La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) definirá este miércoles qué rumbo toma su política monetaria. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) dará a conocer la decisión a las 15 de la Argentina, a menos de una semana de las elecciones legislativas en ese país.

El grueso de los analistas anticipa que el banco central estadounidense mantendrá sin cambios la tasa de referencia, en el rango de 3,75% a 4%. Según Reuters, los mercados de dinero y los analistas de Wall Street le asignan a ese escenario una probabilidad superior al 90%.

Se trata de la cuarta reunión bajo la presidencia de Kevin Warsh, quien asumió en lugar de Jerome Powell. En el encuentro anterior, el FOMC subió la tasa 0,25 puntos porcentuales, con el voto favorable de los doce miembros. Fue el primer movimiento en más de nueve meses y la primera suba en más de tres años.

Las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos son seguidas de cerca por todo el mundo porque el dólar es la moneda con la que se mueve el comercio y la economía internacional. Cuando la Fed sube las tasas, aumenta también el costo del dinero, y eso lleva a que los grandes inversores internacionales prefieran llevar sus capitales a Estados Unidos. De esa forma obtienen rendimientos seguros y atractivos. Este fenómeno, conocido como “vuelo a la calidad”, hace que el dólar se fortalezca frente al resto de las monedas, encarece el crédito internacional y suele empujar a la baja el precio de las materias primas, debilitando los ingresos de los países en desarrollo.

Para la Argentina, lo que decida Washington es fundamental. Según los especialistas, con la tasa de EE.UU. alta, financiarse en el exterior resulta mucho más caro, lo que frena la baja del riesgo país y dificulta el acceso a inversiones. Además, un dólar fuerte a nivel global mete más presión sobre el tipo de cambio y las reservas del Banco Central, que se ve obligado a mantener tasas elevadas en el país para evitar que los pesos se vayan al dólar. Por el contrario, si la Fed decide bajar las tasas, el escenario financiero se oxigena: baja la tensión sobre el dólar, se alivia la brecha cambiaria y se abre una oportunidad para que los mercados emergentes recuperen aire.

Una inflación que vuelve a acelerarse

La decisión se da en un contexto de precios en alza. La inflación de Estados Unidos fue de 3,7% interanual en septiembre, frente al 3,4% de agosto, con aumentos en la gasolina y otros productos energéticos. El petróleo West Texas Intermediate (WTI) tocó la semana pasada su nivel más alto desde mayo y ronda los 100 dólares por barril, mientras persiste la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente.

Reuters precisó que la inflación núcleo, de 2,6% interanual, sorprendió levemente al alza y generó división en el directorio de la Fed. El debate es si será necesario un último incremento de la tasa antes de que termine el año.

Otro dato clave para entender lo que está pasando en Estados Unidos, es que su mercado laboral muestra una moderación. En septiembre se crearon 29.000 empleos, contra los 133.000 de agosto. La agencia AP explicó que la FED intenta evitar un enfriamiento excesivo del empleo sin descuidar su objetivo de inflación de 2%.

La agencia Noticias Argentinas remarcó que, su último informe, el FOMC proyectó una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,3% para 2026 y de 2,4% para 2027. En cuanto a los precios, elevó 0,1 punto porcentual la estimación de inflación para este año, hasta 3,7%, y la mantuvo en 2,3% para 2027. Para 2028 la ubicó en 2,1 por ciento.

Las señales de los funcionarios

Las declaraciones recientes de integrantes de la Fed apuntan a que no habrá cambios este miércoles. Warsh dijo en Bangkok, donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) celebraba su reunión anual, que en el último mes todo se ajustó a las expectativas del organismo.

Los vicepresidentes Philip Jefferson y Michelle Bowman, junto con el gobernador de la Fed, Chris Waller, afirmaron en las últimas semanas que la entidad no tiene apuro por subir las tasas, aunque no descartaron nuevos aumentos. Waller señaló a principios de mes que, si los datos se mantienen en línea con lo esperado, prevé más subas para acercar la inflación al 2%, y aclaró que no necesariamente deberían darse en reuniones consecutivas.

Antes de diciembre, la FED tendrá nuevos datos de inflación, empleo y crecimiento. Europa Press señaló que el presidente Donald Trump marcó las elecciones como fecha clave, tras la cual tomará decisiones sobre la guerra de Irán, un factor que influye en los precios de la energía.

Según la agencia EFE, la conferencia de prensa de Warsh será determinante para interpretar si la Fed sostendrá una “pausa prolongada” o si se prepara para retomar los ajustes. AP anticipó que los economistas esperan una pausa acompañada de un mensaje firme que deje abiertas todas las opciones para los próximos meses.

Para la Argentina, el foco no está solo en la decisión de este miércoles, sino también en la señal sobre diciembre. Si la Fed confirma que se prepara para subir de nuevo la tasa, los canales de transmisión que describen los especialistas podrían intensificarse: financiamiento externo más caro, presión sobre el tipo de cambio y las reservas, y menos margen para bajar el riesgo país.

Un mensaje que abra la puerta a un período más largo sin cambios, en cambio, daría previsibilidad a los mercados emergentes. EFE destacó que otros bancos centrales avanzan a ritmos dispares, lo que agrega incertidumbre al escenario internacional.

Un juez de Barrancabermeja ordenó el embargo de las cuentas bancarias del Pacto Histórico dentro de un proceso por un préstamo de $450 millones que, según la demandante, fue entregado para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y continúa pendiente de pago.

La medida había sido dirigida inicialmente contra Colombia Humana y contra Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial y expresidente de Ecopetrol. Tras la fusión de Colombia Humana con otras colectividades, sus responsabilidades jurídicas y administrativas pasaron al Pacto Histórico, según informó La Silla Vacía.

De acuerdo con la información conocida, la Cooperativa Confiar, donde estarían las principales cuentas de la organización política, deberá hacer efectivo el embargo.

Una empresaria reclama el pago del préstamo y los intereses

La demanda fue presentada por Bibiana Pérez, empresaria santandereana que reclama la devolución del dinero y los intereses correspondientes. Según los registros de campaña citados por el medio, el préstamo se realizó el 18 de mayo de 2022, pocos días antes de la primera vuelta presidencial.

Pérez sostiene que, cuatro años después de esa operación, la obligación no ha sido saldada. En actuaciones previas dentro del mismo expediente, el juzgado ordenó el embargo del salario de Roa y el secuestro de siete inmuebles que aparecen a su nombre.

La decisión contra el Pacto Histórico se conoce después de que Petro asumiera como líder político de la colectividad, tras una reunión interna en la que fue escogido por unanimidad.

Ricardo Roa enfrenta otro proceso por presuntos excesos en gastos electorales

El proceso penal se centra en la presunta violación de los límites de gasto en campañas electorales. La Fiscalía imputó a Roa en mayo de 2026, pues considera que, como gerente, tenía funciones de administración financiera, ordenación del gasto, control de la cuenta única y presentación de informes ante el CNE.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, la campaña habría superado el límite de gastos en aproximadamente $1.388 millones durante la primera vuelta y en cerca de $276 millones en la segunda. El monto analizado en este expediente es de alrededor de $1.664 millones.

Esta cifra no coincide con el total de la sanción administrativa del CNE porque los dos procesos tienen alcances diferentes: el CNE estudió infracciones electorales administrativas, que incluyeron financiación prohibida y omisiones de reporte, mientras que la Fiscalía delimitó hechos que podrían configurar un delito.

El exgerente no aceptó los cargos y se declaró inocente. La Fiscalía le atribuye responsabilidades en la administración de recursos, la autorización de gastos y la rendición de cuentas ante las autoridades electorales.

En agosto, el organismo radicó el escrito de acusación. Entre los rubros cuestionados figuran pagos por transporte, publicidad, alimentación, logística y actos de campaña.

La audiencia de acusación contra Roa está programada para el viernes 30 de octubre de 2026, a las 2:00 p. m., ante el Juzgado 11 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá. Roa no aceptó los cargos y ha defendido que el manejo financiero de la campaña fue riguroso. No existe una sentencia penal en su contra, por lo que conserva la presunción de inocencia.

Roa también enfrenta una investigación distinta por presunto tráfico de influencias, relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá y un posible vínculo con contratos de Ecopetrol. Ese expediente no forma parte de la investigación por la campaña de 2022.

Mientras avanza el cobro judicial contra el Pacto Histórico, Ricardo Roa deberá comparecer ante el Juzgado 11 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, en la audiencia de acusación por el proceso relacionado con los topes de gasto. El exgerente ha rechazado los cargos y no existe una sentencia penal en su contra.

Apenas tres semanas después de cerrar la adquisición más cara en la historia del entretenimiento, Skydance ya forzó la primera decisión difícil para su plantilla.

El CEO David Ellison y el co-CEO Ynon Kreiz enviaron el lunes un memorando interno —al que tuvo acceso Business Insider— en el que eliminaron el trabajo híbrido en toda la compañía y ofrecieron paquetes de salida a quienes no acepten el nuevo esquema presencial.

La medida alcanza a los cerca de 53.000 trabajadores del conglomerado que reúne a Paramount, Warner Bros. Discovery (WBD) y los activos originales de Skydance, y llega mientras la empresa enfrenta una deuda superior a los USD 80.000 millones y una caída de un tercio en el valor de sus acciones durante 2026, de acuerdo con Reuters.

El documento no contempló excepciones ni precisó qué áreas o perfiles podrían quedar exentos.

“Creemos que la colaboración en persona es vital para nuestra cultura y para el éxito de nuestro negocio”, sostuvieron ambos ejecutivos en el texto, según reveló el medio.

Qué ofrece Skydance a quienes rechacen la medida

Los empleados que rechacen el esquema presencial completo podrán optar por un buyout (paquete de desvinculación voluntaria) equivalente a dos semanas de salario por cada año trabajado en Paramount o WBD, de acuerdo con dos personas con conocimiento directo de la propuesta citadas por Business Insider.

La mayoría de los elegibles recibirán esa misma fórmula, aunque podría haber variaciones en el monto o en los plazos para casos puntuales, precisó una de las fuentes a la publicación.

El departamento de recursos humanos de Skydance envió un correo electrónico —también obtenido por el portal— en el que detalló que cada persona elegible recibiría “una comunicación individual con sus condiciones personalizadas y un plazo para decidir si acepta esta oferta única”. El mismo mensaje advirtió que no habrá una segunda oportunidad.

El plazo para aceptar vence el 8 de noviembre a las 23:00 horas (hora del este de Estados Unidos).

El precedente que ya se aplicó dentro de la compañía

La política de presencialidad completa no es una novedad dentro de la órbita de Ellison. Paramount ya había impuesto el regreso obligatorio a sus oficinas de Nueva York y Los Ángeles cinco días a la semana en enero de este año.

En septiembre, la compañía activó una segunda fase de su plan de retorno que alcanzó a los empleados que aún operaban bajo modalidad híbrida.

“Hemos visto los beneficios de primera mano en Paramount y queremos que cada parte de Skydance los comparta”, afirmaron los ejecutivos en el memorando, como reprodujo Business Insider.

La situación es distinta para quienes provienen de Warner Bros. Discovery. Hasta antes de la fusión, la mayoría de sus empleados operaba bajo un esquema de tres días presenciales por semana, lo que convierte la nueva exigencia en un giro drástico en sus condiciones laborales.

Las cifras detrás de la reestructuración

El conglomerado adoptó el nombre de Skydance el 6 de octubre, cuando Paramount Skydance completó la adquisición de WBD por USD 110.000 millones y reunió bajo un mismo paraguas a ambas empresas.

La entidad previa había nacido en agosto de 2025 con la fusión entre Skydance Media —la productora fundada por Ellison en 2006— y Paramount Global.

La magnitud de la deuda asumida empuja a la nueva dirección a actuar con rapidez: la compañía se fijó como objetivo recortar USD 6.000 millones en costos durante los próximos tres años, con una meta de USD 2.000 millones solo en el primer ejercicio, según informó NBC Los Angeles.

Ellison sostuvo que los ahorros provendrán principalmente de áreas como tecnología, compras y propiedades inmobiliarias, y no tanto de reducciones de personal. Sin embargo, un informe encargado por el Departamento de Oportunidad Económica del Condado de Los Ángeles y la oficina cinematográfica local estimó que la fusión podría eliminar cerca de 4.500 puestos de trabajo en el condado en un plazo de tres años, tal como consignó la cadena.

La empresa no precisó cuántos trabajadores podrían acceder al programa voluntario ni cuántos puestos prevé suprimir.

Cómo será la transición para los empleados

El memorando también precisó que la nueva política no entrará en vigor de forma simultánea en todas las oficinas. El plan contempla una aplicación por fases según cada ubicación, con notificación anticipada para los trabajadores.

“Entendemos que esto puede representar un cambio significativo en las rutinas diarias de otros”, reconocieron Ellison y Kreiz en el documento, de acuerdo con The Desk. Y añadieron que la empresa adoptará “un enfoque gradual por ubicación” para dar a los empleados “aviso suficiente antes de que los cambios entren en vigencia”.

“Reconocemos que, a medida que unimos a nuestros equipos, no todos verán su futuro aquí, y lo respetamos”, admitió el área de recursos humanos de la compañía en el correo enviado a la plantilla.

José Ángel Bichir reconoce que acumula deudas con familiares y amigos tras los gastos médicos derivados de su caída de un tercer piso el pasado 13 de marzo, cuando sufrió diversas lesiones que requirieron hospitalización.

A siete meses del accidente, el actor reapareció en la ofrenda de la obra “Malinche” y habló con el programa Ventaneando sobre su situación financiera. “Estoy endeudado hasta las cachas, estoy en problemas económicos realmente”, declaró.

José Ángel Bichir debe dinero a su tío Demián Bichir, a familiares y amigos

El actor detalla que entre quienes lo apoyaron económicamente está su tío, el actor Demián Bichir, quien no escatimó recursos durante su recuperación. También menciona deudas derivadas de una rifa organizada por amigos para costear su atención médica.

“Tengo deudas con mis amigos, con los que apoyaron en esa rifa que hicieron, tengo deuda con familiares, con el mismo tío Demián que ha dicho que para la salud no escatimo en gastos”, expresó el actor en la entrevista difundida por TV Azteca.

Bichir aclara que no considera esos apoyos como regalos, sino como préstamos pendientes de saldar. Su postura, según relata, se extiende también hacia adelante: busca replicar ese gesto con otras personas en situación de necesidad.

El actor plantea los apoyos recibidos como préstamos por pagar

José Ángel Bichir señala en la misma entrevista que esos préstamos se deben de pagar, y además considera que debe ayudar también a otras personas que necesiten de ayuda, al pasar un momento complicado como él.

“Yo siempre creo que se deben de pagar, yo lo tomo como préstamos y después buscar a quien necesita ayuda de tus amigos o de alguien lejano, extraño, y decir: ‘yo te ayudo ahora que yo puedo’”, afirmó Bichir.

El actor sostiene que su prioridad inmediata es saldar esas deudas acumuladas durante los meses de hospitalización y terapias posteriores al accidente.

Bichir busca regresar a la actuación para generar ingresos

Para enfrentar su situación económica, el actor afirma contar ya con propuestas laborales en puerta. Su regreso a la actuación representa, según explica, la vía principal para generar ingresos y comenzar a pagar lo que debe.

TV Azteca reporta que la crisis que derivó en el accidente de Bichir estuvo relacionada con un cuadro de salud mental. El medio detalla que, pese a la gravedad de las lesiones sufridas en la caída, la vida del actor no corrió peligro.

El actor se mostró enfocado en su recuperación física y económica durante su aparición pública más reciente, en el marco de las actividades conmemorativas por el Día de Muertos vinculadas a la puesta en escena “Malinche”.

¿Qué padece José Ángel Bichir y por qué cayó de un tercer piso?

José Ángel Bichir cayó desde el tercer piso de un edificio de departamentos en la calle Uxmal, esquina con avenida Xola, en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, el 13 de marzo de 2026. Elementos de emergencia lo encontraron inconsciente en la parte baja del inmueble.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) lo diagnosticaron con fractura facial y abdomen agudo. El actor fue trasladado al Hospital Rubén Leñero, donde permaneció hospitalizado tres días.

Entre las lesiones específicas reportadas:

• Fractura en el rostro, con afectación en la nariz.
• Traumatismo abdominal (abdomen agudo).
• Pérdida de al menos dos dientes y daño en un tercero, derivado de una fractura en la parte frontal del maxilar superior.
• Afectaciones en la pierna, el pie, el brazo y el hombro, según recordó el propio actor meses después.

Para el tratamiento dental requirió implantes, un injerto de hueso y membranas de colágeno para favorecer la regeneración de la zona. La implantóloga Liliana Bueno, encargada de su caso, señaló que el procedimiento se realizó en una sola intervención y que la recuperación avanzó favorablemente.

Bichir fue dado de alta el 16 de marzo con un inmovilizador ortopédico en el tobillo, cabestrillo y cubrebocas. Su madre, Patricia Pascual, confirmó que también requería una intervención en la nariz.

La familia descartó que se tratara de un intento de autolesión y explicó que el actor atravesaba una crisis aguda de salud mental que alteró su percepción de la realidad, además de negar que estuviera bajo efectos del alcohol.

Ser gerente general de una empresa no convierte automáticamente al ejecutivo en responsable de todas las deudas, sanciones o problemas que pueda enfrentar la compañía. La sociedad tiene personalidad y patrimonio propios, pero esa separación encuentra límites cuando los daños se originan en decisiones u omisiones que pueden atribuirse personalmente a quien dirige la organización.

La Ley General de Sociedades establece que el gerente responde frente a la empresa, sus accionistas y terceros por los daños que ocasione debido al incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades o negligencia grave. La norma también le atribuye responsabilidades específicas sobre la contabilidad, los controles internos, la información entregada al directorio y el eventual ocultamiento de irregularidades.

Esto significa que una mala decisión comercial o una pérdida empresarial, por sí solas, no bastan para trasladar una obligación al patrimonio del gerente. Debe existir una conducta propia y un fundamento legal que permita atribuirle responsabilidad.

¿Cuándo pueden quedar comprometidos sus bienes?

Bruno Rojas Marallano, abogado especialista en Derecho Corporativo de Grupo Fuentes, explica que uno de los mayores riesgos aparece cuando un ejecutivo tiene deberes concretos de dirección o supervisión y, pese a conocer una irregularidad o estar en posición de detectarla, no adopta medidas.

“Hay que diferenciar entre una obligación de la empresa y una responsabilidad personal del gerente. Esta última puede aparecer cuando existe dolo, negligencia grave o cuando el ejecutivo participa o permite determinadas conductas dentro de la organización”, señala.

Un ejemplo aparece en materia tributaria. El Código Tributario permite atribuir responsabilidad solidaria a representantes legales cuando, debido a dolo, negligencia grave o abuso de facultades, se dejan de pagar obligaciones tributarias. Esto tampoco ocurre automáticamente por ocupar el cargo: deben cumplirse las condiciones previstas por la legislación.

En esos casos, una deuda originalmente vinculada con la compañía puede llegar a ser exigible al representante declarado responsable.

Accidentes laborales y delitos dentro de la empresa

Otro terreno de riesgo es la seguridad y salud en el trabajo. Un accidente grave o mortal no convierte por sí mismo al gerente en responsable penal. Para ello deben analizarse sus obligaciones concretas, el grado de intervención y si existió incumplimiento de las medidas que legalmente debía garantizar o supervisar.

El Código Penal contempla sanciones para quien, estando obligado, infringe deliberadamente las normas de seguridad y salud y genera determinadas situaciones de peligro o consecuencias graves.

Algo similar ocurre frente a casos de corrupción, lavado de activos o pagos ilícitos. El hecho de dirigir una empresa no implica responsabilidad automática por un delito cometido dentro de ella. La investigación debe establecer qué hizo el ejecutivo, qué conocía, cuáles eran sus obligaciones y cuál fue su participación u omisión.

“Ser gerente general no implica responder automáticamente por todo lo que ocurre en una empresa. La exposición personal aparece cuando puede atribuirse al ejecutivo una conducta propia, un incumplimiento de sus deberes o una participación relevante en el hecho investigado”, precisa Rojas.

Cuando una autoridad determina responsabilidad personal, las consecuencias pueden incluir indemnizaciones, obligaciones tributarias solidarias o sanciones penales, dependiendo del caso. En el curso de determinados procesos también pueden dictarse medidas cautelares sobre bienes o cuentas si así lo dispone la autoridad competente.

El compliance no funciona si existe solo en el papel

Los modelos de prevención han adquirido mayor relevancia como herramientas para identificar riesgos y establecer controles dentro de las compañías. La Ley 30424 regula en Perú los modelos de prevención de delitos y exige que estos respondan al perfil de riesgo de cada organización.

Contar con un manual, sin embargo, no elimina una eventual responsabilidad personal ni reemplaza el deber de actuar de la administración.

Para la gerencia resulta especialmente importante poder demostrar que los riesgos fueron identificados, que existieron controles efectivos, que estos fueron supervisados y que frente a una alerta se adoptaron medidas.

“Un modelo de prevención que existe solo en el papel difícilmente demuestra una gestión diligente. Lo importante es que la empresa pueda acreditar qué riesgos identificó, qué controles implementó y qué hizo la administración cuando detectó una señal de alerta”, concluye Rojas.

La diferencia, por tanto, no está únicamente en el cargo que ocupa una persona, sino en qué decisiones tomó, cuáles eran sus deberes y cómo actuó frente a los riesgos que estaban bajo su responsabilidad.

El triunfo de Lula en Brasil ya fue puesto en precios por los mercados internacionales. El índice iShares MSCI Brazil ETF, que incluye a las principales compañía del país, cae hasta 26% en el premarket de Nueva York.

La primera lectura del resultado electoral parecería ser desfavorable para la Argentina, pero desde un punto de vista más amplio, el país seguirá ocupando el lugar de socio privilegiado de EE.UU. para sus inversiones. La derrota de Flavio Bolsonaro, fortalece al gobierno de Javier Milei en lo económico, pero habrá que ver cómo influye de cara a las elecciones de 2027.

No pocos inversores tomarán como beneficio del triunfo de Lula y otros, como fortaleza para reforzar el apoyo económico de Donald Trump en especial en lo que hace a las divisas para afrontar los vencimientos de deuda, pero a la vez agrandará las expectativas sobre las elecciones presidenciales 2027.

Lula recibirá su propia herencia; un déficit fiscal de casi 10%, porque buena parte la destina al pago de los intereses de su deuda. La mayor proporción de esa deuda soberana es en reales y tasa SELIC está en 13,75%, con un costo fiscal de 8% del PBI, el segundo porcentaje más elevado del planeta.

Tras la parcial victoria de Bolsonaro los inversores apostaron a un triunfo en el ballotage y jugaron fuerte. En el mes, el ETF Brasil estaba 14% arriba. El 5 de octubre la Bolsa brasileña subió 5% y hasta el viernes había acumulado ganancias de 10%, con un aumento singular del volumen por el ingreso de fondos del exterior. Anoche, esos fondos empezaron a emigrar. Quieren ver si Lula ajusta la economía en su nuevo mandato.

Escenario internacional

El escenario internacional para hoy no es el mejor. Tras la decisión de Estados Unidos de retirar su personal de Arabia Saudita por la intensificación de los ataques Hutíes a aeropuertos y refinerías, los inversores se pusieron más conservadores. El cierre del viernes elevó el precio del petróleo a USD 112 por barril, un aumento acumulado de 80% en el año. Ese crudo es el precio futuro, para el contado hay que agregar un recargo de USD 20 por los costos de flete y de oportunidad.

La crisis toma otras dimensiones para Estados Unidos y Europa por la proximidad del invierno. El gas está casi en 100 dólares por Mwh. La inflación está creciendo en el mundo y provocando un aumento de tasas de interés que se reflejará en caída de salarios y en una probable recesión. La Argentina aún no trasladó plenamente a los precios internos este aumento de la energía.

La confianza de los consumidores que mide la Universidad de Michigan cayó y creen que la inflación de 2027 va a ser más alta que la actual en 4,7 por ciento. Po otra parte, apareció una esperanza leve porque quien la emitió es reconocido por sus abruptos cambio de opiniones. Donald Trump aseguró que de una manera u otra terminaría la guerra con Irán.

El lado positivo fue la suba de la cotización y la caída de la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de EE.UU. porque ahora los inversores decidieron refugiarse en ese activo ante los temores de que no haya suficiente dinero para financiar la demanda del sector de la Inteligencia Artificial. Según un informe de Invest los directivos de las empresas creen que la escasez de capital podría ser el principal obstáculo para el crecimiento del sector.

Para la Argentina, es positivo que parte del dinero de IA se traslade a los bonos del Tesoro de EE.UU., porque eso ayudaría a bajar el riesgo país.

La consultora local Econométrica trazó un panorama de lo que está sucediendo. “El encarecimiento de la energía ya se traslada a los precios al consumidor. En Europa, a pesar de los subsidios estatales que moderan el precio, el diésel acumula subas de entre 40% y 50% desde febrero. En Estados Unidos, sin subsidios y con precios libres, el diésel acumula un alza del 70% en igual periodo”, advierte en un pasaje. .

El informe agrega que la combinación de tensión social y deterioro fiscal “también se refleja en los mercados financieros; el rendimiento de los bonos franceses a diez años superó al de los títulos del Tesoro estadounidense. Es la primera vez que ocurre desde 2013. La suba agrava la presión sobre las cuentas públicas francesas. El gasto en intereses de la deuda pasó de 38.000 millones de euros en 2021 a casi 80.000 millones en 2026. Pero el problema va más allá del costo de financiamiento: cada aumento de las tasas reduce el margen del Estado para sostener un sistema de protección social que es, por lejos, el más oneroso entre los países de la OCDE. El gasto en protección social equivale al 23,6% del PBI en Francia, frente al 20,1% en la eurozona y apenas el 7,8% en Estados Unidos”.

Econométrica indica que cuando el martes y miércoles se reúna la Reserva Federal, el mercado espera que mantenga la tasa de interés. Por un lado, para evitar interferir con las elecciones de medio término del 3 de noviembre. Por otro, porque las expectativas de nuevas subas se moderaron. Sin embargo, el mercado todavía descuenta aumentos tanto en diciembre como en enero”.

También señala que el encarecimiento del crédito “desalienta a los compradores y enfría el mercado inmobiliario. En septiembre, las ventas de viviendas cayeron a 282.000, su nivel más bajo desde fines de 2023. Con menos compradores, las viviendas tardan más en venderse y la oferta disponible aumenta. El número de propiedades en venta llegó a 1,51 millones, el nivel más alto desde marzo de 2020 y más de un 40% por encima del mínimo de 2023. La combinación de una demanda más débil y una mayor oferta empieza a presionar los precios a la baja. En términos reales, el valor de las viviendas cayó a su nivel más bajo en cinco años”.

Respecto a la economía local, indica que el Banco Central (BCRA) aceleró el ritmo de compras de dólares en octubre. En el año acumula compras por casi USD15.800 millones, equivalente a 2% del PBI, o poco más de la mitad del saldo comercial que se espera para todo el año. Con las compras el BCRA sostiene el tipo de cambio, al mismo tiempo que acumula reservas para garantizar el pago de la deuda en 2027. En los últimos tres meses el tipo de cambio corre a un ritmo por debajo del 1% mensual y acumula un alza de sólo 7% interanual. La magnitud de compras pone en evidencia la sobreoferta de dólares, principalmente durante la liquidación de la cosecha gruesa”.

Otro dato es que el stock de reservas brutas del BCRA “superó los USD 50.200 millones, equivalente a 6,3% del PBI (cuando Brasil tiene 15% del PBI). Las tasas de plazo fijo se muestran relativamente estables los últimos tres meses. La tasa TAMAR (depósitos mayoristas) promedió 24,2% en lo que va de octubre, en tanto que la tasa BADLAR (depósitos minoristas) cerró en 22,5% anual”.

Sobre el riesgo país, Econométrica señala que superó la barrera de los 700 puntos “subiendo 300 puntos en poco más de tres meses. La Argentina nuevamente lidera el riesgo país en la región. En parte por su pasado (los últimos tres presidentes entraron en default de la deuda pública -2014 CFK / 2019 MM / 2020 AF-, en parte por su presente (bajo nivel de reservas, elevada inflación y magro crecimiento económico) y en parte por su futuro (potencial vuelta del populismo en las próximas elecciones). Respecto al riesgo electoral en particular, vale advertir que un bono que vence antes de las elecciones tiene una TIR del 9%, en tanto que el bono que vence inmediatamente después rinde más de 12%”.

Y en cuanto a la actividad económica, indica que para el último trimestre del año “esperamos un rebote en el nivel de actividad que corte la recesión técnica, principalmente al computar la cosecha fina (trigo y girasol). No obstante, no implica que rebote la demanda. Con los últimos datos, volvemos a ajustar a la baja nuestra proyección de crecimiento a solo 0,6% en 2026, recordando que el año arrancó con proyecciones de crecimiento que superaban el 3,5%”.

La consultora añade que “no son pocos los países que recortaron su proyección de crecimiento este año, a la vez que subieron la inflación esperada. Si bien la Argentina se benefició con un notable salto exportador, el mercado interno acusó el impacto de un mayor costo energético, más inflación y mayores tasas de interés. Se suma que el riesgo político paralizó la economía”. Y finalmente indica que la Argentina “es uno de los pocos países del planeta con superávit fiscal y externo. Aspecto no menor cuando en el mundo suben las tasas y la energía no llega a todos por la guerra”.

Según EconViews, que dirige Miguel Kiguel, “los datos de actividad de agosto no ayudaron a mejorar el ánimo inversor, pero la buena noticia es que la mala onda no se trasladó al tipo de cambio. Mientras tanto, la política empezó a meter la cola y condiciona cualquier mejora. Se vienen meses decisivos para llegar bien parados a la maratón electoral. Detrás de la suba del riesgo país hay una sumatoria de factores, pero sobre todo pesan los datos flojos de actividad que arrastramos desde hace unos meses y que condicionan el humor social y las chances de continuidad del plan Milei. El dato de agosto sumó preocupación porque mostró apenas un tímido rebote después del desplome de julio, cuando se esperaba una recuperación bastante más fuerte. Y esta vez no hubo mundial ni lluvias excesivas para justificarlo”.

Otro pasaje destaca que “más allá de la anemia de la economía, en el último tiempo la deuda argentina viene bailando al ritmo de lo que pasa en el mundo. Esta semana tuvimos tasas para abajo, petróleo para arriba y caída de bolsas. El susto con las empresas de IA llevó a los inversores a refugiarse en bonos del Tesoro, y la tasa a 10 años bajó de la zona de 5.30% de hace dos semanas a 4.99%. El petróleo, en cambio, se ubica arriba de USD 115 el barril. Es una combinación que a priori debería favorecer a la Argentina, pero en medio del risk off los activos argentinos siguieron más castigados que los del resto de los emergentes. Las apariciones de la cúpula peronista tampoco ayudan a mejorar el clima. La suba del riesgo país y un mundo tan convulsionado complican a la Argentina por varios frentes. El más directo es la imposibilidad de salir al mercado, que obliga a buscar otras alternativas para pagar los USD 25 mil millones de vencimientos del año que viene y aumenta la presión por acumular reservas”.

El informe observa que “la buena noticia es que, aun con el ruido externo y la suba del riesgo país, el tipo de cambio y el mercado de pesos siguen firmes. El dólar se movió levemente hasta los $1.530 y el Banco Central no tuvo que intervenir con dollar linked para contenerlo, mientras que la compra de dólares sigue a buen ritmo y ya acumula más de USD 1.250 millones en el mes. Todo bien por ese lado”.

Para EconViews la señal de alarma “es que la suba del riesgo país y el endurecimiento del crédito global pueden demorar las emisiones de deuda corporativa, que tocaron el pico del año en septiembre y se desaceleraron desde que subieron las tasas afuera. Los bonos corporativos se mantuvieron firmes a pesar del salto del riesgo país, pero el contexto puede retrasar la entrada de flujos financieros que hoy son centrales. En lo que va del año, el superávit comercial récord alcanzó para financiar la compra de divisas del sector privado y el déficit de servicios. Lo que explica las compras del BCRA es la entrada de flujos financieros por deuda privada, provincial y por los préstamos en dólares. Por eso, la prioridad para los próximos meses es recuperar el nivel de actividad. Septiembre apunta a ser un poco mejor, aunque no será un rebote fuerte. Los salarios recuperaron terreno en los últimos meses, pero necesitan varios meses más de crecimiento para empujar el consumo. Aun así, podemos esperar un cuarto trimestre algo mejor. Veremos si el Gobierno tiene algún as bajo la manga para darle estímulo a la economía y mejorar las condiciones financieras”.

Para FMyA, consultora que dirige Fernando Marull “octubre está terminando con fuerte Pesimismo internacional por la tasa de interés, por el ruido de la IA (el financiamiento), y por el precio de petróleo (USD 112). Los mercados se alejaron de los máximos, pese a que está descontando que la tasa de interés de referencia de Estados Unidos se mantiene en 4% la semana próxima”.

Sobre la actividad local destaca que “los datos de la economía real esta semana fueron mixtos. La actividad en agosto tuvo un rebote casi nulo, a pesar de que los salarios reales siguen ganándole a la inflación por cuarto mes consecutivo. Insistimos en que en septiembre la actividad rebotó, pero el tercer trimestre no se salva de la recesión técnica. En octubre esperamos que siga rebotando y en el cuarto trimestre que vuelva el crecimiento, pero el año termine con solo +1% del PBI; muy flojo. Sigue faltando velocidad en la actividad. En términos de inflación, la tercera semana de octubre dio 0.6% y proyectamos para octubre 1.8% (pero no descartamos subir a 1.9%). El dólar un poco más presionado a final de mes por contexto global y fixing local; pero en un contexto de relativa tranquilidad por la gran oferta de divisas y poca demanda, que llevó al BCRA a seguir comprando reservas. Todo esto, en un contexto de tasas de interés estables en 2 por ciento”.

En tanto, “en el segmento de pesos, la deuda está llamativamente estable. La curva de LECAP en 2% y bonos CER demandados, rindiendo 5% a 1 año. La semana que viene hay licitación del Tesoro porque vencen $11 billones, y veremos si se sigue buscando colocar después de octubre 2027 (post elecciones). En el segmento dólares, los bonos siguieron derrapando y el riesgo país superó 700 puntos básicos. Sigue jugando en contra el contexto internacional, y los factores locales no ayudan. Llamativamente, notamos un desacople en tres mercados: un dólar muy tranquilo que hoy no descuenta tensión en 2027, la curva de pesos ancladas, pero con un riesgo país subiendo fuerte. Hace 2 semanas esperamos que los mejores datos de actividad más BCRA comprando reservas estabilice un poco el riesgo país; pero para eso, el mundo se tiene que calmar”, agrega FMyA.

Sobre el sector político, observa que el oficialismo “sigue defendiéndose de los embates en el Congreso: esta semana cedió en Ley de Tierras y Discapacidad, pero sacó del debate la Morosidad, con ayuda (de la provincia de Córdoba). Los aliados aparecieron para negociar. Ahora la prioridad es Presupuesto 2027 y suspensión de las PASO. Massa está lanzado, y Kicillof está levantando el perfil”. Para la consultora, el dato positivo es que “en octubre mejoró la Confianza de Consumidor de Universidad Torcuato Di Tella por segundo mes consecutivo a 41,5%, en un contexto de recuperación del salario. El mercado sigue preocupado por los niveles de actividad decepcionantes, porque pueden impactar en el humor social y en las perspectivas electorales de Milei”.

La consultora 1816 se enfocó sobre el riesgo país. “Lo primero tiene que ver en parte con el contexto global, pero lo segundo muestra que en la Argentina hay algo más. El mercado tiene dudas sobre la elección y el dato de EMAE (que casi confirma la recesión técnica) difícilmente ayude. La mala performance de la deuda (y de las acciones) contrasta con lo que ocurre en el mercado cambiario. El peso sigue operando muy bien, con una notable estabilidad del Tipo de Cambio Real (TCR). De hecho, el TCR es prácticamente igual al que había en los primeros días de julio. cuando el riesgo país era de 400 puntos básicos”.

En su informe, 1816 agrega que “con una mirada de mediano plazo, alguno de los dos mercados, el de bonos o el de cambio seguramente esté equivocado: la Argentina terminará recuperando acceso al mercado de deuda (y, por lo tanto, puede tener sentido la historia del peso fuerte) o el país deberá afrontar los vencimientos de los próximos años pagando cash 0 reestructurando (y, en cualquiera de esos escenarios, habrá una moneda más débil). A corto plazo, sin embargo, la dicotomía entre bonos y tipo de cambio quizás simplemente describa el sentimiento inversor: se percibe (con razón) que no hay ningún riesgo de impago 2027, hay temores sobre la deuda desde 2028 y la impresión es que el Gobierno cuenta con recursos (propios y ajenos) para contener la volatilidad del tipo de cambio en escenarios no extremos porque el superávit comercial bate récords”.

Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía observa que “a fin de septiembre, la posición corta del BCRA en futuros del dólar se redujo a USD 42 millones (-USD 236 M en el mes). El short del BCRA había tocado un máximo de USD 6.800 millones a fin de septiembre de 2025, en medio de la fuerte demanda de cobertura cambiaria asociada al ruido pre electoral. A partir de entonces, se redujo progresivamente hasta casi desaparecer, lo que incrementa el margen de maniobra del Central para intervenir en casos de presiones excesivas de dolarización. La demanda de cobertura cambiaria desde abril de este año vino siendo abastecida con ventas de instrumentos dollar linked”.

Vector Investments señala que “hoy el mercado mira tres ejes principales:

1. Calendario del Tesoro: el canje del D30O6 rescató USD 3.896 millones nominales, equivalentes al 72,85% del monto en circulación, y redujo los compromisos de la segunda licitación de octubre de $16,7 billones a $10,78 billones. El resultado ofrece alivio operativo, aunque traslada parte de las obligaciones hacia noviembre, enero de 2027 y plazos posteriores.
2. El menú de la próxima licitación será una referencia para medir la preferencia por tasa fija, CER y cobertura cambiaria. También permitirá observar cuánto del alivio de calendario se traduce en menores exigencias de tasa y cuánto responde simplemente a una redistribución temporal.
3. La atención internacional sigue concentrada en la combinación entre inflación, empleo y tasas de largo plazo. Para la Argentina, el canal más inmediato pasa por el costo de financiamiento, el valor relativo del dólar y la demanda por deuda emergente.

Anoche, en el mercado overnite, las Bolsas de Nueva York estaban en baja, al igual que el oro que caía 0,31%. El petróleo retrocedía 1,20%. El Brent cotizaba a 110,50 dólares.

Brasil cambió el escenario local. Hoy comenzará una rueda que no marcará tendencia porque los inversores quieren saber si lo que sucedió en Brasil beneficia o perjudica a la Argentina. De hecho, de lo que nadie duda es que el real va a abrir en baja contra el dólar porque la salida de capitales extranjeros puede ser importante. La Argentina deberá convivir con un vecino que ya no tendrá el tipo de cambio atrasado.

Gabriel Soto se pronuncia sobre la deuda millonaria que mantiene Laura Bozzo con él, en medio de la hospitalización que la conductora peruana enfrenta desde hace casi dos semanas.

El actor asegura que ya la perdonó desde el momento en que ella se disculpó, aunque aclara que el pago de la indemnización sigue bajo criterio de sus abogados.

El conflicto entre Gabriel Soto y Laura Bozzo nace por declaraciones sobre Irina Baeva

La disputa legal entre ambos surge por comentarios que Bozzo hizo sobre la relación de Soto con Irina Baeva, entonces pareja del actor. Soto consideró ofensivas las declaraciones y emprendió acciones legales por daño moral.

Un juez falla a favor del actor y condena a la conductora peruana a pagarle 2,500,000 pesos por reparación del daño. El pago permanece pendiente.

Gabriel Soto se pronuncia sobre la deuda de Laura Bozzo

Gabriel Soto distingue entre el plano personal y el legal al ser cuestionado sobre si condonará la deuda. “Eso es cosa de mi abogado. Yo le perdono ya desde el momento que ella pidió perdón”, dijo el actor a los medios de comunicación.

El actor insiste en que su intención nunca fue perjudicar económicamente a la conductora, sino sentar un precedente de respeto entre figuras públicas. “Creo que todos nos merecemos respeto y nadie tiene el derecho a juzgar a nadie sin saber cómo están las cosas”, agregó.

Sobre las especulaciones que vinculan la hospitalización de Bozzo en un nosocomio público con problemas económicos derivados de la demanda, Soto se desmarca. “No creo que sea ese caso. La verdad desconozco. Mi objetivo era otro, que era marcar un precedente de respeto”, declaró el actor en el mismo intercambio con los medios de comunicación.

Laura Bozzo permanece hospitalizada desde el 13 de octubre

La conductora ingresa de emergencia al Hospital General de Acapulco “El Quemado” la noche del 13 de octubre tras presentar fuertes dolores abdominales. Los médicos detectan una úlcera perforada que requiere cirugía inmediata.

Tras la intervención, el cuadro se complica. El programa Venga la Alegría reporta que Bozzo presenta peritonitis, choque séptico, neumonía e hipertensión pulmonar, además de un colapso del pulmón izquierdo. La conductora es trasladada al Hospital General de México en la capital del país.

Desde entonces, Bozzo permanece intubada y bajo sedación en la unidad de cuidados intensivos. Su hija Alejandra de la Fuente señaló que: “Mi mami va bien. Ha sido complicado el tema de la operación por la úlcera que tenía, pero, en medio de todas las dificultades, ha ido avanzando”.

Reportes apuntan a una posible mejoría

El periodista Ernesto Buitrón informa en Magaly TV que, según un parte médico filtrado, existe una “probable mejoría” en el estado de la conductora de 75 años. La información se basa en comunicación con Aarón Guerrero, chófer y asistente personal de Bozzo.

Según Buitrón, los médicos lograron controlar la septicemia y la paciente podría ser trasladada a piso, lo que implicaría su salida de terapia intensiva. Hasta el momento, ni las hijas de Bozzo ni su asistente han confirmado oficialmente este reporte.

El último reporte disponible, difundido este 25 de octubre, describe el estado de la conductora como grave pero estable. La familia no ha emitido declaraciones adicionales sobre una posible fecha de alta.

El Gobierno asegura que dispone de una “bazuca” de USD 75.000 millones para enfrentar una eventual corrida cambiaria el año próximo, pero los cálculos de consultores privados sobre los pesos que podrían migrar hacia el dólar sugieren que la presión potencial supera, al menos en términos teóricos, esa cifra.

La discusión gana relevancia por el calendario político. Las elecciones presidenciales de 2027 se celebrarán en un contexto en el que la administración de Javier Milei busca sostener el esquema de bandas cambiarias, recomponer reservas y afrontar vencimientos de deuda. La experiencia de 2025 dejó una señal: en la previa de las legislativas hubo turbulencias en el mercado que coincidieron con un salto en la demanda privada de divisas y requirieron asistencia de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos.

La experiencia de 2025 dejó una señal: en la previa de las legislativas hubo turbulencias en el mercado que coincidieron con un salto en la demanda privada de divisas

El Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, presentaron la capacidad de respuesta oficial como una señal para desalentar una dolarización masiva de carteras. El cálculo parte de una referencia acotada: la base monetaria, que el Gobierno ubicó cerca de $45 billones, equivalentes a unos 30.000 millones de dólares.

En ese sentido, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, subrayó que el férreo control sobre la cantidad de dinero circulante hace que no haya suficientes pesos para “correr” contra el dólar: “Hay poca munición para correr contra el dólar en el año electoral”.

Durante su presentación en la 3ª Cumbre Aseguradora Argentina, el funcionario atribuyó la calma del mercado cambiario al volumen acotado de los pasivos monetarios del Banco Central. Afirmó que la liquidez en pesos de la economía ronda los USD 30.000 millones, una cifra reducida frente a otros períodos.

Desde la perspectiva de Furiase, ese nivel limita la posibilidad de que los tenedores de moneda local compren dólares en gran escala y provoquen tensiones sobre la cotización. Pero ese enfoque deja fuera otros instrumentos en pesos que, ante un cambio abrupto de expectativas, podrían transformarse en demanda de dólares.

La “bazuca” del Gobierno

La primera “bazuca” que difundió el Gobierno reúne cuatro componentes de USD 15.000 millones o USD 20.000 millones cada uno:

1. USD 20.000 millones de compras de reservas que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyecta acumular desde las elecciones de 2025.
2. Un eventual swap de monedas con Estados Unidos por otros USD 20.000 millones.
3. Una línea similar con China, también por USD 20.000 millones.
4. La capacidad de intervenir en el mercado de futuros, que la Casa Rosada estimó en USD 15.000 millones. Esa herramienta no implica dólares líquidos para vender en el mercado contado, pero puede influir sobre las expectativas de devaluación y sobre las cotizaciones de los contratos a término.

La liquidez en pesos de la economía ronda los USD 30.000 millones (Furiase)

La suma da los USD 75.000 millones que Milei presentó como poder de fuego para atravesar episodios de tensión antes de los comicios de 2027. Y, en los últimos días, esa cifra ascendió a USD 125.000 millones al sumarle el superávit comercial proyectado para el año que viene y otros USD 25.000 millones en financiamiento que provendría de organismos internacionales para cubrir compromisos de deuda.

El interrogante pasa por la disponibilidad efectiva de cada recurso. Las reservas que compre el BCRA pueden reducirse por pagos de deuda, ventas al Tesoro u otras operaciones. Los swaps con Estados Unidos y China dependen de condiciones financieras y decisiones políticas de las contrapartes.

En el caso del mercado de futuros, la intervención tiene límites dentro del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y solo podrían utilizarse hasta 9.000 millones de dólares.

La ayuda del Tesoro de Estados Unidos en 2025contuvo un episodio puntual, aunque no garantiza que exista una disponibilidad automática de recursos

La asistencia estadounidense de 2025 aportó una referencia para ese debate. El Tesoro norteamericano compró pesos con dólares en medio de la volatilidad previa a las elecciones legislativas y acompañó un mecanismo de intercambio de monedas entre los bancos centrales. La ayuda contuvo un episodio puntual, aunque no garantiza que exista una disponibilidad automática de recursos ni que un eventual respaldo futuro tenga el mismo monto.

Cuántos pesos hay con capacidad de buscar cobertura

La plataforma Clave Bursátil propuso ampliar el universo de pesos que podría presionar sobre el mercado cambiario. Se trata de un ejercicio teórico basado en cifras oficiales al cierre del segundo trimestre de 2026, no de una proyección sobre una corrida ni de una estimación de salida efectiva de todos esos fondos.

“El cálculo con la base monetaria actual implica omitir que el mercado puede rescatar plazos fijos o vender o dejar de comprar títulos públicos en pesos”, destacó el análisis. En ese escenario, “grandes masas de pesos que hoy no están en la base monetaria” podrían aparecer de forma repentina en busca de cobertura cambiaria.

La cuenta incluye $65,3 billones de plazos fijos del sector privado y $133,4 billones de deuda del Tesoro en manos privadas. Para evitar duplicaciones, el informe resta $58,3 billones en bonos en pesos que pertenecen a bancos, dado que Finanzas los contabiliza dentro de las tenencias privadas, aunque esas entidades ya aparecen del lado de los depósitos a plazo.

La deuda del Tesoro en poder de privados no bancarios llega a $75,1 billones. Sumada a los plazos fijos, la masa potencial asciende a $140,4 billones, equivalentes a unos USD 92.600 millones

Tras esa corrección, la deuda del Tesoro en poder de privados no bancarios llega a $75,1 billones. Sumada a los plazos fijos, la masa potencial asciende a $140,4 billones, equivalentes a unos USD 92.600 millones al tipo de cambio utilizado en el cálculo.

“La pregunta es: ¿Cuántos pesos pueden correr contra el dólar?”, planteó Clave Bursátil. La cifra supera a la “bazuca” oficial de USD 75.000 millones y también excede con amplitud a la base monetaria que el Gobierno tomó como referencia.

El resultado no supone que todos los depositantes cancelarán sus colocaciones ni que todos los tenedores de bonos venderán sus posiciones. Tampoco implica que cada peso liberado termine en el mercado de cambios.

Los depósitos y los títulos públicos tienen plazos, rendimientos y perfiles de tenedores distintos. El planteo apunta a medir el volumen de liquidez en moneda local que podría buscar cobertura si se deterioraran las expectativas.

La dolarización sigue, aunque debajo de los picos de 2025

En paralelo, la demanda de dólares de las personas físicas continuó durante 2026, pese a que se mantuvo por debajo de los máximos registrados en los meses electorales de 2025.

Desde la flexibilización del cepo, en abril de 2025, los argentinos compraron USD 47.290 millones en forma bruta. Si se agregan las transferencias de moneda extranjera sin destino declarado del sector privado no financiero, el acumulado llega a USD 51.644 millones. Descontadas las ventas de divisas, la demanda neta asciende a 40.343 millones de dólares.

En los primeros ocho meses del año, las adquisiciones brutas por parte del sector privado totalizaron USD 20.898 millones

Durante 2026, las compras brutas informadas por el BCRA fueron de USD 2.613 millones en enero, USD 2.368 millones en febrero, USD 2.363 millones en marzo, USD 2.727 millones en abril, USD 2.212 millones en mayo y USD 2.443 millones en junio.

En julio se registró el máximo del año, con USD 3.319 millones. En agosto, la cifra bajó a USD 2.853 millones, el segundo monto más elevado de 2026. En los primeros ocho meses del año, las adquisiciones brutas totalizaron USD 20.898 millones.

El contraste aparece al mirar la secuencia de 2025. En julio de ese año, las compras habían llegado a USD 3.473 millones. La demanda subió a USD 5.130 millones en septiembre, en la antesala de las legislativas, y permaneció alta en octubre, con USD 4.731 millones. Después del triunfo oficialista, bajó a USD 1.597 millones en noviembre.

La dinámica de agosto también mostró que no todos los dólares adquiridos salen del circuito formal. De los cerca de USD 2.600 millones que egresaron ese mes en billetes y divisas sin finalidad específica, alrededor de USD 1.100 millones permanecieron depositados en bancos locales. Otros USD 700 millones se dirigieron a activos externos y unos USD 900 millones se usaron para pagos con tarjeta, turismo, servicios y otros consumos.

Los depósitos en dólares superan los 42.000 millones, un nivel récord, y forman parte de la liquidez en moneda extranjera que permanece en entidades bancarias

El Gobierno sostiene que esa permanencia dentro del sistema, a la que define como dolarización onshore, reduce la presión inmediata sobre las reservas. Los depósitos en dólares superan los 42.000 millones, un nivel récord, y forman parte de la liquidez en moneda extranjera que permanece en entidades bancarias.

Las reservas líquidas y el financiamiento definirán el margen de acción

La capacidad de respuesta ante una presión sobre el dólar dependerá de cuántos recursos de la “bazuca” estén disponibles al mismo tiempo. El BCRA necesitará sostener las reservas, mientras el Tesoro deberá cubrir vencimientos de deuda y buscar financiamiento en el mercado.

Los swaps ocupan un lugar central en esa discusión. Un acuerdo de intercambio de monedas puede ampliar el margen financiero, pero su uso para intervenir en el mercado cambiario requiere que la contraparte habilite la operación. En el caso de Estados Unidos, además, una nueva asistencia estará atravesada por la política interna de ese país y por las condiciones que pueda fijar la administración de Donald Trump.

También queda por definir el papel del mercado de futuros. La utilización de contratos puede moderar las expectativas de devaluación, pero tiene un alcance distinto al de una venta de dólares y está sujeta a los topes acordados con el FMI.

Así, la cuenta de los pesos potencialmente dolarizables y la de los dólares disponibles no se miden solo por su volumen nominal. El punto será la velocidad con la que se muevan los depósitos, los títulos y las expectativas, frente a una capacidad de intervención que combina recursos líquidos, líneas sujetas a activación y herramientas financieras de alcance limitado.

Los mercados tuvieron ayer otro día convulsionado, que ahora se concentró en las acciones de tecnología y especialmente en aquellas que están subidas a la ola de la inteligencia artificial. Como consecuencia, el índice Nasdaq cayó 2,6%, mientras que los inversores buscaron refugio en los bonos norteamericanos para no correr riesgos.

Además, el petróleo subió otro escalón y el barril Brent tocó los USD 113, lo cual también aumento el nerviosismo de los inversores.

El otro dato de la jornada fue que la compra masiva de títulos de Estados Unidos provocó una suba de cotizaciones y por lo tanto una baja de los rendimientos. El bono que se utiliza como referencia, es decir el de diez años, pasó de un día para el otro de rendir 5,1% a 4,94% anual. Hace una semana ese rendimiento tocó el nivel de 5,3 por ciento.

Si bien la baja de los rendimientos luce como algo deseable, en realidad no lo es tanto. Sucede que en este caso el movimiento apareció como una respuesta ante el temor por la salud financiera de las empresas de IA, lo que gatilló compras de activos menos riesgosos, especialmente el bono del Tesoro americano.

La consecuencia de esta baja de tasas fue, paradójicamente, una suba del riesgo país que volvió a superar los 700 puntos básicos. Pero en este caso al menos no hubo caída de bonos locales, sino que el movimiento se explicó sobre todo por un descenso en el nivel de la tasa considerada libre de riesgo como es la norteamericana.

El clima internacional ya en las últimas semanas viene siendo desfavorable para Argentina y afecta al plan financiero que elaboró Luis “Toto” Caputo para 2027. Por lo pronto está el shock petrolero, que a su vez impulsó la inflación en todo el mundo, incluyendo a los países más desarrollados.

Como respuesta, la Reserva Federal subió la tasa de interés y habría un nuevo incremento en diciembre. El viento de frente y la suba del riesgo país retrasan el regreso de Argentina a los mercados financieros internacionales. Y ya en los últimos dos meses el Tesoro decidió tampoco colocar deuda en el mercado local.

Los interrogantes surgen porque para el año próximo el propio ministro de Economía había previsto colocar USD 5.000 millones en AO29. Sin embargo, los aumentos de los rendimientos en dólares provocaron que se suspendan estas colocaciones en los últimos dos meses y parece difícil que se puedan reanudar en 2027, en pleno proceso preelectoral.

Un informe de la consultora LCG advirtió que fuera de las fuentes “seguras” de financiamiento todavía quedaría una brecha de USD 17.000 millones por sobre los vencimientos totales de USD 25.000 millones. “Los recursos potenciales que había preparado el Gobierno ahora están en duda, mayor o menor según el caso”, advirtieron.

Además de las dificultades por conseguir fondos frescos vía el A029, el Gobierno tiene previsto compras de dólares al BCRA (USD 4.900 millones), privatizaciones y “otras fuentes” (USD 3.500 millones), y un saldo remanente del programa financiero de este año, que se estimaba más holgado de lo que está resultando.

“Todos estos recursos están teñidos de dudas, en mayor o menor medida”, agregaron desde LCG. También detallaron que el Tesoro tiene solo USD 1.200 millones en las cuentas del BCRA y aún debe hacer frente a vencimientos por USD 2.100 millones en lo que resta del año. “Parece improbable -agregaron- que queden USD 3.700 millones de saldo remanente para ser utilizado el año que viene”

El mercado descarta la posibilidad de un default por parte del Gobierno en 2027. Y la apuesta es que hará lo imposible para hacer frente al pago de vencimientos de deuda del año próximo. Caputo dio alguna pista de lo que podrían hacer, al adelantar que en caso de que el mercado local continúe cerrado para colocar a tasas razonables entonces podría recurrirse al swap de monedas que existe con China.

Petróleos Mexicanos (Pemex) redujo su deuda en más de 20 mil millones de dólares en menos de dos años y aumentó 81% la refinación de petróleo respecto a 2018, afirmó su director general, Juan Carlos Carpio Fragoso, este miércoles durante la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”.

El funcionario presentó un balance sobre extracción, elaboración de combustibles, petroquímica y fertilizantes, además de un programa de inversión superior a 1.8 billones de pesos entre 2025 y 2030. Según su exposición, la estrategia busca mantener la producción y generar más valor dentro del país.

Los resultados fueron difundidos después del incendio reportado esta semana en la plataforma Abkatún-H, Campeche, y de la presunta detección de hidrocarburo en un arroyo de Veracruz, cuyo origen Pemex atribuyó a instalaciones ajenas. Ambos episodios se suman al contexto de emergencias y cuestionamientos ambientales que enfrenta la empresa.

Pemex reporta su menor nivel de deuda desde 2014

Carpio Fragoso sostuvo que la reducción del endeudamiento permitió colocar a la petrolera en su nivel más bajo desde 2014. De acuerdo con el director, este resultado disminuye la presión por el pago de intereses y abre espacio para financiar actividades productivas.

“En menos de dos años, Pemex redujo su deuda en más de veinte mil millones de dólares”, expresó durante su presentación.

El funcionario vinculó esta disminución con la posibilidad de destinar más recursos a extracción, refinación y petroquímica. Sin embargo, en la intervención transcrita no precisó el saldo total de la deuda ni desglosó los mecanismos que explican su reducción.

Para el periodo 2025-2030, anunció inversiones por más de 1.8 billones de pesos. Aclaró que el monto presentado considera únicamente recursos de la empresa.

Los objetivos de ese programa incluyen sostener la producción de hidrocarburos, fortalecer las refinerías e impulsar la elaboración de petroquímicos. Se trata de una previsión de inversión para todo el periodo, por lo que no equivale a recursos ya ejercidos.

Refinación crece 81% y extracción se mantiene cerca de la meta

El aumento de 81% respecto a 2018 corresponde al petróleo procesado en refinerías, según las cifras expuestas por el director. El volumen pasó de aproximadamente 612 mil barriles diarios a más de 1.1 millones de barriles por día.

Esta actividad es distinta de la extracción petrolera: mientras la primera transforma el crudo, la segunda consiste en obtenerlo de los yacimientos.

En producción, Carpio Fragoso reportó un nivel de 1.76 millones de barriles diarios, cercano a la meta de 1.8 millones. También informó que la producción de gas natural aumentó 7.5% frente a 2024 y supera los 4 mil 900 millones de pies cúbicos diarios.

El director atribuyó el incremento de la refinación a la operación constante de las instalaciones, la incorporación de la refinería Olmeca y las mejoras operativas en Tula.

“Estamos transformando más petróleo en productos útiles para la economía y la población”, señaló.

Producción de gasolina, diésel y turbosina aumenta 186%, afirma Carpio

Según el balance presentado, la producción conjunta de gasolina, diésel y turbosina aumentó 186% respecto a 2018, al pasar de 350 mil barriles diarios a un millón de barriles por día.

El funcionario también destacó un cambio en el origen de los combustibles comercializados por Pemex: aseguró que en 2018, de cada 100 litros vendidos, 24 eran producidos en sus propias refinerías, mientras que actualmente la proporción es de 85 de cada 100.

De acuerdo con su explicación, esta modificación representa una menor dependencia de compras externas para abastecer la operación comercial de la empresa.

Las ventas de gasolinas y diésel, agregó, crecieron 17.9% entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En otros segmentos, reportó los siguientes avances:

• Derivados del etileno: incremento de 27% respecto al año anterior.
• Fertilizantes: aumento de 16% en la producción.
• Urea: crecimiento de 36%, además de incrementos en fertilizantes fosfatados y nitrogenados.

Carpio sostuvo que estos productos aportan materias primas a la industria y suministros para la actividad agrícola.

Incendio en Abkatún-H y reporte en Veracruz enmarcan el balance

El pasado 19 de octubre, Pemex informó de un incendio en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, ubicada a 73 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche. La empresa reportó que no había personas lesionadas y que movilizó embarcaciones contraincendios tras activar sus protocolos de seguridad.

Días antes, el 15 de octubre, la petrolera negó haber identificado una fuga en su infraestructura cercana al arroyo Chacalapa, en Jáltipan, Veracruz. Afirmó que el producto detectado procedía de instalaciones y operaciones ajenas, aunque aportó personal y equipo para contenerlo y recuperarlo.

Estos hechos se agregan a los antecedentes de derrames en el Golfo de México. Recientemente, la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México documentó residuos de petróleo en 113 sitios a lo largo de mil 168 kilómetros de litoral. La organización y Greenpeace solicitaron recuperación ambiental y reparación para las comunidades afectadas.

Pemex anuncia apoyos comunitarios por casi 6 mil 600 millones de pesos

Durante la presentación, Carpio Fragoso también afirmó que, entre 2025 y septiembre de 2026, Pemex destinó casi 6 mil 600 millones de pesos a comunidades y regiones estratégicas.

Explicó que los apoyos abarcan caminos, proyectos productivos, infraestructura, obras de salud y educación, así como programas comunitarios en los territorios donde opera la empresa.

El director incluyó estos recursos entre los resultados de la petrolera. No obstante, la intervención transcrita no detalló partidas específicas para la atención de los incidentes recientes ni presentó un balance de reparación ambiental asociado a los derrames.

La semana pasada estuve conversando con los socios de las áreas corporativa y laboral sobre un cliente que estaba solicitando una actualización de la descripción de puestos de sus trabajadores y de sus facultades legales (régimen de poderes), dado que había implementado un nuevo organigrama interno. Conversando sobre las posibles implicancias fiscales del régimen de poderes y de los perfiles de puesto, les comenté el tema de la responsabilidad solidaria en el ámbito tributario.

La posibilidad de que una persona pague con su propio patrimonio la deuda tributaria de un tercero es un tema que viene siendo revisado por la SUNAT y el Tribunal Fiscal en diversos casos, habiéndose llegado a imputar la responsabilidad a los representantes legales de diversas empresas.

Recordemos que a finales del 2024 la SUNAT publicó una nota de prensa informando que había “…notificado Resoluciones Coactivas a 22 mil empresas -de los sectores de comercio, servicios y manufactura-, requiriendo el pago de la deuda tributaria e informando sobre el inicio de la evaluación del Procedimiento de Atribución de Responsabilidad Solidaria” a sus representantes legales.

Para efectos del presente artículo mencionaremos los requisitos para la imputación de la responsabilidad solidaria a los representantes legales y qué deberían considerar las empresas al momento de determinar sus perfiles de puesto y el régimen de poderes de sus colaboradores.

¿Cuándo responde un representante legal con sus propios bienes?

De acuerdo con el Código Tributario, los representantes legales deben pagar los tributos de sus representadas con los recursos que administran o disponen. En caso no se cumpla con ello y de mediar dolo, negligencia grave o abuso de facultades, los representantes legales califican como responsables solidarios para el pago de dicha deuda, debiendo cancelarlas con sus propios patrimonios.

En este contexto, el Tribunal Fiscal ha señalado reiteradamente que para que un representante legal sea válidamente imputado como responsable solidario debe:

• Tener la condición de representante legal en los periodos fiscalizados por la SUNAT.
• Haber estado encargado o haber participado en la determinación y pago de tributos por tales periodos.
• Haber actuado con dolo, negligencia grave o abuso de facultades en la omisión del pago de la deuda tributaria.

Aquí es donde se conecta el tema fiscal con la solicitud del cliente: no sólo basta tener la condición de representante legal, sino que además debe tener facultades y poderes vinculados con la determinación, supervisión o pago de los impuestos. Esto queda en evidencia de la revisión de la descripción de puestos y del régimen de poderes de los colaboradores.

El caso del Gerente General vs el Presidente del Directorio

Según la Ley General de Sociedades, el gerente general es responsable por la existencia, regularidad y veracidad de los libros y registros de contabilidad y está a cargo de la administración ordinaria de la sociedad, lo cual incluye el cumplimiento de las obligaciones tributarias de acuerdo con el Tribunal Fiscal.

Pensemos por un momento en un gerente general que otorga diversos pagos a los accionistas, señalando como fundamento la prestación de diversos servicios que no lograron acreditarse. En ese caso, mediante la Resolución N° 00849-5-2022, el Tribunal Fiscal indicó que el gerente general tuvo conciencia, voluntad e intención de dejar de pagar impuestos al deducir los pagos a los accionistas. En ese sentido confirmó la atribución de responsabilidad solidaria, por lo que el gerente general fue declarado responsable de pagar con su patrimonio la deuda de la empresa.

Ahora bien, más allá de la definición legal de las obligaciones y responsabilidades del gerente general, en la práctica muchos de ellos se enfocan en el negocio de su representada y dejan el cumplimiento de las obligaciones fiscales a los colaboradores que realizan directamente la determinación y pago de los impuestos.

Por ello, es muy importante delimitar específicamente la descripción de los puestos y las facultades delegadas a los colaboradores. Así se evita que la atracción de talentos se vea limitada por una estructura interna que perjudica a un buen gerente general enfocado en el core del negocio.

