa opción. A la vez, calificó el nivel actual del riesgo país como “exagerado” y lo atribuyó a un desequilibrio entre la oferta y la demanda de títulos soberanos, así como a la volatilidad propiciada por el conflicto en Medio Oriente.

Según Caputo, la asistencia del Banco Mundial le permite al Gobierno “acceder a fuentes de financiamiento, a instituciones a las cuales antes no teníamos llegada”. “Lo hacemos utilizando organismos internacionales, que instrumentan, para llegar a instituciones de todo el mundo, como aseguradoras y bancos. En el caso del Banco Mundial, ellos aportan las instituciones y nos dan el dinero. Son USD 2.000 millones”, precisó.

Sobre los vencimientos de deuda de Bonares y Globales previstos para julio, el jefe del Palacio de Hacienda explicó que de los USD 4.300 millones que deben pagarse cada seis meses, USD 3.000 millones corresponden a capital, que es el monto que el Gobierno busca refinanciar. Los intereses, por unos USD 1.300 millones, se cubrirán con el superávit primario.

El andamiaje de los USD 10.000 millones

Además, el ministro de Economía agregó que la estrategia también contemplará el programa de licitaciones locales por un total de USD 4.000 millones, a través de bonos con vencimiento en 2027 (AO27) y 2028 (AO28) que se licitan cada quince días y cuyas tasas se mueven entre 5% y 8 por ciento.

En tanto, el nuevo esquema pactado con el Banco Mundial permitiría sumar entre USD 3.000 y 4.000 millones en total. De esta manera, el equipo económico reuniría USD 8.000 millones para afrontar el pago de USD 3.000 millones en julio, otros USD 3.000 millones en enero de 2027 y quedaría un excedente de USD 2.000 millones para eventuales compromisos futuros.

El monto total se eleva a USD 10.000 millones al sumar los USD 2.000 millones que el Gobierno aspira a recaudar mediante la venta de activos públicos. Se prevé que los principales ingresos provenientes de privatizaciones se concreten en la segunda mitad de 2026, en relación con las empresas públicas contempladas en la Ley de Bases.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), encabezada por Diego Chaher, está a cargo de este proceso. Intercargo y AySA encabezan la lista de compañías que avanzan en su traspaso al sector privado. La normativa aprobada dispone la privatización de Energía Argentina S.A. e Intercargo SAU, y la concesión de AySA, Belgrano Cargas y Logística, Sofse y Corredores Viales.

A comienzos de diciembre de 2025, el Gobierno se aseguró ingresos superiores a USD 706 millones a través de la concesión de las cuatro represas hidroeléctricas ubicadas en la región del Comahue, en Neuquén y Río Negro. Este monto surge de las ofertas finales recibidas para los complejos Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados. Esos recursos se utilizaron para abonar el compromiso con bonistas de enero de 2026. La idea es replicar este mecanismo con los próximos vencimientos de deuda externa.

“La magnitud de esta estrategia cobra relevancia al considerar el calendario de vencimientos: hasta fin de 2026, el Tesoro enfrenta compromisos en moneda extranjera por cerca de USD 9.000 millones. Por eso el fondeo fuera del mercado internacional, todavía oneroso, es vital: la combinación de asistencia multilateral, con la colocación total de los Bonares (AO27 y AO28) y los USD 2.000 millones proyectados por privatizaciones ubicaría el esquema total en torno a USD 10.000 millones”, remarcó un informe de GMA Capital.

En este contexto, los analistas de la ALyC anticiparon una modificación en la estructura de la deuda. Actualmente, el stock de deuda bruta representa el 78,4% del Producto Interno Bruto (PIB). De ese monto, un 21,8% corresponde a préstamos de organismos internacionales y un 34,2% al sector privado. Un mayor financiamiento proveniente de organismos internacionales aumentaría su peso dentro del total, reduciendo la relevancia relativa de la deuda con tenedores privados.

“Ahora bien, este tipo de financiamiento no es neutral. Los organismos involucrados condicionan su apoyo a la implementación de reformas orientadas a ‘fortalecer el crecimiento, la inversión y el empleo’. En la práctica, esto suele traducirse en ajustes regulatorios, acumulación de reservas, disciplina fiscal y una reducción del costo del crédito”, concluyeron.

Integrantes del grupo delictivo conocido como La Chokiza agredieron físicamente a un menor de 14 años en la colonia Héroes de la Independencia, municipio de Ecatepec, Estado de México. Así lo dio a conocer el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, quien además, en sus redes sociales, compartió un video en el que se ve el momento de la agresión.

El ataque ocurrió frente a una niña pequeña, hermana de la víctima, quien presenció la escena entre lágrimas. Los hechos se desencadenaron por una presunta deuda económica atribuida al tío del adolescente, a quien los agresores buscaban localizar.

El incidente quedó registrado en cámaras de seguridad. Un primer sujeto, vestido con sudadera negra y a bordo de una motocicleta, llegó al domicilio y preguntó insistentemente por el paradero del tío. Al no obtener respuesta, aguardó en la calle y minutos después arribó un segundo individuo, identificado como “El Mudo”, en una camioneta blanca. Tras algunas llamadas telefónicas, este último golpeó al menor y trató de despojarlo de su teléfono móvil. El adolescente fue sacado a la vía pública y golpeado nuevamente, aunque logró escapar de sus agresores.

Posteriormente, los integrantes de La Chokiza ingresaron sin autorización a la vivienda para buscar al deudor. Al no encontrarlo, amenazaron de muerte a las mujeres de la familia, exigiendo el pago de 200 mil pesos y advirtiendo represalias en caso de incumplimiento. El miedo provocado por la agresión obligó a la familia a abandonar su hogar de manera definitiva.