Por ejemplo, en la Resolución N° 0521-8-2024, el Tribunal Fiscal dejó sin efecto la atribución de responsabilidad solidaria al presidente del directorio de una empresa, pues dicho cargo no tenía la facultad ni la obligación de determinar y pagar los impuestos, los cuales recaían según los estatutos y poderes de la empresa en el gerente general.

Recomendaciones prácticas para la gestión corporativa

En este contexto, es recomendable que, al momento de diseñar la descripción de puestos de sus trabajadores y el régimen de poderes, se considere lo siguiente:

Delimitar la cadena de responsabilidad: Definir claramente la cadena de responsables de la determinación y pago de impuestos, precisando qué cargos están involucrados en dicha cadena (asistente tributario, jefe tributario y CFO, por ejemplo).

Implementar y actualizar controles internos: Diseñar, implementar y actualizar periódicamente los controles internos vinculados a la liquidación de los impuestos.

Documentar el criterio fiscal: Documentar las decisiones sobre el tratamiento tributario de las operaciones materiales, basándose en los pronunciamientos de la SUNAT y del Tribunal Fiscal.

La deuda pública de Panamá alcanzó los $62,777.7 millones al cierre de septiembre de 2026, después de aumentar $3,428.4 millones durante los primeros nueve meses del año, equivalente a 5.8%.

El nuevo saldo, reportado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), representa el nivel más alto del endeudamiento estatal y refleja la contratación de nuevos préstamos para atender compromisos presupuestarios.

El saldo había cerrado diciembre de 2025 en $59,349.3 millones, por lo que el crecimiento acumulado hasta septiembre confirma la trayectoria ascendente de las obligaciones financieras. En comparación con septiembre de 2025, cuando se contabilizaban $58,694.4 millones, el endeudamiento aumentó $4,083.3 millones, equivalente a 7%, según los registros oficiales de ambos períodos.

Durante septiembre, la deuda creció $859.2 millones frente a agosto, cuando se situaba en $61,918.4 millones. El incremento mensual de 1.4% estuvo relacionado principalmente con un préstamo contratado con Bladex y nuevas colocaciones de letras del Tesoro, mientras las amortizaciones efectuadas no compensaron los recursos recibidos por el Gobierno.

La principal operación correspondió a un financiamiento de $1,000 millones otorgado por el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex). Según la resolución publicada en la Gaceta Oficial, los fondos fueron solicitados para cubrir parcialmente las necesidades estacionales de liquidez del Presupuesto General del Estado de 2026 y futuras vigencias fiscales, sin asignarse exclusivamente a una obra determinada.

El Gobierno también recibió $407 millones mediante la colocación de letras del Tesoro, además de $12.6 millones desembolsados por organismos multilaterales. Estos últimos recursos estuvieron vinculados con programas de saneamiento e inclusión social.

Las variaciones cambiarias añadieron otros $175.2 millones al saldo, mientras las amortizaciones de capital contribuyeron a reducir parcialmente el incremento.

Entre los desembolsos multilaterales figuran $5 millones del BCIE para el saneamiento de Arraiján y La Chorrera, junto con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo destinados a inclusión social y atención de personas con discapacidad. También se registraron fondos para el saneamiento de la ciudad y la bahía de Panamá, según el desglose presentado por Financiamiento Público

La evolución del endeudamiento también permite comparar las obligaciones acumuladas durante las últimas administraciones presidenciales. Cuando Laurentino Cortizo asumió el poder, en julio de 2019, recibió un saldo de aproximadamente $26,612.8 millones, correspondiente al cierre de junio. Al finalizar su gestión, en junio de 2024, la cifra había alcanzado $51,812.8 millones.

Durante los cinco años del gobierno de Cortizo, la deuda aumentó aproximadamente $25,200 millones, equivalente a 94.7%, prácticamente el doble del monto inicial. El crecimiento estuvo acompañado de mayores compromisos financieros que continuaron después del cambio de administración, mientras el pago de intereses adquirió un peso creciente dentro del presupuesto público.

Desde el inicio del gobierno de José Raúl Mulino, el saldo aumentó $10,964.9 millones respecto a junio de 2024, equivalente a 21.2%. La comparación comprende los primeros 27 meses transcurridos desde aquella referencia y muestra que las necesidades de financiamiento continúan impulsando el endeudamiento, pese a las amortizaciones realizadas por el Estado.

El servicio de la deuda también representa una presión importante sobre las finanzas públicas panameñas. Durante septiembre, los pagos de capital, intereses y comisiones rondaron los $660 millones. Los organismos multilaterales recibieron aproximadamente $120 millones, mientras los bonos globales generaron $216.8 millones exclusivamente en intereses, sin reducir el capital pendiente de esos títulos.

En el mercado interno, las letras del Tesoro concentraron pagos cercanos a $308.7 millones, principalmente por vencimientos de capital. También se atendieron compromisos con bancos oficiales y notas del Tesoro. Entre enero y agosto, los intereses ya habían sumado $2,084.9 millones, una carga que limita los recursos disponibles para otras obligaciones presupuestarias.

El desglose de acreedores revela que los bonos concentran $34,961 millones, aproximadamente 55.7% de la deuda total. El Banco Interamericano de Desarrollo registra $4,149 millones y Citi otros $3,877 millones. Las notas y letras del Tesoro acumulan $5,265 millones, mientras el financiamiento restante se distribuye entre bancos y organismos internacionales.

Entre las principales entidades también aparecen BBVA Nueva York, con $2,479 millones; CAF, con $2,288 millones; y el Banco Mundial, con $2,261 millones. Santander mantiene $1,363 millones y Bladex otros $1,000 millones. Esta estructura muestra la dependencia del financiamiento mediante emisiones de títulos y préstamos institucionales, tanto internos como externos.

El crecimiento registrado durante septiembre confirma que Panamá continúa recurriendo a nuevas operaciones financieras para atender sus necesidades de liquidez, mientras mantiene obligaciones acumuladas de administraciones anteriores. Con más de $62,700 millones pendientes, el desafío fiscal consiste en reducir el ritmo de endeudamiento y contener los intereses, sin afectar los compromisos del presupuesto estatal.

Las principales calificadoras de riesgo advierten que el creciente costo del servicio de la deuda reduce la flexibilidad presupuestaria de Panamá. Fitch Ratings calculó que los intereses absorbieron aproximadamente 18.8% de los ingresos públicos en 2025, frente a una mediana de 11.4% entre países con calificación BB, y alertó sobre nuevas presiones financieras.

Moody’s y S&P Global Ratings también han señalado que la sostenibilidad fiscal dependerá de contener el endeudamiento y reducir los déficits, ante una carga de intereses que limita los recursos disponibles para inversión y servicios públicos.

Fitch Ratings mantiene a Panamá en BB+, por debajo del grado de inversión, mientras Moody’s conserva la calificación Baa3, con perspectiva negativa, y S&P Global Ratings ratificó en septiembre la nota BBB-, con perspectiva estable.

El economista Gabriel Caamaño analizó en Infobae en Vivo las razones detrás de este comportamiento y señaló cuatro factores centrales: las expectativas electorales, una recuperación económica más débil de lo esperado, los vencimientos de deuda y la continuidad del apoyo financiero estadounidense.

“En términos generales, todos, los locales y los externos están reduciendo posición en activos argentinos”, afirmó. Según explicó, la caída no se limita a los bonos: el Merval medido en dólares se encuentra en niveles similares a los registrados antes de las elecciones del año pasado.

Las dudas sobre las elecciones de 2027

Uno de los principales factores que mencionó Caamaño es la incertidumbre sobre la competitividad electoral del oficialismo. El economista sostuvo que los inversores comenzaron a revisar sus expectativas sobre las posibilidades del Gobierno de conseguir una victoria en 2027.

“Yo creo que hay dudas respecto de qué tan competitivo es el oficialismo. Ya no se lo ve como un triunfo tan fácil”, explicó. Aclaró que el escenario dependerá también de quién se presente como alternativa electoral, pero señaló que las perspectivas son menos claras que a principios de año.

En ese contexto, mencionó la discusión sobre las PASO como otro elemento que contribuyó a anticipar el debate político. Según su análisis, el Gobierno buscó postergar la discusión electoral, pero el intento de eliminar las primarias y las posteriores dificultades para conseguir su suspensión produjeron el efecto contrario.

“Al hacerlo y meter la discusión de las PASO, instaló antes la discusión política este año”, sostuvo.

Caamaño consideró que las dificultades del oficialismo para alcanzar acuerdos con los gobernadores también constituyen señales que los inversores incorporan a sus evaluaciones. Además, planteó que algunos operadores podrían estar reduciendo sus posiciones en activos argentinos para aumentar su exposición a Brasil, ante las expectativas electorales en ese país.

Una economía que crece menos de lo esperado

El segundo factor está relacionado con el desempeño de la actividad económica. Caamaño reconoció que la situación macroeconómica mejoró significativamente, pero advirtió que la recuperación avanza a un ritmo inferior al que esperaba el Gobierno.

El economista recordó que la actividad registró una fuerte caída en julio y anticipó que agosto mostraría un rebote considerablemente menor. En septiembre, la recuperación parecía continuar, aunque sin compensar completamente el retroceso anterior.

En ese escenario, estimó que el crecimiento económico del año sería muy parecido al arrastre estadístico del período anterior. También planteó la posibilidad de una recesión técnica breve, mientras que la inflación se mantendría alrededor del 2% mensual, con registros algo inferiores hacia fin de año.

“Los indicadores económicos te hablan de una situación macro que se estabilizó y mejoró significativamente y eso es innegable”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que esa mejora no alcanza la velocidad ni la magnitud que esperaban el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. “Probablemente vas a tener una recesión técnica, no una recesión larga, sino cortita. Pero no vas a tener una economía volando como en algún momento dijo Milei”, sostuvo el economista.

Los vencimientos de deuda y las reservas

El tercer factor está vinculado con las necesidades financieras del Tesoro. Caamaño advirtió que el Gobierno dejó de colocar deuda en dólares en el mercado local hace más de un mes, mientras que los depósitos del Tesoro en moneda extranjera cayeron por debajo de los USD 1.000 millones.

Al mismo tiempo, enfrenta vencimientos por aproximadamente USD 4.500 millones en enero de 2027, correspondientes a bonos Bonares y Globales, y otros USD 4.500 millones en julio.

La principal preocupación del mercado es de dónde saldrán los dólares para cumplir con esos compromisos si el Gobierno no consigue refinanciar la deuda. Según explicó, una alternativa sería recurrir a las reservas del Banco Central, pero eso reduciría los recursos disponibles para afrontar eventuales tensiones financieras.

Caamaño destacó que el Gobierno compró una importante cantidad de dólares durante el año y consideró positiva esa decisión. Sin embargo, recordó que en 2025 se utilizaron reservas acumuladas previamente para pagar vencimientos y atender la demanda privada de divisas.

El economista advirtió que, si el Tesoro no recupera el acceso al financiamiento, podría repetirse una situación similar. “No tenés tanta munición como dijiste que tenías”, señaló al explicar las consecuencias de utilizar los dólares del Banco Central para cancelar deuda.

El futuro del respaldo de Estados Unidos

El cuarto factor es la incertidumbre sobre la continuidad del apoyo financiero estadounidense, especialmente por el papel del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Caamaño vinculó esa preocupación con las elecciones legislativas de medio término de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, y con las posibles consecuencias de un resultado adverso para Donald Trump.

El economista sostuvo que Bessent desempeña un papel determinante en el respaldo a la Argentina y que una eventual pérdida de influencia dentro de la administración estadounidense podría modificar el escenario financiero. “El blindaje es Bessent”, afirmó.

Según explicó, el secretario del Tesoro se convirtió en una figura de gran peso dentro del Gobierno estadounidense y cuenta con un amplio margen de acción. Incluso consideró que su apoyo a la Argentina responde, en numerosas oportunidades, más a su propia iniciativa que a instrucciones directas de Trump.

La preocupación no pasa únicamente por una eventual salida del funcionario, sino también por la posibilidad de que pierda atribuciones o influencia política después de las elecciones.

“Si Bessent no está, no hay blindaje y tenemos lo que tenemos”, advirtió.

Caamaño señaló que un cambio en el equilibrio político estadounidense podría coincidir con las dificultades de la Argentina para refinanciar sus vencimientos, lo que aumentaría la presión sobre las reservas.

De todas maneras, aclaró que ese escenario no implica necesariamente una crisis financiera durante 2027. “No significa que va a explotar todo el año que viene”, sostuvo.

El economista consideró que el balance de riesgos podría modificarse significativamente durante las próximas semanas, en función de los resultados electorales estadounidenses y de cómo quede conformado el equipo de Trump.

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Mirá la entrevista completa a Gabriel Caamaño

La semana financiera arrancó con un castigo adicional para los bonos argentinos, que ya venían golpeados. Desde temprano se registró presión vendedora, que solo se calmó después del mediodía. La caída de las cotizaciones estuvo en el orden del 1,5% y el riesgo país lo reflejó, trepando por encima de los 675 puntos básicos.

El deterioro en los precios de la deuda argentina no se detiene hace prácticamente tres meses. El nivel más bajo de riesgo país se registró a principios de julio, cuando tocó los 403 puntos. Desde ese momento no para de aumentar hasta llegar a los nuevos máximos de ayer.

Los mercados ven un peligro de default de los bonos prácticamente equivalente a cero el año próximo. Es decir, los inversores están prácticamente seguros que el Gobierno podrá hacer frente al pago de los vencimientos, aún si se mantiene cerrado el mercado internacional.

Incluso Luis “Toto” Caputo aseguró que en caso de no poder colocar deuda local podría recurrir al swap chino, que podría utilizarse para pagar importaciones de ese origen. Eso liberaría dólares que así se aplicarían a vencimientos de deuda en 2027.

En las últimas cuatro licitaciones de bonos el Tesoro optó por no emitir deuda en dólares para no justificar tasas tan altas. Hoy un AO29 rinde por encima del 10% anual, mientras que en su momento se hicieron emisiones a un rendimiento del 8,5 por ciento.

Las dudas pasan, por lo tanto, por la posibilidad que se registre un incumplimiento de la deuda a partir de 2028. El aumento de las tasas en los bonos norteamericanos impactaron en los títulos locales en las últimas semanas, provocando un salto todavía mayor de los rendimientos en moneda dura.

Incluso ayer que fue una jornada algo más positiva para Wall Street los bonos no se acoplaron y siguieron con su tendencia a la baja. El mercado empieza a mirar con más preocupación lo que será un año electoral complicado.

El detalle no menor es que todavía falta un año para las elecciones presidenciales. ¿No estarán exagerando muchos con esta venta de activos argentinos? A la debilidad de los bonos se suma la de acciones bancarias, que ayer perdieron otro 2% en Wall Street. En promedio, pierden cerca de 30% en lo que va del año y acumulan caídas superiores al 50% desde principios de 2025.

Una de las causas que se mencionaban en septiembre para explicar el aumento del riesgo país fue la baja acumulación de reservas por parte del Banco Central aquel mes. Pero ahora ese argumento no existe. Las compras ya suman USD 1.000 millones en lo que va de octubre, el triple de lo registrado en todo el mes anterior.

El contexto político juega un rol más importante a medida que pasan los días y las semanas. Por un lado las encuestas de opinión marcan un estancamiento en el apoyo a Javier Milei, en torno al 38%. No es un mal número, pero resulta insuficiente como para garantizar una victoria electoral, mucho menos un triunfo en primera vuelta.

Por otra parte la oposición está empezando a moverse, lo que también genera ansiedad entre los inversores. Ahora además de Axel Kicillof aparecen en la contienda desde Sergio Massa hasta Máximo Kirchner.

La pregunta válida en caso de un regreso del kirchnerismo es cómo harán para hacer frente a los futuros pagos de deuda si el riesgo país sigue aumentando y no hay accedo al financiamiento voluntario.

Esto ya sucedió en 2020 y en ese momento Alberto Fernández optó por reestructurar la deuda, alargando los vencimientos y con fuertes recortes en los cupones de intereses.

A pesar de estos temores, luce un poco prematuro el castigo que están sufriendo los bonos. Por otra parte, la sensación de que el deterioro de las cotizaciones será mayor a medida que se acercan las elecciones también lleva a muchos a dilatar compras, esperando un mejor momento de entrada.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dio aval este lunes a una amnistía fiscal para 2026 que elimine multas, intereses y recargos, aunque mantenga intacta la obligación de pagar el capital adeudado por impuestos, derechos aduaneros y sanciones de tránsito.

Marvin Esaú Sorto, director general de Impuestos Internos, expuso ante la comisión que la medida tendría vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026 y permitiría regularizar obligaciones acumuladas hasta el 30 de septiembre de este año. El beneficio alcanzaría a personas naturales, empresas, cooperativas, asociaciones y sociedades de acciones simplificadas, según explicó el funcionario.

Sorto afirmó que el proyecto no busca favorecer a quienes evadieron impuestos, sino facilitar la regularización de contribuyentes que no lograron cumplir con sus obligaciones tributarias. “No venimos a pedir que se exonere el capital adeudado”, sostuvo durante la sesión. “Lo que venimos a pedir es que se le exonere de aquel castigo” correspondiente a multas, intereses y recargos.

La medida incluye deudas tributarias, aduaneras y multas de tránsito

La propuesta permitiría que los contribuyentes paguen el impuesto principal sin asumir las penalidades acumuladas por declaraciones omitidas, pagos incompletos, saldos a favor improcedentes o declaraciones presentadas sin cancelar el monto liquidado.

El alcance también incluye casos en fiscalización, procedimientos de audiencia y apertura a pruebas, recursos ante el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y de Aduanas, procesos en la jurisdicción contencioso-administrativa, expedientes ante la Fiscalía General de la República y acciones de amparo constitucional, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el decreto.

Según Sorto, los contribuyentes con procesos judiciales podrán desistir de manera total o parcial de sus reclamos para acogerse al beneficio. En esos casos, deberán presentar el desistimiento ante la instancia correspondiente y luego tramitar un acuerdo de pago ante la Dirección General de Tesorería.

La iniciativa abarca además obligaciones aduaneras. Podrán acogerse quienes no presentaron declaraciones de mercancías, incurrieron en omisiones o inexactitudes, o dejaron pendientes el pago de derechos arancelarios a la importación y otros tributos vinculados con operaciones de comercio exterior.

El proyecto también contempla las retenciones y percepciones del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios —el IVA— y las retenciones del impuesto sobre la renta. Sorto señaló que, en esos casos, la normativa prevé multas equivalentes al 100% de los montos retenidos y no enterados al fisco.

Las multas de tránsito no se eliminarían, pero sí sus recargos

La amnistía no perdonaría la multa impuesta por una violación a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El beneficio se limitaría a los intereses y recargos generados por el impago de esas sanciones. La misma regla aplicaría a multas establecidas por otras instituciones públicas: el infractor deberá pagar el monto principal, aunque podría quedar exento de cargos adicionales.

“En ningún momento el Ministerio de Hacienda está solicitando la exoneración de multas a los que han sido infraccionados”, afirmó Sorto. La cartera prevé coordinar la aplicación de la medida con el Viceministerio de Transporte, la Dirección General de Tesorería y otras entidades que intervienen en el cobro de sanciones.

El pago podrá hacerse en nueve cuotas sin intereses

Los contribuyentes que no dispongan de recursos para cancelar la deuda en un solo pago podrán solicitar un plan de hasta nueve cuotas mensuales. La primera deberá equivaler al 10% del impuesto complementario adeudado y el saldo se distribuirá en ocho pagos sucesivos.

Durante ese período, el acuerdo no generaría multas ni intereses, a diferencia de los planes ordinarios de pago previstos en el Código Tributario. Si el contribuyente incumple una de las cuotas, perderá el beneficio de la amnistía y Hacienda reactivará el cobro de las penalidades, explicó Sorto.

La medida también permitiría regularizar sociedades inactivas, entidades que no presentaron declaraciones en cero y empresas que necesitan actualizar datos ante la administración tributaria, como el domicilio para notificaciones o el nombramiento de un auditor fiscal.

Sorto señaló que un emprendedor que omitió declaraciones por desconocimiento, un trabajador que no presentó su primera declaración de renta o un pequeño negocio que no enteró retenciones podrán ponerse al día mediante este mecanismo.

Hacienda atribuye el mayor alcance de la amnistía a pequeños contribuyentes

La amnistía fiscal de 2025 benefició a 56.195 contribuyentes, indicó Sorto. Según los datos expuestos ante la comisión, el 71% de la recaudación obtenida durante esa medida provino de pequeños contribuyentes; el 15%, de medianos, y el 14%, de grandes contribuyentes.

El funcionario también afirmó que la amnistía anterior dejó “más de $ 60 millones” que, según la visión del Ministerio de Hacienda, los beneficiarios destinaron a la economía nacional en lugar de pagar multas e intereses.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que la participación de inversionistas internacionales en el mercado local de deuda panameño creció 35% en los últimos dos años.

Sus tenencias pasaron de $974 millones en agosto de 2024 a $1.312 millones al cierre de septiembre de 2026.

El dato se dio a conocer junto con un anuncio clave de Moody’s Ratings: la calificadora asignó por primera vez notas de riesgo a los programas de deuda local de Panamá. El programa de Letras del Tesoro recibió (P)P-3 y el de Notas del Tesoro, (P)Baa3.

Ambas calificaciones quedan en grado de inversión. Se derivan de la nota soberana de largo plazo que ya ostenta la República, Baa3.

Hasta este anuncio, los programas de Letras y Notas del Tesoro operaban sin una calificación de riesgo independiente, pese a que el país sí cuenta con la suya. Esa ausencia funcionaba como una barrera de entrada para un segmento específico del capital internacional.

Numerosos inversionistas institucionales (fondos de inversión, administradoras de activos y aseguradoras) solo pueden adquirir instrumentos que cuenten con calificación de riesgo. La falta de una nota propia en los programas locales limitaba, por tanto, su participación en las subastas panameñas.

La agencia respondió a la creciente presencia de capital extranjero en el mercado local, que exigía una nota de riesgo formal para abrir la puerta a más inversionistas institucionales, reforzar la demanda en las subastas y bajar el costo de financiamiento del Estado panameño.

El fenómeno no se limita a un solo canal. Además de los participantes que operan a través del enlace con Euroclear, los depósitos centrales de valores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua mantenían $32,0 millones en Letras y Notas del Tesoro al 30 de septiembre de 2026.

Esa cifra contrasta con los $0,3 millones que esos mismos depósitos regionales sostenían en agosto de 2024. El crecimiento evidencia que el interés no proviene únicamente de los grandes fondos globales, sino también de actores centroamericanos.

El peso de los custodios internacionales resulta aún más visible en las colocaciones recientes. Al 30 de septiembre de 2026, estos custodios concentraban entre 39,5% y 51,2% del saldo de las series emitidas en agosto y septiembre de ese año.

Según el MEF, la participación internacional varíade una subasta a otra, pero las dos colocaciones más recientes de Letras del Tesoro registraron los niveles más altos del último año.

Una base de inversionistas más amplia y diversa tiende a generar una competencia más intensa en cada subasta. El Ministerio de Economía y Finanzas sostiene que ese mayor apetito se traduce en una curva de rendimientos local más profunda y en un menor costo de financiamiento para el Estado panameño.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, vinculó directamente el fenómeno con la confianza internacional en el país. “La creciente presencia de inversionistas internacionales en nuestro mercado local es una señal de confianza en Panamá”, afirmó.

Chapman agregó que contar con Letras y Notas del Tesoro calificadas “nos permite abrir el mercado a más inversionistas, fortalecer la demanda en cada subasta y seguir reduciendo el costo de financiamiento del Estado”.

El MEF también aclaró un punto sensible para la lectura del mercado. La reducción registrada en abril de 2026 en las tenencias extranjeras no obedeció a ventas de inversionistas internacionales.

Ese descenso se explica, según la cartera, por el vencimiento de la Nota 2026, cuyo monto fue pagado a sus tenedores en esa fecha. Se trató, entonces, de un flujo normal de amortización y no de un retiro de confianza hacia los instrumentos panameños.

Las Letras del Tesoro son instrumentos de corto plazo que se colocan mediante subastas periódicas, generalmente a 12 meses, y que ahora llevan la nota (P)P-3. Las Notas del Tesoro, en cambio, son de mediano plazo, con el plazo y el cupón definidos en cada subasta, y recibieron la calificación (P)Baa3.

Ambos programas cuentan con el respaldo de un esquema de Creadores de Mercado, que contribuye a sostener la liquidez en el mercado secundario. Esa estructura, sumada a la nueva calificación de Moody’s Ratings, busca consolidar a Panamá como un destino más accesible para el capital institucional global.

En España se ha producido un cambio en la forma en que las compañías gestionan sus finanzas. La empresa mediana ha reducido su nivel de deuda del 47% de sus activos al 7% en un plazo de tres años. Ese ajuste coincidió con una caída de la inversión, la devolución de préstamos y deudas, y un aumento de la liquidez, según un estudio del Banco de España que analiza la evolución de las sociedades no financieras entre 2007 y 2024.

El informe estudia casi un millón de empresas con al menos un año de información posterior a su máximo nivel de endeudamiento. Describe un patrón extendido: durante el período de reducción de deuda, las compañías disminuyeron sus pasivos y elevaron su liquidez, mientras la inversión perdió peso. “Estos resultados muestran que, durante el proceso de desapalancamiento, las empresas priorizan la reducción de los pasivos y el refuerzo de la liquidez, en detrimento de la inversión productiva”, explica el texto. No obstante, el propio informe advierte que su análisis es descriptivo y no permite determinar hasta qué punto el ajuste respondió a restricciones de crédito o a decisiones propias de las empresas.

La evolución quedó reflejada en los indicadores de inversión. La proporción de empresas con inversión positiva bajó del 62% cuando tenían su mayor nivel de deuda al 46% después de reducirla. La formación bruta de capital fijo, un indicador de la inversión en maquinaria, instalaciones y otros activos duraderos, descendió del 0,8% de los activos a valores nulos.

Menos préstamos pendientes y más dinero disponible

El ajuste no solo redujo el peso de la deuda. El 31% de las empresas analizadas terminó sin ninguna deuda pendiente. Y el 54% llegó a tener más dinero disponible, en caja o en el banco, del que debía a sus acreedores. El informe llama a esa situación “deuda neta negativa”.

El dinero disponible de la empresa mediana pasó de representar el 5% al 8% de sus activos. Para el Banco de España, esto demuestra que las empresas no solo pagaron deudas: también guardaron más efectivo para estar mejor preparadas ante imprevistos y acceder con más facilidad a financiación en el futuro. Entre las grandes empresas, el aumento fue menor, del 1,6% al 2,4%, y esa diferencia también se nota en las decisiones de inversión.

Las pymes redujeron más deuda y reforzaron su liquidez

En las pymes, el porcentaje de compañías que invirtieron cayó del 61% al 46%, mientras que entre las grandes empresas descendió del 86% al 82%. La diferencia muestra que las pymes priorizaron con más fuerza guardar dinero en vez de invertir, mientras reducían su deuda.

La explicación tiene que ver con cómo se financia cada tipo de empresa. Las pymes dependen casi por completo de los bancos: en su momento de mayor deuda, los préstamos bancarios representaban el 26% de sus activos, y la deuda con otros acreedores era prácticamente inexistente. Las grandes empresas, en cambio, reparten más su financiación: la deuda bancaria representaba el 16% de sus activos, y la deuda con otras fuentes, el 13%.

Pagar los préstamos fue, de hecho, la forma más común de reducir la deuda. Las pymes bajaron su deuda total en un 73% durante el proceso analizado, frente al 60% de las grandes empresas.En las grandes empresas, además de pagar deuda, otra vía importante fue usar sus propios recursos, como ganancias acumuladas o aportaciones de los accionistas.

Ganar más al pagar menos intereses

El ajuste financiero tuvo otra consecuencia: las empresas ganaron más dinero en relación con lo que tenían. El retorno sobre activos, un indicador que compara los beneficios con el total de recursos de una empresa, pasó del 0,2% al 2% en la empresa mediana.

La mejora se debió a dos factores: las empresas vendieron más o gastaron menos en su actividad principal, y pagaron menos intereses por sus deudas. Los gastos en intereses y otros costos financieros bajaron del 0,8% al 0,3% de los activos. Al deber menos dinero, las empresas destinaron menos ingresos a pagar intereses, lo que dejó más margen para mejorar sus ganancias.

Las empresas con más riesgo de no poder pagar sus deudas fueron las que más redujeron su endeudamiento. Aquellas con una probabilidad de impago superior al 3% bajaron su nivel de deuda 34 puntos porcentuales más que las empresas con menos riesgo.

El estudio también encontró diferencias según el tipo de empresa. Las compañías jóvenes y las de sectores como energía, comunicaciones, comercio y hostelería redujeron su deuda con más rapidez. En cambio, cuando el dinero prestado se había usado para comprar maquinaria o inmuebles, el proceso de pago de esa deuda fue más lento.

El acceso al crédito no explica todo el cambio

Una parte del ajuste coincidió con momentos difíciles para conseguir financiación. Las empresas llegaron a su nivel más alto de deuda, sobre todo, en dos momentos: en 2008, al inicio de la crisis financiera global, y en 2020, durante la pandemia. En ambos casos, muchas recurrieron a préstamos y otras fuentes de dinero, aunque por razones distintas.

Aun así, el Banco de España señala algo llamativo: incluso las empresas que podían seguir pidiendo créditos a los bancos optaron por reducir su deuda. El estudio no puede determinar con precisión cuánto de ese comportamiento se debió a que los bancos prestaban menos dinero, y cuánto fue una decisión propia de las empresas.

Todo apunta a que, además de las posibles dificultades para conseguir crédito, las empresas también decidieron por su cuenta pagar deudas y guardar más dinero disponible para reducir riesgos futuros. Lo que el informe no puede confirmar es si ese cambio permitirá, más adelante, que las empresas vuelvan a invertir con la misma fuerza que antes.

Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora del mes de septiembre, una amplia mayoría de los hogares argentinos agota sus ingresos antes de fin de mes y se endeuda para cubrir necesidades cotidianas. Más precisamente, el relevamiento arroja que dos de cada tres personas se quedan sin dinero el día 20 de cada mes. La situación es más grave entre los menores de 40 años y en los sectores de menores ingresos: el 72% de los jóvenes no llega con dinero más allá de esa fecha y en la clase baja la proporción asciende al 83,3 por ciento. Solo uno de cada tres llega a fin de mes con sus ingresos y apenas uno de cada diez consigue ahorrar.

El Monitor muestra que la duración del ingreso se volvió un indicador de la fragilidad económica de los hogares, contexto en el que el crédito funciona como extensión del ingreso mensual y no como herramienta destinada a la compra de bienes durables. El 56,2% de los encuestados tomó deuda en los últimos seis meses y de ellos el 55,1% lo utilizó para afrontar gastos básicos, como alimentos y salud; el 21,3% lo destinó al pago de tarifas y servicios; y solo el 11,8% para adquirir bienes durables, vinculados a una mejora del estándar o calidad de vida.

La percepción sobre los salarios respalda esa tendencia. El 81,8% dijo que la evolución de sus ingresos es inferior a la inflación: desde marzo la proporción de personas que afirma eso no bajó del 81%, con un pico del 87,4% en julio, persistencia que sugiere que la insuficiencia de ingresos no se percibe como un problema ocasional, sino como una dificultad sostenida en el tiempo.

Clases sociales y destino de la deuda

La deuda presenta diferencias marcadas por nivel socioeconómico. En la clase baja, el 68,1% se endeudó en los últimos seis meses y dos de cada tres lo hicieron para cubrir gastos esenciales. El margen de ahorro en ese segmento es inferior al 1%, el 59,6% no llega al día 15 y el 83,3% no supera el día 20 del mes. En la clase alta, solo el 20% se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 61,9% logra ahorrar, aunque una parte también recurre al crédito, pero en el 63,4% de los casos para comprar bienes durables. Esto es, en función de “decisiones” más que de “necesidades”.

En la clase media el 51,4% se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 47,1% se endeudó. Entre quienes se endeudaron, el 45,6% lo hizo para cubrir gastos básicos. En este grupo el factor de más peso es el costo de las tarifas y los servicios: el 29% se endeudó para pagarlos, la cifra más alta entre los tres estratos sociales (en la clase baja el porcentaje es 18,2%, y en la alta 4,7%).

El endeudamiento para financiar las últimas semanas del mes puede generar insostenibilidad.

El informe plantea que el endeudamiento para financiar las últimas semanas del mes puede generar insostenibilidad. La deuda contraída debe pagarse con el ingreso del mes siguiente, que también es insuficiente, con lo que la deuda se vuelve un factor estructural de vulnerabilidad y fuente de morosidad.

Jóvenes, los más afectados

El grupo de edad más afectado es el de menores de 40 años: el 72% de ellos no supera el día 20 con sus ingresos, solo el 3% logra ahorrar y el 60,9% tomó deuda durante el último semestre. Sin reservas, este grupo recure al crédito ante cualquier gasto inesperado. No es casual que sea el segmento que hace la peor evaluación sobre la economía: el 69,1% la califica negativamente.

A su vez, la visión sobre la situación nacional es más crítica que la evaluación de la economía personal. El 39,3% considera mala su situación particular, mientras que el 61,5% califica negativamente la del país. La opinión negativa sobre la economía nacional es del 42,9% en la clase alta, del 56,5% en la clase media y del 70,7% en la clase baja.

Respecto de la morosidad, el 67% espera alguna intervención estatal. El 36,1% sostiene que se trata de un problema de toda la sociedad y que el Estado debe actuar, mientras que el 30,9% cree que, aunque sea un tema entre privados, requiere intervención pública. Solo 29,1% considera que el Estado no debe involucrarse, como sostiene el gobierno. Sin embargo, la opinión mayoritaria no pide condonar deudas, sino regularlas. Entre quienes proponen intervenir, el 61,3% apunta a regular el otorgamiento y condiciones de los créditos, el 23,6% a refinanciar deudas vía el BCRA y solo 7,5% a una condonación por ley.

El diagnóstico del Monitor de Zentriz es que la insuficiencia de ingresos y la inexistencia de ahorros, en especial entre los jóvenes y la clase baja, es la causa de fondo de la deuda y la morosidad como recursos de subsistencia.

La Justicia de Rosario dictó prisión preventiva para los tres acusados en la investigación por el femicidio de Natalia Giménez, la mujer de 35 años asesinada en su departamento de barrio Tablada. Con el avance de la causa, la Fiscalía relacionó el ataque con una red de préstamos informales que sería administrada desde la cárcel.

Este viernes, el juez Federico Rebola resolvió que Paulo Alejandro Álvarez, señalado como autor material del homicidio, y Germán Ángel “Pelado” Carrizo y Stela Maris Palacio, imputados por usura agravada por habitualidad, permanezcan detenidos mientras continúa el proceso.

Durante la audiencia, la fiscal Paula Barros sostuvo que Álvarez habría asesinado a Giménez con ensañamiento y alevosía. Asimismo, indicó que el ataque ocurrió en la madrugada del 26 de septiembre, dentro del departamento del segundo piso de la avenida Abanderado Grandoli al 3800.

El cuerpo fue encontrado boca abajo en la cocina por los hijos de Giménez, de 13 y 17 años, alrededor de las 19:00 horas. Tras pedir ayuda a una vecina, se comunicaron con su padre, quien estaba separado de la mujer.

En la vivienda faltaban el teléfono celular de Giménez y el juego de llaves, pero no presentaba signos de haber sido revuelto durante un robo. Desde el inicio, la fiscal Barros solicitó testimonios y el relevamiento de cámaras de la zona para establecer la secuencia del crimen y determinar su posible vínculo con los reclamos por la deuda.

A partir de estas medidas, la Fiscalía reconstruyó que el día del crimen Álvarez llegó al barrio en bicicleta, con una mochila y un casco azul de motocicleta. Cerca de las 05:57 horas, dejó el rodado atado a un poste en la esquina de Grandoli y Presidente Quintana y caminó hasta el edificio donde vivía la víctima con sus hijos.

Una vez que habría ingresado en la vivienda, el acusado habría atacado a la mujer con golpes y elementos punzantes y cortantes. De acuerdo con la información obtenida por Rosario 3, la víctima sufrió lesiones en el rostro, los ojos, la cabeza, el cuello y las manos.

Para la Fiscalía, parte de esas heridas fueron provocadas cuando la mujer aún estaba con vida, una circunstancia que fundamentó la calificación de femicidio con ensañamiento y alevosía. En paralelo, la autopsia determinó que la muerte se produjo por un traumatismo craneofacial y cervical, además de las heridas de arma blanca y la pérdida de sangre.

Después de que el crimen se consumara, la fiscal apuntó que las cámaras de videovigilancia registraron la salida de un hombre sin la campera azul, con el casco colocado y un objeto oscuro en una mano.

Además, la investigación logró trazar el recorrido que hizo el sospechoso hasta llegar a una vivienda ubicada en Cervantes al 700, en Villa Gobernador Gálvez. Ese sería el punto donde Álvarez fue detenido el 10 de octubre. En ese procedimiento también fueron secuestradas prendas y otros elementos que los investigadores procuran cotejar con los registros fílmicos.

Mientras que el móvil del femicidio se encuentra bajo análisis, la fiscal señaló que la otra línea central del expediente se concentra en los créditos informales que recibía Giménez. En este sentido, Carrizo y Palacio fueron acusados de integrar una estructura que prestaba dinero con intereses usureros en Rosario y localidades cercanas.

Carrizo estaba alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 6 y, según la imputación, gestionaba la actividad desde allí mediante teléfonos celulares y anotaciones manuscritas. Por su parte, Palacio habría mantenido el vínculo con quienes recibían el dinero, además de realizar reclamos y cobros fuera de la cárcel.

De hecho, durante una requisa en el lugar de detención de “Pelado”, los investigadores hallaron un cuaderno con 54 registros. Las anotaciones incluían nombres, números telefónicos, montos entregados y sumas reclamadas en concepto de devolución.

Entre los apuntes figuraba el nombre de Giménez junto a un préstamo de $ 400.000 y una exigencia de pago de $ 800.000. La Fiscalía también incorporó reclamos de cobro enviados a la víctima entre el 20 y el 24 de septiembre. A raíz de esto, la hipótesis indicaría que no se trataba de un hecho aislado, sino de una actividad habitual de la red de préstamos.

El déficit fiscal de Panamá alcanzó $3.387 millones entre enero y agosto de 2026, equivalente al 3,56% del producto interno bruto (PIB), según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Aunque la cifra representa una reducción de $560,7 millones frente a 2025, todavía se encuentra ligeramente por encima de la meta anual del 3,5%.

El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado cuando estos últimos son mayores. En términos sencillos, significa que el sector público utilizó más recursos de los que recibió, una brecha que debe financiarse mediante deuda, disponibilidades financieras u otros mecanismos.

Durante los primeros ocho meses, el Sector Público No Financiero (SPNF) recibió $9.405,4 millones, pero sus gastos ascendieron a $12.792,4 millones. La diferencia produjo el resultado negativo de $3.387 millones, aunque el desequilibrio fue menor que los $3.947,7 millones registrados en igual período del año anterior.

El SPNF comprende el Gobierno Central y otras entidades públicas no financieras, entre ellas la Caja de Seguro Social (CSS) y empresas estatales. Es el indicador utilizado para evaluar el cumplimiento de la meta fiscal, por lo que sus resultados no deben confundirse con las cuentas exclusivas del Gobierno Central.

La reducción del déficit respondió principalmente a un crecimiento del 10,2% en los ingresos públicos, equivalente a $871,1 millones adicionales. En comparación, los gastos aumentaron $310,5 millones, un 2,5%, lo que permitió reducir la distancia entre los recursos disponibles y las obligaciones.

Uno de los principales impulsores fue la Caja de Seguro Social, cuyos ingresos $424,1 millones, hasta alcanzar $3.439 millones. También aumentaron los recursos corrientes del Gobierno Central en $274,9 millones, mientras los ingresos de capital sumaron $198,2 millones, frente a apenas $6,6 millones en 2025.

En el Gobierno Central, la recaudación tributaria aumentó $334,3 millones, un 8,3%, hasta situarse en $4.381,8 millones. Los impuestos directos aportaron $2.433,8 millones y los indirectos $1.948,1 millones, impulsados por mayores cobros sobre salarios, propiedades, ventas e importaciones.

Entre los aumentos destacaron $86,4 millones adicionales en impuestos vinculados con planillas y $87 millones por el ITBMS sobre ventas. También crecieron los ingresos por seguro educativo, inmuebles e importaciones, mientras la recaudación no tributaria disminuyó $59,1 millones, debido a menores aportes de algunas fuentes.

Por el lado del gasto, las obligaciones corrientes alcanzaron $10.545,5 millones, un aumento de $422,6 millones. Este componente comprende pagos necesarios para el funcionamiento del sector público, incluidos salarios, prestaciones e intereses, mientras el gasto de capital disminuyó un 4,8%, hasta $2.246,9 millones.

La CSS explicó una parte importante del incremento, con $199,8 millones adicionales en sus gastos corrientes, principalmente por mayores desembolsos en pensiones y jubilaciones. El Gobierno Central también registró aumentos, aunque las transferencias corrientes disminuyeron $512,4 millones, contribuyendo a contener el gasto total de esa administración.

Otro factor de presión fue el pago de intereses de la deuda pública, que alcanzó $2.084,8 millones entre enero y agosto. La cifra aumentó $119 millones, un 6,1%, respecto al año anterior, y representó aproximadamente el 16,3% de todos los gastos del SPNF durante el período.

De ese monto, $1.814,9 millones correspondieron a intereses de deuda externa y $269,9 millones a obligaciones internas. Estas cifras reflejan únicamente el costo financiero del endeudamiento, no incluyen las amortizaciones del capital, que constituyen otra obligación del Estado y no aparecen desglosadas en este balance.

El MEF informó que el costo promedio ponderado de la deuda disminuyó del 4,97% al 4,66% entre diciembre de 2025 y agosto de 2026. Sin embargo, aunque el financiamiento presenta mejores condiciones, los intereses continúan absorbiendo recursos importantes que podrían destinarse a otras necesidades presupuestarias.

El informe también muestra un déficit primario de $1.302,2 millones, indicador que excluye los intereses de la deuda y permite observar el desequilibrio generado por las demás operaciones públicas. Este resultado mejoró $679,7 millones frente a 2025, aunque todavía refleja gastos superiores a los ingresos disponibles.

Las cifras cobran relevancia después del terremoto del 9 de octubre, que provocó daños en varias provincias. Inicialmente, el Gobierno incluyó una dispensa fiscal entre las medidas para afrontar la emergencia, pero posteriormente el MEF anunció que no utilizaría esa posibilidad para flexibilizar el límite establecido.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que se respetará la meta de déficit del 3,5% para 2026, pese a las necesidades de reconstrucción y asistencia. La dispensa habría permitido apartarse excepcionalmente de la trayectoria fiscal, bajo las condiciones previstas por la normativa.

Para alcanzar el objetivo, el Gobierno confía en los ingresos previstos para el último trimestre, cuando se concentra una parte importante de los aportes del Canal de Panamá y los dividendos de empresas públicas. El MEF sostiene que estos recursos permitirán reducir el déficit acumulado, aunque su cumplimiento dependerá también de la evolución del gasto.

Con un PIB nominal estimado en $95.102 millones, la meta del 3,5% equivale aproximadamente a $3.329 millones de déficit para todo 2026. El saldo registrado hasta agosto supera esa referencia en unos $58 millones, por lo que los últimos cuatro meses deberán producir una mejora neta para cerrar dentro del límite anunciado.

Casi la mitad de los hospitales sin fines de lucro de Texas puede enviar una factura antes de comprobar si el paciente tiene derecho a atención gratuita o con descuento.

La práctica persiste pese a que casi todos cuentan con herramientas para hacer esa verificación de forma automática y, en la mayoría de los casos, tampoco garantiza la devolución íntegra de lo que el paciente pagó antes de recibir la ayuda.

Un análisis de Tradeoffs sobre las políticas de asistencia financiera de los 166 hospitales generales y pediátricos sin fines de lucro del estado encontró que el 44% puede facturar antes de evaluar la ayuda económica.

El problema no es la falta de mecanismos: casi todas esas instituciones pueden identificar de manera proactiva a pacientes elegibles y reducir o eliminar sus saldos.

Ese contraste explica el debate. Los hospitales ofrecen atención de caridad, pero suelen activarla tras facturar, iniciar un plan de pagos o acercarse al cobro. Para quienes la desconocen, el orden puede generar una deuda evitable.

La detección automática existe, pero no siempre se aplica antes de facturar

La elegibilidad presunta infiere, con datos de ingresos o participación en programas públicos, que una persona cumple requisitos para atención gratuita o rebajada sin solicitud extensa ni documentos financieros. Cada hospital decide en gran medida su alcance y uso.

El relevamiento determinó que el 44% de los hospitales puede enviar facturas antes de evaluar si el paciente reúne los requisitos para atención de caridad o descuentos.

Memorial Hermann es el único sistema con una política escrita que ordena revisar y reducir o cancelar el saldo antes de facturar.

Otro 41% prevé la evaluación antes de derivar una cuenta impaga a cobranzas o de adoptar acciones extraordinarias, como embargar salarios, imponer gravámenes sobre bienes o negar atención futura por falta de pago. Esto deja margen para que una factura sea enviada mucho antes de que se determine si el paciente podía recibir ayuda.

La Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida por sus siglas en inglés como ACA, incorporó límites a las prácticas agresivas de cobro de los hospitales sin fines de lucro.

Estas instituciones deben realizar esfuerzos razonables para establecer si un paciente reúne las condiciones para recibir asistencia financiera antes de ciertas medidas de cobro.

La elegibilidad presunta es una de las vías que pueden usar para cumplir con esa obligación, aunque la norma no fija un momento uniforme para aplicarla.

A escala nacional, alrededor del 90% de los hospitales sin fines de lucro informó en 2022 que podía identificar automáticamente a pacientes elegibles, frente al 72% registrado seis años antes, de acuerdo con un análisis de datos federales de RTI International para Tradeoffs.

En Texas, Covenant Health, que opera cinco hospitales en Lubbock, fue el único sistema que dijo no usar esa opción, aunque su propia política la contempla. Su portavoz, Ainsley Nelson, atribuyó esa decisión a requisitos regulatorios y complejidades administrativas.

Los requisitos de una solicitud convencional pueden explicar por qué el mecanismo automático importa. Los pacientes pueden tener que entregar extractos bancarios, recibos de sueldo, información sobre préstamos de vehículos, cuentas de jubilación e incluso documentos de divorcio.

El economista de la Universidad de Stanford Neale Mahoney, especializado en deuda médica, comparó el proceso con una auditoría fiscal y sostuvo que el sistema actual está roto.

Facturar primero puede empujar a los pacientes a pagar una deuda que no debían

Aimee Carlock tuvo que reunir USD 5.500 antes de que Texas Health Resources programara una cirugía para tratar dolor intenso y sangrado uterino, en agosto de 2025.

La trabajadora independiente de limpieza doméstica, que entonces tenía 35 años, pidió dinero a una amiga y a sus padres porque no disponía de esa suma.

Después de la intervención descubrió que reunía los requisitos para recibir asistencia financiera y que la atención debía ser gratuita.

El sistema eliminó el saldo restante de su cuenta, pero no le devolvió los USD 5.500 pagados por adelantado. La política de Texas Health Resources contempla reintegros solo por importes que superen lo que el hospital suele cobrar a una persona con seguro, el mínimo exigido por las normas federales en determinados casos.

El caso ilustra la consecuencia de conceder el alivio cuando el pago ya se produjo. Carlock estuvo sin trabajar gran parte de 2026 por sus problemas de salud, solicitó préstamos para alimentos y servicios públicos y pidió asistencia alimentaria. “Solo estoy tratando de volver a ponerme de pie”, dijo a Tradeoffs. “Pero es muy difícil”.

Pagar antes de recibir ayuda: sin garantía de reintegro

La política de reembolsos no es una excepción aislada. Solo 10 de los 166 hospitales analizados garantizan un reintegro completo a quienes pagaron antes de que se les reconociera la asistencia financiera.

Cerca de dos tercios de las instituciones indican que no devolverán la totalidad del dinero en esas circunstancias. La obligación federal de reembolsar importes por encima de los cargos habituales para pacientes asegurados no cubre necesariamente a quienes reciben ayuda mediante elegibilidad presunta.

La investigación también detectó fallas en la comunicación. Alrededor del 40% de las políticas prevé que el paciente no sea informado cuando su deuda se elimina automáticamente; solo el 8% exige notificarlo y las restantes no precisan qué debe hacerse.

Las normas de CommonSpirit Health para sus hospitales del sudeste texano señalan que los pacientes no recibirán comunicación sobre esa decisión. La organización rechazó una entrevista.

Para Erin Fuse Brown, profesora de la Universidad Brown que estudia la deuda médica, la falta de aviso priva a las personas de saber que ya no tienen que reservar dinero para una cuenta pendiente.

Estudios citados por Tradeoffs señalan, además, que las personas con deudas médicas tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades de posponer atención física y de salud mental.

Consecuencias sanitarias y financieras de la demora en otorgar ayuda

La demora también afecta las finanzas. Una investigación citada por Tradeoffs concluyó que recibir asistencia en las semanas posteriores a la atención aumentó las probabilidades de diagnóstico y tratamiento de depresión y diabetes, y de asistir a controles posteriores. Otro estudio sobre deudas canceladas meses o años después no halló esos beneficios.

Ray Kluender, profesor asociado de la Universidad de Harvard y participante en ambas investigaciones, resumió la diferencia: “El momento en que un hospital proporciona asistencia financiera es extraordinariamente importante”.

Algunos sistemas sostienen que sus prácticas superan lo que está escrito. Portavoces de AdventHealth y Houston Methodist dijeron que evalúan a algunos pacientes antes de facturarles, aunque sus políticas no imponen ese requisito.

En cambio, Memorial Hermann afirma en sus normas que sus hospitales deben revisar la asistencia financiera antes de enviar una factura.

La experiencia de Becca Wahl muestra el efecto de conocer el programa. La instructora de yoga, sin seguro médico, recibió una cuenta de USD 38.000 tras ser atendida por una conmoción cerebral en el Memorial Hermann Katy Hospital, luego de desmayarse en un Walmart.

El hospital ajustó el monto a USD 11.000 y le ofreció un plan de pagos de USD 1.000 mensuales. Tras solicitar ayuda con apoyo de la organización Dollar For, el sistema eliminó la deuda una semana después.

Texas debate nuevas reglas mientras otros estados adelantan la evaluación

La deuda médica alcanza a unos 100 millones de adultos en Estados Unidos, según KFF Health News. Incluye deudas con hospitales y médicos, préstamos familiares, tarjetas y bancos para costear atención. Puede llevar a posponer la jubilación, aceptar empleos adicionales o reducir gastos en alimentos y atención médica.

Los hospitales sin fines de lucro reciben exenciones fiscales a cambio de beneficios comunitarios, como asistencia financiera.

Texas exige desde hace décadas que cumplan una de varias metas, entre ellas destinar al menos 4 % de sus ingresos anuales por pacientes a atención de caridad.

Estudios sobre ese sistema arrojaron resultados dispares: algunos hospitales ampliaron la ayuda; otros redujeron ese gasto u otros servicios comunitarios.

La Asociación de Hospitales de Texas defiende las evaluaciones automáticas, aunque advierte que pueden ser imprecisas.

Su vicepresidenta de políticas, Anna Stelter, dijo que los centros deben comprobar si el paciente puede acceder a Medicaid o subvenciones que cubran los gastos.

Añadió que otorgar ayuda antes de facturar puede trasladar a los hospitales parte del costo de los deducibles.

Para julio de 2027, California, Delaware, Illinois, Maryland, Carolina del Norte y Oregón exigirán elegibilidad presunta para determinados pacientes.

Oregón exigió desde julio de 2024 evaluaciones previas para personas sin seguro, inscritas en Medicaid o con deudas superiores a USD 500; en 2026, elevó el umbral a USD 1.500 por dudas sobre la precisión de las herramientas y su efecto financiero.

En el primer año completo de la norma, los hospitales de Oregón más que duplicaron en promedio la atención de caridad, según un análisis de datos de Medicare de cerca de dos tercios de los centros.

En OHSU Hospital de Portland, los pacientes con ayuda financiera pasaron de 12 % antes de la ley a 64 %.

El representante estatal Tom Oliverson, médico republicano, propuso en 2025 que los hospitales sin fines de lucro de Texas identificaran a pacientes elegibles y les otorgaran ayuda antes de facturar, bajo sanciones.

El proyecto no avanzó. Oliverson dijo que lo presentará otra vez en 2027, con una exención para hospitales que ya atienden a una mayor proporción de pacientes de bajos ingresos.

Con tasas internacionales que se mantienen al alza, los bonos argentinos siguen sin reaccionar. El riesgo país volvió ayer a 611 puntos básicos y a esta altura se descarta un retorno de la Argentina a los mercados internacionales, que era el objetivo inicial que se había puesto el equipo económico al comenzar el 2026.

El rebote inicial desde los 400 puntos de riesgo país, que sucedió a fines de julio, estuvo más relacionado con las dudas de los inversores por la incertidumbre política. Desde el Gobierno también enfatizaron en ese momento que el temor por un regreso del kirchnerismo estaba jugando un papel importante en la debilidad de los bonos.

Pero ahora lo que mantiene el indicador elaborado por JP Morgan en valores más elevados parece mucho más relacionado con el contexto internacional. La suba de las tasas de interés en Estados Unidos impacta de manera negativa sobre los activos de riesgo.

Ayer incluso el dato de inflación más alto que el esperado en la economía norteamericana impactó rendimientos en los bonos norteamericanos y la consiguiente caída de precios. Los principales índices de Wall Street se vieron afectados, con caídas cercanas al 2% en el caso del Nasdaq, que agrupa a la mayoría de las tecnológicas.

En este escenario de mayor incertidumbre, resulta difícil que mejoren los activos locales. Los bonos en dólares sufrieron caídas leves y amortiguaron bastante bien la presión que viene de afuera. Pero los inversores ven difícil que se produzca una recuperación de los precios que permita regresar al nivel de 400 puntos de riesgo país.

El escenario de los bonos locales marca una fuerte diferencia según si el vencimiento se produce previo a las elecciones presidenciales o después. El AO27 presenta un rendimiento inferior al 3% anual en dólares, mientras el mismo bono pero que vence un año después (el AO28) rinde arriba del 10 por ciento.

Ayer el ministro de Economía reconoció que analiza alternativas en caso de no poder financiarse en dólares en el mercado local ante la suba de los rendimientos. Desde Tailandia, donde participa de la reunión anual del FMI, explicó que podría reemplazar esos fondos con la utilización del swap chino. Los fondos que se habiliten serían destinados a financiar el pago de importaciones de ese país, tal como en su momento ya lo hizo Sergio Massa cuando fue ministro de Economía en la gestión de Alberto Fernández.

Aunque parezca insólito, los títulos que vencen en menos de un año rinden menos que los bonos el Tesoro americano. Esto tiene que ver con la búsqueda de inversión en activos en dólares en el mercado local pero sin la necesidad de enfrentar el riesgo electoral. Esto hace que buena parte de la demanda de individuos y fondos comunes se concentre en este título. Un bono americano de la misma duración hoy paga casi 4% anual.

Tanto el contexto internacional como la incertidumbre local a un año de las elecciones presidenciales conspiran contra una mejora en la cotización de los bonos y una reducción del riesgo país. La pregunta que ahora se hace el mercado es si este nivel de riesgo país es un techo o en realidad un piso.

Emiliano Anselmi, analista de PPI, explicó que “no hay motivos para esperar una rebaja sustancial del riesgo país en este momento, más bien todo indica que los bonos van a mantenerse estables en estos niveles en los próximos meses”.

Sin embargo, Anselmi advirtió que podría sufrir un salto adicional a medida que se acerquen las elecciones presidenciales. “Los bonos también sufrieron durante la crisis cambiaria que afrontó Mauricio Macri, pero el riesgo país se mantenía cerca de 600 puntos. Subió a 800 puntos cuando las encuestas empezaron a mostrar que Alberto Fernández era muy competitivo y podía llegar a la presidencia”.

La debacle, todavía fresca en la memoria del mercado, se produjo en realidad después de las PASO, el 12 de agosto de 2019. La derrota del Gobierno produjo una caída récord de las acciones y el riesgo país saltó arriba de los 1.500 puntos. Los inversores ya presagiaban lo que ocurriría poco tiempo después: la negativa del kirchnerismo a pagar la deuda, lo que llevó a una reestructuración a los pocos meses de iniciada la gestión.

La inflación interanual de septiembre en Estados Unidos fue de 3,7%, por encima de lo esperado, lo que alteró las expectativas de los inversores. Los bonos del Tesoro registraron una mayor demanda y la tasa de retorno cayó al 5,18 por ciento.

Por caso, el fondo BlackRock, que se mantuvo largo tiempo alejado de los títulos norteamericanos, se convirtió en un comprador activo para aprovechar las altas tasas de retorno. Hubo bancos que cambiaron su recomendación y alentaron la compra de bonos de corto plazo.

Sin embargo, el mercado quedó afectado: el porcentaje de analistas que prevé que la Reserva Federal suba las tasas el 28 de octubre aumentó al 40 por ciento.

A la vez, coincidió que la guerra con Irán desató el aumento de los combustibles y que es la causa central de esta mayor inflación. Además, prevén que la dinámica inflacionaria siga en aumento.

Ayer, el petróleo subió más de 1% y se mantuvo por encima de los 106 dólares. La principal preocupación pasa por el gasoil, un combustible clave para el agro y el transporte, cuyo precio aumentó más que el de las naftas. Desde el inicio de la guerra, los fletes se encarecieron hasta 20 veces, debido al alza de los combustibles y al mayor costo de los seguros.

Todos los índices de las Bolsas de Nueva York cerraron en rojos marcados. El S&P 500 perdió 1,10% y el Nasdaq, 1,88 por ciento. Brasil cedió apenas 0,18%, pero el Merval de las acciones líderes argentinas cayó 1,3% en pesos y en dólares. Casi todas las acciones bajaron a excepción de YPF, que subió 1,6 por ciento. Los bancos perdieron más de 3% de su valor.

La suba de los bonos del Tesoro, que redujo sus rendimientos, y la caída de los bonos argentinos de largo plazo impulsaron un aumento de 12 unidades, equivalente al 2,3%, en el riesgo país, que cerró en 611 puntos básicos.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 580,3 millones y el Banco Central pudo comprar 101 millones de dólares. El dólar mayorista subió 50 centavos a 1.513 pesos.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini, “el Banco Central compró USD 732 millones en lo que va del mes que sirven de sostén a la deuda pública en medio de un escenario de altas tasas globales que impactan negativamente”.

En el mercado financiero, el MEP cayó $4 (-0,3%) a $1.534,88 y el contado con liquidación (CCL) subió un peso a $1.614, mientras el “blue” se mantuvo en 1.550 pesos.

En la licitación de bonos del Tesoro se adjudicaron $6,6 billones que implicó un rollover de 136% sobre los $4,9 millones de vencimientos. En concreto, el Ministerio de Economía absorbió $1,7 millones del mercado.

Valentín Gómez García, Research Analyst de Adcap Grupo Financiero señaló que “lo más destacado de esta licitación fue que el Tesoro salió a testear la demanda del mercado por instrumentos con vencimiento posterior a 2028 y encontró una respuesta favorable. De hecho, el 60% del monto total adjudicado se concentró en este tipo de instrumentos, permitiendo extender una porción relevante de la deuda más allá del actual mandato y sin necesidad de convalidar premios”.

Gómez García agregó que “por el lado de la liquidez, estimamos que en la rueda de REPO el BCRA absorbió $1,8 billones. A su vez, creemos que hubo una inyección de pesos por parte del Tesoro que habría contribuido a ampliar la demanda disponible en la licitación. En este contexto, no esperamos que las condiciones de liquidez se vean significativamente afectadas”.

Para el analista financiero Nau Bernues, “el monto de captación no sorprende: adjudicó $6,61 billones, dentro del rango de las licitaciones de mitad de mes, que vienen entre $4,5 y $6,6 billones; las de fin de mes andan en $12 o $13 billones. Si bien la tasa fija corta se llevó el 41%, el otro 59% se pateó a instrumentos que vencen en 2028 y 2029 y que ajustan por TAMAR, por CER o por dólar.

“Se vuelven a alargar plazos en una licitación con un muy buen resultado para el Tesoro. Si querías estacionar los pesos a tres o cuatro meses a tasa fija, en esta licitación ese tramo tuvo solo una opción. Ahora, para los pesos largos, el mercado parece que acepta tomar ese riesgo siempre que vengan con algún ajuste atrás. Al Tesoro le salió una licitación cómoda. Cubrió los vencimientos con margen, corrió plazos y está pagando menos por la cobertura cambiaria”, sumó Bernues.

Tras el día negativo, anoche en el mercado overnite, no había optimismo. Los índices de las Bolsas de Nueva York operaban con bajas. Lo destacado es que el Nasdaq, el mercado donde operan las tecnológicas, caía 0,80% en medio de toma de ganancias por la incertidumbre que genera China con una nueva inteligencia artificial de menor costo.

En tanto, el oro mostraba una notable recuperación de 1,28% a USD 4.159 mientras el Bitcoin bajaba a 81.700 dólares. El dólar caía 0,35% frente a las principales monedas del mundo, ante la baja de las tasas de los bonos del Tesoro y la expectativa de que la Reserva Federal eleve los tipos de interés 0,25 puntos porcentuales a fines de octubre.

El petróleo Brent retrocedía 0,50% a poco más de USD 105 por barril, mientras esperan que de la reunión de hoy de la Agencia Internacional de Energía (AIE) salga alguna resolución para que Europa aumente el uso de sus reservas de emergencia. De esta manera, se le restará un jugador importante a la demanda de crudo.

Para la Argentina, la reacción de los bonos del Tesoro de Estados Unidos puede ser un dato importante para que mejoren los precios de los títulos soberanos locales y baje el riesgo país.

El Gobierno absorbió 1,75 billones de pesos en la última licitación de deuda del Tesoro: captó más fondos de los necesarios para cubrir los vencimientos y alcanzó un rollover de 136,14 por ciento. En ese contexto, tampoco ofreció el Bonar 2029 (AO29) denominado en dólares, ante la suba de las tasas de interés que siguió al incremento del riesgo país.

La Secretaría de Finanzas recibió ofertas por $9,49 billones y adjudicó 6,61 billones de pesos. Como el monto colocado superó los compromisos que vencían en la fecha, el Ministerio de Economía decidió no liberar recursos.

El rollover de 136,14% implica que por cada $100 que vencían, el Gobierno obtuvo $136,14 mediante nuevos instrumentos. La diferencia quedó como financiamiento adicional para el Tesoro.

La decisión de no ofrecer el AO29 apuntó a evitar una colocación en dólares en un escenario de mayores rendimientos exigidos por los inversores. Cuando sube el riesgo país, suele aumentar la tasa que el mercado reclama para prestar al Estado, lo cual encarece el financiamiento.

El instrumento con más adjudicaciones fue una Letra Capitalizable (LECAP) con vencimiento el 29 de enero de 2027. El Tesoro colocó $2,71 billones a una tasa efectiva mensual de 2,04 por ciento.

La tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de esta letra fue de 27,47 por ciento. Se trata de un título a tasa fija: quien lo compra conoce desde el inicio el rendimiento acordado, aunque el resultado final depende de mantenerlo hasta su vencimiento.

El segundo instrumento fue una letra con vencimiento el 31 de agosto de 2028, identificada como TMG28. La colocación alcanzó $1,16 billones y pagará la tasa TAMAR más un margen de 9,32 por ciento.

La TAMAR es una tasa de referencia vinculada a los rendimientos que pagan los bancos por depósitos mayoristas. Por eso, la tasa que recibirá el inversor puede variar con el tiempo, a diferencia de una letra a tasa fija.

La Secretaría de Finanzas también adjudicó $1,70 billones en el bono TXMD9, que vence el 14 de diciembre de 2029. El título ajusta su capital por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), un indicador que sigue la evolución de la inflación, y pagó una tasa de 6,99% anual por encima de esa actualización.

Este tipo de instrumento ofrece una cobertura frente a la inflación porque el capital se actualiza según el CER. A ese ajuste se agrega la tasa real definida en la licitación.

Por último, el Tesoro colocó $1,04 billones en la letra TMVE8, con vencimiento el 31 de enero de 2028. El instrumento combina la referencia de la tasa TAMAR con la evolución del dólar oficial y fue adjudicado a una TIREA de 4,35% sobre el componente dollar linked.

Los bonos dollar linked ajustan su capital por las variaciones del tipo de cambio oficial. De ese modo, resultan una alternativa para inversores que buscan cobertura ante una eventual suba del dólar regulado.

Respecto al menú ofrecido, el Tesoro cambió la estrategia al presentar opciones con vencimientos a mayor plazo. Si bien la mayor parte del interés se concentró en la letra que expira a comienzos de 2027, la cartera encabezada por Luis Caputo logró estirar los compromisos restantes para después de las elecciones presidenciales.

A propósito del resultado de la subasta, el analista de Bavsa, Martín de la Fuente, señaló que “si bien el rollover del 136% implica un financiamiento neto positivo por $1,7 billones, el Tesoro realizó una recompra por un monto aproximado de $1 billón” previo a la licitación.

De esta manera, de la Fuente explicó que la renovación de vencimientos ajustada por la recompra ronda el 100%/110%, por lo que “no hay razones para anticipar inconvenientes con la liquidez del sistema ni estrés en las tasas”.

En la práctica, tanto el Tesoro como el Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizan distintas maniobras para controlar la liquidez del mercado. Si se retiran demasiados pesos para apretar el torniquete monetario, las tasas de interés pueden aumentar justamente por la falta de recursos disponibles para los agentes económicos.

Sin embargo, una recompra implica que Economía devuelve dinero a los inversores a cambio de retirar bonos o letras que estaban en circulación. Por eso, parte de los pesos absorbidos en la licitación vuelve al sistema financiero y evitaría una suba fuerte de tasas.

Por su parte, Valentín Gómez García, de Adcap Grupo Financiero, consideró que “lo más destacado de esta licitación fue que el Tesoro salió a testear la demanda del mercado por instrumentos con vencimiento posterior a 2028 y encontró una respuesta favorable”.

“De hecho, el 60% del monto total adjudicado se concentró en este tipo de instrumentos, permitiendo extender una porción relevante de la deuda más allá del actual mandato y sin necesidad de convalidar premios. En línea con esto, todos los instrumentos TAMAR cortaron sin premio, mientras que la LECAP lo hizo incluso por debajo de los niveles observados en el mercado secundario”, sumó Gómez García.

En paralelo, un informe de Equilibra destacó que “no se ofrecieron instrumentos hard dollar por cuarta licitación consecutiva y, por primera vez desde junio 2025, tampoco instrumentos dollar-linked puros. La cobertura cambiaria quedará a prueba a fin de mes con el D30O6, que representa más de $8 billones en los vencimientos pendientes del mes”.

Con un monto operado en el segmento de contado de USD 580,4 millones, el dólar mayorista tuvo una suba marginal de 50 centavos, para finalizar a 1.513 pesos. En octubre el tipo de cambio mantiene una baja de seis pesos o 0,4 por ciento.

La divisa operó con escasas oscilaciones en un mercado bien provisto de oferta en una rueda con licitación de deuda del Tesoro, y tras un dato de inflación de septiembre en 1,9%, es decir 0,2 puntos porcentuales más que en agosto. A nivel interanual, el indicador sumó 33,4%, que contrasta con un dólar mayorista que en el último año ganó solo 153 pesos o un 11,3%, desde los $1.360 del 14 de octubre de 2025.

El BCRA informó que la banda superior de su esquema cambiario 1.934,07 pesos. El dólar mayorista quedó a 421,07 pesos o 27,8% de es límite de flotación, , la brecha más amplia desde el 21 de abril de 2025 (28,4%), casi 18 meses atrás, dentro de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del 2025.

“Con un IPC que, sin sorpresas, estuvo en línea, el dólar mayorista sigue calmo -en torno a los $1.515- e incluso, por momentos, afloja a partir de una mayor oferta. Esta coyuntura viene siendo aprovechada por el BCRA para acelerar las compras en lo que va del mes e incluso registrar fuertes adquisiciones, como ayer, a partir de operaciones en bloque”, describió el economista Gustavo Ber.

“Frente a ello, la atención se traslada a qué pasará del lado de los pesos, y en dicho sentido la licitación podría arrojar nuevas pistas sobre la estrategia monetaria”, continuó el titular del Estudio Ber, antes de conocerse el resultado de la licitación de bonos del Tesoro, para renovar vencimientos por 4,9 billones de pesos.

El dólar al público quedó estable a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue también quedó sin cambios a $1.550, tras haber operado en un máximo de $1.555 por la mañana.

Para los analistas de Vector Investments, “la mejora cambiaria no elimina las exigencias de financiamiento externo”, dado que “el escenario combina avances en nominalidad y acumulación de divisas con desafíos todavía visibles en actividad, costo de financiamiento y percepción de riesgo”.

Los expertos de Balanz indicaron que “la estabilidad cambiaria se tradujo en un buen desempeño en las curvas en pesos. Además del sorpresivo resultado de la elección en Brasil, la mejora de los términos de intercambio y las emisiones de provincias y corporativos continúan aportando flujos adicionales al balance externo. Respecto a esto último, restan por liquidar unos USD 4.600 millones de emisiones ya realizadas, según una presentación del vicepresidente del BCRA que se conoció la semana pasada”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se reunieron con la directora Gerente del FMI (Fondo Monetario Internacional), Kristalina Georgieva, en Bangkok, Tailandia.

Tras el encuentro, Caputo lo calificó como excelente en una publicación en la red social “X”, en la que señaló que habían conversado sobre cuestiones internas y externas, y destacó los elogios de Georgieva a la disciplina fiscal de Argentina pese a los shocks globales.

En una publicación separada en “X”, Georgieva también destacó las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, sustentadas en la disciplina fiscal, mientras muchos países enfrentan dificultades por sus elevados déficits.

“Ambas partes señalaron que sus equipos están trabajando para finalizar las conversaciones sobre la tercera revisión del programa, que habilitaría un desembolso de USD 865 millones”, subrayó Max Capital.

“En el plano político e institucional, el presidente Javier Milei busca reforzar la confianza de los inversores mediante su viaje a Washington para consolidar la alianza estratégica con la administración de Donald Trump y reunirse con autoridades clave de energía y comercio en EEUU”, comentó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

En otro orden, los últimos datos disponibles sobre los depósitos privados en dólares, actualizados al 8 de octubre, muestran un aumento de USD 195 millones en las colocaciones en efectivo del sector privado, hasta USD 42.376 millones, un máximo desde el colapso de la Convertibilidad.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva enviará al Congreso un proyecto de ley complementaria para condonar 3,6 millones de microemprendedores individuales (MEI) que mantienen deudas con el Estado por unos 12.600 millones de reales (USD 2.510 millones). El anuncio se hizo este martes, a 12 días de la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre.

Se trata de deudas tributarias inscritas en la deuda activa de la Unión. El Ejecutivo prevé que el perdón surta efecto en enero de 2027, siempre que el Congreso apruebe la norma. Los ministros que presentaron el paquete pidieron a los legisladores que le den prioridad en la votación.

La condonación es una de las piezas de Prospera MEI. El ministro de Hacienda, Dario Durigan, explicó que el Estado también comprará deudas de estos trabajadores con bancos y las ofrecerá con descuentos de al menos el 90%; el objetivo es adquirir unos 6.000 millones de reales.

El ministro de Emprendimiento, Microempresa y Pequeña Empresa, Paulo Henrique Pereira, detalló además un aporte no reembolsable de hasta 5.000 reales (USD 1.000 aprox.) para invertir en la actividad.

Lula presentó el paquete en una ceremonia en el Palacio del Planalto, en Brasilia, y lo planteó como respuesta a una aspiración extendida. “Todo el mundo sueña con trabajar por cuenta propia, todo el mundo sueña con prosperar y con tener un negocio”, dijo. Añadió: “Nadie quiere ser un MEI toda su vida, la gente quiere crecer; corresponde al Gobierno proporcionar las condiciones”.

Sobre la deuda con los bancos, el presidente prometió: “Vamos a comprar hasta el 95 % de la deuda de los emprendedores para que podáis comenzar de nuevo porque creyeron en este país y debemos ayudaros a salir del ahogo”.

Para Lula, “el éxito de la economía brasileña” se basa en que el dinero circule en manos de la gente. “Lo que estamos haciendo hoy es atender a un sueño de la población”, afirmó.

El MEI es una figura tributaria simplificada creada en 2008 por la Ley Complementar 128 para formalizar a trabajadores autónomos, entre ellos repartidores de comida y conductores de plataformas de transporte, además de dueños de pequeños comercios.

Quien se inscribe puede emitir facturas, acceder a crédito y cotizar a la seguridad social a cambio de una cuota mensual fija. Para mantener la categoría, el negocio debe facturar hasta 81.000 reales al año y tener un solo empleado.

La morosidad es un problema antiguo del sistema. En agosto de 2023, según datos de la Receita Federal, 6,4 millones de MEI, el 41,4% del total, acumulaban al menos un mes de atraso. La mora implica perder la cobertura previsional y, tras dos años sin pagar, la cancelación del registro empresarial y el traspaso de la deuda a la persona física.

El Gobierno ya había movido otras piezas para este sector. El 29 de junio, Lula entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, el proyecto PLP 186/2026, que eleva el límite de facturación a 110.000 reales en 2027 y a 140.000 en 2028, y permite contratar a dos empleados.

El 3 de julio lanzó Desenrola MEI, que ofrece descuentos de hasta el 70% y plazos de hasta 145 meses a los 3,5 millones de MEI, de un total de 16,8 millones, con deudas en la deuda activa. La propuesta de este martes sustituye ese descuento parcial por la remisión íntegra.

El anuncio llega con Lula en desventaja. En la primera vuelta del 4 de octubre, el senador del Partido Liberal Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo 47,03% de los votos válidos frente al 45,16% del mandatario.

Datafolha, en un sondeo realizado entre el 6 y el 8 de octubre, dio a Flávio Bolsonaro el 49% de las intenciones de voto y a Lula el 45%, con un margen de error de dos puntos. Entre los votos válidos, la distancia fue de 52% a 48%.

El electorado en disputa es amplio. Según ese mismo sondeo, el 46% de quienes votaron a los candidatos eliminados Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado y Romeu Zema se inclina por Flávio Bolsonaro. Antes de la primera vuelta, el 3 de octubre, Datafolha daba a Lula una ventaja de 47% a 46%.

El perdón, de aprobarse, entraría en vigor en enero de 2027, con el resultado del balotaje ya conocido y con un Senado en el que el Partido Liberal obtuvo 19 de las 54 bancas renovadas el 4 de octubre. La suerte de los 12.600 millones de reales dependerá, por tanto, del gobierno que se instale y de la mayoría que logre armar en el Congreso.

El endeudamiento de las familias muestra diferencias significativas entre las provincias, tanto en los montos que adeudan como en la capacidad de cumplir con los pagos. Mientras la deuda promedio a nivel nacional alcanza los $4,9 millones por persona, la mora llega al 18,4% del crédito total, con fuertes disparidades entre las distintas jurisdicciones.

Los datos surgen de un informe mensual de EcoGo y la Universidad Austral. El relevamiento corresponde a agosto y analiza el financiamiento a las personas físicas, la deuda promedio y la calidad de las carteras en cada provincia.

Tierra del Fuego registra la deuda promedio más alta del país, con $8,6 millones por deudor. Le siguen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con $7,2 millones; Neuquén y Santa Cruz, con $6,9 millones en ambos casos; y La Pampa, con $6,5 millones.

También se ubican por encima del promedio nacional, de $4,9 millones, Chubut, con $6,2 millones; y Córdoba, con $5,7 millones.

En el otro extremo, Formosa presenta el menor endeudamiento promedio, con $2,9 millones por persona. Le siguen Santiago del Estero, con $3 millones; Misiones y San Juan, con $3,3 millones; La Rioja, con $3,4 millones; Corrientes, con $3,5 millones; y Chaco, con $3,7 millones.

Las provincias con mayor y menor mora

El ranking de irregularidad crediticia muestra un panorama diferente. La Rioja lidera con una mora del 26,2% del monto total de los créditos informados. Santa Cruz y San Luis comparten el segundo puesto, con el 24,2%, seguidas por Catamarca, con el 23,4%, y San Juan, con el 22,6%.

Por encima del promedio nacional, del 18,4%, también se encuentran Tucumán (21,8%), Buenos Aires (21,5%), Tierra del Fuego (21,3%), Formosa (21,1%), Corrientes (20,9%), Salta (20,4%), Santiago del Estero y Chaco (20,3% cada una), Mendoza (20,1%), Misiones (19,9%) y Chubut (19,7%).

En cambio, La Pampa presenta la menor mora del país, con el 9,6%. Le siguen CABA, con el 12,5%; Entre Ríos, con el 14,5%; Córdoba, con el 15,1%; Santa Fe, con el 15,2%; y Neuquén, con el 16,1%. Río Negro y Jujuy completan el grupo de jurisdicciones con una irregularidad inferior al promedio nacional, con el 17,7% y el 18,3%, respectivamente.

En relación con la actividad económica provincial, Tucumán registró el mayor nivel de crédito a las familias en proporción a su Producto Bruto Geográfico (PBG), con el 13,8%. Le siguieron Catamarca, con el 12,4%, y Formosa, con el 12,1%. En el otro extremo se ubicaron Neuquén, con el 5,3%, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con el 6,6%.

La mora continúa en aumento

A nivel nacional, el crédito otorgado a las personas físicas alcanzó los $101,9 billones en agosto. El monto representó un crecimiento real del 0,8% mensual y del 3,9% interanual, aunque todavía se mantuvo por debajo del máximo registrado en diciembre de 2025, cuando llegó a $102,4 billones a precios constantes.

La mora por monto llegó al 18,4% del crédito informado, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales frente a julio y de 9,8 puntos porcentuales en comparación con agosto de 2025. De esta manera, acumuló 22 meses consecutivos de suba.

Sin embargo, el informe distingue entre la mora total y la denominada mora operativa, que excluye los créditos clasificados como irrecuperables. Este último indicador se ubicó en el 10,6% de la cartera, con una mejora de 0,4 puntos porcentuales respecto del mes anterior. Los préstamos considerados irrecuperables representaron el 7,8% del crédito total registrado.

Por otra parte, el 27% de las personas con deuda registraba al menos un saldo irregular, una proporción que aumentó 0,3 puntos porcentuales en el mes y 8 puntos porcentuales en un año.

La mora es más elevada en los créditos no bancarios

El relevamiento también detectó diferencias según el tipo de entidad que otorga el financiamiento. Los proveedores no financieros de crédito, como las fintech, registraron una mora del 31,7%, frente al 16,1% del sistema financiero tradicional.

Así, la irregularidad por monto en los proveedores no financieros duplicó la registrada en bancos y otras entidades financieras. Estos concentraron el 14,8% del crédito, equivalente a $15 billones, mientras que el sistema financiero reunió el 85,2%, con $86,8 billones.

En la comparación interanual, la mora de los proveedores no financieros aumentó 13,9 puntos porcentuales, por encima del incremento de 9,1 puntos porcentuales registrado en el sistema financiero.

El impago de un solo recibo de luz no habilita a las empresas eléctricas a cortar el suministro en Perú. La normativa vigente, supervisada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), establece que la interrupción del servicio solo procede cuando la deuda acumula al menos dos facturaciones consecutivas impagas, un criterio que busca proteger a los usuarios frente a suspensiones apresuradas y que convive con la obligación de las concesionarias de notificar previamente al cliente sobre su situación de mora.

A partir de ese umbral, las distribuidoras eléctricas quedan facultadas para ejecutar el corte físico del servicio, aunque el procedimiento no es inmediato ni discrecional. El usuario debe recibir avisos previos sobre el vencimiento de sus recibos y, una vez concretada la deuda, cuenta con mecanismos de pago inmediato y de fraccionamiento antes de que la medida se haga efectiva. Osinergmin fiscaliza que estas etapas se cumplan y atiende las denuncias de quienes consideran que el corte fue indebido.

El trámite de reconexión, por su parte, tiene plazos y costos regulados que varían según la empresa concesionaria, pero que en todos los casos buscan garantizar la reposición del suministro en un período breve una vez saldada la obligación pendiente. A esto se suma la posibilidad de fraccionar la deuda en varias cuotas, una alternativa habilitada por las propias distribuidoras para usuarios que no pueden cancelar el monto total de una sola vez.

Existe además un mecanismo adicional para los usuarios que consideran que el monto facturado no corresponde a su consumo real: la solicitud de verificación del medidor, un procedimiento gratuito que puede derivar en un reclamo formal si se detectan irregularidades en la lectura o en el funcionamiento del equipo.

Cuántos recibos impagos originan la suspensión del servicio eléctrico

La normativa eléctrica peruana resguarda a los usuarios de cortes arbitrarios al establecer que no se puede suspender el servicio si solamente existe un mes de deuda. Esta disposición, contemplada en el marco de derechos y deberes que difunde Osinergmin, implica que la empresa concesionaria debe esperar a que se acumule una segunda facturación vencida antes de proceder con la interrupción del suministro.

El fundamento de esta regla responde a la necesidad de dar un margen razonable a los hogares para regularizar su situación sin perder acceso a un servicio esencial. Antes de ejecutar el corte, la distribuidora está obligada a notificar al usuario sobre el estado de su cuenta, de modo que este pueda cancelar la deuda o acordar un fraccionamiento antes de que se concrete la medida. Si el corte se realiza sin cumplir estos requisitos, el afectado puede presentar un reclamo directo ante la empresa y, en caso de no obtener respuesta satisfactoria, elevar una denuncia ante el regulador.

Canales digitales para pagar tu recibo de luz vencido de forma inmediata

Las empresas distribuidoras han habilitado plataformas en línea que permiten cancelar recibos vencidos sin necesidad de acudir a una oficina física. En el caso de Luz del Sur, por ejemplo, el usuario ingresa a la web de la compañía, consulta su suministro y, si registra una deuda, puede elegir entre tres modalidades de pago: cancelar la deuda total, abonar únicamente la deuda vencida o realizar un pago a cuenta, con un monto mínimo de 0,50 soles para esta última opción.

Una vez seleccionada la modalidad, el sistema solicita elegir el medio de pago disponible, que habitualmente incluye tarjetas de débito o crédito y transferencias bancarias. Este tipo de herramienta digital, replicada con variantes por las distintas concesionarias eléctricas del país, permite acreditar el pago de forma casi inmediata y agiliza el inicio del trámite de reconexión cuando el servicio ya fue cortado por falta de pago.

Costos y plazos máximos para el trámite de reconexión de energía eléctrica

Superada la causa que originó el corte, la empresa eléctrica tiene la obligación de reponer el suministro dentro de un plazo máximo de 24 horas, según establece el Decreto Ley 25844 y su reglamento, el Decreto Supremo 009-93-EM. Este plazo corre desde el momento en que el usuario acredita el pago de la deuda, incluidos los intereses correspondientes y el costo del trámite de reconexión.

El cobro por este concepto está regulado y únicamente procede cuando el corte respondió a una deuda efectiva del cliente; si la interrupción del servicio resultó indebida, la concesionaria no puede exigir el pago de ningún cargo asociado a la reposición. Para solicitar la reconexión, el usuario debe presentar ante la oficina de atención al cliente de la distribuidora el comprobante de pago de la deuda y del costo de reconexión, y exigir que la reposición se concrete dentro del plazo establecido. Si la empresa incumple ese término, el afectado puede presentar un reclamo formal ante la propia concesionaria y, de no obtener solución, trasladar la denuncia a Osinergmin.

Opciones de fraccionamiento de deuda con las empresas concesionarias

Los usuarios que no pueden cancelar de una sola vez el monto adeudado tienen la posibilidad de solicitar un convenio de fraccionamiento ante la empresa concesionaria que les brinda el servicio. Este mecanismo, enmarcado en la protección al usuario eléctrico que supervisa Osinergmin, permite dividir la deuda en cuotas y evitar así la suspensión del suministro mientras se mantenga el cumplimiento del acuerdo.

Las condiciones específicas del fraccionamiento, como el número de cuotas y la existencia o no de intereses, dependen de las políticas internas de cada distribuidora, aunque el marco regulatorio exige que la empresa informe al usuario sobre esta alternativa antes de ejecutar un corte por deuda. En contextos excepcionales, como ocurrió durante la pandemia de covid-19, el Estado dispuso de forma transitoria la ampliación de estos plazos hasta 24 meses sin intereses ni moras para los usuarios con consumos menores, una medida que ilustra el margen de maniobra que tienen las autoridades para flexibilizar las condiciones de pago cuando las circunstancias lo justifican.

Fuera de esos escenarios extraordinarios, el fraccionamiento ordinario continúa disponible como una vía permanente para regularizar deudas sin perder el acceso al servicio.

Cómo solicitar la verificación del medidor si consideras excesivo el cobro del recibo

Cuando un usuario considera que el monto facturado no corresponde a su consumo real, tiene derecho a ser informado cuando la empresa eléctrica requiera revisar el medidor y, a su vez, a solicitar esa verificación de forma directa. El trámite se presenta ante la propia concesionaria a través de distintos canales: de manera verbal en sus oficinas de atención, por vía telefónica, mediante correo electrónico o a través del libro de observaciones eléctricas disponible en cada local.

Al formular el reclamo, el usuario debe indicar el número de suministro que figura en su recibo, sus datos personales y un medio de contacto para recibir notificaciones. La empresa está obligada a responder entre 10 y 30 días hábiles, según el tipo de reclamo, y a notificar su resolución en un plazo máximo de cinco días hábiles adicionales una vez emitida. El reclamo es gratuito y no requiere la contratación de un abogado. Si el usuario no está conforme con la respuesta recibida, puede apelar en un plazo máximo de 15 días hábiles, y el caso pasa entonces a revisión de Osinergmin, que actúa como segunda instancia administrativa. Mientras el reclamo se encuentra en trámite, la empresa no puede cortar el servicio por la deuda cuestionada ni incorporarla en los recibos posteriores.

“Era una vicepresidenta con un peso muy importante, sin duda. Pero también se encontró con un presidente que no compartía toda su mirada”, afirmó el exmandatario. Y agregó: “Si cada uno hubiera entendido el rol que tenía, hubiera sido más fácil”.

Fernández también cuestionó las exigencias para que acatara las decisiones de su compañera de fórmula. “El solo hecho de que te pidan que obedezcas a la vicepresidenta... Si te piden eso, algo está mal”, señaló en diálogo con el podcast Sistema Joaco Santos.

En ese marco, defendió las decisiones que tomó durante su administración y planteó que seguir las propuestas del sector de Cristina Kirchner podría haber tenido consecuencias económicas graves. En particular, se refirió a las negociaciones con el Fondo y a la necesidad de alcanzar un acuerdo para afrontar los compromisos de deuda.

“Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, tal vez hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos”, sostuvo. En contraposición, advirtió que no cerrar un entendimiento con el organismo también podría haber desencadenado una crisis.

El expresidente reconoció que se trataba de una hipótesis sobre un escenario que finalmente no ocurrió, aunque insistió en que el país habría enfrentado consecuencias severas si no cumplía con los vencimientos. “Es contrafáctico. Pero creo que era lo que seguramente hubiera pasado”, afirmó.

Por último, planteó que la falta de pago habría dejado a la Argentina en una situación de vulnerabilidad frente a los mercados internacionales. Según expresó, el incumplimiento de los compromisos con el FMI habría llevado al país a caer en default con el organismo y a quedar “a la intemperie en el sistema financiero mundial”.

Fernández sostuvo que no podía seguir dilatando las negociaciones con el organismo como le pedían por los abultados compromisos que se debían afrontar.

En ese sentido, cuestionó las críticas que recibió por su postura frente al Fondo y afirmó que se trataba de “un debate falso”. “Me decían: ‘Estás borrando lo que hizo Néstor’. Pero Néstor, que era un hombre que entendía mucho cómo funcionaba el poder, comprendió, como lo entiendo yo, que la presencia del FMI condiciona el desarrollo de cualquier Estado y de cualquier sociedad, y que endeudarse con el Fondo es muy costoso”, explicó.

El expresidente recordó que Néstor Kirchner decidió cancelar la deuda con el organismo para dejar de depender de sus condicionamientos. “Le pagó hasta el último centavo y le dijo: ‘No te quiero deber más’. Es como si vos fueras al banco y, para dejar de pagar intereses, dijeras: ‘Tomá, te pago todo. No quiero deberte más, no quiero entregarte un poco más de mi vida’. Porque terminás condicionando tu vida a la deuda con el banco. Eso es lo que hizo Néstor”, señaló.

Por otra parte, Fernández se refirió a la situación económica que encontró al asumir la Presidencia. Según indicó, en el Banco Central había USD 11.000 millones de reservas y una deuda de USD 44.000 millones.

“¿Cómo iba a desconocer una deuda contraída por un presidente elegido democráticamente, que tomó esa deuda en enero de 2018, después de haber ganado las elecciones legislativas de octubre de 2017? Es decir, apenas tres meses antes. ¿Qué iba a decir? Tenía toda la legitimidad del mundo para hacer lo que hizo. Hizo un desastre, pero tenía toda la legitimidad”, dijo, resaltando que varios sectores del kirchnerismo pretendían desconocer la deuda.

En la misma línea, el ex presidente dijo que algunos dirigentes de su propio espacio no aprobaron el acuerdo que negoció con el Fondo porque lo consideraban un programa de ajuste. Según sostuvo, su compromiso era reducir el déficit fiscal de manera gradual, hasta alcanzar el 0,98% al cierre de los cuatro años de gestión, y aseguró que nunca se propuso profundizarlo.

“Yo creo que el equilibrio fiscal es necesario. No soy de los que creen que el déficit fiscal no importa. Es muy importante no tener déficit fiscal”, afirmó.

Sin embargo, el expresidente cuestionó la posibilidad de alcanzar ese objetivo de manera inmediata y advirtió sobre sus consecuencias. “Para lograr el equilibrio fiscal no tenés que ir de la noche a la mañana. Si querés hacerlo de un día para el otro, hacés esto que estamos viviendo. Te quedás sin rutas, sin infraestructura, sin trenes, sin energía atómica, los salarios son un desastre y te quedás como estás ahora”, consideró.

Por otro lado, destacó que gracias al gasoducto Néstor Kirchner “la Argentina se ahorra unos USD 10.000 millones de importaciones” y remarcó que si Milei hubiera terminado el proyecto hoy se estaría exportando gas a Brasil.

Tras las elecciones legislativas de 2025, el crédito al sector privado no solo dejó de crecer, sino que la morosidad empezó a escalar rápidamente. La cartera irregular en bancos escaló a 7,7%, desde 3,2% un año antes. Pero el crédito al consumo de las familias (personales más tarjetas de crédito) se disparó a 14,7%, cuando en julio del año pasado no superaba el 6,2 por ciento.

El crédito no bancario también frenó su expansión y registró un salto en la mora de magnitud.

Hoy el 26,5% del crédito no bancario acumula demoras en el pago, cuando un año atrás no superaba el 16 por ciento.

El nivel de actividad económica acusó rápidamente el freno del crédito. El crédito se expandió casi 7% del PBI en menos de dos años, para frenar a cero tras las elecciones del año pasado.

En 2025 la economía creció un 4,5%. Las proyecciones para este año se redujeron al 1,5%. Este resultado se explica por el dinamismo de las exportaciones, opacado por un notable freno en el consumo.

Ante el impacto en el nivel de actividad, el presente informe analiza el salto de irregularidad en la cartera de préstamos del último año, tanto del sistema bancario como del no bancario.

Salto en los atrasos

Tras el cambio de Gobierno en 2023, el crédito al sector privado se duplicó en términos reales, en buena medida gracias al equilibrio fiscal.

Con las cuentas públicas sin déficit, el Estado dejó de demandar financiamiento y el sistema financiero salió a buscar nuevos clientes en el sector privado. En números, el crédito bancario al sector privado saltó de 5% del PBI a 12% del PBI entre 2023 y 2025.

A pesar de esta expansión, Argentina continúa exhibiendo uno de los niveles de crédito al sector privado más bajos no solo frente a los países desarrollados, sino también frente a sus vecinos de la región.

Todo el crédito al sector privado suma actualmente 14,9% del PBI, monto que incluye tanto el crédito en pesos como en moneda extranjera y el crédito no bancario.

Todo el crédito al sector privado suma actualmente 14,9% del PBI

El 90% de todo el crédito lo otorga el sistema bancario tradicional. El 10% restante lo otorgan otras entidades no bancarias que fueron surgiendo con el avance de las nuevas tecnologías.

Un aspecto macroeconómico no menor: los bancos prestan dinero de los depósitos que captan, acto que activa la creación secundaria de dinero.

Las entidades no bancarias, en cambio, prestan dinero propio y no tienen impacto en esa creación secundaria —el dinero pasa de la cuenta de un privado a otro—.

La cartera irregular en bancos equivale a 1% del PBI, del 13% que prestan. En tanto, en no bancos la mora suma 0,5% del PBI, del 1,9% del PBI que prestan.

Los montos indican que el principal factor que afectó a la economía fue el freno en la expansión del crédito, más que el incremento de la mora.

Dónde se concentra el atraso

El crédito total del sistema financiero sumó $172 billones en julio último, repartidos prácticamente en partes iguales entre créditos a empresas y créditos a familias, otorgados tanto por bancos como por no bancos. De ese total, $17,7 billones se encontraban en situación irregular, equivalentes al 10,1% del total.

Al desagregar la mora, el 81% del saldo con más de noventa días de atraso se concentra en la cartera de consumo.

Por tipo de entidad, los proveedores de crédito no bancarios reúnen el 36% de los deudores morosos, con una irregularidad del 29,2%, mientras que los bancos explican el 64% de los deudores en mora, con una irregularidad del 12,9 por ciento.

La cartera comercial representa apenas el 18% del saldo irregular, concentrada casi por completo en los bancos, y registra una mora del 4% para el conjunto del sistema financiero.

La cartera comercial representa apenas el 18% del saldo irregular

Entre bancos y no bancos, cerca de 7 millones de personas registran alguna irregularidad en el pago del crédito: 2,5 millones en el sistema tradicional y cerca de 4,6 millones en no bancos.

La deuda impaga

En el sistema financiero tradicional, el crédito promedio con mora ronda los $1,7 millones. Entre los proveedores no bancarios, el monto es más bajo: en tarjetas no bancarias ronda los $692 mil, mientras que en fintechs se ubicó en $156 mil.

El crédito no bancario llega también a clientes que no logran calificar en el sistema bancario tradicional. Por ello no debe sorprender que el universo de personas sea mayor, pero con montos de préstamos de mucho menor magnitud.

El género del deudor tiene poca incidencia en la morosidad. La edad, en cambio, marca una diferencia sustancial: los deudores más jóvenes presentan los mayores niveles de irregularidad.

En los extremos, apenas el 12% de los deudores mayores de 75 años registra atrasos de más de noventa días, frente al 40% de mora para el rango etario de entre 18 y 24 años.

Sin embargo, la mitad de los deudores morosos menores de 24 años debe menos de $279 mil, mientras que la mediana de los mayores de 75 años asciende a $710 mil, según datos de julio.

Los jóvenes caen en mora con más frecuencia, pero por deudas menores.

El mapa de incumplimientos

A nivel provincial, las jurisdicciones del Norte y de Cuyo concentran, en general, los mayores niveles de morosidad, tanto en proporción de deudores como en saldo de cartera irregular.

Las principales excepciones son el conurbano bonaerense y Santa Cruz, cuyos indicadores se ubican en niveles similares a los observados en el norte del país.

En el otro extremo, la región pampeana y la Ciudad de Buenos Aires registran los menores índices de deudores morosos y de deuda irregular del sistema financiero agregado.

La deuda mediana en mora también presenta diferencias importantes entre jurisdicciones. La mediana de los deudores del sur del país debe, según la provincia, entre dos y tres veces el monto que adeuda la mediana de los deudores ubicados en el extremo norte.

Consideraciones finales

Lo que más afectó a la economía fue el freno del crédito. Luego de expandirse más de 7% del PBI en poco más de un año, el crédito frenó en seco desde las elecciones legislativas del año pasado.

Lo que más afectó a la economía fue el freno del crédito

El incremento en la mora se ubica en niveles que el sistema logra resolver sin intervención del Estado. Además, toda la cartera en mora equivale a 1,5% del PBI, magnitud que está lejos de cualquier riesgo macroeconómico.

El deterioro está fuertemente concentrado en el crédito al consumo y, dentro de ese segmento, en los proveedores no bancarios, con fuerte sesgo hacia los segmentos más jóvenes de deudores.

El sistema financiero tiene mecanismos de mercado que ya están operando para reducir la mora. Cuando aumenta la irregularidad, las entidades endurecen los criterios de otorgamiento, suben las tasas y reducen los límites, al tiempo que negocian con los deudores condiciones de refinanciación para revertir la situación.

Todo ello ya se verifica, junto con el incremento de las refinanciaciones desde principios de 2025.

Durante el apogeo mediático de las últimas semanas, diputados apoyados en la productividad de la inteligencia artificial ya presentaron más de setenta proyectos de ley que buscan intervenir el sistema financiero y regular el crédito.

Casi todos apuntan a limitar tasas o a rescatar deudores estatizando deudas privadas. De prosperar, estas iniciativas amenazan con pulverizar los incentivos necesarios para consolidar la recuperación del crédito en la Argentina.

Los autores son analista económico y financiero, y director de la consultora Econométrica

El equilibrio de las cuentas públicas es la base del programa económico del Gobierno, y el Presupuesto 2027 lo ratifica como eje. Pero a dos años de iniciado el ajuste, distintos análisis privados coinciden en que lo que costó “poco” en los primeros tramos hoy exige más esfuerzo, y los márgenes para absorber imprevistos son cada vez menores.

Uno de esos diagnósticos es el de BBVA Research, que abre su análisis del sector fiscal con una definición: “El equilibrio fiscal sigue siendo el pilar del programa económico, pero sostener el superávit se ha vuelto más exigente”. Para sostener su lectura, el banco toma como punto de partida los números del año y recuerda que en los primeros ocho meses de este año el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario de 1,1% del PIB y un superávit financiero de 0,2 por ciento.

Con estos resultados a la vista, BBVA revisó sus proyecciones para el 2026 y realizó correcciones “marginalmente a la baja”. En detalle, estimó un resultado primario de 1,3% del PIB, “lo que sería el superávit primario más bajo de la presidencia de Milei”. Para 2027, BBVA prevé que ese resultado se repita, con un superávit financiero de 0,1% del PIB en ambos años.

El Presupuesto 2027 proyecta una cifra cercana. El propio Gobierno estima un resultado primario del Sector Público Nacional de 1,3% del PBI, equivalente a $18.439.871,9 millones, y un resultado financiero de 0,2% del PBI, es decir, $3.300.675,4 millones.

Un ajuste que cambió de naturaleza

Para BBVA, la explicación de por qué mantener el equilibrio fiscal es cada vez más exigente se enfoca en cómo se hizo el recorte. “Luego de la fuerte corrección de los últimos dos años, el margen para continuar reduciendo el gasto se ha estrechado”, señala. El ajuste inicial se concentró en partidas con mayor capacidad de recorte: subsidios, transferencias, gasto de capital y otros gastos discrecionales. De ahora en más, en cambio, adquieren más peso “componentes más rígidos, como jubilaciones, prestaciones sociales y remuneraciones”. A eso se suman, según el análisis, “crecientes demandas de recomposición en partidas sensibles que acumularon caídas intensas en términos reales”.

Un informe de la consultora Zentrix sobre el Presupuesto confirma dónde ocurrió el cambio. El giro se produjo en 2024 y por el lado del gasto: en un solo año, el gasto primario bajó 4,5 puntos del PBI, de 19,5% a 15,0%, y el resultado primario pasó de un déficit de 2,7% a un superávit de 1,8%. Desde entonces, indica Zentrix, “el superávit se sostiene con ingresos también en baja”: entre 2024 y 2026, los ingresos totales caen 1,3 puntos del PBI y el gasto primario, 1,0 punto.

Del lado de los recursos, BBVA tampoco ve un alivio inmediato. Sostiene que la recuperación “está siendo más gradual de lo esperado y todavía no logra reemplazar al recorte del gasto como principal soporte de la consolidación fiscal”. Agrega que la eliminación de algunos impuestos y otros cambios en el esquema tributario redujeron fuentes de ingresos que habían contribuido al ajuste inicial. Por eso, concluye, la sostenibilidad de las cuentas “dependerá cada vez más de que el crecimiento económico y una mayor formalización permitan ampliar de manera genuina la base tributaria”.

El escenario de riesgo

En su análisis, Zentrix advierte que el Presupuesto 2027 “fue construido con un margen de error extraordinariamente reducido”. Para los analistas, un desvío relativamente pequeño en la recaudación o un aumento del gasto alcanza para consumir todo el colchón fiscal. El informe da un ejemplo: “un dólar 10% por encima del valor previsto encarecería los intereses de la deuda en moneda extranjera en alrededor de $1,7 billones, casi siete veces ese margen”.

A esos números, el reporte suma otros factores de riesgo. Según el documento, “la demanda de dólares por parte de personas humanas ya absorbía en septiembre alrededor del 90% de las divisas liquidadas por el agro, mientras que el Tesoro prevé obtener unos USD 21.100 millones para afrontar sus compromisos financieros durante 2027”. Al mismo tiempo, sostiene Zentrix, “el presupuesto descansa en refinanciar deuda en pesos por el 110% de los vencimientos y en una recuperación de la actividad que permita revertir una recaudación que hasta agosto acumulaba una caída real del 3,8%”.

El propio Gobierno ofrece otra lectura en el Mensaje del Presupuesto, que Zentrix recoge en su informe técnico. Según ese documento oficial, “la deuda bruta pasó de 156,6% del PBI a fines de 2023 a 71,4% en julio de 2026”. Zentrix detalla que el mensaje destaca además tres cambios en el perfil de la deuda, entre ellos que “los depósitos del Tesoro en el BCRA pasaron del equivalente a USD 1.700 millones a USD 8.200 millones” y que “las tres principales calificadoras mejoraron la nota soberana durante 2026”.

Con ese cuadro, la consultora concluye en su estudio que el verdadero desafío “no será aprobar el Presupuesto 2027, sino atravesar un año electoral sin que alguno de estos factores obligue a modificarlo sobre la marcha”.

La planilla del sector público panameño superó la barrera de los 270 mil funcionarios en agosto de 2026, al alcanzar 270,301 trabajadores, según el informe de la Contraloría General de la República.

La cifra representa 17,263 empleados adicionales respecto a enero, cuando el Estado registraba 253,038 servidores, equivalente a un crecimiento de 6.8% durante los primeros ocho meses del año.

El incremento también se reflejó en las comparaciones mensual e interanual. Entre julio y agosto, la nómina estatal aumentó en 1,032 funcionarios, equivalente a 0.4%, mientras que frente a agosto de 2025, cuando había 264,774 trabajadores, el crecimiento fue de 5,527 personas, correspondiente a 2.1%.

La evolución de 2026 muestra un crecimiento durante los primeros meses, con 257,904 funcionarios en febrero, 263,627 en marzo y 265,164 en abril. La planilla alcanzó 269,185 empleados en mayo y 269,997 en junio, antes de retroceder a 269,269 en julio y establecer un nuevo máximo anual en agosto.

Del total de trabajadores contabilizados, 249,839 mantenían una condición permanente y 20,462 eran eventuales. El Gobierno Central concentraba 175,532 funcionarios, mientras el sector descentralizado reunía 94,769. Frente a agosto de 2025, los puestos permanentes aumentaron en 7,365, mientras los eventuales disminuyeron en 1,838.

El crecimiento de agosto estuvo concentrado principalmente en el Gobierno Central, que sumó 1,516 funcionarios respecto a julio, mientras el sector descentralizado registró una reducción de 484 trabajadores. Estas diferencias muestran que la expansión de la nómina pública no fue uniforme entre las instituciones que integran la administración estatal.

El Ministerio de Educación encabezó los aumentos de personal en agosto, con 656 funcionarios adicionales respecto a julio, hasta alcanzar 68,519 trabajadores. Desde enero, cuando contabilizaba 58,476 empleados, la institución incorporó un saldo neto de 10,043 personas, el mayor crecimiento absoluto registrado entre las entidades públicas.

La Asamblea Nacional ocupó la segunda posición, al pasar de 3,284 funcionarios en julio a 3,712 en agosto, un incremento de 428 trabajadores, equivalente a 13%. El movimiento ocurrió durante la presidencia de la diputada Shirley Castañeda, quien asumió la conducción del Legislativo en julio. Frente a enero, cuando tenía 3,144 empleados, el aumento acumulado alcanza 568 personas, equivalente a 18.1%.

En tercer lugar apareció el Ministerio de Gobierno, con 279 funcionarios adicionales en agosto, al elevar su nómina a 4,464 trabajadores. Desde enero, la institución acumula un aumento de 1,233 empleados. Le siguió el Ministerio de Salud, con 222 trabajadores más que en julio, hasta alcanzar 20,708 funcionarios, lo que representa 1,184 adicionales frente al inicio del año.

El Ministerio de la Presidencia ocupó la quinta posición, con un incremento de 119 funcionarios entre julio y agosto, hasta contabilizar 2,322 trabajadores. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral sumó 67 empleados durante agosto, alcanzando 939 funcionarios, es decir, 151 más que al comenzar 2026.

La Caja de Seguro Social aumentó su nómina hasta alcanzar 35,187 trabajadores. El Órgano Judicial incorporó un saldo de 37 funcionarios respecto a julio, elevando su planilla a 7,614 personas, con un incremento de 330 trabajadores desde enero.

Las últimas dos posiciones entre las diez entidades con mayores aumentos correspondieron al Ministerio de Ambiente, que sumó 29 funcionarios en agosto, hasta alcanzar 1,774 trabajadores, y a la Lotería Nacional de Beneficencia, que incorporó 27, para llegar a 1,561. Desde enero, Ambiente acumula 367 empleados adicionales, mientras la Lotería registra un crecimiento neto de apenas diez personas.

El aumento de funcionarios estuvo acompañado por un crecimiento del gasto bruto mensual en salarios, que alcanzó $462.6 millones en agosto. La cifra supera en $1.9 millones la registrada en julio y representa un incremento de $11.9 millones frente a agosto de 2025, equivalente a 2.6%.

Durante los primeros ocho meses de 2026, el sueldo bruto acumulado ascendió a $3,603.7 millones, frente a $3,438.9 millones en igual período de 2025. La diferencia fue de $164.8 millones, equivalente a 4.8%, lo que evidencia una expansión del costo salarial de la administración pública durante el período analizado.

Del desembolso mensual de agosto, $438 millones correspondieron a funcionarios permanentes y $24.6 millones a eventuales. Por distribución institucional, el Gobierno Central representó $292 millones, mientras el sector descentralizado acumuló $170.6 millones, manteniendo la mayor concentración del gasto salarial en las entidades centrales.

El informe comprende 96 entidades públicas y excluye la Autoridad del Canal de Panamá y la mayoría de los municipios, entre otras categorías. Tampoco incorpora determinados pagos extraordinarios, por lo que las cifras corresponden al alcance específico de la planilla examinada y no representan la totalidad de las obligaciones laborales del Estado.

La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenó suspender toda acción de cobro y débitos automáticos que un banco estaba ejecutando sobre un jubilado sobreendeudado. El deudor, de 76 años, tenía comprometidos todos sus ingresos previsionales y cayó en un estado de vulnerabilidad extremo que lo obligó a depender de comedores y centros comunitarios para alimentarse.

Se trata de una medida cautelar que benefició a M.A.D., quien demandó al banco y fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo N° 27, a cargo del juez Patricio Cánepa.

El jubilado percibe la mínima otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Ante los tribunales, describió el severo escenario de vulnerabilidad social, económica y habitacional que atraviesa. Según relató en su presentación judicial, reside en una vivienda compartida para poder afrontar los gastos cotidianos de subsistencia y asiste de manera regular a centros de día comunitarios de la Capital Federal para cubrir sus necesidades básicas.

Esa situación de fragilidad económica, sumada a la imposibilidad de reinsertarse en el mercado laboral activo y al incremento constante del costo de vida, empujó al hombre a recurrir de manera sistemática al financiamiento bancario.

El jubilado demostró que se endeudó para comprar comida y medicamentos esenciales y pagar servicios básicos.

Entre los años 2020 y 2025, el banco -a través de la cual el jubilado cobraba originalmente sus haberes— le otorgó un total de 14 préstamos personales.

De acuerdo con el detalle de la demanda, siete de estas operaciones se realizaron mediante un sistema de refinanciación encadenada y precancelación. Bajo esta modalidad, el banco absorbía los saldos pendientes de los créditos anteriores e incorporaba el capital remanente en un nuevo préstamo, lo que a criterio del juez generó un incremento desmedido de la deuda por la acumulación de recargos e intereses compensatorios.

Posteriormente, el banco aplicó débitos automáticos sobre la cuenta sueldo del cliente. Esto absorbió de manera total o sustancial sus ingresos mensuales en distintas oportunidades, lo que colocó al adulto mayor en un estado de “desamparo absoluto”, según alegó en su demanda. Ante esta situación, el afectado decidió trasladar el cobro de su jubilación hacia otro banco.

El demandante aseveró que la entidad bancaria omitió proporcionar información clara, precisa y de fácil comprensión respecto a la composición de las tasas de interés y al funcionamiento de las refinanciaciones sucesivas.

Por tal motivo, calificó el accionar de la empresa como una práctica abusiva de financiación imprudente hacia un consumidor hipervulnerable. Tras concluir sin éxito la etapa de conciliación prejudicial obligatoria, el damnificado inició la acción judicial por daños y perjuicios, solicitando además la aplicación de una multa por daño punitivo y el dictado de una medida de protección urgente.

La resolución del tribunal

El juez Patricio Cánepa consideró acreditada la verosimilitud del derecho invocado por el reclamante a partir de las pruebas presentadas en el expediente. Entre estos elementos se destacaron recibos de haberes de la ANSES, los legajos de contratación de los créditos, un informe socioambiental elaborado por el Ministerio Público de la Defensa y el reporte de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En su análisis preliminar, el magistrado advirtió una evidente “distorsión” entre la capacidad real de pago del usuario, el carácter alimentario que poseen las jubilaciones y la cantidad de préstamos otorgados por la entidad financiera.

Asimismo, el Juzgado remarcó que la ley otorga una tutela diferenciada y de especial rigurosidad a los consumidores hipervulnerables, categoría en la que encuadra el demandante debido a su avanzada edad, de acuerdo con los parámetros de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

El fallo judicial también dio por probado el peligro en la demora, al entender que no dictar una medida cautelar causaría la frustración de los derechos del jubilado durante el tiempo que demande la tramitación del juicio principal.

La sentencia ordenó al banco demandado a cumplir con las siguientes disposiciones en un plazo improrrogable de tres días a partir de su notificación:

• Suspender de forma inmediata cualquier gestión de cobro judicial o extrajudicial, ya sea que la realice de manera directa o por medio de terceras empresas.
• Cesar de forma completa la aplicación de débitos automáticos y la capitalización de intereses vinculados a las deudas bajo litigio.
• Abstenerse de informar al cliente como deudor ante el Banco Central de la República Argentina y bases de datos privadas, o proceder a la rectificación provisoria de su calificación crediticia en caso de que ya hubiese sido reportado.

Estas medidas de protección se mantendrán vigentes de manera ininterrumpida hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del reclamo por daños y perjuicios.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía de Panamá crecerá alrededor del 5% en 2026, impulsada por la recuperación de la actividad productiva, aunque considera necesario profundizar las reformas fiscales, tributarias y estructurales para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y lograr que la expansión económica se traduzca en mayores beneficios para la población.

Las estimaciones forman parte de la declaración de la misión del Artículo IV de 2026, realizada entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre. El organismo calcula que el producto interno bruto (PIB) aumentó 4,4% en 2025 y anticipa que la economía panameña mantendrá un ritmo de crecimiento de entre 4% y 5% a mediano plazo.

En materia de precios, el FMI prevé que la inflación aumente temporalmente hasta superar ligeramente el 2%, antes de estabilizarse entre 1% y 2% en los próximos años. También proyecta que el déficit de la cuenta corriente alcance aproximadamente 1,5% del PIB en 2026, en un contexto de incertidumbre económica internacional.

Uno de los principales capítulos del diagnóstico corresponde a las finanzas públicas. El organismo reconoce que Panamá redujo su déficit fiscal al 3,7% del PIB en 2025, por debajo del límite legal del 4%. Además, considera que el Gobierno está encaminado a cumplir la meta de 3,5% en 2026, con reducciones posteriores hasta 3% en 2027 y 1,5% en 2030.

Sin embargo, el FMI advierte que la consolidación fiscal requiere aumentar los ingresos permanentes y mejorar la eficiencia del gasto público. Entre sus recomendaciones figura modernizar la administración tributaria, fortalecer las auditorías, utilizar información de terceros para detectar incumplimientos y reforzar los controles sobre facturas y créditos fiscales, con el propósito de elevar la recaudación.

Una de las recomendaciones más relevantes consiste en ampliar la base del impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y prestación de servicios (ITBMS), revisar las exenciones tributarias consideradas ineficientes y evaluar su tasa nominal, actualmente del 7%, que el organismo considera muy baja. El FMI plantea que cualquier modificación debe tomar en cuenta sus efectos distributivos sobre la población.

En cuanto al gasto, recomienda reducir las rigideces salariales del sector público, focalizar mejor los subsidios y establecer revisiones sistemáticas del presupuesto. También plantea mejorar la selección y ejecución de inversiones públicas, mientras insiste en que los ingresos extraordinarios provenientes del Canal de Panamá deben destinarse a limitar el endeudamiento, en lugar de financiar nuevos gastos.

El sistema de pensiones constituye otra preocupación. Aunque la reforma aprobada en 2025 permitió atender necesidades inmediatas de financiamiento, el organismo sostiene que serán necesarias nuevas reformas paramétricas para asegurar su sostenibilidad a largo plazo, tomando como referencia la revisión actuarial prevista en la legislación.

Respecto a la deuda pública, el FMI considera sostenible su trayectoria bajo el escenario fiscal previsto, aunque identifica riesgos moderados de tensión soberana. También advierte sobre el crecimiento del endeudamiento denominado en monedas distintas del dólar, por lo que recomienda fortalecer la gestión de riesgos cambiarios y financieros.

En el sector bancario, el organismo reconoce que el sistema panameño mantiene niveles adecuados de capitalización y rentabilidad, aunque solicita mayor vigilancia sobre los créditos vinculados a construcción, bienes inmuebles y consumo. Asimismo, recomienda fortalecer los mecanismos de liquidez, la resolución bancaria y la regulación de criptoactivos, además de mejorar la supervisión de riesgos cibernéticos.

El diagnóstico también señala que el crecimiento del empleo y de los salarios reales ha sido inferior al de la producción, mientras aumenta la informalidad y persisten desigualdades regionales. Por ello, propone fortalecer la formación profesional, las competencias digitales y la preparación para la inteligencia artificial, junto con una reforma educativa que responda mejor a las necesidades laborales.

Finalmente, el FMI identifica riesgos relacionados con Cobre Panamá, las concesiones portuarias, posibles conflictos sociales y una nueva sequía asociada a El Niño.

Frente a estos desafíos, recomienda fortalecer la transparencia institucional, combatir la corrupción, mejorar las estadísticas públicas y garantizar mayor seguridad jurídica, condiciones que considera fundamentales para atraer inversiones y sostener el crecimiento económico.

Alberto Ades advirtió ante el propio Gabinete nacional, y por una invitación de Javier Milei, que el valor actual del dólar es 29% más bajo que el promedio de los últimos 23 años. Incluso, está más barato que antes de la corrida cambiaria que sufrió Mauricio Macri en 2018.

Sin embargo, el economista resaltó que “esta vez las condiciones son diferentes”, aunque plantea distintos enfoques sobre cómo abordar la situación.

De acuerdo al trabajo presentado por Ades, al que tuvo acceso Infobae, el actual tipo de cambio real -según como lo mide el BCRA- se encuentra en 85,2 puntos, mientras que el promedio de los últimos 25 años fue de 120.

“En esos niveles Argentina acumuló reservas sin depender de un solo sector”, indicó el reporte. Parece hacer alusión (aunque no lo dice explícitamente) al período que fue del 2003 al 2010, cuando el Central llegó a tener USD 50.000 millones de reservas líquidas.

Ades se reunió en distintas ocasiones con Milei desde que asumió la presidencia y varias veces se encontraron en Nueva York. El especialista, que desarrolló buena parte de su carrera profesional en Goldman Sachs y actualmente es director en Vector Alpha, fue invitado por el Presidente para hablar el lunes ante el Gabinete nacional.

El documento que presentó ante los ministros elogia muchas de las medidas del Gobierno, pero también advierte sobre el peligro de quedarse a mitad de camino, poniendo especial énfasis en las reformas estructurales.

También le planteó en la cara a los funcionarios cuáles son los peligros de un tipo de cambio muy apreciado como el actual. Y abordó los caminos para reacomodarlo sin un salto devaluatorio.

La tesis de Ades es que “los países que funcionan terminan caros en dólares”, por lo cual debería ser casos para imitar por parte de Argentina. Los tres ejemplos mencionados fueron Corea del Sur (“primero ganó productividad y después el tipo de cambio se apreció”), Israel (la apreciación llegó junto a décadas de inversión y exportación de tecnología) y finalmente Chile (“con apertura y regla fiscal, la apreciación se sostuvo por la inversión, no solo en cobre”).

“Por qué esta vez no es 2018”, plantea en uno de los slides que se concentra en la situación argentina. Menciona tres diferencias fundamentales. En primer lugar que la cuenta corriente en aquel momento tenía un rojo de USD 28.000 millones (más de 5% del PBI) y ahora en cambio presenta un superávit de 2.200 millones de dólares.

Por otra parte, el déficit fiscal financiero fue en aquel entonces de 6,1% del PBI, contra un superávit ahora de 0,1% y primario de 0,6 por ciento. Por último, señala que hace nueve años había un problema con los flujos: “Hoy los flujos están ordenados, pero tenemos un problema de stock. Faltan reservas y no tenemos acceso a los mercados internacionales”.

Ades planteó tres alternativas para enfrentar la “fortaleza del peso”. Las opciones presentadas por el ex Goldman Sachs fueron las siguientes:

• Más superávit fiscal: Esto le daría más espacio al Tesoro para comprar dólares sin emitir. El problema de esta alternativa es que exige más ajuste en un año electoral. “Es la única opción que deprecia el tipo de cambio real y acumula reservas a la vez”, sostiene.
• Devaluación discrecional: Corregiría el tipo de cambio nominal de un golpe. Sin embargo, la contra es que el peligro es que el salto se traslade a precios en pocos meses, quedando un problema de credibilidad.
• Reformas de productividad: “Aprecia el tipo de cambio real de equilibrio, y el nivel de hoy deja de ser un atraso”, indica. Sin embargo, adquiere que requiere tiempo y capital político, pero no resuelve la transición. “Valida el peso fuerte en lugar de corregirlo, pero recién en el largo plazo”.

“El programa -concluyó Ades ante el Gabinete- juega al tercer camino, pero el instrumento disponible hoy es el primero, o sea mayor ajuste fiscal. Cada punto extra de superávit es demanda que se retira y reservas que se compran sin deuda”. Asimismo, advirtió que la meta fiscal del primer semestre se incumplió por poco, en el marco de la tercera revisión del acuerdo. “El FMI igual apoya”.

En cuanto al contexto global, el trabajo alerta que “el capital va a ser más caro por un buen tiempo, sobre todo por la tasa larga. Los déficits vuelven a tener un costo”.

Y para culminar, el “paper” deja elogios pero también advertencias. “Argentina tiene hoy lo que no tenía hace tres años: credibilidad fiscal”, sintetiza.

A modo de cierre, observa que “todavía se sufre la falta de reservas netas, acceso al mercado en volumen y las reformas institucionales que hagan durar esa credibilidad. Con dinero más caro, esas faltas pueden pesar más que antes”.

El programa financiero para 2026 y 2027 quedó bajo la lupa por la suba de las tasas en los mercados globales y la interrupción de las emisiones de bonos en el mercado local. La incógnita es si el ministro de Economía, Luis Caputo, logrará completar las colocaciones previstas: USD 6.000 millones este año y USD 5.000 millones en 2027. En el quinto piso del Palacio de Hacienda evalúan dos alternativas y aseguran contar con buffers (amortiguadores) en caso de que no prospere la primera opción.

El punto bajo discusión es el freno de las licitaciones del Bonar 2029 (AO29). Ese bono era parte de la estrategia para conseguir USD 2.000 millones dentro del objetivo de emisiones para este año. La Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase, pausó las colocaciones antes de lograr esa meta debido a la suba de las tasas internacionales.

El Tesoro necesitaba colocar USD 800 millones adicionales para alcanzar el excedente de caja que proyectó para este año. Según explicaron fuentes internas del Ministerio de Economía, ese faltante no altera por sí solo el esquema financiero de 2026, dado que consideran que puede prescindir de esos fondos si no encuentra condiciones convenientes en el mercado.

“En 2026 faltarían colocar USD 800 millones para llegar al sobrante de caja proyectado. Pero si no lo hacemos, no hay problema”, explicó una voz del equipo económico ante una consulta de Infobae sobre si esperan una baja de tasas para retomar las licitaciones del A029.

Para el próximo año, el esquema financiero contemplaba un saldo de USD 3.700 millones correspondiente a 2026, aunque esa previsión ahora está en duda. También incluía compras de dólares del Tesoro al Banco Central de la República Argentina (BCRA) por USD 4.900 millones, rollover dentro del sector público por USD 1.800 millones, desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 1.700 millones y créditos de organismos internacionales por USD 4.200 millones.

Los analistas del área de Research del Banco Galicia señalaron que la continuidad del freno en las licitaciones puede llevar al mercado a pedir detalles sobre otros recursos disponibles. “El Tesoro no viene ofreciendo Bonares en sus licitaciones quincenales y, si las tasas no vuelven a bajar, el mercado empezará a indagar sobre los detalles de las fuentes alternativas de financiamiento de las que dispone el Gobierno”, advirtieron.

Renovar los Bonares

La expectativa oficial para 2027 se vincula con la posibilidad de renovar los vencimientos de Bonares. Esa es la primera alternativa que manejan por estas horas en el Palacio de Hacienda para sostener el programa financiero del próximo año y afrontar las obligaciones en dólares previstas en el calendario.

“El año que viene solo estamos suponiendo rollover de Bonares. El escenario que haciendo todo bien no tenes rollover es un poco ridículo realmente”, señalaron desde el Ministerio. La referencia apunta a que el Gobierno espera que los inversores acepten nuevas emisiones de esos bonos cuando lleguen los vencimientos.

El rollover implica que el Tesoro consigue refinanciar parte de su deuda a través de nuevas colocaciones. Para que esa opción funcione, el Gobierno necesita que el mercado acepte renovar títulos y que las tasas permitan avanzar con las emisiones bajo condiciones consideradas convenientes por Economía. Ese escenario se vuelve más complejo en un año electoral, cuando el Gobierno buscará la reelección y los inversores podrían tener menos certezas sobre quién honrará los compromisos en el futuro.

Más amortiguadores

La segunda alternativa que mencionan en el quinto piso del Palacio de Hacienda es la utilización de buffers o amortiguadores. Una fuente oficial y calificada sostuvo que esos recursos ya están considerados dentro de la planificación, incluso bajo el supuesto de que el Tesoro no consiga renovar los Bonares en 2027.

“Si no se logra rollear los vencimientos de los Bonares, obviamente ya tenemos buffers contemplados. O sea, aún asumiendo rollover cero, estamos cubiertos”, afirmó. La referencia a los buffers aparece en un momento en que el Gobierno expone distintas fuentes de liquidez y capacidad de respuesta frente a presiones financieras y cambiarias.

En las últimas semanas, el presidente Javier Milei y el ministro Caputo aseguraron que el Gobierno cuenta con USD 75.000 millones ante una eventual corrida cambiaria en la previa de las elecciones presidenciales de 2027 como sucedió en las legislativas. Entre los recursos mencionados figuran la compra de reservas del BCRA, el swap con Estados Unidos, el swap con China (ambos por USD 20.000 millones) y la intervención en el mercado de dólar futuro. El Gobierno los presentó como parte de su poder de fuego frente a una presión cambiaria.

Todavía no está definido si esos USD 75.000 millones también integran los buffers que en Economía menciona para afrontar un escenario sin refinanciamiento de los bonos. Tampoco se precisó si esos recursos se destinarían de manera exclusiva a estabilizar el mercado cambiario o si podrían utilizarse para atender pagos de deuda en moneda extranjera.

La primera exigencia relevante de 2027 llegará en enero. Ese mes vencen USD 4.300 millones de intereses de los bonos Globales y Bonares, un pago que forma parte de los USD 25.400 millones previstos para todo el año.

La posibilidad de volver a ofrecer bonos en dólares al mercado local depende de la evolución de las tasas. Si los rendimientos bajan, el Tesoro podría retomar las licitaciones con el objetivo de completar el monto pendiente de 2026 y avanzar con la estrategia prevista para el año siguiente. Si esa opción no se concreta, se explorarán las otras opciones mencionadas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue de cerca las liquidaciones de divisas de empresas y provincias, que durante el último año aportaron casi USD 20.000 millones y contribuyeron a la estabilidad cambiaria. La atención se concentra, sobre todo, en los fondos aún pendientes de giro, después de que el presidente Javier Milei los señalara como una fuente de recursos frente a eventuales presiones sobre el dólar de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Según una presentación del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, las empresas y los gobiernos provinciales colocaron títulos de deuda por USD 23.600 millones, mientras que los ingresos derivados de esas operaciones alcanzaron 19.000 millones de dólares.

La diferencia entre el valor efectivo colocado y el monto ingresado llegó a 4.600 millones de dólares. Esa es la cifra que todavía resta por liquidarse en el Mercado Libre de Cambios (MLC). La evolución del indicador mostró una suba acumulada a lo largo de los 12 meses relevados, con una aceleración de las emisiones desde noviembre de 2025 y nuevos saltos durante los primeros meses de 2026.

El seguimiento de esas operaciones tomó relevancia en medio de la estrategia de compra de divisas del BCRA. La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, proyectó que la autoridad monetaria cerraría 2026 con adquisiciones cercanas a USD 20.000 millones, por encima de los escenarios que el Gobierno contempló al inicio del año.

La evolución

La línea de títulos colocados comenzó octubre de 2025 en un nivel próximo a cero. Durante noviembre, registró una suba hasta ubicarse cerca de USD 7.000 millones, producto de la fuerte compresión del riesgo país tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza en los comicios de medio término. La serie mantuvo un período de estabilidad relativa hacia diciembre y retomó luego una trayectoria ascendente.

A comienzos de febrero de 2026, las colocaciones acumuladas superaron los 10.000 millones de dólares. Durante marzo, el acumulado se movió en torno de 11.000 millones de dólares. Hacia fines de abril y durante mayo se produjo uno de los aumentos más marcados de todo el período. En ese tramo, el valor efectivo de los títulos pasó desde una zona próxima a USD 12.500 millones hasta superar los 15.000 millones de dólares. La curva continuó en alza durante junio, mes en el que dejó atrás los 17.000 millones de dólares.

Durante julio, las colocaciones se aproximaron a USD 20.000 millones. En septiembre, el acumulado alcanzó USD 23.600 millones, de acuerdo con el gráfico del Banco Central. La medición incluyó emisiones de compañías y administraciones provinciales en dólares dentro del mercado local.

La curva de ingresos siguió un recorrido similar, aunque se mantuvo por debajo del monto colocado. Durante octubre y buena parte de noviembre de 2025, el indicador se ubicó por debajo de USD 3.000 millones. Hacia febrero de 2026, se aproximó a 5.000 millones de dólares.

Las nuevas proyecciones

El BCRA sumó compras por más de USD 14.350 millones hasta septiembre, pero que según la proyección de Caputo, el resultado de diciembre podía alcanzar USD 19.438 millones, una cifra superior a la meta implícita acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La meta de compra de reservas internacionales vinculada con el organismo internacional fue de 10.000 millones de dólares. El ministro de Economía indicó que el Gobierno también trabajó con una previsión más favorable, que contemplaba compras por USD 17.000 millones durante 2026 si las condiciones acompañaban.