Según reportes de seguridad, La Chokiza mantiene una presencia activa en Ecatepec pese a los operativos implementados en la zona. La organización se dedica principalmente a la extorsión, el narcomenudeo y la violencia contra deudores, utilizando la intimidación y ataques directos como mecanismo de presión. Actualmente, el grupo está bajo el mando de David “N” tras la captura de su hermano Alejandro “N”, alias “El Choko”, quien lideró la agrupación hasta su detención.

El caso provocó indignación y preocupación entre vecinos y autoridades locales, pues evidencia la vulnerabilidad de menores y familias ante los métodos de cobro violentos de las bandas criminales. Hasta el momento, no se reportó la detención de los responsables, a pesar de la evidencia en video difundida en redes sociales y medios de comunicación.

Las autoridades continúan con las investigaciones y han reiterado el llamado a la ciudadanía para denunciar actos de extorsión y violencia, a fin de fortalecer la seguridad y protección de las comunidades afectadas por la actividad delictiva de grupos como La Chokiza.

Panamá cerró el primer trimestre de 2026 con un saldo total de deuda pública de $60,008 millones, una cifra que refleja una leve caída frente a febrero, pero que confirma un aumento respecto a enero, consolidando una tendencia al alza en el acumulado del trimestre.

El ajuste de marzo estuvo marcado por variaciones cambiarias negativas y descuentos, que compensaron parcialmente los desembolsos y capitalizaciones del período, en una dinámica donde el Gobierno ha optado por administrar el perfil de la deuda más que reducir su saldo de forma inmediata.

El comportamiento en los tres primeros meses del año muestra que la deuda aumentó en enero impulsada por desembolsos relevantes, volvió a incrementarse en febrero, y luego registró una corrección marginal en marzo de aproximadamente $50 millones, lo que no revierte la tendencia general.

Este patrón confirma que, aunque existen operaciones puntuales de manejo de pasivos, el país sigue en una trayectoria de crecimiento del endeudamiento, influida por necesidades de financiamiento y el peso del déficit fiscal.

Al analizar la estructura, la deuda externa se mantiene como el principal componente, con un saldo de $49,222 millones, mientras que la deuda interna se ubicó en $10,785 millones, con un aumento en el mes.

Esta una alta dependencia de financiamiento externo, aunque en los últimos meses se observa un mayor uso de instrumentos internos, especialmente letras y notas del Tesoro, como parte de una estrategia para gestionar liquidez en el corto plazo y reducir exposición a mercados internacionales.

Uno de los cambios más relevantes en la estrategia de financiamiento es el crecimiento de los préstamos directos con bancos, que alcanzan más de $7,354 millones, consolidándose como una herramienta clave del actual gobierno. Este tipo de financiamiento ha ganado espacio frente a los bonos globales, debido a que permite acceder a mejores condiciones de tasas y plazos, en un contexto donde el encarecimiento del crédito internacional ha elevado el costo de nuevas emisiones.

Solo esta semana, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concretó un nuevo crédito con Citibank por el equivalente a cerca de $2,200 millones, lo que refuerza una tendencia en la que el país busca diversificar sus fuentes y reducir costos frente a los mercados tradicionales.

Pese a ello, los bonos siguen representando el mayor volumen de la deuda, con un saldo superior a $31,096 millones, lo que mantiene al país expuesto a las condiciones de los mercados internacionales.

Este peso se traduce en una carga significativa por intereses, que en el acumulado del primer trimestre superaron los $1,005 millones, reflejando el impacto del mayor endeudamiento y del entorno de tasas elevadas sobre las finanzas públicas.

Desde una perspectiva histórica, el crecimiento de la deuda ha sido acelerado. Panamá pasó de $20,227 millones en 2016 a más de $60,000 millones en 2026, con el mayor incremento concentrado entre 2019 y 2024, durante la administración de Laurentino Cortizo, cuando el saldo aumentó en más de $24,000 millones en cinco años.

En la actual administración, iniciada en julio de 2024, el ritmo ha sido más moderado, aunque el saldo continúa creciendo, con un aumento superior a $8,100 millones hasta febrero de 2026, lo que evidencia que la presión fiscal se mantiene.

En términos de sostenibilidad, la relación deuda/PIB sigue siendo uno de los principales indicadores de seguimiento. Con un PIB nominal proyectado de $95,102 millones para 2026, el saldo de deuda al cierre de marzo implica una relación aproximada de 63.1%, un nivel que se mantiene elevado frente a estándares históricos del país.

En los últimos años, este indicador pasó de 56.44% en 2023 a 65.61% en 2025, reflejando un deterioro progresivo que aún no logra revertirse completamente.

A nivel sectorial, la deuda continúa concentrándose en el sector financiero, con más de $55,000 millones, muy por encima de otros sectores como transporte, salud o educación.

Esta distribución responde a la naturaleza del endeudamiento del Gobierno central, pero también evidencia que el financiamiento sigue enfocado en cubrir necesidades fiscales más que en proyectos sectoriales específicos, lo que limita su impacto directo en áreas productivas.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha reconocido que la deuda pública continuará creciendo mientras persista el déficit fiscal, señalando que el saldo ronda los $59,000 millones. No obstante, ha insistido en que la estrategia del Gobierno apunta a reducir el déficit de manera progresiva, evitando medidas que puedan afectar el empleo o la actividad económica.

Este enfoque busca equilibrar la estabilidad fiscal con la necesidad de mantener el crecimiento, en un contexto internacional aún exigente.