“Teníamos una meta implícita de USD 10.000 millones con el FMI y teníamos un escenario recontra optimista que era que, si las cosas salían muy, muy bien, tal vez llegábamos a comprar USD 17.000 millones en el año”, remarcó el titular del Palacio de Hacienda en conferencia de prensa.

El cálculo de USD 19.438 millones para diciembre superó ambos niveles. La diferencia frente a la meta de USD 10.000 millones fue de USD 9.438 millones. Respecto del escenario de USD 17.000 millones, la proyección representó USD 2.438 millones adicionales. “La situación actual, hoy ya estamos en USD 14.350 millones. Si proyectamos esa tendencia, todo indicaría que vamos a estar más cerca de los USD 20.000 millones de los que habla el presidente”, sostuvo.

Caputo también se refirió a la disponibilidad de divisas para personas, compañías y quienes buscan remitir dividendos: “Ahora hay dólares para la gente, para las empresas, para los que quieren remitir dividendos, sino también para recomponer las reservas del Banco Central”, afirmó.

La compra de reservas por parte del BCRA se vuelve más importante luego de que el presidente Milei estimó que el Gobierno contaría con USD 75.000 millones de poder de fuego para evitar una corrida cambiaria en 2027.

En esa misma línea, en los últimos días, el BCRA aceleró las compras de divisas tras la finalización de la misión del FMI en la Argentina. Durante la última semana la entidad adquirió dólares en las cinco ruedas y el resultado semanal fue de 369 millones de dólares.

La aceleración posterior a la salida de los técnicos del FMI se interpretó como una señal sobre las conversaciones entre el organismo y el equipo económico. Durante septiembre, el BCRA compró USD 473 millones, el menor volumen mensual de adquisiciones de divisas de 2026. Ese resultado mostró una menor velocidad frente a los meses anteriores: en agosto, las compras alcanzaron USD 768 millones.

FB Líneas Aéreas S.A., la sociedad que opera Flybondi, se presentó en concurso preventivo. Según pudo confirmar este medio, la aerolínea low cost solicitó la apertura de esta herramienta judicial el pasado viernes 2 de octubre, con el objetivo de reestructurar su deuda.

La presentación fue realizada por el estudio Grispo y quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi, con intervención de la Secretaría N.º 47, a cargo de Santiago Medina.

El concurso preventivo es un mecanismo previsto en la legislación argentina que permite a una empresa con dificultades financieras negociar con sus acreedores la reestructuración de sus pasivos bajo supervisión judicial, con el objetivo de preservar su continuidad. Al momento de esta publicación, el expediente figura “En despacho” y la consulta pública no muestra aún actuaciones, escritos ni resoluciones disponibles.

Flybondi llega al concurso preventivo con al menos $4.000 millones en deudas y reclamos identificados públicamente, una cifra que se aproxima a $ 4.600 millones si se incorporan intereses y costas de algunos embargos. Sin embargo, ese monto no representa el pasivo total de la compañía. A esa base hay que sumar obligaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) e Intercargo, deudas con proveedores de combustible, con los lessors de aeronaves y con talleres de mantenimiento, además de reclamos laborales y reembolsos pendientes a pasajeros. Solo dos aeronaves que permanecen fuera del país acumularían pasivos de alrededor de USD 5,5 millones por concepto de mantenimiento.

En el plano operativo, Flybondi cuenta actualmente con tres aeronaves que permanecen en territorio argentino sin actividad. Las otras 10 fueron devueltas a sus respectivos lessors. Algunas de esas unidades aún conservan matrícula argentina y se encuentran en el país a la espera del proceso de redelivery.

El conflicto accionario que precedió a la presentación judicial

La llegada al concurso tiene antecedentes en una disputa entre los accionistas de la compañía que se hizo pública en agosto de este año. En ese momento, COC Global, el fondo inversor que ingresó a Flybondi en mayo de 2025 tras extender más de USD 70 millones a la empresa, intimó a Cartesian Capital Group —el otro accionista con presencia en el directorio y anterior dueño— a tomar medidas para reconducir el proceso de normalización de la aerolínea.

Según un comunicado de COC Global al que accedió Infobae, la escalada tuvo como detonante la decisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de trabar embargos sobre las cuentas bancarias de la compañía, “lo que impide a la compañía realizar cualquier pago o transferencia bancaria”. Esa medida dejó a Flybondi sin margen para cumplir con sus compromisos y sostener la operación.

En el mismo escrito, COC Global señaló que, desde que el 15 de julio de 2026 se hicieron públicas irregularidades atribuidas a la gestión anterior, Cartesian no respondió ninguno de los contactos realizados. “Como resultado de la ausencia del accionista, la compañía se ve impedida de tomar las decisiones necesarias para normalizar su situación financiera y operativa”, indicó el comunicado. El fondo también advirtió que la intimación derivaría en acciones legales en tribunales locales e internacionales.

La reducción de la flota tuvo un correlato directo en los números de tráfico. Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en agosto de 2025 la aerolínea transportó 254.533 pasajeros en cabotaje, con una participación del 17% del mercado. En agosto de 2026, con la flota sin operar, esa cifra cayó a 1.865 pasajeros y el 0,1% del total, una merma de más de 252.000 pasajeros en 12 meses.

La base monetaria se mantiene en unos de sus niveles “históricamente más bajos”, según resaltó ayer Luis “Toto” Caputo. El ministro de Economía puso el foco en cómo la política monetaria está resultando clave para la baja de la inflación. Y, de manera indirecta, descartó un posible “plan platita”, consistente en la expansión de dinero para reactivar antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

“La base monetaria prácticamente no creció en el último año. Los que creen que van a salir pesos de algún lado para comprar dólares, no; sepamos que la cantidad de pesos es limitada”, aseguró durante el CFO Summit. En ese sentido, el funcionario nacional destacó que el orden fiscal y monetario trajo previsibilidad, algo que “el país no ha tenido nunca”.

Las palabras de Caputo llegan en un momento especialmente sensible. Con números flojos en materia de actividad, empleo y salario, crece la demanda para que el Gobierno “haga algo”. Sin embargo, el titular del Palacio de Hacienda dejó claro que se apunta a mejorar la productividad a partir de reformas estructurales en vez de recurrir a licuaciones monetarias. En ese sentido, tildó de “momias y miserables” a los que buscan “una Argentina pobre para pagar salarios pobres”.

A poco más de un año de las elecciones, el Gobierno sigue dejando en claro que la restricción monetaria continuará, con el objetivo de mantener la desaceleración inflacionaria y que el dólar permanezca bajo control.

En septiembre, la inflación se mantendría debajo del 2%, pero la mayoría de las consultoras proyecta un leve rebote después del 1,7% de agosto, que fue el menor nivel del año. En las últimas semanas se notó algo más de presión sobre el precio de los alimentos, lo que impediría perforar los valores del mes anterior. Por otra parte, es probable un aumento del precio de los combustibles por parte de YPF, más allá del 1% anunciado, que de suceder impactaría en el índice de octubre.

En ese contexto, el jefe de la cartera económica buscó llevar serenidad respecto al comportamiento del dólar para el período que resta hasta las elecciones presidenciales. No solo por la escasez de pesos, sino además por los recursos que tendría el Gobierno a mano para responder en caso de mayor demanda de la moneda estadounidense por una eventual incertidumbre preelectoral.

En un cuadro, Caputo mostró que cuenta con USD 40.000 millones entre los swap de China y Estados Unidos, se suman las compras de reservas de este año (otros USD 20.000 millones según detalló) y USD 15.000 millones más a través del mercado de futuros, lo que suma un total de 75.000 millones de dólares. A eso agregó las divisas que ingresarán por los proyectos contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) el año que viene, estimando en USD 6.300 millones, y un adicional de USD 3.000 millones por el saldo de la balanza comercial, por encima de lo registrado este año.

En otro tramo de su presentación, el funcionario sacó a relucir la herencia recibida y destacó los logros de la gestión de Javier Milei. Aseguró con orgullo haber resuelto los desajustes económicos previos sin acudir a “artimañas del pasado” e hizo una promesa contundente: “Por primera vez en nuestra historia vamos a tener cuatro años consecutivos de equilibrio financiero”.

Para sustentar su optimismo, el funcionario mencionó los números de la balanza comercial, remarcando que Argentina está operando con récords en los ingresos de divisas y niveles de exportación. Del mismo modo, proyectó que el modelo económico “seguirá generando cada vez más dólares”, quitando peso a las demandas de devaluación de ciertos sectores industriales.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción a cuatro proyectos para regular los créditos de consumo, limitar las cobranzas abusivas y crear mecanismos de reestructuración de deudas. Las iniciativas pasarán al Senado bonaerense en un escenario de aumento de la mora: el Banco Central de la República Argentina informó que la irregularidad de los préstamos a familias llegó al 12,8% en junio de 2026, y en julio subió al 12,9%, según datos difundidos posteriormente.

La aprobación fue con el voto del bloque de Fuerza Patria y el acompañamiento tanto de los bloques dialoguistas Nuevos Aires como de Unión y Libertad. En consonancia con la línea esgrimida por el Gobierno nacional sobre esta temática -que es un problema entre privados- el bloque de La Libertad Avanza rechazó los textos. El PRO hizo lo propio en los proyectos. “Hay una clara injerencia de la Provincia sobre cuestiones que son federales”, dijo el presidente del bloque PRO, Alejandro Rabinovich.

Una de las objeciones que emanaron fue sobre el proyecto del presidente del bloque peronista, Facundo Tignanelli, ante la potestad que se le otorga a la Defensoría del Pueblo de la provincia para generar instancias prejudiciales y crea crear un régimen de prevención y tratamiento del sobreendeudamiento de consumidores en la provincia de Buenos Aires.

De hecho, si bien los distintos sectores del oficialismo presentaron diversas iniciativas con el objetivo de atacar la morosidad, el bloque peronista llegó a la sesión con algunos matices que se habían exteriorizado el último viernes en un plenario de comisiones. Fue, puntualmente, por el proyecto de Tignanelli. La iniciativa prevé una instancia gratuita y obligatoria ante la Defensoría del Pueblo bonaerense antes de que se inicien acciones judiciales de cobro. En los plenarios de comisiones, la diputada Ana Luz Balor de Fuerza Patria había considerado que su posición era proclive a dejar la autoridad de aplicación a “los órganos locales”, porque la Defensoría del Pueblo tenía “otras tareas”.

Balor fue impulsora de otro proyecto que este martes también se aprobó, luego de unificarse con una iniciativa de su compañera de bloque Noelia Saavedra, quien responde políticamente a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.

“No corresponde a nosotros la resolución del problema porque obedece a medidas macro, quizá corresponde a nosotros poder llevar algo de alivio a las familias bonaerenses. Nadie dice que la toma de crédito sea mala. El tema es para qué tomamos crédito. Acá no estamos hablando de toma de crédito para gastos suntuarios. La gente está endeudándose para comer”, dijo Balor.

En la misma línea se pronunció su presidente de bloque. Tignanelli cerró el debate y planteó que “el problema que existe hoy en la Argentina es que no hay plata, no hay salario. Los trabajadores tienen que tener hasta dos o tres trabajos para poder, con suerte, llegar a fin de mes. Y cuando no llegan a fin de mes, toman deuda para comprar alimentos, vestir a sus hijos y sostener el nivel de vida que venían trayendo. Entonces, probablemente estas herramientas jurídicas armadas en la urgencia y dando respuesta a un problema probablemente sean un parche en la situación que están viviendo los argentinos y en este caso, los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires. No va a ser la solución definitiva”.

En su intervención, Tignanelli también se refirió al rol que tendría la Defensoría del Pueblo que comanda Guido Lorenzino en el desarrollo de una instancia prejudicial. “Si el artículo 38 de la Constitución dice que la Provincia proveerá a la educación para el consumo y el establecimiento de procedimientos eficaces y el Defensor del Pueblo de la Provincia es un organismo de la Constitución que entre sus funciones tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes, va de suyo que tiene habilitada la posibilidad de esta instancia prejudicial obligatoria o de reclamo previo obligatorio. Digo porque hay una lectura quizá caprichosa o cortada de la Constitución y hay que leerla en forma integral”. También detalló que en el municipio de La Matanza, de donde es, “uno de cada tres matanceros están endeudados”. Además, espera que las iniciativas ahora se aprueben en el Senado bonaerense, que preside la vicegobernadora, Verónica Magario.

Así, las diferencias internas que habían emergido la semana pasada por estos proyectos y puntualmente por la iniciativa de Tignanelli, que es uno de los responsables políticos de La Cámpora en territorio bonaerense, quedaron matizadas. Sin embargo, Balor, que responde al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, sostuvo la posición planteada en el plenario de comisiones.

Además, la iniciativa unificada de las diputadas Balor y María Noelia Saavedra y de los diputados Juan Ariel Archanco y Juan Martín Malpeli —todos de Fuerza Patria- propone modificaciones a la Ley 13.133, Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios. El proyecto aprobado busca reforzar la protección durante la contratación y ejecución de créditos, regular la publicidad de productos crediticios y prevenir el sobreendeudamiento mediante herramientas de información y educación financiera. También, incorpora disposiciones para créditos otorgados por plataformas digitales, como la obligación de explicitar las decisiones automatizadas y la posibilidad de requerir una revisión humana.

También se aprobó otra iniciativa que unifica proyectos de Balor y de la diputada del bloque UCR Cambio Federal, Silvina Vaccarezza. Ese texto se centra en la prohibición del hostigamiento y del trato indigno durante los reclamos extrajudiciales de deudas. La propuesta, según sus autoras, apunta a establecer resguardos para las personas deudoras frente a prácticas de cobranza abusivas y contempla medidas de protección para quienes atraviesen situaciones de sobreendeudamiento.

Otro de los proyectos que se aprobó fue el que se forjó a partir de las iniciativas de los diputados Leonardo Moreno y Juan Martín Malpeli que fueron reunidas en un proyecto que plantea modificar la Ley 13.133 para establecer un régimen general de protección de los intereses económicos de consumidores sobreendeudados. La propuesta también prevé la creación de un régimen judicial de reestructuración de deudas de consumo, con el objetivo de ofrecer mecanismos para abordar situaciones en las que las obligaciones financieras superan la capacidad de pago de las personas. La Libertad Avanza rechazó todos los proyectos.

“Algunos proyectos se contradicen; en dos expedientes generamos dos herramientas distintas, el 3108 te obliga a agotar instancias en la Defensoría del Pueblo, pero en el 354 se le debe permitir ir al juez sin la necesidad de tramitar previamente el procedimiento administrativo. Acordemos el procedimiento”, planteó la diputada Romina Braga de la Coalición Cívica. Su bloque se abstuvo y la legisladora consideró que “muchas de estas tomas de deuda terminan en apuestas, en el juego online y en la ludopatía; espero que pronto podamos hablar de un proyecto que ataque esta problemática”. La discusión seguriá en la Cámara alta.

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su Informe sobre el Clima de Inversión 2026 (ICS, por sus siglas en inglés), un documento que evalúa las condiciones para los negocios y las inversiones extranjeras en distintos países del mundo. El capítulo dedicado a la Argentina describe una economía en transición, marcada por reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023, pero también por desafíos que persisten pese a los avances registrados.

El texto sostiene que, desde su llegada al poder, la administración libertaria “ha revertido políticas intervencionistas y ha impulsado reformas estructurales para posicionar a Argentina como una economía de mercado”.

Sin embargo, el propio reporte advierte que los problemas de fondo no están resueltos: “Sus desafíos más apremiantes incluyen la sostenibilidad de la deuda, la inflación persistente y el desmantelamiento total de los controles de capital”.

La baja de la inflación

Uno de los datos más destacados del análisis del gobierno de EE.UU. es la trayectoria de los precios. Allí se detalla que la reducción de la inflación fue “una prioridad principal” del Gobierno: “en 2025, el gobierno redujo la inflación al 31,5%, desde el 117,8% en 2024 y el 211,4% en 2023”. La cifra representa, según el propio Departamento de Estado, “el nivel más bajo en ocho años” para la economía argentina.

Ese proceso de desaceleración estuvo acompañado por un ajuste fiscal que el organismo estadounidense destaca como un hito histórico. Tras recortar el gasto, “el Gobierno acumuló un superávit primario del 1,4% y cerró el año con un presupuesto equilibrado por segundo año consecutivo, un hito no visto desde 2007-2008”. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) además introdujo en 2026 un esquema de flotación cambiaria dentro de una banda predeterminada, cuyos límites se ajustan conforme a la inflación pasada.

El FMI avaló el rumbo

El informe repasa en detalle el vínculo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En abril de 2025, el organismo aprobó un Servicio Ampliado de 48 meses por USD 20.000 millones, con un desembolso inicial de 12.000 millones de dólares. En mayo de 2026, tras completar la segunda revisión del acuerdo, el FMI habilitó un giro adicional de 1.000 millones de dólares. Según el documento, el organismo “señaló el sólido progreso en el fortalecimiento de la disciplina fiscal, la reconstrucción de reservas internacionales y el avance de reformas económicas clave”.

A partir de 2026, el programa pasa a revisiones semestrales hasta 2029, con desembolsos de aproximadamente USD 700 millones en cada una de las siete instancias restantes. Entre los pilares del acuerdo, el reporte menciona mantener un ancla fiscal sólida, transitar hacia un régimen monetario y cambiario más flexible, y aplicar reformas estructurales que promuevan “una economía más dinámica y orientada al mercado”.

El cepo cambiario

El desmantelamiento del cepo cambiario ocupa un lugar central en el análisis. El reporte recuerda que en 2019 el Gobierno de entonces reimplantó los controles cambiarios “en respuesta a un deterioro de la situación financiera y económica”, y que las restricciones se ampliaron durante 2022 y 2023, lo que “contribuyó a distorsiones económicas y a un aumento de la incertidumbre para los inversores”.

Con la asunción de Milei, el Departamento de Estado documenta un giro: en abril de 2025 el BCRA anunció “el fin de la mayoría de los controles de capital y de cambio para individuos, que habían estado vigentes desde septiembre de 2019”. Las personas físicas obtuvieron acceso irrestricto al mercado cambiario oficial, sin el límite mensual de 200 dólares que regía antes.

No obstante, el informe aclara que “algunas restricciones permanecen para las empresas que buscan acceso al mercado cambiario para pagar deuda comercial y financiera heredada, así como dividendos”. El objetivo declarado del oficialismo libertario es “eliminar los controles de capital restantes para fines de 2026, aunque el momento y el alcance siguen sujetos a las condiciones económicas”.

Una reforma laboral clave quedó parcialmente frenada por la Justicia

El informe también documenta un revés para la agenda de reformas. En febrero de 2026, el Congreso aprobó la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802), vigente desde el 6 de marzo, que introdujo “reducciones en ciertas obligaciones de indemnización, la creación de un Fondo de Cese Laboral y modificaciones a las regulaciones sobre horas de trabajo y relaciones laborales”.

Sin embargo, el propio Departamento de Estado señala el contragolpe judicial: “el 30 de marzo de 2026, los tribunales laborales suspendieron 82 disposiciones de la ley en respuesta a impugnaciones legales presentadas por los sindicatos, lo que generó incertidumbre respecto del alcance y el momento de implementación de varias reformas clave”.

Cabe destacar que, semanas más tarde, la Justicia argentina revocó las medidas cautelares que frenaban parte del articulado de la ley de Modernización Laboral, que se encuentra en plena vigencia.

El reporte agrega que “empresas domésticas y extranjeras continúan citando la elevada carga tributaria y las rígidas leyes laborales de Argentina como obstáculos clave para la inversión”.

El acuerdo comercial con EEUU y el “Super RIGI”

Entre los avances más recientes, el reporte destaca la firma, el 5 de febrero de 2026, del Acuerdo sobre Comercio Recíproco e Inversión entre ambos países (ARTI), que “busca reducir aranceles, expandir la aceptación de estándares internacionales, proteger los derechos de propiedad intelectual y profundizar la cooperación económica”.

Como parte de ese compromiso, en marzo de 2026 Argentina derogó sus criterios restrictivos de patentabilidad farmacéutica, lo que permitió su salida de la Lista de Observación Prioritaria del Informe Especial 301 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

En materia de incentivos a la inversión, el reporte detalla el lanzamiento, el 8 de mayo de 2026, de un “Super RIGI” anunciado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, diseñado para atraer proyectos de entre USD 20.000 y USD 30.000 millones en sectores como cobre, litio, energía nuclear, gas natural licuado y centros de datos de inteligencia artificial.

El régimen ampliado “reduce el impuesto a las ganancias corporativas para los megaproyectos que califiquen del 25% al 15%” y elimina aranceles de exportación e importación desde el primer día, aunque la propuesta aguarda aún aprobación del Congreso.

La corrupción y la debilidad institucional siguen preocupando

El capítulo dedicado a la lucha contra la corrupción reconoce avances normativos, pero también persistencia de fallas estructurales. Según el Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe de marzo de 2026, Argentina necesita “una aplicación más firme, mejores protecciones para denunciantes, procesamiento oportuno, plena implementación del código penal federal y menos vacantes judiciales”.

Además, el informe cita a los Indicadores Mundiales de Gobernanza del Banco Mundial para advertir que “la corrupción continúa siendo un área de preocupación en Argentina” y que “instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado dificultan los esfuerzos sistemáticos para frenar la corrupción”.

En ese sentido, también apunta directamente al funcionamiento de los tribunales: “En la práctica, persisten instancias de interferencia política en el proceso judicial. Las empresas han reportado preocupaciones sobre la falta de transparencia y confiabilidad en los tribunales y alegan que el gobierno ha utilizado el sistema judicial para ejercer presión sobre el sector privado”.

El gasto en protestas bajó, aunque persiste la conflictividad social

A la vez, el Departamento de Estado norteamericano dedica un apartado a la situación política y de seguridad, donde subraya que las manifestaciones son habituales en Buenos Aires y otras ciudades, pero “generalmente no se consideran un impedimento significativo para el clima de inversión en Argentina”.

Con todo, documenta huelgas generales el 9 y 10 de abril de 2025 y el 19 de febrero de 2026, esta última con “enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que derivaron en heridos y detenciones” durante las protestas contra la reforma laboral.

Un dato que el propio Departamento de Estado resalta como positivo: “Según datos del gobierno, la cantidad de protestas que interrumpieron las redes de transporte en 2025 cayó a su nivel más bajo en 25 años”.

El proceso de privatizaciones

El reporte también repasa el avance del programa de privatizaciones amparado en la Ley de Bases (Ley 27.742 de 2024). No todos los intentos prosperaron: en marzo de 2026 el Gobierno lanzó una licitación pública nacional e internacional para vender el 100% de Intercargo S.A.U., pero en julio de 2026 el Ministerio de Economía “declaró desierta la licitación tras no recibir ofertas válidas”.

En contraste, en enero de 2025 el Estado transfirió su participación en la metalúrgica IMPSA a la firma estadounidense Arc Energy por 27 millones de dólares, dentro de la política de “déficit cero”.

El aumento del riesgo país, que ayer terminó a 628 puntos básicos, generó un cambio de estrategia del Gobierno. Por tercera vez, el Tesoro refinanció ayer los vencimientos de deuda exclusivamente con bonos en pesos o ajustados al tipo de cambio oficial. En cambio, optó por no salir con nuevos títulos en dólares para no convalidar tasas de dos dígitos.

El nivel de riesgo país tocó ayer un máximo en seis meses y en promedio los bonos dolarizados cayeron 1 por ciento. En la práctica, esto significa que para el Gobierno resulta imposible colocar deuda en moneda extranjera con tasas inferiores al 10% anual.

Para evitar endeudarse a tasas muy caras, la opción elegida en este momento es salir con bonos que venzan dentro del actual período de gobierno. Así, al menos por el momento se dejó de lado la estrategia de estirar vencimientos más allá del actual mandato presidencial.

Las dudas respecto al resultado de las elecciones presidenciales del año que viene volvieron a los inversores mucho más conservadores. Eso generó una caída de las cotizaciones de la deuda en dólares que vence desde 2028 en adelante. El reflejo es la suba del riesgo país desde niveles de 400 puntos de fines de julio a los 626 que marcó ayer.

La imposibilidad de colocar deuda en dólares plantea interrogantes sobre el plan financiero que el propio equipo económico presentó de cara al 2027. El más claro tiene que ver con la emisión de deuda en dólares por USD 5.000 millones a través del Bonar 2029.

Al menos con el cuadro actual esta opción parece inviable, sobre todo teniendo en cuenta que el mercado se pondrá todavía más nervioso y volátil de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

Para volver a emitir deuda al 2029, el riesgo país tendría que bajar nuevamente a niveles de 400 puntos básicos o incluso un poco menos. Es un escenario que hoy luce improbable, aunque no imposible.

Otra de las preguntas que surge está relacionada con las compras previstas del Central por 10.000 millones de dólares. Esta suma le permitiría al Tesoro hacer frente al pago de vencimientos el año que viene.

Pero tampoco queda claro si el mercado cambiario dejará tanto espacio para que el BCRA pueda comprar como lo venía haciendo hasta ahora. Si se produce un aumento de la demanda minorista en 2027 por las dudas electorales, entonces es posible que haya menos espacio para que el Central pueda comprar.

En lo que va de 2026, el BCRA adquirió más de USD 14.000 millones, pero en septiembre pudo comprar menos de USD 300 millones, la cifra más baja del año. Además, el dólar mostró leve tendencia alcista: el oficial trepó 5 pesos hasta $ 1.545, mientras que el contado con liquidación se fue a 1.620 pesos.

La Secretaría de Finanzas informó que adjudicó $8,62 billones en la licitación de deuda en pesos, tras recibir ofertas por un total de $9,77 billones, lo que representó un rollover de 100,08 por ciento. Esto significa que, por cada peso que vencía, el Tesoro logró renovarlo y quedó apenas un pequeño excedente de financiamiento fresco.

“100% de roll en un contexto internacional sumamente adverso y a tasas en torno a las del mercado secundario”, destacó Felipe Núñez, uno de los funcionarios más cercanos al ministro de Economía, Luis Caputo.

El primer instrumento en volumen fue un título atado a la tasa TAMAR, con vencimiento el 30 de julio de 2027 y código TML27. Este bono recibió adjudicaciones por $2,92 billones, con un margen de 3,63% sobre la tasa TAMAR, la referencia que sigue la evolución de las tasas mayoristas del sistema financiero.

El gobierno de Javier Milei renovó este lunes la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos que operaban en la jornada y no liberó fondos adicionales al mercado.

La Secretaría de Finanzas informó que adjudicó $8,62 billones en la licitación de deuda en pesos, tras recibir ofertas por un total de $9,77 billones, lo que representó un rollover de 100,08 por ciento. Esto significa que, por cada peso que vencía, el Tesoro logró renovarlo y quedó apenas un pequeño excedente de financiamiento fresco.

“100% de roll en un contexto internacional sumamente adverso y a tasas en torno a las del mercado secundario”, destacó Felipe Núñez, uno de los funcionarios más cercanos al ministro de Economía, Luis Caputo.

El primer instrumento en volumen fue un título atado a la tasa TAMAR, con vencimiento el 30 de julio de 2027 y código TML27. Este bono recibió adjudicaciones por $2,92 billones, con un margen de 3,63% sobre la tasa TAMAR, la referencia que sigue la evolución de las tasas mayoristas del sistema financiero.

El segundo instrumento con mayor adjudicación fue una Letra Capitalizable (LECAP) con vencimiento el 15 de enero de 2027, identificada con el código T15E7. Este título captó $2,85 billones, la porción más alta de toda la licitación, a una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,17% y una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 29,36 por ciento.

La licitación incluyó dos instrumentos atados a la evolución del tipo de cambio. El primero, con vencimiento el 30 de octubre de 2026 y código D30O6, adjudicó $1,17 billones a una TIREA de 9,06%. El segundo, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 y código D30N6, sumó $0,66 billones a una TIREA de 7,38%. En conjunto, ambos títulos dollar linked (atados a la evolución del tipo de cambio) representaron $1,83 billones del total colocado.

La oferta se cerró con un bono ajustado por CER, con vencimiento el 31 de mayo de 2027 y código TZXY7, que captó $1,02 billones a una tasa de 5,97% TIREA más el ajuste por CER, el índice que refleja la evolución de la inflación.

La combinación de instrumentos ofrecida por la Secretaría de Finanzas incluyó así cuatro tipos de cobertura distintos: tasa fija a través de la LECAP, ajuste por inflación mediante el bono CER, indexación a tasas mayoristas con el título TAMAR y cobertura cambiaria con los dos bonos dollar linked.

“Curiosamente, el instrumento más demandado fue el Bontam de julio de 2027, el más largo entre los que se ofrecía, llevándose más de un tercio de las posturas”, remarcó un informe de Puente.

Bajo la perspectiva de los analistas de esa sociedad de bolsa, el resultado de la instancia fue “esperable”: “Las curvas en pesos vienen sufriendo hace dos semanas por el entorno internacional adverso, si bien han resistido más que los globales. Hoy fue un día particularmente malo para toda la deuda argentina y haber completado el rollover pagando un premio razonable parece un buen resultado”.

Y sumaron: “El rollover total también asegura que se mantendrán los niveles actuales de liquidez, que han permitido que las tasas de muy corto plazo se mantuviesen en niveles estables y relativamente bajos, aunque no se llegaron a trasladar a plazos más largos”.

Según el analista financiero de Bavsa, Martín de la Fuente, el Tesoro volvió a concentrar la oferta en plazos cortos, “siendo la cuarta licitación consecutiva sin títulos con vencimiento posterior a 2027, decisión consistente con la semana de subas en los rendimientos de la curva pesos”.

“En este marco, el Tesoro priorizó una licitación lo más ordenada posible, sin convalidar tasas de mercado secundario en ningún dual ni instrumento hard-dollar. A pesar del menú con títulos cortos, el plazo promedio de emisión marcó una suba de 45 días respecto a la licitación pasada, cerrando en 176 días”, añadió de la Fuente.

De acuerdo a las estimaciones del secretario de Finanzas, Federico Furiase, la administración libertaria consiguió patear casi el 50% de los vencimientos de deuda para después de las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

Es por eso que, en las últimas subastas, el equipo económico le ofreció a los inversores alternativas de plazos más cortos, al advertir cierta saturación en la estrategia de extender el cronograma.

En paralelo, como viene sucediendo en los procesos licitatorios previos, Caputo, optó por dejar afuera del menú al Bonar 2029 (AO29). Se trata del bono en dólares que la cartera económica licitó hasta agosto para hacerse de los fondos para futuros pagos de deuda.

Lo cierto es que la suba del riesgo país, que saltó de 403 puntos básicos en julio a 641 unidades en la actualidad, complicó esta estrategia ya que encarece la tasa que el Gobierno debe ofrecer para conseguir que los inversores compren el título.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años superó el 5,17%, su nivel más alto en años, y encareció el financiamiento del boom de centros de datos que sostiene a la industria de la inteligencia artificial (IA).

El banco JPMorgan proyectó que la industria emitirá hasta USD 4,1 billones en deuda relacionada con la IA hasta 2030 para pagar terrenos, electricidad, refrigeración y chips de los centros de datos.

Los diferenciales de los bonos vinculados a la IA ya rondan los 115 puntos básicos, frente a los 78 puntos básicos del mercado corporativo en general, de acuerdo con datos de Reuters. Esa brecha marca cuánto más deben pagar estas empresas para atraer inversores.

La construcción de un centro de datos exige desembolsos enormes antes de generar ingresos: terrenos, edificios, infraestructura eléctrica, sistemas de refrigeración, redes y chips gráficos avanzados. Durante gran parte del boom, el crédito barato aceleró esas obras.

Hasta hace poco, la principal limitación de la industria era conseguir suficientes chips, electricidad y espacio físico. Ahora se suma una restricción distinta: cuánto está dispuesto a prestar el mercado de bonos y a qué precio.

Cuál es la brecha entre gigantes y empresas pequeñas

Microsoft, Amazon, Google y Meta financian buena parte de su expansión con deuda, pero mantienen calificaciones crediticias de grado de inversión que les garantizan tasas más bajas y acceso casi ilimitado a los mercados de capital. El resto de la industria enfrenta un panorama muy distinto.

Las llamadas neoclouds, empresas más chicas que alquilan capacidad de cómputo a los grandes laboratorios de IA, dependen casi por completo de la deuda para construir sus centros de datos y tienen menos margen para absorber el encarecimiento del crédito.

“En lugar de una lista de 50 neoclouds, probablemente haya 20 en las que el mercado esté realmente interesado”, dijo Riley Thompson, vicepresidente de Mitsubishi HC Capital America, a CNBC.

Andrew Giudici, jefe global de financiamiento corporativo e infraestructura en la calificadora KBRA, agregó que en un contexto normal las empresas frenarían un poco ante tasas más altas, aunque no prevé un freno mayor en la demanda de los prestatarios.

CoreWeave, que salió a la bolsa el año pasado, advirtió en sus presentaciones ante el regulador bursátil que un aumento de 100 puntos básicos en las tasas podría sumarle unos USD 30 millones en gastos por intereses.

Por qué la demanda de cómputo no cede

Pese al encarecimiento, los inversores no le dieron la espalda a la deuda de la IA. La empresa CleanSpark, que pasó de minar criptomonedas a operar centros de datos, colocó bonos por USD 2.280 millones y recibió órdenes por cerca de USD 10.000 millones.

Esos bonos a cinco años ofrecieron un rendimiento inicial del 8,25%, muy por encima del costo habitual de financiamiento corporativo, lo que confirma que el apetito de los inversores sigue firme cuando el retorno ofrecido los compensa.

Bernie Margulies, director ejecutivo de American Compute, una firma que asesora sobre financiamiento de GPU, resumió la lógica de los prestatarios más grandes: “Si tenés un contrato con Anthropic, ¿realmente 50 puntos básicos te van a frenar?”, dijo a CNBC.

La firmeza de la demanda explica esa disposición a pagar más caro. OpenAI y Anthropic están valuadas cerca de USD 1 billón cada una en el mercado privado, y ambas firmaron compromisos de capacidad de cómputo con años de anticipación.

Los grandes proveedores de infraestructura también reflejan esa demanda. Meta lanzó en septiembre su asistente Muse, que sumó más de 2,5 millones de descargas en dos semanas y superó a ChatGPT en el ranking de la tienda de aplicaciones de Apple, según CNBC.

De qué forma el mercado se ajusta a la IA

Un inversor de crédito privado que pidió no ser identificado dijo a CNBC que, de ahora en más, cerrar acuerdos con neoclouds será más difícil porque estas compañías tienen menos colchón financiero para absorber costos más altos.

El resultado, según los analistas consultados, podría ser una consolidación: las empresas con balances sólidos y contratos de largo plazo ganarían terreno frente a los operadores que dependen casi por completo de financiamiento externo.

Los grandes proveedores de la nube ya comprometieron cientos de miles de millones de dólares en gastos de capital este año y anticipan un nuevo aumento en 2027, un ritmo que ahora deberá sostenerse con crédito más caro para buena parte del sector.

Reuters había reportado semanas pasadas que los compradores de bonos corporativos se volvieron más selectivos frente a la ola de emisiones de deuda ligada a la IA, una tendencia que el salto de los rendimientos del Tesoro terminó de confirmar.

El bono del Tesoro a diez años, que marca el piso para el costo del crédito en todo el mercado estadounidense, se ubicaba esta semana en su nivel más alto desde 2007.

Aunque en lo que va de 2026 el Tesoro ha venido refinanciando la deuda en pesos, tanto a tasa fija como a tasa variable según distintos métodos de ajuste —como bonos CER, duales o dólar linked—, a un ratio del 113%, muy superior al 84% promedio de todo 2025, los próximos 15 meses, y en particular aquellos cercanos a las elecciones presidenciales de 2027, serán desafiantes.

Concretamente, un estudio de la consultora Quantum estimó que, de octubre de este año a fin de diciembre del próximo, vencen unos $176 billones —esto es, 176 millones de millones de pesos—, que al tipo de cambio blue de este viernes equivalen a unos USD 113.000 millones. El 47% de esa deuda está en manos del propio sector público y el 53%, en manos del sector privado, en especial de los bancos, que, a diferencia de 2024 y parte de 2025, cuando aumentaban sus créditos al sector privado, este año volvieron a incrementar su exposición al sector público.

Del total de vencimientos en pesos, unos $80 billones —a dólar blue, unos USD 25.000 millones— vencen en el último trimestre de este año. Esos vencimientos están concentrados en noviembre y diciembre y se dividen en proporciones aproximadamente iguales entre acreedores públicos y privados.

La distribución de vencimientos en 2027 muestra un nivel de concentración alto en mayo y junio y muy alto en diciembre, mes posterior a las elecciones presidenciales

A su vez, la distribución de vencimientos en 2027 muestra un nivel de concentración relativamente alto en mayo y junio, y extremadamente alto en diciembre, mes posterior a las elecciones presidenciales y coindidente con el inicio del próximo gobierno. Según los cálculos de Quantum, entonces vencerán unos $33,2 billones, el 35% del total del año, equivalentes a unos USD 22.500 millones.

Según el informe de la consultora, el aumento en la tasa de renovación de este año se debió a que Economía adaptó las características de los títulos ofrecidos —plazo, tasa, tipo de ajuste y premio— a las “preferencias cambiantes de la demanda” y a que los bancos, principales tomadores de títulos del Tesoro, dispusieron de mayores recursos porque limitaron el crédito al sector privado. Si, en palabras de Economía, cuando aumentaban el crédito a los privados los bancos “actuaban como bancos”, en 2026 lo hicieron en menor medida.

Lo cierto es que la emisión de deuda en pesos por sobre los vencimientos brindó al Tesoro recursos para cubrir necesidades de caja transitorias y comprar dólares al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para afrontar servicios de deuda en esa moneda.

“El Tesoro depositó prácticamente la totalidad de ese excedente en la cuenta que tiene en el BCRA, funcionando como una herramienta adicional que agrega flexibilidad a la instrumentación de la política monetaria por parte de esa institución. Por ejemplo, en junio, dado el aumento estacional de la demanda de dinero, la tasa de renovación de los vencimientos de la deuda cayó al 79% del total: para pagar la diferencia el Tesoro utilizó fondos que tenía depositados en la cuenta del BCRA, liberando pesos para atender la mayor demanda puntual”, explicó Quantum.

El canuto en pesos del Tesoro en el BCRA

Las cuentas del informe indican que el stock actual de pesos del Tesoro en el BCRA es de $11,6 billones, de los cuales poco más de la mitad, equivalente a unos USD 4.000 millones, resultó de las renovaciones de deuda superiores al 100 por ciento.

En cuanto al panorama general de vencimientos, el informe señala que, “con la información disponible”, de octubre a diciembre vencen unos $80,2 billones, equivalentes al 7,5% del PBI, de los cuales $39,3 billones, el 3,7% del PBI, son con el mercado. En 2027 vencen $96,7 billones, el 9% del PBI, de los que $53,2 billones, el 4,9% del PBI, son con el mercado, además de la ya marcada concentración en diciembre, para el próximo gobierno.

Según pasan los meses

El informe identifica dos “adaptaciones” en la estrategia de deuda.

Entre enero y julio, el plazo promedio de las emisiones aumentó de 169 días en enero a 340 días en julio y cambió la composición de los títulos emitidos, con una reducción del costo para el Tesoro. La tasa de la Lecap corta, de 50 a 80 días, pasó de 4,1% de Tasa Efectiva Mensual (TEM) en enero a 2,3% en julio, y la de la Lecer corta, de 150 días, bajó de CER+6,9% a CER+5,1 por ciento. En esos cambios fue clave, dijo Quantum, la inclusión en el menú de “instrumentos duales”, que dan al inversor la opción de elegir, al vencimiento, si prefiere ajustar por inflación o por dólar.

En cambio, en agosto y septiembre el plazo promedio se redujo, al inicio, a 128 días y, ya en septiembre, a 106 días, con 30% a tasa fija y el resto a tasa variable. En rendimiento, las tasas de las emisiones de Lecap se mantuvieron relativamente estables, pero subieron en las emisiones de Lecer, de CER+4,5% en agosto a CER+5,5% en septiembre, un entero punto más.

La morosidad del sistema financiero sigue consolidada en uno de los niveles más altos en relación con el pasado reciente de la Argentina y también con el resto de los países de la región. La irregularidad de casi 13% en las personas físicas resulta de comparar la porción de préstamos impagos sobre el total del crédito otorgado. Este último stock no crece, ya que no hay demanda firme de nuevos créditos, lo que empeora las cosas. En ausencia de una política oficial más agresiva, para reducir la morosidad habrá que esperar el lento avance de los “acuerdos entre privados”, en el que los bancos ofrezcan soluciones a los deudores que dejaron de pagar.

El BCRA no informó sobre el resultado de las refinanciaciones de los créditos en mora, en un escenario en el que varios bancos anunciaron planes en ese sentido, con tasas más favorables, plazos más largos y cuotas más bajas. No obstante, esta semana hubo una precisión oficial. El superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y director del BCRA, Juan Curutchet, lo hizo durante su participación en Nuevo dinero, un evento sobre innovación financiera.

“La estadística que tenemos es que esto es una ola que perdió fuerza”, señaló Curutchet sobre la morosidad. “La caída de situación 1 a situación 2 ya es la mitad que meses atrás. Y el nivel de refinanciaciones de los bancos está en 115.000 por mes. Todos entendieron que parte del negocio hoy es recuperar aquellos préstamos que no están en buenas condiciones”.

El funcionario reforzó el criterio del “acuerdo entre privados” para reducir la mora, repetido muchas veces por el titular del Central, Santiago Bausili, por el ministro de Economía Luis Caputo y hasta por el propio Javier Milei: “Esto se va a ir acomodando en forma natural. No niego que desde el punto de vista social hay un sufrimiento, hay un aprendizaje, hay dificultades. Pero lo peor que podemos hacer es romper el termómetro, porque hay propuestas de maquillar la estadística, darle 6 meses más de changüí a los deudores, todas esas cosas que son mentiras a nosotros mismos”.

Los planes de refinanciación de los bancos

Un relevamiento de Infobae entre los principales bancos muestra ese paulatino avance. El Banco Nación fue el primero en anunciar planes de refinanciación, aún frente al discurso oficial de que no haya medidas de rescate. Durante 2026, el Nación ya refinanció 127.951 operaciones correspondientes a 110.734 clientes, por un monto total de $582.000 millones, con un ticket promedio de $4,6 millones. Ese total se distribuyó entre situaciones de premora (2.440 casos), mora (79.538) y refinanciación de tarjetas (45.973).

El Banco Provincia superó las 120.000 operaciones de refinanciación por $477.000 millones en el año. Del total de deudas refinanciadas, 96% corresponde a personas y 4% a empresas. En el marco del Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal que reglamentó el gobierno porteño en julio, el Banco Ciudad ya otorgó 15.000 refinanciaciones. La semana pasada bajó la tasa del 35% al 28% y salió a ofrecerla vía WhatsApp a los deudores en mora.

Entre los bancos privados, también hubo avances. Banco Macro ya realizó 62.500 refinanciaciones de préstamos. También concretó 110.000 reestructuraciones, es decir, cambios en las condiciones del crédito para aquellos que aún no se atrasaron pero tienen dificultades para pagar. “Todos los clientes en situación de mora ya han sido contactados y cada uno está gestionando su plan de pago de acuerdo a sus posibilidades. En todos los casos hemos tenido una excelente recepción”, explicaron en el Macro.

En uno de los principales bancos internacionales del sistema aseguraron que la refinanciación arrancó antes del pico de la mora y estimaron que desde enero de 2025 a la actualidad ya acordaron un plan con 150.000 clientes, por más de un billón de pesos, con un monto promedio de $7,3 millones por crédito. Otro banco importante, de capitales nacionales, aseguró haber refinanciado a 120.000 clientes en el último año.

Por fuera de la banca tradicional, en el segmento fintech hay 2,4 millones de deudores con algún grado de irregularidad. Según la Cámara Argentina Fintech, un 90% de ellos dispone de acceso a algún plan para ponerse en regla. “En el sector fintech las estadísticas no son tan precisas, pero también hay refinanciación”, explicó Curutchet.

Destacó que muchos de los deudores en mora en las billeteras ya estaban excluidos del sistema bancario formal mucho antes. Con la refinanciación, estimó el funcionario, se normalizará la situación: “Si tuviste un manchón en 2025 o 2026, sigo tu evolución, te cobro más caro, pero te vuelvo a prestar. Y así funciona la vida, porque así funcionan las empresas. Si no, una empresa que se concursa una vez, nunca más vuelve a ser próspera”, dijo Curutchet.

“La estadística de préstamos, sobre todo para consumo personales de América Latina, la mora también es más alta. Quizá no a este nivel que estamos hoy, pero ya no es el 2,6% de 2022″, explicó Curutchet. Datos de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) no apuntan hacia allí e indican que la Argentina no solamente tiene la morosidad más alta de la región sino que no registran una suba generalizada en América Latina.

En su presentación, el funcionario del BCRA también rechazó el argumento de que los argentinos estén “sobreendeudados”, no solo porque el ratio crédito/PBI argentino es uno de los más bajos del mundo sino también porque acceder a un préstamo debe considerarse como un rasgo positivo en cualquier economía.

“Si en la Argentina hay 20 millones de AUH, 20 millones de personas con Plan Trabajar, no tenemos un problema. Pero si hay 20 millones de familias que van con el recibo de sueldo, califican, están dispuestos a laburar y pagar un préstamo, ¿eso sí nos preocupa? Tenemos que cambiar la cabeza y defender los criterios que han permitido en los últimos 200 años que el mundo saliera de la indigencia y recupere una senda de desarrollo. Eso es lo que este gobierno quiere trazar”, señaló Curutchet.

Con 33 años de historia y contratos de exportación en 60 países, Manisur S.A. solicitó su propia quiebra ante la Justicia de La Carlota, en la provincia de Córdoba, al declarar una situación de insolvencia que describió como “definitiva e irremediable”. La empresa, radicada en Santa Eufemia y una de las procesadoras de maní más reconocidas de la región centro del país, acumula un pasivo de $20.337 millones frente a un activo de $15.472 millones y registró en su último balance una pérdida de 6.811 millones de pesos.

La presentación que la compañía envió a la justicia señala que la empresa no cuenta con recursos para afrontar la cuarta cuota concursal, con vencimiento el 10 de octubre de 2026, y que el directorio recibió instrucción unánime de la asamblea de accionistas para iniciar el procedimiento de quiebra.

Manisur había logrado superar una crisis previa mediante un acuerdo concursal homologado judicialmente, bajo el cual abonó las cuotas correspondientes hasta la del año 2025. Sin embargo, “la acumulación de factores adversos durante el último ejercicio tornó imposible la continuidad de ese esquema”, sostiene el escrito judicial. El ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2026 arrojó un resultado negativo de $ 6.811.828.530, con un patrimonio neto que quedó en terreno negativo por 4.865 millones de pesos.

La estructura del quebranto revela que la compañía vendió su producción por debajo del costo: las ventas del período sumaron $11.413 millones, mientras que el costo de las mercaderías vendidas ascendió a $16.890 millones, lo que generó un resultado bruto negativo de $5.476 millones. A esa brecha se sumaron gastos de comercialización por $ 1.626 millones y de administración por $179 millones. Los resultados no asignados de ejercicios anteriores ya acumulaban un saldo negativo de $11.730 millones al momento del cierre.

Guerra interna entre accionistas

El expediente judicial identifica como detonante inmediato del colapso el incumplimiento de El Socorro, empresa cuyo presidente es Accornero, quien también reviste ese cargo en Nuttin, accionista de Manisur con el 27,71% del capital. A principios de 2026, ambas partes habían acordado la entrega de aproximadamente 8.000 toneladas de maní para procesamiento y comercialización, un volumen que la concursada necesitaba para encarar la temporada.

Sobre la base de ese compromiso, Manisur realizó el mantenimiento de la planta, contrató trabajadores de temporada, suscribió contratos de exportación y tomó prefinanciaciones por USD 350.000. Cuando llegó el momento del cumplimiento, Accornero comunicó que la totalidad del maní sería destinado a atender compromisos propios de El Socorro. Esa decisión dejó a la empresa sin materia prima, sin financiamiento y con contratos de exportación que se volvieron imposibles de honrar.

La situación se agravó porque la concursada tampoco pudo conseguir maní de terceros. La presentación judicial indica que Gaiser, persona vinculada a Nuttin, comunicó a productores del sector que Nuttin se había desvinculado de la firma, lo que generó desconfianza e impidió articular vías alternativas de abastecimiento. La campaña agrícola propia 2025/2026, en tanto, arrojó rendimientos muy por debajo del punto de equilibrio económico.

Qué pasará con los activos y los empleados

Al momento de la presentación judicial, Manisur se encontraba sin actividad productiva, sin materia prima y sin financiamiento, con cesación de pagos a proveedores y empleados. La empresa procedió a la conclusión anticipada de la temporada de 65 trabajadores de prestación discontinua con reserva de puesto y redujo la jornada del resto del personal. La situación preocupa especialmente en Santa Eufemia, una localidad de aproximadamente 2.500 habitantes donde la empresa constituía la principal fuente de trabajo.

La presentación judicial describe además una situación de urgencia patrimonial: la firma adeuda facturas de electricidad por montos significativos y prevé que el corte del suministro desactive las cámaras de seguridad del establecimiento, dejando los bienes sin resguardo adecuado. Por esa razón, el escrito solicita que se ponga en conocimiento inmediato a la sindicatura y que se libre oficio a la jueza de Paz de Santa Eufemia para que constate el estado de las instalaciones con documentación fotográfica.

Antes de solicitar su propia quiebra, la firma agotó sin éxito todas las alternativas posibles para evitar este desenlace. Según consta en el acta de la Asamblea General Ordinaria N° 36, celebrada el 8 de septiembre de 2026, la empresa realizó gestiones para incorporar un nuevo inversor o accionista, obtener asociaciones productivas, operar a fasón, conseguir nuevas financiaciones y articular alternativas de abastecimiento. Ninguna de ellas prosperó.

La asamblea concluyó por unanimidad que no existía una alternativa razonable y viable distinta de iniciar el procedimiento judicial, e instruyó expresamente al directorio —encabezado por el presidente Axel Claudio Gerbaudo— para formalizar el pedido de quiebra. La documentación acompañada al expediente incluye el acta de esa asamblea, la nómina de personal, la nómina de accionistas y el detalle de la deuda fiscal e impositiva.

Fundada en 1992 en Santa Eufemia, en el corazón de la zona manisera del departamento Juárez Celman —a 240 kilómetros de la ciudad de Córdoba—, Manisur había construido en tres décadas una cadena productiva integrada que abarcaba la multiplicación de semillas, la producción agrícola, el almacenamiento, el acondicionamiento, la selección y la exportación de maní. Sus clientes se distribuían en mercados de la Unión Europea, el Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Canadá, China y América Latina, entre otros destinos.

Además de los datos económicos que muestran un retroceso de la actividad y un repunte de la pobreza, el cierre del trimestre tampoco viene fácil para el Gobierno. Lejos en el tiempo quedaron las promesas de Luis Caputo respecto a la bonanza económica que sucedería en los últimos 18 meses de mandato presidencial. Ahora aparecen nuevas dificultades que incluso condicionan también lo que puede suceder en la última parte de 2026.

El repunte del riesgo país a lo largo del mes fue notable y prácticamente no dio respiro. Ayer volvió a subir 2,2% y quedó en 578 puntos básicos. Este incremento ya tiene consecuencias concretas. Por tercera vez, el Tesoro saldrá a refinanciar deuda sin colocar nuevos títulos en dólares. La nueva operatoria está prevista para el próximo lunes.

El equipo económico no quiere convalidar tasas arriba del 10% y se tiene que conformar con emisiones en pesos o ajustadas al tipo de cambio oficial de corto plazo. El plan financiero de 2027, sin embargo, prevé la emisión de USD 5.000 millones en Bonar 29, algo que hoy luce muy complicado.

La suba del riesgo país, que quedó cerca de los 600 puntos y volvió a los niveles de fines del año pasado, también provoca otros efectos secundarios. Por ejemplo, complica la emisión de nueva deuda a provincias y empresas, que este año consiguieron financiarse a tasas cercanas al 8% y plazo de hasta diez años.

Ayer San Juan finalmente logró colocar su primer bono internacional por USD 600 millones y pagó una tasa apenas por debajo del 10% anual. El mercado esperaba un rendimiento cercano al 9% al lanzarse la operación hace un par de semanas, pero la provincia tuvo que aceptar un rendimiento superior para conseguir el monto que había salido a buscar.

Otro de los peligros relacionados con un aumento adicional del riesgo país es que la mayor incertidumbre se traslade al mercado cambiario. La posibilidad de un aumento de la compra de divisas o también de un desarme de posiciones en pesos para incrementar los niveles de dolarización son riesgos relacionados con un panorama más complicado desde lo político.

El proceso de desinflación aparece como otro escollo. Por lo pronto, el 1,7% de agosto luce difícil de ser perforado en los próximos meses. Los datos de septiembre no son muy alentadores. Según un relevamiento de la consultora LCG, la inflación de alimentos y bebidas en la cuarta semana del mes aumentó 1,7% y acumula un incremento de 2,7% en las últimas cuatro semanas. Además, la consultora identificó “un incremento importante en la cantidad de productos con aumento”.

Con esta evolución, es difícil que el índice de inflación repita y menos perfore el nivel del mes pasado. El mejor escenario es que el índice fluctúe entre 1,7% y 2% hasta fin de año. La suba de naftas que estaría definiendo YPF en las próximas horas también le pondría presión a los precios para el mes que viene. No solo por el impacto directo de los combustibles en el índice, sino además por otros sectores que se verían directamente afectados como el transporte y la logística.

El Gobierno enfrenta así el último trimestre del año con una situación de mayor incertidumbre y pocas noticias positivas. A la suba del riesgo país y una inflación que por el momento encontró un piso, se suman un nivel de actividad en caída, aumento de los niveles de pobreza (en el primer semestre) y un Banco Central que redujo a un mínimo la compra de dólares diaria. El promedio de septiembre, de hecho, se ubica en menos de USD 10 millones diarios.

El caso que conmocionó al Estado de México por la crueldad con la que fue asesinado un niño de 5 años llegó a su fin ante la justicia. Un juez con sede en Toluca condenó a 78 años y 9 meses de prisión a Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y a Carlos Morales Cruz por su participación en los delitos de secuestro que causa la muerte y delitos vinculados a la desaparición de personas, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) probara la responsabilidad de los tres en el crimen contra Fernandito, ocurrido en el municipio de La Paz.

Junto con la pena privativa de libertad, la autoridad judicial fijó multas por un millón 258 mil 682 pesos para cada sentenciado, además de una reparación por daño moral de 618 mil 712 pesos y otra por daño material de 39 mil pesos. También se les suspendieron los derechos políticos y civiles.

Un préstamo de mil pesos derivó en el secuestro del menor

Las investigaciones de la FGJEM reconstruyeron que los tres sentenciados sostuvieron que la madre del niño mantenía con ellos una deuda económica pendiente. Con ese argumento, el 28 de julio de 2025 privaron de la libertad al pequeño como forma de presionar a la mujer para que liquidara los mil pesos que les debía.

Durante los días posteriores, entre el 30 de julio y el 2 de agosto, la madre del niño se presentó en repetidas ocasiones en el domicilio de los agresores, situado en La Paz, con la intención de recuperar a su hijo. En cada visita, Lilia, Ana Lilia y Carlos mantuvieron oculto al menor y le negaron el acceso.

La mujer formalizó la denuncia por los hechos el 4 de agosto de 2025. Ese mismo día, un operativo policial ingresó a la vivienda de los sospechosos y localizó al niño sin vida, con un traumatismo craneoencefálico como causa de muerte.

La Fiscalía investiga a un agente del Ministerio Público por retrasar la atención

Al margen del proceso penal contra los tres homicidas, la FGJEM abrió una carpeta en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para determinar la posible responsabilidad de servidores públicos por abuso de autoridad, luego de que la institución negara un servicio oportuno a la madre de Fernandito.

Según esa indagatoria, la mujer se presentó el domingo 3 de agosto en el Centro de Justicia de La Paz para reportar que había confiado a su hijo al cuidado de una conocida y que esta se negaba a devolvérselo. Un prestador de servicio social que atendía en ese momento las instalaciones trasladó la queja al agente del Ministerio Público en turno.

La respuesta del funcionario, de acuerdo con el expediente, fue que había que aguardar a que llegara “la licenciada Brenda”, pues él ya se retiraba, y sugirió que la mujer podía dirigirse a la agencia del Ministerio Público de Género si prefería no esperar. Ante esa negativa, la madre decidió irse sin presentar la denuncia formal ese día.

La mujer volvió a las instalaciones al día siguiente, el 4 de agosto, y ahí sí formuló la denuncia ante el Centro de Justicia para la Mujer en La Paz. La demora de un día entre el primer intento y la denuncia efectiva quedó documentada como parte de la investigación por abuso de autoridad.

El cuerpo del menor fue hallado en estado de descomposición

Con la denuncia ya presentada, agentes de la Fiscalía se trasladaron junto con la Policía Municipal de Género al domicilio señalado por la madre. Durante la revisión del inmueble, el personal detectó un olor fétido proveniente de unas bolsas colocadas en el patio de la vecindad.

Dentro de esas bolsas se encontró el cuerpo del menor, ya en estado de descomposición. Los exámenes forenses posteriores documentaron fracturas en clavícula y costilla, junto con distintas lesiones contusas en el cuerpo de la víctima.

Los peritos determinaron que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico y calcularon que el deceso ocurrió entre tres y cinco días antes del hallazgo, es decir, en algún momento entre el 30 de julio y el 2 de agosto. Ese cálculo coincidió con la versión que la madre había dado al Ministerio Público, según la cual la privación de la libertad de su hijo comenzó el lunes 28 de julio.

Con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el juez dictó finalmente la sentencia de 78 años y 9 meses de prisión para cada uno de los tres implicados. Lilia Delgado Pérez, Carlos Morales Cruz y Ana Lilia Morales Delgado -padres e hija- quedaron internados en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

Además, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México habilitó canales para que la ciudadanía denuncie a los sentenciados en caso de identificarlos como probables responsables de otros delitos: el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el teléfono 800 7028770.

El Senado aprobó esta tarde cambios al proyecto que reforma la Carta Orgánica del Banco Central y, por ende, la iniciativa regresa en segunda revisión a Diputados, que sólo podrá aceptar la totalidad de lo avalado por la Cámara alta o, en todo caso, insistir con la versión original, votada el mes pasado. La institución monetaria tendrá un único objetivo: defender el valor de la moneda.

Dentro del puñado de modificaciones se destaca la eliminación de los dos tercios de ambas Cámaras para remover autoridades -muy cuestionada-, que ahora pasaría a ser por mayoría absoluta -la mitad más uno del total del Cuerpo- y sólo por el Senado. Mismo caso para validar el pliego de candidatos que envíe el Ejecutivo, que en la actualidad es por mayoría simple. “Comienza el fin de la inflación. VLLC!”, afirmó Javier Milei en su cuenta de la red social X minutos después de terminado el trámite legislativo.

La palabra final queda en manos de Diputados, que tendrá un desafío en caso de ir por la versión original: la votación en general llegó a los 2/3 -46 a favor y 22 en contra-, así como gran parte de los artículos en la particular, y se precisaría allí esa misma contundencia para dejar en pie lo de agosto último.

Además de su finalidad central, el texto en cuestión apunta a garantizar la independencia del mismo a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de las distintas administraciones centrales. Tampoco comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario.

Quien adelantó los cambios en el recinto -anticipados ayer por medios acreditados en la Cámara alta- fue el legislador libertario y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (Capital Federal). Seguido a ello, aseguró que el proyecto “no se trata de un capricho”, sino de “evidencias concretas de una tragedia” que, según sus dichos, ocurrió desde 2003, con “20 años de saqueo institucional que le costó al país el equivalente al 85% del PBI”. En ese sentido, apuntó a “reservas líquidas actualizadas por USD 116.000 millones”.

Monteverde tampoco olvidó “las letras intransferibles para sustituir reservas por ‘pagadioses’, cuyos autores sabían tenían valor cero”. Luego, habló de “una emisión exógena, pura y dura para financiar al Tesoro que nos costó USD 299.000 millones” y una “emisión endógena que creó un dispositivo de esterilización de lo que se emitía y se ocultaba y postergaba”. Y agregó: “Se emitía por una ventanilla y se tomaba por otra con una tasa de interés, con bancos comerciales que se convirtieron en ‘pasamanos’ de lujo y ganaban fortunas con lo que pagaba el Banco Central. Transformaron el ahorro de argentinos en plata para los políticos”.

“Creemos que están dadas condiciones para que vuelva a Diputados. Las reformas son insuficientes, incongruentes y, verdaderamente, pueden generar más perjuicios que beneficios. Estas reformas hay que hacerlas de forma estructural”, manifestó el kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco). Su espacio apoyó la cuestión de la mayoría absoluta para la remoción y activación de autoridades. En tanto, los ahora peleados con el cristinismo de Convicción Federal fueron por el medio -sin éxito- a través de Guillermo Andrada (Catamarca), con un guiño en general y observaciones en particular. No olvidó, como era esperable, un pedido que no fue contemplado para que sumar sillas en el directorio a favor de un “federalismo” utilizado según el tema en danza.

La iniciativa impulsada desde Balcarce 50 da marcha atrás con la reforma de la Carta Orgánica que había hecho el cristinismo, en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Por caso, el peronista entrerriano Adán Bahl insistió con sostener el tema trabajo.

Por otro lado, se prohíbe la transferencia al Tesoro de ganancias contables o por diferencia de cambio. Los resultados del BCRA deberán destinarse de forma prioritaria a absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio o cancelar deuda pública. Además, dispone la eliminación de instrumentos de deuda como las Letras Intransferibles y se modernizan las reglas relativas a la administración y resguardo de las reservas internacionales.

Desde La Libertad Avanza no olvidaron la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, entre 2019 y 2023. “Triplicaron la emisión monetaria”, lanzó la pastora evangélica Nadia Márquez (Neuquén), vedada en su provincia para cargos locales para ser candidata por la Ficha Limpia vigente en aquel distrito, tras una probation hace más de 10 años. “La fiestita siempre alguien la paga”, añadió, y recordó el DNU del ex presidente Néstor Kirchner para puentear al Congreso para cancelar deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2005.

Otras críticas se escucharon en el recinto, como la de la peronista riojana Florencia López, quien expresó que “el artículo 13 de esta reforma plantea la inembargabilidad de las reservas” y “la modificación del 33 habilita al Banco Central a ponerlas en garantía”. “Esto es gravísimo”, sumó. No tardó en responder el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja), que se pegó a Márquez y señaló sobre el primer kirchnerismo: “Le pagamos la deuda al FMI al 4% de tasa natural, con dinero obtenido de Venezuela al 16% anual. Que alguien me explique si no es usura”.

Cierres

La primera fue Flavia Royón (Primero los Salteños) que, al igual que el ex kirchnerista Andrada, comprometió el aval general y objetó cuatro puntos. Uno de ellos, adujo, es el “riesgo” de no poner “ni techo ni piso a los encajes”. En la votación en particular de un artículo, el oficialismo aceptó una de las alternativas ofrecidas por la ex referente del Gobierno anterior en el área de energía.

Distinto el caso el del PRO: su jefe, Martín Goerling (Misiones), que habló de un “gran paso” para “blindar” a la entidad tras “antecedentes de desastres, con uso y manipulación que generó el peor de los impuestos: la inflación”. El macrista resaltó tres ítems: fin del Banco Central “como cajero automático del Estado”; adiós a la “contabilidad mágica” de utilidades, a través de devaluaciones; y el mandato único como factor clave.

Hacia la inflación fue también el líder de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes). “Es el impuesto más injusto y cobarde, que afecta a quienes menos tienen”, advirtió. No obstante, evaluó que “el equilibrio fiscal sin crecimiento tampoco es bueno”, ya que “es como la paz de los cementerios”, y que si bien “no hay justicia social sin moneda estable, tampoco hay equilibrio si un pueblo no llega a fin de mes”.

El jefe kirchnerista, José Mayans (Formosa), no dejó pasar las menciones del inicio del debate de Monteverde, y respondió: “En diciembre de 2023, la deuda general externa era de USD 370.000 millones. Hoy, es de USD 484.000 millones, más de USD 110.000 millones en 1000 días de gobierno”.

La última palabra quedó en la presidenta del interbloque de LLA, la porteña Patricia Bullrich. “Un Banco Central fuerte y que cuide la moneda implica cuánto le rinde el sueldo a una persona, qué puede comprar un jubilado y cómo ahorra una familia para sus planes futuros”, reflexionó.

“Sabemos que hay momentos en los que hay que hacer reglas pétreas, tras una inflación -que dejó el kirchnerismo- de 211,4%”, mencionó. Y reforzó: “Había un ‘curro’ con el dólar y los precios cambiaban cada dos minutos. Hoy necesitamos que deje de ser la caja que financió absolutamente a gobiernos que pedían plata sin fondos. Por eso estamos tratando esta ley”.

En el contexto económico actual, el análisis del crédito al sector privado ofrece un diagnóstico claro sobre el estado financiero de los hogares. Según el último Informe sobre Bancos, publicado a mediados de septiembre por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con datos a julio de 2026, el ratio de irregularidad o mora del financiamiento destinado a las familias alcanzó un 12,9 por ciento.

Ante un escenario de retraso en los pagos o acumulación de vencimientos, la refinanciación surge de forma natural como una alternativa para aliviar la presión sobre el presupuesto. Sin embargo, recurrir a un nuevo plan de pagos sin una evaluación exhaustiva de los costos de fondo involucrados puede convertir un respiro momentáneo en una carga superior.

Frente a una situación de acumulación de vencimientos, el primer paso indispensable es construir una imagen completa y precisa de la deuda existente. Esto implica diferenciar con exactitud cuánto corresponde al capital original, cuánto a intereses y qué porción pertenece a cargos derivados del atraso.

Recurrir a un nuevo plan de pagos sin una evaluación exhaustiva de los costos de fondo involucrados puede convertir un respiro momentáneo en una carga superior

Una vez identificado el mapa de compromisos, esa información debe cruzarse con el dinero que realmente queda disponible cada mes tras cubrir las necesidades fundamentales. Esa medición de la capacidad real de pago constituye la única base sólida para negociar un acuerdo sostenible a largo plazo.

Al evaluar una propuesta concreta de reestructuración, resulta riesgoso enfocar la atención de forma exclusiva en el valor de la cuota mensual. Es imperativo revisar el costo financiero total, el número de cuotas, el monto final que se terminará devolviendo y la naturaleza del esquema de pago, determinando si las cuotas son fijas, variables o ajustables.

Asimismo, es clave clarificar si los intereses acumulados por la mora se incorporan al capital para generar nuevos intereses. Aunque una cuota reducida otorga aire financiero inmediato, se debe comprender con precisión qué costo tiene esa liquidez temporal y durante cuántos meses se extenderá el compromiso.

Errores comunes y el rol de la transparencia tecnológica

En este proceso suele surgir la duda entre consolidar las deudas o simplemente extender sus plazos. Consolidar implica unificar diversos compromisos en una sola obligación, habitualmente cancelando las anteriores mediante la toma de un nuevo crédito. Si bien este esquema simplifica la gestión y puede reducir costos si se obtienen mejores tasas, no genera un ahorro automático, ya que demanda computar los gastos de cancelación previos y los costos asociados al nuevo financiamiento.

Incurrir en errores al momento de renegociar con una entidad es frecuente cuando se prioriza fijar un monto mensual pagable sin auditar la totalidad del contrato

Extender plazos, por su parte, reconfigura el calendario de una obligación existente para diferir pagos en el tiempo. En cualquier escenario, se debe evitar que las tarjetas de crédito o líneas comerciales que quedan liberadas vuelvan a utilizarse sin planificación previa, lo que derivaría en la acumulación de la deuda consolidada junto a nuevos pasivos.

Incurrir en errores al momento de renegociar con una entidad es frecuente cuando se prioriza fijar un monto mensual pagable sin auditar la totalidad del contrato. También es imprudente asumir compromisos cuyo cumplimiento dependa exclusivamente de incrementos futuros en los ingresos o de condiciones ideales del entorno.

Dentro de las cláusulas y costos que suelen pasarse por alto figuran los cargos por mora, las comisiones operativas, los gastos de cobranza, las penalizaciones por cancelación anticipada y las garantías solicitadas. De existir un período de gracia, corresponde verificar si continúan acumulándose intereses durante ese lapso; y ante una oferta de quita, es crucial precisar sobre qué porción de la deuda se aplica y qué consecuencias surgen ante un hipotético incumplimiento del nuevo plan. Todo lo conversado debe formalizarse por escrito en un cronograma transparente que detalle la cancelación de los pasivos previos.

En este terreno, la tecnología y las plataformas de intermediación financiera aportan herramientas clave para dotar de transparencia a las alternativas de refinanciación. La posibilidad de comparar distintas opciones bajo parámetros homogéneos —visualizando el costo financiero total, plazos, cuotas y requisitos en una misma plataforma— ayuda a comprender las diferencias reales entre las propuestas del mercado. Asimismo, los marketplaces permiten vincular a los usuarios con las entidades cuyas condiciones mejor se adaptan a su perfil crediticio específico.

Entendemos que facilitar el acceso al crédito implica asegurar su comprensión. Bajo la premisa de “Saber elegir”, el objetivo es brindar información clara y objetiva para que las personas tomen decisiones financieras sólidas que puedan sostener en el tiempo.

El autor es CEO y cofundador de Alprestamo

El gobernador bonaerense Axel Kicillof terminó su agenda en Nueva York, en la que la centralidad la tuvieron las reuniones orientadas a brindar previsibilidad a los mercados y a los acreedores de la Provincia de Buenos Aires. El mandatario evitó referencias a eventuales candidaturas y concentró sus intervenciones en la situación financiera provincial y nacional.

La escala central del viaje fue un encuentro con fondos de inversión que poseen bonos de la Provincia de Buenos Aires, un grupo con peso propio dentro del sistema financiero por su exposición a la deuda bonaerense. También mantuvo una reunión con representantes de 20 compañías que operan en Argentina.

Según pudo saber Infobae, Kicillof transmitió que la administración provincial cumplirá con los compromisos asumidos. El mensaje estuvo dirigido a despejar dudas sobre los próximos vencimientos y a potenciar el perfil de Kicillof en el escenario internacional con una eventual candidatura nacional. “Igualmente, no le preguntaron qué iba a ser en caso de ser presidente”, confió un testigo de las sucesivas reuniones.

Según pudo reconstruir este medio, los administradores de fondos sí buscaron conocer la mirada del gobernador sobre la situación nacional y sus perspectivas económicas del país. Kicillof respondió con números de la Provincia y remarcó que el distrito que gobierna reúne al 40% de la población argentina. El escenario que trazó fue, de mínima, acuciante.

En las reuniones también surgió una inquietud, aunque sin planteos taxativos, por el calendario de vencimientos de deuda nacional de 2027. De acuerdo con estimaciones de GMA Capital, consultora financiera argentina, ese año los pagos en dólares, que incluyen compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), bancos internacionales y deuda soberana, suman USD 23.621 millones. A ese monto se agregan vencimientos en pesos por $117 billones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó en junio que los vencimientos hasta el cierre del mandato de Javier Milei estaban cubiertos. Días antes, el viceministro José Luis Daza había señalado que el equipo económico trabajaba para llegar a 2027 con un margen financiero suficiente. Ese contraste formó parte de las dudas que los fondos buscaron despejar durante las conversaciones con Kicillof.

Ante los tenedores de bonos, el mandatario bonaerense sostuvo que en lo que a él respecta, la Provincia no caerá en incumplimiento y que afrontará sus obligaciones a tiempo y según lo acordado. La definición buscó dar certezas sobre el perfil de pagos de Buenos Aires, en un contexto en el que los inversores siguen de cerca la capacidad de la Argentina y de los distritos subnacionales para atender sus deudas.

Con excepción de BlackRock, los fondos que participaron del encuentro habían ingresado en la reestructuración de la deuda bonaerense. Ese proceso concluyó en 2025, tras una negociación que se extendió durante varios años.

“Los tenedores de deuda entienden que la Provincia funciona, si no, no habrían entrado en el canje”, planteó uno de los participantes de la reunión entre Kicillof y los fondos.

La exposición del gobernador apuntó a ratificar que Buenos Aires cumplirá con las obligaciones que asumió. Entre las firmas que participaron de las reuniones estuvieron Eaton Vance, Vanguard, GoldenTree y Mesarete, además de BlackRock.

Kicillof también planteó que su visión económica no supone medidas de ruptura con la propiedad privada. De acuerdo con fuentes al tanto de las conversaciones, dejó entrever, con un matiz de ironía, que no habrá expropiaciones “ni nada por el estilo”.

En los distintos encuentros, Kicillof aclaró que no había viajado a Estados Unidos en carácter de candidato. La definición se dio mientras el gobernador buscaba concentrar la agenda en las cuentas provinciales, el esquema de pagos y su evaluación sobre el escenario económico nacional. Pero también luego de lo que fue el acto del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda.

Varios de los tenedores de bonos y representantes de empresas que participaron de las reuniones ya conocían al mandatario por su paso como ministro de Economía durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Esa relación previa, creen quienes estuvieron en la organización de los distintos encuentros, facilitó el intercambio con actores que siguieron la evolución de la deuda de la Provincia y la situación macroeconómica argentina.

Además del encuentro con bonistas, la otra reunión que más interés despertó fue la que incluyó a representantes de unas 20 empresas con presencia en el país. Allí, el eje estuvo puesto en las condiciones de actividad, el escenario macroeconómico y la necesidad de reglas previsibles para las inversiones y la operación de las compañías.

Kicillof buscó responder a las inquietudes de los ejecutivos con una exposición centrada en la situación bonaerense y en las perspectivas de la economía argentina. El mandatario entiende que el paso por Wall Street dejó un resultado positivo, en especial por la posibilidad de explicar de primera mano su posición ante inversores y empresas.

“No se trata de subordinarse como hace Milei”, dicen en el entorno del gobernador, aunque sí dar cuenta de que Kicillof puede moverse en el universo financiero y sentar a distintos empresarios en una mesa, en pleno corazón de la city.

Iván Vélez, gerente deportivo de América de Cali, explicó que el club espera recibir un dinero pendiente de Racing de Avellaneda para ponerse al día con Duván Vergara, que denunció una obligación económica sin saldar después de su transferencia al fútbol argentino. El dirigente no fijó una nueva fecha de pago, aunque aseguró que en el momento en el que el club argentino se ponga al día, la institución cumplirá el compromiso.

Vélez habló el martes 23 de septiembre del 2026 en AS Colombia, después de que Vergara hiciera pública su inconformidad el domingo 21 de septiembre. El extremo, que juega en Racing desde junio de 2025, había archivado de forma temporal las publicaciones relacionadas con América en sus redes sociales y luego explicó que se trataba de una protesta por una deuda que, según afirmó, llevaba más de un año sin resolverse.

América reconoció después que existe una obligación pendiente derivada de la negociación con el equipo argentino y recordó que el plazo acordado había sido extendido hasta el 15 de agosto de 2026.

Vélez vinculó el pago de Duván Vergara con un dinero que espera América

En diálogo con ese medio deportivo, el dirigente se refirió al peso que tuvo Vergara durante sus dos ciclos en el club y a la operación que derivó en su llegada a Racing. “Yo creo que Duván ha sido un jugador importante para la institución en los últimos años. Digamos que es donde se ha encontrado su mejor versión, tanto después de que llegó de Envigado cuando regresó de Santos Laguna. Y también, obviamente, que le ha dejado los réditos al club”, afirmó.

Vélez señaló que la deuda con el futbolista está ligada a los recursos que América espera recibir desde Argentina. “Hay una negociación que se hizo con Racing. Yo no estaba en cabeza de ello, estaba desde luego Daniel y la presidenta. Y ahí hay un dinero que todavía adeuda Racing de la transferencia, en ese cruce, y pues eso se le va a pagar a Duván”, dijo.

El gerente deportivo se refirió al pago como una consecuencia de ese desembolso pendiente, sin precisar el monto ni el día en el que se efectuará. La transferencia de Vergara a Racing se concretó en junio de 2025.

El periodista Mariano Olsen informó que el atacante reclama el 7% de la operación. Vergara no confirmó públicamente ni el porcentaje ni la cifra exacta que espera recibir.

América admitió que no pudo cumplir el plazo del 15 de agosto

El club había comunicado que la fecha para atender el compromiso con Vergara se extendió hasta el 15 de agosto. Sin embargo, Vélez explicó que las dificultades económicas y operativas posteriores al terremoto que afectó a Cali el 10 de agosto alteraron el flujo de caja de la institución.

“Ha habido una fecha, no se le pudo cumplir porque para nadie es un secreto que no ha sido fácil lo que vivió la ciudad hace un mes y tampoco ha sido fácil para el club, por todo lo vivido. Pero la idea aquí siempre es cumplir. Como digo yo, siempre hay un contrato y eso en algún momento tiene que pagarse”, declaró en As Colombia. El dirigente agregó: “Obviamente que uno quisiera lo más pronto posible, pero a veces también por X, Y, Z se ve afectado el flujo de caja”.

El directivo negó que el plantel no quisiera concentrar por pagos pendientes

Vélez también se pronunció sobre una versión del periodista Felipe Sierra que apuntaba a una posible negativa del plantel para concentrar ante deudas salariales. El gerente deportivo rechazó esa información y aseguró que los futbolistas realizaron el entrenamiento programado.

“Me sorprendió porque me mandaron la imagen del periodista Pipe Sierra, que había dicho que los muchachos no concentraban si nadie les pagaba. Los muchachos entrenaron esta mañana, ni a Lucho ni a mí nos dijeron absolutamente nada de la agremiación”, sostuvo.

Añadió que tampoco recibió comunicaciones de los representantes de los jugadores ni de la presidencia del club sobre una eventual protesta. “No sé de dónde habrá salido el comentario ni a qué viene. Nosotros estamos en la gestión de hacer lo que nos corresponde para cumplirle a los muchachos”, afirmó.

Con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina por la tercera revisión del acuerdo, el Gobierno enfrentará el próximo viernes un vencimiento por USD 800 millones con el organismo multilateral. Según pudo saber Infobae con fuentes al tanto de la operación, el pago se afrontará con los depósitos en moneda extranjera que el Tesoro tiene en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y luego se buscará compensar esa salida con el desembolso pendiente de USD 1.000 millones, que depende de la aprobación de esa instancia del programa.

La operación prevista implica que el Ministerio de Economía utilizará los dólares que mantiene depositados en el BCRA para comprar Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta oficial del FMI, y efectuar la cancelación ante la entidad presidida por Kristalina Georgieva.

En las últimas instancias de pago, Economía le compró los DEG directamente a Estados Unidos. El ingreso posterior de recursos desde el Fondo permitiría recomponer las divisas utilizadas para el vencimiento de esta semana, aunque el giro aún está sujeto a la resolución de la tercera revisión.

Los depósitos en moneda extranjera del Tesoro sumaban USD 2.341 millones al 18 de septiembre, según la última información disponible. Si se descuenta el pago de USD 803 millones previsto para el FMI, esos recursos bajarán a 1.538 millones de dólares. El equipo económico espera que el desembolso de USD 1.000 millones compense buena parte de esa disminución, en un contexto en el que la misión del organismo está en el país para analizar el cumplimiento de las condiciones del acuerdo.

Una fuente al tanto de la operatoria explicó que el pago y el posterior ingreso de divisas se inscriben dentro de la administración del programa financiero. “Siempre son con los dólares que tiene el Tesoro en el BCRA y ahí comprás los DEGs. Esa plata se recompone con los desembolsos del FMI, por lo cual, en términos del programa financiero, es neutro porque es plata que sale y que después entra”, señaló esa voz en diálogo con Infobae.

Impacto en reservas

Más allá de cómo pretendan compensarlo en el Palacio de Hacienda, en el corto plazo, el pago al Fondo también tendrá un impacto sobre las reservas internacionales brutas del Banco Central. Con la compra de USD 7 millones del martes, las reservas quedaron en 49.414 millones de dólares y la salida de recursos para cumplir el vencimiento con el FMI reduciría ese nivel.

A su vez, el Tesoro cuenta además con otra herramienta para captar dólares, aunque esa vía quedó suspendida luego de la suba de las tasas. La Secretaría de Finanzas dejó de licitar el Bonar 2029 (AO29), instrumento que permitió sumar moneda extranjera a través de adjudicaciones. Hasta el momento, el área colocó USD 1.179 millones mediante ese bono.

El monto total previsto para las licitaciones del AO29 asciende a 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, la Secretaría de Finanzas conserva un margen de USD 821 millones para captar divisas si decide retomar esas operaciones. La interrupción de las licitaciones frenó una de las vías con las que el equipo económico reunía dólares, aunque el cupo disponible permanece vigente dentro del esquema previsto para ese instrumento. Esta decisión responde al incremento del riesgo país, hoy en torno a 555 puntos básicos, que encarece el crédito para la Argentina.

Próximo vencimientos

El pago de capital al Fondo integra un cronograma de compromisos externos que se concentra durante el último tramo de 2026. Un informe de la consultora Analytica estimó obligaciones en dólares por USD 3.826 millones entre septiembre y diciembre. Esa proyección incorpora vencimientos con acreedores privados, con el FMI, por el Bopreal y con otros organismos internacionales.

Según Analytica, los pagos previstos para septiembre ascienden a 1.452 millones de dólares. De ese total, USD 800 millones corresponden al vencimiento de capital con el FMI que el Gobierno cancelará este viernes. El resto del mes incluye otras obligaciones dentro del calendario externo, mientras que los compromisos de octubre, noviembre y diciembre serán menores en comparación con la cifra estimada para septiembre.

El Bopreal —bono otorgado a empresas para cancelar deuda comercial con el exterior— forma parte de ese esquema de obligaciones. El calendario que elaboró la consultora también contempla pagos a acreedores privados y a otros organismos internacionales, además de las cuotas comprometidas con el Fondo. En conjunto, el acumulado de los últimos cuatro meses del año se acerca a 4.000 millones de dólares.

EcoGo, otra consultora económica, proyectó un monto similar para los vencimientos restantes del año. El economista Lucio Garay Méndez señaló que todavía quedan compromisos por USD 4.100 millones en 2026. Cerca de la mitad de ese total corresponde a pagos de capital e intereses con el FMI, incluido el vencimiento previsto para septiembre, mientras que la otra parte incluye pagos puntuales a organismos internacionales y cupones de bonos soberanos en dólares.

“El Tesoro no tiene de momento, con énfasis en esto último, un desafío en el programa financiero de dólares”, afirmó Garay Méndez en conversación con Infobae. La evaluación se refiere a la disponibilidad para atender las obligaciones previstas, entre ellas el pago que se realizará con los depósitos en moneda extranjera que el Tesoro mantiene en el Banco Central.

S&P Global Ratings ratificó la calificación soberana de Panamá en ‘BBB-’ a largo plazo y ‘A-3’ a corto plazo, con perspectiva estable. En su informe del 22 de septiembre, la agencia advirtió que la deuda pública y la deuda externa permanecen en niveles récord, pese a los avances en la reducción del déficit fiscal.

La perspectiva estable supone que el Gobierno continuará reduciendo el desequilibrio de las cuentas públicas durante 2026 y 2027. S&P señaló, sin embargo, que podría rebajar la calificación en los próximos 12 a 24 meses si los obstáculos a esa reducción elevan nuevamente la carga de la deuda.

Una desaceleración del crecimiento económico aumentaría esas presiones, según la calificadora. Su previsión sitúa el déficit del Gobierno general en 3,3% del producto interno bruto en 2026, después del 3,8% registrado en 2025. Para 2027, 2028 y 2029, espera que se mantenga alrededor del 3% anual.

El margen para profundizar el ajuste es limitado. S&P calculó que los ingresos tributarios representan apenas el 6,9% del PIB, una de las proporciones más bajas entre los países que evalúa. La cifra está unos tres puntos porcentuales por debajo del nivel de 2013 y 2014, según el informe.

La agencia indicó que una reducción más marcada del déficit exigiría recuperar la base tributaria y revisar las rigideces del gasto, incluidas las partidas sujetas a aumentos automáticos y otras obligaciones presupuestarias. También consideró limitada la capacidad política para aprobar reformas fiscales difíciles, debido a disputas dentro del partido gobernante.

S&P proyectó que la deuda neta del Gobierno general se estabilizará cerca del 55% del PIB entre 2026 y 2029. Aun con esa estabilización, estima que los intereses absorberán algo menos del 15% de los ingresos públicos durante ese período, una carga que restringe los recursos disponibles para otras necesidades.

El frente externo presenta otra vulnerabilidad. Las necesidades brutas de financiamiento externo equivaldrían, en promedio, al 200% de los ingresos de cuenta corriente más las reservas utilizables entre 2026 y 2029. S&P señaló que ese nivel supera el de otros países de la región y responde principalmente a los depósitos de no residentes en los bancos panameños.

La dolarización también limita las herramientas disponibles ante una crisis financiera. Panamá carece de banco central y de un prestamista formal de última instancia, además de un sistema eficaz de seguro de depósitos, recordó la calificadora. Al mismo tiempo, señaló que los bancos mantienen reservas de liquidez superiores a las exigidas por la regulación.

En materia de crecimiento, S&P prevé que la economía panameña se expanda alrededor del 4,5% en 2026, impulsada por el Canal, la recuperación de la construcción privada, el transporte aéreo y el turismo. Para los años siguientes proyecta un ritmo cercano al 4%, aunque identifica un riesgo climático para 2027.

Un episodio intenso de El Niño podría reducir las lluvias y el nivel del lago Gatún, esencial para el tránsito por el Canal, y moderar el crecimiento en 2027. La agencia incluyó esa posibilidad entre los factores que podrían afectar una de las principales fuentes de actividad e ingresos del país.

El informe también aborda el futuro de Minera Panamá. S&P indicó que la eventual reapertura sigue siendo un asunto políticamente sensible, aunque First Quantum suspendió un arbitraje internacional por $20.000 millones. Sus proyecciones no incorporan posibles beneficios de una reapertura para el crecimiento, las exportaciones o la recaudación.

Entre los avances, la calificadora destacó la reforma del sistema de pensiones aprobada en marzo de 2025, así como las medidas de eficiencia recaudatoria y contención del gasto. Atribuyó parte de la mejora fiscal a menores desembolsos de capital y mayores aportes del Canal, además del crecimiento económico.

S&P señaló que una disminución de las primas de riesgo permitió el regreso de Panamá a los mercados internacionales en febrero de 2026. También indicó que podría elevar la calificación en los próximos 12 a 24 meses si la consolidación fiscal reduce de forma significativa la deuda pública y mejora la posición externa.

Tras la publicación del reporte, el Ministerio de Economía y Finanzas destacó la ratificación de la perspectiva estable y la evaluación ‘AAA’ para transferencia y convertibilidad. La entidad sostuvo que la continuidad de su estrategia fiscal y la administración de los vencimientos de deuda buscan fortalecer la confianza de los inversionistas.

“La ratificación confirma que la prudencia y la disciplina financiera dan resultados”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. El funcionario vinculó la gestión de la deuda con el objetivo de acelerar el crecimiento y generar empleos. S&P, por su parte, condicionó la estabilidad de la nota al cumplimiento de la reducción fiscal prevista.

Las otras dos grandes calificadoras muestran una evaluación menos favorable que la de S&P. Moody’s mantiene a Panamá en ‘Baa3’, el último escalón del grado de inversión, con perspectiva negativa; Fitch le asigna ‘BB+’ con perspectiva estable, un nivel por debajo del grado de inversión. Así, las tres agencias mantienen reservas sobre la posición crediticia del país, aunque difieren en la calificación que le otorgan.

Las empresas aceleraron la emisión de deuda durante agosto: concretaron 41 colocaciones de Obligaciones Negociables (ON), la cifra más alta de los últimos 12 meses, según la consultora PwC. Sin embargo, el monto total emitido fue de $1,7 billones, un 34% menos que en julio. A la par, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) monitorea lo que aún no se liquidó de esas colocaciones en el mercado cambiario para seguir comprando reservas internacionales como un “colchón” ante una eventual corrida cambiaria en la previa de las elecciones de 2027.

El informe mostró que agosto alcanzó el máximo de emisiones en cantidad dentro de la serie que va desde agosto de 2025 hasta agosto de 2026. Las 41 colocaciones superaron las 40 de diciembre de 2025, las 37 de mayo y junio de este año, y las 32 de marzo y julio.

En julio, el mercado registró 32 colocaciones por 2,3 billones de pesos. En agosto, las emisiones subieron a 41, pero el monto descendió en casi 580.000 millones de pesos. La diferencia se explicó, en gran medida, por el comportamiento del segmento en dólares, donde aumentó el número de operaciones, aunque cayó el volumen colocado.

PwC indicó que las colocaciones en ese segmento aumentaron en cantidad, aunque el monto total emitido descendió 34% en comparación con julio. El número total de operaciones creció, pero el tamaño de las emisiones no acompañó ese avance. El resultado fue un récord de colocaciones con un descenso en los recursos totales obtenidos por las empresas. La tasa promedio de las ON en dólares fue de 5,1% TNA, luego de una baja de 30 puntos básicos (p.b.) mensual. La reducción de ese indicador coincidió con el retroceso de los montos colocados dentro de ese segmento.

La serie comenzó en agosto de 2025 con 22 emisiones por $1,1 billones. En septiembre, el número de operaciones bajó a nueve y el monto fue de 176.065 millones de pesos. Octubre registró 27 colocaciones por $2,9 billones, mientras que noviembre mantuvo 27 operaciones, con un monto de 4,3 billones de pesos. Ese valor de noviembre fue el mayor de la serie en términos nominales.

La cifra quedó muy por encima del total informado en agosto de este año, a pesar de que ambos meses registraron un número elevado de operaciones. El contraste mostró que la cantidad de colocaciones no siempre se trasladó a un aumento equivalente en los fondos captados.

En diciembre de 2025, el mercado concretó 40 emisiones por $1,8 billones. Durante enero de 2026 hubo 17 operaciones por $3,3 billones. Febrero sumó 29 colocaciones por $1,4 billones y marzo contabilizó 32 por $735.965 millones. En abril se realizaron 21 emisiones por $2,2 billones. Mayo cerró con 37 operaciones y $2,6 billones. En junio se mantuvieron las 37 colocaciones, con un monto de $2,9 billones.

Lo que mira el Banco Central

La evolución de las ONs se convirtió en un dato relevante para el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que sigue las emisiones de compañías y provincias como una fuente potencial de dólares para el mercado libre de cambios. La entidad mantiene bajo observación los fondos que aún no se liquidaron, a pesar de que ya cumplió la meta de compra de reservas acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de USD 10.000 millones para este año.

A mediados de agosto, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, informó que existían más de USD 4.400 millones pendientes de ingreso al mercado cambiario. La cifra surgió de la diferencia entre las colocaciones de deuda de empresas y gobiernos provinciales, que sumaron USD 20.200 millones, y los USD 15.800 millones que ingresaron al mercado libre de cambios.

El universo de emisiones corporativas incorporó, a posteriori, la colocación internacional anunciada por YPF, que emitió bonos por USD 1.200 millones con vencimiento en junio de 2035. La operación fue la mayor lograda por una empresa argentina en los últimos 11 años.

El bono tuvo un plazo de nueve años y se colocó a una tasa de interés de 7,55%. La tasa efectiva fue de 7,85%. Los fondos tendrán dos destinos: una parte se usará para la precancelación de dos ON internacionales con vencimientos entre 2027 y 2029, y el resto financiará el Plan 4x4 de la compañía.

La emisión de YPF amplía el conjunto de colocaciones corporativas que pueden aportar dólares al mercado libre de cambios. Sin embargo, la empresa todavía debe concluir el proceso de recompra de las obligaciones negociables previstas para la precancelación. “Primero tienen que cerrar la recompra de ONs”, señalaron fuentes de YPF a Infobae ante la consulta sobre el momento en que se liquidarán los dólares restantes. Esa instancia definirá el ingreso de una parte de los recursos al mercado cambiario.

Próximas emisiones

El mercado también espera la salida internacional de la provincia de San Juan, que prepara un bono con el que pretender conseguir USD 600 millones. La operación será el debut de la provincia en los mercados externos y no integró el acumulado que mostró el gráfico del BCRA. Según las expectativas del mercado, San Juan saldrá este jueves a colocar deuda. La emisión se proyecta en un contexto de aumento del riesgo país, que cerró ayer en 555 puntos básicos, el nivel más alto desde mayo.

La colocación provincial se agregará a los bonos emitidos por YPF y a las operaciones de empresas y gobiernos subnacionales que el Banco Central incorpora a su seguimiento. El monto de USD 600 millones puede modificar el flujo potencial de divisas hacia el mercado libre de cambios.

Y si bien el BCRA ya alcanzó la meta de compra de reservas internacionales de este año -las compras del BCRA superaron los USD 14.300 millones y las reservas internacionales brutas se acercan a superar los USD 50.000 millones-, sigue con atención las colocaciones que aún no se liquidaron para acelerar con el ritmo de compra y no generar presiones sobre el tipo de cambio.

Es que en el equipo económico ven a la compra de reservas por parte de la autoridad monetaria como un poder de fuego ante una eventual corrida en las elecciones presidenciales del próximo año. “Para el 2027, el primer colchón que fuimos construyendo este año es tener un banco central que compró casi USD 15.000 millones, ese es un colchón muy fuerte”, afirmó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, en un canal de streaming junto con Guillermo Laborda. A la que se le debe sumar el swap con Estados Unidos y China ambos por 20.000 millones de dólares cada uno.

Si bien el canje de los bonos dollar linked (DL) que vencen a fin de mes fue exitoso, los títulos soberanos cayeron más de 1% y elevaron el riesgo país en 22 unidades a 555 puntos básicos, un nivel que no conocían desde mayo.

Ambos indicadores exhiben que el problema es político y no económico. La incertidumbre sobre las elecciones presidenciales manejan el humor de los inversores. No hay que quitarle peso al escenario internacional que es absolutamente desfavorable.

El bono atado a la devaluación del dólar, denominado técnicamente como D30S6, tuvo ofertas por USD 3.591 millones de valor nominal, de los que se aceptaron 3.332 millones de dólares. De estas manera, el Tesoro logró prolongar el 75% de los vencimientos de la semana próxima. La cifra toma dimensión cuando se la compara con la anterior licitación de conversión de un bono similar que tuvo solo 34% de aceptación.

Analizando las cifras, el 73% de los bonos (USD 2.419 millones) fueron canjeados por los que vencen a fin de octubre y USD 843 millones por los que se extinguen el 30 de noviembre. El 97% de los bonos marcaron que los tenedores no quieren demasiado riesgo y no fueron más allá de los 60 días. El canje por los bonos que vencen el 30 de junio de 2028 fue de apenas 70 millones de dólares. De todos modos, mejoró el perfil de vencimientos: los bonos DL concentran compromisos por USD 8,6 billones hasta el 30 de noviembre.

En las mesas se comentaba que “a medida que iban vendiendo los DL cortos se generó una demanda puntual en el contado en septiembre, pero en cuanto se acabe ese stock la oferta que sigue habiendo en el Mercado Libre de Cambios (MLC) va a empezar a ir directamente a que caiga el tipo de cambio y va a ayudar a que aumente la compra de dólares por parte del BCRA”.

En el MLC se operaron USD 609 millones y el Banco Central compró apenas 9 millones de dólares. El tipo de cambio mayorista cerró sin cambios en 1.514 pesos. Pero en la plaza financiera el movimiento fue distinto. El dólar MEP subió $2 (+0,1%) a $1.536, mientras el CCL, estuvo demandado y aumentó $30 a $1.606, recuperando con creces lo que bajó en las últimas dos ruedas.

El panorama de inversiones resulta más favorable en el sector energético. Vista reabrió sus obligaciones negociables con vencimiento en 2038 y captó USD 400 millones a una tasa de 7,95 por ciento. A la vez, Javier Milei se encuentra en Estados Unidos para avanzar en la firma de un acuerdo de inversión por USD 6.000 millones para un proyecto de gas natural licuado (GNL).

En tanto, el petróleo cotizaba anoche por debajo de los USD 100, después de que funcionarios de Estados Unidos dijeran que habían mantenido buenas conversaciones con sus pares de Irán. El anuncio sorprendió porque es el primer reconocimiento oficial de un encuentro por ambas partes. El tema fue la reapertura del estrecho de Ormuz y las condiciones que impuso el régimen iraní no parecieron inalcanzables.

Al mismo tiempo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, prohibió la exportación de gasoil ante el precio récord interno que exacerba la inflación, ya que es el combustible que se utiliza para transporte y fletes.

Matías Togni, analista de la consultora petrolera NextBarrel, señaló que “el precio del petróleo Brent se estableció debajo de los 100 dólares, confirmando la debilidad que se observaba desde mediados de la semana pasada debido a una sumatoria de factores, entre ellos la evidencia de que están saliendo casi 10 millones de barriles de crudo a través del estrecho de Ormuz, todavía un 60% por debajo de los niveles preguerra, pero es la cifra más alta desde que se inicio el conflicto”.

Y sumó: “Por otro lado, volvieron los rumores de negociación por parte de Irán, en el marco de la asamblea de la ONU. Las dos novedades de la semana son que Arabia Saudita restableció las operaciones del oleoducto que había sido atacado la semana pasada, y Trump empezó a deslizar la idea de prohibir temporalmente las exportaciones de gasoil (que es el verdadero talón de Aquiles del mercado). Ambas noticias son bajistas para los precios de crudo en el corto plazo, pero muy alarmantes para productos refinados”.

El conflicto siguió afectando a los bonos argentinos y los de la región. Los títulos del Tesoro de Estados Unidos cerraron ayer con una tasa de retorno de 4,96% y con un avance del dólar de 0,22% sobre las principales monedas del mundo.

Con esos rendimientos, los flujos de inversión en dólares cambiaron de rumbo. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos resultan atractivos por sus tasas, aunque enfrentan un riesgo adicional: China y Japón, sus dos principales acreedores, podrían presionar aún más los precios si redujeran sus tenencias.

En ese contexto, los fondos apuntan a deuda corporativa de compañías vinculadas con la inteligencia artificial. En la Argentina, los inversores también dejan los bonos soberanos para posicionarse en obligaciones negociables del sector energético, que ofrecen rendimientos cercanos al 8% en dólares, como ocurrió con la reciente colocación de Vista.

La situación afectó a la Bolsa. El S&P de las acciones líderes quedó sin cambios, pero bajó 1,9% en dólares por la fuerte caída del CCL. Las acciones ganadoras fueron Transportadora Gas del Norte (+2,8%), Central Puerto (+0,5%) e YPF (+0,4%).

En el mercado overnite, las Bolsas de Nueva York mostraban una leve baja, mientras el oro subía 0,50% y el Bitcoin más de 1% a USD 86.700. También seguía aumentando el dólar, mientras el petróleo Brent recuperaba 0,70% y cotizaba a USD 99,21.

Será otro día difícil para los inversores. La volatilidad de los mercados se repite. Los bonos soberanos argentinos ya ofrecen rendimientos superiores al 11%, aunque su evolución quedó atada a la debilidad de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, que perdieron parte de su condición de refugio ante un déficit fiscal cercano al 6% y el aumento de la deuda a USD 40 billones con tasas que se acercan al 5 por ciento.

Una discusión familiar por una deuda derivó en una agresión con machete contra una mujer en el barrio El Oasis, en Santa Marta.

El hecho ocurrió el 20 de ,ACseptiembre de 2026 en el interior de una vivienda. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la disputa comenzó por los 40.000 pesos que Juana María Payares Bolívar presuntamente le debía a su hermano, identificado como Gabriel Antonio Payares Bolívar

En medio de la discusión, el hombre, iracundo, habría tomado un machete para lesionar a su hermana en una de sus manos. La gravedad de la herida obligó a trasladarla a dos centros asistenciales.

La víctima recibió ayuda de otra hermana y de su cuñado, que la llevaron primero al puesto de salud de Bastidas, cerca a la vivienda. Más tarde, fue remitida a la Clínica Bahía para recibir atención médica especializada.

La Policía lo capturó y el caso quedó en manos de la Fiscalía

Uniformados de la Estación Bastidas acudieron al lugar tras conocer lo sucedido y capturaron al hombre en flagrancia. Según la información conocida, el detenido quedó a disposición de la Fiscalía.

El proceso fue registrado de manera inicial como lesiones personales agravadas por circunstancias, una conducta contemplada en el artículo 119 del Código Penal colombiano.

La Fiscalía deberá establecer las circunstancias de la agresión y definir la responsabilidad penal del capturado.

De hecho, de manera paralela, la Policía del Magdalena informó la captura de 10 personas por presuntos hechos de violencia intrafamiliar en los municipios de Plato, Pivijay, Fundación, El Banco y Santa Ana.

De acuerdo con las autoridades, los procedimientos estuvieron relacionados con agresiones físicas, amenazas y otros casos que afectaron a integrantes de núcleos familiares. En Plato se registraron tres capturas; en Fundación, dos; en El Banco, tres; y en Pivijay y Santa Ana, una en cada municipio.

En Fundación y Santa Ana, dos de los detenidos fueron sorprendidos cuando agredían a sus parejas. En El Banco, un hombre fue capturado en el barrio Media Luna cuando, según la Policía, intentaba ingresar a una vivienda para atacar a una mujer.

El comandante del Departamento de Policía Magdalena, coronel Alexander Martín Eljadue, se pronunció sopbre estos hechos y comentó quie “en el Magdalena estamos actuando de manera firme frente a la violencia intrafamiliar. Cada caso que conocemos activa nuestra capacidad de respuesta para proteger a las víctimas y poner a disposición de las autoridades a quienes presuntamente cometen estas agresiones”.

Habitante de calle fue atacado con cuchillo mientras dormía en un parque de Santa Marta

Un hombre en condición de calle resultó herido tras ser atacado con un cuchillo mientras dormía en el Parque Sesquicentenario, en inmediaciones del Mercado Público de Santa Marta.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 18 de septiembr de 2026, cuando la víctima, cuya identidad no había sido establecida, descansaba sobre un colchón cuando otro habitante de calle la habría sorprendido y agredido por causas que son materia de investigación.

De acuerdo con la información reportada por las autoridades, el atacante escapó después de la agresión y las autoridades iniciaron su búsqueda.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta acudieron al lugar tras las alertas de transeíntes que se percataron del hombre herido, auxiliaron al hombre y lo trasladaron en una patrulla a un centro asistencial de la ciudad.

El afectado ingresó a urgencias con una herida en el cuello, producto del ataque con arma blanca. Personal médico le practicó suturas y quedó bajo atención.

La Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación adelantan las indagaciones para identificar al presunto agresor y determinar qué motivó el ataque.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof abrió este martes su gira de proyección nacional en Nueva York con una reunión clave: un encuentro con representantes de fondos de inversión, que son tenedores de la deuda reestructurada de la provincia de Buenos Aires y con los que el gobierno provincial terminó llegando a un acuerdo en su totalidad en septiembre del año pasado.

Hubo representantes de diez fondos. Según pudo saber Infobae, entre ellos Eaton Vance, Vanguard, GoldenTree y Mesarete. Nombres de peso en el mundo financiero. Vanguard, por caso, es el mayor administrador de fondos de Wall Street. Mientras que Eaton Vance es una subsidiaria de Morgan Stanley, el banco de inversión más grande del mundo.

Otra de las firmas que, pese a no tener bonos de PBA, pidió participar del encuentro fue BlackRock, que históricamente es un tenedor de deuda soberana del país. El encuentro sirvió para conocer el posicionamiento de la gestión de Kicillof en una agenda clave y de mutuo interés en la antesala de la elección del año que viene, con Kicillof como uno de los posibles candidatos de la oposición al gobierno de Javier Milei.

El gobernador busca mostrar un perfil no rupturista. De hecho, semanas atrás, cuando el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, anunciaba el último pago por USD 420 millones de deuda, lanzaba una señal que este martes Kicillof intentó materializar: “Vamos a continuar cumpliendo las obligaciones que tiene la provincia de Buenos Aires, en muchos casos heredadas del gobierno de María Eugenia Vidal, que irresponsablemente había tomado una cuantiosa deuda en dólares, que ahora nosotros nos estamos ocupando, como siempre hizo el peronismo, de pagar en tiempo y forma”, dijo.

En la reunión con los representantes de los fondos de inversión también participó Javier Timerman, reconocido asesor financiero radicado en Nueva York. Tras esa reunión, Kicillof —junto con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López; el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín; y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini— recibió a representantes de grandes empresas. Entre ellas compañías vinculadas a los sectores de la energía; minería; petróleo y gas; biotecnología; comercialización de granos; y servicios tecnológicos, entre otros. Según reconstruyó este medio, firmas como Microsoft, Mastercard, Google, MetLife y Dreyfus se sentaron en la mesa.

Kicillof lamentó que el gran momento para la Argentina, en este nuevo orden mundial, sea “desperdiciado por la política de Milei y las decisiones que toma el gobierno sin tener un plan concreto de desarrollo”. Además, habló sobre el RIGI y dijo que “necesitamos una política industrial que no pondere un sector sobre otro, sino que abarque grandes y pequeñas empresas que generen más empleo, de calidad y que contemple el cuidado del medio ambiente y nuestros recursos naturales”.

Antes de esta ronda de reuniones, el gobernador bonaerense participó en The New School de la jornada “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado”, organizada por el Observatorio de América Latina (OLA). Allí sostuvo que la Argentina y la región tienen oportunidades ante la reconfiguración del escenario internacional, aunque cuestionó el rumbo de la administración nacional.

“Estamos convencidos de que tanto la Argentina como América Latina en su conjunto tienen nuevas oportunidades en este orden mundial que se está configurando”, planteó. También afirmó que el país dispone de recursos naturales, capacidades productivas, tradición industrial y desarrollo científico, pero advirtió que las políticas de Milei están “en las antípodas” de las necesidades de desarrollo.

La presencia de Kicillof en la ciudad estadounidense coincide con la estadía del presidente, Javier Milei, quien participa de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ambos mantienen actividades separadas.

Integración regional y ecos del acto en Avellaneda

En su disertación en The New School, el gobernador también propuso avanzar hacia “una verdadera integración regional” que permita a América Latina actuar como bloque en el nuevo orden global. El planteo buscó enlazarse con el discurso que pronunció el sábado en Avellaneda, durante el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

El último sábado, ante militantes y dirigentes de distintas provincias, Kicillof pidió construir una alternativa nacional frente al Gobierno y sostuvo: “No me interesa una construcción a control remoto”. También afirmó que esa propuesta debe surgir de la escucha territorial, la participación y la organización en todo el país. En el cierre de aquella actividad, el mandatario bonaerense expresó: “Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que nos permita terminar con este modelo y, sobre todo, empezar una etapa distinta”. La frase fue leída dentro del peronismo como una señal de sus aspiraciones presidenciales, aunque no haya formalizado una candidatura. Su gira inmediata por Nueva York alimenta las especulaciones sobre su candidatura presidencial.

En tanto que antes de la charla en The New School, Kicillof se reunió con el vicerrector adjunto Christoph Cox y los codirectores de OLA, Michael Cohen y Margarita Gutman. La actividad congregó además al codirector del Centro de Investigación Económica y sobre Políticas (CEPR), Mark Weisbrot; la copresidenta del Foro Mundial para una Nueva Economía (GFNE), Adriana Abdenur; la presidenta y directora ejecutiva del Centro de Política Internacional (CIP), Nancy Okail; y al profesor y exdecano de The New School, William Milberg, junto con economistas, analistas internacionales, especialistas en políticas públicas, docentes e investigadores de distintos países.

La agenda también incluye un encuentro con el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, y una conferencia en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia. La actividad con Mamdani también contará con la presencia del presidente de España, Pedro Sánchez, en la residencia del alcalde. Además, estarán representantes de distintos países que participarán de la Asamblea General de la ONU.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Kicillof sostuvo que la Argentina —en rigor, la política de Javier Milei— “está desaprovechando la oportunidad de insertarse en el nuevo orden mundial” con una estrategia que aproveche la capacidad productiva, los recursos estratégicos y el desarrollo científico y tecnológico.

El Gobierno logró despejar una parte importante de la tensión que suele rodear al tipo de cambio oficial antes de una fecha clave. A través de un canje de bonos que ajustan según la cotización del dólar, retiró del mercado el 75% de un título que vencía a fin de mes. Así, redujo la cantidad de inversores que quedarán pendientes del valor que se fijará este viernes para calcular el pago.

La Secretaría de Finanzas informó que rescató el 75,02% de la Letra D30S6, un título que vence el 30 de septiembre y cuyo pago depende de la evolución del tipo de cambio oficial. La operación permitió canjear USD 3.332 millones y redujo de forma marcada el monto que quedará expuesto al próximo fixing, previsto para este viernes.

Este mecanismo establece la cotización del dólar oficial mayorista que se toma como referencia en una fecha determinada para calcular cuánto deben pagar los bonos atados a la evolución del tipo de cambio. En este caso, el valor que se defina el viernes será clave para quienes todavía mantengan la D30S6: cuanto más alto sea ese tipo de cambio de referencia, mayor será el monto que recibirán al vencimiento.

En tal sentido, el objetivo del equipo económico con este canje fue despejar una fuente de tensión habitual en el mercado cambiario. Estos bonos, conocidos como dólar linked, ajustan su valor según el tipo de cambio oficial que se determina en una fecha específica. Por eso, cuando se acerca el día del fixing y hay un volumen elevado por vencer, aumenta la atención sobre la cotización que se tomará como referencia.

Con la conversión de este martes, el Tesoro reemplazó una parte importante de la D30S6 por otros instrumentos atados al dólar con vencimientos posteriores. Según indicaron fuentes de la Secretaría de Finanzas, se recibieron ofertas por USD 3.591 millones, aunque se terminaron adjudicando 3.332 millones de dólares.

El canje

Los tenedores de la D30S6 pudieron optar por tres títulos. La mayor adhesión se concentró en la letra con vencimiento el 30 de octubre, la D30O6, que recibió USD 2.419 millones, equivalente al 72,6% del total adjudicado, de acuerdo con el análisis de Martín de la Fuente, de Bavsa.

La segunda alternativa fue la D30N6, con vencimiento el 30 de noviembre, que captó 843 millones de dólares. El resto, USD 70 millones, fue al TZV28, un bono con vencimiento en junio de 2028.

La inclusión de esa opción más larga, además de las dos letras de corto plazo, contribuyeron a ampliar la participación, según fuentes del mercado. De hecho, el resultado quedó muy por encima del 35% registrado en la última conversión de un título similar.

El dato central de la operación es el volumen que seguirá en circulación al momento de la liquidación del canje, el 25 de septiembre. Según de la Fuente, el valor nominal remanente de la D30S6 será de USD 1.098 millones, una cifra menor a los vencimientos que se observaban en anteriores fechas de la fijación del tipo de cambio. Esto anticiparía menor tensión cambiaria el próximo viernes.

“Muy buen canje, teniendo en cuenta que el fixing era este viernes y vencían 6,6 billones de pesos. El canje pasado había sido de 34% versus 75% ahora. Quedarían en circulación en torno a $1,65 de D30S6. El vencimiento bajaría de $13,3 billones a $8,4 aproximadamente”, indicó Sofía Bishop, analista de Cocos Capital.

“En el canje de LELINK, el Tesoro rescató el 75% de la D30S6 en circulación adjudicando USD 3.332 millones, con el grueso volcándose al dólar linked a octubre (USD 2.419 millones) y el resto a noviembre y 2028, sacando presión al fixing del viernes”, sumó un reporte de Proficio Investment.

El canje no solo impacta sobre el tipo de cambio de referencia. También alivia los compromisos que el Tesoro deberá afrontar el 30 de septiembre, fecha de la próxima licitación de deuda en pesos.

Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, estimó que los vencimientos de ese día ascienden ahora a 8,6 billones de pesos. La mayor parte corresponde a la S30S6, con $5,6 billones, seguida por la X30S6, con $1,3 billones, y la D30S6, con 1,6 billones de pesos.

El nivel de aceptación también sobresale frente a conversiones anteriores a precios de mercado. Vitelli recordó que la D31G6 había tenido una adhesión de 34,1%, la D31L6 de 45,2% y la TZV26 de 57,8 por ciento.

La operación deja una menor cantidad de bonos atados al dólar por vencer en torno al fixing del viernes y reduce el peso de la D30S6 dentro de los pagos que el Tesoro deberá refinanciar en la subasta de fin de mes.

Mientras el Congreso analiza más de 30 proyectos para dar alguna solución desde el estado que reduzca la morosidad en los créditos y el Gobierno lo considera “una cuestión entre privados” en la que no debe intervenir, el endeudamiento ya despertó otras reacciones. Hay 17 provincias que, a falta de una medida nacional, lanzaron alguna clase de refinanciación bajo distintas modalidades: desde una ley, como en CABA, hasta planes impulsados por los bancos provinciales o los gobiernos de cada distrito. A esas iniciativas se sumaron las de varios bancos líderes, en especial los públicos, que también salieron al rescate de los deudores.

Un informe del IERAL, de la Fundación Mediterránea, relevó esas acciones de bancos y provincias. Si bien destaca que el problema de la morosidad debe contextualizarse en que en la Argentina el crédito sigue siendo muy bajo y que “no constituye un riesgo para el sistema financiero y mucho menos para la estabilidad macroeconómica”, el documento asegura que “es justificada la preocupación que genera el tema y la consiguiente búsqueda de soluciones”.

La razón principal para ello es que resulta deseable evitar una situación conflictiva que afecta a muchas familias, además de tener “derivaciones negativas sobre el sistema de crédito”, ya que desde el punto de vista macro, el problema de la mora tiende a restringir la oferta y la demanda de crédito hacia adelante. El informe destaca la importancia de evitar que una porción de la sociedad quede marginada del acceso al crédito formal.

Provincia por provincia

En ese sentido, el IERAL evaluó que pese a la necesidad de encontrar mecanismos de mercado para reducir la mora, también sería positivo que a nivel nacional se sancione una ley que impulse lo hecho por las provincias y los bancos. “Las iniciativas que buscan generar las condiciones para que los créditos en mora se refinancien voluntariamente son una manera eficiente de resolver el problema”, señaló. Aun así, advirtió que el rol del Estado es facilitar y no interferir. Por ello elogió las iniciativas provinciales, que detalló:

• Buenos Aires: Banco Provincia refinancia deudas en mora según la antigüedad del atraso. En tarjetas, alcanza deudas menores a $ 10 millones y con mora inferior a 70 días. Ofrece tasas fijas de 39% a 50% TNA, hasta 72 meses para préstamos y 60 cuotas para tarjetas.
• CABA: En base a una ley aprobada por la Legislatura, el Banco Ciudad ofrece un plan a morosos de tarjetas o préstamos personales. Establece una tasa fija máxima de 35% TNA, un mínimo de 24 cuotas y una reducción del 50% de Ingresos Brutos sobre los intereses. También dhirieron a la ley los bancos Macro, Santander, ICBC, Supervielle, Credicoop, Comafi, BBVA, Galicia y Piano.
• Chaco: Para deudas personales o tarjetas, el Nuevo Banco del Chaco financia con cuotas de hasta 50% del sueldo, tasas del 35%-50% TNA y a 60 meses.
• Chubut: Para empleados públicos con tarjetas impagas: 25% TNA los primeros 24 meses y plazo total de 72 meses, más un año de gracia.
• Córdoba: Para morosos en situación BCRA 2 o 3, salvo deudas de juego: hasta 35% TNA, 24 o 48 meses y exención de Ingresos Brutos (IIBB).
• Corrientes: Para deudores que usaron más de 75% del límite de crédito: tasa de mercado menos 29 puntos para familias y 15 para empresas, hasta 12 cuotas.
• Entre Ríos: Para deudores públicos o privados: cuota de hasta 40% del sueldo, 60% TNA y 60 cuotas más dos meses de gracia.
• Jujuy: Para empleados públicos con mora menor a 90 días: tasa de 6 a 7 puntos inferior a la vigente.
• La Pampa: Para deudas de tarjetas: exime del impuesto a Sellos, tasa de 40%-49% TNA —36% para pymes— y plazo de 36 a 72 meses.
• La Rioja: Para mora de 90 días o más en Mastercard del Banco Rioja: tasa fija menor al 52% TNA y 36 meses.
• Mendoza: Para deudores morosos y no morosos: hasta 20% TNA, mínimo 24 cuotas, exención de Sellos y baja de IIBB.
• Misiones: Para empleados públicos, retirados y pensionados: TNA según el promedio del BCRA, hasta 60 meses y cuota de hasta 30%.
• Neuquén: Para deudores de tarjetas y préstamos: 35% TNA fija o UVA más 5%-20%, con plazo de hasta 36 meses.
• Salta: Para empleados públicos provinciales o municipales en mora: tasa según la antigüedad del atraso y hasta 48 meses.
• Santa Cruz: Para activos y jubilados del sector público con compromisos superiores a 50% de los ingresos: 35% TNA, hasta 120 meses y 3 de gracia.
• Santa Fe: Para empleados públicos o privados: tasa bonificada con techo de Banco Nación, hasta 60 cuotas y dos meses de gracia.
• Tierra del Fuego: Para deudores de préstamos personales: 10%-50% TNA para prevención y 39%-50% para regularización; hasta 72 meses.

La refinanciación de los bancos

El informe de IERAL destacó que las entidades financieras respondieron al aumento de la mora con programas de refinanciación destinados a facilitar la regularización de las deudas. “El proceso es liderado por bancos públicos, pero se extiende al resto de las entidades”, indicó el documento, que releva iniciativas de Banco Nación, Banco Provincia, Bancor, Banco Macro, Galicia, ICBC y BBVA.

De acuerdo con el análisis, los planes apuntan a reemplazar las deudas impagas por nuevos créditos con condiciones más accesibles para los clientes. “La operatoria consiste en ofrecer a los deudores un nuevo crédito en condiciones más accesibles y, por lo tanto, facilitan la regularización”, señala IERAL. El informe agrega que las alternativas incluyen extensiones de plazos, moderación de intereses y, en algunos casos, créditos actualizados por UVA para reducir el peso de la cuota inicial sobre los ingresos.

El informe de IERAL propone que el Congreso sancione una ley nacional para acompañar la refinanciación voluntaria de deudas en mora entre acreedores y deudores. La iniciativa no buscaría modificar por la fuerza las condiciones de los créditos existentes, sino reducir los costos que dificultan los acuerdos. “Considerando todas estas restricciones y tomando como antecedentes las acciones que ya vienen tomando las entidades financieras y los gobiernos provinciales, a través de una ley nacional se puede plasmar una estrategia que aliente y facilite los acuerdos privados de refinanciación de deudas en mora”, señala el trabajo.

El respaldo a una norma nacional está acompañado por una serie de advertencias sobre sus efectos. El informe sostiene que las medidas no deben desalentar la oferta de crédito futura, ni convertirse en un rescate para entidades financieras, ni incentivar nuevos incumplimientos, ni tampoco otorgar un tratamiento más favorable a los morosos que a quienes mantienen sus pagos al día. También advierte que la solución “no debería tener costo fiscal, o si lo tiene, debería ser mínimo” y que las decisiones deben contribuir a expandir el crédito en el largo plazo.

El primer eje de la propuesta consiste en quitar impuestos en los préstamos destinados a refinanciar deudas. “La principal medida es eliminar, inicialmente para los créditos de refinanciación, todos los tributos que encarecen la tasa de interés”, plantea IERAL. La ley podría establecer una exención de IVA sobre los intereses, condicionada a que las provincias apliquen un alivio similar en Ingresos Brutos y Sellos, y a que los municipios eliminen las tasas que recaen sobre esos créditos.

La segunda vía apunta a extender el uso de préstamos UVA más una tasa de interés moderada. “El otro eje de intervención recomendable es establecer condiciones dentro del sistema financiero que faciliten la refinanciación de pasivos en mora a través de créditos UVA (más una tasa de interés), en lugar de nuevos créditos a tasa fija”, indica el documento. El informe propone, además, analizar una reducción de encajes para las entidades que destinen los fondos liberados a financiar esas operaciones.

Para el IERAL, la predisposición de los bancos y los gobiernos provinciales para promover la refinanciación de las deudas en mora a través de acuerdos voluntarios, lejos de eximir al Congreso de avanzar con una ley, le allana el camino para hacerlo y “genera la oportunidad para que desde una ley nacional se articulen mejor los esfuerzos” para potenciar el alivio a las familias endeudadas. “En concreto, una combinación de eliminación de impuestos con fondeo a las entidades financieras para promover créditos actualizados por UVA, permite una sustancial baja en el monto de la cuota. Esto contribuye a facilitar los acuerdos que permitirán la regularización de la deuda”, concluyó el documento.

A poco más de un año de las elecciones presidenciales de octubre de 2027, el mercado sigue sin definir un rumbo claro para los activos argentinos. La incertidumbre política convive con señales de una macroeconomía que, según distintas lecturas, no muestra signos de deterioro. En ese contexto se ubica el último informe de Citibank sobre la Argentina, que analiza el escenario económico y financiero de cara al proceso electoral.

El banco sostiene que el mercado exagera los riesgos derivados de la contienda electoral. En el documento, denomina a esta dinámica como un equilibrio de “filo de cuchillo”, en el que la desconfianza política parece pesar más de lo que deberían justificar los datos económicos. “El mercado parece estar sobreestimando el riesgo de una reversión de políticas en la Argentina”, señala textualmente.

La entidad plantea que la pregunta central de cara a la elección es si el electorado avalará la continuidad del programa del presidente Javier Milei o si, por el contrario, un electorado desgastado se inclinará nuevamente hacia políticas con mayor presencia del Estado. Citi advierte que los primeros ocho meses de 2026 no cumplieron con las expectativas del Gobierno en materia de desinflación y de recuperación de la actividad, pero sostiene que “los fundamentos macroeconómicos no se han deteriorado lo suficiente como para justificar un aumento de la cautela de los inversores”.

Sobre ese punto, el banco delinea tres escenarios posibles para el resultado electoral. El primero es la continuidad del modelo actual, con el Gobierno acelerando las reformas pendientes a medida que se consoliden los resultados de la estabilización macroeconómica; a esta alternativa le asigna una probabilidad media. El segundo contempla un triunfo oficialista a través de una alianza amplia con partidos y gobernadores que ya acompañan al Gobierno en el Congreso, y que se beneficiarían de reformas en sectores como la agricultura, la minería y la energía; a este escenario Citi le otorga una probabilidad media-alta.

El tercero es un triunfo de la oposición con un regreso a un modelo estatista, con mayor presencia distributiva del Estado a través de impuestos y regulaciones; para este caso, el banco calcula una probabilidad baja a media-baja. Si bien aclara que ya no es un escenario despreciable, se mantiene por debajo de los niveles que el mercado le asignaba en octubre de 2025.

La lectura sobre el dólar

En el plano cambiario, Citi describe una depreciación nominal del peso que no borró las ganancias de competitividad acumuladas durante el primer trimestre del año. Según el informe, el tipo de cambio real se mantuvo relativamente firme pese a la suba nominal del dólar, sostenido por precios del petróleo más altos y una mejora en los términos de intercambio. “A pesar del debilitamiento nominal del peso, el peso argentino retuvo la mayor parte de sus ganancias en términos reales”, sostiene el banco.

Por otro lado, Citibank explica que buena parte de ese movimiento respondió a una decisión del Banco Central de moderar el ritmo de acumulación de reservas. Mientras que durante el segundo trimestre la entidad monetaria compró en promedio USD 113 millones diarios, ese ritmo bajó a unos USD 33 millones diarios desde fines de julio, aunque en lo que va del año ya acumuló compras por USD 14.200 millones. Pese a la desaceleración, el banco remarca que no encuentra señales de que el tipo de cambio esté absorbiendo algo más que las sorpresas inflacionarias recientes. “No vemos señales claras de que el tipo de cambio haya absorbido algo más que las recientes sorpresas inflacionarias, ni de que los desarrollos políticos locales estén pesando sobre la moneda en términos reales”, plantea el informe.

La deuda, el punto de mayor cautela

En materia crediticia, Citi mantiene sus buenas expectativas con la Argentina, aunque reconoce que la recuperación económica es despareja por debajo de los números agregados, con el crecimiento concentrado en sectores exportadores como la agricultura, la minería y la energía, mientras que la manufactura y la construcción muestran mayor debilidad.

El banco pone el foco en el cronograma de vencimientos de 2027. “El próximo desafío importante es el cronograma de amortizaciones más pesado en 2027, lo que aumenta la importancia de la acumulación de reservas, el acceso continuo al mercado y la credibilidad de la política económica”, advierte el Citi. “Seguimos creyendo que la Argentina lo va a lograr y mantenemos la sobreponderación”, sostiene el informe, aunque aclara que anticipa mayor volatilidad de corto plazo a medida que se acerquen los vencimientos.

El reporte también advierte que el riesgo país viene en ascenso desde el pago de bonos de julio, algo que el banco vincula con tensiones sociales y políticas que persisten por debajo de la superficie macroeconómica. Entre esas señales, Citi menciona una desocupación de 7,9%, una caída de los ingresos reales entre jubilados y empleados públicos, y una mora en el crédito a los hogares que llegó al 12,9 por ciento.

De todas formas, para el banco Citi, el eje más relevante del año en materia política pasa por la reforma electoral, en particular la eventual eliminación o suspensión de las PASO. Según el banco, sin primarias la oposición enfrentaría mayores dificultades para unificarse detrás de un único candidato, lo que mejoraría las chances de Milei de imponerse en primera vuelta. Para los analistas del banco estadounidense, una eventual suspensión o eliminación de las PASO sería recibida de manera positiva por el mercado.

El 76% de los argentinos que se endeudaron lo hicieron para pagar alimentos, salud, tarifas y servicios, según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix de agosto.

El informe de la consultora señala que el fenómeno golpea con particular dureza a la clase baja y a los jóvenes de entre 18 y 39 años e incide directamente sobre el crédito: seis de cada diez se endeudaron en los últimos seis meses.

El relevamiento expone la profundización de una crisis de ingresos: 24% de los argentinos dice que sus ingresos se agotan a lo sumo el 10 y si se acumulan aquellos que declaran llegan a lo sumo al día 15 y al día 20, el resultado es que dos de cada tres argentinos consume el total de sus ingresos hacia el vigésimo día, resultado que explica el recursos al endeudamiento para afrontar los pagos de servicios, desde luz, gas y transporte hasta cobertura de salud y eventualmente de educación para familias con hijos que asisten a escuelas privadas.

En la clase baja, el 87,6% agota sus ingresos antes del día 20, mientras que en la clase alta esa proporción cae a apenas el 7,3 por ciento, Por edad, la distancia es menor pero muy significativa: el 83,3% de los jóvenes de 18 a 39 años no supera el día 20, contra el 60,3% de los mayores de 60 años. Significa que el fenómeno, aunque transversal, castiga más a los sectores de menores ingresos y a los más jóvenes.

El 55,6% de quienes se endeudaron lo hizo para cubrir alimentos y salud, y otro 20,4% para pagar tarifas y servicios. En la clase baja, la suma de ambos motivos supera el 85%, contra menos del 60% en la clase alta, donde el crédito se reparte de manera más pareja con la compra de bienes durables.

Leve mejora de la percepción personal y colectiva

La evaluación de la economía del país es de resultas mayoritariamente negativa, aunque muestra una leve mejora respecto de los meses previos: el 59,4% la considera mala o muy mala, contra el 61,8% que la calificaba de ese modo en julio. La percepción sobre la economía personal es consistente con esa tendencia: la evaluación positiva subió del 27,2% al 29,8%, dato que muestra la mejora, aunque leve, se verifica tanto en el plano personal como en el colectivo, que no siempre suelen coincidir. Persiste, eso sí, una brecha de credibilidad. El 65,8% (esto es, casi exactamente dos de cada tres personas consultadas) no cree que el índice publicado por el Indec refleje fielmente la suba de precios que percibe en su vida diaria y el 81,2% considera que su salario no le gana a la inflación, algo que el gobierno pretende revertir en los próximos meses vía una reducción gradual y persistente del ritmo de los precios, que llama “desinflación”.

Por ahora, sin embargo, el malestar atraviesa las distintas identificaciones políticas, al punto que incluso entre quienes votaron al oficialismo en 2025, el 61,2% comparte la brecha de credibilidad con la información oficial, aunque hace una distinta lectura. Para electorado oficialista, dice Zentrix, el desfasaje salarial es visto como un costo transitorio y se asocia a la expectativa de una mejora futura antes que a un fracaso del rumbo económico.

Quiebre en el ranking de preocupaciones

El ranking de principales preocupaciones también marca un quiebre en agosto: por primera vez en varios meses la corrupción no solo pierde el primer lugar entre las preocupaciones, sino que es desplazada al cuarto puesto por la preocupación sobre ingresos y salarios (50,1%), incertidumbre económica (49,8%) y desempleo (40,9%).

A su vez, la inflación, cuyo control y reducción es la principal apuesta política ty económica del gobierno de Milei, queda última (con 12,7%) entre las diez opciones indicadas en el relevamiento.

La preocupación social ya no pasa por la suba de precios, sino por la capacidad del ingreso familiar para sostener el gasto cotidiano y por la estabilidad laboral

“La preocupación social ya no pasa por la suba de precios, sino por la capacidad del ingreso familiar para sostener el gasto cotidiano y por la estabilidad laboral”, dice el informe. En cuanto al sentimiento sobre los próximos doce meses, los argentinos respondieron mayoritariamente con palabras más vinculadas a la duda que al rechazo directo: incertidumbre y angustia encabezan las respuestas, pero la tercera más nombrada e la palabra esperanza, que muestra que la ansiedad por el futuro convive con expectativas de mejora. Según Zentrix, la encuesta revela que la urgencia del ingreso es ya un rasgo estructural que explica a su vez la necesidad de recurrir al crédito.

El relevamiento se realizó entre el 25 y el 31 de agosto e incluyó 1.466 casos o consultas válidas en función de una muestra acorde al último padrón electoral.

La cantidad de créditos con atrasos menores a 90 días en los pagos viene decayendo desde el comienzo del año y eso anticipa que el problema de la morosidad puede comenzar a encontrar un alivio, tanto en los bancos como en otras entidades financieras. El dato de mora temprana, entendido como la porción de los préstamos que registran incumplimientos entre 30 y 90 días, alcanzó un pico del 6,6% en todo el sistema financiero en noviembre de 2025 y viene mostrando una caída hasta llegar a 4,4% en julio.

Hay diferencias en esa evolución de la mora temprana entre los distintos tipos de instituciones crediticias. Los bancos tradicionales tuvieron un desempeño similar al promedio del sistema, de 6,3% a 4,3%. Pero fue distinto en el segmento de financieras, emisoras de tarjetas y billeteras, que tuvieron un pico más alto de 8,2% en diciembre que descendió al 5,3% en julio. Los datos surgen de un informe de la Cámara Argentina Fintech.

La clave de este dato de los créditos en mora temprana (situación 2, según la clasificación del BCRA) es que su reducción de los últimos meses no es incompatible con que el porcentaje total de mora haya crecido en el mismo período. El indicador tradicional de morosidad “no cuenta toda la película”, según el informe, y puede inducir a conclusiones parciales por tres motivos. En primer lugar, una cartera que crece incorpora préstamos nuevos y puede diluir el porcentaje de atrasos; si el crédito se frena, tal como ocurrió, ese efecto se debilita. En segundo lugar, la categoría “situación 5” concentra deudas con más de un año de atraso y sin un límite de antigüedad, por lo que puede acumular saldos muy distintos. Por último, cada entidad financiera puede vender o dar de baja esos créditos en sus registros, alterando el indicador aunque los deudores no se pongan al día.

La incidencia de la situación 5 —créditos con atrasos de más de un año— modifica de manera desigual la medición de mora según el tipo de entidad. En los bancos, la tasa pasa de 10,8% al excluir esos saldos a 12,8% al incorporarlos; entre las fintech, sube de 17,4% a 24,4%; y en los otros proveedores no bancarios el salto es mayor, de 26,7% a 47,2%. El informe advierte que “la situación 5 tiene un peso distinto en cada cartera”: los bancos concentran $1,5 billones de esos saldos, frente a $0,9 billones en fintech y otros proveedores, respectivamente. Por eso, incluir o quitar esa categoría altera la comparación entre segmentos.

Una fuente del sector explica ese fenómeno con un ejemplo gráfico: “Lo que muestran los datos es que la canilla que llena el ‘balde de la mora’ cada vez aporta un caudal menor, que viene reduciéndose. Pero eso no hace que el agua que ya estaba acumulada desaparezca inmediatamente”.

Por eso también habrá que esperar a que surtan efecto los planes de refinanciación de los bancos, en especial de los estatales. A los planes del Nación y el Provincia, ayer se sumó el anuncio del Ciudad de una reducción de tasas para quienes quieren ponerse al día.

La decisión de un deudor con atraso de ingresar a uno de esos planes de refinanciación no lo quita de las estadísticas de mora de manera automática. La normativa del BCRA exige una secuencia de pagos para ir mejorando de categoría: alguien que está en situación 4 necesita como mínimo cinco meses de cumplimiento para dejar de ser considerado moroso; si está en situación 5, al menos ocho meses.

Otro relevamiento, de la Universidad Austral, analizó qué pasó con la mora operativa, la que no cuenta a los deudores de categoría 5: “En julio, la mora total por monto alcanzó el 18% del crédito, 0,5 puntos porcentuales más que en junio y 10,3 puntos más que un año atrás. Con este resultado, acumuló 21 meses consecutivos de aumento. Sin embargo, al observar la mora operativa aparece una señal de moderación. Este indicador se ubicó en 11,8% de la cartera y comenzó a mostrar una meseta.”

La mora operativa permite evitar, según el informe, los diferentes criterios de las entidades financieras en el tratamiento de los créditos en situación 5 y ofrece así una lectura complementaria sobre la evolución de la calidad de la cartera.

Con la mora, todos pierden

El informe de la Cámara Argentina Fintech explica que la mora también muestra una distribución distinta según se mire el volumen de dinero o la cantidad de personas alcanzadas. Los bancos reúnen 63,3% del monto total en mora, las fintech 16,3% y los otros proveedores 20,4%, una proporción consistente con el predominio bancario en el stock total de crédito, donde concentran 81,1% de la cartera. Medido por deudores, 5,9 millones de personas registraban atrasos superiores a 90 días a julio de 2026: 2,5 millones tenían mora en bancos, 2,6 millones en fintech y otros 2,6 millones en proveedores no financieros. Esas cifras no se suman entre sí, ya que una misma persona puede mantener deudas impagas con más de un tipo de prestamista.

Frente a los atrasos y a la actitud del gobierno de señalar que la mora “es un problema entre privados”, la Cámara propone intervenir antes de que la deuda se agrave. El esquema planteado parte de detectar señales tempranas de dificultad, contactar a la persona y ofrecer alternativas de refinanciación compatibles con cada caso. El objetivo, según el informe, es regularizar la situación y evitar que los compromisos pendientes formen una “bola de nieve”. “Nadie gana cuando una persona no puede pagar”, resume el documento.

El informe también vincula el acceso al crédito formal con la posibilidad de evitar circuitos de financiamiento sin supervisión. Mientras los préstamos formales dejan contrato, registro, canales de reclamo y construcción de historial crediticio, advierte que el crédito informal opera sin esas protecciones y puede recurrir a mecanismos de cobro ilegales. En ese sentido, plantea que, si se restringe la oferta formal para personas de mayor riesgo, “no desaparece la necesidad de crédito: cambia dónde puede buscar financiamiento la persona”.

En un contexto de morosidad récord a nivel familias, el Banco Ciudad anunció una reducción al 28% de la Tasa Nominal Anual (TNA) para refinanciar deudas en mora, en el marco del Programa de Desendeudamiento Familiar de CABA. La medida, dirigida a préstamos personales, consumos con tarjeta de crédito y microcréditos, busca facilitar la regularización de deudas con la tasa más baja del mercado, según informó la entidad.

El programa se enmarca en la Ley 6959 de la Legislatura porteña, reglamentada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que establece condiciones de mayor accesibilidad para que vecinos y vecinas regularicen deudas en mora. Los plazos de refinanciación se extienden desde 24 hasta 60 meses, según el comunicado difundido por el banco.

Requisitos para acceder al programa

La adhesión al programa estará vigente hasta el 13 de octubre de 2026 y contempla deudas en mora registradas hasta el 1° de junio de este año. Para acceder, los interesados deben cumplir una serie de condiciones específicas.

Entre los requisitos figuran deudas originadas con tarjetas de crédito o préstamos personales otorgados exclusivamente por entidades financieras, con una mora de entre 60 y 180 días de atraso. También se exige que los ingresos familiares sean inferiores a 10 salarios mínimos y que los compromisos mensuales de deudas representen más del 30% de los ingresos del hogar.

El programa también requiere domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires con una antigüedad mínima de dos años. Quedan excluidos quienes sean propietarios de más de un inmueble, tengan vehículos con una antigüedad menor a cinco años —salvo aquellos destinados a actividades laborales debidamente acreditadas—, sean titulares de embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios sujetos a registro, cuenten con activos financieros que superen el total de la deuda reclamada, o hayan comprado divisas durante el período en que se generó la deuda.

La tramitación para regularizar deudas puede realizarse a través de los canales habituales de contacto del Banco Ciudad. Estos incluyen el chatbot BIT en WhatsApp, la banca telefónica a través del 0800-22-20400, los oficiales de cuenta y las sucursales de la entidad.

Cómo funciona el plan de desendeudamiento

El programa fija en 24 meses el plazo mínimo para devolver los créditos refinanciados, mientras que la tasa aplicable no podrá exceder el 35% de TNA. Se trata de límites mínimos: nada impide que los bancos ofrezcan condiciones más beneficiosas si así lo deciden. Con esta iniciativa se busca reducir el peso financiero que enfrentan los hogares que quedaron atrasados en sus pagos por distintas circunstancias.

Quienes quieran sumarse al beneficio deberán cumplir con varios requisitos simultáneamente: que la deuda provenga únicamente de préstamos personales o tarjetas de crédito emitidos por entidades financieras; registrar mora categoría 2 o 3 ante el Banco Central, lo que equivale a entre 60 y 180 días de atraso; contar con ingresos familiares que no superen los diez salarios mínimos; y comprobar que el pago mensual de sus deudas supera el 30% de sus ingresos. También se pide domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires desde hace al menos dos años.

El destino de estos créditos está limitado exclusivamente a cancelar obligaciones con el Banco Ciudad o con otros bancos supervisados por el BCRA. Por fuera del esquema quedan las deudas contraídas con billeteras virtuales o financieras no bancarias, un segmento donde los niveles de incumplimiento crecieron de manera notoria en los últimos tiempos.

No podrán acceder al programa las personas con más de una propiedad, quienes posean autos de menos de cinco años de antigüedad —a excepción de los que se usen con fines laborales comprobables—, propietarios de embarcaciones, aeronaves u otros bienes de lujo registrables, tenedores de activos financieros por un monto mayor a la deuda en cuestión, ni quienes hayan adquirido divisas durante el período en que se generó el endeudamiento.

La ley aprobada por la Legislatura porteña incluyó además una cláusula específica para que, a través de Ciudad Microempresas, el banco lance una línea destinada a emprendedores y trabajadores informales con deudas pendientes ante la entidad al 1 de junio de 2026. Este esquema replicará los mismos requisitos generales del programa y alcanzará a quienes acumulen entre 60 y 180 días de mora.

Requisitos

1. Registrar deudas originadas en tarjetas de crédito y/o préstamos personales otorgados exclusivamente por entidades financieras.
2. Estar calificado en la Central de Deudores del Banco Central en Situación 2 (deudas con atraso entre 60 y 90 días) o en Situación 3 (deudas con atraso entre 90 y 180 días) días, al 1° de junio de 2026.
3. Tener ingresos mensuales del grupo familiar inferiores a diez (10) salarios mínimos, lo que en la actualidad equivale a 3.678.000 pesos.
4. Acreditar que las cuotas adeudadas representan más del 30% de los ingresos mensuales del hogar.
5. Tener domicilio real en CABA con una antigüedad mínima de 2 años.

Al mismo tiempo, hay otras 5 condiciones que excluyen a los interesados. No podrán recibir los préstamos del Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal:

1. Dueños de más de un inmueble.
2. Propietarios de automóviles con una antigüedad menor a cinco (5) años, excepto aquellos destinados a actividades laborales.
3. Titulares de embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios registrados.
4. Tenedores de activos financieros (plazos fijos, títulos, bonos, cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión, acciones, moneda extranjera u otros) que excedan el total de la deuda reclamada.
5. Toda persona que haya comprado dólares durante el período en que se generó la deuda a refinanciar.

Garovaglio y Zorraquín, el holding que controla Rheem, desvinculó al 10% de su dotación total, según informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Sobre una dotación estimada por fuentes sindicales en 273 empleados, el ajuste representaría unos 27 puestos de trabajo.

El ajuste laboral se comunicó mientras el grupo avanzaba con una reorganización financiera que incluyó la renegociación de pasivos en Rheem y movimientos de activos en una de sus sociedades controladas. Esas decisiones se produjeron tras un período con resultados dispares dentro del holding.

Garovaglio y Zorraquín S.A. es un holding argentino con actividades en los sectores industrial, agropecuario, inmobiliario y financiero. Sus orígenes se remontan a fines del siglo XIX, vinculados al empresario Francesco Garovaglio, y la sociedad se consolidó en 1926 junto con la familia Zorraquín.

Con sede en la Ciudad de Buenos Aires, el grupo mantiene participaciones en varias compañías, entre ellas Rheem S.A., dedicada a la producción de termotanques y calefones, y Finpak S.A. Sus acciones ordinarias cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajo el ticker GARO.

En la presentación remitida a la CNV el 8 de septiembre, la empresa precisó que el total de las indemnizaciones abonadas por las desvinculaciones durante los últimos seis meses tuvo un impacto equivalente al 41% de los resultados financieros consolidados al 30 de junio de 2026. El documento fue firmado por el presidente de la compañía, Ambrosio Nougués.

Los estados financieros consolidados de ese período habían arrojado una ganancia neta de $2.439 millones. Si se toma como referencia la proporción informada ante el organismo regulador, el costo de las indemnizaciones rondaría los $1.000 millones. La firma no difundió el monto absoluto ni precisó en qué sociedades del grupo se concentraron las bajas.

El comunicado también señaló que el directorio fundamentó las desvinculaciones conforme a las normas de la Ley de Contrato de Trabajo, al referirse a la evaluación de eventuales contingencias por reclamos laborales.

En paralelo con el ajuste, Rheem alcanzó el 30 de junio un acuerdo con Rheem Manufacturing Company y Federico Zorraquín para refinanciar un préstamo subordinado de USD 9,48 millones. El nuevo vencimiento quedó fijado para el 31 de diciembre de 2028 y la obligación continuará devengando intereses, según la información societaria difundida por el grupo.

La negociación se había iniciado a comienzos de 2026, cuando la empresa comunicó que mantenía conversaciones para reestructurar sus obligaciones financieras. El esquema acordado contempló asistencia financiera de Federico Zorraquín, la cancelación del préstamo senior y la extensión del vencimiento del pasivo subordinado. Durante junio, Rheem canceló la totalidad del crédito senior.

La refinanciación permitió extender el horizonte de pago de esa deuda, aunque no implicó su cancelación. El préstamo subordinado mantiene prioridad de cobro posterior a otras obligaciones de la compañía, una condición habitual de este tipo de financiamiento.

La reorganización también alcanzó a Finpak, sociedad controlada en un 98,05% por Garovaglio y Zorraquín. La compañía completó la transferencia de su planta situada en el Área Industrial El Pantanillo, sobre la ruta nacional 38, en Catamarca, y recibió a cambio un terreno de 28.403,63 metros cuadrados sobre Camino a Los Molinos, en el departamento Capital de Córdoba.

De acuerdo con la documentación societaria, ambos inmuebles tenían una valuación similar. Por esa razón, la operación fue informada como una permuta de activos y no como una venta destinada a generar fondos. El antecedente inmediato es el último ejercicio anual de Finpak, cerrado en junio de 2025, cuando la sociedad registró una pérdida de $177,9 millones y expuso un escenario de estrechez financiera.

A lo largo de 2026, el Gobierno se benefició del fuerte aumento de los precios internacionales de productos que exporta. La guerra en el Golfo Pérsico generó un fuerte salto del petróleo, que siete meses después del inicio volvió a ubicarse arriba de los 100 dólares el barril. La soja también operó en alza y subió más de 20%, llegando hasta los USD 480 por tonelada.

La consecuencia es que los términos de intercambio de la Argentina subieron al mayor nivel de la historia. Las exportaciones superarán este año por primera vez los USD 100.000 millones y la balanza comercial podría arrojar un superávit inédito que según las últimas estimaciones del sector privado podría llegar a los 28.000 millones de dólares.

Este viento de cola que tuvo la economía local también se reflejó en fuertes compras del Banco Central. La entidad ya lleva adquiridos USD 14.200 millones, aunque en septiembre aflojó sustancialmente.

La oferta de dólares permitió no solo abastecer a los importadores, al público que quiere atesorar y a las empresas que giran dividendos al exterior, sino también al propio BCRA para fortalecer el balance de la entidad.

Los precios internacionales están fuera del alcance del Gobierno, que se benefició de esta situación particular. De todas maneras, resultaron claves las inversiones en energía para que Argentina pasara de ser neto importador hace tres años a un exportador neto cada vez más relevante. Se espera que el complejo de energía y minería genere un superávit cercano a los USD 30.000 millones, del mismo orden que el sector agropecuario.

Este fuerte ingreso de dólares y la mayor robustez del Central también ayudaron para que el riesgo país descienda hasta los 400 puntos básicos a fines de julio pasado. Muchas empresas, bancos y provincias aprovecharon para colocar deuda en el exterior, sumando cerca de USD 22.000 millones a la oferta de divisas en lo que va de 2026.

Sin embargo, lo mismo que beneficio a la Argentina este año ahora también está generando dificultades. La suba del petróleo por encima de los USD 100 sumó inflación a la economía norteamericana, manteniéndose en niveles cercanos a 3,5% anual.

La Reserva Federal norteamericano decidió ayer la primera suba de tasas en tres años. Fue una respuesta a un fuerte aumento además de los rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo. Los de 10 años pasaron a rendir 5% anual, niveles que no se veían hace muchos años.

Este aumento de los rendimientos perjudicó a los activos de riesgo e impactó negativamente sobre los mercados emergentes. Hubo consecuencias directas también para los bonos argentinos, que cayeron luego de haber alcanzado un pico de precios a mediados de julio.

La consecuencia directa de esta situación fue el aumento del riesgo país a los 500 puntos básicos. Si se agrega a la tasa de 5% anual que pagan los bonos norteamericanos, la consecuencia es que si Argentina quisiera financiarse en los mercados internacionales debería pagar una tasa superior al 10% anual en dólares.

Este viento de frente que empezó a soplar desde Estados Unidos está pasando factura a la política de endeudamiento del Tesoro argentino. En las dos últimas licitaciones no se colocaron bonos en dólares en el mercado local para no convalidar un incremento de las tasas. Y se optó por deuda en pesos de corto plazo, que vence en su totalidad durante la gestión de Javier Milei.

Se dan así dos situaciones simultáneas. Argentina se beneficia del viento de cola del fuerte alza de las materias primas que exporta, pero al mismo tiempo también sopla viento de frente por el aumento de tasas norteamericanas, que aumenta la aversión al riesgo de los inversores internacionales.

La suba de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos estaba descontada. Las Bolsas de Nueva York y los bonos del Tesoro pusieron en precio la medida que se ejecutó. La tasa de referencia ahora es de 4% tras la aprobación unánime de los integrantes del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (Fed) de aumentarla 0,25 puntos.

Los 12 integrantes no solo votaron a favor del aumento del miércoles: sus proyecciones individuales también anticipan otra suba. Esas estimaciones se reflejan en un gráfico conocido como dot plot. La mayoría del Comité espera un nuevo incremento antes de fin de año. Las próximas reuniones de la Reserva Federal serán el 28 de octubre y el 9 de diciembre; en una de ellas podría resolverse elevar la tasa al 4,25 por ciento.

A la Fed no le sienta bien que la inflación conviva con el crecimiento del empleo, porque muestra que las causas de la dinámica inflacionaria están intactas. En economía, a veces la actividad económica es una incomodidad por inoportuna. El banco central estadounidense entiende que este verano del empleo y el consumo puede ser la antesala de una crisis si no se corrige la inflación.

La frase del titular de la Reserva Federal, Kevin Warsh, adelantó que no está conforme con este nivel de actividad y cree que hay que enfriarla. “Los informes recientes muestran cierto enfriamiento, pero no me dicen que las tendencias subyacentes hayan mejorado de manera significativa”, señaló.

La suba de las tasas provocó una caída en los precios de los bonos del Tesoro y elevó su rendimiento al 5,02%, el nivel más alto desde marzo de 2006. El dólar también se fortaleció frente a las seis principales monedas del mundo: avanzó 0,50%, un movimiento que encarece el crédito y puede reducir la actividad económica.

Un dólar más fuerte entra en tensión con la política arancelaria de Donald Trump, ya que favorece las importaciones y encarece las exportaciones. El presidente de Estados Unidos cuestionó que la Fed subiera la tasa de interés en 4% y sostuvo que debería haberla reducido a 1% para beneficiar a la economía estadounidense.

Aunque la suba era esperada en el mundo, los bonos soberanos de los países europeos siguieron afectados, aunque mejoraron los de Japón. Los títulos de la deuda argentina en dólares con ley Nueva York tuvieron un mix de alzas y bajas donde predominaron las caídas. Por eso el riesgo país aumentó 4 unidades (+0,8%) a 510 puntos básicos. La suba de la tasa estadounidense posterga la posibilidad de regresar a los mercados internacionales para la Argentina, ya que le agrega un sobre costo importante a una eventual emisión de deuda.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 844 millones y el Banco Central compró USD 9 millones, mientras que el dólar mayorista aumentó $7 (+0,5%) a 1.513,50 pesos.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “se acentuó la caída de retornos reales (ex ante) por un efecto de pinzas entre tasas en pesos desplazándose a la baja y un alza en los pronósticos de inflación implícitos en el mercado de bonos que descontaban una inflación mensual promedio del 1,55% desde noviembre hasta mayo de 2027 y ahora se acercaron al 1,8% mensual”.

Y continuó: “Este doble efecto hundió los retornos reales de la curva pesos desde un rango de entre 4% - 6,5% anualizado a fin de agosto al 1,8% - 3,5% según el cierre de este miércoles. Si bien la curva en términos reales se mantiene en terreno positivo el atractivo es menor y de seguir comprimiéndose puede dar más impulso a la demanda por dolarización, más aún cuando nos acercamos al proceso electoral de 2027”.

En la plaza financiera el MEP subió $5 (+0,3%) a $1.537,60, mientras el contado con liquidación (CCL) cedió $0,83 a 1.592 pesos. El “blue” se mantuvo en 1.560 pesos.

El S&P Merval de las acciones líderes perdió 1,7% en pesos y 1,6% en dólares. La caída más importante fue la de YPF (-4,9%) ante la baja de 3% del crudo y el apresuramiento de los tenedores en tomar las enormes ganancias de los últimos meses. La petrolera acumula en el año ganancias en dólares superiores a 50 por ciento. Transener perdió 3,1% y Pampa Energía, 3 por ciento.

En el mercado overnight, las Bolsas de Nueva York rebotaban anoche, tras la caída de la jornada anterior, que siguió a las declaraciones de Warsh sobre la necesidad de enfriar la economía. Los rumores sobre conversaciones secretas entre Estados Unidos e Irán atenuaron el pesimismo de los inversores.

El petróleo caía 1% y el Brent cotizaba a 104,60 dólares. En tanto, el oro cedía 1,5% por la fortaleza del dólar que anoche operaba 0,70% arriba frente a las principales divisas del planeta.

Mauricio Villacorta, Estratega de Inversión de IOL, señaló que “la cotización moderó las subas luego de que el Instituto Americano del Petróleo (API) reportara un incremento inesperado de 7,14 millones de barriles en las reservas de Estados Unidos. Adicionalmente, otros reportes indicaron que Arabia Saudita comenzó a ofrecer cargas adicionales a refinadores asiáticos mediante transferencias buque a buque frente a Omán, buscando mitigar los daños sufridos en el East-West Pipeline”.

Hoy podría mejorar el humor de los inversores y tal vez pueda haber una recuperación de los bonos soberanos. Nadie cree que se llegó al piso, pero al menos apuestan a una tregua.

Granja Tres Arroyos, la empresa que supo ser la mayor avícola de la Argentina, se presentó formalmente en concurso preventivo. En el expediente en el que el presidente del directorio, Joaquín De Grazia —parte de la familia fundadora—, solicitó esta herramienta judicial, también detalló cuáles fueron las causas que llevaron a la compañía a esta instancia, a la vez que reconoció una deuda que supera los 126.000 millones de pesos.

La presentación no alcanza solo a la empresa insignia del grupo. El escrito pide el trámite conjunto por agrupamiento económico, previsto en los artículos 65 a 68 de la Ley de Concursos y Quiebras, para las cuatro sociedades que integran el entramado empresario: Granja Tres Arroyos, la empresa madre y de mayor envergadura operativa; Wade, que opera la planta de la ex Cresta Roja; Avex, con su complejo avícola en Río Cuarto, provincia de Córdoba; y Holding Agro Industrial S.A. (HAISA), la sociedad controlante que posee el 99,941% del capital del grupo y actúa como garante del resto de las unidades.

Las causas que invoca la empresa

En el capítulo dedicado a explicar el derrumbe financiero, GTA rechazó cualquier responsabilidad directa de su conducción. “Va de suyo, que la situación de impotencia patrimonial que motiva esta presentación no obedece a un manejo empresario imprudente, ni a una explotación operativamente inviable; sino que responde a la acumulación de severos desequilibrios macroeconómicos, cambios estructurales en las reglas de juego del sector y shocks exógenos extraordinarios que alteraron de manera irreversible la ecuación económica de la Compañía”, sostiene el documento.

El núcleo de esa explicación aparece bajo un título con el que la compañía describió la coyuntura: “estrangulamiento del mercado interno”. Según el expediente, la demanda interna de pollo llegó a un techo estructural que la producción del grupo ya no pudo digerir. “A diferencia de lo ocurrido a principios de siglo, donde el consumo de pollo en la Argentina creció exponencialmente desde los 20 kilogramos por habitante por año en el año 2000 hasta alcanzar techos históricos de 47 kilogramos por habitante por año, la demanda interna alcanzó su límite biológico y de sustitución de consumo”, señala el texto.

La caída del poder adquisitivo, alegó la empresa, agravó el cuadro: “La pérdida sostenida del poder adquisitivo de las familias restringió la capacidad de absorción del mercado, afectando la demanda general de alimentos”.

Esa combinación, sumada a la naturaleza perecedera del producto, forzó a la empresa a vender a pérdida. “Por la naturaleza biológica e industrial del producto, la Empresa no cuenta con la posibilidad de acopiar o retener stock a la espera de mejores precios. Frente al incremento desmedido de los costos operativos (energía, fletes, insumos y paritarias), GTA se vio forzada a comercializar su producción a valores por debajo del costo de reposición para sostener la estructura y conservar la cadena de distribución, absorbiendo pérdidas operativas corrientes que ahogaron definitivamente su liquidez”, explica el escrito.

A ese cuadro se sumó, entre 2024 y 2026, el ingreso creciente de carne aviar desde Brasil, favorecido por la flexibilización de licencias de importación y la baja de aranceles. “El ingreso de producto extranjero a precios de oportunidad (...) fijó un techo artificial a los precios de góndola, impidiendo a GTA trasladar a los valores de venta sus verdaderos costos de faena, energía y mano de obra”, indica el documento.

El brote de gripe aviar de 2023 completó el cuadro: la pérdida del estatus sanitario le cerró a la empresa los mercados de China, Chile y la Unión Europea, su principal fuente de ingresos en divisas, y volcó toda la oferta a un mercado interno ya saturado, en simultáneo con la suba de costos de granos, energía, logística y mano de obra.

“En síntesis, la explotación de GTA mantiene su viabilidad operativa, pero su estructura financiera sucumbió ante la combinación de un cambio histórico en las reglas de juego del costo alimentario, la carga de pasivos garantizados en dólares y el golpe directo del cierre de los mercados externos por razones sanitarias”, concluye el expediente en ese capítulo.

El derrumbe patrimonial en los números

El escrito reconoce una acumulación de cheques de pago diferido rechazados que excede los $126.000 millones al momento de la presentación judicial. El deterioro se refleja también en los balances: los Resultados No Asignados, que en 2022 arrojaban un saldo positivo de $3.944 millones, pasaron a un rojo de -$68.968 millones en 2023 y de -$37.108 millones en 2024. Para el ejercicio 2025, la propia empresa proyecta un saldo negativo acumulado de -$122.052 millones. El índice de liquidez, mientras tanto, cayó de 1,43 en 2022 a 0,51 en 2025.

En ese contexto, la empresa declara sostener directamente más de 1.700 puestos de trabajo en GTA, y más de 3.000 si se suman las empresas vinculadas del grupo. La cifra convive con un recorte de personal que, desde que se desató la crisis financiera, superó los 1.000 despidos, según pudo reconstruir Infobae en coberturas previas sobre los cierres de plantas en Capitán Sarmiento, Río Cuarto, Pilar, Esteban Echeverría y Concepción del Uruguay.

El antecedente de la compra de Cresta Roja

Parte del pasivo estructural del grupo tiene origen en una operación que se remonta a casi una década atrás y que expone que la crisis actual no es un hecho aislado. La planta que hoy opera Wade bajo el nombre de Cresta Roja arrastra un historial propio de inestabilidad financiera, conflictos gremiales y cambios de dueño.

Bajo el control de la familia Rasic, la empresa acumuló una deuda de $1.200 millones hacia 2013, emitió cheques sin fondos por $43 millones al año siguiente y despidió a 1.300 empleados, en medio de fuertes choques con los sindicatos del sector. El desenlace llegó en diciembre de 2015, cuando la Justicia decretó su quiebra.

En abril de 2016, la planta fue adjudicada a Proteinsa S.A. por USD 121 millones, en un proceso en el que Granja Tres Arroyos había competido con una oferta propia junto a Adecoagro. Proteinsa, sin embargo, nunca logró hacerse cargo por completo de la operación, y recién en 2018 —dos años después de la adjudicación— GTA asumió el control operativo de la planta, con el aval del gobierno nacional. En esa etapa, el entonces presidente Mauricio Macri definió a Cresta Roja como “un ejemplo de fábrica”.

Fue en ese contexto que, en marzo de 2018, GTA asumió el rol de garante de Wade S.A. para la adquisición de las unidades productivas surgidas de la quiebra de Rasic Hnos. y Proteinsa, por un monto contractual global de 80 millones de dólares. Según el expediente, esa garantía derivó en desembolsos extraordinarios no previstos por más de USD 25 millones en capital de trabajo para reequipar instalaciones y sostener la operación, lo que absorbió liquidez clave del giro ordinario de GTA. En junio, un plan de reestructuración elaborado por el banco de inversión VALO había cifrado la deuda total del grupo en USD 350,9 millones, con un saldo pendiente con Proteinsa aún por determinar.

Granja Tres Arroyos es comandada por Joaquín De Grazia, hijo de Gaspar De Grazia, el inmigrante italiano que fundó la compañía en la década de 1930 y vendía pollos por las calles de Buenos Aires junto a su hermano. Desde 2022, el 34% del capital de la empresa pertenece a la estadounidense Tyson Foods. En medio de la crisis actual circularon versiones sobre una posible compra del paquete accionario completo por parte de la compañía norteamericana, aunque hasta el momento no hubo precisiones oficiales al respecto.

De hecho, el expediente cierra su argumentación con una apelación a esa trayectoria de más de cinco décadas. “La antigüedad de este entramado productivo, fruto de más de cinco décadas de desarrollo ininterrumpido, constituyen un activo de significativa relevancia económica y social cuya preservación, mediante la reestructuración que se propicia, constituye uno de los objetivos centrales del presente proceso concursal”, sostiene el documento. Y agrega que “el concurso preventivo resulta la única vía legal para reestructurar el pasivo de forma ordenada, proteger más de 1.700 puestos de trabajo directos de GTA y asegurar la continuidad de la empresa en marcha”.

El Sistema de Evaluación de Riesgo Financiero (SERF) de Fidelitas marcó 38,3 puntos en agosto, tras una baja mensual de 6,9 puntos, y ubicó el escenario empresario dentro de la categoría de “Riesgo Elevado”. El dato coincidió con un alza de la cantidad de firmas con pagos irregulares, que llegó a 57.045 en julio.

El informe de la compañía, publicado en septiembre y fechado en Buenos Aires el 15 de septiembre de 2026, señaló que el indicador pasó de los 45,2 puntos de julio a 38,3 en agosto. El descenso desplazó al SERF desde la categoría “Señales Mixtas” y reflejó mayores exigencias para las empresas y sus cadenas de valor.

El SERF bajó a 38,3 puntos y pasó a Riesgo Elevado

El reporte evaluó la actividad, el crédito y la morosidad como componentes de un contexto más exigente. Félix El Idd, CEO de Fidelitas, afirmó: “El indicador muestra que la estabilización de algunas variables macroeconómicas todavía no logra traducirse en una mejora generalizada de las condiciones en las que operan las empresas”.

El directivo ubicó la principal fragilidad en el crédito. “El Índice de Riesgo Crediticio descendió hasta 17,8 puntos, reflejando dificultades de pago que restringen la capacidad del financiamiento para impulsar ventas e inversión”, explicó. Según la empresa, el endeudamiento a través de préstamos continuó en niveles bajos y la mora se mantuvo elevada, con especial incidencia entre las firmas.

El documento difundido en septiembre indicó que “la estabilización de precios todavía no se traduce en una mejora de la capacidad de pago ni en una recuperación expansiva de la economía”. También planteó que el contexto obliga a las compañías a priorizar cobranzas, liquidez y una selección más cuidadosa del riesgo comercial.

Las firmas con pagos irregulares llegaron a 57.045 en julio

La cantidad de empresas en mora alcanzó las 57.045 en julio de 2026. Esa cifra equivale a casi el 12% de las aproximadamente 480.000 empresas activas y representó una suba interanual de 56,5%, según los datos informados por Fidelitas.

Entre enero y julio, el número de organizaciones con situación irregular aumentó 18,7%. La comparación sectorial mostró que Servicios concentró 25.308 empresas morosas en julio, frente a 22.098 en enero y 13.960 en enero de 2025. Comercio reunió 15.718, luego de registrar 12.511 a comienzos de 2026 y 6.541 un año antes.

Agropecuaria sumó 5.273 casos en julio, Manufactura alcanzó 5.080 y Constructora contabilizó 4.759. El sector financiero registró 185 organizaciones con pagos irregulares; Industrial, 81; y el grupo “Otra”, 641. Servicios y Comercio concentraron juntos el 71,9% de la morosidad empresarial total.

La variación entre enero y julio fue de 14,5% en Servicios, 25,6% en Comercio, 18,8% en Agropecuaria y 24,4% en Manufactura. Constructora aumentó 13,7%, mientras que Financiero descendió 5,1%. Industrial creció 3,8% y “Otra” avanzó 30,8%, la mayor variación porcentual de la tabla.

En la comparación interanual por actividad, el informe señaló incrementos de 78% en Comercio, de 76,3% en Manufactura y de 65,6% en Agropecuario. El documento vinculó la evolución del crédito con el crecimiento de la morosidad.

La industria cayó 4,9% interanual durante julio

La actividad manufacturera figuró entre los factores que incidieron sobre el indicador. La producción industrial descendió 4,9% interanual en julio y acumuló una contracción de 2,6% entre enero y julio de 2026. En la medición desestacionalizada, retrocedió 5% respecto de junio.

Doce de las 16 divisiones manufactureras anotaron bajas interanuales. Los descensos se concentraron en bienes durables y de capital. Maquinaria y equipo cayó 26,7%, con una retracción de 46,6% en maquinaria agropecuaria, que incluye tractores, cosechadoras y pulverizadoras. Los aparatos de uso doméstico bajaron 20,9%.

Otros equipos, aparatos e instrumentos retrocedieron 31,4%. Dentro de ese rubro, la electrónica de consumo se contrajo 49,8% y los equipos eléctricos disminuyeron 25%. Prendas de vestir, cuero y calzado bajaron 15,9%, mientras que el calzado cayó 26,5%.

Cuatro divisiones mostraron crecimiento en la comparación interanual: refinación de petróleo avanzó 8,1%; madera y papel, 7,1%; metálicas básicas, 1,6%; y otro equipo de transporte, 2,6%. Este último resultado tuvo impulso de las motocicletas.

El Índice de Actividad del SERF quedó en 54,2 puntos. El avance interanual de 2,7% del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de junio aportó al indicador, aunque su tendencia-ciclo permaneció prácticamente estable. Los datos preliminares del mes posterior tampoco permitieron anticipar una mejora relevante, según el reporte.

Los cheques rechazados rondaron los 80.000 por mes

La empresa también informó un nivel persistente de cheques rechazados, cercano a 80.000 mensuales. Durante los primeros ocho meses de 2026, el volumen acumulado de rechazos alcanzó una cantidad equivalente a la anotada durante los doce meses de 2025.

Fidelitas describió el efecto de esa combinación sobre la cadena de pagos: “Una empresa que demora sus obligaciones puede trasladar la presión a proveedores que hasta ese momento operaban normalmente, multiplicando el riesgo cuando varias contrapartes pertenecen al mismo sector o dependen de un mismo ciclo de demanda”.

La compañía agregó que la elección de proveedores debe contemplar distintas variables. “Hoy en día, la elección de un proveedor no solo debe incluir aspectos de calidad en el producto o servicio, equipo de profesionales o tecnología implementada, sino también solidez financiera para no estar incorporando un problema a futuro en la cadena de producción de quien hace la contratación”, explicaron desde la firma.

La diferencia entre tasas de préstamos y depósitos llegó a 65,46 puntos

El costo del financiamiento integró otro de los factores relevados. En agosto, la distancia entre la tasa efectiva anual con capitalización mensual de los préstamos personales, de 88,86%, y la de los depósitos, de 23,40%, fue de aproximadamente 65,46 puntos porcentuales.

El informe indicó que la presión se concentra en el capital de trabajo. “Cuando una compañía cobra más tarde debe financiar durante más tiempo mercadería, salarios e impuestos. Si los márgenes comerciales no compensan ese costo, un aumento de las ventas puede incluso deteriorar la posición de caja”, señaló.

También sostuvo que “el crecimiento de la facturación pierde valor cuando queda inmovilizado en cuentas por cobrar o en sobrestocks”. A esa situación sumó la evolución de los costos empresariales medidos en dólares, que comprime márgenes y deteriora la competitividad cuando no existe una mejora equivalente de productividad.

La baja de la inflación a 1,7% en agosto y el desempeño del comercio exterior fueron consignados como señales favorables, aunque el documento indicó que no compensaron la debilidad del mercado interno y el deterioro crediticio. Además, Fidelitas detectó en sus bases de datos más empresas con deudas previsionales impagas y un mayor número de sanciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“En definitiva, el desafío empresario ya no pasa solamente por vender, sino por vender cobrando, preservar liquidez y administrar cuidadosamente el riesgo de cada operación”, concluyeron desde Fidelitas.

El Gobierno enfrenta vencimientos de deuda en moneda extranjera por cerca de USD 4.000 millones en lo que resta del año. Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero y detalló las fuentes previstas para cubrir esos compromisos hasta el final del mandato de Javier Milei, el mercado sigue de cerca la evolución de las cuentas públicas para evaluar la disponibilidad de dólares. Los analistas identifican distintas fuentes que podrían aportar los recursos necesarios.

Un informe de la consultora Analytica estimó obligaciones en dólares por USD 3.826 millones entre septiembre y diciembre de 2026. El cronograma reúne pagos a acreedores privados, al Fondo Monetario Internacional (FMI), por el Bopreal -un bono que se otorgó a empresas para cancelar deuda comercial con el exterior- y a otros organismos internacionales. La atención está puesta en la capacidad del Tesoro para sostener la disponibilidad de divisas frente a esa agenda de obligaciones y en las fuentes de financiamiento que el programa oficial contempla para los próximos meses.

Este mes, los vencimientos suman USD 1.452 millones, de los cuales USD 800 millones corresponden a un pago de capital al FMI. Para octubre, noviembre y diciembre, las obligaciones son algo menor y en el acumulado de los últimos cuatro meses del año, suman un total de casi 4.000 millones de dólares.

Una cifra similar estima la consultora Eco Go. El economista Lucio Garay Méndez señaló que aún restan compromisos por USD 4.100 millones este año. Cerca de la mitad corresponde a pagos de capital e intereses al FMI, incluido un vencimiento previsto para septiembre. El resto del calendario contempla pagos puntuales a otros organismos internacionales y cupones de bonos soberanos en dólares. “El Tesoro no tiene de momento, con énfasis en esto último, un desafío en el programa financiero de dólares”, afirmó en conversación con Infobae.

La evaluación de Garay Méndez se apoya en los recursos que el Tesoro mantiene depositados y en los ingresos que el programa financiero contempla. Hasta el 10 de septiembre, el último informe monetario diario registró depósitos en moneda extranjera por USD 2.762 millones en el BCRA. El monto equivalía a $4,1 billones, con un tipo de cambio de 1.512 pesos.

Esos depósitos podrían permitir afrontar el pago próximo con el FMI, aunque la operación implicará una reducción importante de las tenencias en moneda extranjera del Tesoro. Tras ese vencimiento, la disponibilidad de dólares caerían a niveles bajos. Por eso, el seguimiento del mercado no se limita a la cifra de depósitos existente en una fecha determinada. También incluye la llegada de nuevos fondos, el resultado de las emisiones de deuda y los ingresos que el Gobierno espera obtener mediante otras operaciones incluidas en el programa financiero.

Ingresos de dólares

Entre los recursos previstos figura un desembolso pendiente del FMI por 1.000 millones de dólares. Garay Méndez indicó que ese giro debería llegar antes de fin de año. Según su análisis, la combinación entre los depósitos del Tesoro y ese desembolso permitiría cubrir la secuencia de vencimientos hasta diciembre. “Con el desembolso del Fondo que debería llegar antes de fin de año, los compromisos hasta diciembre estarían cubiertos”, sostuvo. El ingreso aparece como una fuente necesaria para recomponer la disponibilidad de divisas después del pago de septiembre.

El programa financiero que Caputo presentó a mitad de año también identificó otras alternativas para sumar dólares. Una de ellas son las colocaciones del Bonar 2029 (AO29). Hasta el momento, la Secretaría de Finanzas colocó USD 1.179 millones a través de ese instrumento. El monto total previsto para esa vía asciende a USD 2.000 millones, por lo que queda un margen de USD 821 millones para captar mediante nuevas adjudicaciones. Esos recursos se agregan al saldo depositado en el BCRA y al desembolso pendiente del FMI dentro de la estructura de financiamiento oficial.

Otra de las fuentes que contempla el plan oficial son los ingresos por privatizaciones. La previsión oficial alcanza hasta USD 800 millones por ventas de empresas estatales, con una expectativa de recursos concentrada sobre todo en el segundo semestre.

A su vez, esta semana se conoció que el equipo económico negocia una nueva garantía con el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) y otra con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La operación busca permitir el acceso a un préstamo de hasta 800 millones de dólares. Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron a Infobae las negociaciones y aseguraron que ese mecanismo siempre estuvo incluido en la hoja de ruta oficial.

El pago al Fondo previsto para septiembre será el primer movimiento de un cronograma que seguirá con compromisos en octubre, noviembre y diciembre. En ese período, el mercado observará el saldo de los depósitos del Tesoro en el BCRA, el ingreso pendiente de USD 1.000 millones del FMI, las nuevas colocaciones del Bonar 2029, los recursos asociados a las privatizaciones y el avance de la negociación con Fonplata y la CAF por el crédito de hasta USD 800 millones.

La morosidad de las familias argentinas lleva más de un año y medio de crecimiento sin pausa, aunque el recorrido empezó a mostrar matices en julio. El deterioro de la cartera crediticia no avanza igual en todo el país ni de la misma manera según quién otorgue el préstamo: hay provincias donde el problema apenas roza a los hogares y otras donde alcanza a una porción amplia de los deudores, así como una brecha marcada entre lo que ocurre en los bancos y lo que sucede en el circuito de crédito no bancario.

El informe “Crédito a las familias: radiografía provincial”, elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y Eco Go a partir de datos de la Central de Deudores del BCRA, el Indec y la Cepal, permite reconstruir ese panorama con el corte de julio.

El dato que marca el mes es la contracción del crédito real. Según el informe, el financiamiento a las personas físicas alcanzó los $99,4 billones en julio, con una caída de 0,7% en términos reales respecto de junio. Ese retroceso convive con un nivel todavía superior al de un año atrás: el crédito acumula un alza de 4,7% interanual.

En paralelo, la mora total por monto continuó en ascenso. Llegó al 18,0% del crédito, 0,5 puntos porcentuales más que en junio y 10,3 puntos más que en julio de 2025. Con ese registro, acumuló 21 meses consecutivos de aumento. El deterioro también alcanza a la cantidad de personas: en julio, el 26,6% de los deudores registraba al menos un saldo irregular, 0,3 puntos porcentuales más que el mes anterior y 8,3 puntos más que un año atrás.

Frente a esa suba sostenida, el informe incorpora un indicador complementario: la mora operativa, que excluye los créditos en situación 5, la categoría de mayor irregularidad (mora superior a un año). Ese indicador se ubicó en 11,8% de la cartera y, a diferencia de la mora total, mostró una señal de moderación. Según el estudio, esa medición “sirve como un indicador más genuino de la mora al evitar los diferentes criterios de las empresas” en el tratamiento de los créditos más deteriorados, por lo que ofrece una lectura distinta sobre la evolución de la calidad de la cartera.

Qué pasó con el crédito en julio

La caída del crédito real de julio no se repartió de igual manera entre las provincias. La Pampa fue la única jurisdicción con una expansión mensual positiva, de 0,5% real, mientras que en el resto del país el crédito se contrajo. La mayor retracción del mes se dio en Chaco, con una caída de 2,1 por ciento.

La comparación interanual todavía muestra un panorama distinto. De las 24 jurisdicciones relevadas, 21 exhiben crecimiento real frente a julio de 2025 y solo tres registran caídas: La Rioja y Tierra del Fuego, con una retracción de 0,7%, y Misiones, con una baja de 0,5 por ciento. En el otro extremo, Neuquén lidera la expansión interanual con 9,3%, seguido por La Pampa (8,8%), Mendoza (8,4%) y la Ciudad de Buenos Aires (7,9%).

Por otro lado, se puede comparar el nivel de endeudamiento de las familias con el producto de cada provincia. A nivel nacional, el crédito equivale al 8,8% del Producto Bruto Interno (PBI). Ese porcentaje es más alto en Tucumán (13,5% del PBG), Catamarca (12,3%) y Formosa (11,8%)-

A esas diferencias se agregan las de penetración crediticia y deuda promedio. Mientras que a nivel nacional hay 445 deudores cada 1.000 habitantes, ese número sube a 665 en la Ciudad de Buenos Aires, 574 en Tierra del Fuego, 560 en Santa Cruz y 535 en Neuquén. La deuda promedio por deudor, de $4,8 millones a nivel país, también es más alta en esas mismas jurisdicciones: $8,6 millones en Tierra del Fuego, $7,1 millones en la Ciudad de Buenos Aires, $6,9 millones en Santa Cruz, $6,8 millones en Neuquén, $6,3 millones en La Pampa y $6,2 millones en Chubut.

La mora por provincia

El nivel de mora también presenta fuertes diferencias entre jurisdicciones, aunque con una dirección común: todas las provincias registraron un aumento tanto mensual como interanual de la mora por monto, según precisa el informe.

La Rioja concentra la mora por monto más alta del país, con 25,3% del crédito informado, seguida por Santa Cruz (23,6%) y San Luis (23,5%). En el otro extremo se ubican La Pampa (9,6%), la Ciudad de Buenos Aires (12,4%) y Entre Ríos (14,0%), las tres jurisdicciones con los niveles más bajos.

Al observar la proporción de deudores en mora, en lugar del monto adeudado, el mapa se mantiene en gran medida similar. La Rioja vuelve a encabezar el ranking, con el 36,5% de sus deudores en situación irregular, seguida por San Juan (35,6%), Catamarca (35,5%) y San Luis (34,7%). El promedio nacional de este indicador, cabe recordar, es de 26,6 por ciento.

Los créditos no bancarios

Una parte del deterioro de la cartera está asociada al tipo de otorgante. El sistema financiero concentra el 85,4% del crédito a las familias y presenta una mora del 15,8%, mientras que los proveedores no financieros de crédito (PNFC) explican el 14,6% restante, equivalente a $14,5 billones, con una mora que asciende al 31,3 por ciento.

El peso del crédito no bancario también varía mucho entre provincias. La Rioja es la jurisdicción donde más incide este segmento, con el 36% del crédito provincial canalizado a través de PNFC, seguida por Santiago del Estero y Formosa. Dentro de ese segmento, además, los niveles de mora más altos se concentran en Misiones (39,3%), San Luis (36,8%) y Chaco (35,8%), muy por encima del promedio del 31,3% que exhiben los PNFC a nivel nacional.

Este fenómeno del crédito no bancario tiene un correlato directo en un problema que excede al sistema financiero. Una informe reciente de Eco Go, señaló que el deterioro de la cartera no constituye un riesgo sistémico, en la medida en que los proveedores no financieros no captan depósitos ni intermedian el ahorro del público de la misma manera que los bancos. Sin embargo, los especialistas plantean que el problema golpea por otro canal: deteriora el balance de las familias, encarece y restringe el acceso al crédito nuevo y, en una economía donde crece el trabajo informal, termina afectando incluso la capacidad de las personas de generar ingresos, al comprometer bienes que funcionan al mismo tiempo como patrimonio familiar y como capital de trabajo.

En el otro extremo del mapa de incidencia del PNFC aparecen los distritos con mayor acceso al sistema bancario tradicional. La Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción donde este segmento tiene menor peso, con poco más del 6% del crédito provincial, seguida por porcentajes apenas superiores en La Pampa, la provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Fe y Córdoba.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los programas sociales estén provocando un mayor endeudamiento del país y respondió a las críticas de sus opositores sobre el manejo de las finanzas públicas.

Durante un acto por su segundo año de gobierno en Campeche, aseguró que los recursos destinados a los programas del Bienestar provienen de los impuestos que paga la población.

Ante más de 4 mil personas reunidas en la Concha Acústica, la mandataria federal sostuvo que el dinero recaudado por el gobierno se utiliza para atender las necesidades de la población a través de los distintos programas sociales, así como mediante obras y acciones públicas.

“Dicen que están endeudando al país, que manejan muy mal las finanzas, falso”, afirmó Sheinbaum durante su discurso, en el que defendió la política social implementada por los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

Sheinbaum defiende recursos para programas del Bienestar

La presidenta explicó que, desde su perspectiva, el mecanismo es sencillo: los impuestos que paga el pueblo de México son recaudados por el gobierno y posteriormente regresan a la población mediante los programas sociales.

“Lo que hacemos es muy sencillo, el dinero que paga de impuestos el pueblo de México se les regresa a través de los programas del bienestar”, expresó.

Sheinbaum vinculó esta política con el proyecto de transformación iniciado en 2018 durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, periodo que, dijo, marcó un cambio en la manera de utilizar los recursos públicos.

Recordó que en ese año comenzó, según su discurso, la Cuarta Transformación de la vida pública de México, con un gobierno que volvió a atender las demandas de la población.

La presidenta también retomó una expresión que había utilizado previamente para describir los programas sociales, al señalar que representan “el amor del pueblo convertido en política, en acciones de gobierno”.

“México cambió y está cambiando”, afirma la presidenta

Durante su intervención, Sheinbaum aseguró que los programas del Bienestar forman parte de una política pública que busca colocar al pueblo como prioridad en la utilización del presupuesto federal.

La presidenta contrastó esta estrategia con los gobiernos que antecedieron a la Cuarta Transformación. Aseguró que durante un periodo de 36 años, desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el de Enrique Peña Nieto, México vivió lo que calificó como una “triste noche neoliberal”.

Según Sheinbaum, durante ese periodo se vendieron empresas que pertenecían al pueblo y se permitió que una élite tuviera una influencia determinante en las decisiones del país.

Sheinbaum reivindica la Cuarta Transformación

Frente a ese escenario, la presidenta sostuvo que con la llegada de la Cuarta Transformación se modificó la orientación del presupuesto público, al enfocarlo en programas sociales, obras y acciones destinadas a la población.

Su mensaje se centró en defender la política de bienestar y responder a los cuestionamientos sobre el supuesto impacto de estos programas en las finanzas nacionales.

Sheinbaum reiteró que los apoyos sociales forman parte de una estrategia mediante la cual el dinero recaudado a través de los impuestos regresa a la población.

La mandataria federal cerró así su intervención con una defensa de los programas del Bienestar como uno de los principales ejes de la Cuarta Transformación y afirmó que México cambió y continúa cambiando mediante esta política de gobierno.

El Banco Provincia emitirá nuevos títulos de deuda en pesos y dólares bajo la modalidad dólar MEP, con el objetivo de captar fondos para ampliar los créditos productivos destinados a pymes y los préstamos de consumo para familias bonaerenses. La operación será el lunes 14 de septiembre.

Será la segunda colocación de deuda de la entidad durante este año. En la emisión anterior, concretada el 4 de junio, se adjudicaron títulos por más de USD 97 millones, un 43% por encima del objetivo previsto, tras recibir ofertas superiores a las expectativas y una amplia participación de inversores institucionales.

La licitación estará disponible entre las 10:00 y las 15:30 a través del homebanking BIP. De acuerdo con Banco Provincia, la nueva emisión busca diversificar las fuentes de financiamiento y obtener fondeo de mayor plazo en el mercado de capitales.

Dos instrumentos con plazos de 12 y 24 meses

La Clase VII estará denominada, integrada y pagadera en pesos, con un plazo de 12 meses. Devengará una tasa variable compuesta por TAMAR más un margen que se definirá en la licitación, pagará intereses trimestrales y amortizará el total del capital al vencimiento.

El monto mínimo para suscribir esta clase será de $1.000.000, con múltiplos de $1. La calificadora de riesgo Fix SCR le asignó la nota A1+ (arg).

La Clase VIII estará denominada en dólares estadounidenses bajo la modalidad dólar MEP y tendrá un plazo de 24 meses. Ofrecerá una tasa fija que se determinará en la colocación, abonará intereses semestrales y devolverá el capital íntegramente al vencimiento.

La suscripción mínima para este instrumento será de USD 1.100, con múltiplos de USD 1. Fix SCR calificó esta clase con AA (arg).

La campaña Baño de inversión, orientada a acercar estas herramientas financieras a más personas, establece que la licitación no tendrá comisión. La comisión de custodia también estará bonificada al 100% para la cartera de Individuos.

Los recursos obtenidos permitirán a la banca pública bonaerense complementar sus vías tradicionales de financiamiento. Ese fondeo se destinará a sostener la oferta de créditos para empresas, pymes, emprendimientos y consumos de los hogares de la provincia de Buenos Aires.

Cuenta comitente y caja de ahorro en dólares vinculadas

Las personas interesadas en suscribir cualquiera de los títulos deberán contar con una cuenta a la vista y una Cuenta Comitente de Títulos. La apertura de la cuenta de inversión puede realizarse desde BIP mediante la ruta.

Quienes opten por los bonos Clase VIII deberán tener, además, una caja de ahorro en dólares asociada a la cuenta comitente.

Hipotecarios

Infobae contó esta semana que el Banco Central excluyó al Banco Provincia de la primera licitación de fondos de la Anses destinados a nuevos créditos hipotecarios, al impedir la participación de entidades sujetas a un plan de regularización y saneamiento que la banca bonaerense busca cerrar desde hace al menos dos años.

La subasta movilizó 200.000 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y recibió 42 propuestas de 18 bancos por $258.640 millones. Trece entidades resultaron adjudicatarias, por un monto equivalente al 77% de las ofertas recibidas.

La restricción surgió de las reglas elaboradas por el BCRA el viernes anterior a la colocación. La norma definió como entidades elegibles a los bancos que no estén alcanzados por planes de regularización y saneamiento, no adeuden cargos previstos en la Ley 21.526 ni tengan sanciones firmes con restricciones operativas vigentes.

El Banco Provincia es la única entidad del sistema financiero incluida en un plan de regularización y saneamiento. Fuentes del sector sostuvieron que la entidad solicitó al Central, desde hace por lo menos dos años, el levantamiento de ese esquema tras cumplir los requisitos exigidos, pero el trámite nunca se concretó.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede embargar bienes heredados cuando la persona fallecida dejó deudas fiscales sin pagar. La medida no aparece de forma automática: depende del origen del adeudo, del tipo de bienes involucrados y de los plazos que marca la ley para que los herederos actúen.

Cuando un contribuyente muere, sus obligaciones con el fisco no se cancelan. El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que los créditos fiscales pendientes se integran a la masa hereditaria, por lo que los herederos reciben tanto los bienes como las deudas que haya dejado el fallecido, incluidas las de carácter tributario.

Por qué las deudas fiscales no desaparecen con la muerte

Si un adeudo con el SAT ya existía en vida del contribuyente, la autoridad conserva la facultad de continuar el cobro después del fallecimiento. Esto aplica sin importar la etapa en la que se encuentre el proceso.

Si los bienes ya estaban embargados antes de la muerte, el SAT prosigue con el remate, es decir, con la venta en subasta pública para cubrir el crédito fiscal. Si el embargo aún no se había ejecutado, la autoridad puede iniciarlo durante el proceso sucesorio, mientras los bienes todavía no pasan a propiedad definitiva de los herederos.

Durante ese periodo, quien debe responder ante el SAT es el albacea, la persona encargada de administrar el patrimonio del fallecido hasta que se reparta entre los herederos. El albacea cumple con las obligaciones fiscales pendientes utilizando los recursos de la masa hereditaria, no su propio patrimonio.

El fisco mantiene esta facultad de cobro incluso años después del deceso, siempre que el crédito fiscal continúe vigente y no se haya extinguido por falta de bienes o por prescripción.

En qué casos el SAT puede embargar bienes heredados

No todas las deudas del fallecido se heredan de la misma manera. El origen del adeudo determina si los bienes heredados pueden ser embargados.

Si la persona fallecida generaba ingresos por actividad empresarial, servicios profesionales independientes o arrendamiento de inmuebles, esas deudas fiscales sí se integran a la sucesión y deben cubrirse con los bienes heredados. En cambio, si el adeudo proviene de sueldos y salarios como trabajador subordinado, esa obligación no se transmite a los herederos.

Existe además un límite que protege a las familias: en México, la herencia se acepta a beneficio de inventario. Esto significa que los sucesores responden ante el SAT únicamente hasta donde alcance el valor de los bienes heredados, sin comprometer su patrimonio personal. Si la deuda supera el valor de los activos heredados, el fisco no puede exigir la diferencia a los familiares, quienes conservan el derecho de repudiar formalmente la herencia.

Para que el embargo proceda, el crédito fiscal debe estar determinado y notificado, y el plazo otorgado para pagarlo o garantizarlo debe haberse agotado sin que el albacea o los herederos actúen. Solo entonces el SAT puede recurrir al Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE).

Qué bienes están protegidos y cuáles pueden ser embargados

El Código Fiscal de la Federación establece un orden específico para señalar los bienes sujetos a embargo. Primero se consideran el dinero en efectivo, los metales preciosos y los depósitos bancarios. Después, acciones, bonos y créditos de fácil cobro a cargo de dependencias o empresas solventes. En tercer lugar, otros bienes muebles y, por último, los bienes inmuebles.

Entre los activos que pueden quedar sujetos a embargo se encuentran cuentas de ahorro e inversión, casas, terrenos, vehículos, joyas y derechos sobre marcas o patentes. También pueden inmovilizarse depósitos bancarios mediante un oficio dirigido directamente a la institución financiera o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La ley excluye expresamente ciertos bienes del embargo. No pueden tocarse el lecho y la vestimenta del deudor y su familia, los muebles de uso indispensable que no sean de lujo, los instrumentos y el mobiliario necesarios para ejercer una profesión u oficio, ni la maquinaria y los animales indispensables para la actividad de un negocio.

Tampoco es embargable el patrimonio de familia debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad, ni los sueldos, las pensiones, los ejidos o el derecho de usufructo. Un automóvil heredado que no tenía vínculo con una actividad empresarial, por ejemplo, no debería quedar sujeto a este procedimiento.

Paso a paso: qué hacer si el SAT reclama una deuda heredada

El trámite ante el SAT varía según exista o no un testamento, y depende de quién quede facultado para representar al fallecido ante la autoridad fiscal.

1. Identificar quién debe presentarse ante el SAT.Si el fallecido dejó testamento con un heredero designado, esa persona debe acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente (ALSC) más cercana al domicilio del fallecido. Si se nombró un albacea, o si no existe testamento y se inició un juicio sucesorio, es el albacea quien debe presentarse.

2. Reunir la documentación necesaria. El heredero debe presentar copia certificada del documento que acredite su personalidad, como la adjudicación testamentaria, junto con una identificación oficial vigente. El albacea debe mostrar el documento que lo acredite como tal, además de su identificación.

3. Solicitar información sobre los adeudos. En el módulo de atención, preferentemente con cita previa, se puede pedir el detalle de los créditos fiscales del fallecido: origen, monto y fecha de cada adeudo.

4. Hacer un inventario de bienes y deudas. Antes de aceptar o repartir la herencia, conviene que el albacea o los herederos determinen con precisión qué bienes dejó el fallecido y qué obligaciones fiscales existen, para decidir si conviene aceptar la herencia o repudiarla.

5. Pagar o garantizar el adeudo dentro del plazo. Una vez notificado el crédito fiscal, existe un plazo definido para cubrirlo o garantizarlo. Si transcurre sin que se realice ninguna acción, el SAT inicia el proceso de cobro forzoso.

6. Evitar el embargo mediante una garantía. Ofrecer una garantía suficiente ante el SAT permite suspender el Procedimiento Administrativo de Ejecución mientras se negocia, aclara o impugna el crédito fiscal.

7. Buscar orientación en caso de conflicto. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) puede auxiliar a los herederos cuando exista una controversia sobre el embargo o el monto del adeudo determinado por el SAT.

8. Separar los bienes personales de los del negocio. Cuando el fallecido tenía actividad empresarial, es recomendable diferenciar los bienes vinculados al negocio de los bienes personales de los herederos, para evitar que el embargo se extienda más allá de lo necesario.

Cuando el fallecido solo generaba ingresos por sueldos y salarios como trabajador subordinado, o por honorarios como prestador de servicios independientes, cualquier familiar u otra persona interesada puede solicitar directamente al SAT información sobre sus adeudos, sin necesidad de acreditar el carácter de heredero o albacea.

Qué ocurre si nadie reclama la herencia

Existe un escenario distinto al embargo fiscal, aunque también implica que el patrimonio termine en manos del Estado: la herencia vacante. Esta figura se activa cuando, tras un proceso judicial con intervención del Ministerio Público, un juez confirma que no existe ningún heredero, ni siquiera parientes colaterales hasta el cuarto grado.

En ese caso, los bienes se declaran vacantes y se adjudican al Fisco Federal o a instituciones de asistencia social, según lo determine cada entidad. En la Ciudad de México, el artículo 1668 del Código Civil local establece que esos bienes pasan al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que los destina a asistencia social. En otros estados, el destino es el erario estatal o instituciones de beneficencia pública equivalentes.

El Código Civil Federal contempla además una figura complementaria: los bienes vacantes, aquellos inmuebles sin dueño cierto y conocido. Quien tenga noticia de su existencia puede denunciarlos ante el Ministerio Público, que evalúa si corresponde solicitar ante un juez que se declaren vacantes y se adjudiquen al Fisco Federal. Quien realiza la denuncia tiene derecho a recibir una cuarta parte del valor catastral de los bienes denunciados.

Esta situación es poco frecuente, ya que la ley contempla un abanico amplio de parientes con derecho a heredar antes de que el Estado sea considerado el último eslabón en la línea de sucesión.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión a mantener como prioridad la estabilidad de las finanzas públicas ante la presentación del Paquete Económico 2027, al considerar que México debe conservar el grado de inversión, disminuir gradualmente el déficit público y desacelerar el crecimiento de la deuda.

El organismo empresarial señaló que el objetivo debe ser construir condiciones que permitan a la economía mexicana crecer a un ritmo mayor, al tiempo que se mantiene la estabilidad económica y se generan mejores condiciones para la inversión y la creación de empleos formales.

De acuerdo con el CCE, la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal representa un avance hacia unas finanzas públicas sostenibles, aunque consideró necesario mantener una revisión técnica de las medidas planteadas y de sus posibles efectos sobre empresas, trabajadores y consumidores.

CCE pide eficiencia en el gasto público

Entre sus principales planteamientos, el sector empresarial solicitó un ejercicio eficiente del gasto público y la búsqueda de soluciones estructurales para las empresas del Estado.

El CCE sostuvo que la disciplina en el uso de los recursos públicos resulta fundamental para fortalecer la posición financiera del país y generar confianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros.

También pidió avanzar en una estrategia que permita ampliar la base de contribuyentes, fortalecer la formalidad y combatir la evasión fiscal, además de enfrentar las redes relacionadas con la facturación falsa.

En este sentido, el organismo consideró que la prioridad debe ser que quienes actualmente no cumplen con sus obligaciones fiscales paguen los impuestos que les corresponden, en lugar de concentrar mayores cargas sobre los contribuyentes que ya se encuentran dentro de la formalidad.

Empresarios piden reglas claras para invertir

En materia de ingresos, el CCE consideró positivo mantener el diálogo técnico con las autoridades para evaluar el impacto de las medidas propuestas y, en su caso, realizar los ajustes necesarios para procurar que sus efectos sean equitativos.

Al mismo tiempo, el sector privado planteó que para impulsar la inversión y el crecimiento económico se requieren reglas claras, seguridad y certidumbre fiscal.

El acceso suficiente a energía y agua también fue señalado como una condición indispensable para atraer nuevas inversiones y permitir la expansión de empresas ya establecidas en México.

El organismo empresarial destacó que estas condiciones son especialmente relevantes para mantener la llegada de capital nacional y extranjero en un entorno económico internacional complejo.

PyMEs, una pieza clave para el empleo

El CCE también reconoció los incentivos contemplados para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), al considerar que representan un componente fundamental de la actividad económica del país.

El sector empresarial destacó que las PyMEs generan alrededor del 70% del empleo en México, por lo que cualquier política económica debe considerar mecanismos que favorezcan su crecimiento, formalización y permanencia.

Asimismo, el CCE valoró el acuerdo para mantener un diálogo permanente con el Gobierno Federal y evaluar los posibles efectos del Paquete Económico 2027.

Para ello, propuso utilizar un mecanismo formal de seguimiento que permita analizar los resultados de las medidas y plantear modificaciones cuando sean necesarias.

CCE busca acuerdo con Gobierno Federal

El Consejo Coordinador Empresarial sostuvo que existe un objetivo compartido entre el Gobierno y el sector privado: aumentar el crecimiento económico y proteger el bienestar de los mexicanos.

Para lograrlo, consideró necesario mantener como prioridades el gasto social en áreas como salud y educación, además de fortalecer la inversión en infraestructura.

Finalmente, el organismo empresarial señaló que la construcción de acuerdos entre el Gobierno y el sector privado envía una señal positiva tanto dentro como fuera de México.

A su juicio, mantener este entendimiento demuestra que el país puede generar consensos y actuar con responsabilidad frente a un escenario económico complejo, al mismo tiempo que busca preservar la estabilidad, atraer inversión y crear más empleos formales.

El problema de los altos niveles de morosidad no es nuevo, pero hay múltiples aristas que se pueden analizar para entender mejor el origen de los endeudamientos. En este caso, un simple análisis de las tasas de endeudamiento por género y rango etario permite entender que algunas de las situaciones más graves se concentran en mujeres jóvenes, de menos de 25 años. Se trata de un grupo de la población particularmente afectado por la informalidad laboral, la brecha de género y los bajos ingresos.

Un informe elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad a partir de su Mapa de la Deuda, con información actualizada a julio de este año, permite dimensionar el nivel de incumplimiento que registra ese segmento en cada provincia del país y en los municipios bonaerenses donde el problema resulta más agudo.

En el total del país, la tasa de morosidad de las mujeres de hasta 25 años se ubicó en 38,25%, considerando topo tipo de entidades financieras. El universo de deudoras de esa franja etaria alcanza las 784.172 personas, de las cuales 311.087 registran atrasos en sus pagos. La deuda promedio de ese grupo es de $1.020.000, mientras que entre quienes están en mora ese monto asciende a 987.660 pesos.

Los hombres de ese mismo rango etario también tienen una tasa de morosidad alta, pero inferior a la de las mujeres (37,1% en el total nacional). En otros grupos de edades las tasas son sensiblemente menores y el promedio total nacional de ese mes fue de 17,94%, según la información publicada.

Las provincias con mayor morosidad femenina

Considerando siempre a las mujeres de menos de 25 años, San Luis encabeza el ranking provincial de endeudamiento, con una tasa de morosidad del 46,35 por ciento. Le siguen Chaco, con 43,73%, y Catamarca, con 42,83 por ciento. Más atrás se ubican San Juan, con 42,29%, y La Rioja y Corrientes, ambas con 41,94%.

Otras provincias con niveles por encima del promedio nacional son Santa Cruz, con 41,67%; Buenos Aires, con 40,47% y Chubut, con 39,95 por ciento. En tanto, los valores más bajos del país corresponden a La Pampa, con 31,65%, y Neuquén, con 30,03 por ciento.

Los municipios bonaerenses más golpeados

Si bien Buenos Aires tiene una tasa de morosidad de 40,47% entre las mujeres de menos de 25 años, algunos partidos muestran una situación mucho más grave. Pila encabeza esa lista, con una tasa de 65,18 por ciento. Le siguen General Lavalle, con 63,53%, y Castelli, con 62,06% en julio. Más atrás aparecen Tordillo, con 55,53%; Pellegrini, con 51,16%; Puán, con 51,09%, y Alberti, con 50,08%, por citar algunos ejemplos.

Estos partidos comparten algunas condiciones en particular. En general se trata de municipios chicos, con poca población y, por tanto, con pocas deudas en términos absolutos. Es decir, las tasas de morosidad son extremadamente altas, pero en la realidad son pocas decenas de mujeres las que conforman esos porcentajes.

Más allá de esto, hay otros datos que sí son preocupantes. En Pila, por ejemplo, la deuda promedio de las mujeres de hasta 25 años es de $1.750.000, un monto que supera ampliamente los $987.660 de deuda promedio del total general de ese rango etario. Pasa lo mismo en otros partidos. En Castelli, la deuda promedio se ubica en $1.680.000 y la deuda en mora promedio alcanza los $3.380.000, uno de los niveles más altos entre los casos relevados.

Una porción chica, pero con tasas alarmantes

Ahora bien, el peso de las mujeres menores de 25 años dentro del total de la deuda de los hogares resulta acotado. Entre las 311.087 mujeres de esa edad que se encuentran en una situación de morosidad, la deuda en mora asciende a $307.248 millones, lo que representa apenas el 1,78% de la deuda en mora total de Argentina, que en julio fue de $17,23 billones.

Eso no quita, por supuesto, que se trata de un problema preocupante. Un informe de la consultora Econviews, que analizó el perfil de los deudores del sistema, señaló que la deuda mediana de los menores de 25 años es de $280.000, frente a más de $1.500.000 entre quienes tienen 35 años o más. Según la consultora, se trata de personas con montos chicos, mientras que el grueso del dinero en mora se concentra en las edades intermedias.

Esa combinación entre bajo peso relativo y alta incidencia también aparece en otros indicadores. La consultora sostuvo que los jóvenes entran en mora 3,6 veces más rápido que los mayores de 65 años y que, cuando caen, lo hacen de manera más completa: el 82% de los morosos menores de 25 años tiene todas sus deudas atrasadas, contra el 46% en el caso de los deudores de mayor edad. De esta manera, aunque el monto individual de la deuda es bajo, la proporción de mujeres jóvenes que no logra cumplir con sus pagos se mantiene en niveles altos en todo el país.

Econviews también destacó el rol del crédito no bancario en el crecimiento de la morosidad. Ese segmento explica menos del 10% del financiamiento total, pero concentra más de una cuarta parte de los pesos en mora y una cantidad de deudores en mora superior a la de los bancos, debido a que se trata de préstamos de montos chicos otorgados a un número mayor de personas. Dentro de ese universo, las fintech aparecen con frecuencia entre los nuevos morosos, aunque su mora por persona resulta más baja que la del resto del crédito no bancario.

Si te has preguntado ¿Qué pasa si un acreditado de Infonavit deja de pagar su crédito? es importante saber que el instituto inicia primero procedimientos de cobranza administrativa y solo tras un incumplimiento prolongado —generalmente superior a doce meses sin acuerdo posible— puede iniciar un juicio especial de adjudicación ante juzgados civiles, con base en el artículo 49 de la Ley del Infonavit. El proceso no es automático ni inmediato.

Pese a que la cartera vencida bajó 5,669 millones de pesos frente a marzo, el propio instituto reconoce que la reducción no responde a un mayor cumplimiento de pago, sino a la condonación de adeudos, la disminución del saldo o la rebaja en la tasa de interés aplicadas a través de sus programas de apoyo.

Magnitud de la morosidad en el instituto

La cartera vencida del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) llegó a 404,511 millones de pesos al cierre de junio de 2026, de acuerdo con información obtenida mediante solicitudes de transparencia y los estados financieros del instituto. La cifra equivale al 21.07% de su saldo total de crédito, frente al 21.21% reportado tres meses antes.

El monto duplica la morosidad de toda la banca comercial mexicana, que registra 193,161 millones de pesos en cartera vencida —un índice de 2.3%—, según el informe de agosto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El número de créditos en mora pasó de 907,850 casos en marzo de este año a 970,155 al cierre de junio, un incremento de 62,305 expedientes. Se trata de cuentas que fueron reestructuradas pero que volvieron a caer en impago, lo que refleja que la baja en el monto total de la deuda convive con un aumento en la cantidad de acreditados afectados.

El programa Infonavit Solución Integral y otros esquemas del instituto

Entre 2025 y 2026, el programa Infonavit Solución Integral reestructuró a la baja 4,436,481 créditos, por un monto de 313,879.6 millones de pesos. Este esquema, vigente desde el 31 de diciembre de 2025, está dirigido a quienes contrataron un crédito hipotecario antes de mayo de 2021, cuando los financiamientos se denominaban en Veces Salario Mínimo (VSM) o Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La bolsa de apoyos se distribuye así:

42,291 millones de pesos condonados tras la cancelación de 242,395 créditos.

157,741 millones de pesos en descuentos directos al saldo final, aplicados a 1,088,000 acreditados.

113,847 millones de pesos derivados de la reducción en tasas de interés para 3,106,000 deudores.

Solución Integral convierte el saldo de VSM o UMA a pesos, a tasa fija, con descuento sobre el capital y reducción de la cuota mensual. El programa es gratuito y no exige trámite: si el acreditado califica, el sistema muestra un aviso en la sección “Mi Crédito” de la plataforma Mi Cuenta Infonavit.

El esquema no aplica en los siguientes casos:

Créditos contratados después de mayo de 2021 (ya están en pesos a tasa fija).

Créditos en proceso de adjudicación o ya cancelados.

Créditos coparticipados, bursatilizados o fideicomitidos.

Etapas del proceso ante el impago

De acuerdo con el marco legal del instituto, el camino hacia una eventual pérdida de la vivienda atraviesa fases diferenciadas:

Primeros meses de atraso (1 a 3 meses):

Llamadas telefónicas de recordatorio.

Mensajes de texto y correos con notificaciones de pago.

Cartas de requerimiento al domicilio.

Registro negativo en el Buró de Crédito.

Atraso prolongado (4 a 12 meses):

Visitas domiciliarias de gestores de cobranza.

Notificaciones formales sobre posibles acciones legales.

Ofrecimiento de programas de reestructura o prórroga.

Actualización constante en Buró de Crédito.

Procedimiento judicial (después de 12 meses o más):

Demanda de adjudicación presentada por Infonavit.

Emplazamiento al deudor.

Período para contestar la demanda.

Audiencia de pruebas y alegatos.

Sentencia judicial y, de proceder, ejecución con desalojo.

El juicio de adjudicación es un procedimiento sumario: no requiere remate, ya que el instituto puede adjudicarse directamente el inmueble. Se fundamenta en los artículos 41 al 51 de la Ley del Infonavit.

Derechos del acreditado y postura del instituto sobre desalojos

Durante el proceso judicial, el acreditado conserva derechos que puede ejercer:

Ser notificado de todas las actuaciones judiciales.

Contestar la demanda y presentar pruebas.

Ofrecer el pago total del adeudo antes de la sentencia definitiva.

Recibir asesoría legal gratuita a través de la Defensoría Pública.

El 16 de junio de 2025, la dirección del Infonavit informó la existencia de 843,000 viviendas adquiridas sin cubrir su pago, de las cuales 145,000 se encuentran habitadas o invadidas. El instituto precisó entonces que no se ejecutarán lanzamientos ni desalojos.

Aunque el instituto tiene capacidad legal para embargar una propiedad, su política es evitar los desalojos. Mientras el acreditado realice pagos parciales o mantenga contacto con Infonavit, el embargo resulta altamente improbable.

Qué hacer si se acumulan atrasos en el pago

El instituto ofrece varios canales oficiales y gratuitos para quienes enfrentan dificultades de pago. Entre las opciones disponibles:

Prórroga por desempleo:

Aplica de forma automática si el acreditado dejó de cotizar y tiene meses disponibles.

Desde la reforma de abril de 2025, no genera intereses durante su vigencia.

Es acumulable hasta por 24 meses durante la vida del crédito.

Se solicita a través de Mi Cuenta Infonavit o llamando a Infonatel al 800 008 3900.

Nivela tu Pago:

Ofrece un descuento de entre 25% y 75% en la mensualidad durante 12 meses.

Requiere haber pagado al menos 12 mensualidades completas desde el inicio del crédito.

No debe haber más de 12 mensualidades pendientes de pago.

Se solicita en Mi Cuenta Infonavit, en la app móvil o en un Centro de Servicio Infonavit (Cesi).

Borrón y Cuenta Nueva por Convenio Privado:

Aplica si el crédito no se encuentra en proceso jurídico por falta de pago.

Exige no contar con otra reestructura vigente.

El crédito debe liquidarse en el plazo acordado en el contrato inicial.

Puede solicitarse hasta dos veces al año.

Documentación general requerida en trámites presenciales:

Número de crédito o Número de Seguridad Social (NSS).

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses.

La recomendación central para quienes enfrentan atrasos es no dejar acumular meses sin avisar al instituto. Los trámites de prórroga y reestructura son gratuitos, y cualquier gestor externo que cobre por “arreglar” o “condonar” una deuda con Infonavit constituye una señal de alerta ante posibles fraudes.

“España mantiene el pulso de crecimiento y eso apunta al 2,6% que hemos previsto de cara al conjunto del año”. Las palabras pronunciadas el pasado lunes por el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reflejan el buen momento que atraviesa la economía española, que acumula tres años consecutivos liderando el crecimiento entre las grandes economías del mundo.

Sin embargo, este escenario favorable empieza a verse amenazado por dos factores que pueden poner a prueba la fortaleza del ciclo expansivo: el repunte de la inflación, impulsado por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio y la escalada de los precios energéticos, y el aumento del coste de financiación de la deuda pública. Según previsiones de Funcas, la factura de los intereses de la deuda española aumentará cerca de un 50% hasta 2030.

Por el momento, los principales indicadores de actividad y empleo mantienen el tono positivo y confirman que el ciclo expansivo conserva buena parte de su impulso. El turismo, la construcción y, sobre todo, los servicios continúan sosteniendo la actividad, mientras la industria permanece rezagada. Sin embargo, detrás de esta fortaleza empiezan a acumularse señales de alerta que podrían condicionar la evolución de los próximos meses.

La inflación se disparada

La principal amenaza llega de la inflación. El índice de precios de consumo (IPC) registró en agosto un incremento interanual del 4,3%, mientras que en términos armonizados alcanzó el 4,5%. La cifra contrasta con el 3,3% registrado en el conjunto de la eurozona y amplía una brecha que España ya había comenzado a experimentar durante la recuperación. Aunque el repunte de los precios afecta también a otras economías del euro, el diferencial español se ha ensanchado.

A la presión inflacionista se suma un segundo problema que va a más: el coste de financiar la deuda pública. Los mercados internacionales han comenzado a exigir mayores rentabilidades por los bonos soberanos, en un contexto marcado por el aumento de los déficits, las necesidades de inversión, el gasto militar y el envejecimiento de la población. España no queda al margen de esta tendencia y el rendimiento de su bono a diez años ha superado el 3,8%, alrededor de medio punto más que a comienzos de año, aunque la prima de riesgo continúa en niveles reducidos.

Todo ello hace que el escenario por el que transita la economía española muestre una dualidad. Por un lado mantiene la velocidad suficiente para evitar un frenazo brusco, pero los factores que alimentan el crecimiento conviven con otros que amenazan con hacerlo más costoso y menos sostenible. La inflación energética, el endurecimiento financiero y el aumento de los intereses de la deuda dibujan un horizonte en el que las administraciones tendrán menos margen de maniobra para responder ante nuevas crisis.

La subida de precios puede impactar en el consumo

El repunte de la inflación tiene un componente energético. El prolongado bloqueo del estrecho de Ormuz ha tensionado los mercados de hidrocarburos y ha provocado una nueva oleada inflacionista en España. El gasoil, la gasolina, la electricidad, los transportes y los costes de las empresas han subido. El problema, a juicio de los analistas de Funcas, es que cuanto más tiempo permanece elevada la inflación, más difícil resultará considerarla un fenómeno pasajero.

Esta persistencia puede tener consecuencias directas sobre el consumo. Los salarios pactados en convenio avanzan alrededor de un 3% de media, un ritmo inferior al de los precios. En este contexto, la pérdida de poder adquisitivo puede llevar a los hogares a contener sus compras y a reducir el ahorro que permitió mantener el gasto durante las primeras fases de la crisis energética. Si cambia esa percepción de transitoriedad, el consumo podría convertirse en uno de los principales frenos del crecimiento, señalan los analistas.

Más subidas de tipos de interés

La escalada de la inflación ya ha impulsado al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés. Tras el primer ajuste realizado en julio, que colocó el precio del dinero en el 2,25%, el mercado descuenta una nueva subida de 25 puntos básicos en la reunión que hoy, 10 de septiembre, va a mantener el Consejo de Gobierno del eurobanco. Esta previsión ya ha provocado una subida del euríbor que en septiembre ya supera el 3,1% y que ha provocado un encarecimiento de las cuotas de las hipotecas cercano a los 1.000 euros de media.

El problema no se limita a las familias. Unos tipos más elevados encarecen también los préstamos a las empresas y pueden frenar la inversión. Las pequeñas compañías, más dependientes del crédito bancario, son especialmente vulnerables a este cambio de condiciones. La economía española tiene solidez para absorber el golpe, pero la capacidad de maniobra se reducirá si la inflación permanece elevada durante más tiempo, advierten desde Funcas.

La factura de la deuda se encarece

La otra gran señal de alerta procede de los mercados de deuda. El rendimiento del bono estadounidense a diez años se ha disparado hasta situarse cerca del 5%, mientras el alemán ronda el 3,5%. España sigue la misma tendencia y la cotización de su bono a diez años supera el 3,8%, medio punto más que a inicios de año. Sin embargo, la prima de riesgo permanece en niveles reducidos.

La tendencia al alza de la deuda pública no se debe solo al repunte de los precios y la perspectiva nuevas subidas de tipos de interés por parte del BCE. “También contribuye la sensación de incapacidad de los gobiernos para contener el deterioro de los desequilibrios presupuestarios y prevenir una acumulación insostenible de deuda”, afirman los expertos de Funcas.

Subrayan que lo que está en el fondo de este sentimiento de los inversores es, por una parte, “la presión sobre el gasto provocada por los programas de rearme, las ayudas para paliar los efectos de los conflictos geopolíticos y el coste del envejecimiento, cada vez más visible. Y, por otra parte, la dificultad para generar ingresos suficientes para financiar ese gasto”.

Esto se traduce en un fuerte encarecimiento de los costes financieros que deberán asumir los Estados en los próximos años. Respecto a España, desde Funcas prevén un incremento del gasto en intereses cercano al 50 % entre 2025 y 2030 debido a la subida de tipos de interés y la necesidad de refinanciar deuda que fue emitida a tipos de interés muy reducidos durante la época de la expansión cuantitativa.

57.000 millones de euros en intereses para 2030

Si los tipos se mantienen en los mismos niveles que en 2025 (en torno al 3,2 % los de largo plazo y el 2,2 % los de corto plazo), los pagos por intereses se situarían en 2030 en unos 57.000 millones de euros, es decir, 17.000 millones más que en 2025, calculan los analistas.

En torno a la mitad de dicho incremento, algo más de 8.000 millones, serían los intereses por pagar por la nueva deuda que se emitirá, como consecuencia de los déficits esperados para los próximos años, y la otra mitad sería consecuencia de la refinanciación de la deuda que vencerá a lo largo de ese periodo a tipos de interés superiores a los que fue emitida.

“Si a ello sumamos la subida de los tipos de interés —en torno a medio punto en relación con 2025, mantenido a lo largo de todo el periodo—, la factura por intereses se elevaría en unos 3.600 millones más en 2030, hasta situarse algo por encima de los 60.000 millones de euros”, cifran los economistas de Funcas. Consideran que en este escenario el principal desafío para España ahora es que aproveche el actual el ciclo expansivo para generar margen de maniobra y así reducir la vulnerabilidad ante futuros shocks.

Granja Tres Arroyos, la empresa que supo ser la mayor avícola de la Argentina, pidió este miércoles la apertura de su concurso preventivo, una herramienta judicial que utilizará para reorganizar sus pasivos, según pudo confirmar Infobae con más de una fuente al tanto de las negociaciones de la compañía.

El proceso concursal formal está encabezado por Wade, una de las sociedades que integra del grupo empresario que controla la familia De Grazia.

La medida formaliza ante el ámbito judicial una reestructuración que la avícola lleva meses intentando resolver en forma privada. La compañía arrastra una deuda estimada en USD 350,9 millones y venía negociando con sus acreedores con la asistencia del banco de inversión VALO un esquema que contemplaba quitas de hasta el 75% del capital adeudado y plazos de pago de hasta siete años, además de la venta de activos no estratégicos. Sin embargo, la sucesión de cierres, suspensiones y despidos en sus plantas evidenció que la situación operativa continuó deteriorándose mientras esas conversaciones avanzaban.

La empresa acumula cerca de 1.730 despidos desde el inicio del conflicto

Desde que comenzó la crisis, a fines de 2024, el total de trabajadores desvinculados en las distintas plantas del grupo se acerca a los 1.730 casos, aunque la cifra todavía no está cerrada porque resta consolidar el detalle por establecimiento, según fuentes cercanas a las compañías.

La crisis se profundizó a fines de agosto con la paralización de la planta de Capitán Sarmiento, una de las instalaciones históricas del grupo y el corazón productivo de una ciudad bonaerense de apenas 15.000 habitantes. La empresa comunicó al personal que las operaciones quedaban suspendidas “hasta nuevo aviso” y pidió a los trabajadores que no concurrieran a sus puestos. En los días siguientes llegaron más de 700 telegramas de despido: 554 correspondieron a empleados de Capitán Sarmiento y otros 150 a trabajadores de localidades aledañas.

La empresa atribuyó la medida a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor”. Muchos de los despedidos llevaban más de 20 años en la compañía.

El alcance de los últimos despidos también abarcó a 50 empleados de la planta de Pilar y a 450 de la planta de Esteban Echeverría. Otras plantas del grupo habían sido alcanzadas previamente: en julio, la planta Avex en Río Cuarto, Córdoba, dejó de operar con unos 350 trabajadores involucrados; en agosto, la planta Pinazo, en Pilar, suspendió a la totalidad de su personal; y en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, se produjeron alrededor de 250 despidos adicionales.

El gobierno bonaerense dictó la conciliación obligatoria

Ante el avance de los despidos, el Ministerio de Trabajo bonaerense dispuso la conciliación obligatoria por 15 días hábiles y ordenó la reincorporación de los 1.200 trabajadores desvinculados en los últimos tramos del conflicto. La medida, que puede extenderse por otros cinco días, busca abrir una instancia de diálogo entre las empresas y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (Steapba). Sin embargo, Granja Tres Arroyos no acató la conciliación.

En la audiencia participaron representantes de las compañías, del gremio y de las autoridades provinciales, junto con el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción, Ariel Aguilar; la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; y Alejandro Bonomo, en representación del municipio de Esteban Echeverría. Las partes acordaron la entrega de 1.000 cajones de pollo para los trabajadores afectados y un pago a cuenta para la semana siguiente.

Capitán Sarmiento, una ciudad en estado de shock

En Capitán Sarmiento, el impacto social del conflicto es difícil de dimensionar. Uno de cada diez empleos en la ciudad dependía de la planta avícola, cuyos salarios —en promedio, unos $3 millones mensuales— generaban un fuerte derrame en comercios y servicios de la zona. Con los despidos masivos, decenas de familias enfrentan dificultades para pagar el alquiler o los servicios básicos. Trabajadores que habían llegado de otras ciudades a emplearse en la planta planean ahora su partida, y algunos chicos deberán cambiar de escuela siguiendo a sus padres en busca de trabajo.

La comunidad, sin embargo, respondió con una ola de solidaridad. El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) lleva meses entregando mercadería a quienes no cobraban sus salarios en tiempo y forma; desde el lunes comenzó además a realizar ollas populares nocturnas en su sede. Los clubes de la ciudad organizaron jornadas deportivas para recolectar alimentos, y hasta un salón de fiestas privado abrió sus puertas para recibir a cualquiera que necesite un plato de comida.

“Nos vamos a poner a disposición con todos los recursos hasta donde podamos. Estamos ayudando a la gente asistiendo con alimentos, y con la luz y el agua”, afirmó Astorino en declaraciones a Infobae. La intendenta, que responde a La Libertad Avanza, indicó que el municipio gestiona también que no se corten los servicios a quienes no pueden pagarlos y que la farmacia del hospital asista con medicación a los despedidos.

El ingreso al concurso preventivo y la posterior convocatoria de acreedores es el mecanismo por el cual una compañía con dificultades para cumplir sus compromisos busca reorganizar su situación financiera y evitar la quiebra. Para los trabajadores, la principal incógnita continúa siendo el futuro de los puestos de trabajo y el cobro de los salarios, aguinaldos e indemnizaciones pendientes —que, en algunos casos, superan los dos meses y medio de atraso—.

El proceso tiene antecedentes: en diciembre de 2024, Granja Tres Arroyos había solicitado la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, trámite que no llegó a formalizarse en el plano nacional. Desde entonces, la empresa adoptó sucesivas medidas de reducción en sus establecimientos, entre ellas el cierre de la planta de Tristán Suárez, con 200 desvinculaciones, y el cierre definitivo de la planta Becar en Concepción del Uruguay.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que el empresario Ricardo Salinas Pliego ha cumplido con los pagos mensuales establecidos en el acuerdo para liquidar la deuda fiscal de Grupo Salinas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre las publicaciones en las que el propietario de Grupo Elektra y TV Azteca asegura que ya no tiene adeudos tributarios con el Gobierno de México.

Sheinbaum aclaró que el empresario todavía se encuentra dentro de un programa de pagos a 18 meses, por lo que podrá considerar saldadas sus obligaciones una vez que cubra todas las parcialidades, siempre que no incurra en alguna nueva irregularidad fiscal.

Al explicar la situación fiscal del empresario, Claudia Sheinbaum señaló que el mecanismo acordado contempla un desembolso inicial y posteriores pagos mensuales.

“Él está pagando cada mes por lo que debía de Elektra. Entonces, se hizo un mecanismo”, respondió la presidenta.

De acuerdo con la mandataria, Salinas Pliego terminó obligado a cubrir una cantidad considerablemente mayor debido a que no pagó oportunamente lo que le correspondía durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por no pagar lo que le correspondía en el periodo del presidente López Obrador, ahora tuvo que pagar prácticamente el doble”, afirmó.

Sheinbaum mencionó una cantidad cercana a los 31 mil millones de pesos y aseguró que los recursos obtenidos mediante la recaudación fiscal se destinan principalmente al financiamiento de los Programas para el Bienestar, incluidas las becas entregadas por el Gobierno federal.

El esquema de cumplimiento, explicó, quedó dividido de la siguiente manera:

• Un primer pago realizado al formalizar el acuerdo con la autoridad fiscal.
• El resto de la cantidad distribuido en mensualidades.
• Un plazo total de 18 meses para completar el pago.
• La extinción de los adeudos una vez cubiertas todas las parcialidades, salvo que se detecten nuevas irregularidades.

Ante una pregunta directa sobre si el empresario ha respetado el calendario establecido, la presidenta respondió afirmativamente.

“Sí, ha cumplido cada mes”, confirmó Sheinbaum, antes de bromear con que el empresario probablemente respondería mediante sus redes sociales.

¿Cuál es el origen de la deuda fiscal de Ricardo Salinas Pliego?

La controversia entre las empresas de Ricardo Salinas Pliego y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se prolongó durante varios años mediante distintos litigios relacionados principalmente con créditos fiscales de Grupo Elektra.

Los adeudos derivaron de ejercicios fiscales anteriores y fueron discutidos en tribunales por las compañías del conglomerado. Después de diversas resoluciones judiciales, en enero de 2026 se anunció un acuerdo para cubrir las obligaciones pendientes.

El 29 de enero, el SAT informó que empresas de Grupo Salinas pagarían 32 mil 132 millones de pesos. Según el reporte difundido entonces, el conglomerado ingresó un primer monto de 10 mil 400.63 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, mientras que la cantidad restante se cubriría mediante 18 parcialidades.

La autoridad tributaria indicó que el convenio se realizó conforme a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales correspondientes.

Por su parte, Grupo Salinas comunicó que había decidido realizar el pago pese a mantener su desacuerdo con las determinaciones fiscales. La empresa sostuvo que buscaba cerrar el conflicto con las autoridades y aseguró que, durante las últimas dos décadas, sus compañías habían pagado más de 300 mil millones de pesos en impuestos. El conglomerado también afirmó que el acuerdo superaba los términos discutidos originalmente en 2024.

Cuando se dio a conocer el convenio, Claudia Sheinbaum calificó el pago como uno de los más grandes registrados en México para un caso de esta naturaleza. También negó que el procedimiento tuviera motivaciones políticas y aseguró que se trataba del cumplimiento de obligaciones fiscales confirmadas por instancias judiciales.

La presidenta sostuvo que la política tributaria de su gobierno busca evitar privilegios para los grandes contribuyentes y recordó que durante la administración de López Obrador se prohibió constitucionalmente la condonación de impuestos.

Este miércoles, Sheinbaum precisó que el cumplimiento total se alcanzará cuando el empresario concluya el calendario de 18 pagos mensuales. Hasta ahora, aseguró, Salinas Pliego no ha dejado de cubrir ninguna de las parcialidades pactadas.

“Al pagar los 18 meses, en efecto, ya no tiene deudas, a menos que haya alguna otra cosa, alguna irregularidad que él cometa”, puntualizó la mandataria.

La aclaración distingue entre estar al corriente con un convenio de pago y haber liquidado por completo el adeudo: aunque Salinas Pliego cumple mensualmente, el proceso permanecerá abierto hasta que termine el plazo acordado con el SAT.

El déficit del Sector Público No Financiero de Panamá llegó a $2.642 millones entre enero y julio de 2026, equivalente al 2,78% del producto interno bruto. Aunque el resultado mantiene una fuerte presión sobre las cuentas estatales, representa una reducción interanual de $313 millones, o 10,60%.

Durante los primeros siete meses de 2025, el desbalance había alcanzado $2.955 millones y representaba el 3,27% del PIB. La mejora de 0,49 puntos porcentuales estuvo acompañada por un descenso del déficit primario, que pasó de $1.261 millones a $910 millones este año.

Los ingresos totales del sector público sumaron $8.376 millones hasta julio, con un incremento interanual de $618 millones, equivalente al 8,00%. El avance estuvo impulsado principalmente por las recaudaciones del Gobierno General y por los mayores aportes recibidos por la Caja de Seguro Social.

Los ingresos corrientes del Gobierno General llegaron a $7.920 millones, unos $459 millones adicionales frente al año anterior. Dentro de ese total, el Gobierno Central aportó $4.729 millones, mientras la Caja de Seguro Social recibió $3.060 millones, un aumento del 14,10%.

El Gobierno Central también registró un comportamiento favorable en sus ingresos tributarios, que alcanzaron $3.894 millones y crecieron 5,10%. La mayor contribución provino de los impuestos indirectos, con $1.708 millones, mientras los tributos directos generaron $2.186 millones durante el periodo analizado.

Entre los principales motores de la recaudación sobresalió el impuesto a la transferencia de bienes y servicios, cuya modalidad aplicada a ventas internas aumentó $78 millones. El cobro sobre importaciones sumó $29 millones adicionales y el impuesto de inmuebles aportó otros $25 millones.

También crecieron $21 millones los ingresos por transferencia de propiedades, mientras los gravámenes selectivos sobre automóviles avanzaron $15 millones y los aplicados a cigarrillos aumentaron $11 millones. Los peajes vinculados al Canal de Panamá generaron $23 millones más que en 2025.

Ese desempeño contrastó con la caída de 10,30% registrada en los ingresos no tributarios, que quedaron en $930 millones hasta julio. La comparación estuvo afectada por recursos extraordinarios recibidos en 2025 de Tocumen, la Lotería Nacional y otros fondos, que no se repitieron con igual magnitud durante 2026.

Del otro lado de las cuentas, el gasto total del Sector Público No Financiero alcanzó $11.018 millones, un incremento interanual de 2,80%. Los desembolsos corrientes concentraron $9.004 millones, mientras la inversión y otras erogaciones de capital representaron $2.014 millones en los primeros siete meses.

El gasto corriente excluyendo intereses aumentó 4,40% y se situó en $7.272 millones, reflejando las necesidades operativas de las instituciones. La Caja de Seguro Social gastó $2.848 millones, unos $179 millones más, debido principalmente al crecimiento de las jubilaciones y pensiones pagadas a nuevos beneficiarios.

En el Gobierno Central, los servicios personales absorbieron $2,570 millones y aumentaron $131 millones. Las compras de bienes y servicios llegaron a $375 millones, mientras las transferencias bajaron 19,80%, hasta $1.810 millones, por un desembolso extraordinario realizado a la CSS durante 2025.

El servicio de la deuda continuó entre las mayores presiones. Panamá pagó $1.732 millones únicamente en intereses, un crecimiento de $38 millones. De esa suma, $1.497 millones correspondieron a obligaciones externas y $235 millones a compromisos contraídos dentro del mercado local.

Pese al mayor desembolso, el costo promedio ponderado de la deuda pública descendió desde 4,97% en diciembre de 2025 hasta 4,67% al cierre de julio de 2026. La reducción ofrece cierto alivio financiero, aunque el volumen de las obligaciones mantiene los intereses como uno de los gastos más significativos del presupuesto.

La inversión pública, en cambio, mostró una ligera contracción. Los gastos de capital del sector público bajaron $38 millones y quedaron en $2.014 millones, equivalentes al 2,12% del PIB. En el Gobierno Central alcanzaron $1.777 millones, con un crecimiento interanual moderado de $21 millones.

El balance del Gobierno Central fue más amplio que el consolidado del sector público: registró un déficit de $3.371 millones, inferior en $536 millones al observado un año antes. El resultado representó 3,54% del PIB, frente al 4,32% de julio de 2025, con una mejora de 0,77 puntos porcentuales.

Para todo 2026, el límite legal del déficit del Sector Público No Financiero es 3,5% del PIB, estimado en $95.102 millones. Esto equivale a un máximo aproximado de $3.329 millones, por lo que el desbalance acumulado hasta julio ya representa cerca del 79,4% del margen autorizado para todo el año.

En términos nominales quedarían alrededor de $686 millones antes de alcanzar ese techo, aunque la trayectoria no puede proyectarse de manera lineal. Cerca del 44,50% de los ingresos anuales suele concentrarse en el último trimestre, cuando ingresan aportes del Canal y dividendos de empresas públicas recibidos principalmente en diciembre.

Esa estacionalidad podría moderar el déficit durante el cierre del año, pero el resultado dependerá de la recaudación efectiva y del ritmo de ejecución presupuestaria. Las pensiones, la planilla, los intereses y las necesidades de inversión seguirán condicionando unas finanzas que, aunque mejoraron frente a 2025, mantienen un espacio fiscal limitado para los próximos meses.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que dedicará una conferencia matutina especial a explicar el origen, la evolución y el costo actual del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), mecanismo creado en 1990 y utilizado durante la crisis financiera de 1994-1995.

Durante la Mañanera, la mandataria afirmó que un estudio reciente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concluyó que la deuda derivada del rescate bancario difícilmente podrá liquidarse bajo el esquema vigente, debido a que los recursos destinados anualmente se concentran en cubrir intereses y no el capital.

“En realidad, pues nunca va a acabar de pagarse, porque nunca se paga el capital, solamente se paga una parte de los intereses y además otra parte se financia con deuda”, señaló Sheinbaum, quien adelantó que el secretario de Hacienda y la subsecretaria correspondiente acudirán a Palacio Nacional para exponer detalladamente el análisis.

Mañanera especial en torno al Fobaproa

La presidenta explicó que la participación de los funcionarios de Hacienda estará relacionada con la presentación del Paquete Económico y con modificaciones a distintas leyes. Además de abordar estas iniciativas, el Gobierno federal preparará una exposición específica sobre el Fobaproa, cuyas obligaciones son administradas actualmente por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Según lo adelantado por la mandataria, la presentación permitirá explicar:

• Cómo se diseñó originalmente el Fobaproa.
• De qué manera fue utilizado durante la crisis bancaria de 1994-1995.
• Cómo se transformaron sus obligaciones con la creación del IPAB.
• Cuánto se destina al pago de intereses.
• Por qué el capital no disminuye en la proporción esperada.
• Qué parte de las obligaciones se refinancia mediante nueva deuda.
• Por qué el plazo estimado alrededor de 2050 podría resultar insuficiente.

Sheinbaum sostuvo que inicialmente se calculaba que las obligaciones podrían terminar de pagarse aproximadamente en 2050. Sin embargo, advirtió que el nuevo análisis de Hacienda muestra que, con las condiciones actuales, difícilmente podrá cumplirse esa previsión.

“En una mañanera especial vamos a hablar del FOBAPROA o el IPAB (…) Ya lo vamos a explicar, que venga el secretario de Hacienda y la subsecretaria del ramo, para poder explicar claramente cómo se hizo el FOBAPROA y cómo es una deuda prácticamente impagable para las y los mexicanos", expresó.

La afirmación de que la deuda es “impagable” corresponde a la valoración política y financiera presentada por la mandataria. El estudio completo, sus proyecciones y la metodología empleada serán expuestos posteriormente por las autoridades hacendarias.

¿Qué fue el Fobaproa y por qué se convirtió en deuda pública?

El Fobaproa fue establecido en 1990, durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, antes del proceso de reprivatización bancaria. Su propósito original era funcionar como un mecanismo para atender problemas financieros extraordinarios y proteger los depósitos de los ahorradores ante una eventual insolvencia de las instituciones bancarias.

Un análisis de la Cámara de Diputados explica que fue concebido como un seguro de depósitos y operó como un fideicomiso en el que Banco de México fungía como fiduciario. Su comité técnico incluía representantes de Hacienda, Banxico y las autoridades reguladoras financieras.

El fondo adquirió una dimensión distinta después de la crisis iniciada a finales de 1994. Durante la administración del presidente Ernesto Zedillo, el Gobierno utilizó el mecanismo para absorber carteras vencidas y obligaciones de instituciones financieras, con el argumento de evitar el colapso del sistema bancario y proteger los ahorros.

En 1998, el Ejecutivo solicitó al Congreso reconocer como deuda pública directa obligaciones derivadas del rescate financiero por aproximadamente 552 mil 300 millones de pesos, de acuerdo con documentos de la Cámara de Diputados. Posteriormente fue aprobada la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que dio origen al IPAB, organismo que asumió las operaciones y pasivos vinculados al Fobaproa.

El “error de diciembre” de 1994 y su relación con el Fobaproa

El llamado “error de diciembre” se refiere a la crisis cambiaria que estalló al comienzo del gobierno de Ernesto Zedillo, después de que las autoridades modificaron la política cambiaria en diciembre de 1994. La decisión provocó una fuerte pérdida de valor del peso, salida de capitales, reducción de reservas internacionales y un aumento acelerado de las tasas de interés.

El “Informe Anual 1995 de Banco de México” documentó que la devaluación de diciembre de 1994, los bajos niveles de reservas y la movilidad de los flujos internacionales llevaron a adoptar un régimen cambiario de libre flotación.

La crisis golpeó directamente a empresas y familias que habían contratado créditos. Al dispararse las tasas de interés, aumentó la cartera vencida y numerosas personas dejaron de tener capacidad para pagar hipotecas, tarjetas y préstamos empresariales.

Al mismo tiempo, los bancos enfrentaron problemas de liquidez, capitalización y recuperación de créditos. Fue en ese escenario cuando el Fobaproa, que ya existía desde 1990, se utilizó ampliamente para intervenir instituciones y adquirir activos deteriorados. Es decir, el “error de diciembre” no creó el fondo, pero la crisis económica y bancaria posterior provocó su activación como instrumento de rescate.

El Informe Anual 1994 de Banco de México registró que la cartera vencida de la banca comercial, incluidos los intereses, pasó de 31 mil 765 millones de nuevos pesos en 1993 a 51 mil 816 millones en 1994, un crecimiento real de 44.6%.

Sheinbaum acusa que el rescate también benefició a grupos privilegiados

La presidenta indicó que la conferencia especial no se limitará a explicar el funcionamiento financiero del fondo. También se revisará quiénes recibieron apoyos y bajo qué condiciones algunas obligaciones privadas fueron trasladadas al Estado.

“Vamos a presentar cómo fue que se diseñó el Fobaproa desde su origen, cómo ha ido modificándose”, afirmó Sheinbaum. Añadió que su gobierno expondrá los casos en los que, desde su perspectiva, el mecanismo benefició a personas o empresas que no debieron ser rescatadas.

La mandataria vinculó el episodio con el modelo económico aplicado por los gobiernos del PRI y del PAN. Aseguró que el rescate bancario formó parte de una alianza política construida durante el periodo neoliberal y caracterizada, según dijo, por la defensa de intereses económicos, la corrupción y los privilegios.

Estas declaraciones surgieron después de que un reportero mencionara la reunión entre el expresidente Vicente Fox y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Sheinbaum afirmó que la colaboración entre ambas fuerzas políticas no es nueva y utilizó el caso del Fobaproa como uno de los ejemplos históricos de esa relación.

La próxima exposición de Hacienda será clave para conocer las cifras actualizadas, el costo proyectado del rescate y las razones técnicas por las que el Gobierno considera que la deuda podría no terminar de pagarse siquiera hacia 2050.

El gobierno de Chubut anunció un plan para refinanciar deudas en mora de tarjetas de crédito del Banco del Chubut con un año de gracia y hasta 72 cuotas, una medida dirigida a empleados públicos provinciales que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento, en un contexto en el que otras jurisdicciones argentinas también activaron herramientas de alivio mientras la administración nacional descarta una intervención general.

El anuncio fue realizado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, quien informó que la ampliación del Programa de Alivio Financiero incorporará ahora los saldos impagos de tarjetas emitidas por la entidad bancaria provincial. El esquema replica las condiciones ya vigentes para obligaciones con mutuales y cooperativas.

Los empleados públicos podrán refinanciar con tasa fija del 25% durante dos años

Según detalló la Provincia, quienes integran la Administración Pública Provincial podrán cancelar y reestructurar esas deudas con un año de gracia para el pago del capital, una tasa fija del 25% durante los primeros 24 meses y un plazo de hasta 72 cuotas.

“Si tenés deudas con tus tarjetas de crédito del Banco del Chubut, ahora podés refinanciarlas con las mejores condiciones del mercado: un año de gracia, una tasa fija del 25% durante los primeros 24 meses y hasta 72 cuotas”, expresó Torres en su cuenta de X.

El mandatario vinculó la nueva medida con la política de alivio financiero que la gestión provincial ya había puesto en marcha para otros pasivos. En ese sentido, sostuvo que el plan previo con mutuales y cooperativas “ya permitió aliviar la situación económica de más de 600 familias” en distintos puntos del territorio chubutense.

La provincia busca extender el alivio a otros deudores mediante una ley

En paralelo al anuncio administrativo, el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de Ley de Alivio al Sobreendeudamiento para ampliar el alcance de la asistencia más allá de los trabajadores estatales alcanzados por el programa actual.

La iniciativa está dirigida a residentes de Chubut que registren deudas en mora por tarjetas de crédito o préstamos personales con entidades financieras y cuyos ingresos familiares sean inferiores a diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. El texto también contempla otras condiciones de acceso que deberán definirse en el trámite legislativo.

Para esos casos, el proyecto prevé créditos especiales de refinanciación con una Tasa Nominal Anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses. A su vez, las entidades que adhieran podrán ofrecer condiciones más favorables, ya sea mediante una tasa menor o un período de devolución más amplio.

Otras provincias también activaron planes para deudas en mora

La decisión de Chubut se suma a una serie de medidas adoptadas en otros distritos ante el aumento de la morosidad en los hogares. En la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia puso en marcha el programa “Ponete al día”, con opciones de refinanciación para deudas en mora y plazos de hasta 72 meses, según informó Mora récord en los hogares: cuáles son los bancos públicos y las provincias que ofrecen planes de desendeudamiento.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Legislatura aprobó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal para pasivos bancarios en mora por tarjetas y préstamos personales, con una tasa nominal anual máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses, de acuerdo con Mora récord: una por una, todas las provincias que lanzaron programas para desendeudar a las familias.

También avanzaron Santa Fe, con un plan que busca que la cuota no supere el 25% de los ingresos; Corrientes, con refinanciación de tarjetas en 6 o 12 cuotas fijas; Córdoba, con esquemas de consolidación de deudas; Neuquén, con una tasa fija de hasta 35% anual; y Misiones y Jujuy, con programas focalizados en trabajadores públicos y clientes de sus bancos agentes, según consignó Morosidad récord: de Buenos Aires a Jujuy, las 12 provincias que lanzaron medidas para refinanciar deudas.

La respuesta provincial contrasta con la postura del Gobierno nacional

El despliegue de programas provinciales coincidió con una posición opuesta de la administración de Javier Milei, que rechazó la necesidad de una política pública específica frente al aumento de la mora. “Es un problema entre privados”, sostuvo el Presidente, según recogió La morosidad de las familias se cuadruplica en Argentina, pero Milei rechaza intervenir: ‘Es un problema entre privados’.

En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que “no hay que confundir la empatía con las políticas públicas”, mientras el Gobierno mantuvo su criterio de que la regularización debe resolverse entre deudores y acreedores, de acuerdo con La morosidad de las familias se cuadruplica en Argentina, pero Milei rechaza intervenir: ‘Es un problema entre privados’.

Otro reporte señaló que la Casa Rosada ratificó que no avanzará con una intervención general porque entiende que el sistema ya ofrece mecanismos de refinanciación a través del Banco de la Nación Argentina (BNA) y de acuerdos individuales con entidades financieras, según El Gobierno considera que el pico de morosidad empezó a ceder y mantiene su decisión de no intervenir.

El proyecto fija límites a descuentos sobre salarios y excluye asignaciones familiares

Como parte del esquema, el gobierno provincial propuso un incentivo fiscal para promover la adhesión de bancos y otras entidades: una reducción del 50% en la alícuota de Ingresos Brutos sobre los ingresos generados por esos créditos.

El proyecto incorpora además un mecanismo de protección salarial para los trabajadores del sector público provincial. De aprobarse, los descuentos vinculados con préstamos y otras obligaciones incluidas en la norma no podrán superar el 25% de la remuneración bruta, y después de esas deducciones cada trabajador deberá conservar al menos un ingreso equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La propuesta también establece que las asignaciones familiares quedarán excluidas de cualquier descuento y fija un tope al Costo Financiero Total de los créditos cobrados por descuento de haberes, con referencia en la tasa de préstamos personales que informa mensualmente el Banco del Chubut.

La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para avanzar con el tratamiento de los proyectos de morosidad y la emergencia en discapacidad y establecer un cronograma de dictámenes. En esta puja, los bloques disidentes a La Libertad Avanza (LLA) lograron imponerse y convocaron a una sesión para esta semana y así evitar que los proyectos queden sin tratamiento legislativo.

A solo una semana de que LLA rechazó el debate en el recinto, el bloque abrió la comisión de Finanzas que encabeza el libertario Santiago Pauli, quien recibió a los diputados con un cronograma. Pauli estableció dos reuniones informativas adicionales. La primera para mañana por la tarde, es decir un día antes de la sesión que pidió la oposición y la segunda para el miércoles de la semana que viene. Una vez concluida, el oficialismo dispuso otras dos reuniones: el 23 de septiembre y el 30 de septiembre como fecha para dictamen. Pauli señaló que se compromete a trabajar para la unificación de giros.

Sin embargo, diferentes bloques opositores rechazaron el cronograma y ratificaron la sesión para este miércoles, que no tendrá como objetivo aprobar esas iniciativas. Los bloques críticos intentarán que el pleno emplace a las comisiones y fije una fecha para tener los dictámenes sobre proyectos vinculados con la morosidad y la emergencia en discapacidad.

En este contexto, acusaron a La Libertad Avanza y los legisladores dialoguistas de intentar dilatar el tratamiento de los proyectos que buscan dar una respuesta a la problemática de la morosidad.

“Aprendieron los peores vicios de lo que denominan casta política. Esto es una maniobra para ganar tiempo”, disparó Cecilia Moreau. “Esta cámara tiene que legislar para dar una respuesta sobre una emergencia que afecta a millones de argentinos y el gobierno lo niega sistemáticamente”, agregó.

La primera respuesta llegó de la diputada ex PRO hoy LLA, Laura Rodríguez Machado, quien señaló como necesario sumar a la jornada de oradores “a los sindicalistas y las financieras”. Esto generó el primer griterío en la sala donde se destacaron las acusaciones de “seguir dilatando” el debate.

La diputada Myriam Bregman siguió en la lista de oradores y señaló que les llamaba la atención “que arranque la comisión con un cronograma que es más largo que la Copa Libertadores”. “Ratificamos la sesión del 9 de septiembre y que vengan con un cronograma que llega hasta Navidad es una tomada de pelo. Pedimos suspender los pagos, es urgente declarar la emergencia y suspender los cobros”, aseguró.

Por el tercer sector de la oposición que empuja la sesión del 9 de septiembre, Unidos, tomó la palabra el diputado Pablo Juliano, quien también calificó el llamado a esta comisión informativa y el cronograma como una “tomada de pelo”. “Hace una semana pedí tratar el tema y el oficialismo y sus socios se negaron. Y en esta discusión hay un gran ausente que es la Comisión de Defensa del Consumidor. Es un tema que no tiene una sola salida pero que es transversal”, consideró.

El diputado radical reiteró que irán al recinto. “No somos estúpidos, tenemos más de 40 proyectos. Lo que vamos a hacer el 9 de septiembre es darnos un cronograma que termine en una sesión y una sanción, no en una tomada de pelo”, afirmó.

Luego de estos primeros planteos comenzaron los oradores invitados por LLA, la UCR y el PRO que hicieron un repaso de la problemática pero no así de posibles soluciones.

El 66% de las personas que dijo haberse atrasado en pagos en medio de un récord histórico de la morosidad crediticia que afecta a casi 6 millones de usuarios de servicios financieros aseguró que dejó de pagar sus préstamos por la caída de sus ingresos. La mayoría de ellos dijo estar atrasada en los pagos de tarjetas de crédito, bancarias y no bancarias, aunque los encuestados también resaltaron la relevancia de los atrasos en el pago de servicios públicos, deudas intrafamiliares y otros rubros. Cuatro de cada 10 morosos, además, aseguraron destinar más del 40% de sus ingresos al pago de deudas.

Los números son los resultados de una encuesta de D’Alessio Irol/Berenztein sobre actualidad política que se presentaron en la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se celebra en Puerto Iguazú, Misiones.

El sondeo consultó sobre distintos aspectos vinculados a los atrasos:

• la situación frente a los pagos,
• las diferencias por nivel socioeconómico,
• la parte de los ingresos destinada a cancelar deudas,
• los acreedores,
• el tiempo de incumplimiento,
• las causas del atraso, y
• los obstáculos para volver a estar al día.

El 35% de los deudores registró al menos un pago atrasado

El primer resultado mostró que el 64% de los consultados estaba al día con todos sus pagos. El 15% indicó que tenía al menos un compromiso atrasado hace menos de 30 días, mientras que el 20% acumulaba una demora superior a 30 días.

Esto es uno de cada 5 en situación de mora según los estándares estadísticos del Banco Central. Y el 35% de los encuestados con algún nivel de atraso.

La encuesta también mostró que el problema es muy distinto según el nivel socioeconómico de cada encuestado. Mientras que sólo el 5% de los encuestados de nivel socioeconómico alto dijo tener atrasos de más de 30 días, en el nivel socioeconómico bajo esa cifra llega al 30 por ciento.

Las tarjetas concentraron el mayor porcentaje de incumplimiento

La tarjeta de crédito bancaria o no bancaria ocupó el primer lugar entre las obligaciones impagas. El 59% de los respondentes con pagos atrasados la mencionó como una de las deudas pendientes. La pregunta admitió más de una respuesta, por lo que los porcentajes expresan la presencia de cada tipo de compromiso dentro del grupo alcanzado por la mora. Pero la mora llega mucho más allá del sector financiero.

Las facturas de luz, gas, agua, telefonía o internet quedaron en segundo lugar, con el 37%. Los préstamos, adelantos o descubiertos bancarios alcanzaron el 33% de los consultados.

El 26% indicó atrasos con familiares, amigos o prestamistas particulares, una categoría que incluyó obligaciones tomadas fuera del sistema bancario formal.

El 18% de los encuestados mencionó deudas con otra billetera, aplicación o plataforma de préstamos. A su vez, el 16% tenía pagos pendientes de alquiler, expensas o vivienda. El 9% manifestó compromisos con un comercio o una casa donde compró algún producto, mientras que otro 9% incluyó otros tipos de deuda.

La antigüedad de esos atrasos mostró una distribución concentrada en los primeros 11 meses. El 29% de quienes tenían pagos pendientes indicó una demora inferior a tres meses. El 27% ubicó su atraso entre seis y 11 meses, y el 24% entre tres y seis meses.

La caída de ingresos y los aumentos de servicios

A la hora de explicar cuáles creen que fueron las causas de su imposibilidad de pagar sus deudas, los encuestados hicieron foco en la caída de sus ingresos.

La pérdida o reducción de ingresos encabezó las razones que los encuestados asociaron con el incumplimiento. El 66% dijo que perdió ingresos o sufrió caída en sus recursos en términos de poder adquisitivo, por encima de cualquier otro motivo relevado por el estudio.

El 58% mencionó aumentos en luz, cable o internet. Los gastos de salud ocuparon el tercer puesto: el 27% dijo que tuvo que afrontar ese tipo de desembolsos y que no le alcanzó para pagar la cuota. El 22% citó una emergencia o un gasto inesperado.

También surgieron otros gastos que afectaron el pago de una obligación. El 20% indicó que tuvo que pagar alquiler o expensas y no contó con dinero suficiente para la cuota.

El 15% mencionó la ayuda económica a familiares como origen de sus retrasos

El mismo porcentaje respondió que destinó recursos al pago de otra deuda.

El 15% mencionó la ayuda económica a familiares como origen de sus retrasos. Imprevistos como las reparaciones del auto o de la casa aparecieron en el 14% de las respuestas.

En los últimos lugares quedaron la compra de electrodomésticos o muebles, con el 2%, y el inicio de otro trabajo o emprendimiento, con el 1%. La compra de un auto también representó el 1% de las respuestas de quienes tenían pagos atrasados.

Creciente proporción de las cuotas en el presupuesto del hogar

La encuesta incorporó una pregunta sobre la parte del ingreso destinada al pago de deudas, con un desglose según el voto en las elecciones legislativas de 2025. En el total de la muestra, el 37% respondió que asignaba entre 41% y 50% de sus ingresos a ese fin.

El 25% dijo destinar entre 31% y 40%. El 12% ubicó esa proporción entre 21% y 30%, mientras que el 7% respondió entre 11% y 20 por ciento.

Entre los votantes de La Libertad Avanza (LLA), el 28% destinaba entre 41% y 50% de sus ingresos a los pagos de deuda. El 20% informó una proporción de entre 31% y 40%; el 15%, más de 50%; el 12%, entre 21% y 30 por ciento.

Entre los votantes de Fuerza Patria (FP), el 39% señaló que utilizaba entre 41% y 50% de sus ingresos. El 28% se ubicó en el rango de 31% a 40%, el 13% entre 21% y 30 por ciento.

Seis de cada 10 consultados no cuenta con ingresos para regularizar

La encuesta también consultó respecto a cuáles son los obstáculos que impiden regularizar deudas atrasadas hoy. En esa línea, el 60% respondió que sus ingresos no alcanzaban. El 16% explicó que debía priorizar alimentos, vivienda, salud u otros gastos básicos. El 9% sostuvo que los intereses y recargos hicieron crecer demasiado el monto adeudado.

La presentación de estos datos formó parte de la Convención Anual del IAEF en Puerto Iguazú. La encuesta reunió respuestas sobre el peso de las deudas, los atrasos, los acreedores y los motivos económicos mencionados por los consultados.

La crisis financiera y operativa que atraviesa Granja Tres Arroyos y Wade, otra empresa del mismo grupo empresario, sumó un nuevo capítulo. Fuentes cercanas a las empresas confirmaron que ambas firmas se presentarían en convocatoria de acreedores en los próximos días, mientras el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria para que se reincorporen 1.200 empleados despedidos.

El movimiento judicial se produce después de meses de dificultades financieras, conflictos laborales, cierres y suspensiones en distintas plantas del grupo. En paralelo, la cantidad de trabajadores desvinculados se acerca a los 1.730 casos acumulados en total desde el inicio del conflicto, de acuerdo con la información disponible hasta el momento.

De hecho, la cartera laboral de la provincia de Buenos Aires dispuso la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en el conflicto por los últimos 1.200 despidos en las plantas. La medida, que puede extenderse por otros cinco días, establece la reincorporación de los trabajadores desvinculados mientras avanza la negociación entre las empresas y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (Steapba).

El alcance de los despidos incluye a 700 empleados de la planta de Capitán Sarmiento, 50 de la fábrica ubicada en Pilar y 450 de la planta de Esteban Echeverría. La intervención provincial busca suspender las medidas de fuerza y abrir una instancia de diálogo para intentar preservar los puestos de trabajo.

Durante la audiencia participaron representantes de las compañías, del gremio y de las autoridades bonaerenses. También asistieron el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción, Ariel Aguilar; la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; y Alejandro Bonomo, en representación del municipio de Esteban Echeverría.

Las partes acordaron además la entrega de 1.000 cajones de pollo para los trabajadores afectados y un pago a cuenta que se hará efectivo durante la próxima semana. La próxima audiencia quedó prevista para el jueves, dentro del período de conciliación obligatoria.

La situación de Granja Tres Arroyos se agravó en los últimos días con la paralización de su planta de Capitán Sarmiento, una de las instalaciones históricas de la compañía. La empresa comunicó al personal que las operaciones quedaban suspendidas “hasta nuevo aviso” y pidió a los trabajadores que no concurrieran a sus puestos, salvo que fueran convocados expresamente por un encargado o supervisor.

Ahora, el escenario incorpora la posibilidad concreta de que tanto Wade como Granja Tres Arroyos queden bajo un proceso concursal. La convocatoria de acreedores es un mecanismo mediante el cual una empresa que enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones busca ordenar su situación financiera frente a sus acreedores y evitar, en determinadas circunstancias, una instancia de quiebra. En este caso, el eventual ingreso de ambas compañías a ese proceso se produciría después de una reestructuración que lleva meses sin alcanzar una solución definitiva.

Una crisis que impacta en el empleo

El impacto laboral es uno de los principales indicadores de la profundidad del conflicto. Según fuentes cercanas, el acumulado de despidos desde el comienzo del proceso se ubica actualmente en torno de 1.730 trabajadores, aunque el dato todavía no está cerrado porque resta determinar con precisión cómo se distribuyen las desvinculaciones entre las diferentes plantas.

La falta de un número definitivo responde, según fuentes cercanas, a que todavía no se terminó de consolidar el detalle de las desvinculaciones producidas en cada establecimiento. Lo cierto es que el proceso de reducción de personal comenzó a tomar forma con mayor intensidad después de que Granja Tres Arroyos solicitara, en diciembre de 2024, la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. Ese trámite no llegó a formalizarse a nivel nacional, pero desde entonces la empresa fue adoptando distintas medidas sobre sus establecimientos.

Uno de los primeros cierres relevantes fue el de la planta de Tristán Suárez, donde se produjeron 200 desvinculaciones sobre una dotación de 270 trabajadores. Posteriormente, la compañía anunció el cierre definitivo de la planta Becar, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y trasladó a sus trabajadores hacia la planta La China, ubicada en las inmediaciones.

A mediados de agosto, además, se conocieron alrededor de 250 despidos en una planta de Concepción del Uruguay que contaba con unos 900 empleados. Los telegramas enviados a los trabajadores invocaron “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad”.

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) cuestionó entonces las desvinculaciones y señaló que existían trabajadores con salarios atrasados.

Capitán Sarmiento, el último foco de conflicto

La situación de Capitán Sarmiento llevó la crisis a una nueva dimensión. La planta dejó de operar a partir del 31 de agosto, luego de que la compañía comunicara internamente la suspensión de las tareas productivas.

La empresa atribuyó la medida a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento”. El comunicado no estableció una fecha para el regreso de las actividades y tampoco precisó qué ocurriría con los puestos de trabajo involucrados.

El conflicto se profundizó por la incertidumbre respecto del futuro de la planta. Trabajadores y personas vinculadas con el establecimiento advirtieron que parte de la maquinaria concesionada que se utilizaba allí ya no se encontraba en las instalaciones el momento de anunciarse la suspensión de actividades. También señalaron que integrantes del directorio habrían retirado pertenencias de sus oficinas.

Paralizaciones en distintas plantas

Capitán Sarmiento no fue el único establecimiento alcanzado por las medidas. Durante los últimos meses, el grupo atravesó diferentes situaciones de paralización y reducción de actividad.

En julio, la planta Avex, ubicada en Río Cuarto, Córdoba, dejó de operar. Inicialmente se había informado que se trataba de una “parada programada de dos semanas”, pero la interrupción se extendió durante otros 15 días y terminó alcanzando un mes. La medida involucró a unos 350 trabajadores.

En agosto, la planta Pinazo, en Pilar, suspendió a la totalidad de su personal. También se registraron conflictos salariales y bloqueos en Wade II, en Esteban Echeverría, mientras que Wade I, ubicada en Ezeiza, continuó funcionando con una reducción significativa de su nivel de actividad.

La situación de Wade se incorporó así al cuadro general del grupo y ahora quedaría alcanzada por una instancia judicial de convocatoria de acreedores, según fuentes cercanas. El paso de Granja Tres Arroyos seguiría la misma dirección durante los próximos días.

Una deuda que condiciona el futuro del grupo

La decisión de avanzar hacia una convocatoria de acreedores se da mientras Granja Tres Arroyos intenta reestructurar una deuda estimada en USD 350,9 millones.

La compañía lleva adelante negociaciones con sus acreedores con la asistencia de la banca de inversión VALO. El esquema que se venía analizando contempla una reestructuración de los compromisos financieros, con quitas de hasta el 75% del capital adeudado, plazos de pago que podrían extenderse hasta siete años y la venta de activos considerados no estratégicos.

El objetivo de ese proceso era encontrar una alternativa que permitiera ordenar las obligaciones financieras de la compañía y sostener su funcionamiento. Sin embargo, la sucesión de cierres, suspensiones y despidos muestra que la situación operativa continuó deteriorándose mientras esas conversaciones avanzaban.

El ingreso a una convocatoria de acreedores modificaría el escenario de las negociaciones, ya que trasladaría parte de la discusión sobre las obligaciones de las empresas al ámbito judicial. Para los trabajadores, en tanto, la principal incógnita sigue siendo el futuro de los puestos de trabajo y el cobro de los salarios y eventuales indemnizaciones pendientes.

El informe se concentró en personas que destinan más del 10% de sus ingresos al pago de compromisos financieros. Entre quienes tienen deudas, el 77,2% afirmó que recurrió a nuevos préstamos para cancelar obligaciones anteriores y el 62,1% reconoció tener al menos un pago atrasado. Además, el 56,2% de las familias endeudadas destina al menos el 40% de sus ingresos al pago de sus compromisos.

Escolar explicó que la investigación buscó mirar el endeudamiento más allá de los hogares con grandes volúmenes de deuda. La consultora cuenta con un seguimiento diario de encuestas desde 2019 y, al cruzar los ingresos declarados con las obligaciones financieras, detectó una diferencia cada vez mayor entre quienes pueden cubrir sus gastos y quienes necesitan crédito para hacerlo.

Endeudarse para pagar la deuda

Uno de los principales hallazgos del estudio es que el endeudamiento no suele terminar con el primer préstamo. Cuando los ingresos no alcanzan, muchos hogares recurren a una nueva fuente de financiamiento para cubrir una obligación anterior.

En los sectores de clase media baja y media predominan las tarjetas de crédito bancarizadas, los préstamos bancarios y las billeteras virtuales. Entre quienes perciben menos de $600.000 mensuales, en cambio, ganan peso los préstamos familiares y los prestamistas informales.

El informe buscó incluir también esas formas de financiamiento que quedan fuera de las estadísticas tradicionales. Según los datos expuestos durante la entrevista, quienes recurren a prestamistas pueden enfrentar tasas superiores al 12% mensual, generalmente por créditos de montos pequeños destinados a resolver una urgencia inmediata.

La secuencia puede repetirse mes tras mes. “Tomo deuda para pagar alimentos, para pagar servicios. Al mes siguiente la situación no mejoró, no la puedo pagar y tengo que seguir pagando los alimentos y los servicios. Tomo otro préstamo para pagar interés sobre interés”, explicó Escobar.

El economista destacó que muchas de las personas relevadas intentan cumplir con sus obligaciones, incluso pagando al menos el mínimo de la tarjeta de crédito. El problema aparece cuando la relación entre ingresos y deuda se vuelve imposible de sostener. “Yo veo personas que ganan menos de 600 mil con deudas de más de 500 mil”, señaló. La conclusión, según el investigador, es directa: “No pueden pagarlo”.

La comida y los gastos básicos explican gran parte de la deuda

Los motivos por los que los hogares toman deuda muestran la dimensión del problema. El 44,5% de los encuestados se endeudó para comprar alimentos y productos básicos, mientras que el 32% lo hizo para afrontar servicios, impuestos, alquiler o gastos de vivienda. Salud y educación representaron el 5,5%, y ropa, calzado y bienes para el hogar, el 5,1%.

En los sectores más vulnerables, la situación es todavía más marcada: la proporción de personas que necesita endeudarse para cubrir alimentos y servicios básicos llega al 90%.

Los datos sobre los ingresos disponibles acompañan ese escenario. El 38,16% de los encuestados dijo que no consigue cubrir sus necesidades básicas y otro 29,1% afirmó que apenas alcanza a hacerlo. En total, el 86,4% no logra cubrir la totalidad de los gastos familiares.

Para Escolar, esa situación explica por qué el crédito puede transformarse rápidamente en una cadena de obligaciones. “Hay una responsabilidad de pago en estas personas”, sostuvo, pero cuando el ingreso no alcanza para cubrir los gastos cotidianos y las cuotas acumuladas, una deuda termina financiando a la siguiente.

Solo el 2% logró refinanciar su deuda con un banco

El estudio también encontró una dificultad para salir de ese circuito: apenas el 2% de las personas que no pueden pagar sus deudas logró establecer un plan de refinanciación con un banco.

Escolar consideró que el dato debe analizarse en un contexto en el que el crédito privado argentino continúa siendo reducido. Según explicó, representa alrededor del 5% del PBI, frente a niveles cercanos al 50% en países como Chile y Brasil. Por eso, diferenció el problema de las familias de un eventual riesgo sistémico para el sistema financiero.

“No hay un riesgo sistémico por eso. Ahora, lo que estamos viendo es que las familias sí tienen un problema super grave”, afirmó.

Para el economista, el desafío consiste en encontrar una salida que permita a los hogares regularizar sus obligaciones sin cerrarles definitivamente el acceso al crédito. “Tenemos que permitir que puedan pagar, porque quieren pagar, y en simultáneo construir una solución que permita que el crédito en Argentina siga creciendo a largo plazo”, planteó.

El dato más significativo del relevamiento, en ese sentido, no es solamente cuánto deben los hogares, sino para qué necesitan endeudarse. Cuando el crédito se utiliza para comprar comida, pagar servicios o sostener la vivienda, deja de funcionar como una herramienta para financiar consumos extraordinarios y pasa a cubrir necesidades que forman parte de la vida cotidiana. Y cuando esa deuda no puede cancelarse, el mecanismo se retroalimenta con nuevos préstamos, intereses y atrasos.

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Septiembre inició con varios factores que podrían sostener la estabilidad cambiaria durante el mes, en un contexto en el que buena parte de los analistas privados observa condiciones más favorables para que el tipo de cambio transite las próximas semanas sin sobresaltos. La combinación incluye una menor demanda de divisas para importar energía, un flujo todavía relevante del agro, una mayor oferta vinculada a emisiones de deuda y una baja de algunas fuentes de presión que habían pesado sobre el mercado en meses previos.

En ese esquema, uno de los cambios más visibles aparece por el lado de la estacionalidad. Con el final de los meses de mayor consumo de gas natural licuado y combustibles, septiembre abre una etapa de menor necesidad de dólares para abastecer la demanda energética. Esa reducción importa porque quita presión sobre el Mercado Libre de Cambios (MLC) y mejora el equilibrio entre oferta y demanda en un momento clave del calendario financiero.

A la vez, el frente exportador suma señales que el mercado sigue de cerca. La mejora reciente de las cotizaciones internacionales de la soja y otros granos refuerza la expectativa de que el sector agropecuario mantenga un nivel de liquidación significativo, aún si la comparación interanual de septiembre aparece condicionada por una base exigente. Para el equipo económico, ese ingreso de divisas resulta central porque amplía el colchón de oferta en un mes en el que cada flujo adicional ayuda a sostener la calma cambiaria.

Las colocaciones de deuda de empresas y provincias vienen aportando dólares al mercado y todo indica que ese canal podría intensificarse en las próximas semanas

También juega a favor la dinámica financiera. Las colocaciones de deuda de empresas y provincias vienen aportando dólares al mercado y todo indica que ese canal podría intensificarse en las próximas semanas.

Si a eso se suma una menor salida por dividendos, pagos ya realizados de deuda pública provincial y una probable desaceleración de la demanda privada de divisas asociada al turismo, el panorama que describen las fuentes relevadas es el de un septiembre con mejores condiciones para preservar la estabilidad del tipo de cambio.

Menos importaciones de energía

Un informe del equipo de Research del Banco Galicia sostuvo que septiembre arranca con una “menor presión cambiaria” apoyada, entre otros factores, en “menores importaciones de energía por la estacionalidad de la demanda de GNL”. El informe también señaló que la provincia de Buenos Aires ya canceló USD 390 millones de intereses y capital de sus bonos en dólares, un dato que, según la firma, reduce una fuente de demanda en el mercado.

La misma lectura apareció en IEB Research, que sostuvo que el frente externo “se mantiene sólido” luego de que el balance cambiario de julio mostrara una cuenta corriente superavitaria de USD 413 millones por cuarto mes consecutivo. Según esa visión, la dinámica podría continuar en septiembre favorecida por las liquidaciones pendientes del agro, el fin de la estacionalidad negativa de la energía y una reducción de los giros de dividendos.

El frente externo “se mantiene sólido” luego de que el balance cambiario de julio mostrara una cuenta corriente superavitaria de USD 413 millones por cuarto mes consecutivo (IEB Research)

En la misma línea, Outlier planteó que “la demanda de divisas para importación de gas y combustibles cae significativamente” con la llegada de la primavera, lo que reduce la presión sobre el mercado oficial. La consultora ubicó ese cambio estacional como uno de los primeros factores que pueden apuntalar la estabilidad cambiaria en el arranque del mes.

Las buenas perspectivas del agro

El segundo sostén que repiten las fuentes está vinculado con el complejo agroexportador. Mariano Ortiz Villafañe, economista jefe de Aldazabal y Cía., indicó que “la liquidación de divisas del agro totalizó USD 2.750 millones en agosto”, una cifra que quedó levemente por debajo de julio, pero se ubicó 51% por encima del mismo mes del año pasado.

El economista agregó que la liquidación acumulada en lo que va del año trepó a USD 19.048 millones y remarcó que, con buenos rindes en la campaña 2025/2026 y una tendencia alcista en los precios internacionales de los granos, esperan que el campo continúe liquidando montos elevados en lo que resta del año. Al mismo tiempo, aclaró que en septiembre podría observarse una caída interanual por la base de comparación que dejó la reducción temporaria de retenciones del año pasado.

Desde Galicia añadieron que, a esta altura del año, el agro liquidó unos USD 2.300 millones menos que en 2025, pese a que las proyecciones de ingreso al mercado oficial para todo 2026 se ubican casi USD 800 millones por encima del año previo. El informe sumó además una mejora de 10% en los términos de intercambio desde los mínimos de junio y de 21% en lo que va del año.

Con los valores internacionales en los actuales niveles, crece el incentivo a vender al menos una parte de la producción para capturar mejores cotizaciones (Outlier)

Para Outlier, todavía queda mercadería con capacidad de aportar oferta. La consultora sostuvo que la liquidación pendiente llega con un stock valorizado en torno a los USD 18.000 millones y resaltó que ese remanente está respaldado por precios de la soja en máximos de 26 meses. En ese marco, resaltó que, con los valores internacionales en los actuales niveles, crece el incentivo a vender al menos una parte de la producción para capturar mejores cotizaciones.

Emisiones corporativas y provinciales

Otro de los ejes destacados por las fuentes es el aporte del financiamiento privado y subsoberano. De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), empresas y provincias emitieron deuda en dólares por USD 20.200 millones desde octubre de 2025 y liquidaron en el mercado local unos USD 15.800 millones hasta fines de agosto. Eso deja todavía USD 4.400 millones por liquidar, un remanente que, de concretarse, implicará mayor oferta para el mercado cambiario.

Desde Banco Galicia incluyeron entre sus factores un “flujo creciente de obligaciones negociables en las próximas semanas”, mientras que Outlier puso el foco en una posible reactivación del flujo financiero. Según la consultora, “los corporativos tratarán de adelantarse a la volatilidad” y al posible ruido que podría traer más adelante el calendario electoral, una estrategia que podría traducirse en oferta adicional de divisas en los próximos meses.

A esa dinámica se suma el calendario de emisiones provinciales. Se espera que en las próximas semanas la provincia de San Juan emita hasta USD 600 millones en los mercados internacionales. Se trataría de bonos con un plazo de nueve años y amortización de capital en cuotas iguales durante los últimos tres años.

Dividendos, turismo y vencimientos

Septiembre también podría encontrar una demanda más contenida por otros canales. Uno de esos ejes es el stock de dividendos retenidos, que se desaceleró en julio a USD 450 millones, frente a USD 1.015 millones en junio. IEB Research mostró una secuencia similar al señalar que los giros de dividendos bajaron de USD 1.030 millones a USD 470 millones entre esos dos meses.

Por fuera de las empresas, BlackToro observó que en julio la demanda neta de activos externos del sector privado no financiero fue de USD 3.143 millones, el mayor registro del año, aunque recordó que durante el primer semestre el promedio había sido de 2.160 millones de dólares. Según la firma, parte de ese salto respondió a una demanda estacional ligada al turismo, por lo que en los próximos meses esa presión podría moderarse.

Con menos importaciones de energía, un flujo agroexportador todavía relevante, más colocaciones de deuda y una reducción de varias fuentes de demanda, septiembre se perfila como un mes en el que el Gobierno buscará sostener el orden cambiario con mejores condiciones que las que enfrentó en los meses previos.

En un contexto de mora en niveles récord, el Banco Nación anunció una reducción de entre 6 y 10 puntos porcentuales en las tasas de sus préstamos personales para clientes que cobran sus haberes o beneficios previsionales en la entidad, una medida que apunta a abaratar las cuotas e incrementar el acceso al financiamiento.

La decisión alcanza a los usuarios que perciben sus ingresos en el BNA y se inscribe en una serie de medidas con las que la entidad busca ampliar su oferta crediticia. El banco señaló que la rebaja se aplica sobre préstamos personales con condiciones preferenciales para ese segmento.

De acuerdo con un comunicado oficial, la reducción de tasas permite “obtener cuotas más bajas e incrementar la capacidad de acceso al financiamiento”. A modo ilustrativo, se ofrece el alcance de la medida con un préstamo de $10.000.000 a 72 meses para un cliente que cobra su salario en la entidad.

En ese caso, la cuota inicial baja de $582.839 a $518.328, una diferencia de $64.511, equivalente al 11,1 por ciento. A su vez, el ingreso mínimo requerido desciende de $1.665.252 a $1.480.938, lo que implica una reducción de $184.314, también del 11,1 por ciento.

De manera indirecta, la entidad planteó que esa disminución en cuotas e ingresos exigidos amplía las posibilidades de acceso al crédito para trabajadores y jubilados que operan de manera habitual con el banco.

Esta reducción de los rendimientos se suma a la oferta que el banco expandió en los últimos meses para que sus clientes puedan reorganizar su economía personal. Dentro de ellas, se incluyen alternativas para consolidar deudas tomadas en distintas entidades en una sola financiación.

También existen opciones para refinanciar préstamos vigentes mediante esquemas de largo plazo con cuotas iniciales más accesibles y para cancelar saldos de tarjeta de crédito bajo “criterios de sustentabilidad financiera”.

Planes de refinanciación

A fines de junio, el Banco Nación puso en marcha un mecanismo destinado a reordenar deudas de consumo en mora. La alternativa estuvo dirigida a trabajadores, jubilados, pensionados y microempresas con obligaciones pendientes.

La medida formó parte del Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad de la entidad. Su objetivo fue sumar opciones para reestructurar compromisos vencidos, facilitar la normalización de los pagos y contribuir a que los clientes recuperaran su capacidad de cumplimiento.

El esquema permitió refinanciar deudas contraídas en pesos o en unidades de valor adquisitivo (UVA), ajustadas por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Alcanzó a dos grupos de usuarios:

• Personas con actividad laboral, jubilados y pensionados que acreditaban sus haberes en el Banco Nación.
• Autónomos, monotributistas y clientes que no cobraban sus ingresos a través de la entidad.

También pudieron acceder, cuando correspondía, los deudores monoproducto incluidos en las normas aplicables al segmento de microempresas y emprendedores, siempre que las obligaciones pertenecieran a la cartera de consumo.

Los créditos tuvieron un plazo de devolución de hasta 120 meses, con cuotas mensuales bajo el sistema francés de amortización.

La tasa varió de acuerdo con la vinculación del cliente con el banco. Quienes cobraban sus haberes en la entidad accedieron a una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 12%, mientras que para los demás usuarios la TNA fue del 14%. El Banco Nación indicó que la tasa preferencial quedó sujeta a que el beneficiario mantuviera la acreditación de haberes durante toda la vida del préstamo.

Los clientes que ya percibían sus ingresos en el banco también tuvieron la posibilidad de contratar una prima para establecer un límite de cuota vinculado al Coeficiente de Variación Salarial (CVS). De ese modo, si la cuota calculada en UVA superaba la evolución de ese indicador, se aplicaba el tope definido por el CVS.

Otro plan a tasa fija

La herramienta se incorporó a otras alternativas que el Banco Nación había presentado en mayo para personas humanas con cuotas vencidas o impagas. Entre ellas estuvieron las siguientes:

• Unificación de deudas: estuvo disponible para clientes que cobraban salarios, jubilaciones o pensiones en el Banco Nación. Permitió consolidar obligaciones financieras tomadas tanto en la entidad como en otros bancos. Ofreció una tasa fija, un plazo máximo de 72 meses, una TNA del 65% y montos de hasta $100 millones.
• Refinanciación de saldos de tarjetas de crédito: se dirigió a usuarios con hasta 90 días de atraso en tarjetas emitidas por el banco. La propuesta permitió reprogramar montos de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35 por ciento. La tarjeta se mantuvo activa y las cuotas comenzaron a abonarse desde el resumen siguiente, aunque los límites de compra podían modificarse de forma temporal. Para casos con atrasos superiores a 90 días, la entidad ofreció planes de pago de hasta 96 meses, sujetos a análisis crediticio y a las condiciones vigentes.
• Análisis individual de cada caso: el Banco Nación informó que sus equipos especializados evaluaron cada solicitud según la situación económica del cliente, su perfil y las características de las obligaciones que buscaba reestructurar.

Según estimaciones de la consultora 1816 elaboradas a partir de las cifras del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el nivel de irregularidad crediticia del sector privado no financiero pasó del 7,63% en junio al 7,73% durante el mes siguiente. En los préstamos a hogares, los incumplimientos con más de 90 días de demora avanzaron del 12,77% al 12,94 por ciento. Para las empresas, en tanto, la mora se elevó del 3,50% al 3,61 por ciento.

La economía de Panamá atraviesa un cambio decisivo hacia un escenario más favorable, impulsado por la aceleración de la actividad, los ingresos del Canal y el ajuste de las finanzas públicas, según UBS.

El banco considera que las preocupaciones que dominaron el panorama durante los últimos dos años están perdiendo intensidad.

El informe Panama: Let the Good Times Roll, publicado por la oficina de inversiones de UBS Global Wealth Management, sostiene que el producto interno bruto crecerá alrededor de 5% en 2026.

La entidad incluso estima que la expansión podría superar ese nivel, apoyada por varios motores y no solamente por un efecto estadístico.

Durante el primer semestre de 2026, la actividad económica aumentó 5.5%, el desempeño más sólido entre las principales economías latinoamericanas, de acuerdo con el reporte. UBS señala que también constituye el mejor resultado semestral de Panamá desde 2017, excluyendo el rebote extraordinario registrado después de la pandemia.

El crecimiento ha estado respaldado por el consumo de los hogares, la recuperación de la construcción y los ingresos vinculados al turismo. A esos factores se suma el desempeño del Canal de Panamá, cuyas actividades se beneficiaron de la reorganización de rutas comerciales provocada por las tensiones en el estrecho de Ormuz.

La expansión ocurre después de que la economía creciera cerca de 4.5% en 2025, por lo que UBS descarta que el avance actual responda únicamente a una baja base de comparación. Sin embargo, advierte una paradoja: el crédito bancario permanece contenido mientras la actividad económica continúa acelerándose.

El banco considera que esa combinación indica que la demanda interna está siendo financiada con ingresos disponibles de los hogares o inversión extranjera. Desde 2024, los depósitos privados han aumentado entre $5,000 millones y $6,000 millones anuales, una suma equivalente a aproximadamente 5% del producto interno bruto.

Pese a esa disponibilidad de recursos, los bancos han destinado gran parte de la liquidez a inversiones financieras, principalmente fuera del país, en lugar de aumentar los préstamos locales. UBS explica que los proyectos nacionales podrían ofrecer rendimientos ajustados al riesgo menos atractivos que los activos internacionales, favorecidos por las elevadas tasas globales.

Panamá posee, por tanto, la capacidad financiera necesaria para sostener un ciclo crediticio más fuerte, pero todavía no cuenta con suficientes incentivos para generarlo. La liquidez no representa la principal limitación; el desafío consiste en canalizar esos recursos hacia actividades productivas y proyectos domésticos rentables.

El ajuste fiscal constituye otro de los puntos centrales. El déficit del sector público no financiero bajó de 6.4% del PIB en el primer trimestre de 2025 a 3.3% en el segundo trimestre de 2026. UBS califica la consolidación ejecutada por el Gobierno como una de las más profundas del continente.

La reducción se sustentó en recortes del gasto equivalentes a cerca de dos puntos porcentuales del PIB, distribuidos de forma similar entre funcionamiento e inversión. Paralelamente, los ingresos tributarios aumentaron aproximadamente 0.7 puntos porcentuales, mientras el déficit primario descendió hasta 0.3% del producto interno bruto.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha manifestado que el Gobierno pretende alcanzar un superávit primario durante 2026. Para UBS, el avance fiscal ha sido más rápido de lo esperado y permitió que la trayectoria de la deuda pública comenzara a estabilizarse, aunque todavía supera los niveles anteriores a la pandemia.

La deuda bruta se ha mantenido entre 65% y 67% del PIB durante los últimos cuatro trimestres, comportamiento que reduce los riesgos inmediatos sobre su sostenibilidad. UBS reconoce que las métricas siguen siendo imperfectas, pero considera que la magnitud del ajuste respalda la conservación del grado de inversión de Panamá.

El análisis incorpora también una advertencia política. Aunque la economía avanza, la aprobación del presidente José Raúl Mulino habría caído por debajo de 20%, más de 50 puntos porcentuales frente a dos años atrás. El deterioro estaría relacionado con la percepción de que el crecimiento no beneficia a la mayoría de la población.

Según UBS, los ciudadanos consideran que las mejoras se concentran principalmente entre los sectores de mayores ingresos, una desconexión que podría limitar el respaldo a las reformas. Aun así, el banco sostiene que los riesgos de gobernabilidad permanecen contenidos, porque la administración ha logrado impulsar su agenda pese a su menor popularidad.

Entre los avances menciona la aprobación de la reforma de la seguridad social, la reducción del déficit y la posibilidad de reabrir la mina de cobre. Este último punto representa una expectativa de UBS y no una decisión concretada. El informe añade que las relaciones con Estados Unidos permanecen sólidas y el Canal mantiene ingresos elevados.

En materia de inversión, Panamá conserva una calificación soberana compuesta de BBB- y sus bonos en dólares acumulan un retorno cercano a 3% durante 2026. La deuda ofrece rendimientos de entre 5% y 6%, aproximadamente 150 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro estadounidense.

UBS concluye que el panorama macroeconómico es considerablemente más sólido que hace algunos trimestres, cuando el deterioro fiscal y el cierre minero amenazaban la calificación del país. No obstante, identifica los fenómenos climáticos y los riesgos de gobernabilidad como amenazas capaces de afectar la economía y las operaciones del Canal.

Pese a la mejora registrada, la deuda pública mantiene al país con un margen fiscal reducido para responder a nuevas crisis. Un aumento del costo del financiamiento, una emergencia climática o una desaceleración internacional podrían obligar al Gobierno a realizar ajustes adicionales o buscar nuevas fuentes de ingresos.

El ajuste fiscal también plantea un desafío, debido a que los recortes se distribuyeron entre los gastos de funcionamiento y la inversión pública. Si la reducción del gasto de capital se prolonga, podría limitar la ejecución de infraestructuras, la generación de empleo y la capacidad productiva futura del país, señala el banco.

Otra vulnerabilidad procede de la dependencia de los ingresos turísticos, la inversión extranjera y las actividades relacionadas con el comercio internacional. Para la entidad bancaria, una desaceleración mundial, nuevos conflictos geopolíticos o cambios en las rutas marítimas podrían debilitar algunos de los motores que actualmente sostienen el crecimiento panameño.

Para el asesor empresarial René Quevedo, el informe de UBS plantea un panorama optimista para la economía panameña, sustentado en un ajuste fiscal más rápido de lo esperado, una leve mejora de los ingresos tributarios y reducciones del déficit y del gasto público.

Quevedo destaca que el reporte califica como paradójico “el crecimiento de la demanda interna sin una fuerte expansión del crédito”, situación que atribuye a la vigorosa recuperación del empleo formal privado, pese a que el financiamiento bancario no acompaña con la misma intensidad el dinamismo económico.

Asimismo, señala que el banco suizo destaca los altos niveles de liquidez del sistema bancario nacional, aunque esos recursos no se están canalizando hacia el crédito interno, sino principalmente hacia inversiones financieras y colocaciones en el extranjero.

De acuerdo con Quevedo, las cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá correspondientes a junio de 2026 muestran que un tercio de los créditos y dos terceras partes de las inversiones en valores del sistema bancario nacional, que en conjunto superan los $62 mil millones, están colocados en el extranjero.

Finalmente, Quevedo indicó que UBS considera probable la reapertura de la mina de Donoso, una perspectiva que coincide con un reciente pronunciamiento de JPMorgan Chase sobre el futuro del proyecto minero.

Desde Puerto Iguazú, Misiones- El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, afirmó que la respuesta ante el récord de mora crediticia de las familias debe surgir de acuerdos entre entidades financieras y deudores. Durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Puerto Iguazú, sostuvo que las refinanciaciones con intereses más bajos y plazos más extensos constituyen una vía para reducir los incumplimientos de las familias. “Las soluciones reales son las que atacan la causa raíz y no atentan contra el acceso al crédito”, dijo Werning.

El funcionario ubicó el costo del financiamiento en pesos como uno de los factores centrales del problema y contrastó la evolución de los préstamos a empresas con la de los créditos otorgados a hogares. Según expuso, tras el salto de tasas durante el shock cambiario de las elecciones 2025 las entidades redujeron con rapidez las tasas reales que cobraban a compañías. Atribuyó esa baja a una menor percepción de riesgo político, a expectativas favorables sobre reformas y a perspectivas de remonetización y acumulación de reservas. En ese escenario, señaló, el costo financiero de las empresas quedó en torno a un quinto del nivel que registró durante el punto de mayor incertidumbre.

Así, la mora empresarial se mantuvo acotada bajo esas condiciones. “Es más, es menor la mora en empresas hoy que durante el último ciclo de expansión de crédito del sector privado en la era de Macri”, señaló.

Según el funcionario, esta realidad no se repitió en el mercado de crédito a las familias. Según Werning, el descenso del costo financiero resultó menor en ese segmento. Indicó que las tasas bajaron apenas una cuarta parte respecto del máximo de la etapa electoral y todavía equivalen a tres cuartos de aquel pico. “Las tasas de interés son altas y esas tasas de interés altas inducen a la mora porque son impagables en términos reales para muchos”, afirmó.

El número dos del BCRA vinculó parte de esa situación con las decisiones que tomaron personas que esperaban una aceleración de la inflación o una devaluación después de las elecciones. También planteó que el contraste entre ambos segmentos mostró una diferencia en la trayectoria de las tasas reales: las empresas accedieron a un alivio más amplio, mientras que las familias continuaron bajo costos financieros elevados.

Ante un auditorio de ejecutivos de finanzas, Werning sostuvo que la salida debe concentrarse en la renegociación de esas deudas. “Las refinanciaciones tienen que venir con tasas de interés mucho más bajas para darle oportunidad de pago. Tienen que venir con plazos más largos”, expresó. En ese punto, dejó la intervención estatal fuera de la solución que propuso y asignó el proceso de reestructuración a bancos y clientes.

El vicepresidente del Banco Central cuestionó a los bancos y otras dadoras de préstamos, que a su entender buscan recuperar las pérdidas de la cartera morosa a través de intereses más altos para los hogares. “En la medida que haya bancos que quieran compensar el costo de la mora, de las pérdidas en que incurrieron, no con capital sino cobrándole mucho más a las familias, la probabilidad de generar un círculo virtuoso de repago de crédito es muy baja”, dijo.

Su planteo fue que los bancos absorban las pérdidas con sus propios recursos y renegocien los créditos con condiciones que permitan sostener los pagos. “Los bancos que reconocen que una pérdida es una pérdida y hay que buscar recuperar lo posible y mirar hacia adelante quizás pueden tener una política de tasas con las familias con una dinámica mucho más similar a la que tuvieron con las empresas”, afirmó.

“Es una solución entre privados, entre los bancos y los deudores”, insistió Werning al referirse al mecanismo para encarar los incumplimientos. También señaló que el volumen de refinanciaciones creció con fuerza y que ese movimiento podía anticipar una baja futura de la mora, aunque condicionó ese resultado a los términos que ofrezcan las entidades.

“La clave es a qué costo los bancos refinancian”, remarcó. De acuerdo con su exposición, el crédito a las familias dejó de contraerse, aunque todavía no mostró una expansión. El funcionario señaló que un aumento del stock de préstamos, junto con una menor entrada de nuevos deudores en situación de mora, podría modificar la relación entre cartera crediticia e incumplimientos.

En su presentación, además, Werning sostuvo que la mora llegó o se acercó a su máximo. Dijo que el indicador se mantuvo estable durante los últimos tres meses, en torno a 7,7, y que el crédito bancario al sector privado aceleró desde mayo, con mayor impulso en los préstamos en dólares y en el segmento empresario.

La exposición incluyó críticas a algunas alternativas discutidas a nivel legislativo para aliviar la mora. Werning las calificó como propuestas “populistas” porque, según sostuvo, pueden restringir el acceso futuro al crédito.

Los préstamos BNPL (buy now, pay later) nacieron como una alternativa para diferir compras prescindibles. Hoy, en Estados Unidos, financian lo que no puede esperar: el alquiler del mes, la factura de la luz y la compra del supermercado, tal y como reflejan los resultados citados por CBS News sobre el avance de estos créditos en los gastos esenciales.

El cambio no es menor, implica que una porción creciente de hogares ya no llega a fin de mes con sus propios ingresos.

En 2025, los estadounidenses tomaron USD 160.000 millones en préstamos BNPL, el doble que dos años antes, de acuerdo con un informe de economistas de la Reserva Federal. La expansión del sector coincide con el deterioro del poder adquisitivo tras años de inflación elevada.

Los gastos básicos ya representan el principal destino de los préstamos BNPL

El perfil de uso cambió de forma significativa. Casi el 30% de los usuarios declaró haber pagado el supermercado con BNPL, frente al 14% de dos años atrás, tal como indica una encuesta de LendingTree.

Otro 23% lo usó para gastos médicos, dentales, veterinarios o para cubrir el alquiler. Y el 54% afirma que sin este financiamiento no podría cubrir sus gastos básicos.

Matt Schulz, analista de crédito de la plataforma LendingTree, explicó el fenómeno en declaraciones a CBS News: “Las empresas BNPL hicieron un trabajo muy bueno para que este tipo de préstamos sea accesible para pagar casi cualquier cosa”.

Para Ariel Nelson, abogada sénior del Centro Nacional de Derecho del Consumidor (CNDC), el dato más relevante no es el crecimiento del sector, sino lo que exhibe sobre la economía doméstica.

“Lo más importante de estos préstamos es lo que dicen sobre el estado de la asequibilidad —o falta de ella— en nuestro país: que la gente tiene dificultades para pagar el alquiler y los servicios a tiempo y en un solo pago”, dijo al medio.

Membresías y comisiones convierten el “sin intereses” en un costo real

Dos empresas ilustran cómo funciona el modelo en la práctica. Affirm, con sede en San Francisco, lanzó en enero de 2026 un piloto junto a Esusu Pay que permite a los inquilinos dividir el alquiler mensual en dos cuotas.

El servicio no cobra intereses ni cargos por atraso, pero exige una membresía de entre USD 35 y USD 50 por mes.

La firma Flex, con base en Nueva York, va más lejos: permite fraccionar el alquiler, los servicios, el teléfono, internet y el pago del automóvil.

Su estructura de costos incluye USD 6 mensuales fijos, más el 3% del monto del préstamo y una comisión de procesamiento del 0,5%. Para un alquiler de USD 1.500, el costo mensual oscila entre USD 30 y USD 40.

Ryan Metcalf, vicepresidente de asuntos públicos de Flex, definió el producto como una solución a un problema de timing. “No vendemos dinero, vendemos tiempo”, aseguró en declaraciones a CBS News, al señalar que muchos inquilinos no cobran su sueldo cuando vence el alquiler.

Los cargos ocultos pueden transformar una solución temporal en una trampa de deuda

Las advertencias del sector de defensa del consumidor apuntan a una arquitectura de costos que no siempre resulta visible al momento de contratar.

Jennifer Zhang, analista de políticas e investigación en Protect Borrowers, una organización sin fines de lucro que investiga abusos financieros, detalló el riesgo ante CBS News: “Pueden estar repletos de cargos por mora y comisiones basura que se acumulan y se convierten en una fuente de dificultades económicas para mucha gente”.

Nelson, del CNDC, reforzó ese punto. “Los productos están estructurados para parecer baratos, pero en realidad no lo son”, afirmó.

Un riesgo adicional surge cuando los usuarios toman varios préstamos BNPL de distintas plataformas al mismo tiempo: al superponerse los vencimientos, los débitos automáticos pueden vaciar la cuenta bancaria y generar cargos por sobregiro que multiplican el costo total del financiamiento.

Schulz, de LendingTree, reconoció el doble filo del producto. “Puede ser muy útil porque es predecible y sin intereses, pero es fácil pasarse de la raya”, advirtió, al destacar que la facilidad para obtenerlos es, al mismo tiempo, su mayor riesgo.

El cese de actividades de la planta de Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento abrió un frente de conflicto entre el municipio y la empresa avícola. La intendente Fernanda Astorino cuestionó públicamente a la compañía y, en una carta dirigida a su titular, reclamó precisiones sobre el futuro de los trabajadores. También anticipó que pedirá una mesa de diálogo con la firma y el Ministerio de Trabajo de la Nación.

La misiva está dirigida a Joaquín De Grazia, quien está al frente de firma, y comienza con una referencia directa a la situación que atraviesan los empleados de la planta local. “Me dirijo a usted en mi carácter de Intendente Municipal de Capitán Sarmiento, ante los telegramas que comenzaron a recibir trabajadores de Granja Tres Arroyos y la situación de profunda incertidumbre que esto genera en numerosas familias de nuestra ciudad”, escribió Astorino.

A partir de ese planteo, la jefa comunal pidió la conformación de una instancia de diálogo con participación oficial. “Ante la gravedad de esta situación, exijo la participación activa de Granja Tres Arroyos, junto con el Ministerio de Trabajo, en una mesa de diálogo y concertación, con el propósito de conocer de primera mano el estado real de la situación y coordinar acciones inmediatas que protejan las fuentes de empleo de nuestros vecinos”, indicó. Y agregó: “Estamos hablando de trabajadores y de familias que, de un día para otro, quedaron sin certezas sobre su fuente de trabajo y sobre cómo afrontar sus obligaciones cotidianas”.

Reclamo directo a la empresa

En otro tramo de la carta, Astorino apuntó contra la forma en que la empresa comunicó la medida. “Granja Tres Arroyos conoce perfectamente la importancia que tiene su actividad para Capitán Sarmiento y la cantidad de familias que dependen de estos puestos de trabajo”, planteó, para luego cuestionar: “Por eso resulta difícil comprender que se haya avanzado de esta manera, sin contemplar adecuadamente las consecuencias para quienes durante años formaron parte de la empresa”.

La intendente detalló además las acciones que el municipio puso en marcha desde que se conoció la situación de los trabajadores. “Desde el primer momento, el Municipio estuvo presente. Recibimos a los trabajadores, escuchamos sus situaciones particulares, comenzamos a brindar asistencia a las familias y realizamos gestiones ante prestadores de servicios esenciales y obras sociales para acompañar a quienes hoy atraviesan dificultades”, señaló. No obstante, remarcó los límites de esa intervención: “Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Pero el Municipio no puede ni debe reemplazar a una empresa privada en las responsabilidades y obligaciones que mantiene con sus trabajadores”.

Sobre esa base, Astorino formalizó su pedido a la empresa. “Por todo ello, solicito que brinde explicaciones claras respecto de la decisión adoptada, las circunstancias que llevaron al envío de estos telegramas y, fundamentalmente, cuáles serán las respuestas concretas de la empresa frente a las obligaciones que aún mantiene con sus trabajadores”, escribió.

Qué había comunicado la compañía

El pedido de la intendente llegó dos días después de que Granja Tres Arroyos notificara, mediante un comunicado interno, la suspensión de las tareas operativas en la planta de Capitán Sarmiento “hasta nuevo aviso a partir del 31 de agosto de 2026”. El documento instruyó al personal a no concurrir a prestar servicios, salvo convocatoria expresa de un encargado o supervisor, y atribuyó la medida a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento”. La empresa no precisó una fecha de reanudación de actividades ni garantizó la continuidad de los puestos de trabajo afectados por la medida.

El cierre de la planta de Capitán Sarmiento se suma a una serie de cierres, suspensiones y despidos que la compañía acumula desde diciembre de 2024, cuando solicitó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. Desde entonces, Granja Tres Arroyos cerró su planta de Tristán Suárez, con 200 desvinculaciones sobre un plantel de 270 trabajadores, y anunció el cierre definitivo de la planta de Becar, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, cuyo personal fue trasladado a la planta La China. Esta última permanece cerrada desde fines de mayo.

A esos antecedentes se sumó, en julio, la paralización de la planta Avex, en Río Cuarto, Córdoba, presentada en un primer momento como una “parada programada de dos semanas” que terminó extendiéndose por otros 15 días a comienzos de agosto, hasta completar un mes de inactividad que afectó a 350 trabajadores. Ya en agosto, la planta Pinazo, en Pilar, suspendió a la totalidad de su personal, mientras que la planta Wade II, en Esteban Echeverría, registró paralizaciones por conflictos salariales y bloqueos, y la planta Wade I, en Ezeiza, opera con una fuerte reducción de actividad.

A mediados de agosto, la empresa había desvinculado a 250 trabajadores de su planta industrial de Concepción del Uruguay, sobre un plantel total de 900 empleados, a través de telegramas que invocaron “una grave disminución de trabajo, originada en circunstancias extraordinarias”. En paralelo, Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores la reestructuración de una deuda de USD 350,9 millones, con la banca de inversión VALO como asesora del proceso, en un plan que contempla quitas de hasta el 75% del capital adeudado, plazos de pago de hasta siete años y la venta de al menos cinco activos considerados no estratégicos para el grupo. La compañía es conducida por Joaquín De Grazia y, desde 2022, el 34% de su capital pertenece a la estadounidense Tyson Foods.

La industria láctea atraviesa un momento exigente. La combinación de un consumo interno debilitado, un consumidor que busca precios más bajos y una estructura de costos logísticos que no cede, viene golpeando los balances de las principales compañías del sector. En ese escenario se inscribe el resultado del primer semestre de Mastellone Hermanos S.A., la sociedad dueña de La Serenísima, que volvió a cerrar en rojo un período de seis meses.

La compañía difundió sus estados financieros correspondientes al primer semestre de 2026, en la modalidad de presentación oficial de resultados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). A partir de esa información, el análisis de los números arroja un dato central: la pérdida neta del período llegó a $4.791 millones, un monto más de cuatro veces superior a los $1.161 millones negativos registrados en el primer semestre de 2025.

Ese resultado surge de la combinación de una caída en las ventas, un deterioro en el margen bruto y un nivel de gastos comerciales que absorbió buena parte de lo que la compañía logró facturar. Los ingresos totales del semestre sumaron $908.674 millones, expresados en moneda homogénea al cierre del período, lo que representa una caída real de 6,7% frente a los $973.850 millones obtenidos un año antes.

Es importante aclarar que se trata del último balance que refleja los resultados de la conducción anterior de La Serenísima. En marzo de este año, el Grupo Arcor y la multinacional francesa Danone anunciaron la concreción de un acuerdo estratégico para adquirir la mayoría accionaria de Mastellone Hermanos S.A.. La operación se realizó a través de Bagley Argentina S.A., sociedad mediante la cual ambos grupos económicos tomaron el control del 51,32% que restaba del capital social y de los votos que permanecían en manos de la familia fundadora y del fondo de inversión Dallpoint Investments LLC. Tras varios meses de negociaciones y aprobaciones regulatorias, el 1° de agosto finalmente Arcor y Danone tomaron el control de La Serenísima.

Menos ventas y menor margen

La contracción de los ingresos estuvo explicada, de manera casi excluyente, por el desempeño del mercado argentino. Las ventas locales bajaron de $807.199 millones a $723.996 millones, una disminución real de 10,3%.

En sentido contrario, los ingresos por exportaciones crecieron 10,5%, hasta $172.242 millones, y pasaron de representar cerca de 16% de la facturación total en el primer semestre de 2025 a aproximadamente 19% un año después. El mercado externo funcionó así como un amortiguador parcial, aunque no alcanzó para compensar la caída de las ventas domésticas.

A esa merma en la facturación se sumó un deterioro en la rentabilidad industrial. El costo de ventas bajó 4,1%, de $723.626 millones a $693.621 millones, pero lo hizo a un ritmo menor que los ingresos. Como consecuencia, la ganancia bruta cayó 14,1%, de $250.224 millones a $215.053 millones, y el margen bruto sobre ventas pasó de 25,7% a 23,7%. La pérdida de dos puntos porcentuales de margen en apenas doce meses es uno de los datos que explica por qué la compañía terminó el semestre con un resultado más negativo que el año anterior, pese a haber logrado bajar sus costos de producción en términos nominales.

Sobre esa ganancia bruta ya reducida incidieron los gastos de comercialización, que treparon 2,8% en moneda constante hasta $219.568 millones. Dentro de esa partida se encuentra la operación logística de la compañía, uno de los componentes que más presión ejerció sobre la estructura de costos del semestre. En los hechos, el total de gastos necesarios para colocar y distribuir los productos terminó superando la totalidad del margen bruto generado por la actividad, un desequilibrio que rara vez se observa en una empresa de consumo masivo con la escala de Mastellone.

El peso de la logística

La estructura de costos de la compañía ayuda a entender por qué la variable logística ocupa un lugar tan relevante en la explicación del resultado. Según datos del sector, el sistema logístico constituye hoy el segundo rubro en peso dentro de la estructura de costos de la industria láctea, detrás de la materia prima. En ese contexto, el propio detalle de gastos que acompaña los estados financieros muestra que los fletes representaron $148.045 millones entre gastos de fabricación y de comercialización durante el semestre, frente a $137.510 millones un año atrás.

La combinación entre menores ventas, caída del margen bruto y gastos comerciales en alza llevó a que el resultado antes de impuestos pasara de una pérdida de $7.925 millones en el primer semestre de 2025 a una pérdida de $10.647 millones en el mismo período de este año. El beneficio por impuesto a las ganancias, que había atenuado el quebranto en 2025, achicó su aporte de $6.764 millones a $5.856 millones, lo que terminó de definir la pérdida neta de $4.791 millones.

Una caída de consumo que lleva una década

El deterioro de las ventas locales de Mastellone no puede leerse de manera aislada del comportamiento general del consumo de lácteos en la Argentina. Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), las ventas de lácteos en supermercados cayeron 10% en términos reales durante el primer semestre de 2026. El fenómeno, además, no es reciente: en la última década el consumo de leche acumula una caída de 15%.

El propio observatorio señala que la recuperación del consumo, cuando se produce, se concentra en productos básicos, en detrimento de las especialidades y de las categorías con mayor valor agregado. A eso se suma un desplazamiento del gasto hacia comercios de cercanía y circuitos que no siempre son capturados de manera plena por los relevamientos industriales tradicionales. El problema para una compañía como Mastellone no parece limitarse entonces a cuántos litros de leche consume la población, sino a qué productos elige, en qué canal compra y con qué frecuencia sigue accediendo a las primeras marcas.

Una recuperación parcial en el segundo trimestre

Pese al resultado semestral negativo, la trayectoria dentro de esos seis meses no fue lineal. Durante el segundo trimestre, entre abril y junio, Mastellone obtuvo una ganancia neta de $7.405 millones, en contraste con una pérdida de $3.069 millones registrada en el mismo trimestre de 2025. Esa diferencia permite inferir que la pérdida del semestre se concentró de manera desproporcionada en los primeros tres meses del año, mientras que el segundo trimestre mostró una recuperación relevante.

Esa mejora también se reflejó en la generación de caja. El flujo neto de efectivo proveniente de las actividades de operación llegó a $51.016 millones, más del doble de los $25.449 millones generados en el primer semestre de 2025. Al mismo tiempo, la compañía redujo su endeudamiento financiero de corto plazo, que pasó de $268.948 millones a fines de 2025 a $161.614 millones al cierre de junio, en un proceso de reperfilamiento hacia obligaciones de mayor plazo, que llevó la deuda financiera no corriente de $51.165 millones a $97.524 millones en el mismo lapso.

El balance de Mastellone combina así dos lecturas distintas. Desde el plano estrictamente comercial, la compañía sufrió una caída considerable de sus ventas locales, perdió margen bruto y multiplicó por cuatro su pérdida semestral. Desde el plano financiero, en cambio, generó más efectivo, alivió su perfil de deuda de corto plazo y mostró señales de recuperación hacia el final del período. El patrimonio total de la sociedad, de todos modos, bajó de $401.449 millones a $393.307 millones entre diciembre y junio, como reflejo directo de la pérdida acumulada del semestre.

Pagar una sentencia por deudas en su totalidad debería detener el embargo salarial, pero en Estados Unidos ese freno no siempre se refleja de inmediato en el recibo de sueldo.

Aunque la deuda quede cancelada, el acreedor, el tribunal y el empleador todavía pueden necesitar completar trámites antes de que el descuento deje de aplicarse, según explicó CBS News.

La clave para quien ya saldó la deuda es entender que el pago elimina la base legal del embargo salarial, pero no necesariamente corta la retención en el mismo momento en que se acredita el dinero.

En la práctica, el proceso puede demorarse por la documentación que debe circular entre las partes y por los tiempos internos de nómina.

El embargo puede seguir activo hasta que el empleador reciba la orden formal de detenerlo

El empleador descuenta parte del salario porque recibió una orden judicial u otra instrucción legal obligatoria.

Por eso, pagarle al acreedor no siempre habilita de forma automática al área de nómina a dejar de retener dinero.

De acuerdo con CBS News, después de cobrar el monto total, el acreedor puede tener que presentar ante el tribunal un documento que certifique que la sentencia fue satisfecha.

Según el estado y el procedimiento aplicable, también pueden hacer falta otros formularios para cerrar formalmente el embargo salarial y notificar al empleador.

Ese recorrido administrativo puede abrir una brecha entre la fecha del pago y el día en que cesa efectivamente la deducción.

Si el empleador ya procesó un salario antes de recibir la notificación de cierre, todavía podría aplicarse un descuento adicional.

La demora también depende del calendario de nómina y de los pasos que exija cada estado

El tiempo de resolución no es igual en todos los casos. El procedimiento exacto puede variar según el estado y según el tipo de deuda, lo que impide suponer que todos los expedientes se cerrarán con la misma rapidez o con los mismos documentos.

En ese marco, CBS News recomendó no dar por terminado el proceso solo porque el pago ya impactó.

Una de las medidas más importantes es pedir al acreedor una confirmación por escrito de que la sentencia fue pagada en su totalidad, además de consultar qué documentos se presentarán para poner fin al embargo y, si hace falta, verificarlo ante el tribunal.

También puede ser necesario confirmar con el departamento de nómina que ya recibió la documentación exigida para dejar de retener el salario.

Esa comprobación cobra importancia cuando el descuento sigue apareciendo en pagos posteriores, pese a que la deuda ya fue cancelada.

Si siguen reteniendo dinero, el deudor debe contactar al acreedor y al tribunal cuanto antes

Cuando el descuento continúa después de haber cancelado la deuda, la recomendación es comunicarse sin demora con el acreedor y con el tribunal o la agencia que administra el embargo. El objetivo es establecer qué ocurrió y cómo se corregirá cualquier pago en exceso.

El procedimiento puede incluir la revisión de pagos retenidos de más, sobre todo si la orden de cierre llegó después de que una liquidación salarial ya había sido procesada.

En esos casos, la solución dependerá de las reglas estatales y del estado del expediente judicial.

Quienes no pueden pagar toda la deuda todavía pueden intentar acuerdos alternativos

Para muchas personas, reunir de una sola vez el dinero necesario para cancelar una sentencia no resulta viable, en especial cuando el saldo es elevado.

Antes de que el embargo salarial deteriore más las finanzas del hogar, todavía puede haber otras vías para ordenar la deuda.

Una posibilidad es contactar al acreedor o al cobrador para evaluar otro esquema de pago. El acreedor puede aceptar una liquidación por una suma global negociada o un plan de pagos, aunque no existe garantía de que modifique las condiciones una vez que ya obtuvo una sentencia y cuenta con la vía judicial para cobrar.

El artículo citado también sugirió revisar el resto de las deudas no garantizadas.

Los saldos de tarjetas de crédito en Estados Unidos aumentaron en 21.000 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2026 y llegaron a 1,26 billones de dólares, en un contexto de precios en alza y gastos cotidianos que absorben una mayor parte de los ingresos.

Entre las alternativas mencionadas figuran un plan de administración de deuda y la negociación de deuda para algunos deudores que no pueden pagar íntegramente.

Aun así, CBS News advirtió que inscribirse en un programa de alivio de deuda no detiene automáticamente un embargo ya existente cuando la obligación ya quedó respaldada por una decisión judicial.

La Cámara de Diputados de la Nación comenzó el debate por los proyectos de morosidad en una nueva edición de la intención de la oposición de avanzar rápidamente y la del oficialismo y sus socios de dilatarlo.

A solo una semana en la que La Libertad Avanza rechazó el tratamiento en el recinto, el bloque abrió la comisión de Finanzas que encabeza el libertario Santiago Pauli, quien recibió a los diputados con un cronograma. Pauli estableció dos reuniones informativas adicionales. La primera el martes 8/9 por la tarde, es decir un día antes de la sesión que pidió la oposición, la segunda el miércoles 16/9. Una vez concluida esta, el oficialismo dispuso dos reuniones: el 23 de septiembre y el 30 de septiembre como fecha para dictamen. Pauli señaló que se compromete a trabajar para la unificación de giros.

Este cronograma fue rechazado por la oposición que, desde diferentes bloques, ratificó la sesión del jueves que viene y volvieron a acusar a La Libertad Avanza y sus socios de dilatar el tratamiento.

“Aprendieron los peores vicios de lo que denominan casta política. Esto es una maniobra para ganar tiempo”, disparó Cecilia Moreau. “Esta cámara tiene que legislar para dar una respuesta sobre una emergencia que afecta a millones de argentinos y el gobierno lo niega sistemáticamente”, agregó.

La primera respuesta llegó de la diputada ex PRO hoy LLA, Laura Rodríguez Machado, quien señaló como necesario sumar a la jornada de oradores “a los sindicalistas y las financieras”. Esto generó el primer griterío en la sala donde se destacaron las acusaciones de “seguir dilatando” el debate.

La diputada Myriam Bregman siguió en la lista de oradores y señaló que les llamaba la atención “que arranque la comisión con un cronograma que es más largo que la Copa Libertadores. Ratificamos la sesión del 9 de septiembre y que vengan con un cronograma que llega hasta Navidad es una tomada de pelo. Pedimos suspender los pagos, es urgente declarar la emergencia y suspender los cobros”.

Por el tercer sector de la oposición que empuja la sesión del 9 de septiembre, Unidos, tomó la palabra el diputado Pablo Juliano, quien también calificó el llamado a esta comisión informativa y el cronograma como una “tomada de pelo. Hace una semana pedí tratar el tema y el oficialismo y sus socios se negaron. Y en esta discusión hay un gran ausente que es la Comisión de Defensa del Consumidor. Es un tema que no tiene una sola salida pero que es transversal”.

El diputado radical reiteró que irán al recinto. “No somos estúpidos, tenemos más de 40 proyectos. Lo que vamos a hacer el 9 de septiembre es darnos un cronograma que termine en una sesión y una sanción, no en una tomada de pelo”.

El Poder Ejecutivo arma una orgía de frases: “que nadie les puso un arma en la cabeza a los deudores”, “que compraron televisores para el Mundial”, “que hace falta educación financiera”, “que hay una operación de los 133 diputados que mocionamos la semana pasada”. ¡Que el Ejecutivo diga lo que quiera! Pero hay argentinos recontra empeñados. No se empeñaron por diversión, sino porque no llegan a fin de mes, porque pagan hoy el plato de fideos que compraron en abril.

Luego de estos primeros planteos comenzaron los oradores invitados por LLA, la UCR y el PRO que hicieron un repaso de la problemática pero no así de posibles soluciones.

La suba de las tasas de interés en los mercados globales es por estas horas el tema que domina las agendas de los inversores y también está presente en el encuentro de ministros de Finanzas del G-20 en Carolina del Norte. Para el equipo económico representa un nuevo escollo: se encarece el costo del dinero y la posibilidad de volver a los mercados financieros se aleja cada vez más.

El plan financiero presentado por Luis “Toto” Caputo ya preveía este escenario. En ese sentido, todas las fuentes de fondeo para pagar la deuda en 2027 dependen del mercado interno, más compra de dólares y financiamiento de organismos.

La tasa de 10 años del bono del Tesoro norteamericano subió ayer a 4,80% anual, mientras que la de 30 años se mantiene arriba de 5,20% anual, los niveles más altos en por lo menos 15 años.

También Japón dio la nota y los rendimientos en los bonos a diez años saltó al 3% anual, un nivel que no se veía desde 1996. Esto significa que los tiempos del dinero barato o casi regalado están cada vez más lejanos.

El FMI señala que varios bancos centrales de economías desarrolladas y emergentes están revisando al alza sus tasas de referencia o sus expectativas de política monetaria. El organismo identifica una combinación de inflación, shocks de oferta, precios energéticos y riesgos fiscales que está obligando a los responsables de política económica a actuar con mayor cautela.

La particularidad de 2026 es que la inflación ya no responde solamente al exceso de demanda. Los conflictos geopolíticos y las interrupciones potenciales del suministro energético pueden elevar los precios incluso cuando la economía pierde velocidad.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que duplicará las compras de bonos del Tesoro a partir de la licitación del 9 de septiembre y mantendrá esta postura hasta noviembre. Con el anuncio buscó subir las paridades y bajar las tasas. Pero más allá de una reacción inicial positiva, con el paso de los días esta iniciativa se diluyó. Ahora habrá que esperar si tiene resultados concretos una vez que empiece a comprar desde la semana próxima.

Este incremento significa que una reducción del riesgo país para la Argentina no tendría todo el impacto positivo que se puede esperar. Al nivel actual de 500 puntos básicos, implica un rendimiento de los bonos dolarizados en torno al 10% anual.

Y si bien hay margen para una compresión, aún volviendo a los 400 puntos de julio sería insuficiente para colocar deuda en los mercados internacionales, ya que el Gobierno debería avalar una tasa todavía alta del 9% anual en dólares.

En la última licitación de la semana pasada, el Tesoro decidió no colocar un nuevo tramo del Bonar 2029 (AO29) justamente para no convalidar una tasa cercana a dos dígitos para un bono corto. Por eso, salió con todos títulos en pesos de corto plazo, que vencen dentro del actual mandato presidencial.

Si bien el contexto internacional complica al Gobierno, que por ahora no podrá conseguir financiamiento en los mercados, también hay algunas variables que juegan a favor. El petróleo se mantiene firme en niveles de USD 90 lo que beneficia a las exportaciones argentinas. El recrudecimiento del conflicto en el Golfo Pérsico provocó una suba del barril en los últimos días. La balanza energética ya supera los USD 6.800 millones de superávit y seguirá en aumento.

Pero además la soja también opera firme, a USD 480 la tonelada internacional, lo que representa un buen incentivo para la próxima campaña. Se trata de un incremento cercano al 25 por ciento.

El aumento de tasas largas en Estados Unidos representa un problema para la mayoría de las familias y un tema de preocupación para el gobierno de Donald Trump. Para quienes tienen préstamos a tasa variable, por ejemplo hipotecarios, una política monetaria más restrictiva significa mayores cuotas. Para quienes buscan una hipoteca o financiamiento empresarial, significa que pedir dinero prestado se vuelve más caro.

También cambia el atractivo de ahorrar. Las tasas más elevadas pueden mejorar los rendimientos de depósitos y bonos, pero al mismo tiempo reducen el incentivo para consumir e invertir.

Los gobiernos tampoco quedan al margen. Países con elevados niveles de deuda enfrentan mayores costos de financiamiento cuando los rendimientos de sus bonos suben.

Y para los mercados financieros, el cambio puede ser todavía más importante. Durante años, los inversores pudieron obtener financiamiento barato y buscar mayores rendimientos en acciones, bonos corporativos y mercados emergentes. Una etapa prolongada de tasas elevadas reduce ese incentivo y puede provocar una reevaluación de los precios de numerosos activos.

El endeudamiento familiar viene escalando en los renglones de la agenda pública. El oficialismo lo registra y trata de bajarle el tono argumentando que es una cuestión entre privados que no requiere respuesta del Estado. Resulta difícil frente al elevado nivel de mora, pero con ese objetivo trabaja el oficialismo. Es el caso de Diputados, donde busca desarmar el intento opositor de instalar el debate en el recinto. El problema es que el tema creció mediáticamente y parece desbordar el límite de los cruces políticos: la Iglesia acaba de sumar su voz, en tono de reclamo doblemente significativo para el Gobierno.

El oficialismo, por momentos, queda enredado en su propio juego. Combina la expectativa sobre una baja de los registros de mora -en el ámbito bancario y en el circuito no estrictamente financiero- y la intención de restarle trascendencia. En junio, el incumplimiento mostró un leve declive, que en medios libertarios buscaron mostrar como un cambio de tendencia, pero en julio mostró un repunte según cálculos en base a datos oficiales. Pasó de 12,77% a 12,99%. En las últimas horas, desde el Gobierno se deja trascender que agosto cerraría en baja. Se verá cómo evolucionan los números, pero asoma limitada la idea de clausurar el tema de ese modo.

Por lo pronto, un foco se lo llevó el Congreso por iniciativa opositora, la semana pasada, cuando la LLA exponía números cómodos para avanzar con la segunda entrega de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Quedó claro que los acuerdos son proyecto por proyecto, porque algunos dialoguistas -y más bien aliados- expusieron su margen de espacio propio. Dieron apoyo para facilitar los objetivos violetas y, a la vez, algunos acompañaron la votación para plantear el tema del endeudamiento familiar.

Estaba claro que ese ensayo los iba a exponer muy lejos de la mayoría especial para tratar en el recinto las iniciativas sobre morosidad, que se cuentan de a decenas, pero la intención de los promotores era testear si había chances de impulsar después una sesión especial. Sumaron 133 votos, es decir, cuatro por encima de las 129 presencias para garantizar quórum. Y lo que se abrió de inmediato fue la operación del oficialismo para revertir ese cuadro, es decir, restarle al menos unos pocos apoyos para desvanecer el movimiento.

Las autoridades libertarias decidieron repetir en Diputados lo hecho cuando la orden desde Olivos era bloquear la ofensiva sobre Manuel Adorni. El entonces jefe de Gabinete arrastraba tres meses de deterioro -con costo generalizado para el Presidente, Karina Milei y el Gobierno en general- y enfrentaba la posibilidad cierta de una interpelación. La oposición avanzaba en esa línea y hasta socios de LLA apuntaban en la misma dirección. Se había planteado una sesión para emplazar al tratamiento en comisiones, pero el oficialismo citó a una de las comisiones para restarle sustento a la movida. Sumó el acompañamiento del PRO, el radicalismo oficial y coronó su contraofensiva: hizo fracasar la sesión del 23 de junio. El Senado exhibía un panorama más difícil. Finalmente, el 27 de ese mes Adorni presentó su renuncia.

El oficialismo busca reproducir ahora la “estrategia Adorni” para frustrar la jugada opositora. Los proyectos sobre morosidad suman alrededor de cincuenta. Muchos de ellos, con giro a la comisión de Finanzas, presidida por el libertario fueguino Santiago Pauli. Tendrá reunión mañana, miércoles, como parte de las fichas movidas desde el despacho de Martín Menem. No está claro cuando sería convocada otra de las comisiones, como Defensa del Consumidor, que también cuenta con iniciativas que le fueron remitidas. Y todo indica que el mismo camino para enfriar el tema, y si es posible congelarlo, seguiría el reclamo de extensión de la emergencia en el área de discapacidad.

La oposición convocó a una sesión especial para el miércoles de la semana que viene. Y apunta a motorizar desde allí un plenario de todas las comisiones que deben intervenir en esta materia, para avanzar efectivamente y marchar después al recinto. El foco se concentra en la actitud que tomen algunos espacios y, sobre todo, gobernadores cuyos diputados apoyaron el impulso del tema. En particular, el interrogante alcanza al tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, al salteño Gustavo Sáenz y al misionero Hugo Passalacqua.

El oficialismo iba cerrando su estrategia cuando surgió un gesto inesperado, una doble señal que desde las filas violetas buscan amortiguar como si se tratara de una declaración sin otras connotaciones. Desde la jerarquía de la Iglesia, le dieron trascendencia al tema en sí mismo -es decir, lo que expondrían los actuales niveles de morosidad en el endeudamiento familiar- y cuestionaron de hecho la posición del Gobierno.

El mensaje estuvo a cargo del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo. En declaraciones radiales, habló de la gravedad del tema, lo vinculó además con otros problemas sociales como la ludopatía -cuestión con debate pendiente en el Congreso- y puso en la mira la falta de criterios claros, razonables, sobre los intereses. Y agregó: “No se puede tener una mirada superficial, ni menos decir: no nos interesa o que se arreglen”.

El Gobierno sostiene como letra discursiva que el tema es una cuestión entre privados. Y que hace exclusivamente al riesgo tomado por quienes se endeudaron. Milei lo sostiene públicamente y, en sus encuentros con ministros y legisladores, dejó en claro que no hay margen para matices. Quizá el diputado Alberto Benegas Lynch fue quien más extremó esa posición: dijo entre otras cosas que hay gente que compró pantallas de TV para ver el Mundial y no quiere pagar las cuotas porque Argentina no logró coronar la final.

Las declaraciones de monseñor Colombo se producen en días marcados por reuniones oficiales para definir cuestiones prácticas de la visita de León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre. Precisamente, el titular del episcopado y el secretario general de la CEA, Raúl Pizarro, fueron recibidos el jueves pasado por el Papa para analizar aspectos del viaje. El contexto no parece ser un dato menor.

El religioso trazó un paralelismo con la preocupación que la Iglesia ya había expresado frente a la ludopatía online: “Familias que se endeudaban por razón del juego, como adicción. Ahora, esta situación que se agrega, que es el tener que afrontar muchas veces por causa del uso de las billeteras electrónicas”, señaló el prelado en declaraciones a Radio Mitre Mendoza.

Para el titular de la CEA, la situación requiere una respuesta concreta: “Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar”, afirmó.

Además, Colombo distinguió entre distintos tipos de endeudamiento: “Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer”.

El diagnóstico eclesial llega en un momento de deterioro acelerado de la capacidad de pago de los hogares. Según el informe del CEPA con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Central de Deudores (CENDEU), la mora bancaria familiar trepó al 12,8% en junio de 2026, mientras que en billeteras virtuales alcanzó el 30,1%, superando el pico del 27,1% registrado durante la pandemia en mayo de 2020. En total, 5,91 millones de personas se encuentran en situación irregular dentro de un universo de 20,96 millones de deudores.

Colombo fue categórico al rechazar la inacción ante este escenario. “Lo que no se puede es tener una mirada superficial, ni menos decir: ‘No nos interesa o que se arreglen’”, sostuvo. El titular de la CEA mencionó específicamente las dificultades que enfrentan muchas personas que deben endeudarse para cubrir necesidades básicas: “ponerse en deudas para sacrificar algún ítem necesario para tener alguna situación de poder satisfacer algún ítem, no deja de preocupar y sobre todo, las consecuencias”.

Los datos del BCRA citados en el informe del CEPA indican que en abril de 2026 la carga mensual de los servicios de deuda de las familias representó el 24,1% de la masa salarial. Los préstamos personales y las tarjetas de crédito concentraban el 73% del saldo irregular de los hogares a mayo de 2026, según la misma fuente.

Una visita muy esperada

El papa León XIV llegará a la Argentina el próximo 8 de noviembre, en el marco de un viaje apostólico que lo llevará también por Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 del mismo mes. Será la primera visita de un pontífice al país desde 1987, cuando Juan Pablo II estuvo presente en la Jornada Mundial de la Juventud.

El esquema inicial prevé que el Papa permanezca el lunes 9 en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján, con base en la Nunciatura porteña durante toda su estadía en el país.

Al respecto, monseñor Colombo se refirió a la expectativa del líder de la Iglesia católica y aseguró: “El espíritu y el entusiasmo del Papa es muy grande. Creo que está con mucho interés”.

La agenda definitiva de León XIV en Argentina aún no está cerrada, pero la semana pasada llegó al país una misión vaticana con el objetivo de terminar de definir el itinerario y los aspectos de seguridad del viaje.

Entre las actividades en análisis figuran misas multitudinarias, encuentros con seminaristas, religiosos y jóvenes, visitas a personas privadas de la libertad —con la cárcel de Villa Devoto como posible sede— y recorridos por instituciones que atienden a personas con discapacidad. También se evalúa un acto masivo en el estadio Monumental de Buenos Aires, aunque todavía no hay confirmación oficial.